Buenos días, señorías. Reanudamos la sesión. Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación de un dictamen de Comisión de iniciativa legislativa orgánica - punto número 30 del orden del día - que tiene que ser sometido a votación final de conjunto, la cual, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anunció que las votaciones no se producirían antes de las trece horas.
Comenzamos con el punto correspondiente al debate sobre convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Consumo. [[Rumores]] Por favor, guarden silencio.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas, diputados y diputadas. El presente real decreto que vengo a presentar y a defender tiene que ver con la nueva Agenda del Consumidor aprobada por la Comisión Europea, que debe regir las relaciones de la Administración pública con respecto a la materia específica del consumo y sus efectos sobre las personas consumidoras. Se trata de un planteamiento novedoso que abarca del año 2020 al año 2025 en su etapa actual, que busca garantizar una protección efectiva de todas las personas consumidoras y que esas relaciones de consumo se puedan llevar a cabo en coherencia con otros objetivos planteados por las políticas públicas europeas y españolas. Sabemos que las relaciones de consumo implican a todos. Todos los que estamos hoy aquí, en esta Cámara, en algún momento tomamos el rol de persona consumidora, tenemos un tipo de relación con diferentes empresas y sabemos que esas relaciones de consumo no son ni neutrales ni simétricas. No son neutrales porque nuestras decisiones de consumo no solo afectan a la economía, sino que también afectan al medio ambiente, al planeta. Y no son simétricas porque al mismo tiempo todos somos conscientes de que la capacidad para el consumo difiere claramente según estratos sociales y estratos de renta. Estamos hablando de que las relaciones de consumo tienen que ver con hábitos, con patrones de consumo que afectan - vuelvo a subrayar - al ámbito ecológico; tienen un fuerte impacto ecológico y social. Por eso, este ministerio asume como suyas las directrices fundamentales de este planteamiento de la Comisión Europea de la nueva Agenda del Consumidor y recuerda que en esa misma Agenda del Consumidor el elemento central y destacado es precisamente garantizar un consumo orientado hacia la transición ecológica, básicamente porque las relaciones de consumo tienen un impacto muy fuerte sobre nuestro planeta, que saben ustedes que está siendo sometido a enormes tensiones precisamente por la forma de operar del modelo de producción y consumo. Reconducir esos patrones de consumo y ser capaces de establecer incentivos para que la población pueda adecuar sus relaciones y sus decisiones de consumo a la protección del medio El ambiente, la protección de su propia salud y, en definitiva, la protección de la democracia es un eje central que seguiremos desarrollando desde el Ministerio de Consumo. Decía también que es evidente que las relaciones de consumo son desiguales. Esto es obvio cuando vivimos en una sociedad distribuida de forma asimétrica y en la que queda mucha gente al margen de las propias decisiones de consumo y de la propia capacidad de comprar, de adquirir bienes y servicios que puedan permitirle nutrir y desarrollar su vida. Esto está vinculado de forma muy estrecha con el concepto de libertad positiva, de garantía positiva, y es lo que justifica de manera filosófica reales decretos-leyes como el que estamos presentando hoy aquí. Nosotros creemos en esa libertad positiva, en las garantías positivas que se establecen a veces en el derecho y otras veces, en ausencia de que se establezcan en el derecho,al menos se reconocen como tales; y quiero decir básicamente que no hay libertad cuando mucha gente no tiene capacidad para acceder a bienes y servicios que son esenciales para vivir dignamente. Estamos hablando de elementos que ya han sido debatidos en esta Cámara muchas veces a lo largo de muchos años, decenas de años, y que tienen que ver con el hecho de que una sociedad democrática y desarrollada como la española no puede permitir que haya sectores de la población que queden al margen de poder, por ejemplo, calentar su hogar en invierno, encender la nevera, alimentarse, tener acceso a la vivienda, tener acceso a la sanidad pública y tener acceso a servicios y bienes básicos para poder desarrollar una vida digna. Garantizar estos elementos y estos componentes de la vida es parte fundamental de la acción pública. Por eso, cuando hablamos de un real decreto de protección de las personas consumidoras y, particularmente, de un sector específico de las personas consumidoras, el sector de los que se han llamado consumidores vulnerables, estamos haciendo referencia - y no se nos puede olvidar en ningún momento - a este marco filosófico y orientativo de políticas públicas. La propia Comisión Europea y también el sentido común y los documentos que se han ido publicando llegan a la conclusión de que la pandemia que estamos sufriendo y combatiendo entre todos ha alterado algunos hábitos de consumo, además de haber afectado, lógicamente, nuestra salud y a nuestra sociedad de forma muy notoria. Por poner un ejemplo menor, se ha incrementado el número de transacciones online y, por lo tanto, se ha alterado el tipo de actividad que va dominando en las relaciones de consumo. Al mismo tiempo - y esto es algo que también hemos debatido en muchas ocasiones -, han crecido, probablemente - aunque no tengamos todavía datos sobre estas afirmaciones por lo temprano, hay mucha probabilidad dada la experiencia previa -, la pobreza, la desigualdad y, en definitiva, la situación de indefensión y vulnerabilidad frente a otros grandes operadores del sistema - las grandes empresas, por ejemplo - de parte de nuestra sociedad. Hablamos de una vulnerabilidad socioeconómica de la que estamos bastante acostumbrados a hablar en nuestro país porque, afortunadamente, debatimos sobre ella para ver cómo resolverla y que tiene que ver con indicadores conocidos por todos y objeto de debate en la política pública: la tasa de desempleo, el nivel salarial o el acceso a la vivienda. Pero aquí tenemos que entender que el concepto de vulnerabilidad que se refleja en este real decreto ley es mucho más amplio; es un concepto que no solo se refiere a los elementos socioeconómicos, sino que nos está interpelando sobre otra serie de dimensiones vitales; por ejemplo, la menor capacidad que tienen determinados sectores de nuestra sociedad para acceder a una buena información y para poder tomar una buena decisión en transacciones que se operan en el mundo digital. Esto, que se ha convenido en llamar brecha tecnológica, está afectando también de manera clara a la capacidad de tomar buenas decisiones y deja en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, sujeto a posibles fraudes y estafas a un sector de la población importante. También hay personas con algún tipo de discapacidad que pueden tener problemas de acceso a la información y verse, de repente, en una situación especialmente vulnerable; menores que, ante comunicaciones comerciales, son especialmente vulnerables, sensibles. Asimismo, determinados lugares, zonas o regiones de nuestro país, lo que se ha convenido en llamar la España vaciada o el mundo rural, carecen de servicios. Ese tipo de vulnerabilidad no es la vulnerabilidad de la que estamos acostumbrados a hablar cuando nos referimos a la tasa de paro a niveles agregados, sino una vulnerabilidad transversal que hace que cualquiera de nosotros pueda ser vulnerable en algún momento de nuestra vida. No hace falta abrumar con datos, porque estoy convencido de que todos los que estamos aquí conocemos de sobra, desgraciadamente, los problemas estructurales que afronta nuestro país y que han sido agravados como consecuencia de la pandemia, incluso aunque todavía no dispongamos de datos cuantitativos que puedan justificar esta afirmación, pero está claro, por ejemplo, que, en el año 2019, uno de cada tres hogares afirmaba que no era capaz de hacer frente a gastos imprevistos. Eso significa que mucha gente de nuestro país vivía al límite en esos momentos especialmente difíciles del año 2019, situación que, muy probablemente - vuelvo a subrayar - se haya agravado con la pandemia. El 30 % de los menores de dieciséis años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Con estos dos datos señalo elementos estructurales que estaban ya presentes y que, ahora, con la pandemia probablemente se hayan incrementado. En el artículo 51 de la Constitución española de 1978 se establece que los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias. Este real decreto-ley no solo trae conceptos de la Unión Europea,conceptos muy desarrollados en otros países y que tenemos que ser capaces de ir incorporando a nuestra normativa, sino que al mismo tiempo establece un paraguas legal, si me permiten la metáfora, para que todos los poderes públicos de nuestro país puedan, en momentos tan sensibles como este, actuar de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. Muchas de nuestras comunidades autónomas, independientemente del color político del partido que las gobiernan, han actuado, especialmente en los últimos meses, para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero en ausencia, precisamente, de ese marco estatal, que permitiría abrir mucho más las posibilidades y protegerlos de una manera mucho más efectiva, cumpliendocon ese artículo 51 de manera concreta. La urgencia se justifica, por tanto, en virtud de la situación de la pandemia y de la necesidad de proporcionar a todos los poderes públicos de este país y de todos los diferentes niveles competenciales instrumentos efectivos para hacer frente a estas situaciones. Hablamos de un marco jurídico que nos permite entender bien cómo proteger a la gente y que dota de instrumentos para seguir desplegando políticas desde el Ministerio de Consumo y, por tanto, del Gobierno de España, pero también desde el resto de administraciones públicas. Esto es muy importante que se comprenda. No hace falta más que mirar ahí fuera, mirar nuestros barrios, mirar nuestros vecindarios, para darse cuenta de que la situación de vulnerabilidad económica ha empeorado. Somos conscientes de lo que está sucediendo. Este Gobierno, desde el principio de la pandemia, desplegó un fuerte escudo social para proteger a aquellas personas que más lo iban a necesitar y somos conscientes de que tenemos que seguir desarrollando ese escudo social. Proteger el tejido productivo y desarrollar ese escudo social son elementos defensivos frente a un shock exógeno, externo, como una pandemia. Es importante que todos los poderes públicos estén comprometidos con ello, y para eso hacen falta instrumentos. Este es uno de esos instrumentos para un ámbito muy específico, el de las relaciones de consumo, pero, insisto, son relaciones de consumo que nos afectan en el corto plazo y a cualquiera de ustedes. Saben ustedes que durante la pandemia se ha incrementado, desgraciadamente, el número de reclamaciones en determinados sectores económicos por incumplimiento de contratos, por estafas, por engaños, porque en momentos de dificultad ha habido quienes se han intentado aprovechar de las personas más desfavorecidas, de las personas más vulnerables, ya que tienen menos información para conocer los contratos o no son tan conocedoras de cómo funciona el mundo digital. Son muchas las razones que han hecho que hayan sido el objetivo de determinados actores económicos, que han visto una oportunidad también en esta pandemia. Los poderes públicos no pueden permitir que eso suceda. Al mismo tiempo se han sumado fenómenos ya conocidos, como el desempleo o la privación de servicios fundamentales, y desde el Gobierno hemos desplegado muchos instrumentos para hacerles frente. Naturalmente, uno de ellos tiene que ver con la vivienda y la necesidad de proteger un derecho básico como es el derecho a la vivienda, también recogido como garantía positiva - aunque no con derecho efectivo - en nuestra Constitución de 1978. En definitiva, protección reforzada para las personas consumidoras y usuarios, haciendo mención a ese artículo 51 de la Constitución española, haciendo mención a las normativas de la Comisión Europea y, sobre todo, a esas directrices que nos interpelan para proteger a la mayoría social y para proteger nuestro planeta. Vuelvo a subrayar aquí un elemento que será común en los próximos meses en este ministerio y es el hecho de que nuestros patrones de consumo, por ejemplo alimentario, no solo tienen que ver con nuestra salud individual, con nuestra salud familiar, sino que tienen que ver, a través de las formas de producción y consumo de esos mismos alimentos, con la protección del planeta. Y ese es un eje que, como saben ustedes, en este Gobierno lo tenemos muy claro, pero también aparece en todos los documentos de la Unión Europea, que tiene un compromiso muy claro, entre otras cosas, con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, muchos de los cuales se producen en el ámbito de las decisiones de consumo, porque afectan a la producción. Se trata también - y quiero terminar con ello - de utilizar de forma eficiente los recursos públicos. Insisto, las normativas jurídicas, instrumentos como estos, lo que permiten es ser mucho más eficaz en la consecución de un objetivo político. Creo que aquí toda la Cámara - independientemente de lo que vote - será sensible a este tipo de demandas por parte de determinados sectores sociales - algunos de los cuales ya he citado y he descrito - que se quejan de una situación de vulnerabilidad o indefensión ante actores que son mucho más poderosos que ellos. Los poderes públicos tenemos que protegerlos y para que esa protección sea efectiva y sea eficaz hace falta que haya instrumentos que permitan que el uso de los recursos sea eficaz. Esto es importante en un país en el que seguimos conociendo día tras día que determinados Gobiernos utilizaron los instrumentos no para beneficio público, sino para el saqueo de las arcas públicas en beneficio de intereses partidistas y privados. Es importante que dejemos esa cultura política de la corrupción atrás y que dediquemos los recursos públicos - que también son escasos - a aquello que es más importante. ¿Y qué hay más importante en una sociedad democrática que proteger a los que más lo necesitan? Creo que ese es el fundamento de una democracia bien entendida, una democracia sustantiva que entienda que un gobierno de un país no puede permitir que haya sectores sociales sin acceso a bienes y servicios fundamentales que garantizan un derecho a la vida digna. El Derecho a la vida digna tiene que ser garantizado y, por lo tanto, los poderes públicos necesitan los instrumentos. Quiero dar las gracias a todos aquellos grupos parlamentarios que van a convalidar este real decreto y anunció que, por supuesto, desde este ministerio entendemos que tiene que ser tramitado como proyecto de ley para la mejora de su contenido por el resto de grupos parlamentarios. Agradezco que sigamos pensando en estos términos para proteger a nuestra población, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nosotros mismos. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. [[Aplausos]]
Gracias, presidente. Señor ministro, nos trae en el día de hoy la convalidación del Real Decreto 1/2021, de 19 de enero, de protección del consumidor y usuario frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Una aprobación que se produce, eso sí,escasas semanas después del Real Decreto 37/2020, que también modificó la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, pero que en este caso, curiosamente, es utilizado para modificar aquel, y que, como ya expusimos, se convalidó en esta Cámara la semana pasada en unos términos que ya habían sido modificados y cambiados por el propio Gobierno. Confuso, kafkiano diría yo, pero cierto. Nuestra primera valoración pudiera quedarse en una mala técnica legislativa, pero estaríamos pecando de ingenuos tratándose de la coalición socialista y comunista del PSOE y Podemos. Señor ministro, seamos sinceros. A la vista de que el decreto se limita a crear la figura del consumidor vulnerable pero no recoge ninguna medida concreta, establece un concepto pero sin ninguna efectividad real, que es como no decir ni hacer nada, queda al descubierto que usted realmente quería traer las disposiciones finales y, más concretamente, la disposición final primera, a través de la cual usted lo que modifica es el Real Decreto-ley 11/2020, para dar protección a los okupas. Y para ello, lo que necesitaba usted era un real decreto que estuviera bajo sus áreas. Por tanto, nada hay más vulnerable para un consumidor que estar bajo sus competencias. [[Aplausos]] ¿Y por qué? Porque será utilizado por usted,cuantas veces sea necesario, con el objetivo de aprovechar los reales decretos de su irrelevante ministerio para modificar normas que dependen de sus socios; en este caso, para avalar las ocupaciones ilegales como aperitivo a la ley intervencionista y comunista de vivienda que ustedes pretenden y que el ministro Ábalos y el PSOE les dejarán hacer y deshacer, como ocurre con este decreto y como ya ha ocurrido con la abstención del PSC en las aprobaciones por el independentismo de los decretos-leyes inconstitucionales de Cataluña, auténticos manuales de okupación que ustedes copian con precisión pero que adolecen de la misma inconstitucionalidad. Señor ministro, déjese de demagogia para amparar la okupación y convertirla en un mecanismo más de acceso a la vivienda y que oficializa la premisa del buen comunista: comprar, alquilar u okupar. No engañen con las palabras. Un consumidor vulnerable no es un okupa, una persona que está en situación de desahucio no es un okupa. No se amparen en las personas vulnerables y en la dramática situación sanitaria, social y económica que vive este país y que padecen millones de españoles para dar Carta blanca a la okupación. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable, se le protege. [[Aplausos]] Eso es un desalojo, la recuperación posesoria de un bien que pertenece a otra persona física o jurídica. En este país se ocupan cuarenta viviendas al día y los únicos beneficiarios de normas como esta serán las mafias y los okupas, ni más ni menos. Del mismo modo, señor ministro, que los grandes tenedores de los que ustedes siempre hablan son 4 millones de pequeños ahorradores, en muchos casos pensionistas, pequeños inversores que, por ejemplo, han invertido 15.000 euros de su fondo de pensiones en sociedades con viviendas, o los 2,3 millones de españoles pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquiler en las declaraciones de la renta, porque tributan por esta rentas, lo que da una idea de la importante magnitud del número de propietarios que hay en España. Seremos el Gobierno que no hace otra cosa que trasladar vergonzosamente sus propias responsabilidades a la ciudadanía. Lo que tiene que hacer son sus deberes e impulsar la construcción de vivienda pública o adquirir inmuebles de titularidad particular con la finalidad de aumentar la vivienda asequible. Este decreto en materia de vivienda tiene dos paquetes de medidas y cada uno de ellos conlleva un ataque directo a la propiedad privada y a nuestros derechos fundamentales constitucionales, por lo que no va a contar con nuestro respaldo. El primero de ellos es la expropiación del uso temporal de una vivienda ante un procedimiento de impago sin compensación, como una medida para detener los desahucios por impago de alquiler. Y el segundo es la legalización u oficialización de la okupación de la vivienda. Este, señorías, es un debate importante de fondo para nuestro modelo de convivencia que ustedes quieren cambiar para devolvernos al marxismo y que desde el Partido Popular afrontamos para defenderlo. Un Estado liberaltiene cuatro valores fundamentales: la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad privada. La propiedad privada, fruto del esfuerzo individual del individuo libre. Sí, esfuerzo y hombres y mujeres libres, algo que ustedes quieren borrar llevándonos hacia la colectivización. Pero por ahí no vamos a pasar. En ocasiones como esta, cuando tenemos que interpretar las normas jurídicas, debemos también recurrir a los propios autores que en otros momentos dieron vida a estas leyes. Por eso, quienes formamos parte de este poder del Estado y tenemos encomendada la enorme responsabilidad de hacer leyes o de convalidar sus decretos para que se conviertan en leyes, debemos reconocer el legado de grandes legisladores del pasado y leer con atención los motivos que les impulsaron a proteger nuestros derechos para consagrar una democracia liberal, que es lo que tenemos en este país, entre ellos el derecho de propiedad que este real decreto pone en cuestión. Decía Portalis, uno de los tres redactores del Código Civil francés, en el año 1804, en la exposición preliminar que leyó ante el Consejo de Estado en el proceso de aprobación de la misma norma, que el hombre nace con necesidades. Debe poder alimentarse y vestirse, tiene derecho, por tanto, a las cosas necesarias para su subsistencia y conservación. Y ese es el origen del derecho de propiedad. Nadie habría plantado, sembrado o edificado si a cada individuo no se le hubiera garantizado la pacífica posesión de su territorio. En estas palabras, señorías, escritas hace más de doscientos años, pero en plena vigencia, se enlazan dos conceptos que son inseparables: la seguridad jurídica y la propiedad privada, que desde el Gobierno se atacan con este decreto, ataque al que nosotros nos oponemos. Nuestra Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica en su artículo 93, que no tengo ninguna duda de que usted conoce bien, y el propio Tribunal Constitucional ha definido este principio con precisión. La Seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Y, sinceramente, este real decreto si algo tiene es confusión para generar inseguridad jurídica a los españoles. Por otra parte, además del Código Civil, la propia Constitución recoge, efectivamente, en el artículo 33, el derecho a la propiedad privada. Por supuesto que el actual derecho de propiedad tiene que ser visto a la luz del Estado social ydemocrático de derecho, no puede ser de otra manera, pero por eso la propiedad que lleva aparejada esa función social debe garantizarse usted, el Gobierno, y no los ciudadanos y los propietarios, como ustedes pretenden. Esa función no significa que se pueda despojar al propietario de sus derechos. Un buen ejemplo de ello es que ni siquiera las administraciones cuando ejercen la potestad expropiatoria pueden hacerlo sin pagar al legítimo dueño el justiprecio y las demás indemnizaciones, cosa que, como ustedes hacen y establecen en este real decreto, vulnera la propiedad privada. Y no solo se define ese derecho en las normas internas, también en el derecho internacional y queda protegido, por Por ejemplo, en el Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que lo establecen claramente en su artículo 1: 'Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional'. Un dato que muestra la relevancia de la inclusión de este derecho en el convenio es que el 20 % de las sentencias que son dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen como objeto la propiedad privada frente a las violaciones que sufre. Una de esas sentencias, la más relevante, es del año 1979, que concluye que el derecho a disponer de los bienes constituye un elemento tradicional y fundamental del derecho de propiedad. Pues bien, señorías, el mayor enemigo con el que cuenta el derecho a disponer de los bienes, de tus bienes fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, es el fenómeno de la okupación, el que ustedes quieren amparar y promover, paralizando cuando sea consecuencia de delito de usurpación y legitimando y permitiendo su okupación. Señorías, el Partido Popular siempre va defender el derecho de los propietarios frente a los ataques que reciben de algunos Gobiernos, tal y como lo hemos hecho con el recurso de inconstitucionalidad promovido por este grupo parlamentario en relación con el decreto-ley del Gobierno de la Generalitat 17/2019, de 23 de diciembre, y cuyo fallo declara la inconstitucionalidad y la nulidad de gran parte del articulado que fundamenta ese decreto y tal como haremos con este decreto frente al cual interpondremos el consecuente recurso de inconstitucionalidad. [[Aplausos]] Una norma que, al igual que esta que hoy trae el Gobierno de Sánchez a convalidación, no era otra cosa que un mecanismo opaco para consolidar la ocupación ilegal de viviendas en Cataluña, vulnerando el derecho a la propiedad y robando a los ciudadanos el derecho a que les proteja la ley. Señor ministro, la protección de la propiedad privada es una cuestión de principio para el Estado de derecho y para el patrimonio de los ciudadanos. Si no lo defiende usted como Gobierno, lo haremos nosotros y lo protegeremos desde el Partido Popular. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Pasamos al turno de fijación de posiciones. Interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón Ramos.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ya adelanto que vamos a votar favorablemente a la convalidación de este decreto-ley. Aborda tres cuestiones a las que no tenemos ningún reparo. La primera y principal es la definición del concepto de vulnerabilidad, que recoge disposiciones de una directiva europea, y el tratamiento provisional que hace para evitar los desahucios en esta época para los afectados de una manera especial por la crisis del coronavirus y, además, pasando por un juez. Creo que es oportuno, lo mismo que es oportuna la figura del decreto-ley porque en Cantabria teníamos que esperar para adaptar la ley autonómica de defensa de los consumidores o usuarios a una tramitación ordinaria, pero con esta modificación la mayoría de disposiciones tienen carácter básico y se pueden aplicar. Las disposiciones del dominio público hidráulico y de la ley de aguas son razonables, nos vienen bien a todos, lo mismo que el anexo, porque sirve para corregir errores que pueden ser excusables, pero que tienen unas consecuencias graves. Precisamente este anexo tiene un aspecto que afecta a Cantabria, especialmente al puerto de Santander, ya que se había quedado sin tasas y estaba en una situación muy difícil. Hoy, que hablamos de vulnerabilidad, quiero destacar también la situación de vulnerabilidad de los puertos españoles por causa del brexit, que están teniendo problemas muy graves y va camino de ir a peor si el Gobierno no pone reparo a estas cuestiones. En concreto, el puerto de Santander está mucho peor que la media y está muy afectado porque tiene un tráfico de ferries, de pasajeros y de mercancías considerable, que es clave en la actividad del puerto, al igual que el puerto también es clave en el peso que tiene en el PIB regional. Esta es una característica que hay que valorar a la hora de tomar medidas para luchar contra la crisis económica. Hay que apuntar a la diana y no al conjunto indiscriminadamente. Pasa lo mismo con las vacunas, donde creo que también se puede afinar bastante más a la hora de apuntar. Señor ministro, espero que desde el Gobierno valoren lo que decimos aquí, que no son solo discursos que hacemos para nuestros votantes, sino que esperamos que se cumplan porque si no, no quedamos satisfechos. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Sayas López.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor ministro, este decreto no se hace para favorecer a los consumidores vulnerables, este decreto se hace para poner un puente de plata a la okupación ilegal. Ese es el fin de este decreto y por eso no lo podemos apoyar, porque ustedes tienen tan pocos escrúpulos como Gobierno que no les ha importado nada utilizar la figura de los consumidores vulnerables, algo en lo que deberíamos haber estado de acuerdo todos los que formamos parte de esta Cámara si ustedes hubiesen buscado el consenso y no hubiesen utilizado un decreto que lleva el nombre de personas vulnerables, para poner una alfombra roja a los okupas. A los okupas hay que perseguirlos con la fuerza de la ley y ustedes lo que están haciendo es favorecerlos con el peso de los decretos del Gobierno. Eso es lo que están haciendo ustedes con un decreto como este. Está claro que a ustedes las personas vulnerables no les importan demasiado, y lo hemos visto en la ola de frío que hemos vivido recientemente en nuestro país, cuando la luz se ha incrementado un 30 %, y hemos visto a un Gobierno - que antes manifestaba su perplejidad porque Gobiernos anteriores no podían actuar cuando la luz subía un 10 %- cruzado de brazos y habiéndose olvidado de todo lo que venían a defender. Es obvio que ustedes no venían aquí a defender a la gente, ustedes venían a defender sus posiciones dentro del poder. Eso es lo que hemos visto continuamente aquí. Todos esos que decían antes que el Gobierno favorecía a las eléctricas cuando la luz subía un 10 %, o que el Gobierno era indecente porque subía la luz un 10% y no actuaba, me imagino que se considerarán hoy tres veces más indecentes que aquel Gobierno o tres veces más cercanos de las eléctricas que lo que estaba ese Gobierno al que criticaban, porque la luz ha subido exactamente tres veces más de lo que criticaban en ese momento. Al final estamos viendo cómo el Gobierno está continuamente trasladando sus peleas internas a rango normativo y están creando una inseguridad jurídica permanente, porque este decreto modifica otro decreto, nada menos que de un mes anterior. Ustedes están trayendo aquí cambios normativos mensuales y eso genera una enorme inseguridad jurídica. Esto demuestra que este decreto no trata de defender a los consumidores vulnerables, porque eso ya se regulaba también en el decreto dediciembre, sino que trata de poner blanco sobre negro una alfombra roja a la okupación ilegal, porque el Partido Socialista ha sucumbido a las tesis de Podemos. Eso es lo que sí trae este decreto. Nosotros estaremos siempre defendiendo a los consumidores vulnerables; amparando a la okupación ilegal, nunca. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, usted nos ha traído hoy para su convalidación el Real Decreto Ley de protección de los consumidores y usuarios ante situaciones de vulnerabilidad social y económica. Evidentemente, hay mucho que contar sobre este decreto,entre otras cosas, porque este decreto está dividido principalmente en dos partes. La primera, sirve - como ya se ha explicado - para introducir en la legislación estatal la figura estatal del consumidor vulnerable, y la segunda, sirve para, por medio de unas disposiciones finales, modificar, introducir y afinar una medida que contemplaba el Real Decreto 37/2020, ante la problemática de las familias económicamente vulnerables, objeto de desalojo de vivienda, así como otras modificaciones que poco o nada tienen que ver ni con el consumidor ni con la vulnerabilidad, sino que más bien se trata de ajustes, por una parte, de la ley de presupuestos en materias tan diversas como los puertos, la hidráulica o los vertidos. Vayamos al punto central de la cuestión, al que titula el propio decreto y al que el ministro ha hecho referencia: el consumidor vulnerable, que es la figura central y clave de este decreto. Una figura que tiene o puede tener varias características y no siempre las mismas, pero con el denominador común de la vulnerabilidad, principalmente objetiva y otras veces más subjetiva y condicionada. La Unión Europea, por medio de su Agenda del Consumidor, lo ha incluido y es la que ha recomendado, precisamente, que las legislaciones estatales incluyan este concepto en su legislación, tal y como lo ha hecho. Tal y como se explica en las características, ya en este caso, la vulnerabilidad no es solo un parámetro económico - que también lo es -, sino que hay otros factores que pueden hacer que un consumidor sea objetivamente vulnerable. En este sentido, compartimos los principios que radican en el argumentario y, como partido comprometido con la justicia social y la defensa del más débil ante cualquier situación, no podemos más que compartir esto que se indica en el preámbulo propio del decreto. Sin embargo, tiene ciertas complejidades y la modificación que se propone en el artículo 3 a la Ley General para la Defensa de los Consumidores deja una definición excesivamente abierta. Ya se ha dicho, no compromete mucho, porque lo que hace es una especie de definición que dice exactamente: '... tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o'colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad'. Entendemos todos los conceptos, todas las palabras, todo lo que dice, pero la pregunta es: ¿y cuáles son esas características?, ¿y cuáles son esas circunstancias?, ¿y cuándo se produce la indefensión y la desprotección? Es decir, todos podemos tener un dibujo mental, perfectamente entendemos cuándo vemos que esto puede ser, pero un texto jurídico tiene que afinar más. Creemos que,entendiendo la figura de la vulnerabilidad, le falta concreción en algunos aspectos precisamente para que ese consumidor vulnerable goce de plena seguridad jurídica y para que una persona consumidora vulnerable no tenga ningún problema para definirse como tal ante cualquier autoridad competente, sea administrativa o judicial. En la presentación se explican las casuísticas que todos entendemos y compartimos: personas con discapacidad, personas de edad avanzada sin cultura digital, familias monoparentales, personas migrantes con problemas para entender una lengua,niños, adolescentes, personas con bajo nivel cultural. Evidentemente, no todas son iguales, pero cada una de ellas tiene diferentes vulnerabilidades ante ciertas contrapartes que sí conocen sus carencias. Por ello, estas personas pueden sentirse en inferioridad de condiciones a la hora de adquirir o comprar un producto de cualquier índole. Todo lo que conlleve a evitar que esta vulnerabilidad sea una ventaja para una de las partes será bienvenida por nosotros, pero hay que concretarlo. Precisamente a raíz de estas cuestiones le preguntaba yo a usted la semana pasada en su comparecencia en la Comisión qué piensa hacer para acabar con la semi impunidad de algunas compañías de servicios y superar la indefensión e impotencia que muchísimos usuarios sienten ante situaciones que ni comprenden ni aceptan, pero no se les da ninguna vía alternativa. Creemos que las medidas introducidas en este decreto dejan en un limbo jurídico la seguridad que se quiere dar. Nos parece que les falta rigor y determinación en muchos casos, por eso, pediremos la tramitación como proyecto de ley, para poder afinar todas estas cuestiones, porque consideramos que, efectivamente, existen consumidores vulnerables, y hay que tenerlos en cuenta. Por último, la disposición final es otro tema, pero ya que está, creo que hay que comentarlo, y algunos han hecho su discurso precisamente basándose en eso. Yo creo que la modificación del artículo 1 bis es un debate que ya se consumó la semana pasada, artículo que recoge la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.y 7.ºdel artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al que ustedes le incorporan la casuística de aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal. A su vez, le han añadido la letra c) en el apartado 7, que recoge el hecho de que la entrada o permanencia en un inmueble ocupado se haya hecho mediante intimidación y/o violencia sobre las personas. Entendemos que la situación de pandemia ha incrementado la dramática situación de personas y familias que de por sí estaban en situación de vulnerabilidad y hay que dar respuesta habitacional a las mismas - en eso no tenemos ninguna duda -,pero hay unos motivos que no compartimos que merecen una consideración favorable, y mi compañero Mikel Legarda la semana pasada lo dejó claro. No compartimos que una parte del coste de la solución habitacional se haga gravitar sobre el propietario de la vivienda que pretende el lanzamiento. Esta es una medida que desde una consideración de política legislativa no compartimos - y cito las mismas palabras de mi compañero -: 'El Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco comparte yapoya una política pública sobre las familias en estado de necesidad para que no queden en la calle en situaciones de pandemia, pero no podemos compartir que la alternativa habitacional se haga recaer en quien reclama la recuperación de su propiedad o derechos...'. Hay que solucionar ese tema, el de unos y el de otros. No puede recaer en el mismo lado siempre. Creo que eso también lo vamos a contemplar. Por último, quiero decir que un decreto es una herramienta importante, pero no puede ser un cajón de sastre. Por tanto, démosle forma. Este decreto debería haber sido de lo que debería haber sido y no de otras cuestiones, y menos para corregir y sustanciar errores que se hayan cometido en otros momentos. Votaremos a favor y votaremos a favor de que se convalide como proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Ya se ha dicho aquí que efectivamente nos encontramos ante un real decreto-ley que propone la modificación del Real Decreto-ley 11/2020, que se dio para proteger a colectivos vulnerables durante la primera ola de la pandemia. Nosotros votamos a favor de aquel Real Decreto-ley 11/2020, precisamente, por ese principio que compartimos de que nadie debe quedarse atrás y queriendo hacer política útil, salvar vidas y salvar empleos. Nos llama la atención que en aquel Real Decreto-ley 11/2020 el Partido Popular se abstuviera y, sin embargo, en el Real Decreto-ley 37/2020, que vimos el jueves pasado aquí, votará en contra cuando se trataba simplemente de adaptar el Real Decreto-ley 11/2020 a esta dramática tercera ola, suspendiendo simplemente los procedimientos de desahucio respecto a colectivos vulnerables. Este real decreto-ley salió adelante con el voto de Ciudadanos, era un real decreto-ley que entendíamos que establecía unos criterios de equilibrio muy razonables entre el propietario y la persona vulnerable del arrendatario. Se valoraba la vulnerabilidad también del arrendador, se acredita esta situación frente al juez y frente al letrado de la Administración de Justicia, establecen compensaciones para el propietario, que no podía ejercitar este derecho de desahucio, y lo más importante: no se permitía la paralización de los procedimientos de desahucio en los casos en los que la okupación del inmueble fuera delito,pero delito del artículo 245 del Código Penal, relativo a la usurpación de bienes inmuebles. Por tanto, había un cierto equilibrio. Ya se ha dicho aquí, este real decreto-ley que hoy traen aquí - y no confundamos los dos debates, el del Real Decreto-ley 37/2020 con este - cometer la tropelía de justificar uno de los supuestos de ocupación, como esta vez sí acierta el Partido Popular en su discurso, que es la verdadera razón de este real decreto-ley. Señor Garzón, la definición de colectivo vulnerable o el elenco de derechos que se contiene en el artículo 8 de esta ley son inútiles porque son las comunidades autónomas las que ya han definido ese concepto de colectivo vulnerable y han establecido una relación de derechos en relación con ese colectivo, pero derechos de verdad, no esas cosas genéricas y programáticas que incluye usted en este real decreto-ley y que solamente utiliza como excusa para que a los que votemos en contra nos diga usted que no queremos apoyar a los colectivos vulnerables. No incurra en ese razonamiento pueril porque mi grupo votó a favor del Real Decreto-ley 37/2020 y está en vigor, decreto ley que sí que protege de verdad a los colectivos vulnerables, y a la vez a los propietarios, no como este Real Decreto Ley 1/2021. ¿Por qué? Porque el artículo 245 del Código Penal, que recoge el delito de usurpación de bienes inmuebles, tiene dos párrafos: el primero, hace referencia a cuando se accede a la vivienda con violencia o intimidación - aspecto que no han sido capaces ustedes de legitimar porque ya sería el colmo -, pero además tiene un párrafo segundo que dice: 'El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular...'. Sin embargo, para usted esto es legítimo, algo que el Código Penal en su artículo 245 dice que es delito. Dice usted que no se puede expulsar a la calle a este señor, que se mantiene en propiedad ajena contra la voluntad del propietario sin violencia y sin intimidación. ¡El Estado está protegiendo al delincuente frente al propietario legítimo del bien inmueble! En mi vida de jurista he visto semejante disparate. [[Aplausos]] Para que usted lo entienda le voy a poner el siguiente ejemplo. Esto no es más que un hurto de uso del bien inmueble porque a mí, que soy el propietario, no me dejan usar el inmueble. Va usted por la calle - imagínese que es un bien mueble-y un ladrón le roba su cartera al descuido, sin violencia, sin intimidación. Un policía sale corriendo detrás de él, lo captura y le dice: Devuelva al señor Garzón la cartera que le ha robado. Y este le contesta: No, estamos en pandemia y soy un colectivo vulnerable, no tengo que devolverla. Y usted responde: Pero si la cartera es mía... Pues esto es lo que han hecho ustedes con los bienes inmuebles en este Real Decreto-ley 1/2021: no hay que devolver la posesión del bien inmueble al legítimo propietario. El problema de la okupación se resuelve con la propuesta que ha hecho Ciudadanos en su ley, que es un procedimiento rápido de desalojo, una lucha eficaz contra las mafias, procedimientos que a su vez también protejan a los colectivos vulnerables mediante el aumento del fondo social municipal de la vivienda. Los municipios tienen que construir viviendas sociales, tienen que dar soluciones habitacionales, pero no nos hagan caer en la falsa disyuntiva de que la única posibilidad de proteger a los colectivos vulnerables es la okupación de la propiedad que pertenece legítimamente a otra persona, porque entonces convierten en vulnerable al propietario, desequilibran la balanza. Hay otras soluciones. He leído en un artículo de prensa que este es un problema que afecta especialmente a Cataluña. Me permitirá usted que en las fechas en las que estamos haga especial hincapié en que en Cataluña se sextuplican las okupaciones respecto a Madrid y se triplican con respecto a Andalucía. En la calle Fonollar, número 10, de Barcelona, se encuentra la Oficina del Okupa. Metanse en la página web y verán que ahí, si ustedes de mayores quieren ser okupas, tienen una serie de importantes consejos para que no les desocupen. Y usted apoya esto, les está apoyando. Ustedes son favorecedores de la okupación y a nadie le sorprende, pero lo que sorprende es que estos señores [[señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista]]admiten esto. Se han convertido en negacionistas de la okupación. Dicen que otros grupos niegan la violencia de género, el cambio climático e incluso que exista un virus, pero ellos niegan la okupación, dicen que no es un problema importante. ¿Saben por qué? Porque en Barcelona, que es la ciudad más castigada por la okupación, el fenómeno sobre todo tiene lugar en el cinturón rojo de Barcelona. Sin embargo, estos señores y ustedes deben vivir en barrios mejores, en chalets grandes, porlo que no sufren la ocupación ni la ven y, por tanto, la niegan. Es lamentable, absolutamente lamentable, y es inmoral, absolutamente inmoral, proteger a un delincuente frente a la víctima de un delito. La propiedad privada no es un delito, pero incluso sabiendo que ustedes no admiten la propiedad privada, ¿también han cometido un delito los vecinos que tienen que vivir con okupas que les destrozan la convivencia de la comunidad de propietarios, con la inseguridad de qué pasará con sus hijos cuando salgan al descansillo? ¿Ellos también han cometido un delito? ¿Por eso protegen ustedes a delincuentes? Le digo más: es ilegal porque el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a reparar los efectos del delito. No puede ser que el Estado legitime los efectos de un delito protegiendo al delincuente y castigando al legítimo propietario. Déjense ya de demagogia, dejen ya de proteger a los delincuentes, no les quiten las viviendas a las personas a las que tanto trabajo tanto esfuerzo les ha costado comprar.
Señoría, debe terminar, por favor.
Termino, señor presidente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Señor ministro, el real decreto que nos trae a convalidar introduce el concepto de consumidor vulnerable dentro de la legislación vigente en materia de personas consumidoras y usuarias, precisión que a nuestro juicio es necesaria y que servirá de base a futuros desarrollos normativos y entendemos también que de gestión más adecuada de diferentes políticas de protección social. Más dudosa es la necesidad de hacerlo vía decreto-ley, una forma de legislar a la que este Gobierno parece estar mal acostumbrado. Coincidimos en gran medida con el análisis que se realiza de la situación en el preámbulo de la norma y, particularmente, en el hecho de que es imprescindible dar mayor protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero no debemos olvidar que, aunque la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica que se ha derivado de la misma han venido a agravar drásticamente muchas situaciones extremas, la precariedad y la vulnerabilidad social ya existían con anterioridad y, sino se aplican las políticas adecuadas, continuarán haciéndolo posteriormente. En este momento y mientras duren las restricciones se prohíben los lanzamientos, ejecuciones hipotecarias o cortes de suministros. Nos parece bien, pero ¿qué sucederá cuando la situación epidemiológica se normalice? La crisis económica continuará ahí y seguramente habrá más personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en esos grupos y colectivos que acaban pagando los reveses de las políticas económicas que no están pensadas precisamente para las mayorías sociales y los pueblos. Las personas mayores deberán estirar sus pensiones para llegar a final de mes o para ayudar a mantener a sus hijos y nietos en paro. Una vez finalice la vigencia de los ERTE, seguramente, el desempleo sufrirá un incremento general y serán con seguridad las mujeres, como es habitual, las que más lo padecen como consecuencia del mayor índice de temporalidad y precariedad laboral. Para todo esto, ¿qué propone el Gobierno? Entendemos que atajar la crisis sanitaria es prioridad en este momento y que deben atenderse sus peculiaridades, pero si no se pone remedio, toda esta legislación ad hoc desaparecerá y volveremos a la situación anterior, aunque con una mayor crisis económica y, por tanto, con mayores consecuencias sociales. Y la pregunta es: ¿qué bases está poniendo el Gobierno para evitar que esto suceda? Sinceramente, nos preocupan especialmente algunas políticas que se anuncian o perfilan, nos preocupa que empeoren aún esta situación, pues si deben aplicar las viejas recetas liberales para recibir los fondos europeos, acabaremos viendo cómo el sistema público de pensiones es la moneda de cambio para que las grandes empresas del Estado, incluidas las del IBEX 35, puedan recibir una gran inyección económica a costa de nuevos sacrificios sociales. En fin, votaremos a favor, pero estamos constatando reiteradamente que este Gobierno siempre se queda a medias cuando se trata de políticas de protección social - no digamos ya transformadoras?- y, por el contrario, es muy sumisa frente a los intereses de las grandes corporaciones. Su actuación, señor Garzón, con las casas de apuestas no es la mejor carta de presentación si quiere convencernos de lo contrario. Obrigado.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Gracias, presidente. Señor ministro, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de regular el concepto del consumidor, el usuario y la persona consumidora vulnerable. Nos parece normal, nos parece aceptable y nos parece necesario. Pero es verdad que las consecuencias de este concepto no están lo suficientemente explicitadas en el real decreto-ley. Por eso, nosotros también vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley y, como usted lo ha anunciado, así va a ser. En todo caso, nosotros no vamos a votar favorablemente este real decreto-ley por dos razones, porque más allá de esta inconcreción, que se podrá subsanar en el procedimiento legislativo, las disposiciones finales de este real decreto-ley-dos de ellas - como mínimo son curiosas. Con la disposición final primera nosotros no estamos de acuerdo. Mediante este real decreto-ley modifican el Real Decreto-ley 37/2020, antes de que se haya procedido a su convalidación en este mismo Congreso. Además, lo modifican en un concepto con el que nosotros no estamos de acuerdo porque suspenden los desahucios en el caso de que se hayan producido mediante algunos delitos. En algunos delitos mantienen la no suspensión y en algunos delitos mantienen la suspensión. Si ustedes normalizan que cometer determinados delitos es aceptable, que es lo que están haciendo con esta modificación, sean honestos y valientes y modifiquen el artículo 245 del Código Penal. Plantéalo aquí y vean si hay mayorías o no, pero no vayan por la puerta de atrás. Otra cosa que puede parecer anecdótica, pero que transmite la falta de consideración de este Gobierno en relación con esta Cámara, es lo que están haciendo con la disposición final segunda. La disposición final segunda, punto primero, con el que nosotros también podemos discrepar, responde a lo siguiente. Le voy a dedicar dos minutos o un minuto veinticinco para que lo entiendan. Esta Cámara tramita los Presupuestos Generales del Estado, con una disposición adicional sexta, y elmismo día que el Senado los aprueba el Gobierno aprueba un real decreto-ley con un contenido similar pero diferente al de dicha disposición, pero no suspende la disposición adicional sexta de los Presupuestos Generales del Estado, sino que utiliza un real decreto-ley posterior, este, que rectifica el Real Decreto 36, aquel que la semana pasada fue aprobado aquí con la derecha acomplejada de VOX absteniéndose. Este real decreto-ley, que modifica los Presupuestos Generales del Estado, acaba siendo subsanado por el real decreto-ley que hoy convalidamos. Algún día alguien estudiará esto en relación con cómo no se deben hacer las leyes y a tener un mínimo respeto a la Cámara parlamentaria. Si entienden que tienen que modificar los Presupuestos Generales del Estado, como mínimo explíquenmelo a todos los que los han apoyado. En todo caso, nos vamos a abstener y vamos a intentar ampliar algunas cuestiones en cuanto al concepto de...
Señoría, debe acabar, por favor.
Termino, señor presidente. ... consumidor vulnerable y modificar la disposición final primera. Muchísimas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas. No consigo leer nunca nada de lo que me preparo porque con el transcurso de las discusiones debo modificar siempre lo que les iba a decir. Traen un decreto ensaladilla, un decreto que tiene un poquito de todo. Tiene la definición de lo quees un consumidor vulnerable y sepa que es una definición que nos parece correcta por omnicomprensiva porque de alguna manera recoge muchas situaciones que no estaban contempladas, lo único que pasa es que nosotros con la legislación estatal básica ya sabe que nos llevamos mal porque consideramos que siempre la aplican excesivamente. Vamos a ver luego cómo se concreta y qué respeto tiene por las normativas nacionales de dentro del Estado. Desde esta perspectiva, saludamos también la incorporación de los conceptos de la nueva Agenda del Consumidor europea. Lo cierto es que no vamos a entrar en la modificación de los precios básicos del canon de control de vertidos del texto refundido de la Ley de Aguas ni vamos a entrar en la modificación de los Presupuestos Generales del Estado, que ciertamente hace nada que aprobamos, pero sí vamos a entrar en el tema de los desahucios. Y vamos a entrar diciendo que demagogia es decir que un día vas a salir de casa y cuando llegues tela habrán ocupado y que este texto lo permite. Eso es demagogia. [[Aplausos]] Demagogia es decir que te va a pasar en la segunda residencia, porque este texto también lo prevé y no puede ser. Y demagogia es hablar sobre Barcelona, donde tenemos más desahucios que en ninguna parte y seguramente más okupaciones, pero es que, señores, el precio de la vivienda y el desastre en que nos han sumido sus leyes sobre vivienda hace que la presión en Barcelona sea brutal. Yo soy de ese cinturón rojo,yo vivo en El Carmel, ¿y saben qué pasa con las okupaciones? Que quien defiende a los okupas son los vecinos porque son ellos los que ocupan. Ocupan porque no hay manera de acceder a una vivienda con esos títulos válidos en derecho de arrendamiento o de propiedad, porque hay clases populares que no tienen acceso a la vivienda. Esos mismos vecinos defienden a los okupas y son los okupas. Hay una red de solidaridad entre todos ellos y no se merecen sentir que están delinquiendo porque no están okupando pisos utilizados, porque la función social de la propiedad ustedes la olvidan continuamente y porque ciertamente - debo decirlo - se mantienen bien para tener doscientos años, que son los argumentos que traen a esta Cámara; se mantienen muy bien. [[Aplausos]] Cierro. Hay un tema que no puedo obviar porque además se ha hablado. Ustedes, esta Cámara, no respetan en absoluto la legitimidad de las cámaras escogidas y votadas por los catalanes. [[Rumores]] Es cierto. Nos hemos dotado de una batería de leyes que garantizan la vivienda para nuestros ciudadanos y ustedes se creen con derecho de llevar todo al Constitucional para que lo anulen. Pero ¿saben qué pasa? Que la realidad social de Barcelona y de Cataluña responde a una ciudadanía, a una sociedad que está de acuerdo con esos presupuestos, y se les debería caer la cara de vergüenza, siendo minoritarios allí, de llevarlo todo sistemáticamente y siempre al Constitucional. No tienen ustedes ningún derecho a hacerlo. [[Protestas]] Sí, claro, tienen el derecho formal.
Silencio, por favor, silencio.
Pero ¿saben qué pasa? Que entre derecho formal, derecho sustantivo y legitimidad están logrando que no haya ninguna coincidencia, y eso es dramático para las instituciones. Termino rápidamente diciendo que, efectivamente, nuestro Gobierno, nuestro Parlamento, hicieron una ley de defensa de la vivienda con unas medidas urgentes porque hacían falta. Legislamos de acuerdo con las problemáticas que hay en las calles, en los pueblos y en las comarcas, no de acuerdo con los intereses privados de las élites que tienen esas propiedades que efectivamente no utilizan y que efectivamente se ocupan. [[Aplausos]] Como decía, es lamentable saber que todo aquello que hagamos por nuestra gente se va a encontrar con el Gobierno o con los grupos parlamentarios, que lo van a llevar al Constitucional y ¿saben qué pasa? Que el árbitro está pagado y que es un partido que no podemos jugar en las mismas condiciones. Ante eso, solo tenemos una alternativa para sobrevivir: se llama autodeterminación e independencia. [[Aplausos]] Y me sabe mal tenerlo que decir en un decreto sobre consumidores y sobrevivencia, porque al final no todo se soluciona con eso, pero la falta de respeto a nuestras decisiones, a nuestro autogobierno y a nuestra existencia hace que esa sea la única solución. Quería hablar de consumidores, quería hablar de vivienda y me han hecho hablar de nación. No me gusta, pero no hay otro remedio. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El Grupo Confederal celebrará, obviamente, la aprobación de este real decreto y espera y desea su convalidación hoy en esta Cámara. Como ha explicado muy correctamente el ministro Garzón, una de las modificaciones más importantes que se introducen en este real decreto-ley es la ampliación de la descripción de la figura legal del consumidor vulnerable más allá de lo estrictamente económico. Esta modificación era necesaria; no solo necesaria, era urgente, porque debemos corregirlas disfuncionalidades del mercado, en este caso las asimetrías de información, que producen situaciones desventajosas para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sabemos que las empresas no son malas de por sí, que hay empresas que son social y ambientalmente responsables, pero también tenemos ejemplos, demasiados, en que no es así, ejemplos de engaños, de verdades a medias, de ocultación de información y, en definitiva, de abusos por parte de empresas que se aprovechan de la situación de inferioridad en que nos encontramos a veces las personas. Y digo expresamente 'a veces nos encontramos', en primera persona del plural, para remarcar que los efectos de este real decreto-ley son beneficiosos para cada uno y cada una de nosotros y nosotras, y también, y lo siento, para quienes vais a votar en contra, y miró a la derecha catalana y a la derecha española. A aquellos que tanto dicen que se enorgullecen de defender a todos los españoles - españoles,vascos, catalanes, andaluces, como cada uno se sienta - les diré que votar en contra de ese real decreto es ir en contra de los españoles, es ir en contra de los catalanes. [[Aplausos]] Esto es importante porque lo que estáis haciendo los derechazos es querer identificar el concepto de vulnerabilidad desde un punto de vista liberal, pero lo equiparan a una situación peyorativa y culpabilizadora. Digo peyorativa porque, como en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, y más adelante en nuestro país - por cierto, en Inglaterra nos llevan mucha ventaja en el estudio de las clases sociales -, las personas desarrollan actitudes con consecuencias legislativas para no identificarse con la clase trabajadora porque la consideraban portadora de males. Ustedes quieren hacer lo mismo con las situaciones de vulnerabilidad; quieren pensar que las personas en situación de vulnerabilidad son los vagos y los maleantes, pero, no se equivoquen, ustedes también pueden estar en situación de vulnerabilidad. Y les decía que culpabilizadora, y esto es por sus orígenes católicos y también liberales; por ejemplo, ustedes dicen que si alguien no tiene luz la responsable es esa persona, que esa persona está haciendo algo mal, aunque saben que no es así, aunque todos sabemos que la responsabilidad es, por poner un ejemplo, de Endesa. La señora Gamarra - que no está aquí - hablaba antes de socialismo, de comunismo. Aprenda, señora Gamarra - no está aquí, pero se lo van a contar sus compañeros -; tendría usted que aprender algo del socialismo, del liberalismo. Yo le voy a hablar de las bases, en teoría, del liberalismo, y el liberalismo dice que el bienestar es fruto del esfuerzo; luego, por contra, si estás en una situación de malestar es que no te esfuerzas, que eres un vago - un vago y un maleante, ¿les suena, por cierto?-. Pero no voy a entrar aquí porque con la argumentación que ustedes hacen - errónea - todo esto queda despojado de cualquier atisbo de realidad; laspersonas no solo somos fruto de nosotras mismas, sino también de la sociedad, del entorno en el que vivimos, y en este sentido el real decreto-ley define la vulnerabilidad como es, una situación en la que nos encontramos no solo por nuestros actos sino también por la sociedad en la que vivimos. Había un vacío legal y era urgente esta definición, en el sentido de la Unión Europea. Este real decreto no solo habla de las situaciones de vulnerabilidad en general sino que también se refiere a una específica durante el estado de alarma, y es la situación de las personas que no pueden acceder a una vivienda. Y no solo lo hace el real decreto-ley, señores, resulta que también lo hace la Constitución. Yo les pediría a los servicios del Congreso que les pudiesen dar una Constitución nueva a los señores del PP porque la tienen rota; ¿dónde tienen ustedes el artículo 47? El artículo 47 dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. ¿Ustedes tienen solo las páginas de la propiedad privada? ¿Dónde está el derecho a la vivienda? Por favor, adquieran una Constitución nueva y luego podrán hablar con propiedad. Ustedes dicen que lo que hace este real decreto es dejar que la gente ocupe, pero es que la gente no okupa. A ver, haberlos haylos, claro que hay gente que okupa, pero son los pocos. La gente, las personas a las que se refiere este real decreto son las personas con vulnerabilidad. Ustedes van a votar que no porque tienen miedo, desde su sentido ya no solo liberal sino también neoliberal, de perder el capital que ustedes acumulan, su primera, su segunda, su quinta residencia, peores que este real decreto no va por aquí, va de garantizar que nadie se queda en la calle. Si ustedes tienen miedo de que les ocupen un piso, imagínense lo que es el miedo de estar en la calle. No confundan a las personas porque este real decreto no va por aquí. No permite a la gente robar ni ocupar las viviendas. En el tiempo que me queda. Señor Bal, usted ha dicho que en su trabajo como abogado nunca había visto una cosa así, pues acostúmbrese, porque está delante de un Gobierno progresista y cosas como esta, que garantiza el derecho de las personas, las va a ver muy a menudo. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, es miserable cómo aprovechan la trágica situación que nos está dejando esta pandemia y las consecuencias de la deleznable gestión que está llevando a cabo este Gobierno para imponernos su agenda comunista. [[Aplausos]] Ustedes, los que venían a asaltar los cielos, han acabado asaltando a los españoles; por cierto, incluida la condonación de los 64 000 millones de euros con los que el Partido Popular rescató a las cajas, saqueadas por políticos y sindicalistas. [[Aplausos]] Políticos y sindicalistas que no sabían ni leer un balance; hijos del bipartidismo. ¿Recuerdan cuando prometían en campaña que cuando gobernaran iban a recuperar hasta el último céntimo y dárselo a las familias? Pues lo que han hecho es ser cómplices de aquel saqueo, porque les han perdonado. Les han perdonado la deuda a las cajas; es decir, a sus amigos. ¿Escudo social dicen? Escudo social para la única industria que crece, la industria política, y escudo social para los delincuentes. Nos presentan un real decreto-ley de - cito textualmente - protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Entre las definiciones que hacen de consumidores vulnerables citan a las mujeres, per se, como si las mujeres fuéramos idiotas por ser mujeres. En fin, lo de siempre. [[Aplausos]] Este real decreto-ley es inconstitucional por dos motivos. Primero nos tratan de meter de soslayo un precepto que nada tiene que ver con su título, vulnerando así el artículo 86 de la Constitución, que regula los reales decretos-leyes. No pueden decir que vienen a hablar de la protección a consumidores vulnerables, como las personas mayores, y terminar protegiendo a los malhechores que ocupan sus hogares. Por otro lado, atenta frontalmente contra el artículo 33 de la Constitución, el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental en democracia; es más, sin propiedad no hay democracia. Expropiar las viviendas de los españoles para dar cobertura a los okupas es lo que ustedes entienden como escudo social. Señor ministro, el 95 % de las viviendas en alquiler están en manos de propietarios privados, ni fondos buitre ni historias; son sus ahorros, su esfuerzo, el pequeño fondo de pensiones que tienen las familias para completar sus rentas. Y en España faltan 2 millones de viviendas de alquiler social [[aplausos]] solo para llegar a la media de Europa. Pero no se queden en las casas, no son 2 millones de casas, son 2 millones de familias a las que el Estado debería estar dando una solución. El que sean ustedes incapaces de dar una solución no quiere decir que tenga que ser a costa de la confiscación de los bienes y ahorros de los españoles, que tanto han sufrido para conseguir sus bienes. Ustedes pretenden que sean los españoles los que soporten el coste de sus nulas políticas sociales, que sigan pagando el IBI, la comunidad y las derramas, y que los okupas, a quienes ustedes protegen - sus niños -, destrocen sus viviendas, arranquen sus cocinas, arranquen sus sanitarios, que las comunidades de vecinos sufran con impotencia que vandalicen sus portales, que vandalicen sus zonas comunes, que se enganchen a sus suministros y que monten narcopistas en sus bloques. [[Aplausos]] Pero, cómo no, los chavistas se ponen siempre del lado oscuro y los Socialistas, o tragan para mantenerse en las poltronas, o ya han sido abducidos por sus políticas 'comunitarias'. Usted, señor Garzón, ha calificado el turismo como precario y de bajo valor añadido. ¿Va a añadir valor al turismo metiendo okupas en los hoteles? [[Aplausos]] La industria del turismo en España, señor Garzón, es un referente a nivel mundial gracias a nuestro inmenso patrimonio histórico y cultural, a nuestras playas, a nuestros montes, a nuestro clima, a nuestra rica gastronomía y sobre todo a los grandes profesionales que tenemos en turismo. [[Aplausos]] Alumnos de España y de toda Europa vienen a formarse en nuestras escuelas, vienen a formarse en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, en nuestros bares, en nuestras cocinas; desde camareros a gestores. Sabemos que usted frecuenta solo hoteles de cinco estrellas, pero le sugiero que vaya usted a un hotel de tres estrellas en cualquier punto de España y a un hotel de tres estrellas en cualquier otro punto del mundo, y luego compare el nivel de instalaciones y compare el nivel de servicios. [[Aplausos]] Pero, lejos de ayudar a esta industria, de la que viven 3 millones de familias que ahora están en la ruina, usted la demoniza y desde su ministerio se ocupa de los okupas, eso sí, los okupas que no hayan ejercido violencia sobre las personas, porque los que revientan puertas y destrozan casas, esos son bienvenidos. El Gobierno de Francia acaba de aprobar el procedimiento para el desalojo de okupas en cuarenta y ocho horas; esto lo hizo el viernes pasado y es lo que defiende VOX: a los okupas, patada en el trasero. O sea, ¿Macron es facha? ¿Sabe usted quiénes son los consumidores vulnerables? Aquellos que son engañados cuando compran un producto y, en su caso, sus votantes, los trabajadores, las clases más vulnerables y las clases medias, a quienes han venido a expoliar, a mantenerles donde están sin dejarles la oportunidad de crecer manteniéndose en el mínimo, impidiendo su crecimiento, diciéndoles que su mérito y su capacidad de esfuerzo no les van a llevar a prosperar. Porque ustedes lo que quieren son siervos; quieren consumidores vulnerables y que sean eternamente vulnerables. Pero, claro, se ha metido usted en un edificio que no es suyo, utiliza y gasta recursos que no son suyos y los utiliza como si fueran suyos creyéndose que son suyos. Usted es la perfecta definición de lo que está definiendo, usted es un ministro okupa. [[Aplausos]] Y los okupas lo que consumen es la propiedad ajena.
Señoría, debe finalizar, por favor.
Ya termino, señor presidente. Este real decreto es un dislate y si prospera esta salvajada legislativa desde VOX la recurriremos ante el Tribunal Constitucional, porque en VOX siempre estaremos del lado de la ley y el orden, siempre estaremos del lado del trabajador,siempre estaremos del lado de las familias; en VOX siempre estaremos del lado de los españoles. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, ministro. Señorías de VOX, se empieza diciendo que el ministro es un okupa y esas declaraciones acaban ocasionando que al final se termine por ocupar la sede del Congreso por creer que está ocupada de forma ilegítima, deslegitimar las instituciones. [[Aplausos]] Bienvenido, señor ministro, un ministro legítimo, elegido por todos los españoles, recuérdenlo. Señorías, la protección de las personas consumidoras vulnerables requiere de la adopción urgente de la medidas contempladas en este real decreto, y lo saben, claro que lo saben, eso es lo grave, saben perfectamente que nos lo debemos y se lo debemos a la ciudadanía española, porque si bien es cierto que antes de la pandemia la demanda social en la regulación del concepto de persona consumidora vulnerable ya existía, en estos momentos se hace más necesario que nunca, ya que las situaciones de restricción de movilidad, aislamiento, enfermedad u otras medidas destinadas a la contención de la pandemia están causando una especial vulnerabilidad de las personas consumidoras y usuarias, que antes no lo eran o bien lo eran y ahora, como consecuencia de la crisis, esa situación se ve agravada. Miren, la regulación de la figura del consumidor vulnerable, que es lo que fundamentalmente hoy sometemos a convalidación, ha sido impulsada políticamente por el Congreso en varias ocasiones a instancias del Grupo Socialista, la primera en XII Legislatura, y con posterioridad en esta misma legislatura mi grupo presentó y sometió a debate en Comisión una iniciativa para instar al Gobierno a regular y dotar de mayor protección a los consumidores vulnerables. Pero ¿por qué? Pues miren,en primer lugar porque es urgente terminar con un vacío legal de nuestra normativa estatal, como era la inexistencia del reconocimiento legal de la figura de la persona consumidora vulnerable, y, en segundo lugar, porque la normativa europea también nos obliga a proteger a las personas consumidoras incorporando los mandatos de la Nueva Agenda del Consumidor. Y, señorías, tenemos que hacerlo, además, de manera urgente porque el impacto social y económico de la pandemia sobre las prácticas de consumo exige dotar de una mayor protección a los consumidores vulnerables. Pero, claro, desgraciadamente esto poco o nada les importa a la bancada de las derechas. ¿Saben a quién protege realmente este decreto? Este decreto protege a las personas consumidoras que viven en el ámbito rural sin acceso cercano a entidades financieras u otros servicios. Protege a las personas mayores, que no entienden de compras online. Protege a las personas consumidoras con bajo nivel educativo y también a los menores de edad por su indefensión ante la comunicación comercial. O a aquellos con dificultades para acceder a recursos tecnológicos en su formación online. Igualmente se protege a las personas con intolerancias o alergias alimentarias que precisan información adicional en las compras de alimentos. Con este decreto, señorías, por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman. En definitiva, señorías, la protección del consumidor vulnerable recogida en este decreto viene a sumarse a la que este Gobierno ha aprobado en otros sectores como el de la vivienda o la energía, en el marco del escudo social establecido con el fin de garantizar una salida justa de la crisis provocada por la pandemia. Este es el contenido fundamental de este decreto, no busquen porque no hay más. Señorías, los últimos estudios publicados sitúan la tasa de población consumidora vulnerable de España en un 39 %, y ustedes, señorías de las derechas, están votando en contra de proteger a este 39 % de la población, y lo hacen mintiendo en sede parlamentaria al afirmar que con este decreto se da barra libre a los okupas o que se protege a los delincuentes. Espero que hayan disfrutado difundiendo e infundiendo el miedo, el temor y la angustia entre las familias españolas porque es lo único que explicaría el sinsentido de la patraña de soflamas y mentiras que han soltado en esta tribuna esta mañana. [[Aplausos]] Señorías de las derechas, no es cierto que se esté protegiendo a los delincuentes con este decreto; el real decreto-ley no conculca el derecho a la propiedad privada, no paraliza nada de oficio; solo se faculta al juez, si él lo considera oportuno, a dar tres meses a los servicios sociales para buscar una solución habitacional y, de esta manera, no dejar en la calle a menores, dependientes o víctimas de violencia de género. Y si en tres meses no se da una solución al lanzamiento, el lanzamiento continúa. Repito, se da sólo en los casos en los que haya menores, dependientes o víctimas de violencia de género que sean vulnerables desde el punto de vista económico, a los que ustedes pretenden dejar en la calle sin alternativa habitacional. [[Aplausos]] ¿Y por qué se dan tres meses? Damos tres meses porque han sido infinitas las veces que los servicios sociales han manifestado que o no se enteran de estos casos o que, cuando lo hacen, no tienen tiempo para dar una solución. No es una invitación a la okupación ni hay efecto llamada, es solo durante el estado de alarma y para los casos tasados que se produzcan antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, es decir, antes de la publicación en diciembre. Les pondré un caso. Fíjense, ayer mismo la Policía desalojó a unos okupas en la localidad de Caldes de Montbui. [[Muestra una fotocopia]] Por tanto, se pueden seguir haciendo los desalojos de los okupas, se siguen produciendo; es legal hacerlo. Este decreto solamente se aplica si han ocupado una vivienda de un gran tenedor: personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Además, obvian decir que también se ha establecido una compensación económica que los grandes tenedores pueden solicitar. Pero, claro, la señora Gamarra - que no ha tenido a bien escuchar al resto de oradores en esta tribuna en el punto en el que ella intervenía - aprovecha su intervención para meter miedo a los pequeños propietarios,cuando realmente este decreto sólo afecta a los grandes tenedores. Pues bien, o no se entera, o lo sabe y miente. En cualquiera de los dos casos, una situación muy grave ante unas declaraciones hechas por la portavoz del principal partido de la oposición. Señorías, no; la prioridad de este decreto no es la protección de los delincuentes, es la de proteger a los vulnerables desde el punto de vista económico - dependientes, menores o víctimas de violencia de género - en plena pandemia durante el estado de alarma. Tratar de criminalizar esta situación sí que es miserable. Así que dejen de penalizar la pobreza azuzando miedos infundados entre la ciudadanía española y defendiendo patéticamente causas que no necesitan que ustedes las defiendan porque no están en peligro. ¿Saben cuándo estuvo verdaderamente en riesgo la vivienda en España? [[Muestra una fotocopia]] Cuando el Partido Popular decidió vender a los fondos buitre más de dos mil viviendas con los inquilinos dentro. [[Aplausos]] Entonces fueron los vecinos los que denunciaron, y ganaron. Curioso concepto del derecho constitucional a una vivienda digna el que tienen ustedes, señorías de las derechas.
Debe ir terminando, señora Sánchez, por favor.
Voy terminando. Señorías de las derechas, desde el mismo día de la investidura de este Gobierno no han dejado de provocar incendios. La pandemia no les ha importado y, sin tregua, buscan, sedientos, generar problemas donde no los hay, pero le aseguro que,con la misma resistencia que ha demostrado tener el presidente del Gobierno de España, este Gobierno progresista seguirá dejándose la piel buscando soluciones reales a los problemas reales de los españoles y de las españolas. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000044 y110/000045. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición. He de decirles que los dictámenes se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para el día de hoy. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
Señor presidente, egun on guztioi. Nos alegramos de que la ratificación de la Carta Social Europea llegue, por fin, al Pleno del Congreso de los Diputados. Somos conscientes de la importancia de su ratificación, tanto que, por esa razón, Euskal Herria Bildu presentó ante la Comisión de Derechos Sociales una proposición no de ley para que esta carta fuese rubricada. La ratificación de la Carta Social Europea es necesaria e ineludible desde todos los puntos de vista. Señorías, votamos sí a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, y vuelvo a decir que nos alegramos por ello; pero también hemos de señalar que es una alegría a medias, porque en la actualización de dicha carta se incluye también un Protocolo de reclamaciones colectivas que permitía denunciar a los Estados firmantes, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, si se incumpliera lo que se estipula en la carta; y del protocolo no tenemos referencia alguna, más allá de las declaraciones públicas que indican que el Gobierno tiene intención también de suscribir. Nos hubiera gustado que la ratificación de la carta viniera unida al refrendo del protocolo, tal y como solicitamos en nuestra proposición no de ley. Así que, hoy por hoy, ministra, la firma del Protocolo de reclamaciones colectivas sigue siendo una gran asignatura pendiente. La ratificación de ambos documentos, reclamada por las organizaciones sindicales y las entidades del tercer sector de acción social de manera reiterada, supone un avance necesario en la protección de los derechos sociales, brindando de manera más férrea el cumplimiento de los derechos en materia de empleo, vivienda, salud, educación, protección social y bienestar, y poniendo en marcha nuevos marcos y mecanismos de seguimiento y reclamación en caso de incumplimiento de las normas por parte de los Estados. Diremos sí porque defender la carta social es defender la política social y los derechos de los más desfavorecidos; es defender las políticas sociales justas; es asegurar la protección social de miles de personas; es avanzar en la erradicación de la pobreza frente a la exclusión social; es cumplir con el derecho a la vivienda; es también asegurar unas pensiones mínimas dignas que permitan a nuestros mayores llevar una vida digna; y es importante porque llevan mucho tiempo exigiendo y debemos darles una respuesta. Por ello, tras la aprobación de hoy, instamos a que se concrete la adhesión al protocolo y añadimos el último de los compromisos necesarios para esta cadena, porque la ciudadanía está demasiado acostumbrada a que no se respete lo acordado por los Estados, a que se conculquen una y otra vez las normativas suscritas por el Gobierno español, que firme una cosa y haga lo contrario. Finalizado. Suscribir, ratificar, aprobar, está bien, es el primer paso, pero el paso de verdad, el más importante, es su cumplimiento. Será bueno para el Gobierno, será bueno para la política y, sobre todo, será bueno para la sociedad, de hoy y la del futuro. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Señor presidente, señorías, intervengo para señalar que el Consejo de Estado en el dictamen de 11 de mayo de 2000 dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de la Carta Social Europea, revisada en este caso, habría de autorizarse por las Cortes Generales, una decisión que ya había adoptado el anterior Gobierno, pero que decayó como consecuencia de la disolución de las Cortes. Simplemente quiero añadir que apoyamos esta ratificación, entendemos que es necesaria no sólo para incluir el control de constitucionalidad que ya se ha llevado a cabo en la legislación laboral, sino también un control de convencionalidad de aquellos aspectos de la legislación laboral que se mejoran sustancialmente por la Carta Social Europea revisada y que, por lo tanto, solo puede contar con nuestro apoyo entendiendo que va a redundar, en todo caso, en la mejora y reconocimiento de derechos sociales no ya individuales sino también colectivos. Por eso, también creo que ha habido una equivocación en la referencia a que el procedimiento de iniciativa de reclamaciones colectivas no se incluye, porque creo que en la propia resolución del Consejo de Ministros se incluye la posibilidad de inicio de ese procedimiento [[la señora ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, hace gestos afirmativos]], por lo que entendemos aún más necesaria la ratificación de este texto. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
Nosotros solamente queremos decir que vamos a votar favorablemente la ratificación de los convenios, como hicimos en la Comisión. La Carta Social Europea garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y vamos a apoyarla, como hemos hecho en la Comisión. Gracias
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Veinte años después de que el Estado español firmase esta carta traen al Congreso su ratificación; como decimos en galego, sen tempo non foi. Semejante demora habla mucho - y no bien precisamente - del interés o más bien del desinterés de los Gobiernos que se sucedieron en estos últimos veinte años - por tanto, del PSOE y del PP - por asumir en la práctica los compromisos establecidos en la Carta Social Europea en relación con los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. En todo caso, nos alegramos de que estemos dando ese paso, pero no podemos dejar de señalar que esta ratificación que hoy se trae aquí es incompleta, porque en buena lógica debería venir conjuntamente con la ratificación del Protocolo adicional número 3, que es el que permite dar fuerza con sus mecanismos de reclamación a los compromisos establecidos en la carta, pero, quizás por torpeza - cosa que no creo porque dudaron si ratificar o no -, esto no ha sido así. El acuerdo del 10 de noviembre del Consejo de Ministros, por el que se disponía la remisión a las Cortes de la carta, especificaba en relación con el Protocolo adicional número 3 - cito textualmente - que España no ratifica en el presente procedimiento. Días después, sin explicar la razón, dicha publicación oficial fue objeto de cambios, de forma que se pasaba a remarcar que se iniciaban los trámites de ratificación del protocolo. En medio hubo protestas de diferentes organizaciones sociales y sindicales. En Galiza la Confederación Intersindical Galega, CIG, primera fuerza sindical en mi país, reclamó públicamente la ratificación del Protocolo adicional número 3. El BNG presentó en este Congreso dos iniciativas el 23 de noviembre instando al Gobierno a ratificarlas. Por fin, el 22 de diciembre el Consejo de Ministros aprueba la firma del protocolo. Nos parece bien, pero todos estos vaivenes generan dudas sobre la voluntad real del Gobierno español de querer asumir el control específico del cumplimiento de los deberes que le corresponden por haber ratificado la Carta Social Europea. Y eso nos preocupa porque, como decía, es este protocolo el que da fuerza a los compromisos de la carta en la medida en que el sistema de reclamaciones colectivas permite que determinadas entidades, organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales, entre otras, pueden denunciar directamente ante el Comité Europeo de Derechos Sociales a los Estados Que la incumplan tanto por causa de su legislación como de su práctica. En definitiva, es una herramienta imprescindible para que la Carta Social Europea no quede en papel mojado, en la medida en que supone mayor visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos tan básicos y fundamentales que recoge, porque de lo que se trata, al fin y al cabo, es de garantizar en la práctica el derecho al trabajo, a un salario, a una vida digna y un conjunto de derechos que permitan a los trabajadores y trabajadoras avanzar en calidad de vida, bienestar y justicia social. Obrigado.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todo el mundo, menos a los que llevan financiando ilegalmente los años que yo tengo. La crisis sanitaria, social, económica y climática, que no se nos olvide, hace más necesario que nunca ratificar esta carta social,proteger los derechos sociales. Hoy ratificamos la Carta Social Europea revisada, cumplimos así con una de nuestras obligaciones internacionales y nos dotamos de mecanismos para garantizar los derechos sociales. En Unidad Podemos celebramos este avance y se lo agradecemos a todos los grupos que votaron a favor. Llevamos años empujando, las organizaciones sociales llevan años presionando y hoy, por fin, damos el paso. Tenemos dudas sobre lo que va a hacer el Partido Popular, no tenemos muy claro qué van a votar. Esta votación la tuvimos previamente en la Comisión de Asuntos Exteriores y ustedes votaron en contra, lo cual no nos sorprende porque, si hubiese estado ratificada esta carta mientras ustedes gobernaron, no habrían podido poner, por ejemplo, el periodo de prueba de un año o mantener el salario mínimo interprofesional o las pensiones no contributivas por debajo de los estándares, tampoco habrían podido atentar contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Hoy ratificamos esta carta y añadimos la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional de reclamaciones colectivas. Su aprobación cuenta con el compromiso del Consejo de Ministros, y esto es muy importante. Compartimos su importancia - ya han dicho otros grupos previamente - porque este protocolo nos otorga mayores garantías para que se cumpla lo dispuesto en la carta, ya que permite presentar reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En definitiva, evidentemente,vamos a votar a favor de la Carta Social Europea revisada, votaremos a favor de garantizar los derechos sociales, gobierne quien gobierne. [[Aplausos]]
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Intervenir únicamente para decir que vamos a apoyar los dos dictámenes. Aunque tenemos discrepancias acerca de la Carta de Derechos Sociales, como plantea la diputada de Podemos, al votarse conjuntamente este dictamen con una normativa que permite el intercambio de información penal con Colombia, por responsabilidad nos vemos obligados a votar a favor. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Mariscal. Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para respaldar la ratificación por España de la Carta Social Europea revisada. Estamos hablando de un nuevo paso adelante en la consolidación de derechos sociales y de libertades para el conjunto de los europeos. Nuestro apoyo, además, entusiasta. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias.
Pasamos al punto relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas; en concreto, propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. Corresponde a los números de expediente 127/000004, de la XII Legislatura, y 127/000002, de la XIII Legislatura. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
Muchas gracias, señor presidente. El pasado 8 de septiembre, durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Cantabria, para eliminar los aforamientos de diputados y consejeros de Cantabria, todos los grupos políticos se mostraron muy favorables a los cambios, y no solo porque eran buenos para Cantabria, sino porque creían que eran buenos con carácter general, y así debería ser. Yo ya dije que lo definitivo es que ese era el sentir de la mayoría de los españoles y, también, que tenía que ser un paso para la desjudicialización de la política y no para lo contrario. Además, aproveché para defender la honorabilidad de los políticos en general, y espero que esto también sirva. Nosotros sufrimos quizá la normativa anterior con el consejero López Marcano, que por suerte ha sido rehabilitado y de nuevo está en el Gobierno de Cantabria. No es necesario repetir todos los argumentos que se expusieron, solo recordar el principal, que es poner fin a los privilegios de algunos colectivos y de algunas personas y avanzar hacia la igualdad de todos los españoles ante la ley. Es cierto que algunos portavoces prefirieron hablar de anchoas, de sobaos, incluso hasta de salmones, quizá porque no acababan de ver muy claro qué es eso de la igualdad y se sienten más cómodos con los chascarrillos, que son cuestiones más entretenidas, y no con las cuestiones políticas de fondo. Tengo que decir unas palabras sobre la enmienda que ayer mismo retiré. Era una enmienda que pretendía dotar a la Comunidad Autónoma de Cantabria de la facultad de dictar decretos-leyes, algo que ya tienen las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia, Asturias, Navarra, y que pronto también va a tener la Comunidad de Madrid. Esto es algo que se ha demostrado de utilidad durante esta crisis y que, precisamente, es más necesario que nunca para realizar modificaciones normativas y cumplir los plazos y la urgencia que requieren los fondos europeos que llegan a las comunidades autónomas. Eso, entre otros muchos asuntos, como se está viendo hoy en este Pleno. El Partido Regionalista de Cantabria presentó esta enmienda siguiendo Una proposición no de ley del Parlamento de Cantabria instando al Congreso a presentarla durante la tramitación de la reforma del estatuto. Nunca una enmienda ha sido más oportuna por su propia esencia y por el momento en el que estamos. Sin embargo, la proposición no de ley no fue aprobada por dos tercios de los votos que requiere el Estatuto de Cantabria en el propio Parlamento, y es que el PSOE, con cuyo apoyo hubiera bastado, no la aprobó, a pesar de la escasa presencia que ustedes tienen tanto en el Parlamento de Cantabria como en la política de la comunidad autónoma. Lo que resulta inaudito - y presumo que les va a pasar factura - es su negativa cuando precisamente este Gobierno ya ha aprobado 39 decretos-leyes en el año 2020. ¿Qué decir del Partido Popular? Si en este Congreso está demostrando su falta de responsabilidad con todo el país, ahora en Cantabria también se ha sumado a la nefasta estrategia que están ustedes llevando. Es nefasta no solo para los cántabros, que necesitan que el Gobierno de Cantabria pueda actuar con celeridad eliminando la burocracia para reactivar la economía, sino también para ustedes mismos si algún día llegaran a gobernar en Cantabria, aunque por lo visto parece que ya han perdido toda esperanza y lo verdaderamente importante es boicotear al Gobierno para luego poder criticarlo. Ya ni siquiera para activar la economía están ustedes apoyando al Gobierno. Se han negado por activa y por pasiva desde hace más de tres meses a negociarlo - usted lo sabrá por sus compañeros de Cantabria -, y luego dirán que no hemos querido negociar. En fin, lo van a pasar ustedes muy mal para explicar a los cántabros por qué votan contra Cantabria, por qué votan no a Cantabria Y por qué votaron sí al resto de las comunidades autónomas. Nosotros, el Partido Regionalista de Cantabria, seguiremos trabajando para hacer las cosas lo mejor posible, colaborando con el Gobierno, sea del signo que sea, como hemos hecho siempre. Al menos esta vez no se han opuesto ustedes al asunto de los aforamientos. Quiero agradecer al resto de los grupos políticos su apoyo a la iniciativa para que esta modificación salga adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, presidente. Señorías, el dictamen que vamos a votar a continuación y sobre el que estamos debatiendo, se aprobó en el Pleno del Parlamento autonómico de Cantabria en diciembre de 2017, como bien ha contado el señor Mazón, por la totalidad de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Cantabria. Es algo de lo que debemos congratularnos, debemos estar orgullosos de que todas las fuerzas parlamentarias decidamos eliminar los aforamientos de los políticos, porque España es uno de los pocos países que mantiene el privilegio de los aforamientos para sus diputados nacionales y autonómicos. Es una figura que quiebra el principio de igualdad, pero además altera las reglas ordinarias del artículo 24.2 de nuestra Constitución española, que dispone que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Dicho de otra forma, afecta a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva. Al final, ¿qué es el aforamiento? Es un privilegio que tenemos los políticos,que hace que se nos aplique una jurisdicción diferente de aquella que se aplica al resto de los ciudadanos. Supone, por tanto, un elemento que aleja a los políticos de los ciudadanos a los que representan; y luego nos vamos quejando de que haya esta separación cada vez mayor entre la sociedad y sus representantes. Hay muchísimos más aforamientos aparte de los políticos, evidentemente, pero esto está muy de actualidad porque, si tenemos en cuenta el hecho de que el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial depende del poder político y de los miembros de esta Cámara - y estamos asistiendo en estos días al debate, desde luego jurídicamente interesante, sobre cómo se va a producir -, es lógico que los ciudadanos se pregunten si los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los jueces y de los magistrados, van a estar condicionados y cómo les va a condicionar en el caso de que tengan que juzgarnos. [[La señora]] Los tribunales que juzgan en primera instancia a los ciudadanos son los que tienen que juzgar a los políticos, exactamente igual, porque, si no, habría una sospecha lógica de que nosotros podemos obtener un trato diferenciado cuando somos los que elegimos a los jueces de los altos tribunales. Y esta es la pregunta que se hacen los ciudadanos. Por tanto, esto significa que los ciudadanos están atentos a estas reformas, y se dan cuenta de lo importante que es este cambio que hoy debatimos aquí y que seguramente vamos a aprobar la totalidad o la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Eliminar los aforamientos va a contribuir a mejorar también el funcionamiento del Poder Judicial, lo que redundará en la percepción que los ciudadanos tienen de su independencia. Esta es una obligación que tenemos que preservar de forma continua todos los cargos electos. Nosotros somos poco sospechosos porque hemos defendido este principio y esta reforma desde nuestra llegada no solo a este hemiciclo sino también, por supuesto, a las Cámaras autonómicas. Nos hemos comprometido en los pactos de investidura que hemos hecho en todos los Gobiernos autonómicos. Cerramos este acuerdo en el pacto de Gobierno - que no pudo salir - con el Partido Socialista y lo hicimos con el Partido Popular en la legislatura del señor Rajoy. Es verdad que siempre hemos conseguido esto, pero el Partido Socialista y el Partido Popular han ido arrastrando los pies. En estos momentos, gracias a nuestro impulso, hemos conseguido hacerlo en Murcia - se aprobó el otro día en el Senado exactamente igual, por inmensa mayoría, por unanimidad de todos los grupos -, ahora lo vamos a hacer en Cantabria y en Andalucía y en Madrid estamos muy cerca de que finalice la modificación de los estatutos y vuelvan a esta Cámara esas modificaciones. Entonces, señorías, ¿por qué no nos planteamos hacer esto aquí, en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿A qué estamos esperando? ¿A qué están esperando, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista? ¿A qué están esperando para hacer esta modificación? Como hemos dicho, hemos conseguido hacer esto en Murcia y en Cantabria, pero es que ustedes han ido arrastrando los pies en Madrid y en Andalucía, arrastrando los pies, y no quieren oír hablar de estas cosas a nivel nacional. ¿Por qué, si esto es algo que estamos aprobando, que han aprobado nuestros compañeros - porque son compañeros de partido de todos nosotros - en las cámaras autonómicas, no somos capaces de comprometernos también con nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿No vamos a hacer esto de verdad? ¿Vamos a decir a los ciudadanos que ahora hay políticos de primera y de segunda? Ya no solo hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ahora hay políticos de primera y políticos de segunda. Yo les conmino a afrontar esto, a coger el toro por los cuernos. Desde luego, nosotros queremos hacer esta modificación. Como he dicho, la cerramos con el Partido Popular y con el Partido Socialista, y creo que es de justicia para con nuestros propios compañeros de partido hacer esto en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por tanto, esperamos que este Gobierno o su grupo parlamentario traigan un acuerdo. Estoy seguro de que para esto contarán con nuestro apoyo los grupos parlamentarios del Gobierno,Socialista y Unidas Podemos - que de esto parece que tampoco quiere saber nada ahora, claro; parece que cuando se enfrentan aquí, en el Congreso de los Diputados, a los casos de sus diputados esto ya no interesa; parece que la reforma, todo aquello de la clase y de la casta se acabó -. Traigan ustedes aquí un acuerdo de los grupos parlamentarios y lo votamos y lo sacaremos adelante. Modifiquemos y eliminemos de una vez el aforamiento de los políticos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como estamos haciendo en el resto de las cámaras. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gutiérrez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
Gracias, señora presidenta. Gracias a las compañeras y compañeros del Parlamento cántabro y a los diputados y diputadas que han trabajado en esta iniciativa. Voy a intentar ser breve en esta intervención porque no es la primera vez que debatimos la necesidad de la eliminación de los aforamientos en esta Cámara y, sobre todo, porque hoy toca aprobar el dictamen fruto de un trabajo previo de debate y acuerdo. Esta es una iniciativa que el Congreso arrastra desde el año 2017, es decir, desde hace ya dos legislaturas, con el Gobierno de Rajoy, y hoy, por fin, vamos a dar el paso para su aprobación. La postura de nuestro grupo parlamentario siempre ha sido la misma - cristalina - con respecto a este tipo de fuero: planteamos su eliminación. Esta no es solamente una propuesta electoral que llevamos en nuestro programa desde siempre, sino que además es una demanda que hemos heredado del movimiento 15M. Señorías, creo que es necesario hacer hincapié sobre lo que significa que los propios parlamentos autonómicos sean los que soliciten que se eliminen los aforamientos; significa que nuestro país se encuentra en un proceso de renovación que hubiese sido impensable años atrás, mientras, lamentablemente, regía el bipartidismo. Ahora las cosas están cambiando. Primero fue Canarias, luego Murcia y ahora Cantabria, y cada vez son más comunidades autónomas las que piden que se elimine esta figura que históricamente ha sido utilizada como escudo judicial por personas que han infringido la legalidad. Esta iniciativa ha sido tomada en consideración con solo 28 abstenciones y ningún voto en contra. Es algo para valorar, porque eso evidencia que existe un acuerdo transversal detrás de esta reforma del estatuto sobre algo que, precisamente,nuestra formación política lleva en su ADN, que es la lucha contra los privilegios y la desigualdad. Creo que en días como hoy se cristalizan las reivindicaciones del 15M a través de las propias solicitudes de los territorios de nuestro país. Además, se cristaliza que se ha acabado con que los políticos que se han saltado la ley puedan refugiarse en los aforamientos para amortiguar las consecuencias legales de sus actos delictivos. La eliminación de estos privilegios es un paso adelante en la regeneración política y construye un camino alternativo al de la impunidad y la corrupción. Entendemos que los aforamientos fueron pensados para dar estabilidad política al sistema democrático, sin embargo han derivado en un uso excesivo de esta figura. Señorías, no puedo evitar mirar a la bancada de la derecha al decir esto, porque a día de hoy seguimos encontrándonos con que muchos favores políticos, que además suelen ocultar violaciones de la ley, son pagados con puestos políticos aforados. El resultado es que aquellos que infringen las normas al final quedan protegidos por el régimen de aforamiento público y, evidentemente, eso no puede naturalizarse en un sistema democrático consolidado. Hace pocos días vimos cómo cargos políticos en todo el territorio de nuestro Estado se valían de sus puestos para saltarse protocolos de vacunación, poniendo en riesgo además el suministro de la segunda dosis y la estrategia general de lucha contra la COVID solamente por intereses particulares. La mayoría de ellos y ellas son cargos públicos que están jurídicamente blindados por este tipo de aforamientos. Esto es inaceptable, y esperamos que la utilización espuria de estos privilegios sea desterrada del sistema democráticoespañol cuanto antes. Esperamos que esta eliminación del aforamiento en Cantabria ayude a mejorar la calidad democrática y a que no se vuelva a entorpecer la justicia en procesos judiciales como ha ocurrido en nuestro país a lo largo de este tiempo. Señorías, termino diciendo que inevitablemente votaremos a favor de esta proposición, apoyando la solicitud acordada en el Parlamento de Cantabria. Creo que si los partidos cántabros han logrado ponerse de acuerdo para tramitar esta iniciativa debemos respetar su voluntad institucional, que no es otra que impulsar medidas legítimas para eliminar privilegios y suprimir aforamientos. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Velarde. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. [[Aplausos]]
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario VOX está a favor de que se supriman los aforamientos para los miembros de los parlamentos o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, así como para los presidentes y miembros de sus consejos de gobierno. La postura que tenemos nosotros con carácter general respecto a este tema es que solo se mantengan los que prevé la Constitución, así como parte de los que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su última reforma añadió a la familia real. Como ustedes recordarán, a raíz del tema del rey emérito, hubo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y fue incluida la familia real dentro del aforamiento. Por tanto, vamos a votar favorablemente al dictamen de la Comisión, que no hace otra cosa que recoger el informe de la ponencia, que a su vez plasma el acuerdo unánime que hubo en el Parlamento de Cantabria sobre este tema. Votaremos a favor como ley orgánica. Dicho esto, quería comentar la enmienda que presentó mi grupo parlamentario y que nos fue rechazada en Comisión, porque nos resultaron muy chocantes las posturas que oímos allí. Nosotros estábamos de acuerdo con la reforma en sí, que consistía en la supresión del artículo 20 del estatuto de autonomía, que es la que recoge el tema de aforamientos, y en dar una nueva redacción al punto 1 del artículo 11 del estatuto, que es el que habla de la inviolabilidad, precisamente para adaptarlo al tema de la supresión de aforamientos. Nosotros presentamos una enmienda de tipo técnico, en la que recogemos dos cosas. Por un lado, que donde se decía diputados y diputadas se dijera sólo diputados, por dos motivos: en primer lugar, porque es el genérico y es lo que la Real Academia Española mantiene, al estar incluido el masculino y el femenino; en segundo lugar, porque el número 2 de este artículo 11 dice que los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo y, portanto - por dos veces insistí en esto en la Comisión -, a raíz de esto, Las diputadas de Cantabria sí están sujetas a mandato imperativo. [[Aplausos]] Si el número 1 dice que los diputados y diputadas gozarán de inviolabilidad por las manifestaciones realizadas y el número 2 dice que los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo, significa que las diputadas sí están sujetas a mandato imperativo. La segunda parte de la enmienda era relativa a que se recogiera la misma expresión que utiliza la Constitución respecto a los diputados y senadores. En el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en este artículo 11.1, se dice que gozarán de inviolabilidad por las manifestaciones realizadas en sede parlamentaria. Nosotros lo que pretendíamos era que fuera en sede parlamentaria y extramuros del Parlamento, de acuerdo siempre, por supuesto, con la doctrina del Tribunal Constitucional sentada al respecto. Decíamos: que gocen de inviolabilidad por las manifestaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Y lo decíamos porque es lo que dice la Constitución para diputados y senadores y porque, como ese ejercicio defunciones ya está bien delimitado por el Tribunal Constitucional, no iba a haber problemas. ¿Y por qué decíamos esto? Porque al suprimirse el aforamiento, ya no es un único órgano el que va a juzgar, sino que van a ser decenas de juzgados a lo largo del territorio de la comunidad autónoma, y un juzgado puede interpretar una cosa, otro puede interpretar otra y otro puede interpretar otra. Si pusiéramos lo que ha delimitado perfectamente el Tribunal Constitucional y está genéricamente admitido, no habría ningún problema. Pues solo obtuvo los cinco votos favorables de mi grupo parlamentario. Y oímos, entre otras cosas, decir a la portavoz de Unidas Podemos, de una manera además bastante airada - y leo de manera literal el Diario De Sesiones -: 'esta enmienda se presenta por parte de la extrema derecha, que va a lo suyo también en esta Comisión y solo se detiene para eliminar la perspectiva de género y reforzar la invisibilización de las mujeres. ... Es lamentable - que decirlo - que la extrema derecha aproveche esto para posicionarse enfrente de la igualdad y del feminismo. Señorías de VOX, el lenguaje construye la realidad y lo que no se nombra desaparece o pasa a un segundo plano, y eso no lo podemos permitir'. Es decir, estas personas que presumen de esto que llaman perspectiva de género, que define a la mujer, consienten que las diputadas del Parlamento de Cantabria, como decía antes, queden sujetas al mandato imperativo. [[Aplausos]] Lo que no sé - y concluyó porque me queda ya poco tiempo - es si es porque están ejercitando lo que el señor Zaragoza llamó el otro día el cordón sanitario a VOX - en consecuencia, a todo lo que presenta VOX hay que votar que no aunque sea de sentido común -,o si es que realmente están convencidas de que el uso de este mal llamado lenguaje no sexista - bueno, ahora ya le llaman lenguaje inclusivo - prima sobre cualquier derecho y por tanto hay que poner el no sexista aunque las diputadas cántabras queden sujetas a mandato imperativo, o si lo han hecho aposta, convencidas, porque están acostumbradas a que las diputadas estén sujetas al mandato del macho alfa, que es capaz, como se dijo en una ocasión, de azotar hasta hacer sangrar a una mujer. Nada más y muchas gracias. [[Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Del Valle. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, para algunos hoy es un día importante, para otros sin embargo es un día de preocupación. Es importante para todos los cántabros porque quedará aprobada definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria y vamos a poder centrarnos en lo realmente importante. Y es un día de preocupación - y lo hemos visto hace unos minutos en esta tribuna - sobre todo para el PRC y su diputado, el señor Mazón, porque se va a quedar sin coartada y no le va a quedar otro remedio que ponerse a trabajar. Porque, señorías, puede que ustedes no lo sepan, pero en Cantabria el Gobierno del partido del señor Mazón se rige por una ley superior a cualquier otra: la ley del mínimo esfuerzo; es una ley que está generando miles de empleos, implantación de nuevas empresas, creación de centros punteros de formación, eso sí, en territorios vecinos, no en Cantabria. Dos mil nuevos empleos en el centro logístico de Amazon. ¿Dónde? En Asturias. La primera planta de hidrógeno verde de nuestro país. ¿En Cantabria? No, en el País Vasco. Un campus pionero de formación de profesionales digitales, también en Vizcaya. Estos son para los cántabros algunos de los proyectos que el viento se llevó a la comunidad de al lado mientras el señor Mazón y el señor Revilla echaban esa partidita al mus después de comer. Y es que, señorías, llevamos ya tres legislaturas debatiendo sobre dos artículos del Estatuto de Autonomía de Cantabria para suprimir los aforamientos, una reforma que va a afectar a 40 cántabros de los más de 580 000 que vivimos en la comunidad. Una comunidad que cuenta hoy con 41 377 desempleados, 5000 más que el año pasado; en la que 8000 trabajadores siguen en ERTE y no saben si podrán incorporarse o no a su puesto de trabajo. Una Comunidad que es la segunda que más autónomos ha destruido en este año de pandemia, donde tenemos a los comerciantes y a los hosteleros, por la mala gestión del Gobierno autonómico, al borde de la quiebra y donde a miles de familias se les deniega cada día el ingreso mínimo vital. Hemos escuchado al diputado regionalista como una plañidera, pero hay que decirle que Cantabria no puede perder ni un minuto más. Por ello, señorías, no se extrañen de que los cántabros tengamos prisa por ver el final de la reforma del estatuto, porque esta tramitación se ha convertido en la excusa para la siesta que se está echando permanentemente el diputado Mazón, que - como califican hace unos días los medios de comunicación - se ha convertido en el diputado menos trabajador de esta Cámara. También es verdad que a veces no se sabe si causa más destrozos cuando trabaja o cuando no lo hace. Fíjense, el otro día el diputado regionalista sí trabajó, firmó un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Con su voto contribuyó a entregarle la gestión plena de los fondos europeos sin control, sabiendo, como sabemos todos en Cantabria, que cuando gobiernan los socialistas a los cántabros nos enseñan el jamón pero luego nos mandan los huesos. Porque el señor Mazón y su presidente, el señor Revilla, entienden la democracia como la entendían nuestros abuelos, y no me refiero a los padres de la Constitución; me refiero a esos abuelos que nos daban un cachete y luego nos decían que era por nuestro bien, porque eso es exactamente lo que el Partido Regionalista ha hecho: entregar la gestión de los fondos europeos a Pedro Sánchez y decir que lo hace para que el dinero de Europa no se quede en Europa. No se iba a quedar, es verdad, pero ni con su firma ni sin ella, pero ahora se queda en Moncloa, con el mismo control que los viajes en Falcón o las invitaciones a colegas a pasar vacaciones a cargo del Estado, o sea, sin ningún control. Hay un determinado tipo de demócratas a quienes el control les estorba, y en esto sí que coinciden muchos socialistas y regionalistas, y por eso hoy volvía a repetirlo, y por eso la semana pasada anunciaba que traería a esta Cámara una enmienda para modificar la reforma del estatuto que hoy votamos que permitiera a su Gobierno firmar decretos-leyes. En el día de ayer retiré esa enmienda. Nos preguntamos si es que ha reflexionado y se ha echado atrás o es que le ha dado pereza, como pereza le dio y no acudió a la Comisión Constitucional para defender su propia enmienda. ¡Qué vergüenza le tenía que dar! Lo que sí sabemos es que el Partido Regionalista firma cheques en blanco y dice que lo hace por responsabilidad. Yo le digo que responsabilidad es apoyar y finalizar una reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria que llega a esta Cámara con todo el consenso de la sociedad de Cantabria y de sus representantes políticos. Y eso es lo que el Partido Popular va a hacer hoy votando a favor, como lo hizo en las tres reformas anteriores, porque hay que decir que todos los grandes avances en inversiones, en infraestructuras, en crecimiento económico y en autogobierno en Cantabria siempre han venido de la mano del Partido Popular. Y, para su disgusto, señor Mazón, más pronto que tarde el Partido Popular va a gobernar otra vez en Cantabria, y lo va a hacer a diferencia de ustedes, a diferencia de su eterno líder; en treinta años el señor Miguel Ángel Revilla solo ha sido capaz de ganar un sola vez las elecciones y, como dijo Santo Tomás,una y no más, porque los cántabros estamos hartos de Revilla y de su Gobierno. [[Aplausos]] Señorías, el otro día decía la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria - esta no rehabilitada - que su partido, el Partido Regionalista, garantiza la estabilidad en Cantabria. Y yo le digo que sí, y voy más allá: ustedes garantizan la paz, la paz de los pantanos, la paz de los cementerios, la paz de aquellos nostálgicos que solo saben mirar atrás cuando todo el mundo camina hacia delante. Y eso, que es paz para hoy y hambre para mañana, se consigue perdiendo el tiempo, dejando escapar empresas y empleos, echándose la siesta detrás de las banderas, pero también firmando cheques en blanco a un presidente del Gobierno y a un Partido Socialista que ya han estafado antes a Cantabria y, además, tirándose de cabeza a ese cubo de la basura que lo mismo acoge a un exetarra que a aquellos populistas que hoy presentan un moción de censura y al día siguiente salvan y apoyan al Gobierno. Mucho hinchar el pecho, mucha y larga reforma del estatuto de autonomía y mucha Cantabria en la boca, pero esta vez, señor Mazón, gracias a usted y a Revilla, a los cántabros nos van a volver a enseñar el jamón pero no vamos ni a probar el caldo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Movellán. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.
Buenos días. Muchas gracias, presidenta, señorías. Señor Mazón, nosotros no hemos dicho que no a nuevas reformas del Estatuto de Cantabria como la posibilidad de contemplar decretos-leyes, a lo que hemos dicho que no es a reformas sin consenso del Parlamento de Cantabria, y hemos dicho sí a trabajar por el futuro de nuestra tierra. Señor del Valle, señor portavoz de VOX, ya no saben ni qué hacer ni qué decir para atacar a las mujeres y a las diputadas del Parlamento de Cantabria. Le digo una cosa, el lenguaje silencia y ofende, pero el machismo mata, y no daremos ni un paso atrás en la larga lucha por la igualdad en este país y en una comunidad como Cantabria. [[Aplausos]] Y, por último, señor Movellán, vaya oportunidad perdida para hablar bien de Cantabria, de su tierra. Sabíamos que están dispuestos a todo para perjudicar a su país y hoy también sabemos que está dispuesto a todo para perjudicar a su tierra,a Cantabria. Sigan, sigan, que van camino de la irrelevancia política también en Cantabria, señoría. Hoy lo que nos trae aquí es la reforma de nuestro estatuto. Créanme que siempre es un orgullo intervenir en esta tribuna del Congreso de los Diputados. Las sensaciones que se producen cuando defendemos aquí aquello en lo que creemos, porlo que luchamos y soñamos son siempre distintas, aunque tan importantes como la primera vez que subimos a esta tribuna, pero el orgullo, el honor de poner voz a lo que representamos y a quienes representamos es aún mayor cuando podemos hablar de nuestra tierra, del lugar en el que nacimos y al que estaremos ligados por siempre. Para mí Cantabria no es solo un orgullo, es el corazón de aquello en lo que creo, con el convencimiento de saber que cuando hablo de Cantabria hablo de una tierra nacida del esfuerzo y del trabajo de su gente; una región que luchó con ilusión por convertirse hoy en lo que es, sin necesidad de compararse con otros ni desmerecer a otros; una tierra que es lo que es gracias a la gran valentía y fortaleza de quienes nos precedieron para preservar lo que era y lo que será siempre: un pueblo que defiende la autonomía, la Constitución y la democracia por igual. Señorías, hablar de autonomía de Cantabria en la misma semana en la que celebramos el 39.º aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria es también hablar, desde el recuerdo y la reivindicación, de una tarea colectiva que llevó a miles de personas a salir a las calles para defender lo que creían justo cuando en este país dejábamos atrás el capítulo oscuro de la Dictadura y comenzábamos a hablar, a dialogar y a respetarnos como iguales a pesar de pensar diferente. Hablar de nuestro estatuto es hablar del orgullo de lo que representa ser cántabro y español, porque, señorías, no hay mayor riqueza para un pueblo y para un país como España que la diversidad con la que hablamos y sentimos lo que somos: ciudadanos y ciudadanas de un país con una larga historia de encuentros y desencuentros, de unidad y división, de orígenes distintos que confluyen a lo largo de los tiempos. Ese esfuerzo colectivo que hicimos hace cuarenta y dos años por anteponer el diálogo el consenso por encima de cualquier otra cuestión es lo que nos dio paso, señorías, a la mayor etapa de progreso, bienestar y paz social de la historia de nuestro país, y esa misma vocación de reencontrarnos, que es hoy tan urgente como entonces,esa llamada al consenso con la que hablamos hoy de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria fue la que nos puso de acuerdo a cinco formaciones distintas del Parlamento de Cantabria para abordar la eliminación del aforamiento del presidente, consejeros, consejeras, diputadas y diputados autonómicos. Seguramente en el origen de aquel debate que se suscitó partimos de puntos de origen distintos, tuvimos matices diferentes, pero supimos ponernos de acuerdo en lo importante para que saliera del Parlamento una propuesta común y compartida por todos, una misma voz para defender la voluntad de los cántabros, esa reforma que demuestra que hablar hoy del estatuto y de Cantabria es hablar también de democracia. Con esta reforma se permite avanzar en un modelo de sociedad para Cantabria en el que todos los ciudadanos nos reconocemos cuanto más iguales mejor. Por eso permítanme, señorías, que termine mi intervención hablando de ese largo camino de logros y conquistas que hacen hoy de Cantabria un espacio de convivencia en el que mirarse: el hospital Marqués de Valdecilla como baluarte de la mejor sanidad pública; la universidad de Cantabria como ese ascensor social que reivindicamos siempre para alcanzar la igualdad de oportunidades; los centros de investigación públicos como el Idival, el Ibbtec, e IFCA, o el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, como espacios de innovación y ciencia que se unen para hacer de la transformación un objetivo común; el valor de nuestras industrias y empresas, a las que dedicamos esfuerzo para mantenerlas, pero sobre todo para reconvertirse y que sigan generando desarrollo, actividad productiva, oportunidades y empleo en nuestra tierra; la importancia de nuestra cultura ancestral, que tiene en cuevas como la de Altamira un patrimonio inmaterial que ha permanecido inalterable con el paso del tiempo; o la fortaleza de las gentes de la mar, que viven en nuestras costas y en las villas marineras de Cantabria, como reflejo del trabajo de quienes, en el Cantábrico, a veces enfurecido, tienen depositada toda su esperanza; o quienes pueblan nuestros valles y montañas, que recorren en albarcas mirando los Picos de Europa, que muestran la riqueza de quienes trabajan la tierra, cuidan el ganado y nuestros prados y ríos para dar lo mejor de nosotros mismos. Cantabria son también las infraestructuras y proyectos que hemos comprometido para el avance de nuestra comunidad y que quedan reflejados, por fin, en los Presupuestos Generales del Estado. Sinceramente, señorías, Cantabria es hoy lo que es gracias a la unidad, la cooperación, el trabajo compartido y el consenso que hemos defendido estos años; una Cantabria que hoy suena con fuerza en este Congreso de los Diputados y que demuestra con cada paso firme que da que no hay mayor garantía para la democracia y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestra tierra que el diálogo; un diálogo al que llamamos para seguir construyendo el futuro de nuestra tierra. Ese es el camino para hacer más y mejor Cantabria. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Casares. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Continuamos con el orden del día relativo a debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, el debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad del texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Jiménez-Becerril Barrio.
Gracias, presidenta. Este Gobierno y sus socios han convertido este Parlamento en el festival de la hipocresía. Una clara prueba de ello es que un grupo político como el PNV sea el que fuerce la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana; una ley que viene de mano de un partido político que, con la mayor cobardía imaginable, ha mirado siempre para otro lado mientras la organización terrorista ETA amenazaba la seguridad no solo de los vascos, sino de todos los españoles. Pocas lecciones pueden darnos estos nacionalistas sobre cómo proteger a los ciudadanos, porque, mientras el PNV recogía las nueces, muchos inocentes fueron asesinados, heridos, secuestrados o forzados al exilio por la mano de ETA que sacudía el árbol. Y no lo digo yo, lo dijo un histórico de su partido, Arzalluz, a secas, porque lo de señor no se lo merece alguien que en 1994 afirmó que no era bueno que ESTA fuese derrotada. Si la hubiéramos vencido entonces, mi hermano y su mujer seguirían vivos y criando a sus hijos, y muchos inocentes habrían salvado la vida. Ustedes, señores de Bildu y del PNV, deberían preguntarse por qué no pudieron o no quisieron derrotar a ETA. No vengan a hablarnos de seguridad, señores del PNV, mientras ustedes, junto a Bildu y Podemos, apoyan a los proetarras que agredieron brutalmente a indefensos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. ¿Esa es la protección que quieren los socios de Sánchez para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?, ¿la que los abandona frente a la barbarie? Ya sabemos que a Pablo Iglesias - como dijo en 2012- le emociona ver cómo unos manifestantes agreden a la policía, pero, a nosotros, mujeres y hombres del Partido Popular, lo que nos emociona es ver cómo nuestros policías y nuestros guardias civiles se juegan la vida para protegernos, y nunca nos cansaremos de agradecérselo. ¿A que, a día de hoy, señor Iglesias, lo que a usted le emociona es ver su casa bien custodiada por la Policía o la Guardia Civil? La tranquilidad no tiene precio, señor vicepresidente, y la hipocresía tampoco. Para dar cobertura legal al incansable trabajo de nuestras fuerzas de seguridad, necesitamos esta ley, que no hay que derogar ni modificar, ni en forma ni en espíritu, porque cuenta con el apoyo de quienes la utilizan para garantizar nuestra seguridad y libertad frente a los terroristas criminales y a todos aquellos que amenazan nuestra libertad. Y ustedes, los de Bildu, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de seguridad y libertad, cuando durante años apoyaron la socialización del terror y cuando hoy su portavoz en el Parlamento vasco es capaz de decir lo siguiente: El daño causado por ETA está reconocido; que fuese justo o injusto depende de cada relato. Díganle ustedes, señores de Bildu, a su compañera, de mi parte, cuando la vean, que les pregunte a mis sobrinos si fue justo o injusto quedarse sin padre con cuatro, siete y ocho años de edad. [[Prolongados aplausos]] A los diputados de Bildu se les llena la boca de hablar de seguridad, de libertad, de derechos humanos. He comprobado cómo algunos de ustedes, la semana pasada, recordaban el aniversario del Holocausto - algo muy loable -, yo también lo hice; pero, me hubiera gustado que hubieran recordado con la misma pasión el aniversario del asesinato de mi hermano y su mujer, que fue el 30 de enero. Pero, no, ustedes, los de Bildu, son más de homenajear a los terroristas de ETA que de honrar a sus víctimas. Por cierto, ya que hablamos de seguridad, ¿les parece hoy una buena ocasión para condenar aquí, de una vez por todas y sin trampas de reparto de culpa, los crímenes de la organización terrorista ETA contra españoles inocentes, sí o no? [[Aplausos]] El silencio, su silencio, les delata, porque el que calla otorga. Y, como seguimos hablando de seguridad, permítanme que le diga al señor Marlaska - que no está presente, pero yo se lo digo igual - que, cuando compruebo cómo usted, despojándose de su armadura de dignidad con la que se enfrentó a ETA en tiempos duros, se ha quedado desnudo frente a millones de españoles, que no entendemos por qué, en el poco tiempo que lleva este Gobierno, se han acercado, excarcelado o progresado de grado a más de 150 terroristas de ETA, la mayoría de ellos con crímenes de sangre. Y nos dice el señor Marlaska que los asesinos han firmado un papelito donde reconocen el dolor causado. ¡Qué burla para sus víctimas! Si de verdad se arrepintieron estos etarras, ayudarían a esclarecer los más de 370 crímenes de ETA que siguen sin ser resueltos. Pero, no, estos luchadores de la muerte están orgullosos de sus crímenes, no se arrepienten, señor Marlaska, y usted lo sabe tan bien como yo. Y ahora lo sabe también la Audiencia Nacional, que ha rechazado la validez de las cartas de arrepentimiento de los presos de ETA, donde la sección encargada de resolver los asuntos de vigilancia penitenciaria ha dictado un auto, en el que sostiene que estos escritos que firman los etarras no son sinceros y solo buscan obtener beneficios penitenciarios. ¿Y ahora qué, señor Marlaska? Ahora que sabemos de esas cartas tipo, en las que los terroristas dicen reconocer el dolor causado, como si estos asesinos de ETA fueran capaces de imaginar por un segundo el dolor que sintió mi madre cuando le dijeron que habían matado a su hijo, ¿va usted, señor Marlaska, a dar marcha atrás con la carrera de acercamientos o va a seguir cumpliendo el pacto que este Gobierno ha hecho con Bildu para ir acercando cinco terroristas de ETA a la semana? La Sociedad española - todos los españoles que fuimos víctimas de ETA - tiene el derecho de conocer este indigno pacto que ha firmado este Gobierno con los herederos de ETA, pero que no hemos firmado los españoles, cuándo, dónde y en qué condiciones se ha llevado a cabo y si es un acuerdo escrito o sólo de palabra. Aunque poca palabra tienen quienes son capaces de firmar un pacto tan indigno de espaldas no solo a las víctimas de ETA, sino a todos los españoles. [[Aplausos]] Ya lo dijo uno deellos, el terrorista De Juana Chaos, cuando veía llorar a mi familia tras el doble asesinato de Alberto y de Ascen: Sus llantos son nuestras sonrisas, y acabaremos a carcajada limpia. Está claro, señor Sánchez, que ante estos acercamientos de etarras son las víctimas las que lloran y los De Juana Chaos, Kantauri y Txapote los que se ríen a carcajadas. Como Pedro Sánchez vuelva a decir en esta Cámara que el Partido Socialista acabó con ETA, volveré a decirle que es mentira, aunque no tenga la palabra, como mentiras son las muchas que se han dicho sobre esta ley que traemos hoy aquí, y no lo digo yo, lo ha demostrado el Tribunal Constitucional, que ha dado el aval definitivo a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del Gobierno popular, que está vigente y funciona para tranquilidad de todos los ciudadanos. Por eso, muchas de sus señorías deberían pedir perdón por haberles mentido a los españoles al decir que esta ley no permitía las manifestaciones. Lo que no permite esta norma es que un manifestante le tire una silla de hierro a un policía, como he visto yo en una manifestación en el Paseo de Recoletos, o que los disturbios de Barcelona acaban con cientos de policías heridos y uno de ellos en coma; eso es lo que no se puede permitir. Esta ley era y es necesaria, y ello queda acreditado porque el actual Gobierno del PSOE y Podemos la mantienen, y lo hacen porque es una herramienta legal imprescindible que responde a las necesidades del estado de alarma. Ha quedado claro que esta ley fue injustamente llamada Ley mordaza por la propaganda de la izquierda y el nacionalismo, y espero que admitan de una vez que el texto propuesto por el Gobierno del Partido Popular cumplía con los principios constitucionales, y este debate de hoy sería un buen sitio para dejar de llamarla Ley mordaza, señorías de Podemos y del PSOE, porque ustedes bien cómodos se sienten aplicándola. La verdad es que la única mordaza que muchos vemos es la que les pone este Gobierno a los españoles, que se sienten impotentes ante un presidente que amenaza su libertad y sus derechos fundamentales con leyes como la Ley Celaá, que prohíbe alos padres elegir la educación que quieren para sus hijos, o la Ley de la eutanasia, que nace sin consenso social y con las asociaciones médicas y de bioética amordazadas frente a una ley tan importante. Mordaza es la que quiere poner Pablo Iglesias a la prensa libre en España con el consentimiento de Pedro Sánchez. Mordaza es la que quiso ponerle el ministro Marlaska al valiente coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por hacer su trabajo y al no conseguirlo, lo destituyó. Y visto que esta ley está siendo indispensable para luchar contra la pandemia por COVID, no es aconsejable abrir ahora un proceso de reforma, como propone el PNV, porque crearía inseguridad jurídica a las autoridades, a las Fuerzas y Cuerpos De Seguridad del Estado y a todos los ciudadanos. Por ello, el Grupo Popular pide que se apoye la enmienda a la totalidad que hemos presentado para mantener el texto de la vigente ley sin modificaciones. Sería de una hipocresía sin límite que este Gobierno, que está aplicando la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, votase hoy aquí en contra, aunque a mí no me extrañaría que lo hiciera, porque desde que el tándem Sánchez-Iglesias nos gobierna, en esta nuestra querida España, los españoles nos sentimos más libres y menos seguros. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Gracias, señora Jiménez-Becerril. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García.
Egun on. Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Leía hoy en la prensa que el Partido Popular había financiado un medio de comunicación haciendo uso de los fondos B para difundir la idea de que el terrible atentado del 11-M había sido responsabilidad de ETA. Hoy hemos visto cómo una portavoz del Partido Popular, que sufrió un terrible drama en su familia, ha utilizado su exposición de motivos para hablar de ETA - que está ya disuelta - en relación con la Ley mordaza. Bueno, supongo que será una cortina de humo, porque leyendo la exposición de motivos aparecen hechos cuando menos curiosos, ya que recoge que la reforma de esta ley fue necesaria y oportuna ya que respondía a una demanda de amplios sectores de la sociedad. Miren, no hay ley que haya aunado más a toda la oposición en contra de una norma, precisamente tuvo el rechazo de la sociedad y de la inmensa mayoría de los partidos políticos. Pero es que ustedes la aprobaron solos, solamente ustedes defendieron su aprobación. De igual forma nos dicen que se incorporaron las sugerencias, las recomendaciones de grupos y asociaciones, organizaciones y entidades, eso sí, se nos ha olvidado decir de quiénes, de qué grupos o de qué asociaciones. Asimismo, nos dicen que tuvo el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Claro, y ahora nos pueden decir también que del Tribunal Constitucional y podían haber dicho también que del rey y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Obviamente, todos aquellos órganos que son de su cuerda o que controlan de alguna manera es normal que les apoyen, pero de lo que se olvidan es de decir que la inmensa mayoría de los partidos políticos, de los sindicatos, de organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional - que hoy mismo todavía están pidiendo su reforma o derogación -, pero también organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa están pidiendo que se retire o que se derogue esta ley por liberticida, por ir en contra de los derechos. Algo que sí me preocupa, y en lo que tienen razón en su exposición de motivos, es que el Partido Socialista y Unidas Podemos en el Gobierno están utilizando más esta norma sancionadora que lo que la utilizaron ustedes, con más de un millón de sanciones, lo que da visos de que ha habido una desproporción y una arbitrariedad en muchos casos porque uno de los problemas principales de esta norma es que deja a los agentes de la autoridad como parte y juez, con una arbitrariedad total. Señores del Partido Socialista, no sé a qué esperan para meter mano a esta ley cuanto antes; nosotros apostamos por la derogación y, aunque sea por la máxima reforma, nosotros presentaremos enmiendas. Dicen que no hay ningún grupo que haya presentado propuestas, pero nosotros ya anunciamos que vamos a presentar enmiendas parciales a la totalidad del texto porque seguimos abogando por su derogación. No olvidemos que los autores intelectuales de esta norma fueron los mismos que están siendo hoy en día investigados por haber hecho uso de fondos reservados, de agentes policiales, la policía patriótica, para luchar fuera de la ley contra sus enemigos internos, aquellos que podían facilitar información sobre los chanchullos del Partido Popular, como hoy mismo podemos leer en la prensa, pero también contra sus enemigos externos, ya fuera en Cataluña con la Operación Cataluña, o en Euskal Herria contra partidos de izquierda que hoy forman parte del Gobierno, contra todos aquellos que pasaban por ahí. Y si vamos más allá, hay que tener en cuenta que no solamente se trata de un asunto de esta ley, es más general. España tiene uno de los sistemas penales más duros, más represivos, del entorno europeo. Hoy en día se puede ir a la cárcel por una canción o por un tuit. Vemos cómo tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional, siguen aplicando legislación de excepción. Y no olvidemos que hace apenas una semana conocíamos que España era condenada de nuevo, once condenas por no investigar torturas, seis de ellas cuando correspondía al señor Grande-Marlaska, el actual ministro del Interior, que no sé si ustedes creen que es la persona más adecuada para estar en un ministerio tan sensible después de una sexta condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también hace unos meses, en octubre, veíamos una sentencia con una condena al Estado español por desproporción policial en el uso de la fuerza en una manifestación cuando gobernaba el Partido Popular. Una pregunta al Gobierno este me respondía que no estaban de acuerdo con esa sentencia, que hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Si responden igual que respondería el Partido Popular, creo que hay un problema. Yo espero, ya digo, que acepten cuanto antes que se entre al fondo del asunto. Es más, que se creen mecanismos para poder garantizar y poder sancionar en el caso de que exista un uso desproporcionado de la fuerza o de la arbitrariedad policial. Esto no nos lo inventamos nosotros, ya hay mecanismos en otros Estados de la Unión Europea para velar, es más, para velar más por las libertades y por los derechos de la ciudadanía y por limitar en aquellos que tienen el llamado uso legítimo de la fuerza para que sea siempre con garantías y con respeto al derecho. Acabo, señora presidenta, animando a los partidos del Gobierno a que se entreguen cuanto antes para tumbar esta ley liberticida. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Muchas gracias, presidenta. Debatimos la enmienda de totalidad del texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Popular a la reforma de la Ley de seguridad ciudadana presentada por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV. Siguiendo la enseñanza que se contiene en la máxima romana de scripta manent verba volant, que significa que las palabras vuelan y lo que queda es lo escrito, no entraré en disputa con el dolor que manifestaba aquí la portavoz del Partido Popular. Por eso me ceñiré al texto concreto de la proposición de texto alternativo y lo que nos dice la exposición de motivos sobre la causa fundamental de su presentación, que consiste en que consideran que no es ni urgente ni oportuno por el momento actual para luchar contra la pandemia por el debate que surgiría a su alrededor, generando inseguridad jurídica a los distintos operadores jurídicos. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular parece decir que esta enmienda de totalidad tendrá la virtualidad, si prosperara, de paralizar la tramitación en ponencia de los debates sobre la reforma de la Ley de seguridad ciudadana y, a talfin, presenta como texto alternativo a la proposición del Partido Nacionalista Vasco un texto que es idéntico a la actual Ley de seguridad ciudadana, con lo que parece que así logrará, si prospera su enmienda, que no se debata sobre la reforma de laLey de seguridad ciudadana, cosa que, a nuestro juicio, es totalmente errada a la vista del Reglamento de la Cámara. Señorías, la reforma de la Ley de seguridad ciudadana la debatiremos en ponencia, Comisión y Pleno, bien directamente a través de las enmiendas parciales que se formulen frente a la misma, si prospera esta enmienda de totalidad, o, si no prospera, la debatiremos a través de las enmiendas parciales que se formulen a la proposición del PNV, tal y como sucedió en la XII Legislatura. Por cualquiera de ambos caminos, debatiremos las reformas que cada grupo parlamentario considere oportunas contra la Ley de seguridad ciudadana. La paralización del debate no está contemplada reglamentariamente por la aprobación de una enmienda de totalidad de texto alternativo. Si esto sucede, como les decía, se abriría un plazo de enmiendas al texto alternativo aprobado y el Grupo Parlamentario Vasco, les anuncio, presentaría de nuevo su proposición, pero ahora bajo la forma de enmiendas parciales, que habrán de Debatirse sin dilación. La única forma de paralizar el debate sobre la reforma de la Ley de seguridad ciudadana, tal y como sucedió durante un largo tiempo en la XII Legislatura, sería a través de una labor obstruccionista, bien de la Mesa De la Cámara prolongando con intención espuria los plazos de enmiendas o bien de la Mesa de la Comisión no convocando la constitución de la correspondiente ponencia, cosas que consideramos no sucederán. Tampoco compartimos la opinión de que no es conveniente comenzar ahora los debates por la crispación e inseguridad que ello conllevaría. En la XII Legislatura se hizo ese mismo catastrófico pronóstico. Sin embargo, los trabajos en ponencia se desenvolvieron con prudencia, discreción y ánimo de acuerdo, dando como resultado un alto grado de consenso entre posiciones políticas que a priori pudieran parecer irreconciliables. Desde otra perspectiva, también quisiera salir al paso de cierta argumentación que pudiera hacerse respecto a que el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 172/2020, ha convalidado en su casi totalidad la Ley de seguridad ciudadana. El Tribunal Constitucional tiene una naturaleza de legislador negativo, señalando de manera rogada por dónde no puede ir constitucionalmente esta Cámara, pero no determinando las distintas políticas públicas que en cada momento y en cada materia el Poder Legislativo decida más adecuadas a los intereses públicos, eso sí, dentro del marco constitucional. En definitiva, la aprobación en su caso de este texto alternativo, que es la misma Ley de seguridad ciudadana, ni congelaría la tramitación de la reforma de la vigente ley ni cambiaría el debate de fondo, solo cambiaría una cosa, que el Partido Popular no tendría que hacer enmiendas parciales. Señorías, confiamos en que esta iniciativa sea rechazada y que en breve, sin procesos electorales a la vista, podamos iniciar los trabajos en ponencia con el mismo espíritu que animó los inconclusos trabajos en la XII Legislatura y sabiendo que en una democracia avanzada, en la que su valor máximo debe ser el pluralismo, nadie puede pretender que sus posiciones sean acogidas en su totalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Muchas gracias, presidenta. Señora Jiménez-Becerril, representa usted la dignidad de todas las víctimas del terrorismo. Nuestro apoyo siempre a su dolor, al dolor de su familia y al recuerdo de sus familiares. [[Aplausos]] Por cierto, hoy es el 40.º aniversario de laAsociación de Víctimas del Terrorismo. Ojalá nunca hubiera habido que crear esta asociación, pero quiero decirles que jamás se entenderá la historia de este país sin el relato veraz de todas las víctimas del terrorismo, porque ese es el relato dela realidad que sucedió en este país y no lo que quieren imponer algunos. Mi recuerdo también para ellos y mi enhorabuena para la Asociación de Víctimas del Terrorismo en su 40.º aniversario. El PP nos pide que apoyemos un texto que dicen que es alternativo. Hombre, alternativo, alternativo, señores del Grupo Popular, no es. Es una copia literal en todos sus términos de la ley original, del año 2015. Es más, ni siquiera se han molestado - podrían haberlo hecho si de verdad fuera un texto alternativo - en modificar el nombre de algunos ministerios que vienen recogidos en la ley, como, por ejemplo, el del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que ustedes hacen referencia, que era el ministerio que existía el año 2015. Aunque fuera, podrían haberlo adecuado un poco a nuestra realidad. ¿Eso qué significa? Significa que realmente ustedes lo único que pretenden es una artimaña parlamentaria para intentaranular la reforma de la proposición de ley que presentó el Partido Nacionalista Vasco, cuya toma en consideración fue aprobada por toda esta Cámara. En fin, parece un poco presuntuoso intentar modificar con este texto, que es el mismo que el del año 2015 - insisto -, algo que ya aprobamos en esta Cámara. Nosotros hubiéramos considerado apoyar una enmienda, ya que nos parece que la modificación propuesta por el PNV - ya lo dijimos en aquel debate - se queda corta. Y hay muchísimas más cosas que nos hubiera gustado cambiar - de hecho, ese fue el espíritu de la XII Legislatura - en la modificación de la ley. Si ustedes hubieran presentado de verdad parte de los trabajos que se hicieron allí, se hubiera adaptado mucho más a la verdadera reforma que necesita esta ley. Eso quizá lo hubiéramos apoyado, ya que se hizo allí con muchísimo consenso, incluido el suyo, señorías del Grupo Popular, incluido el suyo. Y el Grupo Socialista y Unidas Podemos tampoco se pueden librar de una crítica similar en estos momentos. Recuerdo que el GrupoSocialista presentó una alternativa que era derogar directamente la ley y nos retrotrae a la famosa Ley de la patada en la puerta del señor Corcuera. Tuvimos que debatir e Incluso modificar en la ponencia de la ley, teniendo en cuenta aquella proposición de ley, porque las dos fueron aprobadas - lo recuerda el señor Legarda perfectamente -, y aquello nos generó bastantes problemas desde un punto de vista de construcción de la ponencia de la ley. Si se hubiera derogado aquella ley, ¿qué hubiera pasado en estos momentos con el estado de alarma, señores del Grupo Popular? ¿Qué hubiera pasado? Si se hubiera derogado la ley actual de seguridad ciudadana,señores de Podemos, ¿qué hubiera pasado en la pandemia actual, donde no hay nada regulado en ninguna otra ley para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan ejercer de verdad el papel que les otorgó el Gobierno con los decretos de alarma? Además, ustedes no han traído ninguna iniciativa parlamentaria para llevar a cabo esta reforma aquí. Es justo reconocer que sin la Ley de Seguridad Ciudadana actual el Ministerio del Interior tendría muchísimos más problemas en estos momentos. De hecho, esta ley ha sido más aplicada por el actual Gobierno en seis meses que por el Partido Popular en los cuatro años anteriores desde su aprobación. El inefable Marlaska - volvemos a tener que hablar del señor Marlasca porque es el ministro del Interior - defendió expresamente la aplicación durante el estado de alarma del artículo relativo a la desobediencia a la autoridad que se contempla en esta ley, pero, a preguntas sobre si el Gobierno sigue con la idea de derogar, dijo que sí. Dijo que sí, pero que en el futuro. ¿Cómo que sí? ¿De verdad vamos a derogar para volver a la anterior? El otro día fue el Día de la Marmota y es que en esto parece que estamos en el 2 de febrero: volvemos otra vez al Día de la Marmota legislatura tras legislatura y año tras año. Me parece que no hacemos más que hacer demagogia pura con este tema en vez de afrontar de verdad los problemas y resolverlos. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que nos demanda la sociedad y esto es lo que no están haciendo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Por favor, arranquemos de nuevo de una vez con la ponencia sobre la modificación de esta ley, porque es verdad que hay que cambiarla en muchos puntos. Yo les digo algunos de los que nosotros presentamos como enmiendas en su momento en la XII Legislatura y vamos a volver a presentar ahora, porque son aspectos que los ciudadanos quieren que se consideren. Entendemos que es una ley básica para nuestra convivencia y para el uso de los espacios públicos. Por tanto, creemos que es necesario que la revisemos de una vez, la adaptemos, defendamos la libertad y entendamos que son los jueces y no el poder político ni los funcionarios los que deben decidir cuándo es lícito restringir los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos. Una ley clara, una ley que intensifique las garantías que ofrece la actual regulación para los ciudadanos y para todos los profesionales que velan por el cumplimiento de la ley. Porque es falso, señores del PP, que la modificación de esta ley, como ustedes dicen, vaya a traer más complicaciones a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No somos sospechosos de querer complicar la vida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sí queremos modificar esta ley. Dejen de utilizar ese argumento porque es un argumento falso. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las modificaciones de la ley, van a estar más protegidas que con la ley actual, que es su ley. Esto lo saben ustedes y lo sabían sus portavoces cuando negociaban en la XII Legislatura en la ponencia. Hablemos de okupación ilegal, que también hay que incluirla, como se cerró en aquel momento. Hablemos de la obligación de diligencia de los grandes tenedores de patrimonio inmobiliario, que no está recogida en ninguna ley y que es parte de lo que hemos estado discutiendo antes con todo lo de la okupación. Modifiquemos los registros corporales. Incluyamos el maltrato animal, que también es importante incluirlo en algún sitio y no está recogido en ningún ordenamiento. Los productos químicos. Señorías, la tasa del DNI, que no...
Señor Gutiérrez, tiene que terminar, por favor.
Finalizó, presidenta. ... se aplique, por favor, a aquellas personas en situación de exclusión social. Son cosas básicas, señorías. Por tanto, pongámonos a trabajar, por favor, señorías. Arranquemos esto. Yo le pido al Partido Socialista, a Unidas Podemos oa los grupos que dejen de bloquear esta ley, que la traigamos lo antes posible...
Señor Gutiérrez, ha finalizado su tiempo.
Sí, gracias, presidenta. No la bloqueen y pongámonos a trabajar. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gutiérrez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Muitas grazas, señora presidenta. El PP va siempre muy justito de democracia desde su propia fundación por ministros franquistas y muy, muy sobrado de corrupción, salvo que su concepto de la democracia sea, como nos acaba de recordar Luis Bárcenas - ese tipo con suerte, porlo menos por ahora -, utilizar las instituciones en beneficio propio y partidario para expoliar lo público, para financiarse ilegalmente, para cobrar sobresueldos en sobres, para la manipulación informativa, para comprar voluntades, para financiarse ilegalmente, para reformar su sede también de forma irregular o para destruir pruebas a martillazos o con trituradora. Pero dentro de su concepto de democracia también está recortar derechos y la capacidad de actuación política para los demás. Promovieron ustedes en 2002, con el apoyo del Partido Socialista, una ley de partidos para intentar excluir a la izquierda abertzale. Es evidente que fracasaron. Claro que si en este Estado hubiese realmente justicia democrática e independiente,con esa ley en la mano y con todo lo que sabemos - seguro que hay mucho más que desconocemos -, el PP estaría ilegalizado por ser una organización criminal. La Ley de Seguridad Ciudadana es otro ejemplo de esa obsesión del Partido Popular por recortar derechos y libertades. Con esta enmienda, el PP se empeña en defender su criatura, aunque sea tan aberrante desde el punto de vista democrático que el pueblo la haya bautizado, con justicia, como Ley mordaza. Señoras y señores del Partido Popular, en los antecedentes con los que pretenden justificar su enmienda solo dicen una verdad, y es una verdad a medias, cuando afirman - citó - que respondía a una demanda de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aclaro que solo la segunda parte es cierta o podría serlo. Respondía, en todo caso, a una necesidad política del propio Partido Popular de frenar por la vía represiva el descontento social generado por la crisis social y económica, y de intentar atajar la profunda crisis política e institucional del régimen del 78, especialmente por la creciente reivindicación de los derechos colectivos de las naciones sin Estado. Esa sí es la verdad. Por eso, ustedes hicieron una ley claramente represiva y antidemocrática, que en vez de concebir la norma y las fuerzas policiales como instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos democráticos en libertad y sin injerencias es utilizada, en muchos casos,para menoscabar los, incluso para impedirlos. Como recordábamos en el debate de la toma en consideración de la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, esta norma habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a realizar acciones que chocan frontalmente con el derecho a laintimidad de las personas sin el adecuado control judicial; entorpece y limita el derecho de manifestación y reunión, con especial afectación al derecho de huelga, y también a las libertades de información y de expresión. Esa es la razón por laque el BNG y amplios sectores sociales y políticos democráticos de todos los pueblos del Estado se opusieron a ella y reclaman, desde entonces, su derogación. Quiero recordar que esta derogación es una de las medidas incluidas en el acuerdo deinvestidura suscrito hace ahora un año entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego. A pesar de ello, el Gobierno actual de PSOE y Podemos no solo no la ha derogado, sino que ha sido el Gobierno que más la ha aplicado, especialmente el artículo 36.6, utilizándolo adecuadamente para hacer cumplir las medidas del estado de alarma - inadecuadamente, sí -. Ya en su momento el BNG criticó que esta utilización vulnerara derechos de ciudadanos y ciudadanas, y exigió una rectificación. Hoy sabemos que teníamos razón, pues existen diversas sentencias que establecen con absoluta rotundidad que se trató de una aplicación inadecuada de la norma. Pero nosotros tenemos claro que el problema es la norma en sí, porque para avanzar en democracia y derechos es necesario eliminar normas antidemocráticas e injustas como esta. Por eso, sin renunciar a la derogación de la actual ley, el BNG apoyó en su momento la toma en consideración de esta proposición de ley del PartidoNacionalista Vasco, porque va en la línea correcta. Por esa misma razón, votaremos en contra de la enmienda presentada por el Grupo Popular. Obrigado.
Muchas gracias, señor Rego. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En el Grupo Republicano queremos la derogación de la Ley mordaza. Debemos acabar urgentemente, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo con el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera que los sucesivos Gobiernos-sucesivos Gobiernos han llegado a hacer. El Ministerio del Interior y también la Dirección General de la Policía continúan negando en comisión parlamentaria que existan devoluciones en la frontera, aunque haya muchas pruebas de ello. Votaremos,obviamente, que no, señorías del Partido Popular. Numerosas ONG demandan la derogación de la conocida como Ley mordaza, entre otros motivos, porque consideran del todo imposible respetar los tres requisitos en las devoluciones en caliente que ejecutan en la actualidad. La inmediatez que caracteriza una devolución en caliente, que básicamente consiste en abrir la verja y expulsar a la persona, es incompatible con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la situación de asilo o efectuar un recurso; es decir, cumplir con el principio de la no devolución incluido entre las obligaciones internacionales que el Estado español ha firmado. Por lo tanto, las devoluciones en frontera de la disposición adicional primera que se añadió a la disposición adicional décima en la Ley de extranjería van en contra del derecho internacional. Esta mañana he escuchado en la radio cuando venía para aquí - veo que el diputado de Bildu también lo escuchó - que un dirigente del Partido Popular decía: Nuestro partido es otro, es nuevo, no tiene nada que ver con el anterior. ¡Mentira!¡Mentira! ¡Mentira! Cada día aquí, en el Legislativo, en los consistorios de todo el Estado español, en los ayuntamientos en sus acuerdos con la extrema derecha neofranquista de España demuestran que ustedes son los mismos. Y lo que traen ustedes aquí hoy no es nada más ni nada menos que más de lo mismo del Partido Popular. Y es más, lo traen con miedo para mostrar a la ciudadanía - sobre todo en época de elecciones - que van más allá del partido de extrema derecha neofranquista de España. [[Rumores]] Cada día, como he dicho, aquí, en el Legislativo, queda clarísimo - no solo aquí, en el hemiciclo, sino también en las comisiones - que ustedes continúan siendo los mismos. Ustedes han entrado a formar parte, diría yo - y recomiendo un buen artículo que han escrito hoy en VilaWeb que me ha gustado mucho -, de una internacional cristo neofascista de todo el mundo, donde entra Bolsonaro, donde entra Trump, donde entra Viktor Orbán, donde entra toda la fascistoide del mundo mundial. Han entrado ustedes en esta internacional cristo neofascista. [[Rumores]] Voy a recordar una cosa. ¿Ustedes recuerdan que el PP llegó a alcanzar acuerdos aquí, en esta casa, para modificar artículos de la ley? Estoy hablando de la época de M. Rajoy. Ustedes llegaron a un acuerdo con la mayoría de esta Cámara para cambiar artículos de la ley porque, según ustedes, necesitaba transformaciones importantes. ¿Recuerdan ustedes que querían cambiar... [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Esto pasó en la época de M. Rajoy y del señor Zoido, les recuerdo. Otra cosa. Ustedes llegaron a decir, obro cometes - en catalán -: aceptamos como base el texto del Partido Nacionalista Vasco. Pero es que es idéntico, repito, el texto del PNV es idéntico, y ustedes ahora no quieren reformar una cosa que en la época de M. Rajoy dijeron que querían reformar. ¿En qué quedamos? Dejen ustedes de jugar con la vida de las personas, con las víctimas de los artículos de esta ley, que no es nada más y nada menos que un ejemplo de necropolítica. Y digo otra cosa, la Ley mordaza dejaría al Estado español fuera de la Unión Europea si hoy aspira a ser miembro de la misma. Sí, pongo un ejemplo: las reformas legislativas que alejan a países como Turquía del acceso a la Unión Europea tienen elementos clavaditos a la Ley mordaza española - clavaditos - en contextos de vulneración de derechos humanos. Con lo cual, la Ley mordaza tiene que ser derogada. El PP quiere mantener una ley de la época del señor Jorge Fernández Díaz. Sí, el mismo ministro que hasta hoy justifica disparar balas de goma a quince personas que murieron ahogadas en la playa de El Tarajal, de Ceuta. Por cierto, pasadomañana todo el Estado español, también Marruecos y sobre todo Ceuta, recordaremos a las víctimas del asesinato de El Tarajal. Esta ley viene de la época del mismo ministro de Interior que hasta hoy defiende la muerte, el asesinato de estas quincepersonas. Acabo diciendo una frase de la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, que señaló lo siguiente: La devolución en frontera criminaliza al migrante irregular y la sentencia le impide, de facto, defender cualesquiera derechos humanos de los que es titular. Derechos humanos. No sé si les suena. A Cabo. La Ley mordaza viola el derecho de reunión, de manifestación, de libertad de expresión y de información. Debemos eliminar como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes...
Señora Carvalho, tiene usted que finalizar.
... y debemos acabar urgentemente con la posibilidad de hacer cacheos, porque esto posibilita las redadas racistas por perfil étnico racial, muy comentadas y denunciadas por organismos estatales e internacionales. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señora Carvalho, ha finalizado su tiempo. Muchas gracias. [[El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra]] ¿Sí, Señor Espinosa de los Monteros?
Señora presidenta, pido la palabra en relación con el artículo 72.
El artículo 72 lo que...
Perdón, el artículo 71.3.
¿Alusiones? ¿El artículo 71, el de alusiones?
Sí, señora presidenta. Ha habido tantas que me cuesta un poco mostrarlas, pero hay una que yo le ruego que invite a la diputada a que retire o se borre del Diario de Sesiones, si lo desea, qué es la expresión altamente ofensiva para cualquiera, del partido que sea, 'cristo neofascista'. Gracias. [[Aplausos]]
Señora Carvalho, ¿quiere usted retirar la expresión?
No.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Le he pedido a usted que la retire y no he oído la respuesta. ¿No ordenó retirarla del Diario de Sesiones?
Señor Espinosa de los Monteros, no tiene usted la palabra, la tiene el señor Santiago Romero.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Popular nos trae una enmienda a la totalidad sobre la proposición de ley que debatimos actualmente de reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana que, conforme al Reglamento de la Cámara, nos obliga a hacer un debate a la totalidad. Puede durar este debate aproximadamente una hora y, atendiendo al presupuesto del Congreso, esa hora les va a costar a todos los españoles 33.000 euros, más o menos. Es bastante dinero para una persona trabajadora, considerando que el salario medio anual en España el año pasado ha sido de 24.000 euros y el salario habitual inferior a 19.000 euros. Para el PP, sin embargo, es poco dinero. Ya hemos visto que el señor Martínez Almeida considera que las personas que ganan entre 32.000 y 88 000 euros al año tienen problemas socioeconómicos y por eso ha acordado darles unas ayudas con dinero público para pagar el alquiler, a la vez que mantiene cortado el suministro de luz en la Cañada Real, ayudas a los ricos y olvido y dolor para los pobres. Pero el caso es que el Grupo Popular nos hace perder hoy una hora en esta Cámara porque su enmienda a la totalidad es un fraude legislativo, una fraudulenta enmienda que nos obliga a debatir, literalmente, palabra por palabra el mismo texto de la Ley de seguridad ciudadana en vigor, despreciando que este Congreso ya ha acordado su reforma, no su mantenimiento. Imagino que los varios centenares de asesores y juristas que el Grupo Parlamentario Popular tiene en esta Cámara estarán avergonzados del ridículo realizado, solo comparable con el sonrojo que provocan las preguntas al Gobierno del señor García Egea. Han copiado la ley en vigor y la han copiado mal, han incluido artículos que no se reforman en la proposición debatida, hacen referencia a una futura reforma del Código Penal que se aprobó en el año 2015, hablan de libros registros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado que no existen, que se han digitalizado, y hablan de una estructura ministerial que tampoco existe. Tampoco se han molestado en considerar las modificaciones y precisiones de la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado. Es decir, están actuando vergonzosamente. La cultura del esfuerzo, que falsamente se atribuyen, sólo la conocen por haberla visto en las personas que trabajan para ustedes; se comportan como señoritos derrochadores de recursos,incapaces de esforzarse un mínimo en su trabajo. Vamos a votar en contra de su fraudulenta enmienda porque entendemos que en una democracia la protección de la seguridad ciudadana no se permite implantar un régimen de sospecha sobre los ciudadanos y sobre el ejercicio por estos de los derechos fundamentales, como hizo el Partido Popular con la reforma de 2015, impulsada por el ministro que utilizaba el Ministerio del Interior para perseguir a quienes molestaban a su partido, para obstruir a la justicia y para destruir las pruebas de la corrupción del Partido Popular. Para nuestro grupo parlamentario la seguridad ciudadana es la premisa necesaria para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas y es obligación de los poderes públicos garantizar. Por eso apoyamos laproposición de ley del Partido Nacionalista Vasco en tramitación y humildemente trabajaremos para mejorarla con dos objetivos. El primero de ellos es acabar con el recorte de las libertades públicas y derechos fundamentales que el Partido Popular implantó para dificultar el derecho a la protesta - protesta contra sus recortes sociales y el empobrecimiento de la población española - a su Gobierno. ¿Se acuerdan de cuando llegamos a 6270.000 parados, el 27 % de la población activa y el 55 %entre las personas jóvenes? Muy lejos del desagradable número de parados que hay hoy en España en el peor momento de una pandemia mundial. Y el segundo objetivo es expandir los derechos fundamentales para garantizar una convivencia social en paz para todos. Nuestro concepto de la seguridad ciudadana es inseparable de la garantía de los derechos fundamentales de la dignidad de la persona y la propuesta del Partido Popular, no se engañe nadie, es volver a la negra noche de los recortes de libertades del Gobierno de Rajoy. Por eso vamos a recoger propuestas que hacen organizaciones como Amnistía Internacional para garantizar el derecho a la intimidad y a la dignidad en los registros corporales, porque no pueden permitirse sanciones al ejercicio del derecho a la libertad de información y a la libertad de prensa o al ejercicio de la libertad de expresión en concentraciones o reuniones. Vamos a acabar en esta tramitación con las sanciones e impedimentos al ejercicio del derecho a solicitar protección internacional en frontera, para que no pase lo que pasó en El Tarajal con esas muertes. Vamos a eliminar sanciones al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en cualquier lugar, y erradicaremos cualquier supuesto intermedio entre la libertad y la detención, la mal llamada retención, situación impropia e inaceptable en un Estado de derecho. La izquierda hemos estado años luchando durante una Dictadura para conquistar el derecho de reunión y manifestación, y no vamos a permitir nunca que quienes sustentaron la Dictadura vuelvan a limitar o condicionar esos derechos. Por eso protocolizaremos la actuación policial en el ejercicio del derecho de reunión y garantizamos la proporcionalidad de cualquier sanción que afecte al derecho de manifestación. Nunca más una persona pensionista podrá ser sancionada con cantidades superiores al 50 % de su pensión mensual por pisar la calzada durante una manifestación. Finalmente, no podrán ser sancionadas administrativamente conductas tipificadas en el Código Penal. La derecha española se ha mostrado liberticida a lo largo de la historia. Solo aceptan derechos y libertades para los poderosos, mientras imponen obligaciones y recortes de libertades a quienes poco tienen. Su odio a la libertad de los demás les ha llevado a imponer regímenes autoritarios y dictatoriales durante cincuenta años en el siglo XX. La derecha no sabe contestar las reivindicaciones y movilizaciones sociales, solamente piensa en recortar libertades, en vez de en atender esas demandas sociales que las motivan. El paquete legislativo represivo del Partido Popular en la era Rajoy fue impresionante: Ley de seguridad ciudadana, reforma del Código Penal y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. España es el único país de la Unión Europea donde se entra en prisión por la letra de una canción. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas que apoyan a este Gobierno para trabajar por la recuperación de las libertades públicas que el Partido Popular nos ha cercenado.
Señor Santiago, ha finalizado su tiempo.
Señores de las derechas, desistan de limitar las libertades públicas por las que tanto ha luchado este pueblo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Santiago. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. [[Aplausos]]
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Antes de comenzar mi intervención, quiero hacer una precisión. Antes la diputada del Grupo de Esquerra ha dicho que fue un asesinato lo de El Tarajal. Falso, el juez archivó la causa contra la Guardia Civil. Así que le ruego que, por favor, no mencione usted más a la Guardia Civil ni le impute ningún delito. [[Aplausos]] Señorías, cuando desde mi grupo me designaron para defender esta proposición de ley sobre seguridad ciudadana y vi que fueron ustedes, los del PNV, los proponentes, les tengo que decir que no me sorprendió el texto que elaboraron. Es un despropósito que en este hemiciclo haya tantos enemigos de la unidad de España y que sean, además, los que quieran legislar sobre la seguridad de los ciudadanos españoles. De verdad, esto es poner al zorro a guardar el gallinero. [[Aplausos]] De hecho, quienes conocemos ya su trayectoria gobernando la Comunidad autónoma vasca durante décadas sabemos realmente lo que a ustedes les importan los ciudadanos y los cuerpos policiales: no les importan absolutamente nada, y lo han demostrado. Lo han demostrado con esta proposición de ley que traen ustedes aquí, en la que en cada uno de los puntos que se tratan no han tenido en cuenta la seguridad de los ciudadanos ni de los cuerpos policiales. Ustedes se han centrado en minimizar o justificar la responsabilidad de los infractores, para que sea mucho más beneficioso para ellos y también para que las multas sean mucho menores en todos y cada uno de los puntos. Si quieren, les pongo un ejemplo. Se modifica el apartado 4, del artículo 16, quedando como sigue: 'Asimismo, salvo que el traslado a dependencias policiales fuera por causa imputable a la persona desplazada, tendrán derecho a que se les devuelva a su salida al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes'. Señores del PNV, ustedes saben la cantidad de problemas que tienen los cuerpos policiales con el número de efectivos, especialmente los servicios nocturnos, ¿y quieren que, además, nuestros agentes hagan de taxista para los que infringen la ley no llevando su documentación por la vía pública? Eso es lo que quieren ustedes. Mientras tanto, a una llamada de cualquier persona que necesite con urgencia a los servicios policiales, tenemos que decirle que no se le puede atender porque ustedes quieren que hagan de taxistas. [[Aplausos]] En otro punto apelan por la supresión del apartado 13, del artículo 37, de la ley, eliminando con ello el castigo de vandalismo de baja intensidad. ¿Saben ustedes qué quieren hacer con esto? Esto es lo que quieren hacer ustedes con ello. [[Muestra una fotografía]] Esta es la casa de mi amigo Salvador Ulayar, donde asesinaron a su padre en la puerta de su casa. Con esta ley quieren dejar impune y que queden sin castigo quienes realizan las pintadas a favor de ETA en el País Vasco y Navarra. El año pasado fueron 82 las pintadas a favor de ETA y en contra de las víctimas del terrorismo. Con esta modificación de la ley, ustedes aprueban la impunidad de estos delincuentes. [[Aplausos]] Señorías del PP, la verdad es que me hubiera encantado apoyar esta enmienda a la totalidad que ustedes presentan. De hecho, estamos de acuerdo con la ley, coincidimos con la ley en vigor, pero es lamentable que se hayan limitado a hacer un copy-paste de la ley anterior, sin tener en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado 19 de noviembre, donde dice que se declara inconstitucionalidad del inciso no autorizado, presente en la redacción original del artículo 36.23 de esta ley. Por eso, no podemos apoyarla, pero sí que adecuamos el texto al precepto de la exigencia del Tribunal Constitucional, y trabajaremos para llevarla adelante. Sé que ustedes, al igual que nosotros, tienen la voluntad de que esta ley proteja a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Estado y esté a favor de los ciudadanos, algo que no quiere gran parte del resto de la Cámara porque lo que quieren es modificar la ley para seguir beneficiando al delincuente. [[Aplausos]] Señorías del PNV, hemos visto su nula voluntad de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo hemos visto en las pasadas elecciones de la Comunidad autónoma vasca, como lo estamos viendo ahora mismo en Cataluña. Ni su Gobierno en el PaísVasco ni tampoco en Cataluña han protegido a nuestros dirigentes de VOX y a los simpatizantes que iban a cada uno de los mítines y actos que se han llevado a cabo. Ustedes dejaron que la horda de la izquierda, de los proetarras y de los independentistas-separatistas, ataque a todos nuestros compañeros. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna voluntad de aplicar la ley. [[Aplausos]] De hecho, por eso se negaron ustedes a firmar este manifiesto por unas elecciones democráticas, libres y pacíficas, [[muestra un documento]], y no lo estamos teniendo en VOX porque ustedes lo están propiciando. Señorías del PNV, ¿se acuerdan? [[Muestra una pequeña bolsa de red con nueces]] Son las nueces de las que hablaba un presidente - como bien ha dicho Teresa - de cuyo nombre no me quiero ni acordar. Su presidente decía que los proetarras y los etarras moverían el árbol y ustedes recogerían las nueces y las repartirán entre los suyos. Pero, claro, ahora les ha salido competencia, ahora ya ustedes ni recogen las nueces ni las reparten. Ahora las recogen esos que hay ahí, estos de Bildu. Los bildutarras son los que reparten ahora las nueces, ustedes ahora tienen competencia. [[Aplausos]] Permítame, presidenta, decir que aparte de bildutarras - visto también el nivel de tolerancia que se tiene en este Congreso - son fascistas y responsables de apoyar una organización que ha asesinado a casi mil españoles. [[Aplausos]] Por eso, no nos traen ustedes esta proposición de ley, se han quedado ustedes sin poder recolectar nueces de ETA, y ahora quieren recoger las de los delincuentes. Ustedes, señores del PNV, que han permitido durante años, durante décadas, que las víctimas del terrorismo tengamos que enterrar a nuestros familiares casi en la clandestinidad; ustedes, que han propiciado el exilio de miles devascos; ustedes, que permiten los homenajes, 193 el año pasado [[muestra una fotografía]]; ustedes, que se solidarizan con los asesinos de casi mil españoles, no tienen ninguna legitimidad moral para hablar ni de seguridad ni de libertad. Gracias. [[Prolongados aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Alcaraz. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrada Pariente.
Muchas gracias, presidenta. Ya les informo que hoy no traigo nada de atrezzo, ni fotografía, ni siquiera comida, ni ninguna otra cuestión que pueda entorpecer el debate, porque creo que es un debate bastante interesante. Señorías del Partido Popular, vaya chapuza de texto legislativo que traen hoy, es una pena que no haya nadie de la dirección de su grupo parlamentario aunque solo sea para indicarles... [[El señor Echániz Salgado hace gestos al orador]] Sí, señor Echániz, ahora le veo; sí, está usted. Pues Procuren traer iniciativas legislativas que estén a la altura de un debate parlamentario y no de un hilo de Twitter, señor Echániz, que es a lo que se dedican a hacer aquí, a hacer hilos de Twitter. [[Aplausos]] Esta iniciativa parlamentaria no tiene ni por dónde agarrarla, ni por arriba, ni por abajo, ni del derecho, ni del revés. Cinco veces hemos hablado ya aquí de la Ley de seguridad ciudadana - cinco -. No hay quinto malo, dicen, pero este es malísimo, señor Echániz, muy malo. La verdad es que uno podría pensar que no iba a tener argumentos hoy para debatir, pero sí que los hay, porque ustedes han convertido el universo de la justicia en un auténtico agujero negro que lo absorbe todo. Ayer fue el señor Bárcenas y la semana que viene será el señor Bárcenas, pero tratando de buscar algún nuevo argumento para introducir hoy en el debate me encuentro con que la semana pasada la señora Cifuentes empezó en ese pequeño lío que tiene ella de un trabajo fin de máster, o algo así, y descubrimos un elemento nuevo, y es que el trabajo fin de máster de la señora Cifuentes iba sobre las líneas generales de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Vaya, la señora Cifuentes convertida en una auténtica experta en seguridad ciudadana. Señorías, la cuestión no es que a la señora Cifuentes le hubieran regalo del título, no es que no lo hubiese escrito como la acusaba todo el mundo, ni siquiera es que lo hubiera hecho deprisa y corriendo para intentar justificar que le regalaran un máster, etcétera - esos líos que tienen ustedes -, el punto en común que tienen el trabajo fin de máster y la iniciativa que traen hoy, señorías, es la mentira. La mentira y chapuza en la que ustedes han convertido no sólo su intervención, cargada de bulos y de fakes, sino también el propio texto legislativo que hoy traen aquí. En la Universidad de Salamanca posiblemente se enseñe el mejor castellano del mundo, también probablemente sea una de las mejores Facultades de Derecho del mundo. Permítanme ahora que utilice una palabra: plagio. Ustedes hoy con esta iniciativa no han hecho otra cosa más que plagiarse a ustedes mismos. Se han plagiado tan mal - no voy a entrar en otras consideraciones que han hecho otros oradores - que incluso han copiado la estructura del Ministerio del Interior del año 2015. Recuerdan qué pasaba en el Ministerio del Interior en el año 2015 ¿no? Que había allí gente muy ocupada en tapar casos de corrupción y en elaborar informes políticos contra los adversarios del Partido Popular. Entre hueco y hueco de agenda me imagino que el secretario de Estado y el ministro JorgeFernández Díaz también hablaban de esta Ley de seguridad ciudadana, una ley que ustedes utilizaron para amordazar a la opinión pública y a los medios de comunicación de este país. Señorías, ustedes con esa estructura del Ministerio del Interior del año 2015 convirtieron al propio ministerio en el mejor escenario de una película de Berlanga: falsos curas, chóferes, entradas en apartamentos y en pisos... Solo faltaba, señorías, ver al marqués de Leguineche entrando y saliendo del despacho del ministro para conseguir algunas cuestiones. Eso es en lo que convirtieron ustedes al Ministerio del Interior, en una película de Berlanga, en la cuarta entrega de La escopeta nacional. [[Aplausos]] Hoy, ustedes, señoras y señores del Partido Popular, pretenden aprobar aquí sin esfuerzo, como la señora Cifuentes. Pretenden que esta Cámara les otorgue título de máster en gestión ciudadana, un título que no merecen, pero tampoco es un título que vayamos a regalar con una propuesta de ley de una calidad tan deplorable como esta. Se lo ha dicho hasta su compañero de la derecha, de VOX. Sean honestos, con esta ley ustedes han intentado disfrazar sus argumentos de muchas maneras,pero voy a citar a la señora Cifuentes como experta, que me imagino que a ustedes algo les habrá asesorado sobre estas cuestiones. ¿Se acuerdan de aquello de la señora Cifuentes de que había que sacar las manifestaciones del centro de Madrid porque eran una molestia para los ciudadanos que podían transitar por allí? Pues, fíjense, en aquella época la señora Cifuentes dijo que era necesario modular el ejercicio de los derechos fundamentales y nuestras libertades públicas, ni más ni menos que lo que dice el fondo de su propuesta de ley de hoy y de la propuesta Ley de seguridad ciudadana. Ya finalizó, señorías del Partido Popular. Ustedes están muy acostumbrados durante sus períodos legislativos a desarrollar leyes que lo que hacen es poner palos en las ruedas de los derechos y libertades de los ciudadanos de este país. Pero se han encontrado con su némesis, señorías, se han encontrado con el Partido Socialista, un partido que siempre va a velar por el cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero también por ampliar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Serrada. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] - PROPOSICIÓN DE LEY DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. [[Número de expediente 122/000082]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad del texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural la señora Nogueras i Camero.
Gràcies, presidenta. Señor Mayoral, tenía preparada una introducción, pero parece que ustedes ya han decidido lo que van a votar, y van a votar que no. Así que, si le parece, voy directamente al grano. En octubre les dijimos - y hoy se lo vamos a volver a repetir desde Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP - que Catalunya no necesita una falsa ley de coordinación. Si quieren ustedes que nos coordinemos, hagámoslo, hablemoslo, así como lo hablamos y lo hacemos con otros cuerpos de otros países. La ley que ustedes están tramitando se carga el modelo catalán, se carga las competencias de Catalunya y se carga els bombers voluntaris de Catalunya. Se cargan un modelo, de hecho, que enel resto de Europa no solo se está imponiendo, sino que se consolida y además crece. [[El señor]] Ustedes, el PSC y Els Comuns, han sido incapaces de darme un solo argumento que justifique que hoy ustedes voten en contra de blindar el sistema catalán. Fíjense, en octubre, ustedes aprueban la tramitación de esta proposición de ley que, a mí juicio, no se aguanta ni con pinzas. De hecho, muchos de ustedes han reconocido después que esta ley es una chapuza, señor Mayoral. Después de la aprobación de esta tramitación de ley, el 5 de noviembre, en el Parlament de Catalunya se vota una moción de compromiso de los partidos políticos con el Sistema d'Emergències de Catalunya. La moción consta de cinco puntos, dos de ellos de hecho se aprueban por unanimidad, es decir, por todos los partidos, incluso el Partido Popular y Ciudadanos. En las intervenciones, a propósito de esta moción en el Parlament de Catalunya, el representante de Els Comuns dice - voy a citar textualmente -: Damos la mano al conjunto de fuerzas del Parlament para modificar la proposición de ley en el trámite parlamentario en el Congreso - aquí abro un paréntesis: estamos en el trámite parlamentario en el Congreso. Cierro paréntesis - para garantizar que se preserve y que se proteja el modelo propio que tenemos en Cataluña. Y justamente esto, que Els Comuns prometían en el Parlament de Catalunya, es lo que hoy votamos aquí: proteger y preservar el modelo català. También hablaron los socialistas, y la representante socialista dijo, entre muchas otras cosas - cito textualmente también -: Incluso se puede hacer una enmienda clarísima de excepcionar a Cataluña. Es decir, el PSC propuso en el Parlament De Catalunya presentar una enmienda calçada a la que hoy votamos aquí en el Congreso de los Diputados. Les voy a leer la enmienda que votamos hoy para que no haya ninguna duda, porque algunos de ustedes que han hablado con los bomberos de Catalunya,creo que lo han hecho tratándose de indocumentados. Y aquello que ustedes no les han contado se lo hemos contado nosotros. Ustedes les han dicho que hoy votamos una enmienda a la totalidad que presenta Junts per Catalunya, los demonios de Junts Per Catalunya. Lo voy a contar pero no para que lo sepan ustedes, porque sé que saben que es una enmienda a la totalidad de texto alternativo, sino para que lo sepa la gente que nos está escuchando. Hoy presentamos una enmienda a la totalidad contexto alternativo; un texto que mantiene todas y cada una de las comas de su ley, de la ley española, de la ley que ustedes han votado, pero incluye una disposición adicional que dice lo siguiente: 'Las comunidades autónomas que dispongan de su propia legislación quedarán exentas de la aplicación de la presente ley'. Exactamente lo que el PSC y Els Comuns dijeron en el Parlament de Catalunya que se tenía que hacer. Fíjense cómo dos o tres líneas cambian el sentido de esta ley, dos líneas que recogen todo aquello que el PSC y Els Comuns han prometido a los catalanes y sobre todo a los bomberos de Catalunya. Así que hoy veremos, señor Mayoral, si el PSC y Els Comuns son partidos catalanes útiles en Madrid o, por el contrario, son partidos inútiles para los intereses de Cataluña, partidos que nos dicen lo que queremos oír pero que hacen todo lo contrario, es decir, que solo son el altavoz del PSOE y de Podemos en Cataluña. No sé si alguno de ustedes va a contar en algún momento cuál es la realidad, supongo que estando en campaña poco serán los que tengan narices de hacerlo. Hoy vamos a intentar hacerlo un poquito, tenemos poco tiempo. La realidad es que España es un país que se hunde y que se rompe y que ninguno de los partidos de esta Cámara tiene un proyecto para sacar a este país del fondo del pozo. [[La señora]] Tampoco van a contar,ni el candidato de la Moncloa, Ya, ni la candidata Albiach que las empresas en Cataluña están cerrando a miles, también las empresas de España; que las pymes, los autónomos y las familias catalanas se están ahogando, mientras ustedes aquí les suben las cuotas a los autónomos, mientras no condonan los ICO y los impuestos y obligan a muchos ciudadanos de Cataluña a endeudarse de por vida, cuando los que deberían endeudarse son ustedes, el Estado, porque ustedes están gobernando. No van a contar tampoco que después de un año son incapaces de pagar a tiempo los ERTE. Tampoco van a contar que, mientras el Govern de la Generalitat de Catalunya da hasta el último euro que tiene en ayudas, ustedes no han dado ni un euro desde aquí. Y digo hasta el último euro, a pesar de no disponer de 16 000 millones de euros que son de los ciudadanos de Cataluña y que cada año ustedes secuestran. No cuentan tampoco que el Banco Central Europeo ha emitido un informe esta semana en el que sale a la luz que España es el país de la Unión Europea que menos ayudas ha dado en esta crisis. Tampoco cuentan que España ha renunciado a 70.000 millones de euros de los fondos europeos, porque estos son préstamos que deben justificarse, así que, de momento y hasta la fecha, 70.000 millones de euros van a la basura y no a las empresas. No van a contar tampoco a los ciudadanos de Cataluña que tienen que vivir por debajo de sus posibilidades porque el Estado español ha decidido que prefiere gastarse el dinero en otras cosas y en otra parte: en las empresas del palco del Bernabéu, en reyes, en AVE y en aeropuertos deficitarios, en vez de gastarlos en el acompañamiento del talento de las empresas, de los emprendedores, de las pymes y de los autónomos de Cataluña. PSC y Els Comuns, cuando se cuenta la realidad - y esto que acabo de exponer ahora es tan solo el 0,0001 % de la cruda realidad -, de la cual ustedes y su partido tienen mucha responsabilidad, la gente puede entender perfectamente que el cambio del que ustedes tanto están hablando en campaña no se lo creen ni ustedes, no t'ho creus ni tu, Illa, i no t'ho creus ni tu, Jéssica Albiach. Mientras sigamos en España, estamos condenados a promesas vacías, a mesas de diálogo vacías y también a cuentas corrientes vacías. Hoy, señor Mayoral, no podían hacer otra cosa que votar que sí a esta enmienda que presentamos, pero han decidido votar que no. Así que el mensaje es muy claro: ustedes no hacen política, ustedes hacen propaganda; venden humo; ustedes no son útiles para Cataluña y, evidentemente, no son útiles para los bomberos de Catalunya. No hay un solo motivo que justifique un voto en contra o quizá sí puede haber uno, y es que no les importa nada y menos el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Voy terminando, presidenta. No puedo bajar de aquí sin decir aquello que les repito cada vez que estoy aquí, y es que exigimos la libertad de los presos políticos y de los exiliados. Exigimos al Gobierno más progresista de la historia, que mantiene precios políticos y exiliados, que deje ya está deriva turca en la que lleva tanto tiempo inmersos, que responda a las peticiones del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que responda a las peticiones de Amnistía Internacional, que responda a las peticiones de centenares de instituciones y de colectivos internacionales, y sobre todo les pedimos que respeten de una vez la Carta de Derechos Fundamentales. Todos los partidos que están aquí expliquen a los ciudadanos españoles que esto que pasa en España no es normal, que esto que pasa en España no pasa en ninguna democracia del siglo XXI. Y hagan el favor de romper ese vínculo franquista que les tiene atados, acomplejados, ridiculizados y también arruinados. Hoy tenía pensado hablar del trabajo pendiente que nos queda por hacer después de la aprobación de esta enmienda que presentamos, pero ya nos han hecho saber que van a votar que no. Estamos hartos de venir aquí a mendigar, hartos de venir aquí a detallar cada euro que es de los ciudadanos de Cataluña y que ustedes deciden que se queda en Madrid y no en Cataluña, estamos hartos de batallar cada una de las competencias que ustedes aplastan cada día. Así que deseo que el 14 de febrero vuelva a ganar el independentismo y me gustaría mucho que tuviéramos la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya, porque, hoy, la independencia es la única esperanza que tenemos para poder aspirar los ciudadanos de Cataluña, los independentistas y los que no son independentistas, a una vida mucho mejor. ¡Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies. [[Aplausos]]
Gracias, señora Nogueras. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
Señora presidenta, señorías, tal y como recoge la exposición de motivos de la propia proposición de ley, no existe ningún marco normativo a nivel estatal que regule estos servicios de bomberos, y la disparidad de modelos y de calidad en la prestación del servicio es la norma. Nosotros valoramos la enmienda a la totalidad de Juntos, aunque no la vamos a apoyar dado que no aporta, a nuestro entender, cosas sustancialmente mejores para el conjunto de la ciudadanía. El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento es un servicio reconocido por el Tribunal Constitucional como esencial y, por tanto, debe prestarse con las mismas condiciones de eficacia y seguridad en todo el territorio del Estado, tanto en ciudades como en el mundo rural. La ley solo exige tener servicios de bomberos propios a los ayuntamientos con más de 20 000 mil habitantes; del resto, miles de municipios que se extienden por nuestro país, se ocupan normalmente las diputaciones provinciales. Y, como saben, existen dificultades reales para cubrir todo el territorio de muchas provincias del interior y en las comarcas más afectadas por la despoblación esto es mucho más evidente. Hay ocasiones en que una exigua dotación de dos bomberos por turno de guardia debe atender una gran extensión del territorio, con isócronas que superan en mucho los treinta y cinco minutos máximos deseables. Por ejemplo, el municipio al que pertenezco, Calamocha, con uno de los parques secundarios de la provincia, solo cuenta con tres bomberos de guardia para atender una extensión que es una cuarta parte de la misma, es decir, una cuarta parte de los 14.000 kilómetros cuadrados. Y en otras muchas de nuestras zonas,como el Maestrazgo turolense, son necesarios parques, que están sin construir, para poder llegar a las zonas más alejadas o de menor accesibilidad. Por eso, es importante para el desarrollo de esta ley que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos reciban asesoramiento del Estado y de la comunidad autónoma, pero también su apoyo económico es importante. Del mismo modo, la coordinación efectiva es imprescindible para superar situaciones como las que se producen en Aragón, donde hay una Ley de coordinación propia de bomberos, aprobada hace ocho años pero que aún carece de un servicio autonómico, que estaba recogido en esa misma ley y que mejoraría ostensiblemente la coordinación. En definitiva, nosotros apoyaremos en la tramitación de esta proposición de ley que se garantice un servicio de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, y, para sus profesionales, unas condiciones laborales y de seguridad homogéneas. Gracias.
Muchas gracias, señor Guitarte. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
Muchas gracias, señora presidenta. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y las leyes autonómicas - en nuestro caso concreto, la Ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Cantabria - establecen el principio de coordinación como uno de los principios rectores más importantes del servicio público en materia de protección civil y de emergencias y, teniendo en cuenta que conviven servicios de prevención y extinción de incendios tanto en entidades locales como en diputaciones provinciales comunidades autónomas, se considera adecuado establecer unos criterios que unifiquen determinados aspectos, proporcionando un marco normativo común y la creación de un departamento de coordinación y asesoría técnica para asuntos relacionados con los denominados SPEI. No obstante, es imprescindible que en este sistema se dé cabida al personal laboral, limitando las funciones que necesiten la condición de autoridad pública para los funcionarios. Esto es imprescindible para Cantabria, donde tenemos un colectivo de personal laboral muy importante. Cuestiones como la regulación de la segunda actividad en la categoría C1 para los bomberos constituyen un reconocimiento muy merecido para la función que realizan los mismos y nosotros nos congratulamos por ello, pero el texto que proponen adolece de falta de un catálogo de derechos y deberes comunes al personal de los SPEI, de itinerarios formativos oficiales de acceso y de promoción y de procedimientos que permitan la movilidad del personal en todo el territorio estatal. Por otro lado, el texto debería respetar la potestad de autoorganización en cuanto a medios personales y materiales en función de la población afectada y de la distribución territorial, principios vulnerados con la regulación que se plantea respecto a características constructivas, tipo de dependencias mínimas, equipamiento mínimo de parques, número de equipos de intervención y de emplazamientos. Todo esto ha sido contemplado en un proyecto de ley de Cantabria que va a ser aprobado próximamente. Finalmente, falta un análisis de la prelación de fuentes en lo referente a la Función pública tras la Ley 27/2013, ya que las comunidades autónomas carecen de competencia para regular el estatuto jurídico de los cuerpos de bomberos locales. Si de verdad quieren garantizar esa homogeneidad en todo el Estado, debería ser la normativa estatal la que lo regulara de una forma más o menos exhaustiva sin remitir a una legislación autonómica, pues esta no podría afectar al personal en cuestiones como la selección, situaciones administrativas, horarios, jornada y régimen disciplinario. Este marco normativo necesita una mayor madurez en sus planteamientos y sería conveniente la creación de un grupo de trabajo con las administraciones públicas implicadas para realizar un reparto competencial que garantice la suficiente seguridad jurídica para la prestación de este servicio fundamental en la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mazón. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJPNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Debatimos la enmienda de totalidad de texto alternativo de Junts per Catalunya a la proposición de ley de coordinación de los servicios de bomberos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a la que ya nos opusimos en su toma en consideración por considerar que es un texto centralista y jacobino, vulnerador de la distribución de competencias en materia de protección civil y autoorganización, que corresponden a las comunidades autónomas y,en el caso del País Vasco y Navarra, de su actualización del Régimen Foral en materia de seguridad pública, y también, como dijimos, alejado de la realidad, pues parte del falseamiento de que la prestación del servicio de bomberos por las distintas administraciones públicas poco menos que vive en el caos, la inseguridad y comprometiendo vidas humanas, dada la diversidad - se dice - derivada de los distintos marcos reguladores dispuestos por comunidades autónomas y entes locales. Sin embargo, esta acusación de deficiente prestación del servicio en operatividad y calidad, no probada ni argumentada, contrasta con la opinión pública, ya que en todo el Estado los servicios de bomberos y sus funcionarios son los mejor valorados de todos los servicios públicos de cualquier administración pública. Señor Mayoral Y señores de Podemos, ¿a quién hemos de tomar en consideración? ¿A la opinión pública mayoritaria, a la ciudadanía, o a ustedes y sus fakes? Porque realmente creo que ustedes en la presentación de esta proposición usaron muchas fakes. Entenderíamos su postura - aunque no la compartiremos - si se sustanciará en un planteamiento puramente ideológico, pero no, como afirman, en la realidad de cómo se están prestando los servicios públicos. Quizá de ahí su afirmación en el debate de toma en consideración de que esta ley es una ley de clase, de la clase de los bomberos, que en su ideología reclama una plena uniformidad y para la que es necesario prescindir de comunidades autónomas y entes locales y, por eso, se articula buena parte de ella en torno al Ministerio del Interior. Es un planteamiento, señor Mayoral, que, con otra motivación, coincide con el de VOX: nada de comunidades autónomas; devolución de las competencias al Estado; agrupar a los bomberos, de hecho,en un cuerpo nacional con un marco regulador único y homogéneo respecto a los servicios, su prestación, su operatividad y su naturaleza, así como un completo estatuto del bombero único para todo el Estado. Y es que se prescinde tanto de las comunidades autónomas y entes locales que incluso se propone crear una dirección de bomberos en el Ministerio del Interior que no solo dictará instrucciones para todos los servicios de bomberos, sino que también inspeccionará y supervisará estos servicios. Y no solo se queda ahí, sino que se añade que esa dirección representará y velará por los intereses de los servicios de bomberos nada menos que ante las administraciones públicas de las que dependen. ¿Ustedes creen que esto cabe en el marco constitucional? ¿Ustedes creen que en materia de protección civil, de competencia autonómica, el Estado puede incidir de esta manera, al amparo de su competencia, en materia de política de seguridad pública cuando sabemos que solo puede hacerlo cuando esté afectado un interés nacional o supraautonómico por la situación de catástrofe o emergencia de esa magnitud? En esos supuestos claro que puede incidir, pero no en otros, como se pretende en la proposición de ley. En los supuestos que se contemplan en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, ya se dispone un modelo que permite al Gobierno central una dirección eficaz operativa de las emergencias de interés nacional, integrando capacidades y esfuerzos de todos los servicios públicos movilizados, incluidos los de bomberos, y de todas las administraciones públicas concernidas, a la vez que diseña un sistema de coordinación general a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil,de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y de una red de evaluación del propio Sistema Nacional de Protección Civil. Y no solo se dispone de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, sino también de los diferentes planes de emergencia y de las directrices básicas que dicta el Estado sobre planificación de riesgos específicos. Todo ello da como resultado, en términos del legislador y no muy lejana a 2015, una valoración positiva respecto a las comunidades autónomas y entes locales por haber configurado sus propios y eficaces servicios de protección civil, desarrollando también órganos de coordinación. Señorías, por lo señalado y desde un punto de vista competencial, desde un punto de vista de la legislación vigente y desde un punto de vista de la realidad, no entendemos justificado que el Estado regule sobre los servicios de bomberos de comunidades autónomas y entes locales como si fuera un servicio estatal y sus funcionarios, sus empleados públicos, los bomberos, un cuerpo nacional, apropiándose de toda la vertiente estatutaria y organizativa de estos empleados públicos, así como del servicio mismo de bomberos, proponiéndole - voy finalizando, presidenta - un remedio ante un problema inexistente y mal hablando de los servicios de bomberos que prestan comunidades autónomas y entes locales. Por todo ello, apoyaremos la enmienda de totalidad, aun sabedores de la necesaria depuración técnica y política que precisa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una enmienda a la totalidad a la proposición de ley relativa a la regulación de la coordinación de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Sistema Nacional - español - de Protección Civil, señora Nogueras. Esta ley es una vetusta reivindicación del colectivo, un colectivo que carece de un marco estatutario de derechos y obligaciones propio. Es, por tanto, necesario regular este servicio público para garantizar tanto los derechos y las obligaciones de los trabajadores en este ámbito como los derechos de los ciudadanos a la hora de recibir este servicio público esencial. La posición de mi grupo y la mía propia fue el voto afirmativo a la toma en consideración de esta iniciativa de Podemos, pues lo considerábamos de capital importancia y que cubre lagunas legales de décadas. Hoy vamos a votar en contra del texto propuesto por la diputada Nogueras, pues los argumentos independentistas son tan previsibles como repetitivos, sobre todo en campaña electoral. Pretenden arrogarse - siempre con un victimismo exacerbado,eso sí - competencias exclusivas que no les otorga la Constitución. Y no, señores de Junts, en materia de protección civil el Estado tiene la obligación de regular para coordinar y dar un servicio integral a los ciudadanos, a todos los ciudadanos,en todo el territorio nacional. ¿No es para eso para lo que estamos aquí, para los ciudadanos? Ustedes no, ustedes han venido a vender el delirio independentista y aprovechar para vivir de este cuento los máximos años posible. Aún recuerdo las palabras de hace unos años ya del señor Rufián diciendo que abandonaría el escaño dieciocho meses después. Señor Rufián - le voy a preguntar aunque no esté -, ¿se le ha quedado pegado el escaño, no? Vamos a tener que llamar a José Mota para separar a la persona del escaño. Señorías, nosotros registramos el pasado julio una iniciativa en este sentido para la aprobación de una normativa básica estatal que regule y armonice las características de los distintos servicios así como para el reconocimiento y regulación de la profesión de bombero. Por eso, votamos en su día sí a esta toma en consideración. Más allá del mitin electoral de la señora Nogueras y compañía hay una cosa clara, se necesita profesionalizar y regular los servicios de bomberos a nivel estatal. Existe una disparidad en las regulaciones de sus funciones, de su equipamiento básico, la organización interna y todos los aspectos de su importantísima labor. Recuerden, estamos hablando de personas que dedican toda su labor a salvar vidas. Hoy en día este servicio lo prestan fundamentalmente los municipios y las diputaciones, pero también lo pueden prestar las provincias, las comunidades autónomas e incluso algunos consorcios, lo que da una idea de la heterogeneidad y el caos normativo, que genera desigualdad entre bomberos e inseguridad jurídica a los usuarios. Una ley marco de mínimos es imprescindible. Ejemplos de las desigualdades que provoca esta disparidad normativa para estos profesionales hay muchos. Por ejemplo, depende de dónde se preste el servicio ahora mismo un bombero puede ser considerado agente de la autoridad o no; puede ser un trabajador con contrato laboral o un funcionario, e incluso hay municipios que han externalizado este servicio mediante voluntarios o contratas. Señorías, tenemos que acabar con este caos. No se trata solo de una reivindicación justa del colectivo - como ya he dicho -, sino que además esta ausencia de una regulación básica común tiene pésimas consecuencias para los ciudadanos. El ciudadano que sufre un siniestro no entiende ni de conflictos jurídicos ni de conflictos competenciales. En esta ley se considerará a los bomberos agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, algo con lo que estamos radicalmente de acuerdo y por lo que nosotros también venimos peleando por otros colectivos, como son los funcionarios de prisiones, para quienes no hay todavía una norma en este sentido. Señores socialistas y de Podemos, los funcionarios de prisiones existen,háganlos agentes de la autoridad ya. Coincidimos en la mayoría de los asuntos planteados en esta iniciativa y creemos que hay que participar con particular importancia, entre otros asuntos, en estos: primero, conseguir la plena integración y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y además un catálogo de enfermedades propio; segundo, establecer un régimen de personal, es decir las condiciones mínimas para la prestación de servicio; tercero, regular el acceso, la carrera profesional y la incorporación de la mujer a través de una dirección general de bomberos dependientes de la subsecretaría de Interior. Hago un inciso para preguntar - porque no puedo evitarlo - a los señores de Podemos. Señores de Podemos,¿han creado ya el cuerpo público de niñeros y niñeras? [[Aplausos.-Rumores]] Se lo pregunto básicamente porque si lo van a crear - yo tengo dos niñas pequeñas -, para solicitarlo. ¿O solo es para sus líderes? Igual es que solo es para sus líderes. [[Rumores]] Si son capaces de inventarse...
Silencio, por favor.
... una historia nueva, son capaces de todo. Sigo. En definitiva y volviendo al tema, lo que esta proposición de ley pretende es establecer un marco normativo propio y común al conjunto del Estado español, a modo de una ley de bases, que asegure que se cumple con los criterios básicos de seguridad, eficacia y eficiencia de este servicio, como manifiestan los propios bomberos. A día de hoy, los cuerpos de bomberos continúan dependiendo de las decisiones individuales - muy dispares y en ocasiones arbitrarias - de las diferentes Administraciones, y ellos mismos manifiestan que el hecho de no disponer de una ley marco les perjudica notablemente, también al servicio que reciben los ciudadanos, a pesar de ellos, que son magníficos trabajadores. Para acabar, señorías, en su día apoyamos la toma en consideración de esta proposición de ley y hoy votaremos en contra del texto alternativo que propone Junts per Cat porque, aunque estén ustedes usando esta Cámara para hacer sus mítines electorales, a nosotros nos interesa mucho más hacer cosas positivas para fortalecer los servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Por eso, pensamos que la creación de una ley reguladora estatal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios es necesaria y además útil, también y especialmente para los catalanes, señora Noguera. Aun con todo, pensamos que el texto es manifiestamente mejorable y aportamos estas mejoras en la fase de ponencia de la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cambronero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, por segunda vez los saludo hoy, no en circunstancias mucho mejores que la primera. Intentaré ahorrarles el mitin electoral - estoy en campaña pero estamos hablando de otra cosa y por tanto se lo ahorro -, pero sí quiero hacer notar que, incluso en circunstancias tan complicadas como una campaña electoral, doy pleno apoyo a las palabras de mi compañera Miriam Nogueras, y somos de partidos diferentes, somos de partidos que se van a enfrentar en estas elecciones. Pero ¿saben qué pasa? Que, aparte de la política partidista, existe una cosa que es para la que yo me dedicara la política - como mínimo, personalmente - que tiene que ver con ideología, con implantación de políticas públicas, con realidades y con cómo queremos transformar la realidad para nuestra ciudadanía y para nosotros mismos. Por tanto, primera consideración: no voy a entrar en el texto ni en lo que pretende la proposición de ley que nos presentó Unidas Podemos en su momento porque ya lo debatimos el día 13 y es exactamente igual, igual exactamente - lo digo de un modo y del otro - que la que se presenta hoy. Hay una única - una - disposición que se modifica, ergo, si solo se modifica una disposición y tiene que ver con la distribución competencial, es obvio que lo que persigue la ley no es lo que está escrito en los artículos desde el 1 hasta el último, sino recentralizar y estatizar de nuevo, como han hecho con otros cuerpos, y no lo vamos a permitir. Porque, si realmente les importara tantísimo el texto de la ley y no tuvieran ningún afán descentralizador, como mínimo, no hubieran hecho quedar como han quedado a sus compañeros de En Comú Podem y del PSC y habrían aceptado esta modificación, esta enmienda a la totalidad, que no es tal, y habríamos discutido después todos los artículos. Porque ahora cuénteme usted a mí cómo vamos a ir a esa negociación estupenda que usted nos plantea. ¡Pero si tanto le da! ¡Si tanto le da! Si no es capaz de votar su propio texto solo con esa enmienda que plantea Assumpta Escarp, concejala en el Ayuntamiento de Barcelona Conmigo, y no sospechosa de ser independentista. Si quieren, se la leo porque he hecho igual que mi compañera, traigo aquí el Diario de sesiones del Parlamento de Cataluña. ¿Pero y Els Comuns? ¿Cómo quedan? ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo a su gente en Cataluña, aparte de dejarlos como mentirosos? ¿Se da cuenta? Todos en el Parlamento estamos de acuerdo en que nuestro modelo de bomberos, nuestro modelo de voluntarios, debe ser preservado, pero ustedes se arrogan la capacidad de imponerse de nuevo aun en contra del acuerdo de su propio partido en Cataluña y de su propio partido, señores socialistas, en Cataluña. Por tanto, ya lo han puesto de relieve, pero no es que no sean útiles, es que les han hecho hacer el ridículo, y en política hay dos cosas que deben intentarse no hacer: el ridículo y dar pena. Probablemente para muchos de ustedes yo hago las dos, no tengo ni una duda, pero, como mínimo, no son mis compañeros de partido quienes medesmienten. Seguimos. Este texto no es básico, en absoluto. ¿Lo vamos a arreglar negociando? Bueno, eso dicen. Empezamos fatal. Este texto demuestra una lamentable incapacidad de ir a lo que realmente se supone que es lo fundamental, el caos que ustedes tienen organizado en diferentes partes del Estado porque ustedes en los diferentes Gobiernos no han hecho el trabajo y, por tanto, no se coordinan, no llegan, no están bien equipados, no tienen sueldos decentes, no se les respetan los derechos laborales. Como a ustedes les pasa esto, pues nos van a centralizar a nosotros, que tenemos un cuerpo de bomberos, tanto bomberos como voluntarios, reconocido internacionalmente y que acude a muchas crisis diferentes llamados por otros Estados porque tienen experiencia, porque tienen saber y porque tienen historia. Y todo eso no cuenta para nada; para nada. Pero le digo una cosa, señor Mayoral, se la dije el día 13 de octubre y se la repito. Queridos compañeros supuestamente federalistas, van ustedes de la mano en esto con insignes federalistas como los de VOX, van ustedes de la mano con insignes defensores de la plurinacionalidad como el PP, van ustedes de la mano, y se la han hecho propia todas las derechas de este Hemiciclo. Voy a hacer una cosa que habitualmente no se hace en esta Cámara, pero es mi manera de entender la política, les voy a rogar al Partido Socialista y a Unidas Podemos que lo reflexionen, que se paren un momento y que se den cuenta de qué están haciendo, ya que ustedes han traído aquí una proposición que ni tan solo es del Gobierno. Por tanto, señores de Unidas Podemos, paren las máquinas, paren las máquinas y voten a favor de una enmienda que ni tan siquiera presento yo, es decir,se está ayudando a una compañera. Voten a favor porque luego, teniendo en cuenta que el texto no ha sufrido ninguna otra modificación, podremos entablar esa negociación a la cual nos invitaban, pero que es absolutamente increíble si no dan este paso. Término. Le pido, por favor, que no me tire a la cabeza a Marx, las clases trabajadoras, el pueblo oprimido y los lugares comunes que sé que va a decir, porque tan partidaria soy yo como usted de que no se privaticen los servicios de prevención y extinción de incendios y de la dignificación de los lugares de trabajo.
Señora Vallugera, tiene que terminar.
Termino inmediatamente. Por tanto, no tiene usted patente de corso para decirme que usted es de izquierdas y yo con esto no, porque no es cierto y es injusto. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Vallugera. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero mandar un saludo a la gente trabajadora de los diferentes cuerpos de bomberos del conjunto del Estado, que son los partícipes, los que están impulsando esta norma y han conseguido que lleguemos hasta aquí. Realmente pareciera como si los últimos veinte, quince o diez años no hubieran pasado y no hubiéramos vivido la fiebre neoliberal de las privatizaciones y de los procesos de precarización de los servicios públicos. Por lo que escuchaba a la portavoz de Esquerra, pareciera que esos procesos de precarización no pasaron en Cataluña. Parece que en Cataluña no se han recortado los servicios públicos, no se han precarizado las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y tampoco se ha depurado el sistema sanitario durante todo este tiempo. Pareciera que allí esas cosas no han pasado. Lo que sí ocurre es que los trabajadores públicos del conjunto del Estado, de todas las administraciones, vienen dando la pelea frente a aquellos que plantean el modelo neoliberal privatizador y precarizado de las condiciones de trabajo en todos los sectores. Y esto es una manifestación de esa pelea que se está dando en el conjunto del territorio. El debate de hoy es un ejercicio de filibusterismo parlamentario. Es decir, hoy estamos discutiendo supuestamente una enmienda a la totalidad, pero no es una enmienda a la totalidad, es una enmienda parcial - técnicamente cuela porque incluye el texto completo y luego una disposición adicional donde se dice: a mí esto no me lo apliquen, que básicamente es lo único que viene en el texto - y la presentan para poder desarrollar este debate de cara a las elecciones, que, al fin y alcabo, es de lo que se trataba. Nosotros, mientras tanto, lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad de incorporar aportaciones para mejorar el texto porque creemos, por supuesto, que es mejorable y, además, que hay que conseguir aportaciones del conjunto de los grupos políticos y también de los grupos profesionales que están realizando este servicio. Por eso hemos abierto un diálogo con diferentes organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales de Cataluña no están de acuerdo con la enmienda a la totalidad; en concreto, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Catac - que también es una organización sindical del sector de los bomberos -, que sí ven positivo elaborar una ley de coordinación. Cuando ustedes dicen que nosotros no queremos reconocer los niveles competenciales, no dicen la verdad. Justamente queremos hacer lo contrario: poner en valor el trabajo que están haciendo el conjunto de las administraciones públicas porque hay muchas cosas que son positivas. Por eso, defendemos una comisión de coordinación en la que estén representadas no solo las comunidades autónomas - que, por supuesto -, sino también la Federación Española de Municipios y Provincias y las grandes ciudades que tienen servicios de extinción propios. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la coordinación pasa no por que tú ordenes a las administraciones lo que tienen que hacer o por que las administraciones funcionen sin contar con el resto, sino por poner en común las buenas prácticas y el trabajo del conjunto de las administraciones. Por eso se plantean esos mecanismos de coordinación que, obviamente, son útiles para el conjunto de las administraciones porque permiten el intercambio de buenas prácticas y la posibilidad de mejora de la coordinación entre las administraciones públicas. Sinceramente, cuando oigo estos debates pienso que podemos discutir, si quieren, de la cuestión nacional, pero, claro, no quieren hablar de la cuestión de clase. Nos dicen que no hablemos de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores. Pero, claro, nosotros venimos de una cultura de la que recordamos y hacemos nuestra la gran aportación que supuso la huelga de La Canadiense para el conjunto de la gente trabajadora de todo el territorio. Fue una aportación fundamental. Nosotros consideramos importante que la gente que trabaja tenga claro que tiene unos intereses comunes y debe tener la posibilidad de que esos intereses se concreten en leyes que garanticen sus derechos. Además, les diré que lo hacemos por las dos vías. Unas veces nos dicen que por qué hemos impulsado una legislación estatal; y, otras veces, por qué lo hacemos desde el ámbito autonómico. Cuando lo hemos intentado desde el ámbito autonómico, impulsando leyes para ampliarlos derechos de la vivienda, nos dicen que lo que hacemos es dispersar; y cuando lo hacemos desde el Estado, lo contrario; pero lo importante es que no se reconozcan los derechos sociales de las mayorías. Nosotros sí tenemos muy claro que vamos a defender los servicios públicos aquí, en Cataluña y en el conjunto de los territorios del Estado. Creemos que los servicios públicos son una garantía democrática para el conjunto de la población, y que esto responde a una demanda de los trabajadores públicos, precisamente, para garantizar sus condiciones de trabajo y el servicio público al conjunto de la ciudadanía, y vamos a seguir defendiéndonos. Nos acusaban algunas fuerzas políticas de sindicalizar la política. Pues, miren ustedes, si dar voz a la gente trabajadora y tomar en cuenta lo que están diciendo para defender los servicios públicos es sindicalizar la política, pues sindicalismos la política y escuchemos a la gente trabajadora de una vez por todas; y dejemos de escuchar tanto a los lobbies que están alejados de los intereses de las mayorías sociales. [[Aplausos]] Nosotros y nosotras vamos a seguir en la defensa de los servicios públicos. Y les decimos una cosa, esto es un blindaje contra la privatización de este servicio público, pero también les diré que, si tuviéramos fuerza para impedir la privatización y la externalización de los servicios sanitarios, lo haríamos sin lugar a dudas y sin que nos temblase el pulso, porque nos demuestra la realidad que defender los servicios públicos es defender la democracia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Mayoral. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gestoso de Miguel. [[Aplausos]]
Buenos días. Quiero empezar mi intervención reivindicando desde esta tribuna mi fe católica, que es la de la inmensa mayoría de los españoles, alabar a Dios y condenar la irrespetuosa, blasfema y ofensiva deposición de la señora Carvalho. Y ya que no se va a quitar del Diario de Sesiones, que quede mi testimonio y condena en nombre de millones de católicos. [[Aplausos]] Debo recordarles que el modelo de la seguridad pública que rige en España se establece mediante delegaciones de ciertas materias y cuerpos a las comunidades autónomas, y ustedes no son una excepción. La Generalidad, por sí misma, carece de competencia alguna sobre nada que no venga de una delegación previa del Estado y de la Constitución, esa con la que quieren acabar. Es más, ni siquiera los mossos son una competencia totalmente suya. Y ya adelanto que, en cuanto VOX gobierne, la seguridad ciudadana será una de las primeras cosas que recuperaremos para el Estado. [[Aplausos]] Los bomberos, como ustedes saben, son en origen una competencia local de los municipios, cabildos, consejos insulares y diputaciones, regulada en la Ley de Bases del Régimen Local, en la que pueden participar las autonomías, para aliviar la carga de los ayuntamientos, a través de diversas fórmulas como los consorcios de extinción de incendios o figuras similares, y que el servicio llegue a todos los españoles. De hecho, estos instrumentos, que permiten la colaboración y participación de las comunidades autónomas, ayudan a estas a instrumentar y ejercer sus competencias estatutarias, si es que las tuvieran. Por eso, entendemos que quizás esta ley debería haberse articulado a través del mandato de la Ley Reguladora de las Bases Del Régimen Local cuando se refiere a desarrollar el estatuto del bombero, pero está claro que este camino legislativo es más difícil por la necesidad de diálogo y la gran cantidad de gente que tiene que ser escuchada y tenida en cuenta. Todossabemos de la repulsión de este Gobierno hacia todo lo que sea dialogar con gente que no es de su cuerda. Por tanto, hay que insistir en un punto y es que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, como afirma el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias. Ustedes, los separatistas, se han inventado un palabro de inspiración francesa, eso de la seguridad civil, que no es otra cosa que crear por la vía de los hechos un modelo a base de estructuras de Estado que acabe robando a España uno de los ejes que le dan su razón de ser como nación. Por eso hablan de seguridad pública civil catalana, donde integran a mossos y bomberos para su trasnochado, golpista e ilegal proyecto de república bananera, creando una veleidad de apariencia de Estado. [[Aplausos]] Por eso, esta ley de bomberos o cualquier otra que huela a España, que reivindique y reafirme a España como patria común e indivisible de todos los españoles, incluidos todos ustedes, les da alergia, les da repelús. Si se les caen los bomberos del invento, se les desmorona y, por eso, se opone a cualquier ley vertebradora de la nación española. Pues, ya saben lo que les espera con su seguridad ciudadana, esa que ejercen contra los que no son de su cuerda y que permite las agresiones, amenazas y acoso contra los candidatos y simpatizantes de VOX en Cataluña, en campaña electoral, y que asfixia la libertad de los catalanes con la nazificación separatista. [[Aplausos]] Recuperaremos para el Estado al minuto siguiente esas competencias en cuanto entremos a formar parte de cualquier Gobierno e ilegalizar hemos aquellos partidos que atenten contra la Constitución o la unidad de España, o aquellos satélites de la ETA asesina de tantos millones de españoles, a la que no vamos a consentir que se siga blanqueando un segundo más parahacer menos repugnante su pacto con Sánchez. Por eso, vamos a votar que no a esta iniciativa. [[Aplausos]] Pero no quiero dejar de hacer mención a que esta ley es un parche dentro del caos y de la chapuza en que este Gobierno tiene sumida la gestión de emergencias y la protección civil, como vimos en las recientes nevadas. Carecen, como en todo,de modelo y de legalidad, y eso que tienen a un ministro que es juez. Solo les interesa la foto, aunque la foto sea de una chapuza legislativa como la que voy a explicar. En 1985 se aprueba una Ley sobre Protección Civil que precisa desarrollo reglamentario a través de una norma básica de protección civil, que se aprueba siete años después, en 1992. Esa norma básica es la que establece cómo deben ser los planes de emergencia y es la base jurídica del sistema nacional, y distingue entre planes territoriales estatales, autonómicos y locales y planes de emergencia especiales. Esas directrices de elaboración, como la mayoría de los planes estatales, se suelen aprobar por real decreto-ley, como el Plan sísmico, el Plan forestal,etcétera. La Ley de 1985 es derogada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015. El resumen de la situación actual del desbarajuste Marlaska es el siguiente: tenemos la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil aprobada en 2015, tenemos una norma básica de protección civil en vigor que desarrolla una Ley de 1985 derogada, y a nadie se le ha ocurrido actualizar la norma básica de protección civil, imprescindible para desarrollar jurídica y operativamente cualquier plan de emergencia estatal. Por eso, hoy aquí VOX exige una nueva norma básica de protección civil conforme a la Ley de 2015, porque no pueden seguir legislando nada si no está. El Estado carece, por tanto, de un plan territorial de protección civil en los términos que exige esa Ley de 2015, y eso es un disparate que está creando caos, descoordinación y destrucción, como hemos visto en la nefasta gestión de las pasadas nevadas, en las que nadie sabía dónde tenía que estar. ¿Qué hace un Gobierno socialcomunista con todo esto? Aprobar, sin reunir ningún órgano consultivo ni hablar con los profesionales ni con las comunidades autónomas ni con las entidades locales - con nadie -, el Plan General de Emergencias del Estado careciendo de esa norma básica de protección civil que lo habilite para ello, y aprueba todo esto en Consejo de Ministros sin carácter de real decreto, una chapuza que nos deja a todos los españoles desamparados, sin planificación general de las emergencias y a merced de los acontecimientos y de una gestión caótica, como estamos viendo en la crisis del virus chino y todas sus cepas. Señorías, un Plegem a imagen del ministro y de Sánchez, puro humo, sin contar con nadie - voy acabando -, pero, eso sí, no a imagen de los españoles. Luego Nos van a acusar de que VOX quiere acabar con las autonomías, y ustedes no cuentan con ellas ni cuando la ley les obliga, pero hay una diferencia; si VOX alguna vez quisiera acabar con las autonomías lo haría por vía de la legalidad, y no como ustedes, que cada vez que no les interesa contar con ellas, las abolen por la vía de los hechos. Para terminar diré que esto más que una ley sobre los bomberos es otro parche. En cualquier caso, aquí hay cosas que son un auténtico disparate, que solo van a generar descoordinación, y que VOX va a enmendar próximamente. No quiero ser agorero, pero creo que esta ley está destinada al fracaso operativo si no se hacen profundas enmiendas...
Señor Gestoso, tiene usted que terminar.
Muchas gracias y ¡viva España! [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Gestoso. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Tirado Ochoa.
Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Es una enmienda que lo único que hace es modificar una disposición final primera, que vacía totalmente la proposición y deja sin efecto esta ley para que cualquier comunidad autónoma, si no la quiere cumplir, no la cumpla. Con dicha enmienda la proposición de ley pierde todo el sentido y, por ello, les adelanto que votaremos no a esta enmienda a la totalidad. Nuestro objetivo es convertir el texto legislativo en una verdadera ley de coordinación, sin intromisiones - también lo digo - en las competencias autonómicas y locales, de las que somos extremadamente respetuosos. Quiero transmitirles a los más de 21.000 profesionales de 500 parques de bomberos que el Grupo Popular está dispuesto a debatir y a legislar para la mayor profesionalización, el mayor reconocimiento, la mejor regulación de la profesión de bombero y su modernización. Vamos a hablar de la modernización. Defendemos a los bomberos como un servicio público básico de calidad. Y en el Grupo Popular queremos trabajar para asegurar la cohesión, la coordinación y la eficacia de las políticas públicas de protección civil. Es posible - y lo vamos a hacer - mejorar el estatus de los bomberos, su operatividad y la calidad del servicio. Los autores de la enmienda, no cabe ninguna duda, quieren vaciar a Cataluña de todo lo español, pero hoy también quiero recordar, como ya hice en la anterior intervención, las contradicciones de Podemos en materia de competencias estatales,que chocan con sus acciones, alianzas y simpatías independentistas en ese doble juego. Les vuelvo a recordar el artículo 2 de la Constitución española, que está recogido en el preámbulo de esta proposición: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Sí, señores de Podemos, patria común e indivisible de todos los españoles. [[Aplausos]] También se lo recuerdo al Partido Socialista, a la otra parte de este Gobierno socialcomunista, y les digo que en España, aunque lo diga el nuevo ministro que tienen ustedes, el señor Iceta, no hay ocho o nueve naciones, sólo hay una, que es España, la patria común e indivisible, y que tiene partes tan queridas como Cataluña, País Vasco, Extremadura o mi tierra, Castilla-La Mancha. [[Aplausos]] Sí, señorías, quiero decir que tanto los independentistas como los Gobiernos tripartitos, los dos, son dos caras de la misma moneda, y sus Gobiernos han hecho retroceder y empobrecer a Cataluña y lo volverán a hacer porque hoy, ahora, dentrode unos momentos, los socialistas votarán con Esquerra Republicana de Catalunya una iniciativa parlamentaria que habla de amnistía y autodeterminación. Quítense la careta, porque ustedes volverán a gobernar con los independentistas en Cataluña. [[Aplausos]] Señorías, con el Gobierno socialcomunista ha desaparecido el principio de contradicción. Con total normalidad se dice una cosa y su contraria, sin inmutarse se dice una cosa y se hace lo contrario. ¿Recuerdan aquello de Pedro Sánchez sobre que no pactará con Podemos porque no podría dormir? Y ahora los que no pueden dormir son los catalanes que están en las colas del hambre; los que no pueden dormir son los españoles que sufren el paro por la nefasta gestión del Gobierno, que ha hecho que el PIB caiga un 11 %. Señorías, también los que no pueden dormir son los bomberos con el anuncio del ministro Escrivá de recortar el gasto en pensiones en 30.000 millones de euros. En el Grupo Popular creemos que es de justicia cuidar bien a quien nos cuida. Por eso queremos legislar para que los bomberos sean agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, mejorar su carrera profesional, que su clasificación laboral debe partir desde el grupo funcionarial C1, sobre su segunda actividad y muchas otras cosas. En definitiva, dignificar la profesión de bombero todavía más. Es posible sin tener que duplicar o crear otras nuevas direcciones generales. Lo digo porque estamos ante el Gobierno más caro e ineficaz de la democracia. Señorías, el Tribunal Constitucional ha establecido que la competencia del Estado en materia de protección civil se integra en el título competencial de la seguridad pública, que encuentra encaje constitucional en su artículo 149.29.ª de la Constitución. En nuestras enmiendas pondremos en valor, sí, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, esas en las que otros partidos no creen, pero nosotros creemos en el municipalismo y vamos a reivindicar en las enmiendas una mayorfinanciación para una mejor prestación del servicio de bomberos. Entendemos que hay demasiada disparidad y heterogeneidad en muchos servicios de bomberos existentes en España. Por eso creemos que es necesaria esta ley, no de centralización sino de coordinación y eficacia, sí, repito, de coordinación y eficacia. Vamos a ser un grupo útil para mejorar esta ley, vamos a ir a los criterios de operatividad y de eficacia. Para finalizar, señorías, les diré a los autores de esta enmienda a la totalidad que para defender a los bomberos, a los bomberos de Cataluña y a Cataluña, nadie va a ganar al Grupo Popular; vamos a trabajar por una Cataluña mejor, de concordia, líder, innovadora, vanguardista, emprendedora, de empleo y de oportunidades para todos. Señorías, rechacemos esta enmienda a la totalidad y trabajemos todos juntos porque un sistema mejor de bomberos es posible. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Tirado. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el sr Aceves Galindo.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes ya. Quería empezar mi intervención agradeciendo su presencia a la portavoz de mi grupo parlamentario, porque es la única portavoz presente en un debate que para algunos es importante, pero que para otros parece que no tiene ningún interés. [[Aplausos]] Gracias, Adriana, por estar aquí. Tenía preparado otro tipo de discurso, pero después de escuchar lo que he escuchado, les digo sinceramente, señorías, que cuando los bomberos de este país, los 20 000 profesionales, vean lo que aquí ha sucedido, algunos de ellos no les votarán jamás, porque he escuchado tal cantidad de barbaridades que, cuando ustedes mismos las lean, se darán cuenta del error que han cometido. Quiero continuar mi intervención agradeciendo - nadie lo ha dicho - la labor de veinticuatro horas al día, 365 días al año, de los profesionales bomberos de nuestro país y también de las 168 mujeres, señorías. [[Aplausos]] Porque esta ley que tenemos que elaborar debe tener en cuenta la igualdad y servir para eliminar esa brecha que significa el que no haya el suficiente número de mujeres en este cuerpo. Eso lo tenemos que hacer también con una ley con lenguaje inclusivo, señorías. Tenemos que estar todos dispuestos y, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista lo está. Por tanto,muchas gracias a los profesionales, que además durante la pandemia han demostrado lo que son; un servicio público esencial para lo que en nuestro país significa la atención a los bienes y a las personas y su protección en el día a día. Señorías, en nuestro país hay tres encajes jurídicos para este tipo de legislación. Primero, la propia Constitución española; los artículos 2, 15 y 103 señalan claramente que los poderes públicos tienen que poner en marcha un sistema que sirva para ayudar a las personas. También la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su disposición adicional tercera, habla de la necesidad - al igual que se hizo con la Policía local en su momento - de que estos profesionales sean funcionarios públicos, señorías, que es lo que tienen que ser con este texto. Porque vamos a entendernos, señorías, aquí no No hablamos ni de bomberos forestales ni de bomberos voluntarios, hablamos exclusivamente de profesionales. Por lo tanto, no mezclen porque ese concepto lleva fuera de aquí a errores y, desde luego, mi grupo lo tiene clarísimo. El segundo encaje es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que dice claramente que nuestro país debe tener un estatuto. ¿Para qué? Para regular una profesión que es más que centenaria, que existe desde el siglo XVI y que ha demostrado durante toda su vida la necesidad de contar en todo el territorio de nuestro país con estos profesionales. El tercer encaje es la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta ley, señorías, parte de un consenso y del necesario - lógicamente, en un Estado como el que tenemos - respeto al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. En ese respeto es en el que se tiene que basar la futura ley. Los bomberos de este país saben que el Partido Socialista siempre ha defendido su trabajo y lo va a seguir haciendo; saben que vamos a trabajar tendiendo la mano a todos los grupos para sacar un texto adecuado que les ayude en su futuro; para que sean categoría grupo C1, para que sean funcionarios públicos. Y ahora contestaré al portavoz del Grupo Popular porque ha hecho una intervención nefasta [[rumores]], pero voy a acabar primero con lo que está escuchando la ciudadanía de nuestro país y los profesionales.
Silencio, por favor.
¿Por qué? Porque realmente lo que necesitamos es poner herramientas a disposición de las comunidades autónomas y de los profesionales para hacer el mejor servicio público posible. La verdad es que no quería entrar en esto, pero ustedes han hecho aquí un mitin electoral, y yo, que soy miembro del Sistema Nacional de Protección Civil, les digo que a los profesionales no nos gusta que nos utilicen políticamente, no nos gusta nada. ¿Y vienen ustedes a decirme que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña una moción? Yo me la he leído, y el Partido Socialista de Cataluña no votó a favor de lo que ustedes han dicho. Mírenlo. Me gusta el rigor parlamentario, y aquí está, delante de todos ustedes. Y para terminar con Cataluña, ¿saben lo que dice el artículo 132 del Sistema de Emergencias y Protección Civil del Estatuto de Cataluña? Que la Generalitat, en los casos relativos a emergencias y protección civil de alcance superior en Cataluña, debe promover mecanismos de colaboración con otras comunidades autónomas y con el Estado. Creo que no hace falta más respuesta. Es decir, respeto a las competencias y ayuda y colaboración entre territorios que forman parte del mismo territorio e incluso de la misma orografía. Apoyo mutuo y colaboración. Por cierto, señorías, esa es la pauta que marca en Europa la propia Unión Europea: colaboración. Es la única manera de atender lo que tenemos encima de la mesa, que es la emergencia climática y son los problemas que tiene nuestro país. Al señor de VOX le quiero decir una cosa. Con el discurso que ha hecho, esté tranquilo que con los votos de los bomberos jamás va a gobernar VOX. [[Aplausos]] Está absolutamente tranquilo. No necesita más respuesta. Tranquilo. Y al señor Tirado yo le diría que hoy le ha traicionado el subconsciente. Usted ha venido aquí a hablar de bomberos, pero de buenas a primeras ha cambiado su discurso, como siempre, para intentar generar crispación. Se ha equivocado en un tema. La B de bomberos lo que le ha supuesto a usted es que ha hecho una intervención en A o en B, porque la B de bomberos es la B de Bárcenas y es la B también de la caja B. [[Aplausos]] Eso es lo que le ha pasado a usted hoy, que le ha traicionado el subconsciente. Señorías, termino como empecé. Es mandato de este Poder Legislativo. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar que no a esta enmienda a la totalidad por una única razón, porque entendemos que después de esta tramitación se abre la oportunidad de hacer una ley que ayude a los profesionales. Por cierto, señorías, hoy todos los parques de este país - también en Cataluña - a las doce han votado pidiendo que en este Parlamento se siga la tramitación de la ley que ellos piden. Para que lo sepan, también en Cataluña. Ese es el trabajo al que estamos emplazados. Estamos emplazados a hacer una ley que ayude a los profesionales, que dé una respuesta a esa reivindicación que llevan muchos años haciendo y que además ayude a la ciudadanía. Si somos capaces de hacer eso, señorías, no tengan ningún problema, que a todos nos lo agradecerán, pero hacer discursos de utilización de un sistema de emergencias tan importante es, claramente, hacer un flaco favor a los profesionales. A ello les emplazo y el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a colaborar en ese sentido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Aceves. Votaremos en tres minutos. Les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que hayan sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no podrán hacerlo desde su escaño. [[Pausa]]
Señorías, antes de votar, el secretario tercero va a dar lectura a una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer.
Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 30 % de nuevos casos para 2030. Actualmente, en nuestro país, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Se estima que esta enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España y se diagnostican en nuestro país casi 280 000 nuevos casos cada año. La crisis provocada por la pandemia de la COVID19 no ha hecho sino agravar la situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la COVID19. Las Personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de esta crisis. Por un lado, impacto sanitario: pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, incertidumbre y necesidad de información que ayude a reducir el miedo al contagio. Y, por otro lado, impacto emocional y social, tanto personal como familiar: soledad no deseada, ansiedad por retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al contagio y a volver a los hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados en el proceso de final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas y laborales. El Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declara el compromiso de la Cámara para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas. En este sentido, el Congreso aboga por que se lleven a cabo las acciones pertinentes para paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como para garantizar en condiciones de equidad los derechos de las personas con cáncer y sus familias. Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la investigación del cáncer como instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad y traslada su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labor continuada. Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021. [[Prolongados aplausos]]
Muchas gracias.
Empezamos con las votaciones. Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una hoja de ruta para la transferencia de conocimiento. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 104 más 187 votos telemáticos, 291; abstenciones, 59 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APOYO GLOBAL Y URGENTE AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA. [[Número de expediente 162/000461]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre apoyo global y urgente al sector de la hostelería española. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 41 más 115 votos telemáticos, 156; en contra, 63 más 117 votos telemáticos, 180; abstenciones, 14 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 63 más 124 votos telemáticos, 187; en contra, 41 más 114 votos telemáticos, 155; abstenciones, 8 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL. [[Número de expediente 173/000046]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la gestión del ingreso mínimo vital. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 41 más 66 votos telemáticos, 107; en contra, 63 más 176 votos telemáticos, 239; abstenciones, 4 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA. [[Número de expediente 173/000047]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para frenar la invasión migratoria en España. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 52 votos telemáticos; en contra, 64 más 144 votos telemáticos, 208; abstenciones, 40 más 50 votos telemáticos, 90.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 63 más 125 votos telemáticos, 188; en contra, 41 más 113 votos telemáticos, 154; abstenciones, 8 votos telemáticos.
Por tanto, queda convalidado el real decreto-ley. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 246 votos telemáticos, 350; a favor, 104 más 237 votos telemáticos, 341; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 5 votos telemáticos.
Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 104 más 230 votos telemáticos, 334; abstenciones, 14 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. Votamos en primer lugar el dictamen. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 233 votos telemáticos, 337; a favor, 104 más 216 votos telemáticos, 320; abstenciones, 17 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Por último, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 232 votos telemáticos, 336; a favor, 104 más 215 votos telemáticos, 319; abstenciones, 17 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 41 más 50 votos telemáticos, 91; en contra, 63 más 192 votos telemáticos, 255; abstenciones, 2 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo. - PROPOSICIÓN DE LEY DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN ́N, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. [[Número de expediente 122/000082]]
Proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señora Nogueras i Camero. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 35 votos telemáticos; en contra, 104 más 209 votos telemáticos, 313; abstenciones, 1 voto telemático.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo. Buenas tardes a todos ustedes. Se levanta la sesión. Eran las dos y veinte minutos de la tarde.