Se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Economía y Empresa. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Comparezco una vez más ante el Pleno de esta Cámara para someter a convalidación el Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Como en ocasiones anteriores, el objetivo principal de este texto es adaptar nuestro ordenamiento jurídico a diversa normativa comunitaria, concretamente en este caso se trata de trasponer cuatro directivas e incorporar cinco reglamentos que, si bien son de aplicación directa, como todos ustedes saben, en los Estados miembros, requerían de un ajuste legislativo para garantizar la seguridad jurídica de todos los sujetos afectados y cerrar posibles lagunas. [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Como en ocasiones anteriores en que he venido a defender ante ustedes reales decretos-leyes, todas las directivas a trasponer se encuentran ya vencidas y en distintas fases de procedimientos sancionadores, impulsados por las instituciones comunitarias. De ahí la urgente y extraordinaria necesidad que nos obliga a utilizar la figura del real decreto-ley. Antes de pasar a exponer el contenido, permítanme darles una visión general en este ámbito. Como ustedes saben, desde el primer día en el que llegué al Ministerio de Economía y Empresa hemos fijado como prioridad adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la normativa europea porque, diez años después del inicio de la crisis económica, no tiene justificación no haber reforzado todavía nuestro marco normativo en áreas clave como la protección de los clientes financieros, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, o la garantía de que los trabajadores puedan conservar sus derechos de pensión aunque cambien de trabajo. Recordarán que expuse en esta misma tribuna una tabla que utilizamos un poco como guía de dónde estamos en el proceso de trasposición de las directivas, una tabla que sintetiza el estado de trasposición. Pues bien, hoy traigo una versión actualizada de esta tabla, que nos permite ver desde el punto de partida, cuando llegamos, aquellas directivas que estaban pendientes de trasposición o en una fase inicial de esta trasposición y cuál es el estado de trasposición hoy. [[Muestra una gráfica en cada mano]] Me parece que es un mensaje muy elocuente, que dice mucho del buen trabajo que se ha realizado precisamente en esta sede parlamentaria. Y este es el primer mensaje que quería enviar hoy, quería rendir tributo al trabajo que se realiza en esta Cámara y en particular en la Comisión de Economía, en la que los distintos grupos parlamentarios han permitido que, gracias a la convalidación de los distintos reales decretos-leyes - hemos presentado cuatro para trasponer nueve directivas -, hayamos dado un paso muy importante para cerrar esta fase de incorporación a la normativa española de todo el paquete legislativo que se elaboró en Europa como consecuencia de la crisis. Esta semana, con el acuerdo logrado en la Comisión por lo que respecta a la ley de crédito inmobiliario, se ha dado también un paso importante para empezar la fase final de trasposición de esa directiva. Sin ánimo de resultar muy prolija en las explicaciones porque el real decreto-ley que traemos hoy tiene mucho contenido, paso a relatar las principales novedades. La primera de las directivas que trasponemos con este real decreto-ley es la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, que tenía que haber sido recogida en nuestro ordenamiento jurídico antes del 18 de enero de 2018. El objetivo de la directiva es crear un marco integrado y homogéneo de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados por las nuevas tecnologías, en particular para los pagos realizados con tarjeta, Internet y móviles, y básicamente para incrementar los derechos de los usuarios y la seguridad de las transacciones. Derechos de los usuarios y seguridad de las transacciones son objetivos prioritarios de nuestro Gobierno. Para llevar a cabo la trasposición hemos optado por crear una ley de servicios de pago de nueva planta que deroga la que estaba en vigor actualmente y, además, estamos trabajando en el ministerio en el real decreto y la orden ministerial de desarrollo reglamentario, que completarán la trasposición. Algunas de las principales novedades de esta nueva ley serán, como he señalado, el reconocimiento de nuevos derechos para los ciudadanos. Por ejemplo, se reducirá de 150 a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas, consecuencia de la utilización, por ejemplo, de una tarjeta que haya sido extraviada o robada. Se reducen de un mes a quince días los plazos de resolución de reclamaciones. Además, se refuerzan los requisitos de seguridad de la autenticación de los clientes para evitar suplantaciones de identidad o robo de claves, entre otros peligros, temas muy reales que afectan a nuestra vida diaria y que estoy segura de que todos ustedes, señorías, conocen de primera mano. Asimismo, se crea un marco regulatorio que otorga mayor seguridad jurídica a los consumidores cuando usen estos nuevos servicios de pago que ya están operando, tales como los iniciadores de pagos, que son intermediarios que ofrecen una alternativa a los pagos con tarjeta, o los agregadores de cuentas, que son entidades que consolidan toda la información sobre las distintas cuentas de un mismo usuario y la clasifican por categorías. Era importante incluir este tipo de actividades dentro del marco regulatorio para que puedan ser adecuadamente supervisadas. También se regula la prestación de servicios de pagos mediante sistemas como el móvil y se establecen requisitos de acceso al sector más livianos para las microempresas, para las pequeñas empresas, para que pueda haber innovación y desarrollo de fintech en este ámbito. Todos estos cambios impulsarán el marco integrado de servicios de pago a nivel comunitario, que contribuirá a consolidar el mercado interior para la libre circulación de bienes y servicios, porque al definir este régimen jurídico unas condiciones y requisitos y unos derechos y obligaciones comunes se potencia la prestación trasnacional de servicios de pago, incrementando la competencia, un tema que es particularmente importante para el ecosistema de empresas en nuestro país que exportan cada vez más a los principales mercados del resto de Europa. De la aplicación de esta directiva también esperamos efectos positivos en términos de reducción de la economía irregular, ya que la mejora de la seguridad y de la confianza hacia este tipo de servicios aumentará su uso frente a los pagos en efectivo. Finalmente, el abaratamiento de costes y el lanzamiento de estos nuevos servicios de pago pueden tener un impacto beneficioso para la inclusión financiera. El segundo ámbito de este real decreto-ley es la trasposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado mediante el establecimiento de un canal de denuncias de los incumplimientos del correspondiente reglamento que permitirá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los posibles incumplimientos de la normativa sobre abuso de mercado, como ya se viene haciendo con la Ley nacional del Mercado de Valores. La tercera directiva que se traspone con este real decreto-ley es la de requisitos de capital o CRD IV, una de las directivas clave de respuesta a la crisis financiera, que venció hace nada menos que cinco años, en 2013. Aunque parte de la normativa comunitaria ya está recogida en nuestra legislación, estaban pendientes dos asuntos: por una parte, el canal de denuncias, para que los empleados de las entidades financieras puedan comunicar al Banco de España los incumplimientos que hayan detectado en materia de solvencia, contando en ese proceso con todas las garantías laborales; por otra parte, el establecimiento de nuevas obligaciones de intercambio de información por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto de las empresas de servicios de inversión, mejorando de este modo la cooperación y la coordinación entre las distintas autoridades competentes dentro de la Unión Europea. Para incorporar estas novedades a nuestro ordenamiento, es necesario modificar tanto la Ley de solvencia como la Ley del mercado de capitales. En cuarto lugar, aprovechamos este real decreto-ley para corregir determinados puntos que la Comisión Europea había considerado mal traspuestos de la Directiva de cuentas de pago básicas. Ya solo queda pendiente una orden ministerial, que espero firmar pronto, y una circular del Banco de España, que entrará en vigor poco después. Como saben, al margen de la trasposición de la Directiva de cuentas de pago básicas, estamos trabajando en un real decreto, que ya ha estado sometido a consulta pública y que va más allá de lo exigido por la directiva, para garantizar el acceso gratuito a estas cuentas de pago básicas para todas las personas vulnerables. Es un paso más en la garantía de inclusión financiera. Como les decía antes, señorías, este real decreto-ley nos sirve también para adaptar nuestra normativa a una serie de reglamentos comunitarios con el ánimo de mejorar la seguridad jurídica de los operadores del mercado y la eficiencia en su funcionamiento. El objetivo, en concreto, es modificar la Ley del Mercado de Valores para dar la necesaria seguridad jurídica a las actuaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya venía desempeñando en materia de supervisión, inspección y sanción de conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la información sobre determinadas operaciones realizadas con valores o la venta de productos preempaquetados dirigidos a minoristas, que resultan especialmente complejos, los conocidos como PRIPS. Sobre este último asunto, permítanme hacer hincapié en que se trata de mejorar las herramientas de protección de los inversores, así como fijar medidas objetivas para que puedan comparar las características en productos similares producidos o comercializados en distintos Estados miembros. También se precisan las competencias de la CNMV y del Banco de España para la supervisión de los índices de referencia con el objetivo de que su elaboración siga unas metodologías y estándares de calidad y evitar cualquier tipo de manipulación y asegurar que reflejan fielmente la realidad del mercado. Es un asunto particularmente importante, ya que se trata de garantizar que los índices que se utilizan como referencia en contratos u operaciones del mercado financiero o que se usan para medir la rentabilidad de determinados productos financieros se elaboran con unas metodologías transparentes y de calidad para evitar posibles manipulaciones, como las que hemos visto en el pasado en el caso del líbor y del euríbor, y que además esa metodología asegura que los índices se acercan lo más posible a la realidad del mercado, construyendo dichos índices sobre transacciones reales. Para conseguir estos objetivos, el reglamento impone obligaciones tanto a quienes elaboran los índices como a las entidades que aportan los datos sobre los que se construyen. Y en último lugar, el real decreto-ley detalla también las infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos relacionados con todos estos temas. Más allá de la trasposición y adecuación de normativa comunitaria, este real decreto-ley incluye algunos contenidos adicionales necesarios para aclarar la normativa española en materia financiera, incluimos algunas correcciones formales y técnicas en el texto de la Ley del Mercado de Valores después de MiFID II. Me gustaría señalar tres de estas precisiones adicionales. En primer lugar, se ajusta el régimen sancionador de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito para equiparar el de las entidades de crédito con el de otras entidades de pago. De este modo, el régimen sancionador será más eficaz y estará alineado con el que tienen nuestros socios europeos y el propio Banco Central Europeo. El Banco de España venía solicitando este alineamiento de las sanciones para poder aquilatarlas con el resto de autoridades europeas y garantizar así un régimen sancionador eficaz a las instituciones españolas. En segundo lugar, se modifica la Ley de resolución para permitir que el Fondo ordenador de reestructuración bancaria, el FROB, pueda recaudar contribuciones de sucursales de entidades extracomunitarias que se encuentran en España para el Fondo de resolución nacional. De este modo, todas las entidades deberán contribuir a este fondo aunque su aportación sea de pequeña cuantía. Se trata de subsanar un error de trasposición que lamentablemente dejó fuera a estas sucursales con el resultado de un trato más beneficioso a las entidades extracomunitarias. También se cierra una laguna en cuanto a las competencias e instrumentos de nuestra autoridad nacional de resolución, el FROB, para proceder a la resolución de los bancos de dejen de ser solventes. En tercer lugar, se excluye a las entidades de crédito y financieras del ámbito de aplicación del derecho de separación por falta de reparto de dividendos que reconoce la Ley de Sociedades de Capital. Esto lo hacemos porque de acuerdo con el criterio seguido por la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, si no hacemos este cambio las acciones de estas entidades financieras no podrían ser consideradas instrumentos de capital elegibles con el consiguiente impacto desde el punto de vista de su estructura de pasivo. Señorías, concluyo ya insistiendo en que con este real decreto-ley cumplimos con uno de los objetivos prioritarios para el Ministerio de Economía y Empresa: culminar la trasposición de la normativa europea que acumula grandes retrasos, que nos expone a cuantiosas multas y que además impedía hasta ahora a los ciudadanos españoles tener la protección de sus derechos que proporcionan estas directivas comunitarias y asegurarnos de que los mercados financieros están correctamente supervisados. Como he dicho en mi introducción, tras diez años desde el inicio de la crisis creo que ya es hora de cerrar el proceso regulatorio que tuvo lugar precisamente en respuesta a esta crisis a nivel europeo y quiero de nuevo agradecer el buen trabajo de todos ustedes, gracias al que hemos podido avanzar en seis meses más que en los últimos años. A todos estos objetivos sirven las directivas que hemos traspuesto mediante este real decreto-ley y, por eso, solicito el voto favorable de la Cámara a su trasposición. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, buenos días, señora ministra de Economía y Empresa. El real decreto-ley que usted acaba de presentar, que es amplísimo y muy complejo, resulta también necesario para que España avance convenientemente en el objetivo europeo de mercado único, en el que cobra especial importancia el establecimiento de unos servicios de pago adecuados y a ello se refiere profusamente el contenido de esta extensa normativa. Se trata de una normativa que actualiza la que tenemos actualmente vigente en España y que está basada en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago y en las directivas europeas que se han traspuesto desde entonces. Esta mañana también se trasponen nuevas directivas, como la señora Calviño acaba de reseñar, y se adaptan diferentes reglamentos comunitarios que inciden en la información, la transparencia y la protección a los consumidores. La urgencia viene dada porque llevamos once meses de retraso y abierto algún procedimiento sancionador para que España incorpore a su cuadro legislativo las nuevas reglas que profundizan en la competitividad a través de la innovación en los servicios de pago y la adaptación a la transformación digital y a las herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a los usuarios, así como la imprescindible seguridad no solo en las operaciones, sino también el necesario respaldo jurídico a través de una nueva y buena legislación. En todo caso, estamos en un campo muy abierto, en el que los países de la Unión Europea tienen dificultades para lograr la armonía regulatoria que exige el correcto funcionamiento del mercado único. Este real decreto-ley coloca a España en el grupo de países que avanza en la uniformidad de las reglas relativas a los servicios de pago, por lo que mi voto será favorable a la convalidación. Si bien, no quiero dejar de reseñar el palmario abuso del Gobierno de Pedro Sánchez en la utilización de este procedimiento del real decreto-ley, que es consecuencia, muy probablemente, de la escasa confianza del Ejecutivo en sus apoyos parlamentarios. Lo razonable sería hacer uso de este mecanismo - que en seis meses se ha utilizado ya en dieciséis ocasiones - sobre todo en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Aquí, hoy, sí se alcanza esa triple categoría de extraordinaria, de urgencia y de necesidad porque el Gobierno ha dedicado meses y meses para elaborar este texto y someterlo a la convalidación del Congreso. Vaya en su descargo que el retraso acumulado viene de atrás. Finalmente, le agradezco, señora ministra, sus buenas palabras hacia el trabajo de los compañeros de la Comisión de Economía. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, señorías, nuestro voto va a ser favorable porque entendemos que, aunque es verdad que es un real decreto complejo y denso, tiene un componente técnico importantísimo y, por tanto, va a tener nuestro voto favorable. Quisiera también agradecerle sus palabras en relación con el trabajo de la Comisión de Economía y, a su vez, quiero agradecerle a usted y a su equipo su empeño y decisión por intentar recuperar este retraso inaceptable en la trasposición de la normativa europea. Es verdad que usted en su primera comparecencia se comprometió ante la Comisión a conseguir este objetivo. Entendemos que van por el buen camino y van a encontrar nuestro apoyo decidido. Aquí no les vamos a afear que utilicen los reales decretos porque, como señalaba mi compañero anteriormente, está plenamente justificado. Por tanto, van a tener nuestro apoyo. Esperemos que los otros compromisos que adquirió, que no eran pocos, a pesar de la complejidad de esta legislatura, los puedan implementar, señora ministra. Sabe que si los plantean a los grupos, más allá de la composición en estos momentos de esta Cámara, van a poder conseguir los objetivos. Dicho esto, no voy a entrar en el contenido del real decreto en sí, si bien creo que es muy significativo que se puedan trasponer estas cinco directivas, algunas parcialmente, y cuatro reglamentos que, como usted ha dicho, en su mayoría ya están en el inicio del procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea, pero es especialmente relevante en cuanto a la Directiva de los servicios de pago. Creemos que es un avance necesario no solo crear estos nuevos servicios de pago, sino facilitar los existentes porque supone una adaptación al siglo XXI, pero es que, además, nosotros entendemos que, aparte de beneficiar al consumidor y facilitarle sus pagos y transacciones económicas, también tiene un efecto beneficioso en relación con la lucha contra el fraude porque en la medida en que generalicemos y facilitemos todos estos servicios de pago vamos a ir reduciendo los pagos en efectivo que, como todos sabemos, no siempre, pero sí en ocasiones pueden generar un cierto incentivo hacia el fraude fiscal. Por tanto, enhorabuena, señora ministra, transmítasela también a su equipo. En todo caso, esperemos que los reales decretos ley que entren en esta Cámara tengan tanta justificación como este porque no siempre ha sido así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días. Señorías, ministra, este real decreto tiene como objetivo la trasposición de varias directivas cuyo plazo de trasposición se encuentra vencido, completar otras y adaptar el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios. El decreto-ley incluye la trasposición parcial de la Directiva 2015/2366, sobre servicios de pagos en el mercado interior, cuyo objetivo es hacer frente a los nuevos retos en los servicios de pago derivados de las nuevas tecnologías; en definitiva, de la innovación, y garantizar que esos pagos que se realizan en la Unión Europea, básicamente con tarjeta, Internet y móviles, se puedan realizar con la misma facilidad y seguridad que los pagos nacionales internos en los Estados miembros. También se refuerzan los derechos de los clientes, por un lado, porque se reduce la cantidad a 50 euros de la responsabilidad del usuario víctima de operaciones fraudulentas y se reducen los plazos de resolución de reclamaciones. Además, se refuerzan los registros de seguridad para la autenticación de los clientes o usuarios para evitar la suplantación de identidad o el robo de claves, como ha dicho la ministra. Se amplía el ámbito de la regulación a nuevos servicios de pago, iniciadores de pagos y agregadores de cuentas. El real decreto, además, completa la trasposición de la Directiva sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado y también la Directiva 2013/36, de requisitos de capital, incluyendo un canal de denuncias para comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. También se regulan determinadas obligaciones de la CNMV y el Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre las autoridades competentes de la Unión Europea. Asimismo, este real decreto, como ya se ha dicho, adapta al ordenamiento jurídico español varios reglamentos comunitarios para mejorar la seguridad jurídica y la eficiencia de los operadores de mercado, los reglamentos sobre índices de referencia, sobre abuso de mercado, sobre documentos de datos fundamentales de productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, sobre transparencia en las operaciones de financiación de valores y de reutilización y sobre fondos del mercado monetario. También establece el real decreto una serie de ajustes técnicos para la correcta ejecución de otro conjunto de directivas ya traspuestas en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que decir que una vez más la exposición de motivos justifica el empleo del real decreto-ley en la necesidad de trasponer determinadas directivas al ordenamiento jurídico por estar vencido el plazo y de completar otras tantas para eliminar incertidumbres regulatorias que originan costes y afectan a la competitividad de las entidades de crédito y pago, así como a la capacidad para atraer nuevos proveedores de servicios de pago. En este caso, para nosotros también es justificable porque este vencimiento no es achacable a su Gobierno, este retraso viene de una época anterior. De todas formas, y una vez más, celebramos que el nuevo Gobierno tenga entre sus prioridades finiquitar estos retrasos y su disposición a la trasposición de directivas en plazo, cosa que hasta ahora no se ha estado realizando. Viendo, además, el cuadro que hoy ha traído la señora ministra, hay que poner en valor el trabajo realizado en un plazo tan corto de tiempo y, por tanto, agradecerle su empeño y buen hacer. Dicho esto, nuestro grupo votará a favor de la convalidación porque esta trasposición va a permitir, entre otras cosas, mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, garantizar la protección de los inversores ante posibles conductas de abuso de mercado y reforzar la eficacia del mercado de supervisión y resolución de entidades financieras, así como fomentar la innovación proporcionando, si acaso, una mayor competitividad de nuestro sector en el ámbito europeo. Una vez más y por último, quiero agradecerle su trabajo y su empeño. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
Gracias, presidenta. Buenos días, ministra, diputades i diputats. De nuevo hoy debatimos un real decreto-ley, trasposición de una directiva europea relativa a los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, puesto que nos viene obligado. Con este real decreto vuelven a hacer algo a lo que nos están empezando a acostumbrar - y no debería ser así -, que es introducir medidas diversas en un mismo pack, en este caso en un texto de noventa y cinco páginas, con lo que imaginen el volumen de medidas que pueden incluir. En esta ocasión y como novedad, incorporan dos nuevos servicios de pago, establecen un sistema de autorización que facilita el acceso a la prestación de servicios de pago y acaban de modificar la Ley del Mercado de Valores para adaptarla completamente al derecho europeo, y hasta aquí nos parece correcto. Hoy asistimos a un nuevo episodio de la estrategia del Gobierno del PSOE de una de cal y otra de arena. Hace escasamente tres semanas salieron como los grandes defensores de la ciudadanía ante los abusos de las entidades financieras al establecer que el impuesto sobre actos jurídicos documentados lo debía pagar el banco. Pero hoy, señora ministra, ya no vemos esta cara tan amable, y es que en estas noventa y cinco páginas de decreto se cuela una disposición final sexta de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en la cual se modifican las sanciones a la banca en caso de infracción. Y es que en un país cuyo rescate a la banca se valora e más de 60 000 millones de euros, en un país donde el propio Banco de España en su última actualización de finales del mes de noviembre da por perdidos más de 42 000 millones de euros del rescate con dinero público a los bancos, en este país, en el Reino de España, se rebajan las sanciones a la banca, y esto, ministra, nos parece indignante. Asistimos perplejos a cómo se elimina el importe mínimo aplicable en la mayoría de multas y se rebajan las sanciones por debajo de los umbrales hasta ahora existentes. Eliminan el 5 % mínimo para las infracciones muy graves y el 3 % para las consideradas como graves, dando un mayor margen al Banco de España en el mínimo exigible. Para las infracciones leves, la sanción pasa a ser de entre el doble y el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando estos beneficios puedan cuantificarse en el doble del importe, eliminando de nuevo el umbral mínimo del 0,5 % del volumen de negocio neto anual o los 100 000 euros si esta cuantía fuera inferior. Por todo ello, nos parece inasumible este regalo a la banca y, por tanto, no votaremos a favor de este real decreto y presentaremos enmiendas para que no se vean rebajadas estas sanciones a la banca. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, señora ministra, señora Calviño. Nos trae el Gobierno el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, para su convalidación en el día de hoy. Vaya por delante que mi grupo apoyará la convalidación, lo que pasa es que lo inédito, señora ministra, es que de una vez por todas usásemos los reales decretos-leyes para lo que fueron concebidos por los constituyentes; ya sabe, aquello de extraordinaria y urgente necesidad. Estamos muy acostumbrados a utilizar el real decreto porque el propio Gobierno es el que genera esa extraordinaria y urgente necesidad por su tardanza. No se lo digo a usted, que no es responsable lógicamente, pero estaría muy bien que de una vez por todas las trasposiciones de las directivas europeas vinieran en tiempo y forma y no llegáramos, como siempre, con apercibimiento de posible infracción por la tardía trasposición de las mismas. Señora ministra, señora Calviño, usted en su antiguo colegio era una alumna ejemplar, de matrícula, de diez, en definitiva una alumna aplicada. Ahora, con el cambio de colegio, estamos llegando tarde y estamos presentando una serie de informes que en la Unión Europea nos están diciendo que no se ajustan a lo que quieren. Le dirán aquello de quién la ha visto y quién la ve. Entrando en materia, este real decreto traspone directamente y de forma casi literal la Directiva 2015/2366, de servicios de pago en el mercado interior, cuyo plazo de trasposición venció el pasado mes de enero - el llamado PSD2, como bien nos ha dicho hoy -, con la que se pretende crear un marco integrado en este campo a nivel europeo, con el fin de hacer frente a los nuevos retos y cambios que plantean los medios de pago y para garantizar además la seguridad de las transacciones, en concreto de las realizadas con tarjeta, con Internet y con móviles. Completa además la trasposición de la Directiva 2015/2392, relativa a infracciones en el abuso de mercado y adapta nuestra Ley del Mercado de Valores al Reglamento de la Unión Europea 596/2014, sobre abuso de mercado. Entrando en elementos concretos, la PSD2 da un paso más en la armonización de los pagos electrónicos en la Unión Europea y su implementación en España conllevará importantes novedades. En primer lugar, como nos ha dicho, incluye nuevos e importantes derechos para los usuarios del servicio de pago, algo muy destacado. Entre ellos, podemos citar la prohibición absoluta de que los comercios realicen los llamados recargos cuando se paga con cualquier instrumento de pago electrónico. La PSD2 también limita la responsabilidad de los usuarios que sean víctimas de operaciones fraudulentas a un máximo de 50 euros - algo muy importante teniendo en cuenta que los delitos de cibercrimen están aumentando exponencialmente - y, además, otorga un plazo máximo de quince días para resolver cualquier reclamación entre el usuario y la entidad. Otra cosa que nos parece muy interesante es la equiparación en este real decreto de las microempresas a los usuarios, sobre todo en las medidas de protección y transparencia, definiendo las microempresas como las entidades con menos de diez trabajadores y una facturación inferior a 10 millones. Por otro lado, la PSD2 endurece las medidas de seguridad que se aplican a los pagos electrónicos. En este sentido, incluye el mandato de realizar al menos una autentificación reforzada al cliente, es decir, una autentificación al menos en dos pasos, lo que viene a ser, más o menos, que cualquier usuario debería utilizar primero una clave electrónica y luego recibir un SMS para autentificar cualquier usuario, cualquier pago o cualquier operación financiera. Finalmente, lo que nos parece más relevante de la PSD2 es que incluye el concepto de open banking, obligando a los bancos a que concedan acceso a terceros a las cuentas de sus clientes. A cambio, estos terceros prestarán nuevos servicios, que fundamentalmente consistirán en poder pagar sin tarjeta de pago - lo que denominamos sistema de iniciación de pagos - y en aplicaciones que permiten ver de forma consolidada la información financiera de los usuarios - aquello que llamamos agregadores de cuentas -. Estos terceros, además, para prestar estos servicios deben convertirse en entidades reguladas y estarán supervisados por el Banco de España, algo muy interesante. La complementación a la trasposición de la directiva 2015/2392, relativa a infracciones en el abuso del mercado de valores, cuyo plazo de trasposición venció en julio de 2016 - otra vez llegamos tarde -, permite denunciar de forma anónima a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre incumplimientos contemplados en el Reglamento europeo sobre abuso de mercado. La norma también completa la trasposición de la directiva de requisitos de capital, lo que usted ha dicho claramente que se conoce como la CR4, cuyo plazo de trasposición finalizó en 2013. De igual manera, se incluye un canal de denuncias en el Banco de España, cuyo objeto es comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia, y por último se incorporan determinadas obligaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España en el intercambio, colaboración y coordinación para mejorar la seguridad. En definitiva, se mejora la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, se mejora la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores, se incrementa la eficacia de la supervisión en solvencia y se incrementa la protección del inversor al definir los poderes que deberán tener los supervisores, al fomentar la innovación y una mayor competitividad de nuestro sector frente a los socios europeos. Aunque el real decreto-ley, como usted bien sabe, entró en vigor al día siguiente de su publicación, la mayoría de sus disposiciones no serán aplicables hasta dentro de tres meses y, además, el open banking no será exigible hasta septiembre de 2019. En conclusión, el real decreto-ley, ministra, traspone casi de forma literal, al pie de la letra, la directiva de la Unión Europea. Creo que nos ha vuelto a faltar algo de ambición. Podríamos haber hecho algo más. Por poner un ejemplo, usted sabe que algunas entidades reclamaban que pudiesen estar incluidas dentro del sistema nacional de compensación electrónica. Estaremos vigilantes en el desarrollo que hagan en los reglamentos y en las órdenes ministeriales. Volviendo al símil del colegio, señora ministra, se han conformado con ser un alumno de cinco. Usted era una alumna de diez y ahora es una alumna de cinco raspado. Ni siquiera ha tenido la capacidad de utilizar su potestad para poder ir un paso más allá, para poner a España otra vez a la vanguardia, para no ir siempre rezagados y que Europa nos marque el camino. Tendrá el apoyo de mi grupo hoy, porque la normativa europea traspuesta mejora la vida de los ciudadanos, porque otorga derechos, otorga beneficios a los usuarios, otorga garantías cada vez mayores en los medios de pago de última generación, pero, como le decía, estaremos muy vigilantes al desarrollo posterior de los reglamentos y las órdenes ministeriales para asegurarnos de que continúen con la filosofía de lo que pretende la normativa europea. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.
Buenos días, señora presidenta, señora ministra y señorías. Es muy de agradecer el resumen que nos ha hecho de la directiva el señor Ramírez. Si lo hubiéramos tenido, esta semana, que he estado enfermo con un cólico nefrítico, me hubiera ahorrado la tortura adicional de leerme el real decreto. Nos encontramos con un real decreto que nuevamente llega tarde - lo que no es un problema atribuible a su persona -, pero lo relevante no es que llegue tarde porque se incumplan los plazos, lo relevante es que afecta a la regulación de un sector que necesitaba esta regulación para poder ponerse a nivel competitivo europeo y que reclamaba esta directiva. Al mismo tiempo, este real decreto ha tratado de frenarse y modificarse en la medida de lo posible desde un sector que se ha visto amenazado, como es el sistema bancario tradicional. No lo digo yo, lo dice la propia señora Botín, que hace unos meses, en el mes de abril, decía en una entrevista al Financial Times que la directiva tenía que ser revisada porque generaba relaciones asimétricas entre la banca tradicional y las empresas tecnológicas, como si la asimetría fuera un valor que la banca tradicional hubiera puesto en valor - valga la redundancia - en sus relaciones con los clientes. El problema, señora ministra, es que usted y yo sabemos que la señora Botín y, con ella, la banca han visto que parte de la trasposición de la directiva les beneficiaba parcialmente, y me explicaré. Efectivamente, la directiva venía a trasponer cuanto antes mejor, porque era necesario, un marco regulatorio avanzado para todo aquello que tenía que ver con medios de pago electrónicos, nuevas tipologías de proveedores de servicios de pago y empresas fintech. Ahí nos encontramos con tres sectores con intereses contrapuestos que son difícilmente conciliables. Primero, las fintech, que, efectivamente, vienen reclamando ese marco normativo; solo hace falta consultar el libro blanco de la regulación del sector fintech en España, elaborado por AEFI, en el que se plantean cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuál es el marco normativo que debería desarrollarse. Parte de eso aparece recogido aquí. Por otro lado, tenemos el sector de los consumidores, que aparece en la directiva como el elemento fundamental que se trata de proteger, es decir, se trata de que los consumidores no tengan que depender de los medios de pago del sistema bancario tradicional - tarjetas de débito y tarjetas de crédito - y de otros intermediarios en los pagos que realizan, especialmente en Internet, y puedan autorizar órdenes de pago directamente desde su cuenta al proveedor del bien o servicio sin utilizar medios de pago bancario y sin utilizar intermediarios. Ahí es donde aparece el tercer actor en liza, que es la banca, que ve cómo su posición casi de monopolio tradicional en el ámbito de los servicios de pago se ve amenazada por la posibilidad de que terceros accedan a las cuentas sin pasar por su control y, además, puedan acceder a los datos de los clientes, con el valor comercial que eso tiene. Así, el núcleo de la problemática se instala en el conflicto por la utilización comercial de los datos a través del big data, y por eso la banca dice que la directiva es injusta porque es asimétrica, porque ellos ponen a disposición de las fintech toda la información de los clientes, mientras que las fintech no ponen a disposición de los bancos esa misma información. ¡Pobrecita la banca nuevamente! ¿Pero dónde aparece la victoria parcial de la banca en todo esto? Aparece en la comparativa entre el anteproyecto de ley que ustedes aprobaron en el Consejo de Ministros de mayo y el texto que ustedes traen hoy en el real decreto-ley para este mismo tema. En ese anteproyecto de ley ustedes incluían una disposición final tercera, en la que se establecía: Todo empresario o profesional deberá ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta Ley de servicios de pago como alternativa al efectivo en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional. Es decir, ustedes trataban de ir más allá de lo que establecía la directiva, trataban de incrementar la competencia en el sector de los sistemas de pago y, al mismo tiempo y de rebote, trataban de frenar el fraude fiscal que se puede producir cuando el pago se realiza en efectivo. Tan orgullosos estaban de ese paso adelante que en la propia web de la Moncloa, del presidente del Gobierno, anunciaban esa medida como el gran avance de la trasposición de esta directiva. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a la directiva y nos encontramos con que esa medida se ha caído. A alguien no le ha debido parecer bien que se entre en la competencia de los sistemas de pago; a alguien no le ha debido parecer bien que tener que compartir su información; a alguien no le ha debido parecer bien que ustedes fomenten la utilización alternativa de otros medios de pago. De los tres agentes, al único que no le ha debido parecer bien es al sistema bancario. Como el real decreto-ley, en términos generales, traspone bien la directiva, nuestro grupo va a votar a favor de su convalidación, pero para corregir ese olvido que se ha ido produciendo en el camino, vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley. Sé que usted me lo va a agradecer enormemente, pero si pudiera hacer un par de cosas por este humilde diputado, además de venir vestida con los colores corporativos de mi grupo político, se lo agradecería. La primera es que le pida a la ministra de Hacienda - termino, presidenta - que tenga a bien responder a un correo que la diputado Eva García Sempere y yo mismo le dirigimos hace quince días para conocer cuál es el estado de las ayudas a la zona de las comarcas de Teba y Campillos, porque a ella debe parecerle un trámite burocrático aburrido, pero para la vida de esas personas es muy importante que reciban cuanto antes esas ayudas. La segunda cosa que le pido entra dentro de su ámbito de competencias. Al anterior ministro le pedí el informe de la Abogacía del Estado en el que se establecía por qué Caja Burgos, que formaba parte de Banca Cívica, tenía que convertirse en una fundación bancaria y dónde están los argumentos que explican por qué ella sí y por qué Cajasol, en Andalucía no se convirtió en una fundación bancaria. Se lo pedí a su antecesor, no me respondió; se lo he pedido a usted de manera formal e informal, no me ha respondido. Entra dentro de lo razonable que desde su ministerio o desde cualquier otro se choteen de este humilde diputado, pero lo que me parece más grave es que nuestra querida presidenta le haya pedido amparo solicitando el informe en cuestión y ustedes también se choteen de la presidenta. [[Rumores]] Ya no lo hago por mí, sino que lo hago por la presidenta, que es tan querida por parte de todos nosotros. [[Risas]] Muchas gracias y buenos días. [[Aplausos]]
Muchas gracias por el espíritu navideño. [[Risas.-Aplausos]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora ministra, debatimos hoy la convalidación del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, cuyo objetivo, como bien ha dicho la ministra, es trasponer cuatro directivas europeas e incorporar cinco reglamentos a nuestro ordenamiento jurídico nacional. La urgencia de la aprobación y convalidación de este real decretoley está totalmente justificada, máxime cuando una de las directivas que se pretenden trasponer es de cumplimiento obligatorio desde el pasado enero de este mismo año. También hay que recordar que España recibió un requerimiento de la Comisión Europea advirtiendo de las posibles infracciones por este mismo retraso. Es una irresponsabilidad más que acumula el Gobierno anterior, no solo por ser este el último Estado de la Unión que va a trasponer esta directiva, sino por la incertidumbre e inseguridad jurídica generada tanto a proveedores como a usuarios de este tipo de servicios. Lo ha explicado bien la ministra. Cuando se produjo el cambio de Gobierno y entró el Gobierno socialista nos encontramos catorce directivas sin trasponer en materia económica, diez de ellas con procesos sancionadores. Hoy, con el cuadro que nos ha enseñado, parece que todo esto ha cambiado en poco más de seis meses, por lo que también la felicito por el trabajo hecho desde su ministerio. Señorías del PP, no sé debajo de qué mesas se esconderá el señor De Guindos cuando le pregunten en el Banco Central Europeo sobre el retraso de la trasposición de esta u otras directivas. Entrando ya en la materia, los cambios regulatorios que incluye este real decretoley van a cambiar de forma sustancial el sistema financiero de nuestro país con modificaciones estructurales en mercado de servicios de pago, en materia financiera o en mercado de valores. Según los datos del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, en España, en el año 2017, con estos medios de pago se alcanzaron más de 1800 millones de operaciones por un importe superior o cercano a los 2 billones de euros. Por lo tanto, era urgente garantizar y reforzar la seguridad en un sector tan importante. El real decretoley incluye importantes mejoras en la protección a los usuarios de servicios de pago, reforzando la seguridad en las operaciones de pago electrónico remoto mediante tarjeta, móvil o incluso el reloj. No voy a enumerar todas las medidas porque ya lo ha hecho la ministra, sino que mencionaré las dos o tres que nos parecen más relevantes. La autenticación reforzada de clientes creemos que es un paso positivo, porque reforzará e intentará garantizar al máximo la seguridad de los usuarios de estos servicios, reduciendo el riesgo de fraude y de otros abusos. Se prohíbe que los comercios exijan un recargo por utilizar este tipo de servicios - cosa que entendemos que es muy positiva - y se limita a 50 euros la pérdida máxima por la responsabilidad de los usuarios cuando se cometa un fraude con operaciones generadas por ellos mismos. También se garantiza la devolución inmediata al usuario del importe total de una operación no autorizada y cualquier reclamación que inicie un usuario por algún tipo de operación fraudulenta tendrá que ser resuelta en menos de quince días por la entidad financiera; yo creo que eso es positivo. Este real decreto es una nueva ley para una nueva realidad que generará nuevos derechos para los usuarios. El real decretoley también extiende las medidas de protección a las microempresas, lo que consideramos que es positivo dada la abundancia de este tipo de sociedades en nuestro país. En cuanto a la disposición final sexta, también se modifica el régimen sancionador de ordenación, supervisión y solvencia bancaria, como ya han mencionado algunos de ustedes. Lo más interesante es la habilitación del canal de denuncias, del whistleblowing, pero también lo es homogeneizar y armonizar las sanciones en nuestro país con las del resto de miembros de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que las sanciones mínimas únicamente las imponían tres países de la Unión Europea, que eran Bélgica, Portugal e Italia, y para fomentar y hacer del sistema de sanción algo práctico, lo recogido en este real decreto es positivo. Todos estos cambios normativos son necesarios para una nueva realidad con más protección, mayor competencia y mejores condiciones de acceso para los usuarios y creo que también está justificada la urgencia del real decreto. Ya para concluir diré que estamos ante un real decretoley denso pero meramente técnico. Podríamos decir incluso que es sencillo, porque únicamente busca trasponer a nuestro ordenamiento jurídico algo que tendríamos que haber traspuesto ya hace varios meses y a lo que estamos obligados por ser miembros de la Unión Europea. Ayer, uno de los portavoces que intervino durante la comparecencia del presidente del Gobierno afirmó que en momentos de complejidad política, como puede ser el actual, se tendría que optar por propuestas políticas sencillas. Creo que la de hoy es una de ellas y que el real decreto tendría que ser convalidado por la mayoría de ustedes. Entendemos que, por ser un texto meramente técnico y también - como mencionó un portavoz de la Comisión de Economía - por la salud de los miembros de la propia Comisión, deberíamos convalidarlo y no tramitarlo como proyecto de ley, porque todos los miembros de la Comisión sabemos la tarea que tenemos pendiente en temas importantes y quizás mucho más urgentes que este. Este, por ser sencillo y meramente técnico, tendríamos que dejarlo convalidado y pasar a otras materias que consideramos también importantes. Voy a agradecer desde mi grupo el apoyo de todos los grupos a la convalidación de este real decreto, así como el trabajo realizado durante las últimas semanas en Comisión y en todo lo que nos queda por delante. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo Baena.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Señora Calviño, ministra, muchas gracias por su exposición. La intervención anterior ha venido a repetir el discurso de que el Partido Popular traspone tarde las directivas, y quizá esto merezca - con todo el respeto y sin querer ofender a nadie - un análisis más amplio. Vamos a analizar lo que hace el Partido Socialista y lo que hace el Partido Popular. Analicemos, por ejemplo, al Partido Socialista en la relación del señor Sánchez con Cataluña. Cualquier ciudadano de a pie podría pensar que el señor Sánchez ha perdido la lucidez de un presidente del Gobierno cuando no actúa o no responde ante los ataques independentistas, ante las declaraciones del señor Torra aludiendo a un frente esloveno, ante las declaraciones del señor Tardà, que pide un referéndum inevitable o se les abocará a la desobediencia. Pero eso sería un foco demasiado simple y quizás no es justo. El señor Sánchez no actúa por lógica, tiene otra lógica lo que hace, que es intentar mantenerse en el Gobierno de España a cualquier precio, sin defender a España, a cualquier precio. Ahora vamos a ver lo que hace el Partido Popular. Partamos del principio que usted ha dicho, que las directivas se trasponen con retraso, pero de nuevo ampliemos un poco el foco a ver por qué. Cuando llega el Partido Popular, en el año 2011, nos encontramos con un país en quiebra técnica, cercano a la intervención, con un agujero presupuestario de 70 000 millones de euros y con casi 5 millones de parados. ¿Qué hacer ante eso? Lo que haría cualquier Gobierno con coherencia: priorizar, empezar a trabajar y a solucionar los problemas de la gente. ¿Qué hicimos? Pagamos las deudas, principalmente a las pymes, conseguimos aprobar presupuestos en los que se iba reduciendo ese déficit que ustedes dejaron por encima del 9 %, y conseguimos crear 3 millones de puestos de trabajo. Creo que el objetivo estaba conseguido. Pero centrémonos en las leyes. Ustedes nos han atacado con ese concepto. ¿Sabe cuántas leyes se aprobaron en la X Legislatura? Digan un número los que estaban aquí en la X Legislatura. ¿Cincuenta, cien? Pues mire, ministra, como usted ha sacado un rótulo [[muestra un recorte de prensa]], le tengo que decir que fueron 244 leyes las que aprobó el Partido Popular. [[Aplausos]] ¿Hay lógica en el modo de actuar del Partido Popular o no? Se priorizó lo importante sobre lo urgente. Ministra, esto me sirve para recordarle que un Gobierno tiene que hacer algo más que trasposiciones. Una ministra de Economía debe hacer algo más que trasponer directivas. Han recibido un severo correctivo por parte de la Unión Europea por su plan presupuestario. Eso demuestra la necesidad de tener un Gobierno que conozca sus obligaciones y las medidas necesarias desde el punto de vista presupuestario para solucionar los problemas de la gente y que no se dedique a trasponer lo que les dicta el señor Iglesias, su ministro del gasto público incontrolado. Señora ministra, centrándome en su intervención, le daré tres detalles. Usted debería preguntar al Grupo Socialista - al que usted también representa - si el Partido Popular le ofreció aprobar esto por real decreto y lo que contestó su partido. Fue que no, que no lo quería por real decreto. Segunda cuestión, señora ministra, usted ha dicho que hay un real decreto del año 2013 que lleva cinco años. No miente, pero dice medias verdades, que a veces es peor. Usted tiene que decir que esa se traspuso y que hay unas diferencias con la Unión Europea sobre si está traspuesta en su totalidad o no. Creo que no es lo mismo. Y en tercer lugar, como no puede ser de otra manera y como han hecho mis compañeros, quiero agradecerle el reconocimiento al trabajo de los miembros de la Comisión. Aterricemos, y digo bien, sí, aterricemos en el real decreto-ley 19/2018. Es complejo, pero intentaremos centrarnos. La PSD2, ¿Qué recoge? Cinco ideas. La primera, los derechos de los usuarios. ¿Cómo? Mediante dos vías: una, evitar los recargos por utilización de sistemas electrónicos de pago y, dos, una mayor transparencia. La segunda, medidas de seguridad para evitar los usos y abusos fraudulentos. ¿Cómo? Con autenticación, como ya lo ha explicado mi compañero de Ciudadanos: cuando ustedes pagan utilizan su contraseña y también una clave que llega por SMS. La tercera, introduce el open banking, es decir, que los bancos tienen que ceder a terceros la información siempre y cuando sean profesionales. La cuarta, empodera a los usuarios. ¿Cómo? Dándoles mayor información y permitiéndoles tomar mejores decisiones. Y, por último, y quizá la más importante, introduce la innovación, que tan necesaria es en nuestro país, a través del pago por móvil e Internet. Pero hay otra parte que usted ha obviado, quizá por olvido, la de la Directiva sobre el abuso de mercado. Le explicaré por qué digo esto. Dice: denunciar de forma anónima cuando hay abusos en el sistema de mercado. Perfecto. También dice: obligación de la CNMV con el Banco de España a comunicar esa información y sus relaciones con terceros. Aquí es donde quiero detenerme. La disposición final novena, ¿sabe lo que dice? Que se recupera la distinción entre información privilegiada e información relevante en los mercados. ¿Le suena lo de información privilegiada? ¿Y qué dice? Que será infracción muy grave. ¿Cuándo? Siempre que el infractor haya conocido la información privilegiada por su condición de administrador o por el ejercicio de su profesión, trabajo o funciones. Mire si la Unión Europea lo considera grave que ha elevado la sanción y la ha fijado entre 1 y 10 millones de euros. Creo que eso pone de manifiesto la importancia y la gravedad de utilizar información privilegiada. Si le tenemos que poner un pero a su real decreto, ministra - lo ha anunciado, pero esperemos que sea en breve -, es que, aparte de copiar y pegar en esa transposición, no traiga el desarrollo reglamentario, que es lo que nos permitirá una mejor aplicación de todo esto. Voy a aprovechar el minuto que me queda, ministra, para decirle, atendiendo a que es una ley que habla de servicios de pago, de ingresos, de entidades bancarias, del Banco de España, lo que expresamente no viene recogido en esta ley. Sé que las delegadas del Gobierno de Ceuta y de Melilla lo han puesto en su conocimiento, pero a la diputada por Melilla, Carmen Dueñas, y a mí nos gustaría trasladarle las dificultades, que usted conoce, que ahora mismo están pasando en Ceuta y Melilla. Como usted bien sabe, nuestros empresarios tienen graves dificultades por tres motivos: primero, por nuestra situación fronteriza con un país tercero, como es Marruecos; segundo, por nuestro comercio atípico; y tercero, por la dificultad que de todo ello deriva con las entidades bancarias, que no es que no dejen ingresar billetes de 500 euros - tampoco de 200 ni de 100-, sino que incluso les cierran las cuentas bancarias. No le estamos pidiendo - no malinterprete mis palabras - que no aplique la norma, todo lo contrario - si alguien soporta normas son Ceuta y Melilla: hasta tres controles en la entrada de mercancías, algo que no pasa en ninguna otra parte del territorio nacional -, le estamos pidiendo que adapte la normativa, que nos ayude a adaptar la normativa a las necesidades y peculiaridades de estas ciudades. Para ello tiene el apoyo de los dos presidentes de las ciudades autónomas, de Ceuta y de Melilla, tiene el apoyo de las confederaciones de empresarios, tiene el apoyo de la Cámara de Comercio. ¿Sabe cómo se soluciona esto, si admite el consejo de un humilde diputado, como bien decía mi compañero? Le invitamos a que conozca Ceuta, le invitamos a que nos visite, a que conozca nuestras peculiaridades y a que conozca el profundo sentimiento español que se vive desde la convivencia y la diversidad cultural. [[Aplausos]] Señora ministra, señora Calviño, con su compromiso estamos convencidos de que seremos capaces de arreglar este problema de los empresarios y del comercio tanto de Ceuta como de Melilla. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, estaba prevista la intervención del señor Campuzano i Canadés. [[Pausa]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Egun on. Hoy vamos a debatir aquí las enmiendas que provienen del Senado... [[Rumores]]
Silencio.
... al proyecto de ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital... [[Rumores]]
Silencio.
... y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Hace unos años la transparencia corporativa - sobre todo en cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno - se percibía como una materia de buenas prácticas, y por tanto de cumplimiento voluntario; sin embargo hoy en día se ha convertido en una cuestión fundamental en la actividad empresarial, porque la empresa además de un agente económico es un agente que juega o tiene un rol social, cultura y medioambiental. La transparencia por lo tanto es un valor instrumental, porque reduce las incertidumbres del mercado sobre las preferencias de los policymakers, genera mercados financieros más eficientes e incrementa la inversión contribuyendo al crecimiento económico, mientras que la opacidad hace lo contrario, la desincentiva. En este contexto la Directiva 2014/95 ha sido un gran paso, ya que establece el marco regulatorio a nivel internacional sobre el reporte corporativo extrafinanciero y sobre diversidad. Y es que a pesar de que todos los grupos hemos sido críticos con el retraso de su trasposición, nos ha dado la oportunidad a los distintos grupos de mejorar las previsiones iniciales previstas en el decreto que lo regulaba. Un texto que obliga a las empresas que incluir en este informe información acerca de cuestiones sociales, medioambientales, contenidos relacionados con el personal de la compañía, respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. La divulgación de esa información desde luego servirá para identificar posibles riesgos para la sostenibilidad, y de esta forma aumentar la confianza en los inversores, consumidores y en la sociedad en general. La transparencia, tanto financiera como en materia social, medioambiental y también fiscal desde luego lleva a una mejor gestión de la empresa a largo plazo, contribuye a reducir costes, y la coloca en una posición de mayor competitividad. La ley debatida en ponencia fue fruto de un gran consenso traducido prácticamente en un acuerdo unánime, y que este grupo hoy aquí va a mantener. Y es que además nuestras enmiendas fueron incluidas, bien directamente o a través de transaccionales, fruto de ese gran acuerdo. Nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas provenientes del Senado, a excepción de una enmienda que es una corrección técnica y que fue aprobada por unanimidad allí. Respecto al resto me gustaría argumentar nuestro voto en contra, así que en lo que respecta a las enmienda del Grupo Ciudadanos vamos a votarlas en contra porque están recogidas en el texto de ponencia, por lo que su mantenimiento parece que solamente obedece a algún pequeño matiz; la enmienda de Podemos porque ya fue votada en contra en el trámite de ponencia en esta Cámara, y por lo tanto en coherencia con nuestro voto; las enmiendas del Grupo Mixto no las vemos necesarias, porque redundan en cuestiones ya recogidas en el texto; las enmiendas del Grupo Popular, por un lado, porque tratan cuestiones que están relacionadas con la Ley de Mercado de Valores - por lo que poco tienen que ver con la materia de información no financiera y por tanto creemos que están fuera de contexto -, y además no hay que olvidar que se está tramitando el proyecto de ley de mercado de valores, y es ahí donde deben tratarse, y por otro lado, hay alguna otra enmienda que trata de rebajar esa información no financiera con la que todos los grupos estuvimos de acuerdo en la ponencia en esta Cámara. Su justificación se basa en que el grado de detalle que se ha exigido en esta Cámara no se ha exigido en el resto de países del entorno, y ello conllevará una pérdida de competitividad en las empresas. Es verdad, hay que reconocer que se ha ido un poco más allá de la directiva, pero hoy que tanto se habla de transparencia y de participación, ¿se nos está diciendo que la transparencia es una amenaza para la competitividad? ¿Es que no se puede utilizar la transparencia como una oportunidad, como una ventaja competitiva para las empresas? Hay que aprovechar para comunicar al mercado de forma clara cómo se crea valor a través de las acciones que una empresa lleva a cabo, y esto se realiza siendo transparentes, y es que la competitividad no depende de la información que otorgue una empresa en relación con las demás, sino de otros factores internos - en cuanto a su producto, tecnologías, organización interna, gestión -, pero también de factores externos - macroeconomía, legislación y también del régimen fiscal que hacen decantarse por un mercado u otro -. Es hora para nosotros de superar la diferencia entre confidencialidad y transparencia, y es que la transparencia es en definitiva un mecanismo de rendición de cuentas que sirve no solo para comparar, sino también para facilitar la toma de decisiones de inversores. El problema no es tanto la competencia, sino la utilización más o menos inteligente de los datos a aportar, y es que la información al igual que otras materias primas es un bien que hay que tratar y procesar para crear valor económico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano i Canadés, en ese espíritu navideño.
Muchas gracias, señora presidenta, muy amable, y también por su comprensión, señorías, por el cambio. Mi grupo va a apoyar algunas de las enmiendas que el Senado ha introducido, sustancialmente aquellas que refuerzan el papel del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que es un instrumento creado en época del anterior Gobierno socialista que en los últimos años ha tenido una vida muy escasa, y nos parece que precisamente la tramitación de la trasposición de esta directiva - seguramente el instrumento legislativo más relevante en cualquier política de responsabilidad social de las empresas que hemos vivido en estos años - exige también que aprovechemos su tramitación para reforzar el papel del consejo. En concreto en las enmiendas introducidas en el Senado le damos a este consejo un papel interesante y potente en la elaboración de informes para los distintos proyectos de ley que apruebe el Gobierno, que deberán ser informados por el consejo para incorporar esa perspectiva de responsabilidad social corporativa o empresarial. Al mismo tiempo hay una necesidad de que el consejo informe en el Senado cuando el Senado enmienda los proyectos de ley; son originales y les gusta dar protagonismo exclusivo al Senado, quizá hubiese sido interesante que se diese un organismo compartido Congreso-Senado. En cualquier caso, bienvenido sea que el Senado participe de esa información cotidiana del consejo. Esas enmiendas las votaremos favorablemente. Hay otras enmiendas que, de entrada, no gozan de nuestra simpatía, especialmente aquellas que reducen el nivel de concreción al que las empresas están obligadas a informar en sus informes no financieros. Algunos grupos argumentan que el texto que salió del Congreso podía afectar de manera negativa a la competitividad de nuestro tejido empresarial. Ahí seremos prudentes en el sentido de que una vez la ley esté aprobada va a depender de los órganos - supongo que de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del propio Ministerio de Economía - el seguimiento de la implementación de esa ley. Es cierto que probablemente esa trasposición de la directiva en el caso español ha sido de las más avanzadas de nuestro entorno, y a veces ser el más avanzado tiene sus riesgos, pero estamos convencidos de que una aplicación sensata de este marco legal va a evitar que posibles efectos negativos sobre la competitividad de las empresas no se terminen produciendo. Sí que estamos convencidos de que la transparencia en la información no financiera es hoy una exigencia de los inversores institucionales, de los consumidores, y también lo es de otras organizaciones de la sociedad civil que monitorizan la acción económica y social de las empresas. En este sentido hoy, con la aprobación definitiva de este proyecto de ley, se produce en España el avance más significativo en políticas públicas de apoyo a la responsabilidad social empresarial. Me gustó recordar el debate en Comisión que tuvimos con Ramón Jáuregui, del Grupo Socialista, y con José Ignacio Azpiroz, del Grupo Popular, en 2004, 2005 o 2006 - no recuerdo las fechas con exactitud -, en el que se aprobó un informe en el Congreso de los Diputados que instaba, entre otras cosas, a regular la información no financiera. Era uno de los grandes retos que teníamos en esta materia. La directiva ya fue el avance en esta dirección, la trasposición española y el trabajo parlamentario redundan y refuerzan esa perspectiva. El proyecto de ley es razonable e interesante, abre un reto al sector empresarial, a las grandes compañías, pero también abre un camino para otras empresas. Por tanto estamos convencidos de que con él habremos reforzado la confianza de la sociedad en el papel de las grandes compañías en la gestión de su impacto social y ambiental, y en definitiva a una mayor corresponsabilidad del mundo empresarial entre los grandes retos colectivos. Este proyecto de ley se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, que es la gran alianza de la comunidad internacional, el sector público y el sector privado, para hacer frente a los grandes retos colectivos que tiene planteados nuestra sociedad. Por todo ello estamos satisfechos del trabajo efectuado. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margall Sastre.
Gracias, presidenta. Celebramos la trasposición de esta directiva europea cuyo objetivo es garantizar que la información no financiera, social y medioambiental procedente de las grandes empresas del IBEX refleje de manera transparente su actividad, con la finalidad de prevenir la corrupción, la evasión y la elusión fiscal, y así disponer de variables que vayan mucho más allá de las que son meramente financieras. Remarcamos una vez más que no solo importa la cantidad, sino también la calidad y el impacto real de todo aquello que producen u ofrecen las grandes empresas que no muestran los datos de facturación. Esta iniciativa ha mejorado mucho en el periodo de tramitación parlamentaria, desde la primera iniciativa presentada por el Partido Popular, un texto con un enfoque financiero y economicista que se olvidaba de aquella parte más destinada al ámbito social y a la ciudadanía. Pero con la incorporación de enmiendas de distintos partidos, y con la ayuda de varias ONG, como Intermón Oxfam, hemos ido mejorando esta iniciativa que nos parece que dejaba mucho que desear. El resultado ha sido un proyecto de ley que, entre otras cosas, integra un mayor nivel de concreción de la información que se requiere a las empresas, la incorporación de la obligatoriedad de su realización y publicación, y por supuesto una ampliación de los ámbitos de aplicación por los cuales se exige esta información, con el consecuente aumento de las empresas sometidas a esta ley. Pero, cómo no, el Partido Popular en el trámite legislativo de presentación de enmiendas en el Senado, donde campa a sus anchas, ha aprovechado para menospreciar el trabajo desarrollado en el Congreso durante meses, y ha colado, entre otras, enmiendas cuyo objetivo es una menor concreción en las variables que deben presentar las empresas porque, claro, ya decidirán las grandes empresas del IBEX 35 la información que deben mostrar a la sociedad. Pues no, señores del PP, este no es el espíritu de esta ley; parte de estas enmiendas presentadas impiden que realmente se materialice el objetivo de este proyecto de ley, el compromiso real de las empresas con los valores, buscando la forma para que se publiciten los indicadores de verdadera responsabilidad social corporativa de las empresas. La sociedad tiene el derecho de acceder a esta información y actuar según esta para canalizar las inversiones y el consumo para que las empresas sean socialmente éticas y responsables. Es un empoderamiento del ciudadano que con esta información puede decidir de manera más justa y libre al conocer el verdadero impacto de la actividad empresarial. Por tanto vamos a votar a favor de la iniciativa y en contra de la mayoría de enmiendas. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
Gracias, presidenta. Señorías, antes de entrar en detalles sobre este proyecto de ley querría expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la ponencia de este proyecto de ley, a la letrada, a sus compañeros, que han realizado un magnífico trabajo mejorando el texto, y en especial a los portavoces de los grupos parlamentarios que han dado soporte a esas dieciocho enmiendas que Ciudadanos, nuestro grupo parlamentario, han incorporado en la práctica totalidad a este texto, haciéndolo muchísimo más loable. Entrando en detalle hay que resaltar la aportación de mi grupo parlamentario en la igualdad de trato de los hombres y mujeres, en el criterio de comparabilidad de los indicadores estándar, en la conciliación de la vida personal y familiar, y en especial en aquellas personas mayores y con discapacidad que, gracias al trabajo conjunto con plataformas como Cermi, han sido determinantes en la igualdad de trato de acceso a la información no financiera, defendiendo mejor los intereses de los socios minoritarios. Pues bien, la necesidad de mejorar la divulgación de la información de contenido social y medioambiental por parte de las empresas, y coordinar así las normativas nacionales para que esta información sea comparable y coherente con toda la Unión Europea, ha sido realmente el espíritu de esta ley. Pero, señorías especialmente del Partido Popular y del Partido Socialista, de nuevo llegamos tarde y mal. La trasposición de esta Directiva 2014/95, señora Calviño, debería haberse realizado a más tardar el pasado 6 diciembre, pero no de este año, sino de hace dos años. Le recuerdo además que, según los datos de la Comisión Europea, somos el país que más multas paga, casi el 70 % recae en nuestro país y estamos hablando de más de 54 millones de euros de momento en estos últimos cinco años. Para colmo España además es el país que más tarda de media en trasponer - doce meses de retraso de media - una directiva, y esto mina nuestro capital político en Europa, sin hablar de los engaños presupuestarios que hemos tenido en los últimos meses y la inestabilidad que traslada tener el sustento de unos socios como los que tienen ustedes en el Gobierno, que no solo quieren romper España, sino que lastran nuestro espíritu europeísta. Señorías, si entramos en el contenido esta norma venía del Real Decreto 18/2017, que era una trasposición de mínimos, es decir, información sin ningún tipo de control ni verificación; algo a lo que el bipartidismo nos tiene acostumbrados. Sinceramente en esta época de plagios, de tesis, de doctorados debemos asegurarnos de que esta información aporte confianza. Debemos asegurarnos transparencia y garantía en el contenido de la información no financiera de las empresas que estén auditadas por profesionales independientes. Y lo sé, sé que no están muy acostumbrados, pero Ciudadanos ha llegado para dar credibilidad a la política. Por último diré que las enmiendas incorporadas en el Senado, defendidas por varios grupos, en general son positivas, aunque nos parece que el Partido Popular ha presentado una enmienda chapucera reformulando algunos epígrafes que, sobre la descripción del estado de información no financiera, eliminan aspectos tan importantes como la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ciudadanos está comprometido con la erradicación de esta brecha. Es por ello que hemos pedido la votación separada por puntos para rechazar este recorte de transparencia; algo que nos recuerda a la forma de actuar de las señorías del PP cuando se trata de regeneración y corrupción. Termino, señora presidenta. Señorías, el texto que se convalida hoy lo hace con la aportación de mi grupo parlamentario, que expresa la mejora en la transparencia y la accesibilidad de la información no financiera de las grandes empresas, protegiendo y ampliando la igualdad. Les recuerdo que tenemos un gran retraso en la trasposición de directivas, especialmente en esta, y es una muestra más de la debilidad de este Gobierno y del anterior, por lo que les pido, especialmente señorías del PSOE, no demoren más la actividad parlamentaria, convoquen elecciones para confrontar y para conformar un nuevo Gobierno, un nuevo Ejecutivo que sea garante de las grandes reformas que necesita este bello y gran país que se llama España, y no tengan miedo a las urnas, esto es una democracia. Muchas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Buenos días. Gracias, señora presidenta. Antes de entrar en materia me gustaría destacar que este real decreto, que se traspuso con casi un año de retraso respecto a la directiva, tendría que haber sido traspuesto el 31 de diciembre de 2016, es decir, vamos a tener el texto definitivo casi dos años después. Hemos hablado ya de esta triste costumbre que estamos viviendo de los retrasos en la trasposición de directivas, lo que supone, entre otros inconvenientes, la apertura de dictámenes y procesos sancionadores contra España, la falta de homogeneidad en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, y sobre todo deja en evidencia la falta de interés o la dejadez por adoptar las normas europeas. En una pregunta parlamentaria que realice al Gobierno en septiembre de 2018 la respuesta fue que a día de hoy hay cuarenta y cuatro de directivas pendientes de trasposición, treinta y dos de ellas con el plazo vencido o a punto de vencer de aquí a final de año. Así que es una buena noticia que para el Gobierno sea una prioridad dar salida a estas directivas. Volviendo al texto que nos ocupa es importante tener en cuenta el contexto en el que surge esta directiva original que ha dado lugar a la ley. Vivimos en un sistema económico en el que la maximización del beneficio empresarial se hace a costa de cualquier cosa: la vulneración de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, la explotación laboral, las malas condiciones laborales, y a veces también la corrupción y el soborno. Es decir, permitimos que ciertas empresas actúen de espaldas a la sociedad y el entorno en el que vivimos. Esta directiva está inspirada sin duda en la economía del bien común, que más allá de los informes y los balances financieros de las empresas propugna que las empresas informen sobre cuestiones que son claves para el bienestar de la sociedad, como los derechos laborales, los impactos ambientales o la calidad democrática. Empieza a ser cada vez más habitual una demanda cada vez mayor, porque la ciudadanía quiere saber qué impacto tiene la actividad empresarial en un mundo que sufre una crisis ecológica, en el que cada vez hay mayor desigualdad, la precariedad y la explotación laboral están a la orden del día, la corrupción es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y en el que millones de mujeres claman contra la discriminación laboral y la brecha salarial. Como personas consumidoras, como ciudadanía queremos saber si la manera en que las empresas generan sus beneficios contribuye o no a hacer un mundo mejor. El texto del real decreto inicialmente era bastante abstracto, poco concreto, no se definía el tipo de información ni ninguna obligación, convertía en papel mojado una buena intención y no permitía disponer de una herramienta poderosa de conocimiento y transparencia. Hay tres principales mejoras que se han incorporado, en las que nuestro grupo ha hecho especial hincapié, y era lograr una norma bien definida, sin resquicios por los que las empresas pudieran eximirse de su responsabilidad de informar. El texto mejora originalmente por tres aspectos principalmente. El primero es el ámbito de aplicación. Una vez que termine la implantación progresiva España tendrá una de las trasposiciones más avanzadas. En segundo lugar, algo que creemos muy relevante, que es la obligación de publicar este informe en la página web de las empresas, lo que contribuye sin duda a la publicidad y la transparencia facilitando el acceso a la información. Y por último el elemento que hace esta herramienta realmente útil es la incorporación de indicadores definidos en estándares internacionales y homologados, que es lo que permitirá tener informes homogéneos, comparables y detallados. Nos va a permitir tener una visión completa del impacto que tienen las actividades empresariales en la sociedad en cuestiones ambientales, sociales, de igualdad de género o calidad democrática. Por eso mismo nos parece inaceptable la enmienda número 9 del Partido Popular, que modifica los requerimientos del estado de la información no financiera, dando absoluta flexibilidad a la empresa para presentar la información en el modo que quieran y sobre lo que quieran. Esta enmienda deshace completamente el trabajo hecho en Comisión, que precisamente buscaba definir lo más claramente posible la información a presentar. Además exponen argumentos como que algunos países han traspuesto la directiva tal cual, sin entrar en detalles, obviando que por ejemplo algunos Estados miembros como Reino Unido ya tienen una legislación propia que regula el contenido de esta información no financiera. Por tanto esta enmienda deja en nada el trabajo y el espíritu de gran parte de las enmiendas que se han trabajado en ponencia. Otras enmiendas del Partido Popular las rechazamos por no tener nada que ver con el objeto de la ley, incluso entrando a regular cuestiones que actualmente están en ponencia en esta Cámara. Y mi grupo sí votará a favor de las enmiendas de Ciudadanos y del PDeCAT por considerarlas en línea con lo que hemos defendido a lo largo de la ponencia, y no suponer cambios sustanciales en el texto votado y aprobado mayoritariamente en esta Comisión. Nuestro grupo se siente muy satisfecho con este texto, creemos que se ha hecho un buen trabajo y que contribuirá sin duda a que conozcamos más en profundidad la manera en la que nuestras empresas se relacionan con el entorno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
Gracias, presidenta. Señorías, este proyecto de ley, al que se han presentado enmiendas en el Senado, fue aprobado en la Comisión de Economía del Congreso del pasado 23 de octubre, con competencia legislativa plena, con un gran consenso como han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y sin que contara con ningún voto en contra. Es por ello que queremos poner en valor el alto grado de acuerdo alcanzado en aquella Comisión, volviendo a manifestar nuestro voto favorable al texto consensuado que salió del Congreso. Queremos hacerlo porque es importante dejar constancia de lo difícil que es llegar a consensos, porque siempre suponen renuncias y aceptar planteamientos por todas las partes que no son propios. Por eso cuando estos se alcanzan deben respetarse, un acuerdo que tiene mucho más valor cuando no existen mayorías. Las enmiendas presentadas, como bien han dicho algunos de los portavoces anteriores, no justifican el retraso de la aprobación de un proyecto que estaba siendo tramitado por vía de urgencia, por contener también la trasposición de una directiva que era objeto de expediente sancionador a España, pero no como decían los portavoces anteriores, sino la trasposición de otra directiva, porque la trasposición de la directiva de información no financiera ya había sido traspuesta a través de un real decreto y ya estaba en vigor. Pero en este caso esta enmienda era urgente y ustedes lo sabían, una urgencia provocada por el Partido Popular, que mientras fue Gobierno como decía incorporó su trasposición al proyecto, vía enmiendas, cuestiones que nada tenían que ver con información no financiera, y que en aras del acuerdo y dada nuestra lealtad institucional, decidimos mantener en ponencia. A pesar de ello el Partido Popular en el Senado, y ya en la oposición, consideró que era mejor torpedear la aprobación inmediata del proyecto. En el Senado ha propuesto enmiendas que pretendían romper el consenso alcanzado, autoenmendaba sus propias enmiendas y sus propios criterios, contribuyendo así a una estrategia dilatoria, una actitud que desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos ni debemos compartir por la falta de lealtad institucional demostrada por el Partido Popular. Señor Ten, quiero decirle que sería mucho más creíble cuando cumpla con sus acuerdos, y de momento parece que no lo va a hacer. Es curioso que haya grupos que nos acusen de retrasar la aprobación de este texto cuando ellos mismos han contribuido a presentar enmiendas en el Senado que han retrasado su aprobación definitiva, a pesar de que como ustedes indicaban había un gran trabajo realizado y había un gran consenso, y con la aportación de todos los grupos y con la aportación decidida del Grupo Parlamentario Socialista habíamos contribuido a mejorar un proyecto que estoy convencida de que hoy, con algunas enmiendas que espero que no sean aprobadas, mejorará la transparencia empresarial de las empresas. Señorías, lo que queremos reivindicar es el acuerdo alcanzado, porque el debate sobre la idoneidad u oportunidad de algunas de las modificaciones puntuales planteadas ya se produjo en el seno de la ponencia, y la repetición del debate hoy en el Pleno no debiera restar importancia a la aprobación definitiva de esta ley, que promueve la transparencia empresarial y pone en valor el nivel de compromiso de las empresas con los grandes retos que la sociedad en su conjunto tiene; retos como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad económica y social ante un mundo cada vez más global son compromisos que no solo pueden quedar en voluntades, deben ser realidades contrastables. Los efectos del cambio climático ya están aquí, urge un compromiso global e individual y una mayoría de corporaciones empresariales ya están comprometidas en ello, y por tanto debemos ponerlo en valor. En el mes de mayo el Banco de España publicaba su primer informe sobre desigualdad, y los datos nos revelaban una realidad que no podemos obviar. Corroboraba que la desigualdad de ingresos salariales por renta per cápita y riqueza en España era una de las mayores de Europa. Era revelador el dato de que en 2014 el 63 % de los trabajadores con salarios dentro del primer decil de la distribución salarial eran mujeres, mientras que estas representaban el 48 % total de asalariados. Además, tal y como reveló el escándalo de los Paradise Papers, pueden existir prácticas empresariales que permitan reducir su carga tributaria en otros países, sin importarles el incremento de la desigualdad y la inestabilidad financiera que provocan con sus acciones. Por tanto sin duda la acción responsable del sector empresarial puede influir de manera determinante a la hora de afrontar estos retos, y en este sentido el papel de la información no financiera que recoge aspectos no incorporados en los estados financieros puede y debe jugar un papel importante a la hora de poner en valor sus compromisos éticos y su responsabilidad social. El objetivo último compartido debiera ser avanzar en un modelo económico sostenible que combine rentabilidad económica con protección del planeta y justicia social, y esta información cada vez está siendo de mayor utilidad a la hora de valorar las empresas y a la hora de adoptar decisiones de inversión, así como de buscar nuevas fuentes de financiación. Por tanto no se trata un tema menor desde el punto de vista económico, pero tampoco desde el punto de vista social y desde el punto de vista reputacional y estratégico de las empresas. De hecho ya hay muchas empresas que ofrecen información no financiera de manera voluntaria, a través de sus políticas de responsabilidad social corporativa al entender que los beneficios que entraña la difusión de dicha información son superiores a los costes asociados. Conocer que se toman medidas de prevención ante posibles riesgos, ante la corrupción o ante el blanqueo de capitales pueden ser determinantes para fortalecer la confianza externa en las empresas y para contribuir también a una mejor gestión interna. Este proyecto de ley debería ser valorado por las empresas como una oportunidad para poner en valor todas las políticas y acciones que ya están desempeñando. El informe de información no financiera no es más que la carta de presentación que las empresas ofrecen sobre sí mismas, y esta ley lo que ofrece es la posibilidad de que se disponga de información significativa homogénea comparable entre las empresas al establecer que la información que ofrecen se base en estándares internacionales reconocidos y que además esta información sea verificable. Hace años ninguna empresa promovía la responsabilidad social corporativa ni tampoco hacía anuncios publicitarios de su compañía mostrándose como responsable en términos medioambientales. Ahora lo hacen porque saben que adquiere un valor intangible que antes no tenía. Nosotros queremos que la transparencia con respecto a la política laboral y fiscal sea también un compromiso de las empresas. Por eso, el Gobierno socialista y los socialistas nos hemos empeñado en ello. Queremos que pongan en valor qué tipo de relaciones laborales promueven, qué contribución hacen, vía pago de impuestos, allá donde operan, que den transparencia a este tipo de información e incluso que algún día - sería un avance incuestionable - se atrevieran a publicitar su contribución impositiva a la sociedad e incluso que desaparecieran del panorama publicitario anuncios como el día sin IVA, lo que también sería un avance. Pagar impuestos es una obligación y poner en valor que se pagan los impuestos, contribuyendo así a una sociedad mejor, debiera ser considerado de manera positiva por parte de las empresas y no que informar sobre ello fuera calificado como un riesgo a su competitividad. Por tanto, las empresas que compiten en un sector conocen todos los mercados donde operan sus competidores y si no entran en un mercado es porque no les interesa, no porque lo desconozcan. La enmienda del Partido Popular no solo supone un retroceso al acuerdo conseguido, sino un retroceso a la transparencia empresarial. El texto acordado incorpora que las empresas obligadas aporten información significativa sobre determinados aspectos.
Señora Blanquer, tiene que terminar.
Sí, voy terminando. El detalle o no detalle de la información retrata a las empresas, y no porque a modo de guía lo oriente la ley, sino por la propia intencionalidad que las empresas tengan a la hora de informar. Por tanto, señorías, no solo es importante conocer las políticas que reducen las externalidades negativas que generan, sino también todas aquellas que generan externalidades positivas en la sociedad. Y lo que es significativo hoy es que puede haber grupos que, a diferencia de lo que pensaban hace un mes, puedan ver peligro en orientar a las empresas para aportar información sobre la lucha contra la brecha salarial, sobre patrocinios o sobre los beneficios sociales y económicos obtenidos. Para terminar, quiero decirles que los socialistas seremos leales a la palabra dada a los grupos en la ponencia y espero que los demás grupos también lo sean, contribuyendo así entre todos a mejorar la transparencia y la responsabilidad empresarial con nuestra sociedad. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.
Presidenta, señorías, la difusión del estado de información no financiera de determinadas empresas, objeto de la presente ley, tiene su origen en la Directiva 2014/95, que plantea como principal objetivo mejorar la medición del impacto social de las empresas en las sociedades en las que opera. Se trata de conocer los impactos reales de su actuación, lo que conlleva rebasar el análisis estrictamente monetario. Se trata de ejercer una perspectiva a largo plazo que busca la identificación de los beneficios sociales de la actividad de las empresas más allá del beneficio contable privado. Ya no se trata de valorar solo el volumen de negocio o la capacidad de generación de empleo que tienen las empresas para definir su papel en las sociedades, sino de ir más allá. Se trata de reconocer que las empresas asumen un papel que desborda la valiosa función que llevan a cabo como impulsoras del crecimiento económico. Y en ese objetivo debemos disponer de la información que permita una evaluación correcta de tal aportación, una información basada en indicadores no monetarios, no financieros, que ya han sido descritos hoy. Todas estas cuestiones son precisamente las materias objeto de la nueva legislación que hoy venimos a ratificar tras su paso por el Senado y constituyen el núcleo de lo que ahora se exige en materia de información no financiera. Las enmiendas incorporadas en la Cámara Alta entendemos que mejoran el texto, dado que cubren carencias y corrigen posibles defectos del anterior. Asimismo, introducimos disposiciones que reparan aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de las instituciones de inversión colectiva en un momento en que la trasposición de directivas está alterando profundamente el escenario y el distinto ritmo de esa trasposición puede crear disfunciones que tratamos de solventar. Esta última motivación es precisamente uno de los argumentos básicos para entender la introducción de enmiendas relativas al funcionamiento de los mercados de inversión. Son nuevas disposiciones que vienen a cubrir un problema que se generó con la aprobación de la nueva normativa europea denominada MiFID II, porque esta nueva normativa europea obliga a las instituciones de inversión colectiva a traspasar participaciones de clientes entre distintos fondos hacia clases más baratas; es decir, a hacer reclasificaciones. Las reclasificaciones no deberían tener incidencia fiscal en los clientes porque, como digo, son obligatorias por ley y, si no lo solucionamos, no podrán cumplir con los requerimientos actuales de consentimiento individualizado previo para ese movimiento porque, en muchos casos, son de carácter masivo. Por tanto, en el nuevo texto se introducen, por un lado, cambios para posibilitar la definición de los movimientos como traspasos y evitar así el pago impositivo y, por otro, cambios en la exigencia del reconocimiento individual previo del cliente. Hay más novedades pero, en suma, con las enmiendas introducidas en el ámbito del mercado de valores estamos convencidos de que corregimos estas disfunciones que era necesario remediar. Por otro lado, quería comentar la enmienda que hemos introducido para modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital - que es bastante conocido - para subsanar lo que en muchos casos se ha definido como un grave error del legislador. Según la redacción original del artículo, siguiendo el espíritu de protección del minoritario que inspiró la norma, en caso de que no se repartieran dividendos, el socio minoritario, que sentía como un ataque a sus intereses esa decisión de no distribuir dividendos, podía ejercer el derecho a separación y, por tanto, la reclamación del reintegro del valor de sus participaciones. Si antes del artículo eran los mayoritarios los que tenían el poder a la hora de decidir el reparto o no, tras la entrada en vigor de esta norma se permutaban las posiciones y los minoritarios acababan siendo investidos de un poder importante. Lo que preocupó entonces y preocupa ahora es que la aplicación estricta de la medida podría suponer una descapitalización empresarial, es decir, podría poner en grave peligro la situación económica y financiera de la sociedad por la necesidad de liquidez que provocaría esa separación o reclamación de beneficios. También podría perjudicar el desarrollo de ciertos modelos de negocio en sociedades que requieren un elevado grado de estabilidad y compromiso inicial de permanencia del capital aun cuando no se distribuyan beneficios. Estoy hablando precisamente del caso que hemos introducido, el de las sociedades anónimas deportivas, en las que los socios no adquieren las acciones esperando dividendos, sino que lo hacen por motivos que tienen que ver con la sostenibilidad del club, tanto a nivel económico como deportivo; de ahí la enmienda para su exención. En este punto, quisiera destacar que todas las modificaciones que hemos introducido se basan en informaciones y análisis de expertos en estas materias, especialmente de los registradores mercantiles, que conocen de primera mano toda su casuística y las reclamaciones presentadas con origen en este artículo 348 bis. No voy a extenderme en más enmiendas - ya se han comentado -, pero por todo lo expuesto creo bastante justificada y absolutamente razonable su introducción en el trámite del Senado. Por ello, solicitamos su apoyo, dado que estamos persuadidos de que mejoran la normativa existente al dar soluciones a los problemas que fueron surgiendo. Señorías, nosotros escuchamos a la sociedad, en este caso, a los operadores económicos, y con las enmiendas lo demostramos. Nosotros tomamos todas las decisiones que favorecen su actividad, lo que sin duda tiene consecuencias positivas en el crecimiento y la creación de empleo. Por cierto, el crecimiento por primera vez en muchos trimestres ha sido revisado a la baja por todos los organismos económicos internacionales y nacionales, y ha sido ahora precisamente con este Gobierno. Es una dinámica negativa que un Gobierno en minoría, que no puede satisfacer al mismo tiempo a sus socios de moción y cumplir nuestros compromisos internacionales, es incapaz de reconducir; un Gobierno en minoría que no es capaz de hacer las grandes reformas que este país necesita para continuar por la senda de crecimiento y creación de empleo que arrancó con el Gobierno del PP en 2013. Es evidente que el Gobierno propaganda de Sánchez ya está amortizado y que esta legislatura ya no da más de sí y está totalmente liquidada. Pero, a pesar de eso, mostremos por lo menos que somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para rematar buenas iniciativas que tenemos pendientes, como la que hoy estamos debatiendo. Es una buena ley que ampliará la visión de nuestras empresas con un enfoque de 360 grados y que beneficiará a todos los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Dicha propuesta se someterá a votación al final de esta sesión.
Pasamos al punto del orden del día relativo al informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de políticas de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Para la presentación del informe en nombre de la Comisión, tiene la palabra el señor Díaz Trillo. [[El señor]]
Presidenta, muchas gracias. Señorías, solo tres minutos para expresar tres palabras. La primera tiene que ser de agradecimiento a quienes han trabajado en una subcomisión dedicada precisamente a observar, a discutir y a debatir sobre los impactos que el cambio climático tiene sobre nuestras aguas superficiales y subterráneas. En ese sentido quiero particularmente referirme a la Comisión de Agricultura y Medioambiente, que fue la que inició estos trabajos, concretamente a su presidente Llorens, al letrado José Manuel Sala y a todos aquellos que a lo largo del tiempo han ido formulando propuestas y, cómo no, a los participantes en las ocho sesiones, veintisiete personalidades cuya información es de enorme valor para lo que estamos estudiando. Quiero seguir en este capítulo de agradecimientos pero ya dentro de la Comisión de Transición Ecológica, que asumió estas funciones. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios las siete reuniones de trabajo y finalmente a la letrada, doña Bárbara Cosculluela, y a su equipo por haber llegado a tiempo y haber evitado tener que pedir a esta Cámara una nueva prórroga. Así que hemos cumplido la misión, la han cumplido sus señorías y en este sentido expreso a todos mi agradecimiento. En segundo lugar, quiero referirme a la palabra compromiso. Observarán ustedes que a continuación en el debate hay discrepancias - algunas de fondo - pero ha habido un debate importante, profundo y en todo momento cargado de inteligencia y diligencia, de tal modo que será una información muy valiosa, imprescindible. Y paso a la última palabra, para no pasarme de los tres minutos a los que me he comprometido con la presidenta. La última es trascendencia. Esta es una cuestión trascendente para la humanidad. A esta misma hora, en Katowice, en Polonia, la mayor parte de las naciones están debatiendo sobre el mayor desafío que tiene la humanidad, que es evitar mayor deterioro del planeta y evitar que entre en colapso definitivo su posible futuro. De tal manera que los modestos trabajos que a este Pleno se presentan hoy y que quedarán para fortalecer el compromiso de esta Cámara que representa la soberanía de nuestro país tendrán una enorme utilidad. Vuelvo a la primera palabra - voy a ir terminando en los nueve segundos que me quedan -, la de agradecimiento. Si somos capaces de cumplir con los objetivos que nos marcamos ya en este informe seguramente agradecimiento es la palabra que pronunciarán las generaciones futuras. Nos va mucho en ello, nos va la vida de esas generaciones y no solo la nuestra. Gracias particularmente a todas sus señorías que han hecho posible este informe que hoy se presenta. Y gracias, presidente. [[Aplausos]]
Gracias, señor Díaz Trillo. Para la defensa de los votos particulares presentados, tiene la palabra el señor Martínez González, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Gracias, señor presidente. Antes de explicar el sentido de nuestro voto particular, quisiera también dar las gracias a los comparecientes por su disponibilidad y por sus contribuciones a la subcomisión, que han sido muy útiles y de una altísima calidad, así como a los letrados por su asesoramiento y a su presidente, José Ignacio Llorens, por su buen hacer. En nombre de mi grupo, gracias a todos. [[Aplausos]] Todos los comparecientes dejaron constancia del gran impacto que el cambio climático tendrá sobre nuestro país, sobre el agua, nuestro más preciado recurso natural. Se nos plantea un escenario donde los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes, donde las precipitaciones serán más irregulares e intensas, con el consiguiente aumento de sequías e inundaciones, y donde el aumento de la temperatura será incuestionable, provocando una mayor evapotranspiración y, por tanto, menos disponibilidad de recursos hídricos. Por tanto, mi grupo entiende, señorías, que su responsabilidad es preparar a nuestro país para estos escenarios sin renunciar a nada y que esto pase por un pacto nacional de agua y la inaplazable actualización de nuestro Plan Hidrológico Nacional, todo esto basado en el consenso, la solidaridad y la sostenibilidad, a fin de garantizar un suministro de agua seguro, previsible y de calidad. Confieso que cuando el portavoz del Grupo Podemos, señor Arrojo, nos pasó a los grupos sus conclusiones y recomendaciones días antes de su debate para que tuviésemos tiempo de revisarlas pensé que quizá estábamos en la senda de conseguir algo en común, que había espacio y puntos suficientes para alcanzar un gran acuerdo, que poníamos el debate del cambio climático y la calidad del agua en el centro de la reforma, alertando de la necesidad de recuperar nuestros acuíferos, destacando la importancia del I+D+i en materia de agua y una gestión de ciclo integral del agua, apostando por la economía circular del agua. Seguro que habría muchos más puntos en común. También había discrepancias, por supuesto legítimas, pero consideraba que se podían limar. Pero - siempre hay un pero, señor Arrojo -, sorpresa, lo que era opinión de Podemos se convirtió en el informe de la subcomisión, precocinado y cerrado, en el informe oficial, sin debate, sin voluntad de consenso, sin posibilidad de introducir ninguna enmienda, que a pesar de ello presentamos y que ni tan siquiera pudimos defender, dejando fuera de la solución a una gran parte de la sociedad española. El PSOE, ya con responsabilidad de Gobierno, no quiere un mandato consensuado del Congreso que cierre un pacto de Estado en materia de agua. Prefiere que quede abierto, sin resolver, sin comprometerle. Renuncian a gobernar antes que a enfrentarse a sus intereses autonómicos contrapuestos. [[Aplausos]] Todo se supedita a un discurso electoral que se modula en función de que en un territorio le den o le quiten votos, a un arma arrojadiza entre las distintas comunidades autónomas. Así es como hemos llegado a día de hoy, con un PSOE sin visión de futuro que se lanza en los brazos de Podemos y suscribe un informe sesgado, trufado de planteamientos ideológicos ajenos a la realidad del agua y de los españoles. [[Aplausos]] Señorías, la inversión en infraestructuras en nuestro país es de las más bajas de la Unión Europea. Algunos informes hablan, incluso, de que serían necesarios 12 000 millones de euros hasta 2021 para acometer 510 actuaciones que son urgentes en infraestructuras de agua, y esto requiere consenso y seguridad jurídica. Ciudadanos ha sido el único partido que ha reclamado durante la presente legislatura un pacto nacional del agua. Somos coherentes con nuestro proyecto de libertad, pero también de igualdad y, sobre todo, de solidaridad entre españoles. Pues bien, la moción fue rechazada. Ustedes, PSOE y Podemos, han optado por concluir en falso los trabajos de la subcomisión, planteando un frente común que niega el déficit hídrico del sudeste español, que omite el deber irrenunciable de solidaridad entre españoles, que abandona la neutralidad tecnológica, algo que en nada beneficia ni a la sociedad ni al medio ambiente, y que rechaza actualizar el Plan Hidrológico Nacional. Todo esto unido a que la ministra Ribera se saltó el pasado mes las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, lo que ha originado la presentación de recursos - admitidos a trámite por la Audiencia Nacional - por parte de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Murcia. [[Aplausos]] Me gustaría que el señor Baldoví, gran defensor y paladín de las naranjas, se hiciera mirar por qué su grupo apoya este dictamen. [[Aplausos]] El agua - y voy concluyendo, señor presidente - no puede ser una bandera política ni patrimonio de un partido ni siquiera de un Gobierno; debe ser política de Estado, un elemento vertebrador del Estado y su gobernanza debe asentarse sobre un amplio consenso político. El texto propuesto por el Grupo Socialista y Unidos Podemos utiliza incluso un lenguaje profundamente ideologizado, impropio de un posicionamiento de un grupo político, el cual intentamos enmendar. Hoy muchos pequeños agricultores nos siguen con atención en Almería, Alicante, Murcia y Albacete, preocupados por que aquí se tomen decisiones que pueda asfixiar su futuro, su desarrollo, el progreso social y económico de toda su tierra. Necesitamos convocar una mesa nacional de agua que nos dote de una política nacional coherente, de soluciones eficientes y que nos sirva para adecuar el Plan Hidrológico Nacional al escenario del cambio climático. Todo ello dentro del estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Sin sostenibilidad sería imposible garantizar ninguna demanda, pero sin desarrollo será imposible alcanzar un abastecimiento sostenible. Debemos, por favor, dejar de contaminar nuestras aguas con ideologías y egoísmo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Carreño Fernández.
Señorías, hoy cada grupo está mostrando cuál va a ser su política de agua. Y ustedes, señorías de la izquierda, traen aquí un documento ideológico y podemizado que ha sido firmado por parte de Podemos, Partido Socialista, nacionalistas e independentistas. Como siempre hace la izquierda, aplica la ingeniería social antes que la ingeniería civil o la ingeniería medioambiental. Es un documento que apenas considera las recomendaciones de los expertos que han participado en las distintas comparecencias de la subcomisión y que plantea el escenario más pesimista. Miren, pesimistas están nuestros regantes, nuestros agricultores y ganaderos, el sector agroalimentario y turístico de la política hídrica de la izquierda porque ustedes ignoran los beneficios de la agricultura en general y del regadío en particular. Ignoran que los cultivos de regadío son auténticos sumideros de dióxido de carbono, señorías, que contribuyen al desarrollo rural evitando la despoblación. ¿Qué tienen contra el desarrollo rural queriendo prohibirlo todo, señorías? [[Aplausos]] Ustedes han demostrado que tienen un sentido restrictivo, sancionador, prohibitivo, más que incentivador en sus propuestas. ¿No reconocen el esfuerzo que el sector agroalimentario ha hecho y está haciendo en materia de depuración, de reutilización, de ahorro de agua, de innovación en tecnología o en investigación, en hacer una agricultura más sostenible? Es un sector que ha hecho que España sea la despensa hortofrutícola de Europa, que es líder en exportaciones, que genera miles de puestos de trabajo, que aporta miles de millones de euros al PIB del país y que mantiene una riqueza medioambiental única conformada por millones y millones de árboles, señorías. Ignoran los enormes avances que se han producido en estos últimos años en materia de política de agua frente a la parálisis de los Gobiernos socialistas despreciando los planes hidrológicos de cuenca aprobados por el Partido Popular y con acuerdo del 80 % del Consejo Nacional del Agua. Ustedes han despreciado la preocupación y el desasosiego ante un brutal desconocimiento negando la existencia de cuencas deficitarias y de cuencas excedentarias, como recoge el punto 2 de su documento y como además ha afirmado la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Ustedes piensan que las cuencas del Segura y del Júcar, la cuenca catalana y la mediterránea-andaluza no son deficitarias? Porque sus aportes son inferiores al consumo existiendo un déficit hídrico estructural en todo el área del sureste español, señorías. Ustedes han provocado pesimismo e indignación cuando en sus recomendaciones dan por sentado en el apartado 1 que las obras hidráulicas ya están concluidas y que no es conveniente hacer más. Ustedes ignoran la necesidad de hacer obras de regulación para afrontar los retos del cambio climático y critican la política de construcción de embalses de laminación. Señorías, los embalses de laminación son necesarios ante el previsible aumento de las sequías y las inundaciones, y han sido fundamentales para salvar miles de vidas en fenómenos como la gota fría y, además, han puesto a disposición volúmenes adicionales de agua en épocas de sequía. Ustedes han negado la necesidad de interconectar cuencas, argumentando que los trasvases no son eficaces, amenazando con redimensionar el servicio de los dieciséis trasvases existentes en España, señorías y, por primera vez en la historia y de forma unilateral, ignorando la ley vigente, cerrar otros. Es una infraestructura imprescindible para el Partido Popular, señorías. La izquierda ha politizado un recurso vital como es el agua, que debe ser garantizada en su acceso y coste para todos los españoles. ¿Qué es lo que quiere el Partido Popular? Una política de agua solidaria, justa y garantizada. Queremos nuevas obras hidráulicas, finalizar y mantener las existentes. Queremos una red de infraestructuras interconectadas e interconexiones entre las desaladoras existentes. Queremos modernizar los regadíos, fomentar la innovación y la investigación, incrementar la eficiencia y cumplir con los objetivos ambientales, en los que el saneamiento y la depuración son la herramienta fundamental. Queremos un plan nacional de reutilización o la puesta en marcha de los planes de gestión del riesgo de inundaciones. Queremos inversiones que permitan que el agua llegue a todas las zonas de España, que llegue a Aragón, a Castilla-La Mancha, a Andalucía, a la Comunidad Valenciana o a Murcia; a todos los territorios de España que sufren escasez, señorías. Queremos inversiones no solo en las cuencas deficitarias, sino también en las cedentes; inversiones de obras de canalización o ampliación de embalses de regulación. No se puede entender que se viertan al mar en torno a 100 000 hectómetros cúbicos de agua y que luego la tengamos que desalar. Señorías, los agricultores pagan muy cara el agua, sobre todo en Levante, y ahora el Gobierno socialista les hará pagar el agua desalada al doble de su precio. ¿Qué es lo que quiere el grupo del Partido Popular? Queremos mejorar la gobernanza del agua en cuanto a la eficiencia, sostenibilidad y coste, para que se pueda igualar su precio entre las distintas comunidades autónomas. Señorías, queremos un pacto nacional por el agua. [[Muestra un cartel en el que se lee: 'Pacto Nacional por el Agua']] Queremos un pacto nacional por el agua y que, desde el diálogo y el consenso, las distintas comunidades autónomas, los sectores, los distintos grupos parlamentarios, aporten soluciones que aseguren la protección ambiental del medio hídrico y la atención de la demanda de todo el territorio español. [[Aplausos]] Para finalizar, queremos un plan hidrológico nacional como el que ha anunciado el presidente Pablo Casado, con actuaciones y dotación presupuestaria y que incluya inversiones en toda España. Mi grupo presenta hoy un voto particular con unas conclusiones y recomendaciones que el Grupo Popular hace para una correcta y solidaria gestión del agua. Quiero agradecer especialmente su trabajo a las dos ponentes que me han acompañado en el trámite de la subcomisión, Teresa de Lara y Belén Bajo. Los agricultores, los ganaderos y las empresas no pueden estar pendientes de si llueve o no, de si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias apuestan por el desarrollo rural o no. Ustedes están a tiempo de rectificar y de sumarse al documento que ha presentado el Grupo Popular y a la propuesta de pacto nacional por el agua [[muestra de nuevo el cartel]] que, desde luego, garantice todos los recursos a todos los territorios de España. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Carreño. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
Señor presidente, señorías, quienes han utilizado el agua para hacer demagogia electoralista irresponsable deberían saber ya que este filón se ha agotado ante la instalación del cambio climático, y digo deberían porque parece que siguen con esto. Vamos a ver, estamos oyendo unos discursos del Partido Popular y de Ciudadanos que son una demostración de cinismo porque aquí, cuando Compromís ha traído a esta Cámara en el trámite de enmiendas a los presupuestos generales de 2017 y de 2018 numerosas partidas para poner en marcha las desaladoras de Mutxamel, de Cabanes, de Oropesa, para hacer arreglar el problema de la balsa de San Diego, para arreglar los problemas que tiene la albufera de Valencia, para arreglar los encauzamientos de los ríos, a todas esas enmiendas presupuestarias se nos ha dicho sistemáticamente no, y los agricultores de mi territorio siguen sin disponer de recursos porque no se han querido hacer los gastos presupuestarios correspondientes. Pero ahora, evidentemente, se vuelve aquí, en el debate público, a sacar el tema del agua como un motivo de enfrentamiento, solo para eso, no para arreglarlo. Organismos como la OCDE ya han alertado hace mucho tiempo de una crisis global por disponibilidad del agua, que también afectará a los países más desarrollados, donde el envejecimiento de las infraestructuras y de los modelos de gobernanza, además de las presiones asociadas a procesos de urbanización, ponen en riesgo el abastecimiento de agua de boca de calidad. Esto es algo que hemos querido solucionar en los sucesivos presupuestos y ustedes no lo han apoyado. Naciones Unidas reconoció en 2010 el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, pero hasta hoy, con los Gobiernos del Partido Popular que hemos tenido, no hemos visto que este derecho haya sido objeto de una efectiva incorporación a nuestra normativa interna. Hay que reducir, efectivamente, la intensidad hídrica de nuestra economía y hay que reducir nuestra vulnerabilidad ambiental y social para mantener una buena calidad de vida de las personas ante el cambio climático. En eso nos encontrarán a Compromís, pero desde luego no nos van a encontrar en la demagogia del que siempre se llena la boca con una serie de lemas vacíos para luego, a la hora de la verdad, a la hora de retratarse con los votos a las enmiendas presupuestarias, hacer exactamente lo contrario. Tenemos que racionalizar el uso del agua, tenemos que potenciar la reutilización del agua depurada y la desalación, tenemos que favorecer la conservación de los regadíos históricos con un alto grado de naturalización, tenemos que promover la viabilidad económica de los cultivos de secano, tenemos que potenciar la restauración de los ecosistemas acuáticos, tenemos que impedir la aplicación en nuestro territorio de las técnicas de fractura hidráulica, del fracking, y recuperar el espacio fluvial. Todo esto son asignaturas pendientes, que es de lo que nos han hablado los expertos que comparecieron en la subcomisión. Debemos avanzar en un modelo sostenible que no comprometa a las generaciones futuras. Esto es lo que recoge exactamente el informe de la subcomisión y que Compromís ha suscrito porque incorpora muchas de las propuestas que nosotros planteamos hace tiempo. Por ello les pedimos un voto favorable porque el tiempo de la demagogia ha pasado y llega el momento de la gestión ordenada y sostenible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Gracias, presidente. Seré muy breve. En nombre del Partido Demócrata quiero agradecer sus aportaciones a todos los comparecientes y a todos los participantes, así como a las diputadas y diputados de esta subcomisión. Aunque intervengo en nombre del Partit Demòcrata, la persona que ha participado y que ha estado en estos trabajos ha sido el diputado Antoni Postius. Antes de entrar en las consideraciones en torno a las recomendaciones, señores de Ciudadanos y señores del PP, mientras quieran hacer del agua y de la política general del agua, como de otros temas, elemento de enfrentamiento entre territorios y sectores, no van a solucionar absolutamente nada, están creando un Estado que simplemente vive del enfrentamiento territorial. Y eso es terrible, y no van a solucionarlo y no van a encontrar ningún tipo de apoyo. Esto no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de racionalidad, es un tema del siglo XXI, de intentar buscar solidaridad entre los territorios, y la solidaridad no es ceder un recurso que, como establece una de las recomendaciones, no es excedentario. No se echa el agua al mar. Mientras exista el concepto de tirar el agua al mar, evidentemente no nos vamos a entender. En todo caso, uno de los elementos significativos es que se reconoce que las cuencas no son excedentarias, que los trasvases no son una solución y, a su vez, en los trasvases existentes lo que se establece es intentar redimensionarlos desde la racionalidad, sin tensionar las cuencas receptoras, de acuerdo con estas cuencas receptoras y buscando soluciones. En relación con un tema que también es importante para nosotros, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua se establece la necesidad de los caudales ecológicos que sirvan para que los deltas especialmente puedan mantener su supervivencia. Agradezco la especial mención que se hace a los caudales ecológicos en el Delta del Ebro. Finalmente, se constata en la recomendación 5.5 un elemento que nos tendríamos que cuestionar toda la Cámara. Los ayuntamientos están en una situación de infrafinanciación y no podemos permitir que la externalización de los servicios de agua de abastecimiento se haga por causas estrictamente económicas. Coincidimos en ello, pero tampoco se debe hacer por causas ideológicas; se deben ofrecer garantías para que aquellos ayuntamientos que quieran externalizarlo puedan aplicar los recursos de esta externalización, si existe, a inversiones propiamente vinculadas al suministro de agua o su saneamiento. En esto estamos de acuerdo; lo que no es de recibo - y desde aquí lo denuncio - es que, habiendo una mayoría en esta Cámara para derogar la LRSAL, esta todavía esté vigente. Eso no lo entienden nuestros ayuntamientos ni tampoco nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
Gracias, señor presidente. Señoría del Grupo Popular, ante todo quiero comentarle que el agua no se vierte al mar, esa no es un agua desaprovechada; alimenta ecosistemas fluviales, recupera la calidad de las aguas de las masas fluviales superficiales, alimenta o retroalimenta con sedimentos las costas y además permite que zonas como el Delta del Ebro sigan perviviendo. Por tanto, no se lanza nunca agua al mar; es un lugar que realmente le pertoca. [[La señora]] Si ustedes entran con esos planteamientos, quiere decir que no han entendido nada de lo que hemos presentado en nuestro informe. Por otro lado, tampoco hay cuencas deficitarias y excedentarias. Uno de los debates es que no había cuencas deficitarias ni excedentarias; en todo caso, en el escenario que va aparecer - según lo que se nos está diciendo - no habrá cuencas excedentarias ni deficitarias. Otra cosa es que quieran ustedes hacer correr esa idea para practicar lo que ustedes dicen de la interconexión hidráulica, que no deja de ser los trasvases, que es la política real que persiguen ustedes mismos. El informe técnico que tenemos es un buen informe, independientemente de los posicionamientos políticos de cada uno, y deberíamos felicitarnos por él y agradecer a los comparecientes el esfuerzo realizado y su carácter aclaratorio. Hay un tema que es fundamental y detrás del que está el debate que nos planteamos aquí, que es el principio de precaución. Aunque los estudios del Cedex tengan ya en cuenta diversos escenarios, por el principio de precaución y con arreglo a la legislación europea vigente - con arreglo a la legislación europea vigente, subrayo-debemos tomar siempre como marco de referencia para la planificación de riesgos aquellos estudios que presentan el peor escenario. Lo que se nos plantea básicamente son escenarios de un gran estrés hídrico en las próximas décadas. La principal referencia sobre las previsiones de pluviometría, escorrentía superficial e infiltración de los acuíferos la ofrecen precisamente los estudios del Cedex, cuyos resultados se pueden resumir, como sigue, en varios puntos. Haré referencia a estos puntos porque dan una visión sobre el posible drama y una visión pesimista de hacia dónde vamos. Todas las simulaciones y previsiones apuntan a notables incrementos de temperatura media. Eso está claro. Eso quiere decir que por un lado tendrá sus efectos sobre el conjunto de elementos ambientales del territorio. Habrá un aumento de temperaturas y crecerá la evotranspiración de las masas vegetales generando una recesión de las escorrentías y un aumento de los requerimientos de riego: menos agua, más requerimientos. Precipitaciones. Aunque hay mayores incertidumbres, lo que está claro es que en los espacios mediterráneos se prevé una importante tendencia recesiva. En cuanto a los caudales fluviales y los niveles de infiltraciones acuíferos, precisamente por el aumento de esa evotranspiración de las masas vegetales y la menor precipitación, nos encontraremos con que habrá escenarios con menos recursos disponibles. El Cedex prevé precisamente una reducción de caudales medios desde 2010 a finales de siglo del orden del 24 %, una cuarta parte de reducción de capacidad de caudal, que puede llegar a situarse entre el 30 % y el 40 % en zonas más sensibles - fíjense que es una disminución del caudal a casi la mitad -, mientras que la infiltración que alimenta los acuíferos disminuirá en un 27 % en el horizonte de fin de siglo. Por otro lado, está certificado el aumento de la variabilidad climática y pluviometría mediterránea con alteración importante de los patrones estacionales y espaciales de la lluvia. Habrá un fuerte incremento de riesgos de sequías, que serán más frecuentes, largas e intensas, y de inundaciones con crecidas más frecuentes y caudales máximos y fuertes. ¿Por qué marco estos puntos? Porque realmente el escenario que se presenta es dramático si no se toman medidas. Tengan presente un tema. Yo creo que una de las principales conclusiones que hemos podido corroborar en la subcomisión para la Política de aguas y los efectos del cambio climático es que el incremento de este estrés hídrico nos va a obligar a cambiar el modelo de gestión y gobernanza actuales, hoy en muchos casos inviable, agotado y caduco, tal cual. En todo caso, tendrán que ser modelos que impliquen una mayor gestión y transparencia, por tanto un mayor control público de las políticas hidráulicas, y una mayor participación en las decisiones de los diferentes agentes sociales y económicos que intervienen en el uso del agua. Esto implica cambiar el posicionamiento y la visión sobre la gestión del agua que tenemos hoy en día. Esto requiere grandes dosis de generosidad y resiliencia y sobre todo implica ponerse ya. Hay sectores del sudeste peninsular que ya están afectados por los efectos del cambio climático. Por tanto, ya no hay tiempo que perder y los escenarios negativos, no positivos, están ya en estos momentos afectando a según qué puntos de la península. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Eritja. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
Señorías, amigos, amigas, ante todo me voy a referir a intervenciones anteriores. Que el Partido Popular se mantenga en las viejas estrategias y en la vieja cultura del hormigón me entristece, me defrauda, pero era algo que podría esperar. Que Ciudadanos en su obsesión electoralista abrace esas viejas políticas del hormigón, de la irracionalidad económica y del impacto ambiental insostenible en contra de las normas europeas, me parece una vergüenza y me defrauda. En todo caso, vayamos al tema porque yo no voy a hacer de esta tribuna una bandera electoralista dentro de la verdulería política que me tiene escandalizado ya con esta dinámica que estoy viviendo en el Parlamento. Vamos al grano en el poco tiempo que tenemos acá. Amigos y amigas, el cambio climático tiene como vector generador el vector energético, de eso ya no cabe ninguna duda, y por ello el reto clave de las políticas de mitigación está en la transición energética. Sin embargo, en lo que se refiere a los impactos socioambientales, el vector principal de afección es el vector agua y por eso las políticas de adaptación deben estar presididas por el reto de la transición hidrológica. Pues bien, señorías, este dictamen marcará un hito parlamentario en esta materia en la medida en que abre y marca el camino de la transición hidrológica, una transición que, por cierto, surge como una necesidad emergente ya en los noventa con las movilizaciones por la nueva cultura del agua, se transforma en exigencia legal con la Directiva Marco del Agua y pasa a ser con el cambio climático una necesidad urgente e inaplazable, la urgencia de pasar de las viejas estrategias de oferta subvencionada a las nuevas estrategias de gestión de la demanda y conservación de nuestros ecosistemas, de la vieja lógica del hormigón a la nueva inteligencia ambiental de la sostenibilidad, del viejo productivismo subvencionado a la necesaria racionalidad económica y, sobre todo, de la suicida miopía negacionista a la aplicación rigurosa del principio de precaución frente al cambio climático. Tal y como recogen los estudios oficiales del Cedex, debemos prepararnos para una recesión de caudales medios que puede llegar al orden del 24 % y hasta del 30 % y del 40 % en las cuencas más sensibles si no se cumplen los Acuerdos de París que, por cierto, se están incumpliendo de forma clamorosa. Por otro lado, crecerán, como se ha dicho, de forma drástica los riesgos de sequía y crecidas como ya estamos sufriendo de facto en los últimos años. Ciertamente, estas previsiones están sometidas a márgenes de incertidumbre, por lo que, en rigor, lo que se nos exige desde la Unión Europea es aplicar de forma rigurosa el principio de precaución en la gestión de estos riesgos, principio que, lejos de disculpar la acción frente a la incertidumbre, exige prevenir los escenarios plausibles más desfavorables. No se trata de ser optimistas o pesimistas sino de ser prudentes, preparándonos para las peores previsiones plausibles que, de hecho, como he dicho, crecen en probabilidad en la medida en que ya se asume como inevitable el incumplimiento de los Acuerdos de París. En este contexto, pretender gestionar las futuras sequías con nuevas grandes presas y trasvases no solo es una estrategia errónea e insensata desde el punto de vista técnico, no ideológico, sino que comporta una masiva malversación de fondos, señorías. [[Aplausos]] En la medida en que las sequías no suelen ser locales, sino regionales, cuando entra en estrés hídrico el Segura, entran también generalmente el Júcar, el Ebro, el Llobregat y la cabecera del Tajo, con lo cual las estrategias trasvasistas colapsan y, si no, miren ustedes la última sequía y la inacción obligada del Tajo-Segura. Respecto a la idea de lanzar una nueva oleada de grandes presas, en el país con más grandes presas por habitante y kilómetro cuadrado para lo malo, lo bueno y lo regular, proponer esto es como regalarle un monedero a un pobre o es como pretender resolver una crisis o un colapso económico personal abriendo nuevas cuentas corrientes en los bancos. No tiene sentido. Lo voy a explicar de otra forma. No estoy en contra de las grandes presas y de los trasvases, como no estoy en contra, en rigor, de las autopistas o de los aeropuertos, pero estoy radicalmente en contra de nuevas autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones y presas y trasvases sin agua. [[Aplausos]] Y esto no es ideología, es sensatez básica económica y social, señores de Ciudadanos. [[Aplausos]] El dictamen ofrece un amplio abanico de medidas y estrategias frente al cambio climático, de las que me da tiempo tan solo a citar las tres que me parecen más importantes. La primera es recuperar nuestros acuíferos, nuestros pulmones hídricos naturales, que hoy están arruinados por la sobreexplotación de más de un millón de pozos ilegales. ¡Qué vergüenza, señorías! El reto está no solo en acabar con esa vergüenza nacional para garantizar un uso sostenible de esos acuíferos sino en recuperarlos como piezas clave de reserva estratégica para gestionar las futuras sequías. En segundo lugar, la planificación hidrológica debe ser sensata, responsable y valiente y hay que redimensionar la previsión de demandas para adecuarlas a la disponibilidad real prevista en los escenarios de cambio climático. Y por último, en los territorios insulares y en las zonas costeras mediterráneas, más sensibles a los problemas de escasez, se debe promover un desarrollo razonable y prudente de las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, pero alimentadas con energía solar y eólica, a fin de abrir perspectivas efectivas de autosuficiencia sostenible, y así ocurre en territorios, por ejemplo, como Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote, donde prácticamente no llueve. Respecto a pactos nacionales, señoras y señores diputados, los colectivos sociales, sindicatos y fundaciones de expertos ya nos han dado la lección, llevan un año trabajando, nos ofrecen el Acuerdo social del agua, del que ustedes no hablan, pero que ha sido presentado en esta subcomisión. Ahí tenemos el ejemplo de un acuerdo de organizaciones sociales de todas las comunidades, incluidos los agricultores, los sindicatos obreros y los movimientos ecologistas, que nos dan ya una propuesta concreta de Acuerdo social del agua en este país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Arrojo Agudo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor García Mira.
Buenos días a todos. Sorprende escuchar de los votos particulares del Partido Popular y de Ciudadanos la acusación de ideología en este informe que hoy se debate aquí, como si la ausencia de política durante el Gobierno del Partido Popular o la política conducida durante estos últimos años no estuviese cargada profundamente de ideología. Estamos ante un informe que viene de la Comisión de Transición Ecológica y que viene a este Pleno con un conjunto de conclusiones y recomendaciones elaboradas por la subcomisión para el estudio y la elaboración de propuestas de políticas de agua y así hacer frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. Es un informe que sintetiza lo manifestado por un conjunto de expertos que han comparecido en el Congreso, a propuesta de las diferentes formaciones políticas, un informe que no pretende ser exhaustivo y, por tanto, no va más allá de lo que se ha debatido en la Comisión. Es un excelente documento de trabajo que, a partir del análisis de las políticas de agua en relación con los desafíos del cambio climático en general, plantea también los desafíos del cambio climático, en concreto para España, sus regiones y sus cuencas. Como tal informe puede tener carencias, puede tener otras valoraciones y propuestas susceptibles de desarrollar, de modificar o de replantear a la luz de nuevas evidencias, con objeto de alcanzar el necesario y amplio consenso a la hora de desarrollar normativas a las que pueda servir de base como documento de referencia. Por tanto, no es una ley lo que se debate aquí sino un documento que plantea cómo nos puede afectar el cambio climático y qué hacer para la adaptación en el ámbito del agua. El cambio climático, señorías, no es algo que sucede ahí afuera, es algo que está sucediendo ya en nosotros, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, y somos, cada vez más, testigos directos de sus impactos a través de las inundaciones, a través de sequías, a través de cambios en los ciclos de agua en muchos lugares de España. Todo ello con los consecuentes daños no solo en la naturaleza sino también en las economías regionales, sobre las que hemos construido nuestros estilos de vida y para las que hemos adecuado políticas de gestión de recursos como la del agua, ya que, mirando lo que hasta ahora se ha hecho, encontramos motivación suficiente para justificar este debate aquí y ahora. En relación con los votos particulares que plantean Ciudadanos y el Partido Popular, compartimos la preocupación de ambos grupos parlamentarios por incorporar los retos del cambio climático a la política del agua, compartimos algunas de las prioridades de actuación detectadas, en especial las relativas a resolver los incumplimientos de la Directiva Marco Europea del Agua por los que la Unión Europea ha sancionado a España con multas millonarias, porque existe el riesgo de nuevos incumplimientos a corto plazo si no hacemos algo por evitarlo. En este sentido, el Gobierno socialista ya tiene previstas medidas urgentes para dar respuesta a más de mil actuaciones con procedimientos de infracción en España, que nos dan una idea de la situación en la que nos encontramos. Por otro lado, el Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, el llamado Plan Dsear, plantea soluciones a medio y largo plazo que habría que incorporar a los planes hidrológicos del tercer ciclo. Este plan pretende garantizar una gestión sostenible del agua en su ciclo integral que fomente el ahorro, la eficiencia y aporte transparencia, presentando atención especial al aprovechamiento de aguas residuales para avanzar en la economía circular en el ahorro, lo que en definitiva va en la dirección que reclaman ustedes, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos. Con este informe y sus recomendaciones no hay que olvidar que lo que se pretende es hacer un ejercicio de responsabilidad. Se trata no solo de perseguir el cumplimiento de la directiva europea sino de garantizar la resiliencia de las distintas cuencas y regiones de cara a consolidar una transición hacia la sostenibilidad en los distintos lugares de España. No compartimos sin embargo lo planteado por Ciudadanos y Partido Popular en sus votos particulares en lo que se refiere a la ausencia de concreción en las medidas que proponen. Señorías, llegan ustedes a hacer apreciaciones tan genéricas que son meras reflexiones imposibles de rebatir porque constituyen meras obviedades. En algunos casos lo que presentan más que una conclusión o recomendación es un auténtico juicio de valor que como tal es totalmente subjetivo y discutible. Finalmente, su diagnosis de la actual situación resulta excesivamente negativa por cuanto no aportan datos para sustentarla ni sus críticas motivación objetiva alguna. Cuando proponen medidas concretas son cuestionables; como antes señalé, ya hay actuaciones en marcha por parte del Gobierno o hay actuaciones previstas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la economía circular y el papel de la reutilización del agua en este contexto, saben de la existencia del paquete de la Unión Europea para el paso de la economía circular en 2030, en el que el Gobierno está trabajando para adaptar la normativa española a la nueva normativa europea. En lo que respecta a la reutilización del agua, el Gobierno está bien situado. Criticamos por tanto que un partido como el Partido Popular, que hasta hace tan solo unos meses ocupaba el Gobierno de este país y ha tenido en sus manos ejecutar todas las medidas que propone, no haya puesto en marcha ni una, ni una, y se dedique a jugar ahora con los ciudadanos y a pedir con contundencia que se haga lo que desde el Gobierno no les ha dado la gana hacer. Y a un partido como Ciudadanos, que se dedica a hacer demagogia política, mintiendo a los ciudadanos al declarar las intenciones de este informe como lesivas para determinadas regiones y haciendo una interpretación perniciosa de lo que ha pretendido ejemplificar con algunos de los casos que revelan desequilibrios que demandan políticas correctoras de los impactos más negativos. Por tanto, hay fuertes contradicciones en su planteamiento, señor Rodríguez. Y claro que plantean cuestiones ideológicas, ¡cómo no las van a plantear!, la gestión responsable del agua lo requiere. En definitiva, el informe pretende anticiparse al cambio climático en materia de gestión de agua y disminuir la exposición y la vulnerabilidad de sus impactos, buscando el equilibrio necesario que permita adecuar las políticas nacionales y las actuaciones humanas y ponerlas en consonancia con la política europea y con el futuro desarrollo y mantenimiento de las economías que dependen de este bien tan preciado. El Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, ve compatible responder al cambio climático y garantizar agua para un desarrollo social y económico de todos los territorios de España, pero con soluciones que aprovechen todas las infraestructuras disponibles y existentes, garantizando el mix de disponibilidad de agua para que no falte nunca agua de boca para el sector agroalimentario, para el turismo y para la industria, pero también con soluciones que deberán afrontar con seguridad y certeza el abastecimiento de agua en todo el país, especialmente en aquellas zonas con sequías prolongadas, que se verán más agravadas por el efecto del cambio climático; soluciones que pasan por intervenciones basadas en la gestión de los recursos naturales - naturebased solutions, como se diría en su denominación original -, como nos señala también Naciones Unidas y así lo ha asumido entre sus prioridades la Unión Europea en su estrategia económica, ambiental, industrial pero también de investigación e innovación. Basta con echar un vistazo al Programa Horizonte Europa. Finalmente, quiero decir que el Gobierno está cumpliendo para avanzar en un verdadero pacto del agua y lamentamos que tanto Ciudadanos como el PP, más que hacer política del agua, prefieran hacer política con el agua, luchando para evitar hacer realidad dicho pacto y negándose a concretar y ordenar las aportaciones realizadas por los expertos con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, para la industria y para nuestra economía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor García Mira.
Finalizamos con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, muy buenos días a todas y a todos. Comparezco hoy para presentar, justificar y explicar los contenidos fundamentales del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, tal y como está previsto que se haga en esta Cámara en el trámite de decisión parlamentaria sobre la norma. Las reformas que contiene este proyecto de ley corrigen lo dispuesto en el Real Decretoley 14/2012, del 20 abril, en concreto, en lo que afecta a los docentes de la enseñanza pública no universitaria. Las medidas de carácter excepcional que tomó el Gobierno anterior en aras de la estabilidad presupuestaria hicieron que el sector público, en particular el profesorado, tuviera que soportar enormes cargas que generaron numerosas protestas. Esta sencilla norma que hoy presentamos va destinada a corregir esos recortes que están causando un profundo daño a nuestro sistema educativo. La derogación del incremento de un 20 % en la ratio de alumnos por aula, el aumento del mínimo de la parte lectiva de la jornada del personal docente y los diez días de plazo para proceder a una sustitución supone una clara mejora de las condiciones de trabajo del profesorado no universitario, como iré argumentando en esta intervención. Para que las administraciones educativas competentes puedan aplicarlas el próximo curso 20192020, deben aprobarse con antelación suficiente, de modo que puedan ser tenidas en cuenta en la organización y planificación del próximo curso escolar. Señorías, estoy segura de que compartimos todos que el peso del sistema educativo recae fundamentalmente sobre el profesorado, pues de él depende el éxito del sistema y con ello el futuro de los niños y jóvenes que acuden a nuestros centros. Por eso, es de la mayor importancia que puedan hacer bien su labor con unas condiciones que les permitan la suficiente dedicación a sus alumnos, atendiéndoles directamente y planificando su enseñanza. Que los profesores dispongan de unas condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor docente favorece el aprendizaje y la formación de sus alumnos, y estas condiciones dependen, entre otros factores, del número de alumnos a los que deben atender simultáneamente, que les debe permitir la dedicación suficiente a cada uno de ellos y también estructurar su tiempo de trabajo, el tiempo que pueden dedicar a cada una de sus tareas, que no son solo las lectivas sino también las de planificación, preparación o formación. El Gobierno pretende devolver al sistema de forma gradual la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que es sometido hoy a aprobación en esta Cámara. Es una medida que no es testimonial, tiene indudable transcendencia con objeto de restituir la dignidad del profesorado público, que bien lo merece. El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, pretendía conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. De acuerdo con tal expresión de motivos se justificaron tales medidas definidas como excepcionales por la coyuntura económica del momento. Dado que esta norma fue aprobada por el anterior Gobierno con valor de ley por la urgencia y necesidad de la situación, precisa otra del mismo rango legal para su derogación. Como no se dan en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que fija la Constitución para aprobar un real decreto-ley, el Congreso de los Diputados es competente para aprobar una norma legal que derogue los efectos y medidas restrictivas de la norma de 2012 y volver así a la normalidad. Teniendo en cuenta la favorable evolución de la situación económica del país y la aprobación posterior de otras normas con incidencia en aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día, resulta ineludible la revisión y actualización de aquella norma de 2012. La contención del gasto público en una coyuntura económica desfavorable no justifica, señorías, el deterioro que han ocasionado estas medidas en la calidad de la educación y la tarea docente. En todo caso, desde 2016, incluido, el PIB ha superado el que había antes de la crisis, es decir, llevamos, con este, tres cursos en los que el argumento económico ya no se justifica. Si sus señorías me lo permiten, describiré brevemente la norma que hoy se presenta a la Cámara. El proyecto cuenta con un único artículo, con las tres medidas que les he adelantado: habilitar a las administraciones educativas para adoptar las medidas necesarias en lo que afecta a las ratios, al establecimiento de la jornada lectiva del personal docente y derogar de manera inmediata el periodo de carencia de las sustituciones. El artículo 2 del real decreto-ley de 2012 permite elevar hasta en un 20 % las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en la LOE cuando las leyes de presupuestos no autoricen la incorporación de personal de nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de efectivos inferior al 50 %. Pero el hecho de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 establecieran ya una tasa de reposición del 100 % para el acceso a los cuerpos docentes en las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva ya implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del real decreto-ley haya quedado superada. Por tanto, resulta innecesario mantener la medida. Debo señalar que la supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años... [[Rumores]]
Señorías, silencio, por favor.
... de las que ha sido responsable el Ejecutivo anterior, con lo que queda resuelta una de las principales dudas sobre la inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento. Por el contrario, el mantenimiento de esta medida sí tendría un alto impacto en la garantía de los niveles de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con el aumento de alumnos por aula. La segunda de las cuestiones a derogar del mencionado real decreto-ley es el artículo 3, el incremento del mínimo de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Educación en centros públicos, hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil y de veinte horas en las restantes enseñanzas. Es este un aspecto que venía siendo reglamentado por cada Administración educativa. Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima docente en sus sentencias 26/2016 y 54/2016, entre otras, ante el cambio de coyuntura económica parece razonable revertir la situación y que sean las administraciones educativas las que dispongan del mismo margen para reglamentarla del que disponían antes de 2012. Esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos. Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada. Desde las primeras transferencias en materia de educación hasta el año 2012, señorías, fueron las comunidades autónomas con competencias educativas las que determinaron la parte lectiva de la jornada del profesorado y no se generó ningún problema, precisamente porque esta competencia favorecía la responsabilidad del autogobierno de las comunidades autónomas. Tampoco esta medida supone incremento de gasto público. Cuando se adoptó en 2012 no se redujo a las comunidades autónomas un solo euro de los fondos para su financiación, no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspasos de funciones y servicios, no hubo reducción en concepto alguno, supuso un más amplio margen de ahorro de gasto para las comunidades. Ahora, esta norma que les presento implica que aquellas que quieran revertir la medida puedan hacerlo dentro de su autogobierno, igual que hicieron en el viaje de ida. Así que sumemos aquí también los esfuerzos gubernamentales para poder incrementar los recursos de las administraciones territoriales a través de las negociaciones de techo de gasto con la Unión Europea y otros derivados del establecimiento de nuevos fondos de financiación o nuevas sendas presupuestarias. Hagamos, señorías, el esfuerzo de aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 más social, como está procurando este Gobierno. La tercera y última de las cuestiones que es preciso derogar del Real Decreto-ley 14/2012 se refiere al artículo 4, que incluye que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos, dos semanas reales desde la situación que dio origen a dicho nombramiento. Como en los casos anteriores, la disposición final décima quinta de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, establecía ya unos supuestos para proceder inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los titulares en los siguientes casos: cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas; cuando imparta docencia en segundo curso de bachillerato; cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles en las comunidades autónomas que lo regulen. También en este caso la modificación en los presupuestos de 2016 alivió la situación de las administraciones educativas, especialmente por lo gravosa y dura que fue aquella medida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos. [[El señor]] Más allá de su hipotética contribución a la eficiencia de los recursos públicos ha producido repercusiones negativas para la eficacia organizativa de los centros docentes así como sobre la calidad de la enseñanza y la atención al alumnado. Debo asimismo señalar que la justificación económica es la misma que en el apartado precedente. Voy concluyendo, señorías. A primeros de septiembre el anteproyecto fue conocido por el Consejo de Ministros, aunque esta ministra ya había expuesto previamente informe sobre su contenido. Además de su presentación ante la Conferencia sectorial de las comunidades autónomas y la Mesa sectorial sindical, ha sido sometido a trámite de información pública, según dispone la normativa. El Consejo Escolar del Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitió informe al igual que los ministerios de Hacienda, Política Territorial y nuestra propia secretaría general técnica. El proyecto fue acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia, familia y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, análisis y tramitación, entre otras consideraciones. En todo caso, el Real Decreto-ley 14/2012 consolidó la reducción del gasto público educativo que se venía produciendo desde 2010; solo la suma de los recortes de 2013 y 2014 sobre los recursos destinados en 2012 superaron, señorías, los 3200 millones de euros, lo que suponía un 6,9 % respecto del total de 2012. Todo ello en un contexto de incremento en el número de alumnos, más de 80 000 alumnos en los dos cursos siguientes al de la norma. Esos fueron los efectos. Señorías, los sistemas educativos no pueden ofrecer respuestas imprecisas, tienen que ofrecer las mismas posibilidades de educación a todo el mundo, a todos y a todas las jóvenes; respetar la diversidad y satisfacer todos los tipos de demandas. La atribución de los recursos debe sobre todo reflejar claramente las decisiones colectivas correspondientes a los arbitrajes que cada sociedad efectúa para asegurar su desarrollo económico, social y cultural. Nosotros y nosotras, señorías, tenemos ahora la responsabilidad de elevar la calidad de nuestra educación porque elevar la calidad de la educación es elevar la mejora económica, social y política del país. Gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora ministra. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo y diecinueve enmiendas al articulado. Para la defensa de sus enmiendas y para posicionarse en relación con el resto, tiene le palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señor presidente. Señora ministra, Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias, y así se lo hicieron saber, compartimos volver a recuperar la situación del sector educativo anterior a la crisis, pero hemos presentado una enmienda porque lo que no se puede admitir es que las horas lectivas no tengan ficha financiera. Simplemente el tema de la ratio va a suponer 60 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene una característica distinta a la mayoría de las comunidades y es que tiene superávit. Canarias está reclamando que ese superávit que se ha generado en la propia Canarias nos permitan incorporarlo no a inversiones, sino a los servicios esenciales, a la sanidad y a la educación, para revertir los recortes que nos obligaron a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, teóricamente - porque yo soy de las que creo que no va a haber presupuesto -, ese nuevo margen de déficit va para que las que no han cumplido puedan tener más déficit, pero a las que tenemos superávit no nos viene nada de los 2500 millones - si hubiera presupuesto, que no lo va ver - y, encima, el ahorro que tenemos no nos lo dejan incorporar. Para que usted lo sepa, por ejemplo, la comunidad autónoma en los presupuestos de 2019 ha propuesto ya todas estas medidas condicionadas a que el Estado deje incorporar el dinero del superávit de Canarias. En ese sentido va la enmienda que hemos presentado. Para nosotros es fundamental. Tenemos el coste añadido de la insularidad, que implica que en determinados centros el ratio de población no corresponde, eso está compensado ya en el Régimen Económico y Fiscal. Vamos a apoyar al ministerio en estas medidas, pero lo que no puede pasar después es que cada comunidad vaya a un ritmo distinto. Al final, a las que tenemos más fracaso escolar y necesitamos más presupuesto en educación y encima hemos cumplido y además tenemos superávit, no se nos deja poner la ficha financiera. Así, al final, cada comunidad irá a su ritmo y seguirán las diferencias en este país en cuanto a fracaso escolar, al éxito y a la mejora de la educación en función de la situación económica, en muchos casos heredada en otras comunidades autónomas de malos gestores o buenos gestores. En ese sentido, nuestro apoyo a las medidas educativas y nuestra exigencia de que se permita que el dinero, ya que se apretaron el cinturón los canarios - no los Gobiernos, sino los ciudadanos - se pueda invertir en educación, en sanidad y en servicios esenciales. El futuro nos va en la educación, en la mejora de la educación. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ahora tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, en debates anteriores ya hemos dicho cuáles son, a nuestro juicio, los pilares que pueden favorecer una mejor educación en España. Primero, respetar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. El Estado no tiene hijos a los que educar y, por lo tanto, debe asumir con naturalidad una pluralidad de modelos educativos complementarios. Segundo, mejorar la calidad y, para ello, obviamente tener los mejores profesores, bien retribuidos, bien dirigidos y bien motivados. Por cierto, no acabo de entender cuál es la lógica de mejorar sus condiciones y, a la vez, con esa mejora asumir bajar el listón educativo de nuestro educación. Sinceramente, no entiendo si es esa su ambición. Tercero, garantizar una efectiva igualdad de oportunidades, lo cual supone reconocer que somos iguales pero que somos distintos, adaptando el sistema a las capacidades de cada cual. Cuarto, formar en valores. Hablamos de una sociedad y la crisis de los valores, pero no podemos construir una sociedad de valores sin personas con valores. Quinto, establecer una evaluación constante para corregir los problemas y adecuar la educación a los cambios. Y, por último, garantizar una eficaz rendición de cuentas, que no funciona, y cómo corregirlo entre todos. Lo que sí que sabemos, señora ministra, señorías, es aquello que va en la dirección contraria a estos objetivos: utilizar las lenguas para crear comunidades estancas y proyectos públicos excluyentes, educar en el odio, inventar agravios falseando la realidad histórica, así como poner educación al servicio de la ingeniería social de género. Por cierto, la comunidad educativa navarra está convocada para oponerse al proyecto de ingeniería de género Skolae, que impulsa el Gobierno de Navarra, con una concentración este sábado a las doce en la Plaza de la Insumisión, donde estaremos desde luego muchos miembros de UPN. Señora ministra, este proyecto es un parche; a nuestro juicio, un parche muy caro con ninguna ambición, como le decía, porque no toca esos pilares que deberíamos de tocar o, peor todavía, porque más bien parece un pago por adelantado, sutil, de un Gobierno rehén de sus socios de moción. Impedirlo de alguna manera es el objetivo de nuestra enmienda. Termino. Como reconoce el profesor Marina, los retos de la educación son otros: abandono escolar, tasa de repetidores, dignificación de la FP, la utilización política o la desconexión de la educación con el mundo laboral. En estos temas, señora ministra, podrá contar con nuestra colaboración, pero en lo que se desvíe de estos desafíos, obviamente no podrán contar con nuestro aplauso. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
Gràcies, senyor vicepresident. Decía Nelson Mandela que es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina y que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser presidente de una gran nación. Y tenía mucha razón, porque la educación nos iguala, la educación permite que las personas cuestionemos nuestro entorno y no repitamos errores del pasado. Y esto, por desgracia, lo saben muy bien las derechas, que atacan, tanto cuando están en el Gobierno como cuando están en la oposición, directamente tanto a la educación como al profesorado. Recortan todo aquello que tiene que ver directamente con el sistema educativo, lo saben cuando se descuelgan de los acuerdos y los consensos en las leyes educativas, lo saben cuando alimentan a la concertada y asfixian a la pública, lo sabe quien ha modificado la Ley de Educación en contra de la opinión de padres, madres, profesorado y de la totalidad de la comunidad educativa. Porque sí, para tener una buena calidad educativa sin duda hay que apostar por la calidad del profesorado, de la función docente, hay que invertir en profesionales, hay que reducir ratios, hay que permitir tiempo de preparación de las clases e incluso formación fuera de lo que es estrictamente currículum. Esto se está haciendo en algunos lugares, lo estamos haciendo en el País Valencià, lo está haciendo el conseller Marzà reduciendo alumnado en las aulas, contratando más profesorado para poder atender al alumnado con la creación de 6000 plazas nuevas en tres años y medio e incluso mejorando colegios con el Plan Edificant o garantizando libros gratuitos con el Xarxallibres, a pesar de la falta de financiación y priorizando la inversión, porque en Compromís lo tenemos claro, la educación es una de nuestras prioridades y el profesorado también. Falta mucho por hacer, sin duda, hay muchos fallos en nuestras propuestas, como en cualesquiera otras, porque para tener un buen sistema educativo, para poder contratar más profesionales, para reducir el número de alumnas y de alumnos necesitamos financiación para pagarlo y eso es lo que justamente encontramos en falta en esta ley. En definitiva, evidentemente es necesario apostar por una función docente de calidad - en eso estaremos siempre de acuerdo - que pueda educar a nuestros niños y niñas de manera crítica, conociendo el pasado, cuestionando el presente y construyendo un futuro mejor. El profesorado necesita poder desarrollar su labor en condiciones dignas, y ahí Compromís siempre estará, en todo lo que implique menos alumnado, más proximidad de la enseñanza y reconocimiento de la labor dentro y fuera de lo que es estrictamente el aula. Volviendo a Nelson Mandela, también decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que permitamos que nuestro profesorado pueda dedicarse a educar, a enseñar, a cuestionar y a razonar. Confiemos en el profesorado y dignifiquemos, por supuesto, su labor. Hagamos que puedan trabajar de manera más pausada, que puedan dedicarse a su alumnado; solo así conseguiremos que la hija de un campesino pueda llegar a ser médico. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Sorlí. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Gràcies, president. Bon día, senyories. Buenos días, ministra. Seguramente, hoy es un día bueno en lo que a políticas educativas se refiere porque iniciamos un camino interesante - usted conoce mi opinión al respecto -, pero hoy es, sin duda, un día triste porque desde hace un año Carme Forcadell se encuentra privada de libertad y quería aprovechar esta intervención para recordarla [[aplausos]], para recordar la injusticia que están sufriendo algunos de los líderes políticos catalanes que se encuentran encarcelados. [[La señora]] Le decía, ministra, que hoy es seguramente un buen día porque empezamos a desmantelar uno de los proyectos políticos educativos más fatales para la educación de este país. Usted conoce nuestra opinión al respecto, nosotros conocemos la suya y por eso sabe que va a encontrar nuestro apoyo en esta iniciativa que usted presenta hoy aquí. Pero también sabe que nosotros no nos conformamos con eso, que queremos ir un poco más allá, porque si es verdad que la Lomce era nociva en lo que se refiere a ratios, docentes y a calidad educativa, lo era también en lo que para nosotros es clave para la garantía de la calidad y la cohesión social en Cataluña, que es la inmersión lingüística. Ayer el presidente Sánchez pedía a esta Cámara que los grupos catalanes trajéramos propuestas que tuvieran el 75 % de apoyo de los catalanes. Hoy le traigo una, que es la inmersión lingüística, que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña con todos los votos a favor, menos los del Grupo Popular, bajo el paraguas de la Ley de Educación de Cataluña. Cuando cincuenta diputados de esta Cámara presentaron un recurso a la ley educativa de Cataluña no tocaron los artículos que hacían referencia a la inmersión lingüística, y cuando diputados de esta Cámara presentaron un recurso al Estatut d´Autonomia de Catalunya tampoco tocaron los artículos que hacían referencia a la inmersión lingüística. Por tanto, ustedes tienen aquí una propuesta que tiene el apoyo de más del 75 % de los catalanes, como pedía el presidente Sánchez ayer. Le pido a su grupo parlamentario que acepte nuestra enmienda que deroga la disposición adicional trigésimo octava, que es la que desconfigura y desmantela de forma clarísima un sistema de inmersión lingüística, que ha sido durante los últimos cuarenta años el sistema que ha funcionado y que ha dado una garantía de cohesión social y de calidad educativa como no la ha dado en otros territorios españoles. Hoy he escuchado desde esta tribuna que se utiliza la lengua para generar un discurso del odio, como si el discurso del odio dependiera de la lengua que se utiliza para darlo, como si no se pudiera dar un discurso del odio en castellano, en inglés, en francés o en mandarín. Ministra, hoy usted y su grupo tienen la oportunidad de empezar a revertir la situación no solo en lo que ustedes proponen, sino también en la inmersión lingüística, que es garantía de calidad. Porque usted sabe que las mayorías de esta Cámara son las que son y que la mayoría de la Mesa es la que es y que tiene capacidad de bloqueo de aquellas iniciativas que no le gustan. Eso es poco ético, pero legítimo desde el punto de vista de la gestión parlamentaria. Usted sabe que las mayorías son las que son, que las van a utilizar y que no nos van a permitir desmantelar esa ley, como debe ser desmantelada para darle a este país la educación que se merece. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Miquel i Valentí. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
Señora presidenta, señorías, los señores del Gobierno vienen hoy aquí con un proyecto de ley que yo creo que va a entrar en los anales de la historia de esta Cámara por su pomposidad. Voy a leer textualmente el título: proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Cualquier persona que no esté en el mundo parlamentario, cuando lee esto, entenderá que esto va de tratar de modernizar las circunstancias, los contextos en los que los maestros y los profesores ejercen su trabajo. Cualquier español de buena fe a lo mejor se pensaba que con este proyecto el Gobierno del Partido Socialista había hecho propósito de enmienda y había decidido que iba a poner encima de la mesa el debate de cómo mejorar el tema de la formación docente, el de inducción docente, desempolvando, por ejemplo, el proyecto del mir educativo que hizo Rubalcaba en su día y que presentó con Ángel Gabilondo. O que el doctor Sánchez en algún momento ha pensado que se había equivocado levantándose del pacto educativo y que iba a hacer aquí lo que la comunidad educativa demanda desde hace años, un desarrollo del estatuto docente, por ejemplo; mejora de la calidad educativa. O que la ministra de Educación, entre los mítines de los viernes, había pensado que podrían traer un proyecto de ley para la mejora de la formación continua o de la carrera profesional, que es algo que cuando uno habla con maestros y profesores piden. Pero no, nada de eso. El Gobierno del PSOE no trae absolutamente nada de eso. De hecho, lo que nos propone con esta ley de tan pomposo nombre es pura y llanamente una derogación en la línea del no es no. [[Aplausos]] Es eso. Podía haber puesto derogación y habríamos acabado antes. En concreto, como ha explicado la ministra, la derogación de los artículos 2, 3 y 4 del título I del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Antes de empezar a valorarlo, a mí me dice mucho que la primera medida propositiva que trae el Gobierno socialista en materia educativa a esta Cámara sea derogar los errores del Partido Popular. [[Aplausos]] Esto es lo que hay, es un flashback al pasado como si desde el año 2006, que dicen que las condiciones eran buenas, hasta ahora no hubiera pasado nada en este país. Volvemos al zapaterismo, y esas son las mejoras de las condiciones de los docentes en este país. Eso es lo que el PSOE trae como propuesta educativa en este contexto. Pero es que, además, lo hacen con un proyecto fake, con un tongo, con perdón, al que ya nos tienen acostumbrados, porque nos han metido, con una lectura única y de urgencia, una cosa que ya está. Es que lo que vienen a proponer que se derogue de facto ya está derogado, y le voy a explicar por qué. Aunque es verdad que se necesita una estabilidad jurídica - ahora le voy a decir que es en lo único que coincido con su proyecto, que se necesita una estabilidad jurídica - para cuestiones normativas, lo cierto, señora Celáa, es que, en lo que se refiere al artículo 2, que elevaba las ratios, si usted se ha leído los Presupuestos Generales del Estado de 2016, 2017 y 2018 que negociamos nosotros cuando estaba el Partido Popular, ya contemplaron la reversión de las tasas de reposición y la reposición del cien por cien en el acceso a los cuerpos docentes. Por tanto, ese recorte que estaba en el decreto de facto ya estaba derogado. Otra cuestión es que ustedes en las comunidades autónomas donde han gobernado o donde han dejado gobernar a sus socios nacionalistas no gestionen adecuadamente y no lo hayan aplicado en la práctica, pero eso es otra cosa. [[Aplausos]] El artículo 3, que regula las horas lectivas docentes, ya ha sido anulado en la práctica totalidad por todas las administraciones educativas. Dígame una sola comunidad en la que siga vigente, aparte de Ceuta y Melilla, que dependen de usted. Muévalo. El artículo 4, referido a la sustitución de los profesores interinos en centros públicos, ya había sido rectificado en los presupuestos generales de 2016 y si no se cumple es por lo mismo, insisto, porque se hace una gestión nefasta por parte suya o por parte de sus socios. Pero lo más grave no es que nos quieran dar gato por liebre pensando que se van a colocar medallas en cosas que ya están hechas, que es una cosa un poco surrealista; lo más grave es que ni siquiera han tenido la decencia de establecer ni un solo plazo para llevar a cabo las medidas que dicen que van a hacer. [[Rumores]]
Señorías, silencio, por favor.
En fin, que esto no es más que una propuesta de fuegos artificiales a la que, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de los falcon, de las manos y de las fotos. [[Aplausos]] Pero hay más, porque, para más inri, todo esto lo hacen con el método PSOE en temas legislativos, que es el método de la imposición, que es el diametralmente opuesto al consenso, y yo lo digo para que se sepa. Porque desde que se levantaron de la Mesa del pacto educativo, ustedes le han cogido en el ámbito de la educación el gusto a tratar de hacer las cosas porque ustedes lo valen, sin llegar a acuerdos, sin sentarse con los sindicatos, sin sentarse con los grupos parlamentarios y haciéndolo muy rápidamente. Le voy a hacer una pregunta: ¿De qué tiene miedo de sentarse a negociar? ¿Por qué tramitar por vía de urgencia y con lectura única estas cuestiones que afectan tan radicalmente a la comunidad educativa de la que tanto les gusta hablar? Señores del Gobierno, nosotros apoyamos la modificación de los artículos, como les he dicho, para dar una estabilidad normativa y para dar garantías jurídicas. Pero hay una diferencia importantísima entre ustedes y Ciudadanos, nosotros no nos conformamos y nosotros no creemos que las condiciones docentes de 2006 sean las que los profesores tengan que tener, hay que mejorarlas. Por eso, señores del sanchismo, nosotros sí hemos hecho los deberes desde un punto de vista constructivo, buscando mejorar las cosas siempre, como hacemos Ciudadanos en educación, con una sonrisa, tratando de llegar al consenso y de mejorar la educación de este país. Les hemos hecho los deberes y hemos presentado una enmienda a la totalidad constructiva, que creo que ustedes incluso podrían votar, dejando de lado su propia proposición de ley. Porque, ¿qué plantea nuestra enmienda a la totalidad? Por un lado, cogemos los artículos referidos a la educación que ustedes han puesto y efectivamente los dotamos de un marco normativo y los queremos derogar, pero no solo eso, porque nosotros queremos conseguir una garantía de igualdad de las condiciones de docencia y de las condiciones de aprendizaje de todos los niños de este país y por eso hemos puesto cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, en nuestra enmienda a la totalidad les pedimos, proponemos y queremos que se desarrolle el estatuto básico del docente en el plazo de seis meses. Los maestros o profesores llevan años pidiéndolo, sean valientes, pónganse a trabajar y háganlo. [[Aplausos]] En segundo lugar, les pedimos que la Administración central - usted lo ha dicho, hay sentencias del Tribunal Constitucional; es su trabajo - desarrolle en un marco normativo básico la definición de hora lectiva. No se puede hacer una distribución de créditos si no se sabe cuánto y qué es la hora lectiva. Desarrollen el concepto de hora lectiva y fijen un mínimo de horas lectivas igual para todas las comunidades autónomas porque lo que están haciendo es disparar con pólvora ajena y generar más desiguales educativas, haciendo dejación de funciones a la que ya nos tienen acostumbrados. [[Aplausos]] En tercer lugar, les pedimos también que establezcan las condiciones mínimas y básicas para las ordenaciones de las listas de interinos en este país. No puede ser que, dependiendo de la comunidad autónoma donde un interino esté, tenga unos criterios o tenga otros. Sean ustedes valientes, hagan un marco regulatorio general y que luego cada comunidad autónoma sobre la base de esos criterios ordene sus listas. Señores del PSOE y del Gobierno, han traído este proyecto y vuelven a hablar de modificación de la Lomce y del consenso social. Estoy preocupada, muy preocupada porque, de verdad, ustedes viven en una permanente enajenación, en un día de la marmota constante al pensar que el consenso se capitaliza por ciencia infusa y ustedes vienen con el consenso de casa y creen que pueden hablar en nombre de la comunidad educativa. Esto no va así. Para conseguir el consenso, se tienen ustedes que sentar con ellos, tiene que hablar con ellos, como hemos hecho nosotros. La enmienda a la totalidad que les traemos no es una enmienda que hayamos hecho nosotros en nuestros despachos porque estamos imbuidos del conocimiento sobre la educación; la hemos negociado con los sindicatos, es lo que piden muchos sindicatos. Por tanto, le pido que, aunque a mí no me escuche ni me crea, escuche y atienda la enmienda que les hemos propuesto, porque es razonable, es de sentido común y va a mejorar, esta sí, las condiciones reales de la docencia y el aprendizaje de los niños en este país sin generar mayores desigualdades, que es el grave problema que tenemos. [[Aplausos]] Y porque, además, volverían ustedes al sentido común, volverían a ese momento, en ese flashback, en el que se levantaron de ese pacto educativo que ustedes mismos pidieron. Consideren las enmiendas que les hemos presentado, apóyenlas, porque de verdad van a mejorar la docencia y la enseñanza en España. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Martín Llaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
Gracias, presidenta. Señorías, después del discurso de Marta Martín, solo me queda felicitarla y decirle que, ya que van a gobernar con Vox en Andalucía, todas esas buenas intenciones se las propongan a ellos, a ver si se las aceptan. [[Aplausos]] El Real Decreto 14/2012 ha sido la principal herramienta que han tenido los Gobiernos del Partido Popular para estrangular la inversión educativa y, más allá de la cuestión presupuestaria, para blindar un modelo educativo clasista y segregador. De hecho, a raíz del programa de ajuste neoliberal... [[Rumores]]
Señorías, por favor, un poco de silencio. Gracias. Adelante.
Decía que, a raíz del programa de ajuste neoliberal, España se ha situado como uno de los países de nuestro entorno que menos invierte en educación y uno de los países donde el origen socioeconómico del alumnado tiene más peso a la hora de determinar su éxito escolar. Estos años de ajuste duro nuestro sistema educativo ha dejado de ingresar 8000 millones de euros, un auténtico agujero que se nota en la inestabilidad de las plantillas docentes, en la proliferación de centros gueto o en la falta de medios para abordar el fracaso escolar. Venimos, por tanto, de una etapa marcada por los recortes ideológicos del Partido Popular y por un ataque generalizado a la educación pública. Pero hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de dar carpetazo a las tijeras del Partido Popular y derogar este infame decreto. Esta es la primera medida que nos demandaba la comunidad educativa. Por eso, también quería comenzar esta intervención mostrando mi agradecimiento a las mareas verdes y a la comunidad educativa, que nunca se rindieron y que pelearon en las calles por una educación pública de calidad para todos y para todas. [[Aplausos]] El Real Decreto 14/2012 ha trastocado los elementos centrales que determinan la equidad y la calidad de un sistema educativo, desde las condiciones laborales del profesorado a las medidas de atención al alumnado que más lo necesita, al alumnado más vulnerable. De hecho, si hacemos balance de estos años de recortes, las consecuencias no pueden ser más negativas. Por ejemplo, la ampliación de la jornada lectiva de los docentes, junto a la caída de la tasa de reposición, ha significado expulsar a 32 000 docentes de nuestras aulas, de los cuales, a día de hoy, solo se han recuperado 9000. Por otra parte, el retraso de las sustituciones para los profesores y profesoras que se ponían malos y no podían ir ese día a clase, ese retraso de hasta quince días, ha supuesto la pérdida de miles de horas de clase y tutorías para el alumnado, lo que unido al incremento de la ratio - de hasta el 20 %- ha supuesto empeorar la calidad de la enseñanza y la atención individualizada de los alumnos y alumnas. Todas y cada una de estas medidas han supuesto un golpe al derecho a la educación, que, como siempre, ha recaído sobre las clases y los sectores populares de nuestro país. Por todo ello, la derogación del Real Decreto 14/2012 era y es una cuestión urgente, tan urgente que pensamos que debería estar derogado ya; podía haberse derogado este verano vía real decreto y comenzar este curso escolar sin los recortes del Partido Popular. Saben que desde Unidos Podemos se lo hemos solicitado así en varias ocasiones, pero no se quiso tomar esa decisión. En cualquier caso, más vale tarde que nunca, el Gobierno nos trae este proyecto de ley que nosotros vamos a apoyar porque sería incomprensible comenzar el curso 2019-2020 arrastrando de nuevo los recortes del Partido Popular. Del mismo modo, les pedimos dar un paso más, les pedimos algo más de empuje, y por eso creemos que a estas alturas no deberíamos contentarnos solamente con revertir lo que hizo el Partido Popular, sino que también tenemos que mejorar nuestro sistema educativo y adecuarlo a los estándares europeos para dar pasos hacia un sistema educativo con mayores cotas de equidad y calidad educativa. Por eso hemos presentado a este proyecto de ley dos enmiendas que esperamos que este Gobierno acepte, y estamos negociando una transacción con el Grupo Socialista. La primera tiene que ver con algo tan fundamental como bajar las ratios profesor/alumnado y adecuar las ratios... [[Rumores]]
Señorías, por favor, guarden silencio. Adelante.
Decía que la primera enmienda que presentamos tiene que ver con reducir esas ratios profesor/alumnado y adecuarlas a las que tienen los sistemas educativos de nuestro entorno. En los países de la OCDE, de hecho, la media de alumnado por clase se sitúa en 21 alumnos, por ejemplo, en la etapa de primaria, aunque en algunos países es incluso menor, como por ejemplo en Finlandia o Suiza. Por eso nosotros estamos pidiendo no solo volver a lo que ya había en 2006, sino dar un paso más allá y reducirlo a 20 o 21 alumnos por clase, porque eso es lo que permitiría una mayor atención y una prevención del fracaso escolar. Está científicamente demostrado que a menos ratios por clase, mejores resultados educativos. En segundo lugar, les presentamos una enmienda que busca adecuar la jornada lectiva a los estándares europeos, porque no todos los problemas de nuestros docentes tienen que ver con la falta de formación o con el sistema de acceso, como se dice desde algunos ámbitos. De hecho, nuestros profesores, nuestras profesoras son de los docentes europeos que menos tiempo tienen para otras actividades que tienen que ver con la tutorización. De hecho, en España el porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total de trabajo supone el 50 % en secundaria, uno de los porcentajes más altos de la OCDE; en el resto de los países de nuestro entorno se dedica solo el 43 %. Los profesores de secundaria españoles hacen 217 horas más que en Finlandia, 195 horas más que en Alemania y 70 más que en Francia. Por tanto, la adecuación del tiempo de horas lectivas semanales del profesorado también es una medida urgente, necesaria para fomentar que se dedique un tiempo a la preparación de las clases, a la preparación de contenidos, a la evaluación, a la coordinación o simplemente a la tutorización del alumnado, lo que sin ningún tipo de dudas también beneficiará a los resultados de nuestro sistema educativo. En resumen, hoy vamos a votar favorablemente a este proyecto de ley que supone de facto la derogación del Real Decreto 14/2012, pero también demandamos al Gobierno algo más de ambición y algo más de empuje, porque no se trata simplemente de volver al tiempo de la LOE ni de hacer la misma política educativa que el PP con menos recortes. Termino esta intervención pidiéndoles que también escuchen a la comunidad educativa, recordándoles que ustedes fueron firmantes del documento de bases para una nueva ley educativa, y que situemos la defensa de lo público y la equidad como los ejes de nuestros acuerdos educativos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díez.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, tienen razón algunos grupos de esta Cámara cuando señalan que cualquiera que pueda leer el título de este anteproyecto podría pensar que lo que contiene es ni más ni menos que la más profunda revolución respecto al ejercicio de la docencia y las condiciones del profesorado, pero, lamentablemente, quien continúe leyendo observará que la realidad es otra. La verdad es que este rimbombante título esconde un proyecto de ley sin ambición ninguna. De las medidas que el Gobierno trae a esta Cámara, dos de ellas ya están siendo aplicadas en similares términos a los que el propio proyecto de ley solicita; una totalmente, la referida a las ratios - como ha señalado la propia ministra -, y otra parcialmente, la referida a las sustituciones del profesorado. Por cierto, cuando ustedes vuelven a hacer referencia a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, en relación con la ratio alumnoaula, en primer lugar, esconden que antes y después de la Lomce ya se permitía un incremento de un 10 % del número de alumnos, tal como refiere el propio artículo 87 de esa ley. En segundo lugar, puesto que el incremento de las ratios estaba condicionado a la tasa de reposición del profesorado - una tasa de reposición que cuando el anterior Gobierno socialista en 2011 abandonó el Gobierno estaba en un 35 % y desde el año 2016 con el Gobierno del Partido Popular es del 100 %-, no solo se ha vuelto a los términos establecidos en la normativa básica, sino que en la práctica las ratios se encuentran por debajo de lo que establece la propia ley, sobre todo, señorías de Podemos, en la enseñanza pública. Baste algún ejemplo. Mientras que la normativa básica establece que las ratios pueden ser de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria, la realidad es que la media en nuestros colegios y aulas es de 21,9 alumnos en primaria y 25,4 en secundaria. Señorías, nuestras ratios no solo están por debajo de lo que establece la propia normativa básica aun con la aplicación del Real Decretoley 14/2012, sino que se encuentra en la media de la OCDE. De hecho, algunos países de nuestro entorno con mejores resultados en el sistema educativo que nosotros tienen medias muy superiores en relación con el número de alumnos en el aula; por ejemplo, en Reino Unido hay 26 alumnos en primaria. Por tanto, ese discurso incendiario de destrozo de la enseñanza pública y de hacinamiento en las aulas que a veces hemos escuchado por parte de determinados sectores radicales basta con referirlo a la realidad para encuadrarlo en la más absoluta y total falsedad. [[Aplausos]] Señorías, nada nuevo aporta este proyecto de ley a las condiciones de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. No son estos los retos a los que debe enfrentarse el sistema educativo si lo que se quiere es incrementar su calidad ni mucho menos son las cuestiones más relevantes en relación con el profesorado. Lo más significativo y a la vez preocupante de este proyecto de ley es la referencia a las condiciones laborales del profesorado y, más específicamente, al número de horas lectivas que debe desempeñar el mismo. Lo digo en estos términos - preocupante - porque esta redacción del proyecto demuestra con claridad que el Gobierno de España renuncia explícitamente a ejercer sus competencias en lo que constituye la piedra angular para la mejora de la calidad del sistema educativo, que es el profesorado. [[Aplausos]] Esa es la realidad, señorías. El proyecto de ley que el Gobierno somete a debate delega en las comunidades autónomas las condiciones laborales para el ejercicio de la docencia y lo hace a pesar de que este ejercicio corresponde a una profesión regulada como garante de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación y, en cuanto garante de un derecho fundamental, el derecho a la educación, competencia del Estado. Además, lo hace en una clara contradicción con la propia exposición de motivos del proyecto de ley, que sí hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016, que han avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes; una cuestión, por otra parte, demandada por la inmensa mayoría del sector educativo y, específicamente, por los docentes y plasmada en los propios acuerdos del Consejo Escolar del Estado. De ahí, señorías, el sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta a la iniciativa del Gobierno. Es una enmienda que comienza a definir en términos muy claros lo que debe ser la gran reforma pendiente en relación con el profesorado, fundamentada en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de derechos y en la igualdad de obligaciones. Señora ministra, ustedes han marcado un terreno de juego muy poco ambicioso en relación con este proyecto de ley y, a pesar de ello, este grupo parlamentario no ha presentado una enmienda a la totalidad a su texto. En primer lugar, porque, como antes le he señalado, parte de las medidas contempladas no necesitaban de este proyecto de ley, porque en la práctica su aplicación actual corresponde a la normativa anterior al Decreto 14/2012. En segundo lugar, porque somos los primeros interesados en suprimir algunas de las medidas contempladas en el decreto del año 2012, algunas ya revertidas por la vía de los hechos, como antes le he señalado. Y además queremos que nos entiendan perfectamente. Somos plenamente conscientes del enorme esfuerzo - jamás nos cansaremos de agradecérselo al conjunto de la sociedad española y específicamente al profesorado - que supuso la aplicación de dicho decreto; un decreto que era un hecho excepcional ante un momento excepcional y que ustedes mismos, señorías, han reconocido en el proyecto de ley. Además, ese esfuerzo y la aplicación de medidas que combinaban calidad, eficacia y eficiencia han permitido que el sistema educativo no se haya resentido en los momentos más duros de la crisis económica que asolaba nuestro país. El sistema educativo no está peor, señorías, que en el año 2011, está mucho mejor que en el año 2011. Es más, a los profesores debemos agradecerles en buena parte que hoy nuestro país tenga unas tasas de abandono educativo temprano del 18,2 %, desde luego más cerca de ese 15 % que nos marca Europa... [[Rumores]]
Señora Moneo, un momento, por favor. Señorías, por favor, ¿podemos guardar un poco de silencio? Menos mal que la señora Moneo tiene buena voz, porque si no sería imposible que pudiéramos escucharla. Adelante, señora Moneo.
Gracias, señora presidenta. Les decía que estamos más cerca de ese 15 % que la Unión Europea nos marca para el año 2020 y, desde luego, muy alejados de ese 28 % que heredó el anterior Gobierno del Partido Popular. Al menos, tendrá que reconocer, señora ministra, que la herencia que usted ha recibido es mucho mejor que la que recibieron sus antecesores [[aplausos]], y no solo en relación con el abandono educativo temprano, sino también en relación con el profesorado. Hoy hay más profesores en la enseñanza no universitaria que cuando comenzó la crisis, 21 529 profesores más, y esos, por cierto, se sientan mayoritariamente en la enseñanza pública, porque el 70,7 % son profesores de la enseñanza pública; eso, señorías, que algunos de ustedes se empeñan a situar dentro de las desgracias del Gobierno del Partido Popular. Nada de desgracias, señorías de Podemos, mejores resultados, mejores profesores y más igualdad de oportunidades. [[Aplausos]] Los propios sindicatos lo reconocen. Los propios sindicatos señalan que, fruto del acuerdo en relación con la convocatoria de la oferta pública de empleo y al plan de estabilización del sector público, este curso hay un 4,4 % más de docentes que el curso anterior. Señorías, el hecho de que nosotros creamos en el profesorado y en el papel fundamental que este juega en la calidad del sistema educativo ha pesado también en la decisión de no presentar una enmienda a la totalidad sobre la base de su limitada y poco ambiciosa propuesta, entendiendo que les correspondía a ustedes dar forma legal a lo que ya se estaba produciendo por la vía de los hechos, pero lo que no podemos dejar pasar es que ustedes, con su norma, rompan de facto los cuerpos nacionales del profesorado, ya que ceden sus competencias al arbitrio de lo que decidan las comunidades autónomas, diseñan un profesorado con diferentes derechos y obligaciones y dan un paso más hacia la ruptura definitiva del sistema educativo español. En esto, señoría, no podemos estar de acuerdo, imposible estar de acuerdo, y además lo lamentamos profundamente. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades de los docentes ha de estar presente en cuantas decisiones asuma el Gobierno. Para nosotros esto es innegociable. No basta, además, con una recomendación... [[Rumores]]
Señorías, es prácticamente imposible - discúlpeme - poder escuchar a la oradora. Por favor, sé que tenemos que hablar de muchas cosas, pero si son tan interesantes y tan importantes háganlo fuera de la Cámara o en un tono un poquito más bajo. Disculpe, señora Moneo, no me gusta interrumpir, pero es que es imposible. Adelante.
Gracias, señora presidenta. No basta, además, con una recomendación, como así establece la enmienda negociada entre el Partido Socialista y el Grupo de Podemos - poca ambición ha tenido el Grupo de Podemos en este caso -. Las competencias del Estado consisten en desarrollar las que le son propias, y más si hacen referencia a derechos fundamentales. El poder del Estado reside en impulsar la iniciativa legislativa y en cumplir y hacer cumplir la ley, no en recomendar. Si tan importantes les parecen a ustedes las mejoras en las condiciones del profesorado - a nosotros sí nos lo parecen, porque un buen profesor incide hasta en un 30 % en el rendimiento de los alumnos -, esa igualdad de oportunidades y esa mejora de las condiciones tendrán que decidirse sobre todo el profesorado, venga de donde venga, resida donde resida e imparta sus clases en el centro donde lo haga. [[La señora]] Señora ministra: financiación. Si dejan en manos de las comunidades autónomas la decisión de la jornada lectiva se evitan asumir un compromiso presupuestario, ustedes, que reclamaban un 5 % del PIB, y su grupo, que se levantó del pacto de Estado por la educación, porque ustedes saben que la reducción de la jornada implica una contratación mayor de profesores y que eso implica mayor inversión, inversión que requiere una financiación adecuada y suficiente, tal y como dice la enmienda del Partido Popular, y que también debe asumir el Estado. Señorías del Grupo Ciudadanos, nos vamos a abstener en su enmienda a la totalidad. Seguro que ustedes y nosotros coincidimos con los objetivos, pero les debo decir con claridad que técnicamente hay algunas cuestiones que no se pueden asumir con un proyecto de ley de este perfil, en todo caso, en un desarrollo posterior. Si aspiramos a ser Gobierno, y nosotros aspiramos a serlo, tenemos que ser rigurosos tanto en la técnica reglamentaria como en el desarrollo que delimita el ámbito competencial. Señora ministra, finalizo. El profesorado requiere algo más de este proyecto, requiere una apuesta decidida por el diseño de la carrera profesional, por un cambio en el sistema de acceso y por un impulso a su reconocimiento personal, económico y profesional. Hace algunos años ustedes y nosotros estuvimos de acuerdo con un cambio en el sistema de selección, nos pusimos de acuerdo en el mir educativo. Hoy me temo que ustedes son rehenes de sus socios de Gobierno y ni siquiera esa defensa de los cuerpos nacionales del profesorado... [[Rumores]]
Silencio.
... se encuentra entre sus prioridades. Lo lamento profundamente, de verdad. Creemos que la educación es una cuestión de Estado, y mientras ustedes renuncien a ella, me temo que con nosotros no podrán contar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]], el señor Agirretxea Urresti. [[Rumores]] Silencio.
Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño, si me lo permite, y lo haré muy brevemente, porque lo más importante que mi grupo tiene que decir sobre esta materia ya lo dijo cuando se convalidó el real decreto y no hemos cambiado de discurso ni tenemos nada nuevo que añadir que no dijéramos en ese momento. Evidentemente, esto no es ninguna revolución, señora Moneo, pero tampoco tenía que serlo. La gran involución fue la Lomce. Esto es para tapar agujeros o vías de agua y para que se pueda equilibrar el gran desaguisado que produjo la Lomce en su momento. Como hay ciertas cuestiones de urgencia, lo que pretende establecer esta ley son unas medidas para solucionar unas cuestiones básicas y sencillas. Lo que hizo el famoso Real Decreto 14/2012, como lo hizo también el 16/2012 en sanidad, fue generar un caos total, que, además, no sirvió ni para ahorrar dinero, que se supone que era... [[Rumores]]
Silencio.
... lo que pretendía. Por tanto, mi grupo no va a apoyar las enmiendas que han presentado, por supuesto, ni la de totalidad ni las del Partido Popular, porque consideramos que no son necesarias, ya que lo que hacen es cambiar lo que verdaderamente se pretende con esto, que es volver a una situación racional y normal. Y hay otra cuestión importante, y es que vuelve a dar a las comunidades autónomas y a los centros educativos la autonomía que deben tener, porque son las competentes. Señora Moneo, lo que usted llama arbitrario, yo lo llamo competencia; es decir, no es la arbitrariedad de las comunidades autónomas, es la competencia de las comunidades autónomas, que son las que tienen que regir esta serie de cuestiones. Esta es nuestra posición. Esperamos que la verdadera revolución o solución de la involución venga cuando tengamos un proyecto de ley que sustituya a la Lomce, que generó un gran desaguisado en su momento, y podamos encauzar el tema de la educación.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Presidenta, diputades, diputats, parlamentar es escuchar. He intentado escuchar las intervenciones que se han hecho anteriormente y la verdad es que no he tenido sorpresa, pero sí una lección. La lección es que la bancada de la derecha, señora ministra, piensa en otras cosas, piensa en elecciones, pero no piensa en educación. [[Rumores]] La entrada de Vox en el Parlamento andaluz ha sido como vitaminas, como aquellas espinacas que me hacían comer de pequeño porque daban una fuerza extraordinaria. Espero, bancada del Partido Socialista, que no les entre morriña de aquello que podía haber sido y no es, porque esto sería más peligroso que lo de la bancada de la derecha. Hemos de hablar de educación, porque hay urgencias en la educación, porque ha habido un golpe terrible en estos años. [[Rumores]] Imagínense, la alternativa educativa si gana la derecha con Vox es hacer lo mismo que estos dos años, es mantener la Lomce y peor. Esta es la alternativa educativa, piensen. Por tanto, los profesores no pueden esperar. Para cualquier profesor que ha estado trabajando estos años este decreto es importante, para cualquier profesor, porque ha hecho un enorme esfuerzo para que el nivel educativo no bajase, pero sabía que esto no podía continuar así. Por eso no les dieron mayoría absoluta a los que hicieron la Lomce, para que se cambiase, para que hubiese un salto cualitativo, y esto siempre se hace para construir por fases. [[Continúan los rumores]] Primero, reparar...
Un momento, señor Olòriz.
Muchas gracias. A los que creen que hay soluciones fáciles para temas complejos - el 155- no les hace falta escuchar; allá ellos. Decía que el profesorado necesita, lo primero, que se repare este edificio. ¿Y este decreto es suficiente? No, pero es imprescindible. Sin este decreto no podemos avanzar, avanzar en el sentido de reconstruir. Espero que el proyecto mejorado que hemos recibido nos permita - si el tiempo, la autoridad y las elecciones no lo impiden - conseguir al menos este hito de reconstruir. Todos tenemos una tentación cuando se nos presenta una ley, y es convertirla en una percha e ir colgando temas, tengan más o menos que ver con la cuestión. Mi grupo ha intentado no hacer esto, ha intentado que este primer elemento de reparación se pueda hacer y se pueda consolidar. [[Rumores]] Mire, de la mano de los recortes, el laberinto de la Lomce nos ha dejado un erial, porque impera la desconfianza. Por eso el pacto educativo no se ha podido conseguir, porque a pesar de las buenas palabras de algunos portavoces había detrás una enorme desconfianza. Por eso, ahora todo el mundo va a los programas máximos, como si lo que hubiésemos discutido se lo llevase un temporal. Este es el gran problema que tendremos en el futuro, el pacto para superar el tiempo perdido, pero esto no será posible hasta unas elecciones. Esperemos que las podamos hacer con fundamentos y con la reconstrucción. [[Rumores]]
Silencio.
Víctor Hugo decía que el que abre la puerta de una escuela cierra una prisión; los hay, como Junqueras, que abren una escuela en la prisión. [[Aplausos]] Miren, en 1848, cuando un rey, el de Prusia, clausuró el Parlamento de Frankfurt, se oía una canción - no la pienso cantar -, y una estrofa decía: 'Die gedanken sind frei'. La pensée est libre. Los pensamientos son libres. Ni 155 ni nada, ¡los pensamientos son libres! ¡Continuaremos! ¡Continuaremos! ¡Resistiremos! ¡Y venceremos! [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ya era hora. Casi siete años después de la imposición - imposición, señora Moneo - del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de la racionalización del gasto público en el ámbito educativo no universitario - nada rimbombante, por cierto -, los docentes y los centros educativos van a poder recuperar las condiciones en las que se encontraban antes del año 2012. Señora Martín, como siempre me toca empezar por usted. Que nos hable del día de la marmota... Tiene bemoles el asunto, cuando usted, sistemáticamente, va trayendo a cualquier debate educativo los mismos temas. Ahí sí que nos encontramos con el día de la marmota [[aplausos]], porque si no nos lo meten de una manera, nos lo meten de otra, pero todo va orientado a la obsesión por la recentralización del sistema educativo, cosa que, lamentablemente, le están plagiando también los compañeros de la bancada del Partido Popular. Creo que eso no beneficia absolutamente a nadie. Miren, nos vamos a centrar en lo que importa, que es el profesorado, la ratio y las sustituciones. Este proyecto de ley, por fin, va a acabar con ese incremento del 20 % de la ratio en los centros educativos que ha supuesto nada más y nada menos que la ratio en educación infantil y primaria haya llegado a treinta alumnos por aula, que en educación secundaria haya llegado a treinta y seis y a la barbaridad de que en bachillerato se haya llegado a cuarenta y dos alumnos. Eso ha supuesto que en la educación pública se haya aumentado la ratio nada más y nada menos que un 7,5 %, frente al 2,6 % en la enseñanza concertada. Por cierto, no es nada casual tampoco que la ratio solo se haya incrementado sustancialmente en la pública y no tanto en la concertada. Señor Sánchez, coincidimos con usted en que esta medida del Partido Popular puso a España en la situación de tener la segunda ratio más alta de toda la Unión Europea. Esta medida ha ido en contra de aquellas leyes que desde el año 2008 han apuntado en una tendencia completamente distinta, que es bajar la ratio, pero usted sabe que, con las ratios que le acabo de exponer y con ese número de alumnos por aula, eso es absolutamente inasumible en estos momentos en el sistema educativo español por el coste tan elevado que tiene. Sin embargo, vamos a seguir avanzando en otras medidas, no le quepa ninguna duda. La segunda medida que se aborda en este proyecto de ley va a ser algo esencial para la escuela rural... [[Rumores]]
Silencio, por favor.
... y básica para el normal funcionamiento de los centros educativos. Se trata de las sustituciones, de las que, por cierto, se ha hablado muy poco esta mañana. Como bien saben, los profesores recurrían a dos semanas para poder ser sustituidos ante cualquier nombramiento o notificación de baja o ausencia del profesorado. Esto en la escuela rural es esencial, porque en la mayoría de los centros educativos no hay recursos suficientes para cubrir esas sustituciones, y eso impide el normal funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas. En último lugar, este proyecto de ley va a recuperar los derechos laborales del profesorado, seriamente dañados por ese real decreto impuesto por el señor Wert... [[Rumores]]
Silencio, por favor, silencio.
..., que hay que recordar que impuso un mínimo de veinticinco horas lectivas al profesorado de educación infantil y primaria y de veinte horas lectivas al profesorado de secundaria, lo que dificultaba muy seriamente las condiciones laborales, porque con más horas lectivas, con más alumnos y alumnas por aula es muy difícil atender a la diversidad del alumnado y a la individualidad de cada uno de los alumnos que se necesita en el sistema educativo. Entonces sí se impuso este decreto, señora Moneo. [[Rumores]]
Silencio.
Se impuso; lo impuso el señor Wert. Ahora, con este proyecto de ley, se está debatiendo entre todos los grupos parlamentarios. Creo que hay una diferencia sustancial en la que se está buscando el consenso y la negociación. Afortunadamente, las comunidades autónomas, a partir del próximo curso, van a poder tener a su disposición la reducción del horario lectivo, de la ratio en sus centros y también, como decía anteriormente, del periodo de sustituciones. Señora Moneo, no vamos a apoyar la enmienda sobre la reducción de los horarios lectivos en la educación privada y concertada. Francamente, no entendemos a qué obedece, porque frente a la reducción de 20 000 profesores en la educación pública en este período, en el mismo tiempo, en la misma época, en la época de los recortes, curiosamente, se han incrementado en 19 000 los docentes en la enseñanza privada o concertada. Por algo será. Desde luego, yo creo que no han sufrido los recortes de igual forma. Sin embargo, sí vemos que es necesario, señor Sánchez, establecer de alguna manera una recomendación de un número orientativo de las horas lectivas en el sistema educativo, y por eso les hemos presentado una propuesta de redacción en una enmienda transaccional que esperamos que nos acepten. No entendemos tampoco que planteen la cuestión de la enseñanza concertada, señora Moneo, porque es algo que sus consejeros no abordaron en ningún momento en el debate de la conferencia sectorial, posiblemente porque ellos saben, y lo saben bien, que afecta a la negociación colectiva y que son las comunidades autónomas las que tienen plena competencia para poder negociar sus propios convenios colectivos. Yo creo que en esta Cámara, en el Congreso, ni podemos ni debemos entrar en este debate que es competencia de las comunidades autónomas y de la negociación colectiva. Ahora bien, señora Martín, ya no nos sorprende en absoluto que no vea la importancia de lo que suponen estas medidas para el sistema educativo. Una vez más demuestran el absoluto desconocimiento de cómo se encuentran los centros educativos desde la imposición del Real Decreto 14/2012. Yo le recomiendo que hable con profesores del aula, no simplemente con sindicatos y representantes sindicales; le recomiendo que visite los centros educativos; le recomiendo que hable con los profesores y que le digan lo que ha supuesto el incremento de la ratio, el incremento de las horas lectivas en su quehacer diario, que claramente ha perjudicado el apoyo a los alumnos más vulnerables, la atención a aquellos alumnos que tienen necesidades de un apoyo educativo con el que no han podido contar porque no han podido tener suficiente apoyo del profesorado, como el sistema educativo debe garantizar. Pero ustedes, una vez más, a su libro, y nos han vuelto a traer hoy aquí lo que nos han venido trayendo en debates anteriores: la fiscalización de la inspección educativa, la nacionalización del proceso de sustituciones del profesorado, una vez más debatido y rechazado... Ahora nos piden una nueva ley que, como bien sabemos, ya está en el horno, y nos piden también una nueva ley sobre profesorado en la que, como bien ha dicho la ministra en ocasiones anteriores, ya se está trabajando de manera seria y abordándola con el profesorado que es con quien se tiene que abordar. Señor Miquel, no vamos a apoyar la enmienda para derogar la disposición adicional trigésimo octava. Lo abordaremos, cuando toque, en el momento de la reforma de la ley que está a punto de ser registrada y que esperamos que ni unos ni otros tengan la capacidad de vetar en la Mesa del Congreso. [[Aplausos]] Esperemos que así sea. Hoy toca hablar del profesorado, hoy toca reconocer el merecido sacrificio que han hecho en estos últimos siete años y, por eso, hoy este proyecto de ley se tiene que centrar en lo que verdaderamente es esencial, en reconocer todo el esfuerzo que a lo largo de estos siete años ha tenido que producirse en la educación española, fundamentalmente en la educación pública, siendo los profesores los protagonistas de todo este proceso. Después de siete años de esta imposición, señora Moneo, señora Martín, les pido que reconozcan por fin el daño producido a la educación española, un daño absolutamente irrecuperable, un daño que tiene que ser reparado, como decía el señor Olòriz, un daño que también ha afectado seriamente no ya al profesorado en general, sino también al profesorado interino, al que usted hacía referencia, porque hay que recordar que en ese real decreto se restringía el acceso a la Función pública y que ello ha supuesto un incremento del 25 % de la interinidad en el sistema público español. Es cierto que se ha reducido mínimamente, pero, desde luego, ha producido una tremenda precariedad e inestabilidad, que es precisamente todo lo contrario de lo que se necesita en el sistema educativo. En definitiva, el mayor número de horas lectivas, el incremento de la ratio y las serias dificultades para las sustituciones de profesorado han sido y son los factores que perjudican seriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalizo, señorías. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, el apoyo de los grupos parlamentarios a este proyecto de ley que sí apuesta por la mejora de las condiciones del profesorado y del conjunto del sistema educativo. Esperamos que en esta ocasión el Partido Popular muestre más responsabilidad que la que demostraron sus consejeros de Educación cuando dieron la levantada en la conferencia sectorial. De Ciudadanos, ya sabemos que ni está ni se le espera y que su apoyo al profesorado es más de boquilla y mucho más de zancadillas. Nada más y muchas gracias. [[Aplausos]]
En cuatro minutos comenzará la votación. [[Pausa]]
Antes de comenzar las votaciones vamos a hacer una declaración institucional del Congreso de los Diputados con motivo del 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señora secretaria primera.
Declaración institucional del Congreso de los Diputados con motivo del 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos Naciones Unidas estableció los estándares mínimos necesarios de lo que supone una vida digna. La declaración universal manifestaba que valores como la igualdad, la dignidad inherente a cualquier persona humana, la justicia y los principios de no discriminación debían aplicarse a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos supuso un hito en la historia de los derechos humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración universal establece por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Desde entonces son innumerables los textos jurídicos que recogen o concretan los principios de la declaración, entre ellos nuestra Constitución, a través del artículo 10.2, que reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que nuestro texto fundamental reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En estos setenta años, señorías, son innegables los avances realizados en los derechos humanos y la no discriminación. Sin embargo la situación en relación con los derechos humanos que viven millones de personas dista mucho de ser la prometida en la declaración universal. En el 70.º aniversario de la proclamación de la declaración universal y en el 40.º aniversario de nuestra Constitución el Congreso de los Diputados quiere reafirmar su compromiso con los derechos humanos, reafirmando la vigencia de la declaración universal, y reconocerla como un hito fundamental resultado del diálogo y del compromiso. El artículo 1 de la declaración universal afirma que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros'. Esta idea fundamental, junto a los valores esenciales de la declaración, como la inherente dignidad humana, la no discriminación, la igualdad y la justicia, son el eje central de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y su compromiso de no dejar a nadie atrás. El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con la declaración universal, al mismo tiempo que lamenta los retrocesos y escasos avances en el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, de manera especial en aquellos derechos humanos que afectan a las mujeres y a las minorías. Señorías, el Congreso de los Diputados quiere reconocer públicamente hoy el compromiso y el trabajo de todas las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, y manifiesta su condena y repulsa a los ataques que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, y de manera muy especial los asesinatos. Reitera su compromiso de trabajo con los valores, con el espíritu y con cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 70.º aniversario de su promulgación. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Pasamos a las votaciones. Comenzamos con las mociones consecuencia de interpelación. Vamos a votar, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 296; en contra, 1; abstenciones, 33.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN. [[Número de expediente 173/000128]]
Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 160; en contra, 170.
Queda rechazada.
Vamos a votar la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 321 más 3 votos telemáticos, 324; abstenciones, 9.
Queda convalidado. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 211 más 1 voto telemático, 212; en contra, 119 más 2 votos telemáticos, 121.
En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votamos ahora las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, procedente del Real Decreto-ley 18/2017. Vamos a votar las enmiendas por separado. En primer lugar, enmienda al artículo primero, apartado dos, en lo relativo al primer párrafo del artículo 49.6 del Código de Comercio. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 241; en contra, 88; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Enmienda al artículo primero, apartado Dos, en lo relativo al quinto guion del punto V del artículo 49.6 e) del Código de Comercio. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 197; en contra, 101; abstenciones, 32.
Queda aprobada. Enmienda al artículo primero, apartado Dos, en lo relativo a la introducción de un nuevo párrafo, penúltimo, en el artículo 49.6 del Código de Comercio. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 235; en contra, 93; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Resto de las enmiendas del artículo primero, apartado Dos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 130; en contra, 198; abstenciones, 2.
Quedan rechazadas. Enmienda al artículo segundo, apartado Tres. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 249; en contra, 5; abstenciones, 75.
Queda aprobada. Enmienda al artículo segundo, apartado Seis, en lo relativo a la corrección técnica introducida en el apartado 1 del artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 175; en contra, 152; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Resto de las enmiendas al artículo segundo, apartado Seis. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 239; en contra, 88; abstenciones, 2.
Quedan aprobadas. Enmienda al artículo segundo, apartado Siete [[nuevo]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 239; en contra, 88; abstenciones, 3.
Queda aprobada. Enmienda a la disposición adicional primera [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 233; en contra, 87; abstenciones, 10.
Queda aprobada. Enmienda a la disposición adicional segunda [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 165; en contra, 154; abstenciones, 11.
Queda aprobada. Enmiendas a la disposición transitoria segunda [[nueva]], a la disposición transitoria tercera [[nueva]] y a la disposición final primera. Apartado segundo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 161; en contra, 166; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Resto de las enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 162; en contra, 159; abstenciones, 9.
Quedan aprobadas.
Pasamos ahora a la propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de creación de una subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento?
No, señora presidenta. Pedimos votación.
Pues comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor 324 más 3 votos telemáticos, 327; en contra, 1; abstenciones, 5.
Queda aprobada.
Vamos a votar el informe de la subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas, en coherencia con los retos del cambio climático. En primer lugar, se votan los votos particulares mantenidos por los grupos. Voto particular del Grupo Parlamentario Ciudadanos, voto particular número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 31; en contra, 167; abstenciones, 131.
Queda rechazado. Vamos a votar ahora el voto particular del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, voto particular número 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 132; en contra, 198.
Queda rechazado. Votación ahora del informe de la subcomisión, señorías. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 169; en contra, 160.
Queda aprobado.
Votamos ahora la tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. En primer lugar, se vota la enmienda a la totalidad del texto alternativo número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 31; en contra, 167 más 3 votos telemáticos, 170; abstenciones, 132.
Queda rechazada. Votamos ahora las enmiendas al articulado. En primer lugar, la enmienda al articulado del Grupo parlamentario Mixto, señora Oramas, enmienda 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 10; en contra, 306; abstenciones, 14.
Queda rechazada. Votamos ahora la enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Mixto, señores Salvador y Alli, enmienda número 15. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 3; en contra, 327.
Queda rechazada. Enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, enmienda número 20. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 82; en contra, 246; abstenciones, 2.
Queda rechazada. Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votamos primero la enmienda número 6 de este grupo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 161; en contra, 168.
Queda rechazada. Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 31; en contra, 168; abstenciones, 131.
Quedan rechazadas. Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 16. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 67; en contra, 255; abstenciones, 8.
Queda rechazada. Enmienda 17, en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 152; en contra, 30; abstenciones, 148.
Queda aprobada. Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer lugar, votamos la enmienda 18. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 162; en contra, 168.
Queda rechazada. Enmienda 19 del mismo grupo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 165; en contra, 164.
Queda aprobada.
Finalmente, señorías, se procede a la votación de conjunto del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, por tramitarse en lectura única, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 168 más 3 votos telemáticos, 171; abstenciones, 162.
Queda aprobado el proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que se remitirá al Senado. [[Aplausos]] Se levanta la sesión. Era la una y veinticinco minutos de la tarde.