Se reanuda la sesión. Como saben sus señorías, las votaciones de los temas que debatamos hoy y de los debatidos ayer miércoles - algunos tienen carácter orgánico - se producirán al final del Pleno. Voy a señalar como hora que no se producirán antes de las cinco de la tarde. En mi opinión, será algo más tarde o bastante más tarde, pero lo que les aseguro es que no van a ser antes de las cinco de la tarde. Tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho. A esta proposición se han presentado tres enmiendas a la totalidad de texto alternativo y treinta y cuatro al articulado. Para la defensa de sus enmiendas y posicionarse en relación con el resto, los grupos parlamentarios intervendrán en un único turno de 15 minutos, de menor a mayor. En el caso del Grupo Mixto, como es costumbre, ese tiempo se dilata, pues habrá varias intervenciones del mismo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Serrano.
Gracias, señor presidente. Esta que se va a discutir hoy es una ley ad hoc para amedrentar a una sociedad adulta que quiere manifestar su voluntad; una ley que pretende ser la guinda que corone la campaña del miedo, de las amenazas desplegadas en las recientes elecciones catalanas, unas elecciones de carácter plebiscitario; carácter por el que ustedes han forzado a optar a las fuerzas políticas más sensibles, a la voluntad política de la ciudadanía catalana. Bien, ya se han visto los resultados, el miedo no ha funcionado. Estas elecciones de carácter plebiscitario pero que no son un plebiscito, como ustedes bien saben, lo que más claro han dejado es la necesidad de consultar expresamente a la sociedad catalana qué relaciones quiere con el Estado español; han puesto de manifiesto la necesidad de un referéndum, exactamente lo contrario que pretende esta ley de reforma del Tribunal Constitucional. Se trata de una ley que, además de su dudosa constitucionalidad, jamás va a poder solucionar el problema catalán y solo puede llevar a un callejón sin salida al propio Estado español. Ante un problema político, ante una voluntad popular y ciudadana que quiere expresarse fehacientemente, no sirve ese tan cacareado por ustedes imperio de la ley. Cuando un sistema legal choca con la voluntad ciudadana de expresarse fehacientemente, no es la voluntad ciudadana la inadecuada, es ese sistema legal el inadecuado a la realidad política. La invocación al imperio de la ley no es sino reflejo de mentalidades autoritarias y de empecinamiento en amordazar la voluntad de la ciudadanía, aunque ello conlleve la putrefacción del propio sistema que autoritariamente se pretende defender. ¿Qué dictadura, qué régimen autoritario no ha invocado el imperio de la ley como último argumento ante las crecientes mareas populares y ciudadanas por conseguir derechos políticos y sociales? ¿No lo hacía así el franquismo? ¿Y qué tuvo que hacerse con el franquismo? Hubo que renunciar a aquel imperio de la ley, precisamente porque chocaba con la realidad popular y ciudadana, con la voluntad democrática de las sociedades. Pues bien, actuales señoras y señores del imperio de la ley, ese mismo y no otro es el fin que le espera a su imperio más tarde o más temprano. Ahorren agonías, sufrimientos e inseguridad a Cataluña y a todo el Estado español. Renuncien a esta ley y acomoden cuanto antes el sistema legal a las nuevas realidades políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Serrano. Tiene la palabra el señor Salvador.
Gracias, señor presidente. Como ha dicho el presidente, se han presentado treinta y siete enmiendas. Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas de supresión que no plantean ninguna alternativa y, por tanto, pretenden que no se haga nada, ni tampoco aquellas que persiguen volver a lo que hay, porque es obvio que lo que hay ya no sirve, como tampoco aquellas que aprovechando esta tramitación plantean que alguna normativa autonómica se sustraiga del control de constitucionalidad. Sí vamos a apoyar, aunque sea de forma testimonial, aquellas que presenta UPyD y que incorporan un nuevo procedimiento por delito de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que nos parece una propuesta interesante, y también aquella que presenta Foro y que habla de un trámite de audiencia en el sistema que incorpora la proposición de ley. Incluso, sin que sirva de precedente, vamos a apoyar otra enmienda de Esquerra que pretende la no adscripción a ningún partido político de los miembros del Tribunal Constitucional. Permítanme que les diga que nos parece incoherente decir que la aprobación de esta proposición de ley modificará equilibrios constitucionales y a la vez jalear el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Nos parece incoherente reconocer que el Constitucional tiene potestad para anular las leyes y a la vez celebrar que no tenga capacidad para hacer cumplir sus propias resoluciones, como nos parece incoherente afirmar que nuestro ordenamiento ya tiene medios para impedir el incumplimiento de las resoluciones del Constitucional y a la vez empeñarse en no querer aplicar ese mismo ordenamiento a los incumplidores. Es curioso, en todo caso, cómo algunos grupos que decían que con una mayoría de un 51 % de los escaños en un parlamento autonómico como el catalán se puede declarar la independencia niegan a este Parlamento legitimidad para modificar la capacidad que tiene el Tribunal Constitucional de hacer cumplir sus resoluciones con ese mismo porcentaje o más. Para terminar, permítanme un comentario sobre las elecciones. Yo creo que el 27-S va a ser un punto de inflexión entre la división y la voluntad de compartir un proyecto común, un 47 % frente a un 52 % que hasta el domingo pasado parecía abocado a la clandestinidad. Hasta los más radicales de la CUP, astutos como serpientes, ven que la estrategia de división debe cambiar de aires y de geografía. Ahora toca bajar el pistón, al menos hasta diciembre, analizar lo conseguido, cobrarse la pieza - puede que sea el señor Mas - y trasladar el testigo del conflicto, como en una carrera de relevos, a Navarra o al País Vasco. Señorías de Convergència, yo hace una semana les dije que Amaiur y sus socios de la CUP viven del conflicto, rechazan la convivencia normalizada entre los españoles. Les dije que, con su apoyo, sus anhelos se corromperían y que no serían bienvenidos a Europa. Hoy se lo vuelvo a repetir; no creen en la convivencia ni en la democracia, no toleran la diferencia, necesitan que los conflictos se perpetúen porque, si no, tendrían que dejar de vivir del cuento. Se mofan de la ley, la desprecian, como hizo aquí el representante de Amaiur en el último debate en una escena que a mí me recordó a algo que decía Gila de ese ejército que no tenía tanques pero tenía un 600 disparado por un enano; no mataba, pero insultaba; no mataba, pero desmoralizaba; una auténtica caricatura, pero todavía con capacidad de atracción y desde luego determinación en el incumplimiento. Si queremos, señorías, términos en una sociedad de progreso, tendremos - y tendrán también en Cataluña - que elegir entre su compañía, siempre unida a vivir en un conflicto permanente con los demás y consigo mismos, o la compañía de los demás. Para que eso sea posible, desde luego deseo que elijan la compañía de los demás, eso es lo más beneficioso, pero, como les digo, para ello deben y debemos aceptar que todos debemos cumplir las leyes que nos hemos dado entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Salvador. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Álvarez Sostres. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señor presidente, señorías, hace unos días esta Cámara aprobó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho. Muchas han sido las críticas a esta reforma tanto en la forma como en el fondo. En aquella ocasión yo ya dije que las formas no han sido apropiadas. Debería haberse acometido este debate en fechas anteriores, más alejadas del final de la legislatura, sin la urgencia que se desprende del propio procedimiento y como proyecto de ley que conllevaría siempre los informes necesarios del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial; en definitiva, de un debate no a rebufo de un escenario electoral radicalizado. Hasta aquí, de acuerdo, pero si vamos al fondo del tema, sí estamos de acuerdo en que es oportuna la reforma por resultar una iniciativa trascendental para el edificio democrático a la luz de la experiencia de estos años de desarrollo constitucional y de la dinámica política soberanista. Lo cierto es que hemos asistido a un sistemático incumplimiento de muchas resoluciones del Tribunal Constitucional con tal de lograr unos objetivos políticos de corte secesionista, siendo quizás las más graves, aunque probablemente no las más aparatosas, los incumplimientos del mundo escolar, del mundo educativo, en materia de leyes orgánicas con la actitud indolente e irresponsable de Gobiernos socialistas y de Gobiernos del Partido Popular. En el mundo de la escuela, señorías, está al germen de todos o casi todos los contravalores de este espíritu soberanista, de este espíritu secesionista, opuestos al valor de la unidad de España, opuestos al valor de la patria común y del ser español. He considerado oportuno presentar dos enmiendas a este texto. La primera afecta al ámbito supletorio de la norma. No se comprende muy bien que para garantizar la efectividad en el cumplimiento de las resoluciones se disponga de la aplicación supletoria de la Ley de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que quizás sea la norma más lenta que existe en el ordenamiento jurídico. Es una paradoja que parece oportuno, apropiado suprimir. La segunda afecta al ámbito de la suspensión cautelar, aumentando las garantías individuales del suspendido con el trámite de audiencia en relación con el derecho a la defensión y a la tutela judicial efectiva prevista como derecho, como ustedes bien saben, en el artículo 24 de la Constitución. Parece lo más propio si estamos hablando además de un tribunal que entiende y que garantiza los derechos y libertades. No se ha considerado - o no me han dicho que se haya considerado - esta posible mejora, pero en todo caso la iniciativa es demasiado importante como para rechazarla sin más. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Álvarez Sostres. Tiene la palabra, por el Grupo Mixto también, el señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. El otro día empecé mi discurso diciéndoles que últimamente legislaban con una urna en la cabeza, como han hecho con esta reforma del Tribunal Constitucional, haciéndola en plena campaña electoral catalana y además presentándola no un diputado en el Congreso, sino un candidato justamente del Partido Popular, el señor Albiol, que no es ni diputado. De momento la jugada les ha salido mal a juzgar por los pésimos resultados obtenidos por el PP y el señor Albiol en estas elecciones. Creo que hay una palabra de la flamante senadora Rita Barberá que de alguna manera resume bien el resultado que obtuvieron ustedes la noche del domingo. Esta reforma es un auténtico despropósito y no debiera haber llegado aquí, un despropósito tanto en la forma como en el fondo; en la forma porque una reforma que afecta básicamente a derechos fundamentales y al equilibrio de poderes la han tramitado por el procedimiento de urgencia sin que se pudieran pronunciar el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado para evitar un más que probable informe desfavorable. Han sorteado el debate sereno y riguroso en el Congreso, evitando que pasara por una ponencia y por Comisión, y en apenas quince días la van a aprobar. Es un despropósito en el fondo porque, como han señalado prestigiosos constitucionalistas, con esta redacción incluso el Tribunal Constitucional podría llegar a destituir al mismo presidente del Gobierno, violentando la misma Constitución, que solo establece como causas de destitución la moción de censura, la cuestión de confianza o las elecciones. Y no vengan contando con que esto ya existe en otros países, porque en todos los países serios hay una diferencia fundamental: en todos los casos, inexcusablemente, tiene que haber una autorización del Parlamento. Además, esta reforma no define el tiempo de la suspensión de funciones e impide que se ejercite el derecho a segunda instancia. ¿A quién podría recurrir una persona a la que ustedes suspendieran de sus funciones? Al Tribunal Constitucional. En definitiva, señorías, es un auténtico disparate legislativo - otro más -, perpetrado nuevamente con la soledad de su mayoría absoluta, conseguida - recordémoslo ahora que tanto se ha hablado de cifras estos dos últimos días - con el 44 % de los votos. Recordemos, 44 % de los votos. Señorías del PP, se han pasado toda la legislatura hablando de herencias recibidas y ustedes nos van a dejar una herencia que no podemos ni queremos aceptar, que repudiamos categóricamente y que nos comprometemos a derogar dentro de unos meses, cuando haya una nueva mayoría parlamentaria y un Parlamento diverso, multicolor, y sobre todo, ahora que terminamos la legislatura, con voluntad de consenso y de diálogo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Tiene ahora la palabra la señora Oramas.
Gracias, señor presidente. Señorías, decíamos ayer que el tema catalán no se resolvía con sentencias judiciales, que el asunto catalán es un asunto político, que nació después de una sentencia del Tribunal Constitucional que nunca se debió producir y que tenía que resolverse con políticas de Estado. Durante estos cuatro años, no se ha asumido una reforma de la Constitución, y no solo por el tema catalán, sino porque han pasado treinta años: lo demanda la sociedad, lo demanda este país y otras comunidades autónomas, como la canaria, que considera que tiene que recoger en esa Constitución lo que está recogido ya en la constitución europea con respecto a Canarias; no se ha asumido una reforma del sistema de financiación autonómica y no se asumió un respeto a la lengua y a la cultura catalanas. Hoy no se ha terminado con el resultado, se interprete como se interprete, de hace cuarenta y ocho horas. Están los que interpretan que perdió el sí a la independencia y los que interpretan que tienen una mayoría y un aval y que no hay que minusvalorar ese millón largo, casi 2 millones de ciudadanos, que dijeron sí a la independencia. Hoy es el día después y no se ha acabado el problema. No se puede asumir esa imagen de ayer de un presidente de España diciendo: Esto es un tema que tiene que tener sus tiempos; tranquilidad, paciencia. No, señor. Hay una sociedad catalana totalmente dividida, familiares y amigos de la propia sociedad catalana divididos, y hay dificultades para constituir un Gobierno que gestione los problemas diarios de los catalanes. Y tenemos un tema de Estado y una campaña electoral. Lo que no se puede admitir es que se use un órgano como el Tribunal Constitucional para resolver problemas políticos. Si hay que reformar el Tribunal Constitucional, el Gobierno y las fuerzas políticas de este país nos sentamos y lo hablamos, pero no se puede legislar un órgano tan importante para un tema puntual, que tiene otras soluciones, como son las políticas; no se resuelve a través de sentencias, de detenciones o de suspensiones de funciones. Hoy quiero decir aquí que en este momento hay que tener altura política. Debemos comprometernos a no usar un tema que quiebra a toda una comunidad, pero también a un país, como arma electoral en unas próximas elecciones. Tenemos que comprometernos con la ciudadanía catalana, pero también con la ciudadanía española, a no usar ese tema como arma electoral, a parar esto y a tener capacidad intelectual y política para poder encauzar en la próxima legislatura no solo el mayor derecho y ansia de autogobierno que tienen la comunidad catalana y otras muchas comunidades autónomas, sino también el respeto a la cultura, a la singularidad y al derecho que tienen todos los ciudadanos de este país a recibir las mismas prestaciones, sobre todo en materia social, con un sistema de financiación adecuado. Se requiere altura política de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Desde luego, esto no se resuelve con una modificación exprés del Tribunal Constitucional hecha a medida de unos resultados y como una amenaza en este momento tan delicado para nuestro país. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Oramas. Tiene la palabra ahora la señora Fernández Davila.
Gracias, señor presidente. Señorías, intervengo para defender las tres enmiendas presentadas por nuestro grupo, el BNG, que tienen por objeto mantener la redacción de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta es una reforma impropia de Estados democráticos de derecho, ya que estos se crean bajo el principio de imparcialidad. En este caso, se aborda una reforma de forma coyuntural y para penalizar al que se considera enemigo político. Nos parecen especialmente graves las facultades que se le atribuyen al Tribunal Constitucional en este artículo, en lo que a ejecuciones de sentencias se refiere. Nos parece grave, sobre todo, porque no han sido reclamadas ni se ha manifestado ningún interés por esta modificación de ley ni por el Tribunal Constitucional ni por ningún otro foro judicial, y porque esta reforma corresponde única y exclusivamente al interés electoralista del Partido Popular. De hecho, si nos remitimos a las palabras de quien presenta esta reforma ante el registro de esta Cámara, que es el candidato a las elecciones catalanas, evidentemente, el contexto es totalmente electoralista y, además, demuestra la falta de capacidad de este Gobierno para afrontar una cuestión política como es la planteada no solo por los diversos grupos políticos catalanes, sino también por el Gobierno catalán, pero, sobre todo, por una importantísima parte de la población catalana. ¡Qué más da que sea el 47 %, el 48 %, el 49 % o el 50 %, señorías! El domingo se demostró que un número importantísimo de catalanes y catalanas están reclamando ese derecho a decidir, porque así lo demostraron, porque las fuerzas políticas que les pidieron el voto les decían que era para eso. Por lo tanto, no se puede resolver esto, como pretende este Gobierno, utilizando medidas punitivas. No, señorías, esto hay que hacerlo desde el punto de vista de la actuación política, del diálogo y, además, del reconocimiento al derecho ciudadano a reclamar, como en este caso hacen los catalanes, el derecho a decidir. Señorías, nos parece que una vez más el Gobierno del Partido Popular, y por lo tanto el grupo que lo sustenta - que, además, es quien propone esta modificación de ley -, hace gala de su incapacidad de diálogo político, de su incapacidad de afrontar los problemas políticos desde la política y, una vez más, recurre al aspecto punitivo para afrontar esos problemas. De ahí que, como en otras ocasiones, lo que hace este Gobierno y el Partido Popular es agravar las situaciones, es agravar asuntos políticos y convertirlos en problemas. Lo que es realmente un problema es este Gobierno, es el Partido Popular. Señorías, con nuestra posición contraria a esta reforma de ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que hacemos también es una censura de la forma de actuar del Partido Popular y de su Gobierno y, por lo tanto, reclamamos una modificación en esta política contraria a los intereses de las mayorías sociales, y una solución política o un afrontamiento político del asunto catalán para tener la mejor solución posible; sin olvidar esa mayoría de catalanes - o ese número casi mayoritario de catalanes - que están reclamando justamente que se atiendan sus demandas y que se atienda a ese reconocimiento a decidir sobre lo que quieren hacer en su futuro, que este Gobierno y esta Cámara les niega. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Tardà.
Ánimo, ánimo, señores diputados del Partido Popular, porque ya les queda poco para acabar de convertir el Tribunal Constitucional en el verdugo de la democracia. Ánimo, que ya están a punto de cantar bingo en una partida que empezaron ustedes y el Partido Socialista hace ya algunos años, muchos, para convertir el Tribunal Constitucional en un órgano corrompido por partidista y con magistrados que actúan a su dictado, al dictado del Partido Popular y al dictado del Partido Socialista; un Tribunal Constitucional que suspende de forma automática las leyes autonómicas, cuando así lo requiere el Ejecutivo a través de una impugnación. Por cierto, hoy rechazarán nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo que solicita que igual puedan hacer las comunidades autónomas. Y ahora una nueva trampa, un nuevo fraude, una nueva amenaza dirigida básicamente contra Cataluña. Nuevo arsenal, pues, contra el proceso democrático catalán, después del utilizado ya de todos los calibres, como el insulto made in Felipe González, asociándonos a nazis y fascistas - hay que ser miserable para decir lo que dijo - y que ninguno de ustedes, nadie en el Partido Socialista desmintió. El señor Sánchez no tuvo la vergüenza de desmentir al señor González. Claro, como hablaba de catalanes, todo es posible; barra libre. Otro insulto: terrorismo declarativo el del señor Linde, sinvergüenza, anunciando un corralito para sembrar el pánico y condicionar el voto y luego decir que, de lo dicho, nada. Otro insulto: secuestro al derecho de voto. Miles de ciudadanos catalanes no han podido votar porque así lo diseñaron las cloacas gubernamentales. Otro insulto: todo el aparato exterior a cambio de no se sabe qué para que dirigentes de todo el mundo se pronunciaran de forma que quedara todo un tanto difuso. Artimañas ajenas a cualquier principio democrático, como forzar la modificación de la traducción de un documento del Consejo de Europa al español a fin y efecto de que pudiera parecer que coincidía con los intereses del Gobierno. En fin, suciedad típica y tópica de tahúres. Y ahora, además, utilización perversa del sistema judicial a fin y efecto de poder imputar al president de Catalunya, y encima eligen el 15 de octubre, cuando se celebra el 75.º aniversario del fusilamiento por parte del Ejército español del presidente de Cataluña Lluís Companys. Por cierto, ni el PSOE ni el PP han tenido la dignidad nunca de denunciar la sentencia sumarísima que condujo al presidente de Cataluña delante de un pelotón del Ejército español. Ahora, con esta reforma del Tribunal Constitucional quieren completar el ciclo regresivo. Pues bien, les esperamos; no les tenemos ningún tipo de miedo, lo cual es evidente. Detrás de cada uno de los dirigentes democráticos de Cataluña hay centenares de miles de ciudadanos democráticos. ¿Nos van a imputar a todos? Esto me recuerda la película de Berlanga Todos a la cárcel. Están ustedes francamente enloquecidos. [[El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Tú sí que estás enloquecido!]] No ganarán, porque la democracia es imbatible, pero además de no aceptarlo políticamente son muy cutres [[Rumores]], políticamente son muy cutres, sí, porque en la sociedad europea del siglo XXI, donde todo empieza y todo acaba en la democracia, no se puede pensar que hoy día se pueda doblegar a una ciudadanía que se ha expresado mayoritariamente. Les recuerdo que se han pegado un batacazo ustedes y que se han pegado un batacazo también ustedes [[El señor Abad Pérez: ¡Y ustedes también!]], y que habrá una mayoría soberanista en el Parlament de Catalunya que llevará a cabo democráticamente, a la catalana, pacífica y cívicamente, aquello que ustedes tendrán que aceptar si quieren... [[Rumores]] Sí, ríanse, ríanse; ya se les irá congelando la risa a medida que democráticamente el pueblo de Cataluña vaya avanzando. [[El señor Abad Pérez: ¡Ustedes también se lo han dado!]] Repito, no les tenemos miedo. Ya pueden ir construyendo cárceles; ya pueden ir construyendo cárceles.
Gracias, señor Tardà. Por el Grupo Mixto, señor Cuadra.
Señoras, señores, señor ministro, desaparecido y ausente, aunque este debatillo no tiene mayor importancia. [[Risas]] Ya lo dijimos hace quince días: el Gobierno nos trae aquí este proyecto de ley exprés para poder entrar a saco en el proceso catalán. Necesita togas y birretes sumisos para saltar por encima de la voluntad de este pueblo. También señalé que por parte del Partido Popular la Constitución, el Tribunal Constitucional y las leyes son entendidas como un chicle que se encoge y se estira a conveniencia; lo que ocurre es que de tanto masticarlo se ha convertido en una cosa pegajosa que ya hace falta tirar, y el Estado de derecho se ha convertido en un Estado de desecho. Así lo vemos nosotros. El Parlament catalá aprobó en su día un estatuto que fue cepillado aquí, en Madrid, con el Gobierno Socialista; después se le dio otra pasada más para dejarlo irreconocible por parte del Tribunal Constitucional, tribunal que anuló también la Ley de Consultas democráticamente aprobada por el Parlamento catalán. Y hoy incluso se procesa al president y a dos consellers y parece que se pretende llevarlos a la cárcel. A todo esto, con un cierto recochineo - diría yo -, ayer mismo el presidente Rajoy lo llamó actuar con finura. En los últimos años, el pueblo catalán, millones de personas, han salido a la calle y a las urnas expresando su deseo de conquistar la libertad, la soberanía y la independencia. Y en todo este proceso ese pueblo ha caminado en todo momento con la mano tendida, con la mano abierta, exponiendo razones y aportando votos y urnas. Y frente a eso, la respuesta que se le ha dado por parte del Gobierno del PP desde Madrid ha sido el no, el rechazo y la imposición. El pueblo catalán en estos años, como decía el poeta Antonio Machado, ha hecho camino al andar. Y como añadía también el poeta: y este pueblo hoy en día, al volver la vista atrás, ve la senda que nunca, nunca, nunca, va a volver a pisar; la senda de la unidad impuesta, del centralismo arrogante. Eso es lo que está diciendo hoy el pueblo catalán. Ustedes se han pegado un batacazo electoral en Cataluña como no lo han conocido en las últimas décadas y, a pesar de todo, erre que erre: legalidad, legalidad, legalidad. Claro, su legalidad, no la legalidad democrática de Cataluña y de su Parlament, sino la uniforme, la centralista legalidad de aquí, de Madrid. Esto es lo que ustedes proclaman. Quieren imponer por medio de leyes tramposas y tribunales amañados lo que no han conseguido allí ni lo están consiguiendo con los votos, por medios democráticos. Señores del PP y también ustedes, señores del PSOE, sus leyes y sus tribunales están más trucados que los coches de la Volkswagen y van contaminando todo aquello por donde pasan, desde un punto de vista democrático. Ustedes solo saben jugar con cartas marcadas, con jueces, con árbitros comprados. Ustedes quieren jugar siempre de mano y encima reservarse el tener un descarte de más, y así no se puede jugar, esta baraja hay que tirarla, hace falta una baraja democrática nueva. Hace quince días, desde este mismo estrado, arranqué sin más dos hojas de un ejemplar de la Constitución. Hacían referencia a unos artículos que rechazábamos completamente, que hablan de la soberanía única y exclusiva del pueblo español, el carácter indisoluble e indivisible de esa nación y del ejército como garante de todo lo anterior. Arranqué esas dos hojas. Ustedes, y ustedes también [[Señalando alternativamente al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista]], han arrancado en los años pasados bastantes hojas de su Constitución, la del artículo 35, que hace referencia al derecho al trabajo, la del artículo...
Señor Cuadra, yo no he hecho referencia, pero usted sí, a su actitud del otro día. Le pedí entonces, y lo reitero ahora con el apoyo de la Mesa, que retire el gesto que hizo usted el día 16 de septiembre. Le pido que lo retire.
¿Qué tiene que ver ahora con esta intervención sobre la reforma de una ley?
Como usted lo ha sacado y se ha referido a ello, le pido - porque volvemos a ese gesto - que retire ese gesto que hizo porque ofendió. Insisto, aquí hay libertad para decir lo que se quiera y lo he defendido siempre, pero no se puede ofender. Usted ofendió con ese gesto y ha vuelto a hablar de ello. Por tanto, le pido que retire ese gesto.
Y yo le pido, señor presidente, que me deje terminar la intervención en relación con lo que estamos discutiendo, que es la reforma de una ley, y después le daré mi opinión en relación con ese tema.
Bien, pues termine usted su intervención, pero al terminar le pediré que retire ese gesto. Continúe.
Hacía referencia a que en esa Constitución hay bastantes páginas que faltan: la relativa al derecho al trabajo, la relativa al derecho a la vivienda, la relativa al derecho a unas pensiones suficientes y dignas. [[Rumores.-Un señor diputado: ¡Anda ya!]] Estas páginas también están arrancadas, y aquí parece que la única ofensa existente es la que yo realicé. No se concibe como una ofensa la existencia de 4,5 millones de personas sin trabajo [[Continúan los rumores.-Varios señores diputados: ¡Venga, por favor!]], la mitad de ellas sin percibir prestación alguna, ni tampoco que existan 9 millones de pensionistas con unas pensiones completamente insuficientes, o que el 29 % de la población se encuentre en riesgo de exclusión y de pobreza. Esto no se considera como una ofensa por parte de este Gobierno. No se considera como una ofensa que se nos niegue el derecho a decidir a los pueblos, se anulen nuestras leyes y se impute a nuestros presidentes y a nuestros consejeros. Esto no se considera ninguna ofensa. Empezó esta legislatura negándonos a Amaiur el derecho a contar con un grupo parlamentario propio, y ahora, siguiendo por el mismo camino, se nos quiere recortar el derecho a expresarnos libremente aquí. Eso únicamente nos refuerza en una idea que ya trajimos aquí, que los déficits democráticos de este régimen son esenciales. Termino con lo del principio. Esto no es un Estado de derecho, esto es un Estado de desecho. En relación con la petición formulada por la Presidencia - ya lo hemos señalado -, consideramos que aquí no se ha realizado ofensa alguna. [[Protestas]] Por tanto, entendemos que no tenemos que retirar nada. Nuestra intención nunca ha sido aquí la de ofender a nadie, sino realizar un libre ejercicio de una opinión que tenemos en relación con una Constitución que rechazamos allí en Euskal Herria, que no fue aprobada... [[La señora Moro Almaraz: Entonces no puedes estar aquí.-Rumores]]
Señor Cuadra, le he llamado al orden por primera vez. Le pido de nuevo que retire el gesto. Conteste sí o no.
Nosotros entendemos que no se ha realizado aquí ninguna ofensa y, por tanto, no tenemos que retirar nada.
En ese caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna. Bájese de la tribuna. [[Así lo hace el señor diputado]] Continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] Tiene la palabra el señor Esteban.
Gracias, señor presidente. Hay formas que pueden ser más o menos lamentables o que pueden herir sensibilidades, pero es lamentable que una constitución democrática no sepa amparar las expresiones de todo el mundo, aunque estas puedan ser de mejor o peor gusto, y sobre todo que la interpretación que se haga de esa Constitución sea tan restrictiva. Dicho esto, vayamos al debatillo. Es verdad que el Gobierno parece que no le da mucha importancia porque, como ya lo considera ganado, no ocurre nada. [[Rumores]]
Ruego silencio, por favor.
Es curioso que se proponga por parte del Partido Popular una proposición de ley cuando no existe laguna jurídica - lo han dicho relevantes exmagistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -, entre otras cosas porque el obligado cumplimiento de las sentencias aparece en el propio artículo 118 de la Constitución, pero también en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y además, en su caso, el tribunal podría elevar el tanto de culpa a la fiscalía. No hay laguna jurídica a la hora de ejecutar las sentencias. La cuantía de las multas ya existe. Lo único que hacen ustedes es aumentarlas para presionar más. Y las sentencias se cumplen para todo lo que no sea el Gobierno central, que es libre para hacer absolutamente lo que quiere y para incumplir sentencias que son favorables a las comunidades autónomas, como las dos que les cité en la sesión anterior. Sin embargo, a las comunidades autónomas, por la fuerza de los hechos, no les queda más remedio que entrar en todo aquello que se les ordena por parte de los diversos tribunales, también por el Tribunal Constitucional. Si esto es así, si no existe una laguna jurídica, entonces, ¿qué buscan con su propuesta? Yo diría que lo que están haciendo es una ley ad hoc, en este caso para Cataluña, quizás para algún otro díscolo también a futuro, pero para Cataluña, y esto lo que demuestra es un uso espurio del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, y, desde luego, un comportamiento electoralista. Fíjense en qué momento lo hacen y fíjense de qué manera lo hacen. Esto debería estar fuera de toda cercanía a un tiempo electoral y el de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional debería ser un debate en tiempos sosegados. Resulta que aquí lo ha admitido el Partido Popular exclusivamente con su mayoría por lectura única, un caso que, si uno lee el Reglamento, no debería aplicarse a esta proposición de ley, y además con todos los plazos reducidos. Es lamentable que se utilice el Tribunal Constitucional partidariamente y electoralmente. Por otro lado, se pretende modificar mecanismos que están ya fijados por la Constitución española sin modificarla a su vez, dando responsabilidades a otros órganos. No puede ser que una ley orgánica atribuya al Tribunal Constitucional competencias que la Constitución misma ha conferido expresamente a otros órganos constitucionales. Y si ustedes están pensando en la suspensión de determinados poderes, lo que tienen que hacer es acudir al artículo 155 de la Constitución. Evidentemente, estamos hablando de palabras mayores, pero seguramente a ustedes tampoco les temblaría el pulso. ¿En qué están pensando entonces? ¿Están pensando que en el ínterin entre los dos periodos, en el periodo intermandatos al que próximamente nos veremos abocados porque va a ser necesaria la convocatoria electoral, no pueda reunirse el Senado, no puedan aplicar el 155? Lo que ustedes no pueden hacer es, sin modificar la Constitución, dar poderes a un órgano que no los tiene; tendrán que aplicarlo. Es más, también les digo que si intentan hacer lo que van a hacer, lo que estarán llevando a cabo es un acto inconstitucional y además desde un gobierno en funciones. En cualquier caso, están poniendo la venda antes de la herida, porque todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir ni tampoco ha habido ningún comportamiento anómalo o irregular por parte de ninguna institución. Asimismo, la propuesta que ustedes hacen rebasa también otros límites jurídicos que deberían ser tenidos muy en cuenta, porque tiene también un claro contenido penal, aparte de suspender y sancionar. Es más, ustedes habilitan un procedimiento en el que no existe ninguna garantía procesal, y esto, en un ámbito como el de las sanciones o en un ámbito como el penal, es inadmisible. Ustedes hablan de que pueda sancionarse de plano inaudita parte cuando concurran las circunstancias de especial trascendencia constitucional, y esto se lo cocinan y se lo van a comer entre el Gobierno del Estado y el propio Tribunal Constitucional sin que se oiga a las partes y sin que se oiga a aquel que va a ser sancionado. Esto es sencillamente contrario a cualquier norma de derecho y es un auténtico abuso. Aparte de que se saltan absolutamente la separación de poderes cuando lo que están buscando es una ejecución sustitutoria para hacer del Tribunal Constitucional el brazo ejecutor del Gobierno, o al revés, porque también dicen: el Tribunal Constitucional podrá proponer la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas requiriendo la colaboración del Gobierno de la nación, a fin de que en los términos fijados adopte las medidas necesarias. Un tribunal no puede encomendar una función propia al Poder Ejecutivo; esto, desde luego, desborda el concepto de auxilio que podría estar previsto en la ley orgánica. Lo que hacen ustedes es cargarse definitivamente también la separación de poderes, todo ello como si no hubiera ya una confianza nula en la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Demos las razones que demos, ustedes van a seguir adelante como han hecho la mayoría de las ocasiones durante esta legislatura que afortunadamente está ya finalizando, van a seguir aplicando su rodillo unilateralmente, aunque tengan a toda la Cámara dándoles razones jurídicas o incluso políticas para que no lo hagan. Es curiosa la conclusión que sacan sobre los resultados de las últimas elecciones y es curioso que se empiecen a contar votos cuando no se ha querido pactar y hacer un referéndum; si se quería contar votos, lo mejor hubiera sido pactar un referéndum y yo creo que todavía estamos a tiempo para ello. Pero que se saque la conclusión de que la lista ganadora en realidad ha perdido y no se saque la conclusión de que el Partido Popular y las propuestas del presidente del Gobierno, y por tanto las propuestas del Gobierno del Estado español en Cataluña, han recibido un sonoro fracaso, me parece una contradicción. ¿Han recibido o no un sonoro fracaso? Incluso, les voy a sumar - que no sé qué dirán, me imagino que no les hará ninguna gracia - los votos de Ciudadanos, y aún así eso querría decir que su política obtiene un sonoro fracaso, porque hay un 60 % que está a favor de que se pueda decidir y de acuerdo en que Cataluña es una nación y se pueda votar. Tengan esto en cuenta. Aquí, a base de ordeno y mando y a base de mover a los tribunales, no van a conseguir absolutamente nada. Aquí hay un problema político y los problemas políticos - se lo dijo el Tribunal Constitucional también en la resolución acerca de la declaración como nación de Cataluña - se tienen que resolver mediante el diálogo y mediante la negociación política. No pueden ser dejados en manos de los tribunales. Lo que ha demostrado la última elección al Parlament de Catalunya es que hay un problema político y que hace falta diálogo, que hace falta hablar y que hay una inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña que no están de acuerdo con las políticas que está aplicando el Gobierno del Estado español. Hagan política y no se dediquen a cambiar la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Gracias, presidente. El 1 de octubre de 1931, en la tribuna del Congreso de los Diputados una mujer, Clara Campoamor, defendió el sufragio universal. En definitiva, no es un tema muy distinto del que subyace en el debate que estamos teniendo esta mañana porque de lo que se trataba entonces era de implantar algo tan esencial en democracia como que lo que es de todos lo decidimos entre todos. En aquel caso era con la participación de las mujeres, pero en definitiva el fondo era el mismo: lo que es de todos y lo que afecta a toda la sociedad lo decidimos entre todos. Me parece que es una buena manera de acercarnos al debate que de verdad estamos teniendo hoy, el que subyace. Formalmente, esto va sobre una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; una reforma cuyo texto, presentado por el Partido Popular, como sus señorías saben porque hemos tenido oportunidad de plantearlo, no compartimos, y por eso nuestro grupo ha presentado enmienda de texto alternativo y enmiendas parciales. Formalmente va sobre eso, de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero en definitiva va - y no hace falta más que escuchar las intervenciones que han precedido a la mía - de que todos los ciudadanos debemos estar sometidos a la ley, los gobernantes y los gobernados. Va de que nadie, le voten los miles o millones de ciudadanos que le voten, está por encima de las leyes. Va de eso, tan esencial, tan elemental en términos democráticos. Al contrario, cuantos más votantes y mayor responsabilidad tenga una representante público más debe ejercer esa responsabilidad y, por tanto, no ejercerla y no ser respetuoso con las leyes que le han puesto en el sitio en el que está debiera de ser un agravante. Va, señorías, de que la aplicación de las leyes no se negocia, de eso también va, y no hay más que escuchar algunas de las cosas que hemos oído antes. Va de que la ley se debate antes de aprobarse, se discute todo lo que haya que discutir y se discute, por supuesto, para cambiarla. Pero, mientras está en vigor, su aplicación es automática, la aplican los jueces, naturalmente, pero se aplica sin discusión y sin someterse a ningún tipo de consenso, porque no hay consenso para aplicar las leyes. Hay que aplicarlas, lo mismo que hay que respetar las sentencias de los tribunales. Va, efectivamente, de que sin ley no hay democracia. Desde hace mucho tiempo - no solamente con el llamado tema catalán o con el debate actual - escucho mucho decir en España eso de que solo la ley no sirve. Es una obviedad que la política requiere otras muchas actuaciones necesarias, entre otras, hacer leyes porque las leyes también son políticas, las hemos hecho, forman parte de nuestra responsabilidad. Claro que solo la ley no, pero fuera de la ley, nada. La aplicación de la ley forma parte de las cosas que hay que hacer, por supuesto, pero fuera de la ley, absolutamente nada. ¿Por qué ahora este debate? Este debate llega ahora, a nuestro juicio, por dos razones. Por una parte, porque en España hay unos gobernantes despóticos en Cataluña. Un gobierno despótico es el que cree que está por encima de la ley, que se declara por encima de la ley. Un gobierno despótico cuyo presidente en funciones dice ayer mismo que no cumplir las sentencias de los tribunales - las dos resoluciones del Tribunal Constitucional - es un acto de rebeldía democrática. Pues no, no es un acto de rebeldía democrática. En una democracia y en un Estado de derecho no cumplir las resoluciones de los tribunales, desde la perspectiva penal, es un delito. En una democracia y en un Estado de derecho no cumplir las resoluciones de los tribunales, desde la perspectiva política, es un golpe de Estado democrático. De eso es de lo que estamos hablando. Y por eso estamos hoy aquí, porque hay gobernantes que creen que no cumplir las leyes y saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional es un acto de rebeldía democrática. No, es un delito desde el punto de vista penal y golpe de Estado desde el punto de vista político. Hay partidos políticos - y aquí se ha visto - que creen que pueden cambiar las leyes y la propia Constitución sin respetar sus procedimientos y también estamos aquí en este momento haciendo este debate porque el partido que nos ha propuesto esta reforma dice que no tenemos los instrumentos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para obligar a todos los ciudadanos a respetar las leyes y acatar las resoluciones de los tribunales. No es nuestro criterio, nuestro grupo parlamentario piensa que no son leyes o instrumentos legales lo que ha faltado en España para obligar a los gobernantes a cumplir las leyes, de la misma manera que se obliga a los gobernados. No es falta de leyes o ausencia de instrumentos, sino falta de coraje para aplicarlos y no solo en el Gobierno que hoy está al frente del país, sino también en gobiernos anteriores. No faltan leyes - insisto -, no faltan instrumentos, sino coraje para aplicar dichas leyes e instrumentos - luego haré una reflexión al respecto al hilo de lo último que ha ocurrido en esta tribuna -, y, por eso, mi grupo parlamentario inicialmente considera - insisto - lo mismo: Primero, que la propuesta es errónea y, segundo, que es innecesaria pero, como nos hallamos en el trámite, hemos querido adoptar, como siempre, una actitud positiva. Por ello hemos presentado enmiendas: una de totalidad y otras parciales. Lo más importante de nuestras enmiendas es que una de ellas plantea la creación de un nuevo delito en el Código Penal, un artículo nuevo en el que se tipifica expresamente - insisto, en el que se tipifica expresamente - que el incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional será delito, aunque ya existe, como saben sus señorías, el delito genérico de desobediencia y sería de aplicación, a més a més, que diría un catalán, el delito expreso en este caso de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una segunda enmienda plantea la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encargando a la Sala segunda del Supremo que entienda de los delitos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional; un tribunal nacional, en sincronía con el Tribunal Constitucional, son los delitos que ha de perseguir y puede actuar con carácter preferente y urgente, por lo que va a ser eficaz y vamos a evitar por esa vía la discrepancia de criterio. Por último, la enmienda más importante de las tres que planteamos pretende una reforma de la Lecrim para aplicar a los empleados y cargos públicos la figura de la suspensión provisional de empleo y cargo. Señorías, si la aplicación a los cargos electos y a los empleados públicos de la suspensión provisional de empleo y cargo estuviera en vigor, nos habríamos ahorrado muchos problemas, como se aplica en España a los jueces y a los magistrados porque está en la ley y como se aplica a los funcionarios porque también está en su ley. Ya que se aplica en España a los funcionarios y a los jueces y magistrados, ¿por qué no se puede aplicar esa suspensión cautelar a los cargos electos? ¿Por qué no se aplica para evitar que cuando salga la sentencia el daño ya esté hecho? Si luego es declarado inocente, se le repone en su cargo, como a los magistrados, a los jueces y a los funcionarios. Insisto en que es una legislación que está en vigor en España y lo que les proponemos está en vigor en las legislaciones de otros muchos países, de otras muchas democracias del mundo. En fin, a nuestro juicio, lo que ha faltado ha sido voluntad política y no instrumentos, pero, como estamos dispuestos a reforzar los instrumentos existentes para proteger a los ciudadanos y a la democracia, hemos presentado estas enmiendas. Lo queremos y lo podemos hacer: reforzar la democracia, la seguridad jurídica, los instrumentos para garantizar el respeto a la ley y el cumplimiento de las sentencias sin desnaturalizar al Tribunal Constitucional. Esto es muy importante. Se puede hacer más de lo que se está haciendo sin desnaturalizar al Tribunal Constitucional desde el punto de vista de lo que es su función jurisdiccional y desde el punto de vista de lo que no es su función política. Sin desnaturalizarle de ninguna de las dos maneras se pueden tener más y mejores instrumentos, más garantistas y más eficaces. Termino, señorías, con la reflexión con la que ha empezado el debate esta mañana y que todos han traído a colación en esta tribuna. A mi grupo también le importa y le preocupa acercarse a esa cuestión, que está en el fondo del debate. Sí, hay un problema en Cataluña; no un problema con Cataluña ni con los catalanes, sino un problema en Cataluña y con unos catalanes que no quieren respetar las leyes ni las sentencias de los tribunales. No hay un problema con catalanes que sean independentistas o por lo menos yo no lo tengo. Yo tengo una propuesta alternativa y discutiré siempre y trataré de convencerles de que eso no es bueno ni para los catalanes ni para el conjunto de los españoles. El problema que tenemos con una parte de los catalanes nos divide y nos coloca a un lado de la ley y al otro. Ese es el problema más importante que tenemos - el problema real -; un problema difícil de resolver, salvo que se acaten las resoluciones de los tribunales y el imperio de la ley. Hay un problema, señorías, y me importa destacarlo, que no hemos creado quienes defendemos que nadie está por encima de la ley. No, quienes defendemos que nadie está por encima de la ley no somos quienes hemos creado el problema, sino quienes confunden identidad cultural con ciudadanía política, y esa confusión precisamente está en la base del nacionalismo. Es un problema que no hemos creado quienes afirmamos que no hay ciudadanos catalanes, que no hay ciudadanos vascos o que no hay ciudadanos madrileños o gallegos; se llama así a los ciudadanos españoles censados en esas autonomías. El problema no lo hemos creado quienes pensamos eso, porque eso es la verdad. Es la Constitución española la que nos proclama ciudadanos a todos, y luego vivimos en una u otra parte de España. Claro que existe una España plural, ahora que se habla tanto del diálogo, de incluir la pluralidad y de respetarla. Por supuesto, existe una España plural y existe una Cataluña plural. Esa pluralidad de la sociedad española, esa diversidad que defendemos, la defendemos también en Cataluña y en cualquier otra parte de España; una Cataluña plural que también hay que preservar y que también hay que proteger. Claro que la diversidad es una riqueza en democracia, claro que sí, siempre que no confundamos el derecho a la diversidad con diversidad de derechos, porque esa es otra de las cuestiones que está en el fondo de este debate, repito, siempre que no confundamos la diversidad con diversidad de derechos, para llamarlo en castellano claro, con privilegios, con derecho a tener privilegios por cualquier razón que uno quiera aducir. Claro, señorías, que entre quienes defendemos el imperio de la ley, la inmensa mayoría de quienes estamos aquí, existen fuertes diferencias y fuertes discrepancias propias de una democracia. Si pensáramos todos lo mismo no viviríamos en una sociedad plural y democrática. Y claro que entre quienes defendemos la aplicación de las leyes y el respeto de las sentencias hay fuertes discrepancias: diferencias ideológicas, estrategias, tácticas, de modelo de Estado, de modelo de país; hay muchas diferencias, natural y afortunadamente, pero la única raya que nos divide, la única raya que nos separa aquí en las Cortes, en el conjunto de España y en Cataluña también, es la que separa a los que estamos en la parte de los que quieren defender la ley, aunque sea para cambiarla pero dentro de la ley y de los procedimientos, y los que están en la otra parte de la raya, los que quieren saltarse las leyes y cambiarlas a su libre albedrío y a su juicio, sin respetar los procedimientos. Eso es lo que nos divide esencial y fundamentalmente, y hasta que no nos demos cuenta de eso, de que lo único que nos separa es que hay quienes estamos con la ley y quienes están sobre la ley o se creen sobre la ley, no seremos capaces de abordar un debate con profundidad para encontrar la solución verdadera, la solución democrática. Por eso, ahora que también se habla tanto de inmovilismo, de la necesidad de negociar, de que hay que hablar, les diré que claro que hay que hablar, que hay que negociar y hay que moverse. Mi grupo parlamentario y yo estamos dispuestos a hablar y a negociar de todo; de cómo saltarse la ley, no. Y aviso: estamos radicalmente en contra, nos declaramos radicalmente intransigentes con aquellos que quieren saltarse la ley, sin ningún tipo de duda ni de coartada, sin ningún tipo de complejo. Como en ese verso de Benedetti: en eso somos un caso perdido. Nos declaramos radicalmente parciales, estamos de parte de la ley, porque la ley es la democracia, porque la ley es la garantía del Estado de derecho y de la democracia y porque, efectivamente, al ser la ley garantía del Estado de derecho y de la democracia es lo que nos ampara y nos protege al conjunto de los ciudadanos: a los que quieren una Cataluña independiente y a los que quieren la independencia de otra parte de España también. Solo con la ley en la mano, cambiando la ley, si todos decidimos cambiarla, es posible seguir viviendo en democracia. Esto es viejo, señorías, y es una pena tener que volver a insistir en ello a estas alturas. Esto es de Aristóteles, que ya distinguía entre la democracia y la demagogia. Él explicaba bien lo que significaba la demagogia: una estrategia utilizada para alcanzar el poder político mediante apelaciones a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular mediante el uso de la propaganda. Pues no, la democracia con mayúsculas, desde el respeto a la ley y sin complejo para defenderla y para debatirla. En eso este grupo parlamentario es absoluta y radicalmente intransigente. Por eso planteamos al Grupo Popular estas enmiendas, porque nosotros somos de los que creemos que hay instrumentos suficientes; creemos que se pueden mejorar, si hace falta mejorarlos, pero hay que mejorarlos con garantía jurídica, porque también para esto hay que respetar las leyes y hay que respetar nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Por eso les hemos planteado estas enmiendas y por eso nos gustaría que ustedes las aceptaran. Termino, señor presidente, con una reflexión muy breve sobre la cuestión que nos ha ocupado hace un momento.
Señora Díez, debe usted terminar.
Termino. He dicho antes que la aplicación de las leyes no se negocia. Le pido, señor presidente, que aplique usted los artículos 141 y 146 al señor Sabino Cuadra, que los aplique sin esperar a que haya consenso entre los miembros de la Mesa - como nos dijo anteayer por escrito -, porque ni se negocia la aplicación de las leyes en aquello de lo que estamos hablando, ni se negocia la aplicación del Reglamento: se aplica, es nuestro Reglamento y se aplica. Le pido formalmente en nombre de nuestro grupo que lo aplique. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Díez. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. Señorías, qué barbaridad, qué inmensa barbaridad en términos democráticos, qué estupidez en términos políticos están ustedes a punto de perpetrar. Por eso nuestro grupo, La Izquierda Plural, ha presentado enmiendas de supresión al conjunto del articulado de esta proposición de ley, y en esos términos nos ratificamos. Se trata de nuevo de una proposición de ley basada en tres grandes falacias, y todo para justificar una gran cobardía política, la cobardía de no querer abordar el diálogo, de apostar por trasladar la responsabilidad política a los tribunales, en este caso al Tribunal Constitucional y, por si fuera poco, por endosarle una responsabilidad y - si me lo permiten - un muerto al Tribunal Constitucional, que va a terminar por matarlo. La primera falacia consiste en hacerle creer a la ciudadanía que el conflicto político provocado por la negativa a reconocer el derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña se puede resolver a golpe de amenaza política y judicial. Segunda falacia: hacer creer a la ciudadanía que en nuestro ordenamiento no existen mecanismos ordinarios para garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando ustedes saben que eso no es verdad. Tercera falacia: presentar la propuesta del Partido Popular como la solución cuando en realidad va a provocar un agravamiento del problema, supone un grave riesgo para el Tribunal Constitucional y puede provocar situaciones tan desastrosas en términos democráticos como encargar al Ejecutivo la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional donde ese mismo Ejecutivo ha sido parte. De un plumazo se cargan ustedes las esencias del Estado de derecho, la división de funciones y las reglas básicas del sistema democrático. Son tres falacias para justificar una cobardía política, porque lo valiente hoy, que es distinto a chulo, es afrontar el conflicto político suscitado en Cataluña a partir del diálogo y a partir de la negociación, y ustedes no solo no lo hacen sino que prevén intervenir y, como no se atreven a hacerlo, pretenden encargar esa función al Tribunal Constitucional. Esta es una reforma innecesaria, se lo ha dicho todo el mundo, que además rompe el consenso constitucional sobre la función del Tribunal Constitucional, que es parecida a la que le dan otros regímenes jurídicos parecidos al nuestro, donde la jurisdicción constitucional está completamente separada de la jurisdicción ordinaria y tiene funciones completamente distintas. Supone una reforma implícita de la Constitución española, que ustedes hacen no solo sin consenso sino sin diálogo, con el Gobierno escondiendo el ala, escondiéndose detrás de una proposición de ley del Grupo Popular y, por si fuera poco, pretendiendo imponerla de esta manera. Absolutamente nadie hasta ahora, excepto el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, ha planteado la existencia de un vacío para la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, y menos que nadie el propio Tribunal Constitucional. Si hubiera ese vacío, es más que previsible que el Tribunal Constitucional o alguno de sus miembros, en sentencias o en votos reservados, hubiera planteado la dificultad de no poder hacer que se aplicaran sus sentencias: les recuerdo que una gran parte, más de un 90 %, de las sentencias del Tribunal Constitucional son declarativas y que gran parte de las que tienen algún contenido ejecutivo se dirigen a hacer ejecutar sentencias de otros tribunales. Nadie lo ha planteado hasta ahora, porque no es un problema. Es un problema que ustedes crean por cobardía política y para esconderse detrás del Tribunal Constitucional. Es tal la evidencia que no solo no han escuchado al Tribunal Constitucional, sino que han impedido la posibilidad de hablar al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, porque han tenido otra vez miedo, cobardía política de que les dijeran que esta es una reforma innecesaria y que va a agravar el problema. Por eso, ustedes no han consultado absolutamente a nadie. Ustedes plantean esta propuesta en términos de nocturnidad y agravamiento por finalización de la legislatura, y además con la opinión, prácticamente unánime, del conjunto de los constitucionalistas de que es innecesaria y peligrosa. ¿Se dan cuenta ustedes de la lectura que ha hecho esta Cámara, incluso el Grupo Popular, de para qué es esa sentencia, de para qué es esa proposición de ley? Es solo para abordar un problema, el suscitado en Cataluña, y, es más, lo que ustedes llaman el incumplimiento por el Gobierno catalán y el presidente en funciones Mas. ¿Se dan cuenta ustedes de la barbaridad que están cometiendo en términos democráticos? Las leyes, por definición, son universales. La ley ad hoc no tiene ningún sentido. Espero que si esto llega, que llegará, al Constitucional, les vuelvan a decir lo mismo que les dijeron en otra sentencia: una ley no puede ser para un caso, para una persona, porque rompe la esencia de la propia ley, su génesis, su razón de existir. Pero a ustedes los argumentos no les sirven de nada. Ustedes tienen un objetivo, que es rechazar el diálogo, abordar eso a base de conflictos judiciales y, encima, desresponsabilizarse y cargarle el muerto al Tribunal Constitucional. Esta reforma va a ser letal para el Tribunal Constitucional si se aplica y se pone en marcha, se lo han dicho destacados miembros - les vuelvo a decir que el señor Rubio Llorente se lo ha repetido hasta la saciedad -, se lo están diciendo constitucionalistas. Va a situar al Tribunal Constitucional en el ojo del huracán de un conflicto político que solo tiene solución política, no judicial, y menos situando al Tribunal Constitucional como responsable de resolverlo. Van ustedes a deteriorar más la tocada credibilidad y autoridad del Tribunal Constitucional. Si algo necesita un Tribunal Constitucional en cualquier país del mundo es la auctoritas, no la potestas, sino la auctoritas de los clásicos, eso que todo el mundo te reconoce, eso que todo el mundo, cuando va al Tribunal Constitucional, sabe que es con lo que, por encima de todo, va a dictar una sentencia, que puede gustar o no, pero tendrá auctoritas. Ustedes llevan años deteriorando esa credibilidad, esa autoridad del Tribunal Constitucional; lo han hecho en muchas ocasiones, incluso le han encargado funciones militantes a ese Tribunal Constitucional. Por eso y para ser coherentes con su concepción de deterioro del Tribunal Constitucional, han llegado a poner a un militante del Partido Popular al frente de ese mismo tribunal, y no guardando las formas. No puede ser. Están ustedes cargándose la Constitución. Por cierto, cada uno tendrá su opinión sobre el gesto del señor Sabino Cuadra el otro día, pero les puedo asegurar una cosa: a veces la Constitución se destroza más con comportamientos como el de ustedes, hoy, aquí, con esta proposición de ley, cargándose uno de los elementos clave de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Les sugiero que, antes de adoptar alguna decisión - es una sugerencia -, se lean bien la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites de la libertad de expresión y se den cuenta de lo amplio que ha sido este tribunal cuando era lo que debía ser. Les sugiero que vean también la doctrina del Tribunal Constitucional con relación a cómo nuestra Constitución no es militante, pues no solo no hay que comulgar con ella y con todos sus artículos, sino que es posible impugnarla y cargársela, siempre por métodos democráticos y que supongan libertad de expresión. Recomiendo prudencia en las actuaciones que adopten porque, queriendo hiperactuar, a lo mejor lo que consiguen es deteriorar aún más la esencia de nuestra Constitución: entre otras cosas, el ejercicio de la libertad de expresión. Estamos ante un conflicto político de primera magnitud, planteado por la exigencia de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. No es el 47 % sino casi el 80 % de la ciudadanía de Cataluña la que exige poder decidir libremente, en términos democráticos, su ubicación, su futuro, su personalidad jurídica como nación, y ustedes, que se llenan la boca de democracia, rechazan cualquier propuesta en esos términos. El hecho de que la rechazaran podría tener una explicación, pero lo que no tiene ninguna explicación es que no ofrezcan ninguna alternativa política, sino simplemente una pared de frontón en la que rebotan todas las propuestas que se les envían desde diferentes ámbitos. Han conseguido polarizar la situación en Cataluña y España hasta extremos que en algún momento puede llegar a ser irreversible, y todo para intentar conseguir un puñado de votos y el Gobierno. Lo hicieron, agitando el anticatalanismo cuando estaban en la oposición como estrategia de derribo del Gobierno anterior, especialmente utilizando el tema de la lengua y el de la escuela, que es una de las cosas de las que el conjunto de ciudadanos de Cataluña se siente más orgulloso porque ha sido un factor de cohesión social de primera magnitud que ya quisieran muchas sociedades, y ustedes no han tenido ninguna vergüenza en utilizar eso para intentar conseguir el Gobierno. Y como no tienen límites, porque ustedes vienen... Cuando digo ustedes - quiero aclararlo -, no me refiero a ninguno personalmente. En principio, les tengo respeto a todos ustedes, pero vienen de tal cultura política y con unos ancestros que creen que cualquier forma de llegar al poder es legítima, incluso la del golpe de Estado. [[Rumores.-Protestas]] He dicho lo que he dicho y lo mantengo porque solo así se puede entender que para ustedes cualquier fin es válido para llegar al Gobierno; por ejemplo, la manera en que llegó Aznar en el año 1996 o la manera en que se fue Aznar en el año 2004 o la manera en que pretenden mantenerse en estos momentos. [[Rumores]] Desde el respeto personal, les expreso un profundo desprecio político a la manera en que entienden ustedes cómo llegar al Gobierno. [[Rumores.-Protestas]] Si no, no se podría. [[La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: ¡Pero qué dice!]] Por eso, les digo de una vez por todas que escuchen, que esto no se resuelve... [[Rumores]]
Por favor, silencio.
... intentando... [[Varias señoras diputadas: ¡Nos ha llamado golpistas!]]
Está en el uso de la palabra el señor Coscubiela. Vamos a dejar que se explique. Continúe, señor Coscubiela.
Por favor, no hagan que les envíe saludos de Labordeta... [[Rumores]] Digo que no hagan que les envíe saludos de José Antonio Labordeta. [[Rumores]] Continúo. El Gobierno se está comportando de manera... [[Rumores]] El Gobierno se está comportando de manera hiperactiva en el terreno judicial, en el terreno de los tribunales, y esa hiperactividad se convierte después en paralización en el terreno político. Eso no nos lleva absolutamente a nada. ¿No se han dado cuenta de que con amenazas y con miedo no consiguen nada? Solo consiguen lo contrario. Consiguen retroalimentar a quienes se encuentran encantados políticamente de retroalimentarse en esta estrategia de conflicto permanente. Con su comportamiento, el Partido Popular y el Gobierno han decidido demostrar que son ciertas las leyes fundamentales sobre la estupidez humana de Cipolla. Me explico para que no haya ninguna mala intención. Ustedes, en estas recientes elecciones en Cataluña, han intentado actuar de manera malvada, según descripción de Cipolla; es decir, beneficiarse ustedes perjudicando a los demás. Y el resultado ha sido el contrario: se ha convertido en un comportamiento de incautos; se han perjudicado ustedes, en términos electorales, y encima han beneficiado a otros, a la candidatura Junts pel Sí y a Ciudadanos. Pero si grave es el comportamiento del PP, según las reglas fundamentales de la estupidez humana, mucho más lo es la del Gobierno, porque resulta que con su comportamiento está consiguiendo una cosa brutal: está consiguiendo la definición perfecta de la estupidez. Es decir, cómo queriendo hacer daño a los demás se hace daño también uno a sí mismo. Eso es lo que ustedes están haciendo con su comportamiento, hacerle daño al conjunto del país. Hoy lo inteligente es reconocer que, de una vez por todas, el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña debe tener un cauce democrático en referéndum; debe tenerlo. Señora Díez, no sirve el argumento de que las leyes están para cumplirse. [[Varios señores diputados: ¡Ah no!]] ¿Me dejan ustedes terminar? [[Rumores]] ¿Ni eso pueden soportar? ¿O ni la palabra pueden soportar? ¿Lo ven cómo al final me van a dar la razón?
Por favor, ruego silencio. Señor Coscubiela, siga usted con su discurso.
Vamos a ver. Las leyes están para cumplirlas, por supuesto, y para reformarlas por términos democráticos, pero también para forzarlas, si no, ¿cómo hubieran votado las mujeres en este país?, ¿cómo los trabajadores hubieran ejercido el derecho de huelga con una legislación que se lo prohibía y les metía en la cárcel? ¿Cómo? [[Una señora diputada: Cambiándolas]] Forzando, en términos democráticos, sí, respetuosos con respecto a la legalidad, pero forzando esa legalidad. No estoy justificando absolutamente nada. Estoy diciendo que hay algunos argumentos que son falaces desde esa perspectiva. Y lo que está haciendo la ciudadanía de Catalunya desde diferentes posiciones - yo, defendiendo el derecho a decidir en referéndum, otros, con la declaración lateral de independencia - es, sencillamente, forzar políticamente la negativa de ustedes a abrir paso a ese derecho a decidir. Espero que, de una vez por todas, la ciudadanía, con su voto, les expulse del Gobierno y dé una oportunidad al diálogo y la política. Por último, muchas gracias. Muchas gracias, señores del Partido Popular. Están ustedes consiguiendo más que nadie, más que un servidor, hacer buena la necesidad de un proceso constituyente en este país. Por este camino no vamos a ningún lado. Por este camino, ustedes demuestran más que nada que la fuerza que tuvo en su momento el proceso constituyente de la reforma constitucional y, sobre todo, de la transición, está más que agotado, como su manera de gobernarlo. Por lo tanto, es imprescindible y rápida una discontinuidad, una ruptura fuerte en términos económicos y sociales, en términos nacionales y en términos democráticos. Espero que pronto la ciudadanía de este país abra paso a lo que necesitamos, un proceso constituyente que de verdad consolide la democracia efectiva en nuestro país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. De acuerdo con lo establecido por los propios portavoces, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Gracias por su flexibilidad, señor presidente y gracias al colega Campuzano por lo mismo, y le pido disculpas a él y al colega del Partido Popular porque tendré que salir inmediatamente después de mi intervención. Estamos en un momento de la legislatura que invita a hacer balance, y esta proposición del Grupo Popular nos pone en bandeja hacer uno sobre si nuestras instituciones democráticas tienen mejor salud o más legitimidad ahora que hace cuatro años. Yo creo que no. Yo creo que el PP, no por tener mayoría absoluta sino a pesar de tener mayoría absoluta, ha hecho un uso de ésta que ha contribuido a menoscabar la ya maltrecha imagen pública y la legitimidad de nuestras instituciones. Es paradójico, porque es precisamente el hecho de tener mayoría absoluta la que aconsejaría actuar con toda la tranquilidad porque, al fin y al cabo, se van a ganar todas las votaciones. En el caso del PP ha sido al contrario: la mayoría absoluta - la que en teoría no necesita atajos - ha hecho uso de todo tipo de triquiñuelas, interpretaciones forzadas, abuso de procedimientos, plazos atropellados y otros muchos desprecios al regular funcionamiento de las instituciones. No hará falta insistir en el abuso descomunal de los decretos-leyes, forzar reuniones en fin de semana del Consejo de Estado, el recurso a las tramitaciones de urgencia, usar el Senado para meter enmiendas que no tienen nada que ver con la materia de la que se trate, proponer candidatos partidistas en órganos constitucionales e incluso regulaciones excepcionales, como la que se utilizó al inicio de la tramitación de esta propia iniciativa. Esta situación de progresivo deterioro, de erosión de la legitimidad de las instituciones es la que me lleva a hacer esta reflexión. Señorías, en un momento histórico en el que es tan difícil ponernos de acuerdo sobre los grandes relatos ideológicos de fondo, en un mundo sin asideros ideológicos firmes y compartidos, de repente la calidad de las instituciones y la seguridad de los procedimientos emergen como una de las pocas islas de certidumbre para el ciudadano y para las sociedades. Ya no podemos estar seguros de poseer las verdades absolutas de la religión ni de las ideologías totalizadoras clásicas, ni siquiera de un supuesto derecho natural universal, por lo que la verdad con minúsculas hay que construirla repetidamente mediante los procedimientos prefijados y en el seno de las instituciones. Lo único que nos permite garantizar que nos estamos acercando a esa verdad, aunque sea provisional e histórica, es repasar si hemos llegado a esa conclusión, a esa verdad con minúsculas, mediante un diálogo racional en el que hemos usado los procedimientos prefijados en el seno de las instituciones. Este patriotismo constitucional, este patriotismo de los procedimientos se está convirtiendo en uno de los pocos refugios seguros de una democracia moderna sin relatos mayoritariamente compartidos. Por eso son tan importantes en cualquier democracia el respeto al papel y el juego de las instituciones y el seguimiento estricto de esos procedimientos que nos aseguran una cierta verdad socialmente compartida. Eso es lo que se ha estado erosionando a lo largo de la legislatura con la actitud desprejuiciada del PP en la consecución de sus objetivos políticos de corto plazo. Es un modelo Panzerdivision o, en términos más castizos, un modelo tanqueta. Hernando, cójame la Brigada San Jerónimo y tómeme aquella colina, y sin hacer prisioneros; y el PP pone en marcha la picadora de procedimientos democráticos y escudriña las normas para buscar las interpretaciones más inesperadas y favorables a sus intereses, dejando, claro está, por el camino jirones de legitimidad de las instituciones y un cierto asombro de la ciudadanía. Las instituciones parecen monigotes de plastilina en las cada vez más nerviosas manos de una mayoría absoluta que sabe que va a dejar de serlo. Por eso las prisas, la falta de consideración y los empujones que hemos vivido al final de esta legislatura. Esta proposición de ley orgánica que hoy debatimos es otra muestra, ni siquiera la más maquiavélica, pero veamos la carga de profundidad que lleva en su interior. Hace pocos meses debatimos aquí otra reforma del Tribunal Constitucional, el recurso previo. En aquella ocasión, como se ha señalado, el PP no consideró que hubiera que aprovechar la ocasión para producir alguna reforma en materia de ejecución de sentencias, con toda la lógica, porque como se ha dicho repetidamente es un asunto que nadie, ni desde la política, ni desde la doctrina, ni desde el propio Tribunal Constitucional, había señalado como un problema para nuestro sistema político. Se consideraba universalmente desde la redacción original que la regulación era perfectamente suficiente, porque daba capacidad al Tribunal Constitucional para resolver cualquier cuestión en la ejecución de sus sentencias. Sencillamente no había caso. Por supuesto ningún portavoz de grupo fue contactado este verano para hacerle notar esa inexistente laguna normativa, y seguramente porque las vacaciones fueron cortas el PP no quiso molestar proponiendo consensos en reglas de juego esenciales. Nada de consenso: el recurso a la tanqueta. Tampoco fueron perturbados en su descanso estival el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado. Mejor no les molestemos en vacaciones; seguramente nos lo agradecerán. Así, las órdenes al PP eran: Hernando, sigilo; la tanqueta me la pone en modo vibración. Por eso efectivamente fue una sorpresa el anuncio de la proposición a principios de septiembre, en un momento en el que ya resultaba dudoso que pudiera tramitarse en tiempo. ¿Y a quién correspondió el honor de esa presentación pública? ¿Al colega Gómez de la Serna, al colega Bermúdez de Castro, al colega Hernando? No, la presentación la hizo el señor Albiol, candidato popular que se encontraba en Madrid y que seguramente no pudo escaparse al terrible acoso periodístico, y dijo aquella frase digna de Fernando VII: Se acabó la broma. Le faltó decir: Caminemos todos juntos, y yo el primero, por la senda de la ejecutividad constitucional. Los excesos escenográficos, colegas del Partido Popular, pueden estropear la mejor representación, y este de traerse a Albiol para participar en el teatrillo fue de los que les hizo a ustedes arrepentirse prontamente de la presencia de su candidato catalán. El Partido Popular despejó allí mismo, en presencia de Albiol, algunas dudas. Nos anunció que la tramitación lo sería por procedimiento de urgencia y en lectura única - la tanqueta, vamos, aunque con una pegatina catalana -. Lo que no pudo extrañar al Partido Popular es que todo el mundo se preguntara: ¿y esto, ahora, por qué? Pregunta que se contestaba por sí sola, como ha dicho todo el mundo, con la presencia del señor Albiol, que hasta ahora no se había caracterizado por ir proponiendo sutiles reformas jurídicas, ni siquiera acusando a los inmigrantes de su ciudad de estar impidiendo la ejecución de las sentencias constitucionales. De hecho, para recuperarse del bochorno, el Gobierno dejó caer que estaban trabajando en el asunto desde hacía ocho meses, una afirmación que se desmentía solemnemente con una somera lectura de la proposición por parte de un estudiante de segundo de derecho. Y para neutralizar el aroma catalán el ministro Catalá aseguraba que lo único que ha movido al Grupo Parlamentario Popular era la constatación de que el tribunal tenía algunas carencias en materia de ejecución. Literal: no es una reforma puntual para nada ni para nadie, insisto, no es una reforma ni para un proceso temporal ni para una materia concreta. La mejor prueba de que esta proposición de ley no tiene su origen en una sugerencia del Ministerio de Justicia es la crueldad con la que el Partido Popular pisoteó la tardía prudencia del ministro de Justicia, desmintiéndole en cada acto de la campaña catalana desde el mismo día que las pronunció, porque mientras el ministro seguía intentando achicar las críticas del mundo jurídico, los de la tanqueta seguían a lo suyo prometiendo a los catalanes, un día sí y otro también, que el Partido Popular iba a quitarse a Mas de en medio, a poco que este sacara una estelada en su propia cocina. No en vano algún periódico catalán usó la expresión la reforma Albiol para referirse a lo que estamos debatiendo hoy. Quizá de ahí el enfado del ministro de Justicia, que ayer nos descubrió el manejo gubernamental de los tiempos judiciales, quizá como una pequeña venganza contra la tanqueta. La reforma concitó con extraordinaria rapidez toda una cascada de críticas, las políticas y las nuestras lógicamente, pero también las académicas y las profesionales. Muy señaladamente se ha dicho - y no insistiré - por expresidentes del Tribunal Constitucional, varios magistrados y muchos catedráticos en la materia. Ni que decir tiene que el procedimiento tanqueta no gustó ni siquiera a los que podían ser un poco comprensivos con el fondo de la reforma. Fíjense, de todas las opiniones que el servicio de documentación de la Cámara me ha proporcionado para esta intervención, solo un autor, un penalista, defiende la reforma. No deja de ser revelador que todos los constitucionalistas consultados la critiquen, y que sin embargo desde la perspectiva del derecho penal, aunque aisladamente, se la haya defendido, porque la tendencia del Partido Popular a convertir cualquier parte de nuestro ordenamiento en derecho punitivo es una marca de identidad suficientemente conocida. La apoteosis de la soledad la representó aquí en esta tribuna hace quince días el portavoz del Partido Popular, desgañitándose sobre la conjura nacionalista e incapaz de defender medianamente lo que nos había convocado, es decir, esta reforma. Es lo que tiene ser el encargado de la tanqueta, que se mira el mundo por una mirilla de artillero y todo alrededor es sencillamente oscuridad. Y como el señor Hernando no pudo alegar aquí la autoridad de ningún constitucionalista nos citó - les recuerdo - a Cervantes, a Calderón, a Lorca, a Machado, a Santa Teresa o a Azorín, ninguno de ellos, que yo sepa, peritos en derecho procesal. Y para poner la guinda catalana, y que no se le pudiera acusar de otra cosa, citó a Dalí y a Josep Pla, que fue hasta donde llegó el recurso rápido a la Wikipedia. Más le hubiera valido al Partido Popular hacer un poquito de caso a Josep Pla y recordar que los experimentos se hacen con gaseosa y no con sustituciones, y nos hubiéramos ahorrado el engendro jurídico que tenemos sobre la mesa y que efectivamente parece una de esas pinturas oníricas de Salvador Dalí. Como se ha dicho aquí esta es una ley medida, una ley punitiva y preventiva con un solo destinatario. Esta ley es lo más parecido que se ha hecho en la política española al 'Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar', al menos desde la reforma penal dedicada al expresidente Ibarretxe. Pero es que además es una enorme torpeza política, porque ha alimentado el victimismo de aquellos a los que teóricamente se quería debilitar. Desde nuestro grupo tenemos perfectamente claro quién es el responsable de la deriva del nacionalismo catalán y las vergüenzas que el señor Mas quiere tapar envolviéndose en la bandera, desde la corrupción a la más desastrosa gestión gubernamental en Cataluña. Por eso nos molesta que en su estrategia electoralista ustedes usen este Congreso para dar gasolina a ese victimismo nacionalista más que previsible. No nos acusen de equidistantes. Ustedes, con esta proposición, han sido aliados objetivos - lo repito, aliados objetivos - de los nacionalistas en su obsesión de convertir a España en una caricatura de la que vienen todas las amenazas hacia Cataluña y todos los desprecios. La culpa no es de España. La culpa es de las estrategias simétricas de un Partido Popular ciclotímico que pasa rápidamente de la plácida indolencia a la amenazante hiperactividad, y de unos nacionalistas que necesitan este tipo de gestos para justificar la imagen distorsionada de España que están dando los catalanes. Y total, ¿para qué? Para que el señor Albiol, el del teatrillo del registro, se llevara un sonoro revolcón en las urnas. Se acabó la broma, dijo Albiol. Y lo que se había acabado era Albiol. La realidad es que el nuevo Partido Popular está engolfado en un anticatalanismo primario que alimenta gratuitamente el antiespañolismo de los nacionalistas. En la próxima campaña, de la cual este debate es un aperitivo, me apuesto a que van a citar ustedes más a Mas que a Rajoy. Si no al tiempo. Es lo que tiene mirar la realidad por una mirilla de artillero. La víctima propiciatoria, un Tribunal Constitucional que pasaba por allí, al que le ha caído el muerto, como decía Coscubiela. No nos vendan que está ustedes preocupados por la debilidad del pobre Tribunal Constitucional, y que ponen al Gobierno a su servicio para que pueda ejecutar las sentencias. Es al contrario. Ustedes utilizan al tribunal como instrumento para allanarles el camino y asumir decisiones políticas incómodas que les corresponderían a ustedes o a los próximos Gobiernos. Ustedes no están reforzando el Tribunal Constitucional, están usándolo de burladero para que las primeras cornadas se las lleve una institución ya sumida en una profunda crisis de legitimidad, y a la que lanzarla a la arena política va a acabar con el escaso prestigio que le queda. A ustedes, tan gallitos en estos discursos parlamentarios, con Santa Teresa y Santiago cierra España, en realidad les tiemblan las piernas ante la perspectiva de tener que utilizar los mecanismos constitucionales que ya tenemos. Ese es el verdadero riesgo de la operación al que me refería al principio con la deslegitimación de las instituciones. Peleémonos los partidos, pero preservemos a las instituciones y seamos escrupulosos con los procedimientos. A veces se nos acusa de reparto partidario de los candidatos a los órganos constitucionales, pero el verdadero problema no es ese origen parlamentario. El problema es el manoseo en el que ha convertido el Partido Popular la intromisión en la vida interna de algunos órganos constitucionales. Se empieza recusando a un magistrado para influenciar en una sentencia, y se acaba como se ha dicho mandando a un militante a presidir el Tribunal Supremo, continuas filtraciones, los retrasos por motivos partidistas en la renovación, el conocimiento de que algún magistrado había trabajado para el Grupo Popular. Antes se criticaban las decisiones del Tribunal Constitucional. Hoy se critica al Tribunal Constitucional incluso antes de haber tomado decisiones delicadas. Un tribunal - este, como el nuestro - de origen parlamentario tiene que ser muy cuidadoso en no meterse en la arena política, pero nosotros, los actores políticos, tenemos que ser muy cuidadosos en no encargarle asuntos que por su naturaleza no le corresponden, que es lo contrario de lo que hace esta reforma. Una sentencia sobre el aborto o sobre el divorcio va a tener una lectura inevitablemente política, pero esa es su función y para eso les pagamos. A lo que no les obliga la Constitución es a suspender a un representante popular legítimamente elegido, por ejemplo. Lo que quiero decir es que bastante tiene ya el Tribunal Constitucional con sus propias funciones constitucionales como para que ahora le metamos una bomba de relojería política en su renqueante funcionamiento. Supongamos que la tramitación de esta proposición hubiera contado con todos los beneplácitos, con todos los informes, sin ser un procedimiento de urgencia, sino normal. Aun así, la pregunta sería: ¿es conveniente cargar de funciones políticamente delicadas a un tribunal ya sumido en un preocupante proceso de deslegitimación? ¿Puede este concreto Tribunal Constitucional aquí y ahora asumir este zarandeo sin peligro de hundirse aún más en la imagen pública? O de otra manera, ¿está el Partido Popular tan desesperado que prefiere cargarse a esta institución si con ello araña algunos votos excitando el anticatalanismo y prometiendo sonoros autos de fe contra los secesionistas? Lo han dicho tantos portavoces que da pereza reiterarlo. Esta reforma lleva un alien en su interior, un cambio de naturaleza constitucional. Y no se trata solo de cambiar la naturaleza del Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional puede suspender a parte de un parlamento, ese parlamento podrá aprobar leyes con la minoría y podrá cambiar Gobiernos. ¿De verdad queremos al Tribunal Constitucional, con su actual fragilidad, metido en estos berenjenales políticos? Termino, señor presidente. La enorme paradoja de todo esto es la inversión de los efectos que se dicen buscar. Esta reforma va a alimentar el victimismo de los secesionistas catalanes, y de paso va a debilitar - quién sabe si definitivamente - a un frágil Tribunal Constitucional. Es un paso más en la erosión de las instituciones y de los procedimientos, sacrificados una vez más en esta legislatura en beneficio de unos intereses partidistas a corto plazo. Por eso pedimos la supresión de la reforma y la vuelta a la redacción original, porque es una inmadurez democrática que nos aleja de nuestros modelos cercanos. La diferencia entre Gran Bretaña y España es que si aquí a las seis de la mañana llaman a tu puerta, a lo mejor no es el lechero, a lo mejor es una tanqueta. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez Amor. Tiene ahora la palabra por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, en primer lugar, la señora Surroca.
Gracias, señor presidente. Señorías, iniciativas como esta lo único que hacen es alentar el desencuentro y la polarización de planteamientos en la cuestión catalana. Esta proposición de ley es un auténtico despropósito, ya lo dijimos en nuestra anterior intervención de toma en consideración de esta iniciativa. Pero además pone de manifiesto la incompetencia de este Gobierno para resolver la cuestión catalana; otro error más de este Gobierno y también en este caso del grupo que lo sustenta, que es en definitiva quien ha presentado esta iniciativa. Y la cadena de errores no cesa, señorías. Esta semana otro episodio: se cita como imputado al president Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consellera Rigau. Se les está sometiendo a un auténtico juicio político, señorías, una cuestión política, y por ello tienen que comparecer ante los tribunales. Desde Unió, además de expresar desde aquí nuestro apoyo y convencimiento de que las cosas se hicieron dentro de la legalidad, rechazamos nuevamente y de forma rotunda que el camino para resolver esta situación sean los tribunales. ¿Creen ustedes realmente que se va a resolver algo así? Estamos convencidos de que no. ¿Creen que es adecuado derivar la responsabilidad política de este Gobierno a los tribunales? Así no se va a resolver absolutamente nada, señorías, lo dijimos hasta la saciedad en la anterior intervención y continuaremos defendiendo ese mismo planteamiento. La judicialización del conflicto agrava la actual situación. Además hay que recordar que los propios miembros del Tribunal Constitucional han criticado que se les esté utilizando para resolver una cuestión que va mucho más allá de su función de intérpretes de la Constitución; incluso lo recoge una sentencia del Tribunal Constitucional, que se pronunció en relación con la declaración de soberanía del Parlament de Catalunya. Pero es que además ustedes siembran dudas sobre la independencia del Poder Judicial, señorías, y eso es un gravísimo error. Incluso el presidente del Gobierno ha tenido que salir al paso para desmentir que tuviera nada que ver con la citación como imputados del president, la exvicepresidenta y la consellera Rigau, que no tuvieron nada que ver en el momento de la toma de decisión de cuándo se tenía que llevar a cabo esa declaración judicial, un gigantísimo error, señorías. Desde Unió pensamos que esta es una reforma innecesaria, tanto en el fondo como en la forma, también creemos que desnaturaliza las funciones del Tribunal Constitucional, pero además lo instrumentaliza políticamente. ¿Por qué decimos que es una reforma innecesaria? Porque nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de los instrumentos suficientes para resolver las cuestiones de ejecutividad que se puedan plantear. Además los mecanismos actuales son plenamente respetuosos con todos los principios y garantías procesales. Esta reforma incluye enunciados superfluos como, por ejemplo, el artículo 92 que confiere al tribunal la potestad de acordar la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales o suspender en sus funciones, sin ni siquiera audiencia previa, a autoridades o empleados públicos. Por lo tanto lo que pretenden crear, señorías, es una jurisdicción de excepción; una excepcionalidad impuesta como norma, cuando la legislación actual garantiza un marco procesal suficiente para dar cumplimiento a las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional. Por otra parte, desde la perspectiva formal o de técnica legislativa, hemos de recordar - ya lo ha dicho también algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra - que esta proposición supone la reforma urgente de una ley orgánica que forma parte de la estructura básica del Estado; estamos ante una reforma que afecta al bloque de constitucionalidad. ¿Y cómo lo plantean? A través de una proposición de ley, ni siquiera la iniciativa surge del propio Gobierno. En consecuencia todo ello, ¿qué supone? Que se prescinde de los informes preceptivos de instituciones como el Consejo de Estado, cuyo criterio entendemos que hubiera sido de gran utilidad en una reforma de esta envergadura. Pero no solo esto, esta reforma va a prosperar con los únicos votos del Partido Popular. ¿No creen que una reforma que afecta al bloque de constitucionalidad requeriría un mayor consenso y una tramitación mucho más pausada en esta Cámara? Y por si quieren añadir más despropósitos presentan esta iniciativa a través del candidato del Partido Popular en las elecciones al Parlament de Catalunya, en plena precampaña electoral. Señorías, cuántos errores. Es otra iniciativa electoralista del Partido Popular. Primero lo hicieron pensando en las elecciones al Parlament de Catalunya, y ahora continúan la tramitación viendo el próximo objetivo, que son las elecciones de finales de año. ¿No sería, como dijimos ya en nuestra anterior intervención, mucho más fácil sentarse y hablar? Lo hemos hecho en otras ocasiones en las que la situación era mucho más compleja. Lo hicimos durante la transición, cuando se llegó a acuerdos, pero ahora miran hacia otro lado, dan la espalda a la situación de Cataluña, y están tensando cada vez más la situación. Saben ustedes perfectamente que así no se va a resolver nada. En lugar de sentarse a hablar lo que hacen es utilizar la justicia en cuestiones que son políticas. Desde Unió creemos - ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones - que la única solución es la política con mayúsculas, el diálogo, señorías. Esto no lo vamos a resolver de otra manera. Por esta razón nuestro grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad con texto alternativo, y nuestra propuesta alternativa no es otra que mantener el actual redactado. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado anteriormente ya hay mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional. En definitiva, señorías, la única solución es la política con mayúsculas y el diálogo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el mismo Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. En el debate de hace unas semanas el señor Macias les advertía de que cada vez que han utilizado a Cataluña como arma electoral les ha salido mal. Les anunciaba que les iba a salir mal en el conjunto del Estado español y lo que sabemos es que les salió mal en Cataluña este domingo. El acto electoral que consistió en la presentación de esta iniciativa de la mano del señor García Albiol se ha convertido en un acto electoral fallido. El Partido Popular ha visto no tan solo que las opciones que están a favor de la independencia ganaban las elecciones, sino que el conjunto de las formaciones que rechazan hoy en esta Cámara esta iniciativa representan a la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Ello les debería obligar, en un ejercicio de respeto a esa realidad, a que aceptasen nuestras enmiendas de devolución y a que cerrasen esa carpeta que no va a llevar a ningún sitio, aunque me temo mucho que no lo van a hacer. Señorías, el debate está poniendo de manifiesto dos cosas. Una, que la cuestión catalana hoy es la cuestión democrática, de cómo este Estado - y en concreto este Gobierno - es capaz de encarar el reto democrático que le lleva planteando hace tiempo la sociedad catalana. La cuestión es si son capaces de escuchar, de entender lo que está sucediendo en Cataluña y a eso darle la respuesta que una sociedad madura, democrática, consolidada, que un Estado de tradición democrática fuerte debe dar, que es abrir la vía que permita por la democracia dar salida a esa demanda. En estos últimos años les hemos puestos los ejemplos evidentes de cómo las sociedades cultas, democráticas, civilizadas, resuelven ese tipo de conflicto. Ejemplos canónicos son Canadá y Reino Unido. De cómo el conjunto de la Cámara en los próximos tiempos sea capaz de contestar a la cuestión catalana vamos a situar el nivel de la democracia en este Estado. Si después de cuarenta años de democracia el Estado español es incapaz de dar salida democrática a la demanda catalana es que la democracia está fallando en España. Y en ese fallo de la democracia en España hay un actor que explica el problema que tenemos, y es que la derecha continúa instalada en una cultura autoritaria. Es quizá el problema político más grave que tiene España: una derecha que en lugar de entender la diversidad, la pluralidad, la legitimidad de todas las opciones que defendemos desde estos escaños pretende que, a través del Código Penal y de esta modificación, se resuelva la cuestión catalana, la demanda catalana. Es una cultura autoritaria. Si uno se remonta a cuál ha sido la trayectoria de la derecha española, de los conservadores españoles durante el siglo XIX y el siglo XX, quizá en estos cuarenta años la derecha española aún no ha hecho el proceso de aggiornamento que debería haber hecho hace tiempo. Pensábamos que la derecha española había recorrido el camino hacia una actitud liberal, ante la diversidad de opciones, ante el conflicto político, pero la derecha española continúa instalada en la misma cultura política que nos ha llevado históricamente a los desastres que nos ha llevado. La cuestión catalana es la cuestión democrática y la derecha autoritaria es el problema que tiene este Estado. Señorías, sobre el contenido de la proposición de ley voy a reiterar argumentos que otros portavoces han expresado. Estamos ante una propuesta que es contraria a la Constitución; amplía las funciones del Tribunal Constitucional en un esquema no previsto en nuestra Constitución; es una propuesta que hiere de muerte a un tribunal ya muy desgastado y muy tocado, lo hiere; no permite que el Tribunal Constitucional juegue ese papel de intérprete de la Constitución en clave de moderación y de integración, y lo convierte en un tribunal de orden público. Es una proposición de ley que pretende resolver un problema que no existe. El tribunal tiene medios para hacer ejecutivas sus sentencias y tiene el riesgo además de caer en los errores que también se produjeron en la II República con el Tribunal de Garantías Constitucionales. Deben recordar que el president Companys fue juzgado por ese Tribunal de Garantías Constitucionales después de los hechos de octubre de 1934. Cuando en esta Constitución se quiso evitar que el Tribunal Constitucional tuviese las características de un tribunal que también tuviese capacidad de hacer ejecutivas sus sentencias, como se hizo entonces, fue para impedir los errores que se produjeron en aquel entonces. Muy poca memoria histórica parecen tener. Continúan instalados en esa idea autoritaria de la política. Se ha dicho, el absurdo de este texto legislativo es que podría llevar, por ejemplo, a que el señor Alonso fuera suspendido de sus funciones por los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia del 0,7 % del IRPF. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. Es un verdadero absurdo. Lo dijimos en el debate. Esta es una propuesta ad personam, orientada a intentar liquidar, política y personalmente, al presidente Mas y continúan sin entender absolutamente nada. La cuestión no es el presidente Mas. La cuestión son los cerca de 2 millones de personas se han autodeterminado. La cuestión es que cerca de 2 millones de personas sentimentalmente hace tiempo que han desconectado. Por tanto, si este despropósito llegase a tener impacto y el presidente de la Generalitat fuese suspendido en sus funciones o la querella que se está tramitando llegase a buen puerto, no van a resolver la cuestión. La realidad viva de Cataluña, la voluntad viva de los ciudadanos de Cataluña va a continuar expresándose. Termino, señor presidente. Estamos en el siglo XXI, estamos en Europa, y en el siglo XXI y en Europa, por suerte, los retos políticos como los que estamos planteando desde Cataluña tan solo se resuelven con democracia, con aceptación de la posición del otro, con capacidad de diálogo y escuchando a la gente. Hoy van a imponer su mayoría, pero el tiempo histórico les recordará que se equivocaron en este final de 2015, y quizás algunos de ustedes tengan vergüenza de ello. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
Gracias, señor presidente. Señorías, como cuestión previa, querría solicitar de la Presidencia que se adopten las medidas disciplinarias reglamentariamente procedentes más contundentes respecto de la actitud intolerable del señor Cuadra en esta tribuna. [[Aplausos]] No voy a entrar en la excrecencia política de lo que significa su discurso, pero sí voy a pedirle y a reiterarle al presidente que actúe con contundencia. Señorías, no es verdad que esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sea inconstitucional. No es verdad que altere la naturaleza de nuestro Tribunal Constitucional. No es verdad que suponga dinamitar la institución, como se ha dicho. Yo pediría en estas cuestiones, por mor de mantener la relevancia de la institución y de no erosionarla, un poco de moderación en el juicio. Una cosa es dar una opinión desde una tribuna de periódico o desde una cátedra de la universidad y otra actuar desde las instituciones y gobernar un país. Comprendo que el Partido Socialista en este tema haya optado por el toreo de salón, pero nosotros no estamos aquí, los ciudadanos no nos mandan a esta Cámara para dar teóricas al resto de los grupos parlamentarios. Nosotros estamos aquí para dar fortaleza democrática a nuestras instituciones y para armar jurídicamente a nuestras instituciones frente a lo que, en palabras de don Alfonso Guerra, es un golpe de Estado a cámara lenta en toda regla. Nosotros preferimos una democracia segura de sí misma, con instituciones fuertes que puedan estar a la altura de los desafíos, y no una democracia acomplejada y débil. Cuando uno se embarca en una estrategia política que consiste en regalarle la tercera ciudad de Barcelona a un grupo que recauda dinero para los presos de ETA, cuando uno se embarca en una estrategia política que supone darle las cinco grandes ciudades españolas a un movimiento radical partidario del derecho de autodeterminación o cuando uno se embarca en una aventura y en una estrategia política que suponen introducir a más de 40 ayuntamientos de Cataluña en la Asociación de ayuntamientos por la independencia, como ha hecho el Partido Socialista, ¿cómo quieren que nosotros esperemos de ustedes algo más o algo distinto que la oposición frontal e irracional a esta propuesta? [[Aplausos]] No es verdad, señorías, contra lo que se ha dicho, que los operadores jurídicos se hayan rasgado las vestiduras con esta reforma. No es verdad que la doctrina se haya posicionado en contra. Es completamente falso. No es verdad que no haya constitucionalistas que estén respaldándola. En primer lugar, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales la han respaldado explícitamente en los medios de comunicación. En segundo lugar, catedráticos de tanto relieve y tan clásicos de Derecho Constitucional en España como Jorge Esteban o como Francesc de Carreras - que además tiene la sensibilidad catalana - la han respaldado expresamente en lo que se refiere al fondo. Magistrados del Tribunal Supremo de tanto prestigio como el señor Requero la han respaldado expresamente. Expresidentes de la Audiencia Nacional la han respaldado expresamente. Un exvicepresidente del Tribunal Constitucional de la trayectoria jurídica del señor Rodríguez Arribas la ha respaldado explícitamente. Un catedrático que no es sospechoso para ustedes desde el punto de vista ideológico, como el señor Gimbernat, la ha respaldado explícitamente. Por lo tanto, no se trata de que vengamos aquí a echarnos unos a otros la doctrina jurídica a la cabeza. Se trata de que esa arrogancia jurídica con la que ustedes han abordado este debate es absolutamente improcedente y está completamente fuera de lugar. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]] Quisiera responder con toda calma - y espero que con objetividad - a las cinco objeciones fundamentales que se han venido oponiendo a la reforma que tramitamos aquí. La primera objeción es que la reforma es innecesaria y se dice que es innecesaria porque el Código Penal, la vía penal, el Tribunal Constitucional, los mecanismos jurídicos o jurisdiccionales del auxilio ordinario son perfectamente suficientes para abordar este tipo de cuestiones y resolver este tipo de incidencias. En lo que se refiere a la cuestión penal, baste decir que la consecuencia jurídica de la comisión de cualquier delito no es la ejecución de la resolución que se pretende incumplir sino la sanción. No es sustitutivo, es complementario. Una cosa es una medida cautelar que pretende garantizar que se ejecute una resolución y otra cosa es la sanción de un tribunal, que es el reproche jurídico frente a un incumplimiento. Por lo tanto, son cosas completamente distintas, son complementarias, no son alternativas. En segundo lugar, las medidas cautelares existen en el resto del ordenamiento jurídico con total normalidad. En tercer lugar, en cuanto a la vía del ministerio fiscal como medida alternativa a la reforma que nosotros introducimos, baste recordar que el 21 de noviembre de 2014 el ministerio fiscal inició y planteó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que diez meses después estamos como estamos. Se celebró una pseudoconsulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, sin que la resolución se pudiera aplicar como era preceptivo, en un acto de rebeldía no democrática sino de rebeldía inconstitucional. En cuanto a las vías del auxilio ordinario, las vías del auxilio ordinario sirven para situaciones ordinarias, y ustedes lo saben, sirven para incumplimientos puntuales respecto de las resoluciones de los tribunales, incluso también del Tribunal Constitucional. Para la que no sirven es para una estrategia desplegada desde el representante ordinario del Estado en una comunidad autónoma para liquidar un Estado constitucional amparándose precisamente en la falta de ejecutividad inmediata de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Segunda objeción: el Gobierno utiliza el Tribunal Constitucional para no utilizar el artículo 155 de la Constitución. El señor Esteban no está pero, señores del PNV, cosas veredes. No me esperaba yo que ustedes apelaran al 155 para contravenir la reforma que estamos poniendo en marcha. [[Aplausos]] No se trata de que el Tribunal Constitucional sustituya al Gobierno. No se trata de que ninguna de las facultades que constitucionalmente le corresponden al Gobierno o al Senado en el artículo 155 pasen al Tribunal Constitucional, no. Les recuerdo que el 155 queda absolutamente intacto y a disposición del Gobierno y del Parlamento. De lo que se trata es de que el Tribunal Constitucional va a contar con medidas cautelares suficientes para garantizar el cumplimiento de sus sentencias y de sus resoluciones. Se trata por tanto de tapar una grieta que existía en el sistema jurídico, máxime cuando desde las instituciones del Estado - porque la Generalitat también es una institución del Estado - los secesionistas persiguen la liquidación del país. Por lo tanto, se trata de que el Tribunal Constitucional pueda hacer efectiva la facultad que le concede el artículo 117.3 de la Constitución, la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, que se la concede a todos los tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, y no solamente del Poder Judicial. Se trata de que el Tribunal Constitucional garantice algo tan importante para un Estado de derecho como la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución y se trata de que el Tribunal Constitucional pueda garantizar y hacer efectivo el mandato del 164.1 de la Constitución, es decir, que sus resoluciones tienen efectos frente a todos, también frente al presidente de la Generalitat. Por último, el supuesto de hecho es completamente distinto. El artículo 155 se refiere a la actuación ilegal, inconstitucional, gravemente dolosa para el interés general de España, mientras que la reforma que nosotros introducimos se refiere a un incumplimiento, a cualquier incumplimiento de cualquier tipo, en cualquier ámbito sectorial, de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Tercera objeción: la reforma altera la naturaleza del Tribunal Constitucional. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no es el legislador negativo como se ha dicho aquí. Es mucho más en España que el legislador negativo. No solamente se ocupa de limpiar de leyes inconstitucionales el ordenamiento jurídico, no solamente se ocupa del recurso de inconstitucionalidad. También se ocupa de los conflictos de competencias, de los recursos de amparo, de las cuestiones de constitucionalidad, etcétera. Es mucho más que el legislador negativo. Es - también en palabras de Kelsen - el defensor de la Constitución y como defensor de la Constitución debe concentrar todos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales. En todo caso, lo que no puede ser es que un poder constituido, como es la Generalitat, pueda erigirse en sustituto del Tribunal Constitucional y escoger las sentencias y las resoluciones que debe cumplir y las que puede saltarse a la torera. [[Aplausos]] No es que la Constitución española no previera esta función del Tribunal Constitucional de ejecutar sus resoluciones, porque la ley orgánica, en su artículo 92, el actualmente vigente, ya contiene de manera indiciaria, a modo de principio, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda intervenir en la ejecución de sus sentencias; por lo tanto, está puesto de manera indiciaria. Lo que hacemos nosotros es articular y dotar de instrumentos mucho más garantistas para el propio Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. En tercer lugar, ¿me quieren ustedes decir que el Tribunal Constitucional austríaco, que es el kelseniano puro, o el Tribunal Constitucional alemán, de un Estado federal, en el que se inspira nuestro Tribunal Constitucional, no son democráticos? ¿Me quieren ustedes decir que ninguna de esas dos repúblicas federales son repúblicas democráticas? ¿Me quieren ustedes decir que el hecho de que no esté regulada en la Constitución la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional impide su ejecución, de manera que nada de lo que no está en la Constitución no se puede regular en este país? ¿No podemos regular derechos de nueva generación, por ejemplo, porque no estén en la Constitución? Un poco de seriedad a la hora de afrontar los temas. Señorías, si la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hubiese contenido ya esta reforma, ni se habría llegado al incumplimiento charlotesco de las urnas de cartón del 9 de noviembre, ni el presiente Mas podría decir ahora, con absoluta mala fe y con una ignorancia oceánica deliberada que es además una tomadura de pelo, que el Tribunal Constitucional no le dijo cuál de sus resoluciones había que suspender, y no se habría producido porque ya el Tribunal Constitucional habría suspendido al señor Mas, que no habría sacado las urnas a la calle, y hoy no estaríamos soportando el bochorno, el espectáculo bananero de ver a un presidente de una comunidad autónoma y a su corte de los milagros, y ahí los incluyo, señor Tardà y señor Coscubiela, que están juntos, envueltos, en pleno ataque de nervios, en la bandera de Cataluña. Es tan grosero, es tan zafio, es tan elemental que produce una grima democrática indescriptible, viéndoles a usted montar este numerito en torno a la bandera de todos los catalanes. Cada vez que ustedes hacen eso aproximan Cataluña a una república bolivariana. Cada vez que hacen ustedes eso están poniendo en ridículo la realidad histórica, cultural y política de Cataluña y están ustedes faltando al respeto a los catalanes. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]] Señorías, me hago tres reflexiones muy sencillas que creo que todos, cualquier ciudadano, somos capaces de contestar. Se las hago a la ciudadanía. Primera, ¿por qué un país democrático como España, miembro de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas y de todos los organismos intergubernamentales e internacionales democráticamente homologados en el mundo, tiene que cruzarse de brazos mientras el representante del Estado en Cataluña se permite el lujo de desacatar las resoluciones del Tribunal Constitucional en una estrategia de liquidación de nuestro país? ¿Por qué tenemos que cruzarnos brazos? Segunda, ¿por qué un país como España tiene que renunciar a elementos de fortalecimiento democrático de sus instituciones que tienen países democráticos como Alemania o como Austria? Tercera, ¿por qué la sociedad española tiene que soportar que algún responsable político se permita el lujo de no cumplir con las resoluciones y las sentencias de los tribunales mientras todos los demás ciudadanos tienen que cumplirlas, aunque no les parezcan justas? ¿Por qué las comunidades autónomas que ustedes desprecian porque no son del 151 tendrían que cumplir las sentencias, las resoluciones del Tribunal Constitucional y ustedes no? ¿Por qué? Voy a hacer una consideración política que quisiera dirigir brevemente al Partido Socialista, porque el otro día sacaron aquí fotos y nos acusaron de haber boicoteado el Estatuto de 2006, etcétera. Primero, son ustedes los que suprimieron en el año 1985, de manera absolutamente unilateral y vía proposición de ley, es decir, sin informe del Consejo de Estado, el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, y de ahí viene todo esto. Segundo, son ustedes, con el célebre jurista y profesor Rodríguez Zapatero, los que montaron el lío de la reforma del Estatuto de Autonomía rompiendo por primera vez en la historia de España el consenso con el principal partido de la oposición, negociando a oscuras y en secreto con el señor Mas, traicionando incluso a su propio partido en Cataluña - acuérdense de la reacción y del enfado del señor Maragall -, y son ustedes los que pasaron por primera vez en la historia democrática de este país de un estatuto de consenso a un estatuto de exclusión. [[Aplausos]] Por lo tanto, no vengan aquí dándoselas ahora de que tienen los mecanismos de resolución del conflicto, como ustedes lo llaman. Ustedes incendiaron esta cuestión y no pueden presentarse como el bombero pirómano en este momento. [[Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben]] Termino ya, si me dejan. Si quieren, termino.
Por favor, no interrumpan al orador. Termine usted, señor Gómez de la Serna.
Gracias, presidente. El mundo civilizado - los europeos, los norteamericanos, los canadienses - contempla atónito y estupefacto la actitud de las autoridades de la Generalitat. Están ustedes convirtiendo políticamente Cataluña en una anomalía, en una extravagancia, en una cosa rara. ¿Qué es esto de la desconexión, como si Cataluña fuera un electrodoméstico? [[Risas]] ¿Qué es esto de la desconexión, si cuando uno desconecta el que muere es el electrodoméstico, no la red? ¿Qué tontería es esta? ¿Quién les va a respetar eventualmente fuera de España con esta manera de actuar políticamente? Por eso no les ha apoyado ni uno de los ciento noventa y tres Estados de Naciones Unidas. Por eso no han obtenido un solo reconocimiento internacional. Por eso la comunidad internacional les ha vuelto la espalda. No hay justicia, señorías, si los poderes públicos no cumplen las resoluciones. El desacato consentido es el final del orden jurídico y eso, mientras este grupo parlamentario sostenga al Gobierno de España, no va a suceder. Con otros no lo sé. Con nosotros tengan la garantía de que no va a suceder en ningún caso. Muchas gracias. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. [[La señora]]
Gracias, señor presidente. Señorías, traemos hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Se trata de un conjunto de medidas que precisan de una urgente aprobación, lo que justifica la elección de este procedimiento por parte del Gobierno. Me gustaría destacar en primer lugar las medidas en materia de empleo público que incluye este real decreto y que van desde la recuperación de parte de la paga extra retirada en diciembre de 2012 a la restitución de diversos días libres a los funcionarios. Como saben sus señorías, la crítica situación en la que se encontraba España, la economía española al comienzo de legislatura, en el año 2012, movió al Gobierno a adoptar numerosas iniciativas para corregir los desequilibrios que nos afectaban. En este sentido, aprobamos una amplia y compleja estrategia para combatir con rapidez, a modo de plan de choque, el elevado déficit de nuestras administraciones públicas. El déficit era uno de los factores que habían situado a España ante un escenario que entonces parecía empujarnos inevitablemente al rescate financiero. De haberse materializado ese rescate, no solo habría dañado de una manera demoledora la imagen y la credibilidad de España, de nuestra economía, sino que habría provocado también la pérdida de autonomía de la política del Gobierno y habría supuesto tener que afrontar recortes sociales extremadamente graves y profundos como hemos visto que pasa en otros países europeos. Entre las medidas adoptadas para rebajar el gasto público y contribuir así a la reducción del déficit, el Gobierno decidió aplazar el cobro de la paga extra de diciembre de 2012 a todos los trabajadores públicos dependientes de las distintas administraciones. Aquel día del mes de julio, cuando defendí aquella medida desde esta tribuna, expliqué que no se suprimía la paga, que se desplazaba en el tiempo el cobro de esa paga. Por eso hoy puedo volver a esta tribuna a decir que estamos cumpliendo con lo que en aquel momento dijimos y a lo que emplazamos, en concreto a los funcionarios públicos, a los que habíamos explicado a través de sus representantes sindicales que la intención del Gobierno no era reducir su retribución, sino aplazar en el tiempo el cobro de la misma, como ahora, en el año 2015, estamos cumpliendo, ahora que tenemos un escenario de control del déficit público que lo está permitiendo - como ahora insistiré - a partir de las cifras que se publicaron hace dos días y que, en cumplimiento con la transparencia en términos de contabilidad nacional de la contabilidad pública de nuestro país, amparan las medidas que hoy estoy proponiendo a la Cámara. No tenía que ver aquella retirada de la paga de diciembre de 2012 con lo que sufrieron los funcionarios públicos con el último Gobierno socialista, que recortó sus nóminas al tiempo que congelaba las pensiones públicas. Aquello sí era una medida permanente, aquello era una rebaja salarial, que fue de un 5 % de media e hizo que los funcionarios perdieran su poder adquisitivo. Por ese motivo, el Gobierno anunció ya entonces que una cosa era aplazar el cobro de la paga extra y otra cosa muy distinta era suprimirla y no se estaba suprimiendo en las medidas que adoptamos en esta Cámara en julio del año 2012, de manera que ahora que la situación económica y el control del déficit, y también del control del déficit de las distintas administraciones públicas, lo permiten, estamos haciendo frente a esa devolución que comprometimos en el momento más difícil de nuestro país, como fue aquel verano del año 2012. Asimismo, dentro de esa política de reducción del déficit público, aprobamos la congelación de las plantillas del personal del sector público, que habían crecido de manera desmesurada en los años de crisis económica, en contraste con lo que estaba sucediendo con el empleo en el sector privado, donde veíamos que la destrucción de puestos de trabajo - tres millones y medio en la legislatura anterior - contrastaba, en términos de peor calidad, con el ensanchamiento de las plantillas en el sector público. Aquello era sencillamente infinanciable y, por lo tanto, estaba pesando sobre las arcas públicas en una política completamente equivocada por parte del Gobierno socialista anterior. La congelación de las convocatorias de nuevas plazas en la Administración, donde solo se permitió inicialmente una tasa de reposición del 10 % en sectores fundamentales, se compensó con una mayor presencia de los funcionarios también en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, promovimos la reducción del número de días de permiso por asuntos particulares y de vacaciones para que el trabajo interno de la Administración y la atención al público se resintieran lo menos posible. Este real decreto-ley de hoy corrige aquellas medidas adoptadas en la Función pública, y las corrige cuando - insisto - las condiciones económicas y en concreto las condiciones presupuestarias lo permiten, una vez que la política económica aplicada estos años ha permitido corregir, reorientar e incluso hacer desaparecer buena parte de los desequilibrios que obligaron a tomar las mismas. Ayer conocíamos la balanza de pagos de España hasta julio. Ayer conocíamos que España registraba una capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2 % del producto interior bruto, en el mismo año en el que nuestra economía está creciendo gracias a la recuperación de la demanda interna, y veíamos que es posible mantener el saldo financiero externo por primera vez en nuestra historia, haciéndolo compatible con el crecimiento de la demanda interna de manera sostenida, gracias al ahorro procedente de las administraciones públicas, que compensaba el menor ahorro procedente del sector privado, porque obviamente también en él se está recuperando la inversión. Esto es lo que hace creíble y sostenible la política económica que nos está llevando a corregir los desequilibrios económicos de nuestro país. Entiendo que lo que acabo de resumir no es comprensible en términos de gran opinión pública, pero es la clave del cambio económico que está viviendo España. Precisamente la necesidad de financiación frente al resto del mundo, que en el año 2007 llegó a estar en el 10 % de nuestro producto interior bruto, nos hizo entrar en la profundísima crisis que el Gobierno de entonces no quiso reconocer. Muchos analistas tampoco quisieron reconocer las consecuencias de una crisis que se cernía sobre nosotros por ese déficit exterior, por esa necesidad de financiación de España frente al resto del mundo. Eso es lo que estamos corrigiendo; para eso sirve reducir el déficit público. Por eso, cada vez que reducimos el déficit público crecemos más y se crea más empleo en España y por eso hoy este decreto-ley viene a reconocer a quienes han sido los artífices, los funcionarios públicos, que han sostenido la oferta y la calidad de los servicios públicos. Ahora, cuando estamos registrando esas condiciones económicas, podemos devolver el esfuerzo a estos funcionarios y decirles que tienen todo el derecho a encontrar una recompensa por haber aportado tanto para darle la vuelta a la economía española, por cierto, en un tiempo récord, ganando a todos los pronósticos. Estos días hemos visto cómo las agencias de calificación mejoran los pronósticos de crecimiento de España para este año. Todos los analistas, dentro y fuera de España, revisan al alza las previsiones de crecimiento económico. Si se quiere entender así, este real decreto-ley viene a corregir lo que hicimos en julio del año 2012. Lo hicimos en el momento en el que había que hacerlo, tomando decisiones que entonces eran las únicas que nos podían sacar de la crisis, como estamos comprobando efectivamente a lo largo de este año 2015. En consecuencia, las medidas de política económica que contiene este decreto-ley se refieren en primer lugar al capítulo de modificaciones presupuestarias e incluyen, por un lado, la concesión de varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado por un importe de 630.571.641,30 euros. Se introduce un suplemento de crédito en el presupuesto de la sección 31, por importe de 252 millones de euros. Este dinero servirá para financiar la recuperación de parte de aquella paga extraordinaria de los empleados públicos correspondiente al año 2012. Recuerdo que la devolución de la citada paga extra comenzó en enero de este año y ahora va a continuar en el mes de octubre en la Administración General del Estado. En la primera parte del mes de octubre los funcionarios de la Administración General del Estado recibirán este cuarto de paga en una nómina diferente de la nómina general que reciben mensualmente. La devolución se hará completa el año próximo, como así prevén los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que actualmente se tramitan en el Senado. La regulación de esta devolución tiene carácter básico y potestativo, de manera que el resto de las administraciones públicas decidirá si acuerda el pago en función de cuál sea su situación económica y financiera. Como he dicho hace unos minutos, con la devolución de esta nueva parte de la paga extra, el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente el compromiso que adquirió en su momento con los trabajadores públicos y con sus representantes sindicales. Dijimos que ese dinero se devolvería y ahora lo estamos cumpliendo; ya lo empezamos a cumplir a comienzo de año. Hay quienes interpretan que esto tiene que ver con que estamos a final de legislatura, pero con lo que tiene que ver - insisto - es con la recuperación económica, que es una realidad tangible que no existía anteriormente; tiene que ver con la mejora del margen de las finanzas públicas, en concreto, de las finanzas del Estado, que hoy pueden realizar esos desembolsos. Además, esta nueva situación, que incluye una mayor recaudación, ha permitido adelantar al mes de julio parte de la rebaja fiscal que habíamos programado por ley que entraría en vigor en el IRPF en enero de 2016 y que ya está aplicándose en las nóminas, en las pensiones, en las retenciones de funcionarios públicos, pensionistas y trabajadores del sector privado. A estas alturas del año podemos decir que ha entrado plenamente en vigor. ¿Cómo se están comportando los presupuestos del Estado que amparan estas decisiones? Conocíamos esta misma semana el resultado de la posición del Estado en términos de contabilidad nacional cerrada a agosto. Agosto ya incorporaba en las nóminas de los trabajadores de la Administración General del Estado la bajada del IRPF, la segunda del año, que se traduce en una nueva tarifa y por tanto en las nuevas retenciones a la baja del IRPF. ¿Cómo va la recaudación del Estado en el periodo que va de enero a agosto? La cifra de incremento de esa recaudación tributaria, en términos de contabilidad nacional, es del 6,7 %. Hay que tener en cuenta que de enero a agosto, a través de la bajada de impuestos, hemos inyectado en los bolsillos de los contribuyentes del orden de 3.000 millones de euros y la recaudación tributaria está subiendo - insisto - en términos de contabilidad nacional casi un 7 %, lo cual testimonia que estamos haciendo la política presupuestaria que hicimos en los tiempos en los que fuimos Gobierno anteriormente, la política que hicimos en los años 1999 y 2003, una política que está funcionando otra vez para estimular la actividad económica, crecer, crear empleo y a su vez ensanchar las bases imponibles. Señorías, es un dato muy relevante, que por supuesto no ha aparecido en ningún medio de comunicación. Los titulares han hablado del déficit de las comunidades autónomas. Yo insisto desde la tribuna para tratar de convencer a alguien de la importancia que tiene leer correctamente los datos que publica cada mes nuestra contabilidad nacional e invitar a los medios de comunicación a que reflejen la evolución real de la contabilidad nacional de nuestro país. Esto es lo que sostiene ese cambio económico, lo que hace consistente la política económica que estamos aplicando y ampara medidas como esta que estamos llevando adelante. En concreto, en el mes de agosto el déficit del Estado - componente Estado - se situó en el 2,53 % del producto interior bruto. Eso significa que, comparado con los ocho primeros meses del año anterior, en el periodo enero-agosto del año 2014 el déficit del Estado ha bajado nada menos que un 21,9 %, casi un 22 %, teniendo en cuenta que ya habíamos abonado la primera parte de la paga en el mes de enero. Este marco presupuestario -22 % de bajada del déficit del Estado - tampoco ha merecido ningún titular, pero hay que explicarlo, hay que estar en ello. Todos los titulares han sido que las comunidades autónomas no cumplen, pero está cumpliendo el Estado y al cumplir y explicarnos por qué cumple estamos anticipando la financiación de los otros subsectores del Estado español, de la Administración española. Es muy relevante lo que está ocurriendo, porque lo que estamos leyendo es el comportamiento del conjunto de las administraciones públicas de España. Ahora, con estos datos, con estos hechos, tomamos decisiones y estamos seguros de que estas decisiones, que suponen por un lado mayor gasto - la devolución de paga -, van a ser coherentes con los objetivos de reducción del déficit público, como estamos consiguiendo mes a mes. En cuanto a los días de permiso, los días conocidos como de libre disposición, este real decreto restituye la situación que había en 2011, tanto en los permisos por asuntos particulares como en los permisos por asuntos particulares por antigüedad y en los días adicionales de vacaciones por antigüedad. Eso lo podemos hacer, insisto, una vez que hemos cambiado la tasa de reposición para este año y alcanzado un número total de empleados públicos en España similar al que teníamos en el año 2004. Hemos ido a tasas de reposición del cien por cien de plantillas públicas y, una vez que las hemos implantado, podemos devolver esa rebaja del número de días de libre disposición, de días de vacaciones de una forma totalmente ahormada y coherente con nuestros planteamientos de políticas públicas. Y me gustaría insistir en el suplemento de crédito que he descrito. Hablo de suplemento de crédito porque se ha entendido algo así como que el Gobierno de España para devolver la paga extraordinaria tenía que hacer una emisión de deuda. No; lo hemos incluido en los objetivos de déficit, es decir, lo hacemos porque el Estado, la Administración General del Estado, va a alcanzar sobradamente el objetivo de déficit programado. No es así como se ha difundido y esto tiene mucha importancia en el debate político con las comunidades autónomas, con las administraciones locales y demás. Lo estamos haciendo cuando hemos encajado nuestro objetivo de déficit y por tanto lo estamos haciendo como siempre lo hemos hecho, pautada y coherentemente. Lo que estamos habilitando es un suplemento de crédito. Volviendo a las modificaciones presupuestarias, tengo que reseñar que, junto al suplemento de crédito dedicado a la devolución de la paga extra, existen créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 262 millones de euros destinado al Ministerio de Fomento. La mayor parte de este dinero corresponde a obligaciones de ejercicios anteriores, por importe de 251,3 millones de euros. Se trata de inversiones emprendidas por la Dirección General de Carreteras, que afectan a expropiaciones, intereses de demora, revisiones de precios y certificaciones y liquidaciones finales. Además, otros 31 millones de euros van destinados a financiar mayores gastos de los inicialmente previstos en las actuaciones realizadas por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para luchar contra la contaminación del buque Oleg Naydenov, que saben que se hundió en las proximidades de las Islas Canarias. Asimismo, se incluyen créditos extraordinarios y suplementos de crédito por 76 millones de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De esta cantidad, 40 millones corresponden al pago del IBI de embalses de titularidad estatal y otros bienes, y 36 millones a certificaciones, revisiones de precios, expropiaciones y otras inversiones de la Dirección General de Agua. Finalmente, este real decreto-ley contiene un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa, por importe de 20 millones de euros, destinado a la adquisición de vehículos tácticos y logísticos. Hay que tener en cuenta que el ejército español participa activamente en misiones en el exterior para la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz, y que en muchas de estas se necesita disponer de determinados vehículos blindados. Las restricciones presupuestarias de estos años han hecho que se hayan utilizado los vehículos disponibles de un modo intensivo, hasta el límite de su ciclo operativo, por lo que en este momento es necesario adquirir noventa y dos de estos vehículos, tanto para destinarlos a las misiones como para poder adiestrar en el manejo de los mismos al personal encuadrado en los sucesivos relevos. Asimismo, este real decreto-ley modifica la Ley 7/1965, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, para garantizar en los pequeños municipios un mayor control de cuentas públicas. La reforma local aprobada en esta legislatura ha significado un paso muy importante para el control de las finanzas de las entidades locales al habilitar a funcionarios profesionales para realizar esa labor. El Gobierno ha promovido estos años la convocatoria de ofertas de empleo extraordinarias para provisionar esas plazas, sin embargo el número de vacantes es muy elevado y no hay margen para sustituir de la noche a la mañana a todos los empleados que están realizando esas labores por nuevos profesionales con habilitación nacional. Este real decreto-ley da una solución de carácter transitorio a este problema que se plantea en entidades locales de municipios de menos de 5.000 habitantes, que además son los que menos recursos económicos tienen. La solución consiste en que los interventores y secretarios de entidades locales puedan realizar esas funciones de control de tesorería de forma adicional; de esta manera se pone en manos de funcionarios esta labor tan importante para que continúe el control profesional e independiente de nuestras finanzas municipales. Por otro lado, señoras y señores diputados, el real decreto que traemos a la Cámara trata de ayudar a entidades que se encuentran en situación de riesgo financiero para que puedan atender sus obligaciones de pago. Hoy es conocido y reconocido que en estos últimos cuatro años las entidades locales han hecho un gran esfuerzo de reducción de su deuda y de su déficit público. Esta labor de control del gasto ha llevado a que nuestra Administración local tenga un superávit presupuestario y esté colaborando muy activamente para conseguir los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea. No obstante, hay 219 entidades locales que atraviesan graves problemas financieros, lo que ha llevado al Gobierno a adoptar en esta legislatura medidas extraordinarias para ayudarlas a salir adelante. Estos problemas financieros perjudican a otras instancias, como por ejemplo a los proveedores y contratistas que trabajan para esos ayuntamientos y que no cobran en tiempo y forma sus facturas debido a la falta de liquidez de las entidades mencionadas. Hay que tener en cuenta que si no solucionamos este problema hay riesgo de quiebra de esas entidades locales o de que sus proveedores dejen de trabajar para las mismas, lo que provocaría que sus vecinos dejaran de disponer de servicios esenciales como la recogida de basuras, la luz viaria o el suministro de agua. Como saben sus señorías, una de las preocupaciones del Gobierno en esta legislatura ha sido que todas las administraciones paguen sus facturas en un tiempo máximo, para no perjudicar a tantos proveedores, a tantos autónomos y empresas - pequeñas y medianas muchas de ellas, pero también grandes - que trabajan para el sector público. Para conseguirlo se tomaron iniciativas como el Fondo de pago a proveedores y otros mecanismos de liquidez, además de establecerse periodos máximos de pago de las facturas pendientes. En esta línea, el real decreto-ley aprueba conceder anticipos de la participación de los ayuntamientos afectados en los ingresos del Estado de 2016, cuyo importe máximo será el que recibieron a cuenta por este concepto en 2015. Estos anticipos deberán dedicarse, obligatoriamente, a cancelar deudas pendientes con proveedores y contratistas, con el fin de reducir el periodo medio de pago a proveedores a un máximo de treinta días. Las entidades locales deberán devolver este dinero con operaciones de préstamo que se formalizarán en junio de 2016 con cargo al comportamiento del Fondo de financiación a entidades locales, financiado a diez años. Con ese dinero estas entidades locales deberán atender también la ejecución de sentencias firmes y el pago de deudas públicas pendientes con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Si todos los ayuntamientos afectados solicitasen el correspondiente anticipo por su importe máximo supondría un desembolso de 593,8 millones de euros. Aquellos ayuntamientos que están en riesgo por su situación financiera y que se hayan adherido o se adhieran en 2015 al compartimento del Fondo de ordenación para entidades locales podrán solicitar además, con carácter excepcional, antes del 15 de este mes de octubre, la formalización de préstamos con cargo a aquel compartimento para cancelar la deuda pública pendiente con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social y que actualmente se está compensando mediante la aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado. Esta medida podría suponer como máximo la cobertura de 212 millones de euros. Como decía a sus señorías, la lucha contra la morosidad que hemos emprendido desde el Gobierno y que incluye estas medidas a las que me he referido ha tenido importantes beneficios para las empresas que contratan con la Administración pública pero ha contribuido fundamentalmente al desapalancamiento de nuestra economía. El dinero inyectado para hacer frente a las facturas pendientes, además de ayudar a estos negocios - como decía, mayoritariamente pymes y autónomos - a salir adelante en tiempos de crisis ha servido para estimular la actividad económica. Sin embargo, en numerosas ocasiones autónomos y pequeñas empresas han reclamado otras iniciativas que sirvieran para reducir la morosidad existente en el sector privado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Europea que ha emplazado al Reino de España a adoptar medidas para reducir los plazos de pago de este sector, como ya ha hecho en el público. El Gobierno sigue trabajando en la búsqueda de fórmulas para incentivar indirectamente a las grandes empresas para que paguen en un plazo máximo las deudas que tengan contraídas con autónomos y otras empresas. Ahora, la Ley de Contratos del Sector Público exige que para que una empresa pueda contratar con la Administración pública acredite su capacidad económica y financiera. Para ello, los órganos de contratación pueden exigir un volumen anual de negocios, la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o una cifra de patrimonio neto. A partir de ahora, con esta nueva ley, se une otro posible requisito: incluir el periodo medio de pago a proveedores como un elemento más para acreditar la solvencia económica y financiera. De esta manera, cualquier órgano de contratación de la Administración podrá dejar fuera de sus adjudicaciones a las grandes empresas que no paguen a sus proveedores en un plazo máximo de tiempo. El Gobierno considera que la morosidad es un grave obstáculo para la recuperación económica en la que estamos inmersos como país, ya que esa morosidad hace que los proveedores no puedan pagar a su vez a otros actores de la cadena de producción o les obliga a endeudarse innecesariamente, con las consiguientes pérdidas de eficiencia y competitividad y con los mayores costes financieros, tanto para ellos mismos como para el conjunto de la economía. A lo largo de estos años ha quedado demostrado que solo con llamamientos a pagar en tiempo y forma - está bien hacerlos, pero su eficacia es relativa, no se consigue demasiado - no es suficiente y que algunas empresas abusan de su poder económico para imponer sus condiciones a proveedores o subcontratistas más pequeños y modestos. Eso no es admisible y menos en momentos en los que necesitamos que mejore la eficiencia del conjunto de la economía de nuestro país, de todos los actores económicos, y la competitividad y eficiencia de todas las empresas, empezando por las pequeñas y medianas y por los autónomos; ello es lo que fortalece e impulsa la creación de empleo. Así pues, el Gobierno ha decidido intervenir de esta manera en las relaciones del ámbito privado, aunque sea indirectamente - como decía antes -, para defender a los actores más débiles frente a las tentaciones de abuso de los más fuertes. Por supuesto, esto no significa que haya cortapisas al libre mercado; de hecho, todas las partes podrán seguir actuando libremente en sus relaciones comerciales. Las empresas grandes - entendidas estas como aquellas que no pueden formular cuentas de pérdidas y ganancias abreviada - deberán saber que si no pagan a tiempo a sus proveedores corren el riesgo de no poder contratar con la Administración pública. Finalmente, señorías, para no extender más esta presentación, solo voy a hacer mención a la modificación que se introduce en el sistema de acceso y provisión de puestos de personal docente e investigador de universidades públicas. El real decreto-ley, aprobado por el Gobierno, del pasado 11 de septiembre modifica la Ley Orgánica de Universidades para permitir el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad, mediante promoción interna, a cualquier miembro del cuerpo de profesores titulares de universidad. Además, establece con carácter permanente la posibilidad de provisión de puestos vacantes en una universidad con profesores titulares y catedráticos de otras universidades, posibilidad que ya fue autorizada temporalmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015. De esta manera se solucionan problemas que están planteados en el ámbito de nuestras universidades y cuyo origen son las bajas tasas de reposición aplicadas durante los ejercicios anteriores. Además, se fortalece la vía de la promoción interna como parte sustancial de la carrera profesional de los profesores de universidad, lo que sin duda servirá también para incentivar su labor y dar mayor estabilidad a su función docente e investigadora tan importante en nuestra sociedad. Señorías, como pueden comprobar, este real decreto-ley incluye medidas importantes para diferentes ámbitos de nuestra economía y de nuestra ciencia e investigación, cuya aprobación requiere de la máxima urgencia. Son medidas que van a favorecer a funcionarios públicos, a entidades locales con dificultades, a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y a la universidad y también van a mejorar determinadas actividades que se realizan en varios ministerios. La legislatura toca a su fin y consideramos muy necesario que todas estas necesidades objetivas que he planteado sean atendidas de manera inmediata. Por ese motivo solicito a la Cámara el voto favorable de la convalidación del presente real decreto-ley. Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro de Hacienda. ¿Va a ejercer el turno en contra algún grupo? [[Pausa]] Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, este real decreto-ley es un resumen perfecto, pero en negativo, de toda la legislatura: un uso abusivo de los decretos-leyes, con una intensidad y una frecuencia que ha roto las reglas básicas del Estado de derecho, que es la distribución de poderes. Que el abuso del decreto-ley haya sido lo habitual en vez de lo extraordinario, según establece nuestra Constitución, no nos puede llevar a la complacencia en este Congreso de considerarlo normal en términos democráticos. No nos cansaremos de decirlo porque se están deteriorando profundamente las funciones básicas del Poder Legislativo. La separación de poderes es un elemento clave para distinguir un sistema parlamentario de un régimen absolutista, como el que ha gobernado España durante estos cuatro años. El abuso de los decretos-leyes ha ido acompañado no solo en términos cuantitativos - sesenta y seis decretos-leyes hasta ahora -, sino también de una manipulación torticera de sus contenidos, mezclando churras con merinas, cosas que son imposibles de convalidar en un único acto. De hecho, han convertido los debates de convalidación en actos parlamentariamente vacíos, sin sentido democrático ninguno, y en una burla a la Constitución y a este Congreso. Y terminan como empezaron: de esta manera tan poco respetuosa con las reglas básicas de la Constitución y de la propia democracia. En este real decreto-ley vuelven a mezclar contenidos que no es posible convalidar en una única votación: la recuperación de una parte de la paga extra de los empleados públicos correspondiente a 2012; la ampliación de créditos para gastos militares; desviaciones presupuestarias, que descubren ahora, del ejercicio de 2014; aumento de partidas para hacer frente a deudas de administraciones locales provocadas por sus políticas; cobertura de plazas de catedráticos universitarios y de otros titulares vía promoción interna como consecuencia de una aplicación absolutamente kafkiana de la tasa de reposición. Así un largo etcétera, todo mezclado en un cóctel absolutamente perverso. El Gobierno actúa hoy como lo ha venido haciendo durante toda la legislatura, con una estratagema que pretende ser maquiavélica y que, si me disculpa, parece más propia de un tahúr del derecho, porque esto no aguanta tener que someter a votación, someter a votación, todos y cada uno de esos temas conjuntamente. No lo decimos nosotros, ¿eh? En alguna ocasión algún miembro del Partido Popular en Comisión, incluso - creo recordar - el portavoz de Economía, don Vicente Martínez-Pujalte, en el verano de 2014 llegó a reconocer desde este mismo estrado la anomalía que suponía convalidar una sola votación con contenidos tan diversos y contrapuestos, pero ustedes hacen como algunos con Galileo Galilei: 500 años después reconocen el error, pero lo continúan cometiendo, y hoy se presentan una vez más con el decreto-ley número 66 de esta legislatura; eso sí, comportándose con la misma zafiedad política que hasta ahora. Reconocen lo que han hecho antes, pero continúan igual. El Gobierno actúa así con la impunidad de saber que tiene garantizada la convalidación por el Grupo Popular, que en ocasiones tengo la impresión de que más que dar soporte al Gobierno lo que hace es soportar al Gobierno y sus cacicadas, como el resto de diputados de esta Cámara, pero con la tranquilidad de saber que en el peor de los casos cuando alguno de estos decretos-leyes llega al Tribunal Constitucional es muy probable, como ha sucedido en otras ocasiones, que su declaración de nulidad ya no sirva para nada porque sus contenidos estén absolutamente envejecidos. Es un decreto-ley abusivo por la manera en que se abusa de esta forma extraordinaria; es torticero en la manipulación de sus contenidos y, si se me permite la expresión, es insultante para una buena parte de las víctimas de sus recortes y de su mal entendida política de austeridad, y luego se lo explico. De entrada, vuelven ustedes a hacer lo de siempre: la devolución de una parte de la paga extra se hace a trocitos, gota a gota, en un híbrido de campaña electoral con reparto de limosna en la misa de los viernes en que se ha convertido el Consejo de Ministros. ¿Usted cree que es normal que algo como es la retribución de los funcionarios públicos sea sometida a esa especie de liturgia limosnera por el ministro de Hacienda, señor Montoro: ahora te devuelvo un cuarto, ahora te devuelvo un 26 % y ahora si me interesa te voy a devolver el resto? No es posible. Además el Gobierno, fíjese usted bien, lo justifica el texto del decreto-ley - usted lo ha vuelto a repetir ahora - sobre la base de la necesidad de restituir, de devolver el esfuerzo realizado por los empleados públicos. No, como le dije con ocasión del decreto 20/2012, esfuerzo no; el esfuerzo es una cosa que uno hace voluntariamente; lo que han hecho los empleados públicos es tener que soportar la usurpación de sus derechos, y le recuerdo que no solo económicos, sino también derechos de negociación colectiva que continúan en estado de excepción con este decreto-ley - luego me referiré a ello -. Eso sí, según usted todo ese sacrificio - de unos cuantos, no de todos - está motivado por la necesidad de fortalecer lo que ustedes llaman la senda del crecimiento. ¿Le puede explicar usted a los parados de larga duración de más de 50 años de qué les sirve a ellos que haya mejorado la balanza de pagos, que por supuesto, es importante? [[El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace gestos al orador]] No, que le conozco. Pero, ¿cómo lo notan ahora?, ¿cómo lo notan los dependientes, 470.000 de ellos con el derecho reconocido y que no lo pueden percibir por sus políticas, que la situación esté mejorando y estemos en la senda de crecimiento? Se lo digo porque en el contenido de su decreto-ley lo peor de todo es cómo trata usted a las víctimas de sus políticas: de manera maltratadora, si se me permite la expresión, en términos sociales y políticos. El PP termina la legislatura de la misma manera que la empezó, porque hoy usted debería darnos explicaciones de por qué considera que, por ejemplo, debe devolverse justo, sin duda y no a trocitos, no gota a gota sino entera, la paga extra de los empleados públicos de 2012 y no se restituye el derecho que tienen las personas mayores en situación de dependencia de acceder a un derecho que tienen reconocido o incluso recuperar parte de la prestación que muchos de ellos han dejado de percibir porque se ha reducido significativamente, o también de por qué ustedes les usurparon sus derechos en el decreto-ley 20/2012 en cuanto a las indemnizaciones de las personas paradas que perdían su empleo, la empresa no les pagaba y ustedes les redujeron el importe a recibir subsidiariamente por el Fondo de garantía salarial. Todas esas personas son víctimas que continúan siendo arrambladas, arrinconadas por sus preocupaciones y, en cambio, usted nos viene hoy aquí a decir que viene a resarcir el esfuerzo hecho por un determinado tipo de colectivos porque eso lo hicieron en beneficio del país y usted ahora les compensa para, además, aprovecharlo en la senda reducción del gasto público. El esfuerzo que usted les impuso - porque no es esfuerzo, fue imposición de ustedes - a todos esos colectivos permitió no reducir el gasto público - el gasto público debe siempre reducirse para buscar el equilibrio presupuestario, pero se puede encontrar ese equilibrio presupuestario aumentando los ingresos -, sino sobre todo una cosa mucho más perversa: establecer unas prioridades perversas desde el punto de vista político, porque el dinero que ustedes se han ahorrado en estos últimos años, por ejemplo, en la reducción del pago a los desempleados - algunos de ellos de larga duración, mayores de cincuenta y cinco años, a los cuales ustedes tienen acorralados, sí, desde julio del 2012 cuando se aprobó ese decreto-ley - lo ha destinado a otras partidas, y no solo al servicio de la deuda, sino al rescate bancario. Debería usted volver a explicar muy bien cuáles son las prioridades de este Gobierno. Incluso en momentos como este, donde según ustedes hay margen para mejorar, usted debería explicarle a esos parados mayores de cuarenta y cinco años en un caso, y de cincuenta y cinco en otro, por qué usted les redujo sus derechos, por qué en estos momentos está cayendo la tasa de cobertura de los parados mayores, por qué gente que ha trabajado treinta y treinta y cinco años y que pierde su empleo no tiene posibilidad de tener uno nuevo. Ustedes les someten a percibir solo un subsidio asistencial de 426 euros; les rebajaron la cotización, que va a incidir en sus pensiones, del 125 de la base mínima a un cien por cien. A pesar de esa supuesta recuperación, usted les continúa machacando, machacando, machacando y acusándoles socialmente. ¿Por qué no explica usted eso hoy aquí en vez de alardear de la devolución de un cuarto de la paga extra de los empleados públicos? Porque los empleados públicos fueron víctimas en aquel momento de sus políticas, pero lo fueron también todos esos trabajadores, que hoy le estoy recordando, parados - en algunos casos parados en situación extrema - porque por no poder, no pueden ni tan siquiera jubilarse anticipadamente, porque con las modificaciones establecidas en materia de Seguridad Social ustedes han alargado en algunos casos la jubilación anticipada de los sesenta y uno a los sesenta y tres años. No les garantizan empleo - no lo puede garantizar el Gobierno, pero tampoco hacen mucho por hacerlo -; los mantienen en situación de desempleo, con un subsidio asistencial, acosándoles, y encima les dificultan la jubilación anticipada. Y viene usted hoy haciendo alardes de que como la cosa va bien, ustedes pueden devolver el sufrimiento que han impartido a esas personas. Pues no, a toda esa gente ustedes no les devuelven nada; van a terminar la legislatura con esas personas en peores condiciones que con las que empezaron, y sobre todo con el convencimiento de que con esa medida ustedes no pretendían reducir el gasto público, pretendían una cosa que se le escapó en aquel real decreto-ley - se lo he dicho muchas veces y se lo voy a volver a decir cada vez que pueda en este estrado o fuera de aquí -, que es una manera de incentivar la búsqueda activa de empleo de los parados, como diciendo: si cobran un subsidio demasiado alto, no van a tener ganas de encontrar empleo, porque en el fondo esa medida que ustedes hoy mantienen y que no restituyen al finalizar la legislatura es una manera de forzar a los parados a contratarse en cualquier condición, incluso de miseria, porque el gran logro del Gobierno de Rajoy, de su Gobierno en conjunto, es haber conseguido que quien pierde el empleo en estos momentos y puede conseguir emplearse de nuevo en otro empleo, tenga al menos un salario de un 30 % menos que el que tenía antes. Ese es su gran logro, la devaluación salarial, la depreciación salarial, pero no como un elemento coyuntural, como un elemento profundamente estructural de su política. Por eso se cargaron la reforma laboral, por eso en la reforma laboral se cargaron la negociación colectiva con cuatro torpedos en la línea de flotación de la negociación colectiva, y por eso han ido a someter a los parados al pacto del hambre, para que se contraten en cualquier condición, porque para ustedes las relaciones laborales son un mercado en el que se intercambia la necesidad de trabajo por miseria. [[El señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, se levanta y habla con los diputados de los escaños situados a su espalda]] Por cierto, señor Montoro, le veo a usted pidiendo auxilio, y no me extraña, porque venía con un discurso muy bonito de márquetin político y se encuentra con que alguien le explica la realidad. Por ejemplo, en relación con los empleados públicos, usted no devuelve a los empleados públicos todos los derechos que les usurpó en el Real Decreto-ley 20/2012. ¿Se acuerda de su contenido? Usted no, yo sí. Por ejemplo, en relación con los permisos retribuidos o en relación con el complemento de vacaciones, usted se cargó el derecho y se cargó de paso la negociación colectiva, porque eran derechos que estaban establecidos en la negociación colectiva. Y usted dice que hoy los devuelve, pero lo hace parcialmente; no les ha devuelto aún a esos empleados públicos el derecho a continuar teniendo la negociación colectiva. Fíjese usted bien, si usted va a la Administración local, se encontrará con que muchos de esos derechos fueron establecidos como un intercambio con sus respectivas administraciones. Cedieron unos y dieron otros, y les dieron unos permisos y una ampliación de vacaciones que usted se cargó con el Real Decreto-ley 20/2012 y que ahora no restituye. Por eso no puede usted venir aquí con esa cara de limosnero repartiendo trocitos de la paga extra del año 2012. Por si fuera poco - insisto -, ¿cuándo van ustedes a restituir los derechos a los parados mayores de cuarenta y cinco años, mayores de cincuenta y cinco años, a los cuales han estado ustedes acosando? Digan algo antes de que se termine la legislatura, porque si no, esos parados van a tener la legítima intención de devolverles a ustedes el acoso. ¿Cómo? En las urnas, democráticamente; y si lo hacen, les estará bien merecido; a ustedes, por supuesto. Termino con el análisis de los créditos extraordinarios. Aquí, señor Montoro - lo siento - es donde usted se queda desnudito, porque es una mezcla de trampas presupuestarias, trilerismo parlamentario e improvisación política. Es verdad, es urgente, pero es urgente ¿por qué? Porque usted va moviendo los cubiletes cada vez que le interesa y coyunturalmente. Ustedes han convertido en una cosa habitual presentar unos presupuestos irreales, el último el de 2016. Hoy usted ha hecho alarde del aumento de los ingresos. ¿Por qué no explica que tenemos los ingresos de gasto social en el 1,8 %, cuando ustedes preveían el 6,8 % en 2015 y, a pesar de eso, presentan los de 2016 diciendo que van a subir el 8 %? ¿Por qué insiste usted en engañar a los ciudadanos de esta manera con los presupuestos? Claro, luego se presentan con unos presupuestos que no se cumplen, y como no se cumplen: créditos extraordinarios. Ustedes han convertido los créditos extraordinarios del Ministerio de Defensa en un clásico. Pronto va a haber más dinero en las ampliaciones de crédito que en el presupuesto inicial, y lo hacen mezclando absolutamente todo, con temas que, si presentaran separadamente, votaríamos a favor en muchas ocasiones, pero en otras no. Por eso es imposible hacer el debate así. Están ustedes cargándose la esencia de la democracia, que es la división de poderes y la función de convalidación de este decreto-ley. Por cierto, ha dicho una verdad hoy: Vamos a reponer derechos - esa es parcial - y vamos a resolver problemas...
Señor Coscubiela, finalice.
... que creamos - termino, señora presidenta - cuando establecimos la tasa de reposición. Sí, pero se lo advertimos. Cuando se presentó con otro real decreto-ley planteando que determinados colectivos mejoraban su tasa de reposición, le dijimos que quedaban fuera de eso los cuerpos docentes y de investigación de las universidades, además de otros colectivos. Y ustedes, como siempre, nos trataron con la soberbia que da decir: Yo tengo más votos y, como tengo más votos, puedo hacer lo que quiera. Pues bien, no puede usted venir ahora así.
Señor Coscubiela.
Termino. Por eso le he dicho, señor Montoro, que también en ese apartado lo suyo no se aguanta. No se puede gestionar el presupuesto con ese grado de improvisación política, de trilerismo permanente, porque no dignifica a las instituciones y no les dignifica a ustedes. Por eso mi turno en contra. Nuestro grupo va a hacer lo de siempre: no podemos avalar esas prácticas, no podemos votar a favor de este decreto-ley, aunque estamos contentísimos de que los empleados públicos... [[La señora Madrazo Díaz pronuncia palabras que no se perciben]]Sí, sí, ¿pero por qué no lo devuelven ustedes...
Señor Coscubiela, finalice.
... de una sola vez en un solo acto y no de forma limosnera? Entonces, votaremos favorablemente. Gracias. [[Aplausos.-El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Intervengo con la mayor brevedad, por supuesto, pero voy a contestar al turno en contra. El señor Coscubiela ha tratado de razonar sobre valores, elementos y posiciones que son sus prejuicios. Está claro el balance que vamos alcanzando en esta legislatura. En esta Cámara se ha sentado una izquierda radical que lo óptimo para ella hubiera sido que hubieran intervenido a España y cuya pena es que no hubiera habido un rescate como se está practicando en países donde esa izquierda radical está en el Gobierno. Eso es lo que tenemos aquí sembrado, señor Coscubiela, y usted es un digno representante de esa izquierda radical. Se va vistiendo bajo diferentes siglas, pero ha ejercido una posición destructiva en esta Cámara en el peor momento que ha vivido España recientemente. Eso se llama hacer oposición destructiva, negarse a todo, negarse, como ha hecho esta mañana, a que se les devuelva parte de la paga a los funcionarios. Estamos ya en la desiderata. Ha dicho al final: Me parece muy bien todo lo que hay aquí dentro, pero me niego porque no hacen otras cosas. Si nos pusiéramos así, no defendería ninguna parte de política económica; me faltaría siempre la siguiente faceta de política económica y, por supuesto, su planteamiento presupuestario. Señor Coscubiela, su discurso de hoy ha sido un reflejo del discurso de la izquierda radical de este país. La izquierda radical de este país es un lastre para la recuperación económica. La izquierda radical de este país es una oposición para la recuperación económica y para el futuro de prosperidad para los españoles. Solo desde ese futuro de prosperidad para los españoles podrá venir la recuperación económica, podrá venir la creación de empleo para todos, también para esos desempleados de larga duración para los que trabajamos desde el Gobierno de España, abriendo un horizonte claramente prometedor, que es el de la posibilidad de encontrar empleo. Eso es lo que está ocurriendo con la recuperación económica, que ya ha permitido que en el año 2014, contra pronóstico, y en el año 2015, superando también los pronósticos, haya un millón de nuevos puestos de trabajo creados en España. Eso no lo va a reconocer usted porque, si lo reconociera, sería como demostrar que en España se han hecho políticas económicas que hacen factible que se cree más de medio millón de puestos de trabajo en un solo año. Esas son las políticas económicas que está trayendo este Gobierno a la Cámara y a las que se ha opuesto la izquierda radical que, por cierto, cada vez esta más coaligada con la otra izquierda representada en esta Cámara, que también se ha venido oponiendo sistemáticamente a cada una de esas propuestas. Por eso, han hecho esas alianzas en toda España después de las elecciones municipales y autonómicas. Ustedes, señor Coscubiela, son - claro que lo son - un problema; los que son un problema son ustedes. Ahora estamos viendo que, gracias a que hicimos políticas como las que hicimos en su momento, hoy podemos restaurar derechos, capacidades económicas y abrir un horizonte nuevo para los funcionarios públicos y acabar por fin con la congelación de los funcionarios públicos para el próximo año, el año 2016. Todo eso lo estamos haciendo cuando realmente - insisto - España se estabiliza económicamente, se hace fiable, confiable. Hoy se vuelve a celebrar otra subasta del Tesoro, donde se reducen los tipos de interés en la colocación. Eso es lo que va haciendo que esa España pueda asentar las bases de su crecimiento económico, pero a ustedes, a la izquierda radical, no le conviene que eso ocurra. No le conviene que España vaya saliendo de la crisis económica. Ustedes estaban en la crisis del sistema, pero, como tuve ocasión de recordar ayer en el Senado, mientras suenan las trompetas que hagan caer las murallas de Jericó, alguien va a devolver la paga a los funcionarios, alguien está haciendo que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores de este país, al bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, colocando a la gran mayoría de los trabajadores de España, incluidos los públicos y los pensionistas, en una posición de pago del impuesto sobre la renta mejor que aquella que tenían en el año 2011. Alguien, con sus políticas, está abriendo un horizonte de futuro, de recuperación económica y de creación de empleo. Sin embargo, ustedes, como se está demostrando, son un lastre. Se ha llegado a oponer al contenido de este decreto-ley sin argumentos porque lo que ha hecho ha sido referirse a todo lo que no contempla. Pues lo que no contempla es lo que se va a resolver en la siguiente legislatura. Cuando tengamos una situación en España con 20 millones de ocupados al final de la siguiente legislatura, ¿qué va a decir esa izquierda radical? ¿Qué va a decir? ¿Dónde estarán sus propuestas? ¿Dónde estará la identificación de los perjuicios que causan esas políticas económicas? Este es el argumento de fondo, pues una vez más asistimos a un debate de políticas y de concepciones en España. Por tanto, no utilizo este turno en contra para rebatirle los argumentos, porque los argumentos que usted ha expuesto no tienen nada que ver con el contenido de este decreto-ley, como usted mismo ha reconocido. El decreto-ley le parece bien, le parece insuficiente. A mí también; me hubiera gustado estar en condiciones de devolver todo y más, pero, señor Coscubiela, estamos haciendo las cosas con sensatez y prudencia, que deben ser las normas que marcan toda política. Hay que dejar de hacer tanta demagogia y hacer política realista, comprensible para la gran mayoría de los ciudadanos de España. Eso es lo que necesitamos en nuestro país: menos algarabía y más propuestas concretas. Porque ¿de dónde sacaría su señoría los recursos presupuestarios para hacer todo lo que ha planteado que hay que hacer esta mañana si no vamos por partes, si no vamos ganando a la crisis económica? Su señoría ya niega que estemos en una recuperación económica creadora de empleo, que ha ganado a los más positivos pronósticos solo hace un año, lo niega todo. Sencillamente, le tengo que decir que a usted y a la formación política que usted representa no les conviene que haya recuperación económica en España, no les conviene que haya creación de empleo; no les conviene que haya unos presupuestos que estén devolviendo el esfuerzo a todos los ciudadanos; no les conviene que se devuelva la paga a los funcionarios públicos, pero estoy seguro de que los sindicatos de esos funcionarios públicos reciben bien estas medidas y, por supuesto, apuestan por una posición política en esta Cámara a favor de que esas medidas tengan continuidad en el próximo año y sean coherentes con la consecución de los objetivos de déficit público, que es lo que fortalece al Estado del bienestar, que es lo que hace sólida la oferta del conjunto de los servicios públicos del Estado. A ustedes todo les parece mal. Les parece mal que nuestras tropas estén mejor preparadas en esas operaciones contra el terrorismo y para la paz. A ustedes les parece que todo lo que hace un gobierno, como el actual, lo hace mal. Pues bien, si ustedes representaran unas opciones de Gobierno - lo son en otras administraciones de España -, si ustedes se incorporaran como parte de un gobierno en el futuro sí que serían una severa amenaza esa recuperación económica, impedirían el crecimiento económico y retrocederíamos dramáticamente a la casilla en la que nos encontrábamos en el año 2012. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. Señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, lo mío no son prejuicios. Lo mío son datos; se los he dado y nos los ha repetido usted. Le he dado datos como los que dicen que en el Real Decreto-ley 20/2012 - usted alardea hoy diciendo que va a devolver el efecto causado por aquello - los parados de larga duración dejaron de percibir y fueron sancionados duramente con una reducción de sus derechos de acceso a la prestación por desempleo. Los datos dicen que en aquel momento la situación de dependencia provocó una situación de 470.000 dependientes menos; los datos dicen que en aquel real decreto-ley, que ustedes citan en la exposición de motivos de hoy, había una penalización, una reducción de las indemnizaciones de los despedidos por parte del Fondo de garantía salarial. Los datos dicen también que sus medidas orientadas a los parados van destinadas fundamentalmente a presionarlos para que acepten pocos salarios. ¿Y por qué hablo de los parados? Porque usted es el que dice que viene aquí a devolverles los derechos que les quitó en 2012, y yo tengo la obligación de recordarle que no, que algunos continúan siendo totalmente acosados por este Gobierno. Los datos dicen que ustedes presentan todos los años unos presupuestos en el Ministerio de Defensa irreales y los venden diciendo que reducen el gasto de Defensa para, a continuación, presentarse entre mayo y julio con un decreto-ley de crédito extraordinario para aumentar esos gastos de defensa. Y este año no han tenido bastante con uno, que se presentan con un segundo, y lo hacen siempre mezclando los datos del Ministerio de Defensa de unos créditos extraordinarios con otros. Eso no son prejuicios; esos son datos que usted no puede rebatir porque son la pura realidad. Los datos le recuerdan que, por favor, no suba usted aquí a hacer ostentación de la mejora de los ingresos de las administraciones públicas sin recordar que la Seguridad Social está en una situación muy complicada, como consecuencia de sus políticas de depreciación de salarios y de castigo a las cotizaciones. El que ha hablado y ha alardeado de la situación económica ha sido usted, por lo tanto, yo también tengo el derecho a rebatirle en ese tema. Señor Montoro, con nosotros no; a nosotros eso de la izquierda radical no; a lo mejor, en la intimidad algún otro. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de dos cosas: de ser de izquierda radical y de saber el origen etimológico del término radical: radice, raíz. Somos radicales porque vamos a la raíz de los problemas, cosa que desgraciadamente algunos no. [[Aplausos]] Mire, si para usted ser radical es denunciar que en estos momentos el 40 % de las personas paradas no tiene ningún tipo de subsidio y que los que lo tienen, menos de 50 %, es existencial, sí somos radicales. Si ser radical es recordarles que hay una ley que reconoce el derecho a la dependencia de 470.000 personas que no la pueden ejercer por una restricción de créditos, sí somos radicales. Si radical es decir que en estos momentos se están haciendo regalos fiscales a determinados colectivos, tomando el sistema fiscal solo con relación a quien ingresa y no con relación a quien recibe esas políticas vía gasto público, sí, somos radicales. Si radical es decir que no es digno que un país apruebe amnistías fiscales con los niveles de fraude fiscal que tiene, sí, somos radicales [[El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace gestos negativos]] Sí, sí. Si radical es decirle a usted que no es verdad que no tengamos alternativas, porque las hemos presentado, por ejemplo, que este país deberá plantearse en algún momento el drama que supone tener unos ingresos fiscales el 9 % menos que la media de la Unión Europea - datos Eurostat de 2014: liquidación, 90.000 millones de euros -, en ese caso, sí - se lo reconozco -, somos radicales. Somos radicales en todo eso y en muchas cosas más. De ahí pueden salir, de las Sicav; de un impuesto sobre la riqueza; de una mejora del tratamiento de sociedades, de acabar con el mecanismo por el que la doble imposición sea el instrumento. Hay muchos mecanismos para hacerlo y usted lo sabe, pero supone tocar los intereses de determinados colectivos. Y no nos haga trampas. Le he dicho que por supuesto que estamos a favor - faltaría más - de que se devuelva la paga extra a los empleados públicos, pero no de manera limosnera, como ustedes plantean, a cuentagotas, de 25 % en 25 %, como el que está en la puerta de la iglesia entregando limosnas. No, no; de manera digna, de la misma manera que se la quitaron: de una sola vez y en un decreto-ley que hable solo de las condiciones de los empleados públicos, no que nos haga tragar empleados públicos con aumento del gasto en defensa. ¿A quién quiere engañar, señor Montoro? ¿A quién quiere convencer fuera de esta Cámara? Usted viene aquí con una trampa, con un decreto-ley otra vez abusivo y torticero. Decimos no al uso abusivo del decreto-ley, no a un decreto-ley con contenidos torticeros por el cual si quieres devolver la paga extra a los empleados públicos te tienes que tragar el aumento de gasto en defensa. No, no y no, aunque vaya haciendo demagogia por ahí y diciendo que estamos en contra de la devolución de la paga extra de los empleados públicos.
Señor Coscubiela.
Estamos a favor, luchamos por que ustedes no hicieran aquello y vamos a continuar luchando por que se devuelvan los derechos en la próxima legislatura, pero no ustedes sino otro Gobierno más digno. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Coscubiela. Señor ministro.
La autodefinición de izquierda radical que a usted le encanta a mí me produce por lo menos cautela y prevención. [[El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben]]Usted utiliza unos argumentos que no tienen nada que ver con lo que están proponiendo, si es que hacen alguna propuesta, propuestas que además son un contrasentido, imposibles, y que nos harían retroceder a la crisis económica y a la crisis de confianza de España. Eso es lo que ocurriría. Además, señor Coscubiela, ha hecho una serie de afirmaciones que sencillamente son falsas. La izquierda radical implica también el conocimiento, de manera que léase las cifras y haga el favor de no repetir topicazos. Usted habla de cómo ha evolucionado la recaudación en España y de cómo ha evolucionado la lucha contra el fraude fiscal, y yo le voy a recomendar este documento, Estrategia de política fiscal, colgado en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cuya página 15 puede ver cómo ha evolucionado estos años la recaudación hasta la primera mitad del año 2015. Léasela, señor Coscubiela, vea de dónde vienen los impuestos, que es como decir quién está pagando más impuestos que a comienzos de la legislatura, y se asombrará cuando lo lea y vea que el mayor incremento de recaudación viene del impuesto sobre sociedades de grandes empresas. En el resto de los impuestos en España, en el IRPF, en el IVA y en los impuestos especiales, hemos vuelto al total de la recaudación del año 2007, comparada, por cierto, con un producto interior bruto muy parecido, de manera que sale una presión fiscal muy parecida. Y donde está la diferencia, respecto de la recaudación tributaria que tenemos en nuestro país en comparación con 2007 - la antesala de la crisis económica -, es en el impuesto sobre sociedades, en lo que financian las pequeñas y medianas empresas, cuya aportación al impuesto sobre sociedades apenas ha crecido, como es lógico, porque es ahora cuando están incrementando los beneficios, pero sí lo han hecho las grandes empresas y lo han hecho con este Gobierno y con la legislación que aprobamos en el año 2012. Usted estaba sentado ahí, ¿o no estaba sentado cuando se aprobó la nueva normativa del impuesto sobre sociedades? A lo mejor se ausentó usted en ese momento. Lo hemos aprobado en esta Cámara, señor Coscubiela. Y a partir de ahí mire las cifras de la recaudación tributaria en nuestro país. Y si avanza en las páginas del documento verá las cifras sobre el fraude fiscal, pero hable con propiedad. Hay 126.000 millones de euros identificados como valores de bienes y derechos en el exterior que no existían a comienzo de esta legislatura, 126.000 millones de euros, pertenecientes a más de 92.000 contribuyentes que no estaban identificados. ¿Eso no es luchar contra el fraude? Vengan ustedes a luchar contra el fraude. Ustedes utilizan un topicazo sobre otro y es comprensible, es lo que pasa cuando no se tienen ideas, cuando no se tienen propuestas concretas ni de política presupuestaria, ni tributaria, ni laboral... Usted va por la vida como va, como va esa izquierda, pero estamos al final de la legislatura y quiero dejárselo bien claro, señor Coscubiela. Usted se está oponiendo a que se devuelva la paga a los funcionarios, no me haga un debate ideológico. Izquierda Plural se opone, y punto; a ver si nos entendemos todos ya de una vez claramente. ¿Por qué? Decía usted que se opone porque lo propone este Gobierno. Muy bien. Pues es este Gobierno el que lo está proponiendo con sensatez y con cordura cuando hace financiables los servicios públicos prestados por el Estado en España, en todas sus administraciones. Usted se está oponiendo a esto, señor Coscubiela, y no me meta en camisa de once varas porque no vale la pena. Insisto, léase el documento, todo son cifras y gráficos, a la fina inteligencia de su señoría no se le va a escapar nada. Pero basta ya de demagogias, hable con propiedad y hable con cifras en la mano. Seguro que la racionalidad del conjunto de los españoles y también la parte tan importante de la sociedad que usted representa en esta Cámara se lo van a agradecer, como yo también se lo voy a agradecer. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, cada vez que usted sube aquí a presentarnos una iniciativa como este real decreto-ley pienso que está empeñado en que esta Cámara le haga la ola. La ola la tendrá de su grupo parlamentario, que será muy entusiasta con sus medidas, pero no podemos hacerle la ola el resto de los grupos parlamentarios, aunque yo evidentemente solo puedo hablar por el mío, el Bloque Nacionalista Galego. Señor ministro, no votar a favor de la propuesta que usted nos trae, no quiere decir que no estemos a favor de que se devuelva a los trabajadores públicos la parte de paga extraordinaria que se contempla en el real decreto-ley. No estamos de acuerdo en muchas otras cuestiones, no estamos de acuerdo en que sigan ustedes utilizando el real decreto-ley para adoptar medidas que no evidencian la necesidad de urgencia, no en el momento que ustedes hacen el real decreto, sino porque muchas de ellas lo lógico es que un Gobierno serio ya las tuviera contempladas por ejemplo en el momento en que se hicieron los Presupuestos Generales del Estado, en este caso los correspondientes al año 2015. Así es aquello que recoge en este real decreto relacionado con las medidas que se contemplan para el Ministerio de Agricultura o las propias de la Dirección General de Carreteras. ¿Qué decirle, señor ministro, de lo relacionado con los 20 millones del Ministerio de Defensa? Una vez más, el Gobierno demuestra con esta modificación de crédito que nos presenta unos presupuestos engañosos en distintos ministerios, pero de manera especial en el Ministerio de Defensa, que no contemplan gastos previsibles, como los que serían aquellos en los que el Gobierno considera que hay que invertir esos 20 millones de euros, como son la compra de vehículos militares, etcétera. Eso no es una necesidad que aparece de repente, sino que lo que ustedes hacen es engañarnos cuando presentan los presupuestos del Ministerio de Defensa. ¿Y qué decirle, señor ministro, de aquellas dos medidas que podríamos valorar como positivas, como es la relacionada, en primer lugar, con la devolución del 26 % de la paga extra suprimida en el año 2012? Dice usted desde esta tribuna: es que el Gobierno del Partido Popular va a devolver a los empleados públicos la paga que se les retiró en 2012. Pero, señor ministro, esa paga se la retiró también el Gobierno del Partido Popular, no es que el Gobierno del Partido Popular vaya a enmendar lo que hizo otro Gobierno, no, es que en todo caso se enmendaría a sí mismo. Estando de acuerdo con que se les devuelva este 26 % de la paga extra, no podemos estar de acuerdo en que no aprovechen este real decreto-ley para devolver la paga en su integridad. Es más, entendemos que lo que debería devolver el Gobierno, además de la paga, serían los intereses correspondientes. Yo le quiero recordar que los ciudadanos, cuando nos retrasamos en nuestros pagos a la Hacienda pública, a la Seguridad Social, etcétera, tenemos que pagar después los correspondientes intereses. En este caso el Gobierno debería devolver la paga íntegra - ustedes dicen que la economía va muy bien y vienen aquí a decirnos en la exposición de este real decreto que es un gran logro de su Gobierno la devolución de este 26 %-, porque estamos hablando de que han pasado tres años desde que se eliminó. En lo relacionado con las medidas en cuanto a la mejora de la liquidez de los ayuntamientos, no discutimos que vaya a ser positivo a corto plazo para algunas entidades locales, pero no modifica en absoluto la asfixia presupuestaria de control y tutela que sufren en estos momentos las entidades locales después de las diferentes reformas de este Gobierno. Por tanto, no estando en contra de algunas medidas que ustedes proponen en el real decreto-ley, no podemos estar a favor de todo lo que aquí plantean, entre otras cosas porque en las que estamos a favor las consideramos insuficientes. De ahí que anunciemos nuestra abstención, señora presidenta. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández. Por el mismo grupo, la señora Jordà.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señoras y señores diputados, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado un suplemento de crédito con cargo a deuda pública de más de 250 millones de euros para devolver al funcionariado la paga extra que le robaron - repito, que le robaron - hace exactamente tres años. Consideraciones al respecto. Primera, señorías del Partido Popular, piden un crédito que va a ser pagado con intereses por toda la población, por toda, incluido, evidentemente, el funcionariado. Segunda consideración, con el dinero de todas y de todos financian una medida absolutamente electoralista. Como mínimo, señor ministro, podrían tener el detalle o la decencia de cargar los intereses de la deuda a los gastos de campaña electoral del Partido Popular. Y tercera consideración, aumentan la deuda para pagar la paga extraordinaria que suprimieron con la intención de reducir la deuda hace tres años. Lo tristemente paradójico es que hoy la deuda es mucho mayor que entonces. Es evidente que Esquerra Republicana de Catalunya defiende que las funcionarias y funcionarios públicos deben cobrar la paga extraordinaria que ustedes les robaron hace tres años, es evidente; de la misma manera que consideramos que se debe devolver a las clases trabajadoras y a las clases populares todos los derechos que igualmente les han robado en los últimos años para pagar la deuda generada por el Gobierno español. Porque han sido precisamente sus políticas neoliberales y despilfarradoras las grandes generadoras de la deuda. De hecho, se empeñan en culpar a la población de haber vivido por encima de sus posibilidades, pese a que solo son responsables de un 20 % de la deuda. Porque los verdaderos culpables - lo hemos dicho en varias ocasiones - del grueso de la deuda son efectivamente ustedes, con más de 30 millones de euros de deuda militar, los más de 30.000 millones de deuda eléctrica, los más de 20.000 millones de deuda en alta velocidad o los más de 4.500 millones que se van a acabar pagando con los intereses por el fracasado proyecto Castor de su amiguete Florentino Pérez. Engañan; señorías del Partido Popular, engañan. Engañan cuando pretenden hacernos creer que el Gobierno está asumiendo los excesos de la población, es exactamente lo contrario, es justamente la población la que ha estado asumiendo la factura de unos excesos concretos: los excesos del Gobierno. Pero a pesar de ello, resulta que, una vez exprimidas las clases trabajadoras - cabe decir que, mientras, los ricos son cada vez más ricos -, la deuda es mayor y es prácticamente del cien por cien del
Gracias, señora Jordà. Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Azpiazu.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Vasco para hablar de la convalidación de este real decreto-ley que hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara. Otro real decreto más, señor Montoro, otra falta de respeto a esta Cámara y otro abuso de la mayoría absoluta para imponer a los demás lo que quiere su Gobierno o lo que se le ocurre a su Gobierno. La única buena noticia, señor ministro, es que este será el último real decreto-ley de la legislatura y, por el bien de los grupos parlamentarios y de la política, esperamos que esta costumbre desaparezca la próxima legislatura o al menos se reduzca a la mínima expresión y se utilicen los reales decretos-leyes cuando la urgencia lo justifique de verdad, no como en este caso que se aplica de manera caprichosa para aprobar muchas medidas cuya urgencia es más que discutible. ¿O piensa, señor ministro, que el parque móvil del Ministerio de Defensa no podría renovarse el próximo ejercicio, con los créditos presupuestarios del año 2016? No creo que la obsolescencia de los vehículos y del parque móvil haya aparecido de la noche a la mañana; la obsolescencia es una cuestión evidentemente del paso del tiempo y nada pasaría si se renovaran estos vehículos el año próximo. ¿O temen que el próximo Gobierno no considere esto una prioridad y no lo vayan a aprobar? Señor Montoro, en este real decreto-ley mezclan además, de manera tramposa, cuestiones urgentes con otras que no lo son y cuestiones importantes con otras cuyo interés es más que dudoso. Recogen a bombo y platillo, en coherencia con su publirreportaje electoral, los créditos destinados a abonar una cuarta parte de la paga que por otro real decreto-ley quitaron ustedes a los funcionarios en el año 2012. Nuestro grupo considera positivo que los funcionarios cobren, aunque sea con retraso, una parte de la paga que les suprimió cuando tenían pleno derecho a cobrarla. No será nuestro grupo quien esté en contra de ello ni quien impida que los trabajadores públicos recuperen unos atrasos que nunca se debieron producir. De la misma manera, tampoco nos opondremos a que recuperen parte de los días de libre disposición a los que tenían derecho y que también les fueron usurpados. Sin embargo, al igual que el tema del parque móvil ya comentado, no estamos de acuerdo en encubrirles con nuestro voto ni las ineficiencias ni los déficits de gestión de su Gobierno ni los impagos y la morosidad habidos en ejercicios anteriores, como es el caso de las carreteras, la dirección general de aguas o las deudas de las confederaciones hidrográficas. No se puede alardear, como lo ha hecho el Gobierno, de ser los luchadores contra la morosidad y tener en el cajón las facturas que ahora pretenden sacar a la luz y pagar, asumiendo un mayor endeudamiento. ¿Ahora sí aceptan, señor Montoro, endeudarse? ¿Por qué? ¿Porque se van? ¿O porque se acaba la legislatura? ¿O no quieren dejar pendientes facturas en el cajón para que no se lo echen en cara? Bajo este criterio, señor Montoro, podría también haber dotado de crédito suficiente a otras partidas más urgentes y prioritarias. O a partidas que les permitan cumplir con algunos compromisos, por ejemplo, adoptados en el marco de la Unión Europea y que todavía no disponen de los créditos suficientes. Aprovechan, por otra parte, la ocasión, o como se dice vulgarmente el viaje, para cambiar la Ley de contratos del sector público y la Ley de Universidades. ¿Tiene que ser aquí y ahora? Se dan cuenta de que con la limitación de las tasas de reposición que han venido aplicando a lo largo de estos últimos años se han generado unos problemas reales en el funcionamiento, en este caso, de la universidad y lo quieren arreglar. Bien, nos parece bien; los problemas hay que arreglarlos, pero en lugar de haberlo hecho en la Ley de Presupuestos, que es donde corresponde, lo quieren hacer a través de este real decreto-ley de manera caprichosa y urgente. Eso sí, aducen para ello que el curso académico ha empezado como si ello se hubiera tenido siempre en cuenta. Se pueden resolver estas cuestiones perfectamente, señor Montoro, a partir del 1 de enero; pero no, prefieren utilizar la churrera y la mayoría absoluta para hacerlo vía real decreto-ley. No nos gusta, señor Montoro, el real decreto-ley, y no nos gusta porque tratan de resolver ineficacias y errores de su gestión política, porque hay asuntos que no son urgentes y que ustedes consideran como tales y porque la paga de los trabajadores públicos nunca debió ser recortada. Sin embargo, es este aspecto, el de su devolución parcial - el 26 %, la cuarta parte -, el que consideramos positivo junto al de la recuperación del día de libre disposición. Es precisamente por esta cuestión - y solo por esta cuestión - por la que no nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto-ley para no darle, como ha dicho usted, señor Montoro, argumentos y que nos digan que estamos en contra de que los funcionarios, los trabajadores públicos recuperen parte de la paga. No, señor Montoro, estamos a favor de que lo hagan. Yo mismo soy funcionario, en excedencia pero funcionario, y creo que los funcionarios se merecen también recuperar cuanto antes estos dineros que les fueron quitados en el año 2012. Si se pudiera votar solamente esta cuestión, votaríamos sin ninguna duda a favor, pero si pudiéramos votar el resto de las cuestiones, claramente votaríamos en contra de esta convalidación, señor Montoro. Muchas gracias.
Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, debo empezar por recordar el título del real decreto-ley que está sometido a convalidación: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito a los Presupuestos Generales del Estado y medidas de empleo público y estímulo a la economía. Efectivamente, se recogen una serie de créditos extraordinarios o suplementos de crédito que cuando uno los analiza con detenimiento le obligan a tener que diferenciar. Nuestro grupo parlamentario no se va a oponer, obviamente, a que se devuelva parte de la paga extraordinaria o parte de los días que por asuntos propios o vacaciones adicionales se recogen en el decreto-ley, siempre hemos estado a favor de medidas que recuperasen lo perdido por los funcionarios. Tampoco vamos a hacer el discurso demagógico de que porque no se nos da a los funcionarios la paga extraordinaria de golpe o no se da por determinado Gobierno no vamos a votar a favor. No solamente es eso, también estamos a favor de que, por ejemplo, cuando se hace un dislate tal como el del hundimiento del buque Oleg Naydenov y eso nos cuesta más de 31 millones, se haga frente al pago. Criticaremos la medida errónea que se adoptó porque podía haber sido otra medida técnicamente mejor, pero, una vez adoptada, ¿quién lo va a pagar si no, los canarios? Mucho menos nos vamos a oponer a que si efectivamente tienen que recibir unos vehículos militares blindados para mejorar la seguridad de nuestras tropas el Ministerio de Defensa reciba un suplemento de crédito de 20 millones o que las confederaciones hidrográficas - que están recogidas en el real decreto-ley - reciban los créditos necesarios para mejorar las inversiones en infraestructuras de las cuencas que gestionan. Y así podríamos seguir. [[El señor]] Hay una serie de medidas en el real decreto-ley que nuestro grupo parlamentario reconoce que, aunque sea a destiempo - porque se podían haber incluido en los presupuestos generales ordinarios -, está dentro de la normativa previsible que esos presupuestos puedan enmendarse parcialmente. Desde luego, no hemos venido aquí a hacer el debate de otros problemas que afectan a la sociedad y a la economía española porque para eso hemos tenido sesiones más que suficientes, desde el debate del techo de déficit pasando por los presupuestos, para debatirlo. Señor ministro, creemos que un error más otro error no dan una solución, sino dos errores. O que una media verdad y otra media verdad no generan más que la ceremonia de la confusión, que es lo que personalmente percibía cuando veía el rifirrafe que tenía usted con el señor Coscubiela o el señor Coscubiela con usted - no sé muy bien cómo era el asunto -. Nuestro grupo parlamentario sistemáticamente ha defendido que hay determinadas medidas que deberían haberse adoptado y que se recogen en el real decreto-ley, y por eso las apoyamos. Nuestro grupo parlamentario presentó en mayo de 2013 una proposición no de ley contra la morosidad privada en la que ya pedía que se reconociese como uno de los criterios de solvencia para la contratación pública que se cumpliesen los plazos de pago que estaban reconocidos en la legislación para el pago de facturas. Pero, claro, de ahí a tener que aceptar que se hagan una serie de créditos para entidades locales con el argumento de que hay que atender el pago de las facturas, sin establecer ningún tipo de criterio en cuanto a qué facturas se corresponden con la atención a servicios públicos y qué facturas esos entes públicos han destinado a gastos y dispendios varios, nos parece un exceso, un exceso que sin embargo recibe cobertura en este decreto-ley. Por si fuera poco, volvemos a utilizar el mecanismo del real decreto-ley, que se tramita de forma urgente, precisamente para temas que no son nada urgentes. Por ejemplo, no tenemos conciencia - al menos no se nos ha expuesto aquí por el señor ministro - de que el programa Iniciativa PYME 2014-2020, para seis años, tenga que tramitarse dentro de la urgencia que requiere un decreto-ley. Voy a concluir haciendo referencia a esa perversa práctica que han utilizado los gobiernos de un signo y de otro, todos los gobiernos, que es recurrir al decreto-ley para temas que no figuran - al menos no directamente - en el enunciado del decreto-ley. ¿A qué me refiero? A la disposición final segunda, que modifica nada más y nada menos que una ley orgánica, la Ley Orgánica de Universidades, y en lo que atañe específicamente al concurso de acceso o concurso de méritos y a la movilidad del profesorado. Yo soy funcionario en excedencia, en situación especial, pero soy catedrático de universidad y podría haber silenciado lo que voy a decir, pero no lo hago porque estoy aquí en defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Señor ministro, si tuviese el tiempo y las ganas, le podría decir exactamente los nombres y apellidos de a quién va a beneficiar esa disposición final segunda. ¿Por qué lo podría decir? Primero, solo cambia el concurso de acceso de titulares a catedráticos de universidad y nada dice de los contratados doctores a titulares de universidad, pero la descapitalización en la universidad se ha producido tanto de los catedráticos que se jubilaban como de los profesores titulares de universidad. Yo soy catedrático y podría reclamar que privilegien mi cuerpo. Pues no, creo que ahí hay un sesgo. Y añado: como las competencias en materia de universidad están transferidas a las comunidades autónomas, salvo para dos universidades, la UNED y la Menéndez Pelayo, y la Menéndez Pelayo no tiene profesor adscrito, es obvio que ponerlo en un real decreto-ley es utilizar una herramienta jurídica que en principio debería pensarse que va destinada solo a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí, porque para lo otro no necesitaban el decreto-ley, lo pueden hacer las comunidades autónomas. El cómo aplicar el cupo está recogido, la tasa de reposición, depende de las comunidades autónomas, señor ministro, salvo que se aplique también para modificar los criterios de acceso por concurso de titulares a catedráticos, que es lo que hacen ustedes en este decreto-ley. ¿Qué quiere que le diga? No me parece que sea la forma más adecuada de abordar este problema. El problema de la descapitalización de la universidad, que ya se ha señalado por alguno de mis colegas con anterioridad, debe ser abordado en su totalidad, porque la descapitalización se produce en todas las universidades, dependan directamente del ministerio o de las comunidades autónomas, y realmente es un problema grave que lastra la formación de nuestros estudiantes de nivel superior. Concluyo. Vamos a apoyar la convalidación del real decreto-ley, no solo por el tema de los funcionarios sino porque hay otra serie de medidas que compartimos, pero no podía dejar pasar esta oportunidad para dejar claro que nuestro grupo no comparte en absoluto que se haya utilizado para otras finalidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Barberà.
Gracias, señor presidente. Señorías, nos presentan un nuevo real decreto heterogéneo, con el que quieren reparar algunas decisiones incorporadas en reales decretos anteriores, especialmente la supresión de la paga extraordinaria de 2012 a los empleados públicos o la reducción de los días de permiso. Unió celebra esta decisión que rectifica esas medidas. Se pueden corregir gracias a los buenos resultados de las ambiciosas reformas estructurales que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular, y cito la exposición de motivos. Se lo repetimos una y otra vez, aunque ustedes parece que no lo quieren escuchar, que aspectos macroeconómicos, junto con aspectos más próximos al ciudadano, apunten a la existencia de motivos para tener esperanza no puede usarse como propaganda electoral. Este real decreto es el ejemplo claro de que ya se han iniciado actos y proclamas para la campaña electoral de este Gobierno. Recuerden que les repetimos una y otra vez que muchas familias continúan sufriendo las consecuencias del paro, de la crisis, que estas proclamas no las notan en sus casas, y es muy cruel jugar con ello y con ellos. Habla el señor ministro de ambiciosas reformas estructurales. Todas ellas han aprovechado el actual contexto de crisis para llevar a cabo un proceso de reforma con claro enfoque recentralizador. La reducción del gasto para los programas del Gobierno ha sido inexistente, no han impulsado medidas claras y valientes enfocadas a la eficiencia del sector público estatal. Sorprende la escasa ambición del Gobierno en la reordenación y reducción del gasto de su propio sector público, el de la Administración General del Estado. De ahí nuestra denuncia continuada a las constantes iniciativas que han buscado recuperar competencias de las comunidades autónomas para la Administración General del Estado. Ya desde el inicio de la legislatura se han impuesto muchas medidas de ahorro y racionalización al resto de administraciones, de una manera muy clara a las autonómicas y a las locales. Se les ha impuesto un modelo de austeridad que ha limitado completamente su acción para con las políticas más cercanas al ciudadano, poniendo en peligro la red que forman estas administraciones para la continuidad de la base que sustenta realmente la sociedad del bienestar. Señor ministro, más sencillez y más realismo. Este real decreto también modifica la LOU, la Ley Orgánica de Universidades. Aporta novedades que mejoran aspectos importantes para los profesores titulares pues incorpora la promoción interna, un promoción que ya existe en otros ámbitos equivalentes de la Administración y que soluciona la actual situación de caos que existe en lo referente al acceso a catedrático de aquellos profesores titulados ya acreditados adecuadamente y que no pueden promocionar. Claramente es una decisión oportunista, aunque compartimos que corrige aspectos que han influido negativamente en la gestión de los recursos humanos en las universidades con la reducción de la tasa de reposición. En este aspecto queremos dejar constancia de una demanda que Unió Democràtica lleva haciendo desde el comienzo de esta legislatura en cuanto a las limitaciones a la contratación de personal docente investigador que incorpora la misma Ley Orgánica de Universidades. Hemos reivindicado la necesidad de suprimir esta limitación a la contratación de personal laboral y a la contratación de personal laboral temporal. Cataluña necesita poder optar por un modelo contractual sobre la base de su propia política universitaria y de las necesidades y peculiaridades de su sistema universitario. En cuanto a que se cubren obligaciones del año 2014, quisiera destacar los conceptos de pago de expropiaciones y de intereses de demora en la construcción de infraestructuras viarias, y lo hago denunciando cómo el Partido Popular ha tratado a los ciudadanos de mi territorio, de Tarragona, y especialmente a los afectados por la A-27, que pasa por Valls; el retraso en el pago de las expropiaciones ha sido y es insultante e injusto, de indefensión total para la mayoría de ellos. Quisiera terminar destacando el crédito extraordinario para el Ministerio de Defensa, 20 millones de euros para la adquisición de vehículos. Yo les recomiendo que desde el Ministerio de Defensa hablen con el señor Wert, el exministro de Educación. Tenía con el sistema de becas un problema parecido, cuando realizaba el presupuesto nunca sabía realmente cuántos alumnos podrían acceder a beca y, por tanto, se necesitaban nuevas aportaciones económicas, como le pasa constantemente al Ministerio de Defensa. El Partido Popular limitó la cantidad destinada a becas, buscó una fórmula variable para redistribuirla y se acabó el problema presupuestario. Solucionado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa puede una y otra vez aumentar su gasto gracias a los créditos extraordinarios. Señorías, tal vez sea difícil ajustar el presupuesto y no tener sorpresas en defensa, pero no poder hacerlo con las becas dice mucho - y más bien mal - de las políticas sociales y de equidad del Partido Popular durante esta legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barberà. Por el mismo Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra la señora Sayós.
Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, debo reiterar una vez más mi más enérgica queja con respecto a la fórmula legislativa adoptada para tratar estas materias que son hoy objeto de regulación, es decir, utilizar la fórmula del real decreto-ley para su regulación no es seguir el espíritu del artículo 86 de la Constitución española. Algún día espero que el propio Tribunal Constitucional, que a día de hoy es tristemente famoso, revise las materias reguladas por reales decretos-leyes y anule todos aquellos que no sean procedentes. A ver si el Gobierno, y el Estado en definitiva, aprende a hacer los deberes bien y abandona las chapuzas legislativas, porque si no son rigurosos cuando legislan, no pretendan luego dar lecciones a los demás. Antes de entrar en materia, me gustaría decirle una cosa, señor ministro. Del poco tiempo que hace que formo parte de esta Cámara me ha quedado muy claro que usted solo se ocupa de la Administración General del Estado y ni se interesa de si esto afecta o no a las demás administraciones. También me ha dado a entender claramente que no tiene ni idea del funcionamiento de las otras administraciones, o bien no le interesa. Lo deduzco porque cuando legisla, por ejemplo, en este mismo real decreto-ley, se argumenta sobre la base del artículo 149.1.18.ª de la Constitución en cuanto a la competencia estatal sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas, y ello es para todos los funcionarios públicos, pero no se trata de la misma forma a los funcionarios del sector público y a los funcionarios del sector público estatal, por ejemplo. Si quieren hacer un trato desigual, que el Estado delegue esta competencia a la Administración correspondiente sin más perjuicios y que sean estas administraciones las que regulen a sus trabajadores públicos de forma integral. Pero, señor ministro, no la líe, que bastante ha sufrido el trabajador público y también los que deben aplicar dicha normativa. Entrando en materia, lo que me ha llamado más la atención de este real decreto-ley es que se hace referencia a la recuperación parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre del año 2012 del personal del sector público, es decir, se quitó la paga extraordinaria entera, de un plumazo, ante el desastroso, desafortunado y recurrido Real Decreto-ley 20/2012; en cambio, los trabajadores públicos recuperan poco a poco lo que se les quitó injustamente por obligación también por parte el Gobierno. Además, se regula de una forma complicada lo que se podrá abonar en vez de simplificar los términos, que no es más que el abono de lo que les correspondía en diciembre del año 2012, y ya está. Y además, lo hacen en plena campaña electoral. Quisiera reproducir en esta tarima el artículo 1.3, porque no tiene desperdicio. Dice: Cada Administración pública abonará las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico-financiera lo hiciera posible; de no permitirlo su situación económico-financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita. Se han quedado a gusto, señores del Gobierno. Pero analicemos este apartado con el resto del real decreto-ley. En el capítulo II se regulan los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender, por ejemplo, los 20 millones de dotación al Ministerio de Defensa para la compra de camiones para el ejército o para atender al pago de tributos locales de bienes de titularidad estatal correspondientes a ejercicios anteriores, por un total de más de 13 millones de euros. Estaría bien, señor ministro, que pagara estos tributos; es más, supongo que pagarán estos tributos con los intereses de demora que correspondan. Pero en este capítulo II también se regula cómo va a hacer frente el Estado al pago correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal, es decir, a los trabajadores públicos de la Administración General del Estado. Lo va a hacer mediante la concesión de un suplemento de crédito del presupuesto general de 2015. Hasta aquí, más o menos bien. Pero cuando llegamos al artículo 9, con respecto a la financiación de estos créditos extraordinarios y suplementos de crédito, como lo es este, resulta que el Estado se podrá financiar con deuda pública aumentando el déficit público. Así lo dice, señor ministro, no me lo invento. Es decir, mientras el Estado podrá hacer frente al pago de estas pagas extraordinarias de sus empleados, no permite hacer lo mismo a las otras administraciones públicas. El propio Gobierno, que quitó estas pagas a todos los empleados públicos, ahora se despreocupa de las otras administraciones, la local y la autonómica, que son las realmente perjudicadas por las medidas denominadas de sostenibilidad y por soportar el déficit público estatal. Una vez más, este Gobierno no prevé en este real decreto-ley mecanismos de financiación para que las demás administraciones puedan hacer frente al pago de las pagas extraordinarias de sus trabajadores. Señor ministro, no le diré una frase políticamente incorrecta por respeto, aunque debo advertirle de que el trato desigual provoca una discriminación entre los trabajadores públicos, y esto no es de recibo. En conclusión, y termino, señor presidente, erró en aprobar el Real Decreto-ley 20/2012 y yerra con el decreto-ley que hoy estamos debatiendo, no solo por contener conceptos jurídicos indeterminados que conllevan inseguridad jurídica, no solo porque la aplicación contable establecida en el artículo 10 para la Administración General del Estado es dudosa y que no tengo tiempo de explicar ahora, no solo por no tener claro cómo regular a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional que llevan ya dos o tres modificaciones desde 2013, sino porque ustedes han querido salvar su papeleta ante sus trabajadores públicos pero han dejado colgadas a las demás administraciones públicas, a las que no han dado la posibilidad de financiarse de la misma forma que lo hace el Estado, es decir, mediante deuda pública, para hacer frente al pago de la paga extraordinaria de 2012 de sus trabajadores públicos. Por eso, no es de recibo, señor ministro. Por todo lo expuesto, Convergència Democrática va a abstenerse, porque hay que devolver esta paga extraordinaria a los trabajadores públicos, pero no por todo lo demás. Le advierto que juegan con los reales decretos-leyes, juegan con esta Cámara y así les va a ir. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Sayós. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
Gracias, señor presidente. Señor Montoro, es lamentable que, tras cuatro años de Gobierno, haya subido usted a esta tribuna a hacer oposición de la oposición. Ha descalificado usted mismo su propia gestión de Gobierno. Es muy preocupante que un ministro de Hacienda no tenga argumentos propios para defender lo que ha venido hoy usted a presentarnos. Usted ha criticado con saña las medidas que aprobó el anterior Gobierno socialista, pero no ha sido coherente con ello porque el real decreto que usted nos ha presentado no las incluye, y podía haberlo hecho. Han tenido cuatro años de Gobierno para corregir lo que nosotros hicimos tan mal, y durante esos cuatro años en que ustedes han estado gobernando no solamente lo han hecho mal, sino que lo han hecho peor: han arrebatado los derechos a los empleados públicos que hoy con este real decreto de nuevo van a devolver; parte de ellos, no todos. Permítame que le diga que usted, con este real decreto, está haciendo política de campanario. No es nada coherente, está haciendo una cosa y diciendo la contraria. Hoy no ha venido a defender el real decreto, a lo que ha venido es a hacer campaña electoral. Su Gobierno está sometiendo hoy al Parlamento a una convalidación del enésimo decreto-ley de esta legislatura, una legislatura que pasará a la historia, señor Montoro, como la del desprecio del Gobierno y del Partido Popular hacia este Parlamento. El Grupo Parlamentario Popular ha abusado interesadamente de la figura de la proposición de ley para poder prescindir de los informes previos preceptivos. Así sucedió recientemente con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Han aplicado el rodillo de la mayoría absoluta para imponer lecturas únicas en iniciativas legislativas complejas, han impedido la avocación por el Pleno de proyectos relevantes, han aprobado trámites de urgencia sin más justificación que el mero cálculo electoral y, para colmo, más de un tercio de las leyes se han realizado mediante decreto-ley del Gobierno. Todo un récord, señor Montoro, en nuestra democracia. No sé si ustedes - el Gobierno - son conscientes del daño que están haciendo a la división de poderes, al prestigio de este Parlamento y a la calidad de nuestra democracia. Señor Montoro, el decreto-ley que hoy nos ha presentado es un nuevo ejemplo de rectificación, aunque sea solo a medias, de sus políticas, y un nuevo ejemplo de autoenmienda a sus medidas. Llevan muchos meses, varios meses, corrigiéndose a ustedes mismos. Lo han hecho ya con las tasas judiciales, con la asistencia sanitaria a inmigrantes. En un primer momento traicionaron su programa, sus compromisos ante los ciudadanos, y ahora están traicionando el discurso que nos han repetido, con el que nos han bombardeado sin misericordia a lo largo de toda la legislatura. ¿Dónde quedan las diatribas en las que consideraban que era un gasto público excesivo y que sirvieron de excusa para perjudicar a millones de empleados públicos? Ahora ya no valen, ¿verdad, señor Montoro? Sus rectificaciones son ya tan evidentes que son hasta torpes, y la impostura, señor ministro - escúcheme, por favor -, siempre acaba de tener un precio en política. Fue usted hipócrita al justificar en el año 2012 la supresión de la paga extra y la reducción de los permisos de los empleados públicos por razones económicas y de mejora de gestión de recursos humanos; y es usted hipócrita ahora al justificar su devolución exactamente por los mismos motivos. O se equivocaba usted entonces o se equivoca ahora; o una cosa o la otra, señor ministro, pero las dos a la vez, imposible. Y si, como usted dice en este real decreto-ley, con la devolución de la paga extra se estimula el crecimiento económico, ¿qué sucedió entonces en el año 2012, cuando la eliminó en pleno periodo navideño? ¿Es que entonces ustedes no querían estimular el crecimiento económico? Y si, como ahora sostienen, la restitución de los permisos aumenta la eficacia del empleo público, ¿por qué los redujeron entonces? ¿Para incrementar la ineficiencia? ¿O acaso están reconociendo con este real decreto que con su supresión el Gobierno aprobó conscientemente medidas ineficientes? Hemos perdido muchísimo tiempo, señor Montoro. Por cierto, en el año 2012, cuando suprimieron los permisos, ustedes dijeron que era para racionalizar el gasto público, para ahorrar, ¿verdad? ¿Y cuánto han ahorrado? ¿En qué conceptos? Díganoslo, porque desde luego no los han mencionado en ningún sitio. O son ustedes poco rigurosos o simplemente cuando los eliminaron lo que querían hacer era castigar a los empleados públicos, que solamente tomaban café y leían el periódico, como dijo su secretario de Estado, el señor Beteta. Sencillamente, señor Montoro, impresentable. Hablemos ahora de la paga extra. Ustedes en 2012 se la arrebataron a casi 3 millones de empleados públicos. Esto supuso una reducción de un 7 % del salario medio. Y digo que se la arrebataron porque fue así. La suprimieron; no la suspendieron, señor Montoro, como ahora dice. La suprimieron; esto es lo que pone en el BOE: suprimir. Y esta medida era obligatoria, de obligatoria aplicación inmediata a todas las administraciones públicas. Se lo voy a repetir: obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, fuese cual fuese su situación económico-financiera. De hecho, el Gobierno no tardó ni veinticuatro horas en obligar a todas las comunidades autónomas a reducir el techo de déficit en 4.000 millones de euros; aproximadamente, el ahorro derivado de la supresión de la paga extra. Lo que era inmediato y obligatorio entonces, ahora se ha convertido en aplazado y, además, voluntario. Se han inventado ustedes un nuevo concepto jurídico, disposición básica potestativa, para devolver una parte de la paga extra a los empleados públicos del Estado, pero no a los empleados públicos de otras administraciones. ¿Por qué no hacen lo mismo que cuando eliminaron la paga extra? Señor Montoro, en la exposición de motivos de aquel Real Decreto-ley de julio de 2012 ustedes dijeron, cito textualmente: razones de justicia justifican que estas medidas se extiendan a todos los servidores públicos, con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen y de su estatuto. ¿Qué sucede, que era de justicia sustraer retribuciones de los empleados públicos de todas las administraciones y no es ahora de justicia devolvérsela de la misma manera? Señor ministro, ustedes con una mano restituyen la paga que les habían arrebatado y con la otra atan financieramente a las comuniones autónomas provocando importantes agravios entre los empleados públicos. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy aragonesa y ayer mismo el consejero de Hacienda de Aragón reconoció graves dificultades financieras porque faltan 160 millones para nóminas debido a que el anterior Gobierno de Aragón, del Partido Popular, dejaron sin computar estas partidas. Hace tres meses, ustedes dejaron el Gobierno de Aragón con unas cuentas descontroladas, y hoy, el decreto que usted nos trae a esta Cámara va a crear un agravio tremendo entre los empleados públicos que viven en Aragón. Ustedes les arrebataron la paga extraordinario a 88.000 funcionarios que viven en Aragón; 60.500 van a tener problemas en recuperarla; los 27.000 estatales no. ¿Acaso no considera usted que esto es un agravio, una desigualdad? Explíquenos cómo lo vamos a hacer. Señorías, éstas son las preguntas que el primer partido de la oposición le plantea al Gobierno y que requieren una respuesta, y lo hacemos en nombre de millones de empleados públicos. Termino ya, señor ministro, la extraordinaria y urgente necesidad de este debate es la del propio Gobierno y la del Partido Popular a pocos meses de las elecciones. Ustedes comenzaron la legislatura atacando los servicios públicos, insultando a los empleados públicos, castigándoles con recortes, y la están terminando provocando desigualdad en la recuperación de la paga extra. El Grupo Parlamentario Socialista jamás se opondrá a la restitución de un derecho arrebatado injustamente. Por eso, nuestro voto será afirmativo. Los empleados públicos de este país no se merecen un gobierno que juegue con ellos; se merecen un gobierno que devuelva rápida e íntegramente a todos las retribuciones que les fueron arrebatadas, sin distinciones y sin excusas, señor Montoro. Su dignidad e integridad están muy por encima de las decisiones arbitrarias de este Gobierno, y a ustedes se lo dirán con toda claridad los ciudadanos en las urnas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Sumelzo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno nos trae hoy a convalidar un real decreto que evidencia tres cosas, a nuestro entender. En primer lugar, que la recuperación económica de nuestro país es un hecho y que esa recuperación económica permite adoptar y tomar medidas que antes no han podido ser tomadas, a pesar de que se consideraban justas por el Gobierno. En segundo lugar, este real decreto afecta a una serie de colectivos de forma muy positiva: a los empleados públicos, a los ayuntamientos y consideramos que también a los docentes investigadores de la universidad. En tercer lugar, que este Gobierno, apoyado por el Grupo Popular, está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias y beneficiosas para la sociedad y para los ciudadanos, independientemente del tiempo que quede de legislatura, porque aquí nos llevan diciendo ya un año que como están cerca las elecciones no podemos tomar ninguna medida. [[Rumores]] ¿Es que duran tres años las legislaturas? [[Aplausos]] Pues no: las legislaturas duran cuatro años. Escuchando a los diferentes grupos y sus diferentes posturas, no he oído una sola razón objetiva de peso para oponerse a este real decreto, y menos la de La Izquierda Plural para votar en contra. Levemente la materia de los gastos militares, pero fuera de eso nada en absoluto. Todo fuera de las materias reflejadas en este real decreto que, por cierto, cuenta con informes favorables del Consejo de Estado. Además, quiero decirle, señor Coscubiela, que está especialmente excitado hoy - se ha subido varias veces a esta tribuna y lo único que ha hecho ha sido faltar sistemáticamente al respeto al Grupo Popular y al Gobierno - [[Aplausos]], es que aquí se pueden decir muchas cosas y razonar muchos argumentos, pero subirse a faltar y a insultar me parece una pérdida de papeles total. No sé si será usted radical o de la extrema izquierda, no lo sé, pero desde luego hoy, a mi entender, su comportamiento ha dejado mucho que desear. También quiero decirles que no sé cómo alguien puede oponerse a que se devuelvan, cuando ha sido posible, los derechos de los empleados públicos, porque entre este real decreto, el presupuesto de 2015 y el de 2016 se van a devolver íntegramente la paga extra de Navidad y los derechos a días de libre disposición y a vacaciones por antigüedad. ¡Qué diferencia, señores del PSOE, con el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo! ¿Se acuerdan? Era también un real decreto que ustedes apoyaron y por el cual se redujo un 5 % de media el salario de los trabajadores públicos, con un IPC del 3 % anual en aquel ejercicio, y ustedes no quieren pedir perdón a los empleados públicos, porque ese ha sido un perjuicio definitivo y permanente. [[Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!]] El presidente Rajoy se comprometió a devolver los esfuerzos de los trabajadores públicos, y hoy estamos cumpliendo con ese compromiso porque hay una mejora económica que lo permite. Aquí no vamos a aprobar medidas económicas de gasto sin tener dinero para pagarlas; eso se lo dejamos a ustedes, que aprueban cosas y no tienen dinero para pagarlas. Aquí se aprueban cosas que son positivas, pero se pagan. [[Aplausos.-La señora Romero Rodríguez: ¡Muy bien!]] Por cierto, hablan de que este Gobierno ha sido injusto con los empleados públicos. Se lo he dicho muchas veces, y se lo vuelvo a decir: ¿y qué pasa en Andalucía con los complementos autonómicos de la paga extra de 2013 y 2014? No se les obligó a quitarlos; fue decisión propia de un Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida. No sé si ahora Ciudadanos va a pedirle al PSOE que devuelva esos complementos. Pero, además, esto también sucedió en Cataluña, donde se quitaron los complementos autonómicos de la paga extra. No he escuchado a nadie ni de Esquerra ni de Unió ni de Convergència quejarse de su propio Gobierno y de las decisiones que tomaron. Señorías, pueden ir devolviéndolos también; no pasa nada. [[Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bien, bien!]] Copien al Partido Popular y devuelvan los derechos que han suprimido a sus empleados públicos en las comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía. Subirse aquí a dar lecciones de quién es mejor para los funcionarios, creo que es una actitud poco apropiada porque, vuelvo a insistir, el Gobierno del Partido Popular y el presidente Rajoy se comprometieron a devolver los esfuerzos, y los esfuerzos que fueron solicitados por el Partido Socialista en 2010 no tienen posible recuperación, no la tienen y ustedes sabían además que se hacían de forma permanente y definitiva. Así que los que son un peligro, un auténtico peligro para los empleados públicos son el Partido Socialista, su apoyo radical - o lo que sea - de Izquierda Unida en Andalucía, Convergència Democrática en Cataluña y su socio Esquerra [[Aplausos]], porque les quitan su paga extra, se la quitan y además le echan la culpa a los demás. Cumplan, tienen competencias para poner complementos autonómicos, pues también las tienen para pagar esos complementos. Además este real decreto también es muy positivo para los ayuntamientos. Los ayuntamientos españoles estaban en muy mala situación en 2011-2012. Esto no es el Plan E, con el que se tiraron 15.000 millones de euros a la basura; no, no, esto no es el Plan E, con el que se dilapidó dinero público. Esto han sido medidas de apoyo a la liquidez, al pago a proveedores, a que las comunidades autónomas paguen los convenios a los ayuntamientos, que no los pagaban - y en Castilla-La Mancha lo sabemos - y ahora están obligadas por ley. Espero que no se vuelva a las andadas de no pagar los convenios. Hubo que hacer un FLA social para que las comunidades autónomas pagaran a los ayuntamientos los servicios que prestaban a los ciudadanos. Y, por cierto, con la reforma local se decía que los ayuntamientos iban a cerrar, que no iban a dar prestaciones sociales, que no iban a poder hacer nada, eso lo han dicho ustedes. Pues está en vigor y los ayuntamientos siguen prestando servicios sociales, siguen funcionando y no ha pasado ninguno de esos desastres que ustedes anunciaron. Este real decreto también es muy positivo para las universidades. Lo ha dicho el consejo de rectores, que ha felicitado al Gobierno por este real decreto. Mi compañera María Jesús Moro, que ha llevado este tema especialmente, sabe que los docentes universitarios y los investigadores están adquiriendo un derecho que antes no tenían, que era la carrera profesional, que se regenere la universidad, que entre gente con menor edad, que se cubran las plazas, se capte talento y también financiación. Para finalizar, quiero decir que desde luego estoy muy orgulloso de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, estoy muy orgulloso de mis compañeros [[Rumores.-Aplausos]], muy orgulloso del Gobierno de España, que ha sacado a este país de la absoluta ruina que se encontró cuando los socialistas llegaron al poder y salieron corriendo, convocando unas elecciones ante el riesgo de poder ser intervenidos, y desde luego también estoy muy orgulloso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martín-Toledano. ENMIENDAS DEL SENADO [[CONTINUACIÓN]]: - PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. [[Número de expediente 121/000133]]
Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. ¿Por el Grupo Vasco [[PNV]] desean intervenir? [[Denegación]] Gracias. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Gracias, presidente. Brevemente, porque el paso de esta ley por el Senado es desgraciadamente un paso como los habituales, es decir, no se ha introducido ninguna enmienda sustancial. Las enmiendas que se han introducido en el Senado son todas enmiendas llamadas técnicas o de redacción. La ley era mala cuando fue y es mala cuando vuelve. La reflexión que yo quiero hacer en la Cámara no solamente es sobre el contenido de la ley, sino sobre qué pasa con el Senado. Ahora que hay un debate abierto en España o que algunos quieren abrir sobre el futuro del Senado y lo están planteando en términos de a dónde lo llevamos, yo digo que si esto es para lo que sirve el Senado lo que hay que hacer es llevarlo al cierre. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Díez. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. Señorías, del Senado nos llegan enmiendas que mejoran el redactado técnico de esta ley. Eso en condiciones normales debería ser considerado una buena noticia, y lo es, siempre es bueno, porque para eso está el trámite parlamentario de doble lectura. Pero en este caso creo que pone de manifiesto una cosa que sería bueno que esta Cámara, aunque fuera al final de la legislatura, tuviera muy presente, y es la deficiente técnica legislativa con la que el Gobierno envía los proyectos de ley, esta hiperactividad legislativa, ese furor legislativo que ha tenido efectos tan contraproducentes como, por ejemplo, haber tenido hasta siete textos distintos de la Ley Concursal durante una legislatura. No se puede perder de vista que las leyes son seres inertes, pero muy sensibles, que requieren de un cierto sosiego, especialmente en el momento de su elaboración, además de conocimiento y un cierto cariño por el derecho. Me temo que además hay algún otro problema. En esta Cámara hay buenos especialistas en Derecho Procesal Civil, sin ir más lejos en el propio Grupo Popular, y en ocasiones yo tengo la impresión de que pasa algo por lo cual incluso el Gobierno y el propio Grupo Popular no tienen en cuenta esas capacidades y por alguna circunstancia que se me escapa resulta que terminan dejando los proyectos de ley en manos de esa especie de plaga en la que se han convertido algunos asesores ejerciendo de brigada Aranzadi, que parece que proliferan en todos los Gobiernos pero que en este se han convertido en una verdadera plaga, y menos mal que los letrados y los servicios de la Cámara hacen verdaderos esfuerzos para descubrir barbaridades como algunas de las que han aparecido en la tramitación de este proyecto de ley, textos que llegan al Senado en los que a lo mejor un mismo artículo tiene dos redacciones distintas, y no ha pasado una vez, sino dos. El resultado suele ser lo que tenemos, por desgracia, muy habitualmente, leyes con técnicas legislativas muy deficientes. Y si eso es grave en el ámbito del derecho sustantivo, mucho más lo es cuando se refiere al ámbito procesal, hasta el punto, insisto, de que se ha tenido que abordar el hecho de que llegan del Senado a esta Cámara textos en los que en dos temas distintos aparecen dos redacciones distintas de un mismo artículo. Eso sin duda tiene una explicación en esa deficiente técnica legislativa y en la manera en que se están elaborando las leyes en este país. Luego veremos cómo los operadores jurídicos y los tribunales dirán cómo es posible que esta ley tenga esa técnica jurídica tan despreciable. Pues aquí está el origen de algunas de las cosas. Refiriéndonos a esas mejoras, quiero resaltar que es de sentido común la ampliación de tres a cinco días para las respuestas escritas de personas jurídicas. Hay plazos mínimos en los cuales la respuesta requiere un cierto sosiego, y haber ampliado tiene sentido. Hay otras que también tienen lógica, como considerar que el sometimiento al arbitraje no tiene el mismo nivel que el sometimiento a una mediación, entre otras cosas porque el arbitraje por definición excluye la continuación del propio procedimiento judicial - lo que es increíble es que llegara el texto en esas condiciones al propio Senado -, por ejemplo, aquellas cuestiones que establecen que se debería obligar a la comparecencia del interesado para las notificaciones, cuando en la propia ley se establece que esas notificaciones se establecerán por medios telemáticos, es un poco absurdo, y eso es otra cosa que el Senado resuelve. Es una antigualla que permanecía en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil que desaparece y que, si se pudiera trasladar al ámbito de las administraciones públicas, a lo mejor nos ayudaría a mejorar su funcionamiento, porque, sin duda, en estos momentos existe en la Administración de Justicia, y también en otras administraciones públicas, un cierto desprecio al ciudadano y especialmente al uso de su tiempo, tiempo que en estos momentos es clave para la vida de mucha gente, y además suele tener impactos muy negativos en términos de competitividad porque tener que desplazarse para una notificación que se puede hacer por medios telemáticos no solo es un inconveniente para las personas, sino que termina siendo un problema sin duda para el entorno profesional de las empresas para las que trabajan. Aprovecho para decir que si algún gobierno alguna vez se planteara una medida tan poco seductora desde la perspectiva del márquetin político pero al mismo tiempo tan útil desde la perspectiva de la calidad democrática y del funcionamiento de la Administración en su conjunto como es anular todas las obligaciones de comparecer en cualquier escenario porque se pudiera hacer todo por la vía telemática, por la vía de las redes, este país posiblemente entraría definitivamente en la era de la modernidad y sobre todo mejoraría muchísimo en términos económicos y humanos. Y si me permiten, diré que es en aspectos como este cuando uno se da cuenta de que parece que en algunos momentos quienes redactan las leyes no suelen tener los mismos problemas domésticos y humanos que el resto de sus conciudadanos, porque si no, hay cosas que las tendrían muy presentes. Quiero prestar una especial atención a una de las enmiendas de calado que me parece también positiva como es la referida a las llamadas cláusulas abusivas y al hecho de establecer la posibilidad de que los tribunales acuerden de oficio su consideración. Menos mal, nunca es tarde si la dicha es buena. Permítanme que le recuerde al Grupo Popular que el planteamiento de que las cláusulas abusivas pudieran ser objeto de consideración de oficio por parte de los tribunales es un tema que en relación con el de los desahucios ha venido siendo planteado no solo por muchos tribunales sino por grupos de esta Cámara. Si nos escucharan a tiempo, a veces podríamos evitar sufrimiento a mucha gente. Cuánto sufrimiento se hubiera podido evitar si al inicio de esta legislatura nos hubieran escuchado a las organizaciones sociales, a los tribunales y a algunos grupos de esta Cámara cuando planteábamos el tema de las cláusulas abusivas que existen en algunos contratos, esos contratos de adhesión que suelen hacer empresas que tienen una posición de dominio, de dominio total y absoluto con los usuarios. Desgraciadamente eso no fue así y ese sufrimiento que hubiéramos podido evitar no se ha evitado por esa sordera del Gobierno y del Grupo Popular. Bienvenida sea esa reforma que además viene a resolver un tema que había sido objeto incluso de algún tirón de orejas por parte de la propia Unión Europea. En último lugar, quiero insistir en una cuestión muy importante. Nuestro grupo viene reiterando desde hace mucho tiempo - y aprovecho que está aquí el ministro de Justicia, al cual le agradecemos su presencia, para que pueda escuchar algunas cosas - que la mejora de las leyes procesales es importante para el funcionamiento, como por ejemplo la del Poder Judicial. Estarán ustedes de acuerdo en que las leyes requieren tiempo, calma, sosiego, tranquilidad, justo todo lo que no ha pasado en esta legislatura. Como he tenido oportunidad de conversar con algunos de ustedes en la intimidad, que diría el señor Aznar - y en catalán -, sé lo que piensan, pero desgraciadamente lo que piensan algunos de ustedes no es lo que ha hecho el Gobierno del Grupo Popular. Lo que ha pasado en esta legislatura con las leyes en el ámbito de la justicia es un verdadero desastre. Las leyes, aun las buenas, cuando se manosean, terminan siendo un verdadero desastre porque nadie sabe ni las que se aplican. Yo vengo del ámbito de lo laboral y les puedo asegurar que no hay ningún operador jurídico en el ámbito laboral que sepa en estos momentos qué está vigente y qué no está vigente. Menos mal que los medios telemáticos y las redes permiten armonizar un poco las legislaciones. Eso está muy bien; tratar las leyes procesales es importante pero no nos engañemos, la mejora del funcionamiento de la justicia vendrá por esa mejora de las leyes procesales pero también por dotar a la Administración de Justicia de los recursos suficientes para que las leyes procesales no sean papel mojado. Aquí hay algunas reformas importantes que se han incorporado - no digo que no - pero que luego pueden quedarse en papel mojado porque no se puedan ejecutar, porque la realidad de las oficinas judiciales no les permite ponerlas en marcha. En ese sentido, alguna vez en este país alguien deberá preguntarse por qué las élites políticas han prestado históricamente en los últimos cuarenta años tan poca prioridad a la inversión pública en justicia. Yo tengo una hipótesis doble, pero antes quiero plantearles una reflexión. No es posible que un país que ha sido capaz de poner en marcha algunas de las mejores y más eficientes administraciones de toda Europa - reconocido por todo el mundo - como es la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS, en general la Administración de la Seguridad Social o la propia Agencia Tributaria - no me refiero ahora al aspecto político sino de gestión - haya sido profundamente incapaz de mejorar, de manera significativa, el funcionamiento del servicio público de la justicia. Se han hecho cosas importantes, pero no todas. Yo les planteo dos hipótesis, aunque una de ellas es la más importante. Creo que la razón es muy obvia, las élites políticas tienen muy en cuenta el interés de las élites económicas y de los poderosos y - no se nos olvide - en estos momentos los poderes económicos necesitan cada vez menos de la justicia para hacer valer sus intereses; por lo tanto, la justicia no les interesa. La justicia es aquello que necesitan los que están en posición, no de dominio sino de inferioridad en las sociedades para hacer valer sus derechos. Y por eso el funcionamiento de la justicia no ha sido una prioridad. Esa realidad puede agravarse si se avanza en la propuesta del mal llamado Tratado de libre comercio, TTIP, en el cual los grandes conflictos de las grandes multinacionales en términos comerciales se van a poder dilucidar a través de mecanismos arbitrales privados en los que las grandes corporaciones van a poder incidir, en cuanto a su posición y su forma de solución, y van a poder someter a los Estados democráticos. No lo digo yo, lo denunciaba ayer el presidente de Uruguay, el señor Tabaré, en la sede de Naciones Unidas en su conferencia anual cuando denunciaba la situación que está sufriendo en estos momentos, como consecuencia de las presiones de las tabaqueras y, concretamente, de Philip Morris sobre el Estado de Uruguay y la vergüenza que supone que el Estado de Uruguay tenga que someter su soberanía a la decisión de mecanismos arbitrales en beneficio de Philip Morris. Por cierto, todos aquellos que discuten sobre soberanías nacionales, presentes y futuras, harían bien en situar ese debate en esos términos del siglo XXI. Termino con una referencia, no al ministro de Justicia - al que quedan pocos telediarios - sino en general a la Cámara y al país. Pronto, espero que la próxima legislatura - yo no lo veré porque esta es de mis últimas intervenciones en la Cámara - sea de verdad, entre otras, la legislatura de la justicia. Permítanme que les diga al Partido Popular y al ministro de Justicia que si los ministros de Justicia de este Gobierno hubieran dedicado el mismo esfuerzo a mejorar la justicia que el que han dedicado a imponernos sus concepciones ideológicas y los intereses de determinados grupos de presión posiblemente se hubiera podido avanzar más en el servicio público de la justicia. La verdad es que lo que ustedes no han hecho espero que lo hagan los ciudadanos con su voto; si ustedes no atienden a razones espero que atiendan al veredicto de las urnas bien pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene, en primer lugar, la palabra la señora Surroca.
Gracias, señor presidente. Rápidamente, desde el escaño. Nosotros, de entrada, realizamos una valoración positiva de este proyecto de ley porque compartimos el objetivo global que es modernizar y agilizar la Administración de Justicia, por lo que tampoco se presentó enmienda a la totalidad. A pesar de ello, presentamos un conjunto de enmiendas para mejorar el conjunto del proyecto. Reconocemos que parte de nuestras enmiendas fueron incorporadas a lo largo de la tramitación parlamentaria y lo valoramos positivamente. Sin embargo, se introdujeron por parte del Partido Popular una serie de enmiendas que tienen que ver con la asistencia jurídica gratuita, lo que ya ha sido objeto de crítica por parte de nuestro grupo. En este momento lo reiteramos y por esta razón no hemos dado apoyo a este proyecto. Tenemos que recordar también que la Generalitat de Catalunya tiene competencias en materia de Administración de Justicia y en esta línea ha hecho una apuesta decidida para la modernización de la justicia. Prueba de ello es, por ejemplo, la implantación del expediente judicial electrónico en el que Cataluña ha ido por delante y ha sido pionera. Por esa razón, hemos estado presentando una serie de enmiendas que tienen que ver con el desarrollo de este aspecto y especialmente con el respeto de las competencias de la Generalitat de Catalunya. En el Senado se presentaron un conjunto de enmiendas que no fueron aceptadas ni transaccionadas. Insistimos en la modificación del artículo 23 con la finalidad de incluir de manera clara que los procuradores tengan que ser titulados universitarios en grado de Derecho, este era un aspecto importante que hemos defendido. Además, pedimos la suspensión del apartado 36 bis porque en el texto remitido por el Congreso se contemplaban dos posibilidades de redacción del artículo 27. En definitiva, hay una serie de enmiendas presentadas que no se han incorporado a lo largo de la tramitación parlamentaria. Podemos compartir ese objetivo y nos habría gustado apoyar este proyecto pero han quedado muchos flecos por el camino que entendemos que podían haber sido mejorados a través de la transacción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el mismo Grupo Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra la señora Ciuró.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, subo a la tribuna también para defender la actuación de Convergència Democràtica en la tramitación de esta ley, y recogiendo las palabras de la señora Surroca, es cierto que compartimos la necesidad de modernización de la justicia en materia de nuevas tecnologías. Es cierto que la Generalitat de Catalunya ha sido pionera porque tenemos competencias en materia de justicia y estamos haciendo una gran apuesta para implementar el expediente judicial electrónico, lo que pasa es que esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil se inmiscuye de lleno - y una vez más - en el ejercicio de esta competencia. Ustedes saben que presentamos una enmienda en la que pedíamos que se nos permitiese como comunidad autónoma y administración competente la regulación reglamentaria de los supuestos en los que será o no obligatorio el uso de medios electrónicos en las notificaciones - citaciones, emplazamientos o requerimientos -, todo ello en función del grado de implementación de las tecnologías de la información en el respectivo ámbito territorial. Esta enmienda ha sido denegada y, sinceramente, entendemos que con ello torpedean la efectividad de la implementación de los medios electrónicos porque si quien conoce de primera mano el estado y nivel de la digitalización no tiene la facultad para decidir el nivel de intervención mediante medios telemáticos, ¿quién lo puede determinar? Por tanto, hace poco operativa esta implementación. Hemos tenido un no por respuesta en esta materia y lamentamos que una vez más se laminan el ejercicio de las competencias en este caso en materia de justicia. También hemos hecho vía enmiendas una serie de actuaciones en defensa de las actuaciones de los procuradores y las procuradoras. Son colaboradores necesarios de la justicia y desde nuestro grupo defendemos la necesidad de que el procurador o procuradora pueda realizar actos de comunicación. Pues bien, sobre la base de lo que ya se establece en el Libro Blanco de la Justicia nos hubiese gustado que además se aceptasen nuestras enmiendas que posibilitan que los y las procuradoras pudiesen realizar los actos de ejecución. Es un ámbito donde los procuradores podrían realizar gran parte de su actividad y sin duda coadyuvarían a la agilización de la justicia. Reitero que es necesaria su función y por tanto en ese sentido habíamos caminado. Señor ministro, lamentamos que toda la modernización de la justicia vemos que va acompañada de una consideración de que todo ello conlleva costes cero. Esto, sinceramente, lo vemos difícil de implementar. Vemos que la materialización de los proyectos de ley si no se asume de antemano que la Administración de Justicia tiene que estar más y mejor dotada de recursos, difícilmente podremos conseguir su perfecta implementación. Por tanto, la ley quedará coja en este ámbito. A nivel de justicia gratuita, se ha referido aquí también con anterioridad, por la puerta de atrás han pretendido resucitar el proyecto de ley de justicia gratuita. Lamentamos un cierto uso trilero de la forma de legislar, porque si bien habían aparcado en un cajón la reforma de esta ley importante, vía enmiendas han hecho inciso en el desarrollo de la justicia gratuita y ello ha suscitado de nuevo la contestación de todo el sector. Lamentamos que se haya utilizado esta vía y no la del consenso, que es la que tendrían que haber implementado para poder avanzar en favorecer el ejercicio de la tutela judicial efectiva por parte de aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad. Eso nos obliga a hacer una crítica a esta ley y a no poder darle nuestro apoyo, pero reivindicamos que se haya aceptado nuestra enmienda 191, que posibilita que los herederos de los abogados puedan reclamar el pago de los honorarios que hubiesen sido devengados en caso de fallecimiento del titular acreedor. En este sentido mostramos nuestra satisfacción porque era algo que debía resolverse. Convergència quiere manifestar que ha sido una tramitación demasiado apresurada. Lamentamos que el trámite del Senado no haya servido para introducir mayores garantías y esta reforma trilera de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es una pena, señor ministro. Había actuado bien aparcándola en el cajón, pero resucitándola vía enmiendas nos ha parecido que sustraía el debate necesario en esta materia. Por tanto cerramos el trámite de modificación de la LEC con la tónica que ha marcado la legislatura, que no es otra que la falta de consenso y el uso abusivo de su mayoría absoluta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ciuró. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Ramón.
Gracias, señor presidente. De nuevo viene este proyecto al Congreso, ahora para someter a votación las enmiendas que su grupo ha aprobado en el Senado, prácticamente en solitario, pues están solos frente al mundo hasta el final. Se trata de una reforma que han acometido, como hacen siempre, de forma totalmente unilateral, deprisa y corriendo, cuando apenas quedan unos días para finalizar esta legislatura. Ahora quieren modificar rápidamente una ley centenaria, una reforma innecesaria que no responde al objetivo de mejorar un servicio público como la justicia y mantenerlo exclusivamente en manos públicas. [[El señor]] No responde a una demanda urgente de la sociedad, señor ministro, sino a la necesidad del Gobierno de facilitar la privatización de aspectos básicos del procedimiento civil. Lo que pretende es mercantilizar la justicia española; eso es lo que llevan haciendo durante estos años de gobierno. Tienen ustedes una auténtica obsesión por privatizar, por volver a viejos tiempos. Una vez más el Gobierno, apoyado en su mayoría absoluta, impone a la Cámara para su aprobación un proyecto de ley que, como todas sus actuaciones en materia de justicia, pasa o bien por concesiones a determinadas corporaciones o bien por su afán de privatización. Pretenden imponer un sistema judicial a dos velocidades: uno para quien pueda pagárselo y otro para el resto, una justicia para ricos y otra para los demás. Ahora, a través de la cesión a los procuradores, proclaman su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, pero lo que hacen es, de una parte, aumentar el número de procedimientos o trámites en los que es obligatoria la figura del procurador, y de otra, llevar a cabo una privatización de aspectos básicos del procedimiento civil y de las garantías inherentes a los gastos de comunicación y auxilio, y a la vez debilitan cualquier consideración de los procuradores como cooperadores de la Administración de Justicia, ya que eliminan la posibilidad de que los procuradores tengan que hacer actos de comunicación o cooperación cuando lo requiera el secretario judicial. Al final el procurador deja de ser un colaborador del juzgado si el secretario no puede imponerle tarea. La única finalidad es, pues, privatizar, privatizar sin controles una parte básica del funcionamiento de la justicia civil. Otra nota en común de las reformas que trae a la Cámara es la vuelta al pasado. Así lo hace con la propuesta de reforma del juicio verbal. Su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2000 consagró en el procedimiento civil principios constitucionalizados, como son la economía procesal, la oralidad, la inmediación y la concentración; principios a los que se renuncia con esta reforma. En el trámite de enmiendas en el Congreso el Grupo Popular presentó cuarenta y cuatro enmiendas que tratan, de una parte, de hacer correcciones técnicas para mejorar un proyecto deplorable, y que lo que en realidad comportaban era una enmienda a la totalidad del contenido del proyecto de ley. Ya lo dije en la Comisión de Justicia y lo voy a repetir: eso constituye un fraude de ley clarísimo en cuanto que supone la sustracción de los informes preceptivos que deben tramitarse en la aprobación de los proyectos de ley, tal y como estipula el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además nos impiden a los parlamentarios el ejercicio pleno de nuestros derechos, en cuanto no podemos enmendar esas propuestas, que además suponen reformas completas de leyes que están en trámite, como la de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de manera unilateral y sin retirar ese proyecto en trámite. Asimismo modifican otras muchas leyes que están en vigor. Y lo que es todavía más relevante es que lo hacen sobre una motivación inexistente o falsa en las enmiendas, ya que hablan de mejoras técnicas y en muchas ocasiones los preceptos ni son mejoras ni son técnicas. En el Senado ustedes presentan otras veinticuatro enmiendas que siguen modificando otras leyes existentes; leyes que, insisto, ustedes mismos en ocasiones están tramitando, pero que modifican por esta vía. Ustedes se han cargado el principio de seguridad jurídica. Nuestro grupo presentó en el Senado cincuenta y nueve enmiendas. No nos aceptan ninguna enmienda en ninguna de las dos Cámaras. Probablemente estemos equivocados todos, menos ustedes. A todo esto hay que unir la nula actuación modernizadora del Ministerio de Justicia en esta legislatura, que pretende soslayar mediante la imposición a todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales la obligación del empleo de medios telemáticos a partir del día 1 de enero del año 2016, como si eso fuera así de fácil: ustedes lo recogen en una ley y, plas, se opera el milagro. Otro elemento capital en defensa de los intereses espurios de esta reforma es el nuevo régimen jurídico de la prescripción extintiva de las obligaciones civiles contenida en el Código Civil, que había permanecido inalterado desde su promulgación hasta el momento presente. El Gobierno ha decidido poner fin a los más de ciento veinte años de inmunidad de estos preceptos sin explicación alguna; algo que de por sí lo hace rechazable desde el momento en que tampoco ofrecen ninguna justificación de la urgencia que obliga a esta modificación legislativa. La propuesta de reforma ataca frontalmente la eficacia interruptiva de las reclamaciones extrajudiciales del acreedor, que constituye, a mi juicio y al de mi grupo, otro punto de gran calado de la propuesta. Acaba de un plumazo - sin justificación alguna en la ley ni en los informes - con la posibilidad de que el acreedor mantenga vivo su derecho a través de sucesivos actos extrajudiciales de reclamación de la deuda, recuperando con cada uno de ellos un nuevo término integro de prescripción. Aun sin decirlo expresamente en realidad lo que eliminan por completo es el efecto típicamente interruptivo de la reclamación extrajudicial, porque el acreedor que la utilice no contará con un nuevo plazo de cinco años para ejercitar su derecho, y - lo que es más curioso - deja también en el aire muchas dudas como, por ejemplo, si se considerará reclamación extrajudicial la invitación del acreedor al deudor de sometimiento a un procedimiento de mediación. ¿Qué pasa con el arbitraje, qué tratamiento merece? ¿Habrá en tales casos suspensión de la prescripción o hablamos de interrupción o acumulamos ambos efectos? No menor disparate es la disposición transitoria quinta, que regula un régimen pretendidamente transitorio de prescripción de las acciones nacidas antes de las reformas, que en realidad no es tal, porque se remite al artículo 1939 del Código Civil, un precepto que literalmente se refiere a la prescripción comenzada antes de la publicación del código, para lograr así un cierto efecto de retroactividad impropio del cambio normativo. Es decir, que el nuevo plazo para completar la prescripción se aplique también a la ya iniciada, pero aún no consumada, antes de la entrada en vigor de la reforma legal recortando hasta los cinco años, contados desde el día en que se aplique la nueva ley, los plazos que antes pudiera tener el acreedor. Frente a esto las propuestas del Grupo Socialista han tratado de evitar que se privaticen elementos esenciales del proceso civil, y que se reforme el juicio verbal, que se trastoca por completo en esta reforma, con un pretexto bochornoso de justificación del cambio en un supuesto reforzamiento de la tutela judicial efectiva. Recordamos que la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 dejaba claros los valores que quería imponer, y así manifestaba que la ley diseña los procesos declarativos, de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas, en los juicios verbales por la trascendencia de la vista, y en el ordinario porque tras demanda y contestación los hitos procedimentales más sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador. Pues bien, la propuesta es radicalmente contraria. Ustedes van a convertir el juicio verbal en un procedimiento escrito, van a conseguir que se pierdan los principios de inmediación, oralidad y publicidad que para los juicios verbales reconocía la ley del año 2000. A todo ello se añade lo que con acierto afirma el Consejo General del Poder Judicial, y es que esta medida provocará además una evidente dilación del juicio. Para finalizar yo me pregunto si de verdad creen ustedes que esta reforma es necesaria, si de verdad creen que van a mejorar el proceso civil. Yo opino que ustedes mismos no lo creen, y además creo que también debemos preguntarnos si transgrede la propia Constitución. Seguramente sí, porque quebranta los derechos de igualdad, de no discriminación y de tutela judicial efectiva que protege nuestra Constitución. Por todo ello manifestamos nuestro rechazo a esta reforma, porque es innecesaria, porque no responde a ninguna exigencia de la sociedad española, ni de los profesionales del derecho, ni de los demandantes de la justicia, solo privatizada aspectos fundamentales del procedimiento civil. Lo que van a conseguir es que nuestra justicia sea más lenta, más ineficaz, más insegura, y en definitiva más injusta. [[Aplausos]]
Gracias, señora Ramón. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López González.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los decanos de procuradores que están siguiendo este debate desde la tribuna. Ningún esfuerzo sobra cuando se trata de España y de los españoles. Desde el comienzo de esta legislatura el Gobierno ha trabajado y trabaja con empeño y con tesón mejorando día a día la agilidad, la calidad, la eficiencia de la justicia y su vocación de servicio a la sociedad, y el Grupo Parlamentario Popular, que sostiene a este Gobierno, ha participado intensamente en ese plan ambicioso de reformas legislativas; solo en los últimos once meses se han tramitado 14 proyectos de ley, y en estas sesiones ya aprobamos los últimos. Solo así se fortalece el Estado de derecho, se incrementa la seguridad jurídica y se refuerza nuestra competitividad como país. ¿Saben ustedes, señorías, que llevamos dos años seguidos incrementando el presupuesto y situando a la justicia como una de las grandes prioridades? Así es. El presupuesto del Ministerio de Justicia se incrementó en el año 2015, y volverá a aumentarse un 7,2 % más en el año 2016. Además subirán las inversiones en el próximo año, nada menos que un 26 % más con respecto a este curso, sobre todo para la modernización tecnológica del sistema de justicia. Con más y mejores leyes, más medios, y más dotaciones tecnológicas haremos posible entre todos que la justicia sea más ágil y más rápida, porque como decía Séneca, nada se parece tanto a la injusticia con la justicia tardía. Y precisamente la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que hoy debatimos, y que aún están a tiempo de apoyar todos los grupos, va a contribuir a la modernización de la justicia, que no es una mera declaración de intenciones, porque hay objetivos muy reales y una detallada planificación. Paso a tratar los aspectos concretos de la reforma. El primero y más importante es precisamente el fomento de las nuevas tecnologías. ¿Cómo conseguimos una justicia más ágil y más moderna? Acelerando, entre otras cosas, el uso de las nuevas tecnologías y de los medios telemáticos. Hemos de adaptarnos a las nuevas exigencias. La modernización es un proceso y este no tiene marcha atrás. Al principio hay resistencias y dificultades, porque es una verdadera revolución. Por ejemplo, después del tintero y de la pluma vino un cambio enorme, a principios del siglo XX, con la máquina de escribir, y las ha habido mecánicas, eléctricas y electrónicas - aún quedan algunas en los juzgados -. Ahora se trata de hacer desaparecer el papel y pasar al expediente electrónico, otra gran revolución. Si aquella máquina de escribir contribuyó a mejorar y a modernizarnos, el salto tecnológico actual es infinitamente mayor, y en consecuencia los beneficios también. No podemos quedarnos atrás. Estamos en el siglo XXI y necesitamos una justicia del siglo XXI. El 1 de enero de 2016 será una realidad: los juzgados trabajarán exclusivamente a través de medios electrónicos. L justicia sin papel es uno de los objetivos, y esto es posible, y les incumbe especialmente a los procuradores de los tribunales, una figura quizá algo desconocida, pero imprescindible. Son los que realmente conocen el proceso y asumen su gestión. En este apartado quiero hacer mención también al uso de esa plataforma de intercambio seguro que es LexNET. Frente a los escépticos, el Consejo General de Procuradores de España nos ofrece los siguientes datos. Si en el año 2004 tramitaban 35.664 notificaciones con LexNET, en el año 2010 eran ya 11.300.000 y en 2014 - último dato actualizado - cuatro veces más, en concreto 46.293.000. Y es que los procuradores son los mejores aliados para la modernización de la justicia. Estos datos demuestran que la Administración de Justicia está capacitada suficientemente para cumplir con esa obligación de emplear los sistemas telemáticos desde el 1 de enero de 2016. Un segundo aspecto de la reforma: mayor implicación de los procuradores dentro de la Administración de Justicia. Es conveniente que el procurador pueda también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución, y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados en los términos y con las limitaciones que se establecen. Eso no lo decimos nosotros, esto es una orientación del Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que lo puso de relieve. Revolución por tanto en el sistema judicial, continuista con el cambio emprendido por el Gobierno desde el año 2011, y con esa consideración que nos hacía el consejo en 1998. Moléstense en leer y entender ese libro, y si lo han leído vuelvan a hacerlo con la intención de descubrir lo que ahí se afirma. Esto no es privatizar la justicia. No lo es. ¿Qué conseguimos atribuyendo nuevas funciones a los procuradores? Que los auxiliares o secretarios puedan dedicar más tiempo a otras labores, y en consecuencia se puede afirmar que se incrementan los recursos en materia de justicia, se mejoran las opciones del justiciable, y en su esfera de voluntad queda la decisión de acogerse o no al sistema diseñado, sin que ello implique, señorías, una justicia a dos velocidades ni una privatización de parte de la Administración de Justicia con los actos de comunicación. Los otros tres pilares de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil son la mejora del juicio verbal, una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas, sin olvidarnos de las modificaciones en materia de asistencia jurídica gratuita. Las reformas del juicio verbal. Tras quince años de aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil los diferentes operadores jurídicos nos demandaban un cambio en la regulación del juicio verbal, para reforzar precisamente la tutela judicial efectiva. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es otra que evitar la indefensión de las partes, permitiendo que actúen con igualdad de armas y puedan acudir a juicio con los medios de prueba necesarios, sin que ello suponga una demora en su tramitación. Se introduce la contestación escrita a la demanda para dotar de una mayor certidumbre al proceso, también se evitará la citación de testigos innecesarios si se consigue que la prueba pericial judicial sea viable sin necesidad de suspender la vista, como sucede en la actualidad. Es precisamente lo contrario de lo que algunos de los grupos han querido ver; por ejemplo, no han entendido que cuando las partes soliciten que no haya vista y el juez lo considere oportuno, en lugar de perjudicar al ciudadano, lo que hace es ofrecerle más ventajas, como la reducción del tiempo de respuesta judicial o el ahorro de los costes del procedimiento. Penúltimo aspecto, la modificación en el control de las cláusulas abusivas en el procedimiento monitorio. Se mejora este control al permitir que el juez pueda entrar a valorar si existen tales cláusulas, y en consecuencia se produce una mejora en la defensa de los consumidores y usuarios. Y por último, modificaciones en la asistencia jurídica gratuita. Se trata de mejoras, señorías, que amplían el ámbito subjetivo de la ley, ya que nuevos sujetos pueden acceder a ella, y el ámbito objetivo, ya que nuevas situaciones son susceptibles de tener reconocido este derecho. Entre los nuevos sujetos que pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita quiero destacar las asociaciones de víctimas de terrorismo y las familias numerosas, que tienen esa condición por las circunstancias especiales de sus miembros y no por el número de estos. Señorías, el paso por el Senado de esta ley ha mejorado considerablemente su contenido. En la Cámara Alta se han modificado en concreto veintitrés artículos, una disposición adicional, dos transitorias y tres finales. Por destacar alguna de las modificaciones allí incluidas en el proyecto mencionaré la realizada al apartado 2 del artículo 14, por la que el plazo concedido al demandado para contestar a la demanda no se suspenda por la resolución del secretario judicial, sino por la presentación de la solicitud, y la otra es la posibilidad de que los descendientes de abogados puedan reclamar los honorarios que no les hubieran sido satisfechos. Durante el trámite parlamentario de esta ley hemos tenido que escuchar lamentablemente muchas barbaridades como, por ejemplo, que los procuradores son enemigos de la Administración de Justicia o que la justicia se va a privatizar con esta reforma, o incluso aquí se han mezclado dos proyectos de ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo esta es una ley, señora Ramón - y vuelvo al principio -, que es esencial para dotar de una mayor agilidad y calidad a nuestra justicia; una ley que es el fruto del trabajo y esfuerzo de muchas personas, de encuentros con diferentes colectivos, con todos los operadores jurídicos. Nunca hemos querido que esta ley fuera la ley del Partido Popular, sino la ley de todos, porque el espíritu imperante ha sido el de la negociación. Por ello agradecemos todas las aportaciones de todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Y no quiero terminar mi intervención sin mostrar mi agradecimiento a mis dos compañeros ponentes, al señor Molinero Hoyos y al señor Martín-Toledano, por el magnífico trabajo realizado, por su profesionalidad y buen hacer; a los letrados de la Cámara, por sus observaciones técnicas, y al ministro hoy aquí presente y a su equipo, que también veo en la tribuna. Él considera la justicia como una cuestión de Estado, y eso se ha traducido en reformas legislativas y estructurales acometidas basadas en la adaptación de las nuevas tecnologías, las mejoras en los procesos y el incremento de recursos humanos y materiales. Esto contribuirá a que la Administración de Justicia deje de ser percibida por el ciudadano como esa lenta máquina de la que ya Hamlet hablaba en su monólogo. Hoy hemos dado entre todos un paso más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su atención. [[Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Gracias, señora López González. Señor ministro.
Gracias, presidente. Intervengo brevísimamente solo para poner de manifiesto la satisfacción del Gobierno por la tramitación final de este proyecto que será votado en el día de hoy. Confío en su aprobación, porque en última instancia, y más allá de los comentarios y las observaciones que sus señorías han formulado a lo largo de sus intervenciones, poniendo de manifiesto lo que se podía haber hecho o alguna discrepancia sobre lo que incorpora este proyecto de ley, me parece que una valoración sobre una reforma que a la justicia civil le aporte la incorporación de las nuevas tecnologías, la mejor protección de los consumidores y de las distintas partes del proceso, así como la agilización procesal, en todo caso debe ser tomado como una buena noticia. Haber elaborado este proyecto desde los profesionales y con los profesionales para aprovechar las capacidades no solo de los funcionarios de la Administración de Justicia, que por supuesto constituyen el elemento fundamental de la gestión pública, sino también del resto de profesionales del mundo del derecho, como son los procuradores, abogados y todos los que colaboran cada día en la justicia, es una buena noticia, y por lo tanto nos va a otorgar una mejor Ley de Enjuiciamiento Civil, que parte de la experiencia, parte del conocimiento de los problemas, y aunque probablemente quedan muchas cosas por hacer, estoy seguro de que en la próxima legislatura seguramente un Gobierno del Partido Popular pueda seguir mejorando la reforma de la justicia, y habrá oportunidades de seguir mejorando la justicia para los ciudadanos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro.
Los dos siguientes puntos del orden del día los vamos a debatir de manera acumulada, de acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces. Se refieren a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y asimismo al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, quiero agradecer, cómo no, su presencia. Se ha citado con recurrencia en el debate anterior el Libro Blanco para la Reforma de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, y se ha hecho una invocación a su lectura. Como sabe el ministro, no hay un libro blanco, hay dos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial. Algunos sí que lo hemos leído e incluso hemos contribuido a su redacción. No sé si mucha más gente lo ha leído, porque no se editó más que la primera edición y no se volvió a reeditar; o ha habido un sistema de préstamos intensivo entre las personas que tienen algo que ver con el mundo de la justicia, en el sentido más general del término, o su lectura ha sido más bien escasa; y sobre todo ha sido escasa en relación a los requerimientos y al contenido material de la ley, cuyo último trámite legislativo acaba con este acto. No voy a citar a Shakespeare ni a Hamlet; le voy a citar a otro autor, señor ministro, a Joël de Rosnay - y don Cayo Lara también lo hizo ayer -. Joël de Rosnay se refiere a lo que se denomina política líquida, en términos de ciencia política actual, es decir, política fluctuante, política carente de solidez, carente de referencias, carente de elementos de identificación jurídica relevantes. Lo que se ha hecho en esta ley - si me permite la expresión, y no se lo tome a mal, porque sabe que le tengo un gran aprecio personal - es casi el paradigma de la política líquida, porque algunas de las enmiendas que han sido objeto de la pretendida transacción o pretendido consenso entre los grupos parlamentarios no son tales. En primer lugar, por un procedimiento tortuoso y dudosamente reglamentario, ustedes se han permitido el lujo de modificar la estructura de la casación penal, nada menos, uno de los aspectos más relevantes del proceso penal, mediante una enmienda que - me gustaría que las letradas me escuchen - yo no sé qué naturaleza reglamentaria tiene, porque es una transacción realizada con nadie en concreto, con ningún grupo en concreto. No sé si existe en el Reglamento de la Cámara la figura de la transacción exegética, es decir, aquella transacción vinculada a la pretendida voluntad del legislador reinterpretada por los que realizan y redactan materialmente la transacción y la incorporan al texto de la norma que estamos debatiendo. De esta manera, ustedes han incorporado nada menos que una modificación profunda de la casación penal, del recurso más relevante y que agota todas las instancias procesales, señor ministro. No digo que lo hayan hecho mal, porque lo que han hecho al final coincidiría en buena manera con algunas de las pretensiones históricas de mi grupo parlamentario, reteniendo para el Tribunal Supremo y su Sala segunda la defensa del denominado ius constitutionis y reservando para los otros tribunales la casación ordinaria, aquella que pretende garantizar los derechos vinculados a lo que se denomina técnicamente ius litigatoris. Es una recomendación de los dos libros blancos del Consejo General del Poder Judicial en la confección que se le dio, que no sé si ha sido leída por mucha gente, porque es una recomendación, pero lo que no es una recomendación que permita una reflexión apologética por nuestro grupo parlamentario es el procedimiento. ¿Ustedes con quiénes han transado esto? Es decir, ustedes han hecho una reinterpretación de lo que pretendidamente pensábamos todos, han redactado con formato de enmienda transaccional, que sería fraudulenta dada su formalización material en el debate, y la han incorporado al proyecto de ley. Señor ministro, siento mucho que esta mañana - porque usted es un jurista fino y además es un hombre muy tributario de los requerimientos dogmáticos del ordenamiento jurídico - no haya estado en el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de las invocaciones que se han hecho con relación al respeto de la ley, de la legalidad, algunos rasgándose prácticamente las vestiduras, desfigurando también la legalidad, porque aquí se habla mucho de Estado-ordenamiento y se habla poco de Estado-comunidad, y usted sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Ha habido quien ha hecho una especie de invocación de la legalidad, impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales que incluso están reconocidos en el ordenamiento jurídico español por los instrumentos de ratificación de tratados internacionales, como los relativos al derecho de autodeterminación del año 1966. Esto ha gravitado, el primer debate, sobre lo ocurrido con el proceso llamado soberanista en Cataluña. ¿Pero de qué legalidad estamos hablando? Si se legisla como se legisla, yo tendré que respetar la legalidad, porque si no me arriesgo a que por un juicio o por incurrir en un injusto penal me venga la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza o quien sea y me detenga, pero solo por esta razón, por ninguna convicción íntima de que la legalidad que estamos generando mediante la transgresión sistemática de los procedimientos legislativos, tal como están reglamentariamente configurados, nos legitima a defender. ¿Por qué no hablamos de la legalidad formal, de la legalidad reglamentaria, de la legalidad de los procedimientos legislativos tal como están configurados por los reglamentos de las Cámaras? Prescindimos de esto de forma absolutamente manifiesta en la ley que por el procedimiento de lectura única se ha va a aprobar hoy con relación a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solo para ahormar el proceso soberanista que se está suscitando en Cataluña en este momento y que permite la ejecución directa de las sentencias del Tribunal Constitucional, como si antes la legislación del Tribunal Constitucional, su ley orgánica, no lo permitiera. Yo no voy a oponerme o confrontarme materialmente, ni voy a realizar una invocación, como algún grupo en Cataluña ha hecho, a la insurrección legislativa. No es nuestro estilo ni quiero acabar en la cárcel, señor ministro, honestamente se lo digo, pero desde luego, cuando se legisla como se legisla, estamos hablando de una legalidad puramente acuosa, fluida, volviendo a reiterar las expresiones de Joël de Rosnay. Léase el libro de Joël de Rosnay respecto a la política líquida, a la política fluida y a la forma de legislar también líquida o a la forma de legislar fluida. Señor ministro, le ha faltado coraje para hacer un código procesal penal entero, o tiempo - quizá sea tiempo -, pero cuando compareció la primera vez en la Comisión de Justicia se comprometió a elaborar un código procesal penal entero. Ya le dijimos que era una pretensión utópica, que formaba parte de un optimista desiderátum por su parte. Y lo ha hecho parcialmente y mal. Mal porque le ha faltado coraje para algunas cosas, parcialmente coraje, porque ha tenido coraje para otras. En relación por ejemplo con materias tan susceptibles en un proceso de normalización política como el de Euskadi, como el de la detención preventiva y su duración, ustedes todavía siguen sobrepasando el límite constitucional y manteniendo una legislación antiterrorista a la que atribuyen efectos casi taumatúrgicos. Ustedes en sus discursos políticos atribuyen a esta legislación antiterrorista y a la acción de la jurisdicción - también especial o excepcional, como la de la Audiencia Nacional - y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la victoria contra ETA. El aserto es discutible. Es discutible que ETA haya sido derrotada solo por la aplicación de la legalidad excepcional, pero cuando el Estado elabora una legalidad excepcional que transgrede los limites constitucionales que legitiman su propia existencia - me estoy refiriendo al límite de las setenta y dos horas previsto en el artículo 17.2 de la Constitución en cuanto a la incomunicación y la detención preventiva - lo que ocurre simultáneamente es que se producen actos o casos de tortura - le recuerdo que el Estado español ha sido condenado en cinco ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar casos de tortura -, se producen, como han denunciado diversos relatores de las Naciones Unidas, espacios de opacidad donde la tortura es posible y se contradicen tratados que ya tienen instrumentos de ratificación por el Estado español, como el de Estambul en relación con las prácticas obstativas de la tortura en dependencias policiales. No es solo eso, no es solo la duración. Quiero reconocerle que usted sí ha sido valiente, usted o quienquiera que haya redactado este proyecto de ley. Me da la impresión de que no ha sido en su ministerio. Tenemos la impresión de que ha sido en la Sala segunda del Tribunal Supremo donde se ha redactado este proyecto de ley, pero, como no tengo pruebas, lo dejo aquí, con el valor de una pura especulación intelectual, pero es que suena mucho a lo que pretenden diversos magistrados de la Sala segunda del Tribunal Supremo, no solo en materia casacional o de la regulación de la casación. Cuando se consiguen cosas como que los jueces controlen desde el primer momento la detención preventiva, la incomunicación, la garantía de la indemnidad de los incomunicados, la visita durante dos veces cada veinticuatro horas de médicos forenses y una responsabilización casi personalísima del juez que dicta esos autos de la indemnidad y de la evitación de actos de tortura, se avanza algo, pero no se avanza algo mientras se mantiene parte de la legislación antiterrorista que posibilita que los periodos o los límites constitucionales, que son de setenta y dos horas, sean de diez días, suponiendo que se descuente tanto el día de la detención como el día de la puesta a disposición judicial o el día de la puesta en libertad. Se me está acabando el tiempo y lo siento porque este es un debate que deberíamos haber realizado con más detenimiento, con más sosiego y seguramente con más tiempo, pero ha habido diversas materias que son por lo menos polémicas o dudosas, como la caducidad de las fechas de instrucción o de los plazos de instrucción - eso es discutible -, los seis meses o los dieciocho meses en casos particularmente complejos. Que mediante una lista no cerrada y no exhaustiva usted establezca cuáles son los casos complejos y además los que decida el juez - pueden ser hasta de dieciocho meses - hace que esa caducidad de los plazos de la instrucción sumarial pueda provocar una degradación de la instrucción sumarial, que bastante está degradada ya. ¿Por qué no toma la decisión valiente, corajuda y que forma parte del acervo comunitario y del acervo de los países de nuestro contexto de que sea el ministerio fiscal el que asuma la instrucción sumarial o la investigación de lo que en este momento ya no sabemos si se llaman investigados, encausados o imputados, porque es particularmente confuso el nomen iuris que se atribuye a las personas que están siendo objeto de diligencias de investigación en el ámbito previo al auto de procesamiento? Por otra parte, es particularmente grave - y voy acabando ya, señor presidente - la atribución al ministerio fiscal de funciones jurisdiccionales propias de los jueces, como los decretos aceptados por las partes en procedimientos sencillos. Debata si el ministerio fiscal - cuya dependencia orgánica es del Gobierno - debe realizar funciones de esta naturaleza; debátalo y piénselo detenidamente. Creo que deberíamos replantearnos - quizás en la próxima legislatura ya porque esta se está agotando, afortunadamente - si esto es pertinente y es plausible. Los sistemas de conexidad y la necesidad que usted impone de la apertura de un proceso por cada supuesto que forma parte de un entramado complejo de delitos lo que va a hacer es cargar de más pendencia y de más trabajo a los jueces de instrucción y además es contradictoria con la sentencia que ustedes invocan como legitimadora del sistema de conexidad que se incorpora a este importante proyecto de ley, que es la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981. Hay otras materias de las que podríamos seguir hablando,...
Señoría, debe concluir.
... pero, desafortunadamente, el tiempo se ha acabado y, también desafortunadamente, el presidente más generoso que existe en la Mesa de esta Cámara en la concesión del tiempo tampoco ha podido privarse de la necesidad de corregir una cierta propensión que no forma parte del mito antropológico de los vascos de ser parcos en palabras y algunos más optimistas dicen que largos en hechos, y que yo me preocupo de pulverizar sistemáticamente, dicho lo cual, señor ministro, aquí hay mucho que debatir. Quizás la legislatura que viene, con más tiempo, con más posiciones vinculadas al consenso y con menos política líquida y legislación o actividad legislativa líquida, podamos conseguirlo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a echarle una mano a mi colega Emilio Olabarría y entre los dos vamos a ver si somos parcos, o sea, yo voy a ser muy parca y, con lo que usted se ha pasado, hacemos una media entre vascos, una vasca y un vasco, y que se siga diciendo que somos parcos en palabras y largos en hechos. A ver, ministro, el refranero español tiene para todo y para estas dos leyes que estamos viendo tiene muchos refranes, pero yo voy a escoger uno de ellos, que sería ese de que lo que mal empieza mal acaba. Esto empezó muy mal, la tramitación de estos dos proyectos de ley, su tramitación en ponencia y en Comisión, y después de pasar por el Senado termina mal, como era previsible por otra parte. Tienen ustedes allí la misma mayoría que aquí y utilizan las mismas artes allí en el Senado que las que utilizan aquí. Las mismas artes son el arte de la imposición en votos, que es democrático, por supuesto, pero del no consenso. Emilio Olabarría planteaba el requerimiento de tiempo. Decía que este es un debate muy importante y que hubiéramos necesitado más tiempo. Es verdad, pero no hoy. Hubiéramos necesitado más tiempo, más calma, más sosiego, más intento de consenso, porque el consenso a veces no es posible, pero si no se intenta es imposible. Hubiéramos necesitado eso en los trámites previos y ustedes no lo quisieron. Yo quiero recordar aquellas últimas reuniones de la Comisión de Justicia en las que nos llegaban transaccionales sobre la marcha y no sabíamos la propuesta transaccional que nos ponían sobre la mesa, porque el propio diputado del Grupo Popular no sabía lo que estaba transando, pues según nos estaba ofreciendo una transacción le llegaba otra. Esto es un despropósito. Todo ello ha sido un despropósito y una falta de respeto a la Cámara legislativa y, por tanto, una falta de respeto a las leyes que se proponían, una absoluta falta de respeto. Es un proyecto de ley sobre cuyo texto discrepamos, que nos parecía y nos parece una chapuza - pero eso es discutible, porque para eso está la política, para confrontar opiniones diferentes -, y es una tramitación absolutamente irrespetuosa con el Parlamento, absolutamente atropellada, absolutamente falta de voluntad de acordar unas buenas leyes. Esto no es una opinión, es una decisión de su grupo parlamentario, de su Gobierno, de hacer las cosas de esta manera. Calificaba el señor Olabarría su forma de legislar, citando a un sabio, de fluida. Es una forma de decirlo, está bien, es una imagen que está bien. Creo que es fluida, pero sobre todo es una forma de gobernar distraída, incoherente e improvisada. Es una forma distraída de gobernar. Parece que pasaban por ahí. Decía el señor Olabarría: no se sabe quién lo ha hecho. Igual no lo sabe ni usted, señor ministro. Usted, efectivamente, ha heredado el ministerio, pero, a diferencia de todas esas cosas con las que ustedes califican a los miembros del Grupo Socialista cuando hablan de la herencia recibida, he de reconocerle que a usted la herencia de Gallardón le ha encantado. Ha heredado a Gallardón, ha presumido de la herencia y le ha hecho bueno, si se puede. Él presumía en el escaño. Usted presume con los hechos. Si él no pactaba, usted no pacta, pero viene aquí y dice buenas palabritas. Usted es muchísimo más distraído que Gallardón en la forma de legislar y eso es un problema; es un problema en el Gobierno en general, pero es un problema particularmente grave en el Ministerio de Justicia, porque, como también recordaba mi colega Olabarría, las leyes hay que cumplirlas, incluso estas, y todos vamos a padecer los perjuicios de estas leyes que hoy se van a aprobar con los votos del grupo mayoritario. No hablaré del contenido de las enmiendas ni del contenido de la ley a estas alturas. Con todo lo que ya hemos dicho, creo que ya sabemos. Nosotros plasmamos nuestra posición en las enmiendas que presentamos y que defendimos, no nos admitieron ninguna - tampoco es ninguna sorpresa -, y la enmienda más importante, o sea, la que no es meramente de sintaxis, que no es meramente de forma, que no es meramente técnica, introducida en el Senado es una autoenmienda suya, una suya porque la chapuza era suficientemente grande como para que hayan tenido que autoenmendarse, y como no tenían respeto al trámite previo, no lo pudieron transar con nosotros cuando el tema estaba en debate en la Comisión y en la ponencia. En fin, como digo, señor ministro - déjeme que me dirija a usted -, un desastre; un desastre en el contenido, un desastre en la tramitación, un atraco - en términos políticos, naturalmente -, una grave falta de respeto al Parlamento. Son dos proposiciones de ley que llegaron mal, que atravesaron los trámites - que para ustedes fue un mero trámite - en el Congreso de los Diputados y que llegaron al Senado y vuelven del Senado como fueron, lo que, por otra parte, es una demostración más de para lo que sirve el Senado en España, para lo que sirve y lo caro que nos sale, porque nos sale caro tener una Cámara de segunda lectura que únicamente hace reformas gramaticales de las leyes, las cepilla, que diría Alfonso Guerra, en lo gramatical, que no en lo político, y además lo tenemos que traducir a varios de nuestros idiomas cooficiales en las comunidades autónomas, porque nos ponemos un pinganillo para no entendernos en la lengua común de todos los españoles. A ver si sacamos la conclusión por lo menos de que no se trata de llevar el Senado a ningún otro sitio de España, sino de cerrar una Cámara que es absolutamente inútil. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Díez. Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. Señorías, nos llega del Senado el texto de dos proyectos de ley referidos los dos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ley ordinaria y orgánica, con cambios, algunos suponen mejoras, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, al contrario, pero que no consiguen resolver el vicio inicial, ab initio, aquello que nuestro compañero Gaspar Llamazares calificó en su momento, cuando pasó en el trámite por el Congreso, de una gran oportunidad perdida para reformar el enjuiciamiento y el proceso penal en nuestro país. Eso no lo ha resuelto desgraciadamente el trámite en el Congreso, que, como denunciamos muchos grupos, duró escasamente unas horas de una mañana, para una ley de esa envergadura. Eso no se puede convertir en normalidad, porque luego pasa lo que después intentaré explicarles. Tampoco lo ha resuelto el trámite en el Senado, porque este proyecto de ley, que estaba previsto inicialmente con ciertas ínfulas de acometer una reforma en profundidad de una ley que hunde sus raíces en los finales del siglo XIX, se ha quedado en un proyecto de ley que, en la medida en que se ha convertido en ley, nace muerto en cuanto a esas pretensiones, muerto, incluso en algunos aspectos, me atrevo a decir, con algunas cuestiones que pueden llegar a ser objeto de complicaciones sucesivas. Como no hemos terminado de hacer el debate porque ustedes no lo han permitido en relación con cómo abordar el tema de la instrucción penal, resulta que aquella idea inicial de configurar una instrucción penal girada alrededor del ministerio fiscal no ha avanzado, pero ha quedado en una especie de híbrido que mucho me temo que va a ser objeto de innumerables conflictos y al mismo tiempo de profundas ineficiencias en el funcionamiento del proceso penal. Eso no es una cosa cualquiera, porque sin duda todo es discutible, especialmente en estas cuestiones donde el mundo del derecho y el mundo de la política se encuentran, pero que todo sea discutible no quiere decir que se pueda resolver con esa faena de aliño con la que ustedes despachan algunas leyes. En segundo lugar, en un aspecto que depende de cómo se mire puede suponer que el vaso está un poco más lleno, creemos que también ha sido una oportunidad perdida. Es verdad que en estos momentos aumentan las garantías en relación con los detenidos imputados por delitos terroristas - es verdad que aumentan esas garantías, bienvenido sea -, pero se ha perdido la gran oportunidad de entender que, aunque el fenómeno del terrorismo sin duda no ha desaparecido de nuestra realidad social, aunque adquiere formas diferentes, la manera de combatirlo puede ser distinta, pero, sobre todo, creo que entre todos deberíamos haber aprendido que la forma de combatirlo no puede ser mermar los derechos y las garantías de los detenidos, porque siempre sucede lo mismo, incluso en los sistemas políticos mejor estructurados: cuando desaparece un control del poder, el poder se convierte en impune y comete arbitrariedades como las que se han cometido en este país en algunos procesos de detención. Por tanto, ustedes han perdido la oportunidad de abordar en profundidad también, como se les planteó en algún momento, esa adaptación de la legislación en el orden penal, en el orden de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la nueva realidad de la persecución penal de los delitos terroristas. Creo que es otra de las cosas que va a determinar, desgraciadamente no de manera positiva, este proyecto de ley. [[La señora]] Hay algo que ya ha aparecido aquí, pero que sin duda es sonado, que es todo el cambio en la estructura, me atrevo a decir, incluso en la naturaleza de la casación penal. ¡Casi nada! Algunos podemos pensar que la decisión últimamente adoptada y la que va a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado es mucho mejor de la que había, pero déjenme que les haga las siguientes reflexiones a los miembros del Partido Popular y al propio ministro de Justicia. Fíjense bien, estamos hablando de la casación penal, ¡casi nada! No es objeto de debate en su cambio significativo. No viene en el proyecto de ley inicial. Una cosa como esa debería venir en el proyecto de ley inicial. No viene. La razón por la que no viene ustedes deberán explicarla, porque si al final después la han propuesto, deberán explicar por qué no consideraron oportuno incorporarlo en el proyecto de ley inicial y sí en lo que ustedes llaman una transaccional en el trámite del Senado. En segundo lugar, me parece bastante bien que los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que son grandes conocedores de la materia, tengan la capacidad de hacer sugerencias en relación a cómo ordenar la casación penal, ¿pero no les parece mejor que eso hubiera sido objeto de un intercambio de opiniones entre todos e incluso de una cierta consulta en relación con las de otros operadores jurídicos? ¿O es que resulta que cuando uno tiene una idea, si tiene capacidad política para incidir y capacidad de lobby para hacerla, se la encarga primero al Gobierno si es un proyecto de ley y si no al Grupo Popular? Las cosas no se pueden hacer de esta manera. Por último, está la fórmula de la transacción. Llevo cuatro años escasos en esta Cámara, pero una cierta formación jurídica tengo, porque además vengo del mundo laboral, del mundo de la negociación colectiva, del sindicalismo. Entiendo que transaccionar es que al menos entre dos, con opiniones distintas e intereses contrapuestos, se ponen de acuerdo en llegar a un acuerdo y, en términos parlamentarios, de dos textos distintos, pactan un texto que transaccionan, que acuerdan. Eso es lo que yo creía hasta llegar a esta Cámara. Un buen día descubro que aquí no; aquí la transacción es un acto que uno puede hacer consigo mismo. Perdónenme ustedes, soy posiblemente de los más nuevos de esta Cámara, pero algo pasa, ¿no? Alguna vez alguna Mesa de esta Cámara, algún letrado debería decir: así no se puede hacer, porque rompe la propia esencia de la transacción, y así pasan cosas como estas, que la casación penal viene por la vía de una enmienda del Grupo Popular que transacciona consigo mismo. A partir de aquí tenemos que hacer una sugerencia al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para decir que cambien el concepto de transaccional, que transaccional ya no es una cosa que se hace entre dos personas, sino que es una cosa que puede hacer la mano izquierda con la mano derecha o uno con no se sabe qué. Pueden parecer cosas anecdóticas, pero no lo son, porque todas esas cosas que les estamos planteando todos los grupos de la Cámara tienen en el fondo una misma causa, radical por cierto, porque en el origen, es decir en la raíz, está una manera de legislar que ha sido durante toda la legislatura una verdadera chapuza. No digo una chapuza por el contenido, porque en política el contenido lo decide la mayoría - si puede ser, mayoría no debería ser aplastamiento de la minoría porque entonces no es democracia -, pero cuando ustedes dicen ostentosamente: nosotros somos tantos y vosotros solo sois once, una parte de razón tienen, pero en las formas, no, porque las formas en democracia son lo esencial desde este punto de vista. Si las formas se subvierten, la democracia se devalúa y ustedes lo han venido haciendo en la tramitación de estas leyes durante toda esta legislatura. Paso a un tema que es importante y que va a tener más repercusión jurídica de lo que parece, que es lo que hace referencia al cambio de la denominación jurídica en la que se encuentran determinadas personas hasta ahora llamadas imputadas. Es un tema discutible. También se ha hecho de manera que no ha suscitado un debate suficiente, ya que en este momento sabemos que lo que hasta ahora era imputado puede ser investigado o encausado. Puede que no esté mal esa diferenciación, pero continúo sin ver de manera nítida cómo van a quedar en el procedimiento penal criminal de este país los diferentes momentos por los que va a pasar una persona a partir del determinado momento en que se la detiene o de que existan indicios de que pueda haber estado involucrada de alguna manera en algún tipo de ilícito penal. Continúo sin tener claro ese proceso y eso tiene consecuencias importantes, tiene consecuencias en definitiva para cualquier ciudadano, porque lo que no se puede hacer es legislar solo para la élite económica y política de este país, y algunas de estas medidas van orientadas así. Mientras los imputados eran delincuentes comunes, nadie se preocupaba de que ser imputado prácticamente supusiera una desaparición de la presunción de inocencia. En cambio, cuando los imputados han pasado a ser personas de cierto relieve económico y político en el país, entonces todo el mundo a correr a salvaguardar sus derechos constitucionales e incluso su derecho a la intimidad. Se puede producir una circunstancia curiosa. No sé cuándo va a salir publicada esta ley en el Boletín Oficial del Estado, no sé ni tan siquiera - porque las disposiciones transitorias son bastante complicadas y tal y como las han hecho ustedes mucho más - si cuando el día 15 comparezca el presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia el camino lo inicia con el proceso actual como imputado, pero si se publica esta ley en el Boletín Oficial del Estado va a llegar solo como investigado. Esto tiene sus consecuencias desde un punto de vista penal y también desde un punto de vista social, porque no es exactamente lo mismo. En ese sentido, sería oportuno que en otra ocasión - ya no hay tiempo - las cosas se hicieran de otra manera, con sosiego, como se hacen las leyes. Termino con un aspecto importante, lo destacó ya en su momento Jordi Jané, portavoz del Grupo de Convergència i de Unió y actual consejero de Justicia, cuando transaccionó - esta vez sí - con el Grupo Popular el tratamiento a dar a los imputados detenidos en determinadas diligencias y el necesario equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la imagen de esas personas. Vuelve a ser otra vez curioso. Mientras la Policía judicial, que tiene la costumbre, creo que absolutamente innecesaria, de poner la mano en la cabeza a uno cuando lo meten en el coche, hacía esto con delincuentes habituales y comunes, no había problema - parece que esas personas no tienen los mismos derechos que el resto -. Ahora, cuando la mano se empezó a poner en la cabeza de alguien como - por poner un ejemplo - el señor Rato, entonces todo el mundo a temblar. No. El derecho a la imagen es de cualquier ciudadano, porque aunque solo se deteriore ante sus vecinos ya es suficiente.
Señor Coscubiela, tiene que terminar.
Lo han hecho ustedes en esos términos y vamos a ver qué resultados da. Creo sinceramente que eso no va a resolver el problema, porque eso requiere un tratamiento deontológico de todas las profesiones que supera al de la ley: Policía judicial, fiscales, jueces, medios de comunicación. Si en cada uno de esos colectivos que intervienen no se aplican códigos deontológicos más exigentes que los que ahora se están practicando, todo lo que haya hecho en estos momentos la ley no servirá para nada, porque si un investigado o encausado debe ser necesariamente objeto de audiencia televisiva solo por el hecho de que los medios de comunicación están muy mal y hay que atraer audiencia, la cosa va muy mal. Termino. Estas son mis últimas palabras, presidenta, muchas gracias, las últimas de verdad, no solo en esta intervención sino en mi actividad parlamentaria. Me parece bien que se haya hecho lo posible para evitar la pena del telediario - en palabras del señor Jané -, pero fíjense ustedes qué curioso, lo que es la vida. Algunos imputados tienen la pena del telediario. Otros tienen el premio y el regalo del Telenotícies midgia y del Telenotícies vespre, porque no todos los imputados son iguales. A unos se les castiga con la pena del telediario y en otros el mismo acto se convierte en el regalo del Telenotícies vespre o del Telenotícies migdia. El código deontológico debería servir para todos. A lo mejor creen ustedes que soy muy utópico, muy quimérico, pero para eso estoy aquí, para eso he venido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo de Convergència i de Unió tiene la palabra la señora Surroca.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intervenir brevemente desde el escaño. Coincido con el inicio de la intervención de algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que estos proyectos son una oportunidad perdida para hacer una verdadera reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay bastantes aspectos criticables por nuestra parte. Como se pueden imaginar, no voy a hablar de los aspectos que consideramos positivos, sino que es el momento de destacar aspectos que deberían haberse mejorado a lo largo de la tramitación parlamentaria. El Gobierno ha modificado el texto del proyecto de ley con el objetivo de que la casación cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal. En este apartado consideramos que, además de producirse una maniobra centralizadora por parte del Gobierno, que deslegitima a las audiencias provinciales para establecer su criterio doctrinal, esta reforma desaprovecha la oportunidad para adecuar la regulación de los estatutos de autonomía. Concretamente, deberían otorgarse mayores competencias a los tribunales superiores de Justicia correspondientes, de acuerdo con las previsiones de los estatutos de autonomía. Es el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Otro aspecto que nos preocupa es que no se garantiza debidamente la asistencia letrada del encausado en todas las diligencias ni se protege el derecho de defensa del mismo. A pesar de que ambos proyectos de ley recogen en su preámbulo que dichas reformas se proyectan con el fin de reforzar los derechos procesales de los encausados y de los detenidos o presos, el desarrollo legislativo de estos derechos fundamentales no es del todo garantista y resulta impreciso y escaso de contenido en cuanto a la previsión práctica durante el proceso penal. Nosotros hemos trasladado esto en forma de enmiendas que no se han incorporado al texto. Por ejemplo, aspectos como la exigencia de la asistencia de letrado durante todas las diligencias son fundamentales. La asistencia de letrado debe producirse no solo durante la disposición judicial o la comparecencia ante el juez, sino que debería ampliarse. El detenido debe poder ser asistido desde el momento de la detención en diligencias policiales, así como durante todo el proceso judicial. Otro aspecto importante es garantizar la defensa del detenido, pudiendo el abogado examinar todas las actuaciones. Es imprescindible que el abogado pueda acceder a toda la información de las actuaciones policiales, así como de las judiciales para poder asistir debidamente al detenido y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. En cuanto a la intervención de las comunicaciones en caso de urgencia, no estamos de acuerdo con la adopción, sin autorización judicial oportuna, de medidas que puedan suponer limitación de derechos fundamentales, pues es contrario al ordenamiento legal vigente y puede conducir a prácticas excesivas o fraudulentas. Creemos necesario suprimir la potestad de la policía de colocar un dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización sin autorización judicial en caso de urgencia. Finalmente, otro aspecto importante es permitir la dotación de medios materiales y personales de efectivos para que la Administración de Justicia pueda proceder a adoptar las nuevas medidas previstas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es - creemos - un aspecto fundamental: dotar debidamente de medios para que se puedan llevar a cabo las medidas que se recogen precisamente en estos proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Ciuró.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, abordamos hoy el último trámite de reforma de una ley que tiene 132 años de antigüedad. Le convenía un buen repaso, le convenían unas buenas modificaciones que garantizasen aquello que tiene que primar cuando uno se plantea la reforma de un cuerpo legislativo como el proceso penal, que es la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos hablando de un proceso penal que afecta a las libertades y a la privación de las mismas, que afecta a la intimidad de las personas, que afecta a la capacidad de retención de una persona porque sobre ella recae la sospecha de algún ilícito penal. Por tanto, se trata de actuaciones que exigen un extremado celo y una extremada cautela, y forma parte de todas estas actuaciones en beneficio de los derechos fundamentales plantearse reformas serenas y con consenso, muy distantes de la fórmula de gobierno que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular durante esta legislatura. Hemos aprobado leyes - estas leyes que ustedes defienden y de las que hacen bandera - mediante el procedimiento de urgencia cuando no la tenían; hemos modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lectura única sin informes preceptivos, no a instancias del Gobierno, sino a instancias del grupo de la mayoría; hemos practicado el onanismo transaccional cuando nos ha convenido - hablo en un plural mayestático que por supuesto no afecta a este grupo sino al grupo de la mayoría -; ahora estamos cerrando la reforma de la ley orgánica del proceso criminal y nada decimos de cómo vamos a garantizar los juicios justos, por ejemplo, en materia de filtraciones interesadas a la prensa, nada decimos de cómo vamos a garantizar el derecho a un juicio justo y que la parte afectada cuente con todas las garantías que merece un proceso. De eso nada dice esta reforma, señor ministro. Tampoco dice cómo vamos a conseguir que no se instale en el imaginario colectivo del Estado español, a raíz de la imputación del presidente Mas, que si no fuese porque la imputación la ordenó el Gobierno y la fecha de la declaración la dictó el ministro de Justicia, estaríamos hablando de un tema judicial. Esto está en la calle, señor ministro, está en las redes sociales. Es una pena que el ministro del ramo tolere estas actuaciones. ¿Cómo vamos a garantizar el derecho fundamental del voto si se han perdido votos? Ciudadanos catalanes con derecho a voto - el derecho más sagrado y en el cual se basa la democracia - no han podido ejercer su derecho y se han perdido votos desde Roma. El hombre es capaz de encontrar agua en Marte y no es capaz de traer un puñado de votos desde Roma, al menos el Estado español no es capaz de hacerlo. Señor ministro, nos gustaría que en un ejercicio democrático y motu proprio, no porque se lo pida esta diputada por escrito, comparezca antes de acabar la legislatura en la Comisión de Justicia y nos explique qué ha pasado con todos estos desajustes. ¿Sabe qué pasa? Que nos gustaría pensar que la democracia española es efectivamente un Estado social y democrático de derecho, que las máximas autoridades judiciales, encabezadas por el ministro de Justicia en materia legislativa, están por la labor y que dan la cara y responden a todas aquellas dudas que legítimamente los ciudadanos podemos tener cuando vemos que suceden algunas cosas extrañas a la hora de legislar, a la hora de proceder y que la desconfianza hace mella en los ciudadanos de este país. Creo que tiene una tarea ardua en este sentido, señor ministro, y la oportunidad antes de que termine la legislatura de poder infundir un poco de tranquilidad en la ciudadanía del Estado español. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ciuró. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro de Justicia, vuelve del Senado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en dos proyectos de ley, uno de carácter orgánico, que afecta a temas relativos a garantías y derechos fundamentales de los detenidos, de los imputados o de los encausados, y otro de legalidad ordinaria, que pretende la presunta agilización de los procedimientos. Tanto en el debate de las enmiendas a la totalidad como en la Comisión de Justicia, mi compañera, la ponente Soraya Rodríguez, y los senadores socialistas manifestaron su desacuerdo de fondo con aspectos centrales de esta reforma, que más que fortalecer las garantías procesales en muchos casos importantes las limitaban, cuando no simplemente las vulneraban, y que más que agilizar la justicia, promovían, en nuestra opinión, medidas improvisadas y deficientes que podrían conducir a la impunidad de muchos delincuentes y a un nuevo bloqueo de los tribunales de justicia. Lo primero que hay que decir es que esta reforma - ya lo hemos dicho en otras ocasiones - es la expresión de un gran fracaso, el incumplimiento de un importante compromiso que hizo este Gobierno al inicio de la legislatura, la no presentación de una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de Alonso Martínez. No ha cumplido simplemente por desprecio a aquel excelente anteproyecto de ley que un grupo técnico y profesional muy riguroso había preparado con el anterior Gobierno socialista y que dejaron de lado cuando podrían haberlo modificado y haberlo sacado adelante en esta legislatura. Por eso volvemos a reformar una ley del siglo XIX, cuando lo que necesitamos es una ley procesal del siglo XXI, una ley que por fin atribuya la investigación al ministerio fiscal y que sitúe al juez en su papel de juez garante, de juez de garantías, conforme al modelo constitucional. Se trata pues de una reforma muy parcial, una reforma en gran medida improvisada y llena de contradicciones. Por una parte, se mantiene - claro, no se cambia el modelo - que el juez instructor es el que impulsa, el que dirige, el que controla la instrucción - se mantiene el modelo de juez de instrucción y no se le da la investigación y la instrucción al ministerio fiscal - y, por otra parte, en algunas de las reformas claves que usted, señor ministro, ha traído a esta Cámara se le atribuyen al ministerio fiscal funciones de impulso y de dirección del proceso contradictorias con las que ahora se le quitan al juez de instrucción. Son dos modelos distintos, dos modelos contradictorios que se mezclan inadecuada y quizás temerariamente en los resultados de esta reforma y que pronto habrá que superar. Pero decía que es también una expresión de una manera de legislar basada en la improvisación constante, que sin duda pone en cuestión la seguridad jurídica. Permítanme que les pregunte a todos, al señor ministro y a los portavoces del Grupo Popular, cuántas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cuántas reformas de la Ley orgánica del Poder Judicial se han tramitado y se han aprobado o se están aprobando desde que es usted ministro, en el último año y medio, en el último año largo: varias, demasiadas y sin concatenar, sin enlazar, cada una de su padre y de su madre, si me permiten esta expresión, quizás demasiado banal para un tema de esta importancia. Es de lamentar que una reforma de la ley procesal penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no la hayamos podido hacer con una tramitación legislativa que hubiera permitido no solo encontrar debates sino buscar los consensos necesarios para una norma que probablemente, hasta que no haya una ley procesal del siglo XXI, tendrá una vida legal prolongada. Basta constatar algo que se ha dicho por algunos de los portavoces, como el señor Olabarría, la señora Díez o el señor Coscubiela: la reforma de la casación penal. Permítanme que insista en ello. La reforma de la casación penal no figuraba en el proyecto de ley que ya trajo usted, no es un tema del señor Gallardón. La reforma de la casación penal no figuraba en las enmiendas que presentó aquí, en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo llegó de repente a la Cámara? Lo recordará el señor Castillo, lo recordará el señor Ordóñez, lo recordarán los miembros de la Comisión que allí estuvieron. Se celebró el debate de este proyecto de ley, terminó, no llegaban las enmiendas transaccionales y, de repente, ya al final, aparecieron unos textos en los que estaba la reforma de la casación penal; cae de repente. El Gobierno utiliza unas transacciones - lo ha explicado muy bien el señor Olabarría - que no transaban con nadie y aparece la reforma, una reforma acelerada, improvisada y chapucera - si me lo permiten -; tan improvisada y chapucera que en el Senado han tenido que autoenmendarse para ajustarla mejor. No quiero decir que en el fondo no sea un objetivo loable. A mi grupo le hubiera gustado haber podido debatir la reforma de la casación penal, que era una aspiración de muchos años, de mucho tiempo, para que una vez introducida la segunda instancia penal el Tribunal Supremo deje de ser un tribunal que en sus recursos de casación hace también una función de semisegunda instancia, forzando el modelo que la Constitución le atribuye. Nos hubiera gustado, pero con esta manera que tienen ustedes de hacer las leyes, con esta improvisación sistemática y constante, es absolutamente imposible que haya la menor búsqueda de consenso, ni siquiera la menor satisfacción colectiva por un proyecto de ley que es un gran fracaso y una gran frustración. Permítanme que entre rápidamente en los contenidos más importantes que no compartimos de ambos proyectos de ley. El proyecto de ley orgánica regula un conjunto de materias que afectan a derechos fundamentales del sospechoso, del detenido y a sus garantías. Aquí no hay un equilibrio razonable entre libertad y seguridad. De nuevo la balanza se inclina demasiado por la seguridad frente a las garantías y a la libertad. Es expresión de una concepción policial autoritaria en la que lo policial se impone sobre la libertad. Es verdad que ha habido algunas enmiendas transaccionales - no me duelen prendas a la hora de reconocerlo aquí - que han matizado puntualmente alguno de esos aspectos - en el Congreso se hizo una transacción con el señor Olabarría, de tal manera que en los supuestos de incomunicación el médico forense pudiera intervenir al menos dos veces al día, y ahora, en el Senado, han eliminado ustedes la segunda ampliación del periodo de incomunicación -, pero son insuficientes. Por ejemplo, el derecho de defensa y de asistencia de abogado se reguló en abril de 2015 y ahora se vuelve a regular otra vez de manera completa y amplia, para trasponer la Directiva 2013/48, una directiva que amplía de manera notoria los derechos fundamentales de los detenidos de cara a su defensa, a elegir un abogado de su confianza. Pues bien, aquí se ha vuelto a imponer la concepción policial. En el caso de los detenidos incomunicados, se cercena ese derecho, porque se les puede imponer que tengan un abogado de oficio y no un abogado de su confianza, vulnerando un derecho fundamental que ya está reconocido en una directiva. Asimismo, del conjunto amplio de intromisiones a la privacidad del investigado en un proceso penal hemos hablado ampliamente en el debate de totalidad, en la Comisión, también en el Senado. Recordarán sus señorías que junto a las clásicas intromisiones en la correspondencia, en las conversaciones telefónicas, en las comunicaciones telemáticas, hay algunas novedades que las nuevas tecnologías posibilitan. Hay algunas muy importantes, pero también muy fuertes. Son injerencias muy graves en la intimidad de las personas, por ejemplo, la grabación de comunicaciones orales en el domicilio de alguien a través de dispositivos electrónicos colocados en la mesilla de noche o en el cuarto de estar o la introducción de troyanos para el registro remoto de equipos informáticos. ¿Qué es lo que echamos de menos? Sin duda son reformas que había que introducir, lo exigían los tribunales internacionales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero en estas materias, señorías, que afectan a los derechos fundamentales de comunicación o a la intimidad se requiere una especial prudencia y, sobre todo, proporcionalidad. Señor ministro, la proporcionalidad penal tiene relevancia constitucional; deriva del artículo 24 de la Constitución. No cabe cualquier medida para cualquier tipo de delito. En nuestras enmiendas y en nuestros debates dijimos que había tres aspectos que había que cambiar o matizar. El primero, que estas medidas no se pueden aplicar a cualquier tipo de delitos; salvo a las antiguas faltas, que ahora pasan a ser delitos leves, a todos los demás tipos de delitos les son aplicables. Su duración puede llegar hasta dos años; ustedes han ajustado a dieciocho meses algunas, pero no todas. Además, están las excepciones: la Policía puede actuar, por razones de urgencia, sin autorización judicial. Se mantiene el grueso de estas medidas en la parte que creemos que vulnera, entre otras cosas, la jurisprudencia sobre derechos humanos del Tribunal de Estrasburgo, que ha dicho que en estas injerencias, que llama de mayor intensidad, hay que ser claramente prudentes. Para delitos como los de hurto, amenazas, lesiones o - permítanme que se lo diga - los de sindicalistas que ejercen el derecho de huelga, que tienen previstas penas de seis meses a tres años, la ley permite que se les pueda poner una grabación en su domicilio durante dos años. En Alemania, el Tribunal Constitucional declaró contrarias a su Constitución medidas muchísimo más leves que estas. Esto impide, aunque nada más sea por esto, una posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley. En el tema de los hallazgos casuales - no me quiero extender en ello - han hecho alguna leve matización en el Senado, pero insuficiente. Tal y como está regulado, cabe una vigilancia y obtención generalizada o indiscriminada de datos más allá del delito concreto que se investiga. Se trata de una especie de investigación inquisitorial; como se suele decir: lancen la red a ver si se puede pescar algo. Pues parece profundamente...
Señor De la Rocha, tendría que ir terminando.
Voy terminando, señora presidenta. Voy a referirme a dos medidas más del otro proyecto de ley, el ordinario. Su medida estrella es la reducción del plazo máximo de la instrucción a seis meses, dieciocho si la causa se declara compleja, prorrogables a instancia de la fiscalía y de las partes personadas, pero no de oficio. Ya dije aquí - y lo vuelvo a repetir - que se trata de una medida propagandística y además ineficaz, una medida que parte de la lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos y porque los jueces no son diligentes, porque los jueces quieren. No; la justicia es lenta porque no tiene medios suficientes. La velocidad de la justicia no se va a arreglar - como se dice fuera de aquí - por el artículo 33, es decir, por el artículo 324. No; el Gobierno asume que los jueces no acaban antes los asuntos porque no quieren. Es una lectura ridícula y ofensiva para los jueces. El Consejo Fiscal dice en su informe - que está en la memoria que se nos ha entregado - que esto es un gran absurdo. Efectivamente, es un gran absurdo. En esta Cámara hay muchos abogados - también en el Grupo Popular - y muchas abogadas, buenos abogados con experiencia en el foro. Me atrevería a preguntarles si conocen muchas instrucciones que duren menos de seis meses. Sin duda, aquellas que se archivan de plano, que ahora no van a llegar a los juzgados porque hay una medida que establece que aquellas que no tienen autor conocido no las tiene que mandar la policía. Además, es una medida perturbadora y generadora de inseguridad jurídica, para las víctimas sobre todo, porque no prevé qué pasa cuando terminan los plazos. Lo que va a pasar cuando terminen los plazos es que habrá decisiones precipitadas de cierre de instrucción, calificaciones sin fundamento sólido...
Señor De la Rocha, tiene que terminar. Le doy diez segundos más para despedirse.
Es sin duda un despropósito. Lo mismo pasa - ya lo hemos dicho en otros momentos - con medidas como el proceso por aceptación por decreto, debido a su rigidez, o la regulación manifiestamente defectuosa de la conexidad. Sí compartimos - termino ya, señora presidenta -...
Señor De la Rocha, le digo sinceramente...
Se trata de dos proyectos de ley que se han acumulado y se nos da el mismo tiempo que si fuera un único proyecto. Me parece que la relevancia de este hecho exigiría una mínima generosidad. Compartimos la generalización...
He sido bondadosa tanto con usted como con el señor Coscubiela y tiene que dejar la tribuna. Le he avisado tres veces, señor De la Rocha.
Termino, señora presidenta.
Diez segundos y se despide de la tribuna. Diez.
Termino diciendo que efectivamente, como se ha dicho, se trata de una reforma fallida, una reforma que en el Senado ha tenido mejoras técnicas - apoyaremos alguna -, pero que en lo sustancial mantiene este conjunto de contradicciones, de limitaciones a garantías y derechos que a mi grupo le impiden votarla a favor. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias, sinceramente, señor De la Rocha. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ordóñez.
Señora presidenta, señorías, al iniciar mi intervención quisiera agradecer a los otros dos ponentes de mi grupo, a don José Antonio Bermúdez y a don Agustín Conde, el enorme trabajo desarrollado con estos dos proyectos de ley, y al ministro de Justicia, hoy aquí presente, el impulso dado a una reforma que tanto coadyuva a la mejora del proceso penal y a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Quiero agradecer también la notable aportación de los demás grupos. Señorías, celebramos este último debate de legislatura sobre la justicia y lo hacemos con la profunda convicción de haber logrado que las en torno a treinta iniciativas sustanciadas permitan a todos los ciudadanos un mejor ejercicio de sus derechos. La adaptación de una norma como la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 a la realidad del año 2015 es consecuencia necesaria del paso de los tiempos, pero también es obligación del Estado, del que esta Cámara es pilar fundamental, instaurar una justicia ágil, moderna, que fortalezca las garantías procesales de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Esta reforma se articula en dos proyectos de ley: uno, de carácter ordinario, con una novedosa y actualizada regulación de la conexidad, los atestados sin autor conocido, los plazos de instrucción, el recurso de apelación, el proceso por aceptación de decreto, el decomiso o el recurso de revisión; y otro, de naturaleza orgánica, necesario por afectar a derechos fundamentales, que regula materias tan importantes como el estatuto del investigado, el agente encubierto, medidas de investigación tecnológica o sustitución de imputado por investigado o encausado. Dos son por tanto los objetivos claros esta reforma: la agilización de la justicia penal y erradicar el mal endémico de los atrasos en las tramitaciones. Para ello se modifican los tiempos de instrucción. En primer lugar, se sustituye el ineficaz plazo de un mes por el de seis meses para la instrucción de causas sencillas y dieciocho meses para las causas complejas. Esto va a permitir al lesionado conseguir sin mayor dilación el justo resarcimiento, pero también evitar que un retraso pueda suponer una pena añadida al culpable o un inmerecido estigma al inocente. Hay quien señala que la fijación de plazos causa indefensión en materia probatoria. Rotundamente decimos que no, por cuanto las diligencias de investigación acordadas en plazo serán válidas sin perjuicio de su posterior incorporación a las actuaciones. Tampoco impunidad, porque, en efecto, si concluido el plazo no existen elementos suficientes la causa se sobresee, pero si los hay, aunque haya transcurrido el plazo, continuará hasta el juicio oral. Así lo establece expresamente el artículo 324.8. Se modifican también las reglas de la conexidad. Como saben sus señorías, el instructor estaba obligado a instruir en un único proceso todos los diversos delitos contra la misma persona si concurría algún tipo de similitud o analogía, origen y razón de las causas interminables que todos conocemos. Esta reforma parte del principio 'un delito, una causa'. En adelante, la acumulación por conexión solo tendrá lugar en casos expresamente tasados. Se introduce también el procedimiento por aceptación de decreto, el llamado monitorio penal, que va a permitir una pronta respuesta a aquellos delitos castigados con multa, trabajos en beneficio de la comunidad o prisión no superior a un año sustituible por multa con o sin privación del permiso de conducir; un procedimiento ya consolidado en derecho comparado y que encuentra su razón en el principio de economía procesal, tanto para el Estado como para el propio encausado, a quien además se le permite reducir en un tercio su condena con la garantía procesal de que la comparecencia ha de ser registrada íntegramente, si es posible, por medios audiovisuales, y si no, habrá de ser documentada con la sujeción a las normas generales. Se suprime la obligación de remitir al juzgado los atestados sin autor conocido, y hemos de decir que el 40 % de los atestados no trasciende la relevancia penal. Por tanto, se suprime un trámite que lo único que hace es acumular innecesariamente actuaciones judiciales; eso sí, se salvaguardan y se exige la remisión en aquellos delitos contra la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad sexuales o aquellos delitos relacionados con la corrupción. Además, se mantiene en plenitud la protección del lesionado, por cuanto que en el momento en que se elabora el atestado se le advierte que si en setenta y dos horas no se conoce el autor atestado se archivará. Pero también se posibilita, tanto en la Ley de Enjuiciamiento como en el estatuto de la víctima, que pueda acudir en cualquier momento a presencia judicial o del Ministerio Fiscal. También hay que decir que, evidentemente, los atestados no serán destruidos y estarán siempre a disposición del ministerio fiscal y de la autoridad judicial. El segundo aspecto de esta reforma es fortalecer las garantías procesales y fomentar la seguridad jurídica. En primer lugar, se sustituye el término imputado por investigado o, en un momento posterior, encausado. Señorías, todos somos conscientes de que el término imputado había logrado una suerte de acepción social como cuasi responsable: la persona a la que se le atribuye un actuar aun antes de averiguar si ese actuar era posible. Mientras investigar es la posibilidad de conocer, imputar es ya atribuir una determinada conducta a una persona. Señorías, no podemos decir que salvaguardamos el derecho de presunción de inocencia si la sociedad estigmatiza a un ciudadano aun antes de advertir nada en su contra. Esta reforma configura también un nuevo estatuto del investigado, con el derecho a la entrevista reservada con su letrado aun antes de que se le reciba declaración ante la policía judicial, ministerio fiscal o autoridad judicial. El carácter confidencial de las comunicaciones con su letrado, la información a tercero de la detención o aquella detención en ultramar o lejanía que también se regula en protección de la persona afectada. La protección de los detenidos más vulnerables, los menores o personas con capacidad judicialmente modificada. La regulación de las tomas de muestra de ADN. Se acota y restringe el tiempo de incomunicación del detenido al tiempo estrictamente necesario, con un límite de cinco días prorrogables hasta diez, siempre además con resolución motivada por la autoridad judicial. Se preservan totalmente la integridad y la indemnidad físicas de la persona al exigir que sea reconocida por facultativo médico, al menos dos veces cada veinticuatro horas, según criterio del facultativo. La reforma generalizada también afecta a la instauración de la segunda instancia y se da además una nueva regulación al recurso de casación. Nos congratula la intervención de don Emilio Olabarría, como nos congratula la intervención por acción u omisión de los demás intervinientes, que en absoluto critican el contenido de la reforma, si bien ponen algunas trabas - algo evidente, porque estamos hablando de los grupos de la oposición - en cuanto a su tramitación o incorporación. Lo cierto es que en lo sustantivo no he escuchado, salvo algún error que pudiera yo tener, ningún reproche en cuanto al contenido e introducción del recurso de casación en esta nueva regulación. Igualmente, se establece el recurso de revisión para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, muy importante, para afrontar la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción se regula un proceso de decomiso autónomo que va a permitir al Estado apropiarse de los bienes procedentes del delito, aunque el autor no pueda ser juzgado. El día 29 de julio, don Pedro Sánchez convocaba una rueda de prensa para anunciar que si algún día llegaba al Gobierno reformaría el Código Penal para actuar contra el patrimonio de los corruptos, aunque lo tuvieran a nombre de terceros. Cuánto sentimos de que no se hubiese enterado de que eso precisamente era lo que había votado en contra el día 26 de marzo; él y todo el Grupo Socialista, como el ministro de Justicia, no sin tristeza, tuvo necesidad de recordarle. Señorías, es posible que estuvieran todavía asimilando el siempre ilustrado verbo de don Emilio Olabarría sobre el Marqués de Beccaria y el fundamento ontológico de las penas, o quizás enzarzados en cómo incorporar al debate sus recurridos mantras de austeridad, recortes, la derecha, las privatizaciones o el sufrimiento de los humildes. Allá ustedes. Me permito rogarles que, ahora sí, sabiendo ya lo que van a votar, que complementa a la reforma del Código Penal de aquel día 26 de marzo, instruyan a don Pedro para que apoye una reforma que protege y permite resarcir a la sociedad de los efectos de la delincuencia, pero que también supone un importante avance en los derechos fundamentales del detenido. Esto es algo con lo que todos tenemos que sentirnos comprometidos, como lo estuvieron los grupos de la oposición con sus aportaciones en la ley de naturaleza ordinaria al regular los atestados sin autor conocido, la fijación de plazos, el monitorio, el decomiso o el recurso de revisión; o en la ley orgánica, con la entrevista previa, el agente encubierto, la protección al derecho al honor, la intimidad o la imagen, o en la regulación del derecho a la información con ocasión de una detención. Estamos, señorías, ante una reforma que responde al clamor y al derecho de todos...
Señor Ordóñez, tendría que ir terminando.
Finalizo, señora presidenta. Decía que estamos, señorías, ante una reforma que responde al clamor y al derecho de todos los ciudadanos a disponer de una justicia ágil y eficaz, que fortalezca y garantice sus derechos procesales y que dé cumplida respuesta a una demanda de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción que a todos corresponde, al Partido Popular, como partido que es de Gobierno, pero también a ustedes, los grupos que constituyen la oposición. Para concluir, quisiera solicitar la votación separada de la modificación realizada en el Senado al apartado siete, que modifica el artículo 792.4, para suprimir única y exclusivamente la expresión 'por infracción de ley y por quebrantamiento de forma', debiendo quedar el resto del apartado con la misma redacción. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias, señor Ordóñez. Tiene la palabra el señor ministro.
Muchas gracias, presidenta. Soy bien consciente de la hora que es y de lo que queda de sesión por delante. Por lo tanto, intervendré brevísimamente para poner de manifiesto el agradecimiento a la Cámara, a sus señorías, a los miembros de la Comisión de Justicia, a las letradas de la Cámara por el trabajo realizado con estos dos proyecto de ley y, en general, por todo el trabajo durante los últimos doce meses que ha permitido aprobar hasta catorce proyectos de reforma legislativa. Son proyectos en los que el Gobierno algún mérito puede tener pero como preguntaba alguna de sus señorías cómo se hacen los proyectos de ley, le diré que se hacen con las aportaciones de muchos, con las aportaciones de sus señorías, con las enmiendas, con las iniciativas, con las aportaciones de los profesionales, de los jueces, de los fiscales y también de la Sala segunda del Tribunal Supremo. Solo faltaría que no escuchásemos a la Sala segunda del Tribunal Supremo, a todos los magistrados de esa sala - lean la prensa de hoy -, cuando valoran las reformas que se están llevando a cabo. Se hacen con las aportaciones de los abogados, de los sindicatos, de las asociaciones profesionales, porque todos ellos tienen capacidad de aportar ideas. Ese esfuerzo de reunir opiniones es el que nos ha permitido hacer un proyecto de ley como el que ha sido analizado por sus señorías en esta sesión, que va a permitir agilizar la justicia penal, la mejora en las reglas de la conexidad, la implantación extensiva del procedimiento de aceptación por decreto, el establecimiento de plazos para que la instrucción tenga unos límites temporales; también va a permitir que los atestados sin autor conocido no inunden las mesas de jueces y fiscales, lo que me parece que son instrumentos positivos para agilizar la justicia penal y también para fortalecer las garantías procesales. Establecer por fin la segunda instancia penal, establecer el recurso de revisión como sistema para incorporar a nuestro derecho las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fortalecer la asistencia letrada en todos los trámites y en todas las fases de la actuación policial y procesal, sin duda es una buena noticia. Como lo es también el fortalecimiento de la seguridad jurídica al garantizar que todas las medidas de investigación tecnológica siempre estarán autorizadas y vigiladas por la autoridad judicial. Asimismo se establece un sistema de casación penal, en el que estoy seguro de que sus señorías coinciden en que fortalece y mejora nuestro sistema, más allá de cuál haya sido el trámite procesal para su establecimiento. Todas estas medidas fortalecen además la independencia judicial y, si alguien tiene alguna duda sobre la independencia judicial hoy en España, no hay más que leer comunicados de la fiscalía o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para saber cómo funciona la independencia judicial en España, como un principio de nuestro Estado de derecho, sobre el cual no deberíamos generar ninguna sombra de dudas porque lo único que hace es llevar a la confusión y seguramente a que los que no son tan expertos en la materia y no conocen en detalle que esa independencia judicial existe con toda fortaleza, no les ayudamos creando sombras de dudas que los propios fiscales y los jueces se encargan de aclarar. Las reformas que se han abordado durante esta legislatura son sólidas. Es verdad que esta Cámara es la manifestación del pluralismo, de la soberanía nacional, de la discrepancia, de la diversidad política, pero es curioso que cuando uno asiste a jornadas profesionales, a jornadas académicas o a congresos, las reformas se valoran muy positivamente, y contrasta luego cuando se oye algunas intervenciones. Habrá que tener en cuenta que estamos en un final de legislatura, que a veces se pone más el foco en lo negativo que en lo positivo, pero en general la comunidad jurídica está valorando positivamente todas las reformas que se han llevado a cabo. Termino, como decía, agradeciéndoles el trabajo, el esfuerzo y las reformas que durante este tiempo se han llevado a cabo, porque estamos convencidos - el Grupo Parlamentario Popular, que las ha promovido y apoyado y que ha hecho un extraordinario trabajo que quiero agradecer - de que estamos fortaleciendo el Estado de derecho en España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
Muchas gracias, presidenta. Desde que comenzó la tramitación de este proyecto de ley, mi grupo explicó que nos parecía un error, porque el debate verdaderamente relevante que hay que abordar sobre la jurisdicción militar es la pertinencia de que siga existiendo. Ya hemos explicado en numerosas ocasiones, a lo largo de esta tramitación, que el punto de vista de nuestro grupo parlamentario es que la justicia militar se debía abolir. No solamente no tenía sentido suscitar este debate en esta legislatura, sino que había que darle cerrojazo mediante una reforma del Código Penal Militar que supone una involución. Hemos explicado por qué la jurisdicción militar convierte a las Fuerzas Armadas en un territorio de excepción, de opacidad, en un territorio en el que al final prima el corporativismo sobre la justicia y en el que a menudo es mucho más fácil encontrar casos de impunidad, de falta de garantías e incluso de privación de derechos de los acusados que casos de verdadera justicia. Los tribunales militares funcionan en numerosas ocasiones como auténticas unidades militares pues no son tribunales independientes. Por eso mi grupo ha insistido en la necesidad, como tantos otros países - Alemania, Noruega -, de prescindir de esa jurisdicción militar. Desde ese punto de vista, toda esta tramitación, que ha sido un error, concluye hoy, pero no concluye el error, y sus consecuencias seguirán siendo sufridas durante años por muchos hombres y mujeres que prestan un enorme servicio a España y que no merecen un trato penal como el que les dispensa este Código Penal. La segunda opción, puesto que el Gobierno no estaba dispuesto a abolir esa jurisdicción militar, consistía en reducir el catálogo de delitos, porque no se ve la relación existente entre un robo y el Ejército, por ejemplo, o entre el acoso sexual y el Ejército. Los delitos comunes deben ser juzgados en la jurisdicción ordinaria y, en todo caso, restringirse al mínimo a lo estrictamente castrense lo que queda en el ámbito de la jurisdicción militar. Pero lejos de haber abordado este segundo enfoque, lo que hace el Gobierno con esta reforma es ampliar ese catálogo de delitos. Por eso hemos explicado - el caso del acoso sexual en el ámbito del Ejército es muy revelador - cómo tipificarlo como delito no contribuye a su persecución, a su desaparición como práctica, sino que lo necesario es la prevención y, sobre todo, garantizar a las víctimas cauces seguros para denunciar. Incluirlo como delito simplemente significa ampliar esa jurisdicción militar que perpetúa ese territorio de excepción que en el ámbito de lo jurídico son las Fuerzas Armadas. Nada de esto ha cambiado en la tramitación de la ley en el Senado. No se ha evolucionado en absoluto en la justicia militar, sino que, al contrario, se produce una involución. Por tanto, una vez más votaremos en contra de estas enmiendas. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora Lozano. Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
Gracias, presidenta. Finaliza hoy el trámite de este debate del Código Penal Militar y para el Grupo de La Izquierda Plural existen las mismas dudas, las mismas preocupaciones y las mismas consideraciones y opiniones que ya hemos manifestado a lo largo de toda su tramitación desde la toma en consideración. Lo que mal empieza mal acaba, y este debate sobre el Código Penal Militar empezó mal, fundamentalmente porque fue gestado a espaldas de la sociedad, sin analizar para nada y en ningún momento la opinión de los militares, de las personas, de los hombres y las mujeres que componen las Fuerzas Armadas, desoyendo o, peor aún, ni siquiera tomando en consideración qué es lo que pensaban y qué pensaban sus organizaciones y asociaciones profesionales. Una vez más hay que recordar las quejas que a este efecto han hecho desde estas asociaciones de militares y de la Guardia Civil - de eso hablaré más adelante -, que han dicho en reiteradas ocasiones que esta norma no había sido gestada y surgía sin el necesario debate y análisis sosegado que requería. Hoy esta Cámara aprobará una nueva norma penal militar que incrementa, como ya se ha dicho, el número de tipos penales militares y además lo hace de forma perversa porque se adelgaza solo en apariencia el número de artículos y condensa ese incremento en un único artículo. Eso es lo que hay con esta nueva norma, con este nuevo código penal: los artículos bajan, pero los tipos penales se incrementan. Lo hacen, además, más allá de lo militar, afectando a los delitos que ya tienen su correlativa tipificación en el ámbito de la justicia ordinaria, en el Código Penal común, es decir, superando y rebasando el mandado constitucional de remitirse y limitarse estrictamente al ámbito castrense y evidenciando otra vez, de forma clara, la ideología y la concepción que el Partido Popular y el Gobierno tienen, en este caso, del Estado de derecho. Mención aparte requiere el tratamiento que se le da a la Guardia Civil; esa obcecación extraña que tiene el Gobierno por aplicar a la Guardia Civil la norma penal militar, a pesar de la opinión contraria del conjunto de grupos de la Cámara; a pesar de la opinión contraria de todas las asociaciones de los profesionales de la Guardia Civil. Ustedes mantienen el espíritu del apartado 5 del artículo 1 y consolidan e incrementan la aplicación de este código a la Guardia Civil. Ya les advertimos que no vamos a votar ninguna de las enmiendas que tienen que ver con este asunto porque no hacen otra cosa que consolidar este auténtico despropósito, señorías del Partido Popular. Es un error jurídico muy importante; un sinsentido, además, que va a permitir a unos pocos aplicar esta norma penal de carácter militar a la Guardia Civil en su actividad cotidiana, una actividad que es policial, siempre policial, en todo momento, en toda circunstancia, en cumplimiento de la misión constitucional que tienen al igual, común e idéntica que la que la Constitución asigna a la Policía Nacional. Hablo del ejercicio cotidiano y normal de las funciones que desarrolla el cuerpo. ¿Quién gana con este error, señorías del Partido Popular? Es evidente que los mismos que justifican que una autoridad civil, como el director general de la Guardia Civil, ahora sea considerado autoridad militar y tenga una especial protección penal que antes no tenía y que además no había sido necesaria durante décadas. ¿Quiénes pierden? ¿Cómo afecta esto al trabajo cotidiano de los hombres y las mujeres de la Guardia Civil? Evidentemente de forma muy negativa, porque van a ser acusados y acusadas por delitos, por comportamientos en su actividad diaria que en el mejor de los casos, y si hay razones para ello, deben ser evaluados en primer término en el ámbito de lo disciplinario. En otro orden de cosas, nos preocupa la criminalización de la crítica que permite esta redacción y volvemos a denunciar la redacción del artículo 37, como ya hicimos en la Comisión y volvemos a poner encima de la mesa, porque consideramos que es una peligrosísima puerta para sancionar a los y las representantes y dirigentes de las asociaciones profesionales cuando critiquen situaciones - que las hay, cotidianamente - que se producen en el seno de las Fuerzas Armadas y ahora en la Guardia Civil. Todo esto, además, sin que se haya acometido la reforma de la jurisdicción militar, proceso que queda demasiado al albur de que pasen dos años y condicionado, en todo caso, a reformas parciales que se hacen para dar una apariencia de modernidad, pero que profundizan en un modelo de justicia militar alejada de la justicia ordinaria. Ese es el elemento central de este debate que hoy clausuramos, mal además: la confrontación de dos modelos en el ámbito de la justicia penal militar. Un modelo que es el que defiende el Gobierno, el Partido Popular, los Estados Mayores y jerarquías del Ejército, que es el que inspira y recoge el texto, que está basado en el mantenimiento del funcionamiento de la jurisdicción militar, de sus órganos, de su regulación, de sus competencias, su ámbito territorial, sus normas procesales y la naturaleza y origen de sus jueces. Un modelo que lleva aparejado, por lo tanto, reproducir los errores del pasado que lleva aparejada una falta de imparcialidad, de independencia y de taxatividad absolutamente inaceptable en una norma de tipo penal. El otro modelo, que es el modelo alternativo que defiende La Izquierda Plural, es un modelo que se basa en la superación y desaparición de la jurisdicción militar, circunscribiendo las leyes penales militares a determinadas coyunturas del Estado, de la vida interna del Estado, es decir, estado de alarma, de excepción, de sitio, declarada la guerra. En fin, es un modelo propio de la realidad del siglo XXI, de una sociedad moderna, de una sociedad democrática que quiere contar con unas fuerzas armadas profesionales que desempeñen su trabajo con garantías plenas de respeto a sus derechos fundamentales y libertades personales y públicas; un modelo, señorías, que implica entre otras cuestiones - tampoco se aborda en esta reforma - afrontar el ámbito procesal como, por otro lado, determina también la Ley de derechos y obligaciones. Ustedes, señorías del Partido Popular, han obviado este debate y han echado atrás cada una de las propuestas que querían o pretendían profundizar en este asunto, por lo tanto, nuestro voto va a ser un voto negativo a esta ley, que va a ser aprobada además a escasas semanas de la próxima cita electoral. Esperamos que después de esa cita electoral, en pocos meses ustedes desalojen esa bancada, salgan del Gobierno, necesariamente sean desahuciados del Gobierno, para reabrir este debate a fin de garantizar, de una vez por todas, que la justicia y la democracia no se quedan a las puertas de los cuarteles. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Guillaumes.
Muchas gracias, señora presidenta. Estamos delante de un código penal militar que tiene cosas buenas. Siempre me gusta citarlas aunque sea una ley que no compartamos, como es el caso, pues es un código penal militar en el que por primera vez existe la perspectiva de género, lo cual está bien porque esto se tenía que incorporar, pero es una ocasión de oro para dejar colgadas muchísimas cosas, algunas de las cuales las ha citado algún otro portavoz. Se puede juzgar la procedencia o no, nosotros entendemos que sí la tiene, que tiene que existir un ámbito de justicia militar, restringido en todo caso - luego lo definiré -, pero lo que parece muy contradictorio es que este juez, si entendemos que tiene que ser independiente, pues entendemos que en cualquier jurisdicción la independencia judicial es importantísima, en cambio continúe estando sometido a la jerarquía militar; es una contradicción en los términos. Caemos en la típica caricatura aquella de que la justicia militar es a la justicia lo que la cocina militar es a la cocina, con lo cual, por ahí no vamos bien. Si tiene que existir esa jurisdicción, al menos para determinados casos, que continúe teniendo dependencia jerárquica no tiene demasiado sentido. Hay mucha ambigüedad en muchos de los casos expuestos que podrían utilizarse para perseguir elementos que tendrían que ser considerados libertad de expresión, y no hay nada peor en una norma penal - eso se aplica también al Código Penal general - que el que haya supuestos incompletos; esto genera una terrible inseguridad tanto al individuo como luego al juez que lo tiene que aplicar. Se ha hablado aquí también de la Guardia Civil. Sabemos que afecta fundamentalmente a otra ley, pero se ha podido comentar aquí con motivo de otra legislación. Un guardia civil es un policía; no hay nada que se parezca más a un policía que otro policía, por tanto, la normativa a la que tiene que estar sometido tiene que ser básicamente la misma. Sabemos que hay excepciones en el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, si son destinados a misiones de guerra, al exterior; incluso para que no haya confusión si están en un cuartel donde hay presencia militar que no sea de la Guardia Civil, sería absurdo aplicar dos códigos. Entendemos las restricciones pero, en líneas generales, la función de un policía es la más autónoma que tiene un funcionario público, a diferencia de la de un militar, que es el que menos tiene. El policía es el que toma más decisiones de manera autónoma, decisiones que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos, y resulta que esta función está sometida a los mismos criterios que un estricto código militar; además esto no va a menos, sino que va a más en esta ley, y no tiene sentido. Esta jurisdicción tiene que existir, pero tiene que existir en los casos donde hay una situación excepcional, propia de la característica del militar, en situaciones de conflicto, etcétera. En los demás supuestos un señor o una señora de uniforme es un ciudadano como los demás al que se le tiene que aplicar la misma normativa que a los demás. Parece de sentido común. En Alemania han ido más lejos; aquí de hecho se ha endurecido el carácter excepcional del soldado. No vamos a hacer demagogia fácil; entendemos las características muy especiales de la función militar y que en determinadas situaciones - todos nos imaginamos cuáles, no hace falta describirlas - tienen que estar sometidos a leyes, a normas muy distintas a las de la mayoría de los ciudadanos o que allí prima sobre todo el orden, la disciplina o la jerarquía, que en estos casos es absolutamente imprescindible. Lo entendemos pero, ¿en todo o casi todo de la vida de un soldado? Esto no tiene sentido porque estamos hablando de ciudadanos como los demás. No podemos aceptarlo por estos motivos. Lo repito, hemos encontrado cosas buenas en estas leyes, como mínimo que se haya incorporado la perspectiva de género, que hasta ahora no existía, pero en otros muchos casos consideramos que no es un paso adelante, sino que, como ha dicho algún otro portavoz, por desgracia es la pérdida de una oportunidad, es un paso atrás. Muchas gracias, señor ministro, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nuestro grupo parlamentario va a emitir un voto negativo a la enmienda al artículo 1.5 del proyecto de ley del Código Penal Militar que viene del Senado. Esta es la enmienda que se debate esta tarde, que es mucho más que una mera enmienda, pues se trata nada más y nada menos que de dilucidar cómo se aplica el Código Penal Militar al conjunto de la Guardia Civil, a un cuerpo de seguridad tan importante y tan valorado como este. En la legislatura socialista anterior se llegó a un consenso a este respecto - quiero recordarlo porque es muy procedente en este debate -; se llegó a un consenso a través del artículo 7bis - vigente en este momento - al Código Penal militar, que fue votado por el Partido Popular, sobre la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Yo tengo aquí el texto delante de este artículo 7bis, que dice que no se aplicará el Código Penal Militar cuando la Guardia Civil realice actos propios de su misión, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, sí se aplica el Código Penal cuando la Guardia Civil actúe en tiempo de guerra o estado de sitio, misiones de carácter militar o esté integrada en unidades militares; en ese caso sí que se aplica el Código Penal. Ese fue el criterio de esta enmienda que se hizo al Código Penal Militar en la anterior legislatura y que aprobaron varios grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Popular y el Grupo Socialista. El fundamento de ese cambio que se hizo hace algunos años es la naturaleza de la Guardia Civil, tema al que se ha referido el señor Guillaumes. La Guardia Civil tiene una naturaleza de cuerpo policial, de cuerpo de seguridad. Las funciones de la Guardia Civil son en el 95 % misiones de carácter policial, de carácter civil, de seguridad. Esa es su verdadera naturaleza; una naturaleza que es, por así decirlo, el fondo del tema. La función de la Guardia Civil es el fondo del tema, eso es lo verdaderamente importante, en qué beneficia a los ciudadanos la función que desarrolla. Lo que quieren los ciudadanos es tener resultados de eficacia en los cuerpos de seguridad y no les importa tanto el régimen interno y disciplinario. Les importa la eficacia en este caso de la Guardia Civil, ese es el fondo. La forma en toda la historia de la Guardia Civil es la de tener un régimen disciplinario militar; esa es la forma. Pero el fondo influye sobre la forma. No podemos separarlos absolutamente. Por eso es por lo que la estructura interna de funcionamiento de la Guardia Civil no es igual que la del Ejército, no forma parte del Ejército y no tiene la misma estructura. Ha dicho antes, yo creo que con sabias palabras, el señor Guillaumes que la forma de funcionamiento de un policía no es la misma que la de un militar. Lo ha explicado muy bien. Por eso es por lo que hay cambios en la estructura orgánica de la Guardia Civil que no son lo mismo que lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Voy a citar dos ejemplos de la anterior legislatura. Uno, la supresión de las sanciones de arresto. La Guardia Civil no tiene sanción de arresto, en su régimen disciplinario han desaparecido las sanciones de arresto, ha desaparecido la privación de libertad como sanción interna y eso no ha producido una menor eficacia de la Guardia Civil. Me imagino que ustedes no estarán de acuerdo en decir que la Guardia Civil es menos eficaz, que ha bajado su eficacia. Creo que no, que no se podría compartir esa opinión, a pesar de que los arrestos como sistema sancionatorio interno han desaparecido de la Guardia Civil, incluso para faltas graves. Sin embargo, en las Fuerzas Armadas existe la sanción de arresto, incluso para faltas leves. Repito, en la Guardia Civil, ni siquiera por faltas graves; en el Ejército, incluso para faltas leves. El otro elemento que le da una forma diferente de funcionamiento fue precisamente este artículo 7bis al que me refería antes, y es que en la anterior legislatura se llegó a la conclusión de que el Código Penal Militar, como regla general, no se debería aplicar a la Guardia Civil, lo que no significa que hubiera impunidad porque se regiría por el Código Penal ordinario y se juzgarían sus acciones hipotéticamente delictivas por jueces civiles, no por jueces militares. Se llegó a esa conclusión de no aplicar el Código Penal Militar a la Guardia Civil como regla general. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley del Gobierno, el que envió el Gobierno el año pasado? Lo que hace su artículo 1.5 es cambiar esa regla e invertirla, y decir: como regla general sí se aplicará el Código Penal Militar, salvo determinadas excepciones. Invierte la regla, la regla general pasa del no se aplica al sí se aplica, que es un cambio muy importante de filosofía. A nuestro juicio es una involución y por eso nosotros, antes del verano, cuando hubo un debate sobre ello, votamos que no a ese artículo 1.5. Yo le pregunté entonces al señor Ferrer - todavía está a tiempo de contestarme - por qué el Gobierno nos envió este proyecto de ley con ese artículo 1.5 rompiendo el consenso del artículo 7bis aún vigente de la anterior legislatura. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se pasa de un consenso a un disenso cuando había un acuerdo muy importante en esta materia entre los grandes grupos parlamentarios? No me contestó. Hoy volverá a decir seguramente que la Guardia Civil tiene carácter militar. Si ya lo sabemos y no hemos propuesto que deje de tenerlo. No tiene nada que ver, pero su forma de funcionamiento interno no tiene que ser idéntico al de las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, ¿por qué ese acuerdo de la legislatura anterior no se mantiene en esta? ¿Por qué el Gobierno lo rompe y pasa a cambiar esa regla general? Otra gran pregunta, un misterio: ¿por qué votaron sí al artículo 7bis en la anterior legislatura, porque estuvieron ustedes de acuerdo con este artículo para cambiarlo ahora? No contentos con esto, el Senado ha aprobado una enmienda sobre el propio artículo 1.5, una enmienda sobre la enmienda del Gobierno; es decir, se han enmendado a sí mismos y en el Senado el Gobierno ha enmendado lo que trajo aquí - porque no le parece suficientemente duro, se conoce - y lo que viene ahora, lo que vamos a votar esta tarde, es una enmienda del Partido Popular aprobada en el Senado en la que todavía se remacha más, se endurece más la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil y no deja ya prácticamente ningún resquicio para la no aplicación de dicho código; prácticamente en todas las circunstancias se aplicará el Código Penal Militar, prácticamente en todas, salvo algunas que son claramente minoritarias estadísticamente hablando. Y vuelvo a preguntarle lo mismo: ¿por qué han hecho ese giro en el Senado sobre lo que aquí salió? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué ha pasado en un mes para que quieran ustedes cambiar su propio texto del Congreso en el Senado? ¿Qué presiones ha habido para que lo hagan y, si ha habido esas presiones, cuáles han sido para que haya habido ese cambio sorpresivo y sorprendente de endurecer aún más la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil? Probablemente en el fondo de ello haya quizás un elemento compensatorio, quizá. Como ha desaparecido la privación de libertad como sanción en el régimen disciplinario, vamos a elevarlo al régimen penal; ya que no podemos privar de libertad vía disciplinaria porque han desaparecido las sanciones de arresto, vamos a aumentar la capacidad de privar de libertad por la vía penal; una compensación o, mejor, un desequilibrio que no tiene ningún sentido, porque lo lógico hubiera sido acompasar esa filosofía con una adecuación y modulación de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Con ello lo que han hecho ha sido desnaturalizar aún más a la Guardia Civil, desnaturalizarla de su función esencial que es la de preservar las libertades y derechos y garantizar la seguridad ciudadana. En el fondo, aquí lo que hay es la expresión de una deriva autoritaria del Ministerio del Interior, que ha patrocinado este cambio; una deriva autoritaria que hemos sufrido en esta legislatura, sobre todo en los últimos tramos de la misma: Ley de Seguridad Privada, Ley de Seguridad Ciudadana - la llamada ley mordaza - y este propio artículo 1.5 que amplía mucho más los casos de aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Una maniobra, señor ministro, muy torpe.
Señor López Garrido, tiene que ir terminando.
Termino. Una maniobra muy torpe, carente de sentido político, carente, si me permite, de finura política, porque este artículo 1.5 tiene los días contados. Este artículo cambiará en el momento en que cambie el Gobierno porque ha roto el consenso, y eso es lo que me parece una torpeza desde el punto de vista del Gobierno en este asunto que hay que mirar con ojos de sentido de Estado. Ya había un consenso y ustedes lo rompen de forma arbitraria o caprichosa, de forma absurda. En definitiva, señora presidenta, el Grupo Popular, el Gobierno, ha roto el consenso que se obtuvo en la anterior legislatura sobre la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Nosotros tenemos la convicción de que gobernaremos en la siguiente legislatura y vamos a restaurar ese consenso. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López Garrido. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ferrer. Agradecería a los intervinientes que se ciñeran al tiempo debido al orden del día y a la hora que es. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor presidenta, señorías, señor ministro, hoy llegan a esta Cámara las enmiendas introducidas por el Senado en la Ley Orgánica del Código Penal Militar, referidas con exclusividad a un solo tema. Con ánimo de concretar, les diré que la cuestión que se dirime no es si la Guardia Civil está sujeta o no a la ley penal militar sino en qué medida lo está. Ya les adelanto, señorías, que no estamos de acuerdo y esto evidentemente constituye un problema, porque en un país que construyó su camino a la democracia alrededor de la palabra consenso hasta el punto de identificar las buenas políticas con aquellas que se ciñen a este concepto, el desacuerdo, la disparidad de criterios tiene muy mala prensa y peor imagen. Sin embargo, esa es, señorías, una opinión que yo no comparto, porque consenso y disenso son las dos caras de una misma moneda; la discrepancia es tan legítima y saludable para la democracia como lo es la avenencia y, si me apuran un poco, es el resultado lógico de la coexistencia en esta Cámara de ideologías dispares, lo que viene a constituir la misma esencia del sistema parlamentario. Dicho lo cual, quisiera transmitirles mi preocupación, preocupación que consiste en el hecho de que este será el último debate que mantendremos sobre el Código Penal Militar; por tanto, la última imagen que quedará prendida en nuestras retinas y con ello podríamos transmitir la sensación de que existe un profundo desacuerdo en el seno de esta Cámara en relación con la Ley Penal Militar, y nada estaría más lejos de la realidad. Durante meses hemos negociado hasta la extenuación, y yo quiero agradecer a los portavoces del Partido Socialista el esfuerzo realizado en este sentido. El consenso alcanzado cubre la práctica totalidad de la ley, con la excepción de un solo artículo, precisamente el que ha sido objeto de enmienda en el Senado. El resultado de este esfuerzo, señorías, el impulso del ministro de Defensa, ha propiciado el Código Penal Militar más avanzado de los países de nuestro entorno. Se ha reducido el articulado a la mitad impulsando su carácter subsidiario en relación con el Código Penal común y sí, se han aumentado algunos tipos, don Álvaro, y le voy a decir cuales. Se ha reformado la jurisdicción militar transfiriendo al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de los jueces militares, lo que consagra su independencia. Se ha incluido la prevención y castigo de las violaciones del derecho internacional humanitario. Se han asumido las obligaciones derivadas de la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional Se han añadido nuevas figuras delictivas para la protección penal del ejercicio de los derechos y libertades de los militares. Se ha tipificado el acoso sexual, los atentados a la intimidad, a la dignidad personal y en el trabajo, y cualquier tipo de acto discriminatorio. También se han mejorado las condiciones para el cumplimiento de las penas, y un largo etcétera. Existe, pues, señorías, un amplísimo consenso, y la Ley Orgánica del Código Penal Militar es hija de ese acuerdo respaldado por la mayoría de esta Cámara. Ahora bien, tal y como les decía, discrepamos en un artículo, aquel que define la extensión en que este código penal es de aplicación a los miembros de la Guardia Civil. Permítanme que aborde dos cuestiones a este respecto. En primer lugar, se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular se ha enmendado a sí mismo en el Senado, ha enmendado el texto remitido por el Gobierno. Cierto, sin lugar a dudas. Pero, a nuestro juicio, ha mejorado ese texto, ha contribuido decididamente a aclarar y completar su redacción, y, por tanto, los casos de aplicación de esta normativa a los miembros de la benemérita institución, lo que a nuestro juicio evita confusiones y contribuye a la seguridad jurídica. Pero no lo ha hecho de forma caprichosa, señorías, la nueva redacción se adecua mejor a la voluntad del legislador expresada en los párrafos tercero y cuarto del preámbulo de la ley, pero sobre todo recoge y se ciñe estrictamente a la interpretación del antiguo articulo 7bis realizada por la Sala quinta y la Sala de conflictos del Tribunal Supremo que en reiteradísima jurisprudencia establece que el Código Penal Militar debe aplicarse en todo momento a los miembros de la Guardia Civil cuando realicen hechos que afecten a los bienes jurídicos propios del orden castrense, radicados sobre todo en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y cohesión internas o el desempeño de funciones y cumplimiento de deberes esenciales no encuadrables en los servicios policiales. En segundo lugar, señorías, subyace en esta cuestión un debate de fondo, y es que no podemos desconocer que un buen número de los miembros de esta augusta Cámara pretende que la Guardia Civil pierda su condición de cuerpo militar, pierda su carácter militar. Algunos lo harían por real decreto de hoy para mañana y otros son más proclives a ir despojando al instituto poco a poco de todas aquellas características y atributos que le confieren su condición militar hasta que el asunto caiga como fruta madura. En el subconsciente o en el imaginario de unos y de otros reside la idea de que el carácter militar de la Guardia Civil es una anomalía, una vieja singularidad española, algo así como las peinetas. ¿Fruto de qué? De regímenes autoritarios y de dictaduras del pasado. Señorías, es un error mayúsculo. Los cuerpos que aúnan la condición militar y policial son cosa de estos tiempos, se les conoce como cuerpos de gendarmería y son tan de estos tiempos que están siendo potenciados por todos los países, incluida España, que disponen de ellos. No constituye ninguna anomalía, no constituye ninguna singularidad española. Un vistazo al vecindario más próximo nos permite observar cuerpos análogos, idénticos, en Portugal, en Francia o en Italia, y todos sirven a regímenes plena y profundamente democráticos y tienen su origen en ellos, como en el caso de la Guardia Civil. De hecho, la única diferencia que yo observo es que, en mi modesta opinión, la Guardia Civil es el mejor cuerpo de gendarmería del mundo. ¿Saben ustedes por qué en Italia o en Francia no se plantean retirar el carácter militar a la Gendarmería o a los Carabinieri? Precisamente porque, igual que en el caso de la Guardia Civil, su condición de cuerpo militar está en su propia razón de existir, es su propia razón de existir. No tendría sentido alguno mantener separadas dos organizaciones policiales que fueran exactamente iguales. Por tanto, si estos cuerpos perdieran su carácter militar, serían inmediatamente absorbidos por sus correspondientes policías en cada país y sencillamente desaparecerían, que parece ser el objetivo de algunos. Voy a terminar formulándoles las mismas preguntas que les planteaba en junio y lo voy a hacer, señorías, porque las considero la cuestión fundamental y porque estoy convencido de que si se las contestan con la mano puesta en el corazón hoy no tendríamos este debate. Primero, ¿creen honestamente que los ciudadanos de este país desean que desaparezca la Guardia Civil? ¿Creen ustedes que ese es un sentimiento mayoritario entre la población de nuestro país? ¿De verdad están ustedes convencidos de que los guardias civiles desean la desaparición de su cuerpo? Y, por último, ¿piensan que estaríamos sirviendo a nuestro país privando al Estado de un instrumento como la Guardia Civil? Les ruego que se las contesten. Eviten prejuicios, háganlo honrada y honestamente, y verán qué pronto acabamos con esta discusión. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Ferrer. - PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. [[Número de expediente 121/000124]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
Muchas gracias, señora presidenta. Con brevedad de nuevo. Mi grupo quiere simplemente subrayar en la conclusión de la tramitación de esta ley algo que ya hemos repetido con insistencia a lo largo de todo el debate y es que el activo más valioso que tienen nuestras Fuerzas Armadas no es su armamento, no son sus instalaciones, son sus hombres y sus mujeres, y no por el sacrificio extremo que todos sabemos que les puede acarrear prestar sus servicios en las Fuerzas Armadas, sino incluso por los pequeños sacrificios cotidianos que significan simplemente un traslado por una necesidad inmediata del servicio y, por tanto, una separación forzada de la familia. En fin, miles de pequeñas cosas que cuando se habla de cerca con los hombres y mujeres que forman parte de nuestros ejércitos, se conocen mucho mejor. Precisamente porque son ese activo tan valioso y porque esta Ley de la Carrera Militar es la que les afecta más directamente en cuanto a sus sueños profesionales, expectativas y ambiciones legítimas de tener una carrera dentro de la Administración y en particular dentro de las Fuerzas Armadas, es por lo que pensamos que tenía que haberse hecho con especial esmero, con especial atención e incluso con especial, diría, cariño, porque es la ley que les permite o no planificarse con certidumbre y con un mínimo de previsibilidad una carrera profesional que, como otras carreras de la Administración, como las carreras judicial o diplomática, debe tener esa previsibilidad, puesto que, en contraste con un trabajo desempeñado en la empresa privada, existe el acuerdo de que las remuneraciones son menores pero la estabilidad es mayor. Esto no ocurrió cuando se reformó la ley anteriormente, en el año 2007, que no se puso todo el interés y todo el esmero que se debía poner, y esto ha sido reconocido en los trabajos de la subcomisión y de la Comisión por los diputados que en ese momento estaban aquí. Aquella ley creó numerosos agravios, ha sido el origen de miles de recursos, particularmente de los suboficiales, que se ven especialmente agraviados por los cambios que se introdujeron en esa ley y, en suma, ha provocado una inmensa frustración. Con el trabajo tan continuado que se ha hecho, primero, a través de la subcomisión de Defensa y, después, en la Comisión, donde hemos estado escuchando a comparecientes muy acreditados respecto a los problemas que presentaba actualmente la ley y las reformas que había que hacer, pensábamos que iba a ser posible dar respuesta a todas esas frustraciones, pero lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente los principales problemas que planteaba la ley se han dejado sin resolver. Era prioritario resolverlo, como he dicho, por ellos, por los hombres y las mujeres que trabajan en nuestras Fuerzas Armadas, pero también por todos los demás, porque un país que no cuenta con unas instituciones que funcionan, unas instituciones públicas solventes, cuyo cuerpo de funcionarios no trabaja en buenas condiciones de motivación, incentivos, etcétera, es un país que no puede ser fuerte y moderno. Por eso pensábamos que era una ocasión magnífica para mejorar las condiciones de trabajo de los militares. No ha ocurrido así. Tampoco el paso de la ley por el Senado ha modificado en nada el proyecto inicial y, por tanto, mi grupo volverá a votar en contra de estas enmiendas. Gracias.
Muchas gracias, señora Lozano. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, hoy vuelve del Senado la Ley de la Carrera Militar y con este trámite consumamos lo que bien podíamos llamar la crónica de una desilusión anunciada. Señorías, hoy, por mucho que aquí se pretenda trasladar a la opinión pública, a los trabajadores, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que lo que se hace es corregir y reparar los agravios derivados del régimen transitorio de la ley hasta ahora en vigor, lo cierto es que eso no es verdad, y no es verdad porque no es posible, habida cuenta de que en la redacción de esta ley que hoy se trae aquí el derecho profesional a la carrera militar, que debería haber sido uno de los elementos troncales que rigiesen el debate, no ha existido. Por el contrario, lo que hemos tenido una vez más es una ley exclusivamente elaborada y orientada desde la óptica de las necesidades de la defensa, unas necesidades que, por otro lado, también hemos exigido en muchos casos poner sobre la mesa y someter a debate. Además, como ya hemos dicho en el punto anterior, es una ley sometida a la misma falta de objetividad y taxatividad que otras leyes cocinadas por este ministerio y que ya hemos visto a lo largo de la legislatura. Por tanto, el resultado no puede ser otra cosa que un más de lo mismo, un más de lo mismo amargo, señor ministro, una pérdida de la oportunidad de dotar de un marco jurídico en condiciones al personal de las Fuerzas Armadas, un marco jurídico con modernidad, con justicia y con los derechos propios de un ejército profesional del siglo XXI. Señor ministro, elementos como el abuso desmedido de la figura reglamentaria, que luego jamás se ha desarrollado o que, si se desarrolla, se desarrolla de forma opaca y sin ninguna participación, o la negación a abordar cuestiones como la arbitrariedad que implica mantener el sistema de evaluaciones para el ascenso o la discrecionalidad que caracteriza a los IPEC demuestran que este ministerio continúa considerando que en el ámbito de la defensa son consustanciales la discrecionalidad y la falta de objetividad. Mire, para muestra un botón, señor ministro. ¿Saben ustedes cuántas alusiones a desarrollos reglamentarios aparecen en la actual ley, cuántas cosas están sin resolver y se remiten a desarrollos reglamentarios? Exactamente setenta y siete, cincuenta y cinco de ellas referidas a cuestiones de personal y diecinueve referidas a cuestiones relativas a la enseñanza militar. ¿Saben cuántos reglamentos se han tramitado de esas setenta y siete referencias? Sólo treinta y tres: doce relacionados con asuntos de personal y veintiuno relacionados con asuntos de enseñanza militar. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la vaguedad de la norma es pasto abonado para su falta de objetividad. Es indecente que cuestiones básicas referidas a la carrera profesional queden pendientes de desarrollos reglamentarios y nunca se completen estos desarrollos. Señor ministro: han dejado atrás al señor Romanones. Ustedes hacen la ley, pero luego no hacen los reglamentos y, como les decía, pasto para la arbitrariedad y pasto para la indefensión, que es lo que realmente va a llevar aparejado esta ley. Porque es similar a la anterior y porque va a ser, un vez más, una fuente inagotable de desilusión, de frustración y de litigiosidad. Igual que ha pasado con la anterior, exactamente igual. ¿Qué ha pasado con la anterior? Que ha provocado miles y miles de recursos en los tribunales, y con esta ley vamos a volver a reproducir lo mismo. Pero lo más lamentable es la irresponsabilidad que implica el no dar respuesta a los problemas detectados una vez escuchados quienes los padecen. Y me voy a referir aquí también al trabajo de la subcomisión de estudio que precisamente se constituyó para este menester. De nada han servido los trabajos de esta subcomisión, de nada ha servido lo manifestado unánimemente por las asociaciones profesionales del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de nada han servido los mensajes dados por el Observatorio de la vida militar, porque lo que se va a aprobar hoy aquí ha partido de otra cosa. No ha partido del trabajo emanado de esa subcomisión ni de las conclusiones de los grupos parlamentarios, ha partido de su ministerio, del Ministerio de Defensa, que ha preferido hacer unas levísimas modificaciones que realmente nada cambian y que no satisfacen en profundidad a nadie y que perpetúan los problemas precisamente para que nada cambie. Nuestra posición evidentemente es de rechazo al conjunto de la norma porque son muchas las cuestiones que quedan sin resolver o que quedan en el limbo de nuevo. Hay escasísimas modificaciones que pueden tener un efecto positivo - luego hablaré de las enmiendas que hoy debatimos -, pero los problemas fundamentales siguen ahí: qué va a suceder con los IPEC, qué va a suceder con las evaluaciones, qué va a suceder con los compromisos no renovados, con los militares de tropa y marinería y de complemento a los que les espera el paro en principio, a los que se les prometió una promoción interna y de momento su única promoción interna es la calle, qué sucede con el sistema de protección del personal de las Fuerzas Armadas, cómo se van a resolver los problemas que sin lugar a dudas va a generar la dualidad que supone, y los agravios que va a llevar aparejados, que unos militares estén sujetos al régimen general de la Seguridad Social y otros al régimen propio de las Fuerzas Armadas. Qué pasa con los suboficiales. Qué pasa con los oficiales con carreras truncadas. Todas estas cuestiones no se han resuelto, había propuestas concretas para dar solución y ustedes no han querido asumirlas. Esta ley agrava estas cuestiones. Es verdad que respecto a alguna cuestión concreta que se presenta en las propuestas que se votarán a continuación la posición de nuestro grupo va a ser favorable porque modifican o proponen mínimos avances que pudieran entrañar efectos positivos. No obstante, sí queremos resaltar una cuestión que nos preocupa y que hace referencia a la situación de las víctimas de abuso, acoso o agresión sexual. Consideramos desde La Izquierda Plural que el derecho de la víctima a solicitar traslado evidentemente debe existir, por supuesto, pero creemos que la norma debería garantizar y primar que es, en este caso, el victimario el que debe salir de la unidad. Y eso no se recoge en el texto y tampoco se recoge en la enmienda técnica que hace alusión a esta cuestión concreta. Es una cuestión de enfoque y de filosofía y es una cuestión que estamos defendiendo igualmente en el debate que se está produciendo ahora sobre el protocolo para actuar en casos de acoso en el seno de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es una posición que nos lleva otra vez a votar negativamente porque consideramos que la filosofía no compartida - la que usted mantiene - no es la filosofía correcta. En resumen, señorías, hoy votamos una ley que no responde a las Fuerzas Armadas que queremos y que pone en duda, señor ministro, que al Gobierno le importen las personas que las conforman y que en ellas trabajan, que son evidentemente, ya se ha dicho desde esta tribuna, el elemento central y fundamental de las Fuerzas Armadas del Estado español. Desde luego, a La Izquierda Plural le importan estas personas. Consideramos que merecen una carrera profesional digna y esta ley no lo garantiza. Como ya dijimos en el debate anterior, estamos convencidos de que en unos meses saldrán ustedes del Gobierno y podremos abordar el debate de una nueva ley de la carrera militar, una ley que, considerando la seguridad y la defensa, no olvide a las personas que la hacen posible y su derecho a una carrera profesional digna. En ese debate este tiene que ser el elemento central y no como ha pasado con esta ley que hoy aprobarán. La ley que tenemos que aprobar tiene que ser hecha desde el diálogo y no como esta, desde la imposición, una ley que se adapte a la nueva realidad, a esa nueva sociedad y que sirva para impulsar, como no puede ser de otra manera, un modelo alternativo de defensa. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
Gracias, señora presidenta. De esta ley se puede decir lo mismo que de la anterior, que han mejorado algunas cosas. Se incorpora la perspectiva de género, que está muy bien, y también hay un elemento de reconocimiento de derechos y libertades que se agradece que se haya incorporado a la norma. Ahora bien, dicho esto, poco más se puede decir a favor. Es una oportunidad perdida. La anterior legislación, si miramos su repercusión contenciosa, fue un pequeño desastre. Si mis números no están mal, generó unos diez mil procedimientos judiciales de personal y colectivos perjudicados. No hablemos ya del colectivo SGAE o de los oficiales de complemento - alguien lo ha dicho aquí -, unas personas que por definición tienen una carrera universitaria y están en una franja dentro del ejército que no está saturada, podrían continuar dentro de la profesión, pero se les obliga a irse a una edad muy difícil para incorporarse al mercado laboral. Se les paga un cierto sueldo y contra toda lógica - una lógica empresarial, señor ministro - este colectivo que se necesita, que está formado y que si se le dice que marche igualmente va a cobrar una parte significativa de su sueldo, no se aprovecha y se le deja fuera, intentando buscar un trabajo, a menos que quiera vivir de lo que le queda de su sueldo, a una edad profesionalmente muy difícil. Francamente, no se entiende. ¿Por qué no se aprovechan más los activos que tiene el ejército en este momento? Podríamos hablar también en general del personal titulado. ¿Qué tiene la Academia de Zaragoza que la hace tan exclusiva? ¿Por qué no pueden acceder a determinados ascensos, ya no digo por antigüedad, lo que se llamaba chusquero, todo lo contrario, gente que tiene varias carreras, que tiene carreras de utilidad absolutamente imprescindible para el ejército en este momento, gente que tiene másteres, posgrados, etcétera? Todo esto no le servirá de nada más allá de un límite si no ha estado en la Academia de Zaragoza, más allá de un límite no podrá ascender. No tiene sentido. ¿Por qué no se aprovecha? ¿En qué empresa no se aprovecha la cualidad de la gente que se tiene dentro de la organización? No tiene sentido la existencia de un monopolio. Siempre hablamos de gente formada que se lo ha ganado. Por tanto, creemos que la excelencia no se aprovecha en esta ley y que a colectivos que tienen razón no se les reconoce. Esto entendemos que no tiene sentido. ¿Por qué se ha hecho esta ley si al final no ha solucionado la mayoría de los problemas que tenía que solucionar? Estábamos esperando este trámite, como en la ley que hemos debatido anteriormente. El señor Xuclà, portavoz de la Comisión de Defensa, tiene una expresión que lo define muy gráficamente. Dice que la esperanza parlamentaria es lo último que se pierde y se pierde cuando llegan las enmiendas del Senado. Eso es ni más ni menos lo que nos ha sucedido con la ley anterior y con esta. Señor ministro, esperábamos más. Acabo como he empezado. Insisto en que hay dos mejoras sustanciales - conocimiento de derecho y perspectiva de género -, pero por lo demás he de repetir mi última frase del debate de la ley anterior, es una gran oportunidad perdida. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
Muchas gracias, señora presidenta. Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar posición en relación con las enmiendas introducidas en el Senado en el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de la Carrera Militar. Antes de analizar los cambios introducidos, conviene retroceder un poco y recordar dónde está el origen, el alcance y el objetivo de esta reforma parcial de la Ley de la Carrera Militar que hoy termina su tramitación. Esta ley tiene su origen en el mandato que se incluyó en una disposición final - la duodécima - de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas aprobada en septiembre de 2011. En ella se pedía que el Gobierno modificara las cuestiones contempladas en el periodo transitorio de la Ley de la Carrera Militar, previo dictamen de la Comisión de Defensa. En concreto, se instaba a analizar cuestiones como la promoción y los cambios de escala, el régimen de ascensos, la antigüedad, el pase a la situación de reserva, los reconocimientos académicos, así como la situación del personal en retiro por discapacidad. Por tanto, lo primero que conviene señalar es que estamos ante una reforma parcial de la Ley de la Carrera Militar, circunscrita al régimen transitorio de la ley y cuyo objetivo es corregir algunas disfunciones detectadas en la aplicación de la ley y concretar otros aspectos a la luz de la experiencia de estos años. Pues bien, para elaborar el dictamen previo que estaba previsto en la ley se constituyó una subcomisión en el seno de la Comisión de Defensa donde se celebraron diversas comparecencias. Hoy aquí quiero volver a reconocer y agradecer el trabajo que se llevó a cabo y, de forma especial, las aportaciones de las asociaciones profesionales, de expertos, de colectivos, de entidades que representan a las personas con discapacidad, de miembros de los cuarteles generales de los Ejércitos y de los responsables del Ministerio de Defensa. Como es conocido, en nuestra opinión el texto inicial del dictamen se quedó muy por debajo de las expectativas de muchos colectivos y del propio Grupo Parlamentario Socialista. Por esta razón presentamos un voto particular con doce puntos con propuestas que entendíamos que debían incluirse en ese dictamen. Finalmente, se pudo llegar a un acuerdo más razonable en el dictamen definitivo que se aprobó. Pues bien, sobre la base de ese dictamen y de las propuestas de nuestro voto particular, elaboramos las enmiendas que hemos tratado de incorporar al proyecto de ley remitido por el Gobierno. Todas esas propuestas las hemos hecho pensando en el interés de los colectivos y personas afectadas por el régimen transitorio, pero también teniendo muy en cuenta las necesidades de los Ejércitos, de la defensa y el buen desarrollo de la Ley de la Carrera Militar. Hemos tratado de hacerlo como tratamos de abordar todas las cuestiones referidas a la defensa: con la máxima responsabilidad y el máximo rigor. Hay que recordar una cuestión, y es que una parte importante de los problemas que ha suscitado la aprobación de la Ley de la Carrera Militar tienen que ver con enmiendas que se aprobaron en esta Cámara para el régimen transitorio de la ley que remitió el anterior Gobierno. Quiero decir con esto que en cuestiones tan complejas como el régimen de personal de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de la carrera militar, conviene ante todo extremar la prudencia y medir bien el impacto de lo que se propone. Entrando ya en la consideración de las enmiendas que vienen del Senado, la mayoría de ellas se refieren a cuestiones que ya se habían acordado en el Congreso y que por omisión o error no figuraban en el dictamen final. También se han suprimido algunas duplicidades, como en el caso de los empleos honoríficos, y se han incorporado algunas reformas o mejoras técnicas que no alteran sustancialmente lo que se acordó en esta Cámara, con lo cual no hay cambio de criterio ni razón para el cambio de criterio por parte del Grupo Socialista. Sin embargo, sí creo oportuno en este trámite de la ley que finaliza, refrescar un poco algunos cambios que se han introducido en el proyecto de ley gracias a las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Socialista y desde otros grupos y que han sido transaccionadas con el Grupo Popular en el trámite del Congreso. En primer lugar, hemos reforzado el compromiso con la promoción interna del cambio de escala de los suboficiales. Nuestro objetivo era que hubiera una reserva de plazas del 20 % para suboficiales de las plazas de nuevo ingreso de oficiales. En cualquier caso, hay un mandato claro para la promoción interna, además de algo importante, el Observatorio de la vida militar va a tener que informar sobre el cumplimiento de estos aspectos. Es decir, sabremos si los procesos de promoción de suboficiales están funcionando correctamente y si existen dificultades en algún ejército. No tengan ninguna duda de que desde el Grupo Socialista impulsaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar que funcionan estas vías de promoción. Por otro lado, a través de nuestras enmiendas hemos conseguido ampliar e introducir condiciones más favorables para el personal militar que pase a reserva en aplicación de las disposiciones transitorias sexta, séptima y octava de la Ley de la Carrera Militar. En el caso de la séptima, que afecta a los suboficiales, se ha unificado el criterio para que el pase a reserva y el ascenso a teniente sea a los cincuenta y ocho y a los cincuenta y seis años, según el caso, de forma que no sufran ningún agravio ni pérdida de trienios o de derechos pasivos aunque hayan permanecido en activo más tiempo. También se ha ampliado la obtención del ascenso honorífico para aquellos oficiales y suboficiales que pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, aunque no se haya producido en acto de servicio. Se ha incluido una disposición para que se desarrolle algo a lo que se aludía antes, el reglamento de segundas especialidades del personal militar, lo cual es importante para los suboficiales, para la carrera del suboficial, pero también para otros casos, por ejemplo para el personal apto con limitaciones, para que pueda continuar desarrollando su actividad en el seno de las Fuerzas Armadas. En relación con los militares de complemento, se ha introducido una enmienda que promueve las vías para su permanencia en las Fuerzas Armadas con el objetivo de que se pueda aprovechar mejor su experiencia y su conocimiento. Finalmente - ya que se ha aludido a ello en esta tribuna -, me quiero referir a un bloque de enmiendas que, aunque no se referían específicamente al régimen transitorio, sí nos parecía imprescindible introducirlo. Se trata de propuestas referidas a la prevención y persecución de los casos de acoso, abuso o agresión sexual que vienen a contribuir y a complementar los cambios introducidos en el nuevo régimen disciplinario y la reforma del Código Penal Militar. Me voy a referir a ellas. Se ha modificado el artículo 101 de la Ley de la Carrera Militar para reforzar la protección de las posibles víctimas de estos abusos, de manera que cuando se admita a trámite la denuncia o se incoe un expediente disciplinario, se pueda pedir un cambio de unidad. También se ha modificado el artículo 92 para que en los procesos de evaluación para el ascenso se deba informar de la situación procesal de los evaluados. Por último, hemos modificado el artículo 111 de la Ley de la Carrera Militar, de manera que se establecerá reglamentariamente un procedimiento de urgencia para dictar la suspensión en funciones del personal militar en los casos de denuncias por delitos de acoso, abuso o agresión sexual. Yo creo, señor Sanz, que sí se han introducido medidas y que están incorporadas en la ley. Nosotros entendemos que estos cambios, junto con el protocolo para la prevención del acoso sexual y la atención a las víctimas de las Fuerzas Armadas, señor ministro - que esperamos que aprueben lo antes posible -, así como esas modificaciones del régimen disciplinario del Código Penal Militar, son cambios positivos. Esperamos que sirvan para prevenir, evitar y perseguir con toda contundencia todos los delitos de acoso en el seno de las Fuerzas Armadas. Por todas estas razones, por todos estos cambios que he tratado de resumir, mi grupo está satisfecho con el resultado de la tramitación de la ley. ¿Estamos totalmente satisfechas? Quizás totalmente satisfechas no; nos habría gustado, entre otras cuestiones, que se hubiera incluido una disposición sobre la programación plurianual de plazas. Asimismo, nos habría gustado que se hubieran reforzado los mecanismos de control y supervisión de los procesos de evaluación y de los procesos de informe personal del personal militar. También nos habría gustado más concreción en los temas de promoción del personal militar, como ya he señalado, y estaríamos más conformes si se hubiera hecho una mención a la equiparación de los suboficiales del CNI en relación con el resto de sus compañeros en las cuestiones que afectan al pase a la reserva. Por último, nos habría gustado que ese proceso de información sobre los procesos de promoción de suboficiales se hubiera incorporado a la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y no quedará como una simple disposición adicional de esta ley. Todo esto forma parte de la negociación y somos conscientes de la mayoría que hay en la Cámara. A pesar de todo ello, insisto, creemos que se han introducido avances significativos en el régimen transitorio, que era el objeto de la ley, respecto al proyecto inicial que remitió el Gobierno. Dicho esto, el trabajo no termina aquí. Somos conscientes de la labor de modernización y transformación de las Fuerzas Armadas que han hecho Gobiernos de distinto signo desde la recuperación de la democracia, con un objetivo claro: que nuestro país cuente con unos Ejércitos modernos y capaces de asegurar nuestra defensa y nuestra seguridad. Son cambios y transformaciones que valoramos positivamente, pero también sabemos que es necesario continuar en ese proceso, que quedan cosas por hacer. Con ese ánimo hemos tratado de contribuir a esta mejora parcial de la Ley de la Carrera Militar y seguiremos abordando tantas reformas como sean necesarias en un futuro. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Navarro.
Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestros militares, tanto si llueven chuzos de punta como si el sol abrasa, están dispuestos a salir a jugarse la vida a 3.000 kilómetros de sus casas sin recibir muchas explicaciones. Les diré también que cuando del cielo llueven bombas, y no agua, y cuando a su alrededor lo que están escuchando es el silbido de las balas, en ese momento lo único que pueden hacer es apretar los dientes y salir del hoyo; y si la cosa sale bien, tendrán una cruz esmaltada, pero si la cosa sale mal, la cruz será de madera. [[Aplausos]] Por eso, y dejando a un lado la vocación, la llamada del deber y el patriotismo, solo existe un mecanismo para compensarles, que no es, ni más ni menos, que la promoción, el ascenso y, en definitiva, la carrera militar. Tras un duro y largo recorrido, vuelve esta ley del Senado para finalizar su tramitación aquí con la incorporación de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta. Por eso, es justo agradecer el empeño y afán que los grupos políticos han puesto para conseguir un resultado que trata de reconducir y mejorar los efectos adversos generados por la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, tras muchos avatares, por la complejidad y el alto grado de controversia que se produjo tanto entre los colectivos militares como entre la oposición, los parlamentarios que la tramitaron en 2007 manifestaron haber recibido una enorme cantidad de correos y solicitudes de reunión por parte de personas afectadas por esta ley. La dificultad de la tramitación queda clara al ver que se tardó un año desde la entrada del proyecto de ley hasta que finalmente se aprobó, y en este caso se generaron treinta mil recursos contencioso-administrativos. No es necesaria una gran brillantez mental para saber que no resultó muy popular entre sus destinatarios y tampoco a nosotros nos pareció una ley satisfactoria. Aquella ley nacía, a nuestro juicio, sin haber madurado lo necesario para llegar a término. Carecía del estudio y la reflexión necesarios para un asunto tan árido e importante, posiblemente motivado por el excesivo celo legislador por parte del PSOE en asuntos relativos a las Fuerzas Armadas, especialmente con el afán de cambiar lo realizado en legislaturas anteriores a la suya. Esta ley era la tercera que influía de una manera decisiva en las expectativas de carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas en poco más de quince años. Esta norma de 2007 generó incertidumbre, desconfianza y desorientación profesional, además de inseguridad y frustración entre los miembros de las Fuerzas Armadas y también entre los que pretendían serlo. Tres años después de entrar en vigor y dado el carácter desastroso que esta ley había tomado, el Grupo Popular, aprovechando la tramitación de la Ley orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista, puso como condición que se incluyera en la misma un plazo de seis meses en el que el Gobierno remitiera al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, para lo cual la Comisión de Defensa del Congreso debería emitir un dictamen con carácter previo que abordaría los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley. Pero la disolución de las Cortes Generales impidió realizar esta modificación en el plazo requerido, al tiempo que la coyuntura de crisis económica y el riesgo de intervención de España hicieron que esta prioridad pasara a un segundo lugar, por lo que la creación de una subcomisión para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar se retrasó hasta noviembre de 2012. Los trabajos de la subcomisión fueron muy duros. Se ampliaron varias veces las sesiones, a fin de poder oír - como ya se ha dicho en esta tribuna - a todas las partes implicadas y tener la mejor de las visiones posibles. El informe final de la subcomisión se aprobó en la Comisión de Defensa el 9 de septiembre de 2014 con una amplia mayoría. Aunque inicialmente el Grupo Popular pretendía modificar la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, el tiempo que esta ley llevaba en vigor, que eran casi siete años, provocaba que si finalmente se decidiera elaborar una nueva se pudiera caer en los mismos defectos en los que había caído en la de 2007. Al mismo tiempo, los derechos adquiridos durante estos siete años en vigor amenazaban con causar otros treinta mil contenciosos, y si se cambiaba la ley no nos garantizaba que se solucionaran los treinta mil contenciosos previos que ya existían. La amenaza de generar un caos en las Fuerzas Armadas, así como la necesidad de dar una estabilidad profesional a los militares, ha llevado a que el Grupo Popular haya tomado la decisión de no elaborar una nueva ley, sino de modificar la existente en aquellos puntos principales y en aquellos aspectos en los que estaba obligado a hacerlo por el mandato de la Ley Orgánica 9/2011. En este sentido, se ha trabajado para encontrar el máximo consenso, tanto en la elaboración del proyecto de ley como en las reuniones previas de la subcomisión. Aprovecho este momento para agradecer a los grupos su eficacia y también el gran esfuerzo realizado, que se ha traducido en un proyecto de ley de reforma de la Ley de la Carrera Militar que, insisto, si bien no soluciona todos los problemas creados ni todas las injusticias que pudieran derivarse de la aparición de la mencionada ley, sí que introduce importantes mejoras, como ya se ha dicho en esta tribuna. Pero insistiré en que nos parece importantísimo que se haya hecho una batería de medidas de apoyo a las víctimas de acoso sexual, un tema en el que todos los grupos estamos especialmente sensibilizados; la vinculación efectiva del personal militar que pase a retirado en especiales circunstancias mediante su adscripción voluntaria a las Fuerzas Armadas, permitiéndole alcanzar sucesivos ascensos honoríficos con una especial consideración al acto de servicio; la concesión de empleo a suboficiales retirados que no pudiendo acogerse a la disposición adicional décima de la Ley de la Carrera Militar así lo pidan; las condiciones para el ascenso al pasar a la situación de reserva, ajustándolas con arreglo a la experiencia de aplicación desde la entrada en vigor de la ley tanto de oficiales como de suboficiales; se amplía en dos años el plazo para cumplir el requisito de contar con más de treinta y tres años desde el ingreso en las Fuerzas Armadas para el paso voluntario a la reserva al cumplir cincuenta y ocho años para determinados cuerpos y escalas, y se aclara la ambigüedad del texto anterior. Se facilita el acceso a la condición de permanente del militar de complemento. Se concede un empleo honorífico al personal que pasó directamente a la situación de retirado sin pasar por la situación de reserva, siempre que al pasar a retiro contara con veinte años de servicio desde la adquisición de la condición de militar profesional y, en cualquier caso, para los que lo hicieron en acto de servicio. También cabe señalar la recuperación de bajas en los centros de formación, la valoración de méritos en los procesos de formación, la necesidad de especialización a partir de determinados empleos, la necesidad de regular reglamentariamente aspectos relacionados con evaluaciones y con los procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones, la provisión de destino y comisiones en circunstancias excepcionales, la unificación de criterios en las resoluciones de los recursos relacionados con expedientes de condiciones psicofísicas, el sistema de cómputo de periodos de bajas, el momento de adquisición de la condición de militar de tropa y de marinería. Con todo esto, señorías, vuelvo a reiterar que somos conscientes de que quedan todavía muchas cosas pendientes; que hay problemas por resolver, que hay inquietudes justas y que no se han visto satisfechas. Muchas de estas cuestiones pueden ser resueltas por la vía de la gestión, que es el tercer paso al que nos comprometimos, y continuaremos con el trabajo que nos permita cumplir con aquellas reclamaciones que siendo justas y razonables no requerían de su inclusión en el texto legal. Pero hoy podemos decir que hemos cumplido el mandato legal recogiendo la Ley orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el objetivo perseguido, que no es otro que un resultado positivo para los militares y para nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. [[Aplausos.-El señor ministro de Defensa, Morenés Eulate, pide la palabra]]
Muchas gracias, señora Navarro. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo solamente para agradecer el trabajo desarrollado a lo largo de este tiempo. Sé que no ha sido posible el consenso en todo, pero en lo que ha sido posible quiero agradecerlo especialmente hoy. Y, si se me permite, también quiero dar las gracias a los equipos del propio ministerio y a todos los que han intervenido, porque esto que debatimos hoy, tanto el Código Penal Militar como la Ley de la Carrera Militar, son dos aspectos claves para nuestra institución de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de régimen jurídico del sector público. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señora presidenta. En relación con estas enmiendas del Senado, que ponen fin al iter legislativo de otro proyecto de ley también importante, tenemos que volver a citar a Jöel de Rosnay. Lo hemos citado en el debate de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tenemos que volver a citar sus reflexiones sobre lo que él denomina con pertinencia y lucidez política líquida, política fluida. En su reinterpretación aquí en el Congreso de los Diputados don Cayo Lara la ha redefinido como política líquida, es decir, política sin fundamentos, sin requerimientos, sin solidez y sin acogimiento de los requerimientos de la dogmática del ordenamiento jurídico. Desgraciadamente, tenemos que ser muy críticos con este proyecto de ley. Por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso - no veo a ningún ministro, aunque seguramente habrá una persona que me replicará y me citará después - se suele realizar con mucha frecuencia o con recurrencia invocaciones manifiestamente falsas. Se suele afirmar que vivimos en el Estado más centralizado de la Unión Europea. Formalmente, el nuestro puede ser un Estado centralizado y la Constitución prevé y consagra el principio dispositivo, en el Título VIII donde distribuye competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, artículos 148 y 149, pero esta es una invocación meramente formal y además falsa. La degradación del proceso autonómico ha sido de tal magnitud y a través de tantos instrumentos que realmente vivimos en un Estado materialmente casi unitario y muy centralizado. ¿Cuáles son los procedimientos? Múltiples. Tales como desorbitar las bases del Estado, cuando el Estado tiene competencia para dictar las bases de las competencias de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas. Desmesurar la legislación marco del Estado cuando esta puede encorsetar las potestades legislativas de las comunidades autónomas. Desmesurar las posibilidades de intervención de lo que se denomina alta inspección del Estado, que, constituyendo un concepto metajurídico, sin embargo opera con mucha eficiencia para recortar competencias. Desmesurar el concepto rayano en lo metajurídico de los principios rectores generales de la economía; conceptos que no forman parte del ordenamiento jurídico sino que son parajurídicos, como la estabilidad presupuestaria, en virtud de normas de estabilidad impuestas por la Unión Europea que no constituyen una fuente de derecho pero sin embargo encorsetan y reducen el acervo competencial de las comunidades autónomas. Y la CORA, señora presidenta. La CORA es el verdadero ángel exterminador del principio dispositivo que configura el ordenamiento jurídico. Todo lo que ha nacido y es hijo de la CORA constituye una invasión competencial y una reducción del acervo competencial atribuido por la propia Constitución española y sus estatutos de autonomía, en definitiva por el bloque de constitucionalidad, a las comunidades autónomas. Esto lo vemos con especial brutalidad o con especial claridad, por utilizar una expresión parlamentariamente más forense, en esta ley. Esta ley, con relación a la CORA y a los requerimientos de la configuración de un régimen jurídico para las administraciones públicas, no se refiere a las administraciones públicas sobre las que esta institución, las Cortes Generales del Estado, podría resultar competente, las administraciones públicas estatales y sus órganos corporativos, sus órganos institucionales, sus órganos o sus corporaciones de derecho público, de derecho semipúblico y sus sociedades públicas, sino también a las comunidades autónomas, y lo hace vulnerando incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional - me estoy refiriendo a la enmienda número 107 de nuestro grupo en el Senado al artículo 49- es el verdadero paradigma y aclara qué es lo que sucede con una ley de estas características. No se niega en la enmienda que el Estado, a través de lo previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, tiene competencias exclusivas para determinar las bases del funcionamiento de las administraciones públicas, no las bases de la capacidad de creación de órganos institucionales por las administraciones públicas autonómicas, sino su funcionamiento. De hecho, y reproduciendo la expresión del Tribunal Constitucional en su fundamento número 13, Bases de régimen jurídico de las administraciones públicas, hemos de recordar que en sus aspectos organizativos y de funcionamiento todas las administraciones públicas deben acoger lo que dicte el Estado para determinar, si no con carácter exclusivo, principios que deban ser objeto de desarrollo por las comunidades autónomas y que garanticen la unidad o la igualdad de los ciudadanos y el funcionamiento de las administraciones en todo el Estado español. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha refutado este criterio competencial que atribuye al Estado en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas en relación con su capacidad para establecer principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y funcionamiento de todas las administraciones públicas, con otras sentencias posteriores, particularmente la sentencia 49/1988, la 225/1993, la 197/1996 y otras, cuyos fundamentos jurídicos podría citar, señora presidenta, indicando lo siguiente: El Estado puede establecer el común denominador normativo que encierran las bases y a partir del cual cada comunidad autónoma con competencias de desarrollo legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses, pero no puede hacerlo con tal grado de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por parte de las comunidades autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo. Esto es lo que sucede con esta ley, señora presidenta. La determinación de las bases del Estado en materia de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, tan acabada, tan prolija y tan desarrollada que la competencia normativa que la propia Constitución española atribuye a las comunidades autónomas, queda vacía de contenido, queda esterilizada absolutamente. Y como en esta ley todo se inspira en este principio perturbador de la jurisprudencia constitucional - fíjese, un grupo como el nuestro que es referencia de autoridad está utilizando la jurisprudencia constitucional -, vamos a votar negativamente todas las enmiendas presentadas por el Senado en relación con este proyecto de ley. Hay otros temas que meritan ser meditados, aunque lo haré con mayor brevedad que la vez anterior, señora presidenta. ¿Por qué y en base a qué preceptos los convenios que realicen las comunidades autónomas entre sí o con el Estado deben ser remitidos al Senado para su valoración y evaluación? ¿Pero no estamos casi todos de acuerdo aquí en que el Senado es una Cámara de segunda lectura y que quizás lo mejor que se puede hacer con ella es su amortización política? ¿Le vamos a atribuir competencias tan relevantes como la evaluación y el control normativo de los convenios suscritos entre las comunidades autónomas? [[El señor]] Desde luego sobre esto merita una reflexión mucho más profunda que lo que dimana del mandato que se contiene en este proyecto de ley. Para acabar, vamos a pedir algo que es recurrente y que pedimos siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo, que es la modificación de los artículos 23 a 25 de la actual Lofage, de la Ley 6/1997. En definitiva, ¿qué estamos pidiendo? La desaparición de las delegaciones del Gobierno y de los subdelegados. No tiene sentido a estas alturas de la historia que haya una superposición de órganos competentes, unos delegados del Estado para las competencias que el Estado no ha transferido, y otros que ostentan la alta representación del Estado en virtud de una atribución de carácter constitucional. El delegado del Gobierno está previsto en la Constitución, es verdad - artículo 154-, pero también se asigna el papel de representante ordinario del Estado en cada comunidad autónoma a su presidente - al lehendakari, al president, al que resulte en virtud de la denominación pertinente -, al que resulte presidente de esa comunidad autónoma, artículo 152.1 de la Constitución española y en el caso de Euskadi, articulo 33.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Es más, la naturaleza de los hechos ha llevado a que resulte ya pertinente para evitar duplicidades - y esta es la función de la CORA - que en un sistema como el del Estado español, que cada vez funciona más en régimen de conferencias territoriales, de conferencias sectoriales entre los responsables políticos de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, estas figuras, las del delegado del Gobierno y del subdelegado del Gobierno, estén perdiendo crecientemente relevancia jurídica y solo estén provocando, si acaso, distorsiones y disfuncionalidades a la hora de articular las políticas que corresponden a unos y a otros. Desde esa perspectiva, y basándome en estas dos enmiendas y en algunas más de carácter más técnico en relación con la configuración de la avocación y en relación con la incorporación a las leyes de normas con efecto normativo y otras deficiencias técnico jurídicas que resultaría muy prolijo relatar, señor presidente, acabo aquí mi exposición manifestando nuestra profunda crítica a una ley particularmente invasiva competencialmente, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Usted ya me advirtió el otro día de que no hablara demasiado del Tribunal Constitucional...
Ahora le tengo que decir que no hable de nada porque ya ha consumido su tiempo y parece que hay un intento de que acabemos rápido.
Nuestra relación semiótica ya ha alcanzado unos niveles difíciles de superar y le he comprendido perfectamente, señor presidente, pero quiero decirle que volvemos a citar la política líquida o la política fluida y, como la política más líquida y fluida del Estado español es la que dimana del Tribunal Constitucional, no tenemos esperanza alguna y más bien tenemos la sospecha de que el Tribunal Constitucional podría con cierta facilidad y con ciertas avocaciones - y lo voy a dejar ahí - modificar su propia línea jurisprudencial en materia de configuración del régimen jurídico de las administraciones públicas. Nosotros no somos autonomistas, somos nacionalistas y podemos ser incluso, si me permite la declaración, independentistas, pero respetamos las reglas y hacemos un esfuerzo de pragmatismo por respetar la distribución de competencias entre el Estado de las comunidades autónomas, reinterpretadas por el Tribunal Constitucional pero...
Señor Olabarría, le aseguro que no es por el contenido, pero es que...
Son mis últimas palabras, señor presidente. ... los que no hacen esto son ustedes, y perdonen que se lo diga. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, le agradezco que se haya ceñido al tiempo. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en su momento, cuando se hizo la tramitación de esta ley, nuestro grupo tenía reservas respecto de su redacción originaria que tradujimos en una serie de enmiendas que presentamos, la mayoría de las cuales no prosperaron porque no tuvieron el apoyo del Partido Popular. No obstante, en su momento también apoyamos este proyecto de ley precisamente porque entendíamos que, a pesar de las deficiencias, sí tenía un contenido que contribuía a racionalizar el funcionamiento del sector público, que buena falta le hace a este país. Ayer, en una intervención que tuve con motivo de la Ley de sociedades laborales y participadas, me quejaba de que el Senado simplemente había actuado de corrector de estilo y, en ese sentido, la enmienda fundamental que aportaba realmente no cambiaba nada de la ley de forma significativa. Pensé que era lo peor que podíamos esperar del Senado, pero no. Viendo las enmiendas que se aportan a esta ley nos hemos encontrado - tengo que reconocer que para mi sorpresa - con que cabía una función peor que era la de introducir enmiendas que perjudicasen todavía más la ya cuestionable redacción de la misma. Empezaré por la contradicción que hay entre el último párrafo del preámbulo que aparece enmendado, y la disposición final decimoséptima, apartado 2, que aparece como texto nuevo. En el último párrafo del preámbulo se dice: Finalmente cabe adelantar que se avanza en el rigor presupuestario de los consorcios, etcétera. Y cuando vamos a la disposición final decimoséptima, apartado 2, lo que se dice literalmente es: Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes Generales con anterioridad a la aprobación de esta ley - de esta que estamos tramitando - seguirán rigiéndose por su legislación especial hasta que se produzca la citada adaptación normativa. O sea, que los consorcios que se pretenden racionalizar con esta ley van a seguir regulados con la legislación anterior sin que se especifique ningún plazo concreto, específico, en el cual esos consorcios creados con la legislación anterior - que viene precisamente a ser modificada por esta para introducir la racionalidad - tengan que adaptarse en un tiempo determinado. Si eso es realmente avanzar en el rigor presupuestario de los consorcios, es que yo tengo los conceptos jurídicos equivocados. La otra parte de las enmiendas sustanciales, porque hay un montón de enmiendas puramente técnicas, tiene que ver con que nos volvemos a encontrar cómo se desvirtúa el sentido de esta ley. Por ejemplo, en el artículo 3.1.a), en el que se especifica, se delimita cuál es el ámbito de aplicación de la ley, en la versión original se hablaba de las entidades que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, y en la enmienda que introduce el Senado ya se habla solo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social; o sea, que esto de la racionalidad presupuestaria y funcional del sector público, en lo que atañe a la Seguridad Social, no hay que aplicarla a toda la Seguridad Social, solo a las mutuas colaboradoras. Pues yo creo que ese es un ejemplo de enmienda que viene a dejar a su albur el funcionamiento de la Seguridad Social en lo que atañe a la aplicación de esta ley. Lo mismo se podría decir respecto de la disposición adicional tercera, que en su versión original hablaba de entidades que no tuvieran consideración de poder adjudicador y, ¡oh maravillas!, por la intervención del Senado, eso que genéricamente son entidades que no tienen poder adjudicador se convierten en entidades que tengan como fin la promoción de la internacionalización de la economía y la empresa. Puede que esta segunda categoría entre en la primera, pero no al revés. En definitiva, nuestro grupo parlamentario cree que las enmiendas que ha introducido el Senado en lo sustancial - no las enmiendas técnicas -, lejos de haber contribuido a mejorar la ley, han contribuido a empeorarla. Lamentablemente, además de ser un corrector de estilo excepcionalmente oneroso para el bolsillo de los contribuyentes españoles, encima cuando no corrige estilo, lo hace mal. A pesar de ello, seguiremos pensando que si tenemos que elegir entre el mal mayor de no tener una ley que racionalice económica y funcionalmente el sector público y esta ley, optaremos por el mal menor, es decir, apoyaremos la ley a pesar de las reservas que acabo de señalar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Castaño.
Señor presidente, señorías, cuando a finales de junio se debatieron en esta Cámara las enmiendas a la totalidad de los proyectos de ley de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ya indicamos en ese instante que estábamos ante normas de especial trascendencia y que estimábamos que no era procedente solventar en una lectura rápida, simple y atropellada un articulado complejo y de evidente importancia. Vano deseo. Las aproximadamente 208 enmiendas presentadas en el trámite en Congreso y las casi 300 en el Senado han sido vistas de un plumazo, sin apenas tener tiempo para leerlas, y han sido resueltas con inusitada rapidez. Vuelve hoy el texto a esta Cámara para el debate de las ocho enmiendas incorporadas por el Senado. La Ley de Procedimiento Administrativo Común ha hecho un recorrido aún más rápido y, si no me equivoco, ha sido aprobada definitivamente, estando únicamente pendiente de publicación. Pues bien, ya les adelanto que nuestro grupo, La Izquierda Plural, no va a apoyar las enmiendas y no lo va a hacer porque, desde luego, no cambia nuestra valoración del texto evidentemente por esas enmiendas. Señorías, la Ley de régimen jurídico del sector público regula nada más y nada menos que las bases del funcionamiento interno de cada administración y las relaciones entre ellas. Por tanto, a nuestro juicio, hubiera sido fundamental, habida cuenta de que el Estado español es, en calificación del Tribunal Constitucional, un Estado compuesto, refiriéndose con ello al particular diseño que realiza la Constitución y a la distribución de competencias entre los diversos entes territoriales configurados constitucionalmente, hubiera sido imprescindible que en la elaboración de esta norma se hubiera partido del respeto a los diferentes ámbitos competenciales, se hubiera favorecido el diálogo entre las distintas administraciones y se hubiera buscado el consenso con los diversos actores implicados. Vana aspiración también. Lamentablemente no ha sido así. La regulación de las relaciones interadministrativas se ha hecho y se hace de manera unilateral. En la norma, cuyas enmiendas son objeto de debate hoy, se limita la facultad de autoorganización de las administraciones locales y especialmente de la Administración autonómica. Como ejemplo está el título II, donde se entra en ámbitos de la organización no solo administrativa, sino también institucional de las comunidades autónomas, de manera que el proyecto agota el margen de actuación autonómico, impidiendo a las comunidades autónomas la adopción de medidas que legítimamente les corresponden en defensa de sus intereses y en el establecimiento de sus propias políticas de configuración organizativa. La ampliación del concepto de regulación básica del régimen jurídico de las administraciones públicas impregna el conjunto del proyecto, posibilitando la intervención de la Administración General del Estado sobre otras administraciones. Otro motivo de discrepancia, en relación con el texto que se presenta, es la regulación que se hace de las conferencias sectoriales, regulación que, a nuestro entender, no resuelve el actual déficit de las mismas y su ineficacia para canalizar la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado en los asuntos que les afectan. En este Pleno creo que hemos visto siete normas y esta es la octava. Seguramente la bancada del Grupo Popular estará muy orgullosa de ello. Ya tienen en su haber siete leyes más, o tendrán dentro de breves instantes, siete muescas en la culata, pero no se engañen porque ya saben que la cantidad no es sinónimo de calidad. Se ha dicho muchas veces a lo largo de estos días que esta legislatura está a punto de finalizar y seguramente no va a ser recordada por la calidad de la producción normativa. Esta legislatura probablemente va a ser recordada por la tramitación urgente y atropellada de los asuntos, por el menosprecio a la labor del Parlamento, por el desinterés, cuando no el desprecio por los argumentos del contrario, por su ausencia absoluta de diálogo, por su incapacidad manifiesta para entenderse con el resto de grupos y por su soledad absoluta. Y serán también recordados por su capacidad para crispar hasta límites verdaderamente graves y peligrosos para la convivencia las relaciones con las comunidades autónomas y por despreciar la labor que se realiza desde los ayuntamientos. En este sentido, esta ley es más de lo mismo. Por tanto, no van a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Castaño. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra la señora Sayós.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, debo decir que hoy es un festival. No solo es un festival con respecto a los anteriores puntos del orden del día, especialmente el primer punto, relativo a la modificación del Tribunal Consitucional, sino que también es un festival en este punto, con este proyecto de ley que regula el régimen jurídico del sector público. Señorías, esta mañana el representante del Grupo Popular ha tenido la desfachatez de pronunciar una expresión de arrogancia política hacia un electo, cuando se debatía el punto del orden del día al que no me referiré. Me ha parecido una falta de respeto total y absoluta. Dicho esto, analicemos el proyecto de ley objeto de este debate. Debo observar que en el trámite del Senado no se ha solucionado nada. Los tics continúan estando en el redactado. Aquello que empezó en convertir la Ley 30/1992 en texto único, acabó promulgando dos proyectos de ley, la Ley del régimen del sector público, objeto de este debate, y la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Señores del Gobierno, se lo dije en su momento y se lo vuelvo a repetir. Reciclen sus conocimientos de derecho y aplíquense en derecho constitucional y en derecho administrativo. ¿Por qué? Se lo voy a explicar y de forma diferente a cómo lo ha hecho mi compañero, señor Olabarría. Ustedes apelan al artículo 149.1.18.ª de la Constitución española como base jurídica para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios y el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora. Pues bien, en su día, este Grupo Parlamentario de Convergéncia Democrática ya cuestionó el carácter básico del texto. Salvo el título preliminar que, con matices, podría tender a ese carácter básico para ser regulado por parte del Estado, el resto del articulado carece de ese carácter básico, ya entonces y ahora también. Esta norma va más allá de los principios y reglas básicas, de lo que se denominan bases de régimen jurídico e invade notoriamente las competencias autonómicas, así como se vulnera el principio de autonomía local que garantiza la Carta europea. Todo ello en base a varias sentencias del Tribunal Constitucional. Sí, han oído bien, el Tribunal Constitucional, aquel estamento que emite sentencias y que ustedes, cuando es otro organismo distinto al Estado quien debe cumplirlas, evocan todo su arsenal como si fuera un delincuente y, en cambio, cuando es al revés, cuando es el Estado quien las incumple, silban y miran hacia otro lado. Pues es ese tribunal el que tristemente está de moda, especialmente esta mañana. Como les decía, distintas sentencias del Tribunal Constitucional han llevado a cabo un compendio de su propia doctrina general sobre el alcance y contenido de las competencias estatales sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Les citaré solo dos: la sentencia 130/2013 y la sentencia 31/2010. Estas dos sentencias establecen claramente el alcance de las competencias del Estado en estas materias y las incumplen hoy en día. Se lo advertimos en su día, pero han olvidado nuestras enmiendas y las de mis compañeros de otros grupos parlamentarios. En conclusión, con esta ley ustedes no modernizan la administración en general; al contrario, generan más incertidumbre e inseguridad jurídica. Con esta ley van más allá de la regulación básica que corresponde al Estado. Con esta ley se produce una clara invasión de competencias autonómicas y locales, aunque no nos sorprende, porque ya estamos acostumbrados a estos sustos. Con esta ley se imponen una serie de obligaciones tanto a las administraciones autonómicas como a las administraciones locales, pero no se les dota de sistema de financiación alguno. Con esta ley se permite al Estado ensanchar la Administración General del Estado, mientras que las otras administraciones, la autonómica y la local, están soportando el peso de la reducción de su deuda pública y parte de la deuda pública estatal. Podría seguir con esta ley, con muchas otras o con otros muchos actos. Es por todo lo expuesto que este Grupo Parlamentario de Convergència va a votar en contra. Por lo tanto señores del PP, señor ministro - aunque no esté -, y señor presidente Rajoy - tampoco -, ahora soy yo quien tengo la desfachatez de pronunciar que ustedes son arrogantes políticos a la hora de legislar y durante todo el trámite legislativo. Esta ley, o los múltiples reales decretos leyes, son un festival de ello. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Sayós. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Enrique Serrano.
Gracias, señor presidente. Señorías, nada ha ocurrido en el Senado que cambie el juicio que mereció este proyecto de ley al Grupo Parlamentario Socialista. Lo expuse en su nombre en el debate de totalidad mantenido en este Pleno el pasado 25 de junio y también lo hice con mi compañero y amigo de hace infinidad de años, Manolo de la Rocha, en el debate en Comisión celebrado el 21 de julio siguiente. Me remito pues a lo que reflejan los 'Diarios de Sesiones' correspondientes. Sí tengo que recordar que el trámite en el Congreso se sustanció con cambios meramente cosméticos en su articulado, rechazándose en consecuencia cualquier enmienda de fondo del conjunto de los grupos. La suerte que ha seguido en el Senado ha sido la misma; solo vuelve este proyecto al Congreso porque el Gobierno ha sentido la necesidad de excluir de la rigidez inicial del texto algunos supuestos, especialmente en materia económica y presupuestaria, y también ha introducido algún retoque en lo relativo a la entrada en vigor de algunos preceptos que, por cierto, incorporando una vez más temas ajenos a los específicos de la ley, introducen modificaciones en distintas leyes como la Ley Concursal, la Ley general de subvenciones y alguna otra que escapan así de la regla general del proyecto que, como saben, demora su entrada en vigor a un año vista de su publicación. No hay, pues, novedad alguna relevante en cuanto al fondo y mucho menos aún aceptación de algún planteamiento formulado por la oposición. Aunque algunas de las modificaciones podrían calificarse de neutras, al no tratarse de una ley orgánica y por tanto no someterse el proyecto a una votación de conjunto, para expresar la valoración que nos merece solo podemos hacer dos cosas: votar en contra de todas las enmiendas incorporadas en el Senado y reiterar nuestra posición inequívocamente contraria a esta reforma. Así lo vamos a hacer. Probablemente haya quien desprecie esta opinión por entenderla condicionada por razones políticas. El problema que tiene quien así lo piense es que nuestra opinión coincidía literalmente con la del Consejo de Estado, que en su preceptivo informe sobre el proyecto sostuvo que - y abro comillas - este proyecto de ley sobre el régimen jurídico del sector público no supone un avance positivo - reitero, no supone un avance positivo - respecto de la regulación vigente en materia de organización y funcionamiento de las administraciones públicas. Ni puedo ni necesito reiterar los argumentos detallados que justificaron y justifican hoy este voto negativo. Me limitaré a hacer tres reflexiones que me interesan particularmente. Primera. Una de las novedades más sorprendentes de este proyecto es la que somete la actividad legislativa y reglamentaria del Gobierno a dos condiciones: una, frontalmente criticada de nuevo por el Consejo de Estado que ve en ella incluso riesgos de inconstitucionalidad, es la que somete y condiciona a una actividad previa de la administración el ejercicio de la capacidad normativa que la Constitución reconoce directamente al Gobierno; la otra es la que obliga al Gobierno a aprobar con carácter anual su programa normativo para el ejercicio siguiente, de modo que si decide adoptar una norma no incluida en él, se verá obligado a justificar con carácter previo el por qué y para qué de su decisión; justificación que ya alguno sostiene que puede ser objeto no solo de control político sino también judicial. La pregunta la hago yo ahora: ¿Por qué y para qué esta norma, qué ganamos, qué riesgos corremos, a quién beneficia? Porque desde luego el objetivo de este calendario normativo no es la planificación. No lo es porque el plan tiene una cautela, que en su caso es una trampa: quedan excluidos del plan normativo los decretos leyes. Lo califico de trampa porque la actividad legislativa del Gobierno hasta el día de hoy, 1 de octubre, suma 236 normas con rango de ley publicadas en el BOE, de las que 83 - esto es, el 35,2 %- son decretos leyes. ¡Qué porcentaje! No hay parangón con el 17,3 % del presidente González o con el 6,15 % del presidente Aznar. No me argumente nadie con la excepcionalidad de su periodo actual, porque, por lo que se refiere a decretos-leyes sobre el total de normas con rango de ley, superan en casi 10 puntos el porcentaje alcanzado por el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, pese a que tuvo más de la mitad de su mandato en condiciones adversas. Segunda reflexión. En todo el proceso de tramitación de la ley, así como de la Ley de Procedimiento Administrativo, nadie del Gobierno o de su grupo ha dicho una sola palabra para justificar la brutal reforma de la ley del Gobierno; nadie, ni una palabra. La del Gobierno es una ley de 1997 - insisto, 1997, y no necesito ser más explícito porque todos entienden lo que estoy diciendo -, y nadie lo ha hecho. En consecuencia, menos aún ha habido alguien que haya explicado por qué este proyecto cambia el estatuto jurídico aplicable hasta hoy a la Presidencia del Gobierno. Al menos en esto comprenderán que me sienta especialmente curtido y cualificado para hablar de la Presidencia del Gobierno. Algo sé de ello. ¿Qué persiguen con este cambio? ¿Han medido las consecuencias de un precepto como el artículo 57 del proyecto que vamos a aprobar, que, bajo la rúbrica - literal - Los Ministerios, comienza diciendo: La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios? ¿Será la Presidencia del Gobierno un nuevo ministerio u otra cosa? No vuelven a referirse a ella en el resto del articulado, por tanto no sabemos qué significa todo esto. Hace muchos años distinguimos lo que es Gobierno y Administración. Es una administración sana e imprescindible. Ustedes han acabado con ella sin dar explicaciones, sin justificar los objetivos, sin medir las consecuencias. Les pregunto: ¿tanto se ha burocratizado la Presidencia del Gobierno para verla como parte de la Administración General del Estado? La última reflexión que quiero hacer parece a primera vista una reflexión de método, pero es de fondo y es de verdad la que más me importa. Lo diré con fuerza, pero con amargura: nunca han tenido la menor voluntad de buscar un acuerdo con los grupos de la Cámara en torno a este proyecto de ley, nunca. No han hecho ni un amago de intentarlo. No hubo contacto alguno entre la presentación del proyecto y el inicio de su tramitación, no hubo contacto para el debate de totalidad, no hubo en términos reales trabajo en ponencia y en la Comisión tampoco hubo nada. En un proyecto como este esa actitud es a mi juicio - lo siento - imperdonable. Lo es porque este proyecto, como su hermano siamés, relativo al procedimiento administrativo común rompe la regulación mantenida durante veintitrés años - esto es, por Gobiernos de tres presidentes distintos anteriores a Mariano Rajoy - ni más ni menos que sobre cómo se organiza el poder y cómo se ejerce. Me refiero al poder concreto, al que afecta a los ciudadanos en su diaria vida, en la vida cotidiana. Parece que este cambio, esta situación merecería encontrar un acuerdo que, como ha ocurrido durante esos veintitrés años, permitiese que más allá de reformas concretas el grueso del modelo normativo sobre la organización y el funcionamiento del poder ordinario combinase leyes aprobadas por Gobiernos de signo contrapuesto. Esto es apostar por la estabilidad, por el diálogo, por la integración. No les ha interesado ese encuentro. No es el único caso en el que decididamente han buscado la confrontación o al menos la ignorancia en vez del acuerdo, pero hacerlo en el ámbito de este proyecto es apostar por que el Gobierno que sustituya al suyo, cuando esto ocurra, desbarate lo que hoy vamos a aprobar. No es a mi juicio la mejor forma de gobernar ni de legislar ni de exponer a los ciudadanos el sentido de nuestro trabajo - lo hacemos, y es duro en ocasiones -, pero este es solo mi criterio, como es solo suya la responsabilidad de este proyecto. Solo me queda recordar, como hice el 26 de junio, que la entrada en vigor de esta ley en octubre de 2016 permitirá derogarla o proceder a una modificación de fondo. Lo haremos. La modificaremos o la derogaremos. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Serrano. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Rosa Romero.
Presidente, señorías, estamos a punto de finalizar la legislatura; una legislatura sin duda complicadísima, marcada por la mayor crisis económica y social de la democracia española. El Gobierno del Partido Popular, sustentado por mi grupo parlamentario, la ha afrontado con valentía, con duro y serio trabajo, pero sobre todo con una tremenda responsabilidad, impulsando un amplio paquete de reformas sin precedentes, comenzando por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera para poner fin a los desequilibrios y siguiendo con la reforma del mercado laboral imprescindible para poner fin a lo que hizo el Gobierno del Partido Socialista, dejar 3,5 millones de parados en nuestro país. Hoy uno de cada dos empleos que se crean en la Unión Europea es creado en España. Hoy hay 17 millones de ocupados. Esa es la realidad. Junto a la reforma laboral habría que recordar las reformas que han favorecido la competitividad de nuestra economía y la unidad de mercado. Asimismo quiero recordar la reforma del sistema de pensiones, que también está dentro de este grupo de reformas estructurales que han garantizado las pensiones de las generaciones presentes y futuras. Hay otro grupo de reformas de importante calado político, como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que por primera vez tenemos hoy ya en España, que busca el máximo control y la máxima ejemplaridad en la actuación pública y, además, ha incidido en castigar los comportamientos irregulares. Señorías, la reforma de la Administración pública no podía aplazarse. Era urgente actuar porque el fuerte desequilibrio de nuestras cuentas públicas nos había alejado de los objetivos de cumplimiento de déficit y nos situaba a las puertas del rescate. Asimismo, la morosidad de las administraciones públicas sin liquidez dejaba a miles de empresas en la asfixia económica; algunas incluso tuvieron que cerrar. Para afrontar esta dramática situación hubo que tomar medidas muy difíciles para ahorrar gasto público y redimensionar su estructura para adaptarla a las verdaderas necesidades de la Administración pública. El Fondo de pago a proveedores fue una importantísima medida estrella que significó pagar nueve millones de facturas correspondientes a 261.000 proveedores. Apoyó también a las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos que tenían acumuladas facturas, que gracias al Fondo de pago a proveedores se pudieron pagar; y, lo que es más importante, la mayoría eran de sanidad y educación. En definitiva, salvó nuestro Estado del bienestar. Con estas medidas se implantó también una austeridad que tocó a los empleados públicos. Quiero aprovechar para reconocer su enorme profesionalidad y entrega que sin ninguna duda han sido clave para estar hoy en la recuperación económica. Hoy ya se están devolviendo a esos empleados públicos y funcionarios los esfuerzos realizados. Esta misma mañana se debatía el Real Decreto-ley 10/2015 para poder devolverles otra parte más de la paga extra, que han recuperado ya en su mayoría y que terminarán de recuperar el año próximo. Señoras y señores diputados, solo con unas administraciones públicas modernas, eficientes, ágiles, transparentes y sostenibles económicamente, que hagan un uso completo de sus posibilidades y de sus capacidades tecnológicas, que eviten duplicidades entre administraciones - con lo que eso significa, tan importante - conseguiremos de verdad ofrecer unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Quiero destacar la importancia del trabajo realizado por la CORA [[comisión para la reforma para la Administración pública]]; esa radiografía tan importante de nuestro sector público que ha permitido impulsar más de 220 medidas para simplificar y para, en definitiva, agilizar el funcionamiento de nuestra Administración pública, reducir carga para ciudadanos y empresas, especialmente para la apertura de nuevos negocios, eliminar duplicidades y mejorar la cooperación con la Administración pública. Todo ello ha supuesto un ahorro de más de 29.000 millones de euros y la supresión de 2.900 entes públicos. Si los ahorros son importantes, todavía lo es mas implantar un nuevo modelo en la Administración pública que le otorgue un nuevo marco jurídico eficaz y moderno. Precisamente de eso trata este proyecto de ley de régimen jurídico del sector público, en el que además ya se incorporan nuevos e importantes criterios de actuación para las unidades administrativas; criterios que está demandando la sociedad española hoy en día, como transparencia, participación ciudadana, planificación y dirección por objetivos. Con este proyecto de ley se apuesta por una administración pública íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada. La creación de nuevos órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no existen otros. Se aumenta la transparencia al crear nuevos registros públicos administrativos, de tal manera que cualquier ciudadano o empresa puedan conocer qué entidades públicas existen. Se racionaliza además la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, de control, de evaluación y de extinción de los entes públicos. Se mejora la información entre las administraciones para evitar las duplicidades, para mejorar la coordinación. En definitiva, se incide en mayor control, en mayor disciplina de las administraciones para reforzar la consolidación fiscal. Señorías, solo unas administraciones más modernas, más eficaces y, por tanto, más eficientes estarán dando respuesta al mandato constitucional y a lo que en definitiva nos están demandando los ciudadanos. Estamos en el último trámite de este proyecto de ley con la introducción de las enmiendas que ha hecho el Senado, que consideramos que mejoran técnicamente la ley. Señorías, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial han visto en sus informes algún vicio de inconstitucionalidad en la ley. El citado proyecto es un instrumento muy valioso para conseguir que la Administración cumpla con sus obligaciones. Hemos escuchado aquí tópicos de siempre de los grupos nacionalistas. El Estado tiene título competencial suficiente para declarar básicas las partes que lo son al amparo de lo dispuesto en el artículo 148. Respecto a la regulación de los convenios o a que haya más control sobre los convenios, sobre los consorcios, son recomendaciones que ha hecho el propio Tribunal de Cuentas. Estamos, pues, añadiendo más elementos para mejorar el control y, por tanto, toda la información sobre esos convenios. Como decía, este proyecto es un instrumento muy valioso para hacer más fácil la vida de los ciudadanos, para que se dé una respuesta rápida y adecuada a lo que nos demandan. No nos equivoquemos. España cuenta en este momento con unas previsiones económicas muy positivas, por encima de un 3 %; estamos en plena recuperación económica. Necesitamos que nuestro país consolide esta senda de la recuperación económica. En esta tarea debemos estar implicados todos; pero, señorías, da la sensación de que algunos no quieren que se mejore, no quieren que de verdad podamos seguir por la senda de mejorar, en definitiva, nuestro país y la calidad de nuestros ciudadanos. Con estas reformas lo que se pretende es que no se vuelvan a reproducir los problemas que hemos visto en el pasado. Por tanto no me sorprende que el Grupo Socialista no esté de acuerdo con esta ley que mejora nuestra Administración. Cuando gobernaron, destrozaron la Administración; dejaron facturas, déficit, morosidad. Ese es el aval que tiene el Partido Socialista de su gestión al frente de la Administración. Por eso, señorías, consideramos que es una buena ley y que va a hacer posible que este país siga en la recuperación económica y en la creación de empleo, que se haga más competitivo, que tenga mejores servicios, mejor Administración, que en definitiva son los objetivos prioritarios del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Romero.
Hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, en concreto el Convenio de sede entre el Reino de España y la Organización Mundial del Turismo, hecho en Madrid el 25 de junio de 2015. Se me dice que por parte de los grupos no hay petición de intervención. Por tanto, pregunto a la Cámara si lo podemos dar por aprobado por asentimiento. [[Asentimiento]] Muchas gracias.
Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto, al proyecto de ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Para defender las enmiendas formuladas, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Moscoso del Prado.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, esta ley concreta la posición ante los tribunales españoles de terceros países, de organizaciones internacionales, de conferencias y de reuniones que se celebren en nuestro territorio, y también de los jefes de Estado y ministros extranjeros. Asimismo, establece la inmunidad de los buques de guerra y de los buques y aeronaves de otros Estados, así como de las Fuerzas Armadas pertenecientes a otros países que se encuentren en España o transiten por nuestro territorio de manera transitoria. Es una ley que culmina un paquete legislativo que ha tenido lugar en esta legislatura y que ha sido impulsado por el Gobierno del PP: Ley de Acción Exterior, Ley de Tratados, Reglamento de la carrera diplomática y, en este caso, esta ley, tramitada por el procedimiento de urgencia, sin que fuera precisa esa urgencia - luego volveré sobre ello -. Como ustedes saben, inicialmente presentamos una enmienda de devolución, porque no estábamos de acuerdo ni con cuestiones de forma ni de fondo de esta ley, pero la retiramos porque el Gobierno, al ver que la presentábamos, nos llamó. Esa llamada, producida y provocada por nuestra enmienda de devolución, demuestra claramente cuál era la voluntad de diálogo y cuál es la técnica legislativa que practica este Gobierno y que apoya el grupo mayoritario: nada de diálogo, nada de consultas, y si algún grupo presenta una enmienda de devolución, entonces llama para hablar. Como con las leyes anteriores, la Ley de Acción Exterior y la Ley de Tratados, se ha perdido una gran oportunidad para legislar permitiendo una mayor participación de estas Cámaras en el diseño de la política exterior de este país. De modo que tenemos un ministro, Margallo, legislador, pero también un ministro poco dialogante o el ministro del rodillo, como diría mi compañero don Àlex Sáez Jubero, que está hoy en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Así que hemos presentado una enmienda, la hemos retirado y luego en Comisión, al comprobar que el proyecto definitivo incluía muchas de las recomendaciones que formuló tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial, hemos decidido apoyar esta ley. Esa corrección demuestra el riesgo que se asume cuando este Gobierno legisla sin consultar y sin atender a los dictámenes preceptivos alegando urgencia cuando no la hay, como ha hecho con otros textos, como el que esta mañana hemos debatido sobre la reforma del Tribunal Constitucional. La necesidad era dudosa y no había una causa imperiosa que obligase a hacerlo por la vía de urgencia. Es evidente que existían razones justificadas, por ejemplo que la Convención de Naciones Unidas del 2 de diciembre de 2004 sobre inmunidades, tal y como el propio Consejo del Poder Judicial reconocía, no está en vigor y parece ser que no va a estarlo durante muchos años porque solo lo han ratificado diecisiete Estados. Por eso, tal y como recomendaba el Consejo, una vez que este tratado entre en vigor la propia ley debería prever su retirada, y esto el Gobierno también lo ha incluido. De nuevo hay una recomendación que mejora el proyecto y que demuestra la precipitación de hacerlo sin atender a los dictámenes preceptivos desde un primer momento. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, muchas de ellas técnicas, de las cuales quiero destacar algunas. En primer lugar, la enmienda 14, sobre la cual el Grupo Popular ha presentado una transacción que vamos a aceptar. Esta es una enmienda que pretende distinguir la inmunidad de jurisdicción de la inmunidad de ejecución, para que los jueces y tribunales de un Estado no puedan ser juzgados en otro Estado y para que no se ejecute lo juzgado para Estados y personas que tienen esa garantía. Aunque aceptamos esta enmienda, señores del PP, esta enmienda transaccional no aporta nada, puesto que como la ley establece esta solo puede regular las inmunidades en España y no en terceros países. Por lo tanto, tienen ustedes buena voluntad, pero su enmienda vacía de contenido el texto de nuestra enmienda inicial, por lo tanto, paso a la siguiente. Ustedes aceptan asimismo la enmienda 20, que tiene importancia pero no limita, como ustedes decían también, la permanencia de la responsabilidad, por actos previos a ocupar el cargo, a la responsabilidad penal. Tenemos otra enmienda, la número 17, que exige que cuando haya delitos punibles las responsabilidades civiles no decaigan; está destinada a que cuando se produzca una inmunidad eso no quiera decir que los Estados no puedan asumir la responsabilidad civil de los delitos por los cuales la inmunidad tenga efectos - cuestión esta importante -. La enmienda 18, que mantenemos viva, propone incluir los delitos de terrorismo y corrupción como conductas que no pueden caer bajo la inmunidad por actos propios del ejercicio de sus funciones; terrorismo y corrupción, delitos que no aparecen en el texto original. Me interesa mucho también la enmienda 21, que es la que exigiría que si se acepta exista control parlamentario de las decisiones que permitan que tropas de países terceros que no sean de la OTAN estén en nuestro país. No estamos pidiendo un control parlamentario ex ante sino ex post y, desde luego, de decisiones importantes en materia de política exterior y de política de seguridad, para ir, como hemos pedido en toda la legislatura, avanzando en la democratización de la política exterior, algo que con este Gobierno no se ha producido; hemos retrocedido. Con la enmienda 17 proponemos la creación de un fondo de compensación, para que esas indemnizaciones civiles tengan efecto y puedan ser ejercidas cuando tengan lugar. Finalmente, presentamos la enmienda 24 sobre la jurisdicción universal. Esta cuestión sobre la justicia universal no es solo de mi grupo. Incluso el Consejo General del Poder Judicial recomienda que el destrozo absoluto que se ha hecho en esta materia desde que se aprobó la Ley 1/2014 - quiero recordar el debate en esta Cámara el 16 de diciembre en el que mi compañera, doña Soraya Rodríguez, defendió la derogación urgente de esa reforma - nos ha colocado, como país, en una situación inadmisible de retroceso en la lucha contra las violaciones de derechos humanos y con menoscabo de la jurisdicción universal. Esto debe ser corregido, porque somos un país en el que ya no se puede hablar de defensa de los derechos humanos, sino de situaciones de impunidad cuando se cometen crímenes gravísimos contra la humanidad. La reforma ha puesto a nuestro país en una posición peor incluso que la previa a la democracia; crímenes como los de genocidio, lesa humanidad y contra los bienes y personas en caso de conflicto armado pueden quedar impunes porque se limita mucho su persecución. Ocurre lo mismo con delitos por violencia de género, integridad sexual, trata, aparte de aquellos que afectan a los menores con graves atentados contra su integridad, como las mutilaciones genitales, para los que ustedes han incluido un requisito de perseguibilidad que lo hace muy difícil. Por tanto, esta enmienda es fundamental y lamentamos mucho que no se aproveche esta legislación para rectificar el gravísimo daño realizado con la Ley 1/2014. Por último, nos dicen que aceptan la enmienda 25, que incluiría en la exposición de motivos que se debe reforzar el control parlamentario de la acción exterior; sin embargo, esta enmienda carece de efectos porque en el único artículo en el cual se introduce dicho control parlamentario - el artículo 21- ustedes no lo aceptan. Con lo cual, no tiene ningún sentido hablar en la exposición de motivos de reforzar el control parlamentario para después en la ley olvidarnos de esta cuestión. Es un brindis al sol; sinceramente, es algo muy poco serio. Voy terminando. Tenemos, pues, una legislatura con tres leyes que han supuesto tres pasos del Grupo Popular sin contar con la oposición y sin apenas aceptar enmiendas. Tenemos también una reforma de la justicia universal que coloca a nuestro país en una situación muy comprometida en materia internacional en el campo de la defensa de los derechos humanos y en situaciones muy diferentes, peores de las que veníamos ocupando tradicionalmente. Creemos que se aprueba por la vía de urgencia, pero no eran ni la vía ni el momento apropiados. Quiero recordar también que los incumplimientos de la legislación aprobada en esta legislatura son permanentes, por ejemplo el de la Ley de Acción Exterior. En esta ley introdujimos entre todos un artículo que preveía para algunos casos la comparecencia previa de los embajadores en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ustedes han tenido una oportunidad única e irrepetible para demostrar su voluntad de ejercer el control parlamentario sobre dichos nombramientos con el del embajador ante la OCDE, el exministro Wert; un nombramiento político que podría haber sido la prueba de fuego para su ley. Ustedes han desperdiciado su oportunidad, y esa ley, sin esta comparecencia, ha caído en el saco de las leyes convertidas en papel mojado. Les aseguro que en la próxima legislatura los embajadores, políticos o no, pasarán todos por la Comisión de Asuntos Exteriores. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Moscoso del Prado. Para fijar su posición, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
Muchas gracias, presidente. Señorías, tal y como se ha presentado finalmente este proyecto de ley orgánica de privilegios e inmunidades es fundamentalmente de carácter técnico. Sus lagunas y carencias fueron señaladas de manera oportuna por los órganos consultivos y también recogidas adecuadamente en su mayor parte en el proyecto de ley que se debatió en Comisión y que estamos debatiendo aquí hoy. Este texto legal no recoge cambios sustanciales en la aplicación de la ley para estos casos de inmunidad y privilegio de los Estados extranjeros, sino que más bien da forma jurídica a lo que ya se venía practicando por costumbre. Se trata, sobre todo, de tener legislación interna y de tenerla ordenada, puesto que obviamente los jueces hasta ahora podían aplicar los tratados internacionales, el derecho internacional. De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil contenían esa remisión al derecho internacional; sin embargo, el hecho de tener legislación interna nos parece positivo y facilitar ese mayor orden, precisión, concreción y sistematización de todos estos supuestos también nos parece positivo. Todo lo que sea aportar claridad en el bosque de las leyes siempre nos lo parece. Desde nuestro punto de vista no hay cambios legales sustanciales, sin embargo se pone orden. Sobre todo nos parece relevante, aunque pueda parecer una cuestión menor, que se dé una mayor facilidad a que España pueda ser sede de organizaciones y de conferencias internacionales, aunque solamente sea por contribuir a que salgamos de ese ensimismamiento que tenemos a veces como país, de ese ensimismamiento que preside a veces los debates políticos cuando nos preocupamos demasiado de nuestras pequeñas cosas en lugar de imbricarnos en ese mundo global y en ese mundo interconectado, que es el mundo en el que vivimos y en el que vivirán las generaciones futuras mucho más que nosotros. Quería hacer referencia dentro del acuerdo general de mi grupo con esta ley a algunas consideraciones hechas por estos órganos consultivos que no han sido incluidas en el texto y que desde nuestro punto de vista sí deberían haberlo sido, particularmente la observación del Consejo de Estado respeto a las fuerzas armadas de un país extranjero no perteneciente a la OTAN, puesto que el proyecto de ley señala que esas visitas estarán condicionadas a la suscripción de un acuerdo específico entre el Ministerio de Defensa español y el Ministerio de Defensa del país de que se trate, hablando siempre de países no miembros de la OTAN. Nos parece que dejarlo en este ámbito de generalidad, con este carácter difuso, tratándose de una ley que precisamente intenta ordenar, claridad y precisar, contradice el propio espíritu de la ley y hubiera sido pertinente especificar las condiciones de esa visita en el texto de la ley. También nos parece que la recomendación de la fiscalía de definir con precisión las dos inmunidades, la de jurisdicción y la de ejecución, debería haberse tenido en cuenta, así como la definición de buque de Estado, que es un concepto que queda definido con imprecisión. Esto mejoraría la calidad de la ley y se debería haber incluido. Por último, también quiero dejar explícito respecto a las distintas enmiendas que votaremos posteriormente, el particular interés con que mi grupo votará a favor de la enmienda del Grupo Socialista relativa a la jurisdicción universal. Sabemos que esa enmienda no va a salir adelante, el año pasado tuvimos un debate intenso en esta Cámara no solamente dentro del hemiciclo sino también con organizaciones de la sociedad civil en salas externas a este hemiciclo. Ha sido un asunto debatido intensamente, mi grupo se ha opuesto a esa reforma de la jurisdicción universal que la recortaba drásticamente y que limitaba el alcance con el que los jueces y los tribunales españoles podían actuar en caso de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y graves vulneraciones de los derechos humanos. Nos opusimos rotundamente a aquella reforma y, por lo tanto, volver a recordarlo aquí cuando hablamos de privilegios e inmunidades de Estados extranjeros nos parece pertinente. A pesar de esa reforma del año pasado, creemos que no se pone fin al papel vanguardista que nuestro país ha desempeñado internacionalmente en el ejercicio de esta jurisdicción universal. Confiamos en que eso se pueda cambiar y que España vuelva a tener una jurisdicción universal a la altura de la que ha tenido y a la altura del papel que ha desempeñado internacionalmente. Ese es el empeño de mi grupo y por eso seguiremos peleando, al margen de que estamos de acuerdo con el espíritu y la letra general de esta ley, y por lo tanto votaremos a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señora Lozano. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. Este proyecto tiene un nombre largo, y lo voy a repetir porque vale la pena volver a leerlo. Se llama proyecto de ley orgánica sobre privilegios e impunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Cuando uno acaba de leerlo ya está cansado. Creo que el título dice algo; lo que viene a decir es que estamos ante una serie de instituciones y ante una serie de situaciones realmente complejas, y algunos de los sectores que he citado en este momento ya han alcanzado una regulación internacional consolidada, mientras que otros todavía están en una situación, podríamos decir, de fragmentación e indeterminación, en un cierto limbo jurídico. Lo que realmente intenta este proyecto es eso, ordenar las distintas iniciativas existentes y sobre todo llenar una serie de vacíos y de situaciones que hoy no están reguladas y que existen en una multiplicidad de casos. Para nosotros hay un artículo también muy importante en este proyecto de ley. Ustedes saben que la detención del general Augusto Pinochet por la justicia británica, en Londres, el 17 de octubre de 1998 para iniciar un proceso de extradición a España por crímenes de guerra y violación de derechos fundamentales marcó un verdadero hito en lo que se ha denominado la internacionalización de la justicia penal. Era una situación muy concreta de lo que ahora estamos regulando: un jefe de Estado - en este caso un ex jefe de Estado - que visitaba un país extranjero y que se encontró con una aplicación legal en función de los crímenes que le eran reclamados en su país de origen. Pues bien, es importante que disfrutemos de un artículo 29 - y lo digo con alegría - porque, sin duda, si un artículo de estas características no estuviese en la ley, no podría ser votada por mi grupo parlamentario, y anteriormente el portavoz del Grupo Socialista también se refirió a ello. ¿Qué dice este artículo que trata de los crímenes internacionales? Dice que lo dispuesto en el presente título no afectará a las obligaciones internacionales asumidas por España respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales. Por tanto, aunque, es verdad, es un redactado excesivamente laxo, hemos considerado positivo que, como mínimo, esté presente en el redactado de la ley. Asimismo se dice que tampoco va a afectar a los compromisos que tiene España con la Corte Penal Internacional. Por tanto, bienvenida la regulación - pensamos que es positiva - y bienvenida también esta excepción sin la cual no podríamos entender que las personas afectadas por crímenes internacionales pudiesen pasear libremente por nuestro país, a pesar de las muchas inmunidades que tengan en su estatus jurídico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nuet. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con esta ley de apariencia tan técnica se pone colofón a lo que a lo largo de esta legislatura ha sido un programa legislativo muy completo. Ha sido el periodo legislativo en el que más leyes se han aprobado en el ámbito de la política exterior española. En realidad, se ha recreado completamente el marco legislativo en el que a partir de ahora deberá moverse la política exterior española: la Ley de acción y servicio exterior del Estado, la Ley de tratados, la estrategia de acción exterior, que va a significar un control permanente por parte de esta Cámara sobre la política exterior, se avanza en la parlamentarización de la política exterior de manera muy notable, y hoy traemos a esta Cámara - trae el Gobierno con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular - la ley de inmunidades y de jurisdicciones. Quiero señalar que todas las iniciativas legislativas, toda la actividad que ha llevado a cabo la Comisión de Asuntos Exteriores en esta Cámara, la actividad que ha llevado a cabo el Gobierno ha estado siempre, absolutamente siempre, presidida por la idea de obtener el máximo consenso con los grupos parlamentarios. Todas las leyes han sido objeto de un exhaustivo análisis y discusión con los grupos parlamentarios de esta Cámara; se han tenido en cuenta, allí donde ha sido razonablemente posible, las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y, de nuevo en esta ley, me congratula que podamos aceptar algunas de las enmiendas del Grupo Socialista - las números 19, 20 y 25- y que podamos tener una enmienda transaccional con la número 14, presentada también por el Grupo Socialista. El que se realice por la vía de urgencia es, sencillamente, para que la ley pueda aprobarse; es obvio que no tiene otra funcionalidad. También es muy importante haber escuchado, como no podía ser de otra manera, los dictámenes preceptivos de los órganos consultivos que, como ha sido señalado por parte de los portavoces de los otros grupos, han tenido puntual reconocimiento y acogida en el texto finalmente presentado. Quiero señalar brevemente algunos de los puntos principales de esta ley. Colma una laguna en el régimen jurídico español que hasta la fecha contenía una revisión genérica del derecho internacional y normas consuetudinarias. Responde a la recomendación del Tribunal Constitucional para una mayor seguridad jurídica. Determina de forma concreta la posición frente a los tribunales españoles de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España, las conferencias y reuniones internacionales que se celebren en nuestro país, los jefes de Estado y de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores de otros países, los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado y las fuerzas armadas pertenecientes a otro Estado que se encuentren o transiten por territorio español. Por lo tanto, lo que introduce es claridad, como en todo momento ha pretendido y ha llevado a cabo este grupo parlamentario a lo largo de toda esta legislatura; claridad, precisión, exactitud, respeto a la legalidad internacional en todo momento, teniendo cuenta los convenios, fundamentalmente el Convenio de Naciones Unidas, que, sin embargo, no ha entrado en ejecución, como es conocido. El Gobierno completa el marco normativo en materia de derecho internacional, mejora la seguridad jurídica para los ciudadanos y facilita la labor de los jueces. También mejora la imagen de España como país, siguiendo en esto a otros países de nuestro entorno, con un marco jurídico claro, previsible y solvente, favoreciendo la instalación de oficinas y sedes de organismos internacionales y la colaboración de sus Fuerzas Armadas con las de otros países. Hay que tener en cuenta, como señalaba, que no existe instrumento normativo que regule la materia. Solo existen remisiones genéricas al derecho internacional y normas consuetudinarias que no brindan una respuesta satisfactoria y que dan lugar a disfunciones en la práctica. El objeto de esta ley es garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional. No viene a conferir nuevos privilegios o inmunidades, sino que recoge las existentes. Se integran en el derecho interno las obligaciones adquiridas por España en la esfera internacional, incorporando las previsiones de la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2004, ratificada por España pero que no ha entrado en vigor; debe ser ratificada por treinta Estados y no parece que vaya a entrar en vigor en fecha próxima. Comprende, además, todo aquello que no estaba legislado hasta la fecha: inmunidades del Estado extranjero y sus representantes, otras inmunidades derivadas de la intensidad de la cooperación entre países como las fuerzas armadas visitantes, los organismos internacionales, los buques y aeronaves, también las conferencias y reuniones internacionales. Regula las inmunidades entre los tribunales españoles, partiendo de una doctrina clara: que los iguales no tiene jurisdicción el uno sobre el otro, par in parem non habet imperium, que se aplica tanto a la jurisdicción como a la ejecución. Este principio, bien asentado en derecho internacional y derivado de la soberanía y la igualdad soberana de los Estados, reconoce inicialmente las inmunidades a favor de los Estados y se ha ido extendiendo a otros sujetos como son las organizaciones internacionales y las conferencias y reuniones internacionales. Quedan fuera de la ley, lógicamente, aquellas materias que están reguladas por tratados internacionales de amplia aceptación de los que España es parte, sobre todo los dos grandes tratados internacionales en materia de inmunidades, que son el Convenio sobre relaciones diplomáticas de Viena de 1961 y el Convenio sobre relaciones consulares de Viena de 1963. Así pues, señorías la codificación en un texto único, sistemático y coherente del régimen jurídico de las inmunidades facilitará su correcta aplicación por los operadores jurídicos españoles y el cumplimiento para España de sus obligaciones internacionales. El Gobierno completa de esta manera el marco normativo en materia de derecho internacional al que han hecho referencia al principio, garantiza la certeza en el ámbito jurisdiccional interno, se homologa con lo que se ha realizado en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Australia y Japón, que ya poseen su ley, y todo ello se hace con pleno respeto a las obligaciones internacionales y siguiendo el criterio estimado por el Tribunal Constitucional. En definitiva, es una mejora clara de la imagen de España como Estado activo en materia internacional y jurídicamente seguro, previsible y solvente, equiparado a los Estados más avanzados. A lo largo de toda la legislatura el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, que es sostenido por el Grupo Parlamentario Popular, no han hecho más que contribuir a que nuestro país responda de una manera sistemática y eficiente al desarrollo más actual del derecho internacional. Hemos conseguido un nuevo marco legislativo y hemos conseguido consolidar una serie de relaciones internacionales muy claves para nuestro país con países fundamentales, como ha sido la mejora de las relaciones con Estados Unidos, la consolidación de unas excelentes relaciones con Marruecos, la relación privilegiada con algunos países de América Latina como son los países de la Alianza del Pacífico, la continuación de la apertura de los países del sudeste asiático con nuestra mejora - el año dual lo puso de manifiesto -, por ejemplo, de relaciones con Japón, y nuestra presencia activísima como miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas. Por tanto, señorías, esta ley pone el broche final a una legislatura que ha estado caracterizada por una gran actividad, por un deseo de consenso en todo momento y por una clara obtención de resultados en la mejora de las relaciones internacionales de España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Beneyto. Se ha producido una anomalía de la cual soy parcialmente responsable. Creí que no había ningún representante del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió que quisiera intervenir y no es así. Por tanto, tiene la palabra el señor Guillaumes.
Gracias, señor presidente. Intentaré compensarle con brevedad. No es un tema menor regular las cuestiones a nivel legal porque estas regulaciones, como alguien ha dicho, ya existían, pero hay que poner a nivel legal todo lo que tiene que ver con sedes internacionales, reuniones diplomáticas, etcétera. Porque la verdad es que cualquier país, cualquier Estado tiene el lícito deseo de convertirse en sede de organismos internacionales, de encuentros internacionales y de conferencias internacionales y se genera una especie, podríamos decir, de libre competencia en el peor sentido de la palabra en este caso; una libre competencia que consiste en bajar muy a menudo el listón de exigencias en cuanto a inmunidades diplomáticas, etcétera. Por tanto, bienvenida sea una ley que pueda privar a cualquier Estado de este tipo de tentaciones. Entendemos que la ley ya incorporaba una mejora con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en todos aquellos asuntos judiciales que estén pendientes entre el Estado español y los Estados que vengan a un evento de estas características. Hay otras cuestiones que se han incorporado vía Consejo de Estado, parcialmente vía enmienda, pero a nosotros nos hubiera gustado que se concretaran las notificaciones judiciales entre Estados, una determinación clara - esto en parte está - de qué persona tiene o no inmunidad diplomática, la identificación - esto sería importante - de qué bienes de una embajada extranjera o Estado extranjero son susceptibles de ser embargados o, finalmente, cuándo tiene que actuar la Abogacía del Estado contra una representación extranjera u organismo internacional en un proceso judicial. En fin, se regulan muchas cosas; antes estaba muy disperso y en normas sin rango legislativo. Entendemos que es una gran mejora y aunque podría ser todavía mejor, sin duda merecerá nuestro apoyo, sobre todo después de la incorporación de las enmiendas transaccionales aceptadas al Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Guillaumes por su brevedad. Lamento habérmelo saltado.
Último punto del orden del día, relativo al acuerdo de la Comisión de Igualdad en relación con el informe aprobado por la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Vamos a realizar un turno de fijación de posiciones, interviniendo en orden de menor a mayor. Tienen cinco minutos cada uno, pero ruego a todos los intervinientes que se atengan al tiempo marcado. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero manifestar que el Bloque Nacionalista Galego se abstuvo con relación al informe aprobado en la Comisión de Igualdad por diferentes razones, que seguramente - y digo seguramente por el tiempo del que dispongo - explicaré a lo largo de mi intervención. Señorías, estamos ante un informe que, desde nuestro punto de vista, era especialmente necesario por tratar un asunto que es un crimen execrable y espeluznante, como con toda crudeza nos expusieron los diferentes comparecientes que acudieron a esta subcomisión y cuyas exposiciones se reflejan sucintamente en el referido informe, además de que en el mismo se nos indica la posibilidad de acceder a todas las exposiciones que estos comparecientes han llevado a cabo en la subcomisión. Para nosotros ha sido de especial relevancia la exposición manifestada por diferentes personas, unas relacionadas con organizaciones que trabajan directamente con mujeres prostituidas, mujeres que son víctimas de trata, personas que actúan desde el punto de vista social y humanitario, así como también han sido especialmente importantes aquellas relacionadas con personas del ámbito policial o judicial, porque han expresado con toda crudeza las grandes dificultades que encuentran para poder afrontar este grave problema en cuanto al apresamiento de los delincuentes, así como las dificultades para poder condenarlos una vez apresados. Esa crudeza con que se muestran las dificultades de las mujeres que viven en ese submundo de esclavitud indica lo que sucede en nuestra realidad. La realidad es que, efectivamente, estamos hablando de una esclavitud en el mundo actual, que se ha incrementado en el Estado español de manera exponencial en los últimos años. Si bien se ha legislado al respecto en estos últimos tiempos, no ha sido suficiente. De hecho, la reforma que se recoge en la Ley de Extranjería no ha demostrado que pueda resolver el problema, incluso en relación a las expectativas que se tenían. Si nos referimos al artículo 177 del Código Penal, tampoco ha cubierto las expectativas. Señorías, estamos hablando de la esclavitud, de la trata de personas, que fundamentalmente se dirige a mujeres y niñas que luego prostituyen, haciéndolas vivir en una situación de explotación sexual. Esto no quiere decir que nos estemos olvidando de otras formas de trata de seres humanos, aquellas relacionadas con la esclavitud laboral, con la mendicidad, con el trasplante de órganos, etcétera. Por eso, señorías, para nosotros fue especialmente relevante la propuesta que compartía la mayoría de los comparecientes, que es la necesidad de una ley integral. Como dijimos, las reformas efectuadas no supusieron el efecto positivo que de ellas se esperaba y se considera que es necesario legislar en profundidad en los diferentes ámbitos que concurren en este gravísimo problema: en el policial, en el judicial, en el social y en el humanitario. Por eso coincidían muchísimos de los comparecientes en esta cuestión. Esta es una de las razones por las que nos hemos abstenido en el informe aprobado en la subcomisión, porque no entendíamos, y así lo expusimos en el debate de la misma, que el Grupo Parlamentario Popular mantuviera una intransigencia tan grande en relación con la incorporación al informe de diferentes votos particulares que presentaban grupos como La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió. Por lo tanto, señorías, nos vamos a abstener también en la tarde de hoy en este informe.
Señora Fernández, debe usted terminar.
Sí, finalizo, señor presidente. Porque si bien consideramos que refleja sucintamente las comparecencias de todos los que han participado en esta subcomisión, creemos que queda coja a la hora de recoger aquellas cuestiones que han planteado los diferentes grupos parlamentarios y que a nosotros no solo nos parecían interesantes sino de gran importancia para afrontar este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], el señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. Muy brevemente intervengo desde el escaño porque creo que las cosas más importantes sobre este tema se trataron y se debatieron en la subcomisión que para ello se creó. Durante los meses en que hemos trabajado en esta subcomisión hemos escuchado las opiniones de mucha gente, las experiencias que nos han mostrado expertos de ONG, representantes institucionales, políticos y gente que es referente en el mundo de lo social. Todos ellos nos han enseñado muchas cosas y todos ellos nos han sugerido muchas cosas. Tras los trabajos de esta subcomisión, hay cinco conclusiones que a mi grupo le parecen sustanciales. Por un lado, que la trata de personas, la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema que tenemos en nuestras calles, en nuestros pueblos, lo tenemos en nuestra puerta, no es algo ajeno, no es algo que viene de lejos y que les pasa a otras personas. Nos ocurre en nuestra propia casa. En segundo lugar, hace falta una ley que regule esta materia, que de una vez por todas acotemos, delimitemos y fijemos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y legislemos en torno a este tema. Evidentemente, habrá opiniones muy diferentes, pero es el momento de legislar este asunto. Porque, en tercer lugar y como consecuencia de esto mismo, no podemos cerrar los ojos al tema de la trata como un elemento disociado de su objetivo final, que es la prostitución. Por lo tanto, la trata y la prostitución son dos elementos ligados íntimamente que debemos atajar, que debemos solucionar y debemos decidir cuáles son las propuestas que hacemos en torno a este tema. En cuarto lugar, hay que valorar también si se puede hacer algo en origen, es decir, donde se produce esa trata, porque esas personas llegan al Estado español desde unos lugares de origen en los que no sabemos verdaderamente si las policías funcionan, si los servicios funcionan, qué se les cuenta, qué se les dice a las personas que son tratadas y si las autoridades de esos países verdaderamente colaboran o no. En último lugar, hay elementos en las conclusiones de este informe que adjudican acciones a la Administración General del Estado cuando muchas de ellas son competencia de las comunidades autónomas y eso hay que valorarlo porque las competencias en materias relacionadas con la sanidad, con la policía, con las instituciones penitenciarias y las judiciales, etcétera, corresponden también a las comunidades autónomas. Por lo tanto, son trabajos que se deben desarrollar. Por lo demás, hay algunas cuestiones que no se han tomado en cuenta, otras muy importantes por las que se ha trabajado, y mi grupo se va a abstener a la hora de votar este informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Lleonart.
Muchas gracias, señor presidente. Intervengo también brevemente desde el escaño. Efectivamente, nos encontramos ante la esclavitud del siglo XXI, un problema grave que el informe refleja de forma abundante y fehaciente. Una de las cuestiones que arroja y que para nosotros es bastante importante es la necesidad de una ley nacional de trata, un plan nacional de trata que debería ser abordado sin dilación. No debemos quedarnos tan solo - aunque este informe sí se circunscribió a eso - con el tema de la trata con fines de explotación sexual, sino abrirlo a un plan de trata que aborde otras cuestiones importantes en el campo del trabajo. Como ha comentado mi compañero, no podemos tener en cuenta única y exclusivamente la cuestión de la trata, sino que hay que abordar también el problema de la prostitución y afrontarlo con valentía para regularlo por la vía que haya que hacerlo. Por todo este tipo de cuestiones mi grupo votará favorablemente el informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lleonart. Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
Gracias, señor presidente. Lo primero que quiere hacer La Izquierda Plural es reiterar los agradecimientos a todas las personas expertas que comparecieron en la subcomisión, a la letrada, a la presidenta de la subcomisión y a todos los diputados y diputadas que hemos participado. Al centrarse el informe resultante de los trabajos de la subcomisión de estudio en el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual al ser esta la expresión más grave, cruel y deplorable de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, se han dejado de lado otras formas de esclavitud contempladas en la Directiva 2011/36/UE, como la laboral, el matrimonio forzado o el tráfico de órganos. Desde nuestro punto de vista, con esto se ha perdido la oportunidad de abordar con una dimensión holística el grave atentado contra los derechos humanos que supone la trata de seres humanos con clara perspectiva de género, que contemplara los distintos aspectos y fines con los que se realiza. No podemos pasar por alto que la esclavitud del siglo XXI es fruto de este sistema capitalista y patriarcal, hoy financiarizado y desindustrializado, que hace que millones de personas intenten huir de sus países de origen, empobrecidos y en conflicto, propiciando que muchas de ellas puedan acabar en las zonas de ocio y prostitución de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente. Nada ayuda que el Gobierno haya aplicado la Directiva SEC 2010, que le permite engrosar el producto interior bruto con los beneficios de la prostitución y el juego. Sentimos profundamente que nada de esto se haya tenido en cuenta ni se haya querido contemplar en el informe a través de los votos particulares que se han presentado. Lamentamos también que este informe no contemple de manera nítida y decidida la necesidad de trabajar en la consecución de una ley integral de trata que permita abordar todos los tipos y dimensiones de trata, atendiendo - reitero - a una perspectiva de derechos humanos y de género, permitiendo al mismo tiempo gozar de una estabilidad presupuestaria. A este respecto nos gustaría reseñar que el informe insta a la elaboración de un plan contra la trata con fines de explotación sexual, que casualmente ha sido presentado recientemente por el Gobierno. El señor Alonso lo ha hecho. Desde luego, resulta muy difícil no calificarlo de electoralista, además de económicamente totalmente incumplible, pues los Presupuestos Generales del Estado para 2016 solo contemplan una dotación presupuestaria de 2.000 millones de euros frente a los 104.000 millones que necesitan los cinco años en los que se va a implementar el plan; lo contabilizan desde el año 2015 y estamos en el último trimestre. En definitiva, el esfuerzo que se ha hecho durante el tiempo en el que se han realizado las comparecencias y los trabajos de la subcomisión de estudio no han servido para recoger de forma contundente una llamada al Gobierno para que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias en determinados aspectos, como el Código Penal, el estatuto de la víctima de trata y la revisión de la jurisdicción universal. Entendemos que las medidas legislativas que ha tomado el Gobierno durante esta legislatura suponen ya de facto un serio impedimento tanto para los intereses de las víctimas como para la persecución del delito. Por tanto, tenemos que considerar este informe como un avance tímido e insuficiente, lo que llevó a nuestra abstención en la Comisión, abstención que hoy lamentablemente tendremos que mantener. [[Rumores]] Gracias.
Muchas gracias, señora De las Heras. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, señora Ciuró.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, hoy debatimos en el Pleno de esta Cámara el informe con las conclusiones del estudio sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Llegados a este punto, no quiero seguir mi intervención sin lamentar que las conclusiones de otro informe, muy trabajadas en el seno de la Comisión de Igualdad, la conclusiones del informe sobre conciliación, racionalización horaria y corresponsabilidad, no hayan tenido la ocasión de ser debatidas - a pesar de que hace dos años de su elaboración - en el Pleno de la Cámara. Lamentamos que no se haya visto cumplido el deseo de muchas diputadas y diputados y de muchos grupos de esta Cámara de poder debatir en el Pleno aquellos interesantes e importantes trabajos. [[Rumores]]
Perdón, señora Ciuró. Por favor, ruego silencio para poder escuchar a la señora Ciuró. Continúe.
Gracias, señor presidente. Como digo, hoy estamos aquí para debatir el informe con las conclusiones en materia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Quiero agradecer en este punto la comparecencia a lo largo de los trabajos de todos los expertos y expertas que vinieron y la labor de nuestra letrada, doña Mercedes Senén, que ha tenido mucha paciencia y nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo, así como la de todos los miembros de la subcomisión. Las conclusiones de estos expertos y expertas iban en la línea de que es muy importante y necesario tener una ley integral contra la trata. Si bien es cierto que el drama de la explotación sexual existe y es muy grave, no lo es menos la existencia de otras fórmulas de trata que explotan a las personas y, por tanto, atentan directamente contra los derechos humanos. Nos parece muy importante que podamos dar al Gobierno que resulte de las próximas elecciones la recomendación que surge de esta subcomisión a la hora de elaborar una ley integral contra la trata. Sin embargo, desde nuestro grupo parlamentario no podemos dar un sí a este informe, puesto que nuestros votos particulares no han sido recogidos, tal y como pedíamos. Entendíamos que era necesario, por ejemplo, el respeto competencial. Sin un respeto competencial escrupuloso y exhaustivo no hay lucha efectiva contra la trata. Hemos pasado la legislatura reivindicando el respeto a las competencias que en la materia tiene Cataluña y para poder ser efectivos es necesario que cada uno haga su trabajo. Por tanto, estamos a favor de la máxima coordinación, pero en contra de la usurpación competencial. [[Rumores]] Solicitábamos también en los votos particulares que se habilitasen los recursos necesarios para adoptar las diferentes recomendaciones que resultan del informe. Finalmente, ya que la trata es indisociable de la prostitución, nuestro tercer voto particular recalcaba la necesidad de hacer modificaciones legales para garantizar a las mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual la protección que dispensa la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Estos votos particulares desgraciadamente no han sido incorporados. Lo lamentamos y, por este motivo, no podemos dar nuestro voto favorable al informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ciuró. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ros.
Señorías, cuando creamos esta subcomisión el Grupo Parlamentario Socialista dijo que era la oportunidad de abordar la última esclavitud de nuestro tiempo: la explotación sexual. Queremos reclamar una política integral orientada a defender los derechos humanos con una lectura sensible al género y a la edad para exigir al Gobierno una actuación firme y contundente y continuar el camino abierto por los socialistas en anteriores legislaturas. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad y violencia de género. Es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la libertad, la integridad, la salud, la vida, la seguridad y la dignidad de las personas. Además, como dijeron todos los comparecientes, existe una relación directa entre trata y prostitución. La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no son prostitutas, sino prostituidas, son esclavas a las que se venden como si fueran un objeto. Señorías, este informe de la subcomisión recoge importantes avances. La primera pregunta que formuló el Grupo Socialista a cada compareciente era si consideraba necesaria una ley integral contra la trata. La respuesta fue rotunda: sí. Por ello nos felicitamos de que la primera recomendación sea la necesidad de redactar una ley de trata, pero pedimos una ley de trata integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con mecanismos de prevención; una ley que refuerce la persecución de oficio del delito, incluido el proxenetismo, aunque lo consienta la víctima; una ley que impida la publicidad sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas explotadas. El informe también recoge la propuesta del Grupo Socialista de eliminar los anuncios de prostitución, pero nos habría gustado más valentía y atrevimiento, porque todos los grupos coincidimos en avanzar para eliminar la publicidad de la prostitución. Asimismo, el informe aborda qué hacer con los clientes, porque no se puede acabar con la explotación sexual sin acabar con la demanda. Pero, señorías, hay que pasar a los hechos. Para el Grupo Socialista hay límites que no se pueden obviar y que los comparecientes han avalado. Por ello presentamos un voto particular basado en tres puntos. En primer lugar, pedimos que la prostitución no contabilice en el PIB, porque es irracional y contradictorio. La prostitución es un negocio lucrativo controlado por mafias internacionales que trafican con mujeres, armas o drogas. En segundo lugar, el informe no recoge nuestras propuestas para mejorar y proteger el asilo y refugio. En tercer lugar, tampoco se incluyen las recomendaciones de los comparecientes sobre la Ley de justicia universal, que impide la persecución de delitos transnacionales en la trata de seres humanos. Señorías, la prioridad del Grupo Socialista es acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas, terminar con las redes, acabar con las mafias, proteger y asistir a las víctimas. Hay que cooperar con los países de origen y concienciar a la ciudadanía de que la trata es un comercio ilícito y cruel. El Gobierno socialista aprobó el 12 de diciembre de 2008 el Plan de trata, el primer instrumento integral. Ha sido un punto de partida que presta especial atención a las víctimas, a la persecución de traficantes y a las campañas de sensibilización. Este plan concluyó a finales de 2011. Hemos pedido muchas veces al Gobierno que remitiese al Parlamento su valoración, su evaluación y conclusiones, y ahora que acaba la legislatura el Gobierno presenta el nuevo plan. Más vale tarde que nunca, pero dudamos mucho de su credibilidad por el retraso de estos cuatro años y porque no existe presupuesto adicional para su implantación en los dos primeros años. Se han pasado la pasada legislatura avanzando planes que solo son una cortina de humo electoralista. Ustedes dicen pero no hacen. El PP ha dicho que no a una enmienda a los presupuestos del Grupo Socialista que pide 1 millón de euros para atención a menores víctimas de trata. Cierran los ojos a un problema cada vez más frecuente, como nos han recordado en la subcomisión la policía, la fiscalía y las organizaciones especializadas. En tres años se ha disparado la demanda de niñas. Hay que concienciar a la sociedad de que comprar servicios de prostitución favorece a las mafias. Hay que obstaculizar cada vez más los negocios que se establecen alrededor de la explotación sexual, como nos han aconsejado los comparecientes. No podemos permitir que un número importante de mujeres y niñas vean pisoteados sus derechos y se conviertan en mercancías para beneficiar a proxenetas y redes. Por ello nuestros esfuerzos tienen que ir a combatir la explotación sexual, perseguir a estas mafias y a los proxenetas, favorecer la dignidad de esas mujeres, garantizarles alternativas y que todas las personas residentes en España puedan vivir con autonomía y sin dominación. Acabo ya. Es imprescindible la unidad de todos para actuar, un compromiso firme contra la trata. El informe de la subcomisión es un buen inicio, pero hay que avanzar y cumplir. No lo votaremos en contra, pero tampoco a favor, porque para los socialistas existen responsabilidades que corresponde realizar al Gobierno y que no se han visto recogidas en este documento. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Ros. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a pesar del debate de los distintos grupos parlamentarios, hoy es un día importante. El día 1 de octubre del año 1931 una mujer consiguió que las mujeres tuviéramos derecho a votar. Estamos hablando de Clara Campoamor. Por tanto, a pesar de que el debate puede ser agrio en algún momento, tenemos que recordar que hoy hablamos de los derechos de las mujeres, que hoy hablamos de la igualdad de las mujeres. Por eso este informe es tan importante en el seno del Pleno del Congreso de los Diputados. Quiero, cómo no, dar las gracias, y así lo he manifestado a lo largo de los trabajos de la subcomisión, a las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan esta tarde. [[Aplausos]] Gracias por estar aquí. Gracias por salvar a las mujeres víctimas de la trata. Gracias por el trabajo que hacéis cada día para conseguir que esas mujeres rompan sus cadenas con los traficantes y los mafiosos que utilizan el cuerpo de las mujeres para su lucro personal. Señorías, a pesar de que algunos grupos parlamentarios han dicho que se van a abstener en este informe saben ustedes que hemos trabajado mucho, saben ustedes que es un informe riguroso, saben ustedes que cada uno de los grupos parlamentarios ha aportado lo mejor de sí mismo y por eso también quiero darles las gracias a todos los grupos parlamentarios y también a todos los que han comparecido en el seno de la Comisión. Este informe ha nacido con el enfoque de la transversalidad y con el enfoque de género. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye una forma de violencia contra la mujer como consecuencia de la construcción social tanto en los países de origen como en los países de destino y coloca a las mujeres en una posición de desigualdad. Por tanto, debe realizarse la mayor prevención y sensibilización contra la trata. Hoy tenemos que hablar de datos escalofriantes. La trata mueve en el mundo 38.000 millones de dólares. En España mueve 1.800 millones de euros y, además, nos hemos convertido no solo en un país de tránsito, como lo éramos hace unos años, sino también en un país de destino. Además, estamos hablando de un delito internacional, de un delito que vulnera claramente los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, porque hoy tenemos que hablar de niñas y de menores de edad. A lo largo de los trabajos de la subcomisión hemos visto cómo los comparecientes han valorado el trabajo del Gobierno de España. Los comparecientes han valorado todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años, no solo con el Protocolo de Palermo sino también con el Convenio de Varsovia. Además, señorías, señora De las Heras y cada una de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, no solo hemos trabajado a nivel político, sino también a nivel legislativo. Hemos recogido, porque así teníamos que hacerlo, en la Ley orgánica de reforma del nuevo Código Penal de una forma más fuerte y más contundente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y hemos protegido más a las víctimas a través del Estatuto de la Víctima del Delito y de numerosa normativa y legislación que hemos aprobado en esta legislatura. Nos acompaña hoy el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y hemos recogido en el Plan de tratas medidas que están también incluidas en este informe. Señorías, termino. Este informe es serio, riguroso y establece como primer punto una ley de trata. ¿Por qué no votan a favor de este informe cuando recogemos una ley específica de la trata? Recogemos la mayor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la formación de todos los operadores jurídicos; protegemos de forma especial a los menores; establecemos, en el ámbito judicial, una mayor protección de la víctima de trata. Señorías, estamos ante un debate importante. Estamos ante un informe que empieza a dar los primeros pasos para seguir trabajando y luchando contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una tarea ardua y difícil dada la devastación física y psicológica que sufren las víctimas, las mujeres y las niñas. Por eso quiero pedirles que voten a favor de este informe que empieza a dar sus frutos, el plan de trata, el Estatuto de la Víctima del Delito y tantas y tantas modificaciones a lo largo de esta legislatura. Además, estamos hablando de que hay que seguir trabajando unidos, porque eso es lo que demanda la sociedad, en un problema que es un delito internacional y donde además las víctimas son mujeres que vinieron con la esperanza de un mundo mejor y se han convertido en esclavas sexuales.
Señora Quintanilla, tiene usted que terminar.
Ya termino, señor presidente. Hablar de este informe es hablar de que tenemos que proteger la igualdad, porque cuando se resquebraja la igualdad hay trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Hoy, con este informe, de nuevo el Parlamento español hace una defensa inquebrantable de los derechos humanos, porque atacar la trata es atacar una forma de esclavitud y una lacra degradante e indignante para las víctimas. Por eso, señorías, voten este informe porque estaremos votando el futuro de los miles y miles de víctimas que hay en España de trata con fines de explotación sexual. Muchísimas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Quintanilla. En unos minutos comenzamos a votar. [[Pausa]]
Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña Inmaculada Riera, pregunto a doña María Carmen Castellano i Fernández si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
Doña María Carmen Castellano i Fernández ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. Señorías, antes de pasar a las votaciones quiero hacer una declaración que no abre debate. Esta mañana esta Presidencia ha expulsado de la tribuna a un diputado que no ha querido retirar un gesto realizado en el Pleno el pasado día 16, gesto que ha ofendido profundamente a muchos diputados. Así, ante la falta de voluntad del diputado de retirar la ofensa proferida, una vez expulsado de la tribuna y ante la petición de varios grupos parlamentarios he solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara que estudien posibles medidas adicionales. Espero y deseo que actuaciones de este tipo no vuelvan a repetirse en esta Cámara.
Pasamos a las votaciones. En primer lugar, proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho. Enmienda a la totalidad de texto alternativo número 21, presentada por el Grupo Mixto, señor Tardà. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310 más 2 votos telemáticos, 312; a favor, 22; en contra, 279 más 2 votos telemáticos, 281; abstenciones, 9.
Queda rechazada. Enmienda a la totalidad de texto alternativo número 1 presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310 más 2 votos telemáticos, 312; a favor, 6; en contra, 299 más 2 votos telemáticos, 301; abstenciones, 5.
Queda rechazada. Enmienda a la totalidad de texto alternativo número 37 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 113; en contra, 187 más 2 votos telemáticos, 189; abstenciones, 11.
Queda rechazada. Votamos ahora las enmiendas al articulado. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Álvarez Sostres. En primer lugar, enmienda 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 2; en contra, 304; abstenciones, 3.
Queda rechazada. Enmienda 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 2; en contra, 303; abstenciones, 2.
Queda rechazada. Enmiendas de la señora Fernández Davila y señora Pérez Fernández. En primer lugar, enmienda 20. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 111; en contra, 187; abstenciones, 12.
Queda rechazada. Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila y Pérez Fernández. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 123; en contra, 187.
Quedan rechazadas. Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, enmienda 22. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 126; en contra, 187.
Queda rechazada. Enmienda 26. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 27; en contra, 181; abstenciones, 102.
Queda rechazada. Resto de enmiendas del señor Tardà. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 20; en contra, 281; abstenciones, 10.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 126; en contra, 187; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 6; en contra, 297; abstenciones, 2.
Queda rechazada. Enmiendas 5 y 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 100; en contra, 207; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Resto de enmiendas de UPyD. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 7; en contra, 300; abstenciones, 2.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas de La Izquierda Plural. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 125; en contra, 189.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i de Unió. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 125; en contra, 187; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Enmienda 17 del Grupo Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 126; en contra, 186; abstenciones, 1.
Queda rechazada. Enmienda 30 del Grupo Popular al articulado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 181; en contra, 128; abstenciones, 1.
Queda aprobada.
Texto de la proposición de ley orgánica. Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho, por tramitarse en lectura única y tener la misma carácter orgánico. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313 más 2 votos telemáticos, 315; a favor, 180 más 1 voto telemático, 181; en contra, 132 más 1 voto telemático, 133; abstenciones, 1.
Queda aprobado.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310 más 2 votos telemáticos, 312; a favor, 282 más 2 votos telemáticos, 284; en contra, 7; abstenciones, 21.
Queda aprobado. Vamos a votar ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley que acabamos de aprobar. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309 más 2 votos telemáticos, 311; a favor, 31 más 1 voto telemático, 32; en contra, 183 más 1 voto telemático, 184; abstenciones, 95.
Queda rechazada.
Vamos ahora con las enmiendas del Senado. Proyecto de ley del tercer sector de acción social. Votación en bloque de todas las enmiendas que provienen del Senado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 282; en contra, 7; abstenciones, 19.
Quedan aprobadas.
Proyecto de ley de voluntariado. Vamos a votar en bloque todas las enmiendas provenientes del Senado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 197; en contra, 106; abstenciones, 5.
Quedan aprobadas.
Proyecto de ley de sociedades laborales y participadas. Votación en bloque de todas las enmiendas del Senado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 291; en contra, 13; abstenciones, 4.
Quedan aprobadas. - PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. [[Número de expediente 121/000133]]
Proyecto de ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Votación separada de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas al artículo único, apartado uno [[artículo 14.2]], apartado siete [[artículo 35]], apartado treinta y tres [[artículo 265]], apartado cuarenta y nueve [[artículo 440.1]], apartado cincuenta y ocho [[artículo 552.1]] y apartado sesenta y dos quinquies [[nuevo]] [[artículo 660.1]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 212; en contra, 96.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado dos [[artículo 23]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 202; en contra, 104; abstenciones, 2.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado cuatro [[artículo 26.2]], apartado treinta y seis [[artículo 276]] y apartado treinta y seis bis [[artículo 276.1 y 2]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 195; en contra, 2; abstenciones, 111.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado veintiocho [[artículo 243]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 282; en contra, 11; abstenciones, 15.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado cincuenta y cinco bis [[nuevo]] [[artículo 525.1.1ª]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 283; en contra, 2; abstenciones, 23.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y dos bis [[nuevo]] [[artículo 648]] y apartado sesenta y dos ter [[nuevo]] [[artículo 649]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 183; en contra, 102; abstenciones, 23.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición adicional primera. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 189; en contra, 113; abstenciones, 5.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 194; en contra, 95; abstenciones, 17.
Quedan aprobadas.
Proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Enmiendas al artículo único, apartado uno [[nuevo]] [[artículo 14]] y apartado uno bis [[artículo 17]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 187; en contra, 102; abstenciones, 19.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado cinco [[artículo 324]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 210; en contra, 94; abstenciones, 2.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado siete [[artículo 792]], en lo relativo, en el apartado 4 de dicho artículo 792, a la expresión 'por infracción de ley y por quebrantamiento de forma'. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 9; en contra, 186; abstenciones, 112.
Quedan rechazadas. Resto de las enmiendas al artículo único, apartado siete [[artículo 792]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 194; en contra, 1; abstenciones, 112.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado ocho, en relación con el artículo 803 bis a) y 803 bis f). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 183; en contra, 102; abstenciones, 23.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al artículo único, apartado ocho. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 202; en contra, 102; abstenciones, 3.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado nueve, en relación con los artículos 803 ter d) y 803 ter q). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 190; en contra, 95; abstenciones, 22.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al artículo único, apartado nueve. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 208; en contra, 94; abstenciones, 4.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado once, artículo 847. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 211; en contra, 3; abstenciones, 93.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado doce bis [[nuevo]] [[artículo 889]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 191; abstenciones, 114.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado catorce bis [[nuevo]] [[artículo 985]] y apartado quince bis [[nuevo]] [[disposición adicional sexta nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 187; en contra, 96; abstenciones, 25.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición transitoria única. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor 192; en contra, 95; abstenciones, 20.
Quedan aprobadas. Enmiendas al preámbulo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 182; en contra, 107; abstenciones, 19.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 193; en contra, 98; abstenciones, 15.
Quedan aprobadas.
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Enmiendas al artículo único, apartado dos [[artículo 282 bis]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 186; en contra, 95; abstenciones, 26.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado tres, en lo relativo al artículo 509.1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 296; en contra, 1; abstenciones, 10.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al artículo único, apartado tres [[artículo 509]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 281; en contra, 8; abstenciones, 18.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado cuarto [[artículo 520]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 188; abstenciones, 119.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado once [[artículo 579]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 281; abstenciones, 26.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado doce [[artículo 579 bis]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 196; en contra, 101; abstenciones, 9.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado trece, en lo relativo al artículo 588 bis b). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 191; en contra, 92; abstenciones, 22.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado trece, en lo relativo al artículo 588 bis k). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 196; abstenciones, 107.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo único, apartado quince [[capítulo VI nuevo]]; apartado diecinueve bis [[nuevo]] [[artículo 967]] y apartado veinte. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 185; en contra, 98; abstenciones, 21.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición transitoria única. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor; 200; en contra, 1; abstenciones, 104.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición final primera. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 200; en contra, 94; abstenciones 12.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 180; en contra, 94; abstenciones, 32.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, por tener el mismo carácter orgánico. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 183 más 1 voto telemático, 184; en contra, 127 más 1 voto telemático, 128; abstenciones, 1.
Queda aprobado.
Proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar. Votación separada de las enmiendas. En primer lugar, enmienda a la disposición derogatoria única. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 181; en contra, 22; abstenciones, 104.
Queda aprobada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 181; en contra, 115; abstenciones, 9.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar, por tener el mismo carácter orgánico. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309 más 2 votos telemáticos, 311; a favor, 183 más 1 voto telemático, 184; en contra, 122 más 1 voto telemático, 123; abstenciones, 4.
Queda aprobado. - PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. [[Número de expediente 121/0001124]]
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Enmienda al artículo único, apartado siete. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 275; en contra, 14; abstenciones, 17.
Queda aprobada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 284; en contra, 16; abstenciones, 7.
Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de régimen jurídico del sector público. En primer lugar, enmiendas al artículo 87 y a la disposición final tercera. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 183; en contra, 117; abstenciones, 10.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 185; en contra, 124; abstenciones, 1.
Quedan aprobadas.
Dictamen sobre el proyecto de Ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmiendas 19, 20 y 25. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 300; en contra, 1; abstenciones, 5.
Quedan aprobadas. Enmienda transaccional a la enmienda 14. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 302; abstenciones, 4.
Queda aprobada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 107; en contra, 180; abstenciones, 19.
Quedan rechazadas. Votación del dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 301; abstenciones, 5.
Queda aprobado.
Votación de conjunto del proyecto de Ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España, por tener el mismo carácter orgánico. Ha habido dos votos emitidos telemáticamente. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 2 votos telemáticos, 309; a favor, 300 más 2 votos telemáticos, 302; en contra, 1; abstenciones, 6.
Queda aprobado.
Acuerdo de la Comisión de Igualdad, en relación con el informe de la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Vamos a votar el dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 277; abstenciones, 29.
Queda aprobado. Se levanta la sesión. Eran las siete y treinta minutos de la tarde.