Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a las enmiendas del Senado. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos. [[Rumores]] Para dar comienzo les pido, por favor, que ocupen sus escaños y un poco de silencio. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ya tuvimos ocasión de pronunciarnos desde el PRC en esta tribuna sobre el contenido de esta ley, y en esa ocasión aproveché para dar voz a la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, de Cantabria. Lógicamente esta ley va mucho más allá, estamos ante un texto necesario, pionero, y con el que se ha conseguido un amplio consenso. Como ya dijo el senador del Partido Regionalista de Cantabria en el paso del texto por el Senado, se trata de garantizar los derechos de todas las capas de la sociedad, sin excepción alguna. Esta tarea corresponde al Estado, y hoy cumplimos aquí el papel que nos corresponde a los que representamos a la soberanía nacional en el Congreso. La ley que refrendamos hoy es de capital importancia, pues representa una garantía para uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: los jóvenes en la etapa que va desde la infancia hasta la adolescencia. La protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia es un reflejo de la sociedad de nuestra época, y así lo han reclamado organizaciones de todo tipo: de víctimas de violencia infantil, de ONG y de organizaciones gubernamentales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. La realidad que tratamos de combatir es una realidad dramática y en una gran parte silenciada por razones de todo tipo: sociales, culturales, económicas... Un mínimo porcentaje de la violencia ejercida contra los niños y los adolescentes es detectado cuando se produce, algo insostenible cuando cerca de la mitad de los adolescentes reconocen haber sufrido algún tipo de violencia. Frente a esta realidad desoladora es preciso tomar medidas inmediatamente, y los regionalistas de Cantabria creemos que este proyecto de ley marca un camino que puede invitar al optimismo en el medio y largo plazo. Hoy esta ley vuelve del Senado enriquecida por numerosas enmiendas, cuya mayoría hemos apoyado allí y hoy repetiremos nuestro apoyo en esta Cámara. Y es que, si atendemos al contenido de la ley, vemos que se busca un cambio radical en las tres fases principales en los casos de violencia infantil oadolescente. En primer lugar, se modifican los procedimientos en la detección y supresión temprana de comportamientos violentos en cualquiera de sus formas, ya sea en el ámbito familiar, en el escolar o en el social. En este último hemos de poner especial atención, pues la creciente dependencia de los más jóvenes de formas de ocio en la red lleva aparejado numerosos riesgos, entre ellos episodios de ciberacoso, que pueden tener graves consecuencias sobre la víctima. Además de lo anterior,es de destacar un asunto novedoso, como es el derecho de las víctimas a denunciar cualquier agresión y especialmente a ser escuchadas en el proceso. Finalmente, es imprescindible establecer un marco de actuación para la fase de recuperación, tras sufrir episodios de violencia, ya sea puntual o prolongada en el tiempo. En el Partido Regionalista de Cantabria queremos hacer hincapié, como también se hace en el texto, en la necesaria implicación de toda la sociedad en su conjunto en la lucha contra esta lacra, y en resaltar la importancia de la responsabilidad individual a la hora de denunciar episodios de violencia infantil y adolescente. En este sentido, la concienciación, la educación cívica, la transmisión de valores de respeto y tolerancia durante toda la escolarización de nuestros jóvenes es un factor a tener en cuenta, y sobre el que hay que incidir de manera decidida. Y muy en particular es necesaria la implicación de las administraciones más cercanas al ciudadano: las corporaciones locales. En Cantabria tenemos algún buen ejemplo de esto, como en el Ayuntamiento de Comillas, con Teresa Noceda, su alcaldesa regionalista al frente, y la concejala de Infancia, Juventud, Educación y Servicios Sociales, Mirta Peña, donde han implantado y están desarrollando el I Plande Infancia y Familia en Comillas, que consta de varios programas, y es un buen ejemplo. Tiene programas de atención de servicios sociales, entre cuyas funciones está la atención primaria a la infancia en riesgo de desprotección moderada; la detección de situaciones de explotación infantil, con la intervención individual y familiar; un servicio de intervención familiar; colaboración y coordinación de servicios sociales de atención especializada y centros de dependencia; información comunitaria; actuaciones de prevención, con un programa de apoyo integral a las escuelas. Hay otro proyecto relacionado, que es Comillas Sana, que pretende ser el eje central de actuaciones en el ámbito de distintos agentes sociales, y que trata de ser una herramienta de trabajo que engloba actuaciones dirigidas a la adolescencia en situaciones de riesgo relacionadas con los consumos. Este programa incluye, además, actuaciones dirigidas a niños y adolescentes desde el propio ayuntamiento; nace de la necesidad detectada en relación al trabajo en el área de prevención de situaciones de riesgo en materia de dependencias. Hay un proyecto de intervención familiar, donde hay un apartado de inteligencia emocional, con el objetivo de modificar los factores de riesgo en el contexto familiar. Hay un programa de parentalidad positiva, Escuela en Familia, que es una actividad pensada para el encuentro y formación de los padres en temas psicológicos, pedagógicos, sociales,culturales. Utilizan un método que se aparta de la clásica charla informativa, y busca la participación activa de las familias en un intento de que la escuela de padres sea lo más cercana posible a los problemas que de verdad preocupan en relación con la educación de los niños y niñas. El proyecto Afecto que está realizando el Gobierno de Cantabria y ofrece un programa de atención integral a las familias, con un taller que intenta resolver todos los problemas cotidianos de los padres y madres con los niños y niñas. Y un proyecto relacionado, como dije al principio, con la lucha contra el acoso escolar, el proyecto Minerva, con dos cursos, uno dirigido a los estudiantes y alumnos de 5.oy 6.º de primaria, La prevención del acoso y riesgo para violencias de género, y otro dirigido a las familias donde se incluyen diez buenas prácticas de educación familiar, habilidades sociales en el hogar, etcétera. Creo que tenemos ahí un buen ejemplo, un buen modelo. Muchos ayuntamientos en España supongo que están haciendo lo mismo, pero yo creo que este es un buen modelo a seguir, y esperamos que con esta ley todo este tipo de actuaciones se vean reforzadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mazón. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
Buenos días, egun on. Gracias, presidenta. He de admitirlo, señorías: nos invade un sentimiento agridulce. Sabemos que la ley que como es previsible se aprobará hoy, por fin, en este Congreso es, por un lado, motivo de celebración, porque trae consigo una gran cantidad de medidas que redundan en beneficio de los derechos que le debemos a la infancia y a la adolescencia. Sabemos perfectamente que lo que sale de este Congreso, en relación con lo que entró, ha mejorado mucho, con mejoras sustanciales y de gran calado. Lo Sabemos y lo celebramos. Sabemos que esta ley puede calificarse como ley pionera. Sé que es una ley avanzada, que da importantes pasos para que se plasme la consideración de la infancia no como una etapa transitoria, sin derechos claros y plenos,no considerando a la infancia como medio personas con medio derechos, sino que los derechos de la infancia y la adolescencia se han cargado ahora de contenido real. Sé también que esto ha sido posible gracias a la acción de numerosas personas y de tantos grupos y asociaciones que trabajan con la infancia. Porque las leyes no mejorarían nunca si no fuera por tantas y tantas personas cuyos sentimientos, cuyo sentido ético y de justicia son mejores que las leyes vigentes. Gracias a todas ellas y gracias también a todos estos colectivos. Pero también sé que podría haberse mejorado más. Sé que los escenarios en los que se producen abusos, acciones y actitudes de violencia contra los niños y las niñas son, también, precisamente aquellos en los que el blindaje para evitar que ocurran debería ser el más resistente, el más blindado. Y sé, porque así se ha constatado por las asociaciones que trabajan en defensa de la infancia, que la violencia y los abusos que se ejercen en los centros de protección institucional son una realidad, oscura e incómoda, sí, claro, pero a la que hay que hacer frente. Y este articulado legal no lo hace. Lo invisibiliza, lo esquiva, con lo cual hace más difícil que pueda ser combatido. Se dice a menudo que la protección de los meneses es responsabilidad de todos, pero las cuestiones de derechos como es esta no necesitan tanto de simpatizantes de la causa, no necesitan tanto de ello como de que los poderes públicos se impliquen a fondo y con valentía para poder atajar de raíz todos los riesgos. Por ello, seguimos sin entender cómo es posible que esta ley dote al personal de servicios sociales de la condición de agentes de la autoridad, y que sus señorías no sean conscientes de lo que están haciendo con ello. No será porque no lo hayamos repetido hasta la saciedad, creo que lo hemos hecho en todas y cada una de las intervenciones que hemos tenido en este trámite de la ley. Porque ello supone investir a los funcionarios públicos de amplísimos poderes de actuación, sin la necesidad de contar con el amparo judicial previo, lo que puede derivar en situaciones arbitrarias muy difíciles de revertir para las familias. Aunque poder y uso del poder no son la misma cosa, la práctica demuestra que el poderes mal utilizado en muchas ocasiones cuando se cuenta con una posición de privilegio, sobre la que nadie de este hemiciclo me ha convencido de que redunde en beneficio hacia las niñas, niños y adolescentes, que son, no lo olvidemos, el objeto de esta ley. El artículo 39 no está enfocado hacia la protección de la infancia y, por ello, vuelvo a expresar, como ya lo he hecho anteriormente, nuestra frontal oposición a este artículo. En la ida y vuelta del Congreso al Senado se ha salvado la invasión competencial que suponían varios artículos de la ley, y lo cierto es que se ha mejorado muy poco más, la verdad, porque había más cuestiones que podrían haberse modificado,y lamentablemente, tras el paso por el Senado, tampoco se ha dado solución a esos niños y niñas que pueden ser desahuciados de sus casas. Prohibir radicalmente estos desahucios hasta encontrar una solución alternativa sería lo que el sentido de prudencia, la sensatez y el sentido de justicia deberían marcar como única posibilidad, pero es que ni siquiera se ha aceptado que, al menos antes del desahucio, se garantice la revisión previa de un juez sobre el procedimiento de desahucio. Ni siquiera eso. Así que, ya lo ven, hay zonas oscuras en este mar de la infancia donde Algunos derechos navegan sin rumbo y otros quedan anclados en el fondo de las presiones de corrientes, digámoslo así, totalmente ajenas a la defensa de la infancia. No voy a ahondar más en los aspectos negativos, porque hoy se aprueba esta ley, y como he dicho al inicio ofrece muchas más razones para ser celebrada que para lo contrario. Así que no voy a empañar lo bueno que tiene, aunque creo que es nuestra obligación también señalar algunas de sus carencias y ausencias, y por eso lo hago. De ahí la sensación agridulce que, sin embargo, no quiero que desluzca la bienvenida que damos a esta nueva ley de infancia y a la que apoyaremos con nuestro voto afirmativo. Ya que hablamos de infancia, creo que conviene también alargar un poco más la vista e ir hasta Ceuta. Hablamos de protección de la infancia y quiero recordar también, alargando aún más la vista, que ahora mismo en Palestina se está atacando a niñas y niños. Un 25 % de las víctimas de los bombardeos y ataques son niñas y niños. El Gobierno israelí, señorías, ha matado en estos diez días a muchos más niños y niñas que a combatientes palestinos. El mundo no puede permitir esta barbarie. [[Aplausos]] Vuelvo a la ley de infancia porque, a pesar de todo, creo que hay que felicitar una vez más a todas las personas, a todos los colectivos que la han mejorado y que la han hecho posible. Gracias. Eskerrik asko.
Gracias, señora Aizpurua. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Egun on. Buenos días, señora presidenta. Señorías, hace algunas semanas y desde esta misma tribuna decía que la defensa del autogobierno vasco me impedía votar a favor de una ley con la que sustancialmente mi grupo estaba de acuerdo, porque como partido que ha sostenido los diferentes Gobiernos que han construido lo que posiblemente es el mejor sistema de protección social de cuantos puedan existir desde luego en el Estado y posiblemente en Europa, como partido nacional vasco que tiene muy claro que el futuro pasa por la garantía de la dignidad de aquellos que están más desprotegidos, nos dolía enormemente no solo ya establecer esa garantía en la forma de ley, sino sobre todo la intransigencia de quienes nos impedían participar de este acuerdo. Hoy aquel dolorse ha convertido en cierto grado de satisfacción, y ha bastado la aceptación de una enmienda transaccional, de una simple enmienda en la Cámara de representación territorial, en el Senado, para que a través de ese acuerdo se corrija una derivacentralizadora del proyecto de ley que, siendo tan importante y tan trascendente, pese a todo, no había contado con la suficiente sensibilidad para intentar también aglutinar los esfuerzos, el apoyo y la aportación del Partido Nacionalista Vasco. Y Entrando ya en materia, he de decir que esta es una ley que avanza en aspectos sustantivos del sistema no solo de protección de la infancia frente la violencia, sino también en el establecimiento de pautas, de hitos que dibujan un escenario de atención integral a la infancia que es imprescindible si queremos construir con ellos y para ellos una sociedad más justa, más solidaria, más consciente de la necesidad de atender a los más desprotegidos, a los más vulnerables y también de proteger nuestro futuro. Porque es un hito definir en la legislación interna un código de derechos de la infancia y la adolescencia, como lo es también señalar las conductas exigibles socialmente para la protección de la seguridad de los menores. Porque es importante diseñar una estrategia de protección frente a la violencia, y lo es más el llamamiento a involucrarse en dicha protección a cuantas personas o instituciones deben - y no solo pueden - participar en ella. Porque está muy bien involucrar a la Administración, como es su obligación y no podía ser de otra manera, pero es todavía más importante - y lo es desde la propia ley - que se proyecte que la familia es el lugar donde nace y se perfecciona cualquier sistema de protección, aunque aveces sea el entorno de mayor riesgo para unos cuantos menores de edad. Porque involucrar al ámbito educativo, al sanitario y al de servicios sociales forma parte de aquellos elementos prestacionales que de mejor forma pueden atender la prevención del riesgo, pero también la atención a los daños causados por el fenómeno de la violencia sobre niñas, niños y adolescentes, y de igual forma los servicios policiales. Por ello, se debe reclamar la especialización de todos ellos como un elemento vertebrador en la intervención de sus agentes, tan necesaria para atender debidamente unos problemas de contornos tan específicos, duros y necesitados de personas formadas en todos esos ámbitos de la Administración. Vuelvo otra vez a las enmiendas. En cuanto a las medidas concretas introducidas en el trámite de enmiendas en el Senado, mi grupo entiende que el grueso de ellas son mejoras técnicas y de precisión de criterios, que son fácilmente asumibles. Hicimos hincapié en alguna cuestión, como la familia extensa, en el artículo 2.ñ), que vamos a rechazar como una de las pocas excepciones, pero el grueso ha merecido el apoyo de nuestro grupo. Me voy a extender en aquella que justifica el cambio de posición de mi grupo, la enmienda y posterior transacción habida respecto a la disposición final decimoséptima, relativa a los títulos competenciales esgrimidos para normar cada uno de los apartados del texto legal, que pasan a mostrar el respeto debido a las competencias de las comunidades autónomas, frente a un texto, el del Congreso, que no lo hacía. Dicha disposición, y atendidas las materias implicadas, señala el carácter supletorio de esta ley en las materias de los capítulos II, III, VII y XII de este título III, esto es, en cuestiones que afectan a los niveles de actuación, al ámbito familiar, al de los servicios sociales,al de la protección de datos, y sin perjuicio de otros como los sanitarios, educativos o de protección de datos, que ya contenían determinaciones en aquella disposición adicional que respetaban los títulos competenciales existentes. Es un texto que, al fin, y atendiendo al objeto de la Cámara de representación territorial, ha conseguido remediar el indiscutible error de dejar fuera del acuerdo a los arquitectos del principal sistema de protección social para la infancia existente en el Estado. Señorías, eso hubiera sido un error mayúsculo. Repito, este partido ha sostenido a lo largo de décadas a los Gobiernos que han construido los mejores sistemas de protección social existentes no solo en el Estado, sino también en nuestro entorno cultural más inmediato. Hubiera sido un tremendo error no corregir la ley para intentar aproximarse a nuestros postulados competenciales y permitir así nuestro acuerdo. Como me decía hace un momento el señor Echenique, hoy vamos a meter en el Boletín Oficial del Estado una de las mejores leyes, una ley tan importante como esta, y todos nosotros nos congratulamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barandiaran. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
Gracias, presidenta. Señorías, hoy volvemos a hablar de la ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y lo primero que hago es felicitarnos por el trabajo que hemos desarrollado en las dos Cámaras. Los distintos grupos parlamentarios hemos sido capaces, tanto en el Congreso como en el Senado, de trabajar codo con codo y de mejorar la norma. Toda norma puede ser incluso mejorable una vez publicada, pero creo que del resultado, del tono de trabajo es por lo que debemos felicitarnos todos aquellos que hemos participado. Con lo cual, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los compañeros y compañeras. Señorías, este es un avance legislativo en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes frente a todo tipo de violencia, conforme a lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, y teniendo en cuenta además las recomendaciones que el propio Comité de los Derechos del Niño ha realizado a nuestro país. Una ley que, como ya dijimos en su momento, está pensada para nuestros menores, que son uno de los sectores más vulnerables de nuestra población, y que requiere, además, de todo nuestro trabajo y esfuerzo, esfuerzo que debe continuar. Debemos tener claro que esta ley es un punto de partida, un punto de partida para mejorar la situación de la infancia, y hoy quiero poner encima de la mesa algunos retos pendientes que tenemos en materia de infancia y adolescencia. Tenemos retos relevantes como es la pobreza infantil, grandes retos en los que hemos ido avanzando. Esta ley ahonda en situaciones de violencia, y si tenemos una perspectiva amplia de la violencia, la exclusión social, la pobreza severa que afecta a los niños, es una forma de violencia. Ese es uno de nuestros retos: que abordemos bien esa pobreza infantil. Quiero, además, indagar en algo que a mí siempre me ha preocupado muchísimo, que es el alto fracaso escolar que sufren numerosos niños y niñas en nuestro país. Cuando filtras y ves qué tipo de perfil tienen esos niños y niñas que sufren ese fracaso escolar, que luego lo único que hace es condicionar el desarrollo de una vida digna de toda una nueva generación, vemos además que son niños y niñas que viven en hogares socioeconómicamente muy vulnerables, con lo cual aquí traigo dos retos de trabajo para esta Cámara: ahondamos bien, de una manera seria, respetuosa y rigurosa, en la pobreza infantil y el fracaso escolar, porque miren, señorías, en cuarenta años de trabajo del Partido Socialista y del Partido Popular no han sido capaces de tener un buen pacto educativo y una medida seria que aborde esta problemática. Se han puesto parches, pero no se han tomado medidas serias. Por lo tanto, esos son los retos en los que creo que tenemos que ahondar. Además, debemos ahondar en este nuevo plan, en estos fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los que se habla de no dejar a nadie atrás; que no sea una frase publicitaria, por favor, que sea una frase con medidas específicas; que en cada uno de los componentes haya una línea específica para los sectores vulnerables, que haya un componente específico para la infancia, porque en la actualidad, tanto el Componente 21 como el Componente 22, que hablan de educación, que hablan de inclusión, no establecen una medida específica, un componente específico de infancia. Por lo tanto, aprovechemos, hagamos bien las cosas, y es lo que creo que debe condicionar todo el desarrollo de nuestras políticas. Creo que las observaciones que nos realizó el Comité de los Derechos del Niño, las distintas organizaciones de ámbito nacional, los últimos resultados, donde se veía que incluso no habíamos superado las tasas de pobreza de la crisis de 2008,nos tienen que hacer reflexionar de cuál es la situación actual: una gran crisis vivida por el COVID, un gran problema que tenemos ahora que resolver. Gracias a todo el trabajo, a todo el esfuerzo y a las vacunas, vamos a conseguir superar la crisis sanitaria, pero nos viene la crisis social, señorías, nos viene la crisis social, y va a atravesar la vida de muchos niños y muchas niñas. Por lo tanto, animo realmente a que nos pongamos las pilas. ¿Nos hemos puesto las pilas con el ingreso mínimo vital? Pues, miren, dudosamente. Me encantaría estar aquí diciendo que el ingreso mínimo vital es un escudo que está realmente teniendo frutos, pero solo frutos relativos; frutos relativos porque no está llegando a quién tiene que llegar; frutos relativos porque llevamos más de un año, y en esta Cámara no hemos llegado a cerrar el ingreso mínimo vital; porque, además, hay familias que se quedan fuera; porque, además, hay familias que cobran en la actualidad una cuantía ridícula de ingreso mínimo vital. ¿Qué es lo que está provocando? Pobreza, y que no se resuelva la pobreza. Pero es que, además, llevamos más de un año trabajando, y en ningún momento se ha hablado de itinerarios inclusivos en el ingreso mínimo vital. ¿Así es como vamos a resolver las situaciones y vamos a establecer escudos? Señoría, yo soy muchísimo más exigente cuando hablamos de pobreza y de la salida de esa pobreza de los hogares en los que hay muchos niños y niñas en esta situación. ¿Eliminamos la prestación por hijo a cargo? Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Apoyemos la crianza, apoyemos la infancia, apoyemos la natalidad, mejoremos la prestación por hijo a cargo y volvamos a incorporar a nuestro sistema. Como ven, vengo con propuestas de trabajo, porque esta ley de infancia la trabajamos bien; la trabajamos, como he dicho, todos los grupos parlamentarios; establecimos buenas medidas; ya saben que estoy orgullosa del cese de responsabilidad de la Administración que estableció Ciudadanos en esa propuesta para que se ampliase a doce meses, que la prescripción de este tipo de aquellas personas que tienen derecho a denunciar estos casos sea a partir de que tengan treinta y cinco años. Me parece importante todo ese tipo de medidas. En el Senado ha habido muchas mejoras técnicas, por eso nuestro grupo parlamentario va a apoyarlas, pero también me quiero detener en una de las enmiendas transaccionales, que creo que ha tenido debate y en la que hemos trabajado. Es el establecimiento de una modificación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación a algunas de las cuestiones del artículo 59, en la que se establece tasar de manera excepcional - tiene que quedar claro que lo hemos tasado de manera excepcional - cuándo a un menor se le pueden realizar sujeciones. Se va a evitar la contención mecánica - quiero dejar estas cosas claras porque sé que ha habido preocupación sobre esta cuestión - y en aquellos casos en los que haya uso de una aplicación de medidas de contención se va a informar al ministerio fiscal, igualmente, se va a informar a los juzgados de menores y se va a estar pendiente del control médico del propio menor. A nivel de seguridad jurídica y de protección de los menores, quiero dejar claro que esta transacción en la que hemos participado deja claro y tasado cuándo pueden utilizarse este tipo de medidas. Finalizo como he empezado, felicitándonos porque hoy es un día para la infancia. Quiero felicitar a la Plataforma de Infancia...
Señora Giménez, ha finalizado su tiempo.
... y a todas las organizaciones que nos han ayudado en este trabajo. Gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sabanés Nadal.
Termina hoy la tramitación de la ley de protección integral a la infancia y contra la violencia que nos hace mejores como país, que nos alinea con los mandatos constitucionales europeos, internacionales y de la Convención sobre los derechos de los niños y niñas. Es también un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia. Es un texto largamente esperado y trabajado por las organizaciones. A todas y cada una de ellas queremos agradecer especialmente sus mejoras y sus aportaciones en el paso de la ley por el Congreso y por el Senado. Con la ley mandamos un mensaje rotundo, señorías: la violencia contra los niños y niñas no es admisible ni tolerable en ningún espacio, en ningún cartel, en ningún discurso, en ninguna campaña, en ningún Parlamento y en ninguna circunstancia personal y social. La libertad de expresión no ampara los discursos de odio, y menos con los niños y con las niñas, con la infancia. Finalmente, me gustaría resaltar el trabajo de nuestro grupo, de Más País-Verds-Equo, y de todos los grupos de esta Cámara que han trabajado para mejorar la ley. Hemos logrado que se reconozca que las niñas sufren violencia específica por el mero hecho de ser niñas; mejoras en los centros escolares y en la actualización de las redes sociales. En estos días nos impactan terriblemente las imágenes de la infancia en Gaza, pero también las de menores que llegan a las costas de Ceuta. Esta ley hace especial hincapié en que a los niños no se les pueda desnudar para averiguar su edad, evitando violentar así su derecho a la intimidad y a la dignidad. Señorías, ministras, gracias a esta ley somos un país más digno...
Gracias, señora Sabanés.
... Algo que tenemos que celebrar toda la Cámara en este día tan importante. Gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, ministras. Con la votación de esta ley - asumimos que va a salir adelante el texto que nos viene del Senado - esta Cámara enmienda su pequeño error de esta semana y su dejadez a la hora de proteger a los colectivos más débiles. Empezamos la semana con una mala noticia, la no tramitación de la ley trans, y la terminamos con una buena noticia, la aprobación de esta iniciativa que empieza mucho antes de que esta ley empezará a caminar en esta Cámara. Empieza con el trabajo de entidades que desde fuera llevan años, años y años peleando y garantizando los derechos de los niños y niñas de este país, siguió con la creación en esta Cámara de la Comisión para proteger los derechos de la infancia y hoy da un paso más - no es un paso final, sino un paso más - con la votación de este texto que garantiza derechos, que actualiza legislación y que homologa nuestra legislación a la de los mejores Estados a la hora de garantizar derechos de niños y niñas. Nosotros nos abstuvimos en la votación de esta iniciativa en la Cámara antes de que fuera al Senado, y argumentamos nuestra abstención diciendo que las medidas que nosotros habíamos propuesto, y que eran en buena medida enmiendas que venían del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que garantizaban los derechos del niño a lo largo de los procesos judiciales, no habían sido del todo incorporadas. Argumentamos también nuestra abstención diciendo que por una cuestión competencial se nos hacía muy difícil votar a favor, y a la vez decíamos que por el propio contenido de la ley, que compartimos casi, casi en su totalidad, lo hacíamos con el corazón un poco dividido. Con la enmienda transaccional del Grupo Vasco que, según han argumentado ellos, garantiza los derechos de las comunidades autónomas, que son las que conocen la realidad, que son las que llevan trabajando en distintas iniciativas desde hace décadas, como es el caso de la Generalitat de Catalunya, podemos celebrar nuestro voto a favor de este texto y poner, así, un punto final más dulce a la tramitación de esta iniciativa. Celebramos, por lo tanto, que está ley pueda seguir adelante,celebramos votar a favor y agradecemos el trabajo de tantas y tantas entidades para que esto sea una realidad hoy. Les agradecemos su trabajo y les pedimos que nos sigan vigilando y que nos sigan apretando para que esta ley no se quede en un simple texto y se convierta en realidad lo más rápido posible. Muchas gracias a todos, señorías, por su trabajo. Creo que podemos estar plenamente satisfechos de lo que hacemos hoy aquí porque da sentido a nuestra responsabilidad como representantes de los ciudadanos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Miquel. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En último lugar, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
Buen día. Moltes gràcies, señora presidenta. Parafraseando a la senadora Mayte Rivero, de Junts per Catalunya, en la defensa de sus enmiendas hace unas semanas: Las sociedades que no protegen a sus mayores y a sus niños, mutilan la sabiduría y niegan su futuro; son sociedades que están abocadas al fracaso. En el trámite en esta Cámara dijimos que este proyecto de ley orgánica era bueno pero mejorable, y por ello presentamos enmiendas. Finalmente, no pudimos votar a favor, pues invaden competencias propias de la Generalitat de Catalunya. Esa dicotomía - una ley buena, pero siempre mejorable, y una descentralización - hizo que finalmente nos estuviésemos con un sentimiento - se ha dicho por parte de otros grupos - agridulce de corazón partío en algún momento. En el trámite en el Senado se transaccionan diversas de nuestras enmiendas, y les detallo las que nos parecen esenciales. Por una parte, la protección de la imagen del menor más allá de su fallecimiento, es decir, siempre, lo cual es lógico porque está implícito en el propio objetivo de esta norma, y también y sobre todo - lo cual también se ha dicho - en el apuntalamiento de las competencias gracias al acuerdo entre Junts per Catalunya, PNV y Geroa Bai - condición sine qua non para nuestro voto afirmativo, pues se trata de una ley que no abarca únicamente el qué sino también el cómo -, lo que era indispensable para asegurar la preservación del ámbito competencial de la Generalitat. Esta garantía de no invasión competencial es la que permitió a Junts per Catalunya en el Senado votar a favor del texto, y es también la que nos permitirá ahora a nosotros, a Junts, cambiar nuestro sentido del voto ahora que ha vuelto al Congreso y pasar de la abstención inicial en su momento al voto favorable. Trabajar conjuntamente y escuchar a todos es lo que permite que se incluyan las distintas sensibilidades y facilita que seamos más los que finalmente no sumemos a este proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Es deseable, desde nuestro punto de vista, en un estado democrático que las normas no se adopten por el mínimo requerido, sino con el máximo consenso posible, pues refleja más fielmente el sentir de toda la sociedad. Hoy aprobamos una ley de protección a la infancia y a la adolescencia mientras nos llegan imágenes terribles de Ceuta, de Gaza y de otros lugares del planeta; imágenes que tristemente no son excepcionales. Esperemos que por todas estas víctimas y, sobre todo, por los niños sepamos entre todos encontrar una solución y ofrecerles un futuro digno. Moltes gràcies.
Gracias, señora Illamola. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, señorías. Es un honor especial para esta diputada estar hoy aquí, en esta tribuna, porque hay pocas cosas más importantes en la vida que defender a los niños, a las niñas y a los adolescentes contra todo tipo de violencia. Antes de entrar en el contenido de la ley, quiero hacer referencia a dos situaciones que, desde nuestro punto de vista, son de extrema injusticia y una vulneración de los derechos de los niños y los adolescentes, que son igual de importantes y quizás más urgentes todavía. La primera es que hoy mismo en el Estado español hay 147 000 niños y adolescentes en condición administrativa irregular; son 147 000 niños que no son, que no existen, que no están para los poderes públicos. La segunda es que en los últimos días se han hecho muchas devoluciones en caliente de niños y adolescentes en Ceuta. Es una gran tristeza, una gran falta de humanidad que hoy estemos aprobando una ley de estas características mientras deportamos en caliente, devolvemos en caliente a niños que llegan nadando, a niños que llegan exhaustos a las fronteras del Estado español. Dicho esto, que no es poco, entremos en materia. Empiezo, como no podía ser de otra forma, con un agradecimiento especial a la Plataforma de Infancia, que en el año 2009, ¡2009!, incluyó la propuesta de esta ley en el informe complementario al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y hoy estamos aquí votándola. En el Grupo Republicano estamos muy satisfechos de aprobar esta ley hoy, porque a partir de ahora sí habrá herramientas necesarias para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes contra la violencia y de forma integral, que es muy importante. También es muy importante decir que esta ley es el resultado del trabajo de muchas formaciones políticas; sobre todo quiero poner en valor el trabajo en la búsqueda de consensos de muchas, muchas personas y muchas entidades - hesitado a la Plataforma de Infancia, pero podría citar muchísimas más, como antes ha hecho la diputada del Grupo Ciudadanos -, consensos con organizaciones sociales y personas expertas porque sin esta participación sería imposible hacer una ley de estas características. Quiero destacar algunos logros que hemos conseguido entre todas. Primero, la prescripción de los abusos sexuales a menores, que no empezará a contar hasta que la víctima cumpla los treinta y cinco años, con una enmienda transaccional que hemos conseguido unos cuantos grupos parlamentarios in extremis, básicamente dos horas antes de empezar el Pleno aquí hace algunas semanas. Se lo agradezco especialmente a las víctimas que han luchado hasta el final. Segundo, la prohibición de losdesnudos integrales y exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas para la determinación de la edad de las personas migrantes menores de edad. Otro logro es la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de protección de la infancia y la adolescencia; en 2019, murió el joven Ilias Tahiri atado a una cama con un montón de gente encima. Se elimina el falso síndrome de alienación parental. También se obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los catorce años para no revictimizar. Asimismo, se incorpora el deber de toda la ciudadanía de denunciar cualquier indicio de violencia hacia la infancia, lo que es muy importante. Se aborda la interseccionalidad, el bullying, la violencia contra colectivos vulnerabilizados, la violencia a través de Internet. Se refuerza también el derecho del niño a ser escuchado y a dar su opinión, como dice el Comité de los Derechos del Niño, y se refuerza la protección de niños y niñas sin cuidado parental, los que están dentro de los centros y bajo el sistema de protección. En definitiva, señorías, con esta ley las niñas, los niños y adolescentes se sentirán más escuchados, más protegidos y más defendidos. Sin embargo, como es una ley de consenso, se han dejado fuera algunos temas que para el Grupo de Republicano son imprescindibles y se han mantenido otros que rechazamos. Quiero destacar tres de ellos. La ley mantiene otorgar la condición de agente de la autoridad a los servicios sociales y la Plataforma de Infancia explica que eso puede desequilibrar aún más la relación de poder existente entre la Administración y los niños y las adolescentes y sus familias en los procedimientos administrativos. Es una enmienda que no fue aceptada. Se han rechazado enmiendas de cinco formaciones políticas que aspiraban a dar cumplimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en relación con la violencia de la tauromaquia para prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros para los niños. El comité recomienda que se prohíba, señorías, la participación de niños menores de dieciocho años como toreros y como público en corridas de toros. Es una enorme vergüenza que en la ley de protección a la infancia y la adolescencia no se haya incluido este tema; queda clarísimo que los lobbies taurinos son una estructura de Estado. Por cierto, gracias a las asociaciones que han luchado por este tema. Por último, el PSOE ha rechazado una enmienda transaccional firmada por seis formaciones políticas para que las administraciones procuren soluciones habitacionales. Es una vergüenza que una ley de protección a la infancia permita un desahucio y no busque soluciones habitacionales para los menores. Pese a todo ello, Esquerra Republicana va a votar que sí. Quiero manifestar nuestro agradecimiento a las miles de personas que han trabajado durante años para que esta ley se haga realidad. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Carvalho. [[Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
Gracias, presidenta. Señorías, ministras, desde hace décadas personas activistas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales han insistido en la necesidad de dotar a las democracias avanzadas de instrumentos para proteger a la infancia y la adolescencia, y así solventar de una vez por todas la deuda histórica que tenemos con ellos. La pandemia no ha hecho más que agravar la situación de maltrato infantil, que ya de por sí era alarmante y en muchas ocasiones invisibilizada, pues se da en ámbitos privados mayoritariamente. Estamos convencidas de que esta ley largamente esperada supone un nuevo paradigma de reconocimiento en la defensa de los derechos de protección de la infancia y adolescencia y que va a colocar a nuestro país a nivel de los estándares internacionales más altos, cumpliendo así con las peticiones de la Convención de los Derechos del Niño, así como el Tratado de Lisboa, nuestra propia Constitución y por supuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que nos imponían aprobar una ley para proteger de forma integral a los menores de edad frente a cualquier forma de violencia, que fuera similar a la Ley contra la violencia de género, garantizando los derechos de la infancia y adolescencia en todo el territorio español y que reforzará el interés superior del niño como principio rector de la legislación. Asimismo, esta ley profundiza en la consideración de la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección. Además, su enfoque integral ha permitido que intervenga en el ámbito educativo y en el preventivo y que establezca nuevas tareas y obligaciones para las instituciones públicas en el apoyo familiar, en los servicios sociales, en la manera en la que puede actuar la publicidad, en las redes sociales, en el terreno del derecho penal, etcétera. Con la aprobación de esta ley mandamos un mensaje de rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia,incorporando medidas de prevención, de detección, de asistencia y protección. A continuación, explicaré algunas mejoras que ha introducido el Senado. Se prohibirá la realización de desnudos y exploraciones genitales como parte de las pruebas de determinación de la edad de niños, niñas y adolescentes que emigran solos en nuestro país en aquellos casos en los que no se tiene certeza de su mayoría de edad. Con la prohibición de estos métodos a través de la ley, España atiende y da respuesta a las recomendaciones que han venido formulando desde hace años tanto el Defensor del Pueblo como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. A partir de ahora se evitarán casos como los de Arcange, una niña menor que llegó a España con dieciséis años en 2017 huyendo de la violencia sexual que padecía desde niñay del matrimonio forzoso al que iba a ser sometida en su Camerún natal, y por el cual el Comité de Derechos del Niño condenó a España en febrero de este año. Además, a través de la introducción de una enmienda a la ley, está previsto que en los próximos doce meses se complete la reforma del procedimiento de determinación de la edad para las personas menores extranjeras que emigran solas. De esta forma España asegura el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y hace prevalecer el interés superior del menor, sus derechos y su dignidad durante la realización de estos procedimientos. Otra de las novedades significativas es que con las enmiendas introducidas ahora en el Senado se mejorará sustancialmente la regulación de las medidas destinadas a garantizar la convivencia y la seguridad en los centros de protección a la infancia, en los centros de protección específicos para niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta y en los centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad de personas menores de edad. En concreto, se estipula la prohibición de la utilización de medidas de contención mecánica, es decir, medidas de sujeción de una persona menor de edad a una cama articulada, a un objeto fijo o anclado a las instalaciones de los centros. A partir de ahora se evitará que se vuelvan a repetir casos como el de Elías, el joven que murió atado a una cama en el uso de esas prácticas de sujeción en un centro de protección de menores de Almería en el año 2019. Solo se permitirá, como medida excepcional y únicamente aplicable en los centros de protección específicos de problemas de conducta y en las medidas privativas de libertad, la utilización de muñequeras de sujeción, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar, por otros medios, la puesta en grave riesgo de la vida o la integridad física del menor o de terceros. Esta medida excepcional sólo podrá aplicarse por un tiempo mínimo imprescindible que no podrá ser superior a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada, y de manera continua, por parte del educador del centro. En cualquier caso, la medida se comunicará, con carácter inmediato a la fiscalía, al órgano judicial y a la entidad pública. Todas estas son condiciones que las organizaciones de infancia han solicitado que fuesen incluidas expresamente en el texto del proyecto de ley. Otro de los aspectos relevantes que se introduce en la fase de tramitación en el Senado es la creación del Consejo estatal de participación de la infancia y de la adolescencia, en un plazo de seis meses. Con esta enmienda, se da respuesta a una petición que ha sido formulada por las organizaciones de infancia desde hace años y se da cumplimiento a uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno de coalición. Con la creación del Consejo estatal de participación infantil se garantiza y desarrolla el derecho de las niñas y los adolescentes a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, en coherencia con los principios y derechos recogidos, otra vez, en la Convención sobre los Derechos del Niño. El Consejo de participación infantil será un órgano consultivo que, además, posibilitará que las menores de edad puedan participar en los procesos de elaboración de las políticas públicas y de las leyes que los afecten. Otra de las enmiendas tiene que ver con la protección frente a la violencia mediática. Se ha introducido una enmienda que protege las imágenes de los menores desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento, así como una mayorcolaboración entre las Administraciones públicas y los medios de comunicación ante estos casos. Termino como empecé, reiterando el reconocimiento y el agradecimiento a la indispensable labor que han ejercido cada día organizaciones del tercer sector, familias, activistas, por el conocimiento de la realidad diaria de nuestra infancia y adolescencia. Ahora ya tenemos más herramientas para dar una respuesta contundente, para mitigar los efectos devastadores que tiene la violencia sobre ellos, dándoles apoyo y permitiendo que transiten hacia una rehabilitación e inclusión. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Muñoz. [[Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López Álvarez. [[Aplausos]]
En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Buenos días, señorías. Así se cita en el Evangelio de Mateo el momento en el que José, padre de Jesús, fue advertido en un sueño de que Herodes intentaría matar a Jesús, de modo que él y su familia fueron a Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido ignorado, dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Según Mateo, entonces se cumplió la profecía de Jeremías. De la misma manera traen ustedes, tras su trámite en el Senado, su ley Herodes [[aplausos]] queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida, nuestros hijos. Eso sí, nos arrebatan los nuestros y desprecian a los tutelados, como el caso de las niñas de Baleares, de las que en los últimos días hemos conocido nuevos abusos. Dicen ustedes que es competencia autonómica, pero ¿no es esta una ley orgánica para todo el territorio del Estado y para proteger a todos los niños? Aclárese, porque cuando les interesa sí es competencia estatal y traen ustedes un bloque de enmiendas incorporadas en la Cámara Alta para la eliminación del uso de la fuerza en los centros de menores, pero de los abusos a esas niñas tuteladas de Baleares no les gusta que les hablemos. [[Aplausos]] Son ustedes patéticos, y sus políticas son deplorables y sus leyes atroces, tanto como que esta ley de protección a la infancia y la adolescencia no contó en esta Cámara con el respaldo de los partidos nacionalistas precisamente por cuestiones competenciales y vuelve del Senado con su apoyo porque han logrado introducir una enmienda para asegurar el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. ¡Clama al cielo, señorías! Respeto se merecen las víctimas del terrorismo. [[Aplausos]] ¡Qué pensarán los padres de esos niños asesinados por ETA, a cuyos herederos vemos sentados cada día en uno de los sillones de esta Cámara y a los que se les sigue dando privilegios! ¡Qué pensarán esos padres cuando sepan que hoy con esta ley precisamente de protección a la infancia se les han concedido nuevas patentes, por las que sus hijos fueron asesinados! Cometen hoy ustedes un pecado capital. [[Rumores]] Y atroz es también la invasión a Ceuta con la que Marruecos ha desafiado a España, alimentada con sus inexistentes políticas de protección de nuestras fronteras, de nuestra soberanía, de nuestra nación, de nuestra patria. Y en esa invasión,Marruecos, país al que ustedes llaman aliado y al que riegan con el dinero de todos los españoles para su rearme militar, ¿saben con qué ha jugado? Con vidas humanas, ha utilizado a menores. 'Yo, con mis ojos, he visto estos días a recién nacidos con hipotermia'. ¿Es esa su protección a la infancia? No, esa es su falsa propaganda buenista, porque la realidad es que Marruecos mandó un ejército civil a Ceuta y utilizó a bebés para que sus medios de comunicación tuvieran la perfecta imagen humanitaria con la que vender su falso buenismo. [[Aplausos]] ¡No tienen ustedes corazón! ¡Y qué fácil es hablar en la distancia cuando no son sus hijos los que no pueden ir al colegio porque han sido asaltados! Su política, la política de este Gobierno en materia de inmigración, es criminal. Y la pandemia son ustedes, sus leyes, sus obsesiones. Ahora el campo de batalla lo han traído a que nuestros hijos no sean nuestros, y ahora se apropian de la personalidad de los niños, de sus ilusiones y de la felicidad que les deparaba un futuro sin intenciones de enfrentarlos entre sexos, deconfundirlos de sexo y de enseñarlos a cuestionarse su identidad desde edades tempranas. En VOX no sabemos hablar de otra manera que no sea desde el corazón, incluso cuando vemos leyes como estas, en las que sus aberraciones nos indignan. Por eso les digo que tengan corazón y sean capaces de recapacitar hoy con esta ley, por esos pequeños inocentes a los que con su entrada en vigor se les va a arrebatar la inocencia, se les va a robar la posibilidad de crecer con naturalidad, con la sencillez más sincera de la franqueza, con la confianza en sus padres,porque lo que ustedes aprueban hoy es la creación de delitos por elegir cómo quiere un padre educar a sus hijos. Legislar sobre la infancia reivindicando derechos con intereses partidistas no es proteger a los menores. ¿A quién quieren engañar? La ley de protección de la infancia no lucha por proteger a los menores. No hay bondad ni justicia en su ley; de nuevo y una vez más hay odio, que ahora trasladan a los más inocentes y débiles, a nuestros niños. [[Aplausos]] Señorías, la tarea y responsabilidad de educar, orientar, apoyar y ayudar a los niños es de sus padres, y ahí siguen ustedes, creando confusión y ahora queriendo eliminar el vínculo biológico entre padres e hijos, para destruir la más bonita institución, la familia. Termino esta intervención con el final de un precioso cuento que leía a mi hija cada noche a petición suya, ¡no vayan a pensar ustedes que era imposición de una madre y me quieren imputar algún delito! Durante seis años nunca, nunca se cansó de escuchar que 'por ser valiente y generosa, la Sirenita fue recompensada, y desde entonces pasea por los mares del mundo protegiendo a los enamorados', porque esa sí es la identidad humana, la del amor en el que se basa la familia. Y la familia es tan fuerte que ustedes no podrán con ella.
Señora López, ha terminado su tiempo.
No podrán con ella, no podrán destruirla. Aunque con su intromisión con esta ley intentan aniquilar su esencia, hay una cosa que nunca podrán cambiar: el fruto del vientre de una madre.
Muchas gracias, señora López.
Por eso... [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Muchas gracias, señora López, ha finalizado su tiempo, lo siento. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Redondo Calvillo.
Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento a mis compañeras del Congreso en la ponencia, Alicia y Marga, y en el Senado, a Carolina y Bienvenido, por su trabajo y disposición a ayudarme siempre; a los diferentes grupos parlamentarios por sus ganas de llegar a un consenso continuamente, y, cómo no, a las organizaciones infantiles que nos hicieron llegar todas sus aportaciones, porque, desde luego, sin su compromiso y dedicación esta ley no sería la que es. Presentamos ciento treinta y cinco enmiendas en el Congreso y más de cien se han presentado en el Senado; algunas se han admitido literales y otras se han transaccionado, porque el Grupo Parlamentario Popular ha entendido que debía primar el interés superior del menor, aunque, por supuesto, sin renunciar a lo que nos parecía fundamental que había que incorporar en la ley. De este modo hemos conseguido introducir desde el Senado que el consejo estatal de participación de la infancia y adolescencia participe en la elaboración de la estrategia, que en la realización de las pruebas médicas para determinar la edad no se pueda producir en ningún caso desnudos integrales o exploraciones genitales, que la audiencia del menor de catorce años como prueba preconstituida se haga a través de equipos psicosociales que apoyen al tribunal de manera interdisciplinar, que en caso de violencia sobre la infancia la difusión de cualquier tipo de imagen deba contar con la autorización expresa de herederos o progenitores, que se proteja la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento y hemos conseguido definir y reforzar algo que para nosotros era muy importante: el concepto del entorno seguro,incluyendo también el entorno digital, por citar algunas de las incorporaciones que hemos conseguido incluir. Nuestras enmiendas buscaban hacer esta ley más accesible, más universal, más garantista; que se reforzará la prevención, la sensibilización, la especialización, la detección, la asistencia y la protección de los menores frente a la violencia. Y hemos conseguido que sea un poquito más, pero todavía hay mucho por hacer y muchas cuestiones pendientes por desarrollar, como las medidas, por ejemplo, para la eliminación del síndrome de alienación parental, el desarrollo de la estrategia, los diferentes protocolos que se recogen a lo largo de la ley, la obligación de remitir a las Cortes en el plazo de un año los dos proyectos de ley o, en definitiva, el propio desarrollo normativo y ejecución de la ley. Señorías, no sería la primera vez que se hace una buena norma y después se queda en el papel porque no se llevan a cabo sus desarrollos o porque no va acompañada de la suficiente financiación. Y en la financiación, señorías, no nos han dejado ni entrar. [[Aplausos]] Señorías, que para el Partido Popular la protección de la infancia es prioritaria resulta una evidencia. Me gustaría recordar que en 2015, con el Gobierno del Partido Popular, se aprobaron dos leyes que modificaban el sistema de protecció a la infancia y la adolescencia, de modo que España se convirtió en el primer país en incorporar la definición del interés superior del niño como derecho fundamental, y me gustaría recordar también que esta ley se empieza a gestar en 2017,igualmente con el Partido Popular, cuando se iniciaron los trabajos en colaboración con organizaciones infantiles como Save the Children o expertos de la Universidad de Comillas, entre otros, porque esos trabajos, indiscutiblemente, son la base de esta ley. Después, en 2019 la recogió el Partido Socialista, la trajo con su informe correspondiente, y, por último, el año pasado, el señor Iglesias, aunque, sinceramente, aparte de bautizar, poco más hizo, porque las aportaciones al texto de 2019 a 2020 son muy escasas. Cuando la ley salió del Congreso la llamaron ley Iglesias, ley Rhodes, y hoy hasta ley Herodes. No, señores, ni lo uno ni lo otro, esta ley es de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que nos rodean y de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que ya no lo son pero en aquel entonces fueron víctimas de algún tipo de violencia y hoy llevan mucho tiempo esperándola. [[Aplausos]] Esta ley es de ellos. Y con ella ganamos todos, incluso los hijos de aquellas personas que no creen en la necesidad de esta ley, porque esos niños, niñas y adolescentes también estarán protegidos por ella. Señorías, quiero compartir con ustedes una preocupación. Los primeros años de la vida del niño sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro; hasta los tres años los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente. Y la pobreza es un tipo de violencia que actúa determinantemente en la generación de desigualdades, los niños más desfavorecidos son los que menos posibilidades tienen de acceder a los elementos esenciales para un desarrollo saludable. En caso de abandono y maltrato se pueden activar sistemas de respuesta biológica y causar un estrés tóxico que interferirá en su desarrollo cerebral, y a medida que el niño crece este estrés puede acarrear problemas físicos, mentales y conductuales en la edad adulta. Sin embargo, los programas para los niños y las niñas en la primera infancia son muy pocos y su financiación todavía es más deficiente, la inversión pública en el desarrollo del niño en la primera infancia es muy escasa. Por eso nos preocupa la educación de cero a tres años, para la que ustedes presentaron un plan de creación de miles de plazas en un periodo de ocho años, tiempo que en aquel momento ya nos pareció muy extenso, si bien ahora todavía estamos más preocupados porque ese plazo ha desaparecido. ¿Eso quiere decir que vamos a ir más allá de los ocho años para que los niños de cero a tres años puedan ser escolarizados? Nos preocupa esa escasa financiación, y por eso el presidente Casado propuso destinar setenta millones de euros a erradicar la pobreza infantil. Solo había que minorar algunos cargos y puestos de asesores, y hubiera supuesto un impulso real a la lucha contra la pobreza. Pero, como ustedes saben,no fue aceptado, lo que nos hace dudar, como mínimo, de lo prioritario que es para este Gobierno la lucha contra la pobreza. Quiero finalizar con una felicitación. El sábado pasado, día 15 de mayo, se celebraba el Día Internacional de las Familias. Con esta celebración las Naciones Unidas declara la importancia que se da internacionalmente a la familia y sirve para hacer una llamada de atención a los Gobiernos en cuanto a la elaboración de las políticas públicas, pero también a la sociedad, para que tome conocimiento de cuáles son los problemas y necesidades familiares. La familia es fundamental en esta ley. Y lo es también para el Partido Popular, porque la considera clave en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la política, de modo que siempre ha estado presente en nuestras políticas. Nuestro apoyo y felicitación a todas las familias. Término. Hoy es un gran día porque la aprobación de esta ley puede suponer un antes y un después para la vida de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Señora Redondo, ha finalizado su tiempo.
Pero no se olviden de que sin desarrollo y dotación presupuestaria será una tomadura de pelo no para nosotros, sino para ellos.
Muchas gracias, señora Redondo.
Señorías, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. No nos quedemos solo aquí. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Muchas gracias, señora Redondo. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Anguita Pérez.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidas, ministras. Buenos días a todas y a todas. Y digo buenos días porque a veces se dice por educación, casi de manera automática, y, sin embargo, hoy refleja fielmente la realidad, y es que hoy es un muy buen día. Es un buen día para la labor parlamentaria, para el trabajo de nuestras Cortes Generales porque hoy en esta Cámara vamos a demostrar la mejor condición de representantes de los ciudadanos y ciudadanas; es aquello que se espera de nuestro trabajo. Continuamos el trámite parlamentario de la ley de infancia, y lo hacemos cuando el texto nos llega desde el Senado con el mayor respaldo de la legislatura, demostrando que hay cuestiones en las que no debería existir fricción alguna, cuya gravedad para la vida de la gent es contundente, es tan dramática y tan dolorosa que la única respuesta éticamente aceptable es la de hacer causa común para resolverlas. Es también un buen día para ellos, para ellas, para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Señorías, la dignidad de una sociedad se mide observando cómo cuida a sus miembros más vulnerables, y no hay nada más frágil que la inocencia que acompaña indisolublemente a la infancia; ni más frágil ni más valioso ni más necesario de proteger, como, por cierto, están haciendo nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las últimas horas en Ceuta, y como hacía Luna,compañera de Cruz Roja [[aplausos]], a la que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mandar un abrazo y toda nuestra solidaridad por todos los ataques de odio sencillamente por ser una buena mujer, una buena persona, una buena ciudadana y una patriota de verdad [[Aplausos]] Y no el amago del soldado Abascal, yendo una vez más a carroñear la necesidad de los vulnerables y volver con la matraca del efecto llamada. Es inmoral y es irresponsable; inmoral por la falta de empatía y solidaridad con los más vulnerables, e irresponsable porque en nada ayudan los discursos o declaraciones grandilocuentes, vacías y catastróficas, y, porque cuando ven en la frontera a un tipo que lleva toda la vida cobrando un gran sueldo sin haber trabajado, señorías, eso sí que podría originar un efecto llamada. ¡Eso sí podría originar un efecto llamada! [[Aplausos]] Señorías, como sociedad hemos adquirido una conciencia de protección hacia los más vulnerables que nos parece evidente, pero no siempre ha sido así. Durante siglos la infancia fue valorada en relación con su utilidad social, y no como un colectivo vulnerable al que proteger. Fue hace relativamente poco cuando la sociedad empezó a ser consciente de la cruel e injusta situación que se estaba dando en materia de protección a la infancia, cuando nacieron los primeros movimientos en favor de los derechos de la infancia y, en consecuencia, se comenzó a legislar para su reconocimiento. Sin embargo y desafortunadamente, no basta solo con declarar la existencia de los derechos, sino que deben estar convenientemente legislados,convenientemente protegidos y convenientemente desarrollados. Este proyecto de ley orgánica está llamado precisamente a ello, a que esos derechos no sean solamente una declaración de buenas intenciones. Tras su paso por esta Cámara y el Senado, el texto resultante es más completo y más ambicioso y se conforma en un auténtico hito. Esto es así gracias también a las imprescindibles aportaciones que la sociedad civil ha realizado, enriqueciendo con ello este proyecto de ley. Así se recogen muchas reivindicaciones que estas entidades venían reclamando desde hace años. Es fundamental, y en este caso se ha hecho patente, legislar de la mano de las asociaciones y sectores involucrados para poder tener una visión más amplia y más profunda del tema en cuestión. Este proyecto de ley orgánica adopta medidas para afrontar una realidad muy complicada. Sabemos que la violencia y los abusos que se ejercen sobre los menores no son tan evidentes como en el pasado; se dan mayoritariamente de puertas para adentro, rodeados de un silencio casi impenetrable, y en muchas ocasiones ni siquiera los niños y niñas son plenamente conscientes de su condición de víctimas. Por suerte, a veces la pura intuición infantil les ayuda a entender que algo malo les ocurre, aunque no sean capaces de entenderlo. Por eso, queremos escucharles, a ellos y a ellas, escuchar qué les dice esa intuición. Así, señorías, se incorpora desde Senado una enmienda que aumenta la participación social con la creación del consejo estatal de participación de la infancia y adolescencia como órgano asesor. Esta medida es importante porque la base del respeto a la dignidad del otro pasa por escucharle, por no negar el uso de su propia voz. Por otro lado, se agregan otras enmiendas igualmente estimables, como la eliminación de la exploración de los genitales y el desnudo integral en las pruebas de determinación de edad o la regulación del uso de la fuerza en los centros de menores. Estas medidas se suman a las ya importantes que previamente estaban en este texto, como, por ejemplo, el aumento de la prescripción de los delitos graves, que, como bien saben sus señorías, pasa de dieciocho a treinta y cinco años, o'evitar la revictimización de las víctimas y la ayuda a la creación de entornos seguros en la familia, en la escuela, en los centros deportivos, en los lugares de ocio y también, y por supuesto, en el cada vez más peligroso mundo virtual, y también está la prohibición del uso del falso síndrome de la alienación parental en cualquier proceso judicial. En conjunto, el proyecto de ley aborda y responde de manera integral a la tarea de sensibilización, prevención e intervención respecto a la violencia que pueden llegar a sufrir nuestros niños, niñas y adolescentes, poniéndonos a la cabeza entre los países en cuanto a la normativa sobre la prevención de la infancia. Y me gustaría agradecer y reconocer el inmenso trabajo a quienes consideraba responsables de este éxito colectivo: en primer lugar, a nuestros servicios públicos, a nuestros profesionales públicos, que llevan décadas garantizando y protegiendo a nuestra infancia [[aplausos]]; a la sociedad civil organizada para demandar un marco normativo como el que vamos a aprobar; al Gobierno, queridas ministras, presidido por Pedro Sánchez, que vuelve a demostrar el compromiso en legislará favor de quienes más lo necesitan, y también a los compañeros y compañeras del resto de los grupos parlamentarios que han trabajado incansablemente para que esta ley sea realidad: a María, Alicia, Isabel, Mertxe, Sergi, María Carballo, Sara,Íñigo, Lucía; a nuestras senadoras en el Senado ponentes de esta ley, y también al grupo parlamentario por ayudarnos y asesorarnos en todos y cada uno de los momentos complicados de esta ley, así como a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Infancia, Adolescencia y Derechos Sociales, encabezados por mi querida compañera Sonia Guerra, por el inmenso trabajo que habéis hecho [[aplausos]]; y, cómo no, a mi compañero y amigo Pau Marí Klose y a mi admirada Luisa Carcedo. Os quiero dar las gracias por el trabajo que habéis realizado durante todos estos años para dignificar la vida de la gente, desde el momento del inicio en nuestra vida, como demuestra esta ley, hasta el último de nuestros días, dignificando todas y cada una de nuestras etapas vitales. Finalizo, señora presidenta, insistiendo en la satisfacción que hoy debemos sentir quienes hemos colaborado y formado parte en la redacción y aprobación de este proyecto de ley, porque con ello estamos siendo útiles, y esa es toda misión que nos ha sido encomendada. De una vez por todas hoy divisamos la espesa capa de silencio cómplice frente a cualquier caso de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Señor Anguita, tiene usted que terminar.
De nuevo, señorías, muy buenos días. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie]]
Muchas gracias, señor Anguita. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. La ministra de DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 [[Belarra Urteaga]]: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Hoy es un día muy importante para nuestro país no sólo por la aprobación definitiva de esta ley, sino también porque en el próximo debate vamos a aprobar el reconocimiento pleno a nivel jurídico de las personas con discapacidad. No quería dejar de mencionarlo porque por fin se va a respetar la voluntad de las personas con discapacidad, gracias a la aprobación definitiva de esa ley, que va a permitir garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Señorías, cuando el pasado 15 de abril aprobamos en esta Cámara el dictamen de la ley orgánica para la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a todas las formas de violencia, terminé mi intervención pidiéndoles que siguiéramos mejorando esta ley en la tramitación en el Senado para fortalecerla y hacerla todavía mejor, y es por aquí por donde quiero empezar hoy mi intervención, dando las gracias a los diputados y a las diputadas que han trabajado incansablemente para mejorar este texto, pero también a los senadores y las senadoras, que me consta que han trabajado también con ahínco para que esta ley sea hoy mejor de como la trajimos a esta Cámara. Muchísimas gracias por ese trabajo incansable. Hoy aprobamos esta ley, y ello supone un hito fundamental en nuestro país porque por primera vez se regula de manera integral la protección a los niños y a las niñas y también a los adolescentes contra todas las formas de violencia. Más Allá de las medidas concretas, a las que después también me voy a referir, creo que el mayor éxito de esta ley es mandar a la sociedad española un mensaje claro e inequívoco de que, sea cual sea el origen social, el género o el color de piel de losniños y las niñas, no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y hacia ellas en un Estado que sea digno del nombre de democracia. Probablemente esta ley no va a abrir portadas mañana ni va a ocupar muchos minutos de televisión, pero puedo afirmar, sin ningún género de dudas, que es un paso esencial, que demuestra que la política puede, debe y va a mejorar la vida de la gente de nuestro país. Quisiera pedirles que desde ahora las administraciones públicas, las fuerzas políticas, los actores sociales nos pongamos a trabajar con el conjunto de la ciudadanía para desplegar al máximo las posibilidades de esta ley, que despleguemos su alcance de manera que desde mañana mismo los niños y las niñas de este país empiece a notar ya sus efectos. Como decía, durante su tramitación en el Senado se han incorporado importantes mejoras, a las que quería referirme. Desde hace más de doce años en este país se desnuda a los niños y niñas extranjeros que llegan sin familia y, en función del tamaño de sus pechos, de su vello púbico o de sus genitales, además de otras pruebas, se determina cuál es su edad. Fui elegida en esta Cámara como diputada por primera vez en el año 2015, y desde entonces es conocido mi compromiso personal para que estas prácticas acaben de una vez por todas, y ese compromiso ha sido inquebrantable. Siempre he pensado que estas prácticas vulneran los derechos de la infancia y que, de conocerse, a la ciudadanía de este país no le iba a parecer bien que esto se hiciera a niños y niñas que migran solos y llegan a nuestras fronteras. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Cuando el otro día se aprobaba en el Senado una enmienda para prohibir los desnudos integrales en el procedimiento de determinación de la edad, las redes sociales se llenaban de centenares de personas que estaban estupefactas pensando cómo era posible que esto se hiciera en una democracia en pleno siglo XXI en España. Pues bien, a todas esas personas les quiero decir hoy que eso está prohibido a partir de este momento gracias a la iniciativa de este Gobierno y gracias a la mayoría de esta Cámara, que lo va a hacer posible. [[Aplausos]] Otra de las novedades que va a incluir esta ley es la prohibición de la utilización de la contención mecánica, es decir, vamos a prohibir que se pueda atar o fijar a una persona menor de edad ante una cámara o en un punto fijo anclado en las instalaciones de un centro de menores. También esto se hacía en nuestro país y el Defensor del Pueblo nos ha pedido en reiteradas ocasiones que pro hubiéramos esta práctica. A partir de ahora se va a prohibir que se puedan repetir casos como el de Ilyas, aquel joven que murió atado a la cama en un centro de protección de menores en Almería en 2019. Por Ilyas y por todos los niños y niñas de nuestro país, esto no va a poder hacerse nunca más. [[Aplausos]] Por último, otro de los aspectos más relevantes y menos conocidos de esta ley es que vamos a crear el consejo estatal de participación de la infancia y la adolescencia. Este consejo está llamado a desempeñar un rol clave y que nos permita escuchar a los niños y a las niñas, escuchar sus propuestas, escuchar sus ideas a la hora de elaborar las políticas públicas que los afectan y el conjunto de las políticas públicas que se desarrollen en esta Cámara. La participación de los niños y de las niñas en las políticas públicas es imprescindible para que les sean útiles y para que se respeten sus derechos. Por eso, hoy quiero transmitirles un mensaje a los niños y niñas de nuestro país, y es que esta ley es vuestra, hacedla vuestra. Con ello no quiero decir que la defendéis a ultranza o que digáis que es perfecta, al contrario, sed críticos con ella, evaluada y, una vez que la despleguemos, decidnos qué es aquello que falta o aquello que tenemos que mejorar. Estamos aquí para escucharos y para trabajar para vosotros y para vosotras. [[Aplausos]] Estas mejoras que hoy incluimos añaden un enorme valor a esta ley, junto a otras cuestiones que ya estaban incluidas y a las que también se han referido los portavoces de los grupos. El aumento del tiempo para la prescripción de los delitosde violencia sexual hacia los niños y las niñas, para que empiece a contar una vez que la víctima cumpla treinta y cinco años, que se asegure que los niños, las niñas y los adolescentes son escuchados en los expedientes de su interés o que puedandenunciar ellos por sí Estos mismos son algunas de las mejoras que ya estaban incorporadas y que revelan que esta ley va a marcar un antes y un después en la protección a la infancia y a la adolescencia en nuestro país. Esta ley despliega un enfoque inequívoco de derechos, que es imprescindible para promover el que tiene que ser el principal éxito de esta ley: la promoción de un cambio cultural que implique un rechazo unánime e inequívoco de toda la ciudadanía a cualquier forma de violencia hacia la infancia. Además, hemos sido capaces de cristalizar en este texto la perspectiva de género, algo por lo que quiero darle las gracias, especialmente, a la ministra de Igualdad, porque sin su trabajo incansable no habría sido posible incorporar esas mejoras de manera tan clara en este texto. [[Aplausos]] Con esta ley, por fin, se pone fin a la validez de una etiqueta que era machista y acientífica, el síndrome de alienación parental, instalada sin ningún fundamento desde hace años en nuestro país. Este falso síndrome se ha utilizado en procedimientos y en sentencias judiciales, intentando establecer que el rechazo hacia el padre manifestado por los niños y las niñas era debido a una manipulación materna. Con ello se ha desacreditado el testimonio de los niños y de las niñas y se ha generado un marco de total impunidad. Esto ha sido así incluso en aquellos casos donde estaba denunciado por maltrato o abusos sexuales a los niños y a las niñas el propio padre, con el peligro y las consecuencias gravísimas que esto conlleva. Pues bien, con esta ley ponemos fin, por fin, al falso síndrome de alienación parental, que quedará prohibido también en nuestro país. [[Aplausos]] En segundo lugar, un elemento que es absolutamente clave, y es que se refuerza el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas al padre en todos los casos en los que el menor haya presenciado, haya sufrido o haya convivido con manifestaciones de violencia machista, porque los niños y las niñas no son espectadores de la violencia machista, son víctimas directas. Esta medida hace realidad este reconocimiento y, sobre todo, manda un mensaje claro y nítido que quiero reiterar: un maltratador jamás será un buen padre. Repito, un maltratador jamás será un buen padre. [[Aplausos]] Quiero trasladar tranquilidad a la portavoz del Partido Popular. La financiación de esta legislación está prevista desde el primer momento en la memoria económica. Así trabaja este Gobierno, con rigor, haciendo las mejores propuestas y también asegurando su financiación para que se puedan llevar a la práctica. Están previstos más de 70 millones de euros en esta ley para que se pueda desplegar al máximo. Este Gobierno sí se toma en serio los derechos de los niños y de las niñas. [[Aplausos]] Desde luego, esta ley es un logro absolutamente colectivo de muchas madres y muchos padres. Hoy no podríamos estar aprobando esta norma sin el trabajo incansable de las organizaciones de infancia, que llevan años exigiendo esta legislación,y gracias también al de muchas personas con responsabilidades políticas - muchas estáis hoy aquí -, a las que quiero mostrarles mi más absoluto agradecimiento por ese trabajo incansable. Pero quería agradecerle especialmente su esfuerzo a James Rhodes, porque creo que si la ley lleva precisamente su nombre es por su compromiso y su dedicación; porque creo que sin su trabajo esta ley no habría visto la luz en nuestro país, y es justo reconocerlo. Gracias, James, por ese trabajo dedicado. Señorías, esto que estamos haciendo hoy aquí, aprobar una legislación que es pionera en el mundo y que va a hacer que España se coloque a la vanguardia internacional en la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, es un paso fundamental. Este es uno de esos días en los que podemos estar muy orgullosos de nuestro país y de una ciudadanía que tiene una sensibilidad especial por los derechos de los niños y de las niñas. Hoy podemos decir que estamos haciendo política de verdad, política con mayúsculas, la política que cambia de verdad la vida de la gente y le da verdadero sentido a la palabra democracia. Por eso, no quiero terminar sin decirle a la gente de nuestro país que nos está escuchando que jamás dejemos de hacer política desde el activismo, desde las instituciones, desde nuestros barrios, desde las asociaciones, desde las redes sociales. Cualquier acción para cambiar las cosas a mejor sirve, que no os digan lo contrario. Gracias a ello hoy la infancia es ley en nuestro país. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, y de los miembros del Gobierno presentes,puestos en pie]]
Muchas gracias, señora ministra. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede desinfectar la tribuna de oradores]] - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. [[Número de expediente 121/000046]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. [[Rumores]] Señorías, si quieren abandonar el hemiciclo, ruego lo hagan lo más rápidamente posible para poder continuar en condiciones el debate. [[Rumores]] Y les pido de nuevo silencio, por favor. Señor Legarda, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, presidenta. Debatimos las enmiendas aprobadas en el Senado con relación al proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, que traspone al derecho interno la Directiva 2016/680, enmiendas presentadas por el Grupo Vasco en el Senado y que son las mismas que defendimos ante este Pleno el mes pasado y que ahora nos retornan aprobadas; enmiendas que coadyuvan en la dirección tuitiva de la normativa europea con relación a la protección de datos personales y cuyo propósito es evitar, entre otras cosas, un uso lesivo e injusto de los mismos para con su titular, especialmente respecto a la cooperación policial, judicial, penal y penitenciaria. La primera de las enmiendas, a los apartados 1 h) y 2 del artículo 22, se dirige a mejorar los derechos que se reconocen al interesado, y en concreto el derecho a conocer si sus datos son sometidos a tratamiento automatizado, los algoritmos y lógicas aplicadas, las consecuencias posibles que su tratamiento puedan deparar, así como a obtener copia de sus datos objeto de tratamiento automatizado. Se ha dicho por el autor del proyecto que esto supone una extralimitación de la directiva y que estos derechos no se pueden importar del Reglamento de Protección de Datos europeo. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Vasco considera, al igual que en el Senado, que esto no es óbice para incorporar esos derechos ciudadanos a la ley orgánica que elaboramos para trasponer la directiva citada. No es óbice, primero, porque las directivas y los reglamentos comunitarios tienen finalidades distintas. Las directivas aproximan las legislaciones de los Estados miembros, pero con un umbral de convergencia entre ellas menor que el de los reglamentos. Así, mientras los reglamentos tienden a colmatar la regulación en un ámbito sin casi margen de maniobra para los Estados, las directivas sólo pretenden establecer un mínimo común denominador que no imposibilita a los Estados regular más allá, sobre todo cuando con una materia como la protección de datos personales, que es tuitiva de los derechos a la intimidad personal y familiar, como proclama el artículo 18 de la Constitución, se pretende mejorar la protección de esos derechos fundamentales. Esta sería la segunda razón, la material, para que aprobemos la enmienda a los apartados 1 h) y 2 del artículo 22, como les decía, el derecho a conocer por el interesado si sus datos son sometidos a tratamientos automatizados, los algoritmos utilizados y las consecuencias posibles que el tratamiento puede deparar y sin que ello haya de suponer, como de adverso se dice, poner en peligro una investigación, la seguridad pública o la misma seguridad del Estado o perjudicar derechos y libertades de otras personas, pues si ello sucede, el responsable del tratamiento y la autoridad pueden denegar aquella información y cualquier otra, tal y como señala la directiva y el artículo 24 del proyecto de ley, que no ha sido enmendado en ningún caso. Señorías, creemos que lo tratado en la enmienda que ahora comentamos es sumamente trascendente, pues el tratamiento automatizado a través de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático significa que programas matemáticos con capacidad de aprender son capaces de realizar inferencias predictivas sobre la evolución del comportamiento de una persona, evaluar su estado actual o bien decidir la ejecución de un conjunto de acciones ante situaciones concretas. Señorías, es conocido que los aspectos críticos de la inteligencia artificial residen en los sesgos, no necesariamente maliciosos, pero contenidos en el diseño informático de los procesos de inferencia, es decir, en los algoritmos, y también en el sesgo humano,consistente en admitir acríticamente los resultados de la inteligencia artificial, asumiendo un principio de autoridad derivado de las expectativas creadas por dichos sistemas. Por esto, señorías, es importante que en esta ley orgánica incorporamos el derecho de la persona a conocer, a saber si sus datos personales son tratados de la manera que he descrito, y ello para el conocimiento e información de la persona afectada, que es necesario para así poder ejercitar sus derechos de reclamación y rectificación si los algoritmos utilizados tuvieran sesgos con resultados perturbadores e injustos para sus derechos. En definitiva, señorías, estamos reclamando el principio de transparencia, el principio del algoritmo transparente en su uso por la Administración pública, que es una de las claves, de las libertades y de los derechos fundamentales en una sociedad globalizada y con procesos automatizados de predicción y decisión que afectan a las personas y a sus derechos, es decir, también, señorías, a todos y todas nosotras. La segunda y última de las enmiendas aprobadas en el Senado se refiere al apartado 4 del artículo 36. Ahora, tras la enmienda, se evita que se proceda a un tratamiento de datos de alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas, y en particular por el uso de tecnologías y mecanismos nuevos, sin antes haber sido informado por la Agencia de Protección de Datos respecto a si ese tratamientos se adecúa a la ley orgánica y sobre la suficiencia de la correcta identificación del alto riesgo y las medidas adoptadas para minimizar los riesgos y eventualmente sus posibles daños. Para ello se cambia el sentido que se le daba en el proyecto a la falta de emisión del informe en el tiempo estipulado por la Agencia de Protección de Datos. En el proyecto se permitía a la autoridad que pretendía iniciar un tratamiento de alto riesgo ponerlo en marcha, una vez transcurrido el plazo de que dispone la agencia, para emitir el informe aun sin haberlo emitido. En el texto enmendado este silencio positivo se convierte en negativo, algo mucho más acorde con el propósito de la institución del silencio administrativo, que no es otro que proteger los derechos de la ciudadanía y que aquí se logra evitando que un tratamiento automatizado de datos de alto riesgo para los derechos de la ciudadanía se ponga en funcionamiento sin ser evaluado por la Agencia de Protección de Datos respecto, como les decía, a la adecuación a la ley orgánica y a las medidas previstas para mitigar o reparar los riesgos y, en su caso, los daños aun habiendo transcurrido el plazo para emitir el informe, cosa que, por otra parte, consideramos no llegará a pasar, pero que en cualquier caso la ley no puede dejar de considerar los efectos del silencio que resulten más acordes a la finalidad tuitiva tanto de la institución del silencio como de la protección de datos personales, en cuanto a que son la expresión del derecho fundamental a la intimidad que proclama el artículo 18 de la Constitución. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Cepeda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Nos encontramos hoy aquí para debatir las enmiendas procedentes del Senado, como bien ha indicado el señor Legarda, sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos. Quiero decirles que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a las dos enmiendas presentadas, en primer lugar, porque en cuanto a la que modifica el artículo 36 creemos que estamos hablando de supuestos de alto nivel de riesgo y, por tanto, la vulneración de derechos y libertades de los ciudadanos cobran especial relevancia. Nosotros coincidimos en este caso con el autor de la enmienda en que el silencio administrativo no puede convertirse en una norma que anule la continuación del tratamiento de aquellos datos, en cuya previa evaluación el riesgo se haya considerado alto. Por tanto, estamos a favor completamente de esta pequeña modificación. [[La señora]] Lo mismo sucede con la enmienda al artículo 22, que quizá nos parece más importante todavía porque las decisiones automatizadas son algo a lo que nos enfrentamos en nuestro devenir diario, pero en el futuro próximo esto va a ser todavía mucho más importante. La práctica totalidad de los sistemas de información están ya organizados sobre la base de la inteligencia artificial, del uso del big data y el tratamiento de los datos y, por tanto, es evidente que nos va a introducir en una nueva era, que es la era de la automatización y de las decisiones automatizadas. Creo que la definición de los perfiles, la segmentación o incluso la posterior decisión automatizada sobre la base de los algoritmos, que van a decidir sobre un montón de cosas que nos van afectar en nuestra vida, nos van a acercar a que la Administración deba ser más vigilante respecto de los derechos de los usuarios. Por tanto, creo que parece razonable que el interesado debe tener derecho a conocer y a obtener ciertas certidumbres sobre el tratamiento automatizado que se va a producir de sus datos personales. Esto nos parece muy importante porque, como he mencionado antes, cada vez más nos vamos a introducir en el mundo en el que las decisiones automatizadas van a regir en muchas de las decisiones que vamos a tomar, porque prácticamente el sistema y el algoritmo las van a tomar por nosotros. Por tanto, avanzar en la protección de estos derechos de los usuarios y de los consumidores nos parece muy importante. Finalizó con una cosa un poco general en torno a la ley. Yo creo que el debate sobre esta ley, que es verdad que es una ley muy técnica, una ley compleja porque habla de cosas como automatización y algoritmos, muchas cosas que tienen que ver con nuestros datos personales, cada vez es más importante en el futuro cercano, no solo por lo que hemos hablado de los tratamientos y los sistemas de información, sino también porque la tecnología avanza y va a avanzar a un ritmo cada vez más trepidante. Esto va a obligar a que los legisladores estemos especialmente vigilantes en cómo avanza la tecnología para seguir manteniendo y defendiendo los derechos de los usuarios y de los consumidores. Por tanto, esta es una carrera muy rápida a la que hay que estar muy atento. [[El señor]] Yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en esta ley orgánica por parte de todos los grupos parlamentarios. Quiero agradecer el trabajo de nuestro portavoz en ella, de mi compañero Edmundo Bal, que sé que ha sido intenso y precisamente cuando estamos hablando de la protección, y además de estos datos de especial relevancia que tienen que ver con toda la parte penal y procesal de los usuarios, de los ciudadanos a fin de cuentas. Creo que hemos hecho un trabajo, en el que es difícil probablemente tener un reconocimiento político por parte de la sociedad, pero que sin duda nos lleva siempre a defender el interés más importante del ciudadano y del consumidor. Muchísimas gracias a todos los que han trabajado en esta ley. Creo que hemos dado un paso adelante adaptando esta normativa de forma precisa a nuestro ordenamiento jurídico y velando siempre, como hemos hecho antes al hablar del menor, por los derechos y las libertades de todos los usuarios, de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Buenos días, seré muy breve. Lo que nos ocupa en el punto del orden del día de hoy son las dos enmiendas que siguen vivas y que pasan a votación. Mi intervención no va a ser sino para dar apoyo a las dos enmiendas que se han presentado. Entendemos que son de una técnica a poner en relieve, que son perfectamente válidas y que apuntan a aquellas tesis de la buena Administración, del silencio administrativo como un elemento a valorar en el futuro. ¿Hay algo que genera más incertidumbre en los ciudadanos que el silencio administrativo? Pues aquí se ha centrado en el ámbito de la cuestión de prevención e investigación. No quería terminar la intervención sin poner de relieve la gravedad de lo que nos ocupa. Todos saben que la trasposición de esta directiva europea va con mucho retraso y que este retraso ha supuesto la sanción de 15 millones de euros más 89000 euros al día, por cada día que no se hiciera esta trasposición. El plazo acababa el 6 de mayo de 2018 y lo estamos haciendo hoy, el 20 de mayo de 2021, 1100 días después. Por tanto, creo que aquí tienen que asumir responsabilidad aquellos que gobernaron tanto en una época como en la otra, ya que esto ha afectado a dos Gobiernos de distinto color. Quería que conste el contenido de la sentencia, que dice que la falta o la insuficiencia de normas que garanticen el buen funcionamiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia dentro de la Unión Europea - se debe entender - debe considerarse especialmente grave. En esta situación especialmente grave es en la que hemos estado estos 1100 días, en los que no se ha producido esta trasposición de la directiva. Toca, por tanto, que esta ley salga adelante, que se genere este Espacio de Libertad,Seguridad y Justicia en el marco de la Unión Europea y que salga adelante con estas enmiendas que hoy se plantean aquí porque, más allá de la solvencia técnica, ayudan a garantizar todavía más los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
Buen día. Señorías, en Junts per Catalunya celebramos que la trasposición de la Directiva Europea 2016/680 pronto vaya a ser una realidad. Durante el trámite parlamentario, tanto en esta Cámara como en el Senado, consideramos que se han introducido modificaciones que mejoran sustancialmente el texto propuesto por el Ejecutivo en un ámbito tan delicado como la protección de datos de carácter personal para una mejor cooperación policial y judicial penal. Daremos nuestro apoyo a las enmiendas provenientes del Senado. No me voy a extender con una justificación técnica, porque yo creo que ha estado sobradamente explicado por los diputados que me han antecedido. Sin embargo, llegados a este punto quiero dejar constancia de la dejación de funciones del Gobierno del Partido Popular y ahora del Partido Socialista. El plazo para transponer esta directiva expiró el 6 de mayo de 2018. Repito para aquellos ciudadanos que nos estén escuchando y crean haberlo entendido mal: el plazo para aprobar esta ley no finalizó el 6 de mayo de 2021, sino el 6 de mayo de 2018. Por tanto, han pasado más de tres años, 1100 días, como decía el señor Boadella. La incompetencia de los dos grandes partidos que se alternan en el poder en este país ha tenido como consecuencia una reprimenda ejemplar de las autoridades europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a pagar 15 millones de euros a tanto alzado y 90.000 euros diarios hasta la aprobación del presente proyecto de ley. En un país con un paro juvenil que roza el 40 % y después de un año durísimo para las pequeñas y medianas empresas, España tendrá que pagar más de 30 millones de euros porque su Gobierno es incapaz de cumplir sus compromisos como miembro de la Unión Europea. Pero no solo es la cuestión económica, sino que durante tres años se ha privado a los ciudadanos españoles de tener el amparo de este régimen que les da derechos y garantías; han sustraído sus derechos a los ciudadanos españoles. En España, el retraso en la incorporación de directivas europeas no es la excepción, sino la norma. Según el Consejo General de Economistas, España tarda de media doce meses más que el resto de los Estados miembros. En lugar de los discursos grandilocuentes sobre europeísmo que sueltan ustedes cada dos por tres, la pregunta es: ¿por qué ponen en riesgo la arquitectura jurídica de la Unión Europea cada vez que la Comisión y el Consejo adoptaron una nueva directiva? Para finalizar, creo que es importante poner en contraposición, ante este gasto de 30 millones de euros que España tendrá que asumir por haberse retrasado en el cumplimiento de sus deberes europeos, las responsabilidades penales que tienenque pagar los responsables catalanes de la acción exterior; una actuación del Tribunal de Cuentas desproporcionada, absolutamente injusta y que, en definitiva, encontramos que se está manifestando como un acto de venganza. La gran pregunta que queremos plantear es la siguiente: ¿Quién va a pedir responsabilidades...?
Señoría, su tiempo acaba de finalizar.
Diez segundos, presidente. ¿Quién va a pedir responsabilidades a los miembros de los Gobiernos Popular y Socialista...?
Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
Moltes gràcies, president. Señorías, el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales tiene, como se ha dicho aquí antes, como objetivo principal trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales y a la libre circulación de dichos datos. Eso sí, deroga la vieja decisión marco de 2008. Hay que subrayar la lentitud del Estado español en cumplir con los compromisos legales y, en este caso, los compromisos europeos. Cabe decir que el retraso en su trasposición ha supuesto para el Estado español una multa a tanto alzado - se ha comentado antes -, una multa coercitiva de 15 millones de euros y las costas procesales; repito, 15 millones de euros. Entre unos y otros, el retraso. Recordemos que el Partido Popular debía haber traspuesto esta directiva antes del día 6 de mayo de 2018. Lo digo nuevamente porque es muy importante recalcar: la mayor multa de la historia que Europa le ha puesto a un país, 15 millones de euros a tanto alzado más las costas. Es importante resaltar también que dicha directiva tiene la misma estructura que el Reglamento General de Protección de Datos; sin embargo, tiene la particularidad de ser mucho más limitada y restrictiva y,por ello, más garantista. De hecho, con las enmiendas que hoy seguramente se aprobarán se vuelve más garantista. Aunque dicho proyecto de ley supone un avance decisivo para la eficacia de la cooperación jurídica internacional entre autoridades dedistintos ámbitos - seguridad, penitenciaria, tributaria, prevención del blanqueo de capitales, infracciones monetarias, financiación del terrorismo, mercado de valores, etcétera - y las autoridades judiciales y policiales a nivel de la Unión Europea,también cabe destacar nuestro temor por que determinados derechos fundamentales de la ciudadanía sean vulnerados. La Constitución española otorga a esos derechos - a la intimidad, a la no discriminación, a la propia imagen - un estatus muy importantede máxima protección, y nosotras entendemos que se podrían ver afectados por este proyecto al otorgar más poder para reunir, tratar y almacenar datos sobre la ciudadanía sin control judicial y sin respetar el derecho a la presunción de inocencia delas personas investigadas. Sin embargo, obviamente entendemos la importancia de tener un nivel mínimo de armonización en los estándares vigentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea y de consolidar un marco jurídico idóneo para la transferencia de datos en orden a una efectiva cooperación policial y judicial penal. Con base en esa dicotomía que acabo de explicarles, la ley debe seguir los objetivos principales de la directiva. A saber: la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, especialmente su derecho a la protección de los datos personales, sobre todo en aquellos casos en los que el tratamiento lo lleven a cabo las autoridades policiales o judiciales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, incluyendo la prevención y protección frente a las amenazas contra la seguridad pública. Aquí queremos hacer un punto y aparte, porque unir la protección del derecho a la intimidad con la necesidad de cooperación conlleva poner en valor el principio de proporcionalidad con todas, absolutamente todas, las garantías para que el tratamiento de los datos personales resulte proporcional, oportuno, mínimo y suficiente para el cumplimiento de los fines perseguidos. La nueva ley debe facilitar la cooperación internacional policial y judicial europea bajo el principio de la confianza mutua. Sin embargo, debe garantizar la protección y defensa de los derechos de toda la ciudadanía. Nuestra preocupación principal, señorías, es aquella farsa de la Transición de 1978, en la cual los ficheros políticos del franquismo no desaparecieron. Desde entonces hasta ahora hemos tenido constancia y evidencia del mantenimiento de ficheros de datos políticos. Esta es una realidad. Lo que no puede ser es que pertenecer a un grupo político o una asociación, tener una creencia distinta o tener un origen distinto sea una razón para estar fichado hoy en día. Finalmente, reconocemos que tras la inclusión de las enmiendas el texto de la ley ha quedado más garantista y se ha aumentado la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias, señora Carvalho. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos En Comú Podemos Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Estamos hoy aquí finalizando por fin el trámite parlamentario de una importantísima ley que tiene como eje la protección de datos personales de las personas físicas. La ley que hoy nos convoca llega con un amplio consenso tanto en esta Cámara, el Congreso, como en el Senado y recoge mayores garantías de las que dispone la directiva europea que teníamos que trasponer, algo de lo que en nuestro grupo estamos muy orgullosas, porque hemos trabajado para que así fuera. Les recuerdo que esta ley establece hitos importantes, como un plazo garantista de revisión cada tres años de los datos de carácter penal. También contempla un plazo de veinte años para el almacenamiento de los datos tras cada revisión trianual, incluso cuando con carácter extraordinario la directiva europea permite superar los plazos ordinarios establecidos cuando concurran determinados supuestos de hechos como la no prescripción del delito o la necesidad de protección de las víctimas. Conjuga a la perfección esa posibilidad de investigar infracciones o delitos penales con la salvaguarda de las garantías judiciales del Estado de derecho. Creo que debemos felicitarnos todos y todas, señorías, porque hemos hecho un buen trabajo que viene respaldado por el amplio consenso con el que esta norma se aprobó en esta Cámara y porque además viene del Senado con dos únicas enmiendas. Respecto a estas dos enmiendas impulsadas por el Grupo Parlamentario Vasco a los artículos 22 y 36 de la ley, Unidas Podemos votará a favor de la enmienda al artículo 36, pero no así a la del artículo 22, y quiero argumentar el porqué. Votaremos en contra porque entendemos que la Directiva 2016/680 ya limita el acceso del interesado a una serie de elementos, por lo que introducir algunos más que contempla el reglamento general igual supone confundir y mezclar ámbitos distintos para los que la Unión Europea ya ha previsto regulaciones diferentes. Además, es verdad que esa ampliación que pretenden con la enmienda puede tener un fondo más garantista, pero no entendemos que quepa, porque los métodos, las técnicas, los protocolos de actuación y las herramientas empleadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nunca tienen carácter público. El contenido de la directiva europea ya tiene también en cuenta la preocupación que tienen ustedes, pero a la vez pretende no perjudicar las investigaciones. Esta normativa también tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos víctimas de los delitos y proteger el derecho a una pacífica convivencia en la sociedad. Nuestro grupo cree que la directiva armoniza el derecho a la intimidad con el derecho a la seguridad de las víctimas de delitos. Me gustaría que entendieran que, de salir adelante esa enmienda, se estarían mostrando los procedimientos internos de la investigación en curso y esto podría suponer un peligro para las investigaciones realizadas y para el trabajo policial. Tampoco podemos en ningún caso dejar abierta la puerta a que la ley pueda terminar sirviendo sin querer a potenciales delincuentes para su propio beneficio en contra de la investigación y de los derechos de sus víctimas. Para su tranquilidad les diré que en el artículo 14 de la ley se contempla la prohibición con carácter general de que todas las decisiones automatizadas produzcan no solo un efecto jurídico negativo al interesado, sino simplemente de que le afecten de una forma sustancial. Además, las autoridades competentes vigilarán el funcionamiento de estos sistemas automatizados y de inteligencia artificial. Son las propias autoridades de control-también la agencia vasca - quienes recomiendan, de hecho, no facilitar información sobre la lógica aplicable por motivos de seguridad, para evitar que esta información sea usada para lanzar ataques sobre los sistemas de que se trate. Sin embargo, vamos a votar que sí a la enmienda al artículo 36 porque amplía el texto de la directiva europea y convierte, además, ese silencio administrativo en una respuesta favorable a los ciudadanos en lugar de a la Administración. Cuando esta ley quede aprobada, España va a pasar a formar parte de la vanguardia internacional en los estándares y garantías de protección de datos y de derechos de las personas físicas, reforzando con ello un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. Creo que podemos felicitarnos porque hemos hecho un buen trabajo, señorías. Como se ha dicho aquí anteriormente - y lo quiero volver a repetir, aunque ya lo dije en el trámite de aprobación del dictamen en el Congreso -, esta ley debió aprobarse en 2018. Lo sabemos, pero tenemos que recordar que es el pasotismo - y lo repito - del Partido Popular el que ha provocado que la Unión Europea imponga a España esa multa de 15 millones de euros. Señorías, entiendo que se critique aquí el hecho de que nos han puesto una multa - a nosotros también nos parece increíble que hayamos llegado a este punto por la dejadez del Partido Popular -, pero no podemos ser equidistantes en esta cuestión. El hecho objetivo es el que es y no hay otro: el PP debió trasponerla antes del 6 de mayo de 2018 - lo repito otra vez, antes del 6 de mayo de 2018- y no lo hizo. Lo único que está haciendo este Gobierno es trabajar para arreglar lo que el PP no hizo. Así que esa equidistancia de ambos Gobiernos de distintos colores, no. El hecho objetivo es que el PP no hizo su trabajo. Término. Las principales diferencias entre un régimen autoritario y la democracia son precisamente las garantías judiciales, la combinación del derecho a la intimidad con la acción de la justicia. Por eso, celebramos el amplio acuerdo con el que va a salir aprobada esta ley de protección de datos. Este consenso demuestra una vez más - porque también lo hemos visto con la ley de la infancia; es un día importante hoy - que cuando se quiere, se puede llegar a acuerdos para defender el bien común. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. [[Aplausos]]
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mis primeras palabras quiero que sean para apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ejército y a la Policía Local de Ceuta y Melilla, que están trabajando para velar por la integridad de nuestras fronteras y la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. [[Aplausos]] Vaya mi apoyo y animo también a sus ciudadanos y quiero decir que Ceuta y Melilla son España y seguirán siendo España, pese a quien pese. Señorías, desde VOX queremos mostrar también nuestra indignación por el 15M. Estamos indignados, como millones de españoles. No se confundan, señorías, porque no hablo del 15M de hace una década, aunque también estamos indignados. Me refiero a los 15 millones de euros, 15 millones de euros por el incumplimiento del Partido Popular. Pero, señorías del PSOE, ¡qué cara más dura tienen ustedes cada vez que le recrimina su Gobierno socialcomunista al Partido Popular elincumplimiento de esta normativa! Ustedes tuvieron varias semanas hasta el 20 de julio de 2018 para contestar al escrito de requerimiento y no hicieron nada. Es más, la negligencia inacción de este Gobierno socialcomunista nos ha llevado también a una sanción impuesta de 89 000 euros diarios, sumados a los 15 millones de euros. No cumplir con la trasposición de la directiva de Europa no les ha supuesto a ustedes ningún tipo de problema. Las sanciones que se le han impuesto a España no las van a pagar todos ustedes de su bolsillo; las van a pagar los de siempre, los españoles. Esta sanción a día de hoy, sin incluir las costas - que también tenemos que pagar -, suma un total de 22 387 000 euros. ¿Saben ustedes cuántas familias podrían recibir el ingreso mínimo vital con esta multa? Serían 47 693 familias las que podrían recibir el ingreso mínimo vital. Señorías, hagan cuentas de a cuántas familias de las colas del hambre se las podría ayudar con más de 22 millones de euros. Luego llegaron ustedes aquí, a esta Cámara, a decir que hay que subir los impuestos a los españoles, la cuota de autónomos, el gas, la electricidad o incluso el impuesto por utilizar las carreteras para mejorar los servicios y el bienestar social de los españoles. ¿De verdad no se sonrojan ustedes cuando vienen a esta Cámara a pedir esto cuando utilizan el dinero de los españoles para pagar multas que podrían haber evitado? [[Aplausos]] No puedo ni quiero olvidar que esta directiva viene bajo el paraguas del indigno ministro Marlaska. Si desde que llegó al Gobierno se hubiese preocupado precisamente por esta sanción tanto como lo ha hecho por los asesinos de ETA y por sus socios los proetarras de Bildu, en este momento quizá tendríamos una multa de una cuantía muchísimo menor. Pero al ministro Marlaska le preocupa mucho más acercar a los terroristas a sus casas que las cuotas de los autónomos; al ministro Marlaskale preocupa mucho más perseguir a VOX que evitar las colas del hambre; al ministro Marlaska le preocupa más pasear por la campaña electoral a la directora de la Guardia Civil que emplear esos 22 millones de euros en los chalecos antibalas para proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. [[Aplausos]] Al ministro Marlaska le preocupa más proteger a los socios comunistas que dotar con 22 millones de euros para el material que necesitan y reclaman los funcionarios de prisiones. Señorías, ¿recuerdan esta noticia? [[Muestra un recorte de prensa]] Mientras que desde nuestro grupo pedíamos hacer hábiles los meses de julio y agosto del año 2020 para trabajar precisamente en leyes como esta, en el Ministerio del Interior de este Gobierno de lo que se preocupaban era de hacer una agencia de colocación para los asesinos de ETA. [[Muestra otro recorte de prensa]] Si el ministro Marlaska tuviera dignidad, cosa que no tiene, ya habría dimitido de forma irrevocable. No Podemos consentir que este Gobierno y el Ministerio del Interior se conviertan en el INEM de los asesinos ETA, mientras ustedes derrochan más de 22 millones de euros de los bolsillos de todos los españoles que no llegan a final de mes. Concluyó. Para que quede constancia en esta Cámara, aunque lamentablemente tampoco está hoy el señor Rufián, tal y como dijo mi compañero Pedro Fernández, que hizo cita a esta mención de un mosso d'Esquadra [[muestra otro recorte de prensa]]: ¡La República no existe, idiota! [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pedreño Molina.
Buenos días. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hoy asistimos a un debate que no debería haber llegado hasta aquí, y no es una cuestión de malgastar el tiempo, sino de responsabilidad. Nos cuesta 3 millones de euros a todos los españoles esta ida y vuelta del Congreso al Senado y del Senado al Congreso de la trasposición de una directiva sobre protección de datos para fines de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Son 3 millones de euros que se suman a los casi 20 millones de euros con los que ya nos ha multado Europa porque los señores del PSOE y los señores del Gobierno no han hecho los deberes. Son 23 millones de euros tirados a la basura en el momento de los ERTE, los despidos, de los cierres de los negocios y de la caída de nuestra economía. Señorías, este Gobierno no deja de sorprendernos y cada vez va a peor; y, a su lado, el Grupo Parlamentario Socialista, que sustenta a este Gobierno y que no es capaz de aportar absolutamente nada. Hoy le toca el turno a la incompetencia de los señores del PSOE; la incompetencia para llegar a acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios para incorporar dos enmiendas técnicas del Grupo Parlamentario Vasco que mejoran este proyecto de ley sobre protección de datos en el ámbito penal. No sé si es que no han escuchado al portavoz del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál es el problema para que estas dos enmiendas hayan tenido este trasiego y nos hayan costado una multa aún mayor? No busquen más excusas. El pasado 13 de abril se debatió en esta Cámara el texto de esta normativa. Era un ejercicio absolutamente sencillo, que consistía en trasponer una directiva europea que ya dejó prácticamente terminada el Gobierno del Partido Popular en 2018, una trasposición en un documento de cuarenta y seis páginas que seguimos sin aprobar después de dos años en la mesa del ministro del Interior, el ministro Marlaska, el peor ministro de la historia de la democracia. [[Aplausos]] Esto ya nos había costado 20 millones de euros por la sanción de los tribunales de la Unión Europea y hoy, casi cuarenta días más tarde, la multa se ha incrementado, como saben, a un ritmo de 89 000 euros diarios de penalización. Saquen cuentas, señorías, son 3 millones de euros más, en total 23 millones de euros que tenemos que pagar todos los españoles por la dejadez de este Gobierno y por su irresponsabilidad. Esto no puede pasar desapercibido y no podemos pasar de puntillas sobre este hecho. Señorías de la familia del PartidoSocialista, ¿cómo han dado lugar a rechazar dos enmiendas técnicas en el Congreso y en el Senado y que esto nos siga costando cada vez más dinero por su incompetencia para llegar a acuerdos? Esto pasa porque ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, actúan bajo el mismo modus operandi que el señor Sánchez, que es proponer a base de decretazos, en lugar de buscar consensos que beneficien a todos los españoles. Decretazo como el nombramiento del ya ex vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión parlamentaria que controla el CNI o decretazo sobre medidas laborales y fiscales de clases pasivas en la Seguridad Social. Por cierto, como ya saben, ambos han sido tumbados por el Tribunal Constitucional, y lo que nos queda aún. En definitiva, que son muy ineficaces, señores del PSOE. Los decretazos y la altanería tienen sus consecuencias y, a la incompetencia del Gobierno para terminar de redactar unas cuantas páginas de una directiva de índole técnico, se suma la incapacidad de negociar de los señores del Grupo Parlamentario Socialista. Después va el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y espero que cuando suba aquí, además de meterse con el Partido Popular, venga con el cheque, con el cheque de los 23 millones de euros de la multa para que no la tengamos que pagar todos los españoles. Paguenla ustedes y sus compañeros del Gobierno con su dinero. Porque es muy fácil venir aquí a no hacer nada cuando están jugando con el dinero que no es suyo,un dinero vital para muchas familias que han sido condenadas tras esta crisis sanitaria, social y económica que se ha visto incrementada por la pésima gestión de este Gobierno. Lamentablemente, esta ya es una práctica habitual de este Gobierno: dejar que pasen los plazos de las trasposiciones de las directivas europeas y que todos los españoles tengamos que pagar las multas que nos imponen. Si hoy se meten en la página web de la Unión Europea en el apartado de infracciones y selecciona el país España, verán que ya son cuarenta las directivas sin trasponer que ya están fuera de plazo y por las que, al igual que por esta, nos van a penalizar y a multar. Vaya chapuza, señores del PSOE, porque ustedes son cómplices de este expolio al bolsillo de los españoles. Creo que aún no se han enterado de la enorme crisis económica y social que estamos viviendo, porque no estamos, desde luego, para despilfarrar 23 millones de euros. A Cabo. En cualquier caso, en el Grupo Parlamentario Popular vamos a votar a favor de las enmiendas y del dictamen para que, por fin, pongamos punto y final a esta pesadilla que dura ya casi tres años. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.
Muchas gracias, presidente. Señorías del PP y señorías de VOX, dos preguntas de inicio. Señorías del PP, ¿cuánto nos costó a los españoles la policía patriótica que ustedes montaron en el Ministerio del Interior?, ¿cuánto nos costó? [[Aplausos]] Señorías de VOX,¿cuánto nos cuesta a los españoles el discurso del odio que continuamente vierten en esta tribuna del Congreso de los Diputados?, ¿cuánto cuesta a los españoles, señores de VOX? Señorías del Partido Popular, que vengan hoy aquí a decir que el Partido Socialista no ha cumplido su trabajo es obviar el peor episodio que ha pasado en nuestra democracia, con una crisis sanitaria y una crisis económica que ha paralizadola vida legislativa de esta Cámara. Es más, todas las iniciativas que ha dicho usted, señor Pedreño - no son cuarenta, son cuarenta y tres -, las cuarenta y tres, absolutamente todas provienen de su época. Ustedes no hicieron nada, y encima vienen aquí hoy a pedir al Partido Socialista explicaciones, ¿de qué, señorías? Fíjese que hoy veníamos aquí a hablar de una cuestión técnica, pues creo que nos hemos olvidado la técnica y hemos pasado directamente a la política de qué hace, qué no hace y por qué es indigno o no es indigno el ministro del Interior. Mire, solo hay una cosa que ustedes pasan por alto, y es que este ministro del Interior lo que está haciendo es acabar con el chiringuito ideológico que ustedes montaron dentro del Ministerio del Interior. [[Aplausos]] Solo por eso, señorías, ustedes deberían tener más respeto al ministro del Interior. ¿O qué sucede, es que ya no reciben información de dentro del ministerio? ¿Qué sucede, que ya no tienen fuentes dentro del ministerio? ¿Ese es el problema que tienen ustedes con el Ministerio del Interior? Aclárese, señorías del PP y señorías de VOX. Voy a intentar aterrizar el debate en esta cuestión técnica, que es la que nos ocupa hoy y la que tiene que ver, porque hoy creo que es la tercera ley orgánica que debatimos y es otra ley importante para los ciudadanos de nuestro país. Es Una ley importante porque sitúa a los ciudadanos en el eje de la acción de la seguridad en nuestro país, una ley que les otorga más derechos y más capacidad de control para poder acceder, precisamente, a los datos con los que las Fuerzas y Cuerpos De Seguridad del Estado, con los que la Fiscalía y los jueces, cuando hay una infracción penal, pueden trabajar. Por tanto, señorías, esta es también una ley que tiene que ver con los ciudadanos y que sitúa a los ciudadanos en el centro político y en el centro de las libertades. Señorías, hoy traemos dos enmiendas que nos llegan del Senado. Quiero anticipar que la enmienda que habla del artículo 36, la enmienda que tiene que ver con el silencio administrativo, es del Grupo Parlamentario Socialista. Al contrario de lo que dicen las señorías del Partido Popular, sí creemos que, aunque no es necesaria, es una enmienda oportuna para incorporar al texto y, por lo tanto, contará con nuestro apoyo. Sin embargo, señorías, a la otra enmienda que viene a colación hoy, que es la enmienda al artículo 22, no podemos darla el apoyo por algunas cuestiones fundamentales que trataré de indicarles, pero fundamentalmente porque es una enmienda que ya viene desarrollada en el propio texto legislativo, en la ley orgánica, y también en la propia directiva. Por tanto, añadir algún punto o añadir algún apartado dentro de un artículo creemos que no es suficiente, ya que viene descrita perfectamente en todo el articulado de la ley. Está enmienda tiene que ver con dos cuestiones - el señor Legarda las ha expuesto perfectamente -: la primera es la de indicar las decisiones automatizadas como elemento para ser regulado y la segunda es la de dotar de un mecanismo de comunicación entre la Administración y el ciudadano. Como les decía, ambas cuestiones están desarrolladas tanto en la ley que salió del Congreso al Senado como también en el propio texto de la directiva. Como les decía también, es la propia directiva la que limita el derecho al acceso del interesado a determinada información. Aquí quiero entrar también a valorar otra cuestión que tiene que ver con el apoyo a pecho descubierto que algunos de ustedes dan en esta Cámara a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este Artículo lo que viene es a aportar una garantía más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desarrollar su labor, porque, de otra manera, si todo el mundo pudiera tener acceso a la lógica de funcionamiento de las investigaciones, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que se pondría en peligro también la seguridad del conjunto de los españoles. Además, también creemos que no es necesario introducir un nuevo apartado a este artículo - y me refiero al punto 2-, porque esta redacción que se propone a este punto sobre la forma de facilitar al interesado la contestación a sus solicitudes, en el ejercicio del derecho de acceso, ya está recogida en el artículo 12.1 de la propia directiva, pero, además, también está perfectamente desarrollada en el artículo 20 de la propia ley orgánica, en la que se habla, por ejemplo, de informar de forma concisa e inteligible, con lenguaje claro y sencillo, procurando utilizar el mismo medio de comunicación empleado por el ciudadano que se pone en contacto con las autoridades. Tanto la Tanto la directiva como el texto de la ley orgánica enviada al Senado contienen una regulación clara sobre esta cuestión, por lo que no consideramos necesaria la inclusión de esta propuesta en el texto final y, por lo tanto, como ya hemos anunciado,votaremos en contra de esta enmienda. Señorías, por último quiero agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios, también la labor de los letrados y de los servicios de la Cámara, así como la labor de mis compañeros en esta ponencia, José Antonio Rodríguez y Sonia Ferrer. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias, señor Serrada. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos al siguiente punto, enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Sí, muchas gracias, presidente. Hoy daremos un largo paso en el largo camino de la participación... [[Rumores]]
Un momento, señor Legarda, por favor. Señorías, ruego silencio, por favor. Continúe.
Les decía, señorías, que hoy daremos un largo paso en el largo camino de la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Hoy finalizaremos latramitación de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, un cambio en la legislación civil y procesal que acompaña al cambio de sensibilidad social sobre la discapacidad, pues este, comoindica la propia Convención de Nueva York, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas al entorno que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; un concepto que ha evolucionado, como señala el Consejo de Estado, desde la lejana concepción como un problema de índole patrimonial que se afrontaba con un sistema de protección basado en la incapacitación de la persona y la sustitución de suvoluntad por resolución judicial, pasando por la transición de un modelo garantista individualizado de medidas en función de los grados de incapacidad y de los actos a realizar hasta la sensibilidad actual, que contempla la discapacidad comorealidad que precisa políticas públicas de acción positiva para la integración efectiva de las personas afectadas en la sociedad, y que se concreta en instrumentos que no supongan la exclusión del discapacitado sino la promoción de su autonomía,complementándola para su inserción social en igualdad de condiciones, lo que ha supuesto superar concepciones médicas y asistenciales para pasar a tratarlas no como un producto de la enfermedad sino como fruto de la situación particular y diferentede ubicación de estas personas en la sociedad. En esta evolución del concepto de la discapacidad, la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de estas personas y su protocolo facultativo, ratificado por España en 2007 y publicado en abril de 2008, ha tenido un carácter precursor. Introdujo una nueva idea de la discapacidad que ha inspirado e impulsado a modo de detonador una cascada de cambios en nuestro ordenamiento jurídico y su interpretación, siendo el último, hasta el momento, la ley que hoy aprobaremos. La Convención de Nueva York, que es derecho interno desde 2008 tras su ratificación y publicación en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, ha supuesto una auténtica revolución en la concepción de la discapacidad, pues la sitúa en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito de los derechos humanos. Por eso, a la Convención se la considera como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, lo que obliga a los poderes públicos, respeto a las personas con discapacidad, a promover sus condiciones de igualdad y a remover todos los obstáculos que las impidan en virtud del artículo 9.2 de la Constitución, y así ha ido sucediendo desde 2008 en el actuar de los distintos poderes del Estado y en los distintos ámbitos territoriales e institucionales. Por lo que respecta a esta Cámara, quiero recordar: ya en 2011 la adaptación a la normativa de la Convención, el Texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad, el agravamiento de las penas de los delitos cometidos contra estas personas, posibilitar su participación en los tribunales de jurado, el derecho a contraer matrimonio en igualdad de condiciones, el derecho a voto en las convocatorias electorales o la prohibición de las esterilizaciones forzosas. Ahora, con la modificación de nuestra legislación civil y procesal, incorporamos en ellas el contenido del artículo 12 de la Convención, que encomienda a los Estados parte a reconocer a las personas con discapacidad la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás en todos los aspectos de la vida, a adoptar las medidas adecuadas para proporcionarles el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad, a proporcionarles salvaguardas que aseguren que tales medidas responden a sus derechos, voluntad y preferencias, y que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida y que estas medidas sean proporcionales y adaptadas a sus circunstancias. Voy a finalizar, presidente. Estamos incursos en un profundo cambio de sensibilidad en la manera de afrontar el tratamiento de la discapacidad, al situarlo desde la Convención de Nueva York - que les recuerdo que es derecho interno - en el ámbito de los derechos fundamentales de estas personas, lo que implica su reconocimiento, respeto y protección por todos los poderes públicos. Ahora transformamos nuestro ordenamiento civil y procesal para adaptarlo al artículo 12 de la Convención,del que se ha dicho que es su corazón, la clave de bóveda, para reconocerles plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida civil. Ahora modificamos nueve leyes que afectan a las actuaciones civiles en que las personas nos vemos involucradas a lo largo de nuestra vida: nacimiento, filiación, matrimonio, separación, relaciones de familia, contratación, comercio, sucesiones, actuaciones judiciales y un largo etcétera. Es un paso en la buena dirección para equiparar a las personas con discapacidad en plenitud de derechos con el resto de personas y para promover las condiciones para que estas sean reales y efectivas; un paso que sin la colaboración de la sociedad civil organizada en torno a estas personas con discapacidad hubiera sido mucho más dificultoso y peor enfocado, por lo que les agradezco profunda y sinceramente todo su esfuerzo y trabajo; un paso, señorías, que no puede ser el último. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez
Gracias, presidente. Señorías, hoy en esta Cámara estamos en el avance en derechos de grupos vulnerables; hemos trabajado infancia y ahora mismo debatimos y damos impulso a otro avance en igualdad, un avance en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Avanzamos en ese reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos; esa yo creo que es de las modificaciones jurídicas más relevantes, porque son titulares de derechos en la toma de sus propias decisiones. Es una ley que tiene un enfoque de derechos humanos para promover la igualdad real de las personas con discapacidad, respetarles en su toma de decisiones a la hora de celebrar contratos, en materia de testamentos, en todos los negocios jurídicos, en su vida diaria, en todo aquello que decidimos. Es una ley que tiene en cuenta la situación individual de cada una de las personas con discapacidad para poder brindarles el apoyo necesario, es decir, pasamos de un sistema que sustituye a las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones a otro de acompañamiento, lo que me parece que jurídicamente, y desde el enfoque de derechos, es una de las principales modificaciones con las que nos encontramos. Damos cumplimiento a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recoge que estas personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Igualdad, señorías, estamos hablando de igualdad, de la igualdad y de un respeto a una vida digna, igualdad que también establece nuestra propia Constitución en su artículo 14, igualdad en nuestra legislación. Creo que no debemos olvidar que en determinados momentos de la historia las personas con discapacidad han sido tratadas de una manera muy injusta; algunas corrientes en algunos momentos las han contemplado como personas prescindibles, personas condenadas a políticas caritativas y al ostracismo. Pero, hoy, en nuestra sociedad creo que la desigualdad se vive desde otro punto de vista. Cuando hablas con las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad ponen de manifiesto que la discriminación y la desigualdad en discapacidad dan lugar a altas tasas de desempleo, a discriminación en el acceso a los bienes yservicios, a alto rechazo social. La discriminación más profunda que viven las personas con discapacidad es aquella visión que las coloca en lugares segregados, que las coloca al margen de la sociedad. Por ello, todas las iniciativas en las quetenemos que trabajar deben contemplar la diversidad y combatir la discriminación. En Ciudadanos consideramos que la igualdad es uno de los principales pilares de trabajo. Agradecemos todo ese acompañamiento que nos han hecho las entidades del tercer sector, porque gracias a ese acompañamiento, al trabajo de esta Cámara,pudimos acabar con la esterilización forzosa de las mujeres discapacitadas. Agradecemos la modificación legislativa con la que hoy nos encontramos porque es un gran cambio de paridad más, señorías. Es un sistema jurídico, vuelvo a repetir, que creo que es de los más relevantes porque pasamos de la sustitución a respetar la voluntad y las preferencias de las personas, porque queremos que sean ellas las que tomen sus decisiones, y para ello hay que proporcionar medidas de apoyo necesarias. Esta norma sigue las referencias europeas en materia de directrices del propio Consejo de Europa, que establece un campo de trabajo ligado al establecimiento de medidas preventivas. Se elimina en este caso la legislación, la tutela, pero es que,además de eliminar la tutela y establecer como figura principal la curatela, se establece la eliminación de la patria potestad prorrogada, la patria potestad rehabilitada, figuras que eran demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En el trámite de enmiendas, en Ciudadanos hemos abordado una serie de cuestiones. Hemos considerado las cuestiones sucesorias. Las personas que desempeñen la tutela o la curatela sólo pueden ser favorecidas en la sucesión cuando haya testamento notarial abierto. Hemos hecho mejoras en lo que es la denominación porque los términos son relevantes y eliminamos la palabra minusvalía porque creemos que esa modificación supone un avance. Incorporamos a efectos de Seguridad Social que sean consideradas personas con discapacidad aquellas que tienen una discapacidad reconocida de un 33 % o superior, pero también aquellas que tengan ya medidas de apoyo igualmente reconocidas. En definitiva, señorías, la norma adopta un enfoque basado en la perspectiva de los derechos humanos para promover la igualdad de las personas con discapacidad, para respetar su autonomía en la toma de decisiones garantizando un sistema de apoyo que les permita vivir de una manera real con esa mayorigualdad y dignidad posible. Cualquiera de nosotros que tengamos en nuestro entorno una persona que sufre discapacidad somos conscientes de que dependiendo de la situación individual en la que se encuentre, anteriormente teníamos un sistema muy injusto. Anteriormente - lo decía una compañera - tenías todo o nada, eras alguien o nadie, porque realmente lo que hacían era representante en todo. Ahora no, ahora nos ajustamos a la realidad. Para aquellas medidas excepcionales que necesitan una representación total se tiene esa representación total porque somos rigurosos, somos conscientes, pero en aquellos casos, que son la mayoría, en que con unas buenas medidas de apoyo la persona va a tomar sus propias decisiones me parece que estamos dando una gran respuesta a la diversidad social. [[La señora]] En Ciudadanos queremos seguir acompañando a las personas con discapacidad en su camino hacia la dignidad y la igualdad. Vuelvo a agradecer en esta Cámara el tono de trabajo en nuestra Comisión, durante toda la sesión que hemos realizado aquí en el Congreso y el tono de trabajo que hemos realizado en el Senado. Creo que estamos ante una serie de modificaciones legislativas que dan un ejemplo de cuál tiene que ser nuestra forma de trabajar en lo que es nuestro trabajo diario. Es una buena forma de hacer política a la que invitó a todos a que nos vayamos acostumbrando. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Buenos días de nuevo. La verdad es que hoy se produce un hito histórico con el debate final de este largo proyecto, que supone la modificación radical de la legislación civil. Para nosotros y para todos los grupos era una prioridad. La Convención de 2008 sobre los derechos de las personas con discapacidad requería de una adaptación al ordenamiento jurídico, pero también dentro de estas prioridades teníamos una muy importante desde el PeCAT, la salvaguarda del derecho civil propio. Como ustedes saben, el Parlament de Catalunya legisla en materia civil y sobre todo en estas materias que aquí se abordaban, y para nosotros era una prioridad que la reforma necesaria en todo este ámbito de la discapacidad también dejará las puertas abiertas, dejará salvaguardado el derecho civil propio. La última prioridad en este ámbito era el consenso, como en muchos temas en materia de discapacidad. Trabajar estos temas con consenso, con buen entendimiento en todos los grupos, creo que debe ser una de las prioridades máximas y que sinceramente se ha conseguido en todos los trabajos de esta ponencia. Temas como la prodigalidad pasan a la historia. Se genera un nuevo enfoque moderno en relación con las medidas de apoyo y, lo más importante, este enfoque moderno supone poner las semillas para los frutos de mucha legislación nueva que podrá venir a partir de ahora, de muchas medidas nuevas que puedan venir a partir de ahora. ¿Se podía ser más ambicioso? Seguro que sí, seguro que se podía ir más lejos, pero este sin duda alguna es el mínimo común denominador que nos permite hacer viable esta propuesta y que salga cuanto antes en el BOE. Es el marco que da las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Por tanto, abre una puerta a un nuevo escenario totalmente imprescindible. Es el marco que nos ha permitido, de lo que estamos especialmente orgullosos, interactuar y hacer este viaje juntos con todas las entidades en materia de discapacidad. Desde aquí quiero agradecerles a todos ellos el apoyo y el seguimiento que han venido haciendo mientras duraban los trabajos parlamentarios. Es un escenario en el que se abren espacios para abordar nuevas prácticas. Para acabar, yo he tenido la suerte de trabajar en este ámbito de la discapacidad en una entidad tutelar. Inicialmente entré trabajando allí cuando - antes se apuntaba - hacia la llamada muerte civil. Después de esta muerte civil y de esta superación se llegó al mundo de las entidades tutelares, de la tutela, a todo un desarrollo de entidades que vieron su esplendor. Y de aquellas sentencias en las que se decía que tenía que ser un vestido a medida hoy pasamos, como dicen las entidades del sector, a esta metáfora de que no solamente será un vestido a medida sino un armario lleno de posibilidades. Por tanto, hacemos hoy mucho más amable y mucho más fácil a las familias un procedimiento judicial y mucho más amable y mucho más fácil a las personas con discapacidad el proceso para adoptar estas medidas. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
Presidenta, señorías, muchas gracias. Con la finalización de este trámite legislativo cumplimos con un mandato de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, materializamos el compromiso que adquirió el Estado español en el momento en que ratificó dicha convención y reconocemos, por fin, unos derechos inherentes a unos ciudadanos de primera. En la Convención Internacional se hablaba de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad en todos los aspectos de la vida para las personas con discapacidad, y eso es lo que hoy pretendemos trasladar a la normativa estatal. En este sentido, nos podemos felicitar por el amplio consenso - casi total de las Cámaras - en reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Este Proyecto de ley ya salió de aquí, de esta Cámara, con un amplio consenso, pero era una ley perfectible y, por este motivo, se presentaron en la Cámara Alta doscientas noventa enmiendas. El hecho de poder trabajar sin mediar el trámite de urgencia en la Cámara Alta, en el Senado, facilitó que se pudiera llegar a muchas transacciones y, sin duda, mejorar el texto. Junts per Catalunya presentó sesenta y una enmiendas al texto en el Senado por las que se proponían mejoras a cincuenta y un artículos del proyecto; de todas ellas, se han incorporado once en forma de transacciones. [[El señor]] No obstante, lamentamos que no se introdujera en el Senado la enmienda que proponía proteger las competencias propias de Cataluña y de las comunidades autónomas con competencia en este ámbito, sobre la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles. A Cabo. Tenemos que ser claros con la ciudadanía. Esta ley pone a prueba la capacidad de adaptación de todos los ámbitos de interacción de las personas con discapacidad, desde el sistema bancario al sistema médico, sistema farmacéutico,etcétera. Debemos modernizarnos, debemos ser capaces de cubrir las necesidades cambiantes de nuestros conciudadanos. Me gustaría acabar haciendo un sentido reconocimiento a las entidades y sociedad civil organizada por su tesón y su resiliencia para defender los derechos de las personas con discapacidad. Únicamente desde el respeto a la diferencia, desde el conocimiento - que es muy importante - y el reconocimiento tenemos capacidad de decidir y eso nos hace a todos un poco más libres. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.
Gràcies, president. Señorías, hoy es un día histórico. La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York en 2006, es el tratado internacional que supuso un hito en la concepción de la discapacidad y marcó unos principios y orientaciones de actuación que se convierten en norma de obligado cumplimiento en los Estados que la han ratificado. España lo hizo en 2007 y, desde entonces, se ha convertido en un instrumento extraordinariamente valioso para el avance en políticas de discapacidad. Las personas con discapacidad y las entidades que defienden sus derechos - a las que agradecemos enormemente su esfuerzo - encontraron en ella apoyo a las exigencias de una sociedad con igualdad de derechos, y su trabajo por la adaptación de la normativa legal a las estipulaciones de la convención ha supuesto un giro copernicano, desde la segregación a la sociedad inclusiva, desde la dependencia y la tutela de otros a los derechos y la autonomía en la toma de decisiones en sus vidas. Estos cambios no se han conseguido sin resistencias de las viejas concepciones, y todavía queda mucho que hacer. La accesibilidad universal está todavía lejana, la inclusión educativa todavía no es una realidad completa, y la tendencia a la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad en la toma de decisiones sigue planeando, a menudo camuflada, en una supuesta defensa de sus intereses. Además, venimos de años de recortes y de una gestión nefasta de la anterior crisis por los Gobiernos del Partido Popular, que castigan especialmente a las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia y sus familias. Años de demolición sistemática de la Ley de Dependencia, recortando las aportaciones del Estado, eliminando prestaciones y servicios, aumentando copagos injustos. También hubo retrocesos en la inclusión laboral y educativa, al eliminarse apoyos imprescindibles para las personas con discapacidad y al recortarse servicios públicos de atención y acompañamiento. Nuestra fuerza política y este Gobierno de coalición tenemos la determinación de revertir esos recortes y de impulsar políticas de avance en derechos de ciudadanía para las personas con diversidad funcional. [[Rumores]] Esta está siendo una legislatura clave...
Señoría, un segundo, por favor. [[Pausa]] Continúe.
Esta está siendo una legislatura clave en este sentido. En esta Cámara hemos aprobado la prohibición de la esterilización forzosa de personas - de mujeres - con discapacidad, largamente exigida desde organismos internacionales. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó la primera modificación constitucional directamente conectada con derechos sociales. La reforma del artículo 49 de la Constitución española habla de personas con discapacidad, de derechos, de autonomía personal, de inclusión social, de libertad de elección y de preferencias. La aprobación de la ley educativa supone un avance muy importante de inclusión educativa. Y en los Presupuestos Generales del Estado aumenta exponencialmente la inversión social, y en particular las partidas destinadas al Plan de Choque en Dependencia - ya acordado en diálogo social y con las comunidades autónomas -, revirtiendo recortes con el fin de avanzar en la autonomía de las personas con diversidad funcional y el respeto a sus derechos, impulsando recursos como la asistencia personal, un cambio de modelo de cuidados de larga duración y del modelo de residencias, caminando hacia la desinstitucionalización, además adoptando compromisos de avances en accesibilidad universal, pendientes desde hace muchos años en este país. Esta ley implica un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico, que se basaba en la sustitución de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, para garantizar a partir de ahora que las decisiones las adoptará la propia persona, de acuerdo a su voluntad y preferencias, con los apoyos que necesite, y se arbitrará los mecanismos para evitar abusos, conflictos de intereses e influencias indebidas. Muchas de las limitaciones que padecen las personas se originan en un entorno con barreras físicas, cognitivas, comunicacionales, actitudinales o jurídicas. Esta ley ofrece ayudas para superar esas barreras en lo que respecta al ejercicio de la capacidad jurídica, y por lo tanto garantiza la igualdad en el ejercicio de derechos. Es una ley que ha mejorado a lo largo de la tramitación con un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, y con la voluntad clara de trabajar para llegar a acuerdos, muy evidente en el debate de las enmiendas en esta Cámara. Este reconocimiento es extensible a los trabajos en el Senado, que han introducido modificaciones que enriquecen este texto remitido a la Cámara. Solamente me referiré a un ejemplo altamente significativo. El Senado ha introducido una modificación en el Código Civil que, con las debidas garantías jurídicas, prohíbe establecer régimen de visita o'estancia respecto al progenitor que esté imputado o condenado por atentados contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o hijos e hijas, cuando haya indicios fundados de violencia. Se ha adoptado así el espíritu de la ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia que hoy aprobaremos en esta Cámara. La ley que hoy aprobamos, por tanto, debe ir acompañada también de cambios en los entornos, en la mentalidad social y en la formación de profesionales del derecho y de las administraciones públicas en general. Esta ley, por el calado de sus implicaciones y por su novedad, deberá ser objeto sin duda de valoración dentro de unos años, junto a las entidades de la discapacidad, para corregir aquellos aspectos que haya que ajustar. Su objetivo es que todas las personas, sean cuales sean sus capacidades, vean respetados sus derechos, sus decisiones y la autogestión de sus vidas; que todas las personas puedan participar y desenvolverse en la sociedad en igualdad. Este es el reto que nos mueve al aprobar esta ley; el reto en que Unidos Podemos continuemos trabajando, que sin duda hará del nuestro un país más digno y justo. Gràcies. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. [[Aplausos]]
Gracias, señor presidente. En primer lugar, mi apoyo, mi aliento y mi cariño a todos los ceutíes por la pesadilla por la que están pasando estos días, y en especial nuestro homenaje a nuestra diputada por Ceuta - y diputada por Ceuta de esta Cámara -, Teresa López. [[Aplausos]] Hoy venimos aquí a debatir las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad y el ejercicio de su capacidad jurídica. Se trata de un texto complejo que reforma muchos textos legislativos de amplia tradición en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, es una cuestión que no es baladí. En primer lugar, quiero detenerme en el fondo de la cuestión, porque al margen de que pueda tener cuestiones técnicas, que nosotros consideramos favorables, sin embargo creemos que el espíritu de este proyecto de ley es absolutamente erróneo. Y es que, en primer lugar, observamos que tienen ustedes un problema con el concepto de dignidad de la persona. Tienen un problema, sí, porque para ustedes-y lo demuestran precisamente proyectos de ley como este - la dignidad de la persona reside en la voluntad, y esto es un tremendo y gigantesco error. Porque dicen ustedes que hay que respetar la voluntad del incapaz por encima de todo y en todo caso, aunque la persona a la que se representa eventualmente hubiera podido equivocarse. Rechazan ustedes conceptos como decidir en función del mejor interés del incapaz, que para ustedes es anticuado y discriminatorio, y eliminan la tutela porque consideran que es una representación discriminatoria de la voluntad del representado. Esto es un gigantesco error que lleva a sacralizar la voluntad de una persona, incluso si sufre una discapacidad limitativa del entendimiento y del discernimiento, es decir, que limita precisamente el ejercicio de su voluntad. Si una persona decide tirarse por un puente o beber un bote de lejía, ¿hay que permitírselo porque hay que respetar su voluntad, incluso aunque eventualmente pudiera equivocarse? Hay personas cuya discapacidad consiste, precisamente, en no poder discernir, y hay personas con discapacidad limitativa hasta el extremo para las cuales es un logro el hecho de pestañear. Y, ¿saben qué? Que su dignidad es exactamente igual que la de ustedes, es exactamente la misma. [[Aplausos]] Y eso, entre otras muchísimas cosas, es lo que nos diferencia de ustedes. Para ustedes, si no deciden no es digno y, para nosotros, es digno en tanto que es persona, decida o no decida. La dignidad es inherente al ser humano, señorías, como portador de valores eternos, y es un error que gran parte de las políticas, precisamente, estén basadas en esta dignidad concebida y fundamentada en la capacidad y en la voluntad. A este respecto son muy ilustrativas las sesiones que tuvimos en la ponencia. Me voy a detener especialmente en la de doña María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y parte de la Comisión General de Codificación, que afirmaba literalmente en su ponencia que no puede ser lo que sea mejor para la persona con discapacidad, para sus intereses personales o patrimoniales. Se tiene que hacer una recreación, una voluntad hipotética, y tiene que reproducir lo que hubiera sido la voluntad de la persona en cuestión, tomando en cuenta su historia vital. O también dice que hay que establecer la salvaguarda necesaria para que en todo momento se haga la voluntad, deseos y preferencias de la persona y en ningún caso su mejor interés. ¿De verdad piensan ustedes esto? Pero, ¿a quién creen ustedes que incapacitan los jueces? Yo me niego a renunciar al bien común en pro de la defensa del eventual derecho a equivocarse de las personas con discapacidad. Me niego. Además, señorías, ustedes hablan de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar, y este proyecto de ley precisamente se caracteriza por eliminar esta diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, y esto genera una paradoja inmensa. Porque, si los deseos y preferencias de las personas con discapacidad han de ser el criterio rector de los actos de su vida civil, ¿por qué no es así también con los menores de edad? ¿Por qué se mantiene la tutela para los menores no emancipados sujetos a patria potestad o desamparados? Y, cuando los padres ejercen la patria potestad sobre los menores, ¿también deben atender como criterio rector de los actos a los deseos y preferencias de los menores? ¿No se dan cuenta ustedes de que esto es un disparate? Pero, al final, tienen que introducir ustedes - porque la realidad es la realidad - un sistema de protección de las personas con discapacidad. Y nos alegramos de que, en la práctica, lo que va a suceder es algo similar a lo que venía sucediendo hasta ahora, porque al final las personas con discapacidad - y no son menos por eso - necesitan apoyo. Ustedes establecen un sistema de dos tipos. No obstante, en uno de ellos, en el de los sistemas judiciales, en el que ustedes establecen la curatela, afirman que se suprime en el caso de los padres para con sus hijos de patria potestad prorrogada o rehabilitada, porque consideran que las familias no son el mejor entorno para la persona con discapacidad. En este texto constantemente se ve el ataque a la institución de la familia. Señorías, ustedes buscan ensalzar el valor de la autonomía y de la igualdad en detrimento del mejor interés y de la protección, pero es la protección y el mejor interés, precisamente,lo que favorece la autonomía y la igualdad. Son ustedes esclavos del globalismo, de terceras instituciones que imponen textos que determinan nuestro ordenamiento jurídico en esta Cámara. Señorías, por eso afirman ustedes que la tutela es una institución denigrante, pero es una medida de protección secular que proviene de una tradición de derecho latino que ha sido luz de la civilización. Pero ustedes todo lo que tocan lo apartan de la civilización.
Señoría, su tiempo ha terminado.
Son solo bárbaros viviendo en las ruinas de una civilización superior. Muchísimas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moro Almaraz. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Señor presidente, señorías, buenos días. Hoy traemos aquí un texto justo en el final de su tramitación, cuando debiera haber sido al principio. Qué paradoja, ¿verdad? Cuando hay un gran consenso, no hay un debate inicial en el Congreso. Sin embargo, nos alegramos en mi grupo parlamentario porque viene un texto que recoge muchas voluntades, mucho trabajo, mucho debate, mucho escuchar a técnicos y a las personas con discapacidad. Viene un texto que se impulsó, evidentemente, a la luz de la Convención de Nueva York, pero en el marco del artículo 10 de la Constitución. La dignidad de la persona, señora De Meer es otra cosa distinta a lo que usted ha indicado. Y dice bien en decir lo que ustedes han hecho, porque usted no ha estado, usted no ha colaborado. Señorías, esta es una reforma del derecho de las personas. Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser civilista. El derecho civil es el derecho de las personas, es el derecho que ha evolucionado desde Roma, donde era el derecho de los ciudadanos, pero ha pasado a ser el derecho de las personas, el que se ocupa de todas y cada una de las personas. Y hoy damos un paso más, un paso que se inició con la Constitución, que siguió en el año 1983, que en esta década ha dado pasos muy importantes. Hoy creo que las mujeres somos quienes mejor entendemos cuál es el cambio de paradigma de esta ley. Les recuerdo que nuestras madres en mayo de 1975 recuperaron la posibilidad de disponer de su patrimonio, de actuar en el tráfico jurídico, porque teníamos limitada la capacidad, como las personas con discapacidad. Les aseguro que para mí es un orgullo defender que hoy las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. La tendrán en cuanto apoyemos esta ley. [[Aplausos]] Fíjense que eso significa que tenemos que acostumbrarnos a dos términos. Los términos son capacidad plena, porque hay pleno ejercicio de los derechos, y nos tenemos que acostumbrar a apoyos, no a limitación, no a incapacitación, no demandar a la persona a la que queremos. Pero, ¿cómo vamos a ir en contra de las familias? Esta ley refuerza a las familias, las personas que más quieren a sus hijos, a sus seres queridos. [[Aplausos]] Serán sus apoyos, esos apoyos que además serán voluntarios. No tendrán que demandar a su hijo para establecer la protección. Podrán llevarlo a cabo con una declaración voluntaria, con un acuerdo. Y si hace falta ir ante el juez, irán sin demandar, en un expediente de jurisdicción voluntaria. Hoy esta ley - y el Partido Popular introdujo esta enmienda - hace que el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil elimine eso que dice en este momento: que solo podrán comparecer en juicio los que tienen plenitud de derechos civiles, a partir de ahora las personas con discapacidad. Y ese concepto de discapacidad, sí, es el que incorporó la Convención de Nueva York, un concepto flexible que evoluciona con las necesidades de las personas, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido establecer técnicamente en textos y en normas cómo se desarrolla. Y claro, algunos dirán: se han pasado ustedes de frenada con esta norma. Lo hemos visto aquí; no lo crean. O nos dirán: se han quedado ustedes cortos; quizá. Hemos sido prudentes a partir de la prudencia que incorpora ya la Comisión General de Codificación. Hemos sido consecuentes en la medida de lo posible. Pero, fíjense ustedes, los tribunales han hecho una labor impagable desde 2008, pero no se puede esperar para resolver un problema seis o siete años, era necesario que estuviera en normas técnicas como el Código Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley del Notariado, la Ley de Patrimonios Protegidos. Era imprescindible, y esto es lo que hace esta ley. No tengan miedo porque, efectivamente, vamos a necesitar mucha pedagogía para formar a los juristas y cambiar la mentalidad. Algunos llevamos trabajando treinta y cinco años en derecho civil y hemos evolucionado, y esa es la grandeza del derecho y de la sociedad española. Por tanto, esta es la ley que nos va a permitir mirar a los ojos a las personas con discapacidad, a las que hablamos con un lenguaje fácil, que se incorpora en la ley, a las que proporcionamos un facilitador, alas que los profesionales del derecho les tendrán que hablar para que comprendan lo que sucede. Miren, voy a romper una regla. Si quieren que sea más amable, voy a recomendarles un capítulo de una serie: New Amsterdam. Temporada primera, capítulo 15. Vean este episodio y entenderán esta ley. Ahí, una persona de setenta y cinco años, con un tratamiento largo y penoso de quimioterapia, le dice a su doctora: no puedo más, he encontrado mi ilusión, quiero vivir este tiempo con la ilusión de esta persona que está a mi lado y que me cuida. Señorías, un curador llega al hospital y le dice a la doctora: no, soy yo el que decido, la voluntad de la persona de setenta y cinco años no puede ser, soy yo, porque además el apoderado le ha dejado tirado. Vean ese capítulo y entenderán que lo que ocurre hoy es que dejará de ser la imposición por la imposición. Y quienes no puedan decidir, ¿quedarán abandonados? No, ahí estarán los tribunales, ahí estará la curatela representativa. Ahí estará. [[Aplausos]] Señorías, termino con mi agradecimiento - seguramente voy a olvidarme de alguien, porque tengo muy poco tiempo, pero lo hice en la Comisión y me remito a ella - a tanta gente: gracias a Cermi, a las entidades de la discapacidad; gracias a nuestros compañeros que hicieron tanto y que siguen haciéndolo fuera de esta Cámara: Paco Bañó, Nacho Tremiño; a mis compañeros de la ponencia en el Senado.
Señoría, debe finalizar.
Termino enseguida, por favor, presidente. Miguel Lorenzo, Biolante Tomás, mi compañero Miquel Jerez. A la portavoz de discapacidad, que ha estado siempre pendiente, cada minuto, Carmen González Guinda; a la dirección del grupo: Cuca Gamarra...
Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias. [[La señora Moro Almaraz: Cada vez que flaqueamos estaba Andrea Matarí con nosotros. Es la mejor precursora de esta ley.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,puestos en pie]] Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Caballero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 'Dame alas para decidir sobre mi vida, / dame alas para construir mi futuro, / déjame decidir y soñar, / en el futuro está mi libertad. / Dame alas para decidir con quién estar, / dame alas para expresar lo que siento, / dame una oportunidad, / quiero seguir adelante, / quiero luchar. / Dame alas para conseguirlo, / déjame compartirlo, / dame alas, / vamos a volar juntos'. Preparando esta intervención, recordé este poema de Isabel Criado, poetisa cordobesa con discapacidad, que explicaba esta creación de la siguiente manera: Quiero decidir sobre mi vida, tomar mis propias decisiones. Le digo a mi familia, a mis monitores y amigos que me den libertad y ayuda para hacerlo. Quiero conseguir mis sueños y quiero hacerlo acompañada. [[Aplausos]] Señorías, este proyecto de ley va a garantizar que millones de personas con discapacidad, como Isabel, puedan hacer realidad lo que nos piden: tomar sus propias decisiones, conseguir sus sueños con los medios que precisen. Una Reivindicación cumplida de la sociedad civil organizada que hoy nos acompaña, y a la que saludo: Cermi, ONCE, Plena Inclusión, Salud Mental, Down España, Autismo España, Aspace y Federación Española de Daño Cerebral, entre otras muchísimas. Con esta ley cumplimos el mandato del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero además esta Cámara y este Gobierno la aprueba con convicción, orgullo, y por justicia. [[Aplausos]] Hoy España hace realidad muchas esperanzas, hoy España hace realidad muchas ilusiones frenadas en el pasado para nuestros amigos y para nuestros familiares. Pero no es una ley que solo beneficie a una minoría, con esta ley construimos una España más íntegra, porque una sociedad íntegra es aquella que no discrimina a nadie, ni en la sociedad ni en los textos normativos ni, por supuesto, en derechos. Es una ley que se enmarca en la legislatura del avance social para las personas con discapacidad, como ha afirmado el presidente del Gobierno, un camino que se inició con un gran paso adelante, con el reconocimiento al voto en 2018 y con la erradicación de su esterilización forzosa, un camino en el que hoy seguimos avanzando con firmeza, con la igualdad de la capacidad jurídica, y que tendrá su culminación con la modificación del artículo 49 de la Constitución. Esta ley sitúa a España entre los países a la vanguardia en la autonomía de las personas con discapacidad, con un cambio de modelo que elimina el actual sistema incapacitante de la voluntad, y lo convierte en un nuevo sistema respetuoso con la voluntad, las preferencias y las circunstancias específicas de las personas, mediante el establecimiento de estos apoyos. Es una reforma que modifica ocho leyes, que respeta la realidad pluri legislativa de nuestra sociedad, que incidirá en la formación de los operadores jurídicos para su efectiva implantación, y que garantizará la accesibilidad, el derecho a entender y a hacerse entender de las personas con discapacidad en todos los procesos, desde acudir a una notaría, a un juicio o'firmar una hipoteca. Es una iniciativa que se inició en el año 2018 por un Gobierno distinto, cuyas bases se redactaron por el excelente trabajo de la Comisión General de Codificación, y este Gobierno impulsó su tramitación, trayendo al Congreso en julio del año pasado el texto que hoy aprobamos. Señorías, esta ley nos ha sentado en la misma mesa a personas de muy distintas sensibilidades con voluntad de entenderse, permitiendo este acuerdo que amplía derechos. Quisiera agradecer la buena labor de los portavoces de Unidad Podemos,la señora Saavedra, la señora Telechea, el señor Boadella, el señor Mikel Legarda, la señora Sara Giménez, así como también la buena labor de la presidenta de la Comisión de Justicia y su equipo letrado y, cómo no, el compromiso demostrado por este Gobierno, por este ministro de Justicia, reflejado en la constante atención de María Sol y de don Javier Truchero. Quiero hacer una mención especial a la diputada del Partido Popular, doña María Jesús Moro, por su buen trabajo, lealtad y colaboración para llevar adelante esta ley [[aplausos]], como también agradezco a mi grupo parlamentario la confianza dada para defender hoy esta importante ley, junto a mis compañeros Luis Carlos, Yolanda y los senadores Josele, Chema y Patricia. Seguramente esto no sea noticia, pero hoy el Congreso pasa de la bronca a la cooperación. El colectivo de personas con discapacidad ha permitido que la política deje, por un momento, de ser un campo de combate y pase a ser un campo de colaboración en el avance de derechos y en la igualdad en este país. [[Aplausos]] Lamento que VOX, lamento que la extrema derecha, nuevamente, quiera salirse de esta foto de la igualdad y de los avances de derechos en España. Yo les recomiendo tiempo, el mismo tiempo que desde la Ilustración ha permitido a la humanidad salir de esa minoría de edad autoimpuesta, de la que hablaba Immanuel Kant, y que, desde su inicio, tuvo sus enemigos en aquellos que, como ahora, piensan todavía en la mayoría civil de todas las personas con discapacidad. Tiempo, señorías, pues ya hubo quien pensó que la clase trabajadora era menor de edad; se equivocaban; conseguimos el sufragio universal y derechos sociales. Tiempo, pues hubo quien pensó que las mujeres eran menores de edad y que no podían votar ni tener una cuenta corriente; se equivocaron. Hoy, seguimos el camino imparable de la igualdad. [[Aplausos]] Hoy, hay un partido que sigue pensando que todas las personas con discapacidad deben seguir siendo tratadas como menores; se equivocan. Tiempo y trabajo, señora de Meer, no la vimos en ninguna de las sesiones de ponencia, pero también le recomiendo trabajo. Habla usted de las familias. Noventa páginas tiene este proyecto de ley, solo tiene que irse a la exposición de motivos, en la que se pone en valor la familia como una institución que sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo entre las personas que la componen. Tiempo y trabajo, solo le pido que lea la exposición de motivos. [[Aplausos]] Señorías, termino. Con la aprobación de esta ley España pone los medios, las alas, que diría la poetisa Isabel, unas alas para emprender el vuelo, unas alas para construir un nuevo tiempo en el que ahora sí las personas con discapacidad puedan decidir en libertad. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
Gracias, señor presidente. Tomó la palabra con un solo objetivo, dar las gracias. Creo que es un día de enorme satisfacción porque vamos a aprobar una ley en la que, después de haberles oído, a casi todos ustedes, participarán de estos calificativos: es una ley justa, es una ley social, es una ley igualitaria y es una ley digna. Es una ley que genera satisfacción. Hablo desde un plano plenamente personal en nombre del Gobierno, es una ley que genera satisfacción por la materia que regula, da cumplimiento a la Convención de Nueva York de 2006, obligatoria para España desde 2008, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Reconoce esa igualdad de capacidad jurídica a la que muchos de los portavoces han hecho referencia y articulamos mecanismos para que sea real. Superamos veintiún siglos de buen derecho, de nociones como incapacitación, patria potestad prorrogada, rehabilitada, tutela de personas mayores, etcétera. Hoy, la sociedad reclama otros instrumentos y otros institutos legales, y eso es lo que hacemos, eso es lo que se hace. Modificamos, como hemos oído, el Código Civil y ocho leyes tremendamente importantes. No voy a entrar en eso, no quiero entrar en un debate precioso que he tenido la oportunidad de seguir en toda su tramitación parlamentaria. Decía que hay una enorme satisfacción por la materia y no puedo dejar de alegrarme - quiero decirlo aquí, aunque ayer tuve ocasión de hacerlo en la comparecencia en la Comisión de Justicia - por otro motivo, y es que hay una nueva forma de hacer política, hay otra forma de hacer política, la fórmula del acuerdo, del consenso, del sacrificio recíproco y de arrimar el hombro, y en eso es en lo que tengo que congratularse. Quiero dar las gracias a esa sociedad civil, a esos colectivos que han sido faro y puerto: faro porque han iluminado el camino por el que teníamos que ir y puerto porque hemos llegado donde ellos nos pedían. Gracias a la Comisión General de Codificación por su enorme esfuerzo y gracias, cómo no, a todos los grupos políticos que han aportado lo mejor de sí para que salga un texto que nos representa a todos y, lo que es más importante, nos hace ser una mejor sociedad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señorías. Pasamos a votar dentro de tres minutos. [[Pausa]]
Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. Comenzamos las votaciones. Enmiendas del Senado. Proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Votación separada de las enmiendas. Enmienda al preámbulo, en lo relativo a la supresión del párrafo 54 del texto remitido por el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 63 más 111 votos telemáticos, 174; en contra, 37 más 57 votos telemáticos, 94; abstenciones, 76 votos telemáticos.
Queda aprobada. Resto de enmiendas al preámbulo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 164 votos telemáticos, 264; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 76 votos telemáticos.
En consecuencia queda aprobada la enmienda. Votación de la enmienda al artículo 4 en lo relativo a la adicción de una letra ñ). Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 62 votos telemáticos; en contra, 100 más 181 votos telemáticos, 281; abstenciones, 1 voto telemático.
En consecuencia queda rechazada la enmienda. Votación de la enmienda al artículo 4 en lo relativo a la adición de una letra o). Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 167 votos telemáticos, 267; en contra, 18 votos telemáticos; abstenciones, 59 votos telemáticos.
En consecuencia queda aprobada la enmienda. Votación de las enmiendas a los artículos 5 y 21, a los apartados 4 y 8 de la disposición final primera, al apartado 36 de la disposición final sexta y a la disposición final nueva. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 164 votos telemáticos, 264; en contra, 19 votos telemáticos; abstenciones, 61 votos telemáticos.
En consecuencia quedan aprobadas las enmiendas. Votación de la enmienda al artículo 17. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 244 votos telemáticos, 343; a favor, 63 más 119 votos telemáticos, 182; en contra, 19 votos telemáticos; abstenciones, 36 más 106 votos telemáticos, 142.
En consecuencia queda aprobada la enmienda. Votación de las enmiendas al artículo 28. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 37 más 74 votos telemáticos, 111; en contra, 63 más 112 votos telemáticos, 175; abstenciones, 58 votos telemáticos.
En consecuencia queda rechazada la enmienda. Votación de las enmiendas al artículo 43. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 170 votos telemáticos, 270; en contra, 6 votos telemáticos; abstenciones, 68 votos telemáticos.
Queda aprobada. [[Rumores]] Señorías, ruego que ocupen sus escaños mientras estamos votando. Enmiendas a los artículos 46 y 56 al apartado 11 de la disposición final primera y a la disposición final segunda, a los apartados 19 y 27 de la disposición final sexta, a la disposición final décimo octava. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 163 votos telemáticos, 263; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 71 votos telemáticos.
Quedan aprobadas. Enmiendas a los apartados 2, 9, 14, 18 y 22 de la disposición final sexta. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 64 más 112 votos telemáticos, 176; en contra, 36 más 54 votos telemáticos, 90; abstenciones, 78 votos telemáticos.
Quedan aprobadas. Enmiendas a los apartados 11 y 16 de la disposición final sexta, a los apartados 8 y 9 de la disposición final octava y a la disposición final duodécima. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, más 100 más 243 votos telemáticos, 343; a favor, 63 más 133 votos telemáticos, 196; en contra, 37 más 53 votos telemáticos, 90; abstenciones, 57 votos telemáticos.
Quedan aprobadas. Enmiendas a los apartados 11 a 15 de la disposición final octava. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, más 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 63 más 107 votos telemáticos, 170; en contra, 22 votos telemáticos; abstenciones, 37 más 115 votos telemáticos, 152.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición final novena y a la disposición final vigésima. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 63 más 170 votos telemáticos, 233; en contra, 37 más 71 votos telemáticos, 108; abstenciones, 3 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas. Enmienda a la disposición final undécima. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 63 más 113 votos telemáticos, 176; en contra, 21 votos telemáticos; abstenciones, 37 más 110 votos telemáticos, 147.
En consecuencia, queda aprobada la enmienda. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 243 votos telemáticos, 343; a favor, 100 más 182 votos telemáticos, 282; abstenciones, 61 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. [[Número de expediente 121/00046]]
Pasamos a votar el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Votamos las enmiendas de manera separada. Enmiendas al artículo 22. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 243 votos telemáticos, 343; a favor, 37 más 97 votos telemáticos, 134; en contra, 63 más 144 votos telemáticos, 207; abstenciones, 2 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda. Enmienda al artículo 36. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 244 votos telemáticos, 345; a favor, 101 más 190 votos telemáticos, 291; en contra, 52 votos telemáticos; abstenciones, 2 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la enmienda.
Pasamos al proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Pasamos a la votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los apartados 10, 22 en relación con la modificación del artículo 264 del Código Civil, 47, 52, 53, 54 y 63 del artículo 2; al apartado 2 del artículo 3, de supresión del artículo 28 de la Ley Hipotecaria, al artículo 5 y al apartado 15 del artículo 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 243 votos telemáticos, 344; a favor, 101 más 181 votos telemáticos, 282; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 52 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 101 más 243 votos emitidos telemáticamente, 344; a favor, 101 más 161 votos emitidos telemáticamente, 262; en contra, 10 votos emitidos telemáticamente; abstenciones, 72 votos emitidos telemáticamente.
En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas.
Señorías, la presente sesión plenaria incluye, como saben, el debate y aprobación de las enmiendas del Senado, de iniciativas legislativas orgánicas, puntos 26 y 27 del orden del día, que tienen que ser sometidos a una votación final sobre el conjunto, la cual, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anunció que las votaciones no se producirían antes de las 16:00 horas. Asimismo, les informo de que desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, las votaciones de conjunto de las enmiendas del Senado a los proyectos de ley orgánica, la convalidación o derogación del real decreto-ley, así como su tramitación como proyecto de ley, el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, las enmiendas a la totalidad y la propuesta de creación de subcomisión. Todos estos asuntos serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.
Continuamos con el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y reto demográfico. [[Rumores]] Señorías, la vicepresidenta del Gobierno tiene que comenzar su intervención. Les ruego que ocupen sus escaños en silencio y que escuchemos respetuosamente a la vicepresidenta del Gobierno. Tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias. Señorías, quiero primer lugar, una vez más, trasladar la solidaridad y el afecto del Gobierno a todas las personas que han perdido durante la pandemia a algún ser querido, a quienes se encuentran enfermas, a las que están convalecientes de esta terrible enfermedad y a quienes están sufriendo los efectos de una crisis sanitaria que genera impactos en el orden económico, en el orden laboral y en el orden emocional. Quiero también trasladar el afecto y el agradecimiento a todas aquellas personas que siguen batallando, porque, no lo olvidemos, sigue habiendo muchas personas que siguen batallando y cuidándonos en primera línea. Son palabras que, aunque repitamos desde esta tribuna, y desde distintos foros, son importantes, son la máxima prioridad de la acción de las instituciones combatiendo la pandemia, la puesta en marcha de todos los instrumentos que permitan minimizar las consecuencias que de ello se derivan. Este es el objetivo del Gobierno, atender las especiales necesidades que esta pandemia sigue ocasionando, mirando especialmente las de índole social y la protección de los colectivos más vulnerables, dinamizando también la economía y atendiendo los compromisos del Gobierno. Por tanto, buscando cómo conciliar estos meses complejos donde vamos recuperando la normalidad, donde vamos incrementando el número de personas vacunadas, el hecho de que veamos en el horizonte, por fin, la posibilidad de una inmunidad de grupo que nos ayude a afrontar lo que queda por delante. Es un contexto bien diferente al de los últimos meses y estamos ya sin estado de alarma, una situación que me permitirán calificar de esperanzadora gracias al proceso de vacunación que se está produciendo en nuestro país, acelerándose las tasas de vacunación con arreglo al calendario y la organización prevista y el esfuerzo compartido desde las administraciones, que nos permite vislumbrar esa situación tan deseada por todos y para todos. Señorías, el objetivo del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, para el que en nombre del Gobierno solicitó hoy la convalidación, es el de dotar de cobertura legal a medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional que se han de aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto-ley 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró en su momento el estado de alarma para contener la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2. En este real decreto-ley se incluyen medidas de prórroga o garantía de regulaciones cuya eficacia estaba condicionada al tiempo de vigencia del estado de alarma y que también, por tanto, perdieron su vigencia el pasado 9 de mayo, fecha en la que entró en vigor este real decreto-ley. También se añaden otras medidas que, aunque no expresamente condicionadas a la vigencia del Estado de alarma, han sido adoptadas en relación con las consecuencias de la pandemia al objeto de paliar sus efectos negativos y cuya vigencia temporal está también próxima a finalizar. Al igual que ha sucedido en países de nuestro entorno, como Portugal o Italia, el Gobierno decidió no hacer uso de su prerrogativa constitucional de solicitar delCongreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma sobre la base de tres razones: primera, la evolución de la situación epidemiológica que, aun manteniendo elementos de preocupación, presenta perspectivas distintas, más positivas,gracias al ritmo de vacunación de la población y su progresiva inmunización, asegurando canales de entrega y distribución de las vacunas adquiridas, una mayor concienciación y responsabilidad social de gran parte de la sociedad y la eficacia de lasmedidas adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas; segunda, la constatación de que, con carácter general, las medidas adoptadas al amparo del estado de alarma en los últimos meses por las autoridades competentes delegadas pueden seguirarticulándose en caso de necesidad en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, quedando sujetas al controljurisdiccional ordinario con las mejoras introducidas por este real decreto-ley; tercera, la convicción democrática de que el Estado de alarma está previsto en la Constitución como un instrumento para asegurar el restablecimiento de la normalidaden circunstancias extraordinarias pero que por su propia naturaleza no puede ni debe prolongarse de forma indefinida o permanente en el tiempo más allá del que sea estrictamente necesario. En definitiva, la no solicitud de prórroga responde a lavaloración de la proporcionalidad entre el actual nivel de gravedad de la situación y el recurso al estado de alarma como régimen de posible suspensión de derechos y libertades fundamentales. El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, para el que solicitó su apoyo a efectos de convalidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución española, se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales e incluye las siguientes medidas en el ámbito sanitario, en el ámbito civil en relación con las comunidades de propietarios, en el ámbito social y en relación con la vivienda y la violencia de género. Permítanme, señorías, que me centre en exponer algunas de estas medidas, especialmente en aquellas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social. En términos generales, como ya he señalado con anterioridad,se prorrogan por un plazo de tres meses desde la expiración de la vigencia del estado de alarma, esto es, hasta el 9 de agosto de 2021, algunas de las medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones de vulnerabilidad en relación con la garantía de determinados suministros y el derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y colectivos vulnerables, así como determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de vivienda contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La voluntad firme del Gobierno no es otra que la de reforzar la protección de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social y económica, en gran medida como consecuencia de esta crisis. Así, hasta el 9 de agosto de 2021 inclusive no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Se refuerzan las medidas existentes de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética. El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, introduce asimismo medidas de control sanitario a pasajeros internacionales en aeropuertos y puertos con el objeto de prevenir la introducción de vectores de contagio y nuevas variantes del SARS-CoV-2 e impulsando al mismo tiempo una apertura al turismo. Las medidas de control sanitario estarán en función de la situación de riesgo que decida el Ministerio de Sanidad, así como de las obligaciones de documentación mediante un formulario electrónico y un código QR que debe aportar el viajero a su entrada, contando con la colaboración de agencias de viaje, compañías y operadores turísticos. Se adoptaron también medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. El real decreto-ley suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal hasta el 31 de diciembre de 2021, prorrogando en tales casos los presupuestos y eximiéndose de obligaciones. En dichas comunidades no se están desarrollando las reuniones de propietarios,dadas las limitaciones de desarrollo de reuniones de forma presencial provocadas por la COVID. Las dudas existentes sobre la posibilidad de adoptar acuerdos de manera telemática, dado que la Ley de Propiedad Horizontal omite esta posibilidad, hace que tengamos dificultades de interpretación que exijan una clarificación. Este real decreto-ley permite, por tanto, celebrar reuniones de las juntas con quórum y mayorías reducidas y medios telemáticos para adoptar medidas que resulten inaplazables. Se amplía hasta el día 9 de agosto de 2021 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad en los supuestos de acuerdo con los trámites ya establecidos, y, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil en la justicia, supone de facto que la protección se extiende hasta el mes de septiembre. También se establece la posibilidad de aplicar a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021 una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes. Además, se extiende hasta el 9 de agosto de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda un gran tenedor, y también se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. En relación con la violencia de género, este real decreto-ley establece que seguirán teniendo la consideración de servicio esencial los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, asistencia social integral, acogidapara víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual, y el sistema de seguimiento por medios telemáticos en materia de violencia de género, y lascomunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que las correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales, aun habiendo decaído elestado de alarma. En cuanto a las medidas de carácter jurisdiccional, estas están centradas en la reforma de la actual regulación del recurso de casación. El objetivo es posibilitar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las salas de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional en esta materia y además pueda fijar doctrina legal, con intervención de las administraciones públicas, autonómicas y estatal, además de la del Ministerio Fiscal, sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación con las limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades sanitarias, y hacerlo en un plazo muy breve de tiempo, como requiere la situación sanitaria, grave y extraordinaria, que obliga a estas autoridades a tener que adoptar esta clase de medidas. Señorías, la extensión temporal de estas medidas responde a razones de urgencia y necesidad en un contexto en el que, tras la finalización del estado de alarma, la recuperación social y económica se producirá de forma progresiva, en la medida en que se alcance un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza, y durante un periodo en el que la actividad económica de determinados sectores todavía pueda seguir estando sujeta a ciertas restricciones derivadas de la evolución y efectos de la pandemia. El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad explícita y razonada y también la formalidad vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación ordinaria de los textos normativos. Este real decreto-ley cumple esa doctrina reiterada del Tribunal Constitucional. Su motivación material deriva de la necesidad de afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas arrendatarias de su vivienda habitual a consecuencia del actual escenario de paralización, pérdidas de empleo o reducciones sensibles de jornadas o salarios. La extraordinaria y urgente necesidad forma parte del juicio político y de oportunidad que corresponde al Gobierno, y las medidas adoptadas se consideran las necesarias, proporcionadas y con carácter imprescindible para atender a los intereses generales afectados y seguir protegiendo a aquellas personas que más lo necesitan. Pero lo más importante es que este real decreto-ley vuelve a significar la responsabilidad y el amparo continuo del Gobierno para proteger, con arreglo a los recursos de los que dispone, durante tres meses todas las medidas de protección social. Prorrogando estas medidas podemos asegurar el hecho de que no haya nadie que se vea afectado por cortes de luz, agua y suministros, la posibilidad de que las mujeres estén más protegidas o no se pueda desahuciar en un contexto de poscrisis. El Gobierno pretende seguir protegiendo tres meses más, hasta el 9 de agosto, porque sabemos perfectamente que la pandemia no ha terminado, aunque la recuperación se haya iniciado, aunque el estado de alarma se haya levantado. Por ello solicitó a sus señorías que den su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley, porque no podemos dejar desamparados a quienes todavía están necesitados de una protección adicional por parte del Estado y las instituciones en ámbitos fundamentales para el confort en la vida en nuestros hogares. Muchas gracias por su atención y, como digo, les solicitó el respaldo, la convalidación a este decreto-ley en nombre del Gobierno. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. [[La señora]] Señora vicepresidenta, señorías, este Gobierno decidió decretar un estado de alarma y paralizar la economía de este país, confinado a los ciudadanos en sus viviendas durante noventa y nueve días, y es el mismo Gobierno que ahora escurre el bulto, en el momento álgido de la lucha contra el coronavirus. No se entiende que por razones de índole política, y no sanitarias, porque no quieren ustedes desgastarse con medidas impopulares, dejen a las comunidades autónomas indefensas, sin las herramientas jurídicas necesarias para limitar la libertad de circulación y reunión de los ciudadanos. Eso es mala política, eso es la peor política, porque ya han comprobado ustedes lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que las libertades y derechos de los ciudadanos no se pueden limitar o eliminar por las autonomías. Pero eso ustedes ya lo sabían y no les ha importado ni lo más mínimo. En el peor momento se han quitado ustedes la responsabilidad de encima y se la han pasado a los jueces y a los territorios. A este Gobierno se le puede criticar por los errores que cometió al comienzo de la pandemia, porque los hubo y muy graves: por la tardanza en la reacción ante el peligro, por el desastre en las compras de material sanitario, por la metedura de pata con las mascarillas, que primero no eran necesarias y luego fueron imprescindibles, o por decir que la cepa inglesa no sería importante, pero lo que nadie les podrá negar es que el Gobierno de España se puso al frente de una situación como jamás se había vivido en este país, que asumió la responsabilidad que le correspondía. Sin embargo, con la misma sinceridad, se lo tengo que decir, señora vicepresidente, su Gobierno hoy no ha dado la talla. Su Gobierno, el Gobierno de España, ha tirado la toalla en el momento más difícil de la lucha contra el coronavirus, han tirado ustedes las armas y han desertado de la primera línea del frente. Y Dios quiera que esa decisión no tenga un coste terrible para nuestro país, porque el mensaje equivocado que se está transmitiendo a millones de ciudadanos es que ya podemos bajar la guardia, que se ha acabado la alarma en el Estado con el final del estado de alarma, que se ha vuelto a la normalidad. Y eso, señora vicepresidente, es totalmente irresponsable, pero, sobre todo, es totalmente falso. Es fundamental que en la Comunidad Autónoma de Canarias se acepte el cierre perimetral de las islas en el momento en que una isla, a diferencia de otras, esté en el nivel 3 o 4. Lo ha echado abajo el Tribunal Superior; la Comunidad Autónoma canaria ha recurrido al Tribunal Supremo y el fiscal ha informado ya negativamente y lo ha hecho público. Para nosotros es fundamental, para que Canarias pueda salir adelante sanitaria y económicamente. El cierre perimetral es fundamental y lo que me gustaría saber es qué van a hacer ustedes cuando en los próximos días el Tribunal Supremo diga que no. En cualquier caso, las ayudas que se van a prorrogar en este decreto, las ayudas sociales, de electricidad, de alquiler, nos parecen importantes, y, porque hoy no estamos decidiendo terminar la alarma, sino, sencillamente, prorrogar las ayudas sociales a la gente, mi fuerza política lo va a apoyar. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Sayas López.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Si hay algún decreto que pone de manifiesto la incompetencia del Gobierno es precisamente este que estamos debatiendo esta mañana; un Gobierno que ha estado toda la pandemia echando balones fuera y trasladando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, generando un caos regulatorio en España con diecisiete formas distintas de enfrentarse a la pandemia, y ahora, cuando acaba el estado de alarma, dice que el que ponga orden sea el Tribunal Supremo, que resuelva el Tribunal Supremo el caos que el Gobierno ha generado. Es que llevamos seis meses de estado de alarma ininterrumpidos, tiempo en el que se ha hurtado a este Parlamento de la capacidad de tomar decisiones, y el Gobierno ha sido incapaz de traer un instrumento válido y eficaz que ampare a las comunidades autónomas. Es que se han invertido completamente los poderes del Estado; hemos tenido un Gobierno que ha renunciado al Poder Ejecutivo, un Legislativo al que se ha hurtado la posibilidad de control y un Poder Judicial al que se le está pidiendo que actúe como Poder Ejecutivo, y eso es absolutamente un síntoma claro de la incompetencia de este Gobierno. Pero es que de la incompetencia del Gobierno podemos hablar en cualquier materia de la que tratemos. Ayer mismamente estábamos hablando de la reforma laboral, en un momento en el que millones de españoles están en paro o en ERTE y todavía tenemos a muchísimos autónomos que no han podido reanudar su negocio. Estamos en un momento en el que muchos españoles han perdido toda la esperanza y ya no se apuntan ni tan siquiera a la lista del desempleo porque no creen que tengan posibilidad de encontrar un trabajo, y sale la ministra de Trabajo y nos anuncia una reforma laboral, mientras la vicepresidenta económica mira hacia arriba y suspira como diciendo qué por qué nos hemos vuelto a meter en esta, y luego llega el presidente del Gobierno de España y la rectifica. Oiga, no es que esto sea un Gobierno coral, es que directamente lo que tenemos es un gallinero. Y tenemos a un Gobierno de España que está preocupado por cómo será la España del 2050, en lugar de estar en la de hoy; un presidente que se encuentra más cómodo soñando que trabajando, que está más a gusto en las nubes que en la realidad. Así nos encontramos con que, en el momento en que nuestra economía más ha caído desde la crisis de Cuba, en un momento en el que estamos en una crisis diplomática que no tiene precedentes en décadas en nuestra historia, tenemos al presidente soñando cómo será la España de 2050. Y mientras tanto, oiga, los problemas que los resuelvan las comunidades autónomas, de la seguridad jurídica que se encargue el Supremo, de las cuestiones que tengan que ver con la crisis de Ceuta la Unión Europea o incluso su majestad el rey, y la economía directamente se la deja a la inercia, porque ya saben, señorías, la vida es sueño. Dejen al presidente dormir, que ya lo despertarán los españoles cuando lleguen las elecciones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, ministra. Buenos días, vicepresidenta. Por su intervención, tenemos la sensación de que lo que el Gobierno pretende es pasar de puntillas por el final del estado de alarma, porque este real decreto-ley que ustedes pretenden convalidar hoy aquí es mucho más que un real decreto-ley, es el finiquito del estado de alarma, y nos da la sensación de que lo que pretenden es pasar la pantalla, la pantalla del estado de alarma, de un pasado pandémico, y llegar pronto a una nueva pantalla, la de un futuro inmune. Pero la verdad es que este estado de alarma ha sido provocado por una crisis sanitaria y que, entre la pantalla que quieren pasar rápidamente y todos quisiéramos pasar respecto de ese pasado pandémico y el futuro inmune, en medio hay otra pantalla, y, en términos de salud pública, esa pantalla es muy arriesgada. Por eso no entendíamos y hoy volvemos a insistir en cuál era la prisa que tenía el Gobierno por levantar el estado de alarma, cuando distintas formaciones políticas y distintos ámbitos institucionales les reclamaban que después de tanto tiempo, después de más de un año de tanto esfuerzo sanitario - usted se ha referido a ello, al esfuerzo que muchos profesionales en la primera línea están realizando -, tanto esfuerzo social, tanto esfuerzo económico, por la premura, por querer llegar a esa pantalla esperanzadora, han asumido el riesgo de que haya rebrotes. Han asumido un riesgo que lo único que denota es imprudencia por parte del Gobierno. Y no solo lo dicen instituciones y otras formaciones políticas, porque después de la esperpéntica noche del 9 de mayo quien ha actuado a lo largo de toda la pandemia como portavoz ante la crisis sanitaria del Gobierno al que usted representa, ministra, el señor Simón, dijo en sus declaraciones: Ni yo ni nadie sabemos qué es lo que puede pasar dentro de quince días, ni yo ni nadie podemos saber cuántos ingresos habrá en las ucis en los próximos días, y la cuestión es que ya empiezan a salir algunos de los datos, y la realidad es que, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, donde se están haciendo muchos test, más que en la media del Estado - porque, desde luego, nos parece determinante avanzar en la vacunación, avanzar en la prevención, pero, por supuesto también en la detección precoz, y para eso hay que hacer muchos test, muchos PCR y diagnosticar y detectar el máximo de casos posibles -, ya se ve que hay más personas infectadas en estos días que en la evolución que con las medidas anteriores había habido. Por tanto, por esa premura, empezamos a enfrentarnos a unos datos a los que no debiéramos habernos enfrentado. Pusieron en marcha un contador, el contador que empezaba en 100 y seguía con 99, 98..., que todos queremos que llegue a buen puerto con los resultados que pronosticaban, pero el 9 de mayo pusieron en marcha otro contador: 15, 14, 13, 12,11..., hasta ver cuál iba a ser la consecuencia de esa decisión. Han hecho la política del yo, me, mí, conmigo. Ustedes, unilateralmente, han decidido levantar el estado de alarma. Ustedes, unilateralmente, han decidido cuáles son las medidas que en este decreto-ley que hoy pretenden convalidar se incluyen. No nos han llamado para nada. Mírenme. Yo soy representante del Partido Nacionalista Vasco en esta Cámara, del Grupo Vasco. Nuestro grupo votó a favor de la investidura del presidente Sánchez, nuestro grupo ha apoyado múltiples propuestas del Gobierno para mantener al Gobierno, para dar estabilidad institucional a las decisiones que están adoptando. No nos han llamado para nada. La medida que ustedes incorporaba para recurrir al Tribunal Supremo y, en teoría, dar seguridad jurídica a las autoridades sanitarias competentes es absolutamente cuestionable, porque lo único que han hecho ha sido someter a control judicial todas las decisiones vinculadas al ámbito de la salud pública, someter decisiones muy delicadas al control del Poder Judicial, estableciendo así un marco de desconfianza en la sociedad sobre todas las decisiones que las autoridades sanitarias estaban adoptando. Y lo que tenían que haber hecho, lo que deberían hacer y no hace este decreto-ley es incorporar en el ordenamiento jurídico alguna propuesta normativa que establezca un marco de confianza para que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, efectivamente, en su ámbito competencial, con seguridad jurídica, puedan adoptar medidas, sin tener que estar sometidas al juicio de ningún control judicial. No nos han consultado, como les estaba diciendo, ni para levantar el estado de alarma ni para ninguna de estas medidas. Por tanto, no vengan a nuestro grupo a pedir apoyo para que esto salga adelante. Sí les pedimos responsabilidad y sí les pedimos que reorientan su actuación en este ámbito, porque todavía estamos en la pantalla de en medio, y probablemente haya muchas más. Desde luego, les ofrecemos nuestra voluntad para colaborar, pero ustedes también tienen que poner de su parte un importante esfuerzo para hablar, proponer, negociar y acordar. Gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Señora vicepresidenta, felicidades, pero se las doy solo porque ayer fue su cumpleaños, no se las doy por este real decreto-ley, ni muchísimo menos. Este real decreto-ley debió partir en el Consejo de Ministros,probablemente, de una situación en la que alguien dijo: ¡Ay, qué sorpresa! El día 9 de mayo termina el estado de alarma. [[La señora]] Llevábamos seis meses con el Real Decreto-ley del estado de alarma y, comosiempre, deprisa y corriendo y muy mal hecho, como diré ahora, nos presentan este real decreto-ley, como ha dicho la representante del Grupo Nacionalista Vasco, sin consultar con nadie. Aquí están estas lentejas, si quieres las comes y, si no, las dejas. Pues, mire, nosotros hemos venido pidiendo desde la cuarta prórroga del estado de alarma - y yo lo hecho personalmente con la vicepresidenta primera del Gobierno - un plan B jurídico. Nosotros, y yo, en concreto, desde esta misma tribuna,hace prácticamente un año, le decía a la anteriormente ministra de Trabajo, ahora vicepresidenta del Gobierno, que, efectivamente, había que prorrogar las medidas de protección económica y las medidas de protección social, porque no se iban a acabarlas situaciones de necesidad por el hecho de que la pandemia remitiera o se extinguiera. Sin embargo, ustedes no hacen los deberes. Este real decreto - también lo ha dicho el señor Sayas - es desde luego un ejemplo de absoluto fracaso, de falta de liderazgo, de falta de credibilidad, de falta de responsabilidad. Y sí, efectivamente, se trata de eso que llaman ustedes la cogobernanza, que nadie sabe lo que es. Yo le digo lo que es: para ti los marrones y para mí las flores. Eso es lo que entienden ustedes por la cogobernanza. [[Aplausos]] Ponemos en marcha el contador de los días que nos quedan de la pandemia por parte del presidente del Gobierno y les decimos a las comunidades autónomas: allí os las apañais. Pero es que, encima, ahora no solo se lo decimos a las comunidades autónomas, no, se lo decimos a la Sala tercera del Tribunal Supremo, que dice: pero ¿ustedes qué se han creído? Hagan ustedes su trabajo, que son el Poder Ejecutivo. Todo ello, por cierto, adornado con unas horrorosas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, que dice que el Tribunal Supremo debe ayudar al Gobierno -¡vaya con la separación de poderes!-, y otra que dice que el Ejecutivo empodera al Tribunal Supremo; el Tribunal Supremo que creó la Constitución de Cádiz de 1812 resulta empoderado en el año 2021 por el Gobierno del Partido Socialista. ¡Es de chiste! Además, y usted es jurista, deberían haber consultado a alguien que supiera algo de recurso de casación. Porque verá, el recurso de casación - lo decimos así, en plan técnico pedante - es una herramienta nomofiláctica. Vaya palabro, pero yo le cuento lo que es. El Tribunal Supremo solamente conoce de la interpretación de la norma, no conoce de los hechos. Sin embargo, en este procedimiento contencioso-administrativo el tribunal lo que tiene que hacer es un juicio de proporcionalidad entre la incidencia acumulada, la posibilidad de contagio, y las medidas restrictivas de la libertad, y eso no lo puede hacer el Tribunal Supremo porque solamente tiene competencia para interpretar el sentido de la norma creando jurisprudencia. Por eso, en nuestro plan B jurídico, que registramos en noviembre de 2020, le decíamos al Gobierno que la solución es que este juicio de proporcionalidad en cuanto a los hechos lo haga la Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo no lo puede hacer. De esta forma, estableceremos una jurisprudencia uniforme para toda España que dará lugar a que se trate a los ciudadanos de manera igual y justa en las distintas partes del territorio nacional. Nos encontramos con el disparate máximo ahora mismo: Valencia, comunidad autónoma con la incidencia acumulada más baja, por debajo de 30 casos cada 14 días y Baleares, 46 casos, las dos con toque de queda, Valencia a las 23:30 de la noche; Canarias, unos 80 puntos de incidencia acumulada y Navarra, 190, las dos sin toque de queda porque los tribunales superiores de justicia han decidido no convalidar las medidas que la autoridad sanitaria ha pedido. Como resulta que los valencianos y baleares - los individuos - no tienen legitimación para acudir al Tribunal Supremo, nos encontramos con que estos señores dirán: yo no me contagio, pero tampoco puedo salir por la noche. Los navarros, por el Por el contrario, dirán: yo puedo salir por la noche, pero tengo un alto riesgo de contagio. Y esto lo han hecho ustedes con su imprevisión. Para eso, la verdad es que me quedaba con Carmen Calvo cuando decía que no iba a haber que modificar ninguna ley. La verdad es que para modificarlas así, mejor no modificar efectivamente ninguna ley. También decía, por cierto, la vicepresidenta primera del Gobierno, que algo debería saber de derecho constitucional, que fuera del estado de alarma se podía hacer todo menos establecer el toque de queda. ¿El derecho de reunión en el propio domicilio también se puede limitar por la comunidad autónoma? Pero, qué disparate; pero, qué disparate. De verdad, si ustedes no saben, pregunten antes de hacer una norma como esta, y desde luego no nos sometan al chantaje, que es lo que vienen haciendo con el real decreto-ley. Luego el Tribunal Constitucional se lo tumba - lo del señor Iglesias en el CNI -, pero desde luego mezclar la competencia del Tribunal Supremo para conocer del recurso de casación y las medidas sociales de protección de colectivos vulnerables es un chantaje, y por ahí nos vamos a pasar; no vamos a pasar. [[Aplausos]] Iniciativa parlamentaria de mi grupo registrada aquí, en el Congreso de los Diputados [[muestra un documento]] Mi grupo les insta a que todas las medidas sociales que ustedes incluyen en este real decreto-ley las aprueben mediante otro real decreto-ley, pero no mediante este real decreto-ley. Así que, por favor, trabajen, porque para eso les pagamos. Tienen ustedes muchos ministerios, pero trabajar no les gusta excesivamente. Protejan a los ciudadanos, déjense de hacer propaganda de una vez, de hablar de la España del año 2050. Hay que trabajar precisamente para proteger a esos colectivos vulnerables, para prorrogar efectivamente todas esas medidas que usted ha contado cuando ha subido aquí, pero lo tendrán que hacer a través de otro real decreto-ley si hoy este real decreto-ley no resulta convalidado. Gracias.
Gracias, señor Bal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Señora vicepresidenta, nos encontramos aquí, en la convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, con todo un listado de medidas que sin duda alguna son necesarias como las relativas al ámbito sanitario y los pasajeros; hay cuestiones relativas al ámbito de las juntas de propietarios, las renovaciones de cargos y las reuniones, y algunas medidas en materia de violencia de género que también consideramos muy necesarias. Sin embargo, hay medidas económicas respecto a un tema especialmente gravoso que son sorprendentes, como la compatibilidad de la pensión de jubilación y las retribuciones de aquellos médicos y enfermeros que han sido contratados con motivo de la COVID. Más de un expediente inició en marzo de 2021 la Seguridad Social reclamando la retribución de la pensión de jubilación a médicos que trabajaron durante la pandemia, con lo cual celebramos que se corrija esta cuestión por esta vía. Ante este conjunto de medidas, también hay que destacar la prórroga que se produce de aquellas medidas relativas a situaciones de vulnerabilidad social y económica con la no suspensión de los suministros, con las moratorias a las rentas de alquiler, o la rebaja del 50 %, o la prórroga de arrendamientos que usted también apuntaba. Nosotros podemos compartir que todas estas medidas son necesarias y sin duda muchas de ellas pueden mejorarse en la redacción que se hace en el real decreto-ley, y por eso también le pediremos la tramitación como proyecto de ley. Lo único que queremos poner de relieve, antes de entrar en una de las cuestiones clave, es que estas situaciones y estas medidas empiezan a afectar a más gente que la que es objeto de protección de esta vulnerabilidad económica y social. Se prevé para los propietarios de un inmueble que tenga a una persona que sea considerada vulnerable, si los servicios sociales han hecho un informe relativo a la situación de vulnerabilidad, que puedan pedir compensaciones hasta el 9 de septiembre de 2021 con una exposición razonada y justificada. Pues bien, estos propietarios, esta clase media, que es la que está aguantando estas situaciones a las que el Estado, las administraciones públicas no dan respuesta, son los que creemos sinceramente que ahora están sufriendo esta situación. Por tanto, habrá que adoptar algunos mecanismos para ayudar a estas personas, evidentemente estamos de acuerdo en que nadie puede quedar sin ningún tipo de domicilio, pero lo que no puede ser es que carguen sobre ellas toda la responsabilidad de la solución, que no son capaces de dar los servicios sociales o las propias administraciones públicas. Más allá de esta cuestión, les decía que hay una cuestión clave en este real decreto-ley: las medidas en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativo. La autorización judicial para mantener estas medidas está en manos del tribunal superior de justicia de cada comunidad autónoma, que después puede ser unificada en doctrina por el Tribunal Supremo. No podemos estar muy contentos con esta solución - así se lo traslado -, que pasa otra vez por trasladar a la vía judicial cuestiones que tendrían que ser de carácter político. Tenemos la sensación de que esto de pasar a la vía judicial cuestiones que son de carácter político ocurre por los incumplimientos políticos que se producen. El señor Pedro Sánchez en este mismo Congreso, el 20 de mayo 2020, decía que aseguraba que analizarían las reformas necesarias y muy concretas de cuatro leyes: la Ley General de Sanidad, la Ley del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Salud Pública y la Ley de Seguridad Nacional. La vicepresidenta Carmen Calvo, el 13 de mayo, también decía que hacía falta abordar modificaciones legislativas importantes para cuando acabara el estado de alarma. Pues bien, estos compromisos en la sede del Congreso de los Diputados no se cumplen, y cuando no se cumplen, se acaba articulando una solución que creemos sinceramente que no es la más obvia desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la función que debe tener el Tribunal Supremo. Creo sinceramente que hacen un totum revolutum, ponen todas estas medidas necesarias y en medio de estas medidas necesarias se cuelan aquellas cuestiones más complicadas. Nosotros no vamos a poner freno a estas medidas necesarias. Como Decía antes, entendemos que hay que adoptarlas, que es necesario que tengan el amparo legal que les corresponde, pero, aunque demos luz a este real decreto-ley, insistimos en la necesidad de su tramitación como proyecto de ley para dar voz a este Congreso de los Diputados y sobre todo también para combatir alguna cosa a la que ya no le ha ido muy bien en el Tribunal Constitucional. A todo esto de derivar a la vía judicial, a todo esto del incumplimiento político, añadiría una profunda reflexión también sobre si estos reales decretos-leyes cumplen la extraordinaria y urgente necesidad. La verdad es que estoy en estado de alarma desde marzo de 2020. Que la solución al fin del estado de alarma cumpla estos criterios de extraordinaria y urgente necesidad y que se tenga que hacer en este real decreto-ley con los compromisos desde mayo de 2020 del mismo presidente del Gobierno, cuando la realidad pura y efectiva es que todos sabíamos en qué fecha acababa el estado de alarma, creemos que de extraordinaria y urgente necesidad tiene poco, más de necesidad que de urgencia. En todo caso, apelamos a que estas regulaciones, estas medidas se pueden hacer con mucho más consenso. Por tanto, votaremos favorablemente este real decreto-ley y les daremos un voto favorable a la tramitación como proyecto de ley, pero les pedimos que tengan en cuenta estas reflexiones de cara al futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Boadella. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Medel Pérez.
Buenas tardes. La declaración del estado de alarma le sentó muy mal a la derecha en muchos sentidos, y bien en otros. Tuvimos que oír discursos insultantes y argumentos basados en falsedades, incluso cuando votaban a favor. Hacían continuas insinuaciones enfocadas a crear inseguridad en la ciudadanía, sin importarles mucho las consecuencias en una situación tan grave como una pandemia. La machacona insistencia en el exceso de mortalidad frente a mortalidad por coronavirus, pese a que saben perfectamente que es una cuestión de contabilidad debido a cómo se contabilizan los certificados de defunción, tenía y sigue teniendo como finalidad, como podemos comprobar continuamente en la Comisión de Sanidad, generar desconfianza para conseguir rentabilidad política. Su voto oscilante - en concreto el del PP -, según les convenía políticamente, iba del sí al no pasando por la abstención. Sus discursos de corte fascista en el sentido de que los que no piensan como yo son antiespañoles, antipatriotas - solo hemos escuchado decir aquí -, o frases como lo que hace el Gobierno va en contra de España, eran discursos que hacían además llamamientos implícitos a saltarse las normas del decreto. Acusaron al Gobierno de absolutista por mantener el estado de alarma, algo sorprendente por el amor que le tienen al franquismo, pero esas son las contradicciones, sabiendo, además, que el levantamiento del estado de alarma nos llevaría a una nueva oleada. Los contagios ni tenían ni tienen la menor importancia para la derecha. Pero la que hizo más hincapié en desobedecer las medidas del estado de alarma prometiendo libertad en lugar de curación, escondiendo los muertos debajo de la poltrona, fue la señora Ayuso. Escuchándola parecía que era más sano irse de copas que quedarse en casa. Según su pensamiento, parece que era más libre el que se arriesgaba a contagiarse y contagiar a los más desprotegidos que hacer algo para evitar el contagio. Ha sido todo un logro que este Gobierno socialcomunista haya conseguido vacunar al 98,2 % de los mayores de 80 años con dos dosis y al 90 % de mayores de 60 con una dosis. Esto ha permitido levantar el estado de alarma con garantías, pero debemos mantener todas las medidas de prevención posibles mientras los expertos epidemiólogos lo aconsejen. La derogación de la vigencia del estado de alarma no es una llamada al descontrol, al descuido de las medidas de prevención de contagios, sino a la irresponsabilidad epidemiológica. Creo que esta nueva etapa quedará sometida a la enseñanza de los hechos; veremos cómo evoluciona la pandemia y veremos el ritmo de vacunación. Es evidente que el ritmo de vacunación podría haber sido mayor si los Gobiernos europeos se hubieran decidido por liberar las patentes hace meses. Por cierto, qué desfachatez por parte del Partido Popular pedir celeridad en la vacunación y estar en contra de liberar patentes. [[Aplausos]] No nos olvidemos del resto del mundo, por favor. Podemos poner todas las excusas que se nos ocurran, pero nosotros no nos salvaremos mientras queden países sin vacunar. O nos salvamos todos o no se salva nadie, y no es un eslogan, es la pura realidad. Al decaer el estado de alarma expiran las medidas sujetas a su amparo, pero la mayoría de estas medidas podrán articularse si es necesario en el marco, por ejemplo, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, o por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta es una cuestión muy seria que implica a comunidades autónomas, a tribunales y a leyes. Es algo que debe estar sometido a observación, a análisis sosegado, y hacer de ello intereses partidistas no es más que una irresponsabilidad. Pero si al PP no le gustaba el estado de alarma tampoco le gusta el final del estado de alarma, o eso parece. Primero, acusaban al Gobierno de centralismo absolutista. Al dejar de estar vigente el estado del arma y que sean las comunidades autónomas las que tomen las decisiones, les acusan de descentralizar inoportunamente, etcétera. Nunca se hace nada bien, según ellos piensan. Por eso seguramente seremos antipatriotas. Al mismo tiempo, reivindican la libertad frente a la enfermedad. Culpan al presidente Sánchez de las aglomeraciones de fin de semana. Ellos, que han estado invitando continuamente a la aglomeración. Ahora se les ha ocurrido un plan B. La letra B es la letra preferida del alfabeto para el PP, un plan B salvífico pero que, como reconoce el propio PP, no permite implantar el toque de queda. En fin, un plan vacío de contenido. Votaremos a favor. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Medel. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste. [[Aplausos]]
Gracias, presidenta. Señoría, la declaración y extensiones sucesivas del estado de alarma no nos sentaron mal a nosotros, a quien sentó mal, y muy mal, fue a todos los españoles. [[Aplausos]] Señora vicepresidenta Ribera, una previa. Muchos reales decretos con medidas, eso sí, urgentes, pero ayer desde su sectarismo ideológico abrió la puerta para acabar con el trasvase Tajo-Segura, condenando a media España agrícola a la ruina y fomentando el enfrentamiento entre compatriotas. Saque sus manos del trasvase y elabore por fin un plan hidrológico nacional que interconexion todas las cuencas, genere empleo, trabajo y gigantescos sumideros de CO2. [[Aplausos]] Volviendo a la cuestión, nuevamente prisas, irresponsabilidades y parches. El peor Gobierno posible en el peor momento vuelve a abusar de la figura del real decreto-ley, en esta ocasión con medidas urgentes tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, en un conglomerado de seis capítulos: control sanitario de pasajeros internacionales, medidas relativas a juntas de comunidades de propietarios, situaciones de vulnerabilidad económica y social, medidas en materia de violencia de género, medidas de carácter socioeconómico y la reforma exprés de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa. Centraré mi intervención en este último capítulo por considerarlo el más lesivo en cuanto al fondo y la forma utilizados. No debemos olvidar que Sánchez es el responsable directo de la peor gestión de la pandemia del mundo y que a las primeras de cambio trasladó el problema sanitario y económico a las comunidades autónomas en lo que vino a llamar la cogobernanza, eso sí, para evitar un mayor desgaste político. Como sabemos, se había reformado la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa para que los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional autorice o ratifique las medidas adoptadas por las administraciones tras la finalización del estado de alarma. Automáticamente llegaron los autos judiciales dispares, que no eran susceptibles de ser recurridos en casación, tal y como confirmó una reciente resolución del Tribunal Supremo. Nuevamente prisas,irresponsabilidades y parches. Por ello, el Gobierno, como no gobierna y escurre el bulto, ha tenido que sacarse otro real decreto, eso sí, de la chistera, para permitir que lo que antes no se podía recurrir, ahora sí. El Gobierno ha tenido más de un año para mejorar la legislación vigente, que hubiera evitado el caos que estamos viviendo por la delegación de la gestión en diecisiete reinos de taifas. En VOX ya sabemos a lo que dedica el tiempo Sánchez y los asociados: a la Ley de eutanasia, a la de infancia, ala del cambio climático, a la del acercamiento de los terroristas, a la subida de impuestos, a monitorizar redes sociales, al ministerio de la verdad, con reales decretos-leyes por doquier, poniendo pegatinas en las cajas de las vacunas y lanzandomensajes como 'No dejaremos a nadie atrás', cuando ya somos los últimos. [[Aplausos]] Ahora, con el presente real decreto-ley ha querido que el Tribunal Supremo unifique doctrina a través de la reforma exprés de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introduciendo un nuevo recurso de casación traumático que pretende que se tramite en tiempo récord. La izquierda crea el problema, no soluciona nada con el paso del tiempo y, cuando llega la necesidad, se lo traslada a los tribunales. En VOX creemos que es vital la unificación de criterios ante el caos creado por un Gobierno incapaz y un Estado autonómico que genera cada día más desigualdades entre los españoles. Se trata de una unificación incierta, debido a su deficiente técnica procesal: plazos raquíticos y acelerados, entre tres y cinco días, obviando el recurso previo y la fase preparatoria, o permitiendo el acceso a la Abogacía del Estado en la fase de tramitación del recurso cuando no ha sido parte en la instancia, ya que difícilmente se podrá abstraer de las cuestiones de hecho, puesto que la evaluación del Tribunal Supremo en este recurso prohíbe la esencia misma de la revisión de los hechos provocando, sin duda, inadmisiones. Es un real decreto-ley posiblemente inconstitucional, si al final se declara así la modificación realizada por la Ley 30/2020, pues las salas de lo contencioso-administrativo están participando en el proceso de elaboración de un acto administrativo. La Constitución encomienda a los jueces el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Los jueces no pueden sustituir al Gobierno en el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria que la Constitución le atribuye de forma exclusiva, ya que se rompería el principio de división de poderes y se comprometería el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. [[Aplausos]] Además, el Tribunal Supremo ve un problema de rango en la norma empleada para regular la cuestión. Hasta once párrafos dedica el Gobierno en el real decreto para justificar el uso de esta herramienta legislativa; no lo debe tener tan claro cuando da tantas explicaciones. Nuevamente prisas, irresponsabilidades y parches. Este Gobierno y sus socios, por tanto, predican diálogo y consenso, pero luego no dan ejemplo, pues el real decreto se improvisó contra reloj, de forma unilateral, sin haber acordado nada con las comunidades autónomas - eso sí, en cogobernanza - ni consultado con los magistrados del Tribunal Supremo, tal y como detalla el informe de urgencia del Gabinete Técnico de la Sala tercera de este tribunal. Un informe demoledor que detalla todos los problemas de aplicación de la fórmula elegida por el Gobierno y que se suma a las quejas de fondo que los propios tribunales superiores de justicia han formulado sobre el horror que supone dejar en manos de los jueces decisiones que son de naturaleza estrictamente política y científica, convirtiéndolos en copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas. Señorías, termino. Pasamos de un estado de alarma a un estado de Gobierno judicial. Nuevamente prisas, irresponsabilidad y parches. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Muchas gracias, señor Calvo. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rojas García.
Señorías, muy buenas tardes. Debido a la diversidad de materias que aborda este real decreto-ley, su análisis se debe realizar desde las siguientes perspectivas: jurídica, sanitaria, social, laboral, vivienda y consumo. Es en la parte jurídica, señorías, donde tenemos más discrepancias y es la que queremos analizar, señora vicepresidenta, con más detenimiento. Porque, en definitiva, la masa jurídica de este real decreto-ley profundiza en el tratamiento de medidas en la pandemia, pero de algún modo pone de manifiesto la falta de capacidad de entendimiento y de acción del Ejecutivo que preside el señor Sánchez, como ha quedado ya claro aquí en boca de otros portavoces. Las decisiones del Ejecutivo aquí plasmadas están llevando a nuestro país a un auténtico caos jurídico que se erige en el ejemplo de cómo no se debe gobernar y que, a la vez, retrata el modelo del presidente Sánchez, un modelo torpe e ineficaz que consiste en derivar a los tribunales de justicia los deberes y las obligaciones del propio Gobierno, y eso es, señorías, inaceptable. Es precisamente la derivación de esas responsabilidades hacia los demás una política constante del Ejecutivo en estos últimos tiempos. Solo hay que hacer un repaso del año horrible que ha atravesado nuestro país, señorías, con un Gobierno agarrado a la crispación y al enfrentamiento, que ha sido incapaz de transmitir ni un ápice de serenidad y de gestión, esa que era tan necesaria, especialmente en los tiempos duros de la pandemia. Cuando los españoles nos preocupamos por luchar contra el virus y su propagación, el Gobierno se preocupaba de vigilar las redes sociales o de cesar a aquel que estaba en contra del Gobierno. Esto lo dice casi todo, señorías, pero es muy gráfico y muy grave lo que ha pasado. Cuando el señor Sánchez estuvo a cargo del estado de alarma, al principio, mintió con los avisos, con los casos, con los fallecidos, con las estadísticas, con los medios, con las mascarillas... Cuando necesitábamos, señorías, un Gobierno serio, tuvimos un Gobierno mentiroso, que estira su mentira todos los días. Y ayer, señorías, pudimos comprobar cómo el ministro Escrivá mentía descaradamente en este Congreso sobre los autónomos en España. Y, tras muchos desatinos durante la primera gestión de la pandemia, ¿el Ejecutivo qué hizo? Derivar sus responsabilidades a las comunidades autónomas. Ahí me las den todas, señor corregidor, diría el señor Sánchez a los presidentes de las comunidades autónomas. En resumen, un Gobierno a la fuga cuando más se necesitaba un Gobierno. Bien podrían haber aceptado nuestro plan jurídico para hacer una ley de pandemias que evitará un decreto de esta naturaleza, pero sobre todo que evitará el descontrol y la inseguridad jurídica que hay en nuestro país y que el Gobierno ha creado, esa inseguridad jurídica que hoy es palmaria, señorías, pero que podría haberse evitado con nuestro plan jurídico, un plan que la propia vicepresidenta Calvo admitió y que luego negó, un plan que ha defendido la inmensa mayoría de los operadores jurídicos y hasta el Consejo de Estado. Una oferta para construir juntos el país en un futuro incierto, en un futuro complicado; una oferta que hizo nuestro presidente Pablo Casado desde la lealtad a España pero que el Gobierno ha rechazado. Señorías, nos damos cuenta y vemos cada vez con más nitidez que este es un Gobierno incapaz de escuchar, porque ya no ve a los españoles, los ha perdido de su foco. Lo primero que le preocupa al Gobierno es cómo mantener sus sillones,cómo tapar sus grietas, cómo contentar a sus socios y cómo reprender a la oposición. Alguien les ha debido prohibir escuchar a la oposición, señorías, pero ya saben que en el Congreso se aprueban leyes, se convalidan los reales decretos y se escucha a la oposición, y del debate, señora vicepresidenta, se anotan propuestas y se mejoran las normas. Quien no hace esto es que no es válido para gobernar, no sabe gobernar. Quienes piensan que las leyes sirven para poner en tinta del Boletín Oficial del Estado vituperios contra la oposición - como reciente y vergonzosamente se hizo por parte del Partido Socialista en la modificación del artículo 315 del Código Penal - es que no están en el camino de los buenos legisladores, porque han elegido la senda de los malos políticos. Quienes quieren legislar a base de decretos-leyes que lo mezclan todo y que, como este mismo, vienen a modificar otras leyes que están en trámite de reforma en este Congreso, o bien tienen un absoluto desprecio por lo que representamos, o bien no saben lo que significa la separación de poderes, como ya se ha dicho aquí está mañana. [[Aplausos]] No se puede, señorías, abusar así de la figura del decreto-ley; son cincuenta y tres reales decretos-leyes, con claras advertencias del propio Tribunal Constitucional, que ya ha echado para atrás dos decretos-leyes, y vendrán más. Fue verdaderamente patético escuchar ayer aquí a la vicepresidenta primera decir que tenían que ir rápido para luchar contra la pandemia. ¿Para qué había que ir rápido? ¿Para enchufar al señor Pablo Iglesias en el CNI? ¿Para eso están los decretos,señorías? ¿Para pasar la pelota a los jueces y que los tribunales decidan y cogestión en lo que tiene que gestionar la responsabilidad del Gobierno? No, no, para eso no está la rapidez. Eso, sencillamente, es hacer las cosas mal. Este Gobierno tiene que estar para gobernar, señorías, y este Gobierno no está a la altura de nuestro país, este Gobierno no está a la altura de España. Una modificación del recurso de casación no se puede hacer por un procedimiento de urgente y extrema necesidad, por la propia naturaleza establece que deben tener los procedimientos judiciales y por afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos, como está diciendo el Tribunal Supremo. Señorías, con este decreto se coloca al Tribunal Supremo en una posición institucional que no le corresponde, como partícipe activo del proceso de adopción de medidas administrativas que en nuestro marco de división de poderes y reparto competencial entre administraciones en absoluto le corresponde. Como ha señalado con acierto el profesor Muñoz Machado, es improcedente convertir a la jurisdicción contencioso-administrativa en una institución gobernante de la crisis, requiriendo su autorización y aprobación de las medidas antipandemia decididas por las administraciones públicas. Señorías, las garantías no se han de centrar en las autorizaciones judiciales previas, sino en el control a posteriori y en la utilización de los procedimientos cautelares, que para eso están. Convertir a los jueces de lo contencioso-administrativo en jueces de garantías en un ámbito de justicia preventiva que está sin explorar es una delegación del Gobierno inaudita que está ahora mismo aquí cambiando un modelo jurídico de una manera apresurada y totalmente incierta que en modo alguno se debe ni se puede hacer por decreto-ley. La casación no es el instrumento adecuado para proteger la salud pública. Es un Gobierno que asume sus responsabilidades y que gobierna, pero este Gobierno no quiere estar para asumir sus responsabilidades. Este Gobierno viene aquí a legislar, a pasar la pelota a otros. Este Gobierno viene aquí a decirnos a los españoles que no tiene culpa de nada, que no es responsable de nada. Entonces, ¿para qué está el Gobierno,señorías? Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Tenemos el peor Gobierno en el peor momento, y eso lo dice el Partido Popular con la legitimidad que le da hacer propuestas, haber propuesto un plan B y haber advertido al Gobierno de sus errores una y otra vez. Muchas gracias, señoría. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rojas. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Guille. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Señora presidenta, vicepresidenta, señorías, este decreto contiene dos conjuntos de medidas. Primero, prorroga la protección social a los españoles más afectados por la pandemia y, además, proporciona garantías jurídicas a las autoridades que deben proteger a sus poblaciones frente al virus. Nada más, más protección social y más garantía jurídica; nada más y nada menos. Por eso, solo desde la ignorancia sobre su contenido o desde la voluntad de hacer daño se puede uno oponerse a este decreto. Como hemos de presumir que sus señorías de la derecha han leído los veinticuatro folios de este real decreto, tenemos que convenir que una vez más la derecha española apuesta por que todo vaya mal para que a ellos les vaya bien. [[Aplausos]] Una vez más la derecha española apuesta por acercarse al poder, aunque sea mínimamente, sobre la desgracia de los españoles. Una vez más la derecha española abdica de sus responsabilidades para con este país. Señorías, en este decreto se prohíben los desahucios a las personas que lo están pasando mal. En este decreto se plantea la prohibición del corte del suministro de luz, de gas o de agua a las familias vulnerables, y una moratoria para el pago de los alquileres a quien no pueda pagarlos. En este decreto, además, se posibilita que los enfermeros jubilados puedan seguir poniendo vacunas y se refuerzan los servicios para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Me pueden decir con cuál de estas medidas no están ustedes de acuerdo? ¿Con cuál? [[Aplausos]] Y, si están de acuerdo, ¿por qué quieren tumbar el decreto? ¿Por fastidiar al Gobierno, señor Bal? ¿Por fastidiar al Gobierno vamos a posibilitar que mañana, si no se convalida este decreto, se pueda echar de su casa a cualquier persona con dificultad durante la pandemia o que se le corte la luz o el gas o que los enfermeros no puedan poner vacunas? ¿Por fastidiar al Gobierno? ¿Van a ser ustedes así de irresponsables? [[Aplausos]] Señor Rojas, en esta medida se plantea también la prórroga del control de pasajeros en los aeropuertos internacionales. Llevan más de un año dándonos la matraca con el bulo de Barajas y ahora quieren votar en contra de que se prorrogue el control sanitario para que los pasajeros que vengan de Sudáfrica, de Brasil o de la India tengan un control sanitario. ¿De verdad van a ser ustedes tan irresponsables, después de un año de darnos la matraca con el bulo, con la mentira, con la falsedad de Barajas? [[Aplausos]] El otro gran asunto es el de las garantías jurídicas respecto a las restricciones de derechos en la pandemia. Se han dicho algunas cosas que no son exactas y se han dicho algunas mentiras. No es cierto que hayamos pasado del estado de alarma al caos jurídico, del todo a la nada, o que el Gobierno se haya desentendido. El estado de alarma no se podía prorrogar más, porque limitar y restringir derechos fundamentales en democracia es muy serio. No podemos convertir en normal lo que debe ser excepcional en democracia. No podemos convertir en permanente lo que debe estar limitado en el tiempo. No podíamos prolongar el estado de alarma. Hay, desde luego, todo un arsenal de recursos y de cobertura jurídica para adoptar medidas. Hay una ley orgánica del año 1986 que faculta literalmente a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para controlar las enfermedades transmisibles; todas las medidas necesarias. Hay cobertura de una ley orgánica de 1986, de la Ley General de Sanidad de 1986, de la Ley General de Salud Pública del año 2011 y de la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003, que convierte en ejecutivas las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud. Y hay una estrategia de detección precoz, hay una estrategia de respuesta coordinada y hay una estrategia de vacunación. Hay cobertura jurídica, hay cobertura política,hay cobertura operativa para limitar la movilidad, para restringir el número de personas que se pueden reunir en la calle, para controlar los botellones, para controlar también la actividad en bares y restaurantes. Hay cobertura jurídica para todo esto. Se nos dice: Es que nos controlan los jueces. ¡Pues, claro! Estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas en un Estado de derecho. ¿Qué quieren? ¿Que no controlen los jueces? ¿Sabe, señor Rojas, qué ley faculta para que los tribunales superiores de justicia controlen estas medidas de los Gobiernos autonómicos? La Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa del año 1998. ¿Quién gobernaba en el año 1998,señor Rojas? El Partido Popular, pero se les olvidó contemplar que unos tribunales pueden decir una cosa en un territorio y otros tribunales, en otro territorio, decir otra cosa distinta. Eso es lo que se soluciona en este real decreto-ley con un recurso de casación rápido, pero ustedes quieren votar en contra. [[Aplausos]] El Partido Popular solo quiere su plan B. [[Aplausos]] Tienen querencia, es verdad, por la letra b. Pero este plan B es tan fraudulento como el resto de sus gestiones en B. Nos decían en tiempos del estado de alarma: El Gobierno del Partido Socialista establece confinamientos medievales propios de Gobiernos autoritarios. Y ahora quieren que esos confinamientos medievales los decreten los Gobiernos autonómicos, por la be, por la be de por las buenas, sin estado de alarma, sin control parlamentario y sin control judicial. Esto no es un plan B, es un plan I de injusto, inaceptable, inconstitucional e incoherente. [[Aplausos]] Porque, señor Rojas, mientras ustedes están planteando el voto en contra a este real decreto, el Gobierno popular de Andalucía lo está aplicando con un recurso de casación al Supremo cumpliendo con este real decreto-ley. El único caso que hay aquí es el del Partido Popular, señor Rojas. Le voy a decir qué es el caos. Caos es llamar a la población madrileña a hacer lo que le dé la gana cuando se tiene el mayor número de contagios del país, muchos enfermos muy graves en la uci y el mayor número de fallecidos. [[Aplausos]] Cauces que el Gobierno de Andalucía diga que todo el estado de alarma, que el Gobierno de Madrid diga que nada de estado de alarma y que el Gobierno de Galicia, del Partido Popular también, diga que cuarto y mitad de estado de alarma. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, han votado en contra de la mayor parte de los decretos que protegen a la población, de los Presupuestos Generales del Estado y de la llegada de fondos europeos. Corrijan ustedes su actitud, sean leales con su país. Por una vez, hagan lo correcto. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Simancas. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Nicaragua al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Varios grupos parlamentarios han solicitado intervenir. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, presidenta. El sentido del acuerdo en estos tratados internacionales que firma el Reino de España con otros países tiende a ser siempre mejorar las condiciones en las que el Estado español puede recibir información de los asuntos de interés que se cierran con aquellos países, pero, claro, esto se debe hacer siempre que el otro Estado sea un Estado en el que los principios de igualdad de derechos y libertades sean, al menos, homologables con los que tiene el Estado español; si no, la falta de garantías jurídicas de los ciudadanos - y, en este caso, en el que estamos hablando de un tema mercantil y civil, probablemente de las personas jurídicas que residan en esos países - nos parece que no hace homologable en ningún caso al Estado español con un Estado donde una dictadura es la que está mandando y decidiendo cómo se ejecutan las leyes. Creo que no hay principios dentro de una dictadura, y España no debería, como Estado, firmar acuerdos con países en los que sea una dictadura el régimen que esté gobernando, de tal manera que es imposible asegurar esos derechos y libertades. Por tanto, nosotros nos opondremos y no votaremos favorablemente a este acuerdo y a este tratado. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias a usted, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
Gracias, presidenta. Intervendré muy brevemente. Nuestro grupo parlamentario entiende que es un convenio como tantos hay de este tipo, en el que se sanciona que la autoridad judicial de un Estado pueda solicitar, como es necesario en muchos casos, información o'realizar petición de actuaciones judiciales. Nuestro grupo parlamentario no ve motivo alguno para oponernos a la adhesión de Nicaragua a este convenio y, además, habiendo cumplido con todos los requisitos procedimentales, nos remitimos al criterio del Consejo de Ministros.
Muchas gracias, señor Gómez-Reino. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Hernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, vamos a ratificar este convenio que viene a facilitar la labor de la autoridad judicial. Eso no quita que no denunciemos la vulneración de los derechos humanos y que trabajemos intensamente para solventar el déficitdemocrático existente en determinados países, pero nuestra obligación, también aquí, es facilitar la labor de la autoridad judicial y, para eso, si la autoridad judicial entiende que se dan las condiciones oportunas para avanzar en la resolución de conflictos, tenemos la obligación de apoyarlo. Muchísimas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gómez.
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad del texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora presidenta. La enmienda a la totalidad con texto alternativo que presenta nuestro grupo frente a la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que nos presenta el PSV, el 'Partido Separatista Vasco', encuentra en nosotros una respuesta y, además, nos obliga a recordar lo importante, aquello que no debemos olvidar, aquello que es el fundamento, lo sustancial, lo verdaderamente importante, que es lo que viene recogido en nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna en su artículo 1.2 deja claro que la La soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, no en una parte, por eso esa soberanía no es divisible. Y es el artículo 2 de la Constitución el que también deja claro que nuestra Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es la Constitución la que está sometida a la soberanía nacional, por eso se fundamenta en esa nación española; no al revés, como algunos creen, que la nación encuentra su fundamento y su razón de ser en la propia Constitución. [[Aplausos.-La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia]] El propio preámbulo de la Constitución dejó claro que, con la aprobación de la Constitución por esta Cámara, fue el pueblo español el que la ratificó. Ese preámbulo dejó bien claro que era la nación española la que precisamente quería garantizar el ordenamiento constitucional y la convivencia democrática dentro de la Constitución. Precisamente, en ese preámbulo es donde se recoge la voluntad de la nación española de mantener un Estado de derecho como fin para alcanzar la libertad, la seguridad y la justicia. Pues bien, si ese es el marco constitucional que no debemos olvidar, debemos tener claro que, como para todo el ordenamiento constitucional, existen amenazas permanentes contra esa Constitución y ese ordenamiento constitucional. Amenazas que pueden venir de abusos de poder, del propio Legislativo, conculcando libertades y derechos fundamentales como, de hecho, ha ocurrido en los sucesivos y fraudulentos estados de alarma. Esos ataques contra la Constitución y esas amenazas pueden venir de las injerencias o extralimitaciones competenciales, por ejemplo, a través de una ley o de un estatuto de autonomía. Y esas amenazas pueden venir también del propio Poder Legislativo, bien sea de unas Cortes autonómicas, bien sea del Congreso o del Senado. Esos atentados contra la Constitución, esos ataques a la Constitución, necesitan mecanismos de defensa. Eso es lo que tienen establecido nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con ese tribunal como el máximo garante del respeto y la defensa de la Constitución. Es un sistema mixto, de protección y de defensa: mecanismos de protección a priori y mecanismos de protección a posteriori, un efecto de mecanismos de protección preventiva y un efecto de mecanismos de protección reactiva. Precisamente hoy nos encontramos ante una proposición que intenta suprimir ese control preventivo que son los recursos previos de inconstitucionalidad, aunque, por supuesto, existe el mecanismo posterior, los recursos de inconstitucionalidad que puede plantear esta Cámara, las cuestiones de inconstitucionalidad que puede plantear un órgano judicial o los recursos de amparo que puede proponer cualquier ciudadano que vea afectados o vulnerados sus derechos principales. En definitiva, en esos mecanismos preventivos nos encontramos con un filtro constitucional y sus beneficios son indudables, por eso ya les adelanto que nuestro grupo propone mantener ese recurso previo de inconstitucionalidad, e incluso ampliarlo, como estuvo en otras épocas, para las leyes orgánicas. Los beneficios son indudables, son incuestionables, no es una cuestión de opinión política. Si tenemos un filtro previo de inconstitucionalidad, evitamos la litigiosidad que supone que a nuestro ordenamiento constitucional entren normas que posteriormente serán objeto de todo tipo de recursos de inconstitucionalidad, de recursos de amparo y de cuestiones de inconstitucionalidad. Además, otorga seguridad jurídica. Un ordenamiento constitucional que se sabe controlado y filtrado previamente por el Tribunal Constitucional es un ordenamiento que genera mayor seguridad jurídica para todos los españoles y para todos los operadores jurídicos. Esto es, por tanto, de lo que estamos hablando. El recurso previo de inconstitucionalidad - permítaseme hacer el paralelismo - vendría a ser como la vacuna preventiva frente a la contaminación del cuerpo jurídico orgánico del Estado. Evita la contaminación, evitando que entren en el ordenamiento constitucional normas que luego van a ser declaradas inconstitucionales. Y evita, sobre todo, y esto es lo más importante, los efectos perniciosos que supone la entrada en el ordenamiento, por ejemplo, de un estatuto de autonomía que atente contra ese propio ordenamiento. Porque los efectos, aunque alguien podría decir que serán corregidos posteriormente en un recurso de inconstitucionalidad, en un recurso de amparo o en una cuestión de inconstitucionalidad, muchas veces son irreparables. Si hablamos de cuestiones patrimoniales, tal vez se pueda reparar el daño que ha causado una ley o un estatuto de autonomía contrario a la Constitución, pero si pensamos en un ataque directo a la Constitución, como fue el golpe de Estado del 1 de octubre o como han sido estatutos de autonomía que han pretendido minar y volar por los aires la Constitución, el Estado de derecho y, en definitiva, la democracia, puede ser que después se llegue demasiado tarde. Por eso necesitamos este recurso previo, esta vacuna contra los abusos, contra los ataques al ordenamiento constitucional. Es un filtro que, además, ayuda al Legislativo a corregir sus propios errores, porque le permite, tras el análisis del Tribunal Constitucional, corregir todas aquellas cuestiones de esa ley o de ese estatuto, que son contrarias, y le permite hacer y llevar a cabo un efecto de rectificación o, si queremos, de acomodación al texto constitucional, a los principios constitucionales. Por tanto, es indudable que existen beneficios indiscutibles con respecto a este recurso previo de inconstitucionalidad. Ayuda, sin perjuicio de los demás filtros o de los demás mecanismos de protección que he mencionado, a que con carácter previo solo entren en el ordenamiento constitucional aquellas normas fundamentales, leyes orgánicas o estatutos de autonomía que de verdad cumplan los principios básicos del ordenamiento constitucional. Entonces, ¿por qué el 'Partido Separatista Vasco', que no pega puntada sin hilo, intenta introducir en el ordenamiento constitucional esta derogación del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Pues, lo hacen - y no crean que nos engañan - para allanarse el camino a esa reforma del Estatuto de Gernika del año 1979 que ya están preparando, porque no quieren que se pueda hacer un control previo de constitucionalidad. Pretenden llevar adelante, como ya lo han intentado en Cataluña, una vía ilegítima de reforma constitucional por la vía de los estatutos de autonomía. Pretenden, en definitiva, que no se puedan controlar previamente los disparates sobre su Euskal Herria soñada, su vulneración de principios y derechos fundamentales de los españoles, de todos y, en especial, de los que viven en nuestras queridas provincias vascas. Eso es lo que hay detrás de esta reforma. [[Aplausos]] Por eso VOX, señorías, en esta enmienda a la totalidad con texto alternativo no solo propone mantener el recurso previo de inconstitucionalidad ante la tramitación de cualquier proyecto de estatuto de autonomía o cualquier reforma del mismo,sino recuperar ese control previo para esas leyes orgánicas que son fundamento también del ordenamiento constitucional. Intentamos con ello proteger la Constitución. Paradojas de la vida: aquellos a los que nos atacan permanentemente de ser contrarios a la Constitución, somos los que estamos empeñados permanentemente en proteger la Constitución, desde las leyes, desde los tribunales y desde la opinión pública. [[Aplausos]] Precisamente, los de VOX, esos a los que se nos acusa de querer atacar los principios constitucionales. Pues hoy es una buena oportunidad la que tienen los demás partidos, esos a los que se les llena la boca de constitucionalistas, de cerrarle la puerta a aquellos que ya de una manera indisimulada pretenden terminar con los posibles controles de sus abusos, de sus disparates, de sus inconstitucionalidades. Al final, no hay que tenerle miedo a la ley, la ley es necesaria para proteger precisamente esos principios a los que me refería al inicio de mi intervención. Porque la Constitución es una norma más, sí, es la norma fundamental del Estado, pero ha habido muchas constituciones y, probablemente, habrá otras constituciones, pero, repito, que el fundamento de esa norma está en la protección de la nación española, en su integridad, en su soberanía y, por tanto, en la libertad y en la soberanía de todos los españoles. Por tanto, frente a la proposición del partido separatista vasco y de quienes siguen los mismos derroteros de destruir desde dentro de las instituciones el ordenamiento constitucional como paso previo para destruir la nación, proponemos un texto alternativo no solo para mantener ese mecanismo, sino para reforzarlo. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias a los servicios de la Cámara. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Olano Vela.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Subo a la tribuna para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una enmienda con texto alternativo que consiste en mantener el texto de la ley orgánica vigente en la actualidad tras las reformas aprobadas en el año 2015, esto es, manteniendo el recurso previo de inconstitucional para los estatutos de autonomía y sus reformas, así como también los instrumentos de ejecución para garantizar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Respecto al recurso previo de inconstitucional que ustedes ahora pretenden eliminar, señorías, nadie debería poner en duda que el recurso previo es un instrumento perfectamente constitucional. Así lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 66/1985 y, además, ha sido avalado por el Consejo de Estado en su famoso informe del año 2006, en el que ya consideraba la conveniencia de reintroducir el recurso previo en el caso de proyectos de estatutos de autonomía o de reforma de los mismos, dado que - y cito literalmente -: ese control a posteriori tal vez no resulta adecuado para fuentes normativas que, como los estatutos de autonomía subordinados a la Constitución, ocupan bajo la misma el más elevado rango en la jerarquía ordinamental. Nadie en esta Cámara debería dudar de que los estatutos de autonomía y la Constitución son las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma y la base del orden social y la convivencia cívica y pacífica en cada una de ellas y que, junto con la legislación orgánica, conforman el cuerpo constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Pero también deberíamos coincidir en que los estatutos de autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad en nuestra arquitectura jurídico-constitucional, como establece el principio kelseniano de primacía de las normas y no al revés, como parece dar a entender la proposición de ley orgánica que ahora enmendamos, ni siquiera en el caso de que para la aprobación de ese estatuto se haya hecho una consulta a una parte del cuerpo electoral. Señorías, todos ustedes saben - algunos ya lo afirman sin rubor - que la pretendida reforma del Estatuto de Cataluña ha sido utilizada contra el Estado, intentando doblegar la primacía que tiene nuestra Constitución en la pirámide normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Con la legislación vigente hasta 2015, el citado estatuto tuvo que ser corregido en catorce artículos por el Tribunal Constitucional nada menos que cuatro años después de su aprobación, lo que provocó un choque de legitimidades entre el cuerpo electoral de aquella comunidad autónoma y su Parlamento autonómico con el Tribunal Constitucional. A causa de ese problema y de las amenazas que se cernían sobre nuestro Estado de derecho, en 2015 volvemos a introducir, nada menos que con el apoyo del 82 % de esta Cámara, el recurso previo, pues se trata de un instrumento eficaz para detectar cualquier acto del legislador que sea inconstitucional, de manera que las Cortes puedan modificarlo y subsanarlos antes de que entre en vigor. Al hacerlo así, en seis meses como máximo y en todo caso antes de su entrada en vigor, se evitan problemas irresolubles provocados por una norma declarada inconstitucional con posterioridad y se evita la laguna en un tejido normativo, puesto que no llega a entrar ni a formar parte del ordenamiento jurídico. En definitiva, con el recurso previo se dota de mayor seguridad a nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de poder depurar el ordenamiento jurídico de la producción de efectos de leyes manifiestamente inconstitucionales. Señorías, en último término, lo que ustedes están pretendiendo ahora es que un estatuto de autonomía pueda reformar la Constitución, pero en ese caso ya no estaríamos ante una reforma o un nuevo estatuto, sino ante una reforma de laConstitución, y eso, señor Legarda - proponente por parte del Partido Nacionalista Vasco -, tiene sus procedimientos tasados en la carta magna y el resultado además tendría que ser refrendado por el conjunto de los españoles y no solo por una partedel cuerpo electoral. A mayor abundamiento, resulta curioso que no nieguen la posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad, pero sí de que este tenga carácter previo a su aprobación, lo que demuestra que su objetivo no es otro que buscar el choque de supuestas legitimidades para mantener vivo un conflicto con el que seguir engañando a sus votantes. Respecto a las facultades del Tribunal Constitucional para la ejecución de sus resoluciones, que es el otro de los puntos de la proposición de ley y del que sorprendentemente VOX no ha hecho ni siquiera mención, desde luego los proponentes no han sido muy originales tampoco en este segundo punto. Sus argumentos coinciden con asombrosa exactitud con los esgrimidos por los Gobiernos vasco y catalán en sus recursos de inconstitucionalidad presentados a la reforma en el año 2015,recursos que fueron resueltos en 2016 y por lo tanto no deberían ser objeto de discusiones - permítame que lo diga - un tanto bizantinas. Señorías, el Tribunal Constitucional es el intérprete definitivo de la Constitución. Lo que el Tribunal Constitucional diga a través de sus sentencias sobre el significado de la Constitución es la última palabra. Espero que nadie cuestione esta afirmación, porque de hacerlo estaría cuestionando nuestro sistema constitucional. Coincidirán conmigo también en que nadie mejor que el propio Tribunal Constitucional para aclarar sus dudas al respecto. Así lo ha hecho, como les decía, en las sentencias 185 y 215, ambas del año 2016, en donde se establece de forma meridianamente clara que el control de la constitucionalidad de las leyes tiene carácter jurídico y no político, señorías, añadiendo que el hecho de que la Constitución no prevea un mecanismo para la ejecución de sus sentencias no implica un desempoderamiento del Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y de velar por el cumplimiento de sus resoluciones. Señorías, la única interpretación admisible desde un punto de vista constitucional es que nuestra carta magna configura al Tribunal Constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional y, en consecuencia, tiene también atribuida la potestad de obligar al cumplimiento de sus resoluciones. Si ello no fuera así - y cito literalmente -: El tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y, con ello, de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución. Esto es lo que dicen las sentencias que les citaba antes del Tribunal Constitucional. Ni siquiera - y este es un argumento común entre todos los que apoyan la supresión de estas facultades de ejecución - la elección por sufragio universal puede oponerse al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, pues de lo contrario sería tanto como negar al Tribunal Constitucional su propia jurisdicción. A mayor abundamiento, la existencia de instrumentos similares para facilitar la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional no es extravagante en el derecho comparado. Muy al contrario, muchos de los países de nuestro entorno, entre ellos Alemania y Austria, contemplan soluciones similares a la operada en el año 2015 y que ahora ustedes pretenden derogar. Así las cosas, señorías, sus dudas sobre la legalidad de las reformas aprobadas en 2015 ya han sido resueltas y volver a discutir lo resuelto desde luego no aporta nada al debate pues carece del más mínimo rigor jurídico, salvo que lo que se pretenda - y así pensamos en mi grupo parlamentario - sea mantener una ficticia victimización con la que alimentar sus delirios políticos. A ustedes las consideraciones jurídicas no les importan, lo único que buscan con esta proposición de ley es cuestionar al Tribunal Constitucional y en última instancia, se lo repito, facilitar la destrucción de nuestro sistema constitucional nacido en el año 1978. En definitiva, como expuso Francesc de Carreras en 2015 al escribir sobre esta reforma, lo fundamental es que la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional está ahora mejor asegurada, lo cual tranquiliza por lo que pueda venir. Lo que no se entiende es por qué no se había previsto antes. Y ese 'lo que pueda pedir' que decía el jurista llegó en el año 2016 y 2017, señorías, y la reforma se aplicó, y la reforma funcionó. Pero el peligro no ha desaparecido en 2021, señorías del Partido Socialista, pues sus socios de legislatura no solo reeditan en Cataluña la coalición de partidos que en el año 2017 promovió un golpe de Estado institucional que deparó la condena por sedición de sus cabecillas sino que han afirmado, de palabra y por escrito, que lo volverán a hacer y que la legislatura que recientemente ha comenzado en Cataluña tiene tres objetivos: referéndum de autodeterminación, amnistía y soberanía; objetivos todos ellos ilegales, todos ellos imposibles en la España constitucional. Ustedes saben que las reformas operadas en el año 2015 les dificultan lograr sus objetivos; son conscientes de que un Tribunal Constitucional con sus facultades actuales no lo permitiría y por eso presentan esta proposición de ley. Así las cosas, a nadie le puede sorprender que el propósito de Esquerra Republicana de Catalunya, de Juntas, del PNV, de Podemos o de los filoetarras de Bildu sea derogar la reforma del año 2015. La novedad ahora, señorías, y lo que resulta realmente peligroso, es que todos esos partidos que cuestionan nuestro sistema democrático o bien están en el Gobierno de España o bien son los socios de legislatura del Partido Socialista. Y todo esto tiene un único responsable: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Sánchez ha querido que su estancia en la Moncloa se sustente en el apoyo de los partidos que han dado un golpe de Estado institucional en Cataluña, en el partido que homenajea a los terroristas que mataban a sus compañeros en el País Vasco y en los partidos que cuestionan sistemáticamente nuestro sistema constitucional. Sánchez lo ha querido así y por eso decía que solo Sánchez es el responsable. Tenía otras opciones, señorías, pero no quiso ni siquiera intentarlas. Señorías, el señor Sánchez promete contundencia contra los que atacan en Ceuta y Melilla la unidad territorial española, pero el mismo señor Sánchez colabora con los que intentaron - y afirman que volverán a intentar - destruir la unidad territorial de España en Cataluña, algo incomprensible, señorías del Partido Socialista. ¿Qué será lo siguiente? ¿Indultos concedidos a quien no ha mostrado arrepentimiento? ¿Una amnistía encubierta a través de una reforma del Código Penal,señorías del Partido Socialista? Los intereses de España, señorías, están muy por encima de los intereses del señor Sánchez. No se dejen arrastrar por sus socios extremistas, no le resten al Estado de derecho mecanismos de defensa frente a los que pretenden atacar las libertades de todos; cometerían ustedes un error histórico. Voy a finalizar, señora presidenta. Ayer el señor Sánchez apelaba a la lealtad de la bancada de la oposición con el Gobierno frente a la agresión en nuestras fronteras, pero no apelaba a la lealtad de sus socios de legislatura, señorías del Partido Socialista, lo cual resulta francamente revelador. Señorías, los españoles - también el señor Sánchez - saben que pueden contar con la lealtad del Partido Popular y su presidente, Pablo Casado, cuando se trate de defender España de cualquier ataque, interno o externo. Hoy, señorías del Partido Socialista, soy yo el que les pide lealtad, no con el Partido Popular; les pido lealtad con nuestra Constitución, con nuestro sistema de libertades, con el Estado de derecho, a los que en ningún caso a ninguno de ellos tenemos que dejar desprotegidos. En definitiva, señorías del Partido Socialista, les pido lealtad con España y con los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no espere el portavoz del PP, señor De Olano, que al señor Sánchez le preocupe mucho esta modificación del Tribunal Constitucional, ni este ni ninguno de los puntos que se han debatido hoy en el orden del día porque que el presidente del Gobierno también contraprogramar al propio Congreso, ¡ya es el colmo! Aquí, donde estamos la representación de los 37 millones de personas que estaban llamados a votar en las elecciones de 2019 y, lógicamente, somos la representación del conjunto de España, que veamos que el propio presidente del Gobierno contraprograma para montar un espectáculo publicitario para el 2050, pone de manifiesto el poco respeto que se tiene a esta Cámara. No hay que olvidar, como digo, que aquí radica la voluntad popular - y no hay más que ver desde luego al conjunto de ministras y ministros que nos acompañan habitualmente -, pero lo de hoy creo que ha roto todos los límites de lo que es el respeto a la institución fundamental en un paísdemocrático, que es su Congreso. Es lo más sagrado que hay en una democracia. [[Aplausos]] Por tanto, hay que decirlo. Cuando el Partido Nacionalista Vasco, que tiene como objetivo político final la independencia, presenta en este caso una reforma del Tribunal Constitucional, lógicamente lo presenta porque así se debilita uno de los órganos fundamentales queprotegen a España como país. Eso es así, es vidente y hay que reconocérselo tanto al Partido Nacionalista Vasco como en este caso a los partidos catalanes. En la Comunidad Autónoma vasca en estos momentos, tanto el Partido Nacionalista Vasco comoEuskal Herria Bildu tienen una mayoría parlamentaria, una mayoría de dos partidos que tienen como objetivo político final la independencia. Lo mismo sucede en la Comunidad catalana, en que tanto Esquerra como Junts per Cat y la CUP son tres partidos que tienen como objetivo político la independencia y que también tienen una mayoría parlamentaria. Por tanto, el conjunto de España, ante esas mayorías, evidentemente tiene que defenderse como soberanía nacional, según lo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Esta es la cuestión. Ustedes saben, y hay que reconocerlo, que pueden tener los votos suficientes para hacer una modificación en el estatuto que no cuente evidentemente con la mayoría del conjunto de España. A eso se suma que en estos momentos, además, cosa que no ha ocurrido antes, hay un Gobierno en España muy débil desde el punto de vista político porque es un Gobierno que está gobernando gracias al apoyo de estos partidos, que tienen como objetivo político la independencia de España y, por tanto, está a merced de los mismos. Esta debilidad se puso ayer mismo de manifiesto por parte del propio ministro de Política Territorial, cuando dijo aquello de que había que mantener con Cataluña un diálogo sin límites, pero una cosa es que se haga sin tiempo, pero sin límites... Hombre, los límites serán los que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en la Constitución española. ¡Claro que el diálogo tiene límites! El Diálogo tiene el límite de la Constitución española y de la voluntad del conjunto de España, no el que decidan el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Lo mismo ocurre con el derecho a decidir, ya que el otro día en la reunión quetuvo el propio ministro con el Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma vasca también les dijo que el derecho a decidir era una cuestión que se podría plantear. ¿El derecho a decidir qué? ¿Qué se puede decidir? ¿Que la Comunidad Autónoma vasca no es una comunidad de España? ¿Eso se puede decidir? ¿Quién puede decir eso? La soberanía nacional radica, está en el conjunto de España, de todos los españoles, y por mucho que el ministro de Política Territorial, por mucho que el presidente del Gobierno de España les digan a ustedes que van a tener el derecho a decidir o les diga a los otros que van a tener un diálogo sin condiciones, no depende de ellos, depende del conjunto de los españoles. Por tanto, al final lo que se está haciendo es crear unos problemas que no se deberían crear porque eso genera las distorsiones que se están creando en esas dos comunidades. Es evidente que quien va a decidir el futuro de España, quien puede decidirlo somos el conjunto de los españoles, ni el presidente Sánchez ni el señor Iceta, ninguno de los dos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor García Adanero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo haré desde el escaño ya que será breve. Señores de VOX, señores del Grupo Popular, como se imaginan votaremos en contra de su propuesta teniendo en cuenta que hace escasas semanas apoyamos la propuesta de derogación presentada por el Grupo Vasco, por el Partido Nacionalista Vasco. Señores del PP, señores de VOX, si nos oponemos a su propuesta es precisamente porque no queremos que el Tribunal Constitucional, controlado de alguna manera por ustedes o por gente de su afinidad, gobierne, esto es, que se haya convertido en un órgano paralelo de Gobierno. Señorías, las propuestas que presentaron en 2015 y que como ley orgánica salieron aprobadas supusieron una novación, supusieron la creación de una nueva figura dentro del Tribunal Constitucional para interpretar ex ante y además darle poderes coercitivos, introduciendo en ello que esta institución se convirtiera en un instrumento, suyo obviamente, de centralización del Estado. Todo lo que era una oportunidad para abrir, en ese concepto de plurinacionalidad o de espíritu federal que decían algunos, pues no, al contrario, a cerrarlo aún más, suponiendo ello además una vulneración del principio de autonomía y de inviolabilidad parlamentaria y política de las comunidades autónomas. Esto es, cerrando el diálogo abierto que debe haber entre instituciones y además cerrando los anhelos que pueden tener las sociedades y los parlamentos para dotarse de unos nuevos estatutos, ustedes decidieron que no, que ex ante se debía recortar y decir lo que podían no podían decir o hablar los parlamentos representando a su ciudadanía. Pues no, señorías del Partido Popular, en este momento hay una propuesta para derogar ese recorte, y yo creo que no solamente a nosotros, a los independentistas, que obviamente aspiramos a otro modelo de Estado y además a que nuestras sociedades devengan Estados independientes en el escenario internacional, sino a cualquier demócrata le debieran haber saltado las alarmas por intentar ustedes, por medio de esas reformas,recortar los derechos parlamentarios de los parlamentarios de los diferentes parlamentos y de los parlamentos en sí, algo maquiavélico. Decía el representante de UPN, señor García Adanero, que la decisión de lo que debían ser las sociedades estará en manos de los españoles. Pues no, señor García Adanero, como usted bien ha visto, en el marco internacional cada vez hay más Estados, cada vez ese debate está superado, y cuando hay sociedades que democrática y pacíficamente desean devenir Estados independientes, la solución al problema viene por abrir cauces de diálogo y el diálogo de buena fe. El problema precisamente estriba, se crea y se enquista cuando se cierran esas vías de diálogo, algo que no tiene sentido en una democracia avanzada. Por eso, señora presidenta, como he avanzado al principio, votaremos en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Debatimos dos enmiendas de totalidad de texto alternativo de los grupos parlamentarios VOX y Popular a la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que presentó el grupo parlamentario del Partido NacionalistaVasco y que fue tomada en consideración el 21 de marzo pasado. Las proposiciones de ley, el texto alternativo, las enmiendas de totalidad, no difieren - como era presumible - sustancialmente de los argumentos que ya se adelantaron en aquella sesión para oponerse a la toma en consideración. En primer lugar, y por lo que se refiere al recurso previo de inconstitucionalidad, el Partido Popular nos dijo - y hoy también nos lo ha repetido - que la Constitución debe dotarse de instrumentos. En el debate de toma en consideración se habló de una armadura para detener cualquier acto legislativo que sea inconstitucional, de manera que las Cortes puedan modificarlo antes de que entre en vigor, para defenderse - se añadía - de quienes pretenden que un estatuto de autonomía pueda modificar la Constitución. También se habló del recurso previo como un dique de contención jurisdiccional ante intentonas secesionistas, dejando así entrever - tengo que decirlo - que los que pueden pretender modificar la Constitución a través de un estatuto de autonomía serían los parlamentos autonómicos y que su defensa viene, primero, del Tribunal Constitucional, a través de un recurso previo y, finalmente, de las Cortes, al modificar el texto de estatuto en el sentido señalado por el Tribunal Constitucional de manera preventiva. Sin embargo, señorías, quiero recordar algo que es flagrante, algo que es palmario, y es que el recurso previo de inconstitucionalidad no es contra lo aprobado por un Parlamento autonómico, sino contra lo aprobado por estas Cortes Generales después de su tramitación y eventuales modificaciones, y que lo que se somete a referéndum, en su caso - porque no en todas las comunidades autónomas hay un referéndum a posteriori, el referéndum de la ciudadanía de la respectiva comunidad autónoma -, es el texto aprobado por esta Cámara y no el de la iniciativa aprobada por el Parlamento. En definitiva, ese choque de legitimidades, en términos jurídicos, se produciría, en su caso, entre lo decidido por esta Cámara y el Tribunal Constitucional, cosa que nunca ha estado en cuestión. Por su parte, VOX - tengo que decirlo - ha sido mucho más explícito con los motivos que le guían a proponer el mantenimiento del recurso previo contra el texto aprobatorio de un estatuto de autonomía en esta Cámara antes de su publicación y,además, para su extensión a todas las leyes orgánicas, diciendo que lo hace - y en esto es muy explícito - para dar los instrumentos a la minoría parlamentaria - o sea, a VOX, entre otros - para que la mayoría de la Cámara no pueda aprobar estatutos deautonomía u otras leyes orgánicas que atenten contra la Constitución, como señalan que ya sucedió en el pasado, como presumen que sucederá en el futuro y como en la actualidad dicen que sucede con buena parte de la legislación ordinaria y con lasleyes orgánicas aprobadas por una mayoría - sigue diciendo - que se dice de progreso y que, en muchas ocasiones, supera el régimen plasmado en la Constitución sin respetar sus procedimientos de reforma, llegándose a afirmar - esto sí, en el debate dela toma en consideración - que la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad sería un acto contrario a la unidad nacional, lo cual, desde nuestro punto de vista, no deja de ser una afirmación vana y sin contenido, ya que el recurso previoha estado sin vigencia durante treinta años, recuperándola en 2015. Y, además, esa eventual vulneración de la unidad nacional nunca tendría su origen en el texto de un estatuto aprobado en un Parlamento autonómico para su adopción o reforma, sinoen esta Cámara, en las Cortes, bien porque las Cortes lo aprobara sin cambios o bien porque los cambios introducidos la produjera. En definitiva, señorías, para no repetir los argumentos expuestos durante la toma en consideración, quiero señalar que, en nuestra opinión, en política legislativa, el recurso previo de inconstitucionalidad sólo tiene sentido con respecto a las normas ajenas a la voluntad del Parlamento. Ampliarla hacia la actividad del Parlamento, desde nuestro punto de vista, no deja de ser una regulación de desconfianza preventiva de las Cortes hacia sí mismas en cuanto a su voluntad y capacidad de defensa de la misma Constitución, algo, señorías, que políticamente me resulta inaudito, y más inaudito aún, si esto fuera así, que no se extienda esta desconfianza preventiva hacia toda la actividad legislativa de esta Cámara, como denuncia y ha denunciado en repetidas ocasiones el Grupo Parlamentario VOX. Por lo que se refiere al nuevo régimen jurídico para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, las enmiendas a la totalidad proponen su no derogación ni modificación parcial, sin argumentación distinta a la ya expuesta en el debate de toma en consideración de la proposición de ley de nuestro grupo parlamentario. Sintéticamente, se nos viene a decir lo mismo de manera apodíctica: es algo inherente a la función jurisdiccional. Esto no es correcto. Es una decisión del conjunto de la Constitución. No está en todas las constituciones que tienen Tribunal Constitucional y hay países que en épocas lo han tenido y en otras no. También se nos dice que es algo necesario para no debilitar al Tribunal Constitucional,cosa que se dice también de manera apodíctica. Dice: Por nuestra parte, hay que recordar que la propuesta de derogación o en su caso modificación de la Ley Orgánica 15/2015 no es algo peregrino, como en alguna ocasión se manifestó, sino que tiene sólido apoyo en los votos particulares - contundentes votos particulares - a las dos sentencias que se han citado, y por esos contundentes votos particulares, algunas de las funciones que se le atribuyen no tienen cabida en el modelo de jurisdicción constitucional que el conjunto de la Constitución diseña. Se me ha acabado el tiempo, señorías. Muchas gracias. Confío en que estos votos particulares no tengan el apoyo de la Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias a los servicios de la Cámara. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
Gracias, presidenta. Buenas tardes otra vez. Voy a empezar diciendo que vamos a votar a favor de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular y que nos abstendremos en relación con la enmienda que ha planteado VOX. En definitiva, la cuestión, lo que hay que decidir, es cuál es elmotivo, la razón por la cual el Partido Nacionalista Vasco plantea esta reforma. ¿Qué interés puede tener en evitar, en anular el control previo de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía? Desde luego - se ha dicho antes desde esta tribuna -, no nos van a engañar. Está absolutamente claro. Se trata de bordear la Constitución, se trata de hacer reformas de los estatutos de autonomía, incluso a veces patentemente inconstitucionales, después someterlas a referéndum y,finalmente, el Tribunal Constitucional dice que son inconstitucionales y el malvado Estado español se opone a la soberanía del pueblo vasco o del pueblo catalán, sobre esa falacia de que la soberanía existe en España troceada por pueblos, en lugar de corresponder a toda la nación española: la soberanía nacional. Lo ha dicho correctamente el señor Legarda, sin ocultarse, cuando ha manifestado que se trata de evitar el choque de legitimidades. No; es que no existe ningún choque de legitimidades. En España, lo legítimo es lo que está de acuerdo con la Constitución, no lo que se somete a referéndum siendo inconstitucional. Se trata de provocar ese choque de legitimidades, que se evita mediante la existencia, precisamente, de ese control previo de constitucionalidad de los estatutos de autonomía. Es verdad que el Grupo Parlamentario Vasco suele ser recatado en sus expresiones, pero aquí se le ve el plumero. Dice que estamos hablando de un control preventivo - sí, claro, preventivo -, pero dice que es un control también represivo. Elcontrol represivo del Tribunal Constitucional respecto a los estatutos de autonomía sitúa al Partido Nacionalista Vasco en la dialéctica que utilizan también Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Bildu e incluso la CUP cuando se ledicta una sentencia que no le gusta. Miren, si no les gusta lo que dice el Tribunal Constitucional, lo único que tienen que hacer es acatarlo, acatarlo, cumplirlo. Son estas cositas que tiene el Estado de derecho. Todo eso, lógicamente, lo suelen hacer todos estos grupos parlamentarios que cito con el apoyo del socio de Gobierno, con el apoyo de Podemos, que siempre aparece cuando se trata de defender la soberanía troceada, cuando se trata de defender que existen jueces que son el brazo armado de la derecha - como dice Podemos -, incluso cuando se eleva el tono y se dice que el señor Puigdemont está a la altura de alguien como Antonio Machado, que se tuvo que exiliarse de España por la Guerra Civil, o cuando votan en contra del artículo 155 de la Constitución cuando hay que restablecer la legalidad constitucional. Yo creo que con esto queda claro a quiénes nos referimos nosotros - el resto de los grupos de la Cámara - cuando hablamos de los constitucionalistas. A ustedes,señor Legarda, no nos referimos, evidentemente. Miren, es que es muy importante lo que hace el Tribunal Constitucional. Lo que hace el Tribunal Constitucional es comprobar que existe esa adecuación de las leyes, de los Estatutos de Autonomía, de las leyes orgánicas a la Constitución. Ustedes dicen en su argumentación que la Constitución es una imposición. ¿Cómo que una imposición? La Constitución española fue votada en 1978 por una amplísima mayoría y es la protagonista del mayor progreso social, económico y en materia de libertades que ha experimentado este país en varios siglos. Imposición es aquello que queda al margen de la ley, imposición es cuando no se respeta el ordenamiento jurídico; no es imposición cuando el Estado de derecho impone respetar la Constitución y la ley. Sí, bueno, también es cierto que a lo mejor el Partido Socialista de Cataluña no ha ayudado mucho, ¿verdad?, con aquellas manifestaciones que encabezaba el señor Montilla diciendo que iban a ir contra los tribunales. Además, dicen ustedes otra cosa, señores del Grupo Parlamentario Vasco; dicen otra cosa curiosisima, que es que el Tribunal Constitucional impide al Congreso debatir. En este Congreso, donde se permite jurar y prometer el cargo como a uno le da la gana, sin ningún tipo de cortapisas; en este Congreso, donde se puede hablar de lo que uno quiera, donde casi prácticamente nunca se llama al orden a alguien; en este Congreso, donde se habla de esa infame mesa de diálogo con el separatismo catalán, ustedes dicen que el Tribunal Constitucional hurta el debate al Congreso. Pues, miren, yo no lo entiendo. Debate hurtado o silencio era lo que imponía a mi compañero, José María Espejo - que está ahí sentado -, Esquerra Republicana de Catalunya en Cataluña cuando no nos dejaba hablar a los constitucionalistas. ¡Eso es imponer la ley del silencio!, ¡eso es impedir el debate! Usted lo sabe bien, España - el Tribunal Constitucional lo ha dicho - no es una democracia militante. Aquí se permite defender incluso posiciones políticas diferentes o contrarias a lo que establece la Constitución, siempre que se defiendan a través de procedimientos democráticos. En otros países de nuestro entorno no sucede así; por ejemplo, en Alemania. Aquí usted puede decir que es independentista, aquí hay unos señores que dicen que España tiene que ser una república federal, aquí hay unos señores que dicen no sé qué de un estado plurinacional - que no saben ni ellos de lo que están hablando -, aquí hay otros señores que más o menos se refieren a una España, una, grande y libre. Cada uno dice lo que quiere, aquí cada uno dice lo que quiere, no hace falta acatar o aceptar la Constitución. Es lo que tiene nuestra libertad, libertad siempre dentro del Estado de derecho. Por eso es fundamental que exista el control previo de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía,porque integran el bloque de la constitucionalidad y sirven de parámetro de referencia para controlar la legalidad de las normas jurídicas en bloque del ordenamiento jurídico, por eso es absolutamente fundamental. Por eso no vale el argumento de que el Tribunal Constitucional impugna el poder del pueblo o impugna las urnas; ¡no!, ¡se impugnan las urnas, se impugna la voluntad del pueblo cuando se aprueban leyes dolosamente ilegales buscando la inconstitucionalidad y buscando el referéndum para alentar el choque de legitimidades! ¿Sabe qué le digo? Que las instituciones importan, que la democracia parlamentaria importa y que el Estado de derecho importa, o por lo menos a mi grupo parlamentario sí le importa. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias a los servicios de la Cámara. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, las enmiendas de totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular son claramente una involución sobre la normativa vigente. Las propuestas legislativas del PNV son dos de las muchas medidas que se tendrían que emprender si hubiera una verdadera voluntad de acercar la vida política de este Estado a los principios constitucionales propios de una democracia plena y sacarlo de esta vía autárquica a la que ha tendido siempre; una vía antidemocrática en la que ahondó en 2015 la mayoría absoluta del Partido Popular, después del éxito de la consulta catalana del 9 de noviembre de 2014, promoviendo una batería de reformas legislativas con el único objetivo de bloquear judicialmente las demandas democráticas del pueblo de Cataluña y preparar la represión que vendría después. Voy a empezar por la Ley Orgánica 15/2015, que otorgó al Tribunal Constitucional instrumentos de ejecución de sus propias resoluciones, una peligrosa intromisión en las funciones de los parlamentos y, por lo tanto, una afectación antidemocrática de la autonomía parlamentaria y una vulneración de la inviolabilidad de los parlamentos y de la separación de poderes; conceptos, todos estos, la inviolabilidad de los parlamentos y la separación de poderes, que aún no he oído aquí. Todo por la patria olvidando, como recuerdan los votos particulares de la sentencia del Tribunal Constitucional, que la reforma rompió con el diseño constitucional y los equilibrios que procuraba el poder constituyente entre los diferentes órganos constitucionales, porque sitúa al Tribunal Constitucional en un rol ejecutivo ajeno a su naturaleza constitucional. Lo más lamentable de todo - recuérdenlo - es que en 2015 esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se presentó bajo una apariencia claramente electoralista. La proposición de ley la registró en septiembre de 2015, pocas semanas antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, el señor Xavier García Albiol, que ni tan siquiera era diputado, sino candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas. García Albiol, cuando presentó en el registro la iniciativa legislativa, dijo: La broma se ha terminado. Y creo que acertó, porque dejó en evidencia la broma de la democracia española del régimen de 1978. Desleal, innecesaria, irresponsable o unilateral fueron los adjetivos utilizados por todos los partidos, incluido el PSOE, en el debate parlamentario. Incluso el expresidente del Gobierno, don Felipe González - me extraña citar, pero así me encuentro -, dijo: Parece un disparate. La aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la aplicación de estas medidas de autotutela del Tribunal Constitucional ha llevado a que los parlamentarios y, en concreto, los miembros de las mesas sean perseguidos como si fueran simples autoridades administrativas o funcionarios que desobedecen a una autoridad superior y no representantes de la soberanía popular; un desprecio al principio democrático y a la inviolabilidad de los parlamentos inaceptable en democracia. Otro ejemplo grotesco de la aplicación de esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue la imposición de multas coercitivas de 12 000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral del referéndum de independencia de Cataluña, multas que podían llegar hasta los 30.000 euros. Como miembro de esta sindicatura electoral, yo tuve el honor de recibir estas ridículas multas del Tribunal Constitucional. Fíjense, unas cantidades fijadas sin ningún procedimiento previo, sin ninguna contradicción en el procedimiento y sin ninguna proporción con las conductas que se pretendía prohibir, ni tampoco con la capacidad económica de las personas que las estaban recibiendo. Eran unas multas coercitivas que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado que tienen un carácter manifiestamente punitivo y un contenido penal. Por su parte, la Ley Orgánica 12/2015, que restableció el recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica y estatuto de autonomía, supone una intromisión del Tribunal Constitucional en el ejercicio del poder de reforma estatutaria totalmente contraria a la separación de poderes. El recurso previo es un mecanismo de tutela política que solo sería aceptable desde una visión torpemente unitarista del Estado, un control político ex ante de la soberanía popular. Los estatutos son el producto de la voluntad democrática expresada, primero, por los parlamentos autonómico y estatal y, después, por el pueblo en referéndum, y deben quedar al margen de cualquier control o vacuna previos de inconstitucionalidad. La injerencia preventiva del Tribunal Constitucional pone vetos al proceso democrático y destruye la legitimidad del propio Parlamento como representante de la soberanía popular, y esto es más grave si tenemos en cuenta que los estatutos no son una ley cualquiera, son normas cuasi constitucionales, que tienen un contenido cuasiconstitucional, que están refrendados por el pueblo y que constituyen, en definitiva, una norma paccionada entre los territorios, las comunidades autónomas, las nacionalidades y las Cortes Generales. Finalmente, VOX nos brinda esta magnífica propuesta de resucitar el control preventivo de las leyes orgánicas, que en definitiva no supone nada más que ahondar en la desconfianza en el sistema democrático y alterar la naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Con esta propuesta, el Tribunal Constitucional pasaría a ser definitivamente una tercera cámara con funciones políticas, que ejercería de defensora de la Constitución, un concepto de constitución interna totalmente desconocido en los sistemas jurídicos democráticos y, en definitiva, un veto político que se otorga a un órgano no democrático, como es el Tribunal Constitucional. Lo que me extraña es que ustedes, señores de VOX, no hayan propuesto también modificar la composición del Tribunal Constitucional para permitir que al menos una parte de sus miembros sean de designación real, porque esto es lo que les gusta, la democracia orgánica. A ustedes, señores de VOX, les gusta lo orgánico,la democracia orgánica, el parlamentarismo orgánico de las Cortes Españolas, el parlamentarismo de los Tercios: familia, municipio y sindicato. Por todas estas razones, Junts va a votar en contra de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor Pagès. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Gracias a los servicios de la Cámara. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
Querida vicepresidenta, queridos compañeros. Señor Ortega Smith, querido Javier, en la defensa de su enmienda ha incidido en algo que hemos oído muchísimas veces en esta Cámara - pero que no me deja desorprender - por parte de las derechas, y es la afirmación de que Euskal Herria es una ensoñación nacionalista. Yo ya lo he repetido. Creo que no es legítimo hacer política sobre la falsedad, sobre la mentira. Euskal Herria no es ninguna ensoñación, es la forma en la que los vascos, en nuestra lengua, nos llamamos a nosotros mismos. Punto. Punto, así de sencillo. Nos llamamos Euskal Herria; cuando hablamos en castellano, nos llamamos País Vasco o pueblo vasco; los vascos que viven en Francia se llaman a sí mismos, cuando hablan en francés, Pays Basque, y en inglés se dice Basque Country. Eso existe, no es una ensoñación. No se puede llamar ensoñación a la realidad, a algo que pueden encontrar en Google o en la Wikipedia. Si en vez de dedicarse a sembrar odio se dedicaran a formarse un poco, a instruirse, lo entenderían. Un objetivo político, no una ensoñación, sería querer la independencia de quienes la quieran. Negar la realidad objetiva de la existencia de Euskal Herria es simplemente intentar hacer política sobre la maldad, sobre la falsedad o sobre la ignorancia. Nada más, es así de claro. Entrando en la cuestión que nos trae aquí, la reforma del Tribunal Constitucional, debo decir que la admisión a trámite por parte de esta Cámara de la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es una oportunidad. Es una oportunidad para empezar a hacer las cosas mejor, para empezar a reformar, a regular las leyes que suponen el estatuto de una de las instancias más altas del Estado sobre la base de consensos amplios, sobre la base de negociaciones, sobre la base de concesiones. Es un momento de calma en el que podemos abordar esto, no como se abordó la vez anterior, no como se hizo con las reformas de la Ley Orgánica 12/2015 y de la Ley Orgánica 15/2015. Esa fue la forma en la que no se deben hacer nunca las cosas. Nunca se deben hacer leyes que son la base del funcionamiento de una de las altas instancias del Estado, de la instancia que tiene la función tan importante de ser intérprete supremo de la Constitución, y regular mediante normas ad hoc creadas para solucionar los problemas de la incapacidad de la política; para buscarle solución a un problema, lo que hacemos es crear una norma ad hoc. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en algún caso utilizando un procedimiento de urgencia para que no haya debate y para que se aprueben las cuestiones por la puerta de atrás. Esa no es la forma. Ahora sí tenemos la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien; no solo tenemos la oportunidad, tenemos la obligación de corregir errores del pasado. Tenemos que regular estas altas instancias del Estado con el debido respeto institucional, que no se ha tenido. Hay que regularlas con calma, hay que negociar, hay que llegar a consensos, y lo que no puede hacer, una vez más, son reformas de partido único. Afortunadamente, ya no está la mayoría absoluta de aquel Partido Popular que le daba legitimidad para hacer una reforma de partido del Tribunal Constitucional; afortunadamente hoy en día eso no se puede hacer, y tenemos que juntarnos, tenemos que hablar, tenemos que negociar, tenemos que trabajar y tenemos que mejorar la proposición. Eso es a lo que estamos obligados en este momento. Nos oponemos a estas dos enmiendas que se plantean por parte del Partido Popular y de VOX. ¿Y por qué nos oponemos? Nos oponemos por razones de forma y de fondo. En el caso del Partido Popular es evidente, es decir, simplemente por razones de congruencia. Es incongruente que esta Cámara admita a trámite la reforma de una ley orgánica y que alguien haga una enmienda a la totalidad que suponga que no se vaya a reformar, sino que se vuelva al texto anterior. Oiga, si ya lo hemos admitido a trámite, es que la queremos mejorar, luego no me diga usted que volvamos para atrás, porque eso sencillamente sería una incongruencia con la decisión que tomamos cuando admitimos a trámite esta reforma. Entonces, nos oponemos a la enmienda del Partido Popular por mera congruencia legislativa, por mera congruencia en nuestro trabajo parlamentario. En cuanto a la moción de VOX, digo lo mismo. ¿Qué es lo que supone en el fondo? Supone una vuelta de tuerca más a esta reforma de partido que fue en su momento la del Partido Popular. La enmienda de VOX supone simplemente exacerbar la utilización de la cuestión previa, llevarla incluso a todas las leyes orgánicas, a pesar de saber cuáles son las consecuencias de que eso se haga así; precisamente por eso fue modificado. Al señor Edmundo Bal, le digo lo mismo. Ha hecho una apología como si el hecho de que no hubiera una cuestión previa fuera algo antidemocrático, separatista. Entonces, ¿todos los países de Europa que tienen tribunales constitucionales y no tienen recurso previo son independentistas, rojos o separatistas? Sinceramente, a mi querido amigo Edmundo Bal no le sienta bien hiperventilar, no le sienta bien desquiciar, porque en ese juego siempre va a haber gente que le gane. Hace unos días su compañero de Ciudadanos presentó la defensa de los derechos de los animales y otra compañera presentó ayer mismo la defensa de los derechos trans. Eso es hacer política constructiva, política propositiva. Eso le sienta mucho mejor que hiperventilar y que desquiciar, y ahí es donde debemos encontrarnos. En consecuencia, nos oponemos, y nos oponemos por razones de forma y por razones de fondo. Por razones de forma, porque fue una reforma ad hoc, porque fue una reforma de partido único, porque se hizo por procedimiento de urgencia, porque no supone respeto institucional y no tiene los consensos fuertes que requiere el respeto institucional a una alta instancia del Estado. Por eso nos oponemos, pero nos oponemos también por razones de fondo que tendremos oportunidad de expresar en la tramitación, dónde estamos dispuestos a negociar, a consensuar y a llegar a acuerdos, que es para lo que nos busca la política. Sobre todo aprendamos una cosa: lo que no podemos hacer es desquiciar la política; hacer que no funcione el sistema político; crear más barreras, más fronteras y más trincheras entre nosotros; desquiciar los problemas y luego crear soluciones ad hoc, atribuyéndoselas a la justicia para que nos lave los trapos sucios. No; tenemos que solucionar nuestros problemas, tenemos que hacer una política propositiva, una política que se base en los consensos, en los acuerdos y en políticas útiles. Esto de intentar judicializar la política, igual que lo de politizar la justicia, es una auténtica barbaridad. Necesitamos política buena, política que negocia, política que acuerda, política que crea consensos, política que cura heridas, política que cose descosidos, y la necesitamos no solo en lo territorial, sino a todos los niveles. Hagamos política de verdad, que es para lo que nos pagan. Solucionemos los problemas de este país y dejemos de desquiciarnos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Uriarte. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Gracias a los servicios de la Cámara. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza González.
Señorías, señora, presidenta, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de las dos enmiendas a la totalidad por razones diferentes a las que aquí se han expuesto hasta ahora. Hemos escuchado una serie de discursos, algunos de ellos discursos rancios del nacionalismo español, que no pueden justificar en ningún caso las decisiones que en su día, en el año 2015, se tomaron respecto a la reforma de la Ley Orgánica Del Tribunal Constitucional; motivos entendemos que hay otros. La existencia de recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre las propuestas de reforma estatutaria está justificada en línea con lo defendido por la mayor parte de la doctrina. Se trata de evitar la situación compleja que se produce ante la eventualidad de que el Tribunal Constitucional tuviera que declarar inconstitucional una norma que ya hubiera sido sometida a consulta a la ciudadanía. Esto hay que evitarlo de todo punto. Existen otros motivos que aconsejan un previo pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. En primer lugar, la pertenencia de dicha norma, de un estatuto de autonomía, al denominado bloque de constitucionalidad. La efectiva entrada en vigor de una considerable cantidad de preceptos del estatuto de autonomía objeto de reforma conlleva siempre la necesaria adaptación y modificación de numerosas normas vigentes, y no puede obviarse la importancia política que un rápido pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional tendría respecto a los procesos de reforma estatutaria, evitando el enquistamiento de conflictos abiertos durante los años que pueden transcurrir hasta un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional en el caso de no existir el recurso previo. Por tanto, en esos términos defendemos la existencia de este recurso previo, pero no en los términos que han sido aquí expuestos por distintas fuerzas políticas. En todo caso, esta posición no se contrapone con la defensa del diálogo y la negociación, como ha hecho siempre el Partido Socialista en los procesos de reforma de los estatutos de autonomía del conjunto de las comunidades en España. La segunda parte de la enmienda a la totalidad que aquí se ha presentado por parte de VOX y del PP se plantea de cara a la ejecución de las resoluciones con mayor efectividad si cabe del Tribunal Constitucional. Consideramos que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 16 de octubre de 2015, le otorgó, con los votos exclusivos del Partido Popular, que tenía mayoría absoluta, nuevos mecanismos extraordinarios para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, bien por sí mismo, bien a través de cualquier poder público. Probablemente, el aspecto más problemático de esa reforma lo constituye la atribución al Tribunal Constitucional de la potestad de apartar a los cargos públicos de sus funciones. Esto podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma, lo que afecta, sin duda, a la posición sistémica de la arquitectura constitucional española. Este tipo de competencias, desde nuestro punto de vista innecesarias y desorbitadas, no han aportado realmente nada nuevo a la capacidad del Tribunal Constitucional durante los treinta y cinco años que tuvo hasta entonces para hacer ejecutables y cumplibles sus resoluciones y sus sentencias. El PP insiste todavía hoy en esta parte de su enmienda en dotar al Tribunal Constitucional de nuevas medidas, medidas innecesarias y desorbitadas para la ejecución de las resoluciones del tribunal y, como de manera brillante expusiera el portavozsocialista Antonio Hernando en el debate del Pleno del 16 de septiembre de 2015, nos ratificamos en la consideración de que la reforma introducida entonces - por la fuerza, repito, del Partido Popular, que tenía mayoría absoluta - supone, y esto es lo grave, cambiar la naturaleza de la jurisdicción constitucional del tribunal; cambiar la naturaleza jurisdiccional del tribunal. [[La señora]] Esta reforma que queremos derogar en el transcurso de la tramitación de esta proposición de ley supone también un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales y una invasión del Tribunal Constitucional hacia otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Las nuevas medidas y mecanismos incorporados a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desde septiembre u octubre del año 1995, concretamente en su artículo 92, se traducen en un empoderamiento innecesario y desorbitado del Tribunal Constitucional en el plano político, en el plano procesal y también en el plano punitivo. Pero esta reforma tiene una historia detrás - y se ha explicado aquí -, y es que en el Pleno del 1 de octubre de 2015, el PP, por razones exclusivamente de interés electoral y pensando y analizando lo que estaba aconteciendo en el procés de Cataluña, aprobó la reforma de una ley por necesidades o conveniencias electorales. Esto ha supuesto, sin ninguna duda, un armar - expresión que utilizó el ponente del Partido Popular, señor Gómez de la Serna - jurídicamente al Tribunal Constitucional, pero ese discurso, ese planteamiento, como digo, atendía únicamente al proceso que vivía Cataluña en aquella época, año 2015, tras una consulta realizada por el president Mas en noviembre de 2014. Era, por tanto - es verdad -, una reforma de la ley condicionada por esa consulta y, sin embargo, luego volvimos a ver, en el año 2017, otra nueva consulta, en este caso, un referéndum por la autodeterminación. Porque lo importante no eran los poderes que se concedían, que se ampliaban al Tribunal Constitucional, sino que realmente lo que funcionó fue la aplicación del artículo 155, porque la ley orgánica ya tenía instrumentos, mecanismos suficientes para aplicar y hacer efectivas sus resoluciones. Por último, quiero señalar que hoy también tenemos un elefante en esta sala que no se quiere ver, y es el problema de la renovación...
Señor Elorza, tiene que terminar, por favor.
Acabo, señora presidenta. ... o, mejor dicho, el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, que cumple ya dieciocho meses sin que se haya procedido a esa renovación. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Elorza.
Gracias, señora presidenta. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO [[UE]] 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. [[Número de expediente 121/000053]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de aplicación del reglamento [[UE]] 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.
Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017 constituyó un hito en el proceso de integración de los Estados miembro de la Unión, así como un paso de gigante en la lucha contra la corrupción y el fraude a gran escala. Ahora, después de cuatro años de preparativos, la institución está a punto de iniciar su funcionamiento, lo que sin duda supondrá otro punto de inflexión en la conformación de una Europa unida. Desde los inicios del proyecto europeo, España es uno de los países más comprometidos con la creación y el diseño del espacio común de libertad, seguridad y justicia. Muestra de ello es su participación activa en la implementación y desarrollo de todas las instituciones precursoras de un sistema armonizado de lucha contra la delincuencia. Pero si de algo en concreto ha sido especialmente impulsor nuestro país es de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea, señorías, supone un salto cualitativo en el proceso de convergencia, ya que su activación supone que por primera vez en la historia una institución supranacional va a operar de forma cotidiana y directamente en el marco de nuestro sistema judicial, y España, que ha estado luchando por esta institución desde un principio, no puede, no debería fallar ahora. No cumplir en este momento, después de haber liderado la marcha desde el inicio, significaba una derrota para todos. Nos jugamos nuestra reputación como país impulsor del espacio común. Estamos ante una política de Estado, y les recuerdo que para construir un país es necesario estar juntos en cuestiones como esta, donde es la posición de España en Europa lo que está en juego. Los pequeños intereses y posiciones tacticistas deben quedar fuera de esta ecuación. La Fiscalía Europea está llamada a ser un mecanismo fundamental de protección del Estado del bienestar de todos los ciudadanos europeos, ya que protegiendo el gasto público de la Unión de conductas como el fraude y la corrupción se salvaguardan derechos y políticas públicas como la sanidad y la educación. De hecho, en el momento actual, ante un plan de gasto público sin precedentes propiciado por Ante la pandemia, resulta especialmente apremiante reforzar las medidas de control y supervisión de esos fondos europeos. Por eso, no es extraño que la fiscal general europea ya haya señalado la importancia de esta institución en el marco del Plan de recuperación para Europa, poniendo de relieve la conexión existente entre ambos. Oponerse a implantar la Fiscalía Europea u obstaculizar su entrada en funcionamiento supone simplemente impedir el normal funcionamiento de las instituciones comunitarias, pero sobre todo supone poner palos en la rueda a la lucha contra la corrupción en España y en Europa, con el consiguiente desprestigio que ello acarrearía de cara a nuestros socios. Pues bien, como todos ustedes saben, para cumplir con los compromisos contraídos lo que debemos hacer es adaptar nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento de la Fiscalía Europea. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, según el considerando 11 de esta norma, que - debemos recordar - es de aplicación directa, a la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen las funciones siguientes: investigar, procesar, llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Además, el reglamento también establece que organizativamente esta nueva institución estará estructurada en un nivel central y un nivel descentralizado, dotados ambos de facultades para investigar y ejercer la acción penal. Como ya he dicho y diré las veces que haga falta, la Fiscalía Europea es un organismo de la Unión Europea tan novedoso como crucial, y ello en el marco de la lucha contra la corrupción. En un futuro inmediato será el encargado de perseguir conductas criminales como el fraude de ayudas o subvenciones europeas, corrupción que afecte a fondos transferidos por la Unión Europea o delitos graves de defraudación del IVA transfronterizo. Y todo ello lo hará desde un posicionamiento que actualmente no tiene reconocimiento jurídico en nuestro ordenamiento nacional, la del fiscal investigador o fiscal a cargo de la investigación. Ese es el modelo generalmente aceptado en estos países de nuestro entorno, el que con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Reglamento de la Fiscalía Europea puede considerarse ya parte del acervo jurídico característico de la Unión Europea. Por eso, señorías, y no por casualidad, la Fiscalía Europea nace ya como una institución a cargo de la investigación penal. Efectivamente, estamos hablando de introducir, por imperativo de la Unión Europea, el fiscal investigador en nuestro ordenamiento jurídico, y si se tiene en cuenta toda esa actividad indagatoria que los fiscales europeos van a desarrollar en virtud de su propio reglamento, es evidente que el ejercicio de adaptación procesal que se pide hacer a los Estados miembros nos resulta tan simple en el caso de España como el Partido Popular pretende hacer ver. No debe olvidarse que, tal y como se dispone en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en España aún conservamos la figura del juez instructor como único responsable de la investigación, recayendo con carácter exclusivo y excluyente sobre su persona la facultad de dirección y el impulso de toda actividad indagatoria. Por eso la implantación de la Fiscalía Europea requiere en nuestro país inevitablemente de una regulación propia; una regulación capaz de adaptar nuestro modelo decimonónico a la nueva realidad jurídica que el reglamento nos impone y que no encuentra acomodo en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. Concretamente, se requiere de una base normativa que permita al fiscal europeo asumir las funciones de investigación y promoción de la acción penal, al tiempo que se salvaguardan las garantías constitucionales a través de la creación de una autoridad judicial nacional configurada con el estatuto de auténtico tercero imparcial, encargado de velar por la tutela de los derechos fundamentales. Señorías, careciendo como carecemos actualmente de previsión legal alguna que permita dirigir e impulsar la investigación a los fiscales, así como de base para atribuir facultades a los jueces para ejercer funciones de control sobre la investigación realizada por estos, resulta obvio - insisto, resulta obvio - que la única vía para hacer realmente efectivo el Reglamento de la Fiscalía Europea es a través de una norma de procedimiento especialmente concebida para implantar esta institución en nuestro ordenamiento jurídico. Entrando un poco más en detalle, para que el fiscal europeo pueda actuar eficazmente en los términos establecidos por su reglamento, es necesario dar regulación, como mínimo, a aspectos hoy no regulados, tales como: el régimen jurídico de las resoluciones que podrán ser acordadas por el fiscal europeo investigador; la implantación de la figura del juez de garantías, así como la determinación de su competencia y facultades; la articulación de un sistema de recursos que permita impugnar las resoluciones dictadas por el fiscal europeo y por el juez de garantías; la reforma en que las acusaciones particulares van a incorporarse a un proceso dirigido por el fiscal en fase de investigación; las garantías específicas que el sujeto pasivo del proceso debe tener ante la actuación del fiscal investigador; las especificidades de ciertas figuras propias de nuestro ordenamiento jurídico como la conformidad, la entrega vigilada y la interceptación de comunicaciones cuando están a cargo del fiscal; la regulación aplicable a las investigaciones transfronterizas que pueden realizar los fiscales europeos delegados en España en asistencia a otros fiscales europeos y viceversa. En resumidas cuentas, señorías, a día de hoy, nuestro ordenamiento jurídico no dispensa el soporte jurídico normativo necesario para que la Fiscalía Europea desempeñe sus funciones en España ni que pueda hacerlo con total cobertura, al menos mientras no tengamos aprobada la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo diré más claro: ni el reglamento es suficiente para permitir operar a la Fiscalía Europea en nuestro país ni la Lecrim prevé reglas básicas necesarias para que este organismo pueda desempeñar las funciones que le otorga su estatuto. Dar solución a estas cuestiones con el objeto de adaptar nuestro ordenamiento al reglamento es precisamente lo que hace de forma coherente y sistemática el proyecto que hoy nos trae aquí. No les quepa duda de que, en ausencia de una previsión legal completa y coherente, la inaplazable aplicación directa de lo dispuesto en el Reglamento de la Fiscalía Europea nos conduciría a un caos jurídico del todo inasumible. Y no, aquello a lo que el Partido Popular llama texto alternativo, y que no es más que la reproducción de algunos artículos del proyecto de la ley del Gobierno - es decir, un mal ejercicio de corta y pega -, resulta claramente insuficiente para dar respuesta a alguna de las cuestiones anteriormente citadas. De hecho, el texto se limita a rescatar la parte orgánica de la norma sin aportar solución normativa alguna a las cuestiones de orden procesal que imperativamente deben resolverse si se pretende realmente implantar la Fiscalía Europea en nuestro país. Por eso hemos articulado un nuevo procedimiento especial, como el procedimiento regulado en la Ley del jurado o en la de menores, en la que, por cierto, ya se incorporó hace veinte años la figura del fiscal investigador en nuestro ordenamiento sin que nadie se echará las manos a la cabeza. Este procedimiento, que no contiene más aspectos que los estrictamente necesarios para hacer viable la incorporación de la Fiscalía Europea a nuestro sistema de justicia, es complementado en todo aquello no expresamente regulado por nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, con lo que no se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica, como se ha querido hacer ver en alguna ocasión, sino del cumplimiento de una obligación normativa que no puede esperar más. El liderazgo de España en materia de cooperación reforzada para la implantación de la Fiscalía Europea coincide en gran parte con el largo camino emprendido hace ya décadas por nuestro país hacia un nuevo modelo procesal penal, pero los tiempos que rigen uno y otro proyecto no son coincidentes. Mientras que habrá tiempo para que las Cámaras puedan debatir ampliamente la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía Europea se activa de forma inmediata, de hecho, la fiscal general europea ya ha propuesto formalmente como fecha de inicio de las actividades el inminente 1 de junio, es decir, dentro de unos días. Por eso es imperativo adaptar con la máxima urgencia nuestro ordenamiento jurídico a las previsiones recogidas en el reglamento, y hacerlo, como no puede ser de otra manera, en coherencia con los principios constitucionales que presiden nuestro sistema jurídico. Esta norma, que sin duda puede y debe ser objeto de debate, es el vehículo idóneo para conseguirlo a tiempo y hacerlo bien. Les invito, por tanto, a ser responsables y a que la construyamos todos juntos. Muchas gracias y buenas tardes. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Santamaría Ruiz.
Muchas gracias, señora presidenta. Me sumo al agradecimiento a los servicios de la Cámara por su trabajo, que hace posible este debate. También le agradezco al ministro Campo que comparta con mi grupo parlamentario expresamente sus vastos conocimientos jurídicos. La lástima es que no haga lo mismo en el seno del Consejo de Ministros, porque si no, a buen seguro, hubiera sido usted capaz de evitar el caos en el que se encuentra sumida España por no aceptar ese plan jurídico que le ha propuesto el Partido Popular. Jamás este país estuvo sumido en un caos jurídico como el que estamos viviendo en la actualidad. [[Aplausos]] Permítanme que comience mi intervención, señorías, explicándoles por qué hemos presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento de la Unión Europea 2017/1939, por el que se crea la Fiscalía Europea, y que lo haga en primer lugar para que a nadie le quepa la menor duda del carácter profundamente europeísta del Partido Popular y también para que nadie dude ni lo más mínimo del apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la idea de una Fiscalía Europea independiente - fíjese usted en el concepto de una fiscalía independiente, señor Campo - encargada de defender los intereses financieros de la Unión Europea, que no solo es una idea que nos gusta, que nos atrae y nos convence, sino que también nos seduce. Por tanto, señorías, que a nadie le quepa la menor duda de que estamos a favor y que lo que intentamos es mejorar la norma que ustedes han presentado. Señorías, en términos parlamentarios suele decirse que el esfuerzo vano suele conducir a la nostalgia, así que imagínense lo que sentimos en mi grupo cuando vemos que el señor Campo trae a esta Cámara un proyecto de ley en virtud del cual se regula una fiscalía independiente, mientras que en España el Gobierno del señor Sánchez condena a los españoles a convivir con la falta de rigor, con la ausencia de objetividad, con la no neutralidad, con la falta de imparcialidad y con la falta de apariencia de imparcialidad que significa tener a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. [[Aplausos]] Tal y como relató Lewis Carroll en su famoso libro, el Gobierno de Sánchez ha decidido o ha tenido a bien hablarnos desde ambos lados del espejo; de una parte, legislando para crear una fiscalía independiente, que apoyamos, y de otra,nombrando a Dolores Delgado fiscal general del Estado. Señorías, esto es un oxímoron jurídico, si me permiten la expresión, y una paradoja de la que nos sentimos muy pero que muy alejados. Por eso pensamos que el Gobierno del señor Sánchez debería tomar buena nota de este reglamento, que apuesta por la independencia, y corregir el tremendo desatino que supuso el nombramiento de la actual fiscal general del Estado. El señor Sánchez debería analizar los principios hacia los que la Unión Europea mira y apunta cuando se refiere al Poder Judicial y darse cuenta de que en Europa los vientos que soplan cuando se trata de hablar del Poder Judicial son los de la independencia y la salvaguarda del principio de separación de poderes, que en España este Gobierno y sus socios se dedican a erosionar y a bombardear constantemente, señor ministro de Justicia. Señorías, nuestra enmienda no persigue decir no a la Fiscalía Europea; nuestra enmienda lo que persigue es ser una enmienda a la totalidad a la forma de gobernar los asuntos jurídicos que tiene el señor Sánchez y que, como digo, ha logrado crear en España el mayor caos jurídico de toda nuestra historia, al que hay que poner fin de una vez por todas. Nuestra propuesta, que usted ha descalificado, en relación con la Fiscalía Europea respeta buena parte del articulado original, porque queremos que se lleve a buen término. Respeta la parte destinada a crear una fiscalía independiente capaz de velar por los intereses financieros de la Unión Europea, por ejemplo. Pero, por otra parte, propone suprimir todos aquellos artículos y disposiciones en los que el Gobierno tiene un objetivo, que es sustraer a esta Cámara el debate de una cuestión de mucho mayor calado, cuál es la de la instrucción por parte de los fiscales del proceso penal. Ustedes han venido aquí sin consensuar,sin dialogar, sin la reflexión serena, sin el debate reflexivo previo a la aprobación o encontrarnos con ese articulado. Por eso proponemos la derogación de más de un centenar de artículos y disposiciones en las que el Gobierno, sin negociación alguna, ha decidido adelantarse a ese debate parlamentario que se planteará, a buen seguro, cuando llegue a esta Cámara la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señorías, no podemos consentir que el Gobierno hurte al Parlamento, a los operadores jurídicos y a la sociedad en su conjunto un debate sobre una cuestión tan relevante como la presente y que esa ley, en su largo articulado, da por aceptada,debatida y consensuada, una cuestión que - vuelvo a insistir - está muy lejos de haber alcanzado un acuerdo mínimo entre todos los partidos, entre todos los operadores jurídicos. Admitir dicho articulado, como propone el Gobierno, implicaría un menoscabo en la facultad libre y soberana que tiene el legislador para decidir sobre esa cuestión. Por tanto, nuestro partido dice no, en beneficio del parlamentarismo y también de los intereses de todos los grupos parlamentarios. Cuando se trata de tocar las normas básicas que regulan nuestra convivencia - y qué duda cabe que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de ellas, una de las más importantes - hay que ir de frente, hay que apostar por el diálogo, por la reflexión serena y, en la medida de lo posible, también por alcanzar acuerdos, y en este caso, ni se ha intentado ni se ha producido. El Gobierno olvida ahora una cuestión a la que usted no ha hecho referencia, y es que el reglamento europeo no impone necesariamente el cambio en el modelo de la investigación penal. No es obvio, señor Campo, no es obvio. De hecho, otros países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica y Eslovenia, han previsto la coexistencia de la Fiscalía Europea con el sistema del juez instructor. Por tanto, el ministerio convierte la Fiscalía Europea en un banco de pruebas para la implantación del modelo de instrucción por parte del fiscal. No es obvio, señor ministro, no lo dice así la Unión Europea. Además, está la falta de decoro por parte del Ejecutivo, del que usted es parte, pues en la exposición de motivos con la que se presenta esa ley se dice - y leo literalmente -: se trata de utilizar el reglamento para dar un impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español, un nuevo vehículo hacia un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Olvida el Gobierno lo dispuesto en la consideración decimoquinta sobre la que se asienta el articulado del reglamento, que dice que el presente reglamento no afecta a los sistemas nacionales de los Estados miembros en lo que respecta al modo en que se organizan las investigaciones penales. No es obvio lo que usted ha dicho que es obvio. Por tanto, es imprescindible abrir un debate y una reflexión serena en ese sentido. Yo estoy convencido de que al resto de fuerzas parlamentarias les preocupan estas cuestiones y, por tanto, les pido que se rebelen contra esta forma de gobernar. Señorías, en definitiva, no solo presentamos una enmienda a la totalidad a lo que es el texto de la Fiscalía Europea presentando un modelo alternativo real y posible, sino que también queremos aprovechar para presentar una enmienda a la totalidad por la forma en que este Gobierno trata, asume y dirige los asuntos jurídicos que están generando en España, como digo, el mayor caos jurídico de toda su historia. Y esa forma de sustraer determinados debates que deben ser objeto del consenso entre las fuerzas políticas es a la que decimos basta. Decimos basta hasta que el Gobierno se dé cuenta de que del caos jurídico en el que estamos sumidos nace necesariamente la incertidumbre, y que del caos y la incertidumbre nace la inseguridad jurídica y la debilidad institucional. Y cuando las instituciones de un país son débiles, necesariamente ese país es débil. Por tanto, no es extraño que suceda lo que ha sucedido con la terrible crisis que ha planteado el Reino de Marruecos, donde ya sabe usted, porque así lo ha dicho el presidente Casado, que el Gobierno de España tendrá al lado al Partido Popular en todas las cuestiones que tengan que ver con la defensa de la integridad nacional y -¡ojo!, no lo olvidemos-también de la seguridad nacional y de la cooperación en materia terrorista. Señorías, un país fuerte es un país en el que no tiene cabida el caos jurídico en el que nos encontramos inmersos, así que me va a permitir el señor ministro, con la venia, que me tome alguna libertad para darle alguna sugerencia sobre cómo terminar con este caos jurídico. En primer lugar, dejen de recurrir a la fórmula del decreto-ley para gobernar. Están ustedes batiendo todos los récords históricos en lo que se refiere a la utilización de esta figura jurídica, con la aprobación de treinta y nueve decretos en los últimos doce meses y con la aprobación de cinco decretos adicionales en todo lo que va de este primer trimestre de año. Y no todos son motivados por razones de urgente necesidad, y no todos son motivados por la situación de pandemia que vivimos, de ahí que en estas últimas semanas se hayan producido sentencias del Tribunal Constitucional que han fallado contra esa forma de gobernar que utilizan ustedes para colocar a los señores Redondo e Iglesias en el CNI o para absorber las mutualidades administrativas. Y me temo que no serán las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional en este sentido, porque el decreto-ley que regula el recurso de casación - estoy convencido - seguirá ese mismo camino. Otra medida que le propongo, señoría. Le sugerimos que acepte el plan B jurídico que dé seguridad a los españoles en la desescalada [[aplausos]], como ha venido proponiendo el Partido Popular desde hace meses y al que ustedes se han negado sistemáticamente. Ayer mismo, señor Campo, usted afirmó en una entrevista que 'no es necesario cambiar la ley tras el estado de alarma'; repito: 'no es necesario cambiar la ley tras el estado de alarma'. Apenas unos días antes dijo, en una entrevista también: 'salvo que los tribunales digan lo contrario'. ¿En qué quedamos, señor ministro? ¿Es necesario, no es necesario o esperamos a lo que digan los tribunales? Y en este mismo orden de cosas, yo le ruego que me ayude a explicar la cuestión, y es por qué los españoles ejercemos nuestros derechos fundamentales de una manera desigual en función de la comunidad autónoma en la que residimos. ¿Me lo puede usted explicar? Porque yo no soy capaz de entenderlo y, lo que es mucho más grave, no soy capaz de explicárselo a mi hija de diecinueve años. Yo le pido sinceramente, de corazón, que usted me lo transmita, que me lo cuente, porque mí se me han acabado los argumentos para explicarle por qué ella no puede salir a la calle y sus amigas en otras ciudades de España sí que pueden salir la calle, porque yo no lo entiendo. [[Aplausos]] ¿Qué sentido tiene modificar el recurso de casación? ¿Se dan cuenta de que han fijado el recurso de casación con una doble consecuencia? Va a ser el Tribunal Supremo el que resuelva los choques o las diferentes medidas que los tribunales de Justicia adopten en materia de pandemia. ¿Pero no se dan ustedes cuenta de que, en consecuencia, los españoles culparemos al Tribunal Supremo si de su actuación o de su no actuación se deducen consecuencias pandémicas? Eso es una barbaridad,eso es delegar una responsabilidad para la que ustedes han sido elegidos y por la que ustedes son remunerados. Además, lo han hecho de una manera increíble y se lo he escuchado antes mencionar al señor Bal. Voy a parafrasear al señor Bal: lo han hecho negando la posibilidad de que cualquier individuo que vea afectados sus derechos fundamentales pueda recurrir a esa vía de casación. ¿Cómo vamos a proteger las personas de nuestros derechos fundamentales, que son nuestros, cuando se nos niega la posibilidad de acceder a la vía del recurso de casación? [[Aplausos]] Señoría, estamos, como digo - y voy terminando -, sumidos en un caos jurídico, al que se suma su no voluntad de comparecer. Nos deben veintiuna comparecencias en esta Cámara. Usted compareció ayer, pero compareció ayer porque está a punto de producirse la resolución del órgano sentenciador en materia del procés, y porque usted - y corríjanme si me equivoco - no se atreverá a venir a esta Cámara cuando se conozca la resolución de ese órgano sentenciador; por eso vino ayer y no vendrá - y,si no, ya me corregirá con su presencia en esta Cámara - cuando se conozca que Fiscalía y órgano sentenciador están en contra de otorgar el ejercicio del derecho de gracia a las personas condenadas por el proces.
Señor Santamaría, ha finalizado su tiempo.
Sí, termino enseguida. Simplemente quiero decirle, señoría, que en ese sentido, ¡ojo!, porque cuando se supera la discrecionalidad del Gobierno, se está hablando ya de prevaricación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Santamaría. [[Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
Gracias, señora presidenta. Señor Santamaría, me hubiera gustado que se centrara más en el proyecto de ley de Fiscalía Europea, que es lo que nos trae aquí, y no en todo ese batiburrillo, con el que nos ha demostrado la poca claridad de conceptos jurídicos que tiene su dificultad para explicárselo a su hija. Créame que le entiendo, puedo entenderlo. [[Aplausos]] Señoría, céntrese en lo que nos trae, en su enmienda a la totalidad. Le voy a decir una cosa. No intente mezclar churras con merinas porque no suele acabar bien. Le he explicado el porqué de ese debate, que no sustraerse a la Cámara - creo que lo estoy avivando - y que, por otra parte, coincide con siete años del Partido Popular al frente del Gobierno. Los dos ministros que ocuparon esta cartera impulsaron la idea del fiscal investigador. Espero que se abra un gran debate y que lo enriquezca con sus aportaciones positivas, porque no me duelen prendas regalar los oídos a su grupo, a miembros de su grupo y a la Comisión de Justicia, como muy bien sabe. Ahora bien, le digo una cosa. Tengo claro que no puede olvidar su sentido de Estado. Nos dice que no podemos traer un anteproyecto cuando no se ha debatido sobre la Lecrim. Le he dicho que se abrirá el proceso - está en fase de consultas - y que vendrá y cuando se apruebe tendrá seis años de vacatio legis. Fíjense si tenemos tiempo para hablar, pero aquí estamos hablando de una cuestión paralela. Es un procedimiento penal que se establece en la Unión Europea con un objetivo y delitos muy concretos: defender los intereses económicos de la Unión, y el reglamento, que es directamente aplicable, exige que haya un procedimiento para poder articular ese proceso, porque el proceso es sagrado, es la temperatura por la que se mide la democracia de un país. Toda Europa sigue las pautas del fiscal investigador, que es lo que establece el reglamento de la Comisión, aprobado en el considerando 11. Se lo he leído textualmente en mi intervención anterior. Lo he repasado para ver si me había equivocado, pero no. El considerando 11 dice claramente cuál es el papel de los fiscales: investigar, procesar. Por tanto, tenemos que articular un mecanismo procesal que permita la actuación, el control del juez de garantías de lo que investiga y de las actuaciones que toma la Fiscalía, la afectación de derechos fundamentales. Señoría, no tenemos seis años para discutir. Le he dicho, por si se le había olvidado, que el 1 de junio, es decir, dentro de muy pocos días, se pondrá en marcha el funcionamiento. Así lo ha dicho la fiscal europea. Por tanto, tenemos la obligación como partidos de Estado de dar cobertura normativa para que no quedemos mal en Europa, porque somos socios de un club en el que nos comprometemos y llevamos la cara muy alta porque participamos en su regulación y en su fortalecimiento. Si no lo hacemos, nuevamente dirán lo que ustedes están propiciando en no pocas ocasiones, que es el deterioro de la imagen del país y de la situación de la justicia. Por eso les pido que reconsidere su actuación. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. En virtud del artículo 73, tiene tres minutos de réplica, señor Santamaría.
Muchas gracias. Subo a la tribuna por aquello de no contestar desde el escaño de mi presidente nacional, por respeto. Señor ministro, yo no compito con usted en términos jurídicos porque sé que usted es una persona que, evidentemente, tiene muchos más conocimientos jurídicos que yo. Por supuesto, no voy a competir con usted en esos términos, pero sí en términos de sentido común. Fíjese lo que acaba de decir en relación con el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa europea, que España va a quedar mal con la Unión Europea. ¿Cómo se atreve este Gobierno a hablar de la Unión Europea en materia de justicia si les están dando gorrazos desde hace aproximadamente seis, siete u ocho meses? [[Aplausos]] ¿Cómo se atreve usted, que ha convertido el mundo jurídico y a todos los operadores jurídicos en algunos casos en una gallera? Con todos los respetos, se lo tengo que decir. Los letrados de la Administración de Justicia están en contra de sus normas en materia de agilización procesal y las organizaciones sindicales se quejan de que no se les consulta en los términos a los que se hace referencia y que la ley obliga a que sean objeto de negociación colectiva. ¿Qué le digo de los 2500 jueces? ¡Vaya imagen hemos dado en España, con los 2500 jueces que se pasean por Europa descalificando al Ministerio de Justicia y al Gobierno de España reclamando libertad e independencia! Y usted me dice que nosotros estamos poniendo en peligro la salvaguarda de los mandatos y el cumplimiento de las normas que provienen de la Unión Europea. Señor ministro, no ha estado muy acertado. Y, sobre todo, sigue sin responderme a una cuestión, que, probablemente, con mi torpeza jurídica, no sepa plantear de otra manera, pero explíqueme por qué el ejercicio de los derechos fundamentales se plantea de diferente manera en función de la comunidad autónoma donde se resida. Son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, solo se pueden limitar con un determinado régimen jurídico. Los tribunales pueden avalar determinados límites, pero los españoles no queremos vivir así, sujetos a los diferentes criterios de los distintos órganos jurisdiccionales, son derechos que ganamos los españoles con la Constitución, y usted no me ha contestado. Y si le doy la explicación que usted me da a mi hija, seguramente, cuando llegue esta noche, me tirará a gorrazos de casa. [[Risas]] ¡Explíqueme! Es muy sencillo, ¿por qué una niña de diecinueve años no puede salir en Valencia y sí que puede salir en cualquier otra ciudad de esta comunidad? Porque me parece la explicación más sencilla, no jurídica pero sí sencilla. En materia de sentido común, señor ministro, yo tengo que discrepar con usted. Tengo que discrepar porque lo que proponemos no es su no aplicación, sino hacer una cosa que es lo mismo que han hecho países como Francia, que no parece un país menor; es decir, aplicarla y que sea el juez instructor quien lleve a cabo todas esas funciones que se atribuyen a la Fiscalía Europea, y eso no plantearía ningún problema, porque, si no, vaya usted a Francia a explicarles que se están equivocando y que, por tanto, deben ser muy torpes en la cuna, prácticamente, del derecho o de donde bebe buena parte de nuestro derecho. Termino con una consideración que antes no he querido hacer, pero que ahora sí voy a hacer, con permiso de mi grupo parlamentario. Señor ministro, no es usted el dueño del 'Boletín Oficial del Estado', para que lo sepa; y ustedes son como la estupidez o la hidra, que tiene dos cabezas, a veces se ponen en una cabeza la gorra del grupo parlamentario y en la otra la gorra del grupo del Gobierno. Somos un partido mucho más modesto, con muchos menos conocimientos jurídicos que usted, pero solo tenemos una gorra. Por tanto, cuando se aprueban exposiciones de motivos insultando a las personas con las que se quiere consensuar...
Señor Santamaría, ha finalizado su tiempo.
... yo ya le digo que esa situación o se corrige o, si mi grupo me hace caso, no prestaremos nuestro voto afirmativo...
Muchas gracias, señor Santamaría.
... en ninguna de las reformas que propongan desde su ministerio, señor ministro. [[Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
Señor Santamaría, sobre la Fiscalía Europea, creo que poco puedo añadir. Lo único que les pido es sentido de Estado y que entiendan la importancia de la cuestión. Tenemos un proceso de tramitación en el que podemos corregir, atender sensibilidades, porque creo que lo hacemos, creo que está acostumbrado a que no haya un texto que venga sin consensuar, sin hablar hasta el agotamiento. Pero hay una cosa con la que no quiero quedarme: cuando llegue esta noche a casa, dígale a su hija, de mi parte y con cariño, que es normal que situaciones diferentes se tratan con situaciones diferentes, y que, así, también vea qué significa el derecho fundamental, que es algo muy importante, y que es lógico que en la restricción o limitación intervenga el Poder Judicial, porque ese es el papel fundamental del Poder Judicial, ser garante del ejercicio de los derechos fundamentales. Y, después, termina ya explicándole que hay dos ámbitos competenciales: uno, de carácter general, que supone la limitación de derechos fundamentales para todos, y, otro, de carácter particular; en los particulares, una ley, con el Gobierno de Aznar, dijo en el año 2015 - creo recordar - que, por favor, cuando se afectarán por una comunidad autónoma un juez de lo contencioso lo validara. Nosotros, en la ley de septiembre de este año dijimos, para dar mayor seguridad jurídica,que fueran las salas de lo contencioso; y ahora acabamos de introducir algo que yo sé que a usted le aterra, pero a mí me da mucha tranquilidad como jurista, y es que el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, sea el que unifique la doctrina, para que no haya discrepancias y su hija pueda entender perfectamente que en España hay un Estado de derecho y que a situaciones iguales se les da tratamiento igual. Espero que eso le satisfaga. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño porque lo haré de manera breve para manifestar nuestra oposición o nuestro no apoyo a esta enmienda de totalidad. Y lo haremos por dos razones: la primera, porque ante la vida y ante los proyectos creemos que hay dos actitudes o dos maneras básicas de abordarlos, con confianza o con desconfianza. Nosotros abordamos este proyecto con confianza; tiene elementos novedosos en la cultura procesal penal española - desde el siglo XIX se estaban haciendo de otra manera -, pero creemos que es un momento adecuado para introducirnos en la senda de una investigación penal dirigida por la Fiscalía. Claro, eso arrastra una serie de consecuencias, arrastra unas garantías, un juez de garantías, arrastra una fase intermedia, arrastra unos recursos nuevos porque hay unas decisiones de unos órganos que antes no las emitían. En definitiva, hemos planteado una serie de enmiendas que creemos que pueden mejorar. Dialogaremos con el resto de grupos, también con el Gobierno, y seguramente entre todos mejoraremos el texto, que obviamente es un texto novedoso y genera un cierto vértigo - entre comillas -, pero creemos que es el momento de hacerlo. La segunda razón es que, vista la enmienda a la totalidad, vista la exposición de motivos y la articulación, la verdad, señor Santamaría - y se lo digo con todo el afecto que sabe que le tengo -, no la entendemos. No entendemos ni la motivación, que es muy escueta en la exposición de motivos, ni la articulación que se hace en el proyecto. Esperaba que su intervención me aclarara algún extremo, pero la verdad - ya se lo ha dicho el ministro y no es por sumarme a las posiciones gubernamentales - me ha aclarado muy poco. Aprovechando el dicho, si estábamos hablando del Pisuerga, de verdad de Valladolid nos ha informado bastante, y también de los cerros de Úbeda, pero realmente del proyecto poco. Por tanto, por ese doble motivo o razones no podemos apoyar su enmienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
Gracias, presidenta. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, señor ministro. Lo primero que quiero hacer es felicitarle porque viene usted aquí en persona a defender sus leyes, lo cual es una cosa extraña, lamentablemente extraña en el Congreso de los Diputados. Quiero felicitarle también por el texto de la ley, porque es difícil introducir el procedimiento que establece el Reglamento de la Unión Europea del año 2017 en un sistema que no está preparado para la instrucción de la Fiscalía, es complicado. Aunque hay cosas que no nos gustan de este proyecto de ley orgánica y hemos presentado nuestras enmiendas parciales - también se ha dicho antes por parte del señor Legarda -, sin embargo, reconocemos el esfuerzo que su ministerio ha hecho en esta adaptación. Este proyecto de ley orgánica es un sistema de cooperación reforzado por el que se crea una Fiscalía Europea para perseguir la corrupción; sistema de cooperación reforzada al que basta que se unan nueve países de la Unión Europea Y se han unido veintidós. Por lo tanto, es un proyecto de ley orgánica de éxito dentro de la Unión Europea. Además, persigue la corrupción en delitos que yo llevo en el corazón porque los he perseguido durante toda mi vida profesional, como el delito fiscal de IVA por encima de 10 millones de euros cuando tiene lugar una conducta transfronteriza, el cohecho, la malversación, el blanqueo de capitales, la organización criminal, el fraude de subvenciones europeas. Este es un proyecto de ley orgánica que tiene tres cosas que para Ciudadanos son bonitas, tres cosas que para Ciudadanos son imprescindibles. Esas tres cosas son: la primera, Europa; la segunda, la lucha contra la corrupción y la tercera,la independencia de la Fiscalía. Son tres cosas que mi partido, que mi grupo parlamentario, ha tratado de defender en este Parlamento en todas las legislaturas en las que hemos estado. Es, por lo tanto, un motivo de alegría que podamos hablar aquí, en la tribuna, de que el Gobierno de España pretende luchar contra la corrupción, porque, señor ministro, a pesar de felicitarle, en tres años de Gobierno del Partido Socialista no se ha presentado ninguna iniciativa en este Parlamento para la lucha eficaz contra la corrupción. Y no solo eso, es que además votan en contra de las propuestas que les presentamos en un plan integral de la lucha contra la corrupción. Ayer, en la Comisión de Justicia se lo preguntamos, ¿qué hay de la trasposición de la directiva de los denunciantes y de los alertadores? En fin, parece que ustedes luchan contra la corrupción porque les obliga Europa. Bueno, pues bendita Europa. Gracias, Europa. Y el PP presenta una enmienda de totalidad en una ley que lucha contra la corrupción. Yo no sé si hace falta comentar algo más. Señor Santamaría, se lo digo con todos los respetos, no sé si hace falta decir algo más, porque se buscan ustedes una excusa. El ministro ya le ha contestado en relación con los considerandos del reglamento. Le digo más, el artículo 28 del reglamento lo deja clarísimo, es el fiscal el que instruye o el que encomienda la instrucción, pero la decisión,la elección, es del fiscal europeo, no del juez de instrucción. El reglamento dice expresamente que no puede quedar sometida la investigación a ninguna autoridad nacional. En segundo lugar, se habla de la autoridad de la Fiscalía Europea independiente. A mí me dan ganas de decir aquello que leíamos en los tebeos de Astérix: 'Están locos estos romanos'. Están locos estos europeos. Una Fiscalía Independiente; señor ministro, fíjese usted. Nos acordamos todos de aquella frase: ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Nombran ustedes como fiscal general del Estado a quien és ministra de Justicia, a quien es diputada socialista, y se encuentran con que Europa les dice, hombre, mejor la Fiscalía independiente. Ustedes, señores del Partido Popular, han gobernado con mayoría absoluta este país y tampoco han querido desvincular políticamente la Fiscalía del Poder Ejecutivo porque no quieren perder ese poder. Solamente plantean la independencia de la Fiscalía cuando están en la oposición. Cuando les toca estar en el Gobierno, entonces no, entonces ustedes quieren nombrar al fiscal general del Estado. Le tengo que hacer un reproche más con todo el cariño, señor ministro - no se lo tome como algo personal porque no es enteramente de su responsabilidad -, pero estamos hablando de un reglamento del año 2017, que entra en vigor el 1 de junio y ya llegamos tarde, como siempre. ¡España siempre llega tarde a trasponer, o a aplicar, o a ejecutar las normas europeas! A ver, es que ya se lo he dicho alguna vez en la Comisión de Justicia, el Ministerio de Justicia es un ministerio técnico, hay que dejar de hacer política y hay que hacer los deberes que nos imponen Europa y los ciudadanos. Finalmente, y en tercer lugar, tenemos los fondos europeos del Next Generation, unos fondos europeos por importe de 140.000 millones. Ustedes han decidido que esos fondos se van a aplicar de una manera discrecional por un señor que se llama Iván Redondo. Otros países, como por ejemplo ocurre en Francia, han atribuido esa ejecución a un exjefe del Fondo Monetario Internacional y a un premio Nobel, nada menos. El señor Draghi ha nombrado ministro a quien fue presidente de Vodafone para ejecutar estos fondos europeos. Esta mañana estaba leyendo el Confilegal y decía que una de cada tres empresas españolas no tiene ninguna pretensión de poder acceder a los fondos europeos para ejecutar sus proyectos, porque no existe ni siquiera una página web que les informe de cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Me permitirá que le diga que tengo todas mis sospechas sobre que la aplicación de los fondos europeos van a incurrir en prácticas corruptas, lo mismo que sucedió con el Plan de José Luis Rodríguez Zapatero en los fondos I+D+i del Ministerio De Industria, que me hinché de perseguir como abogado del Estado. Así que sí, es una buena noticia, efectivamente, que se cree una Fiscalía Europea que controle la aplicación de estos fondos europeos y que persiga las prácticas de corrupción, porque no sé si sabe que la OLAF dice que España es el campeón europeo de la corrupción en el fraude de subvenciones europeas. Desde 2014 a 2018, 10 995 casos; Rumanía, que es el segundo, 5500 casos. Así que, efectivamente, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Esperamos lo mismo que ha dicho el señor Legarda, mejorar esta ley, por ejemplo, en cosas como la supresión de la acusación popular, que no entendemos, pero saludamos que efectivamente se apueste por una Fiscalía independiente, por el control de los fondos europeos y, en definitiva, por la lucha contra la corrupción. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda. En Junts Per Catalunya creemos en el proyecto europeo y, por ello, en todo aquello que suponga aumentar la integración europea siempre, siempre nos van a encontrar. Tal es el presente caso de desarrollo del Espacio de libertad, seguridad y justicia, un espacio que debe permitir que las personas, todas las que se hallen en este espacio, puedan moverse con libertad, que todas las personas se sientan seguras y que todas las personas sepan que en dicho espacio hay un sistema judicial garantista. Lamentamos que el Reglamento europeo sobre la Fiscalía Europea sea un acto de cooperación reforzada y esperemos que en el futuro los cinco Estados de la Unión Europea que todavía no forman parte de ella se sumen a ella. Se ha dicho, el ámbito material del reglamento son las infracciones penales que perjudican intereses financieros de la Unión Europea y los delitos vinculados. A modo de ejemplo, ha habido fraude en el IVA transaccional por el que anualmente se pierden unos 50.000 millones de euros, ha habido también delitos relacionados con los fondos estructurales, se habla de un uso indebido de 638 millones de euros, y esperamos - se ha comentado hace un momento - que no deban perseguirse delitos vinculados con los fondos Next Generation. La Fiscalía Europea debe ser, según el reglamento, un organismo plenamente independiente tanto orgánica como funcionalmente, debe ser un órgano no sujeto a órdenes o instrucciones que provengan ni de la Unión Europea ni de ninguno de sus Estados miembros. Por tanto, desde Junts per Catalunya esperamos que ello sea cierto, esperamos que en el Reino de España lo respeten y que no tengamos que oír de nuevo esas frases como la Fiscalía de quién depende o la Fiscalía te lo afina. En la misma línea, también esperamos que los cambios que deben introducirse en el ordenamiento interno contribuyan a que la autoridad nacional actúe como un tercero imparcial y garante del respeto de los derechos humanos. En relación con estos cambios, no entendemos los tiempos. El proyecto de ley versa sobre una materia suficientemente importante y delicada como para que todos los partidos políticos tengamos un tiempo suficiente para analizarla con detalle y para poder proponer enmiendas. Según nos consta, el proyecto se registró el 28 de abril; este lunes pasado, el 17 de mayo, finalizó el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, y ayer miércoles finalizó el plazo de enmiendas al articulado. Tenemos en esta Cámara, en varias comisiones, diversos proyectos de ley y propuestas legislativas a las que, semana tras semana, se va prorrogando el plazo de enmiendas al articulado. Y en esta en concreto nos dejan tan poco tiempo. ¿Por qué? ¿No se considera relevante, ya está todo decidido o es que van tarde? Señor ministro, usted nos ha dicho que la Fiscalía empezará a funcionar el 1 de junio con el inicio de sus actividades. Por tanto, han pasado más de tres años desde que se adoptó el reglamento europeo y entró en vigor para hacer el trabajo que ahora tenemos que hacer deprisa y corriendo, como muchas veces pasa. A pesar de ello, a pesar de estos tiempos que no compartimos, hemos presentado algunas enmiendas sobre el aspecto competencial, porque no se puede utilizar la adaptación de una normativa europea como una vía de descentralización de actuaciones judiciales. Y votaremos no a la enmienda a la totalidad porque creemos que con enmiendas al articulado es suficiente. Desde aquí, por todo esto, instamos al Gobierno - que siempre quiere liderar y se llama europeísta - a que impulse el apartado 1 del artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y se amplíen las competencias de la Fiscalía Europea en la lucha contra la delincuencia grave que tenga dimensión transfronteriza. Desde el punto de vista de Junts per Catalunya, esto sería un paso más en la integración europea y en la consolidación del Espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que creemos. Quizás esta ampliación de las competencias de la Unión que el propio tratado ya prevé sería un aspecto a tener en cuenta en el marco de la Conferencia sobre el Futuro De Europa que acaba de empezar su andadura. Moltes gràcies.
Muchas gracias, señora Illamola. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
Muchas gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de este proyecto porque creemos también que una Fiscalía general europea puede ser una primera pieza para hacer creíble a Europa en un asunto fundamental como es la lucha contra la corrupción y contra el fraude. En Realidad, habría que decir que desde hace varias décadas la mundialización neoliberal ha comportado no sólo una feroz desregulación de los mercados financieros, sino un escandaloso vacío de derecho público a nivel europeo e internacional. En ese contexto, hemos visto, incluso durante la pandemia, cómo los derechos penales y procesales estatales han actuado de manera bastante selectiva y han seguido ensañandose con sectores socialmente marginados, con población migrante, con personas desempleadas. En cambio, es muy raro ver que, efectivamente, se impulsan investigaciones cuando hablamos del gran fraude, cuando hablamos de la ocultación de fondos en paraísos fiscales, de blanqueo de capitales o desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Cuando uno ve todo esto, le viene a la cabeza lo que decía la gran socialista polaca Rosa Luxemburg: la mundialización neoliberal ha facilitado un sistema de controles y de penas que solo atrapa a las pequeñas sardinas, pero que normalmente no hace ni cosquillas a algunos de los más voraces tiburones que actúan en el mercado. En nuestra opinión, Europa todavía no ha hecho su trabajo. No lo hizo en 2008, pero ahora tiene una gran oportunidad para hacerlo. Se habla mucho en estos días, por ejemplo, de la necesidad de que haya un new deal europeo, y yo pensaba que el presidente Franklin Delano Roosevelt lo primero que hizo cuando quiso poner en marcha el new deal fue nombrar un fiscal general independiente, garantista y valiente como fue el fiscal Robert Jackson. Al fiscal Jackson, que era un fiscal independiente, no le tembló el pulso al investigar a las grandes empresas que pretendían escapar a las nuevas regulaciones laborales o a las obligaciones que tenían en materia tributaria, de la misma manera que no le tembló el pulso, durante los juicios de Nuremberg, en sentar a las grandes corporaciones vinculadas a Krupp, vinculadas a los Flick y a los grandes conglomerados que se habían beneficiado del nacionalsocialismo. Y ahora, el presidente Biden - que no es, obviamente, FranklinDelano Roosevelt - está proponiendo algo similar, está diciendo que en un contexto de pandemia necesitamos un cambio fiscal de fondo y necesitamos mecanismos de investigación, de control y de garantía que no se engañen solo con las pequeñas sardinas y que hagan algo para que los grandes tiburones especulativos, sobre todo, puedan cumplir con sus obligaciones. En el caso de Europa dejar de cobrar no sólo ya el IVA, sino dejar de cobrar a Google, Amazon o las tecnológicas que se beneficiaron con la pandemia tiene unos costes de unos 150 millones de euros anuales, cantidad que bien podría financiar un sistema público de sanidad europea, una renta básica europea o tantas cosas. Por eso, en nuestra opinión, si Europa quiere ser creíble en su compromiso con la justicia social y ambiental, debe crear ya mecanismos de inspección y de control para luchar eficazmente contra el gran fraude. Las cifras de la economía del fraude, como la llamaba el economista John Keneth Galbraith, son un atentado escandaloso a los presupuestos públicos, a los derechos sociales, a la democracia. Por ejemplo, según el último informe de Tax Justice Network, la Red para la Justicia Fiscal, el mundo pierde más de 427.000 millones de dólares en impuestos a causa del abuso fiscal internacional y, en el caso de Europa, esas pérdidas ascienden a más de 167.000 millones de euros. Más de la mitad se pierden debido a que las grandes empresas multinacionales transfieren sus ganancias a guaridas fiscales. El resto se pierde debido a la ocultación de activos e ingresos de personas adineradas no declarados en el extranjero. Esto no es inocuo desde el punto de vista de la Hacienda pública: a más fraude, menos fondos para la recuperación económica; a más paraísos fiscales, menos fondos para la descarbonización, para la transición ecológica; a más fraude, menos fondos para las pymes, para los pequeños productores, menos vacunas, menos refuerzos de la sanidad pública, de la ciencia, de la educación. Y frente a eso a nosotros nos parece que no puede haber duda; necesitamos, efectivamente ya, agencias tributarias robustas y Fiscalías independientes, coordinadas tanto a escala estatal como europea, que impidan esta agresión indecente a las arcas públicas que muchas veces se producen. Hoy, señor ministro, estamos ante un primer paso, que es insuficiente pero que, efectivamente, es impostergable. No se articuló, repito, en la crisis de 2008, pero debería articularse ahora esa Fiscalía Europea garantista, valiente,coordinada con las Fiscalías estatales con el objetivo, como digo, de acabar con la gran impunidad, una Fiscalía de Estado, desde luego, independiente de los poderes políticos, pero también independiente del poder económico. Llevamos muchos años,demasiados diría yo, con delitos gravísimos contra la Hacienda pública cometidos no solo por empresas, sino por partidos políticos, por funcionarios o por miembros de instituciones del Estado. Creo que no engaño si digo que es especialmente grave y uno de los más duros y que más ha afectado a nuestra reputación exterior el que hizo público la propia Casa Real admitiendo que un ex jefe del Estado, el rey emérito, podría haber incurrido en delitos de blanqueo de capitales, en delitos de evasión fiscal. Ahora mismo esos delitos están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por la Fiscalía suiza. Qué bien que hubiera una Fiscalía general europea que también entendiera que ese tipo de delitos son un atentado gravísimo contra el interés público, contra el interés general. Eso no se resuelve, obviamente, con medidas de maquillaje. Todos somos conscientes de que la pandemia ha generado una situación de emergencia social, económica y sanitaria tan profunda que los cambios deben ser audaces, y de Estados Unidos están viniendo algunas señales en ese sentido. Por lo tanto, la situación en la que estamos exige reformas profundas, una fiscalidad que sea capaz de poner límites a los poderes salvajes, también de mercado, no solamente de Estado, y una democratización real de la economía. Una Fiscalía Europea puede ser un primer paso, repito, pero no debe hacernos olvidar el objetivo final, que a mi juicio es que a nivel europeo y también a nivel internacional seamos capaces de desplegar un sistema multinivel, desde el punto de vista judicial,desde el punto de vista de las Fiscalías, que establezca reglas claras, justas e igualitarias y que, sobre todo, demuestre a la ciudadanía que no está para ensañarse con las pequeñas sardinas, sino que también está dispuesta, por independencia y cuando hace falta, a poner límites a los grandes poderes privados. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Pisarello. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. [[Aplausos]]
Con la venia, señora presidente. Señor orador del Partido Popular, se ha puesto usted versallesco en su intervención. No tenga usted ninguna duda de que nos inclinamos todos respetuosamente ante el sillón vacío que deja el señor Casado. [[Risas.-Aplausos]] Hubiera sido mi deseo en esta intervención no poner en duda al Partido Popular cuando ha presentado esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento europeo para la creación de la Fiscalía Europea, pero no resulta posible, y lo sentimos. Nos hubiera gustado sinceramente coincidir con el Partido Popular, pero el Partido Popular hace y dice cosas bastante extrañas, raras, vacilantes, dubitativas, y en este caso comete errores graves; yo me atrevería a decir que son errores crasos, es decir, de suma ignorancia, dicho sea con el debido respeto. [[Rumores]] Usted viene aquí, suelta su speech político, incongruente con la enmienda que usted mismo ha presentado, habla de todo lo que le parece oportuno, y además probablemente lo hace para mostrar una oposición dura, férrea, aguerrida al Gobierno,pero esta mañana votan ustedes que sí a la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, que es una ley cuyo contenido es intrínsecamente inmoral, una ley empapada de desconfianza hacia las familias y hacia la judicatura española. [[Una señora diputada: ¡Toma ya!-Otro señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]] Luego, esta oposición es un poco light, por no decir otra cosa. Pero es que, además, no tiene sentido esta enmienda a la totalidad, y voy a explicar por qué. En primer lugar, sus antecedentes. Sus antecedentes son en esta materia - y nunca mejor dicho - penales, señor portavoz del Partido Popular; bueno, en sentido figurado - en sentido figurado -, aunque antecedentes penales tienen ustedes también en sentido propio, y muchos, y todavía queda por ventilar algunos expedientes que todavía no son constitutivos de antecedentes, pero lo serán en el futuro. Pero, en fin, vamos a olvidarnos ahora de esta cosa, de su corrupción. El PP, el Partido Popular, gobernando el señor Rajoy participa en 2017 en la promoción de esa iniciativa de cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea - lo ha explicado el señor ministro, que estará muy complacido con lo que he dicho hasta ahora; luego le llegará a usted su turno - [[risas]], y entonces ahora dice que no le gusta. [[El señor Santamaría Ruiz pronuncia palabras que no se perciben]]Sí, sí, aquí tengo el texto de su enmienda; lo he leído. Mire, está hasta subrayado. [[Muestra un documento]] Dice que no le gusta, que tiene dudas, que esto del fiscal instructor es un cambio radical en las leyes de procedimiento criminal en España. A ustedes en ese momento les gustaba y promovieron esta iniciativa, cuya aplicación, una vez aprobado el reglamento, es obligada para España; España no puede sustraerse a este reglamento. Me da la impresión de que esto tampoco lo entiende usted muy bien. Si le pregunta su hija sobre este particular no sé si va a estar en grado de contestar. [[Rumores]] Además - también lo ha recordado el señor ministro, aliado circunstancial dialéctico por unos segundos -, dice el señor ministro que ustedes, gobernando en aquel momento el señor Aznar, fueron quienes promovieron la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de 12 enero de 2000, en cuyo artículo 6 se establece, efectivamente, que la instrucción la dirige el ministerio fiscal. Entonces, ¿esta cosa pusilánime, esta aprehensión hacía esto? Perdone, pero no se entiende. No hay contradicción en sentido de la lógica formal, hay contrariedad entre lo que han hecho ustedes ya dos veces en el orden internacional y en el orden interno y lo que ahora vienen a contarnos aquí, en esta Cámara. Yo no le voy a preguntar a usted por qué esta contrariedad, porque es evidente que ni ustedes mismos lo saben. Luego, no caeré en la tentación de su hija de hacerle preguntas de imposible respuesta por su parte. [[Risas]] Yo me pregunto si este comportamiento es el propio de eso que el señor Casado llama un partido de Gobierno; yo no lo sé. Se apodera de mí un escalofrío cuando recuerdo esas frases del señor Casado y veo este tipo de iniciativas que ustedes proponen. Adicionalmente, si la voluntad del PP es enmendar la proposición de ley orgánica, ustedes no pueden presentar una enmienda a la totalidad que no sea de devolución, porque si lo hacen con texto alternativo tienen que refutar en esa enmienda a la totalidad con texto alternativo los criterios rectores del proyecto, si no, no tiene sentido, y ustedes es lo que han hecho, por tanto, deficiente técnica legislativa también. Luego, ¿un partido de Gobierno? Lo pongo en duda, con grandes puntos de interrogación. Un partido con experiencia parlamentaria muy mal aprovechada; muchos años, pero muy mal aprovechados. Y aquí se muestran ustedes con esta escasez, un poco insultante, francamente. En segundo lugar, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es cierto que incluye en el anteproyecto, que es lo único conocido hasta ahora, que se atribuya la competencia de la instrucción al fiscal en lugar de al juez. Bien, ya lo sabemos. Nos gustará o no, y ya habrá momento de manifestar nuestra posición sobre ese particular, de oponernos, de enmendar, etcétera. Pero le digo a usted una cosa, y es que la Fiscalía Europea, para que usted lo entienda, no es una institución regulada por el artículo 124 de la Constitución, que es el que regula el ministerio fiscal español, es una institución distinta, separada; luego no se puede razonar en términos de derecho interno. Esto no tiene sentido. Es un desconocimiento de las relaciones entre el derecho interno y el derecho la Unión; es un desconocimiento grave, como he dicho antes, que me atrevería a calificar de craso. En definitiva - me quedan dos segundos y voy a cumplir con el tiempo que me ha sido asignado -, una birria más del Partido Popular, que además ha tenido hoy la desfachatez...
Señor Sánchez, tiene usted que terminar.
... de adornarla con alusiones a la otra birria, ese plan B que no existe. [[Aplausos.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Muchas gracias, señor Sánchez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
Gracias, señora presidenta. Bueno, se ha quedado solo. Si esto era el nuevo ciclo, señor Santamaría, pues mejor volver al anterior, ¿no? [[Aplausos]] Llega usted aquí y nos habla - lo he apuntado - del CNI, de Marruecos, del plan B - por cierto, no queremos nada suyo en -. Como a usted le gustan tanto los refranes, es como el maestro liendre, que de todo sabe y de nada entiende. [[Aplausos]] Nos trae el PP una estrambótica - por ser generosa - enmienda a la totalidad del proyecto de ley que viene a adaptar un reglamento europeo, y me gustaría detenerme en dos aspectos. Voy a hablar del tema - me perdonarán que hable del tema,porque hay gente que no lo ha hecho y ya están acostumbrados -. Aquí se ha dicho qué es y qué supone la Fiscalía Europea. Quizás alguno haya tenido la tentación de pensar que hemos colado aquí al azar un capricho legislativo, que no había nada más para escoger y que hemos traído esto. Pues no. La norma que ustedes enmiendan adapta a nuestro ordenamiento un Reglamento del Consejo del año 2017 por el que se crea la Fiscalía Europea. ¿Para qué? Atención a esto. Para combatir y perseguir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y, por tanto, los intereses de la ciudadanía europea. ¿Qué es exactamente lo que no les gusta de esta frase? Señorías del Partido Popular, aquí se trata de luchar con eficacia contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional, armonizando los sistemas jurídicos, y de enfrentarse a casos de fraude, como el uso fraudulento de fondos europeos o el fraude del IVA transfronterizo. Pero es que, adicionalmente, esta Fiscalía General de la Unión Europea y los fiscales europeos delegados ya han tenido en nuestro Estado normas anteriores para dar cobijo a esta regulación; por ejemplo, el acceso de los fiscales de origen español a los puestos de trabajo de la Fiscalía Europea, que se hizo mediante real decreto en febrero de 2019, o la transposición de la directiva, que se hizo el 20 de febrero de ese mismo año. Ya sé que les cuesta seguir el ritmo del Gobierno, porque no están acostumbrados, pero les pido un poco de seriedad, señorías del PP. Es decir, se trabaja eficazmente - y no creo que a estas alturas haya que recordar aquí este año de pandemia - para incorporar a nuestro ordenamiento un reglamento que, después de tres años, entrará en vigor este mes de junio. Así que solo les pedimos, si no es mucho pedir, que nos ayuden, señorías del PP, y no pongan más palos en las ruedas. Quisiera también hacer una mención aquí. Se hace con un exquisito trabajo legislativo y calidad jurídica por parte del ministerio, que además pone una pista para que aterrice de manera inminente la reforma de la Lecrim, con la instrucción penal encargada a la Fiscalía incorporando al juez de garantías. Eso, señorías, me lleva al quid de la cuestión, a su enmienda, a la extravagancia de una iniciativa, de presentar una enmienda a la totalidad a un proyecto de ley de aplicación del Reglamento del Consejo Europeo. Miren que he visto cosas, pero esta se lleva la nota. Hemos asistido a una retahíla de excusas de mal pagador del portavoz del PP, ese partido del ahora me ves, ahora no me ves... [[Rumores]]
Perdone, señor Aranda, un momento. Pido silencio, por favor.
Es el interés por la Fiscalía, lo que les conmueve. [[Aplausos]] Como decía, ese partido es ambivalente, el partido del ahora me ves, ahora no me ves, un partido de Estado por la mañana y un partido blanqueador de la ultraderecha por la tarde que no deja de sorprendernos. Sinceramente, hay que dedicar mucho esfuerzo a entender las motivaciones que les han llevado a presentar esta enmienda. Para que yo me aclare, señor portavoz, señor Santamaría, le pregunto, con todo el respeto y el cariño, lo siguiente. ¿Qué PP tendremos delante esta vez? ¿El PP que pacta el Registro Civil o la Ley de Discapacidad esta mañana o el que bloquea el Consejo? ¿El que cree en Europa o el que no cree en Europa? ¿El que aprovecha una crisis con Marruecos para torpedear al Gobierno? ¿El que aún no se ha disculpado - sí, su presidente ausente - por lanzar la patraña de la vacunación del exministro Illa? ¿Ese PP? [[Aplausos]] A estas alturas se hace ya muy difícil seguir los esquemas mentales y políticos de su partido. Dicen que es - y yo así lo he pensado - un partido de Gobierno, con altas responsabilidades de Gobierno y cuya familia política europea tiene responsabilidades en la Comisión, pero traen un enmienda a la totalidad en vez de centrarse en un debate en la Comisión que tendremos la semana que viene. Ustedes nos hablan de Europa, cuando han convertido a sus eurodiputados en una agencia de agitación, en una agencia de desprestigio del Gobierno; ustedes, que son los que lanzan a sus eurodiputados contra el Gobierno día sí y día también. Señorías del PP, esto no es, con todo el respeto, una PNL en Comisión, esto es un proyecto de ley que viene de Europa. Yo les pido que, ya que allí no nos defienden, aquí al menos no entorpezcan demasiado la labor legislativa. [[Aplausos]] La Fiscalía Europea no puede ser otro de sus platos chinos que van moviendo día sí y día también, porque al final se les caerán todos. Les pido que dejen de entorpecer y que dejen de bloquear. Por cierto, y ya que usted lo ha sacado, ¿de verdad van a dejar al Consejo sin reformar hasta que ustedes puedan llegar al Gobierno?, porque no sé si la justicia estará parada tantos años, no sé si habrá que esperar tantos años. Señorías, yo creo que esta enmienda - he pensado un poco por qué - es fruto del duro despertar que están teniendo. Tras la efímera fantasía que su líder les hace creer, la realidad es la que es. Se despiertan, el Gobierno sigue aquí, la coalición sigue aquí, seguimos trabajando, seguimos reformando, seguimos legislando, en definitiva, seguimos transformando. Así que, señorías, pónganse cómodos. Pongámonos a trabajar porque la legislatura queda para rato. Muchas gracias señora, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Aranda.
Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la propuesta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, de creación de una subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Esta propuesta se somete al Pleno sin debate previo. La votación correspondiente a este punto tendrá lugar, junto con el resto de las votaciones, en tres minutos. Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. [[Pausa]]
Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Ruego que ocupen sus escaños. Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la reprobación del ministro del Interior. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de VOX. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 39 más 113 votos telemáticos, 152; en contra, 65 más 132 votos telemáticos, 197.
En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 190 SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. [[Número de expediente 162/000653]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la ratificación del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 103 más 193 votos telemáticos, 296; abstenciones, 1 más 52 votos telemáticos, 53.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el plan normativo del Gobierno de España en materia de bienestar animal. Se Vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Plural [[señor Rego Candamil]] y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 104 más 177 votos telemáticos, 281; en contra, 52 votos telemáticos; abstenciones, 16 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LAS MEDIDAS FISCALES [[SUBIDAS DE IMPUESTOS Y/O RECORTES]] REMITIDOS A BRUSELAS EL PASADO 30 DE ABRIL. [[Número de expediente 173/000073]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique las medidas fiscales [[subidas de impuestos y/o recortes]] remitidos a Bruselas el pasado 30 de abril. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 39 más 116 votos telemáticos, 155; en contra, 65 más 110 votos telemáticos, 175; abstenciones, 19 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A ADOPTAR PARA RESTITUIR LA CREDIBILIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. [[Número de expediente 173/000074]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para restituir la credibilidad del Ministerio del Interior. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 40 más 113 votos telemáticos, 153; en contra, 64 más 131 votos telemáticos, 195; abstención, 1 voto telemático.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
Proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Se procede a la votación del conjunto del texto por tener el mismo carácter orgánico. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 104 más 193 votos telemáticos, 297; en contra, 52 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. [[Prolongados aplausos]]
Proyecto de ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Se procede a la votación del conjunto del texto por tener el mismo carácter orgánico. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 104 más 173 votos telemáticos, 277; en contra, 5 votos telemáticos; abstenciones, 67 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 65 más 124 votos telemáticos, 189; en contra, 39 más 61 votos telemáticos, 100; abstenciones, 60 votos telemáticos.
Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 104 más 241 votos telemáticos, 345; abstenciones, 4 votos telemáticos.
Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Nicaragua al Convenio sobre la obtención de pruebas en elextranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 242 votos telemáticos, 346; a favor, 104 más 201 votos telemáticos, 305; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 40 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 53 votos telemáticos; en contra, 104 más 182 votos telemáticos, 286; abstenciones, 10 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 111 votos telemáticos, 150; en contra, 65 más 129 telemáticos, 194; abstenciones, 3 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO [[UE]] 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. [[Número de expediente 121/000053]]
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento [[UE]] 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 39 más 60 votos telemáticos, 99; en contra, 65 más 184 votos telemáticos, 249; abstenciones, 1 voto telemático.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo.
Propuestas de creación de subcomisiones. Propuesta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, de creación de una subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 245 votos telemáticos, 349; a favor, 104 más 245 votos telemáticos, 349.
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la propuesta. [[Aplausos]] Se ha solicitado por diversos grupos parlamentarios un turno de explicación del voto en relación con la propuesta de creación de esta subcomisión. Por un tiempo de tres minutos, desde el escaño, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Quiero deciros que es ilusionante que aprobemos esta subcomisión, que supone un avance en el reconocimiento, la historia y los derechos del pueblo gitano, de mi pueblo, del que me siento orgullosa, del que creo que defiendo en aquello quepuedo, día a día, con mi hacer, con mi trabajo, con mi grupo parlamentario y con el resto de grupos parlamentarios. Y creo que esta subcomisión aborda dos horizontes relevantes: ese antigitanismo que detesto, que hoy se ha visto en el ámbito europeo por una persona de la extrema derecha que hacía una serie de comentarios discriminatorios - antigitanismos - del Gobierno búlgaro. ¡Con esto tenemos que acabar! Acabar porque impide la inclusión del pueblo gitano, por la que vamos a trabajar en esta subcomisión analizando esa estrategia de inclusión social del pueblo gitano que tiene retos importantes: retos en la educación, retos en vivienda, retos en el acceso y el ejercicio a los derechos sociales y en combatir ese trato discriminatorio que lamento que siga presente en nuestra sociedad. ¿De qué siento orgullo? De que sea por unanimidad. Hoy creo que es un hecho histórico: por unanimidad estamos aprobando una subcomisión con tres personas gitanas en esta Cámara, de lo que también me siento orgullosa, defendiendo y dando voz al pueblo gitano. [[Aplausos]] Os agradezco a todos y a todas el trabajo que realizamos, os agradezco el apoyo, porque al final lo que vamos a hacer va a ser construir una mejor sociedad, una sociedad en la que la diversidad nos enriquece, una sociedad de la que somos parte. Tenéis que conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestras aportaciones, aquello en lo que queremos contribuir, y creo que la mejor forma es analizarlo en esta subcomisión con la voz de expertos, de personas que van a venir a compartir su experiencia y sus propuestas, y elevarlo a nuestra labor parlamentaria. Finalizó deseándoos hoy un feliz día. Para mí es feliz porque hemos avanzado en el ejercicio en muchos derechos: en infancia, en el ámbito de la discapacidad y acabamos con mi pueblo; con lo cual, para mí es un día realmente de celebración. Os deseo a todos y a todas mucha salud y libertad. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Giménez. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
Muchas gracias, señora presidenta. Después de las palabras de Sara Giménez es muy difícil continuar. Yo particularmente no soy gitana, soy una playa muy aliada. En el Grupo Republicano pensamos que hay que hacer frente al racismo estructural y a la marginación de un pueblo olvidado y olvidado que ha sido víctima de una persecución histórica y continuada de carácter genocida. Por ello, y tras casi 600 años, hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, hemos creado por unanimidad esta subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Es imprescindible y urgente que esta casa pida perdón al pueblo gitano. Es imprescindible que rinda recuerdo y homenaje a todas sus víctimas, que analice las políticas públicas implementadas en el marco de la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana, que aborde las diferentes dimensiones del antigitanismo como forma específica de racismo, que legisle para poner fin a ello, que escuche a las personas gitanas, que se comprometa a trabajar para que se apliquen políticas inclusivas, efectivas y decididas con el objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades de todas las personas del pueblo gitano, el reconocimiento de su memoria,la reparación de los daños, el mantenimiento de sus señas culturales e identitarias y cuantas reformas se consideren necesarias, incluida la de la Constitución, para escuchar y visibilizar al pueblo gitano en las instituciones sociales, económicas y políticas. Y, finalmente, es necesario que esta casa proponga la elaboración de un informe con diagnóstico, propuestas y conclusiones. ¡Opre, romá! [[Aplausos]]
Gracias, señora Carvalho. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es un motivo de orgullo que se traiga a esta Cámara la creación de una subcomisión para un pacto de Estado contra el antigitanismo. Somos vanguardia hoy en Europa en esta materia. Señorías, el pueblo y las personas que carecen de memoria, carecen de identidad, y el pueblo gitano ha de rememorar su existencia para que España y Europa no se olviden jamás de la historia de un pueblo invisibilizado. Hoy quiero dar cuenta de esta historia de persecución y resistencia en esta Cámara precisamente, sede de la soberanía popular, ante la mirada petrificada de los Reyes Católicos, que iniciaron trescientas medidas antigitanas - desapareciendo la última medida en 1978-contra la lengua y la libre circulación de las personas gitanas. Hoy quiero recordar a todas las mujeres gitanas que fueron acusadas de brujería y condenadas a la hoguera por la Santa Inquisición. Hoy quiero recordar a todos los hombres gitanos condenados a galeras, convertidos en los motores humanos del imperio naval de la Corona española y a los condenados a trabajos forzados en las minas de Almadén y La Carraca. Hoy quiero recordar a todas las mujeres gitanas que, junto a sus hijos y sus hijas, fueron recluidas a la fuerza en las casas de misericordia bajo custodia de las monjas. Hoy quiero recordar a los hombres y mujeres, ancianos, niños y niñas que sobrevivieron al primer intento de exterminio, primer intento de genocidio dela Europa moderna, conocido como la Gran Redada, pergeñado por el obispo Vázquez Tablada y planificado por el marqués de la Ensenada. Hoy quiero recordar a Helios Gómez, el artista de la corbata roja, gitano sindicalista y antifascista, compañeroen la cárcel Modelo del president Lluís Companys durante la Revolución de Octubre. Hoy quiero recordar a Mariano Rodríguez Vázquez, gitano sindicalista y dirigente nacional de la CNT en Cataluña durante la II República. Hoy quiero recordar alpastor evangélico y escritor Mateo Maximoff, nacido en Barcelona e internado en los campos de concentración franceses durante la ocupación nazi. Hoy quiero recordar a todos los hombres y mujeres gitanas que tuvieron que soportar - entre ellos mi abuelo y mi abuela -, mientras dormían al raso en caminos y veredas, la patada de los guardias del régimen franquista en las cazuelas donde preparaban la comida para sus familias. [[Aplausos]] Hoy quiero pedir a la institución monárquica que pida perdón al pueblo gitano por el sufrimiento que esta dinastía ha provocado durante siglos a mi pueblo. Hoy quiero pedir a las altas instancias eclesiásticas de este país que pidan perdón al pueblo gitano por los siglos de calumnias, falsas acusaciones y condenas desalmadas. Durante siglos el pueblo gitano ha resistido frente a los abusos del poder. Hoy es tiempo de avanzar en el respeto por nuestro derecho a existir como un pueblo, como un pueblo libre, como un pueblo más en este país de países, nación de naciones, pueblo de pueblos. Salud y libertad, señorías. ¡Opre, romá! [[Aplausos]]
Gracias, señor Cortés. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora García Rodríguez.
Esta iniciativa surge de la necesidad de seguir trabajando y profundizando para erradicar los prejuicios y estereotipos que aún persisten en nuestra sociedad. Hemos visto a lo largo de estos años que hemos avanzado, por ejemplo, con la estrategia nacional aprobada en el año 2012, que incidía en temas tan importantes como la educación, el empleo, la vivienda y la salud de las personas gitanas. Como consecuencia de la pandemia también se hace necesarioseguir profundizando en otros aspectos, como la acción social, la participación de la comunidad gitana, un mayor conocimiento de su historia y su cultura - como hizo Castilla y León al incorporar en su currículum escolar precisamente la historia y lacultura de la comunidad gitana -, la no discriminación, la formación y la cultura, sin olvidarnos de la población gitana que procede de otros países. Por contextualizar, doy unos datos. En materia de vivienda, el chabolismo se ha visto reducido durante estos años hasta un 2 %, pero hay que seguir trabajando. Asimismo, hay que seguir mejorando la infravivienda. En temas de empleo, la tasa de paro es de un 50 %, y si hablamos de mujeres es de un 60 %. En materia de educación, solo el 17 % de la población gitana mayor de dieciséis años tiene completados los estudios de ESO y superiores. Estos datos demuestran que tenemos que seguir profundizando y esta subcomisión es una oportunidad. Por eso, el Partido Popular dirá sí a esta subcomisión, que tiene que seguir un proceso participativo, no solo de esta Cámara, sino también implicar a todos los ministerios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las diputaciones y muy especialmente a quienes deben tener un papel esencial en esta subcomisión, que son precisamente las entidades que conforman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Vamos a escuchar a las entidades sociales que trabajan cada día y que nos marcarán una serie de prioridades para alcanzar la igualdad de trato y también la plena convivencia intercultural. Cuando hablamos con los profesionales - los verdaderos implicados, los que están trabajando día a día con las personas gitanas - nos dicen que es necesario que se siga apostando por los barrios. Hay que llegar hasta las barriadas donde viven los gitanos. De esta subcomisión tiene que surgir precisamente eso, acciones concretas que lleguen a nuestros barrios y también que nuestros gitanos y gitanas que viven en cada uno de los municipios españoles nos puedan decir qué necesitan. Señorías, para poder cumplir estos objetivos tiene que haber financiación que permita impulsar estas medidas para que sean eficaces en todo el territorio español. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Carrillo de los Reyes.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Aquí se han dicho muchas cosas muy importantes. Una que quiero destacar es que el pueblo gitano cuenta casi con 600 años de historia marcada por más de 250 leyes antigitanas en el ordenamiento jurídico español, con el único fin de acabar con nuestra cultura y con nuestra vida. Hasta que llegó la democracia los gitanos y las gitanas no hemos sido libres. Señorías, con esta iniciativa que presentamos en el Pleno del Congreso comenzamos a escribir con letras de oro la nueva historia del pueblo gitano en nuestro país. Nuestra democracia tiene una deuda histórica con el pueblo gitano, y con la puesta en marcha de esta subcomisión damos un paso decisivo en la dirección correcta para facilitar el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de la minoría más importante de este país. Decía un sabio que el agradecimiento es la memoria del corazón, y yo quiero agradecer, en primer lugar, a todos mi compañeros y mis compañeras del Grupo Parlamentario Socialista por demostrar nuevamente esa sensibilidad por las personas que más lo necesitan. [[Aplausos]] Pero a la vez quiero reconocer a todas las fuerzas democráticas de esta Cámara por apoyarnos, por seguir luchando, junto con nosotros y nosotras, para colocar al pueblo gitano en el lugar de honor que se merece y que le corresponde. Muchísimas gracias,especialmente a mi compañera y diputada gitana, al señor Cortés y a la señora Giménez. Decía que el Grupo Parlamentario Socialista no es la primera vez que trae iniciativas tan importantes como esta propuesta a esta Cámara. La última ha sido la Ley de igualdad de trato y no discriminación, potente instrumento que hace unacondena pública contra el antigitanismo. También tenemos leyes como la ley educativa, que reconoce, y además incluye en el currículum escolar, la historia y la cultura gitana. La futura ley democrática, que asimismo crea una especial sección para la memoria de los gitanos y de las gitanas que sufrieron las ideologías del totalitarismo más atroz. Quiero también recordar las palabras que algunas de sus señorías defendían el otro día en la Comisión de Derechos Sociales, las señorías de VOX que no están aquí. Quiero decirles que el antigitanismo no es fruto de las mentes calenturientas de la izquierda, es fruto precisamente de las mentes retorcidas que anidan en las entrañas de la ultraderecha fascista. Que no se les olvide. [[Aplausos]] La discriminación que sufre el pueblo gitano existe y es palpable, por desgracia, y tieneconsecuencias nefastas en nuestras vidas, impidiéndonos llegar a la vivienda, a la educación, a la salud. ¡Basta ya de tanto odio, señorías! ¡Basta ya! No permitamos más que el odio que recorre esta Cámara llegue a las calles y empape de odio a nuestros ciudadanos. ¡Basta ya! [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Carrillo. Ha finalizado su tiempo. Muy buenas tardes, señorías. Se levanta la sesión. Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.