Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el apartado correspondiente a propuestas de creación de comisiones, en el sentido de incluir como nuevos puntos la propuesta de creación de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de Radiotelevisión Española y sus Sociedades y la propuesta de creación de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Señorías, por la señora secretaria primera se va a proceder a la lectura de la declaración institucional. Quisiera en este momento, y antes de la lectura de la declaración institucional consensuada por todos los grupos parlamentarios, saludar en nombre de todos los diputados, y agradecer sinceramente su presencia en la tribuna de honor del hemiciclo, a una delegación del Comité Paralímpico Español encabezada por su vicepresidente don Ángel Luis Gómez Blázquez. Le acompaña una representación de deportistas participantes en los recientes Juegos de Río, donde llevaron a cabo una excelente actuación y nos dieron un gran ejemplo de entrega y de superación. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie, mirando hacia la tribuna de invitados]]
Declaración institucional del Congreso de los Diputados en reconocimiento al éxito obtenido por el Equipo Paralímpico Español en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Los Juegos Paralímpicos son un ejemplo de superación, voluntad y esfuerzo, donde miles de atletas demuestran que todos los obstáculos se pueden superar. El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y desde su constitución cuenta con el apoyo de las altas instituciones del Estado. En 1998 se le reconoció la misma naturaleza y funciones que las del Comité Olímpico Español. En los Juegos de Río de Janeiro 2016, el Equipo Paralímpico Español ha estado formado por 127 deportistas de 11 federaciones deportivas españolas. El Plan apoyo al deporte objetivo paralímpico, ADOP, iniciativa del Comité Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como fin, mediante su programa Alto Rendimiento Paralímpico, ARPA, proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las mejores condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparación y afrontar así con garantía de éxito la participación del equipo español en los Juegos Paralímpicos. Las aportaciones al Plan ADOP, Plan de apoyo al deporte objetivo paralímpico, de las empresas colaboradoras han hecho posible el éxito de nuestros deportistas al apostar por el deporte paralímpico para transmitir a la sociedad los valores que estos atletas representan: el esfuerzo, la superación o el trabajo en equipo. Por todo ello, y clausurados los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016 con los grandes éxitos recogidos por nuestros deportistas y con vistas a la preparación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, el Congreso de los Diputados manifiesta: En primer lugar, el reconocimiento, la felicitación y el agradecimiento a todos y cada uno de los deportistas participantes, a los técnicos, entrenadores médicos, fisioterapeutas, mecánicos, traductores y personal de apoyo y de oficina que conforman el equipo español de los Juegos Paralímpicos Río 2016, que con su empeño deportivo han contribuido a la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a que España crezca y se consolide. Además, la felicitación al Equipo Paralímpico Español por el medallero obtenido en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, con 31 medallas - máxima igualdad, 15 mujeres y 15 hombres y una mixta -: 9 oros, 14 platas y 8 bronces en 6 deportes, que ha situado a España en el undécimo lugar del ranquin mundial mejorando la actuación de Londres 2012, donde España ocupó el décimo séptimo lugar. El deporte paralímpico ha conseguido un mayor auge en estos últimos años, y con vistas a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 es necesario continuar impulsando políticas deportivas para su plena integración así como incentivar el incremento de las aportaciones de los patrocinadores del Plan ADOP. Todo ello permite que los deportistas cuenten con los medios necesarios para disfrutar de becas y ayudas para el entrenamiento, así como asistir a un mayor número de concentraciones y competiciones internacionales, disponer de técnicos, entrenadores y personal de apoyo, entre otros, con el fin de obtener los mejores resultados y mantener a España entre la élite del deporte practicado por personas con discapacidad. El compromiso de seguir impulsando ante la sociedad y los medios de comunicación el interés por los valores del esfuerzo y el sacrificio del deporte paralímpico, así como un mayor seguimiento de las competiciones paralímpicas y sus resultados. Congreso de los Diputados. 27 de septiembre de 2016. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos a tratar el punto primero del orden del día relativo a proposiciones no de ley. En primer lugar, corresponde debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, que hablen bien de uno suele ser mucho más objetivo y mucho más creíble también que cuando uno lo hace de sí mismo. Que instituciones europeas, como el Banco Central, pongan de ejemplo a España entre los socios europeos para crear empleo tiene que ser sin duda un gran orgullo para esta Cámara y para sus diputados. Cada vez más organismos e instituciones europeas valoran desde fuera, de una forma objetiva y positiva, las políticas de empleo del Partido Popular. Y no es de extrañar, transformar una situación como la de 2011 - de récord de destrucción de empleo en la Unión Europea a causa de un mercado rígido, inflexible, e insensible diría yo, ante la evidencia de que el despido era la única opción posible, que llegó a generar 3,5 millones de parados en nuestro país - en una situación en la que las reformas más ambiciosas de los últimos años permitieron frenar la hemorragia, dar la vuelta a la situación y ahora crecer a un ritmo dinámico como nunca, es lógico, señorías, que cause admiración y elogios por parte de quienes nunca creyeron que la sociedad española sería capaz de conseguirlo. Hoy, señorías, España es líder de creación de empleo en la Unión Europea; hoy, señorías, España es la punta de lanza que explica la mitad de la creación de empleo en el continente europeo; hoy, señorías, ya hemos recuperado la mitad de los empleos destruidos durante la crisis; hoy, señorías, nadie duda de que si perseveramos conseguiremos crear 2 millones más de puestos de trabajo y aspirar así a la cifra de 20 millones de ocupados en España, vital para la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar y para el futuro de nuestra sociedad. Si perseveramos, señorías, y si dejamos atrás la incertidumbre y el bloqueo de estos meses y volvemos a la estabilidad que atrae proyectos e inversiones, a la estabilidad en definitiva de tener un Gobierno a pleno rendimiento. Por eso, señorías, ningún español podía dudar de que la primera iniciativa que el Partido Popular presentase en esta legislatura en esta Cámara iba a ser una iniciativa sobre el empleo, nuestra prioridad, nuestra seña de identidad, aquello por lo que hemos trabajado todos los días en los últimos tiempos. Una iniciativa para conseguir modernizar nuestras políticas activas de empleo, aumentar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos y transformar el modelo de formación profesional para el empleo, orientándolo hacia la calidad y hacia los resultados. Una iniciativa para profundizar en el marco plurianual que contempla las intenciones y los deseos de las comunidades autónomas también, para poder orientarla a un cambio de cultura, a nuevas herramientas, a un modelo distinto de distribución de fondos, alineando los objetivos de todos en los planes anuales de empleo, racionalizando también el sistema de bonificación de la contratación, las medidas de intermediación laboral y las de canalización de la oferta. Por eso, señorías, queremos seguir avanzando para desplegar todo el potencial de estas medidas, de este nuevo marco de actuación puesto en marcha y seguir sumando esfuerzos de toda la sociedad, potenciando los servicios de orientación, los itinerarios formativos y laborales personalizados, aumentando los grados de cobertura de los programas, mejorando la Garantía Juvenil y sus incentivos y también las posibilidades de inserción. Señorías, queremos desarrollar la ley que regula la formación profesional para el empleo, los cheques de formación para desempleados de larga duración, la evaluación a todos los niveles con el objeto de seguir apostando por nuestro capital humano y por la innovación en nuestro país; queremos dar un paso más en la dirección de mejorar el mercado laboral desde el lado de la oferta pero también desde el lado de la demanda, más y mejor orientación y formación ligada a nuevas necesidades y también la eliminación de las barreras y de los obstáculos que impiden la contratación, eso sí, sin olvidar nunca el apoyo y las prestaciones a quienes las necesitan mientras acaban de encontrar un empleo. Señorías, también hemos presentado una enmienda a la luz de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente sobre interinos, que afectan al Estatuto de los Trabajadores españoles de 1980, para estudiar, para diseñar de una forma ágil respuestas a esas aportaciones. No hemos querido perder un solo minuto de nuestro tiempo en pedir valorar en profundidad, en toda su amplitud, las implicaciones de estas novedades y las que en su día incorporen los tribunales españoles que solicitaron en su momento las consultas prejudiciales en algunas cuestiones, nunca previstas en nuestro ordenamiento jurídico laboral pero que pueden beneficiar de una forma importante las condiciones de los trabajadores en el mismo sentido que firmamos en el acuerdo del mes de agosto en esta Cámara. Y todo ello, señorías, para mejorar la seguridad jurídica y también nuestras relaciones laborales, pero para ello necesitamos desbloquear esta situación, necesitamos un Gobierno que pueda tomar decisiones y no un Gobierno en funciones, un Gobierno que pueda seguir adoptando medidas útiles para el empleo, y los españoles saben bien, muy bien, en este momento quién lo está impidiendo, como saben también que no se deben cambiar las políticas que funcionan, las políticas que están haciendo que el paro se reduzca más rápidamente que nunca en nuestro país. Los países que no aprenden de los errores del pasado están condenados a repetirlos, y ya son dos las veces que hemos tenido que recuperar a España de cifras inimaginables de desempleo. Señorías, muchos prometen empleo, yo diría que todos hablan de empleo, pero el único partido que siempre, indiferentemente de cuál haya sido el momento económico de nuestro país, el único que siempre apuesta por el empleo, lo mejora y lo aumenta ha sido el Partido Popular. Y así va a seguir siendo, por eso hoy presentamos esta nueva iniciativa laboral; lo hacemos para profundizar en unas políticas activas de empleo modernas y eficaces para seguir avanzando, para perseverar en lo que se está demostrando útil para la sociedad española. Por eso les pedimos a todas sus señorías que se sumen, junto a los miles de españoles que ya se están beneficiando de estas medidas y a los que se van a beneficiar en el futuro, a lo que se ha demostrado que funciona, a estas políticas que Europa bien valora y que los parados bien necesitan. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Echániz Salgado. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano i Canadés.
Señor Echániz, no deja de ser sorprendente que hace unos instantes se hayan negado a dar respuesta a este plenario y que ahora pretendan discutir una iniciativa de impulso a la acción de Gobierno. Es terriblemente incoherente. Quizás por un poco de respeto a la Cámara y a los electores podrían ahorrarse esta iniciativa que exactamente no sabemos a quién insta, si al próximo Gobierno o al Gobierno en funciones. Y, por tanto, aunque sea solo por esa razón mi grupo hoy debe rechazar su iniciativa, que además ha presentado con ese discurso autocomplaciente en una materia que el Gobierno tiene pocas razones para sentirse tan satisfecho como ha expresado el señor Echániz, vista la situación de nuestro mercado de trabajo y específicamente el desarrollo de las políticas activas de empleo. En el conjunto de las políticas de empleo que el Gobierno ha desarrollado, aquello que constituye un farolillo rojo son indiscutiblemente las políticas activas de empleo. Si usted se lee cualquier informe de la Comisión Europea, de la OCDE o de la OIT, lo que se evidencia es que el gran asunto pendiente de esta legislatura ha sido la reforma de las políticas activas de empleo, el fracaso de la Garantía Juvenil - el Gobierno catalán está exigiendo una reforma de esa Garantía Juvenil -, el desempleo de larga duración. Además, en la iniciativa que hoy nos traen a la Cámara insisten en recentralizar esas políticas, olvidando que buena parte de ellas hoy debe ser gestionada por parte de las comunidades autónomas y que difícilmente aquello que instan ustedes que haga el Gobierno lo debe hacer el Gobierno. Lo deben hacer las comunidades autónomas. Además, se han dedicado a recortar la inversión en las políticas activas de empleo. De ahí esa crítica que les han formulado todos los organismos internacionales de que, frente a un mercado de trabajo que padece un grave problema de desempleo de larga duración, de falta de cualificación de los trabajadores, ustedes desinvierten en las políticas activas de empleo. No pueden encontrar nuestro apoyo. Gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. Señores diputados, en la proposición no de ley del Partido Popular se dice: porque hay que implicar más a las comunidades autónomas, refiriéndose al Plan de Garantía Juvenil. Ustedes no tienen vergüenza. El problema es que el Plan de Garantía Juvenil fracasó porque ustedes, por decisión política, optaron por gestionarlo directamente desde Madrid antes de unas elecciones cuando tenían que haberlo gestionado las comunidades autónomas, y además de una forma telemática - yo traje esa proposición no de ley y ustedes votaron en contra hace unos meses -, no reconociendo que aquella aplicación informática era imposible, sobre todo para los chicos en exclusión social, porque se les exigían unos conocimientos informáticos y unos medios a los que no podían acceder. No solo eso, no se pudieron gastar el dinero que había para el Plan de Garantía Juvenil, cuando además Europa dio más dinero a España porque teníamos más paro juvenil. Además, en vez de actuar a través de las comunidades autónomas, como el caso de Canarias, que es la que tiene más paro juvenil, ¡hala no!, desde Madrid, por un ordenador online bloqueado. Al final van a tener que devolver dinero. A eso no hay derecho. Segundo, ustedes son los que gobiernan, y vienen hoy aquí, en este periodo, a decir que hay cosas que hay que mejorar. Haberlas mejorado hace seis meses o hace un año, que se lo hemos estado diciendo desde todas las comunidades autónomas. Canarias sigue reclamando el Plan especial de empleo de Canarias. Y cuando se dice que está en función de la buena gestión, Canarias es la que mejor ha gestionado los fondos de empleo según el propio ministerio, con un 27 % de paro. Hay fondos europeos que se están repartiendo entre los países en función del índice de paro. ¿Por qué en este país no se gestionan esos fondos europeos desde las comunidades autónomas con un reparto en función de los índices de paro? No hay derecho a que hoy vengan aquí a ponerse las medallas de lo bien que ha funcionado, sobre todo el Plan de Garantía Juvenil. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Oramas. Tiene la palabra el señor Alli Martínez.
Señora presidenta, muchas gracias. Votaremos a favor de esta proposición no de ley que propone el Grupo Popular, simplemente porque estamos a favor y entendemos que el mejor sistema de protección social y el entramado de inclusión social de todas las personas son las políticas activas de empleo, y porque estamos a favor de la eficiencia y las mejoras en los servicios públicos en materia de políticas activas de empleo y porque estamos a favor, por tanto, de las mejoras en los subsistemas de formación profesional que den empleabilidad a las familias en riesgo de exclusión social y en general a todas aquellos que estén en búsqueda activa de empleo. Me gustaría, señorías, ir un poquito más allá y decir que Unión del Pueblo Navarro también está a favor de la máxima colaboración entre lo público y lo privado en materia de políticas activas de empleo. Para finalizar, quiero decir que quien genera empleo no somos nosotros, señorías, sino el pequeño emprendedor, el autónomo y el empresario, y aquí tenemos la responsabilidad de dar tranquilidad, estabilidad, confianza y sobre todo seguridad, y eso es precisamente lo que no estamos haciendo en estos últimos diez meses en este Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Señora presidenta, señorías, voy a aprovechar esta cuarta intervención para hablar de la PNL que ha presentado el Partido Popular, pero quisiera centrarme sobre todo en una cuestión que para nosotros es absolutamente imprescindible, central, que ha sucedido la semana pasada y sobre la que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, otra por nuestra parte y otra por otros grupos que desgraciadamente no se va a aceptar. Se trata de la cuestión de los contratos, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace poco más de una semana, el Tribunal de Justicia de la UE dictó tres sentencias que abren la puerta, como digo, a un cambio profundo en nuestro mercado laboral. Es una oportunidad la que nos abre Europa, si me permiten, histórica para que entre todos construyamos un nuevo tiempo de oportunidades y nos acerquemos un poquito más a Europa. La sentencia más importante es la del caso de Ana de Diego, una trabajadora interina que llevaba diez años trabajando en el Ministerio de Defensa y que al terminar su contrato no recibió ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque la legislación española así lo permitía. Pues bien, Europa nos dice que eso no puede ser. El fallo del tribunal es meridianamente claro. Leo: No podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato distinto. Hablando en plata: dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos. [[Aplausos]] Eso, señorías, es lo que en Ciudadanos hace mucho tiempo que defendemos y se llama contrato único. Como digo, estas sentencias marcan el fin de una era de fracasos. El drama de nuestro mercado laboral no es una maldición que viene de los cielos, es producto de una pésima regulación laboral que promociona el paro y la dualidad. No estamos condenados a tener siempre un 20 % de paro estructural; no tenemos por qué seguir siendo los campeones del paro y la precariedad, compitiendo con Polonia en precariedad y con Grecia en paro; no tenemos por qué aceptar que 7 millones de personas estén en permanente precariedad sin poder acceder a la mínima estabilidad laboral. Las consecuencias del sistema que tenemos son nefastas y no solo para los propios trabajadores, que son los que más lo sufren, sino también para la economía. No se invierte en el futuro de esos trabajadores, las empresas no invierten en formación y los jóvenes como yo no podemos formar familias porque no podemos aspirar a la estabilidad laboral. Ese es el sistema con el que queremos acabar. Ha llegado el momento de modernizar el mercado laboral y de tener un contrato igual para todos, sin ciudadanos de primera y de segunda. Les he de confesar que para los que llevamos tiempo defendiendo el contrato único resulta sorprendente la rapidez con la que algunos - los viejos partidos y los nuevos viejunos - se han venido a sumar a la igualdad de derechos entre los trabajadores, pero estamos muy felices de ver que hay un avance en sus posiciones hacia la buena dirección. El PP ha tenido cuatro años de mayoría absoluta y llevamos ocho por encima del 20 % de paro y nueve de cada diez contratos siguen siendo contratos basura. Al PSOE, por su parte, no le vendría mal - veo que no queda aquí casi nadie - librarse un poquito de las servidumbres y, como hicieron en tiempos pasados, ser progresistas y mirar hacia Europa. Ha tenido que ser Europa una vez más, junto con Ciudadanos esta vez, la que marque la pauta, como casi siempre, de la modernización de este país. Tenemos que avanzar hacia un sistema en el que el trabajador esté en el centro, en el que la flexibilidad se combine con la seguridad, en el que las políticas activas y de formación funcionen y ofrezcan una esperanza de reintegración en vez de ser fondos de reptiles para los partidos políticos. El contrato único es un enorme avance, pero hay que avanzar en muchas más cosas. Debemos avanzar en un complemento salarial para dignificar los salarios de los que tienen menos; debemos avanzar hacia una mochila austriaca para que los trabajadores tengan derechos desde el primer día. En conclusión, señorías, y con esto termino, la sentencia marca un antes y un después en nuestro mercado laboral y es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Por eso, señor portavoz del Partido Popular, no es tiempo de poner parches. Seamos ambiciosos, seamos responsables y miremos hacia Europa. Desde Ciudadanos proponemos abrir una mesa de diálogo con los partidos y con los agentes sociales para abordar ese profundo cambio en las relaciones laborales que proponemos; entre todos, pero partiendo de una premisa básica: dos personas haciendo el mismo trabajo deben tener los mismos derechos. Europa nos lo está pidiendo a gritos. Como resultado de esto que digo, pido votar la PNL del Partido Popular por puntos, ya que no nos han aceptado nuestra enmienda. Así podríamos apoyar los puntos relativos a políticas activas, lo que habíamos acordado en el acuerdo de investidura - muchas de nuestras iniciativas que nos gustaría votar a favor -, y en relación con su enmienda sobre los contratos nos vamos a abstener porque creemos que es algo poco ambicioso. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Echániz, si no fuera tan relevante el tema que nos trae hoy aquí y si no le conociéramos podríamos pensar que esta propuesta del Partido Popular es una broma de mal gusto porque, tras casi cinco años de Gobierno durante los que ustedes han provocado el mayor retroceso de nuestra historia democrática en materia de derechos laborales, en materia de calidad en los empleos, no es serio que nos planteen una iniciativa plagada de expresiones como: seguir trabajando, seguir sumando esfuerzos, seguir avanzando o seguir construyendo entre todos. ¿Seguir avanzando en qué, señor Echániz? ¿Seguir avanzando en precariedad laboral después de haber logrado ustedes que más de una cuarta parte de los contratos nuevos que se firman no lleguen a la semana de duración? [[Aplausos]] ¿Seguir avanzando en la devaluación salarial en este país cuando ustedes han logrado que el 50 % de nuestros asalariados cobren menos de 900 euros al mes y que 2 millones de nuestros asalariados puedan ser considerados trabajadores pobres? ¿Seguir avanzando en esto? Y hablan también de seguir construyendo juntos. ¿Entre quiénes, señor Echániz? Ustedes solos han decretado los mayores recortes en derechos laborales de nuestra historia - ustedes solos - contra los grupos parlamentarios esta Cámara, contra los sindicatos, contra los autónomos, contra las recomendaciones de la OIT, del Banco Mundial, del FMI, de todo el mundo. ¿Seguir construyendo juntos entre quiénes y para qué, señor Echániz? Su propuesta es ofensiva desde el título, Mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, cuando en los presupuestos de este año, señor Echániz, contamos con 2.143 millones de euros menos para políticas activas de empleo que en 2011; cuando en cinco presupuestos consecutivos ustedes han recortado más de 13.000 millones de euros para políticas activas de empleo y cuando lo primero que hicieron cuando llegaron al Gobierno en 2012 fue provocar el despido de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo. Ofensiva; su propuesta no es solo desacertada, sino ofensiva. Y si la prosa de la motivación es ofensiva, el verso del petitum es un pastiche inaceptable, señor Echániz, lleno de obviedades, inconveniencias y reconocimientos explícitos de fracaso. Una obviedad a estas alturas es hablar de la cartera común de servicios en los servicios públicos de empleo o del portal único de empleo, que ya existen y existen con insuficiencia por sus recortes, señor Echániz. Una inconveniencia es insistir en la vía de la privatización de los servicios públicos de empleo porque el deber del Estado es fortalecer el servicio público con calidad y con equidad. Una inconveniencia también es favorecer el negocio de los chiringuitos privados de formación mediante el cheque formativo, cuando el deber del Estado es ofrecer una formación planificada, coherente, de calidad y pegada al modelo productivo por el que apostemos. Y un reconocimiento explícito del fracaso de su Gobierno, señor Echániz, es hablar a estas alturas de impulsar la Garantía Juvenil cuando ni una cuarta parte de los parados jóvenes en este país se ha logrado inscribir en ese infierno burocrático informático que han montado ustedes con un dinero precioso de la Unión Europea, que van a tener que devolver. Quieren impulsar ahora el Plan de activación para el empleo. La señora ministra nos habló aquí de 450.000 beneficiarios de esos 426 euros; 450.000. ¿Cuántos beneficiarios de verdad hubo el año pasado, señor Echániz? Ni 400.000, ni 300.000, ni 200.000; el año pasado solo 53.000 y este año no llegamos ni a 25.000. Es el reconocimiento de un fracaso estrepitoso, señor Echániz. Y se lo advertimos desde aquí, que fueron ustedes cicateros, muy cicateros con los requisitos de acceso a esta prestación. Ahora nos hablan de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que llama a no discriminar a los trabajadores en función de su contrato, no se resuelve con estudios. No hay nada que estudiar, señor Echániz, hay que aplicar la sentencia y reconocer la indemnización a los despedidos interinos. Y tampoco se resuelve con el contrato único precario con despido libre que plantea Ciudadanos; esa no es la salida. La sentencia reconoce que hay diferencias entre la contratación temporal y la contratación indefinida, y solo habla de unificar indemnizaciones, señor portavoz de Ciudadanos. La situación dramática del empleo en nuestro país, la explotación laboral en este país no necesita retórica estéril, sino una rectificación en toda regla con la derogación de la reforma laboral y con el diálogo social y político para un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los empleados en este país y recupere calidad en los empleos. Eso es lo que le proponemos y lo que queremos llevar adelante. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi grupo votará en contra de esta proposición no de ley y lo hará forzado no solo por la ineficacia de las medidas que se proponen, sino sobre todo porque reproduce el apartado 42 de lo que fue el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, del que ya se advirtió en el debate de investidura que constituía una flagrante y continua intromisión, ilegítima a nuestro juicio, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aparte de todas las declaraciones más o menos bienintencionadas de los proponentes, resulta sorprendente la autocomplacencia que ha exhibido el portavoz en esta Cámara a la hora de exponerla. Nosotros tenemos una opinión mucho más negativa de esta proposición, sobre todo fundada en el análisis de los nueve puntos que plantea; eran ocho en el acuerdo de PP y Ciudadanos, pero se convierten en nueve en esta proposición. Haciendo un pequeño análisis de ellas, señalaremos que, en primer lugar, hablaba de impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que fueran una herramienta verdaderamente eficaz. A ese respecto, y continuando con esa retórica, tenemos que señalarle que la ejecución de las políticas activas de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponde a la Administración del País Vasco desde que fueron transferidas a través del Real Decreto 1441/2010, de 5 de agosto. En este caso la proposición no solo omite, desconoce y en su contenido quiere ignorar por completo la realidad de esa transferencia de políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco y sobre todo la de los servicios de orientación, que corresponden en exclusiva al plano ejecutivo de las políticas activas y, por lo tanto, a nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, desde la Administración vasca se está trabajando ya en un Plan de intervención integral que no solo abarca respecto a este punto el perfilado, sino que superará el estadístico, el de personas demandantes, no solo desempleadas, y alcanza al perfilado de los puestos de las empresas, abarcando todo el proceso de inserción laboral de las personas y la competitividad de las empresas. Esta PNL, señor Echániz, se vuelve a olvidar, como siempre, de las políticas activas dirigidas a la empresa, que son quienes contratan en realidad. Por tanto, entendemos que esta medida es insuficiente, ineficaz y además invasora de nuestro marco competencial. Habla de evaluar y ampliar en el marco del diálogo social y del debate parlamentario el programa de activación para el empleo, PAE Plus. Pues bien, pensamos que los programas de activación para el empleo son ejecución de políticas activas y por tanto competencia de la comunidad autónoma. El monumental silencio sobre este hecho nos mueve a pensar nuevamente o, mejor dicho, a sospechar de intenciones recentralizadoras. El tercer punto hace referencia a la estrategia de emprendimiento y empleo joven y a la Garantía Juvenil, y debería ser tratado junto con el cuarto punto, que habla del procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de treinta años en el registro telemático de Garantía Juvenil. Dicho registro - entiéndalo con todo respeto - ha sido un gran fracaso y repetir la experiencia potenciando un registro especial cuando lo más natural es que los jóvenes se registren de manera ordinaria en los servicios públicos de empleo, como ya se hace en el País Vasco, nos parece un error. La incapacidad que se produjo en su momento de registrar, tanto por razones técnicas en el inicio como por razones de estrechez de criterio más tarde, ha provocado, por ejemplo, que la acción subvencional desde el ámbito europeo haya llegado a poquísimos jóvenes. Por el contrario, en aplicación no solo de las transferencias, sino de una lógica que se ha impuesto y que han comentado otros cronistas políticos, entendemos que sería más eficaz trasladar a las comunidades autónomas ejecutoras de los programas activos de empleo el 50 % de los recursos europeos que ya se ha apropiado el Estado. También se insiste nuevamente en la evaluación de los servicios cuando la evaluación de los propios servicios de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde hacerla a su Gobierno y a su Parlamento en su caso, además de que el sostenimiento de esas políticas activas de empleo se produce a través de la aplicación del concierto, que es el pilar en el que se sustentan todas las políticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Habla luego de crear un organismo independiente, un instituto estatal para el talento en el empleo, que sirva para evaluar las políticas activas de empleo. Insistimos en que la evaluación de la eficacia de los servicios de la comunidad autónoma le corresponde a su Gobierno y al Parlamento; en definitiva, a nuestra sociedad. La creación de ese organismo vuelve nuevamente a intentar solapar nuestras competencias. Además, para ello existe un instrumento de evaluación, el Plan anual de políticas de empleo, que gestiona el SEPE, en el que se evalúan los resultados y, dependiendo de ellos, se reparten los fondos a las comunidades autónomas. Nosotros estamos al margen, pero creemos que no existe esa necesidad de creación y el silencio que se mantiene respecto de la Comunidad Autónoma del País Vasco nos hace pensar que se trata de un nuevo intento recentralizador. Y habla del desarrollo reglamentario - termino, señoría - de la Ley 30/2015. Aquí coincidimos, pues se trata de una necesidad clamorosa que no se ha llevado a cabo por la situación de interinidad del Gobierno. En este aspecto debe atenderse a la disposición adicional duodécima de esta ley, que recoge la salvaguarda tanto de funciones transferidas como de su financiación a través del concierto. En definitiva, señorías, todas las medidas que se han planteado olvidan la realidad plurinacional y pluriadministrativa del Estado y olvidan las transferencias, la legalidad por tanto de las políticas activas de empleo, para incidir en aspectos respecto de los que sospechamos que no existe más que una intencionalidad política desviada de la realidad jurídica del Estado. Por eso, señorías, vuelvo a repetir que nuestro voto será contrario a esta proposición. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador i Duch.
Gracias, señora presidenta. Parece que, como en abril pasado, toca hacer electoralismo en esta Cámara, con lo que ya parece una campaña electoral continua, y por más de un partido. Esta vez el Partido Popular presenta una proposición no de ley que pretende buscar la legitimidad del Congreso para continuar gobernando contra las clases trabajadoras, es decir, contra los asalariados, pensionistas, parados, precarios, autónomos y pequeña y mediana empresa. Nos presenta un documento que a millones de ciudadanos nos parece un chiste malo cuando ya en su exposición de motivos dice cosas como que pretende consolidar la recuperación económica. ¿Pero de qué recuperación habla y para quién se ha recuperado la economía? Hablen con la gente, por favor. También dice que quiere continuar la creación de empleo. ¿De qué tipo de empleo habla? ¿De ese en el que por más que se trabaje uno sigue siendo pobre? ¿Del que tiene las tasas de temporalidad más altas de Europa? ¿De ese en el que se pueden encadenar contratos temporales para ocupar puestos fijos? ¿De empleos de despido fácil, barato y tremendamente injusto como, una vez más, reconoce Europa aun siendo de derechas? Pues no. Desde Esquerra Republicana de Catalunya vamos a votar que no. No vamos a participar en la legitimación de sus políticas económicas y laborales contrarias a la mayoría de la gente. Votaremos no a esta proposición ambigua, una vez más centralizadora y, a nuestro modo de ver, exclusivamente electoral. Decimos centralizadora porque les recordamos que en el ámbito de las políticas activas de ocupación la Generalitat de Catalunya tienen competencias exclusivas de acuerdo con la especificidad de su mercado laboral y su propio modelo de políticas activas; por cierto, en las antípodas del suyo basado principalmente en bonificaciones que solo vacían la caja de la Seguridad Social. El papel del Estado, una vez definidas de forma genérica las líneas políticas, debería ser el de ampliar los recursos a las comunidades y no recortarlos como se ha venido haciendo desde 2008. También decimos centralizadora porque una vez más y obsesivamente invade competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se reserva un 50 % de los fondos destinados a la gestión de la Garantía Juvenil para políticas propias del Estado. También decimos que es centralizadora porque dice que se va a crear un organismo independiente de nombre tragicómico - no sé si sabré decirlo -: un instituto estatal para el talento en el empleo con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas de empleo complementadas... El nombre es muy largo pero, en resumen, implica la creación de un organismo para evaluar competencias reservadas una vez más a las comunidades autónomas. Y decimos que es centralizadora también porque el cheque formación - que supongo que debe ser para ayudar a algunas empresas que se dedican a esto - debería ser registrado por las comunidades autónomas, y lo mismo podemos decir de la formación profesional dual. La recentralización continúa en el apartado en el que se expone que se quiere reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo o crear un portal único y prosigue con el invento de vincular la financiación a los resultados obtenidos, obviando que la inserción laboral no depende en exclusiva de la ejecución de las políticas activas de ocupación, ni muchísimo menos. Suban ustedes el salario mínimo interprofesional, deroguen las reformas laborales o inviertan en infraestructuras públicas con un claro retorno social y económico y, sin lugar a dudas, se van a encontrar con una agradable sorpresa en las cifras de ocupación y en la calidad de la misma, si este fuera su objetivo. Para finalizar, en cuanto a ampliar el programa de activación para el empleo, que ya estuvimos debatiendo aquí, nuestra opinión ya quedó muy clara el pasado mes de abril en esta misma tribuna, donde también demostramos el fracaso de sus medidas de protección social. A nuestro modo de ver lo que tienen que hacer en este punto concreto son menos proposiciones y aumentar de una vez por todas el número de personas que puedan acogerse a esas medidas y su cuantía. Eso lo pueden hacer mañana mismo por decreto, que de esto saben ustedes mucho. Ya queda claro que en este punto tienen los votos afirmativos de todos. Esquerra Republicana no votará en contra de que las más de 100.000 familias que pueden recibir el pan y la sal - es decir, los 426 euros - los reciban. Todo lo contrario, siempre nos tendrán a su lado para ampliar la protección social. En resumen, no a sus propuestas de políticas activas y sí a una proposición de aumento en cantidad y calidad del programa de activación de empleo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Salvador i Duch. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
Gracias, señora presidenta, señorías. Consolidar la recuperación económica, promover la creación de empleo estable y de calidad y reducir la precariedad laboral son algunas de las preocupaciones fundamentales a las que queremos dar respuesta. Es necesario seguir trabajando para que las políticas activas de empleo sean herramientas más eficaces al servicio de las oportunidades de los desempleados de nuestro país. ¡Telita! Así reza la iniciativa que nos trae hoy a debate el Grupo Popular. Hay que tener la cara muy dura, pero muy dura, para decir esto. A pesar del aumento presupuestario del último año - año electoral, por supuesto - el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 39 % el presupuesto de las políticas activas de empleo, es decir, 12.000 millones de euros menos. El Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, lo que la gente conoce como las oficinas del paro, están siendo reducidas a la mínima expresión para facilitar aún más su privatización. Prueba de ello es que solo el 2 % de las personas paradas consiguieron empleo a través de este servicio en el año 2015. Por supuesto, también atacaron las llamadas políticas pasivas de empleo, rebajando la cuantía de las prestaciones un 22 % en el año 2016 y dejando a casi dos millones de personas, los parados de larga duración, sin recibir ni un duro, cero; ni un duro. Encima, han recortado más en las comunidades autónomas con un PIB por habitante más bajo; es decir, para entendernos, cuanto más pobres, más recortes, y créanme que de esto en Canarias sabemos bastante. Repito lo que dije más arriba, que con estos datos hay que tener la cara muy dura para traer este texto a debate hoy; pero muy dura. El terrorífico diagnóstico ya está hecho, pero lo importante son las soluciones. No nos engañemos, la mejor política de empleo es un tejido productivo fuerte y diversificado que pueda generar puestos de trabajo, con una agricultura sana y rentable orientada a la soberanía alimentaria, con una industria potente y de alto valor añadido basado en la investigación y el desarrollo y con un sector servicios, que es el más importante en nuestro país, con derechos laborales y con salarios decentes. Hay tres cosas que podemos hacer como país y que debemos hacerlas ya. En primer lugar - perdonen por la voz pero es por el catarro; para los canarios, el clima de Madrid es lo que tiene -, un plan de transición energética y economía productiva que, basado en energías renovables, eficiencia e I+D+i, genera aproximadamente 300.000 empleos, tanto para nuestra gente más formada como para la gente que trabajaba en el sector de la construcción y se ha visto excluida, que se quedaron fuera por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, construir un nuevo marco de relaciones laborales derogando y dejando sin efecto las terribles reformas laborales del año 2010 del Partido Socialista y del año 2012 del Partido Popular, reformas que tanto sufrimiento han causado a la gente trabajadora en nuestro país. Y, en tercer lugar - esto es importante también -, reducir la cuota de los trabajadores autónomos con criterios de sensatez y de racionalidad económica. Si se ingresa menos del salario mínimo interprofesional, no se paga, y si se ingresa más, se paga en función de lo que se ingresa, como se hace en otros países de Europa. Esto aliviaría la soga que tienen al cuello millones de autónomos y permitiría que se contratara más personal y, por tanto, obviamente, que se generara empleo. Esto se puede hacer ya, solo hace falta tener voluntad política y un poquito de vergüenza, que creo yo que no tienen mucha. Volviendo a lo anterior. ¿Saben lo que realmente se esconde tras esta particular visión de las políticas de empleo? Algo muy macabro, hasta muy sádico diría yo, y profundamente injusto, que es la culpabilización de la persona que está en paro, echar la culpa a la persona que está en paro de su propia situación. Y no, señores del Grupo Popular, la culpa no está ahí fuera, no es una cuestión de vagancia, de capacidades o de falta de preparación. Ahí fuera hay mucha gente con ganas de trabajar, que quiere trabajar y no puede, mucha gente preparadísima, formadísima, que se acuesta noche tras noche sin expectativa alguna. Hay mucha gente que se está yendo del país porque aquí es imposible levantar cabeza. No, señores del Grupo Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa está aquí dentro y la tienen ustedes. [[Aplausos]] Sobra decir que vamos a votar en contra de esta infame iniciativa, pero no porque se rían de nosotros, algo a lo que ya estamos acostumbrados, sino porque con ella se están riendo de los casi cuatro millones de personas que están ahora mismo en paro, y eso no se lo vamos a permitir. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Echániz Salgado, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
Aceptamos, como es lógico, la enmienda relativa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No aceptamos el resto de las enmiendas y sí aceptamos la solicitud del portavoz del Grupo Ciudadanos respecto a la votación separada de esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Echániz. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A QUE EL GOBIERNO EN FUNCIONES APRUEBE POR DECRETO-LEY, EN CASO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. [[Número de expediente 162/000102]]
Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno en funciones apruebe por decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
Gracias, presidenta. Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene como objeto evidenciar al Gobierno que nada le impide la aprobación de un decreto-ley para el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos. Se preguntarán ustedes por qué solo les pedimos este real decreto, y es porque ustedes se han empeñado en poner este asunto sobre la mesa de las negociaciones de su investidura y como elemento de presión política, incluso de chantaje, me atrevería a decir. Ha sido la vicepresidenta del Gobierno, rueda de prensa sí y rueda de prensa también, quien lo ha puesto sobre la mesa. Nada les impide hacerlo, pero es que, además, tienen ustedes que hacerlo. Ese es el objeto de esta iniciativa que presentamos en el día de hoy. Es urgente atender las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente de aquellos que peor lo están pasando, de los pensionistas y de los empleados públicos. No les voy a dar consejos acerca de cómo se utilizan los decretos-leyes, porque han venido abusando de ellos durante la antepasada legislatura con su mayoría absoluta; ni tan siquiera tendría que citarles otros precedentes de prórrogas presupuestarias en las que se utilizó un decreto-ley para incrementar las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos, porque ustedes mismos, en la pasada legislatura, estando en funciones, aprobaron un real decreto-ley con el objeto de la activación del empleo. Por tanto, no hay posibilidad de decir que el Gobierno está incapacitado para traer un decreto-ley. Pueden ustedes hacerlo, deben hacerlo y el objeto del Grupo Socialista es que se sientan ustedes respaldados por la mayoría de esta Cámara, que les insta a que traigan ese decreto-ley para que pueda ser aprobado. No es la primera vez que ustedes utilizan estos elementos como chantaje. Han utilizado desde el Gobierno la Administración, las instituciones, para chantajear la conformación del Gobierno o el proceso de investidura. Han llegado a chantajear a las comunidades autónomas con el cumplimiento de los compromisos de gasto, poniendo en duda que puedan comprometer gastos que ya tenían adquiridos. Han achacado al resto de grupos políticos la responsabilidad del grave incumplimiento presupuestario que es objeto de sanción por parte de Bruselas. Pero usar a pensionistas y a funcionarios con fines electoralistas y partidistas es un chantaje deplorable que no podemos admitir el resto de la Cámara. Genera incertidumbre, genera zozobra entre pensionistas y también la angustia de los empleados públicos, cuya nómina depende del Estado. Las pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingreso para 9 millones de españoles en nuestro país, hombres y mujeres pensionistas que con su pensión no solo se han hecho cargo de sus gastos, del gasto de su vivienda, de su alimentación, de sus medicamentos, sino que con esas pensiones mínimas y raquíticas han tenido que asumir los gastos de las hipotecas de sus hijos, de la factura de la luz, incluso de los libros de texto de sus nietos y nietas. Esta es la realidad del país que ustedes están dejando, señores del Partido Popular. [[Aplausos]] Déjenme un segundo solo, porque supongo que ustedes me vendrán con la retahíla de 'ustedes congelaron las pensiones'. Les recuerdo el 53 % de incremento de las pensiones mínimas en los ocho años de Gobierno socialista. [[Muestra varios gráficos.-Aplausos]] Supongo que me vendrán también con lo de la herencia recibida. Esta es la herencia que los socialistas dejamos al sistema público de pensiones; un Fondo de reserva de la Seguridad Social en 68.815 millones de euros, que ustedes han liquidado ya en un 85 %. Esta es su gestión en materia de pensiones. Pero yo les pido que dejen ya de agraviar a los pensionistas y, sobre todo, que dejen de utilizarlos políticamente. ¿Y qué les voy a decir de su relación con los empleados públicos? Podría hacer también aquí un resumen de su gestión. Podría explicarles lo que ustedes han hecho con la función pública en estos últimos cuatro años, pero me quedo con una frase, la del secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor don Antonio Beteta. Con esa frase se resume su gestión y lo que ustedes piensan de los funcionarios públicos, de los empleados públicos. Ustedes les dijeron que se tenían que olvidar de tomar cafelitos y de leer los periódicos. ¡Como si los miles de funcionarios públicos de este país no hicieran otra cosa que leer el periódico y tomar cafelitos! No, señorías, los millones de funcionarios públicos de este país lo que han hecho durante los últimos cuatro años de su Gobierno es sostener el Estado del bienestar. Han sido quienes han atendido a nuestros hijos cuando ustedes bajaron las ratios en las escuelas. Han sido quienes nos han tratado con dignidad en los hospitales públicos cuando ustedes les echaban a la calle. Han sido los que han velado por la seguridad y por nuestra integridad cuando ustedes estaban privatizando la seguridad pública en nuestro país. Eso es lo que han hecho y lo que han trabajado los empleados públicos. Por eso, les pido que no vuelvan a menospreciarlos, que no vuelvan a utilizarlos políticamente, que cuando hablen de empleados públicos piensen que son los maestros y las maestras, los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras, hombres y mujeres que trabajan por nosotros y que mantienen el Estado del bienestar. Señorías, les pido que nos unamos en esta dirección, que seamos capaces de sacar de esta Cámara el compromiso del Gobierno, solicitado con el apoyo de todos los grupos, para traer aquí ese decreto-ley; que nos dejemos de chantajear al resto de fuerzas políticas con los pensionistas y empleados públicos y que dejemos de utilizarles en esta pelea partidista. No hay motivo para el chantaje. No hay ningún problema legal para que, en ausencia de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, prorrogados los anteriores, el Gobierno, mediante decreto-ley, apruebe la subida de las pensiones o los salarios. Los socialistas les pedimos que lo hagan y, además, les damos la tranquilidad de que lo podrán hacer avalados por el apoyo de la mayoría de la Cámara. Señorías, está en su mano. Nosotros no compartimos su modificación del sistema de pensiones. Creemos que hay mucho más que abordar, como alguna enmienda que se nos ha hecho llegar. Pero el momento de hablar de nuestro modelo del sistema de pensiones, de nuestro modelo para la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro será, sobre todo si ustedes quieren hacerlo llegar a esta Cámara, a través de ese decreto-ley. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, esta tarde tengo la esperanza de que podamos ser útiles para millones de españoles y españolas; millones de españoles y españolas que han tenido que soportar sobre sus espaldas uno de los fardos más traicioneros de la crisis, como ha sido la pérdida brutal de poder adquisitivo en estos últimos años, mientras, además, se les forzaba a hacerse cargo de las necesidades básicas de hijos, de hijas, de nietos, que estaban asolados por las políticas de la austeridad. El Grupo Socialista nos presenta hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a que, en el caso de prórroga de los presupuestos, apruebe un decreto-ley en el que se contemple el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal a cargo de las administraciones. Esta medida nos parece absolutamente imprescindible. Pero también nos parece imprescindible acompañar una serie de garantías a esta proposición. A los pensionistas y a las pensionistas de nuestro país, esas personas a quienes se les ha robado la tranquilidad que merecían tras una vida dura de trabajo, el Gobierno lleva años tirándoles a la cara cada 1 de enero una de las consignas desgraciadamente famosas en nuestro país, como es la de 'vuelva usted mañana'. Este mañana se multiplica por 365 días y diciéndoles cada año: vuelva usted el año siguiente. Esta es una absoluta falta de respeto para todos nuestros mayores. Desde hace ocho años, desde 2009, las pensiones en este país han perdido poder adquisitivo tanto con las reformas de 2011 y 2012 como con la reforma integral de 2013, y un Gobierno - cualquier Gobierno - debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, aplicando para ello una revalorización equivalente a la previsión de crecimiento del IPC, lo cual sería para 2017 un 1,1 %. Además, queremos que esto se aplique sin trampa, que se aplique teniendo en cuenta que si al final del año la evolución del IPC diese como resultado una cifra superior a la inicialmente prevista se reembolse esa cantidad a nuestros pensionistas, así como que se aplique a todas las pensiones, sin distinciones entre pensión contributiva o no contributiva. Señorías, como decía al principio, hoy tengo la esperanza de que entre todos y todas podamos forzar a este Gobierno en funciones a arreglar el entuerto que se ha provocado a los millones de pensionistas en este país, un Gobierno en funciones que, además, ha dejado el Fondo de reserva de la Seguridad Social como si lo hubiera asaltado una banda de cuatreros. En lo que respecta a las empleadas y a los empleados públicos de este país, qué podemos decir después de la farsa a la que se les ha sometido durante estos últimos años. Con la excusa de reducir el déficit y la deuda - objetivo que naturalmente no se ha cumplido - este Gobierno y el anterior Gobierno socialista han convertido a los empleados públicos en el payaso de las bofetadas de un triste espectáculo en este país, y lo digo con total respeto y admiración por esa profesión tan imprescindible. Y digo el payaso de las bofetadas porque, mientras la ciudadanía asistía atónita a la multiplicación de los casos de corrupción, mientras el Gobierno recortaba y recortaba, cerraba plantas de hospitales, aumentaba y multiplicaba las ratios, eran únicamente las empleadas y los empleados públicos de este país los que cada día se echaban el país a la espalda y lo sacaban adelante. [[Aplausos]] A cambio, durante estos últimos cinco años solo se han llevado bofetadas: se han llevado la bofetada de ver cómo se han congelado sistemáticamente los sueldos; se han llevado el sonoro revés que supuso la drástica bajada del salario operada por un Gobierno del Partido Socialista en 2011; se han llevado un aumento de la jornada laboral; una reducción de los días de libre disposición; la supresión de pagas extra. En concreto, el salario real por empleado público se ha reducido en torno a un 10 %, pero si atendemos a todos estos recortes añadidos estamos hablando de un recorte de hasta el 30 %. Pero lo más peligroso es que el Gobierno ha querido extender una visión estigmatizadora de las empleadas y los empleados públicos en este país, cuando ahí están los informes de la Aeval que manifiestan todo lo contrario; muestran cómo la población de este país apoya y valora sobremanera el esfuerzo que las empleadas y los empleados públicos han hecho para sacar a este país adelante. Señorías, es la hora de revertir la situación y para eso es necesario acabar con este maltrato, estar a la altura de los héroes y no de los villanos, incrementando la subida real de los salarios hasta equipararlos al IPC y convocando de urgencia la mesa de la Función pública para negociar una oferta de empleo público digna. Por eso, nos parece importante incluir estas garantías. No obstante, votaremos que sí a la propuesta que pone encima de la mesa el Grupo Socialista porque nos parece importante, vital, sacar esto hoy adelante. A pesar de todas las dificultades y las tormentas que parece y dicen se ciernen sobre esta Cámara, creo que hoy podemos ser útiles a todos los españoles y españolas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Nueva Canarias apoyará esta proposición no de ley que ha planteado la representante del Grupo Socialista por varias razones. La primera es porque, entre todos los colectivos que han sufrido las consecuencias de la injustas políticas de ajuste asociadas a la crisis practicadas por el Partido Popular en estos años, algunos de los que se han visto especialmente afectados son estos dos colectivos precisamente, el de los empleados públicos y el de los pensionistas. En el caso de los empleados públicos porque lo que subyace es un discurso de culpabilizar a los servicios públicos de la situación de crisis que venimos sufriendo desde el año 2008. Es decir, esto no fue culpa de los especuladores ni de los que tenían unas ansias absolutas de enriquecerse a costa de cualquier cosa, sino que era culpa de los servicios públicos. Esto ha hecho recaer una parte del ajuste durísimo precisamente entre los empleados públicos, que es muy importante que quede claro que son los que sustentan los servicios públicos, es decir justamente el colectivo del que depende que exista el colchón social fundamental de los servicios públicos para la inmensa mayoría de la población. El otro colectivo es el de los pensionistas, 9 millones de personas que tienen que sufrir todos los años el escarnio de padecer un ridículo incremento de su pensión - que es la política en la que se sustenta el Partido Popular, parece ser -, asociado a un notable incremento de los gastos, sobre todo en aquello que hemos venido en denominar repago sanitario. Creemos que es el momento de empezar a ajustar, creemos que hay razones suficientes para hacerlo, es necesario acabar con esta idea de culpabilizar a los más débiles y beneficiar a los más fuertes. Y por otra parte, nos gustaría pensar que el Partido Popular no va a incurrir en la tentación de amenazar a la población con que es imposible hacer nada - por ejemplo, un real decreto-ley - porque lo impide la situación de Gobierno provisional. Confiemos en que no utilicen ese argumento falaz, que sería profundamente inaceptable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
Quiero aclarar en primer lugar que Euskal Herria Bildu apoyará cualquier iniciativa encaminada a que pensionistas o empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años y puedan así acortar la larga distancia que les separa de tener - en el caso de la gran mayoría de las pensiones - los recursos mínimos necesarios para poder hacer frente a sus necesidades más básicas, para llevar una vida digna. Pero, dicho esto, tengo también que denunciar la situación que nos pone sobre la mesa esta propuesta, porque los azules nos vienen diciendo que si hay Gobierno habrá pensiones y sueldos y los rojos nos vienen diciendo que la propuesta es la suya, aunque saben que eso solo tiene cabida si no hubiera Gobierno. Ambos nos ocultan, en cambio, que, tanto si presidiera el Gobierno Rajoy como Sánchez, cualquiera de ellos continuará con las medidas que han venido tomando hasta ahora y que son el verdadero ataque al poder adquisitivo de pensionistas y trabajadores de la Administración y además probablemente harán nuevas reformas del mercado laboral, de las pensiones y también de la Administración, que no harán más que profundizar en la senda que han tenido hasta el momento. Pero cada vez engañan a menos personas y prueba de ello son los resultados de las recientes elecciones en la Comunidad Autónoma vasca, porque ustedes los del Partido Popular y ustedes los del PSOE son minoritarios allí, y ustedes los de naranja apenas existen. ¿Y aun así quieren decidir por nosotros y nosotras? Pues va a ser que no. Sepan que por más que se empeñen en ello la ciudadanía vasca lo tiene cada vez más claro, 57 escaños de 75 en el próximo Parlamento de Gasteiz son buena prueba de ello. Euskal Herria Bildu trabajará, por tanto, para hacer valer lo que ha dicho la ciudadanía, que quiere ser dueña de su futuro y quiere tomar las decisiones en todo aquello que le afecta, porque sabemos que es la única vía para tener unas pensiones dignas y para garantizar que las retribuciones de los empleados públicos son también dignas. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto tiene, en último término, la palabra el señor Bel Accensi.
Muchas gracias, señora presidenta, y gracias por su generosidad en la gestión del tiempo. Intervendré brevemente. Me recordaba mi compañero Carles Campuzano que quedan muy lejos aquellos tiempos en los que en esta Cámara se aprobó el Pacto de Toledo a iniciativa en aquel momento de Convergència i Unió y de forma implícita se entendía que las pensiones quedaban al margen del debate electoralista o del provecho electoralista, pero no vamos a ser nosotros quienes digamos que el Partido Socialista hace electoralismo con esta propuesta porque les han estado provocando de forma muy seria, y lo ha recordado su portavoz. La verdad es que tendría que ser un acuerdo de la mayoría de los grupos que se revalorizaran las pensiones y que se actualizara también el sueldo de los funcionarios públicos. Porque vamos a llegar a acuerdo en otras cosas, parece que vamos a llegar a acuerdo para modificar la Ley Electoral. ¿Y no podemos llegar a un acuerdo para una cosa tan simple y que afecta a tantos millones de españoles? Parece que de momento no. Yo creo que eso se va a tener que solventar. Diputadas y diputados del Partido Popular, no tengan la tentación de escudarse en un Gobierno en funciones para no poder aprobar esta revalorización de las pensiones y actualización del sueldo de los funcionarios públicos. Porque, si es así, ¿me quieren decir cómo van a explicar a estos millones de funcionarios y de pensionistas que un Gobierno en funciones no puede actualizar su pensión y su sueldo, pero sí puede modificar en 1.162 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Van a explicarles que el Gobierno en funciones puede modificar un 20 % el presupuesto de Defensa y no puede actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, que, recordemos, no solamente afecta a los trabajadores públicos de la Administración General del Estado, sino que, en caso de no aprobarlo, va a afectar a todos los trabajadores públicos, también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que tienen capacidad y voluntad de proceder a esta actualización? Por tanto, vamos a votar a favor de la propuesta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, vaya por delante nuestra intención de apoyar la proposición no de ley, ya que no podemos estar más que de acuerdo en contemplar el incremento de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, y ello basado tanto en razones de justicia social como al amparo de políticas económicas de equilibrio y distribución que algunos de mis predecesores ya han contado. No hace falta que señale quiénes han sido precisamente los más desfavorecidos y quiénes han soportado con mayor rigor la crisis: pensionistas y empleados públicos; son los servidores públicos los que al fin y al cabo han tenido que soportar las consecuencias de políticas económicas que en todo caso han sido nefastas para sus intereses concretos, sin perjuicio de otros intereses que hayan sido concurrentes. Dicho esto - y me refiero a la proponente de la proposición -, también tengo que señalar que, sin embargo, nos surgen determinadas dudas en cuanto a la viabilidad de la propuesta que se nos está planteando. No es inhabitual - y lo señala la propia proposición - en el panorama jurídico y político ni la prórroga de presupuestos, que se puede realizar de acuerdo al artículo 134.4 de la Constitución, ni el uso del mecanismo del real decreto-ley a fin de actualizar pensiones y salarios públicos. También es verdad que dicha pensión se ha venido ligando a la acreditación de razones de extraordinaria y urgente necesidad, como dice el artículo 86 de la Constitución, así como a la justificación de la atención al interés general que permite excluir dichas determinaciones de las leyes de presupuestos. Pero en este caso lo que hace particular esta situación - y es imposible obviar - es que la hipotética actuación legisladora que se propone impulsar se solicita cuando el Gobierno está en funciones, y esta PNL tiene por tanto como premisa no solo la posibilidad de que el Gobierno pueda actuar a través de un real decreto-ley en situación de prórroga de Presupuestos Generales del Estado, sino que se le solicita que actúe a través del mecanismo del artículo 86 de la Constitución cuando se encuentra en la situación de en funciones a que se refiere el artículo 101.2 de la Constitución y por ello con las limitaciones a que se refiere la Ley 50/1997, del Gobierno. La acción que propone por lo tanto la PNL debe superar dos obstáculos: uno, la justificación que exige la acreditación de la extraordinaria y urgente necesidad, tal y como refiere a dicho efecto el artículo 87 de la Constitución, y dos, la necesidad de acreditar los casos de urgencia, como dice el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, o las razones de interés general debidamente acreditadas para justificar que el Gobierno en funciones pueda hacer ese tipo de propuestas. Entendemos que con cierta voluntad, y sobre todo con un mecanismo que ha comentado mi predecesor, el representante del Partido Demócrata Catalán, que sería la unanimidad de los partidos, se pueden superar, pero no por ello debemos dejar al margen ni obviar que existen esas dificultades que desde el punto de vista de su seguridad jurídica haría falta enfrentar. Esa es una duda a la que deberíamos hacer frente. También es cierto, pasando a otros aspectos, que la medida de actualización de pensiones, en cuanto queda excluida del procedimiento constitucional de aprobación de presupuestos, se convierte en una cuestión de mera legalidad. También lo queríamos citar. Ello nos sitúa en otra duda absolutamente trascendente, y es si se podía haber justificado la proposición no de ley para la misma finalidad sin echar mano del alambicado mecanismo de pedir al Gobierno en funciones que redacte reales decretos-leyes. Es llamativo que se inste al Gobierno a presentar un decreto-ley porque es el Legislativo quien indica al Ejecutivo que redacte normas que son su competencia aun cuando el Gobierno en funciones pudiera no estar habilitado para ello, lo cual nos provoca otro tipo de duda. Incluso cabe la duda de la oportunidad temporal, y permítanme la duda, aunque ya quizá son demasiadas, cuando en este caso no es inminente la prórroga presupuestaria con o sin Gobierno en funciones. Se está anticipando tres meses la valoración de la condición extraordinaria y urgente de la necesidad, aun cuando dicha apreciación debiera ser efectuada, entendemos, en momentos inmediatamente anteriores, es decir, allá por el 29, 30 o 31 de diciembre. Sin embargo, coincidimos en que la proposición no de ley es una iniciativa meramente declarativa de intenciones de carácter e intencionalidad netamente social y político y que en este caso y por ello no obliga como tal jurídicamente al Gobierno a actuar de esa manera. Sí le insta, pero no le obliga. Así pues, a pesar de que la propuesta de proposición no de ley se formula en términos que nos provocan algún tipo de dudas y a pesar de desconocer las condiciones del escenario político y jurídico en que se podrían producir, entendemos que impulsa una acción de Gobierno en una dirección que también compartimos, por lo que contará con nuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, la parálisis política no es inocua. No lo es dejar pasar los días pensando que el tiempo arreglará lo que los responsables políticos no saben o no quieren solucionar. El tiempo perdido tiene ya costes que desgraciadamente no pagan sus responsables, sino la ciudadanía, y entre ella siempre la más vulnerable. El Grupo Parlamentario Socialista nos propone que el Gobierno en funciones, en la hipótesis de una prórroga de los presupuestos generales, que hoy parece prácticamente un hecho, apruebe un decreto-ley que incremente las pensiones públicas y los sueldos de los funcionarios. Ambos han pagado como el que más las políticas que han rescatado con el dinero de todos los bancos mal gestionados sin exigir responsabilidades ni la devolución del dinero invertido. Será interesante ver qué pasa en Alemania con el Deutsche Bank en estos próximos días para ver que a lo mejor hay otras políticas posibles con los bancos. La parálisis en la constitución de un nuevo Gobierno no la han de pagar, como siempre, los mismos. En consecuencia, estamos de acuerdo con la propuesta y con las enmiendas presentadas por Unidos Podemos y confluencias. Pero permítanme que haga más de una puntualización. Es cierto que la falta de Gobierno y de proyecto de presupuestos obliga a hacer por decreto-ley estas modificaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay otra lectura menos literal, surgida del contexto a un mes para que acabe el plazo de proponer un nuevo presidente del Gobierno. ¿No es más prioritario formar un Gobierno de cambio, un Gobierno progresista? Parece, diputadas y diputados del PSOE, que proponiendo hoy un mal menor, o un bien mayor, renuncian a lo mejor a hacer un Gobierno progresista, tiran la toalla y se conforman por omisión con unas nuevas elecciones. ¿Qué problemas internos pueden obligar a una situación de este tipo? Ustedes sabrán. Pero si hoy un Gobierno progresista es importante, es imprescindible para cambiar las leyes del PP que tanto daño han hecho a tanta gente, sin duda también lo es para cambiar un relato hegemónico de la derecha, de la vieja y de la nueva; la de la 'España una, grande y libre'; la de la herencia del franquismo; la de los artículos de la Constitución redactados con ruidos de sables, como hilo musical, hace casi cuarenta años; la del discurso de la fallida investidura del señor Rajoy, este pensamiento único de la unidad de España. Hace falta un nuevo relato para confluir en una alternativa democrática para Cataluña aceptando su derecho a decidir, un referéndum a la escocesa o a la canadiense. Esto no es una obsesión de mi grupo, es la garantía de que el cambio sea cierto y de que no sea un recambio de grupos gobernantes, de que no sea de nuevo un turno dinástico. Para algunos no ha pasado el tiempo y les recomiendo la carta, publicada, de la hija del Carnicero de Badajoz, Yagüe, a mi compañero Gabriel Rufián. Yagüe fue un general de la Guerra Civil, homologable a un gruppenführer de las SS. Cuarenta años de franquismo, cuarenta de nostalgia de los herederos de los vencedores. Relato coincidente con el del ministro del Interior cuando nos dice que queremos ganar la guerra que perdimos cuarenta años después, cuando lo que queremos es acabarla, porque solo se acaba una guerra si situamos a las víctimas y a los verdugos en el mismo lugar que en el resto de la Europa democrática. Vamos a aprobar su proposición, pero lo más importante es recordar que aún estamos a tiempo de romper este círculo vicioso de elecciones que nos llevan siempre al mismo Gobierno en funciones, que nos llevan siempre al Gobierno de Rajoy. Los electores representados por los 180 diputados que somos mayoría en esta Cámara se merecen algo más que el no a Rajoy, que está muy bien; quieren una alternativa que rompa con un pasado que no cesa, quieren que les demos esperanza. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy la señora Rodríguez y su grupo parlamentario - o lo que está presente de él - nos presentan una proposición no de ley para que el Gobierno en funciones apruebe, por real decreto-ley, en caso de que se produzca la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de las pensiones y del sueldo de nuestros funcionarios públicos. Es decir, ustedes, que llevan bloqueando la legislatura desde junio; ustedes, que han criticado al Partido Popular por su utilización de este instrumento, el real decreto-ley - más conocido como decretazo -, como un rodillo en sus políticas; ustedes, que han dicho a los ciudadanos españoles que no quieren llevarnos a terceras elecciones pero que ya en el verano daban titulares como este: Sánchez insiste en que el PSOE votará no a la investidura y a los presupuestos [[Muestra un documento]] - es decir, iba a votar que no a los presupuestos sin leérselos - [[Aplausos]]; ¿ustedes presentan ahora una iniciativa como esta? Creo que se están moviendo ya en unos niveles de contradicción y de hipocresía que alcanzan cotas estratosféricas. Porque si realmente están ustedes preocupados por la revalorización de las pensiones y por el salario de nuestros funcionarios, lo tienen muy sencillo, es muy fácil: impidan que se produzca la prórroga de estos presupuestos del Estado, desbloqueen la legislatura - se lo venimos diciendo -, permitan la formación de un nuevo Gobierno, permitan que la legislatura eche a andar, absténganse o, si lo prefieren, hagan una abstención técnica, permitan, como nunca tendría que haber dejado de pasar, que se vuelva a legislar desde esta Cámara. Quédense en la oposición, como vamos a hacer nosotros; nosotros estaremos en una oposición responsable, súmense a esa oposición responsable junto a nosotros. Ciudadanos, desde que entró en las Cortes en diciembre, ha tratado de desbloquear la situación de todas las formas. En febrero llegamos a un acuerdo con ustedes, con el Partido Socialista, un acuerdo de Gobierno sobre las medidas de reforma que necesita este país, y fue en la investidura de Pedro Sánchez, una investidura fallida. Posteriormente, tras las elecciones, llegamos a un acuerdo con el Partido Popular de 150 medidas, pero la novedad no es que se haya demostrado la capacidad de Ciudadanos de llegar a acuerdos y de saber negociar, sino que la novedad es que hemos encontrado un marco de 100 medidas desde donde se puede poner en marcha un Gobierno reformista y un Gobierno dentro del marco constitucional. Ustedes hablan de extraordinaria y urgente necesidad a la hora de incrementar las pensiones y los sueldos de nuestros funcionarios públicos. Nosotros no vamos a negar que creemos que es extraordinario y urgente, pero nuestra pregunta es: ¿No creen que también es extraordinario y urgente establecer un nuevo marco de relaciones laborales que acabe con la precariedad, como decía nuestro compañero Antonio Roldán, de 7 millones de trabajadores pobres? ¿No creen que también es extraordinario y urgente realizar una reforma integral del régimen de los trabajadores autónomos, que son los mayores creadores de riqueza y los mayores creadores de empleo, unos 600 empleos netos al día? ¿No creen que también es extraordinario y urgente volver a reunir al Pacto de Toledo en esta Cámara para apuntalar nuestro sistema público de pensiones? ¿No creen que es extraordinario y urgente poner encima de la mesa un pacto nacional por la educación, para que la educación no sea utilizada por los diversos partidos políticos con fines electoralistas? ¿O no creen que también es extraordinario y urgente poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza infantil? Porque estas medidas y hasta 100 más están en ese espacio de 100 medidas que hemos acordado entre el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros para impulsar ese Gobierno del que hablamos. Todas estas reformas podrían ponerse en marcha mañana si ustedes quisieran y se sentasen a hablar. Volviendo a la PNL, quiero decir que Ciudadanos dará su voto favorable, como no puede ser de otra forma, incluso aunque ustedes no hablen de ninguna cuantía, pero entendemos que la revalorización de las pensiones se llevará en los términos establecidos legalmente por la Ley 23/2013 y veremos en qué términos se incrementa el salario de los funcionarios. Quiero pedirles desde aquí para finalizar que sean responsables, que sean constructivos en la búsqueda de una solución política, que dejen de bloquear la legislatura, que se sienten a negociar y que, por favor, pacten porque la preocupación y el compromiso con los ciudadanos, poner los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses del propio partido, se demuestra con hechos y no con declaraciones como estas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Fernández de Moya Romero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me van a permitir que mi primera valoración, antes de entrar a debatir a fondo lo que significa esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sea una reflexión en voz alta. Señora Rodríguez, usted ha empleado hasta en cuatro ocasiones la palabra chantaje, permítame que le vuelva a poner de manifiesto esa expresión diciéndole que no chantajeen más al conjunto de la nación española y no bloqueen más la formación que el Gobierno necesita ya en el ámbito de este país como es España. Porque ustedes con ese bloqueo, es verdad que por el interés personal de su secretario general, están sometiendo a un chantaje a toda la sociedad española, no respetando al ganador de las elecciones generales que tiene toda la legitimidad para formar Gobierno y poner en marcha todas estas medidas. [[Aplausos]] Señora Rodríguez, a mí me gustaría que cuando usted se suba a esta tribuna - curiosamente no lo ha hecho -, recuerde - y yo sí sé lo voy a recordar - lo que ustedes hicieron con las pensiones cuando gobernaron: Zapatero ejecuta un dramático recorte social. [[Muestra un recorte del periódico ABC]] Ustedes congelaron las pensiones, ustedes rebajaron el sueldo de los empleados públicos y usted hoy no ha tenido el coraje y la honestidad política de en lugar de formular una proposición no ley, traer una proposición de ley al ámbito legislativo porque también lo están bloqueando con la finalidad de no poner en marcha esta legislatura. Señora Rodríguez, yo la invito a leer la sentencia del Tribunal Supremo 8303/2005, de 2 de diciembre de 2005, respecto a la validez para dictar un real decreto-ley por parte de un Gobierno en funciones. El fundamento jurídico noveno dice textualmente: En definitiva, el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Esa cualidad, que excluye a un asunto del despacho ordinario, ha de apreciarse caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al contexto preciso en el que deba producirse. Por tanto, en primer lugar, la decisión de elevar las retribuciones de los funcionarios es una decisión política de especial relevancia, pero no se trata solo de una decisión política, vincula al Gobierno de manera irreversible puesto que conlleva un compromiso de gasto y afecta al futuro del presupuesto. En segundo lugar, la decisión de elevar el importe de las pensiones se traduce exactamente en los mismos términos presupuestarios, pero eso sí, con una variable, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esa ley, que aprobó el Gobierno del presidente Rajoy, por la que se produce la revalorización automática de las pensiones, a la que ustedes votaron en contra, votaron no, y que ahora, cuando llegue el 1 de enero del año que viene, con independencia de que haya o no prórroga presupuestaria, los 9,5 millones de pensionistas, con su voto en contra, verán revalorizada su pensión gracias a un Gobierno del Partido Popular, con el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español. [[Aplausos]] Por tanto, no vengan aquí a dar ningún tipo de lección, porque ustedes hablan de pensiones y de empleo público, pero ¿qué pasa en la prórroga presupuestaria con el programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas? 550 millones de euros en el aire por la prórroga presupuestaria por el bloqueo del PSOE. ¿Qué pasa con el Plan nacional sobre drogas? Por el bloqueo del Partido Socialista, en el aire. ¿Qué pasa con el Plan nacional para la inclusión social? Por el bloqueo del PSOE, en el aire. ¿Qué pasa con el programa de violencia de género? Por el bloqueo del PSOE, en el aire. ¿Qué pasa con el programa de igualdad? Por el bloqueo del PSOE, en el aire. Por tanto, señora Rodríguez, son muchas las cuestiones que tenemos que abordar, pero también con la tranquilidad, sin lugar a dudas, de que los pensionistas pueden estar muy tranquilos, porque fue un Gobierno del Partido Popular quien blindó las pensiones. Cuando hable de la hucha de pensiones tenga cuidado. Explíquele al conjunto de la sociedad española que ustedes con un déficit estructural en 2010 y 2011 dejaron de ingresar nada más y nada menos que 15.000 millones de euros para garantizar el sistema público de pensiones en nuestro país y que, además, su inmensa mayoría lo dedicaron también a la compra masiva de deuda pública en España. Señores de Podemos, fundamentalmente hay algo que no me resisto a poner encima de la mesa, porque me parece extraordinariamente importante. Ustedes vienen aquí a hablar de pensiones, pero hay dos modelos que son su referencia: Venezuela y Grecia. [[Muestra y lee dos documentos]] El Parlamento griego aprueba la reducción de las pensiones y la subida de impuestos. Venezuela no paga a sus jubilados en España desde hace nueve meses. Ese es el modelo que ustedes practican allí donde gobiernan y, por lo tanto, ese es el modelo que nosotros no queremos para los pensionistas españoles. Tanto los pensionistas como los empleados públicos pueden estar muy tranquilos de lo que significa un Gobierno que siempre ha defendido el sistema público de pensiones y que nunca ha congelado pensiones, a pesar de la quiebra y de la ruina en la que dejó el PSOE a la nación española. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Rodríguez García, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
No, estoy trabajando en una transaccional en lo que se refiere solo a los empleados públicos y a la convocatoria de la Mesa de la Función Pública. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A ELIMINACIÓN DE LAS 'PUERTAS GIRATORIAS'. [[Número de expediente 162/000127]]
Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de las 'puertas giratorias'. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.
Gracias, señora presidenta. José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. Josep Piqué, Vueling. [[Un ujier deposita en la tribuna un vaso de agua]] Gracias. Para esto podría estar bebiendo agua mucho tiempo. Elena Salgado, Endesa. Rodrigo Rato, Telefónica, Bankia, Santander. Pedro Solbes, Endesa. Arias Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Catalunya, Gas Natural, Telefónica. Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas, Endesa. Isabel Tocino, Enagás. No sé si se acuerdan, señorías, de un anuncio de una conocida marca de pilas, en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas y horas leyendo los nombres de exministros y de ex altos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción. Es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la democracia, sino también a la gente de nuestro país, porque es mentira que esa gente esté trabajando ahí. Eso no es trabajar. ¿Trabaja el señor José María Aznar en Endesa? ¿Trabajó el señor Felipe González en Gas Natural? Cuando digo trabajar quiero decir levantarte a una hora, ir a tu puesto de trabajo y permanecer en él ocho horas. Están en consejos de administración ganando mucho dinero y no están allí por su cualificación, por su preparación en las energías, sino porque gracias a que los ciudadanos les votaron para ser representantes de la soberanía popular adquirieron por mediación de su cargo público una serie de contactos y de influencias que esas empresas estratégicas se compran. Me compro a un expolítico para convertirlo en un comercial y ganar dinero. Un amigo socialista me decía hace tiempo: claro, Pablo, pero el problema es que si prohibimos esto al final solamente van a los consejos de administración de las grandes empresas los expolíticos de la derecha. Lo que pasa es que tengo la impresión de que ningún expolítico, ningún exministro, ningún expresidente está en un consejo de administración de una gran empresa para defender a la gente. ¿Se imaginan ustedes al señor Aznar, al señor González, a la señora Elena Salgado, al señor Rodrigo Rato, al señor Pedro Solbes diciendo a una de esas empresas energéticas: No les vamos a consentir que dejen sin calefacción y sin luz a ningún español porque eso es una vergüenza, porque es una vergüenza que en mi país haya empresas energéticas, empresas que han recibido favores de gobiernos de este país, que por pobreza sobrevenida a familias españolas, que no pueden pagar, las dejen en un país del G-20, en un país de la Unión Europea sin calefacción o sin luz este invierno. ¿Se imaginan ustedes a uno de esos exministros o a uno de esos expresidentes defendiendo esta posición en el consejo de administración de una empresa estratégica? Ustedes no y yo tampoco, porque van allí a llevárselo crudo, a ganar mucho dinero, a entender esa posición como una suerte de jubilación dorada después de haber firmado un contrato con los ciudadanos y eso es corrupción, aunque sea legal. [[Aplausos]] Esto que estoy diciendo es absolutamente transversal, no divide a la gente de nuestro país. El 99 % de los ciudadanos españoles considera una vergüenza que haya exministros y expresidentes que se sienten en consejos de administración de empresas estratégicas, voten lo que voten. Por eso, si existe un consenso como este en nuestro país, ¿por qué no prohibimos de una vez y de manera clara, sin trampas legales y sin letra pequeña, la presencia de exministros y expresidentes en consejos de administración de grandes empresas? Porque jamás nadie ha conseguido dar un argumento para justificar esa presencia, porque eso es corrupción legal, porque eso pone en cuestión el fundamento mismo de la democracia. La corrupción, señorías, no es solamente que falten dedos de la mano para contar los imputados e investigados por corrupción en el Partido Popular. No es solamente eso. ¡Ojalá fuera simplemente una suma de indignidades en un partido! La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. Esos que no se presentan a las elecciones pero que tienen mucho dinero y mucho poder, a través de las 'puertas giratorias' compran a gente como ustedes. Les compran a cambio de dinero para que actúen como sus comerciales, como sus vendedores y como sus enlaces en países extranjeros. Eso es una burla a la democracia, porque la democracia se fundamenta en que en última instancia los representantes de la soberanía popular no responden ni representan a los consejos de administración, sino que representan a la gente. [[Aplausos]] Por eso, con esta proposición no de ley, que esperamos que salga adelante y que va en la dirección de proposiciones similares que hemos presentado en asambleas legislativas de las comunidades autónomas, queremos instar al Gobierno a promover una normativa clara para que esa lista infame de nombres que podríamos estar leyendo aquí durante horas forme parte de la historia en nuestro país. España se merece no tener que pasar nunca más la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos de administración de empresas estratégicas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matute García de Jalón.
Muchas gracias, señora presidenta. Por premura del tiempo seré breve y, como se dice, iré duro y a la encía. Hace más de un año en las redes sociales hubo una noticia que corrió como la pólvora y que decía algo así como que un expresidente quedó atrapado en una puerta giratoria y fue rescatado por los bomberos. El expresidente era Felipe González. La noticia se demostró falsa - era de un medio satírico -, pero no dejaba de encerrar una gran justicia poética y también buenas dosis de verdad - se ha recordado antes por el proponente de la iniciativa, que vamos a apoyar desde Euskal Herria Bildu, una serie de nombres de políticos que han pasado a consejos de administración -, y digo que encerraba una gran parte de verdad porque Felipe González pasó al consejo de administración de Gas Natural Fenosa con un sueldo precario de 127.000 euros al año; Aznar engrosó las filas de Endesa con un contrato de becario de 200.000 euros al año, y De Guindos tuvo la mala suerte de tener un contrato en prácticas por 368.000 euros al año en la empresa Endesa. Esa es la realidad que ha adornado la política española en el mismo día en que las tarjetas black siguen alumbrando a una sociedad cada vez más cansada y hastiada de tanta corrupción y de tanto nepotismo en el uso del poder. Apoyaremos la iniciativa porque queremos explicaciones y queremos acciones. Queremos saber quién es quién a cada lado de la puerta, queremos saber quién engrasa la puerta y queremos saber quién manda aquí de verdad. Hoy no está ni el Gobierno, que formalmente manda, ni quienes realmente mandan, que son los dirigentes de las transnacionales. Para terminar, quiero decir simplemente que por parte de Euskal Herria Bildu solo podríamos dar explicaciones - y al igual que nosotros el ministro del Interior también podría darlas, si estuviera aquí, porque nos conoce muy bien - sobre cómo no aprovechar las instituciones para el lucro propio. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Ciuró i Buldó.
Muchas gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna para defender la enmienda del Partit Demòcrata Català en relación con un tema tan interesante, importante y necesario como el que nos ha planteado el señor Iglesias esta tarde aquí. Estamos muy de acuerdo con lo que usted dice. Compartimos la necesidad de poner coto a los trapicheos, a la corrupción y a toda esta suerte de vulneración de la deontología y la ética política con nombres propios muy importantes, pero, como ustedes bien dicen en la proposición no de ley, tenemos un plus de responsabilidad. Señorías, aquí hay que venir a hacer un trabajo al que, si bien es necesario escuchar la voz de la calle, hay que darle rigor para que fructifique en una buena iniciativa que conlleve transparencia y que permita que no haya profesionalización en la política pero sí que buenos profesionales pasen a hacer política para que todo el país se pueda beneficiar de su buen hacer y de sus conocimientos. Es necesario abordar esta cuestión tan sensible - a nuestro entender - desde un diálogo sereno. Si bien podemos entender por qué usted utiliza palabras como prohibir absoluta y permanentemente, es lógico que podamos pensar o que le digamos que ello necesariamente no conlleva transparencia, y menos en el país del Lazarillo de Tormes y de Rinconete y Cortadillo. Por tanto, conviene facilitar que aumente la transparencia, sobre todo para poder seguir el trazo y, por ejemplo, poder regular la legislación de lobbies y de grupos de interés con medidas concretas. Una cuarentena de diez años. ¿Siempre es necesaria una cuarentena de diez años para un buen profesional - imagínese usted, señor Iglesias, un profesional de la energía nuclear - que venga a prestar su servicio por un tiempo determinado como asesor? ¿Es necesario que no pueda volver en diez años a hacer aquello que él sabía hacer perfectamente? Creo que nos haríamos un flaco favor. Le proponemos que abran la intención de esta proposición no de ley que compartimos, pero que queremos trabajar para que fructifique, para que en la nueva comisión contra la corrupción que vamos a crear podamos incardinar una subcomisión que trabaje en esta línea, que se comprometa a optimizar los recursos que existen, como por ejemplo la Oficina de conflictos de intereses, y que no dependa del Ministerio de Hacienda, que dependa de esta Cámara, estilo L'Oficina Antifrau de Catalunya. Existen muchísimos ejemplos. Si no quisiera aceptar la nuestra, le propondría una enmienda transaccional in voce para poder conseguir un consenso y dar un mensaje claro a la ciudadanía de que no estamos haciendo precampaña electoral, sino que queremos solucionar sus problemas, abrir su enmienda, intentar que nos podamos sumar en un texto con el que lógicamente ustedes se sientan cómodos y poder establecer todos una subcomisión en el seno de la nueva comisión que vamos a crear esta tarde contra la corrupción y a favor de la transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. En último término, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
Señora presidenta, señorías, el clientelismo amenaza el futuro económico de España. Esta es la tesis que se sostiene entre los economistas de mayor prestigio en nuestro país. Les recomiendo, entre otras, la lectura del muy interesante artículo de Josep Pijoan-Mas y de Manuel García-Santana titulado Growing like Spain, Creciendo como España, cuyas conclusiones han sido avaladas por Transparencia Internacional y que resultan simplemente demoledoras. El clientelismo en España nos ha llevado, señorías, a que entre 1995 y 2007 se haya consumido en él un 4 % del producto interior bruto, o lo que es lo mismo, el capitalismo de amiguetes nos estaría costando unos 47.500 millones de euros al año, como también denunció a principios de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El análisis de los años previos a la crisis muestra una paradoja: cuando la economía crecía, sorprendentemente no lo hacía la productividad en nuestro país, porque en cada sector los recursos no se asignaron a las empresas más productivas, sino a las que mejores relaciones tenían con los Gobiernos de turno. Estamos en un capitalismo clientelar, estamos en un capitalismo de mordida que se plasma en los consejos de administración, un caso claro de corrupción legalizada y en diferido. Yo creo que la ciudadanía ya está muy cansada de esta situación. Las 'puertas giratorias' y todo el corporativismo parasitario que se ha construido a su alrededor son un problema muy importante que ha de ser atajado ya. Hemos de penalizar el clientelismo para que deje de verse como algo normal, y esto es lo que tenemos que votar ahora. Compromís apoya esa proposición no de ley, porque tenemos el compromiso de renovar la confianza de la ciudadanía en la política, porque hemos de apostar por la regeneración democrática de nuestras instituciones y porque hemos de ser, señorías, ejemplo de transparencia y responsabilidad política y pública. Esto es lo que nos llevó, por ejemplo, a la aprobación por las Cortes Valencianas, el pasado 14 de abril, de la proposición de ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, una iniciativa de Compromís con el apoyo de Podemos y de los socialistas, un ejemplo de lo que puede hacer un Gobierno de cambio. Nos hubiera gustado que este texto hubiera venido aquí como una proposición de ley. No ha sido así, pero si llegara a iniciarse el trámite parlamentario - confiamos en ello - para su conversión en ley, sí que nos gustaría que quedara precisado el alcance de su punto primero, por seguridad jurídica, y que quedara definido con más claridad qué es lo que ha de entenderse cuando se alude en el texto a sectores estratégicos del Estado, porque esa referencia queda muy indeterminada. Por lo demás, enhorabuena por esta proposición. Esperamos que pronto llegue a desplegar toda su eficacia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas Pérez.
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, discutimos una PNL para la eliminación de las 'puertas giratorias'. Compartimos que el tema de las 'puertas giratorias' es un problema grave para España, una cara más del capitalismo de amiguetes que Ciudadanos viene denunciando. En este caso, existen a todas luces conflictos de intereses entre la actividad pública y la privada, que además de ser reprobables desde un punto de vista ético - esperamos trabajar para que se puedan reprobar también desde un punto de vista legal - pervierten el funcionamiento del libre mercado y hacen que determinadas empresas no compitan en igualdad de condiciones. Por tanto, es un tema que nos preocupa, y en eso coincidimos. Hemos presentado posibles soluciones para esta cuestión en nuestros programas electorales. Hemos consensuado posibles soluciones, primero con el Partido Socialista, en la legislatura anterior, y después con el Partido Popular, en esta legislatura, en esos pactos, primero de, Gobierno y, luego, de investidura a los se ha opuesto Podemos. Es bueno regular estas situaciones. En otros aspectos, el Grupo Podemos y el Grupo Ciudadanos difícilmente vamos a poder hacer cosas en conjunto, pero sí que vamos a poder trabajar juntos para intentar resolver este problema. Es un problema tan importante que no se resuelve, permítame, señor Iglesias, con esta chapuza que nos han presentado. Es un problema tan importante que no se resuelve con una PNL incompleta, poco rigurosa y peligrosamente ambigua. Es peligroso legislar con técnicas panfletarias, que es la sensación que nos produce esta PNL. Es un problema que merece atención y buena técnica legislativa - aunque en este caso estemos hablando de una PNL - para dar soluciones eficientes y eficaces que lo atajen. En el punto 1 ustedes hablan, como ha comentado antes otro portavoz, de prohibiciones absolutas de ser alto cargo de una empresa de un sector estratégico. Sé en qué están pensando ustedes; es un problema que compartimos. Estamos pensando en esa lista de expresidentes y exministros que... [[Rumores]]
Perdón, señoría. Por favor, guarden silencio.
... no sabemos si trabajan o no trabajan para grandes empresas, pero que efectivamente cobran de ellas y no sabemos por qué. Pero con ese texto que ustedes nos han presentado ninguna persona que haya sido alto cargo en la Administración pública podría ser administrador de una pequeña empresa de transporte. Sí, señor Iglesias. Hay que afinar en la técnica legislativa. El panfleto no vale para legislar y no vale para aprobar textos en esta Cámara. [[Aplausos]] Hay que eliminar, efectivamente, las 'puertas giratorias', pero, como le decía el portavoz que me ha precedido, no excluir el talento de la sociedad civil, que puede prestarlo a la Administración para luego volver a esa sociedad civil; obviamente, sin que haya conflictos de intereses. Si no, al final, solamente podrán ser altos cargos profesores de universidad; está bien que lo sean, pero debe entrar más talento de la sociedad civil y no se le debe expulsar de la gestión pública. Eso en cuanto al punto 1. En cuanto al punto 2, efectivamente, creemos que el plazo es excesivo. Nosotros proponemos cinco años, pero eso se podría discutir y podríamos llegar a acuerdos. Creemos que también sería bueno añadir la actividad indirecta, que es por la que muchos ex altos cargos se están saltando la actual legislación de incompatibilidades, y por eso lo hemos añadido también a las enmiendas que hemos presentado a su proposición no de ley. Luego está lo que no se regula, lo que falta, que es casi todo en esa PNL. ¿Qué pasa con los conflictos de intereses de los diputados? ¿Qué pasa con las 'puertas giratorias' en la judicatura? Nosotros proponemos ese mismo plazo para que los jueces no puedan entrar y salir y volver a su puesto. ¿Qué pasa con el asesoramiento a potencias extranjeras? Quizá también deberíamos regularlo, señor Iglesias, para que no nos gobierne quien no hemos votado. [[Aplausos]] En todo caso, es un tema demasiado importante para despacharlo con una PNL de dos puntos y, por lo tanto, yo también creo que deberíamos llevarlo a esa Comisión contra la corrupción y por la transparencia que va a empezar a trabajar en este Congreso. Muchas gracias, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, en la conferencia política del PSOE de 2013 tratamos este y otros asuntos con mucha tranquilidad y mucho sosiego. En aquella ocasión, yo decía que el movimiento del 15-M había hecho las preguntas correctas, pero que no era capaz de dar las respuestas adecuadas por su propia negativa a articularse políticamente o a establecer portavocías políticas que le permitieran entrar o salir más allá de la plaza. Ustedes asumieron parte de esa herencia política. Yo creo que lo hicieron con inteligencia. Recogieron del suelo unas banderas que aparentemente la izquierda tradicional no se atrevió a recoger y las tradujeron en política. Pero me temo que, al heredar esa herencia, también han heredado - aparentemente, al menos, al leer su propuesta - la dificultad para pasar de las musas al teatro. Por lo que veo, voy a coincidir con alguno de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Usted y sus compañeros a veces adoptan una actitud en el Parlamento, en la política en general, de analistas, de académicos. Ustedes describen, son descriptores, pero aquí venimos a prescribir. Yo creo que en ese salto del puro análisis a la propuesta es donde falla lo que ustedes nos presentan, al menos en este caso. En el Parlamento no basta con hacer un buen análisis y, por supuesto, no basta con leer la larga lista que nos ha leído de personas que han utilizado esas 'puertas giratorias', porque aquí venimos para avanzar y para proponer soluciones. Digo esto porque compartimos con ustedes la preocupación sobre el fenómeno de las 'puertas giratorias' y compartimos buena parte de su análisis, pero, incluso partiendo de él, la conclusión a la que ustedes llegan nos parece difícil de compartir; es una especie de huida hacia adelante, una especie de vamos a tirar el niño con el agua sucia, porque para anular los efectos de las 'puertas giratorias' proponen una solución tan sencilla como contraproducente. Ahora hay una prohibición de dos años para que un alto cargo pueda pasar a trabajar para una empresa con cuya actividad haya tenido relación directa; sin embargo, ustedes lo convierten en una eternidad, literalmente. Los ministros, los subsecretarios, los secretarios generales, los delegados del Gobierno, los embajadores, los secretarios generales técnicos y los directores generales, que son funcionarios, no podrían trabajar nunca más en ninguna empresa de los sectores estratégicos del país. Conclusión práctica: un director general de reclutamiento del Ministerio de Defensa, treinta años después de dejar de serlo, no podría ser consejero de una televisión local, porque en la redacción de su propuesta dicen ustedes que no podrán trabajar en empresas de sectores estratégicos. Si hubieran puesto 'empresas estratégicas', sabríamos a lo que nos referimos; pero si su propuesta dice 'empresas de sectores estratégicos', cualquier empresa de transportes, cualquier empresa de telecomunicaciones, cualquier empresa de audiovisual podría ser entendida así. Por lo tanto, nos parece que partiendo de un análisis razonable - que podemos compartir en buena medida, como ha hecho el compañero de Ciudadanos - al final se llega a una conclusión errónea y contradictoria. Usted dice que el director general de reclutamiento no puede formar parte en toda su vida de un consejo de administración y, sin embargo, al del órgano regulador, que sí ha tenido relación directa con el mundo económico, solo le pone diez años. Es decir, a un director general que nunca en su vida ha tocado un papel que tenga que ver con una empresa se lo prohíben para toda la vida; sin embargo, para los miembros de un órgano regulador, que por su propia naturaleza tendrá relaciones con esas empresas, proponen solamente diez años. Por lo tanto, yo creo que hay que afinar la propuesta más allá de la nariz. Creo que con la propuesta absoluta y permanente hay un problema de inconstitucionalidad, porque se produce una especie violación del principio de interdicción de la arbitrariedad. Decirle a una persona que cuarenta años después de tener una responsabilidad no puede trabajar en un sector, sinceramente, presenta problemas; también los tendría desde el punto de vista de la retroactividad, pero no voy a hacer una intervención profesoral, no voy a hacer solo descripción, sino que quiero avanzar. Por otra parte, el concepto 'sector estratégico' es muy vago. Habría que aclararlo, porque ni ustedes ni nuestra normativa propia lo aclaran y, por tanto, ahí hay otro agujero en su argumentación. Hay otro asunto que ha sido tocado parcialmente por la señora Ciuró, y es que la tendencia en la Unión Europea es la contraria. No digo la contraria en el sentido de poner expolíticos en los consejos de administración, sino la contraria en el sentido de meter consejeros no dominicales, consejeros no ejecutivos que representen no solo los intereses de los accionistas, que siempre estarán encaminados a maximizar el beneficio, sino que tengan en cuenta los intereses de los proveedores, de los usuarios, de los clientes de dichas empresas. Mirémoslo también desde ese punto de vista. Además debo decirle que este tipo de consejeros no dominicales ha permitido una gran presencia de mujeres en consejos de administración, cosa que de otra forma seguramente no hubiéramos conseguido. Esto tiene que ver con algo de lo que hablaremos en otro momento, que es cómo hoy día el ciudadano se siente indefenso no ante su ayuntamiento, sino ante Telefónica, ante Google, ante Apple. Esa relación de poder es la que tenemos que examinar. Por eso le proponemos pasar la discusión técnica de cómo articulamos esta cuestión a la Comisión de calidad democrática. Ustedes proponen para la eternidad, nosotros proponemos cinco años revisables y otros compañeros proponen cinco años. Le quiero demostrar que hay dificultades con su texto para llevarle a la conclusión de que podemos aprobar la proposición política de acabar con las 'puertas giratorias', pero tenemos que analizar las demás cuestiones técnicas tranquilamente en comisión, porque el asunto merece esa atención. Creo que faltan cosas; faltan los parlamentarios y falta una interpretación de la independencia de la Oficina de conflictos. De todas maneras, me alegro de que su partido vaya lentamente pero con un poco más de seguridad pasando de las musas al teatro. Bienvenido. [[Aplausos]]
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]], el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. La PNL sobre la eliminación de las 'puertas giratorias' que hoy debatimos nos sugiere una doble reflexión sobre la exposición de motivos y sobre las medidas concretas, que en parte va a ser coincidente con exposiciones y argumentos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La PNL dice nacer para hacer frente a los casos en los que se incorpora a una empresa privada un ex alto cargo con altas responsabilidades y sueldo, lo cual, se sigue diciendo, cuando no se da en una situación de transparencia, genera una problemática ética y deontológica por la intromisión del interés privado en el público. Por ello, se propone un sistema de incompatibilidades adecuado a la realidad social y política, que sirva de base contra la corrupción y renueve la confianza democrática. En esta exposición de motivos nos llama la atención que el centro del problema del paso de un alto cargo de la Administración General a la empresa privada se cifre en la falta de transparencia - según dice la exposición de motivos - de ese paso y no en el conflicto de intereses público y privado del alto cargo cesante y de la empresa a la que se incorpora. Hoy en día - hay que decirlo -, desde la Ley 5/2006, pasando por la actual 3/2015, no existe objetivamente un problema de transparencia ni de regulación ni de control de cumplimiento. Cosa distinta es que la regulación en su caso no nos satisfaga, pero es diferente a la falta de transparencia. También nos llama la atención en la exposición de motivos que cuando se reclama una regulación adecuada a la realidad social y política de hoy en día se hace sin concretar ni definir cuál es esa realidad que a su juicio se da, aunque cabe inferirla de la lectura de la parte propositiva de la iniciativa, cuando se sugiere la prohibición absoluta y permanente en sectores estratégicos del Estado a alguno de los ex altos cargos que contempla la norma. Esta limitación que se pretende es absoluta, aunque el puesto desempeñado por el ex alto cargo no tenga relación objetiva ni de lejos con el ámbito privado al que se pretende ingresar. También se califica como permanente, de por vida, cuando la actividad privada se proyecte en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado. La pregunta es: ¿Y cuáles son esos sectores estratégicos? ¿Podría ser, como en Francia, la propia cultura un sector estratégico? ¿Podría serlo la universidad, por la formación de talento dirigente de una sociedad? En definitiva, es una cuestión abierta. ¿Y no les parece esta limitación, como ya se ha indicado, una exageración que no responde a la realidad social y política que dicen atender? ¿Quién va a querer ser un alto cargo, cuando las limitaciones le van a perseguir de por vida? Consideramos que esto, como ha manifestado algún compareciente anterior, empobrece la sociedad. La segunda medida que se propone, la de reformar las incompatibilidades y aumentar desde los actuales dos hasta los diez años el periodo de carencia para todo el ámbito subjetivo del artículo 1.2 de la ley, nos suscita también dos cuestiones. Se aprecia en primer lugar una incongruencia entre el primer apartado y el segundo de la proposición. No se puede reclamar en el primero una incompatibilidad absoluta y permanente y en el segundo - y para las mismas personas, parcialmente - que el periodo de carencia lo sea por diez años. Tampoco compartimos que el periodo de carencia sea tan abultado - diez años -, ya que en un mundo acelerado, competitivo y globalizado diez años fuera de un ámbito, empresa o servicio suponen la desaparición de por vida del mismo. En definitiva, señorías, nos ha sorprendido el trazo grueso con el que está elaborada la PNL examinada, por lo que se nos hace difícil su apoyo, aunque tampoco nos opondremos. Seguro que en una cuestión tan delicada como esta pueden encontrarse mejoras en el sentido buscado. Por eso, si el grupo proponente aceptara alguna de las enmiendas sugeridas, cambiaríamos la disposición de nuestro voto. Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
Molt bona tarda a totes i a tots. Gracias, señora presidenta. Cuando en la economía de un país se suma un excesivo peso de los sectores regulares más un dominio de las relaciones clientelares, no tenemos un problemón, señorías, tenemos un auténtico drama. Las 'puertas giratorias' en el Estado español son una lacra institucionalizada por los dos grandes - ya no tan grandes, si me permiten - partidos españoles. De hecho, a esto se le llama corrupción; si quieren, corrupción legalizada, y si les gusta más, corrupción en diferido, pero sin duda alguna, corrupción. Dejen que haga una pregunta: Si un político en activo emplea el BOE para privilegiar a un empresario a cambio de una mordida, ¿hablamos directamente de corrupción? Supongo que sí - ustedes ya están acostumbrados en sus filas a padecerlo -, claro, porque es un abuso del poder político en beneficio propio y directamente en contra de la sociedad. Pero ¿y si el político en activo privilegia a un empresario a través del BOE y se cobra la mordida años después en forma de sueldazo dentro de su cargo en la Administración? ¿Cómo se le llama a esto? Se lo diré yo: se le llama corrupción en mayúsculas. [[Rumores]] Esta repugnante práctica es la que lleva años institucionalizada, como decía... [[Rumores]]
Perdón, señoría. Señorías, guarden silencio, por favor. No se escucha a la oradora.
Decía que esta repugnante práctica es la que lleva años institucionalizada entre los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, un 7 % de los consejeros del Ibex son expolíticos. Su mayor balneario es - ya se ha hablado de ello hoy - Telefónica: Urdangarin, Rodrigo Rato, Zaplana, el marido de la vicepresidenta en funciones y, claro está, la gran Andrea Fabra - no sé si se acuerdan, algunos de ustedes sí; yo sí, porque estaba aquel día -, la que dijo sin tapujos aquello de: que se jodan. Pero podemos seguir: Acebes en Iberdrola; María Ángeles Amador, del PSOE, en Red Eléctrica; Aznar en Endesa; Borrell en Abengoa; Felipe González en Gas Natural; Matutes en el Banco Santander; Elena Salgado en Endesa; Javier Solana en Acciona, etcétera, etcétera, etcétera. Dejen que me detenga en una de las 'puertas giratorias' mejor engrasadas del Estado español, la que nos lleva al paraíso del sector eléctrico. ¿Recuerdan la reforma del sector eléctrico? ¿Aquella que aprobó el Partido Popular y tutorizó el protagonista del verano, el ministro Soria? ¿Se acuerdan? Sí, es aquella que penalizó justamente el autoconsumo, que introdujo los cambios normativos de carácter retroactivo para las renovables y que dio además prioridad para saldar el llamado déficit tarifario, calculado en más de 30.000 millones de euros. ¿La recuerdan, verdad? Pues bien, aquella reforma sirvió básicamente para beneficiar al oligopolio de cinco grandes empresas del sector, en connivencia, claro está, con el poder político. Podemos afirmar, señorías, sin equivocarnos que las 'puertas giratorias' entre ministerios y consejos de administración de las grandes eléctricas son uno de los principales déficits democráticos que existen; de hecho, podemos afirmar que da verdadero asco. Pero lo peor en este caso concreto es que gracias a esta privatización hoy existe la pobreza energética. Las 'puertas giratorias' - atención - en este caso concreto - en muchos otros también - destruyen vidas, señorías. Así de cruel. La democracia en el Reino de España es una de las que tienen una calidad más ínfima. Les voy a decir más, ni tan siquiera es digna de llamarse como la llama mi compañero Joan Tardà, democracia de low cost. Esta democracia, la democracia española, es amiguismo, es partitocracia, es 'puertas giratorias', es disciplina de voto, es tráfico de influencias, es sobres, es cajas B, etcétera, etcétera, etcétera; una verdadera orgía de los principios que permiten a cualquier sociedad ejercer con plenitud la democracia como única forma de vivir pacíficamente y en armonía en una sociedad. Los republicanos catalanes - y acabo, señora presidenta - apoyaremos todas aquellas medidas que fortalezcan la democracia donde sea y que terminen, evidentemente, con esta lacra. Lo haremos mientras estamos construyendo la república catalana, un nuevo Estado, un Estado que empodere a la ciudadanía y la haga sentir plenamente responsable y partícipe de su futuro, un Estado que recupere la confianza en las instituciones que lo representan, en definitiva una república guiada por los valores de equidad, solidaridad y tolerancia, para construir un país que se parezca lo menos posible a este. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.
Gracias, señora presidenta. Señorías, venía a esta Cámara convencida de que todos los que nos sentamos aquí hemos llegado con una vocación de servicio público, pero, oyendo alguna de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, lamento comprobar cómo ese servicio público se ha convertido en hacer público el escaso servicio que algunos están ofreciendo a los ciudadanos. [[Aplausos]] Aquí se ha hablado de corrupción, y siempre se habla de corrupción en mayúsculas, pero a veces se pasan por alto pequeños fraudes, y a mí también me parece un pequeño fraude a las instituciones, en este caso al Congreso de los Diputados, presentar una iniciativa y luego utilizar el tiempo de defenderla para lanzar una serie de reproches y acusaciones a un lado y al otro del hemiciclo y no para presentarla. No seré yo quien defienda al Partido Socialista, señorías, aunque quizá en esta ocasión toda ayuda podría ser buena, pero sí me referiré a mi partido, al Partido Popular, al que tengo el gran honor de pertenecer y al que represento hoy en esta tribuna. Algunas de estas acusaciones que se han lanzado intentan enturbiar el papel de mi formación política y de algunos de los políticos que han contribuido a que en España tengamos en la actualidad una democracia de las más avanzadas de Europa, un país en el que los ciudadanos disfrutan de una de las mayores cartas de derechos fundamentales de nuestro entorno, un país en el que todos los que estamos aquí sentados hemos podido concurrir a unas elecciones libres, en el que los ciudadanos se han acercado a las urnas a votar libremente, en el que podemos estar debatiendo todos aquí esta tarde con absoluta libertad. Puedo entender que los que son jóvenes y se han encontrado con todo esto hecho quizá no aprecien lo que ha costado conseguirlo, pero ha costado muchísimo, y en esa labor y en ese trabajo ha estado una formación como la mía, el Partido Popular, desde el principio, trabajando para que esto pudiera llegar a ser así. [[Aplausos]] Señor Iglesias, usted habla muy deprisa; yo también, pero le he escuchado muy despacio. Ahora escúcheme, porque me gustaría decirle una cosa. Ustedes han planteado esta iniciativa y ustedes son los que definen y deciden qué es una puerta giratoria y qué no lo es, y lo han utilizado para determinadas personas que llegan a determinados puestos, pero a lo mejor alguien puede pensar - y digo solo a lo mejor - que una puerta giratoria también es irse a impartir un máster a la universidad o volver a un juzgado a ocupar su puesto de juez. Alguien lo puede pensar, señorías. ¿O van a ser ustedes quienes decidan qué es una puerta giratoria y qué no lo es? ¿O va a depender de quién ocupe el puesto? Yo he escuchado hablar de 'puertas giratorias' para cuando se abandona la política, pero la puerta giratoria, como su nombre indica, da la vuelta. A lo mejor también hay 'puertas giratorias' y conflictos de intereses para los que entran en la política. A lo mejor - y digo solo a lo mejor - alguien puede pensar que en el caso de esos jueces o esos guardias civiles que se incorporan a una candidatura esperando a recibir la orden de llevar a la cárcel a los del Partido Popular también se puede producir un conflicto de un interés particular y personal con un interés general. [[Aplausos]]; o alguien puede pensar - y digo a lo mejor - que quien ha estado asesorando, defendiendo o ayudando a construir unos regímenes dictatoriales puede tener un conflicto de intereses en un sistema democrático. Alguien puede llegar a pensarlo y nadie lo echa en cara y nadie lo pone encima de la mesa. A ustedes les gusta presumir de que son nuevos en política o son formaciones nuevas, como decía antes, pero en el Partido Popular no les hemos esperado a ustedes para debatir sobre esta cuestión, que nos parece importante y preocupante, porque fue un Gobierno del Partido Popular el que reguló el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en una ley, una ley que recogió y endureció un régimen de incompatibilidades y que reguló la salida de esos altos cargos y su reincorporación al mercado laboral. De lo que realmente estamos hablando, señorías, es de que si queremos que nuestro sistema funcione y funcione bien debemos garantizar y favorecer que grandes profesionales se acerquen a la Función Pública y allí desenvuelvan su labor, aporten su conocimiento, su experiencia y su trabajo, pero luego, con la misma facilidad con que les abrimos las puertas para que lleguen a esta Función Pública, cuando decidan marcharse o cuando nosotros decidamos prescindir de ellos, también debemos facilitarles su salida y su reincorporación al mercado laboral. No podemos condenarles a la muerte civil y a la muerte laboral. Fíjese si nos preocupa que en el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos, en el punto 107, hemos incluido el compromiso de seguir endureciendo las incompatibilidades para el caso del cese de los altos cargos, y estaríamos trabajando ya en ese compromiso si esta Cámara, en un ejercicio de responsabilidad y democracia, hubiese permitido que el partido que ganó las elecciones hubiese conformado el Gobierno; eso también es un fraude a la democracia, y especialmente se lo digo a las señorías del Partido Socialista. Eso también es un fraude a la democracia, y no se lo digo yo, se lo dicen los ciudadanos, que elección tras elección van perdiendo la confianza en su formación política, como lo demuestran los resultados de este último fin de semana. Señorías, no se permitió la formación de ese Gobierno y hoy nos encontramos otra vez aquí debatiendo y votando unas iniciativas que todos sabemos que no van a servir para nada si no se forma ese Gobierno. Acabo, señora presidenta. Nuestra obligación es trabajar por el interés general, señorías, no generalizar intereses particulares, porque eso no es lo que esperan los ciudadanos que hagamos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Iglesias Turrión, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El espíritu de alguna de las enmiendas presentadas podría tener un carácter complementario, pero todas ellas plantean la modificación del punto que se refiere a la prohibición de las 'puertas giratorias', que es el tema fundamental de la proposición no de ley. Por tanto, no las aceptamos.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012 TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 %. [[Número de expediente 162/000103]]
Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 %. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
Señora presidenta, señorías, este año no van bien las cuentas públicas, pero todavía iban peor en el año 2012 y fue en ese caldo de cultivo donde nos encontramos con subidas indiscriminadas de impuestos, con recortes al Estado del bienestar y con unas cosas denominadas regularizaciones fiscales, más y mejor conocidas como amnistías fiscales. Recordando a los clásicos, como Platón: la justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y subirle los impuestos - que es lo que se hizo en 2012- a los que ya los pagaban, mientras se perdonaban impuestos a los defraudadores es cualquier cosa menos justicia. Además, ese proceso de amnistía fiscal no solamente fue injusto, fue una enorme chapuza. Ese proceso consistió básicamente en la firme y decidida voluntad de ir dándole cada vez más facilidades a los defraudadores; que estos defraudadores, en algunos casos, fuesen cercanos a los partidos que apoyaron esta medida - el Partido Popular en el Gobierno y el partido antes conocido como Convergència - a lo mejor es una casualidad pero, en cualquier caso, no fue justo. Como no podemos poner a un inspector de Hacienda detrás de cada español, poner un poco de justicia en el sistema fiscal es la única forma de conseguir cuadrar las cuentas y evitar subidas indiscriminadas de impuestos y recortes en el Estado del bienestar. Como les decía, el proceso de amnistía fiscal fue no solamente un error, sino una chapuza. En ese periodo hubo un par de cuestiones que sería importante reseñar: en primer lugar, una orden ministerial que permitía regularizar dinero en efectivo. Como todos ustedes saben - no hace falta ser inspector de Hacienda para saberlo -, el efectivo no es rastreable y, por tanto, el riesgo grave de blanqueo de capitales estaba y está ahí. [[Rumores]] Hay una segunda cuestión y es que la amnistía fiscal no cumplió ninguno de sus objetivos y una de las razones fundamentales es el informe que hoy nos trae aquí, el informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio. [[Rumores]]
Un segundo, señor De la Torre. Señorías, por favor, guarden silencio.
Como sus señorías seguramente no regularizaron, a lo mejor no tiene tanto interés esta moción para todos ustedes. [[Aplausos]] Este informe permitía básicamente dos cuestiones: en primer término, establecía que las declaraciones tributarias no fuesen comprobables; es decir, se permitió a los defraudadores hacer lo que les diese la gana literalmente. En segundo, este informe establecía también que se tributase muy poco. Se acabó tributando no el 10 % que decía el Decreto-ley 12/2012, la norma de la amnistía, no el 10 % sobre la cuantía de los bienes aflorados, sino solamente el 10 % de las rentas de los últimos cuatro años; es decir, se acabó pagando menos de un 3 %. Los resultados de la amnistía fiscal fueron un enorme desastre. Como les estamos diciendo, aunque afloraron supuestamente 40.000 millones de euros, solamente se recaudaron 1.193 millones de euros, menos del 3 %. Por otra parte, este dinero no volvió a España y esto lo sabemos porque los cálculos se han hecho a base de la declaración de bienes en el extranjero y, por tanto, del dinero que seguía estando fuera cuando más lo necesitábamos. La declaración de bienes en el extranjero sí es un acierto del Gobierno del Partido Popular, eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que si, a diferencia de lo que hizo por ejemplo el señor Berlusconi, no se obliga a traer el dinero de vuelta cuando se hacen amnistías fiscales, luego el dinero se nos queda fuera. Recientemente el Ministerio de Hacienda ha dicho dos cosas sobre la amnistía fiscal. En primer lugar, que los que se acogieron a la amnistía fiscal tienen un 82 % más de patrimonio declarado, lo cual está bien. Lo que no dice, y sí dicen los informes de la Agencia Tributaria, es que el rendimiento fiscal que están dando es de 350 millones de euros al año. Esto es grave y es particularmente grave por lo siguiente: porque de los 40.000 millones aflorados si hubiesen pagado el 10 % que tenían que haber pagado de acuerdo con el decreto-ley, hubiesen dado 4.000 millones y no 1.193 millones. Hay 2.800 millones de euros que los defraudadores no han pagado y que deberían haber pagado a las arcas públicas. Esto al final origina recortes e injusticia. En consecuencia, este informe, ya en la anterior legislatura, se consideró por parte de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas como un informe contrario a derecho. Nosotros proponemos aquí, en primer término, que se revisen estas declaraciones que se acogieron a la amnistía fiscal, y es una tarea urgente porque ahora mismo pueden estar prescribiendo. El día 30 de noviembre no va a haber nada que hacer. ¿Por qué? Porque habrán pasado cuatro años desde el final del plazo de declaración y eso para cualquiera que sepa algo de derecho tributario significa prescripción e imposibilidad de ejercer el cobro por parte de la Hacienda Pública. [[Rumores]]
Un momento, señor De la Torre. Por favor, señorías, guarden silencio.
Efectivamente, nos encontramos ante un tema urgente. Esos 2.800 millones de euros que debíamos haber recuperado pueden prescribir y prescribirán el día 30 de noviembre y, por eso el Grupo Ciudadanos trae esta proposición, instando a la revisión. ¿Para qué? Para que los defraudadores paguen el 10 % efectivo y no el regalo que se les hizo vía el informe de la Dirección General de Tributos, porque antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, incluyendo las grandes empresas que este viernes van a ver subida su tributación en el Consejo de Ministros, hay que exigir la ley, el cumplimiento de toda la ley e incluso de una ley tan vergonzosa como la de la amnistía fiscal a los defraudadores. [[Aplausos]] Para hacerlo es imprescindible - este es el segundo punto que nosotros llevamos en esta proposición no de ley - anular las órdenes internas que hicieron obligatorio el informe de 27 de junio de la Dirección General de Tributos. Hay informes que no se molestan ni en firmarlos, quizá porque no valen ni el papel en el que están escritos, pero que tienen un coste muy gordo para la Hacienda Pública - para todos los que estamos aquí y para los que más han sufrido especialmente -, un coste de 2.800 millones de euros. Por tanto, hay que anular estas órdenes internas. En tercer lugar, hay que empezar a inspeccionar, hay que citar a estos contribuyentes que no cumplieron las leyes, que se acogieron a la amnistía fiscal pero no cumplieron las normas, para hacerlo antes del 30 de noviembre. Si estas inspecciones se inician antes del 30 de noviembre, a partir de ahí hay 18 meses para hacerles pagar lo que debían haber pagado desde el inicio. Concluyo. Señorías, no solamente necesitamos hasta el último euro que podamos obtener de los defraudadores de la amnistía fiscal, sino que fundamentalmente lo que necesitamos en España es restablecer la confianza en Hacienda y en el Estado de Derecho y permitirles a los inspectores ir a por los defraudadores. No podemos renunciar a la lucha contra el fraude y especialmente cuando, como ocurre en este caso, tenemos a los defraudadores localizados y no han cumplido el decreto-ley de la amnistía fiscal, a pesar de ser una norma tan favorable. Señorías, creemos que deben votar a favor de esta proposición no de ley porque hay que luchar contra el fraude fiscal y porque renunciar a luchar contra el fraude fiscal y contra la corrupción es empezar a morir. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Mixto el señor Bel Accensi.
Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa independientemente de que acepten o no nuestra enmienda, que es más de carácter técnico que político, pero tenemos que hacer un poco de memoria, porque el proponente ha dicho que esta regularización, tal como fue aplicada, fue aprobada también por Convergència - le recuerdo que era Convergència i Unió en aquel momento -. Les recomiendo que lean el 'Diario de Sesiones'. Aquello era un real decreto que se convalidaba con una serie de medidas. Nuestra formación fue crítica con la disposición adicional primera y fue más crítica con la aplicación, porque, al final, lo que están pidiendo con esta enmienda es que se aplique el real decreto, no el informe que después se sacó de la manga la Dirección General de Tributos. En esto estamos absolutamente de acuerdo, porque lo que se hizo en aquel momento es que se pervirtió una norma aprobada en esta Cámara, con todas las críticas necesarias pero aprobada, y se sacaron mediante un informe la hipotética prescripción de aquellos activos que se podían acreditar que estaban en los patrimonios de los defraudadores en los cuatro años anteriores. Entendemos que esto no era de recibo. Si la amnistía ya era criticable en sí misma, también lo fue la forma de aplicación - esta amnistía progresiva -, porque de hecho fue una amnistía que el Partido Popular hizo progresiva a medida que iba viendo que no se respondía a la misma e iban generando incentivos. De hecho se hicieron dos informes, uno en julio y otro en agosto, para intentar convencer a las personas que podían llevar a cabo la regularización. Con nuestra enmienda lo que proponemos es que no se tenga en cuenta el informe en aquello que favoreció que no se tributase al 10 %, pero hay otras partes del informe que podían ser perfectamente válidas y que generan más seguridad jurídica. En todo caso, más allá de las dudas que pueda generar esta actuación, nuestro grupo va a votar a favor.
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
Gracias, señora presidenta. Hoy nos traen a debate, otra vez, la amnistía fiscal, una amnistía que no queríamos y que se hizo de la peor manera posible. Beneficiaron a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas, y mintieron, señorías del PP. Primero, nos dijeron que no era una amnistía, luego nos dijeron que era necesaria para recaudar dinero para las arcas públicas, después nos dijeron que tributaría al 10 %, pero no llegó ni al 3 % y esto se tradujo en 2.800 millones de euros menos que se recaudaron, es decir, más dinero del que los Presupuestos Generales del Estado destinan al bienestar social - por cierto, unos presupuestos que quieren prorrogar -. Con la que está cayendo, con los índices de pobreza infantil que tenemos, pese a las cifras de paro, con los recortes en servicios públicos, prefirieron perdonar 2.800 millones de euros a quien defrauda y prefirieron, como ya he dicho antes, beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. De esta mentira la gente sacó menos dinero de lo ridículamente aceptable y, por su parte, las élites limpiaron sus vergüenzas. En su país, señorías del PP, sale muy barato defraudar, sale demasiado barato. Desde Compromís no nos cansamos, hace mucho tiempo que lo decimos, que en el País Valencià necesitamos una financiación justa. En 2016 el País Valencià ha regalado 1.400 millones de euros al Estado, dinero que podríamos haber invertido en servicios públicos, dinero que ustedes nos niegan. El señor Rajoy aquí mismo dijo que la financiación en el País Valencià no era una prioridad. En esa misma legislatura se perdonaron 2.800 millones de euros a gente como Rato o Bárcenas, el doble de lo que le regalamos en el País Valencià al Estado. Dinero que se va y no vuelve, dinero que podríamos haber invertido en la educación valenciana, en la sanidad valenciana, en los servicios sociales valencianos. Esta es su prioridad, señorías del Partido Popular: beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco - ahora sí - tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.
Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, arratsalde on danori. Hoy debatimos esta proposición no de ley presentada por Ciudadanos en una Cámara en funciones o al menos con un Gobierno en funciones que, tal y como está respondiendo a los requerimientos democráticos del Congreso de los Diputados, de ser aprobada esta iniciativa lo hará también en funciones, es decir, que la iniciativa no funcionará. Bien que lo sentimos, porque el fondo de esta proposición que trata de corregir un nuevo fraude sobre la actuación ya ejecutada, como fue la amnistía fiscal, es un asunto de interés general y de enorme envergadura política y social, amén de, lógicamente, económica. Además es posible que desgraciadamente vaya al cesto de los papeles, puesto que el Tribunal Constitucional continúa veraneando o sesteando y no se manifiesta sobre dos temas cruciales que afectan a este asunto. No lo hace en relación con el recurso planteado sobre la propia regularización, la amnistía fiscal, y tampoco lo hace con respecto a cómo debe actuar el Gobierno en funciones cuando la Cámara propone iniciativas o solicita que el Gobierno se someta al control parlamentario, sin olvidar, por supuesto, la tradición de los Gobiernos de hacer oídos sordos a las iniciativas de impulso político que nacen del Congreso. El Grupo Vasco considera que el Gobierno debería tomar buena nota del fondo del asunto y actuar en consecuencia sobre la fraudulenta amnistía fiscal del año 2012, tal y como lo exige la aplastante mayoría de los ciudadanos. En su día, el Grupo Vasco se manifestó de forma contundente cuando el Gobierno trajo para su convalidación el Real Decreto-ley 12/2012, denominado eufemísticamente de regularización fiscal, pero que todo el mundo entendió que era de amnistía fiscal, término que creo recordar que incluso algunos miembros del Gobierno - no sé si mediante deslices o no - también utilizaron. Nos parecía entonces una vergüenza y algo inaceptable que, personas y sociedades que habían defraudado o robado, por decirlo más propiamente, al resto de ciudadanos al dejar de pagar los impuestos e incluso al ocultar sus rentas y patrimonios en paraísos fiscales, mereciesen el perdón de la Hacienda y pagasen únicamente el 10 % de lo ocultado, y peor aún si al final el porcentaje ha sido del 3 %. Se trata de personas y empresas con altas rentas que en lugar de pagar el tipo que les correspondía, el 40 % o el 50 %, tan solo con el 3 % se pusieron al día con la Hacienda. Señoras y señores diputados, parece que tras este tema subyace la idea de que con una pequeña confesión se perdonan los pecados mortales. Pues no. El pecado de defraudar y robar a los ciudadanos no es perdonable, no prescribe. Al defraudador hay que perseguirlo, como se suele decir, por tierra, mar y aire. Los que defraudan son los causantes de los recortes, de la reducción de las políticas sociales, del aumento de la precariedad, de la desigualdad y de un largo etcétera que todos conocemos perfectamente. Por eso consideramos oportuna y necesaria la iniciativa para que se actúe antes, como dice la iniciativa, de que prescriba y sea imposible recuperar el dinero que se pretende. Decía que fue una vergüenza lo del 10 %, pero más lo del 3 %, así que al menos recuperemos la diferencia, los 2.800 millones pendientes de la amnistía. Si estaba, como dicen, en el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, supongo que será viable y posible también jurídicamente. El Grupo Vasco pide que se actúe cuanto antes y contundentemente. Así nos hemos manifestado en cuantas iniciativas se han presentado en esta Cámara en relación con la amnistía y el fraude fiscal. Nuestro grupo presentó también una proposición no de ley en septiembre de 2012 planteando la reforma del Código Penal y de las leyes mercantiles para luchar contra el fraude fiscal. Defendemos, defenderemos y apoyaremos cuantas iniciativas vayan encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción, los paraísos fiscales, etcétera. En este caso hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Esperábamos que fuera aceptada, pero ya nos ha dicho el Grupo Parlamentario Ciudadanos que no la van a aceptar. Queríamos añadir con nuestra enmienda un punto adicional, un punto cuatro, con el fin ser más contundentes incluso que la iniciativa que presenta Ciudadanos y prohibir las nuevas regularizaciones y amnistías. Eso sí, entendemos que el alcance de la prohibición debe serlo en el ámbito del Gobierno del Estado y de su Agencia Tributaria, porque es el ámbito de su marco competencial. Ello es lógico, puesto que en el ámbito de las haciendas forales tal prohibición o que se legisle al respecto corresponde a las juntas generales y a las diputaciones forales de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa o al Gobierno foral en el caso de Nafarroa. Entendiéndolo y considerándolo de esta manera, el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], como he dicho, se manifiesta favorablemente en relación con el contenido de esta proposición no de ley. Eskerrik asko.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura García.
Gracias, señora presidenta. La ley que aprobó la amnistía fiscal es una de las páginas más tristes de la historia de este Parlamento. En el siglo XXI, en un Parlamento moderno y en una sociedad abierta y moderna como la española, un presidente del Gobierno, el señor Rajoy, trajo una ley que es pasarela para que los defraudadores y los delincuentes de cuello blanco se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. Esa ley es un traje a medida para que determinados dirigentes del Partido Popular se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. Por eso les decía hace unos segundos que esa ley es uno de los episodios más tristes de la historia de este Parlamento. En un Parlamento del siglo XXI, en un Parlamento profundamente democrático, se aprobó una ley para proteger a los delincuentes y a los defraudadores de cuello blanco de este país. Por tanto, señorías, por supuesto que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos, pero nos parece insuficiente. Esa ley, además de ser una pasarela para que se vayan de rositas esos delincuentes y defraudadores declarados, convictos y confesos, fue un expolio al Estado del bienestar. Señorías, las cuentas no hay que hacerlas sobre el 10 %, sino sobre el marginal que tenía que pagar cada uno de los defraudadores y, además, con las multas y recargos. Por lo bajo, 5.000 millones de euros de expolio al Estado del bienestar. Señorías, les decía que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado intensamente y ha atacado la amnistía fiscal por tierra, mar y aire. El Grupo Socialista se ha ido al Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Socialista se ha ido a la Audiencia Nacional. El Grupo Socialista ha pedido que intervenga el Tribunal de Cuentas. También hemos reprobado al ministro, hemos pedido su dimisión y hemos pedido varias comisiones de investigación en el Parlamento para hablar de la amnistía fiscal y sus consecuencias. Les decía que nos parece insuficiente básicamente por dos razones: la amnistía fiscal es uno de los nudos gordianos de la actual situación política. El señor Rajoy, el que trajo aquí ese Real Decreto-ley de amnistía fiscal de 2012, no puede ser presidente del Gobierno de España, señorías. Este es el problema, esta amnistía fiscal tiene que ver con el problema político que tiene nuestro país en este momento, la incapacidad del señor Rajoy de tener una mayoría en este Parlamento; ese es uno de los problemas. Señorías, cuando el señor Rajoy escribe a Bárcenas: 'Luis lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré' sabe que el señor Bárcenas tiene una fortuna en Suiza y en paraísos fiscales, y además sabe que se ha acogido a una amnistía fiscal que era un traje a medida, como se ha demostrado, para determinados dirigentes del Partido Popular. Porque en nuestro país, señorías, no hay trama de corrupción conocida que no se haya acogido a la amnistía fiscal, no hay trama de corrupción relacionada con el Partido Popular en la que de alguna manera alguno de sus miembros se haya acogido a la amnistía fiscal. Por tanto, la amnistía fiscal tiene que ver con el problema político de nuestro país, tiene que ver con el nudo gordiano de la política española. Esta es una de las razones por las que efectivamente el señor Rajoy no consigue una mayoría en el Parlamento; porque en otro país de nuestro entorno el señor Rajoy no sería candidato a presidente del Gobierno. Este es el problema, que el señor Rajoy trajo a este Parlamento y en el siglo XXI una ley para que los defraudadores se fueran de rositas, para que los delincuentes y gente de su partido se fuera de rositas fiscal y penalmente. La segunda razón por la que al Partido Socialista le parece insuficiente la propuesta de Ciudadanos es que lo que pedimos son cambios legales para conocer exactamente cuántas empresas, qué empresas, qué personas se acogieron a la amnistía fiscal. Eso es lo que queremos saber, porque en nuestro país no va a haber una completa regeneración democrática mientras no conozcamos el nombre de todos esos delincuentes, de todos esos defraudadores, y eso lo puede hacer el Parlamento. Esto es lo que pedimos que incluya a Ciudadanos porque, insisto, lo que nos estamos jugando es la credibilidad de las instituciones, nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia, nos estamos jugando la financiación del Estado del bienestar y la credibilidad de los ciudadanos en la Agencia Tributaria. Finalmente, nos estamos jugando que se asuman responsabilidades políticas por tamaña brutalidad contra el Estado del bienestar y contra el Estado de derecho. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian González.
Señora presidenta, señorías, obras son amores y no buenas razones, y los hechos acreditan que en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal muy pocas lecciones se le puede dar al Partido Popular. Los resultados de la lucha contra el fraude en el año 2015 han sido de 15.664 millones de euros, una cifra récord en la historia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el año 2011 esta cifra fue de algo más de 10.000 millones de euros, es decir, ahora se recauda más que cuando se comprobaban los ejercicios referentes al boom inmobiliario. Señorías, saquen sus propias conclusiones. ¿Y cómo se ha obtenido esta cifra récord en la lucha contra el fraude? Evidentemente con un marco regulatorio adecuado, con más medios, con mejores herramientas para controlar el patrimonio en el exterior, de forma que hoy en día ya un tercio de todo lo que se declara en España por el impuesto sobre el patrimonio proviene del exterior. Los bienes y derechos declarados en el exterior en el impuesto sobre el patrimonio han pasado de representar un 12 % en el año 2007 a representar un 31 % en el año 2015. ¿Y qué ha ocurrido con los declarantes, con los contribuyentes que se acogieron a la declaración tributaria especial? Que han incrementado sus bases en el impuesto sobre el patrimonio un 82 % y han pasado de declarar bienes y derechos en el exterior por 23.000 millones a 46.000 millones. Quienes se acogieron a la declaración tributaria especial han duplicado su declaración de bienes y derechos en el exterior. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este mayor control del patrimonio en el exterior? Que se ensanchan las bases imponibles de los demás impuestos. En el IRPF, quienes declaran bienes en el exterior han declarado un 25 % más en bases y en cuotas. Solo con este detalle, solo con esta influencia, se recauda más por las consecuencias positivas del control del patrimonio en el exterior que con el contenido de la PNL de Ciudadanos. Pero nosotros somos personas de palabra. Nosotros adquirimos un compromiso con Ciudadanos y lo vamos a cumplir: pedimos la votación por puntos y vamos a votar a favor del primer punto de la PNL presentada por Ciudadanos. Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Regularizaciones de este tipo se han hecho en todos los países europeos, incluida Dinamarca, Suiza, Noruega; en Estados Unidos, en China, en la India. Por todos los espectros ideológicos, desde la Grecia de Tsipras a la Argentina de Macri. A todos nos escandaliza que puedan existir personas con patrimonio oculto en el exterior, pero escandalizándonos no resolvemos nada. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hace ninguna regularización extraordinaria? Que no hablaríamos ahora de patrimonio en el exterior, ni de ensanchamiento de la base imponible, ni de mejor financiación del Estado del bienestar. Quien no hace nada, no obtiene nada. Por tanto, no hacer nada no era ninguna alternativa para el Partido Popular. Tampoco era alternativa hacer lo que hizo el Partido Socialista: regularizaciones opacas con pagarés del Tesoro puestos en circulación por el propio Gobierno. El Gobierno socialista diseñó un instrumento específico, la deuda pública especial. Este insólito instrumento, además de permitir regularizar sin identificar a sus titulares, pagaba intereses con dinero del Tesoro público a los propios defraudadores. La etapa de política tributaria del Gobierno socialista se ha caracterizado por el hundimiento de la recaudación, en especial de las grandes empresas, y las regularizaciones opacas; cuando no, salían corriendo para avisar a los titulares de la cuenta suiza para que regularizaran con mini sanciones. [[Aplausos]] Por tanto, no es una alternativa lo que hizo el Partido Socialista. Tristemente, sabemos lo que hace el Partido Socialista cuando está en el Gobierno y, tristemente, sabemos qué es lo que hace cuando está en la oposición: bloquear e impedir que haya Gobierno; venir aquí y presentar unas PNL sin contenido. ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno socialista para impedir que el dinero que está oculto y que no se conoce sea regularizado? Ninguna. No conozco ninguna. Han criticado mucho, pero no han hecho ni una sola propuesta. [[Aplausos]] Para concluir tengo que decir que el proceso de regularización de la declaración tributaria especial no se entiende sin la declaración de bienes en el exterior. Además, no se puede decir que la declaración tributaria especial blanquee conductas ilícitas. La declaración tributaria especial es solo a efectos tributarios, y es perfectamente compatible con las obligaciones impuestas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Tal y como establecen las exigencias de la OCDE, la regularización extraordinaria se ha hecho con transparencia, con endurecimiento de las sanciones y con endurecimiento de las medidas antifraude, para hacer posible que pagando todos, todos podamos pagar menos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella i Farré.
Bona tarda, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Es un auténtico escándalo que se haya permitido la regularización fiscal de 40.000 millones de euros evadidos pagando solo un 3 % de impuestos. Con esta decisión, los evasores han sido doblemente premiados. En primer lugar, porque se les permite blanquear legalmente el dinero evadido. En segundo lugar, porque lejos de pagar el 10 % que establecía el real decreto-ley acaban pagando solo el 3 %. Dicho en otras palabras, mientras el Gobierno español ha aumentado los impuestos a las clases trabajadoras medias y bajas y se nos han recortado salarios y derechos, ha regalado 3.000 millones de euros a las grandes fortunas que habían defraudado a la Hacienda pública y guardaban el dinero robado en paraísos fiscales. La amnistía fiscal se basó, pues, de nuevo en una gran mentira. Se ha demostrado que el objetivo principal no era obtener mayores ingresos para las vacías arcas del Estado y hacer aflorar aquello que no tributaba, sino permitir que las grandes fortunas... [[Rumores]]
Un momento, señoría. Señorías, guarden silencio.
... sino, como decía, permitir que las grandes fortunas regularizasen su dinero evadido a un módico precio y sin preguntar la procedencia. Lo cierto es que el tiempo pone a cada uno en su lugar y, permitiendo que no se hayan recaudado 3.000 millones de euros, el Gobierno del Partido Popular y el ministro Montoro se ponen del lado de aquellos que faltan a la verdad de forma sistemática; es decir, los mentirosos, los tramposos, los delincuentes. La amnistía fiscal de 2012 fue y es un escándalo que solo niega el Partido Popular. La amnistía fiscal es un escándalo de primera magnitud; otro escándalo, no el único, a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. El objetivo, como ya ha quedado más que demostrado, no fue obtener mayor recaudación, mayores ingresos para las vacías arcas del Estado, sino que, al final, como siempre, ha servido para favorecer a determinadas personas, a determinados personajes, a los de siempre, a aquellos que se llenan la boca de nación pero tienen sus dineros en los llamados paraísos fiscales. Por ejemplo, y sin ir más lejos, un exministro del actual Gobierno en funciones, otro ministro vicepresidente de su partido, miembros y cargos de su partido, del Partido Popular, y obviamente también de algún otro partido. La posición de Esquerra Republicana respecto a las regulaciones fiscales y a las amnistías fiscales ha sido y es clara. No estuvimos de acuerdo ni con las amnistías fiscales del PSOE ni con las que ha hecho, en esta ocasión, el Partido Popular. Continuamos sin estar de acuerdo y no estaremos de acuerdo en un futuro ni aquí, mientras estemos, ni en Cataluña cuando seamos un Estado independiente, cuando tengamos una república. La presente proposición no de ley es una proposición no de ley bienintencionada aparentemente, porque lo que viene a hacer o únicamente efectúa es lavar la cara a un pacto de investidura fallido. Esta proposición no de ley llega tarde y a nadie se le escapa que tiene una difícil ejecución. Nace prácticamente muerta. Veremos; como ha dicho el Partido Popular que solo va a aprobar el primer punto de dicha proposición no de ley, es evidente que no tiene voluntad ni vocación de cumplirla. Estamos de acuerdo con la necesidad de que el dinero regularizado tribute por aquello que se estableció legalmente. Y, como decía, el Gobierno, un Gobierno en funciones, el del Partido Popular, que no rinde cuentas ante esta Cámara ni piensa hacerlo, creemos, desde Esquerra Republicana, que no va a dar cumplimiento a este mandato que emane del Congreso, porque no es casual que haya tributado al 3 % y no hayan tributado al 10 %. En definitiva, la moción de Ciudadanos nos parece en este momento efectista, propagandista, electoralista, y lo más interesante de la misma, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, son las enmiendas planteadas por el resto de grupos de la oposición - y que Ciudadanos, como ha dicho, no va a aceptar -, como son la prohibición de futuras regularizaciones y amnistías y las medidas para permitir la identificación de las personas, sociedades, etcétera, que se han beneficiado y que se acogieron a la amnistía. De hecho, es especialmente gráfico que Ciudadanos - voy acabando, señora presidenta - no haya aceptado la enmienda que pide prohibir futuras amnistías fiscales. Ustedes sabrán por qué lo hacen. En todo caso, veremos la vida, o la corta vida y la prescripción de esta proposición no de ley y del contenido regulado en la misma, mientras de nuevo seguramente expira la legislatura. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bescansa Hernández.
Señoras diputadas, señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante esta Cámara una proposición no de ley que intenta aportar un poquito de decoro a una situación del todo indecorosa, a una historia de infamia y de caradura, a una historia escrita a dos manos por perros y por amos, a una historia que contaba despacito - seguro que es capaz de explicarle a la gente - quién manda aquí. O mejor dicho, le explica a la gente quién manda a los señores del Gobierno que no están aquí. Hace cuatro años los señores del Gobierno que no están aquí aprobaron por decreto una amnistía fiscal y le contaron a la opinión pública - y no es una broma - que esa era una buena medida para luchar contra el déficit público. Dijeron entonces que perdonando los impuestos a los ricos que habían amasado fortunas no se sabe muy bien cómo lograrían recaudar 2.500 millones de euros. Le dijeron a la gente - nos dijeron a todos - que aunque los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos cotizásemos al 20, al 25 o al 30 %, era bueno para España que los ricos defraudadores tuviesen un régimen especial mediante el cual se les iba a permitir en lugar de tributar al 45 % hacerlo al 10 %. Es decir, entre la mitad y un tercio de lo que tenemos que pagar todos los demás. Dicho y hecho. En medio de un clamor social, en el año 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó una amnistía fiscal que permitió aflorar, según informan las fuentes de la Agencia Tributaria, unos 40.000 millones de euros. Cuatro años después, en el dintel de la prescripción - ese concepto jurídico a través del cual los ladrones y los corruptos en este país se van de rositas sin responder ante la justicia y sin devolver ni un duro - los 4.000 millones de euros que habrían debido recaudarse mediante esa amnistía fiscal han volado y solamente se han conseguido 1.200 millones de euros. No son duros a cuatro pesetas, son duros a peseta. Y lo que es mejor, en menos de dos meses no va a haber ni un solo inspector de Hacienda en este país habilitado para perseguir a esos sinvergüenzas, porque efectivamente esto habrá prescrito. Y, como ocurre a veces, fue la prensa quien se encargó de hacer el trabajo que debían haber hecho las instituciones. Fue la prensa quien se encargó de explicarnos a todos a quién beneficiaba esa amnistía fiscal. En el mes de junio conocimos a través de la prensa algunos de los nombres... [[Rumores]]
Un momento, señora Bescansa. Señorías, guarden silencio. No se escucha a la oradora.
Conocimos a través de la prensa quiénes eran esos beneficiarios, o algunos de ellos, y creo que es importante recordar sus nombres porque a lo mejor nos ayudan a entender por qué se hizo y para quién esa amnistía fiscal. Alicia de Borbón Habsburgo: patrimonio regularizado, 2.300.000 euros; dinero pagado a Hacienda 52.000 euros, que representan el 2,2 % del dinero legalizado. Carlos de Borbón-Dos Sicilias: 1.250.000 euros; dinero pagado, 19.000 euros, que suponen el 1,5 % del patrimonio legalizado. Pedro de Borbon-Dos Sicilias, príncipe de las Dos Sicilias: 175.000 euros y pagó 1.000, el 0,6 % del dinero legalizado. Cristina de Borbón-Dos Sicilias, princesa de Parma y de Dos Sicilias - las Sicilias estas salen mucho -: 175.000 euros, 1.000 euros pagados, el 0,6 % del dinero legalizado. Isabel Fernández de la Mora: 640.000 euros, pagó 4000, el 0,6 % del dinero legalizado. Pedro López-Quesada y Fernández-Urrutia, amigo íntimo del Jefe del Estado: 230.000 euros, pagó 273, lo cual significa el 0,1 % del dinero legalizado. Lo que hoy propone Ciudadanos es que cerremos con un poquito de decoro una historia infame. Ciudadanos pide que apoyemos su propuesta de que estos ricos con una fortuna regularizada al menos paguen ese 10 % que se les imponía mediante la amnistía fiscal; proponen que limpiar 230.000 euros les cueste a los defraudadores 23.000 euros. 23.000 euros con los que es posible pagar la matrícula de 20 estudiantes universitarios en nuestras universidades públicas. 23.000 euros con los que es posible pagar cincuenta becas comedor en los colegios públicos de nuestro país. 23.000 euros que es posible incluso invertirlos en la Agencia Tributaria y recaudar 230.000 euros, porque cada euro que se invierte en la Agencia Tributaria se multiplica por 8 o por 10 en su recaudación. Quizá incluso, podríamos recuperar 230.000 euros de los defraudadores, que ahora mismo parece que se van a ir de rositas. Votaremos a favor de esta proposición no de ley, pero sabemos bien que la lucha contra el fraude y la lucha contra el déficit no se resuelve con anécdotas fiscales. Votaremos a favor porque no hacerlo sería un hecho contra el decoro, pero nos hubiera gustado ver el compromiso de Ciudadanos contra el fraude en el Parlamento Europeo, votando a favor y no en contra de la creación de un listado europeo de empresas defraudadoras para excluirlas de cualquier tipo de contrato público o de subvención. Y sin embargo en Bruselas, no, señores de Ciudadanos; ustedes en Bruselas, cuando nadie mira, votan con el PP para proteger el dumping social y los fraudes laborales. No se resuelve el problema del déficit público recortando el gasto público en servicios sociales, ni se resuelve con anécdotas como esta, sino con una reforma fiscal progresiva y una Agencia Tributaria que tenga los recursos suficientes para luchar contra los grandes defraudadores. Pero por decoro, porque esta amnistía fiscal constituye un hecho contra el decoro y su incumplimiento es una infamia, apoyaremos en esta a que esta Cámara inste al ministro de Hacienda a que permita a la Agencia Tributaria perseguir a los caraduras para que estos paguen al menos un tercio de lo que pagamos todas las personas en este país. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor De la Torre Díaz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
Señoría, no aceptamos las enmiendas, algunas por razones técnicas y en general para centrar el debate en una cuestión urgente que prescribe el 30 de noviembre. Sí aceptamos la votación por puntos que ha solicitado el Partido Popular.
Muchas gracias.
Señorías, pasamos al punto segundo del orden del día. En relación con las propuestas de creación de comisiones y de acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces, se someterán para su aprobación por asentimiento las incluidas como puntos 5, 6, 7 y 8 del orden del día, así como los nuevos puntos en relación con las propuestas de creación de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de Radiotelevisión Española y sus Sociedades y de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. En cambio - y también de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces -, se votarán por separado las propuestas de creación de la Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia y de la Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. En todo caso, señorías, estas votaciones tendrán lugar junto con el resto una vez finalizado el debate correspondiente al resto de los puntos del orden del día.
Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a la solicitud de creación de comisiones de investigación. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se debatirá acumuladamente las solicitudes formuladas por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines públicos, y la solicitud de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana de creación de una Comisión de investigación sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras de desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos electorales en Cataluña. Para la defensa de su solicitud, por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer término tiene la palabra el señor Trevín Lombán.
Gracias, señora presidenta. Señorías, han grabado al señor Fernández Díaz, y nada menos que en su despacho del Ministerio del Interior, que tendría que ser uno de los lugares más seguros de España. Lo han grabado hablando con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña mientras buscaba información contra adversarios políticos del Partido Popular. Lo que allí se planeó tan secretamente luego lo supimos todos los españoles a través de los periódicos. Por tanto, el bochorno fue doble: por una parte, quedó claro que el ministro encargado de la seguridad nacional no puede garantizar ni la suya propia; por otra, descubrimos los turbios manejos partidistas a los que el señor ministro dedica las horas que debería dedicar a todos los españoles. Tras este episodio, vergonzoso para los ciudadanos y humillante para el ministro, el señor Fernández Díaz no aportó ninguna explicación pública. ¿Cómo fue posible semejante brecha en la seguridad de sus comunicaciones? ¿Quién fue el autor de este episodio de espionaje que lo dejó tan fuera de juego? Nos anunciaron una investigación interna; sin embargo, tres meses después no sabemos si los investigadores pudieron tan siquiera acceder a las grabaciones originales, solo conocimos que se encargó esa investigación al comisario Sánchez Aparicio justo dos semanas antes de que este se jubilara. Se ve que el señor ministro quería que tuviera tiempo suficiente para llegar al fondo del asunto. ¿Qué resultados obtuvo? No lo sabemos. Después de quedar en evidencia, ahora el ministro lo lleva todo en secreto. Lo único que sabemos es que el comisario encargado de esa investigación finalmente se jubiló de la policía y en dos meses ya se puso a trabajar para Prosegur, un gigante de la seguridad privada, como director de relaciones institucionales. Ninguna investigación más, que sepamos, se puso en marcha. Ante un hecho tan grave, esperábamos que el señor ministro presentara una denuncia formal ante la fiscalía. No se produjo. ¿Fue para evitar que alguien ajeno a su departamento husmeara en las prácticas que en él se llevan a cabo? Todo esto demuestra que algo no funciona en nuestro Estado de derecho. El señor Fernández Díaz en cualquier otro país europeo hoy ya no sería ministro: se habría ido o lo habrían echado, estaría en su casa y no en el banco azul. Es difícil de entender su situación y el apoyo que le brinda el presidente. Quizá haya que sospechar que todo este respaldo que recibe del señor Rajoy se deba a la situación judicial y policial de los tantos casos de corrupción que afloran en el Partido Popular. En las grabaciones hechas en su despacho el ministro cortejaba al entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña para que le suministrara algo de combustible con el que poner en marcha la máquina de la fiscalía contra enemigos políticos del PP. Como dijo Iñaki Gabilondo, 'oír al ministro en plena ceremonia de la conspiración, husmeando, rebuscando, hozando el estercolero con la esperanza de encontrar basura contra sus adversarios políticos es una escena repugnante que además nos estremece'. En las conversaciones asegura que todo el tejemaneje estaba apadrinado nada menos que por el presidente del Gobierno. Por eso, hemos presentado esta iniciativa, señorías. Es bastante explícita, pero se la resumo. Queremos aclarar si este Gobierno y especialmente su ministro del Interior han creado una policía política y si, como decía el señor Fernández Díaz, el presidente lo sabe todo. Tenemos que saber si esto es así de simple y de siniestro, porque esta sospecha tan fundada es incompatible con la democracia. Los socialistas lo venimos denunciando desde hace cuatro años. En el Ministerio del Interior se ha creado una camarilla policial para una doble estrategia: por una parte, obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectan al partido del Gobierno y, por otra, investigar y perseguir implacablemente no solo a los adversarios políticos sino también a miembros del Cuerpo Nacional de Policía que solo sirven a la ley. Teníamos muchos indicios y bastantes sospechas, ahora tenemos la prueba de su existencia, la propia voz del ministro. Uno de sus peores defectos, señores del PP, es su manera de entender las relaciones con el Gobierno y las instituciones. Confunden partido con Gobierno, instituciones con Gobierno. No entienden que la policía no está a su servicio sino al servicio de toda la ciudadanía. El fiscal general del Estado protestó a finales de 2012 porque dos altos funcionarios policiales fueron enviados por el Gobierno a Cataluña para solicitar a los fiscales del caso Millet el registro de la sede de Convergència. Ninguno tenía competencias para ello. Pero hay mucho más. Tres responsables policiales declararon en ámbito judicial que fueron presionados o recibieron órdenes para paralizar u ocultar la investigación sobre el ático de Ignacio González, en aquel entonces presidente de la Comunidad de Madrid. Al comisario de Marbella, don Agapito Hermes, el director adjunto operativo de la Policía le ordenó que en ningún caso continuara con esa investigación, que la ocultara. A don Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por este Gobierno al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, el mismo DAO le ordenó que cerrara dicha investigación, y el comisario Villarejo confesó que el director general de la Policía, el señor Cosidó, le ordenó paralizar el mismo caso. Toda la cúpula policial de Interior para salvar al soldado Ignacio González y toda también para intentar crear una causa general contra la Administración autonómica andaluza, gobernada por socialistas, por subvenciones a cursos de formación. Practica el ministro un juego muy polivalente: lo mismo baja a defender al Partido Popular que sube a atacar al PSOE, y en el ataque no se anda con miramientos. A lo largo del último año hemos conocido múltiples informaciones sobre actuaciones policiales que afectaron a responsables políticos de la Junta de Andalucía en las materias de empleo y formación. Se basaron muchas de ellas en informes en los que - abro comillas - 'se aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento'. Esto lo ha dicho un eminente miembro de la fiscalía. En Andalucía se utilizan los poderes del Estado para atacar al adversario político. En Madrid, por el contrario, para tapar al correligionario popular. En Andalucía la delegada del Gobierno anuncia detenciones. En Madrid toda la cúpula policial trabaja para que no se produzcan. Juzgados de Sevilla, Almería y Jaén no hallaron responsabilidades penales en acusaciones contra responsables de la Junta por las subvenciones a los cursos de formación, bien porque no apreciaron ánimo de lucro, bien porque se celebraron con normalidad. A los detenidos, en ocasiones con formas desmedidas, por estos casos, ¿quién les compensa ahora por la pena de telediario ya cumplida? El ministro del Interior, aún en funciones, gestiona mejor que nadie la seguridad privada del PP, incluso parece haber montado un departamento de asuntos internos muy eficiente. Los disidentes populares díscolos también reciben su merecido. Recientemente, el presidente de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, declaró públicamente que iba a pedir una investigación oficial sobre quién había filtrado el atestado por alcoholemia de su dimitida vicepresidenta y a pedir responsabilidades al respecto, caiga quien caiga, dijo. Allá donde hay un dirigente popular en apuros surge Fernández Díaz para deshacer el entuerto. Lo mismo se reúne con Rato en mitad de la tormenta de corrupción que se cierne sobre él que regenta un ministerio donde se fabrican informes policiales apócrifos contra adversarios políticos presentes en este mismo Congreso, en el que cargos policiales se cruzan públicamente acusaciones delictivas graves, o se mete de lleno en rocambolescos casos como el del 'pequeño Nicolás', al que también se apuntan otros altos cargos gubernamentales, o cesa de manera arbitraria a dos comisarios de Policía por una foto en un periódico de tirada nacional tomándose conmigo un café. Por desgracia, no podemos tomar nada de esto a broma. Lo suyo es muy grave. Estamos ante múltiples episodios que apuntan a actuaciones gravemente sospechosas de corrupción, de obstrucción a la justicia y de prácticas policiales guiadas por intereses partidistas. A este paso habrá españoles que se inquietarán cuando alguien llame a su puerta a las seis de la mañana. No sabrán si es el lechero o la policía política de Fernández Díaz. Señorías, tenemos un sistema constitucional que encomienda unas determinadas funciones a cada poder del Estado, garantizando que todos guarden una relación entre ellos que evite la acumulación de poder en pocas manos. Este reparto de funciones es una parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente a los poderes públicos a los que va destinado. Es lo que llamamos Estado de derecho. Voy terminando. Pero todo esto lo sabe el ministro. La cuestión no está en que ignore los fundamentos de un Estado de derecho. Eso sería malo, pero lo que ocurre es mucho peor. Aquí tenemos dos problemas: un ministro que se cree la reencarnación de Fouché, y al tiempo poco atento a sus obligaciones con el Estado de derecho, y un presidente que lo tolera. Con ustedes la policía ha recuperado el más siniestro de sus apellidos, ha vuelto la policía política. Eso ¿a qué les suena? ¿A qué nos suena a todos? ¿Es que acaso añoran esos cuerpos policiales que hubo en los países comunistas y las repúblicas bananeras? ¿O es que sienten nostalgia de los regentes de aquellos calabozos de la Puerta del Sol? El señor ministro está manchando el buen nombre de la policía con estas prácticas. Pero no nos equivoquemos, no toda la policía se aviene a ello. Solo una camarilla reducida bien recompensada acepta ese papel. El resto son profesionales eficaces con todas sus credenciales democráticas reconocidas y elogiadas por los ciudadanos y tienen mérito porque su director general, el señor Cosidó, ha hecho una ley para copar la cúpula policial con sus incondicionales. El señor Rajoy puso en manos de Fernández Díaz algo tan sensible, poderoso y exclusivo como son las facultades que emanan del Ministerio del Interior y él no dudó ni un segundo en utilizar todo ese arsenal para fortificar sus posiciones partidistas y disparar a discreción sobre la población desafecta. Ustedes, señores del Gobierno, deben rendir cuentas y por eso hoy el Grupo Parlamentario Socialista solicita a esta Cámara la constitución de una comisión de investigación. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Para la defensa de su solicitud, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
Presidenta, señorías, porque ya vale de señores equis en este país, porque ya vale de pasar vergüenza ajena, porque ya vale de olor a naftalina y cilicios morales, porque ya vale de Vitos Corleone sin honor y de Clemenzas cobardes, porque ya vale de que una urna en un colegio electoral te lleve a la sala de un juzgado y un micrófono al despacho de un ministerio, porque ya vale de gánsteres frente a atriles e independentistas frente a jueces, porque ya vale de perseguir esteladas en estadios y proteger a defraudadores en congresos; porque ustedes tengan las agallas de decir aquello de 'nos hemos cargado su sanidad' en la sala de espera de un hospital público de Cataluña, porque tengan las agallas de decírselo a la cara a un enfermo en un pasillo tras seis horas en una camilla. [[Rumores]] Tengan las agallas.
Silencio, por favor.
Porque las ganas de conspirar se les pasen pasando vergüenza un rato. Porque el único que ha dicho una verdad en todo esto es su Tom Hayden, el comisario Villarejo, que ya es decir. Porque ustedes tienen micros, dinero y lacayos y nosotros solo urnas, plazas, calles y determinación - veremos quién gana -. Porque entendemos que ustedes hacen lo que hacen porque así ganan elecciones en su país, pero a duras penas en el nuestro se disputan el último puesto con el PACMA y con el frente nacional naranja. [[Rumores]] Porque el señor Fernández Díaz pasó de dar pena con aquello de que la homosexualidad amenaza la pervivencia de la especie, con aquello de que medita en el Valle de los Caídos y aquello de que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar, a dar asco con lo de que 'esto la fiscalía te lo afina'. Porque somos la memoria de quienes dieron tanto que lo dieron todo para que gente como ustedes no ganaran nunca más. Porque en un Estado en el que amigos de narcos son el futuro de la política, qué menos que ustedes den explicaciones. [[Protestas]] Cálmense.
Silencio, por favor. [[Continúan las protestas.-El señor Matarí Sáez: Llámale al orden]] Ruego silencio para que continúe el orador.
Porque hasta Nixon tuvo la vergüenza suficiente de marcharse. Porque su moral vale 1,5 millones de euros públicos. Porque hoy es el nos hemos cargado su sanidad que dijo Fernández Díaz, pero ayer fue la calle es mía de Fraga, las cloacas de Barrionuevo, la patada en la puerta de Corcuera, las escapadas a Laos de Belloch, la placidez del franquismo de Mayor Oreja y los hilillos de plastilina de un tal Mariano Rajoy. Porque no va de nosotros, no va de un partido político, va de gente decente contra gente indecente. [[Rumores]] Va de quien nos puso aquí para decirles a ustedes que solo merecen pasar a la papelera de la historia más negra de este país. Porque yo sí les quiero ganar una guerra ochenta años después en la trinchera de una comisión de investigación. [[Continúan los rumores]] Por todo, por todos, por esto. [[El señor Rufián Romero, con una tableta, muestra un vídeo del señor ministro del Interior Fernández Díaz y del señor De Alfonso]] Lo que han escuchado son las conspiraciones de un Vito Corleone sin honor, porque si el delito es ser catalán e independentista solo merecen que este pueblo, mi pueblo, lo consiga. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra en primer lugar el señor Homs Molist. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Señora presidenta, señorías, en octubre de 2014, es decir, hace apenas dos años, se produjo una conversación que parece más bien un guión de Mortadelo y Filemón y no lo es. Ilustra unos hechos realmente muy graves. Dice así el ministro Fernández Díaz: Ese sería el tema de la prevaricación de Francesc Homs, el de las dos cuñadas de Felip Puig, pero entre los tres folios que me diste el otro día había solo una, ¿eh? Y De Alfonso dice: No, no, es que la otra no tiene importancia porque la otra es hermana de la cuñada; están las dos, pero la cuñada cuñada, donde está el nexo de unión, que está casada con el hermano... Es decir, que ni tan siquiera sabía exactamente cuál era el parentesco. Y sigue la conversación diciendo el ministro Fernández Díaz: Esto, si se publica, a ti te perjudica, ¿no? Y el director de Oficina Antifraude le responde: A mí me mata, pero, ministro, si quieres que se publique, yo me comprometo pero déjame que antes cierre el expediente - se ve que no estaba cerrado -, le dé el coscorrón - no sé exactamente a qué se refiere -, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etcétera, y luego, tres o dos meses después, un periodista lo averigua, pero es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado. Y el ministro le contesta literalmente: Esto la fiscalía te lo afina. Hacemos una gestión. Si ustedes realmente no se dan cuenta de la gravedad de conocer esta conversación es que no son dignos de ser representantes de nada ni de nadie. Lo digo sinceramente. [[Aplausos]] Esto no prosperó porque no tenía sentido alguno ni base legal alguna - octubre de 2014-. Luego vino noviembre de 2014 y aquello les cabreó de tal forma y de tal magnitud que, aunque la fiscalía tampoco consideraba que hubiera delito en lo que hicimos el 9 de noviembre, porque no lo consideraba, les obligaron a cambiar el criterio, es decir, les afinaron el criterio. Este es el contexto en el que se propone esta comisión de investigación. Esto, más las otras cosas que se han considerado por parte de otros portavoces, porque no es lo único que tenemos encima de la mesa ni lo único que por desgracia hemos conocido. Cuando decimos y denunciamos que ustedes han politizado, y de qué manera, en el sentido más partidista y más indigno del término, la justicia, lo decimos por el conocimiento de estos hechos. Cuando se está dispuesto a traspasar todas las líneas, a utilizar dinero público, a crear una policía política, a manipular a la fiscalía e incluso, si fuera el caso, a manipular a los jueces de las instancias más altas para combatir a los adversarios políticos, es que ya no estamos ni en un Estado de derecho ni en una democracia. Y es lo que ustedes están promoviendo o intentan promover en estos momentos en esta sociedad y en este país, que dicen luego querer aspirar a representar. Por esta razón, nos alegramos, y de qué manera, de que finalmente se pueda constituir esta comisión de investigación. Y ahí va un mensaje para el resto de las fuerzas políticas, porque han empezado por los independentistas catalanes, precisamente por no pensar como a ellos les gustaría que pensásemos, pero luego pueden venir ustedes, porque ustedes también les caen mal. Con lo cual valdría la pena darle unas vueltas a esto y aprovechar la situación que tenemos para dejar claro aquello que creo que es mayoritario en este país: que esta gente, ustedes, no son dignos de continuar representando estas instituciones que quieren representar. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
No es nuevo. La persecución de proyectos políticos que abogan por la independencia ha sido una constante antes y después de 1978. Ya lo vivimos en Euskal Herria, por citar un ejemplo, cuando en 1998 se descubrieron las escuchas en la sede de HB en Vitoria por parte del Cesid. Pero el hecho de que no sea una excepción no le resta gravedad a lo que ha hecho el ministro del Interior. Es una muestra clara de lo que hemos venido denunciando en numerosas ocasiones. En el Estado español, el régimen de 1978 no permite la defensa de cualquier proyecto político como puede ser la independencia y los Gobiernos de turno han venido haciendo uso de todos los instrumentos en su mano para impedirlo, dejando de lado si era necesario el imperio de la ley que dicen defender. El caso que nos ocupa pone en evidencia la poca calidad democrática de este régimen, heredero de la dictadura franquista, que tiene en el PP, pero no en exclusiva, a uno de sus más fieles defensores. ¿Cómo interpretar si no que el Gobierno de Rajoy dedicara cero euros a la exhumación de cadáveres en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y sí destinara 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco? ¿O las declaraciones del propio ministro Fernández Díaz, con motivo de la exhumación de los generales franquistas Mola y Sanjurjo, justificando el hecho de que fueran enterrados con honores en Iruña, situándose él en el bando de los vencedores? ¿Cómo no va a realizar espionaje político al independentismo catalán un ministro que pretende enterrar en las cunetas, junto a miles de republicanos, la memoria sobre lo ocurrido tras el alzamiento militar - no lo olvidemos - contra el régimen democrático establecido? Señor ministro, nosotros queremos mirar al futuro, sí, pero sin olvidar el pasado. Por eso hoy, 27 de septiembre, recordamos aquí a Txiki, a Otaegi y a los tres militantes del FRAP, últimos fusilados hace cuarenta y un años por la dictadura fascista de Franco. [[Aplausos]] Porque queremos una memoria inclusiva y un futuro democrático por fin, apoyaremos cualquier comisión de investigación que se pueda crear al efecto. Gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Mixto y en último término, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, Unión del Pueblo Navarro nunca, nunca ha avalado ninguna actuación ilegal para defender la Constitución, las leyes o nuestro modelo de convivencia, y desde luego nos sorprende, nos resulta ciertamente paradójico que quienes plantean abiertamente el mayor desafío al Estado de derecho y lo ejecutan, lo apadrinan y lo jalean en nuestro país pretendan crear una comisión para conocer cómo un ministro cumple con sus funciones. A ustedes, señores de Esquerra Republicana de Catalunya, que jamás se han parado a pensar cuánto dinero público consume su desacato permanente, que nunca les ha importado las consecuencias de su incumplimiento sistemático de la ley o, lo que es más grave, que están encantados construyendo una sociedad fuera de la ley, cimentada en agravios interesados o inventados, yo les preguntaría: si no respetan la legislación que les afecta a ustedes mismos, ¿qué legitimidad les queda para exigir a otras instituciones que así lo hagan? Ninguna, ninguna, y hoy mucho menos. Después de anunciar algunos grupos que retiran su solicitud de creación de la Comisión, como se ha dicho en una reunión interna del Grupo Mixto, ya sabemos que su preocupación porque la ley se cumpla o no es realmente nula. En todo caso, nosotros no la íbamos a apoyar. Es más, quiero que sepan que en la medida de nuestras posibilidades, que son pocas y limitadas, trabajaremos dentro de la ley - no como ustedes - para que su desafío constitucional, su secesión anunciada, no triunfe. Es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Lo creemos firmemente y en esa dirección trabajaremos en la medida de nuestras humildes posibilidades. Por último, existe una propuesta hermana del Grupo Socialista que debatimos conjuntamente. Pues bien, tampoco la vamos a apoyar, puesto que ni nos parece creíble ni bienintencionada. Yo haría una pregunta a los diputados del Grupo Socialista, incluso al señor Trevín, si estuviera. Si el ministro fuera del Partido Socialista, ¿apoyarían la solicitud de creación de una comisión por parte de otro partido? No. ¿Plantearían una comisión a su ministro en estos mismos términos? Tampoco. Por tanto, es una propuesta que tiene mucho de seguidismo, de oportunismo y, si me permiten decirlo, de electoralismo, pero poco más. Si me permiten la broma, me recuerda un poco a esa escena previa a la del camarote de los Hermanos Marx, cuando Groucho está ordenando el desayuno y sus hermanos le están diciendo por detrás aquello de - se acuerdan, ¿no?- un par de huevos duros más. Pues eso es lo que me parece su propuesta. Ya lo siento. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Al no haber solicitado la utilización del turno en contra, comenzamos con el turno de fijación de posiciones. Interviene en primer término, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. Se solicita por tres grupos parlamentarios, que reúnen a bastantes más de tres listas electorales, la creación de sendas comisiones de investigación, girando ambas peticiones sobre un mismo eje: el ministro del Interior, señor Fernández Díez. Se encuentran enhebradas y ahora las tratamos conjuntamente. Con carácter preliminar he de decir que ni al Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco ni al Partido Nacionalista Vasco ni a mí mismo nos gustan las estridencias ni los aspavientos, y por eso iré directamente al grano, pero también digo que nos conduciremos en esta cuestión solo desde hechos y presunciones racionales que de los mismos pudieran deducirse. Y también con carácter preliminar quiero decir que, a nuestro juicio, si el ministro del Interior hubiera presentado su dimisión hace mucho tiempo ahora no nos encontraríamos donde estamos. Consideramos que hubiera sido un buen servicio a su país, a su Gobierno y - no lo duden - también a su partido. Pero ahora estamos donde estamos, ante la inminencia de la constitución de dos comisiones de investigación, y esto creemos que ya no tiene vuelta de hoja ni con la dimisión o, en su caso, cese del ministro del Interior. Decía que nos íbamos a guiar por hechos. Así, consideramos un hecho no controvertido las conversaciones del señor ministro en relación con la guerra sucia urdida contra dirigentes políticos catalanes. Son conversaciones no contestadas ni en cuanto a su existencia ni en cuanto a su contenido. Todos las hemos escuchado y hemos reconocido a sus interlocutores. Constituyen una prueba de cargo en el juicio de responsabilidad política que como mínimo le corresponde realizar a esta Cámara. Estas conversaciones, su contenido, debieran haber conducido al ministro fuera de cualquier responsabilidad institucional - eso es lo que hubiera pasado en cualquier país de nuestro entorno, en cualquier país con un sistema democrático liberal -, cuando no a enfrentarse a responder de sus actos ante la justicia, pero ciertamente ese no es un juicio que corresponde a esta Cámara. Por eso al principio de nuestra intervención reclamaba su dimisión, pero, no habiéndose producido esta motu proprio, reclamamos que el señor presidente de su Gobierno proceda a su cese. Este también incurre, por no haberlo hecho hasta el momento, en responsabilidad política. Pero más allá de reclamar su dimisión o, en su caso, el cese de su responsabilidad al frente del ministerio, el hecho conocido de sus conversaciones de guerra sucia contra dirigentes políticos catalanes nos conduce a otras cuestiones cuyo esclarecimiento consideramos que es propio de las reclamadas comisiones de investigación. ¿Cómo se produjeron esas grabaciones? ¿Se realizaron por el ministro directamente? Y si fue así, ¿quién se apoderó de ellas y las hizo públicas? ¿O se realizaron por personas en connivencia con el señor ministro? Y si así fue, ¿por qué han salido a la luz perjudicándole como le perjudican? ¿Hay más grabaciones que irán apareciendo poco a poco en función de intereses que desconocemos? ¿Se grabaron todas las reuniones y encuentros que sucedían en su despacho? Si el señor ministro lo sabía, ¿con qué fin? ¿Qué personas colaboraron con el ministro? ¿Quiénes son? ¿Son funcionarios públicos? ¿Con qué medios contaban? ¿Acaso hay tramas paralelas a las instituciones y ajenas al control judicial en sus grabaciones, intervenciones y actuaciones? Si el ministro las dirigía, un horror en una sociedad democrática. Y si el ministro no las conocía, el Estado mismo está en peligro, porque se puede asaltar el despacho del máximo responsable de seguridad de un país. Estas y otras muchas son las distintas presunciones racionales que se nos suscitan a raíz del conocimiento de las conversaciones grabadas en su despacho y difundidas y que requieren un pronto y claro esclarecimiento, y no solo desde un compromiso democrático y de responsabilidad política, sino también desde la misma seguridad de las instituciones públicas. Por todo ello - y voy finalizando - reclamamos la dimisión o, en su caso, cese del ministro del Interior por el contenido de las conversaciones conocidas y también apoyamos la constitución de las comisiones de investigación solicitadas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, señora presidenta. Señor Fernández Díaz, me habría gustado dirigirme a usted, pero ya vemos que no está; contábamos con ello. Nos habría gustado, sin embargo, que escuchara las razones que tenemos para votar favorablemente esta comisión de investigación. De todas maneras, y dado el carácter del asunto, estoy seguro de que el señor Fernández Díaz podrá escucharnos a través de una grabación de la sesión de hoy, sin ninguna duda. Como les decía, mi grupo votará favorablemente la propuesta de creación presentada por el Grupo Socialista, y lo vamos a hacer por cuatro razones que quiero pasar a comentarles. La primera es porque el Gobierno al que pertenece el señor Fernández Díaz - su Gobierno, señores del Grupo Popular - ha decidido nuevamente hurtar a esta Cámara el legítimo derecho que le corresponde de realizar el pertinente control al Gobierno en las circunstancias de su acción en funciones. Nosotros, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pedimos la comparecencia del señor ministro en esta Cámara para que precisamente diera explicaciones sobre este asunto. Dado que no ha querido venir y que ustedes siguen planteando el conflicto de competencias, nos vemos obligados a tener que votar favorablemente para que el señor ministro dé explicaciones sobre los sucesos que han ocurrido no solo en su despacho, sino en todo el entorno del Ministerio del Interior, como ahora veremos. No voy a extenderme en este conflicto de competencias, señorías, yo creo que esto es algo ya harto conocido y debatido incluso en el día de hoy, pero me gustaría decir que el Tribunal Constitucional debería haber dado respuesta hace ya tiempo a este conflicto. Se trata de resolver sobre un tema que afecta a dos poderes del Estado. Dilatar esta decisión, como está haciendo el Tribunal Constitucional, solo supone una quiebra de nuestra democracia y, entre otras cuestiones, supone que hoy estemos aquí debatiendo sobre esta comisión de investigación perfectamente evitable con un proceso de control a su no Gobierno, señorías. La segunda de las razones por las que vamos a votar a favor es porque el señor Fernández Díaz está llevando a las instituciones más valoradas por los españoles, la Guardia Civil y la Policía Nacional, por un tobogán de desprestigio que siembra de dudas muchas de las actuaciones de los honrados hombres y mujeres que conforman nuestros cuerpos de seguridad. Mire usted, señor ministro - aunque no esté aquí -, hay muchos españoles que conocen ya los nombres de sus comisarios - que yo desde luego no me voy a permitir volver a repetir en esta tribuna - más por el tiempo que los informativos y los artículos de opinión y de investigación dedican a dilucidar los vencedores y los vencidos de sus guerras internas de poder que por la acción eficaz de sus acciones policiales. Esto es una lástima, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen que sus dirigentes sean capaces de responderles y de respetarles dando la cara ante las actuaciones que hacen de verdad nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no precisamente de las acciones de los comisarios en sus guerras internas. Tiene usted una guerra sucia dentro del departamento, señor ministro, y lo más grave es que sale a la luz pública de forma constante. A mi grupo parlamentario le gustaría que se dedicaran más esfuerzos a luchar contra la segunda preocupación más grande para todos los españoles, que es la corrupción, señorías, la corrupción que impera en estos momentos. Señor ministro, no se trata de discutir sobre cuál de sus comisarios y responsables tiene más información comprometida sobre otros colegas, sobre cargos electos de todos los grupos o de todas las fuerzas políticas, incluso sobre los cargos electos del Grupo Parlamentario Popular, que también pasa. La tercera de las razones es porque nunca el despacho oficial de un ministro y las cosas que en él suceden han sido tan nombradas y sometidas a cuestionamiento público. Las grabaciones realizadas los días 2 y 16 de octubre del año 2014 en su reunión con el señor Daniel de Alfonso, a la sazón director de la Oficina Antifraude de Cataluña, y hechas públicas este junio pasado, suponen la quiebra de la confianza más elemental entre el responsable de un ministerio y los ciudadanos a los que representa que, señor Fernández Díaz, somos todos los españoles. En julio de este año 2016 y como parte de los trabajos para esclarecer aquellas grabaciones que salieron a la luz pública más de año y medio después, encargó el señor ministro un barrido electrónico de su despacho. A día de hoy no sabemos nada de esa investigación ni del resultado de ese barrido, por lo que entendemos que desde el año 2014 hasta el año 2016 todas las reuniones que el señor ministro mantuvo en su despacho pudieron haber sido igualmente grabadas. A mí me gustaría preguntar al señor ministro lo siguiente. ¿Sabía su compañero de partido, el señor Rato, cuando en julio de 2015 mantuvo con él otra reunión, también conflictiva, en su despacho, que estaba siendo grabado? ¿Le comunicó o le pasó esas grabaciones? ¿Las guardó el señor ministro? ¿Las tiene alguien? ¿Alguien tiene las grabaciones entre el ministro y el señor Rato en su despacho? Porque, si existen, nos gustaría oírlas; a todos los españoles nos gustaría oírlas. Señor Fernández Díaz, ¿hay algo que no se grabe en este país? ¿Es posible tener conversaciones realmente privadas, no digo ya por teléfono, sino en su propio despacho, señor ministro? La cuarta razón es porque cualquiera de las aclaraciones sobre estas grabaciones es complicada de explicar y pone en riesgo la credibilidad del propio ministro. Le propongo al señor ministro dos soluciones. La primera es que fueran realizadas con su consentimiento, o quizá sin él, pero dentro de un programa de grabaciones rutinarias realizadas por las propias unidades de contrainteligencia del ministerio. Esa es una solución mala, desde luego, ya que entiendo que en su despacho se producen reuniones altamente confidenciales que pueden poner en riesgo operaciones policiales y de lucha contra la delincuencia y el terrorismo y que se exponen a filtraciones como la ya mencionada del señor De Alfonso. Debería explicarnos, señor ministro, en este caso, aparte de si usted conoce estas prácticas, cuál es el objetivo de las mismas, quién tiene acceso a estas grabaciones, quién las custodia y si se destruyen o no se destruyen. Pero es que la segunda de las posibilidades, señorías, es aún peor, porque supone la introducción en un despacho tan privado y personal como es el despacho del señor ministro de un instrumento de grabación ajeno al propio ministerio. No sé qué es peor, señor ministro, si su desconocimiento o la falta de competencia y profesionalidad de aquellos que procuran su seguridad. Señor Fernández Díaz, esta comisión de investigación también es para preocuparnos por usted, por su seguridad, señor ministro, se lo digo totalmente serio. En resumen, señorías, Ciudadanos apoya esta comisión de investigación por las cuatro razones ya expuestas, que voy a repetirles. Primera, por no someterse al control ordinario de esta Cámara. Segunda, por contribuir a desprestigiar a los hombres y mujeres que conforman una de las instituciones mejor valoradas por todos los españoles. Tercera, por utilizar su despacho para controlar a otras formaciones políticas y a representantes legítimos de los ciudadanos. Y, cuarta, porque cualquier explicación sobre cómo se produjeron estas grabaciones solo arroja más oscuridad y dudas sobre los principios de legalidad y transparencia que deben marcar la acción de un ministro del Gobierno de España. Señor Homs, señor Rufián, nuestro grupo no iba a votar, evidentemente, su solicitud. Se hacen de nuevo las víctimas en el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno catalán hace en esa comunidad autónoma, a través de los mossos, lo mismo que ustedes denuncian. [[Aplausos]] Se lo voy a explicar [[Muestra titulares de prensa]]: La Generalitat reconoce oficialmente el escándalo de espionaje con el CNI catalán. Los mossos manipularon conversaciones del alcalde de Sabadell para acusarle. Investigan al CNI catalán por espiar a los mossos díscolos. Tirón de orejas de los mossos a la agencia de ciberdefensa de Puigdemont - esta es de hoy mismo, por cierto -. [[Aplausos]] Les decía que hacerse las víctimas en este Congreso no es ya una táctica que vayamos a consentir en este hemiciclo. Señor Homs, señor Rufián, desde que Ciudadanos está aquí representando a otros muchos catalanes ya no cuela su victimismo y, desde luego, no cuela blanquear corruptelas y prácticas mafiosas porque vengan envueltas en una bandera que a ustedes les guste más que la de aquí. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, en primer término, el señor Errejón Galván.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro del Interior - que no está, pero que como debería estar me voy a dirigir a usted -, comienzo por recordarle cómo nos conocimos. Le conocí, creo que en mi primer Pleno, en esta Cámara. Nos presentó una tercera persona diciendo que yo era uno de los portavoces del cambio, y usted respondió: Bueno, el cambio está bien, pero dentro de un orden. No es que yo me esperara nada mucho más allá, pero le tengo que decir - y es posible que le sorprenda - que no solo estoy de acuerdo, sino que lo llevaría mucho más allá. No es que el cambio tenga que ser dentro de un orden, es que si es imprescindible el cambio político en España es para restablecer el orden y el sentido común. [[Aplausos]] El orden, señor ministro, tiene que ver con que los ciudadanos no tengan la menor duda de que las instituciones sirven al bien común y no al partido que las gobierna. El orden tiene que ver con que a nadie le quepa la menor duda de que el ministro del Interior protege las libertades de los ciudadanos, y no que amenace la de algunos ciudadanos que no le gusta cómo piensan. El orden, señor ministro del Interior, tiene que ver con garantizar el derecho a la seguridad de todos y de todas, que significa garantizar la seguridad de los derechos; el derecho a que si llaman de madrugada a la puerta de casa, como decía la famosa cita, sepamos que va a ser el lechero, pero no funcionarios armados que nos van a echar de nuestra casa para dársela al banco. El orden, señor ministro, tiene que ver con saber que aunque no pensemos como piensa el partido del Gobierno, ustedes no nos van a espiar, ustedes no nos van a extorsionar, ustedes no van a fabricar pruebas falsas ni van a intentar criminalizar a quienes representan a 5 millones de votantes en esta Cámara. El orden tiene que ver con lo contrario de lo que usted ha venido representando. Usted ha venido representando el completo, continuo y más ignominioso desorden. El desorden es que usted insulte sistemáticamente a los ciudadanos; que usted insulte a las mujeres diciendo que el aborto tiene algo que ver con ETA; que usted insulte a los catalanes diciendo que las manifestaciones pacíficas tienen algo que ver también con ETA, que usted en esto de las citas no se prodiga mucho; que usted insulte al conjunto de los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos nombrando comisario de honor al futuro premio Pulitzer, Paco Marhuenda; que usted insulte a la inteligencia de los ciudadanos y a la memoria de nuestro país permitiendo homenajes, en sede pública que pagamos con el dinero de todos, nada más y nada menos que a la División Azul. A todo este conjunto de desfachateces, nosotros le llamamos desorden y ustedes le llaman defender a la patria. Hemos oído hablar - y nos ha puesto los pelos de punta - y hemos visto en medios de comunicación que ustedes dicen que a esos grupos, presuntamente grupos irregulares, les llamaban policía patriótica. A nosotros nos da que pensar en una especie de híbrido a medio camino entre la Stasi y Torrente, y nos imaginamos al señor ministro 'apatrullando' la democracia española, si no fuera porque es muchísimo más serio [[Aplausos]], si no fuera porque estamos hablando, fundamentalmente, del riesgo - no sé si es así, pero si usted no comparece no nos puede sacar de dudas - de tener una policía política. Para usted el patriotismo tiene que ver con espiar, extorsionar, financiar unidades irregulares de la policía, que filtran informes falsos y sin firmar a los medios de comunicación para criminalizar a fuerzas políticas democráticas, a fuerzas políticas catalanas, pero también a fuerzas políticas españolas. Para nosotros, el patriotismo es otra cosa y lo hemos explicado muchas veces. Para nosotros, el patriotismo es defender los servicios públicos, es proteger a las familias que tienen a todos los miembros en paro, es defender el honor de las instituciones impidiendo que estas se conviertan en una maquinaria de guerra contra los adversarios políticos, porque esa es la única línea roja que separa los Estados de derecho de los Estados en los que se hace el capricho de los que mandan. Si usted sigue insistiendo en que estamos hablando de una policía patriótica, nosotros le tenemos que decir que nos parece un comportamiento profundamente antipatriótico. El comportamiento patriótico de la policía lo demuestran cuando son capaces de investigar las tramas de corrupción, muchas presuntamente vinculadas a su partido, pese a las zancadillas o pese al amparo que se le daba al señor Rodrigo Rato. Lo demuestran los policías cuando son capaces de ponerle las esposas al señor Rodrigo Rato pese a las amenazas o intimidaciones. Lo demuestran también cuando son capaces de cumplir con su trabajo con profesionalidad, pese a que ustedes digan, por una parte, que no hay dinero para los chalecos de protección que necesitan los agentes de seguridad y, por otro lado, se gasten un millón y medio de euros para desprestigiar a adversarios políticos con informes que se han demostrado falsos. [[Aplausos]] Señor ministro, usted es, posiblemente, el personaje más siniestro del Gobierno, y el puesto estaba disputado. [[Risas]] Sin embargo, esta comisión no es una comisión contra usted, básicamente, señor ministro, porque usted está de salida. Ha intentado que su salida sea en una embajada en el Vaticano y se lo ha negado hasta el Vaticano. Usted, señor ministro, está de salida, y le tengo que decir que ha fracasado. Pese a todas las filtraciones, todas las cloacas y toda la criminalización, usted es un trozo de pasado en esta Cámara y nosotros apenas acabamos de llegar. Y ha fracasado también porque la comisión de investigación - nosotros vamos a votar a favor de las dos - va a ir hacia delante, y en esa comisión de investigación vamos a tener que elegir - y nos va a poder explicar - entre un país en el que los ciudadanos tengan miedo de su ministro del Interior o un país cuyo ministro del Interior tiene miedo a la soberanía popular. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Domènech Sampere.
Señorías, la separación de poderes es uno de los principios básicos de todo ordenamiento democrático, y no es que ustedes hayan matado a Montesquieu con todo lo que han hecho estos años en política interior y en política de represión, sino que incluso han ido más allá. Lo que conocemos como la filtración de las conversaciones entre el señor Fernández Díaz y el señor De Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, sobrepasa cualquier límite tolerable del poder en democracia. Esta comisión de investigación debería indagar en todos los extremos este caso, pero con lo que ya sabemos se impone la dimisión inmediata, no hoy sino ayer, del ministro del Interior. Con lo que ya conocemos, sabemos que un ministro del Interior ha usado recursos del Estado para fabricar casos contra adversarios políticos. Sabemos que un ministro del Interior que debería garantizar los derechos de la ciudadanía se dedica a violentarlas. Sabemos también que un ministro del Interior tiene bajo sus órdenes mandos policiales que han dicho en sede judicial que fabrican operaciones contra Cataluña. Sabemos también que ese mismo ministro del Interior dijo que abriría una investigación sobre el caso - él tiene bastantes datos; puede investigarse a sí mismo - y tres días después de que se anunciase esa investigación, policía sin ordenamiento judicial entra en una sede de un periódico para pedir las grabaciones. Esto es absolutamente gravísimo. Finalmente sabemos también, entre las muchas cosas que ya sabíamos antes de que se anunciase esa investigación, que ese mismo ministro del Interior en las grabaciones decía literalmente: El presidente del Gobierno lo sabe. Lo que no sabemos - estaría bien que estuviera aquí Mariano Rajoy - es si lo sabía el señor Rajoy; esta es una pregunta clara y sencilla: sí o no. ¿El presidente del Gobierno sabía que estas operaciones estaban en marcha? Porque si el señor Rajoy no lo sabía, tendría que cesar inmediatamente, ipso facto, al ministro del Interior; y si el señor Rajoy lo sabía, estamos ante el Watergate español. Es decir, ante la utilización desde el Gobierno de los recursos públicos para acabar contra adversarios políticos. En este caso, respecto a Cataluña ustedes se muestran como lo que son: un Gobierno absolutamente hostil con todos los catalanes y las catalanas que no duda en ir más allá de la ley si lo considera necesario, un Gobierno con el que no hay nada que construir porque todo lo destruye. Nosotros creemos que más allá de esta comisión lo que corresponde es la dimisión inmediata, como he dicho antes, no hoy sino ayer, pero sabemos que no lo van a hacer, como tantas otras cosas que jamás han hecho y tantas otras cosas que sí han hecho. En ese sentido, lo que tocaría ahora mismo no es crear una comisión de investigación sino plantear un impeachment democrático para echar al Richard Nixon español, para acabar con el periodo de falta de libertades o de oscurantismo más grande que hemos tenido en este país. Pero parece que eso no va a ser así, porque hay demasiada gente interesada en que perviva la restauración contra el cambio, que perviva el olvido contra la memoria. Ante esa gente que parece que está demasiado interesada en esto y no en plantear un impeachment democrático, le decimos que estaremos aquí para recordar, para no olvidar, y sobre todo para construir la alternativa que dé luz a esta oscuridad que protagonizan ustedes. Ustedes dicen ser el orden y ahora mismo son el caos de este país, y para prevenir la posible respuesta del portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, les voy a decir que si hay algo parecido a una práctica totalitaria en este país es lo que han hecho ustedes desde el Ministerio del Interior. Gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Merino López.
Siento decepcionar a uno de los portavoces de Podemos, pero evidentemente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular está bastante más capacitado para intervenir en determinadas cuestiones, y esta es una cuestión que no merece la pena que el portavoz del Grupo Popular salga a defenderla. [[Aplausos]] Señorías, hay un líder, un partido y un grupo parlamentario que en el último año se ha acostumbrado a vivir jornadas históricas; el resto de los españoles no nos enteramos por qué, pero parece ser que al señor Sánchez y a su equipo les encanta lo de vivir jornadas históricas y el domingo tuvo otra jornada histórica. [[Risas]] Pero lo que me preocupa hoy, señor Sánchez, es la jornada histórica que usted quiere vivir aquí. Usted está abriendo un nuevo parlamentarismo - y me preocupa -, el parlamentarismo de querer revisar presuntas cosas que se han producido en otras legislaturas, y eso, señor Sánchez, es una absoluta irresponsabilidad. Le voy a dar una prueba de lo que podría ser su incongruencia. En la pasada legislatura - esa breve legislatura - el diputado Iglesias, de Podemos, dijo solamente dos palabras en una intervención muy sonora y muy famosa ya en esta Cámara, dos palabras que hicieron que en el Grupo Socialista se levantaran - permítanme la expresión - como auténticos [[energúmenos políticos]] 1. Yo le digo al Grupo Socialista: Si el diputado Iglesias, en el próximo Pleno, plantea una comisión de investigación sobre los hechos de esas dos palabras que dijo, que ocurrieron hace más de veinte años, supongo, señor Sánchez, que usted por congruencia votaría sí a esa comisión de investigación, supongo. [[Aplausos]] Señor Sánchez, usted se ha unido hoy aquí a los independentistas de Esquerra y a los independentistas del Grupo Mixto para atacar al Gobierno de España, al ministro del Interior. Sinceramente, no sé si es su primer acuerdo de esa posible investidura, no sé si es su primer acto electoral, no sé lo que es, porque creo que ni ustedes saben dónde están ni a dónde van. Pero quiero pedirle, por favor, que salga usted a las calles de España, no verá a ningún español cuya primera preocupación en el primer Pleno de esta legislatura sea que se cree una comisión de investigación por unas presuntas cuestiones que ustedes plantean. Quiero decirle al portavoz del Grupo Socialista, señor Trevín - al cual tengo una gran admiración y un gran respeto - que no es usted tan importante, de verdad se lo digo, y además me alegro mucho. No es importante porque usted no es ni un presunto delincuente ni un presunto corrupto, por lo tanto usted es como si no existiera para la policía; se lo digo en serio. Y esa foto de ese minuto de gloria que usted tuvo en una portada de un periódico, de verdad, no se la impute al ministro del Interior porque nada tiene que ver con esa foto. Creo que es muy injusto y que usted debería pedir perdón al ministro del Interior por acusarle de algo que no hizo. [[Rumores.-Aplausos]] Señorías del Partido Socialista, de Esquerra y del Grupo Mixto, ustedes hoy aquí están provocando un insulto a la profesionalidad de la Policía Nacional, de la Guardia Civil... [[Un señor diputado: No, no]] Chsss, chsss, chsss, calladitos que nosotros hemos estado muy respetuosos. [[Protestas.-Rumores]]
Silencio. Señorías, silencio, por favor.
Repito, aunque les moleste. [[Rumores]] Chsss, chsss, chsss. Repito, aunque les moleste. No me van a descentrar del discurso, tranquilos. Lo tengo bastante clarito. [[Rumores]]
Un momento, señor Merino. Señorías, guarden silencio.
Ustedes están insultando la profesionalidad y honorabilidad de los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los jueces y de los fiscales de España, porque los están acusando de estar al servicio del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular para hacer unas presuntas prácticas que en nada se corresponden con la realidad. Pero esto no lo está diciendo el Grupo Parlamentario Popular, señorías, esto se lo están diciendo los sindicatos de Policía en los comunicados que han hecho. Les están diciendo todos los sindicatos de Policía que ustedes están insultando su profesionalidad, y es una falta de respeto lo que están cometiendo hoy. Quiero decir en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular, al cual tengo el honor de representar, que nosotros apoyamos y alabamos el trabajo de jueces, fiscales y de todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías locales porque son los que garantizan la seguridad y la libertad de todos y cada uno de los españoles. Señorías, ha habido acusaciones de que el Partido Popular y el Ministerio del Interior tapaban la corrupción en esta última legislatura que hubo de Gobierno real, pero les voy a dar unos datos y luego les voy a hacer una pregunta y una reflexión. Detenidos por corrupción en el año 2010 cuando gobernaba el Partido Socialista, 389; PSOE, 2011, detenidos por corrupción, 792; PP, 2012, detenidos, 677; 2013, 1.278; 2014, 2.743; 2015, 2.442. En cuatro años, 7.140. Y ahora dirán: Es que hay muchos casos de corrupción. No, señorías, estos son casos de corrupción del pasado. Y la pregunta que les hago hoy a todos ustedes: ¿Abrimos una comisión de investigación en esta Cámara para determinar por qué el Partido Socialista no perseguía y detenía a los corruptos? ¿Abrimos esa comisión de investigación? [[Aplausos]] Lo que responsablemente tendríamos que investigar es quién ha provocado unas escuchas ilegales y un espionaje 1 Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones'. Ver pág. 54. al ministro del Interior [[Rumores]], por qué sale en plena campaña electoral esa información. Eso es lo que habría que estar investigando. Señorías, cuánto se echa en falta el sentido común y el sentido de Estado de exministros socialistas como el señor Corcuera [[Risas]] - sí, sí, ríanse, pero es compañero suyo - que han apoyado la labor del ministro Fernández. Claro, que el portavoz del Grupo Mixto venga a darnos lecciones al ministro Fernández y al Partido Popular es para nota porque le voy a decir la diferencia entre el ministro Fernández y usted, señoría. Al ministro Fernández la justicia le archiva las denuncias que le presentan y usted desfila por el Tribunal Supremo por estar investigado. Esa es una gran diferencia que le impide a usted dar una lección política al ministro Fernández y al Partido Popular. [[Aplausos]] Señorías, con lo que hoy hemos oído en los discursos ya no hace falta investigar. ¡Si ya han condenado ustedes! Ha habido intervenciones ya condenando, incluso con la del PNV, que ha sido un auténtico tratado jurídico el que ha realizado, parecía que estábamos en el juicio en vez de en el hemiciclo. Señorías, ¿cómo es posible que esta Cámara quiera condenar a un ministro al que la justicia ha archivado las denuncias que le han puesto? ¿Cómo se puede producir esa situación en un Estado de derecho? Ustedes quieren suplantar la división de poderes y el Estado de derecho, y ahora le diré algo al señor Errejón, al que lógicamente tengo que dedicarle un minuto. En un Estado de derecho el Legislativo está para legislar y no para condenar, como se ha producido aquí, y la justicia está para actuar y determinar las responsabilidades judiciales que correspondan. De verdad no sé si esto que ha propiciado el Partido Socialista es una cortina de humo para tapar su jornada histórica y sus problemas internos. Lo que sí le digo al señor Sánchez es que me gustaría que nos explicara algo a todos los miembros de esta Cámara y sobre todo a los españoles. Si no, se lo dice usted a la prensa cuando salga fuera. Señor Sánchez, ¿cómo es posible que con este partido, con los miembros de este partido, con este presidente del Gobierno, con este ministro del Interior, con este conjunto del Partido Popular, que somos 800.000 militantes, con los votos del Partido Popular, un miembro de su bancada fuera lehendakari? No oí protestar a ninguno de ustedes porque el Partido Popular le diera los votos para ser lehendakari. ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que usted, que no se quiere sentar a hablar y que tiene bloqueada a España - y miro a diputados y diputadas extremeños -, sí acepte el voto del Partido Popular para aprobar los presupuestos en Extremadura? ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que en Asturias usted sí admita los votos del Partido Popular y aquí no esté dispuesto a desbloquear España? ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que sea el Partido Popular, en la persona de nuestra secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, el que tenga que salir al rescate para dar estabilidad al Gobierno de Castilla-La Mancha cuando sus futuros socios de posible investidura lo han dejado tirado a los quince meses [[Protestas.-Rumores]] - ya dijo el presidente Rajoy que su Gobierno podría durar quince minutos - en las comunidades autónomas? Explíquelo, señor Sánchez, porque los españoles... [[Rumores]]
Señor Merino, un segundo. Por favor, guarden silencio. Señor Merino, tiene que ir concluyendo.
Sí, voy a concluir. Explíquelo y explíquenselo ustedes mismos. ¿Cómo aceptan los votos del Partido Popular para lograr estabilidad en las comunidades donde Podemos los deja tirados y cómo ustedes tienen bloqueada a España sin permitir que haya un Gobierno? [[Aplausos]] Termino. Señor Errejón, ustedes, que han asesorado... [[Rumores]] Sí, claro que te lo voy a decir. [[Protestas]] ¿Ustedes, que han asesorado y han cobrado por asesorar a un régimen que tiene metidos a los políticos en la cárcel, que tiene a un país sin bienestar social, con los supermercados vacíos, ustedes van a venir a dar alguna lección al ministro Fernández? [[Aplausos]]
Señor Merino, tiene que concluir.
Quiero terminar muy brevemente con Esquerra y con Bildu. Portavoz de Esquerra Republicana, lo que usted tiene que explicar al conjunto de esta Cámara y al conjunto de los españoles es por qué a la concejala de Esquerra que denunció la trama del 3 % ilegal, que lo denunció judicialmente, la expulsaron del partido y luego montaron un Gobierno, el tripartito, e hicieron el Estatuto de Cataluña. Eso es lo que usted tiene que explicar aquí. [[Protestas.-Aplausos]] A la señora portavoz de Bildu...
Señoría, tiene que terminar en tres segundos. Silencio, por favor.
Aquí tristemente los que han enterrado a personas han sido los miembros y familiares del Partido Popular y del Partido Socialista, hijos de guardias civiles, ciudadanos españoles que andaban por la calle. Esos son los que hemos enterrado. ¿Y sabe usted quién los mató? Amigos suyos, señoría. [[Protestas.-Aplausos]]
Señoría, ha terminado su intervención. Muchas gracias. [[El señor Heredia Díaz pide la palabra]] Adelante.
Señora presidenta, solicito la palabra en virtud del artículo 71.3. [[Rumores]]
Silencio, por favor. Usted conoce bien el artículo. Por tanto, le ruego que estrictamente me diga a qué alusión se refiere y me la entrecomille.
Dirigiéndome al portavoz del Partido Popular, en su fina y moderada intervención, las graves descalificaciones e insultos dirigidos a este grupo parlamentario, concretamente... [[Protestas]] Tranquilidad, veo al Partido Popular muy nervioso. Tranquilidad. La descalificación es 'energúmenos políticos'. [[Rumores]]
Silencio, por favor. Silencio, señor Heredia y les pido silencio a sus señorías. Le recuerdo al señor Heredia - y les recuerdo, en el presente y para el futuro, a todas sus señorías - que, en aplicación del artículo 71.1, cuando alguien quiere hacer uso de la palabra por alusiones no dispone de un turno de intervención - se lo digo al señor Heredia y a todas sus señorías -, sino simplemente de un turno para decir a qué alusión se refiere y qué pide con respecto a esa alusión, si quiere que se retire. Ese es el turno que le voy a dar a usted y que le daré también al Grupo Popular. Adelante.
Ha sido una descalificación política y, por tanto, pido que el portavoz del Partido Popular retire la descalificación de 'energúmenos políticos' 2 dirigida a este grupo parlamentario. [[Rumores.-Aplausos]]
Señorías, les recuerdo de nuevo que todos los aquí sentados estamos para cumplir el Reglamento y, por tanto, en aplicación del Reglamento, haciendo mención a la alusión que ha dicho el señor Heredia, le pregunto, señor Merino: ¿retira usted lo que ha dicho o no lo retira? [[Rumores]]
Si el señor Heredia y los miembros del Partido Socialista se sienten tan dañados, no tengo problema en retirarlo, pero creo que deben hacer ustedes una reflexión sobre sus actitudes y comportamientos en el día de hoy y en los venideros, me da la impresión. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos al último punto. [[Rumores]] Silencio, por favor, silencio. Pasamos al último punto del orden del día relativo a la dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la Legislatura número XI a la Legislatura número XII. En la medida en que no está prevista la intervención de ningún grupo parlamentario, la dación de cuentas se someterá para su aprobación por asentimiento al final de esta sesión. Vamos a comenzar las votaciones en dos minutos. [[Pausa]] 2 Ver pág. 52.
Votación de las proposiciones no de ley. En primer término, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 137; en contra, 172; abstenciones, 34.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A QUE EL GOBIERNO EN FUNCIONES APRUEBE POR DECRETO-LEY, EN CASO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. [[Número de expediente 162/000102]]
Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno en funciones apruebe por decreto-ley en caso de prórroga presupuestaria el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos. Se va a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]] y el Grupo Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 209; en contra, 133; abstenciones, 3.
Queda aprobada. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A ELIMINACIÓN DE LAS PUERTAS GIRATORIAS. [[NÚMERO DE EXPEDIENTE 162/000127]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la eliminación de puertas giratorias. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 78; en contra, 136; abstenciones, 130.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012 TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 %. [[Número de expediente 162/000103]]
A continuación, pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 %. Vamos a votarla por puntos. En primer lugar, votamos el punto número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 343; en contra, 1; abstenciones, 1.
Queda aprobado. Pasamos a votar el punto número 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 207; en contra, 2; abstenciones, 136.
Queda aprobado. [[Aplausos]] Pasamos al punto número 3 de esta misma proposición. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 208; en contra, 4; abstenciones, 133.
Queda aprobado.
A continuación, procedemos a someter a votación para su aprobación por asentimiento las propuestas de creación de comisiones de los puntos 5, 6, 7 y 8 del orden del día, así como las correspondientes a la creación de la Comisión Mixta del Control Parlamentario de la Corporación Radiotelevisión Española y sus Sociedades y de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobada la creación de las citadas comisiones.
Pasamos a la votación de la propuesta de la creación de una Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 338; abstenciones, 6.
Queda aprobada. - PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES. [[Número de expediente 155/000009]]
Pasamos a votar la propuesta de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 340; abstenciones, 5.
Queda aprobada.
Procedemos a la votación de las solicitudes de creación de comisiones de investigación. Comunico a sus señorías que la solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana ha sido retirada para votar la primera que hemos debatido. En consecuencia, votamos solo la solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 206; en contra, 136; abstenciones, 2.
Queda aprobada. [[Aplausos]]
A continuación procedemos a someter para su aprobación por asentimiento la dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] Queda aprobada. Se levanta la sesión. Eran las nueve y veinte minutos de la noche.