Se abre la sesión. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en interpelaciones urgentes, de tal manera que la del Grupo de Unión Progreso y Democracia, que figura en el orden del día con el número 27, pase a debatirse en primer lugar dentro del punto V, interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] Muchas gracias.
Toma en consideración de la proposición de ley de La Izquierda Plural sobre reforma del impuesto sobre el valor añadido de los servicios básicos: agua, electricidad, gas y transporte. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Ortiz.
Gracias, señor presidente. Señorías, hace poco más de un año traía a esta Cámara por primera vez el debate sobre pobreza energética. En ese momento se trataba de un abordaje integral del drama de muchas familias en este país que están precisamente privadas de acceder a algo tan cotidiano como es calentarse o encender la luz. En ese momento todos los grupos de esta Cámara, excepto el Grupo Popular, votaron a favor. Ha pasado un año y tres meses de ese debate, de ese no del Gobierno a combatir la pobreza energética, y también un año desde la reforma eléctrica que como luego explicaré todavía ha empeorado más la situación. Tenemos también la reciente reforma fiscal, que ha reducido los ingresos del Estado y ha aumentado la brecha social. Hoy les traemos una propuesta concreta, menos ambiciosa, menos integral, pero relevante desde el punto de vista político y social. El de hoy, señorías, no es solo un debate fiscal. Es un debate sobre bienes esenciales. Es un debate sobre derechos humanos. Es un debate sobre qué contribuye a la justicia social y qué y quién contribuye a la desigualdad y al sufrimiento de la gente. Las decisiones que han tomado o las que han dejado de tomar tienen consecuencias. Aunque el señor Rajoy nos decía el otro día que no vivía en ese país del que le hablábamos, ese país que dice no conocer, ese país existe, señorías. Es el país donde hay personas que viven a oscuras, que comen una vez al día o que enferman por no poder mantener su casa a una temperatura adecuada. Ese país está ahí, pero lo podemos cambiar con voluntad política. Ustedes han convertido en estructural la precariedad de muchas familias con sus políticas injustas. El PIB, la riqueza del país, puede crecer, pero con su política energética, fiscal y privatizadora de servicios ponen la riqueza en los bolsillos que ya están llenos. Hoy queremos hablarles del acceso a bienes básicos, el agua, la luz, el gas, el transporte, y de invertir precisamente esa lógica. Queremos plantear un debate sobre lo que el Gobierno prioriza y decide. Ustedes han venido aquí constantemente a decirnos que las cosas solo se podían hacer a su manera, que no había margen y que los recortes eran la clave de la recuperación, pero lo cierto es que un Gobierno puede decidir qué hace con sus recursos y de parte de quién está. Hoy no les traemos una solución mágica a la pobreza, pero, si hoy la pobreza energética ya afecta a más de 7 millones de personas que pasan frío, si se multiplican los cortes de luz o hay personas que no cogen el metro porque no se lo pueden permitir, deben plantearse si no vale la pena como mínimo admitir esta iniciativa a trámite para poder debatirla. El IVA es un impuesto claramente regresivo en los bienes esenciales, porque son las rentas más bajas las que deben dedicar una parte más importante de sus ingresos al consumo de esos bienes. Ese IVA elevado las penaliza en mayor medida. ¿Cuál es la situación que tenemos? En estos últimos años los servicios básicos han subido el triple que los salarios desde 2007. Eso es fruto de decisiones políticas. La energía para el consumo doméstico se ha convertido en un bien de lujo. Por mucho que el señor Soria venga aquí y nos diga que la tarifa eléctrica no sube, lo cierto es que el propio INE - datos del Estado - dice que en 2014 la tarifa ha vuelto a subir un 4,4 %, y tenemos que para el pequeño consumidor la subida ha sido de un 88 % desde 2006. Esto, sumado a una subida del IVA del 16 al 21 % en cuatro años, lleva a una situación insostenible para muchísimas familias. Saben que nuestro grupo parlamentario ha propuesto numerosas iniciativas para acabar con un sistema energético al servicio del oligopolio y apostar por una política energética de servicio público que garantice la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas y un modelo medioambientalmente responsable. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno solo ha empeorado la situación. Hoy, un año más tarde, tenemos un oligopolio eléctrico más fuerte. Los consumidores acumulan subidas de tarifas y aumentos de la deuda con las eléctricas. Con su reforma han reducido el número de beneficiarios del bono social y, por otra parte, han hecho imposible el ahorro energético, porque suben el término fijo de la factura y aquellos que quieren ahorrar no pueden. Además, están tramitando un impuesto al sol para que la gente que quiera producir energía y ahorrar tampoco lo pueda hacer. Es un auténtico despropósito social, económico y ambiental. En el caso del agua, ustedes también la utilizan como una fuente de negocio. La gestión del agua del Partido Popular, también de Convergència i Unió y, en algunos casos, del PSOE en las distintas comunidades ha producido un efecto similar: procesos de privatización que comportan un empeoramiento de la calidad del servicio y subidas de precios. Por ejemplo, en Cataluña, desde la privatización de ATLL, entre 2012 y 2013 han aumentado las tarifas un 80 %. Esa es la consecuencia de la deriva de sus políticas. En el caso del transporte, especialmente el público, realmente se nota, señorías, que ustedes no cogen el metro o el cercanías. En el metro de Barcelona ha habido aumentos del 40 % en tres años; en el metro de Madrid han sido del 38 % desde 2008. Eso sí, rescatan a las concesionarias de autopistas, que van vacías. Esas son las prioridades y no el derecho a la movilidad ni a la sostenibilidad. ¿Cuál es el resultado de esas decisiones y esos aumentos? Señorías, esas decisiones, esas cifras, tienen rostros, nombres y apellidos. Respecto a la pobreza energética, el reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales ya habla de 7 millones de personas que la sufren. Los cortes de suministros están creciendo exponencialmente. En materia de gas - según los datos de la Alianza contra la pobreza - solo en 2013 se produjeron 75.000 cortes, un 86 % más que en el año anterior. Respecto a la electricidad, hubo un millón y medio de cortes de suministro eléctrico, pero también se han multiplicado por tres las suspensiones del suministro de agua entre los años 2011 y 2012. Esas cifras, señorías, tienen unos costes económicos y sociales gravísimos. Esa exclusión a servicios básicos tiene impacto sobre la salud, con muertes prematuras y con aumento de la mortalidad en invierno, además de los costes sanitarios que se derivan. Pero, claro, si unos perdemos, alguien tiene que ganar con esas decisiones que ustedes van tomando y, en paralelo, las grandes compañías eléctricas se han repartido 14.600 millones en dividendos extraordinarios. Aparte de eso, por la dejadez del Gobierno y la pasividad, hemos pagado de más 3.400 millones de euros en los costes de transición a la competencia. Por si fuera poco, todos pagaremos en nuestra factura del gas 4.700 millones a don Florentino Pérez por el fracaso del proyecto Castor. Hoy nos dirán que no nos podemos permitir bajar el IVA a los suministros básicos. Señorías, el aumento del IVA ha supuesto un aumento del gasto medio de 356 euros por familia. Ustedes sí que se han permitido rebajar 9.000 millones en la reforma fiscal. Ustedes dirán que ahora no toca bajar el IVA, pero, en cambio, en su reforma fiscal, a una renta de 150.000 euros al año ustedes le han regalado 3.500 en su rebaja del IRPF. A los suyos les rebajan la fiscalidad, pero a la mayoría, a quienes necesitan esa bajada, nada de nada. En lugar de esas altas tasas impositivas, el Gobierno debería considerar medidas alternativas para aumentar la recaudación del IVA, porque la falta de recaudación tiene que ver con el fraude fiscal, como hoy explicábamos al director de la Agencia Tributaria. Ustedes no quieren combatir la pobreza ni bajar el IVA de la luz, pero sí bajan por ejemplo el IVA en la compraventa de arte. Existe una clara diferencia entre tener voluntad de asegurar el acceso a suministros básicos al conjunto de la sociedad y el no tenerla. Mientras en este país el Gobierno se pliega a los intereses de las empresas suministradoras y de los adalides de los recortes y la austeridad, tenemos que mirar a nuestro entorno y ver qué es lo que está sucediendo. La mayor parte de países tienen estrategias para combatir la pobreza, por ejemplo el nuevo Gobierno de Syriza, en Grecia, quien ha apostado por recuperar el control de la energía, implementar un plan de transición energética hacia las renovables, pero también medidas de urgencia para que todas las familias dispongan de luz y de gas. En definitiva, ha apostado por recuperar la dignidad de las personas a través de la garantía de los suministros, todo lo contrario de lo que hace este Gobierno, que empeora la situación, como sucede con otras medidas indignantes que también adoptan Gobiernos autonómicos, como Convergència i Unió, que vacía el Fondo contra la pobreza energética y pide donativos para poderlo llenar. Se puede ser miserable o clasista, pero también se puede ser valiente y justo. Si se quiere, señorías, sí que se puede. Esa es la realidad, que ante los suministros básicos, con la luz y el gas, ustedes han estado secuestrados por las grandes corporaciones. El 40 % de los miembros de los consejos de administración de las empresas de gas y electricidad de este país están vinculados al Partido Popular, al Partido Socialista y en algún caso a Convergència i Unió. No es falta de voluntad, sino voluntades compradas, y ese es el efecto. Señorías, hoy les venimos con una modesta propuesta, les planteamos una reducción del IVA para los suministros básicos. Es una medida que se puede abordar y estamos convencidos que es necesario hacerlo. Respecto al IVA de la electricidad, solo tres países en Europa tienen un IVA superior al de España. Estamos hablando de Eslovenia, de Portugal y de Finlandia, con un tipo superior. Esto refleja que hay camino para recorrer y que el descenso impositivo es posible. No nos plantearíamos una medida así si tuviéramos un IVA del 16 %, pero se ha subido exponencialmente en cuatro años. De hecho, el artículo 102 de la Directiva sobre IVA permite que los Estados miembros puedan aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista distorsión a la competencia, y saben ustedes que no es precisamente el IVA lo que distorsiona la competencia, sino un mercado eléctrico que no funciona. Si hablamos de agua, el tipo impositivo de España también es de los mayores de la Unión Europea. Solo hay tres países que tienen un IVA del agua superior, uno de los cuales es Finlandia. En este contexto, existe también margen para rebajar a un tipo superreducido del 4 %. Solo falta voluntad política, voluntad que ustedes no han demostrado, como ya les he apuntado. Señorías, no están del lado de la gente, están del lado de las empresas energéticas y suministradoras. Algunos plantearán excusas de tipo ambiental. No es este el debate. Ha sido precisamente La Izquierda Plural quien ha traído a esta Cámara una ley de fiscalidad ambiental, quien ha pedido penalizar los consumos suntuarios, los consumos excesivos, pero en el caso del IVA no es un impuesto que permita hacer esa función ambiental. Defendemos figuras que graven esos consumos suntuarios de electricidad y agua, pero se nos han negado. Desde el ecologismo lo que planteamos son figuras que penalicen actividades costosas para el medio ambiente y consumos despilfarradores de bienes escasos, como es el agua y la energía. Eso es compatible con una equidad impositiva si ponemos un IVA razonable para los suministros básicos. Mantener un IVA al 21 % es cebarse con los que dedican más del 10 % de sus ingresos precisamente a pagar esos recibos. El IVA del transporte, evidentemente, también es una cuestión a tener en cuenta. Hay margen para reducirlo, de hecho hay muchos países que tienen un tipo cero, como es el caso de Dinamarca, Holanda o Irlanda, que no pagan IVA. Esta rebaja fomentaría el transporte público y nos generaría ahorro económico y energético. En definitiva, señorías, sí se puede hacer las cosas de otra manera. Un Gobierno puede estar en pie defendiendo a los ciudadanos ante los especuladores y los buitres, como en Grecia, o puede arrodillarse y ser vocero de la banca o de las eléctricas. Un Gobierno puede decidir utilizar los instrumentos fiscales que tiene para reducir desigualdades o puede contribuir a crearlas, como han hecho hasta ahora. Es una cuestión de dignidad, de derechos y de democracia. Es una cuestión de voluntad que, como mínimo, se presten a admitir a trámite esta iniciativa, que evidentemente puede ser modificada, puede ser puntualizada, pero, como mínimo, permitan el debate sobre una cuestión tan sangrante como la que afecta a tantos millones de familias en este país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Ortiz. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández Davila.
Gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación con la proposición de ley sobre reforma del impuesto sobre el valor añadido de los servicios básicos, como el agua, la electricidad, el gas o el transporte. La Izquierda Plural presenta una proposición de ley que el BNG considera muy oportuna, porque responde a una necesidad constantemente demandada por la sociedad. Estos días, refiriéndonos concretamente a la materia energética, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha unido a las críticas de los usuarios respecto al alto precio de la luz. El presidente de este organismo admitió en el marco del encuentro del sector energético organizado por el IESE que los ciudadanos están pagando un precio muy elevado por la electricidad que consumen. Desde el sector industrial también se ha demandado insistentemente una rebaja del precio de la energía para poder abaratar los costes de producción. Sin embargo, este Gobierno hace oídos sordos a estas demandas y ha preferido optar, para rebajar los gastos productivos, por la reducción de salarios y el deterioro de las condiciones laborales. En un afán recaudatorio, al señor Montoro no le ha temblado la mano a la hora de subir el IVA a productos de primera necesidad como son los productos básicos de los que estamos hablando: en el caso de la energía los combustibles, el agua y el trasporte, a pesar, señorías, de que este servicio - concretamente el energético - ya está suficientemente gravado con otros impuestos y tasas, además de su compleja estructura de subastas, pero sabemos que este es un debate para otro momento, debate que, por cierto, se ha dado en esta Cámara en numerosas ocasiones, como el suscitado recientemente por el BNG con motivo del posible cierre de empresas como el caso de Alcoa, con lo que representaba de pérdida de puestos de trabajo. Señorías, el ministro de Hacienda ha querido contribuir al encarecimiento de estos productos y, por tanto, cooperar a incrementar esa pobreza energética de la que se ha hablado muchas veces - a la que la proponente de esta iniciativa acaba de hacer mención -, que tantas veces hemos denunciado y que tanto sufren miles y miles de familias. ¿Se han dado cuenta, señorías, de cuántas personas han muerto este invierno por utilización de combustibles inadecuados? Señorías, esas son las consecuencias que esa pobreza energética a la que el Gobierno no está buscando soluciones. Somos conscientes de que todas las soluciones a estos problemas no las da la propuesta que hoy presenta La Izquierda Plural, pero también somos conscientes de que, si se lleva a cabo lo que aquí se propone, aminoraría en gran medida la situación de gravedad que están sufriendo muchísimos ciudadanos por la cuestión energética y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, facilitaría poder alcanzar un precio justo para unos productos que son básicos y de primera necesidad para la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Fernández. Señora Jordà, por el Grupo Mixto también.
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, cuando faltaban solo cuatro días para que los ciudadanos acudieran a las urnas, el candidato Mariano Rajoy lanzó una de las más famosas mentiras en campaña electoral: Yo no voy a subir los impuestos - dijo -, porque hoy subirlos significa más paro y significa a la vez también más recesión, significa darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y de las empresas. Resulta, señoras y señores diputados, que a las maltrechas economías de las familias y de las empresas les ha subido el precio de sus bienes básicos, el agua y la luz. Desde el año 2010, el IVA que tributan los servicios básicos ha subido 5 puntos: del 16 % al 21 % en el caso de la energía y del 7 % al 10 % en el caso del agua y del transporte público. Como siempre - y no descubro absolutamente nada -, negocio en abundancia para algunos; ruina y a la vez desesperación para centenares de miles de personas. Para ver el negocio en abundancia hay que ver también los astronómicos beneficios que se reparten las compañías eléctricas, en las que se sientan como consejeros - y ya lo hemos denunciado en más de una ocasión - exministros y expresidentes del PSOE y del Partido Popular, muy bien pagados por cierto. Mientras, las ciudadanas y los ciudadanos pagamos la luz más cara de toda Europa, pese a que arrastramos una deuda eléctrica de más de 26.000 millones de euros, que, curiosamente, es menor que los beneficios conseguidos por las empresas en el tiempo en que se ha generado dicha deuda. Dicho en otras palabras, que la deuda con las eléctricas - causa de encarecimiento de la factura de la luz y de otros recortes sociales - ha ido directamente a enriquecer a las empresas. Señoras y señores diputados, bienvenidos al neoliberalismo. Y mientras las empresas y sus consejeros se enriquecen, más de 7 millones de personas son, hoy por hoy, víctimas de la pobreza energética. Esto solo se puede definir como vergonzoso y como un descarado expolio social, como es un expolio social el sistema fiscal español, que hace que las clases bajas y las clases medias paguen más impuestos que las grandes fortunas, o que los salarios de los trabajadores paguen más impuestos que los beneficios de los especuladores, por ejemplo, bursátiles. Es necesario pues y urgente como mínimo rebajar el IVA de servicios básicos como la luz o el agua para aliviar la carga de familias y de empresas. Fíjense en la paradoja. Resulta que el Gobierno del Partido Popular subió los impuestos para que el Gobierno tuviera más dinero y, supuestamente - esto es mucho suponer, pero lo suponemos - poder atender las necesidades de la población, pero si resulta que la luz y el agua son necesidades básicas de familias y empresas, ¿no sería más oportuno rebajarles el IVA? Lejos de esto, suministros básicos como el agua, la luz o el gas cuestan mucho más desde el inicio de la crisis. Hemos insistido a lo largo de esta legislatura - no es la primera vez - en que no se trata de reducir los impuestos, sino de rebajarlos para las clases medias y bajas, para las pymes y autónomos, a la vez que se aumenten para las grandes empresas y las grandes fortunas. Si aun así quieren mantener los ingresos por el IVA, entonces bajen el tipo impositivo de la luz, el agua y el transporte público, beneficiando a toda la población, y creen - como hace tiempo les reclamamos desde Esquerra Republicana - un IVA de lujo para los productos más selectos, que son los que compra la gente evidentemente con más recursos, la gente más pudiente, la gente con más dinero, por cierto, la gente a quien no le afecta la crisis, la gente que sigue aumentando su fortuna pese a la misma crisis. No obstante, no solo no hacen nada para combatir la pobreza en general y la pobreza energética en particular, sino que además boicotean los intentos del Parlament de Catalunya de actuar contra la miseria creando un impuesto a la banca o adoptando un pacto para luchar contra la pobreza energética, reducir los niveles de pobreza y asumir los objetivos que se fijan en los acuerdos de Lisboa. Esto es lo que hacen. La respuesta del Partido Popular fue llevar al Constitucional nuestra propuesta, la propuesta catalana. ¡Bravo, señorías! Está claro, la única opción - y acabo - sigue siendo la de construir un país nuevo, es la única manera, la república catalana, que ante todo pretende ser un país donde sí exista la justicia social. Muchas gracias.
Gracias, señora Jordà. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco con relación a la toma en consideración de la proposición de ley sobre la reforma del impuesto sobre el valor añadido en los servicios básicos: agua, electricidad, gas y transporte. Adelanto que nuestro grupo va a votar favorablemente a esa toma en consideración. Entendemos que la rebaja del IVA en estos productos básicos es una cuestión no solo de carácter económico sino también una cuestión de carácter social. La crisis económica ha llevado a muchísima gente a lo que se ha denominado pobreza energética, esto es, que no puede pagar la factura de electricidad, la factura del agua o la factura de los transportes públicos. Entendemos que es una iniciativa positiva que de verdad nos gustaría debatir y además nos gustaría hacerlo en un sentido amplio, porque creemos que hay otro gran número de servicios y de productos que, siendo de carácter básico, son costosos para muchos colectivos que tienen rentas bajas y que están pasándolo muy mal en la época de crisis. Sería pues importante ampliar esta lista de una forma considerable. Esperamos que otros grupos también voten favorablemente la toma en consideración. Desde luego, nosotros sí lo vamos a hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señor presidente. Se nos propone por parte de La Izquierda Plural una reducción del IVA de los productos básicos, fundamentalmente energéticos, con el argumento de lo caros que resultan en nuestro país y la preocupación por la pobreza energética. Unión Progreso y Democracia comparte esta preocupación por el alto coste de la energía en España - uno de los más altos de la Unión Europea - y por la propia pobreza energética. Por eso hemos apoyado iniciativas, alguna de la propia Izquierda Plural, en el pasado sobre esta cuestión. Pero, como a menudo nos sucede con las propuestas de este grupo, compartiendo los objetivos últimos, discrepamos en los métodos que nos proponen para combatirlos porque creemos que el alto coste energético en España tiene raíces profundas que van mucho más allá de lo que se plantea en esta propuesta. De hecho, en el propio texto ya queda claro cuando dicen que con esto no se resuelven los problemas de fondo. Efectivamente, el alto coste de la energía en España tiene que ver con el coste de generación, usamos vías de generación costosas. Por cierto, hay grupos, como el propio grupo proponente, que cuando se habla de energía a menudo no se preocupan demasiado de los costes de generación de las diferentes fuentes energéticas. Tiene que ver también con que en la factura energética se meten todo tipo de compensaciones que poco tienen que ver con el consumo eléctrico, como las indemnizaciones al depósito Castor, y tiene que ver con la existencia de un mercado oligopolístico poco competitivo, que hace que, por ejemplo, cuando cae el precio del petróleo el de la gasolina disminuya mucho menos. Estos problemas de fondo detrás del alto coste energético poco tienen que ver con lo que se nos trae aquí. Lo que se nos trae aquí es una reducción indiscriminada del IVA, y pongo el acento en el adjetivo indiscriminada porque es la clave de las objeciones que nos plantea. Podemos entender que cierto nivel de consumo energético mínimo es una necesidad básica, pero ¿cualquier nivel de consumo energético es una necesidad básica? Si alguien tiene una casa de tres plantas y consume desaforadamente, ¿todo su consumo energético es una necesidad básica o solo un umbral mínimo? Aquí no se entra en este tipo de consideraciones, se rebaja el IVA energético de forma generalizada, de forma que quien más consumiese más se ahorraría con esta medida - en ese sentido es regresiva - y de forma que desincentivaría aún más el ahorro y la eficiencia energética en nuestro país. Creemos que hay alternativas mejores, programas sociales destinados más ajustadamente a quienes están en situación de pobreza energética sin necesidad de una medida de tan amplio espectro. Evidentemente esta medida tendría un coste recaudatorio importante que aquí no se cuantifica en absoluto, pero esa recaudación que se perdería sirve para mantener servicios sociales que el grupo proponente y otros consideramos esenciales en nuestro país. Además el IVA es un impuesto armonizado en el contexto de la Unión Europea y, aunque aquí se argumenta lo contrario, no tenemos tan claro que sea tan fácil de modificar esto porque hay una legislación europea bastante restrictiva, sobre todo en lo que se refiere al uso de tipos superreducidos. Las alternativas de mi grupo - las hemos defendido en otras ocasiones otros portavoces y yo - tienen que ver con una política energética que tenga en cuenta los costes de generación de la energía, tienen que ver con un aumento de la competencia en el sector eléctrico y también defendemos actuaciones fiscales. Lo defendimos en una reforma fiscal, pero por otra vía; hay un impuesto que también afecta a la electricidad, el impuesto especial sobre la electricidad, un impuesto puramente nacional que no está armonizado en el ámbito de la Unión Europea, por lo que ahí no habría ninguna dificultad para hacer alguna reducción. No obstante, lo que se nos está pidiendo aquí es la toma en consideración de esta proposición de ley. Creemos que hay que tomarla en consideración, la enmendaríamos en el sentido que estamos diciendo, afectando a otros impuestos o mediante otro tipo de programas sociales de lucha contra la pobreza energética. Nosotros querríamos reabrir el debate en general del IVA porque criticamos su subida tan drástica por este Gobierno, que había prometido una bajada de impuestos y que triplicó el IVA, no solo subió los tipos sino que cambió la clasificación de muchos productos. El IVA es un impuesto que grava el consumo únicamente y afecta más a las rentas bajas, que se consumen en su totalidad, y somos partidarios - como también defendimos en nuestra propuesta de reforma fiscal - de reducir selectivamente el IVA en productos culturales, educativos, material escolar. Defendemos que el IVA de productos sanitarios - que subió por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - revierta a la sanidad, es decir, que esos ingresos que genere la subida reviertan en la sanidad. Por tanto, esta proposición de ley nos da la oportunidad de reabrir en conjunto este debate del IVA y, en consecuencia, votaremos favorablemente su toma en consideración. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo parlamentario está de acuerdo en la toma en consideración de la iniciativa que hoy debatimos y, por tanto, adelanto que votaremos a favor de la misma. Los suministros básicos, como dice el título de la iniciativa, son servicios de carácter esencial para la ciudadanía que, en relación con el impuesto sobre el valor añadido, no gozan de un trato tributario acorde con dicho carácter, con el carácter de esencial. En el contexto de la Unión Europea no existe uniformidad en la aplicación de los tipos del IVA. La Sexta Directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros opten por aplicar un tipo reducido a estos suministros previa comunicación a la Comisión Europea, siempre que no resulte de ello ningún riesgo de distorsión de la competencia, y así es como en la actualidad diversos Estados aplican tipos impositivos de IVA mucho más reducidos que el vigente en España. Debo decirles también que, en relación con el gas natural y la electricidad, el artículo 102 de la Sexta Directiva permite la aplicación del tipo reducido, siempre que no exista, asimismo, riesgo de distorsión de la competencia. En el caso de España, el tipo impositivo para los productos energéticos es el máximo, el 21 %, siendo una parte importante del coste correspondiente a las facturas del consumo de energía tanto eléctrica como de gas. Adicionalmente, en el caso del consumo de energía eléctrica, para el cálculo de la base imponible del IVA se incluye la cantidad correspondiente al impuesto sobre la electricidad, lo cual supone una carga impositiva más elevada. Pero también debemos tener en cuenta otra normativa comunitaria en relación con esta materia. La Directiva 2009/72/CE, del Parlamento y del Consejo, dice que los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, para garantizar una protección adecuada de los clientes vulnerables. Lo mismo dice la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. A este respecto cada uno de los Estados miembros debería definir el concepto de cliente vulnerable, que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos que sean críticos, y deben garantizar además la aplicación de los derechos y obligaciones relacionados con los clientes vulnerables. La incorporación de ambas directivas debería haberse llevado a cabo, como máximo, el 3 de marzo de 2011 y, a pesar de ello, esta incorporación en España se ha producido hasta la fecha de forma muy parcial a través de la llamada regulación del bono social para el sector eléctrico, pero no se han tomado medidas análogas para el sector del gas ni se ha regulado la posibilidad de prohibir la desconexión de los clientes vulnerables durante los periodos críticos. Debe tenerse en cuenta que el 60 % de los países de la Unión Europea dispone de una normativa que impide cortar el suministro eléctrico a hogares en situación de vulnerabilidad, prohibición que en algunos supuestos es de carácter total y en otros supuestos está limitada a los meses de invierno. En el caso de España no es así, no se ha hecho una cosa ni se ha hecho la otra. La pobreza energética es un tema que preocupa a mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, y le preocupa mucho. Como bien saben, la Generalitat de Catalunya - antes se refería a ello la señora Jordà - aprobó la creación del Fondo de solidaridad energética para impedir la interrupción de los suministros energéticos, gas y electricidad, a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, un fondo dotado con fondos públicos y aportaciones de las empresas suministradoras. Parece que a la señora Ortiz no le gusta y coincide con el Gobierno del Partido Popular, que ha recurrido esta medida ante el Tribunal Constitucional que ha procedido a suspender temporalmente su aplicación. Cataluña ha tomado medidas; el Gobierno del Estado ni las adopta ni las deja adoptar, con las consecuencias sociales que tiene su decisión. La señora Ortiz parece que también coincidirá en esto. Y no únicamente esto. Ya en el año 2008 mi grupo parlamentario presentó una proposición de ley por la que se rebajaba el tipo impositivo del IVA a los suministros de electricidad y gas. Mi grupo ya defendió hace más de siete años, ante una situación de crisis que ya teníamos encima, la necesidad de paliar la pobreza energética que en muchos hogares en aquel momento, en el año 2008, ya era una realidad. Debo decirle, señora Ortiz, que compartiendo la toma en consideración de la proposición de ley, como ya le he avanzado que haremos, debemos hablar de coherencia. En la toma en consideración de esa proposición de ley de Convergència i Unió en el año 2008 el diputado que representaba a su formación, el señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, decía que la iniciativa que había presentado mi grupo parlamentario debía rechazarse porque lo que hacía era bajar de forma indiscriminada, independientemente de los recursos de la familia y de lo que se consuma. En ese caso hablábamos de IVA. Era así - debo decirle -, una proposición de ley que modificaba la ley del IVA para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas con carácter universal, como hoy aquí han defendido su grupo y usted. En el año 2008 el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds votó en contra de la iniciativa formulada por mi grupo parlamentario, efectivamente. Año 2008. Pero no tema, señora Ortiz, porque ustedes fueron incoherentes en relación con la posición que ahora toman, sin lugar a dudas, pero bienvenido sea el cambio de posición, no porque sea coincidente con el que mantenía ya desde el año 2008 mi grupo parlamentario, sino porque compartimos la misma preocupación, la pobreza energética, y formulamos propuestas para, por lo menos, paliarla, porque esto significa paliarla simplemente. Coherencia, señora Ortiz. Quiero recordar que en aquella ocasión, en el año 2008, el Grupo Parlamentario Socialista votaba en contra de la iniciativa formulada por Convergència i Unió - en aquellos momentos gobernaban - y el Grupo Parlamentario Popular votaba a favor de la toma en consideración. Parece que hoy el sentido del voto va a ser al contrario. Nos damos por satisfechos con que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural haya cambiado su parecer y ahora defienda la adopción de medidas para paliar la pobreza energética, como defiende ahora Convergència i Unió y ya defendía en el año 2008, y no por nada, sino porque es una medida necesaria y de justicia social. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. señor Picó. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
Gracias, señor presidente. Una vez más volvemos a hablar de pobreza energética en esta Cámara. En este caso debatimos una proposición de ley presentada por La Izquierda Plural para reformar el IVA en los productos y servicios básicos: electricidad, gas, agua y transporte. Señor Picó, los tiempos han cambiado, las situaciones no son las mismas en 2015 que en 2008. Han sido varias las propuestas que hemos debatido en esta legislatura en esta Cámara y todas han sido rechazadas por el Partido Popular. Nosotros no vamos a parar de recordarle al Gobierno que tiene la obligación de parar esta lacra, esta vergüenza social que desde hace años vivimos en nuestro país, y lo repetiremos hasta que cale en el Gobierno, hasta que le avergüence o hasta que pierda la mayoría absoluta que suele emplear contra las clases más desfavorecidas. La pobreza energética, que se define como la incapacidad de costear una cantidad mínima de energía para satisfacer las necesidades básicas de un hogar, es - hay que comprobarlo en la realidad - la imposibilidad que tienen muchos ciudadanos de mantener una temperatura razonable en su hogar y a la vez poder comer y cenar todos los días, o la imposibilidad de costear el agua caliente para la lucha - sí, sin sonrisas - y a la vez que los chicos puedan encender el flexo para hacer sus deberes. Todo está relacionado, señorías. Esto ocurre en el país que presume de ser el segundo país que más crece de la Unión Europea, y puede presumir, pero es una vergüenza que presuma cuando están pasando estas cosas. Es un país que presume de crecer el 1,4 % del PIB y los bancos de alimentos piden a los donantes alimentos que no haya que cocinar porque las personas que van a por ellos no pueden ni calentarlos. En un país que presume de crecer un 4 %, Cáritas paga la luz cada vez a más familias. Todo esto aparte de lo que hacen las familias sin que nadie se entere, porque hay mucha pobreza energética que no se ve. De acuerdo con la Asociación de Ciencias Ambientales - el Gobierno no hace encuestas ni estadísticas ni informes, quizá para no saber - la incapacidad de una cantidad mínima de servicios de energía para satisfacer las necesidades básicas de una familia afectaba en 2010 a casi un 10 % de los hogares, pero va in crescendo porque en 2013 llegaba casi al 17, el 16,7 %. La situación no mejora, sino todo lo contrario, porque las políticas del Gobierno del PP han conseguido que los ricos sean cada vez más ricos, eso es así, y los pobres cada vez más pobres, tal y como marca su ideología. Han conseguido que seamos el segundo país más desigual de la Unión Europea, detrás de Letonia; la brecha entre ricos y pobres - no es la primera vez que se dice aquí tampoco - se amplía cada vez más. Así que cuando el Gobierno presume de que vamos a crecer el 2 % o más del PIB en el año 2015 lo que está diciendo es que las empresas del Ibex, los bancos, las eléctricas, los más ricos, van a tener más, pero los que menos tienen seguirán sin poder encender la calefacción porque nada hace el Gobierno para que mejore su situación. Espero no tener que oír aquí otra vez hablando de pobreza energética que el Gobierno crea empleo, que es la mejor forma de luchar contra la pobreza energética - que ya lo he oído -, porque no es cierto, ni ha bajado la tasa de desempleo desde que llegó al Gobierno, que recuerdo que cuando llegó al Gobierno era del 21,8 % y estamos ahora, para alegría del Gobierno, en el 23,7 %, ni con los sueldos que se cobran ahora con los nuevos empleos se puede encender la calefacción. Esta es la realidad. Señorías, la pobreza energética es el nuevo drama social después de los desahucios, ambos afectan a una escala de la sociedad que importa poco al Partido Popular, parece ser, por ello ni ha buscado soluciones serias a los desahucios ni las está buscando para solucionar el tema de la pobreza energética. Muy al contrario, el Gobierno ha alimentado en estos años que lleva gobernando las causas por las que se produce la pobreza energética, a saber: la primera causa es una renta baja. Las actuaciones del Gobierno han favorecido que un mayor número de familias tengan una renta baja. La reforma laboral no ha hecho más que destruir empleo, aunque se empeñen en decir lo contrario, y devaluar los salarios. Tener trabajo ya no es garantía de no estar en situación de pobreza. Por otra parte, el Gobierno ha disminuido las prestaciones por desempleo en importe recibido y en porcentaje de perceptores. Con todo ello ha garantizado que cada vez más familias estén por debajo del umbral de la pobreza. La segunda de las causas es el incremento continuado de los precios de la energía. La subida de la luz es una subida que solo niega el ministro Soria. A base de repetir que la luz ha bajado piensa que a lo mejor logra que veamos la factura más baja, pero la realidad es tozuda, incluso el INE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y sobre todo los consumidores, por más complicada que pongan la factura, lo que vemos al final es que pagamos cada vez más por el consumo de la luz. La tercera causa es la mala calidad de la edificación porque el calor se escapa por las ventanas, se escapa por las rendijas. ¿Quiénes sufren esto, quiénes viven en las construcciones más deficientes? Yo les pediría a algunos que hagan la prueba, solo un día, dos días, para que la casa coja la temperatura ambiente, que no enciendan calefacción y que enciendan muy pocas luces y verán lo insoportable que es. Yo lo he hecho, porque me lo ha exigido mi hija. La proposición de ley que presenta la Izquierda Plural plantea un artículo único tendente a modificar la Ley 37/1992, del impuesto del valor añadido, para aplicar a la electricidad, al gas natural y a los gases licuados de uso doméstico el 10 % de IVA y al agua y al transporte de viajeros el 4 %. Ocurre así en algunos países, como ha explicado la señora Ortiz. Inglaterra, por ejemplo, aplica el 5 % a la electricidad. En cualquier caso, desde mi grupo consideramos que bajar el IVA a este servicio no soluciona el tema de la pobreza energética porque una familia que ingresa 650 euros al mes, que puede ser un salario mínimo, si tiene que pagar 100 euros de luz con el 21 % tampoco puede pagar 91 con el 10 %, porque tiene que dedicar más del 10 % de su salario a pagar energía. Pero a pesar de que la parte propositiva de esta iniciativa solo afecta a la modificación del IVA, sí es verdad que la exposición de motivos, la explicación de la señora Ortiz y otras iniciativas que ha presentado la Izquierda Plural explicitan que luchar contra la pobreza energética requiere más actuaciones; actuaciones que también ha propuesto el Grupo Socialista recientemente, actuaciones que ha propuesto, por ejemplo, en la proposición de ley debatida el pasado mes de octubre, que rechazó, como todas, el Partido Popular, y la proposición no de ley que hemos presentado en el mes de febrero. Por estas razones votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley porque en el transcurso de la tramitación, si es el que el Partido Popular no lo impide, que lo dudo, podremos abordar este tema desde una perspectiva integral. Porque como ya he dicho, y también reconoce el grupo proponente, solo la reducción del IVA no resuelve el grave problema de la pobreza energética que se sufre en nuestro país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Vázquez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.
Gracias, señor presidente. Señorías, Quiero comenzar mi intervención diciendo que el objetivo esencial de la política del Partido Popular es impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto significa luchar contra la pobreza, pero contra la pobreza de todo tipo. Evidentemente, aquellas familias que tienen escasez de recursos tienen dificultades para pagar sus facturas energéticas, pero tienen dificultades para pagar todas sus facturas. Nosotros pretendemos luchar, y lo hacemos, contra la pobreza en todas sus manifestaciones, al contrario de lo que hizo el Gobierno socialista que creó una manifiesta pobreza en España durante el periodo 2008-2011, cuando destruyó más de 3 millones de puestos de trabajo, porque la pobreza sí está muy relacionada con la pérdida del puesto de trabajo. Por tanto, en este objetivo esencial del Partido Popular de luchar contra la pobreza la política tributaria tiene un papel esencial. ¿Y cuál es nuestra política tributaria? Bajar los impuestos cada vez que el nivel de recaudación nos lo permita, que esté garantizada la financiación de los servicios sociales esenciales y hacerlo con equidad. Por tanto, que no se nos den lecciones de sensibilidad social porque nosotros sabemos que el hundimiento de los ingresos públicos es la peor amenaza del Estado de bienestar. Y eso es lo que ocurrió en España en el período del Gobierno anterior, que no había ingresos públicos para pagar el Estado del bienestar. [[Aplausos]] La insuficiencia recaudatoria, es decir, la falta de ingresos públicos, es una auténtica maquinaria de destruir la cohesión social porque afecta más a los que tienen menos recursos, que son los que más necesitan del gasto social. Por tanto, nuestra política tributaria es garantizar la suficiencia recaudatoria, bajar los impuestos cuando el nivel de recaudación lo permita y hacerlo con equidad. Eso es lo que hemos hecho con la reforma tributaria: bajarles los impuestos a los que tienen menos recursos. El tipo mínimo de 2011, 24 % en el IRPF, pasa en 2016 al 19 %; se ha dado el tratamiento más favorable que nunca han tenido las familias en el IRPF; se bajan las cargas tributarias a pymes y autónomos y se aumenta la imposición a los grandes contribuyentes, que también en la etapa del Gobierno anterior cayó de manera estrepitosa. A pesar de coincidir en el fondo con la propuesta, es decir, queremos luchar contra la pobreza y queremos bajar los impuestos, no podemos estar de acuerdo en hacerlo con el IVA. ¿Por qué? La primera razón, de técnica tributaria, es que el IVA no es un instrumento adecuado para bajar precios; el IVA es un impuesto neutral. Además, una de las razones que aconsejaron imponer en España el impuesto sobre el valor añadido fue la lucha contra el fraude fiscal. Se pretende dar transparencia a toda la cadena de valor, desde el productor y la distribución hasta el consumidor final, de manera tal que quien quiera deducir el IVA tenga que aportar las facturas. Si no concebimos estos dos elementos esenciales del IVA, es decir, que sea neutral y su imprescindible finalidad de lucha contra el fraude, entonces, señores de La Izquierda Plural, estaríamos en otro escenario. Propongan un impuesto final sobre el consumo como tienen en países tan diferentes a la ideología que en principio creo presuponer que ustedes tienen como Estados Unidos y Japón. En segundo lugar, tampoco es adecuado hacer una política energética a través del IVA, bajar los precios, por la falta de equidad. Esto se ha dicho aquí y casi todas las personas que me han precedido en sus intervenciones lo han comentado. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto de naturaleza real y es un impuesto objetivo, por tanto, no tiene en cuenta las características subjetivas ni personales. Si no tenemos en cuenta la capacidad económica y los niveles de consumo, ¿qué tipo de política es la que usted propone con una bajada generalizada?, ¿bajar lo mismo al que tiene un chalet que al que tiene un pequeño piso, al que tiene un apartamento o al que tiene diez inmuebles? Seguramente, si nosotros aceptáramos esta propuesta sin reflexionarla, habría quien nos diría que nosotros, bajando la facturación del IVA a la energía y al agua, estamos ayudando a llenar la piscina de los ricos. Y no nos gustaría que nos dijeran esto, no nos parece adecuada esta crítica. En tercer lugar, ustedes tampoco concretan cuál es el coste recaudatorio de la propuesta que formulan. El IVA es un impuesto esencial, en el presupuesto español y en el presupuesto comunitario. En el presupuesto comunitario la totalidad de la imposición sobre el consumo - IVA más impuestos especiales - supone en España una media del 10 %, 10,7, mientras que la media de los países europeos es del 13,7, luego tenemos una brecha en España, tenemos como media menor imposición al consumo que el resto de los países europeos. En el IVA esta brecha aún es mayor. Nosotros tenemos una tributación del 5,5 y los países europeos del 7,1. En particular, estamos en el último lugar de todos los países europeos en lo que se refiere a imposición en materia de IVA y el segundo en imposición sobre el consumo en total. El IVA representa más del 30 % del presupuesto de la recaudación de ingresos en España. Además, su propuesta tampoco tiene en cuenta el impacto medioambiental; hay que observar que trae medidas favorecedoras del consumo, un incentivo al consumo de la energía, del transporte. Esto tiene un impacto medioambiental. Parece que esta propuesta entraría en contradicción con otras propuestas de corte medioambiental que su mismo grupo ha presentado en esta Cámara. Por tanto, no basta una somera referencia a cuál es el tipo de IVA sobre la electricidad en un país, cuál es el tipo sobre el agua en otro, porque, ¿cuál es la realidad? La realidad es que cada país, dentro de la banda que permite la normativa comunitaria, adapta los tipos reducidos y superreducidos a aquellos consumos que quiere proteger. ¿Qué es lo que ha hecho España? El tipo superreducido se aplica al pan, a los cereales, a las verduras, a las hortalizas, a los medicamentos, a los vehículos de discapacitados, de disminuidos físicos en cuanto a desplazamientos, viviendas de protección oficial. Esto es lo que ha hecho España. Si ustedes quieren alterar, modificar y usar el tipo superreducido para otros productos, comenten cómo lo hacemos. Pero lo que sí le hago es una propuesta: busquen un solo país en Europa en el que el tipo medio del carrito de la compra de productos básicos sea más bajo que en España. No existe en el ámbito europeo ningún país con un tipo medio sobre productos básicos más bajo que España. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a las propuestas, queremos reducir la pobreza, queremos bajar los impuestos, pero hacerlo con equidad. Por supuesto traer una propuesta para bajar el IVA, un impuesto que afecta al 30 % de los ingresos públicos sin un mínimo de análisis sobre cuál sería el efecto recaudatorio, nos parece un poco superficial. Por tanto nosotros pretendemos luchar contra la pobreza, pretendemos bajar los impuestos, hacerlo con equidad, pero la propuesta que usted nos hace no ataca al fondo del problema. Nosotros sí lo hemos hecho, hemos ido a la raíz del problema. ¿Por qué existe un precio alto de la energía? Existe el precio alto de la energía, y lo hemos conocido en esta Cámara, porque en el precio de la energía hay unos costes, los denominados peajes, que representan el 60 %. Es decir, usted pretende reducir el IVA, que es un porcentaje muy pequeño, y no dice nada de esos peajes que representan el 60 % del coste de la energía. Incluso la semana pasada trajeron una propuesta en la cual pretendían subir más estos peajes, concretamente por lo que respecta a la interrumpibilidad. Ustedes pretendían dar más ayudas en estos supuestos en la producción de energía. Nosotros le hemos dado transparencia a la factura eléctrica, hemos detenido la inercia de subida que venía todos los años con un 7 %, y hemos logrado frenar la subida del precio de la energía, incluso bajarlo en el periodo de dos años, un 8 % de media por supuesto, y hemos devuelto por primera vez 400 millones. En cuanto al gas también hemos estabilizado los precios y además hemos puesto un precio máximo a la bombona de butano. ¿Habrá algo con un carácter más social que la bombona de butano? El agua es una competencia municipal, pero también hemos hecho una política hidráulica que se lleva más del 40 % del presupuesto de medio ambiente. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, en Canarias del metro cúbico de agua, de los mil litros? Señorías, 1,76 euros, menos de la mitad de lo que se paga en Londres o en París, y menos de un tercio de lo que se paga en otras ciudades europeas como Bruselas y Berlín. Además también tenemos un bono social, como no puede ser de otra manera, para proteger a aquellas familias que están en una situación especial de vulnerabilidad económica. En definitiva, que estamos de acuerdo en la finalidad última, en las apariencias de la propuesta que usted ha manejado, es decir, en bajar impuestos, sí, pero lo tenemos que hacer con equidad, no a través del IVA, porque el IVA no tiene en cuenta la capacidad económica, y en segundo lugar, proteger por supuesto a los colectivos vulnerables, pero hacerlo con reformas estructurales que vayan al fondo del problema, como la reforma energética, como la reforma gasística, y como las reformas que está instaurando el Gobierno de España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Asián. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS ÓRGANOS. [[Número de expediente 122/000172]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Tiene la palabra para defender la iniciativa don Germán Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. De 2006 a 2012 tuvimos en Televisión Española la libertad de la BBC. En ese momento convergíamos con la BBC y ahora con Telemadrid. No son palabras mías, sino del vicepresidente del actual consejo de informativos sobre cómo era Televisión Española hace tres años, y lo que ha ocurrido desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Son palabras que explican de forma gráfica cómo hemos pasado de una Radiotelevisión pública plural, independiente y reconocida, a una corporación al servicio de un partido, con una credibilidad hundida y a la que los ciudadanos han dado la espalda de forma masiva. Esta involución sin duda tiene un punto de inflexión y un punto de origen clarísimo: la supresión del modelo de consenso para la elección de los consejeros y el presidente de Radiotelevisión Española por parte del Partido Popular. Es una modificación que incluso nos ha llevado varias décadas atrás, porque ya antes de 2006 los consejeros de Radiotelevisión Española no se podían elegir con mayoría absoluta. En cualquier caso es evidente que el Partido Popular acabó en 2012 con el modelo que implantó la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobada en 2006, una reforma histórica acordada con amplia mayoría parlamentaria, y que permitió un cambio enorme en Radiotelevisión Española: sentó las bases y potenció un modelo de servicio público profesional para la radio y la televisión públicas; modernizó su estructura de gestión, adaptándola a las nuevas necesidades, e introdujo mecanismos para garantizar la independencia de la televisión pública y para que los ciudadanos recibieran una información veraz e imparcial, como corresponde en una sociedad plural y democrática. Para ello se puso fin a la designación gubernamental del presidente de la corporación, que pasó a ser elegido por esta Cámara por mayoría de dos tercios. Y no solo eso, sino que para reforzar la pluralidad y la objetividad se pusieron en marcha dos organismos nuevos, el consejo asesor y los consejos de informativos. Hoy, señorías, lo que planteamos con esta proposición de ley es recuperar ni más ni menos aquel modelo que implantamos en 2006, volver al modelo de consenso sin renunciar a ninguna mejora para poner fin a la televisión del Partido Popular que ha impuesto con su mayoría absoluta. Señorías, ese era el único objetivo del decreto que ustedes aprobaron en 2012. Lo sabíamos entonces y los hechos tres años después nos dan la razón y nos lo demuestran sobradamente. Sabíamos entonces que era así porque era evidente que ninguna de las razones que dio el ministro Soria en esta tribuna era cierta, y solo hace falta repasar el «Diario de Sesiones». Nos decía el ministro que había que aprobarlo por decreto porque había que desbloquear la situación de Radiotelevisión Española, cuando lo cierto es que era el PP el que llevaba dos años bloqueando la elección de los nuevos consejeros y del presidente. También dijo el ministro Soria que la situación en Radiotelevisión Española era insostenible, cuando era líder en audiencia, tenía las cuentas saneadas, y era reconocida y premiada. No sé lo que diría hoy si se tuviera que subir a esta tribuna. También el ministro Soria nos vino a vender que dejando Radiotelevisión Española en manos de la mayoría absoluta del PP ustedes iban a mejorar la calidad y la eficiencia; en fin, mil maravillas. Eso es lo que nos vendió, pero todos tenemos en la mente cómo dejó el Partido Popular Radiotelevisión Española en 2004, con 7.500 millones de deudas. Y, por supuesto, el Gobierno nos dijo también que la reforma era urgente y que no había tiempo para buscar el consenso, cuando todos sabemos que era falso. La única urgencia que había en aquel momento era la del Gobierno del Partido Popular para volver a controlar Radiotelevisión Española. Necesitaban poner en marcha toda su maquinaria propagandística ante lo que nos tenían preparado: el mayor recorte de derechos y libertades que hemos conocido en democracia. La realidad no solo es que el cambio de modelo se ha llevado por delante la independencia, sino que ha sido estrepitoso el resultado en términos de gestión. En menos de tres años los gestores que ustedes han puesto a dedo en Radiotelevisión Española han dilapidado la herencia que recibieron, han acabado con su credibilidad y con la calidad de la programación, han hundido la audiencia y la han devuelto a los números rojos. Para verlo solo hay que hacer un breve recorrido por los hechos e ir a los datos. A pesar de que ustedes dijeron en aquel momento que el cambio de modelo no implicaba renunciar al consenso, como era de esperar, el decreto se aprobó en mayo y en junio aprobaron con su mayoría absoluta el nombre del nuevo presidente, el señor González-Echenique, que trajo de su mano al señor Somoano para hacerse cargo de los informativos. Llegó el nuevo equipo y empezaron a suscitarse las quejas, las dudas y las críticas por manipulación, que partían de los propios profesionales de la casa. El Grupo Parlamentario Popular dice que no ponemos ejemplos concretos, pero solo hay que revisar el «Diario de Sesiones» de la Comisión: los silencios clamorosos sobre el caso Bárcenas, la ocultación de las protestas por los recortes en sanidad y educación, los negocios del señor Cañete o el menosprecio sistemático del papel de la oposición. Todo eso ha venido ocurriendo y se ha venido denunciando. Pero si no quieren que interpretemos, vayamos a lo objetivo, a los datos. Vayamos a las audiencias de informativos para ver cómo valoran los ciudadanos la credibilidad de los informativos. A finales de 2012, cuando hacía pocos meses que habían cambiado el sistema de elección y habían llegado los nuevos responsables, los informativos de Televisión Española ya habían perdido el liderazgo que tenían, y estaban ya en la tercera posición; ni siquiera pudieron salvar esos malos datos sumando las audiencias de La 1 y del Canal 24 Horas. Esa es la realidad. Lo cierto es que no solo se trata del control de la información, es que su gestión ha sido nefasta, porque ustedes tenían al mismo tiempo un plan para la descapitalización de la radiotelevisión pública. Recordaré que se estrenaron con un recorte de 200 millones a finales de 2011, pero es que desde entonces en todos los ejercicios ustedes han aplicado un recorte de 250 millones de euros anuales, el 50 % de la aportación por servicio público a la televisión y la radio públicas. Y claro que estamos en un momento difícil, señores del PP, claro que sí, pero la pregunta es: ¿por qué el recorte en la Administración General del Estado y en las empresas públicas del Estado ha sido del 21 %, y en la radio y en la televisión públicas ha sido de más del doble? La razón es sencilla: porque ustedes no creen en el servicio público de radiotelevisión, no creen en el modelo que puso en marcha la ley del año 2006. Pues bien, con ese brutal recorte durante todo este tiempo se ha limitado la capacidad de Radiotelevisión Española de competir con el resto de cadenas, y el resultado está a la vista - volvamos a los datos -: han batido todos los niveles, todos los índices de la peor audiencia que se ha producido en toda la historia en Televisión Española. Cogieron Televisión Española con una audiencia acumulada en 2011 del 14,5 %, en 2012 ya fue del 12,2 %, en 2013 del 10,2 %, y en 2014 ha sido del 10 % pelado; saquen ustedes sus propias conclusiones. Esos mismos recortes han obligado a la Corporación de Radiotelevisión Española a incurrir sistemáticamente en un déficit anual de más de 100 millones de euros, un déficit provocado por ese recorte y por la mala gestión, no por el modelo de financiación. [[La señora]] En definitiva el balance del señor Echenique en Radiotelevisión Española se puede resumir en seis palabras: menos credibilidad, menos audiencia, más deuda. Pero lo peor es que sabemos que el señor Echenique no salió por esos motivos, salió porque el Partido Popular quería más control. De nada le sirvió que 1.500 profesionales de los informativos firmaran un manifiesto, con nombres y apellidos, denunciando la censura y la manipulación al poco tiempo de que el señor Echenique abandonara la presidencia. Ustedes siguieron con su plan y volvieron a imponer, con su mayoría absoluta y por segunda vez, al nuevo presidente, el señor José Antonio Sánchez. Esta vez sí apostaron directamente y sin disimulos por importar el modelo de Telemadrid, de Canal Nou, de la televisión de Castilla-La Mancha, de la señora De Cospedal; ese es el modelo que ustedes querían para Televisión Española. ¿Qué ha traído el señor Sánchez? Lo que no ha traído es ese crédito extraordinario del que nos viene hablando desde hace meses que solicitó a Hacienda, porque de hecho ni el Ministerio de Hacienda le ha respondido. Lo que ha traído el señor Sánchez es lo que le pidió el PP: más madera, más control. Así en tres meses hemos visto cómo se cesaba a la mayoría de los jefes de área y subjefes de los informativos, cómo se promocionaba a periodistas que habían dimitido por hacer listas negras de las personas de Radiotelevisión Española que no eran afines al PP, hemos visto cómo se despedía a colaboradores simplemente por solidarizarse con los trabajadores, cómo se han aplicado despidos disciplinarios a periodistas, y cómo han ido desplazando a los redactores que no están cómodos y que no cumplen con sus directrices. De verdad hemos observado con absoluta perplejidad una decisión absolutamente irracional, como apartar a una profesional de reconocido prestigio, como Asunción Gómez Bueno, de la presidencia del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión. [[Rumores]] Sí, señor Moreno, eso es lo que han hecho, y la única explicación que ha dado Televisión Española es que era una persona poco afín a la dirección. ¡Pues menudo criterio de profesionalidad! [[Rumores]] No es de extrañar que las televisiones europeas se hayan echado las manos a la cabeza, y le hayan escrito una carta al presidente. Por tanto, como ven, todo muy profesional, todo muy independiente. Para rematar la faena el último episodio: la contratación a dedo de 11 periodistas para los informativos de Televisión Española sin tener en cuenta el banco de datos, sin tener en cuenta al comité de empresa; periodistas que curiosamente provienen en su mayoría claramente de medios con posiciones de derechas. No se equivoquen, porque nosotros no clasificamos a los periodistas en función del medio en el que hayan trabajado, las listas negras son para ustedes; el problema es que cuesta creer o nadie cree que entre los miles de profesionales de Radiotelevisión Española, entre las miles de personas del banco de datos hayan sido incapaces de encontrar a gente capacitada para esas funciones, o que no provinieran de esos medios claramente conservadores, ni uno solo; eso es lo que no se entiende. Y lo que no es de recibo, como viene denunciando el consejo de informativos, con el que acabamos de mantener una reunión, y con el que el resto de grupos de la Cámara va a mantener reuniones, es que se esté usando a esos profesionales para construir una redacción paralela al servicio de los intereses del Partido Popular. Señorías, todo esto es lo que ha acarreado el cambio del modelo de elección que ustedes hicieron por decreto, y lo que han hecho los gestores que ha impulsado y que ha propuesto, con su mayoría, el Grupo Popular. Como les decía todo esto demuestra que el cambio de modelo de 2006 respondía a una única razón, más bien a un problema, y es que el PP no sabe gobernar sin poner los medios públicos a su disposición, a su servicio. Por eso, señorías, hoy pedimos el apoyo de la mayoría de los grupos de la Cámara - sabemos que el PP no lo va a apoyar con toda probabilidad - para volver a la situación que instauró la ley de 2006, como punto de partida, no decimos que sea el idílico ni el perfecto, sino que estamos abiertos a todas las propuestas de mejora, pero partiendo de aquel modelo. Para eso les pedimos que apoyen la vuelta al modelo de mayoría reforzada para la elección de los miembros del consejo de administración y del presidente de Radiotelevisión Española, que el consejo vuelva a estar constituido por 12 miembros, incluidos 2 representantes de los trabajadores, porque ustedes directamente han cortado toda la interlocución con ellos, y no se equivoquen, no vengan otra vez con la demagogia de las retribuciones. Podemos hablar y hablaremos de las retribuciones, porque probablemente el modelo que hubo y que se fijó en 2006, a la luz de cómo está la situación ahora, no es el idóneo, no es el que tenemos que tener, pero hablémoslo para adaptarlo. Finalmente pedimos que se proceda a elegir a un nuevo consejo y a un nuevo presidente con esta mayoría reforzada de dos tercios. En este sentido insisto en que es una propuesta abierta al diálogo con el resto de grupos, abierta al debate sobre otras fórmulas que refuercen y que garanticen mejor la independencia de los representantes en la corporación, porque en eso el Grupo Socialista siempre va a estar dispuesto al diálogo y al acuerdo. Voy terminando. Desgraciadamente sabemos que el Partido Popular ni ha estado ni va a estar hoy por la labor de volver a aquel modelo de consenso que permitió a Radiotelevisión Española alcanzar los mayores niveles de independencia, de calidad, y de reconocimiento que ha tenido en toda la etapa democrática. Hoy volverán a obsequiarnos los oídos diciendo que es ahora cuando hay objetividad, que es ahora cuando hay pluralismo, y que el Gobierno está completamente comprometido con el pluralismo en los medios públicos, como dijo la vicepresidenta el pasado viernes sin sonrojarse. Tengo que decirles que cuando oí esas declaraciones lo primero que me vino a la cabeza fue la última novela de Javier Cercas, El impostor, donde el autor dice que las buenas mentiras, las que realmente consiguen el objetivo y se mantienen en el tiempo, son aquellas que se tienen que construir al menos con medias verdades. Lo primero que pensé es que ese no es el caso del PP, porque decir a estas alturas que el Gobierno está comprometido con la pluralidad y el pluralismo en los medios públicos y en Radiotelevisión Española es que no llega ni a media verdad. Quizá a ustedes les consuele ir repitiendo eslóganes, pero créanme que han perdido desde hace tiempo la capacidad de engañar a nadie. Como les decía, somos conscientes de que pedir al PP que apoye esta iniciativa va a ser poco productivo, pero al menos les voy a pedir hoy una cosa, y es que respeten a los profesionales de la radio y la televisión públicas y a sus órganos de representación; que los respeten y respeten el derecho que tienen a defender su trabajo y el servicio público, el derecho que tienen a defender el rigor y la imparcialidad en los informativos, y el derecho que tienen a denunciar los recortes y cómo ustedes están descapitalizando la radiotelevisión pública. Mucho me temo, señores del PP, que el problema esté en lo siguiente, y es que no acaban de entender una cosa, que pueden imponer la manipulación en Radiotelevisión Española, pero no pueden hacer que vuelvan los tiempos del señor Urdaci, porque los profesionales de la televisión pública y de la radio pública actualmente saben lo que es trabajar con independencia, sin presiones políticas y al servicio de los ciudadanos, porque hubo una ley y un Gobierno, el anterior, que lo permitieron, que lo hicieron posible. Y saben esos profesionales que Televisión Española y Radio Nacional pueden competir con el resto de cadenas de televisión y el resto de radios, porque lo hicieron y lo han hecho hasta que ustedes llegaron al Gobierno. Todo eso también lo saben los ciudadanos, y los únicos que al parecer no quieren enterarse o no se han enterado aún son ustedes, señores del PP. Por eso - y voy acabando, señor presidente - ni los trabajadores, ni los grupos de esta Cámara, ni los ciudadanos vamos a estar de brazos cruzados mientras ustedes siguen empeñados en poner a Televisión Española y a Radio Nacional al servicio de los intereses del Partido Popular. Y por eso, más pronto que tarde, aunque hoy rechacen esta iniciativa, volveremos a tener un modelo de consenso para elegir a los representantes de la Corporación de Radiotelevisión Española…
Señor Rodríguez, tiene que finalizar.
… que tenga en cuenta la pluralidad de la Cámara. Sin duda tendremos esa pluralidad, señores del PP, y lo volveremos a ver dentro de muy poco tiempo, el poco que les queda a ustedes en el Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rodríguez. Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. Construir el prestigio de un medio cuesta mucho esfuerzo, años de trabajo, de independencia, de creer que un servicio público es de todos los ciudadanos, de los que te votan y de los que no lo hacen. Destruir ese prestigio cuesta muy poco, y es lo que han hecho ustedes en tres años; lo que hicieron en Canal Nou o lo que han hecho en Telemadrid, porque ustedes no creen en los servicios públicos. Ustedes no creen en los ciudadanos. Ustedes no creen en la independencia de los medios públicos. Ustedes creen que Radiotelevisión Española es su cortijo; el cortijo del PP. Y en su cortijo hacen lo que les da la gana. ¿Que no puedo elegir a los que a mí me dé la gana? Pues cambio la ley. Ni tic-tac ni plis-plas; directamente catacroc, catacroc; decreto-ley un viernes y rodillo de mayoría absoluta el jueves siguiente, y ya tengo un director amiguito; amiguito del alma; de eso se trata. El hecho de que mediante la conquista de la mayoría absoluta se pueda modificar una ley que rige la televisión y radio públicas, con el fin de lograr utilizarlas para fines espurios, evidencia las debilidades de este modelo de Estado y la necesidad de establecer los mecanismos de protección más efectivos de nuestra democracia. Son muchos los trabajadores profesionales que están denunciando día a día la burda manipulación que ejerce este Gobierno sobre los contenidos de la televisión y de la radio públicas. Y son esos mismos profesionales los que demandan ayuda para poner fin a la herida de muerte en la credibilidad de esa casa, que es la casa de todos, porque todos la financiamos con dinero de todos y de todas. La audiencia de los informativos se hunde. La gente abandona una cadena que les quiere manipular, engañar. Sé lo que digo; vengo de una tierra donde la manipulación llegó a límites insospechados. En el País Valenciano hubo listas de palabras prohibidas; hubo un control férreo de cada noticia dirigido por corruptos; hubo episodios lamentables de abusos sexuales; hubo una televisión donde la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro nunca, nunca, nunca fue invitada a hablar; una televisión que cerraron cuando apenas nadie la veía. Debemos contar con mecanismos que protejan a los ciudadanos de gobiernos que, bajo el paraguas de las mayorías absolutas, desmontan los espacios públicos de debate, reflexión e información. Acabo. Por ello, si bien la proposición de ley que debatimos es un comienzo, y por ello la vamos a aprobar, el debate a abordar es mucho mayor; está a la altura del gran problema al que nos debemos enfrentar aquellos que verdaderamente creemos en una palabra, para mí muy importante, aquellos que creemos en la democracia. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Baldoví. Señor Bosch.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, nosotros votaremos a favor de esta proposición de ley, que busca la pluralidad de Radiotelevisión Española, porque ahora no lo es, no es plural, y lo demuestran muchas cosas. Lo demuestran los índices de audiencia, que se han desplomado. A la gente no le interesa una televisión tan sesgada. Lo demuestra el desencanto de los trabajadores, que son buenos profesionales y que están denunciando constantemente la parcialidad y las limitaciones impuestas dentro de la casa. Lo demuestran también casos como la expulsión de Cristina Puig como moderadora de El Debat, y otros casos que mis compañeros anteriormente también han citado y comentado. Igualmente por experiencia propia - permítanme la inmodestia -, porque me he encontrado en debates en los que está un servidor contra siete u ocho, incluyendo al moderador que también pasa al ataque. En ese sentido hay un estudio que se ha realizado recientemente que es muy claro referido a la cobertura de los medios de Radiotelevisión Española sobre el voto del 9-N. [[El señor Bosch i Pascual muestra un gráfico]] Tertulianos a favor: cero; tertulianos en contra: todos. Por eso ustedes se quejan de los medios de comunicación públicos en Cataluña, pero la proporción en el mismo caso sobre la consulta del 9 de noviembre a favor y en contra es bastante más equilibrada. [[El señor Bosch i Pascual muestra otro gráfico]] Pero además cuando los tertulianos se pronuncian en contra del 9-N - alto al pequeño detalle - se están pronunciando en contra de votar, de una votación. El cien por cien de tertulianos en Radiotelevisión Española está en contra de la democracia. ¿No les parece grave? ¿No les parece preocupante? A mí sí que me lo parece, me lo parece y mucho. Por tanto han convertido una televisión pública en un medio impúdico. Más que una televisión esto parece el NO-DO, lo único que les falta es volver atrás, al tiempo del blanco y negro. Cualquier día nos encontraremos encendiendo la televisión y viendo que se emite de nuevo en blanco y negro. Muchas gracias.
Gracias, señor Bosch. Por el mismo grupo, señor Larreina.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos ante un debate importante, porque el papel que juegan los medios públicos de comunicación a la hora de garantizar la pluralidad es uno de los indicadores fundamentales para fijar la calidad de una democracia. Yo tengo que decir con total claridad que la calidad de la democracia en el Estado español es muy baja, porque los medios de comunicación públicos no están garantizando ni la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación de todas las fuerzas políticas, ni están garantizando la pluralidad y están tratando como menores de edad al conjunto de la ciudadanía, porque no le dejan oír todo lo que tiene que oír; no le dejan oír todas las voces, solo las que ustedes consideran que son las que tiene que oír porque son menores de edad, y creo que ese es un asunto muy grave. Les voy a poner un ejemplo de lo que le pasa a mi grupo político, que creo que es muy significativo. Amaiur, que es la primera fuerza política de representación en el conjunto de Euskal Herria en esta Cámara, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, y que es la quinta fuerza política en esta Cámara en número de escaños, está desaparecida en los medios de comunicación públicos en Televisión Española, totalmente desaparecida. No lo digo yo, lo dicen los datos que nos han enviado el Gobierno y Televisión Española contestando a nuestras preguntas. Les voy a dar datos significativos. En la primera parte de la legislatura en El debate de La 1, de treinta y un invitados: cero de Amaiur; en La noche en 24 Horas, de ciento veintiuno: cero de Amaiur; en Los desayunos de Televisión Española, de más de trescientos cincuenta invitados - que son el número de miembros de esta Cámara -, por lo menos tendrían que haberle correspondido siete a Amaiur: cero. Eso en la primera parte de esta legislatura. En la segunda parte, a pesar de nuestras protestas ante el consejo de administración por escrito, la respuesta ha sido nula. Esto acabará en los tribunales con condenas de prevaricación para los miembros del consejo de administración por no cumplir con su misión, porque de ochenta y nueve invitados en la segunda parte de la legislatura, también cero de Amaiur. Esto demuestra claramente que ustedes, que tanto se llenan la boca con el tema de la defensa del Estado de derecho, de su Constitución, están incumpliendo continuamente esa Constitución de la que tanto hablan, de su Constitución, con esta exclusión y trato claramente discriminatorio en todos los programas de Televisión Española. Están ustedes haciendo una flagrante vulneración de los derechos y deberes fundamentales recogidos en artículo 20 de su Constitución. El artículo 20.3 dice claramente: Se garantizará a los grupos sociales y políticos significativos el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. Y están también haciendo un flagrante incumplimiento tanto de los artículos 2 y 3 de la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal como de lo señalado en los artículos 16 y 20, que se refieren al consejo de administración. Por eso lo decimos con total claridad, ustedes están haciendo un flaco favor a la democracia, ustedes están despreciando al conjunto de la ciudadanía del Estado español, que tiene derecho - por ejemplo en el caso de Euskal Herria - a conocer de forma directa, y luego ellos ya juzgarán si están de acuerdo o no, lo que opina una fuerza que es mayoritaria en Euskal Herria. Ustedes - y con esto acabo, señora presidenta - están impidiendo precisamente que se pueda avanzar en el camino de la normalización política, de la reconciliación, y eso nos parece muy grave. Por eso, decimos con total claridad que vamos a votar a favor de esta iniciativa, aunque no estamos de acuerdo con el texto concreto, entre otras cosas porque creo que no aborda el problema de fondo, que es la cultura democrática, y porque al final da la impresión de que es un quítese usted para que me ponga yo.
Señor Larreina.
Acabo, señora presidenta. Creo que lo fundamental es garantizar, por ejemplo, que todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados estén presentes por ley en el consejo de administración. Eso garantizaría la pluralidad y avanzar en la calidad democrática del Estado. Muchas gracias.
Gracias, señor Larreina. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Agirretxea.
Gracias, señora presidenta. Oídas las intervenciones de los que me han precedido, creo que el Partido Popular más o menos debería saber por dónde van las críticas, y que coincidamos todos los que estamos aquí en las mismas debería darle qué pensar. El Grupo Socialista nos presenta hoy una proposición de ley sobre modificación de la Ley 17/2006, que de alguna manera lo que nos dice es que volvamos a la ley, que deroguemos el Real Decreto 15/2012. Mi grupo está de acuerdo en derogar ese real decreto-ley y también en parte en volver a los mismos términos de la Ley 17/2006, aunque no en todos, pero digamos que podríamos hacer un esfuerzo colectivo y decir: deroguemos este real decreto-ley para poder volver a funcionar de una manera mucho mejor. El compañero del Grupo Socialista que ha intervenido ha citado un montón de problemas, todos ellos reales, pero no todos los problemas que ha citado el Grupo Socialista se derivan directamente de la aplicación de este real decreto; muchos de esos problemas vienen de hace tiempo y poco tienen que ver algunos de ellos con el tipo de elección o con el tipo de consejo de administración. ¿Que este real decreto o la forma de elegir el presidente o los miembros ha ayudado a que esto empeore? También, pero no es la única causa. Dicho esto, quiero recordar que nuestra posición fue crítica en su momento, incluso cuando se aprobó la Ley de 2006, pero fue mucho más crítica cuando se aprobó el real decreto-ley, que votamos claramente en contra, porque pasamos de una mayoría de dos tercios - que tenía un calado importante - a una mayoría absoluta. Estamos más de acuerdo con la primera, evidentemente. En el fondo se trata de pasar de una mayoría PSOE-PP a una mayoría solamente del Partido Popular, una mayoría basada en una decisión arbitral y unilateral del Partido Popular, que no tiene que cuestionar ni consultar con nadie; esa es la gran diferencia. ¿Creía el Partido Popular verdaderamente, cuando argumentaba los criterios por los que cambió en su momento en el año 2012, lo que proponía? Es decir, en puridad y en cualquier situación electoral y con cualquier composición de la Cámara ¿cree lo que dice o solo lo cree cuando tiene mayoría absoluta? Verdaderamente este es el quid de la cuestión. ¿Antes cómo se elegía? Antes se elegía directamente: el Gobierno decía quién tenía que ser el director general. Hubo una nueva ley, pero también hay que citar que el primer Parlamento autonómico que propuso eso fue el vasco, que decidió que la dirección general de Euskal Irrati Telebista tenía que ser decidida por mayoría absoluta en el Parlamento vasco, cuando hasta entonces el Gobierno vasco era el que tenía la potestad de nombrar al director general. A partir de ahí vinieron después las siguientes leyes - no sé si todavía hay algunos que las están aplicando -; se van modificando, algunos dicen dos tercios… Hay que entender también que no todas las mayorías son iguales, pero el asunto es saber de qué tipo de mayoría estamos hablando, porque antes alguien decía eso de quítate tú para ponerme yo. Creo que es importante saber lo que entendemos por mayoría, porque - se lo voy a decir sin acritud, como decían ustedes, señores del Partido Socialista - ustedes siempre apelan al consenso, no solo aquí sino en todos los sitios, pero el Partido Socialista entiende por consenso algo que pasa siempre que esté el Partido Socialista. Eso es lo que entienden por consenso. Porque ni en la anterior ley ni en esta ni en cualquier otra ni cuando ustedes dos lo decidieron, con nosotros no contaron; no sé si lo hicieron con otros partidos. Ustedes entienden que hay consenso siempre que esté el Partido Socialista y si están o no los demás ya no tiene ninguna importancia. Por tanto, ustedes se tendrán que aplicar también el criterio de qué consenso queremos. ¿Consenso o que esté el Partido Socialista? Por eso creemos que tendríamos muchas cosas que criticar si se tomara en consideración. Estamos de acuerdo con esta proposición de ley y la vamos a votar a favor porque creemos que se pueden aportar y se pueden modificar cuestiones, aunque no estemos de acuerdo con todo el texto que proponen. Es evidente que la situación actual de Radiotelevisión Española a partir de la implantación del Real Decreto-ley 15/2012 es mucho peor que la anterior. El Partido Popular cambió para poder tener dos objetivos. Primero, pusieron un presidente aplicando los criterios que marcaba ese real decreto-ley - que lo decidieron ellos para ellos con su mayoría -, con dos objetivos: sanear económicamente el ente y controlarlo informativamente. Se decepcionaron porque no consiguieron ni una cosa ni la otra. Alguien de su partido debió de decir esta frase: Con esta Radiotelevisión Española no podemos ir a las elecciones. Por eso cambiaron de caballo en mitad de la carrera, ya que el desastre económico era total, y ya que económicamente no lo podían controlar, por lo menos, a ver si informativamente lo podían hacer. De cara a las elecciones, se fue González-Echenique y trajeron al más del PP que había en ese momento en el camino, que era don José Antonio Sánchez. Se lo dije a él, por tanto, no tengo ningún reparo en decirlo ahora. Cuando le pregunté: ¿Usted por qué cree que ha sido elegido presidente de la corporación? Pues yo le voy a responder. Usted ha sido elegido porque, de entre los profesionales que había, usted era el más del PP. Legalmente, sin duda alguna, pero por imposición, ustedes cambiaron la organización del consejo. Ustedes cambiaron la organización del consejo, y todo ello en el fondo a lo que nos ha llevado es - datos objetivos - a pérdida de audiencia y liderazgo informativo, cosas que antes tenía; tampoco creo que antes lo tuviera solamente por que el sistema de elección era aquél, no, pero esta es una situación de intervencionismo. Todos conocemos las denuncias que ha habido, las críticas que ha habido, la situación insostenible que algunos colectivos y trabajadores de Radiotelevisión Española están teniendo, protestas de amplios sectores de los profesionales por situaciones verdaderamente denunciables, cambios e incorporaciones laborales y en jefaturas que no podemos entender y creo que tampoco ustedes si no fueran quienes son; además, conflictividad laboral y una situación económica para nada solventada. Les podría citar muchas cuestiones. El compañero Rafael Larreina ha citado algunas discriminaciones que se dan, con las que estoy de acuerdo, pero también se dan otras; por ejemplo, tienen la obligación de velar, según la ley, por las lenguas del Estado español. Yo le pregunte al presidente por qué no cumplía la Ley de televisión, en la que se dice que el euskera, por ejemplo, tiene una presencia. Me respondió que para eso estaba la ETB. Yo ya sé para lo que está la ETB. Para eso se creó. ¡Gracias a que se creó la ETB! Pero ustedes tienen obligación de cumplir una ley, y no lo hacen. En conclusión, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición, sobre todo porque estamos a favor de la derogación de este real decreto-ley. Sabemos de matemáticas y sabemos que eso no va a pasar, pero por lo menos tener el criterio político claro de decir: queremos que se tome en consideración porque de esta manera se permite incorporar, modificar, añadir y mejorar la ley que pretende instaurar el Partido Socialista, porque tal cual está tampoco nos gusta. Siempre que se abra el debate habrá incorporación. La situación actual de Radiotelevisión Española es debida, aunque no en su totalidad, a la aplicación del real decreto; no del todo, pero en parte es debida a la forma en que ustedes han entendido que debe dirigirse una entidad pública audiovisual de comunicación como es Radiotelevisión Española. Se lleva arrastrando desde hace muchos años y no se ha solucionado nada. Lo que hace falta es un nuevo modelo, independientemente de cómo se elija al presidente o a los miembros del consejo de administración. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
Gracias, presidenta. Señorías, la situación de la radiotelevisión pública es de auténtica calamidad, de auténtica agonía. Ha perdido audiencia de forma masiva. Desde 2011 hasta aquí, en cuatro años, uno de cada tres espectadores que seguía la televisión pública ha dejado de seguirla, ha dejado de sintonizar el canal público, y de ser una referencia en los informativos, los telediarios han pasado algunos meses a situarse en la tercera posición. El hasta hace unos meses presidente del Ente Público RTVE, González-Echenique, tenía solamente un objetivo como presidente, que era enjugar las cuentas públicas. No lo consiguió y de hecho el déficit de este año es de otros 60 millones de euros y la deuda acumulada ahora mismo de RTVE es de 800 millones de euros. En vista de que no era posible enjugar esas cuentas públicas, el Gobierno del Partido Popular ha decidido hace unos meses poner al frente de la radiotelevisión pública a un director, José Antonio Sánchez, que tampoco conseguirá solventar el problema de las cuentas, pero que rematará la faena de convertir la televisión pública en una televisión de partido. Para eso modificaron ustedes la ley al principio de la legislatura, para eso llevaron a cabo ese cambio legal que permite, con los solos votos de una mayoría absoluta, elegir a un presidente de Radiotelevisión Española. El nombramiento del señor Sánchez culmina lo que a día de hoy es uno de los mayores dramas que vivimos en términos de medios de comunicación, y es que se puede decir que España no tiene una televisión pública digna de tal nombre, ni tenemos por tanto como ciudadanos información independiente, información veraz, información de calidad, información imparcial en suma. Lo ha denunciado todo el mundo, lo ve todo el mundo, menos el Partido Popular. Lo dicen todos los grupos parlamentarios en esta Cámara; lo dicen los profesionales de la casa, que es a los que hay escuchar; lo dice incluso con preocupación el Consejo de Europa. No hay una programación de informativos que vuele por encima de las exigencias de partido, que son los únicos criterios que ustedes imponen. Por tanto, están privando a la ciudadanía de los elementos de juicio necesarios para formarse criterio y para tomar decisiones fundadas como ciudadanos, que es uno de sus principales derechos en una democracia. Esa misión fundamental de una televisión pública no la cumple Televisión Española. Por eso decimos que en estos momentos España carece de una televisión pública. El Gobierno griego la cerró. Necesitaba cuadrar las cuentas y la cerró directamente para ahorrarse esos millones de euros que le costaba. De alguna manera es una solución más honesta, porque los griegos dejaron de tener un televisión pública y dejaron también de pagarla. Lo que ustedes están haciendo a los españoles es que no tengan una televisión pública digna de ese nombre pero que les paguen a ustedes una televisión de partido. Dicho de otro modo, estamos pagándoles entre todos su aparato de propaganda. Yo me pregunto: con todo lo que se han ahorrado en impuestos al reformar sus sedes con dinero negro, ¿no podían de ahí haberse pagado una televisión de partido ustedes mismos? ¿No tenían suficiente? ¿Con lo que acumulan en su caja B no tienen para pagarse un aparato de propaganda? Ahora vemos que esa reforma legal que hicieron al principio de la legislatura respondía al principio de su escasa generosidad, lo arreglaron todo para hacernos pagar a todos con nuestros impuestos su televisión de partido. El daño que ha causado su reforma legal a la televisión pública está a la vista. Ya he mencionado los datos, que son elocuentes por sí solos. Alguien con el cerebro de un mosquito haría mejores informativos que los que está haciendo Televisión Española en estos momentos, particularmente después de los últimos nombramientos y después de poner al señor Gundín en la dirección de informativos de Televisión Española. Su propósito es evidente: encanijar también el cerebro de los españoles que ven la televisión pública. Por suerte, no lo han conseguido. Ustedes, que tienen por costumbre tomar a los ciudadanos por idiotas, creían que estos iban a permanecer, como en Matrix, conectados sus cerebros a la basura que les dan ustedes por todo pasto intelectual en la televisión pública. Sin embargo, los ciudadanos huyen de esa televisión casposa. Por lo tanto, no les ha salido la operación, no les ha funcionado, desistan, no les ha funcionado. Los ciudadanos huyen de la televisión pública y no los van a poder manipular por esa vía. Primero han hecho ustedes una televisión antipolítica, tratando de expulsar de la programación los debates, tratando de obviar las crisis económica, los problemas que preocupan a los ciudadanos, pero, como no les ha salido, ahora los ciudadanos se informan por otras vías y ahora que ustedes lo saben tengo que darles una noticia: existe un objeto que se llama mando a distancia por el cual los ciudadanos pueden cambiar de canal y dejar de engullir la bazofia que ustedes quieren que engullan. Dicho esto, la reforma que nos propone el Grupo Socialista y que quiere volver a un estadio anterior es sencillamente imposible. Decía Heráclito que no se puede uno bañar dos veces en el mismo río; no se puede tampoco tener dos veces la misma televisión pública. Si el modelo actual es un modelo caduco de partido único, su modelo es un modelo bipartidista. No deja de ser paradójico que cuando el bipartidismo más se está hundiendo política y socialmente ustedes pretendan resucitarlo en la televisión, señorías del Grupo Socialista. Desde luego, no es el modelo de UPyD, el modelo que ustedes proponen no es el nuestro. Pero es que incluso tengo muchas dudas de que sea el suyo, de que sea el modelo del Partido Socialista. En Andalucía, donde se puede ver in situ y de manera real y tangible cuál es el modelo de televisión pública del Partido Socialista, la agenda de los informativos es la agenda de la presidenta andaluza. Esta es la manera en la que se ve también cómo se utiliza una televisión pública como televisión de partido, es otra manera de insultar a los ciudadanos. La censura más descarnada que hemos sufrido - y no quiero hablar de nuestro grupo parlamentario porque creo que la televisión pública no es una televisión de los partidos, es una televisión de los ciudadanos, algo que cuesta mucho entender, incluso de los ciudadanos que no tienen una visión partidista de la vida -, donde más nos han censurado ha sido en la televisión andaluza, en Canal Sur, donde solamente han empezado a hablar de nosotros en los informativos a raíz de una sentencia de la Junta Electoral. Eso es censura: obviar a un grupo parlamentario, obviar a un partido político y que tenga que obligar la Junta Electoral a que se hable de ese partido político en los informativos. Eso ha ocurrido en nuestro país, eso ha ocurrido en Canal Sur, donde los directores de informativos no se habían enterado de que existía un partido que se llamaba UPyD, un partido que tiene un proyecto para los andaluces que los respeta intelectualmente y respeta su inteligencia. Por lo tanto, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, nosotros les pedimos que dejen de pagarse sus televisiones de partido con el dinero de los españoles. Ya está bien, emitan canal PSOE, emitan canal PP o incluso emitan canal PPSOE, pero páguenselo ustedes con su dinero, no nos hagan pagarlo a los demás, porque este país no merece las televisiones públicas bananeras, ni las autonómicas ni la nacional que se les ofrece. Insisto, la televisión pública la hacen los profesionales, dejen trabajar a los profesionales, y es para los ciudadanos, no para los partidos. Nosotros creemos firmemente en la televisión pública como herramienta básica de la democracia. Sin una televisión pública independiente, de calidad, al servicio de los ciudadanos y al servicio de la información nunca tendremos una democracia de calidad. Nuestro modelo de televisión pública, que es el modelo de la BBC al fin y al cabo, obliga a elegir al presidente y al consejo de RTVE entre profesionales acreditados con una trayectoria demostrada, blindando su independencia para que puedan trabajar en paz. Dejemos trabajar en paz a los profesionales de los medios de comunicación. La radio y la televisión pública son la más elemental herramienta de participación política y de rendición de cuentas, dejen florecer la televisión pública y florecerá la democracia. Muchas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora Lozano. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
Gracias, señora presidenta. Uno de los principales problemas, no el único, que afecta a la radiotelevisión pública en España, Radiotelevisión Española, es la falta de credibilidad, la descarada manipulación que está padeciendo. No lo decimos solo nosotros, lo están diciendo esta tarde todos los grupos de la Cámara, lo dicen otros partidos fuera de esta Cámara, lo dicen los profesionales de la casa que hoy mismo tenían una asamblea para hablar del último episodio de manipulación informativa con la contratación de once profesionales de otros medios que se contratan para la casa cuando hay personal de sobra en la misma. Es vox populi, es una denuncia transversal la manipulación que se ejerce desde Radiotelevisión Española. La única fuerza política que no lo ve, el único que no ve que el rey está desnudo es el Grupo Parlamentario Popular. El anterior gobierno socialista presentó el proyecto de ley, que luego acabó convirtiéndose en la Ley 17/2006, de radiotelevisión de titularidad estatal, en cuyo artículo 11 venía la propuesta de elegir al presidente del consejo de Radiotelevisión Española por mayoría de dos tercios de esta Cámara, y el Grupo Parlamentario Popular no presentó ninguna enmienda a esa característica de que el presidente del consejo se eligiese por dos tercios de esta Cámara. Sí enmendó otras partes del articulado, y concretamente otras partes del artículo 11, pero no esta. Al Partido Popular le vino muy bien aquella innovación que planteó el Partido Socialista y que nosotros compartimos, aunque puede no ser la mejor. Podemos adoptar unas medidas de blindaje superiores, como acaba de decir la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra en nombre de UpyD, incluso podríamos recurrir al sistema griego del sorteo del cargo, pero al Partido Popular le vino muy bien. No lo enmendó y después acabó pactando con el Partido Socialista un presidente del consejo en aquel momento. Le vino muy bien aquel cambio de las reglas del juego porque le otorgaba capacidad de decisión sobre la propuesta que hasta entonces era privativa del Gobierno de España. Pero cuando cambiaron las tornas y el Partido Popular tuvo la mayoría absoluta y fue el Partido Socialista el que pasó a la oposición, ya no le valió la misma ley que no había enmendado, las mismas reglas del juego, que es lo que se espera, que todos respetemos, las reglas del juego con las que nos dotamos. Cuando ustedes cambiaron y tuvieron mayoría absoluta ya no les valieron las reglas del juego anteriores y las cambiaron y sacaron el Real Decreto-ley 15/2012, que han argumentado que fue por una situación de involución, del bloqueo y demás. Pero ustedes también jugaron al bloqueo cuando gobernaba el Partido Socialista; de eso se trata al exigir una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara para elegir una alta responsabilidad delicada que tiene que tener una cierta independencia. Desde luego no tiene que ser el garante del juego bipartidista. Sería mejor buscar otros argumentos y otros medios para que estuviese blindada la pluralidad de lo que hay dentro de la Cámara y de lo que está fuera de la Cámara, porque España y los españoles es bastante más, afortunadamente, que lo que está en esta Cámara. Sin embargo, al Partido Popular no le valió, cambió las reglas del juego y nombró unilateralmente un presidente del consejo que no cumplió sus objetivos. Otros portavoces en el uso de la palabra lo han explicado sobradamente desde esta tribuna. El señor González-Echenique llegó con dos grandes objetivos: empezar a meter en vereda los informativos y la información que salía de la casa y empezar a meter en vereda las finanzas, el otro gran problema que tiene la radiotelevisión pública española. Uno no lo consiguió, que fue el tema de las finanzas - su sucesor tampoco -, pero por lo visto al Partido Popular no le gustaba bastante cómo iban funcionando de forma manipulada los servicios informativos de Televisión Española y tuvo que poner ahí al gran muñidor de los grandes monopolios, al que ha destrozado la credibilidad de la radiotelevisión madrileña, al que viene a traer y ha traído y está desarrollando en la radiotelevisión pública española el modelo de Telemadrid, que ha llevado a que los trabajadores se declaren en abierta rebeldía, a que se hayan encerrado, a que se reúnan en asambleas y a que estén denunciando, no solamente los trabajadores sino diversos sectores - las redes sociales, este sábado Informe Semanal, el otro día también en el Canal 24 Horas en una entrevista -, la manipulación que existe en Radiotelevisión Española; manipulación que tiene un origen claro y es el nombramiento del presidente del consejo, un presidente que ha llegado con la función de garantizar que la versión del Partido Popular es la versión que va a dar la radiotelevisión pública española. Para corregir eso vamos a votar favorablemente, como era de esperar, la proposición de ley que trae el Grupo Socialista a la Cámara, porque entendemos que sería bueno para la radiotelevisión pública y muy bueno para la democracia española que no solamente se pudiera designar al presidente del consejo por mayoría absoluta del grupo mayoritario de la Cámara - sería bueno trabajar en la mejora del texto legal para que el consejo fuese lo más plural posible -, sino que sería imprescindible en estos momentos, como una medida de higiene democrática básica, que el presidente del consejo fuera elegido por una mayoría cualificada de la Cámara, al menos por dos tercios. Eso al menos lo podríamos compartir. No obstante, eso no resolvería todos los problemas de la radiotelevisión pública española. Lo he dicho, el otro gran problema es el financiero, el problema económico que arrastra; un problema que no se contempla en esta proposición de ley; un problema en el que habrá que entrar en algún momento, en el que además tenemos alguna divergencia con el Grupo Socialista, que fue quien centró o quien elevó al rango de ley el actual modelo y que, por ejemplo, dejó el llamado pastel de la publicidad en manos de las televisiones privadas y que le quitó una parte de ese pastel a la radiotelevisión pública. Mi grupo parlamentario no comparte en principio ese abandono; es un modelo de televisión que es respetable y que puede tener viabilidad hasta cierto punto, siempre que se contemple que el Gobierno de España compense las pérdidas, las desviaciones y demás. Pero la situación que hay es que el Gobierno de España de lo único que se preocupa es de decirle al Grupo Parlamentario Popular a quién tiene que poner al frente de la radiotelevisión pública española cuando le falla el director anterior porque no cumple bien con sus preceptos, y lo que no cumple el Gobierno de España es poner encima de la mesa el dinero que es necesario para la radiotelevisión pública española para que esta no entre en causa de disolución del consejo, por ejemplo, o para cubrir el déficit estructural que supera los 100 millones de euros anuales. Desde nuestro grupo parlamentario - ya lo he dicho - vamos a votar favorablemente esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista, en la conciencia de que no soluciona todos los problemas, que los problemas de financiación de la radiotelevisión pública tienen que ser abordados también necesariamente de forma urgente, pero al menos es algo básico y necesario que, para corregir el problema de grave falta de credibilidad que tiene la radiotelevisión pública, se cambie el procedimiento de elección del presidente y del consejo de la radiotelevisión pública española. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sixto. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señora Surroca.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ya anuncio que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Tenemos que decir que no compartimos el fondo de la propuesta que hoy nos presentan, pero de hecho tampoco es el momento procesal oportuno para debatir el contenido exacto de esta iniciativa. En el caso de que prosperara, sería más adelante y ya nos pronunciaríamos respecto a cada una de las partes, del contenido, de la proposición de ley. De hecho, el Grupo Socialista lo que pretende es que, mediante esta iniciativa, se recupere en parte la situación que había antes del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril. Lo hace en dos aspectos concretos, uno en cuanto al sistema de elección de los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española y también pretende que se recupere la composición anterior a ese real decreto-ley. Por tanto, los aspectos que esa proposición no modificaría serían, por una parte, el régimen de incompatibilidades de los miembros del consejo de Radiotelevisión Española y tampoco la dedicación exclusiva del presidente, así como el actual régimen de retribuciones. En definitiva, que hay una parte considerable del Real Decreto-ley 15/2012 que sería mantenido íntegramente por el contenido de la proposición de ley que hoy defiende el Grupo Socialista. Aquí tenemos que recordar que nuestro grupo parlamentario en su momento apoyó precisamente el Real Decreto 15/2012 y lo hicimos porque consideramos que era absolutamente necesario desbloquear la situación que sufría el órgano de gobierno del ente público. Entendíamos que había un bloqueo, que ello afectaba al servicio público de Radiotelevisión Española y que era del todo necesario desbloquear esa situación precisamente por el bien del servicio público. Ese bloqueo venía motivado, como ustedes recordarán, por la incapacidad de los dos grandes grupos de esta Cámara de ponerse de acuerdo en la designación de los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española. En definitiva, nuestro grupo parlamentario lo que hizo fue una aportación para superar ese desbloqueo. Ahora bien, como he dicho anteriormente, ese real decreto supuso otros cambios que hoy el portavoz del grupo proponente en ningún momento ha puesto en cuestión. En definitiva, que hay aspectos de ese real decreto que parece ser que el Grupo Socialista considera o ve con buenos ojos, aunque hoy no lo haya explicitado directamente y lo suponemos porque en su proposición nada dice en contrario. Desde esta perspectiva entendemos en Convergència i Unió que hay aspectos de aquel real decreto que han supuesto cierta mejora en el órgano de gobierno de Radiotelevisión Española, insistimos, porque ni siquiera el propio Grupo Socialista, el grupo proponente, hoy lo ha puesto en cuestión. En cambio, hay otro aspecto como es el sistema de elección de los miembros y la composición que sí se pone en entredicho. ¿Cuál es el planteamiento de nuestro grupo parlamentario? Nosotros creemos que es necesario abrir un debate sobre cuál es la situación en estos momentos del ente público, cuál es la situación de Radiotelevisión Española. ¿El servicio que se está prestando es el que necesita nuestra sociedad? ¿Es ese el modelo de televisión pública que queremos en estos momentos? ¿El modelo que en estos momentos estamos ofreciendo es el mejor? Si valoramos lo que ha sucedido a lo largo de estos más de dos años de vigencia del real decreto-ley entendemos que hay situaciones que son muy mejorables. Por tanto, desde esa perspectiva en Convergència i Unió estamos abiertos a hacer aportaciones y a que se abra ese debate en relación con el modelo vigente. A lo largo de estos dos años y medio se han dado situaciones que como mínimo nos han sorprendido y otras las hemos criticado y denunciado abiertamente en la comisión de control de Radiotelevisión Española. Me puedo referir a los casos más recientes. Por ejemplo, es sorprendente que haya sido nombrado el jefe de prensa del Partido Popular en Cataluña como nuevo director de Radiotelevisión Española en Sant Cugat. Este es un ejemplo muy claro. ¿No había personas dentro del ente público que fueran más idóneas para ocupar ese cargo? Sin poner en cuestión la profesionalidad de esa persona, ¿dentro de Radiotelevisión España en su conjunto - ya no hablo simplemente de Radiotelevisión Española en Cataluña - no había alguien más idóneo para ocupar ese puesto de trabajo que no fuera el jefe de prensa del Partido Popular en Cataluña? También se ha mencionado por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra la falta de pluralidad de los tertulianos en los distintos programas de Televisión Española y también en las tertulias radiofónicas; la destitución incluso de determinadas personas que estaban al frente de programas emblemáticos - ahora hace pocas semanas supimos que había sido destituida una periodista, Cristina Puig -; o la apertura de expedientes disciplinarios a determinados periodistas por colaborar en algunos medios de comunicación. Además, creemos que también ha sido escandaloso el tratamiento informativo de actos relevantes que han sucedido en Cataluña. Voy a recordar el tratamiento informativo que se le dio a la Diada del 11 de septiembre por parte de Radiotelevisión Española o - hablando de este caso concreto - la cobertura que tuvo lugar por parte de Radio 4. En definitiva, a lo largo de estos más de dos años y medio han sucedido episodios muy criticables y desde nuestro grupo parlamentario lo hemos denunciado en la Comisión Mixta de Control de Radiotelevisión Española. Esta iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista puede ser una buena oportunidad para abrir el debate y encarar todos los problemas que viene arrastrando Radiotelevisión Española, porque no estamos hablando de que sea este el único problema de nuestra televisión pública. Como bien se ha dicho también por parte de otros portavoces, tenemos un importante problema en cuanto al modelo de financiación. Todo ello está comportando graves consecuencias en los niveles de audiencia y, en definitiva, en el servicio público que se está prestando a los ciudadanos. Para terminar reitero que en Convergència i Unió creemos que en Radiotelevisión Española tiene que mejorarse mucho avanzando en la necesaria independencia y pluralidad que debería garantizarse en todo medio público. A partir de aquí, en el caso de que prosperase esta iniciativa, nuestro grupo parlamentario haría aportaciones concretas para mejorar en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora Surroca. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Moreno.
Señora presidenta, señorías, quiero comenzar mi intervención poniendo en valor lo que otros detestan, que no es otra cosa que la libertad de prensa y la libertad de expresión. Quiero solidarizarme con los medios de comunicación, en especial con el diario ABC y la Agencia EFE, por la defensa que están haciendo de la información que intentan hacer callar quienes no creen en la democracia y el Estado de derecho y solo entienden el chantaje como forma de actuación política. [[Aplausos]] Dicho esto, esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la Corporación RTVE tiene una apariencia, es decir, un ropaje puramente instrumental en forma de pretexto o de excusa y una auténtica finalidad muy distinta al figurado objetivo. La apariencia es la de una reforma normativa de la Ley 17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, algo así como una especie de operación Añoranza socialista, que pretendería volver a poner a la Corporación RTVE en el punto justo en el que peor ha funcionado en toda su ya dilatada historia, en el punto justo en el que la Corporación RTVE sufrió la parálisis institucional más grave y más nociva que se puede imaginar, la parálisis institucional y ejecutiva que se produjo a partir del verano de 2011, que duró once meses y que confirmó lamentablemente el bloqueo insuperable al que nos conducía aquella ley. Por eso hubo que modificar la Ley 17/2006, y no fue, como dice en la exposición de motivos de esta proposición, una de las primeras medidas que adoptó el actual Gobierno, puesto que el real decreto-ley es de 20 de abril de 2012; hasta en eso se equivocan y fíjense en que era lo más fácil. Hubo que modificar la ley porque ustedes se negaban irresponsablemente a acordar ningún nombramiento en Radiotelevisión Española; hubo que modificar la ley para salir de un callejón sin salida en el que estábamos entonces y en el que nos quieren volver a meter en estos momentos. Por otra parte, pasa otra vez de 9 a 12 consejeros, que es el segundo nudo gordiano de la proposición de ley, y debe tener para el grupo socialista alguna ventaja milagrosa o un efecto prodigioso que no acertamos a descubrir, salvo que al igual que en 2011 negaban la crisis económica ahora no sean capaces de asumir tampoco la conveniencia de una composición del consejo de administración de RTVE más reducida y más austera. Esta es solo la apariencia formal de la proposición de ley. A estas alturas la elección parlamentaria del presidente y consejeros de la Corporación RTVE por una mayoría absoluta cuando no se alcancen los dos tercios en una primera votación - algo que la propia ley prevé en la disposición transitoria cuarta - impide una nefasta interinidad como la que se vivió durante casi un año. A su vez, la reducción del número de consejeros o la supresión de sus retribuciones, como un esfuerzo y ejemplo de austeridad, acorde con los tiempos de crisis económica profunda que hemos padecido, no constituyen un problema alarmante ni una inquietud social tan considerable como para plantear una iniciativa de este calado, nada más y nada menos que una proposición de ley, que en todo caso solo causaría problemas viejos y ya resueltos. Señorías, la auténtica finalidad de esta proposición de ley es otra; esto ha quedado bien patente en la defensa que de la misma acaba de hacer el Grupo Parlamentario Socialista, sumarse al coro, hacer campaña, buscar un resquicio para atacar al Gobierno suponiendo que eso les va a dar algún rédito político. Por un momento pensé que el Partido Socialista iba a solicitar con esta iniciativa la reforma de la ley para que se eligiera al presidente de la Corporación RTVE en primarias, pero claro, una vez que ustedes han cambiado su propio sistema para Madrid, es lógico que prefieran el dedo; eso sí, escuchando a quien ustedes decidan. Pido perdón por mi duda, que ya ha quedado suficientemente aclarada. [[Rumores.-Aplausos]] Como decía, la verdadera finalidad es enredar, hacer ruido, descalificar y manipular la situación de Radiotelevisión Española, es decir, hacer lo que mejor saben hacer los socialistas; he de reconocer sin tapujos que estas cosas las bordan. El Grupo Socialista registra la proposición de ley en el mes de octubre del año pasado para tener una coartada parlamentaria cuando llegara el momento oportuno. Es legítimo hacerlo, cada uno sabrá cuál es su prioridad en esta Cámara, y también es legítimo reprochárselo. El momento elegido para subirse al carro de la crítica furibunda y desatada que, entre otros, ellos mismos han contribuido a generar y alimentar en Radiotelevisión Española es precisamente este; no es por casualidad, como todo el mundo pueda entender. Señorías, en la Corporación RTVE no hay redacciones paralelas; haría falta para ello contratar a mil periodistas. Por cierto, es lo que los socialistas hicieron tras el ERE que expulsó a 4.150 trabajadores en 2006 por el módico coste para el erario público de 1.500 millones de euros [[Rumores]], y es lo que hicieron también en 1982 cuando ganaron por primera vez y multiplicaron por dos la plantilla de Radiotelevisión Española. [[Rumores]] Lo que sí hay en Radiotelevisión Española es una polémica interesada, sectaria, insensata, tendenciosa e imprudente destinada exclusivamente a atacar a los profesionales, a presionarles de forma intolerable, a coartarles su libertad, a intimidarles y a obstaculizar a todo trance su trabajo. Lo que sí hay es una estrategia premeditada, planeada, calculada y deliberada para maltratar, atropellar, desacreditar y manipular a Radiotelevisión Española por parte de aquellos que no soportan, que no se les pasa siquiera por la cabeza que no sean ellos los que campen a sus anchas y controlen la empresa; que no sean ellos los que decidan a quién y cómo se puede contratar; que no sean ellos los que organicen y repartan los pluses y las prebendas, los mismos que desaparecen como por ensalmo de las barricadas cuando es el Partido Socialista el que gobierna. Cuando eso pasa, hay contrataciones externas por doquier; hay pasillos anchísimos para que transiten aquellos a los que no se considera de su cuerda; hay un control férreo y sin la menor discrepancia de la información; hay un seguidismo político y gubernamental elevado hasta niveles inauditos; hay uniformidad, con premio caprichoso, o disparidad, con castigo severo. Es decir, lo que hubo antes y hoy no hay. En Radiotelevisión Española no hay redacciones paralelas. Hay lemas, hay frases hechas, mucha, mucha demagogia y hasta matonismo, como demuestra recientemente alguno o algunos cafres al dejar una soga de ahorcado en la mesa de un periodista. Hay historias y trayectorias que se alteran por antojo. Hay quien reparte los carnés de lo que está bien y de lo que está mal, sin el mínimo pudor y sin ninguna autoridad para hacerlo. Señorías, en Radiotelevisión Española no se desmantela nada. Parece a menudo que les molesta que esto sea así y que les saca de sus casillas, que no les cuadra el único argumentario catastrofista que conocen. ¡Qué le vamos a hacer! Esa es la verdad. En Radiotelevisión Española hay una plantilla que no ha sufrido - fíjese - una sola baja en toda la crisis económica, posiblemente el único medio de comunicación publico o privado de todo el mundo que puede decirlo. Por cierto, curiosos sindicatos los que atacan ferozmente las nuevas contrataciones en Radiotelevisión Española y enmudecen ante los despidos abundantes y sonados en algunos otros medios de comunicación con los que tanto sintonizan. El mundo al revés. Curioso es también que aquellos que entraron, como entraron en su día, en Radiotelevisión Española ahora le den con la puerta en las narices a cualquiera que vaya a trabajar a la corporación y no sea amigo suyo. Muy curioso todo, señorías. Ni la independencia, ni la calidad, ni el pluralismo, ni siquiera la audiencia dependen de la Ley 17/2006. La historia se ha ocupado de demostrarlo sobradamente. Dependen de la voluntad y de la vocación de los profesionales y de la voluntad y vocación de los que en cada momento los dirigen; también de los recursos que no proporciona una penosa Ley socialista de financiación de radiotelevisión. En España van a celebrarse este año varios procesos electorales. Como en todas las grandes citas informativas que ha vivido nuestro país, Radiotelevisión Española va a volver a ser la referencia para los ciudadanos por su calidad, por su independencia, por su rigor y por su pluralismo. Su influencia social y su razón de ser como servicio público esencial dependen precisamente de esos atributos, y su liderazgo en este terreno no lo van a socavar las soflamas, los mítines ni los eslóganes, por muy agresivos y de trazo grueso que sean. Aunque también es cierto que para que ese liderazgo se pierda, para intentar que Radiotelevisión Española proyecte la peor imagen pública, para que no tenga futuro, hay quien está verdaderamente empeñado, tozudamente empeñado, diríamos mejor, en desprestigiar e insultar con un lenguaje tan belicoso como rancio e inapropiado, a sus profesionales y a su actividad, a los que se denigra y retrata con una falta absoluta de respeto, como simples ovejas de un rebaño, en inventarse lo que sea preciso para poder sostener la cantinela. Como ya sabemos, no hay barreras ni límites para esta alocada estrategia. Si además de a la plantilla hay que insultar a 150 tertulianos que participan en los programas informativos de Radiotelevisión Española, representando a los más variados medios de comunicación, pues se les insulta y ya está. Si hay que tergiversar la realidad - No a los despidos, se podía leer en una pancarta sindical cuando no ha habido ni uno solo -, pues se tergiversa y a otra cosa. Si hay que hacer demagogia, se hace, y si hay que manipular los hechos, se manipulan, que para este cometido son unos verdaderos artistas. ¿Por qué no les dicen a los tertulianos a la cara, en las entrevistas que les hacen en Radiotelevisión Española, que son unos meros comparsas del Gobierno? ¿Por qué no rechazan ustedes acudir a los programas informativos de Radiotelevisión Española si solo sirven para el Partido Popular? ¿Por qué reclaman más presencia en Radiotelevisión Española para apuntalarse a veces a su propio liderazgo si consideran que en Radiotelevisión Española todo es progubernamental y carece de cualquier credibilidad? ¿Por qué si todo es censura y manipulación agradecen, hipócritamente, las entrevistas e intervenciones en Radiotelevisión Española? ¿Por qué son tan incoherentes? ¿Por qué cuando el señor Rodríguez pide - y lo ha hecho en estos momentos - respeto a los trabajadores, no empieza por decírselo a su compañero, al señor Gordo, que ayer mismo le faltó al respeto a los profesionales desde su propio blog? Esa es la verdadera realidad del Partido Socialista. Señorías, termino por donde empecé. Esta proposición de ley tiene una apariencia - poco trabajada, todo hay que decirlo -, de corta y pega, pero no es más que una disculpa para atacar a Radiotelevisión Española desde esta tribuna; seguramente, para ver si el señor Sánchez consigue en los mítines un titular, aunque sea a costa de la televisión pública. Seguramente se lo agradecerán mucho los inflamados guardianes de las esencias populistas en Radiotelevisión Española. Dudo que, más allá de este agradecimiento colega, sirva para nada bueno su iniciativa, como para nada bueno sirve el hostigamiento y la presión con los que quiere amedrentar a los profesionales de Radiotelevisión Española. Nosotros los defenderemos siempre...
Señor Moreno.
Acabo, señora presidenta. Y cuando hablemos de manipulación, busquen en las hemerotecas. Les diremos siempre, como así hemos hecho, el día, la hora y el programa para que no le carguen el mochuelo al conjunto de la plantilla con generalidades y discursos de oficio como los que ustedes hacen y escuchamos tan a menudo. Es un flaco servicio el suyo a Radiotelevisión Española. Bueno, lo habitual. Lo único que cabe esperar de este Partido Socialista. Ustedes solo saben ocuparla, manosearla, manipularla y enfadarse muchísimo cuando les quitan el juguete. La dignidad, el respeto y el futuro de la plantilla de Radiotelevisión Española se merecen mucho más que eso. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Moreno.
Pasamos a las proposiciones no de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre el pago anual del Fondo de competitividad correspondiente a los años 2014 y 2015 a la Generalitat de Catalunya y demás comunidades autónomas beneficiarias del mismo. Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Gobierno, actualmente, paga a las comunidades autónomas el Fondo de competitividad con dos años de retraso. Lo vuelvo a repetir: el Gobierno, en estos momentos, es moroso respecto a las comunidades autónomas con dos años de retraso. Esto, señorías, en un lenguaje común y desde una óptica jurídica no deja de ser un fraude de ley. Por este motivo, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado ante esta Cámara una proposición no de ley que va en la dirección justamente contraria a lo que está sucediendo en la actualidad; o sea, que el Gobierno pueda adelantar el Fondo de competitividad de los años 2014 y 2015 a este año en curso, para que puedan recuperar unos recursos económicos que les son propios y que ascienden a 6.000 millones de euros, aproximadamente. Repito, en estos momentos, el Gobierno adeuda a las comunidades autónomas del Fondo de competitividad alrededor de 6.000 millones de euros, que pretende pagarlos en los años 2016 y 2017. Eso, señorías, desde Convergència i Unió lo consideramos inadmisible, lo consideramos una injusticia tremenda, y lo que pretendemos con esta iniciativa parlamentaria es que el Grupo Parlamentario Popular, el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno, reaccione activamente, deje de ser moroso respecto a las comunidades autónomas y que en el año 2015, señorías, las comunidades autónomas puedan cobrar el adelanto del Fondo de competitividad que, repito, asciende a los 6.000 millones de euros, aproximadamente, y que en este caso a Cataluña le corresponden alrededor de los 1.500 millones de euros. El resto de comunidades autónomas que también saldrían beneficiadas, en caso de que prosperara esta iniciativa, serían Valencia, Baleares, Región de Murcia, Canarias y Madrid. ¿Por qué presentamos esta iniciativa? Pues sencillamente por dignidad, por coherencia y por respeto hacia las comunidades autónomas, que no dejan de ser una parte muy importante de la Administración General del Estado. Existe la Administración central, existen las comunidades autónomas, existen los ayuntamientos. Nosotros entendemos que por coherencia, por dignidad y por respeto político es importante que el Gobierno cumpla con la legislación vigente. Hay también otras razones de equidad y de justicia, ya que aquí de lo que se trata es de que las comunidades que recaudan más impuestos finalmente puedan recuperar una parte importante de los mismos, para que cada ciudadano pueda recibir proporcionalmente los mismos impuestos en igualdad de condiciones por una cuestión de lealtad institucional a las comunidades autónomas. Señorías, ustedes saben que el Gobierno a partir del 1 de enero de 2014 estaba obligado a plantear un nuevo sistema de financiación, situación que ha incumplido flagrantemente. Por este motivo, ya que no ha sido capaz y no ha tenido la valentía ni el coraje político de llevar adelante un nuevo sistema de financiación, tal y como es preceptivo por la ley, teniendo una mayoría absoluta como la que tienen, entendemos que tendrían que hacer un esfuerzo de la categoría y de la índole que nosotros planteamos. Al mismo tiempo es una necesidad obvia de las comunidades autónomas que por razones de competitividad, ya que saben perfectamente que prestan unos servicios esenciales básicos como son los de sanidad, servicios sociales y educación, precisan de dichos recursos para que puedan prestarlos en igualdad de condiciones desde la óptica todas las comunidades autónomas. También me gustaría hacer un relato de cuál ha sido el balance de las relaciones entre la Administración Central del Estado - en este caso entre el Gobierno y el Partido Popular - y las comunidades autónomas en general, no única y exclusivamente de Cataluña. Por desgracia, nosotros entendemos que este balance, con el máximo respeto y transparencia, ha sido muy negativo porque ha existido una gran deslealtad y ha existido, al mismo tiempo, una gran beligerancia que han originado el ahogo y la asfixia económica de las comunidades autónomas. Ha habido incumplimientos y deslealtades muy importantes. ¿Por qué, señores del Partido Popular, han sido incapaces de tirar para adelante o plantear una iniciativa legislativa con la mejora de la financiación de las comunidades autónomas, que era preceptivo que hubieran planteado a partir del 1 de enero de 2014? No tenemos contestación. Hemos preguntado esta cuestión al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y siempre ha dado la callada por respuesta. Hay otro aspecto muy relevante. Desde el año 2012 al año 2015 la recaudación de los impuestos indirectos y directos por parte del Estado ha sido de más de 32.000 millones de euros. De este incremento, de estos 32.000 millones de euros de recaudación por un incremento de los impuestos directos e indirectos, ni un solo euro ha ido a las comunidades autónomas. Entendemos que esta es una actuación miserable y es un motivo más para que puedan votar favorablemente esta propuesta que ha planteado Convergència i Unió. En ese sentido, de una vez por todas la Administración General del Estado dejaría de ser morosa con las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, las comunidades autónomas podrían cobrar el Fondo de competitividad de los años 2014 y 2015 en este año en curso y no tendrían que verse aplazadas dichas recaudaciones a los años 2016 y 2017. En este caso, señores del Partido Popular, evitarían entrar en un fraude de ley…
Señor Sánchez i Llibre.
… que si es necesario también nosotros lo denunciaríamos ante las instancias correspondientes. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Sánchez i Llibre. Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa tiene la palabra el señor Vallès.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez i Llibre, mi grupo comparte con usted la necesidad de utilizar el instrumento de anticipo a cuenta del Fondo de competitividad previsto en la Lofca para poder dotar así a Cataluña de mayor liquidez en un momento ya de por sí complejo; a Cataluña y al resto de comunidades autónomas beneficiarias, como las Illes Balears, el País Valencià, Canarias, Murcia y Madrid. Su petición nos parece razonable. Fíjese si nos parece razonable que esa posibilidad de anticipar los pagos a cuenta del Fondo de competitividad la aprobamos nosotros; lo aprobamos con su voto en contra, como recordará bien el señor Sánchez i Llibre. Por eso quiero empezar agradeciéndole el reconocimiento que ha hecho en su iniciativa, no en la intervención de hoy pero sí en su iniciativa, de que el Gobierno socialista hizo esos anticipos sin tener que esperar dos años hasta la liquidación definitiva de las cuentas de cada ejercicio. Le agradezco el reconocimiento y comparto también el reproche que le hace al Grupo Popular, que se niega a realizarlos. Con ello - no sé si queriendo o no - está admitiendo que el problema no está tanto en las previsiones de la Lofca sino en la aplicación que de ellas han hecho los dos Gobiernos. Nosotros lo hicimos y el Grupo Popular se niega a realizarlos, es una cuestión de sensibilidad autonómica. Digo que le agradezco este reconocimiento porque no deja de ser paradójico que usted, señor Sánchez i Llibre, venga aquí a implorar la aplicación de la Lofca cuando hace cinco años afirmó en esta misma Cámara que su aprobación fue el asesinato político del Estatut. No está mal. El tiempo pasa y las cosas se relativizan, ciertamente; la verdad es que ustedes no apoyaron la Lofca, de hecho la combatieron con todas sus fuerzas. Recurrir a ella cinco años después para auxiliar financieramente a Cataluña es una clara muestra de desesperación de una tendencia congénita a exigir responsabilidades a las otras administraciones pero nunca a asumir las propias. En este asunto creo que han hecho una total dejación de funciones. Le he estado escuchando atentamente toda su intervención, y más allá de compartir el fondo del asunto no consigo entender por qué han traído ustedes hoy aquí esta iniciativa. La Generalitat de Catalunya tiene mecanismos bilaterales y multilaterales suficientes para abordar conjuntamente con el Estado los problemas y las necesidades de financiación de Cataluña, pero ustedes no los usan. Un gobierno responsable se anticipa, toma decisiones y actúa. Un gobierno que actúa pensando en el interés general de los ciudadanos de Cataluña hubiese convocado con antelación suficiente los mecanismos bilaterales para resolver los problemas de financiación; un gobierno que gobierna, no espera a que su grupo parlamentario tenga que plantear en el Congreso una iniciativa que tendrían que resolver entre ambos Gobiernos. Ustedes nos traen hoy aquí una votación sobre el pago a cuenta del Fondo de competitividad. Eso no se vota, señorías, eso se negocia; insisto, no se vota, se negocia, y ustedes no han hecho nada. Este asunto tenía que haberse remitido hace tiempo a la comisión bilateral Estado-Generalitat o a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y usted lo sabe; comisiones bilaterales [[bi-la-te-ra-les]], comisiones de negociación entre Gobiernos. Nos costó sudor y lágrimas introducir en el Estatut mecanismos de relación bilateral, y ustedes no los usan. Ustedes, que están todo el día hablando de la creación de estructuras de Estado, tienen unas estructuras de negociación bilateral entre Cataluña y el Estado que no son capaces de utilizar; de hecho llevan tres años sin convocar la comisión bilateral. Somos conscientes de que el Gobierno del Partido Popular está haciendo recaer sobre las comunidades autónomas el mayor peso de la reducción del déficit y de que ello está afectando a la calidad de la prestación de los servicios públicos fundamentales. Sabemos que el Partido Popular no tiene ninguna intención de hacer entregas a cuenta, pero del mismo modo que somos conscientes de ello, en honor a la verdad, también hay que decir que la responsabilidad de cómo se reduce el déficit y cómo se priorizan gastos e ingresos corresponde a cada administración. Por eso sabemos también que desde que ustedes gobiernan la Generalitat de Catalunya han reducido un 20 % su gasto no financiero con medidas como el cierre de camas hospitalarias, la reducción de las ayudas a las guarderías y la reducción de los salarios de los empleados públicos. Ahí está su parte de responsabilidad, en no convocar los instrumentos bilaterales de negociación y en decidir quiénes son los destinatarios de sus recortes. Creemos que, llegados a este punto, es imprescindible abordar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la revisión del sistema de financiación autonómica; una actualización que ya tendría que haber entrado en vigor el día 1 de enero y para la cual el señor Montoro aún no ha iniciado los trámites. Están ustedes, señores del Grupo Popular, incumpliendo la ley y estamos fuera de plazo. Es urgente que afrontemos la revisión quinquenal de la Lofca para corregir los déficits de financiación y garantizar la prestación de los servicios esenciales en todas las comunidades autónomas. Vamos a cumplir la ley, señores del Grupo Popular. Vamos a reformar la financiación de una vez por todas…
Señor Vallès.
…y mientras no se pongan a ello - termino - flexibilicemos los objetivos de reducción del déficit de las comunidades autónomas para poder garantizar así a los ciudadanos el nivel y la calidad de los servicios públicos fundamentales. Esta es nuestra posición y el contenido de nuestra enmienda que sometemos a consideración del grupo proponente y del resto de grupos de la Cámara. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Vallès. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. Hoy les voy a contar dos historias que, aunque no se parezcan, se relacionan mucho. [[Muestra una fotografía]] Esta persona que muestro aquí es Lidia Granell. La conozco a ella y a su familia. Es una enferma de Sueca que tiene esclerosis múltiple desde hace veintiún años. Tiene una discapacidad del 79 % y la consellería valenciana, que gobierna el Partido Popular, en 2013 le rebajó la ayuda por dependencia de 350 euros a 20 euros; ¡a 20! La segunda historia es de Kafka. En 2011 el entonces conseller de Economía y hoy diputado en esta Cámara, Gerardo Camps, amenazaba con demandar al Gobierno por no cumplir con el pago inmediato del Fondo de competitividad. Hubo elecciones, cambio de Gobierno y nunca más se supo. Como si la realidad no fuera más que un sueño, el actual conseller de Hacienda del PP del Gobierno valenciano este año ha decidido incluir 1.057 millones del Fondo de competitividad como ingresos en los presupuestos de 2015; ingresos que el mismo PP dice que no le va a pagar, y hoy los diputados del Partido Popular valenciano, entre ellos el exconseller de Hacienda, el de Transportes y la de Industria, que formaban parte de ese Gobierno, y todos los diputados del PP valenciano votarán en contra de lo que pedían en 2011, en contra de sus compañeros de Gobierno de la Generalitat Valenciana. Hoy los diputados van a votar en contra de los ciudadanos a los que dicen representar, condenando a los valencianos a seguir en el furgón de cola, a ser más pobres, a tener peores servicios. Acabo. Ese dinero no es del Gobierno, es de todos los valencianos; significa maestros, médicos, ayudas a dependientes. A cuántas Lidias se podría ayudar este año si pagaran el Fondo de competitividad, a cuántas Lidias…
Señor Baldoví.
…podríamos tratar con dignidad si los valencianos tuviéramos una financiación digna y no un expolio o una confiscación. Señorías del PP valenciano, ¿con quién quieren ser leales?
Señor Baldoví.
¿Con el PP o con el pueblo? Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Baldoví. Señora Oramas, por el mismo grupo.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, Canarias es beneficiaria del Fondo de competitividad porque tiene un índice de financiación inferior a su capacidad fiscal. Creo que ha sido magnífica la intervención del señor Sánchez. Aquí estamos hablando de dos cosas: de un sistema de financiación injusto y de un compromiso del presidente del Gobierno, tanto en el debate de su investidura como en el programa electoral del Partido Popular y reiterado en los últimos años, de que se iba a plantear la revisión del sistema de financiación. En ese sistema de financiación - dicho por FAES, no por la diputada de Coalición Canaria - la comunidad peor financiada es Canarias. Estamos hablando de un fondo de competitividad que va a garantizar eso con lo que se le llena la boca al Partido Popular, que es la igualdad para todos los españoles en la prestación de servicios fundamentales, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, agravado además con el tema del cumplimiento del grado de déficit. La sanidad no puede esperar a que el Gobierno del Partido Popular decida pagar dentro de dos años. La sanidad se presta hoy, los servicios sociales se prestan hoy y la educación se presta hoy. Aquí había un acuerdo según el cual se hacían entregas a cuenta y después, con la liquidación definitiva, se resolvían las diferencias que pudiera haber. Esto se ha cortado y esto ataca al Estado de las autonomías, al derecho de los ciudadanos de recibir las prestaciones y al derecho de las comunidades autónomas de ejercer las competencias en igualdad de condiciones. Por eso hoy los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, porque es derecho de los ciudadanos recibir las prestaciones en igualdad de condiciones se viva donde se viva en este país. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Oramas. Señor Bosch. [[Pausa]] No está. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. ¿Qué nos solicita CiU en esta proposición no de ley? Una propuesta clara y sencilla, que el Fondo de competitividad de 2014 y 2015 se pague inmediatamente por el Gobierno. ¿Con qué argumentos? Con un argumento a primera vista inapelable, el cumplimiento de la ley. Afirman que el Gobierno es moroso porque se retrasa dos años en el pago y está incumpliendo la ley. Si esto fuese cierto nuestro apoyo no ofrecería ninguna duda. Somos partidarios del cumplimiento estricto de la ley, de todas las leyes; pero una vez más se hacen interpretaciones un tanto peculiares de la ley. Vayamos a la ley. La Ley 22/2009 es la que rige el funcionamiento del sistema de financiación autonómica y en ella hay una disposición transitoria - transitoria, subrayo - segunda que dice que durante 2009, 2010 y 2011 el Fondo de competitividad funcionará con anticipos. De acuerdo, pero ese periodo transitorio ha terminado; y después de ese periodo transitorio lo que la ley establece es que no funcione con anticipos, con pagos a cuenta, sino que se pague el año de la liquidación definitiva del sistema dos años después, cuando se conocen con certeza los datos de ese pago. Nos puede parecer mejor o peor, pero lo que no podemos decir es que si no se paga a cuenta es ilegal. No es así. Durante un periodo transitorio funcionó de la manera que aquí se pide, pero terminado ese periodo transitorio no funciona con pagos a cuenta. Por tanto, el fondo de 2014 se debe pagar en 2016 y el de 2015 en 2017. Se dan otros argumentos igualmente cuestionables, como que las comunidades que lo solicitan tengan más recursos y disminuyan su déficit. En realidad esto no supone tener más recursos, sino anticiparlos; lo que tengan de más ahora lo tendrán de menos dos años después. Si lo que nos preocupa, como debe ser, es el déficit estructural, esto solo sirve, en un año electoral o en un año en el que se quieren construir estructuras de Estado, para anticipar recursos, pero no cambia la situación financiera de ninguna comunidad a medio o largo plazo. Nos tememos que el sentido último de esta iniciativa es dar cobertura ex post a unos hechos consumados, porque ha habido comunidades, entre ellas Cataluña, que en sus proyectos de presupuestos para 2015 han incluido ya estos recursos que hoy vienen a solicitar como ingresos que les corresponden, igual que han incluido deudas históricas supuestas por inversiones basadas en el Estatut o compensaciones por el impuesto sobre depósitos bancarios. Nos sorprende que hoy vengan a solicitar lo que en sus presupuestos dicen que ya tienen. Es realmente sorprendente. Por eso nosotros no vamos a colaborar en esta estrategia. Podríamos estar de acuerdo en que en una reforma integral del sistema de financiación autonómica, que es lo que hace falta y que el Gobierno debería hacer antes del final de legislatura, se incluyese este cambio y que el Fondo de competitividad, como otros recursos, se pagase a cuenta. No es eso lo que hoy dice la ley, y con los argumentos que aquí se nos dan, legalmente insostenibles, con una modificación por separado de lo que debe ser una reforma amplia del sistema de financiación autonómica y con una estrategia que nos tememos que en el fondo solo busca dar cobertura ex post a unos hechos consumados en los proyectos de presupuestos de algunas comunidades, que reprobamos, no podemos apoyar esta proposición no de ley. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Vaya por delante que este lazo naranja expresa nuestra solidaridad y nuestro compromiso personal y del grupo con los profesionales de Radiotelevisión Española, con su exigencia de dignidad profesional y con su denuncia de la manipulación informativa. Sin medios de comunicación plurales la democracia desaparece; eso sirve para los medios públicos y, sin duda, para los privados. Por lo tanto, nuestra solidaridad con los trabajadores de la SER despedidos por una empresa en beneficios de un grupo que tiene directivos con salarios multimillonarios…
Señor Coscubiela, vuelva usted a la cuestión.
…y que se dedica a dar lecciones de ética a todo el mundo.
Señor Coscubiela, vuelva usted a la cuestión en la que estamos.
Gracias, señora presidenta. Tiene eso que ver, y venía a cuento, porque sin duda uno de los temas de esta legislatura es el comportamiento de un Gobierno con una actitud profundamente recentralizadora que ha practicado una gran ignorancia del principio de lealtad institucional con el que se llena tanto la boca; una falta de lealtad del Gobierno con las comunidades autónomas plasmada en la negativa de revisar el acuerdo de financiación a partir de enero de 2014, que es la fecha prevista en la ley de 2009. Mientras, este mismo Gobierno, en un alarde de fariseísmo y doble moral, se presenta como el facilitador de la liquidez de las comunidades autónomas a las que antes ha asfixiado económicamente, sin duda, entre otras cosas atrasando el pago de ese Fondo de competitividad. El objetivo del Gobierno es bastante evidente - lo hemos denunciado muchos grupos en esta Cámara -: se trata de aprovechar la crisis para imponer una recentralización del Estado y una pérdida de autonomía política no solo de las comunidades autónomas sino también de los ayuntamientos. Basta ver el proyecto de ley de financiación autonómica presentado por el Gobierno hace escasamente unas semanas para comprobar hasta qué punto el Estado quiere ponerle un dogal a las comunidades autónomas. Primero lo ha hecho por la vía de los hechos y ahora pretende legalizar sus hechos, sus comportamientos, con una ley que dé cobertura a esa recentralización política de las comunidades autónomas. Les recuerdo, señorías, que este Fondo de competitividad es uno de los factores que forman parte de un modelo de financiación complejo y que tiene muchos equilibrios, y que se trataba - como han dicho el proponente y también algún otro interviniente - de compensar a aquellas comunidades autónomas que reciben flujos fiscales inferiores al de su aportación para evitar que se rompa el criterio de equilibrio entre solidaridad y esfuerzo, que es el que teóricamente infunde nuestro sistema de financiación autonómica. En definitiva, cuando por el Estado se somete al Fondo de competitividad a un pago atrasado de las cantidades que debería abonar a las comunidades autónomas, lo que se está cometiendo es una doble injusticia: primero, se está penalizando a quienes hacen un mayor esfuerzo contributivo: y, segundo, se penaliza no a los Gobiernos que gobiernan esas comunidades autónomas, sino a los ciudadanos que reciben menos recursos para poder hacer políticas sociales porque, sin duda, las comunidades autónomas, que son las responsables de prestar la sanidad, la educación, los servicios sociales, la ayuda a la dependencia, son, con esta falta de financiación pública, las que en último extremo - sus ciudadanos - pagan esas consecuencias de una infrafinanciación del Estado. En ese sentido, nuestro voto será favorable a esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, sin que - lo cortés no quita lo valiente -, si se me permite, nuestro grupo comparta el imaginario del Gobierno de CiU y Esquerra Republicana de Catalunya de que todos los problemas de financiación son responsabilidad de los otros. Usted, señor Sánchez i Llibre, es bastante responsable de que Cataluña no tenga recursos. ¿Se acuerda de cuando usted públicamente planteó que el impuesto sobre donaciones o el impuesto sobre las herencias era algo como el impuesto de la muerte? Usted vacía el sistema fiscal, lo deja sin recursos, lo convierte en un cadáver y luego, cuando va a Cataluña, se queja de que el cadáver no le da leche. Por supuesto, claro que no, no puede ser así; lo de ustedes es una doble vara de medir, no puede haber un buen sistema de financiación de ninguna Administración pública si no hay un sistema fiscal potente que lo sustente. Por lo tanto, ustedes harían bien en no continuar agujereando con sus políticas el sistema fiscal de este país. Insisto, en lo determinante vamos a apoyar su propuesta de Fondo de competitividad, porque, en definitiva, no es una partida cualquiera - quiero recordar que la media de los años en que se ha abonado supone para Cataluña 812 millones de euros, y con eso se puede hacer mucho -, sino que es el 5 % de los ingresos tributarios que Cataluña recibe del Estado, y un porcentaje muy parecido al del País Valencià, que, desde ese punto de vista, es junto a Cataluña una de las grandes comunidades afectadas. En resumen, nuestro grupo, que ha sido crítico con el Parlament de Catalunya, con las prioridades de gasto del Gobierno de Convèrgencia i Unió y Esquerra Republicana, desde esa fuerte crítica a esa posición de Convergència i Unió, les decimos que este planteamiento que trae hoy nos parece justo y lo vamos a apoyar. Nuestro voto será favorable. Como siempre, la defensa de la libertad de información y de comunicación…
Señor Coscubiela, se ha acabado su tiempo.
…frente a Radiotelevisión Española y frente a la SER y el Grupo Prisa. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Coscubiela, acabó su tiempo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín.
Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, hoy Convergència i Unió nos trae el inicio de una campaña, aprovechando el año electoral, para denunciar que el Gobierno es moroso. Señor Sánchez i Llibre, usted sabe perfectamente que eso es una falsedad: el Gobierno no es moroso. En 2015 las comunidades autónomas que tienen derecho al Fondo de competitividad van a recibir la liquidación de 2013. Lo que ustedes pretenden es recibir en 2015 las de 2013, 2014 y 2015. ¿Les parece adecuado dejar sin financiación al futuro Gobierno de la Generalitat de Catalunya? ¿Tanto miedo tienen a las elecciones autonómicas? ¿Piensan que no van a ganar y quieren gastar tres ejercicios en uno? ¿Eso es pedir solidaridad, pedir justicia? Señores de Convergència i Unió, saben perfectamente que el adelanto del Fondo de competitividad estaba previsto en la Ley 22/2009, solo como medida transitoria de inicio de aplicación [[disposición transitoria segunda]] Las disposiciones transitorias no son perpetuas y solo establecía el adelanto para 2009, 2010 y 2011. Ustedes en 2011 presentaron una moción similar a esta porque entonces el Gobierno del PSOE no pagó el adelanto de 2011, y ustedes protestaron. ¿Qué hizo el PSOE, que ahora enmienda y dice que se produzca el adelanto que no tiene amparo legal? Votó en contra de la moción que presentó el Grupo de Convergència i Unió. Hay que ser serios. No se puede decir a un gobierno que está siendo el más solidario de la historia de España con la financiación y con los problemas de liquidez de las comunidades autónomas que es un gobierno moroso. Usted sabe que el Gobierno de Cataluña, que tenía cerrado el acceso a los mercados, va a recibir entre 2012 y 2015 unos 40.000 millones de euros de cierto préstamo, y ahora se les ha bajado, según los mercados, el interés. [[El señor]] Se han bajado los tipos, y por esa bajada de tipos la Generalitat se va ahorrar 1.800 millones de euros de interés, cuando lo que nos está pidiendo es un adelanto de 1.500. No acuse al Gobierno de maltratar a las comunidades autónomas. El Gobierno, mediante estos sistemas de adelanto de financiación por el pago a proveedores, porque no pagaban las facturas - del FLA, del FLA social, etcétera -… Eran voluntarios, y ustedes acudieron y se han beneficiado para poder mantener los servicios sociales básicos de su comunidad autónoma. El Gobierno está muy orgulloso de haberles ayudado, a ustedes y a otras comunidades que acudieron. Señores de CiU, ustedes sacaron unos bonos patrióticos. ¿Qué pasó con ellos? Que fueron un fracaso. Ni siquiera los patriotas catalanes adquirieron bonos patrióticos; algunos de ellos se llevaron los fondos a Andorra, pero no invirtieron en fondos patrióticos. [[Aplausos]] Es lo que parece por las noticias. Si no llega a ser por el Fondo de liquidez autonómico ustedes no hubieran podido pagar el vencimiento de los fondos, no hubieran podido pagar a los 130.000 afectados por los bonos basura que ustedes sacaron al mercado. Ustedes están intentando ocultar que no han querido afrontar un problema que heredaron, ciertamente; era una administración autonómica en ruinas por la gestión de los gobiernos del tripartito. Ustedes, en lugar de afrontar el problema, han buscado un señuelo para ocultar su falta de decisión y eficacia. El señuelo es el proceso independentista y el chivo expiatorio es la acusación de que España nos roba. Yo creo que ya está bien de faltar a la verdad, de pedir al Gobierno que incumpla la ley y les haga un adelanto, pretendiendo en 2015 cobrar tres ejercicios y que hasta 2018 el futuro Gobierno de la Generalitat no tenga ingresos por esta vía. No nos parece adecuado y el Grupo Popular va a votar en contra de su planteamiento, de su propuesta, porque no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la ley y además es injusto para los catalanes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martín-Toledano. Señor Sánchez i Llibre, creo que hay una enmienda…
No la vamos a aceptar, señor presidente.
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ENDOGAMIA UNIVERSITARIA MEDIANTE LA REFORMA DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PERMANENTE UNIVERSITARIO. [[Número de expediente 162/001050]]
Proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para erradicar la endogamia universitaria mediante la reforma del sistema de selección del personal docente e investigador permanente universitario. Quiero comunicarles que este va a ser el último punto del orden del día que vamos a debatir esta tarde. Tiene la palabra, para defender la iniciativa, el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. El sentido de esta iniciativa creo que es muy claro. Se trata de ir resolviendo algunos de los problemas estructurales que tiene la educación superior, la universidad en España, en concreto. Primero quiero decir, porque este tipo de debates a veces sesgan la información de fondo, que tampoco es que la universidad española sea tan desastrosa como a veces se señala. De hecho, el que podamos exportar, por desgracia, debido a la crisis, tantos titulados en ingenierías, en ciencias de la salud y en algunas otras titulaciones indica que hay una demanda internacional porque ofrecemos algunos titulados que son de una calidad más que suficiente para la demanda laboral; otra cosa es que en España no podamos contratarlos. Uno de los problemas que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es casi ya castizo en la universidad española, es precisamente el de la endogamia. Para los no iniciados, la endogamia es simplemente una perversión del sistema de contratación del profesorado que hace que se prime la fidelidad al grupo dominante en los departamentos por encima de la capacidad, el mérito y la calidad. Esto no ocurre siempre, sin duda alguna hay profesores en la universidad española que han ganado una oposición en contra del candidato de la casa. Fue mi caso, por ejemplo, pero no quiero hablar de casos particulares sino de lo que es algo sumamente conocido en la universidad española, aunque forma parte de los tabúes que raramente se abordan. Hay un dato numérico que creo que lo dice todo. En 2006 el 97 % del profesorado universitario español era de la misma universidad que le había contratado, es decir, se había formado en los mismos departamentos que luego le contrataron. Como contraste, en Estados Unidos, que tiene algunas de las mejores universidades del mundo - en esos ránquines que tanto gusta citar -, este caso solamente se daba en el 10 %. Comparemos: del 97 % al 10 % hay toda una graduación de grises, pero desde luego nosotros estamos en el lado del negro. ¿De qué manera se hace esto? Sencillamente es algo muy conocido; se trata de la promoción permanente de determinados aspirantes por aquellas personas que tienen poder dentro de un departamento para que, con o sin doctorado, se les vaya promocionando por toda la escala, con toda la graduación de contratos, que además en los últimos tiempos se han ido haciendo más barrocos y más complicados. ¿Cómo se hace esto? Esta es la cuestión que tenemos que cambiar porque la propia universidad ha demostrado que no es capaz de autorregularse, pese a que algunas universidades - luego me referiré a esto - han intentado evitar esa tendencia. Se hace manipulando los concursos públicos y las oposiciones. ¿Cómo se manipulan? Básicamente manipulando el perfil, es decir, sacando a concurso perfiles de profesorado que se ajustan como un guante a una mano al perfil del candidato de la casa. De hecho, en los últimos tiempos, y esto es algo bastante novedoso, ha habido varias sentencias judiciales que han obligado a repetir concursos por hechos que eran ya verdaderamente escandalosos en el sentido de esta perversión, de esta modificación de los perfiles para hacer que determinada plaza fuera ocupada por ese y no por otro candidato. En fin, lo que nos importa es que todo el sistema no es que esté aislado en un departamento, sino que exista toda una red de solidaridad mal entendida entre los diferentes departamentos, institutos universitarios españoles, para que ninguno en general objete o ponga pegas a lo que hacen otros, sino que, en general, todos se ponen de acuerdo para que este sistema sea el dominante, y dominante además, como digo, de una manera aplastante. Se han adoptado algunos procedimientos de prevención, pero realmente han sido muy poco eficaces. El dato que daba antes del número de profesorado docente e investigador que se ha formado en la misma universidad que le ha contratado es más que elocuente. Además, la proliferación de universidades de ámbito provincial que tuvieron que crear plantillas muy rápidamente a partir de núcleos muy pequeños no ha ayudado a combatir este proceso sino lo contrario, a reforzarlo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? En primer lugar, que el favoritismo y el control burocrático de la Administración universitaria se ha impuesto por goleada a los criterios de capacidad y de mérito a la hora de contratar al profesorado. En segundo lugar, que la competitividad que se supone que aporta el sistema es una ficción, porque realmente en muy pocos casos se da una competencia en igualdad de condiciones entre diferentes candidatos. Más: la pérdida, y esto es lo más grave, del nivel de calidad en la docencia y en la investigación. A mí me gustaría subrayar esto. Tenemos una universidad que podría ser mucho mejor e insisto en un aspecto que espero que al Grupo Popular le impresione. No es una cuestión de dinero, esto no cuesta dinero, es regular de otra manera. No hay que meter un euro más para que haya competitividad y haya realmente igualdad de oportunidades a la hora de acceder al PDI. Pero la consecuencia del menor nivel es otro dato muy elocuente. En el año 2013 nada menos que el 57,6 % del personal docente e investigador de las universidades españolas había dejado de investigar. Es decir, una vez conseguido el puesto universitario, una vez conseguida la plaza de funcionario sobre todo, de titular o de catedrático, más de la mitad del profesorado deja de investigar porque ya ha conseguido el objetivo existencial que perseguía. ¿Qué podemos hacer al respecto por lo tanto? Evidentemente tenemos que llevar a cabo actuaciones en sentido contrario. Hay que incentivar la movilidad, hay que conseguir además, y esto es muy importante, que todas las universidades tengan la misma regla. Lo quiero decir porque es verdad que algunas universidades de algunas comunidades autónomas han puesto en marcha sistemas que, por ejemplo, piden, para poder opositar a determinadas plazas, un año o dos de experiencia en otra universidad, que no es siempre laboral, pero eso es insuficiente si no conseguimos que haya una circulación en todo el sistema de las más de setenta universidades públicas y privadas que ya tenemos en España. La vida judicial no solamente es complicada, sino que es poco aconsejable. Lo que tiene que haber es una regulación por vía legal de qué es lo que se va a exigir en todas las universidades españolas sin excepción para evitar la endogamia. La propuesta que hacemos nosotros, que no tiene ninguna pretensión, por supuesto, de exhaustividad, sino de un primer paso para poner en marcha una reforma cuyo único objetivo es que España tenga la universidad que se merece - y que puede tener porque no es una cuestión de dinero -, es vincular la movilidad a la igualdad de oportunidades y al acceso con competitividad a las plazas de personal docente e investigador que las universidades ofrecen. Proponemos tres cosas muy sencillas, que en otros países ya existen y además con resultados mucho mejores que los nuestros, cosa de la que deberíamos tomar nota. En primer lugar, que ninguna universidad contrate a un doctor para puestos de docencia o investigación si no ha trabajado al menos tres años en una universidad distinta. Tampoco estaría mal que fuera distante, pero de momento nos conformamos con que sea distinta, en otra universidad. En segundo lugar, vincular la financiación, por supuesto más allá de los gastos corrientes, a la consecución de objetivos de calidad docente y de investigación. ¿Para qué? Para incentivar la competencia y la contratación de los mejores y no de los más fieles y sumisos al núcleo de poder que ya existe. Por cierto, aprovecho para decir que en los últimos años hemos visto de qué manera un departamento universitario se puede convertir en otra cosa completamente diferente, en la plataforma política de lanzamiento de un partido político, por ejemplo, a través del mecanismo de creación de dictaduras académicas. En tercer lugar, facilitar con incentivos la movilidad de docentes en el sistema universitario para que existan posibilidades reales de que los aspirantes a plazas puedan desplazarse y tener estancias en universidades distintas a la suya. Son cosas evidentemente sencillas. Como decía antes y quiero subrayarlo de nuevo, no cuestan un euro. La excusa económica aquí no vale. Además, respetan las competencias autonómicas, porque no estamos pidiendo que las comunidades autónomas pierdan su competencia. Estamos pidiendo que el sistema universitario sea el mismo en todas ellas, igual que debería serlo en el Espacio Europeo de Educación Superior o sistema de Bolonia. Para acabar diré que he recibido dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra de Convergència i Unió. La de Convergència i Unió es discutible, pero pensamos que parte de una premisa que elude el fondo de la cuestión. No se trata de preservar las competencias autonómicas, las van a seguir teniendo; se trata de que las competencias no sirvan para cambiar el sistema universitario y entonces cierren y rompan un sistema universitario que debería ser único. La del Grupo Popular, una vez más, descafeína de tal manera lo que pedimos que realmente no podemos aceptarla, de manera que pediré la votación en sus propios términos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Como ha dicho el señor Martínez Gorriarán, hay dos enmiendas formuladas. En primer lugar, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Barberà.
Gracias, señor presidente. Señor Martínez Gorriarán, su iniciativa busca mover o activar al Gobierno en política universitaria. Si recuerda, era enero de 2012 cuando el ministro comparecía ante la Comisión y hablaba de unos objetivos ambiciosos para mejorar la política universitaria. Creó un consejo de expertos de alto nivel y disponemos de un informe desde febrero de 2013, pero pocas son las iniciativas del ministerio en el ámbito universitario, más allá de un retroceso en el modelo de becas y ayudas al estudio y de un real decreto que permite más grados de tres años, que también tiene su complejidad. En la Generalitat de Catalunya ya desde septiembre de 2012 se disponía del informe de una ponencia que buscaba la mejora del sistema universitario catalán. Entre sus diferentes apartados destacaban la financiación y la captación y promoción del personal. Ese informe nos hablaba de gestión de personal y decía que era necesario mejorar la práctica actual de selección y orientarla hacia una mayor apertura, que era necesario ir aumentando la competitividad interna y creando estrategias para la internacionalización. Ese informe iba unos pasos adelante y decía que era necesario crear medidas para abrir más el mercado de contratación de jóvenes doctores o favorecer la movilidad y la formación posdoctoral como etapa preliminar a una trayectoria de vinculación permanente a la universidad. Proponía crear procesos claros que evaluaran con agentes externos también la actividad de investigación, la calidad del docente o la experiencia profesional y también pedía crear medidas para facilitar la incorporación de profesionales en activo a la docencia universitaria y, al mismo tiempo, que profesores en activo pudieran trabajar en empresas, crear empresas o trabajar en instituciones. Pedía en definitiva una gestión del personal, del profesorado docente e investigador, ambiciosa y/o imaginativa. La Llei dUniversitats de Catalunya ha supuesto una herramienta básica para avanzar en el modelo propio de gestión de personal en el sistema universitario catalán, aunque - señor Martínez Gorriarán, fíjese lo que se decía - ya estamos llegando al límite legal que permite la normativa estatal. En Cataluña ya necesitamos modificar el marco legal para superar la restricción que nos supone el marco estatal, pues no permite el desarrollo del modelo que queremos llevar a cabo en el ámbito de gestión de personal. El señor ministro conoce las propuestas para suprimir los apartados 4 y 5 del artículo 48 de la Ley Orgánica de Universidades, porque queremos eliminar o flexibilizar los límites del personal docente e investigador contratado o eliminar o flexibilizar los límites del personal docente e investigador con contrato laboral temporal. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió cree oportuno pedir al Gobierno que abra un debate más amplio que su propuesta para consensuar el marco de la reforma de la gestión de personal y, por tanto, estamos dispuestos a hablar de su iniciativa de movilidad, de internacionalización, de financiación, de capacidad de captación, estamos de acuerdo en abrir el debate, pero, como usted ya ha reflejado en su intervención - como no podía ser de otra manera -, este modelo debe ser respetuoso con el marco competencial de Cataluña, con su modelo propio de sistema universitario. Por eso hemos presentado enmiendas al primer punto, donde usted añadía a la titulación y a la experiencia el deber documentar al menos tres años de trabajos en otras universidades o en empresas, centros investigadores, etcétera. Fíjese, ese es el problema de la legislación estatal, esa premisa estaría impidiendo llevar a cabo un programa de captación de talento innovador, como es el Jaume Serra i Hunter. Esta premisa de tres años que estábamos discutiendo antes no permitiría llevar a cabo este programa. Por eso necesitamos un marco flexible estatal para que cada comunidad autónoma pueda ejecutar dentro de esa flexibilidad su propio modelo de sistema universitario de acuerdo con cada territorio, con cada política del Gobierno y de su entorno que refleje esas necesidades del territorio. Por ello, señorías, nos vamos a abstener, porque estamos de acuerdo en que hay que abrir un debate, pero no en la dirección en que ustedes quieren hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barberà. Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moro.
Muchas gracias, señor presidente. Creo que el señor Martínez Gorriarán ha difuminado en sus palabras parte de la dureza de algunos de los planteamientos de la iniciativa. Como todo en la vida, los planteamientos sobre la universidad, también de la española, no son blancos o negros. Hablar de endogamia no tiene por qué ser siempre una visión catastrofista. Usted lo ha suavizado un poco. Indudablemente son muchas las causas que pueden determinar porcentajes de eso que se ha dado en llamar endogamia y que nos preocupa a todos. Podemos decir que el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con su iniciativa en el espíritu o en que, como planteaba también el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, a quién no le preocupa que la universidad mejore. Es indudable. En un debate público de los medios de comunicación reciente, se ponía de manifiesto cómo preocupan extraordinariamente los índices de endogamia en la universidad española. Creo sin embargo que hay que ser justos y para ello hay que prescindir a veces de esas estadísticas tan absolutistas. Ese porcentaje - lo han reconocido muchos de los expertos - no mide toda la movilidad interna que puede existir a lo largo de la vida de un universitario desde su doctorado hasta el momento en que se computa si hay o no movilidad. Precisamente desde el año 1983, desde la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, han variado mucho los sistemas de selección. No han conseguido eliminar una parte de esa endogamia que a todos nos preocupa, que es la parte acomodaticia del profesor o del investigador universitario, que no puede existir, que no debe existir, que está reñida con ser universitario, que está reñida con incorporar calidad al sistema universitario, pero es verdad que se ha ido avanzando, a veces con poca estabilidad, en sistemas que incentiven la movilidad, que incentiven la movilidad internacional, que incentiven el intercambio, como los programas Erasmus, también en el ámbito de la docencia, los programas que han incentivado los equipos de investigación. Todo eso ha ido incorporando mejoras al sistema universitario, pero no es suficiente, y no hemos acertado en los sistemas de selección. Por eso este grupo, queriendo unir la parte importante del debate que hemos apreciado también en muchos expertos, lo resume en esa enmienda, pero es un resumen que necesita un desarrollo, y es mejorar los procesos y los sistemas de selección. Lo decía el señor Barberà y estoy de acuerdo. No todas las universidades son iguales. No todas las áreas de conocimiento son iguales. No en todos los casos se ha producido el mismo nivel de paralización o de no movilidad. No todos los supuestos de endogamia sobre la estadística son supuestos de mala praxis, son supuestos de manipulación, son supuestos de no dar oportunidades para seleccionar a los mejores. Pero eso existe, hay que reconocerlo. En la universidad española, como en otras universidades, existen procesos de selección que no cumplen con los requisitos básicos de apreciar los principios de mérito y capacidad. Por eso conviene modificarlos, pero también conviene reconocer lo que se ha ido haciendo. Se han ido incorporando unos mínimos, unos estándares en procesos de acreditación que permiten conocer cuál es la trayectoria curricular y también de movilidad de nuestros profesores, y solo superando esos procesos de acreditación se puede llegar a algunas plazas. ¿Es mejorable? Sí, hay que mejorarlo. ¿Hay que mejorar el sistema de evaluación de la investigación que se hace por una agencia independiente? Sí, pero se hace y eso ha servido para dar una serie de incentivos y para cambiar algunas estrategias. ¿Hay que seguir en esa línea? Sí, hay que seguir en esa línea. ¿Hay que incorporarlo a la mejora del proceso de selección para que no se incumplan, para que no se caiga en la tentación de incumplir con los principios de mérito y capacidad? Sí, hay que seguir realizándolo. También se han incorporado algunas novedades en este año en la Ley de Presupuestos y me gustaría resaltarlo. Se incorpora una disposición adicional con una enmienda del Grupo Popular en el Senado, la nonagésimo sexta, en la que se reconoce la posibilidad de sacar plazas a la oferta pública universitaria a la que puedan aspirar personas que llevan al menos dos años en otra universidad y con acreditación suficiente para aspirar a esa plaza. Deberán permanecer dos años y esas plazas no se computarán en la tasa de reposición. Es una llamada a que sea posible esa movilidad. El difícil sistema competencial que tenemos en España en esta materia impide en muchas ocasiones que medidas que a usted le parecen fáciles y que aparecen en su propuesta de resolución sean tan sencillas, porque la competencia es de la comunidad autónoma, la financiación, porque la competencia de contrataciones es de la comunidad autónoma, porque la competencia a la hora de diseñar y establecer las comisiones de selección es de las universidades. Todo eso debe tenerse en cuenta. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se debe hacer? Sí. Debemos estimular que eso se haga cuanto antes porque hay elementos de diagnóstico suficientes para incorporar mejoras y la universidad debe seguir mejorando. No me gustaría terminar sin referirme a una frase que decía recientemente César Nombela y con la que estoy de acuerdo: Si hay una institución a la que cabe demandar una permanente tensión de mejora, de avance, esa institución es la universidad. También por eso se va a modificar el sistema de acreditación: ahí está, en el Consejo de Estado. No todas las reformas son por vía de ley, pero se están produciendo. Son avances sobre algunas de las cosas que no han funcionado mal. Hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer y cómo redactar algunas medidas sobre que alguien pase tres años en otra universidad. Se podría dar la circunstancia, se podría dar la anécdota de que elimináramos la posibilidad de que alguien muy meritorio por su currículum, extraordinariamente valioso, no pudiera aspirar y promocionarse en una plaza y que, sin embargo, alguien que formalmente acredita una estancia en otro centro o en otros centros universitarios pudiera acceder. En el año 2001 se previó que para determinadas plazas en el inicio de la carrera universitaria hubiera una desvinculación. No era una mala medida y, sin embargo, se consiguió pervertir - todos los que formamos parte de la universidad lo sabemos - y no sirvió de nada. Tenemos que insistir en que el mérito y la capacidad tienen que ser preservados, que es necesaria la movilidad y que sí es necesario modificar para mejorar los sistemas de selección, y ahí seguro que podremos llegar todos a bastantes acuerdos y a apreciar el buen trabajo que hacen muchos universitarios, aunque tengan que permanecer muchos años en la misma universidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Moro. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
Gracias, presidente. Señorías, lo cierto es que cuando procedí a la lectura de la parte dispositiva de esta iniciativa tengo que reconocer que me temblaron las piernas, y me temblaron solo de pensar en la posibilidad de instar al Gobierno o, lo que es lo mismo, al ministro Wert a presentar - y cito literal - en el plazo de seis meses un proyecto de ley. Tengo que reconocer la valentía o, quizá mejor, la osadía del grupo proponente a la vista del destrozo, del daño incalculable causado en tan solo dos años por el Gobierno popular y por el Ministerio de Educación en el sistema educativo español, primero de frente, con la Lomce, y ahora, en materia de política universitaria, de perfil vía decretazo. En la primera moción del orden del día de mañana tendremos la oportunidad de debatir sobre las últimas joyas evacuadas por el Ejecutivo en materia de ordenación de las enseñanzas universitarias, pero eso será mañana. [[Rumores]] Retomo el hilo. Como comprenderán, conocedora del insigne currículum del ministro Wert, pensé: sinceramente, qué necesidad de ir a buscar peligros, qué necesidad. Bien es verdad que, en una segunda reflexión más serena, también concluí que esta PNL no hace más que poner de manifiesto el pobre balance de la gestión del ministro Wert en política universitaria: maquillaje, recortes y más recortes, y algún retoquillo de carácter administrativo. Al fin y al cabo, lo que pone blanco sobre negro esta iniciativa es que este Gobierno y el señor ministro no han sido capaces de llevar a efecto el compromiso adquirido al inicio de esta legislatura, como bien ha señalado el señor Barberà en su intervención. [[Continúan los rumores]] Por otra parte, es incuestionable que el sistema de selección, de contratación y de promoción del personal docente e investigador, de los PDI, de la universidad en general padece endogamia. Es ciertamente incuestionable. En esta apreciación estamos al cien por cien de acuerdo con el fondo de la iniciativa, nosotros y creo que toda la comunidad educativa. Lo es también la necesidad de proceder a su revisión, con la voluntad de acabar de una vez por todas con los efectos más que negativos de esta dolencia que también el señor Martínez Gorriarán ha puesto de manifiesto a lo largo de su intervención: resta competitividad a las universidades del Estado… [[Continúan los rumores]] Presidente, me están indicando que no se me escucha.
Perdón, señora Sánchez. Ruego silencio para que se oiga a la señora diputada.
Como decía, resta competitividad a las universidades del Estado y condiciona la calidad y la eficiencia del sistema universitario. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, no podemos compartir la visión catastrofista - como ha puesto también de manifiesto la señora Moro - que se traslada a través de la parte expositiva de una manera homogeneizadora y generalista, y aún menos en lo que se refiere al trabajo del personal y de los profesionales de la educación. Desde luego, al hilo también de lo señalado por el señor Barberà, no podemos aceptar que se obvien las competencias de las comunidades autónomas, de las distintas administraciones educativas, de las universidades, depositando además nuestro espíritu en un Gobierno, en un ministerio y en un ministro que han hecho del imperativo categórico la ley, que se han demostrado ciegos, sordos y mudos para con la opinión no solo de los grupos parlamentarios de esta Cámara sino del sector educativo y de toda la sociedad, un Gobierno que, además, embozado en su mayoría parlamentaria, que no social - ya lo hemos comentado en otras ocasiones -, ha hecho como les decía de la imposición una máxima. Sinceramente, es arriesgar demasiado. Considerando por tanto la nefasta gestión que han realizado, que además se encuentra ya en tiempo de descuento, entendemos - y es duro lo que voy a decir - que es preferible mantener el statu quo en espera de tiempos políticos mejores y de nuevas mayorías parlamentarias. Por eso, ya les avanzo que nuestro voto será la abstención.
Muchas gracias, señora Sánchez Robles. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
Gracias, señor presidente. Comentaba hace unos minutos la portavoz del Grupo Popular que en algunas ocasiones podíamos atacar con medidas como la que aquí se nos trae a personas, a estudiantes y a universitarios extraordinariamente válidos. Es de lamentar que esos universitarios extraordinariamente válidos estén marchándose, sobre todo en investigación, por la falta de recursos que contamos en este momento. En cualquier caso, vayamos a la iniciativa que hoy se nos trae. Señor Martínez Gorriarán, en el primer párrafo de su proposición no de ley dice que la endogamia universitaria ha tenido siempre que ver - eso dice la PNL - más con el sistema de selección de personal docente e investigador, es decir, con la conformación de los tribunales y los procesos que exigen de acreditación para acceder a las plazas, con lo que acaba concluyendo también su proposición no de ley que es la movilidad de los aspirantes a una plaza o su estancia en otras instituciones. Señor Martínez Gorriarán, querer obligar a las universidades a contratar o a admitir en la convocatoria de concurso público únicamente a los candidatos que hayan estado al menos tres años de trabajo en una universidad diferente no solo es a nuestro entender una injerencia en la autonomía de las universidades, sino que no garantiza en nada la eliminación de la endogamia. Ustedes acusan de endogamia a las universidades de todo signo, sin diferenciar a públicas y privadas. Sin embargo, en las universidades públicas sí se pasa por un proceso de selección, que, como se decía por otros intervinientes, será necesario mejorar, pero que existe. Sin embargo, en las universidades privadas los docentes deben de ser, incluso en mucho de ellas, afines ideológicamente a quienes los contratan. No creemos acertado que su grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, se una a la batalla de desprestigio y descalificación que está librando el ministro Wert para desacreditar a la universidad pública en favor de las universidades privadas - pero no es nuestro problema, en todo caso será el suyo -, convirtiendo en el problema crucial y prioritario de la universidad la endogamia, que no decimos que no exista, sobre la que habrá que hacer algo y actuar sobre ella, cuando parece, como decía al inicio de mi intervención, que los recortes y el estrangulamiento de la universidad pública son el clamor que la comunidad universitaria alza en las diversas movilizaciones y huelgas contra un ministro que, decreto tras decreto, está desmantelando la universidad pública en una auténtica reforma por entregas. Esta vez no es en diferido, es directamente por entregas. Lo que parece que hay detrás de su proposición no de ley no es la preocupación por la endogamia de la universidad, sino un intento de aplicación de las medidas neoliberales a las universidades vía imposición normativa, porque lo que ustedes pretenden - lo que es realmente de calado en su proposición no de ley - es su segundo punto: vincular la financiación de las universidades y especialmente la financiación de programas de investigación y de títulos propios, así como la retribución del profesorado, a la consecución de determinados objetivos. No estamos de acuerdo con que se le exijan tres años de trabajo en universidades distintas a la suya porque es privilegiar el destierro frente al mérito y la capacidad, menos aún con el tipo de contratos precarios que hacen las universidades antes de obtener una plaza que requieren una financiación complementaria de la familia, porque si no es imposible acceder a ella. En lo único que estamos de acuerdo con su proposición no de ley es en la necesidad de facilitar la movilidad del profesorado, pero para esto lo crucial es conseguir financiación - por lo tanto, sí cuesta dinero - para que el profesorado pueda realizar estancias en otras universidades, colaborar en proyectos, etcétera; en ningún caso ayudas económicas a los departamentos que contraten PDI de otras universidades, que también costaría dinero. Lo que habría que hacer no es legislar vía imposición a las universidades cuestionando su capacidad de análisis sobre la realidad de los profesionales universitarios. Lo que se debería hacer es abordar una reforma en serio del sistema de acceso y la acreditación del profesorado universitario negociando [[Rumores]] - escuchen, por si les interesa - con los agentes sociales y las universidades, que son los propios afectados. Dejemos ya de legislar sobre los afectados sin tenerlos ni siquiera en cuenta. Tenemos que hablar de la movilidad del profesorado universitario en general - ahora bloqueada, por cierto - y no solo de hacerles la vida imposible a los que van a consolidar su puesto de trabajo. No convirtamos a las víctimas - el profesorado precario y temporal - en culpables. ¿Por qué se quiere aplicar esta medida al profesorado precario y no se propone también para los catedráticos de universidad que llevan más de veinte años en la misma? En definitiva, lo que a nuestro entender ustedes proponen con esta proposición no de ley sigue la línea del informe de la comisión de expertos encargada por el ministro Wert, que propone un sistema sin las garantías exigibles a una contratación pública y la desfuncionarización paulatina del personal académico, creando una suerte de dos categorías de profesorado. Parece, pues, que se pretende un sistema dual de profesorado - eso gusta mucho en los bancos de la derecha -, dividido en una élite de fichajes estrella con contratos blindados y una mayoría de profesorado en condiciones precarias y dependientes de continuas renovaciones de sus superiores, mal pagados y trabajando a destajo, con graves dificultades para mantener una cierta libertad de cátedra y también la propia independencia académica.
Señora diputada, tiene usted que terminar.
Termino ya, señor presidente. Estas fórmulas ya ensayadas en otros momentos y universidades lo que refuerzan es la jerarquización estamental, como lo definió Fernández Buey. Todas estas consideraciones que le hemos hecho, señor Martínez Gorriarán, señores de UPyD, son para señalar, evidentemente, nuestro voto en contra a la iniciativa.
Muchas gracias, señora García Álvarez. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bedera.
Gracias, presidente. Señorías, en 1917 Miguel de Unamuno ingresaba en la Academia de Jurisprudencia y Legislación con un discurso donde hacía referencia a los males que aquejaban a la universidad y señalaba, entre otros, el nepotismo, el corporativismo y el indigenismo, expresión que entonces se utilizaba para lo que hoy entendemos como endogamia. En 1984 el catedrático de Derecho Administrativo Alejando Nieto publicaba La Tribu Universitaria, una pequeña obra que se convirtió en un auténtico best seller por denunciar el escandaloso sistema de acceso a las cátedras universitarias desde hacía muchas décadas. Se recordaba en sus páginas cómo lo importante era ligar un trío, es decir, que en el sorteo del tribunal cayeran tres miembros dispuestos a votar al candidato contra viento y marea. El problema surgía cuando el famoso trío no contaba con un candidato demasiado presentable, como aquel que concurrió a una plaza de derecho y estuvo un buen rato explicando los profundos lazos que le unían con su profesor italiano, autor de numerosos libros, el señor Cedam, nombre que al ser pronunciado provocó la carcajada general entre los asistentes y la definitiva suspensión de la oposición, pues el tal Cedam no era el nombre de ningún autor sino evidentemente las siglas de una editorial. También era problemático en aquel sistema de oposiciones que el presidente se encontrara en minoría, pues antes de entregar la plaza a la escuela enemiga se intentaba dejar vacante recurriendo a lo que fuera, como pasó en cierta cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo, donde el presidente del tribunal, visto que no lograba imponer su voluntad minoritaria, salió un momento a llamar por teléfono y ya no regresó jamás, impidiendo a sus colegas proceder a la votación. Este denostado sistema de oposiciones se resumía en una redondilla que corría entre el profesorado de aquel momento y que decía así: para hacer oposiciones lo primero y principal es tener un tribunal dispuesto a hacerte favores. Señorías, de este sistema venimos, pero sería muy injusto decir que en este sistema estamos. Precisamente para corregir casos como el del supuesto señor Cedam, nuestro sistema de acceso a cátedras y otros niveles académicos se modificó en 2001 al crear las habilitaciones primero y las acreditaciones más tarde, donde una comisión externa a la universidad examina el currículum del concursante y lo acredita o no para alguno de los grados docentes reconocidos en la ley. ¿El sistema es perfectible? Sí. ¿Es mejorable? Por supuesto, pero nada tiene que ver con el que se describía antes, del mismo modo que la universidad de 2015 nada tiene que ver con aquella de la transición. Hasta el profesor Sosa Wagner, también catedrático de Derecho Administrativo, al que seguramente conocerá el ponente porque durante algún tiempo militó en su partido, en un librito que también se llamaba El mito de la autonomía universitaria [[Muestra un libro]] decía que el sistema de la habilitación de alguna manera combatía la endogamia porque ningún español serio puede concebir - decía él - un modelo de selección entregado a las solas fuerzas decisorias de la universidad convocante, pues, conocedores de que somos como somos, los peores temores y las más abiertas arbitrariedades no tardarían en salir. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Gorriarán, puede estar de acuerdo con el espíritu que impregna su proposición no de ley y que no es otro que reducir la endogamia, pero nos parece que ni la situación es como antes ni la endogamia en estos momentos es nuestro principal problema. La universidad, señorías, está en situación de emergencia, pero por otras razones diferentes a la endogamia. Deben saber todas sus señorías que al llegar la Navidad las facultades, los laboratorios y las bibliotecas de muchas universidades se cierran para no gastar calefacción; deben saber lo difícil que es despertar vocaciones universitarias si las becas de colaboración en los departamentos se han recortado drásticamente, si no hay dineros para intercambios en el extranjero o se regatean las becas FP y FPU; deben saber que formar a un profesor es muy caro - carrera, posgrado, tesis, estancias en el extranjero, congresos, idiomas - y con la magra recompensa de unos contratos precarios, cuando no el exilio académico. Señorías, nuestros jóvenes investigadores no se van, les echa el actual sistema. Tomen nota de un dato: solo el 5 % de los investigadores del CSIC tiene menos de cuarenta años. Cuando el famoso informe Bricall avisaba de que si los Gobiernos no reformaban la universidad lo harían los mercados, quién nos iba a decir a nosotros que sería el propio Gobierno quien actuaría de portavoz de los mercados. Por ello, señor Martínez Gorriarán, en otras circunstancias votaríamos su proposición no de ley, seguramente con matices, pero la votaríamos para eliminar la endogamia en la universidad. Hoy tememos seriamente por su viabilidad y pensamos que primum vivere, deinde philosophare y, por tanto, nos vamos a abstener. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bedera. Señor Martínez Gorriarán, aunque ya lo ha expresado, a efectos formales le pregunto qué va a hacer con las enmiendas.
Señor presidente, no las aceptamos. Se votará en sus términos. Gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Votaremos en unos minutos. [[Pausa]]
Vamos a proceder a las votaciones.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural, sobre reforma del impuesto sobre el valor añadido de los servicios básicos: agua, electricidad, gas y transporte. Hay 4 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 4 votos telemáticos, 322; a favor, 147 más 2 votos telemáticos, 149; en contra, 169 más 2 votos telemáticos, 171; abstenciones, 2.
No se toma en consideración. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS ÓRGANOS. [[Número de expediente 122/000172]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, sobre modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación Radiotelevisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Hay 4 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 4 votos telemáticos, 322; a favor, 148 más 2 votos telemáticos, 150; en contra, 169 más 2 votos telemáticos, 171; abstenciones, 1.
No se toma en consideración.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, relativa al pago anual del Fondo de competitividad correspondiente a los años 2014 y 2015 a la Generalitat de Cataluña y demás comunidades autónomas beneficiarias del mismo. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 9.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ENDOGAMIA UNIVERSITARIA MEDIANTE LA REFORMA DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PERMANENTE UNIVERSITARIO. [[Número de expediente 162/001050]]
Proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para erradicar la endogamia universitaria mediante la reforma del sistema de selección del personal docente e investigador permanente universitario. Se vota también en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 7; en contra, 183; abstenciones, 123.
Queda rechazada. Se suspende la sesión. Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.