Señorías, se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Señora presidenta, señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso para su convalidación por la Cámara el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017. Como saben sus señorías, el contenido de este real decreto-ley forma parte de un acuerdo más amplio firmado por el Gobierno y los sindicatos de la Función pública para reforzar las plantillas, para mejorar la calidad y la estabilidad del empleo en la Administración y para mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Se trata, sin duda, de un acuerdo muy positivo y así ha sido valorado por las partes implicadas porque aprovecha la mejora de la situación económica de nuestro país para conseguir las mayores ventajas posibles para los empleados públicos, respetando al mismo tiempo la necesidad que aún tenemos de seguir reduciendo el déficit público. No habría sido posible firmar un acuerdo de estas características si todas las partes que nos hemos implicado en esta negociación no hubiéramos puesto el interés general y el interés de los empleados públicos por encima de cualquier otra consideración. Esa es una enseñanza que todos deberíamos aplicarnos con frecuencia en el actual escenario político en el que el diálogo y la disposición al acuerdo son imprescindibles para aprobar las leyes y las reformas que necesita nuestro país para seguir avanzando. Nada es imposible cuando existe voluntad para construir y unos objetivos claros a alcanzar, como lo demuestra este acuerdo firmado por dos partes que en otros momentos han mostrado posiciones y planteamientos claramente alejados. También es evidente que un acuerdo de estas características no habría sido posible en una situación económica diferente a la actual; no habría sido posible si siguiéramos en un escenario como el que hemos vivido en años anteriores y que ahora, afortunadamente, estamos superando. Por eso es tan importante seguir, en los próximos ejercicios presupuestarios, en la reducción del déficit público, porque solo así puede fortalecerse la recuperación económica y podremos seguir mejorando, modernizando, las estructuras de la Administración pública española, las condiciones laborales de los empleados públicos y las condiciones de vida del conjunto de los españoles. Me gustaría recordar, además, que este acuerdo no solo nace de la voluntad del Gobierno de España y de los sindicatos de la Función pública, el acuerdo tiene su origen también en el interés expresado por las comunidades autónomas de reforzar la estructura administrativa de los sectores prioritarios y de conseguir la estabilidad en el empleo público en esta nueva etapa, tras varios años en los que el acceso a la Administración se ha venido caracterizando por la interinidad de las plazas ocupadas. Efectivamente, las líneas básicas del acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos se derivan de las conclusiones de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero. En aquella reunión los presidentes autonómicos reclamaron que en el marco de la oferta pública de empleo anual se procediera al análisis de las especiales necesidades de los sectores prioritarios de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, en especial los de servicios sociales, educación, sanidad, seguridad y emergencias. En este sentido, la Conferencia de Presidentes pedía que en materia de reposición se garantizara un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración pública desde el respeto - y creo que es importante destacar esta consideración ante determinados posicionamientos que se oyen últimamente en esta Cámara - a los límites y reglas de gasto establecidos. Además, la Conferencia de Presidentes autonómicos reclamaba analizar la situación de interinidad en los servicios públicos esenciales, especialmente en educación y sanidad, de cara a reforzar la estabilidad de las plantillas de personal para garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y, asimismo, sostenible financieramente. Eso es lo que hicimos el pasado 29 de marzo Gobierno y sindicatos con la firma del acuerdo y eso es lo que refleja este real decreto-ley, que regula una de las partes del acuerdo, el que se refiere a la convocatoria de empleo público en determinados sectores prioritarios. Recordemos que el acuerdo firmado en la Función pública contempla una tasa de reposición del cien por cien en los sectores considerados prioritarios, con la particularidad de que el número de estos sectores se incrementa respecto a ejercicios anteriores a otros servicios públicos esenciales para atender determinadas necesidades de los ciudadanos. Señorías, estamos hablando de que esta tasa de reposición del cien por cien afecta a servicios como la sanidad; la enseñanza; la Administración de la Justicia; los servicios sociales; el control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social; la prevención y extinción de incendios; las políticas activas de empleo; la seguridad; la prestación directa del servicio de transporte público y las emergencias. La tasa de reposición para el resto de los sectores continuará siendo del 50 %. Esto va a suponer una oferta de empleo público de alrededor de 67 000 plazas este año. Por subsectores, 19 000 plazas serán en la Administración General del Estado y, de ellas, 13 422 serán de turno libre y 5578 de promoción interna. Además, 28 144 plazas pertenecen a las comunidades autónomas y 20 000 a entes locales. La justificación de aprobar esta parte de la oferta de empleo público mediante este real decreto-ley es, desde el punto de vista del Gobierno, evidente y lo es también la urgencia de hacerlo. Hay sectores que no pueden esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, son sectores que necesitan que la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos se realice urgentemente para no perjudicar la actividad y para no perjudicar a los ciudadanos que se benefician de ese servicio público. Estamos hablando de sectores que para funcionar correctamente exigen la incorporación de personal de nuevo ingreso en un calendario preestablecido, bien por el inicio del curso escolar, como es el caso de los cuerpos docentes, bien por el comienzo de la formación legalmente exigible antes de incorporarse al servicio activo. Este es el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el caso de Administración General del Estado esta oferta de empleo que incluye el real decreto-ley abarca a casi 8000 plazas de funcionarios. En el ámbito de las comunidades autónomas se prevé una tasa de reposición del cien por cien en el ámbito educativo, que podría suponer unas 11 500 plazas y se ha establecido una tasa de reposición también del cien por cien para los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas. Como les decía, un caso muy claro de la urgente necesidad de convocar el proceso selectivo de personal debido a las fechas en que nos encontramos es el de educación, tanto las no universitarias como la enseñanza universitaria. Para que el derecho a la educación esté plenamente atendido por los poderes públicos es fundamental que la incorporación de personal de nuevo ingreso se realice al comienzo del curso académico. Para conseguir este objetivo, el real decreto-ley prevé la convocatoria anticipada de un número de plazas del cien por cien en términos de tasa de reposición en enseñanza no universitaria... [[Rumores]]
Silencio, por favor. Silencio.
... para garantizar que se mantienen los medios personales indispensables para atender a este servicio público esencial en las administraciones públicas con competencias educativas. Esa misma tasa de reposición se contempla para los cuerpos de catedráticos de universidad, profesores titulares universitarios y profesores contratados doctores de universidad. La previsión es que en el ámbito de las comunidades autónomas esas tasas de reposición supongan unas 10 000 plazas de funcionarios docentes no universitarios y alrededor de 1500 plazas para docentes universitarios, en tanto que en el ámbito de la Administración General del Estado habrá 42 plazas de acceso libre al cuerpo de maestros. En el caso de las Fuerzas Armadas, hay que señalar que el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas exige que las distintas unidades dispongan de unos efectivos mínimos disponibles en todo momento. Además, en el caso de los oficiales hay que recordar que su preparación está vinculada al ámbito universitario. Esto hace necesario que anualmente la convocatoria de plazas para acceder a las distintas escalas de oficiales deba ser compatible con el desarrollo del curso académico. Son plazas para las que es necesario un periodo de formación previo que es complejo, porque requiere no solo superar los estudios correspondientes a la carrera militar que se va a desarrollar, sino la obtención de un título de grado universitario. Si la aprobación de la oferta de las diferentes plazas no se realizara con la máxima urgencia, se produciría un retraso en el desarrollo de los procesos selectivos que impediría el normal desarrollo del curso académico. Similares motivos exigen una convocatoria urgente de la oferta de empleo público de los oficiales de la Guardia Civil, y en general de todas las plazas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que requieren de unos determinados procesos de formación. Además, en todo caso debemos tener en cuenta que estamos hablando de funciones muy sensibles como son la defensa nacional y la seguridad pública, que exigen una adecuada reposición de efectivos para garantizar el buen funcionamiento operativo al servicio de la sociedad. Esta convocatoria tiene una oferta de empleo de 3591 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía, que es la oferta de empleo público más elevada para la Policía Nacional desde 2009, mientras que la oferta de empleo de la Guardia Civil es la más alta desde 2008, con 2346 plazas. También se ha establecido una tasa de reposición del cien por cien para los cuerpos de policía dependientes de comunidades autónomas, aunque en el caso de la Policía autónoma vasca la oferta de empleo será la que resulte necesaria para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Seguridad del País Vasco sobre su composición numérica total, de conformidad con lo establecido en su estatuto de autonomía. Finalmente, se convocan 1990 plazas para las Fuerzas Armadas, de las que 1699 son plazas para militares de carrera y militares de complemento. Señorías, el Gobierno, las comunidades autónomas y los sindicatos de la Función pública hemos hecho una apuesta por el empleo público, por la estabilidad y la calidad del empleo público, motivos por los que solicito el respaldo de la Cámara al decreto-ley. Se trata de una apuesta seria y responsable, una apuesta consciente de que después de casi una década de crisis económica y en un escenario de franca recuperación hay que reforzar y mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, en especial todos los que son prioritarios; me refiero a la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad, las emergencias, la lucha contra el fraude, el empleo, el transporte o la atención al público en áreas como los servicios sociales o la gestión tributaria y recaudación. Para lograr este objetivo, tenemos que seguir modernizando y agilizando las administraciones públicas, lo que significa que tenemos que seguir digitalizando la prestación de esos servicios públicos, pero también es necesario actuar en el ámbito laboral, mejorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos y su retribución, incorporando nuevos efectivos que rejuvenezcan la plantilla de personal con ciudadanos que estén dispuestos a desarrollar una carrera profesional de servicio público y ofreciendo, en consonancia, una mayor estabilidad en el empleo. En este sentido, creo que es bueno mencionar en esta intervención que el acuerdo firmado con los sindicatos avanza en esta apuesta por la estabilidad, con una reducción de la temporalidad en la Administración pública de hasta un 90 % de los interinos existentes actualmente en un periodo de tres años. Hay que tener en cuenta que partimos de una cifra muy elevada, de casi 300 000 interinos, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a tres sectores de gran trascendencia para la sociedad: la sanidad, la enseñanza y la justicia, donde las tasas de temporalidad oscilan entre el 30 % de la sanidad, el 25 % de la Administración de Justicia y el 20 % en la enseñanza no universitaria. Para reducir esa elevada tasa de temporalidad, el acuerdo contempla que las administraciones competentes deberán articular procesos de selección en ese período de tres años para conseguir la estabilización de este personal, respetando, en todo caso, los principios de mérito y capacidad. Sin duda, todas las partes que hemos intervenido en este acuerdo, en este proceso, consideramos muy importante ofrecer estabilidad laboral en la Administración, especialmente en estos sectores que prestan servicios públicos que son fundamentales para los ciudadanos y que, a la vez, son muy sensibles para el buen funcionamiento del Estado. Estamos convencidos de que esta reducción al mínimo de la tasa de temporalidad va a beneficiar no solo a los empleados que consigan una plaza estable, sino también a las personas que acceden a los distintos servicios públicos, por cuanto que estas medidas se van a traducir en una mejora de la eficacia y de la calidad de los mismos. Concluyo, señorías, resaltando que los contenidos del decreto-ley proceden de este acuerdo, que es fruto del diálogo político y del diálogo social. Además de impulsar una mejora en los servicios públicos, supone una forma también de agradecer a los empleados públicos su importante contribución a la recuperación económica y a la lucha contra el déficit público. Es indudable que esta recuperación económica nos obliga a ir mejorando sus condiciones laborales y salariales en la medida en que lo vayan permitiendo las finanzas del Estado y la firma del acuerdo es una buena muestra de ese deseo. Finalmente, todos los que hemos participado en este acuerdo hemos demostrado que estamos comprometidos con el diálogo y que no queremos que este acabe aquí. De hecho, ya el propio acuerdo que se ha firmado prevé la constitución de grupos de trabajo entre Administración y organizaciones sindicales para considerar medidas en cuestiones como movilidad geográfica y funcional, impulso de la formación y la profesionalización, criterios en materia de igualdad de género y víctimas de la violencia de género, situación de las mutualidades de funcionarios y seguimiento de la implantación de la Administración digital. Así pues, estamos ante una nueva demostración de que se puede avanzar en objetivos muy importantes para las sociedades de posiciones políticas y de instituciones diferentes, orillando visiones particulares y poniendo como prioridad el bien común de los españoles. Con ese espíritu pido a los grupos parlamentarios su respaldo a la convalidación de este real decreto-ley, en el que se recogen los puntos del acuerdo que son más urgentes de poner en marcha, ya que la convocatoria de estas plazas no puede esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Confío, en consecuencia, en conseguir el apoyo mayoritario de la Cámara en el día de hoy y que este apoyo forme parte de una dinámica que nos lleve a futuras coincidencias en asuntos muy importantes que a todos nos conciernen, porque, de hecho, afectan a la mejora de la situación económica y social de nuestros ciudadanos. Sinceramente, nada debería ser más importante que eso para cualquier responsable político o para un político responsable. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bel Accensi.
Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, vaya por delante que va a contar con nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley, pero quisiéramos hacerle algunas reflexiones de calado que son importantes para nosotros, para Cataluña y para la Generalitat de Catalunya, y otras de ámbito más general. Celebramos el acuerdo al que se llegó con los sindicatos, es un acuerdo importante. La cuestión de la interinidad nos preocupaba a todos, pero también me acojo a sus palabras de que es un paso más y hay que continuar trabajando en este sentido. A ese respecto también le voy a hacer alguna reflexión esta mañana. Más allá de esto, y entendiendo que es importante y urgente - coincidimos también en la urgencia - esta oferta pública en relación con los cuerpos docentes universitarios, no universitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también los cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas, no vemos por qué se diferencian algunos aspectos. No nos preocupa la disposición adicional segunda; nos preocupa que no exista una disposición adicional idéntica para otras policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra. Tendría que contemplarse con el mismo rasero, y me explico. No es suficiente una tasa de reposición del cien por cien. A la Policía autonómica vasca, con razón, se le permite superar este cien por cien siempre que no se supere el número total pactado por la Junta de Seguridad del País Vasco y consideramos que este mismo criterio se tendría que aplicar a Cataluña. Este es el motivo por el que vamos a votar a favor, pero también pediremos la tramitación como proyecto de ley para incorporar una enmienda en este sentido. En el caso de Cataluña, como ustedes sabrán - y si no, yo se lo puedo recordar - existe un acuerdo de 14 de septiembre de 2006, en el que se establecía un número máximo de 18 267 miembros para la Policía autonómica. Ha habido años en los que no se han cubierto, porque con la tasa de reposición no era posible y seguramente porque tampoco las finanzas de la Generalitat lo permitía. Pensamos que ahora se tendría que llegar a un acuerdo en el mismo sentido. Este número total máximo de la Junta de Seguridad de Cataluña debería ser el punto de referencia y no una tasa de reposición. Hablando de la Junta de Seguridad de Cataluña, aprovecho para pedir que le transmita a su compañero que en Cataluña estamos pendientes de la convocatoria de esta junta. El conseller de Interior, y durante mucho tiempo vicepresidente de esta Cámara, tiene la voluntad absoluta de que se convoque; hay un orden del día ya pactado hace tiempo, hay un ofrecimiento de diferentes fechas para poder celebrarse. Hace pocos días mi compañero Guillaumes se lo recordaba al secretario de Estado, y este también es un tema importante en estos momentos para Cataluña, conocen cuál es la forma de actuar del conseller Jané y, por tanto, aprovecho mi presencia en esta tribuna para reclamarle que no se dilate más la convocatoria de esta Junta de Seguridad en Cataluña. [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Alguna reflexión más, señor ministro, respecto a las tasas de reposición y al objetivo de cumplir el déficit en cada una de las administraciones. Hay un nivel de Administración, que usted conoce muy bien, que a lo largo de los últimos años no es que no haya generado déficit sino que ha generado superávit, que es la Administración local. Entendemos que tras muchos años de superávit y diferentes medidas de control en relación al gasto de la Administración local, no tiene sentido que se mantengan tasas de reposición en el ámbito de la Administración local; también podríamos discutirlo respecto a otros ámbitos, pero en el ámbito de la Administración local no tiene ningún sentido que se limite a sectores prioritarios o se limite la autonomía local cuando no hay razones financieras para hacerlo. Por tanto, nosotros vamos a presentar - igual que lo hemos hecho en el ámbito de los presupuestos - más iniciativas. El otro día estuve hablando con los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en el ámbito de la Función pública y coincidíamos en que uno de los elementos del próximo acuerdo tiene que ser dar capacidad de decisión libre a las corporaciones locales, en cuanto a la contratación, porque todas están generando superávit, señor ministro, y no tiene sentido que se hagan a veces inventos para vestir determinadas plazas como prioritarias y poner en una situación a los interventores, secretarios, concejales y alcaldes que no tiene sentido. Por tanto, aun cuando votaremos a favor, vamos a continuar reclamando esta mayor flexibilidad que creo que se la tiene merecida la Administración local. Repito, señor ministro, van a contar con nuestro apoyo pero vamos a solicitar la tramitación de esta iniciativa como proyecto de ley, porque entendemos que tendría que haber una disposición adicional similar a la segunda para el País Vasco para el caso de Cataluña y los Mossos, los cuerpos de seguridad de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. Intervendré de manera breve, y por eso lo hago del escaño, para manifestar que el reconocimiento de nuestra peculiaridad foral en cuanto a las tasas de reposición u ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza da satisfacción al reconocimiento y amparo de nuestros derechos históricos que reclama la adicional primera de la Constitución y a sus actualizaciones, la general operada en el Estatuto de Gernika y las particulares realizadas en normativa posterior, como esta que ahora se nos presenta para su convalidación y a la que por ello daremos nuestro apoyo. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura. [[La señora]]
Molt bon dia a totes i a tots, señor ministro, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, ustedes en nombre de la crisis lo que hicieron fue aplicar su ideología, ganó en el Reino de España la austeridad, la austeridad más masoquista, una austeridad disfrazada de recortes y de más recortes y, sobre todo, la alarmante petición de esfuerzos y de sobreesfuerzos a los ciudadanos de a pie. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que pringaron los de siempre, de hecho, también en este caso los funcionarios. Parece que la situación, según ustedes, ha empezado a cambiar y que el ministro Montoro puede decir en esta Cámara sin sonrojarse que nos presenta los presupuestos más sociales de la historia. Estamos de acuerdo con ustedes en que las necesidades de funcionamiento de determinados sectores de actividad pública requieren, sin lugar a dudas, la incorporación de personal de nuevo ingreso para garantizar la prestación de dichos servicios públicos con diligencia y, evidentemente, con una severa - subrayo - planificación de medios personales. Pero, señor ministro, en ningún caso compartimos haber llegado hasta donde ustedes nos han traído, porque vivimos, gracias a sus políticas, situaciones realmente surrealistas. Una de estas situaciones es la vivida en el aeropuerto Barcelona-El Prat, donde la dotación de plantilla de la Policía Nacional que se encarga de comprobar los pasaportes es tan escandalosamente insuficiente que ha llegado a generar colas de más de dos horas. ¿Saben ustedes lo que significa hacer una cola de más de dos horas para coger un avión? ¿Son conscientes del malestar, del nerviosismo y de la irritación que provocan la propia cola y la perspectiva de perder el vuelo? No es la primera vez que pasa y, no sé por qué, nos tememos que no será la última, porque esto está ocurriendo cada vez que hay un aumento puntual de pasajeros. Ya pasó con ocasión del Congreso Mundial de Móviles, celebrado en Barcelona hace unos meses, se repitió en Semana Santa y volvió a suceder el fin de semana del puente del 1 de mayo. Se vivió un auténtico caos, con colas de más de dos horas - repito - en el control de pasaportes y retraso en los vuelos programados, y eso a pesar de que la Policía aumentó el número de efectivos destinados al control de la documentación a los pasajeros. Pero no se trata solo de aumentar, señor ministro, sino de adecuar y, a la vez, planificar; es decir, la eficiencia como único camino para conseguir la eficacia. En este puente había previstas 945 operaciones entre despegues y aterrizajes, así pues las medidas adoptadas a posteriori por la Policía tampoco consiguieron apaciguar la polémica provocada por las aglomeraciones del día anterior. El caos era, pues, de proporciones escandalosas. Hace unos meses, la vicepresidenta del Gobierno español se atribuyó las relaciones institucionales del Estado en Cataluña. Quiero entender que es algo parecido a lo que se ha denominado Operació Catalunya u Operación Cataluña. Sería preferible que la señora Sáenz de Santamaría, que hoy no está, pero se lo transmiten, en vez de venir a Barcelona para la Diada de Sant Jordi, por ejemplo, a pasearse por La Rambla, hiciera una de las colas que su ineficaz Gobierno genera en nuestros aeropuertos o que se montara en un tren de cercanías para ver su puntualidad y darse literalmente un baño de masas en el andén y, también, en su interior. El hecho de que en las ventanillas del control de pasaportes solo hubiera dos policías y ni tan siquiera una cinta para distribuir las colas, no sabemos si responde a una absoluta falta de planificación, a una sublime ineficiencia o a una estrategia del Gobierno español para menguar la competitividad de nuestro aeropuerto. No quiero ser tan mal pensada, de hecho no lo soy, pero lo cierto es que su ineficacia está poniendo en cuestión la competitividad de nuestra capital. ¿O acaso creen que la opinión sobre Barcelona de aquellos que vinieron al Mobile Word Congress no se vio perjudicada por las muchas horas de cola que padecieron? De la misma manera que, afectó a nuestra imagen también el hecho de que la Policía Nacional o la Guardia Civil que les atendían o que intentaban ordenarles en la cola no hablaran ni tan siquiera inglés. Por eso, no solo esperamos, señor ministro, que el aumento de las plantillas policiales sirva para que los controles de pasaportes en el aeropuerto de Barcelona-El Prat sean eficientes, sino que a la vez esperamos que las convocatorias exijan que estos policías tengan más competencias lingüísticas que las que tienen actualmente. Y no solo le hablo de las debidas competencias en inglés que deben tener aquellos cuerpos policiales que se encargan de relacionarse con los turistas, sino que estas mismas competencias deben ser exigidas para aquellos que son destinados a territorios que tienen una lengua propia diferente al castellano - voy terminando -, entre otras cosas, porque la falta de competencia lingüística en catalán, en euskera o en galego de aquellos policías destinados a los Països Catalans, a Euskal Herria o a Galicia en muchos casos se convierte, señorías, en falta de democracia. No en vano, hace años que Esquerra Republicana de Cataluña denuncia la vulneración permanente de los derechos lingüísticos que practican las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos territorios, y de una manera, esta sí, muy lacerante en el País Valencià. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Jordà i Roura. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy debatimos la convalidación del sexto decreto-ley del año, en esta ocasión para dar el Ok o no a la oferta de empleo público en determinados ámbitos específicos de nuestras administraciones públicas - se han dicho aquí -: personal docente universitario o no universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías autonómicas. Ya le adelantó, señor ministro, que nuestro grupo parlamentario votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley, y lo hará por varios motivos. [[Continúan los rumores]] El primero de ellos es que este decreto o, mejor dicho, el apoyo a su convalidación, no puede ser entendido sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, unos Presupuestos Generales del Estado que, como todos ustedes saben, mi grupo ha negociado y ha apoyado. Los motivos de este apoyo son claros. Ya hemos dicho tanto en este Pleno como en reiteradas ocasiones en las diferentes Comisiones, que nuestro apoyo a los presupuestos no es un cheque en blanco, nuestro apoyo a los presupuestos viene supeditado a una serie de cambios, a una serie de reformas a cambio de estabilidad, un cambio claro en la tendencia que supone un fin a una época de recortes y de austeridad a la que nos tenía acostumbrados el Gobierno del Partido Popular. Además, en relación con el empleo público, el proyecto de ley de presupuestos supone la mayor oferta de empleo público de la democracia. Al aprobar estos presupuestos damos luz verde a 250 000 nuevas plazas de empleo público en toda España durante los próximos tres años; a través de estos presupuestos se consigue combatir y hacer frente a las altas tasas de precariedad en las que se ven inmersos trabajadores en algunos importantes sectores, como son la sanidad o la educación. Gracias a su aprobación 240 000 funcionarios interinos pasarán a ser fijos, reduciéndose en un 17 % la precariedad laboral en el sector. Actualmente, señorías, hay unos 300 000 interinos en la Administración con tasas de temporalidad que oscilan entre el 30 % en la sanidad, el 25 % en la Administración de Justicia o el 20 % en la enseñanza no universitaria. Por lo tanto, con este cambio de tendencia conseguimos avanzar en la estabilidad del empleo en lo referente a las plantillas del sector público, con esta nueva oferta de empleo público, señorías, conseguimos que nueve de cada diez funcionarios interinos tenga un puesto de trabajo estable, tenga un puesto de trabajo fijo. Estos presupuestos no solo suponen el fin de los recortes en sanidad, suponen también que 130 000 puestos de trabajo se transformarán en fijos en el ámbito de la sanidad pública española. Estos presupuestos no solo suponen 100 millones para la modernización de nuestro sistema judicial, al que falta le hace, sino que suponen además que 10 000 empleados de la Administración de Justicia obtengan una plaza fija. Lo mismo ocurre si hablamos de educación, se acabaron los recortes en educación. En Ciudadanos creemos que no hay nada más importante para el presente y para el futuro de nuestra sociedad que la educación. Por eso hemos conseguido incluir un plan contra el fracaso escolar para que ningún niño se quede atrás y dejemos de ser el país de Europa con más repeticiones y con las tasas más altas de abandono escolar. Por eso también hemos conseguido que se doblen las becas llegando hasta 50 millones, para que los libros de texto sean gratis para las familias que más lo necesitan. Pero es que además estos presupuestos suponen la transformación de 100.000 plazas de personal interino en personal fijo, porque nuestros profesores son una de las piezas fundamentales en nuestro sistema educativo. Como les decía, todo esto supone un cambio de dirección en lo que a Función pública se refiere, supone iniciar el camino para reducir en tres años la tasa de temporalidad del conjunto del empleo público, del 25 % al 8 %, pero no solo eso, supone también la cobertura del cien por cien de las jubilaciones en educación, sanidad y justicia, y del mismo modo se asegura una subida del 1 % del sueldo de los funcionarios después de años de recortes y pérdidas de derechos. Les voy a recordar de dónde venimos, señorías, venimos de muchos años con una política general de tasas de reposición cuasi cero, sin perjuicio de algunas pocas excepciones. El Partido Popular limitó las tasas de reposición al 10 % durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en algunos de los sectores esenciales, y además congeló los sueldos de los funcionarios en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Este tipo de políticas nos han llevado a que entre el año 2012 y el año 2016 el número de empleados al servicio del Estado haya caído en unas 167 000 personas, prácticamente un 6 %, según los datos publicados en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas. Las tasas de reposición también se limitaron en las épocas de Gobierno del Partido Socialista, que además hay que recordar que el año 2010 bajó una media del 5 % el sueldo a los funcionarios para después congelárselo en el año 2011. Es decir, durante muchos años, desde que empezó la crisis, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular los empleados públicos y sus familias han sido quienes han sufrido directamente los recortes, y con estos presupuestos, señorías, se revierte esta tendencia. Este real decreto-ley, como les he dicho anteriormente, debe ser entendido como un complemento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, y ese es el segundo motivo de nuestro voto favorable. Este decreto es un elemento accesorio justificado por una cuestión temporal, las necesidades de funcionamiento de determinados sectores de actividad pública que requieren la incorporación de personal de nuevo ingreso, conforman una cadencia temporal preestablecida, y además fija una tasa de reposición del cien por cien para determinados cuerpos docentes, tanto universitarios como no universitarios, así como para la Policía autónoma. En resumen, señorías, mi grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto, y lo va a hacer en coherencia con la actitud de responsabilidad que ha mantenido estos meses y con el negociado de unos presupuestos que, si no son de Ciudadanos al cien por cien, reflejan claramente nuestras prioridades y están - por así decirlo - teñidos de naranja allí donde importa: en las reformas, en la modernización y en el rescate de quienes se han quedado atrás durante la crisis. Por tanto, son otros grupos quienes tienen que preguntarse con qué autoridad van a votar favorablemente un decreto sobre empleo público, cuando han torpedeado los presupuestos que lo hacen posible; cómo desde el no es no, el bloqueo permanente, el maximalismo, la bronca por la bronca y la irresponsabilidad pretenden ahora subirse al carro del trabajo y el funcionamiento de una Administración que, si dependiera de sus acciones, seguiría bloqueada y asfixiada económicamente otro año más. [[Aplausos.-Rumores]] Señorías, desde aquí les invito a que miren a la cara a las personas que se van a beneficiar con esta oferta de empleo y a los ciudadanos que se van beneficiar de los servicios y les expliquen que ustedes han preferido bloquear los presupuestos que lo hacen posible. Nosotros nos vamos a ir a dormir con la conciencia muy tranquila; allá cada cual con la suya. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos.-Continúan los rumores]]
Muchas gracias, señor Del Campo Estahún. [[Rumores]] Señorías, les pediría que bajaran un poquito el volumen de las conversaciones en el hemiciclo. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en primer lugar tiene la palabra el señor Delgado Ramos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, viene usted aquí hoy con un discurso grandilocuente, a vender un logro, otro mérito del Gobierno del Partido Popular, y no hay ningún mérito. El mérito hubiese sido no rescatar a los bancos y ayudar a la gente; ese sí hubiese sido un gran mérito suyo [[Aplausos]], pero haber protagonizado el mayor desmantelamiento de funcionarios públicos de toda la historia no es ningún mérito. Ustedes ni han creído nunca en los funcionarios ni han creído en lo público; sus políticas siempre han ido más encaminadas al recorte y a la privatización, porque mientras ustedes han congelado la oferta de empleo público se han dedicado a privatizarlo, y les podría poner muchos ejemplos de privatización. En todo caso, en la Policía Nacional hoy tenemos 10 000 policías menos, la oferta es de unos 3300; con eso no tenemos ni siquiera para cubrir las jubilaciones que se van a producir este año, luego el déficit es el mismo, es decir, vamos a tener el mismo déficit de policías. Y en la Guardia Civil los datos son los mismos, ni siquiera nos da para cubrir las jubilaciones. Le he escuchado hablar de condiciones sociolaborales, y tengo que decirle que la falta de agentes no solo afecta al servicio, sino que además va a impedir la existencia de una jornada laboral digna, que los turnos se puedan llevar a cabo, en consecuencia, vamos a acentuar el empleo precario dentro de la Policía y de la Guardia Civil. Además, la no reposición acumulada durante estos años ha conllevado el envejecimiento de la plantilla de la Policía y de la Guardia Civil. Hoy la media de edad tanto en Policía como en Guardia Civil es de cuarenta y tres años. En la Guardia Civil, de 70 000 agentes, menos de 4000 tienen entre veinte y treinta años. Claro, eso es un problema y usted lo sabe: el envejecimiento de la plantilla. Ese desmantelamiento de lo público durante estos años ha producido y va a producir daños que son irreparables. La mayoría de los juzgados de nuestro país tienen una falta de medios y de personal que se traduce en una montaña de casos apilados en sus estanterías. La justicia no es lenta, es rápida si usted le pone personal y medios, aunque necesita personal, pero la justicia no es lenta. Hay comisarías de la Policía Nacional que muchos días no tienen ni siquiera un coche patrulla para dar servicio a sus ciudadanos; hay cuarteles de la Guardia Civil que permanecen cerrados y, como consecuencia de ello, agricultores de muchos pueblos tienen que improvisar patrullas vecinales. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Tenemos unidades de élite, como la UDEF y la UCO, que están bajo mínimos, prácticamente desmanteladas. Es posible que para usted no sea una prioridad aumentar la plantilla de la UCO, pero para el resto de la sociedad lo es, créame; es una prioridad para unidades de élite como la UCO y la UDEF. Además, ustedes han apostado por la privatización de lo público. Hoy tenemos vigilantes privados de seguridad trabajando doce horas por 800 euros porque ustedes se han dedicado a privatizar lo público. Eso es lo que han hecho ustedes, ese es el mérito, si lo podemos llamar así, que tienen ustedes en lo que se refiere a la oferta pública. Por tanto, no creemos en este real decreto porque es muy insuficiente. Lo vamos a apoyar, pero es muy insuficiente, muy insuficiente, y no soluciona los problemas de seguridad y los problemas a los que nos enfrentamos en Policía y Guardia Civil. Queremos más personal. Crea en lo público, que ustedes no creen en lo público. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Delgado Ramos. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mena Arca.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señor ministro, ni yo soy Shakira, como puede ver por mi cintura [[Risas]], ni usted es Maluma, pero este decreto forma parte de un chantaje, un chantaje que es indigno [[Aplausos]], señor ministro, porque en este chantaje sus rehenes nuevamente han sido los más vulnerables: los interinos y los opositores. Señor Montoro, usted dijo que, mientras no estuvieran aprobadas las cuentas públicas, ninguna Administración podía convocar plazas. Este decreto confirma que, a conciencia, ustedes mintieron, abocaron a los Gobiernos autonómicos a la inseguridad jurídica y condenaron a los opositores a la desesperación, así que ustedes ya han sembrado el campo para que se rebajen las convocatorias de oferta de empleo público para este año 2017, que es lo que de verdad quieren. Con su acción y con sus declaraciones hoy muchas comunidades han anunciado que no convocarán oposiciones en educación porque este decreto llega premeditadamente tarde. España ya era uno de los países con mayor índice de interinidad en la Función pública, pero su voracidad no tiene límites y decidieron establecer esta tasa de reposición. Ahora dicen que la quieren rebajar y que quieren rebajar la interinidad al 8 %. Es como si el que ha provocado un incendio ahora viene a replantar árboles en el bosque. La tasa de reposición que ustedes aprobaron sin negociación es una herramienta ideológica y una intromisión desproporcionada en la autonomía municipal y autonómica, y no ha supuesto un ahorro, como ustedes bien saben. Lo único que ha supuesto es aplicar las políticas del Partido Popular por la vía en la que ustedes no ganaban elecciones en las urnas. A los sindicatos, es cierto, les arrancaron este acuerdo, que es a todas luces un acuerdo insuficiente. Corrige una situación de precariedad absoluta, pero no revierte en los recortes en plantilla de 2011, no reponen todo el empleo público y no se revisa la tasa de reposición para todos los servicios públicos, además lo hacen en un ámbito tan especialmente sensible para el conjunto de la ciudadanía como es educación, que viene a añadirse a sus recortes ideológicos en materia educativa. Hay dos elementos importantísimos que se deberían corregir de este decreto. Primero, la reposición al cien por cien no supone revertir los recortes del profesorado. Ustedes han sido la patronal que ha llevado al paro a 32 000 docentes en el Estado español. Segundo, en el ámbito universitario dejan abierta la puerta a más recortes de plantilla, según establezca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Parece que ustedes no tienen bastante porque, si no, ministro, dígame qué quiere decir el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos, que le pedimos que corrijan. O bien ustedes son muy torpes o bien ustedes son muy malvados. Así que, señor ministro, corrijan el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos, porque parece que quieran seguir condenando al paro a miles de interinos por no poder encadenar más de tres años de interinaje. [[Aplausos]] Acabo, presidenta. Dejen, señores del Partido Popular, de jugar con el trabajo de miles de funcionarios y de opositores del Estado español. El empleo público es algo importantísimo. Estabilicen ustedes las plantillas de empleo público no solo en educación y Fuerzas Armadas, también en sanidad, en cultura y en tantos y tantos otros ámbitos. - Acabo -. Ministro, No jueguen con el trabajo de la gente, no chantajeen a los opositores, porque el trabajador público es el sostén de nuestros servicios públicos. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Mena Arca. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Antes de pasar a analizar el contenido de este Real Decreto-Ley tengo que reconocer que estamos contentos en el Grupo Parlamentario Socialista porque nos han hecho caso. Les veníamos insistiendo en la necesidad de aprobar la oferta de empleo público. Sabíamos que era posible aunque no estuvieran aprobados los Presupuestos Generales del Estado, pero nos querían someter a ese chantaje [[Aplausos]], olvidándose deliberadamente de que está muy justificada la urgente necesidad de aprobar esa oferta de empleo público, como así se lo habíamos recordado una y otra vez desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde las comunidades autónomas con Gobiernos socialista. Señorías, hasta la fecha este Gobierno se ha destacado por el abuso de los decretos-leyes, en los que la extraordinaria y urgente necesidad era más que discutible. También es verdad que los han utilizado casi siempre para autoenmendarse. Al menos en esta ocasión, por su debilidad parlamentaria, ha sido fruto de negociación colectiva, ausente de sus decisiones en estos últimos cinco años. La convalidación que venimos a debatir es un ejemplo evidente de esa práctica de corregirse a sí mismos sin ruborizarse lo más mínimo. Solo hace falta analizar la exposición de motivos del Real Decreto-Ley para darse cuenta de la falta de complejos de este Gobierno. Dice así la exposición de motivos: las necesidades de funcionamiento de determinados sectores de la actividad pública requieren de la incorporación de personal de nuevo ingreso, conforme a una cadencia temporal preestablecida. A lo que añade: para garantizar la prestación de estos servicios públicos con estabilidad y con ajuste a las necesidades, es preciso contar con una adecuada planificación de los medios personales, a lo que contribuye la aprobación por este Real Decreto-Ley de la oferta de empleo público de los sectores referidos. Claro que es necesaria una planificación de los medios personales de la Administración, claro que es necesaria la incorporación de personal para cubrir las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos, pero, señorías, no podemos obviar que han sido las decisiones del propio Partido Popular en el Gobierno las que han provocado en los últimos cinco años esta situación límite de los servicios públicos que vienen a tratar de solucionar en esta oferta de empleo público que hoy convalidamos. Podía haber aplicado, señor Montoro, estas consideraciones cuando en el año 2012 empezaron a destrozar los servicios públicos esenciales, con el resultado de la pérdida de 300 000 empleos públicos en este periodo. ¿Ahora se da cuenta de que la Administración necesita personal? Cuánto daño han hecho a los servicios públicos de este país, especialmente a los más sensibles por su carácter esencial para la mayoría de la gente. Y lo justifica en la crisis, pero no, es su ideología la que ha hecho estos recortes y este daño a los servicios públicos. Han sido cinco años de actitud contraria a la negociación colectiva, de imposición de recortes en los derechos de los empleados públicos, que además se han sentido despreciados por las declaraciones de los altos cargos del Gobierno con responsabilidad en esta materia. Cinco años, los mismos que el Partido Socialista lleva denunciando que su política de recortes en los derechos de los empleados públicos era un ataque directo a los servicios públicos más esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cinco años y por fin el Gobierno, fruto de su debilidad, que no de su convicción - les recuerdo -, se sienta a negociar con quien antes no quiso. Felicitamos a los sindicatos por su empeño y su dignidad en estos años de maltrato. Reconocemos y valoramos el ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales ante la demora que ha provocado el Gobierno por su posición injustificada y ventajista. Sepan que su comportamiento ha tenido en la más absoluta incertidumbre a miles de opositores con aspiraciones de convertirse en empleados públicos o con contrato temporal en la Administración. También los ciudadanos y ciudadanas que reciben estos servicios públicos han sido rehenes de esta actitud irresponsable del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista reconoce el esfuerzo negociador de los sindicatos. No se apodere de un logro que no le pertenece, señor Montoro; no venga a ponerse medallas que no le corresponden, como por ejemplo las medidas para rebajar el empleo temporal a porcentajes en torno al 8 %, que ya se establecieron en el año 2007 con un Gobierno Socialista. No es un logro suyo, créame. Señorías, decía al principio que mi grupo recibe este decreto-ley con agrado, pero la verdad es que nos sabe a poco. Consideramos algunas medidas insuficientes porque, con una tasa de reposición del 100 % en algunos servicios solo se repondrán las bajas que se produzcan pero no recuperaremos los 300 000 empleos públicos perdidos con los recortes del Gobierno del Partido Popular. Y quiero destacar la preocupación de los entes locales, más castigados si cabe que el resto de las administraciones. La Administración local ha pasado de 646 627 empleados en junio de 2011 a 547 800 empleados, lo que supone una reducción del 15,26 % de las plantillas en solo cinco años, con el consecuente deterioro de los servicios públicos que se está produciendo sobre todo en los municipios más pequeños, que no tienen tanta plantilla y a los que les cuesta mucho más trabajo recuperarla. El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado varias enmiendas a los presupuestos generales de este año, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo de que el Gobierno reconsidere la regulación que se establece en materia de aplicación de la tasa de reposición de los efectivos de la Administración local. Los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, los consejos insulares, llevan varios años pidiendo apoyo y sensibilidad a sus demandas y preocupaciones, y ustedes, señores del Gobierno, han mirado hasta ahora para otro lado. Desde el austericidio, han frenado el desarrollo de las iniciativas locales de empleo y la prestación adecuada de servicios públicos a la ciudadanía. Voy terminando. Con este decreto-ley las administraciones públicas encuentran un motivo para no interrumpir o cesar en su funcionamiento, pero no para mejorar. Es un punto de salida pero les pedimos que sigan avanzando hacia la meta. Falta, como siempre, proyección de modelo de empleo público, posibilidad de planificación. Señor Montoro, tómese en serio los servicios públicos y la Administración y planifique también el medio y el largo plazo. Es necesario porque, repito, tratan de resolver con urgencia un problema que ustedes mismos han creado. Señor Montoro, en la Administración descansa la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin una buena Administración y la piedra angular de esa estrategia la constituyen los empleados públicos. Guárdenles el debido respeto y, asimismo, respeten a los ciudadanos que a diario son atendidos por los empleados públicos de este país. Nuestro grupo votará a favor de la convalidación porque es un punto de partida, pero caminemos hacia la meta. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Serrano Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el real decreto-ley que se presenta para su convalidación es una muestra más del compromiso de los Gobiernos de Mariano Rajoy con el papel de las administraciones públicas como suministradoras de servicios públicos a los ciudadanos y del compromiso del Partido Popular con los trabajadores públicos, entendiendo su labor como un elemento fundamental para que esos servicios sean de calidad. En ese sentido, desde nuestro grupo queremos recordar qué ha pasado en la historia reciente porque, señorías, en esta materia no se pueden entender el presente y el futuro si no recordamos de dónde venimos. Quiero recordar a sus señorías, especialmente a las del Grupo Parlamentario Socialista, lo que ha vivido este país no hace mucho tiempo. No estoy hablando de hace ochenta años ni de hace cuarenta años, sino de hace menos, de hace aproximadamente siete años, porque hay cosas para las que algunas de sus señorías tienen mucha memoria histórica y, sin embargo, les falta la memoria más reciente. Todos podemos recordar cuando, en 2010, Zapatero nos bajó el sueldo a los empleados públicos, de media un 5 % desde junio, nos redujo la paga extra y congeló las pensiones. [[La señora Serrano Jiménez hace signos negativos]] Eso fue no hace mucho tiempo. Y eso, señorías, fue una consecuencia de las nefastas políticas económicas y presupuestarias de los dos Gobiernos del Partido Socialista. Eso es lo que pasa cuando en un país no se respetan los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que al final lo acabamos pagando todos los funcionarios, todos los pensionistas, todos los ciudadanos. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, lo reconocemos, claro que sí; en 2012 se tomaron medidas en muchos ámbitos, pero hay una diferencia sustancial entre las medidas socialistas y las medidas del Partido Popular: que las nuestras sirvieron y sacaron a este país de la crisis; las suyas no sirvieron. [[Aplausos]] El esfuerzo de los funcionarios y de todos en el año 2010 se fue por el desagüe porque no sirvió ni para reconducir el déficit público ni para mejorar las finanzas públicas, mientras que las nuestras, las del Gobierno de Mariano Rajoy, han permitido sanear las cuentas públicas y, al mismo tiempo, reconducir nuestra economía al crecimiento y, sobre todo, a la creación de empleo. Esa es la gran diferencia. [[La señora]] Se tomaron decisiones y gracias a eso este país no fue rescatado. Señores de Podemos, recuerden los vientos de Grecia y lo que supuso para los griegos las medidas que se aplicaron en ese país. Señorías, de este pasado tenemos un presente, un presente en el que el Partido Popular gobierna este país. Gobierna habiendo ganado las elecciones en diciembre de 2015 y junio de 2016, porque nosotros sí hemos ganado y lo hemos hecho con un compromiso fundamental: el compromiso con el empleo, el compromiso con la mejora de la calidad de ese empleo y, en concreto, con el empleo público. En ese compromiso con el empleo público se ha trabajado y se está trabajando, negociando y acordando con comunidades autónomas, con diputaciones y entidades locales, con las organizaciones sindicales. Negociando y acordando. Y desde nuestro grupo parlamentario queremos poner en valor esa intensa labor de negociación y acuerdo, acuerdo con la conferencia de presidentes y acuerdo con las principales organizaciones sindicales. Señorías, nosotros, el Partido Popular, cumplimos y cumpliremos con nuestros acuerdos, no como a lo que nos tienen acostumbrados los socialistas. Aquí quiero contraponer nuestro acuerdo - que se cumplirá - a la resolución y el acuerdo del año 2009 del Partido Socialista, que en el año 2009 acordó mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y en 2010 nos bajó el sueldo un 5 %. Esa es la diferencia. [[Aplausos]] Nosotros hemos negociado y acordado que la tasa de reposición se incremente en los sectores prioritarios para la reducción del empleo temporal, que va a suponer unas 300 000 oportunidades para 300 000 personas, porque consideramos que es una medida de equidad que dos personas que trabajan en un mismo servicio en una plaza estructural tengan las mismas condiciones laborales. Y, señores de Podemos, dejen de asustar a los interinos, con el Partido Popular tienen perfectamente garantizadas sus condiciones y prueba de ello es la enmienda que hemos presentado para que quede claro que no existe ningún ataque a los interinos. [[El señor Delgado Ramos hace signos negativos]] Señor portavoz de Podemos, revise las enmiendas. [[Aplausos]] También queremos seguir avanzando en las condiciones salariales de los empleados públicos, que volverán a incrementarse en 2017 en un 1 % si se aprueban los presupuestos. Claro que es deseable un mayor aumento, pero una cosa es lo deseable y otra distinta es lo posible, porque los incrementos salariales deben ser compatibles con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. El Grupo Popular es consciente de cuáles son las consecuencias de confundir lo que se desea hacer con lo que realmente se puede hacer. Señorías, mi intervención ha sido así porque no se puede hablar de este real decreto que se trae hoy a convalidación sin hablar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. El fin último de este real decreto, como bien se reconoce en su exposición de motivos, es dar respuesta a las necesidades que surgen en algunos ámbitos de las administraciones públicas. Señores socialistas, esperamos, tanto que nos han pedido este decreto, que ahora cumplan ustedes y convoquen en las comunidades autónomas esa oferta de empleo público, especialmente en el ámbito docente. Esperamos que lo hagan. [[Aplausos]] Pero esta, la solución que viene en este decreto, es una solución parcial, ya que continúa siendo necesario dar respuesta al resto de oferta de empleo público, que está vinculada a la aprobación de los presupuestos. De ahí mi intervención, que apuesta por la necesidad de seguir trabajando cuando se convalide este real decreto; seguir trabajando, negociando y acordando para que España tenga unos presupuestos en 2017, para que más grupos y más diputados se sumen al sí a las oportunidades que nos traen estos presupuestos para todos los españoles. Por eso, señorías, es necesario decir sí al presupuesto porque es decir sí a las tasas de reposición, es decir sí a aumentar los sueldos de los funcionarios, es decir sí a bajar la interinidad. Estamos hablando de más de 300 000 oportunidades en los próximos tres años. Decir sí a los empleados públicos contribuye al sí a la mejora en la calidad de los servicios públicos. Finalizo, señorías. El Grupo Parlamentario Popular y cinco partidos más con los que ha negociado y acordado para tener presupuestos en 2017 decimos sí a todas estas mejoras. Los que digan no tendrán que explicar a los españoles y a los empleados públicos qué intereses esconden tras ese no, porque no tener presupuestos significa limitar las oportunidades a los empleados públicos y a todos los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - REAL DECRETO-LEY 7/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE PRORROGA Y MODIFICA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. [[Número de expediente 130/000013]]
Pasamos a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, es para mí un honor comparecer en esta Cámara para presentar el real decreto-ley por el que se prorroga y modifica el Plan de Activación para el Empleo, una norma que sometemos a convalidación y que tiene como objetivo principal mantener y mejorar los instrumentos para la protección y, sobre todo, para la activación de los desempleados en España, es decir, desplegar herramientas necesarias para que nadie se quede atrás en la recuperación. Además, lo hemos hecho con diálogo y consenso con los interlocutores sociales en el marco de ese diálogo social tan importante para la política económica y social de este país, porque es fundamental, señorías, un consenso que nos permita avanzar en esta legislatura en cuestiones tan importantes como más empleo y de mayor calidad, igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y mantenimiento y fortalecimiento de nuestro sistema de prestaciones públicas para ayudar a aquellas personas que tienen que hacer la transición del desempleo a su vuelta al mercado de trabajo. Por tanto, señoras y señores diputados, lo que nos mueve, por lo que trabajamos cada día es por el empleo, por más y mejor empleo en nuestro país. [[Rumores]]
Silencio, señorías.
¿Y qué hemos hecho hasta ahora, señorías? Desde el final de la crisis, desde el inicio de la recuperación el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado un gran impulso para seguir destinando recursos a la ayuda a los desempleados en España. De 2012 a 2016, por ejemplo, se han destinado al pago de prestaciones por desempleo y subsidios más de 125 000 millones de euros y hemos avanzado y completado el mapa de ayudas con programas especiales para los parados en nuestro país. Saben muy bien que se ha prorrogado y se ha fortalecido, por ejemplo, el programa Prepara, con un incremento de hasta 450 euros de ayuda para aquellos desempleados con cargas familiares, algo que ha favorecido desde el año 2011 a casi 700 000 personas en España. Por otro lado, pusimos en marcha en el año 2014, fruto del diálogo social constructivo, el Programa de Activación para el Empleo, que ha atendido a más de 233 000 personas y que, junto con el Prepara, han sido las dos únicas iniciativas que se acordaron en el periodo de Gobierno en funciones que sufrimos en los últimos meses del año pasado en este país porque sabemos que la ayuda al desempleo y las políticas para activar a los desempleados son una prioridad para todos los grupos de esta Cámara. Por tanto, tenemos que seguir avanzando en algo tan importante como es activar el talento y dar oportunidades a los españoles cada día. Ese esfuerzo compartido es también un esfuerzo que como sociedad han hecho los españoles. Quiero dar las gracias desde esta tribuna a los que están siendo los verdaderos protagonistas de la recuperación en España, a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores y también a las familias españolas. Gracias a ellos la recuperación en nuestro país es una recuperación social porque trae el nombre del empleo; fíjense, desde el inicio de la recuperación ya hay dos millones de personas que trabajan en España. Todo el crecimiento económico se traduce intensamente en creación de empleo y no hay más recuperación social que esa. Hoy hemos conocido que la Comisión Europea eleva las previsiones de crecimiento de España para 2017 al 2,8 %, lo que es una garantía para que en este país se creen más de 500 000 oportunidades este año. Por tanto, recuperación con empleo, con intensa creación de empleo. Pero eso no nos complace, tenemos que seguir luchando por las oportunidades, nos queda mucha tarea por hacer y por eso necesitamos más empleo y empleo de mayor calidad. Ahora bien, también hemos avanzado desde la recuperación en la calidad del empleo en nuestro país. Voy a leerles datos estadísticos sin hacer comentarios políticos al respecto. Desde la recuperación, el 91 % del empleo recuperado ha sido a tiempo completo; fíjense, se ha recuperado el 72 % del empleo indefinido destruido por la crisis y el 33 % del temporal. Si me permiten la expresión, es de mayor calidad el empleo que vuelve que el que se fue. Y quiero destacar un dato que me parece significativo: la sociedad española ha hecho posible que esta recuperación se haya hecho con el periodo más prolongado de incrementos de la contratación indefinida de manera sucesiva de nuestra historia económica. Encadenamos treinta y nueve meses de crecimiento continuado de la contratación indefinida en España, lo que nunca ha sucedido antes en nuestra historia económica. El periodo más largo, más prolongado anterior fue entre los años 2005 y 2007 en un escenario económico muy distinto y solo fueron veintiocho meses consecutivos. Insisto, ese es el mérito y el compromiso de la sociedad española. [[Aplausos]] Decía que era una recuperación inclusiva, una recuperación social, intensa en empleo, porque no hay mejor política social que la que crea empleo y ese es el gran afán de todos nosotros y el gran objetivo de la sociedad española. Fíjense que estamos haciendo posible desde la recuperación, años 2014, 2015, 2016, incrementos moderados del poder adquisitivo de los trabajadores, mayor competitividad de las empresas y creación, de media, de 500 000 empleos al año. Aquí quiero mostrar un agradecimiento especial a la responsabilidad de los interlocutores sociales, que desde la recuperación están haciendo un gran esfuerzo por que en este país mejore el poder adquisitivo de los trabajadores y se pueda seguir creando intensamente empleo. Es un mérito que les debemos reconocer por su compromiso y su responsabilidad, pero, como decía, hay camino que recorrer, queda todavía mucha tarea por completar. Les decía que hemos recuperado el 60 % del empleo que destruyó la crisis y este año recuperaremos toda la riqueza nacional perdida en términos de PIB. Pero el objetivo de la sociedad española es llegar a esos 20 millones de personas trabajando en el horizonte de 2020 y tenemos que seguir apostando por programas que faciliten la incorporación de los más de 3,5 millones de parados que todavía hay en los registros públicos de empleo para que lleguen cuanto antes al mercado de trabajo. Por tanto, no queda ni un minuto para la complacencia, todo nuestro empeño es trabajar sin descanso por las oportunidades. La radiografía de lo que nos queda por hacer es la siguiente. Les decía que nos quedan 3,5 millones de personas que quieren trabajar, que merecen trabajar y que todavía no han encontrado ese empleo. De ellas, señorías, más de 1,5 millones llevan más de un año en el desempleo y más de la mitad de ellos, más del 50 %, tienen una formación escasa, no han terminado la educación secundaria obligatoria. Por tanto, para que de verdad puedan volver al mercado de trabajo cuanto antes, capacitarles, orientarles y formarles rápidamente tiene que constituir para nosotros una prioridad. Y por eso hemos seguido trabajando en el diálogo social y en el diálogo político para mejorar los programas de activación en el mercado de trabajo, para poner la atención en la orientación individual de los parados de larga duración y poder capacitarles de manera más rápida para que encuentren ese empleo que merecen. No es casualidad que la primera mesa de diálogo social que pusimos en marcha en esta legislatura fuera precisamente el plan de choque para el empleo. En esa mesa hemos dialogado y hemos consensuado esta prórroga, una prórroga como primer paso porque el objetivo de esa mesa de diálogo social son todos los parados de larga duración. Los programas que están en marcha, el Prepara, el de la renta activa y este mismo Programa de Activación para el Empleo serán evaluados juntos para hacer un gran programa para el empleo que de verdad active a los parados y les dé cuanto antes oportunidades. Pero, señorías, el primer paso llega con la convalidación de este real decreto-ley porque el Programa de Activación para el Empleo se ha convertido en un gran programa para las oportunidades. Saben muy bien a quién está dirigido: a los trabajadores desempleados de larga duración que no tienen ingresos y que tienen cargas familiares. Es un programa que comprende la realización de políticas de activación para que la transición al empleo sea más rápida, que contiene de manera específica orientación, formación, recualificación o reconocimiento de experiencia laboral y el acompañamiento durante seis meses de una ayuda de 426 euros. Es un programa que ya ha sido objeto, como les decía al principio, de una prórroga el 15 de abril de 2016 y, desde entonces, en el marco del diálogo social hemos evaluado su eficacia con los agentes sociales. El resultado de esa evaluación son los cambios, que también se traen a convalidar esta mañana. Pero ese resultado ha sido positivo, sin duda. La experiencia nos dice que desde que nació en 2014, fruto del consenso alcanzado en Moncloa por el presidente del Gobierno con los interlocutores sociales, ha sido un programa de inserción efectivo. Fíjense, una de cada tres personas que pasó por el programa de activación ha encontrado un empleo. El programa ha multiplicado por diez la inserción de los parados de todos los programas públicos hasta ahora puestos en marcha por el Ministerio de Empleo. Y algo más importante, el 88 % de los que compatibilizaron la ayuda complementaria con un salario siguen después del programa como empleados en las empresas que les insertaron. Por tanto, estamos hablando de que la calidad de la activación se ha conseguido con este programa que pusimos en marcha juntos. ¿Y qué hacemos hoy? Lo renovamos por un año; mantenemos lo que funciona, pero también mejoramos su capacidad de integración y la posibilidad de que haya más beneficiarios que entren en este programa de activación. ¿Qué mejoras traemos en el real decreto-ley? Por una parte, permitir el acceso de todos aquellos que hayan agotado cualquier prestación contributiva o un subsidio por desempleo, no solo de aquellos que procedían de la renta activa de inserción, del Prepara o del Prodi, como ocurría con anterioridad. Además, reducimos los plazos de espera para solicitar la entrada en el programa de seis meses a un mes, y se reduce también el plazo de inscripción como demandante de empleo de 360 a 270 días. Por tanto, se facilita la inclusión de más beneficiarios en ese programa. Por último, facilitamos a través de las agencias de colocación la acreditación de búsqueda activa de empleo. Señorías, lo que pensamos los interlocutores sociales y el Gobierno es que con las modificaciones que se incorporan en esta prórroga podemos ampliar el acceso al programa a más de 210 000 personas, con un gasto total - a mí me gusta más decir inversión total - de 537 millones de euros, de los que 220 millones se ejecutarán en el año 2017 y 317 en lo que corresponda del año 2018. Así seguimos luchando efectivamente contra el desempleo y mejorando la empleabilidad de los parados de larga duración. Por tanto, la tarea sigue siendo urgente. No podemos perder ni un día en la lucha contra el paro en España. Nos lo piden los ciudadanos y también es, sin duda, el compromiso de todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, del Gobierno, al que estoy muy honrada de pertenecer. Pero para aplicar esto de manera inmediata necesito el apoyo de sus señorías a esta convalidación porque, como saben bien, este programa finalizó el 15 de abril y es importante que cuanto antes renovemos su puesta en marcha para que las personas que ya lo están solicitando en los servicios de empleo puedan ser atendidas cuanto antes. Saben también que cuenta con el consenso y con la valoración positiva de las comunidades autónomas, que ven en él un programa que de verdad está dando oportunidades de activación a muchos parados en todo el territorio nacional. Como les decía, señorías, es un primer paso porque en la mesa del diálogo social, en esa mesa de plan de choque para el empleo, queremos hacer una evaluación total de todos los programas de parados de larga duración en España y poner en marcha otro gran instrumento de activación en la línea de este programa para que de verdad en España se vayan encontrando las oportunidades que los ciudadanos merecen y que todavía no tienen y para que entre todos seamos capaces de sumar por el empleo para que en el horizonte del año 2020 haya en España 20 millones de personas trabajando, que es lo que necesita y el deseo de toda la sociedad española. Espero su apoyo a esta convalidación. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta, buenos días. Si bien en España los datos acreditan que se continúa creando empleo y ello hay que reconocérselo al Gobierno y a su ministra de Empleo y Seguridad Social, queda todavía un importante número de personas a las que hay que facilitar trabajo y sigue siendo una absoluta prioridad avanzar hacia el gran objetivo compartido de esta legislatura que, como acaba de recordar la señora Báñez, es el reto de lograr veinte millones de trabajadores en el año 2020, como propuso el propio presidente del Gobierno en el debate de investidura. Señorías, contrasta la evolución del empleo en España con la de Asturias, una comunidad en la que el paro se cronifica. Los últimos datos del pasado mes de abril, al igual que los de marzo, vuelven a situar a mi comunidad a la cola de España registrando la tercera peor evolución del conjunto del país y más de 2 puntos por debajo de la reducción del paro nacional. El Programa de Activación para el Empleo, PAE, ha sido de utilidad, y los beneficiarios asturianos que han obtenido trabajo gracias al programa con respecto al total de beneficiarios del mismo, están por encima de la media nacional, al igual que el porcentaje de las colocaciones del PAE sobre el número total de beneficiarios. De ahí que en Foro apoyemos la convalidación radiografiada por la ministra Báñez de este real decreto por el que se prorroga y modifica el programa hasta el 1 de mayo de 2018, lo que supone dotar e invertir en el PAE hasta un total de 537 millones de euros. Como ya se dijo antes desde esta tribuna, es oportuno recordar que el PAE, nacido a finales de 2014, es resultado del diálogo y la concertación social para facilitar la reinserción social de los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios, es decir, todas las ayudas posibles. La reducción de seis a tres meses del plazo requerido para solicitar el acceso al programa será de gran utilidad, porque las estadísticas indican que una de cada tres personas que accede al PAE encuentra trabajo, con lo cual, la modificación de los plazos podría permitir el acceso a este programa a más de doscientas mil personas que lo podrán solicitar desde el agotamiento de cualquier prestación por desempleo. También se reduce de doce a nueve meses el tiempo de permanencia del solicitante como demandante de empleo. Finamente, otra razón para apoyar esta convalidación es que desde su creación las ayudas del PAE han sido recibidas por más de 150 000 desempleados, muy lejos de los 450 000 previstos inicialmente, lo que justifica la modificación de sus condiciones de acceso. Votaremos favorablemente. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el solo hecho de que debamos prorrogar el PAE es indicativo de que el desempleo, y en especial el de larga duración, continúa siendo un gravísimo problema de nuestra economía. Por tanto, hay que poner el acento en la idea de que efectivamente está habiendo una recuperación importante del empleo pero que cualquier discurso complaciente en esta materia sería contradictorio con la necesidad de continuar protegiendo a aquellas personas que a través del sistema de protección por desempleo ordinario no reciben ninguna prestación. Segunda cuestión. Los cambios que se han tenido que introducir en este nuevo Programa de Activación para el Empleo, fruto del diálogo con los interlocutores sociales, nos indican que no se han cumplido las expectativas que en su día el Gobierno puso en el mismo. La señora ministra pone el acento en que el programa ha servido para insertar a un número importante de personas. Nuestras cifras, al menos nacionales, del año pasado y principios de este año, son de unas quince mil personas las que han encontrado empleo con el programa. Bienvenido sea eso, pero el programa pretendía proteger y ofrecer oportunidades a cerca de cuatrocientas mil personas. Estamos muy lejos de que se hayan cumplido esas expectativas. Vamos a ver si los cambios que se introducen sirven para facilitar ese objetivo. Por tanto, el programa era necesario, pero ha quedado muy lejos de las expectativas. Tercera cuestión. De nuevo la discusión del PAE pone de manifiesto que nuestro sistema de protección por desempleo no ha estado preparado para hacer frente al paro de larga duración. En este sentido, hay una tramitación parlamentaria pendiente, fruto de la iniciativa legislativa de Comisiones Obreras y UGT, de creación de la prestación por ingresos mínimos, que sirva para racionalizar la protección por desempleo de larga duración. Nos parece imprescindible que el debate legislativo de esa proposición de ley no se vea bloqueado en esta Cámara. También debemos recordar que en el presupuesto del año 2017, ya en marcha, tenemos más ingresos por la vía del seguro de desempleo que el gasto en protección por el desempleo. Tenemos 19 000 millones de euros de ingresos frente a un gasto de 18 000 millones de euros. Eso debería permitirnos ampliar la protección social por desempleo de larga duración. Cuarta cuestión. El compromiso del Gobierno con las políticas activas de empleo es claramente insuficiente. Hoy gastamos menos en desempleados que lo que gastamos en 2011, cuando había un número inferior de desempleados. Hoy gastamos menos en políticas activas de empleo que en 2011, y los presupuestos para este año continúan olvidando la prioridad de las políticas activas de empleo. Hay que recordar también, señora ministra, que en este presupuesto que vamos a discutir el 62 % del gasto de las políticas activas de empleo, gasto que correspondería gestionar a las comunidades autónomas, lo continúa gestionando la Administración General del Estado, con una política de bonificaciones que se ha demostrado que no es útil para la creación de empleo y olvidando que lo fundamental es la orientación, la formación, la reinserción y la inserción. Ahí hay un asunto pendiente. Señora ministra - termino, señora presidenta -, mi grupo va a votar a favor de esta prórroga. Vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley para intentar mejorarla y esperamos que el Grupo Socialista, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Vasco nos acompañen y voten a favor de la tramitación como proyecto de ley. Eso sí, estamos convencidos de que en esta materia el Gobierno tiene mucha tarea pendiente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Este Real Decreto-ley 7/2017 que se trae hoy para su ratificación es heredero del Real Decreto-ley 16/2014, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, y del Real Decreto-ley 1/2016, que lo prorroga y lo modifica, en esta ocasión. Eso, en primer lugar, es indicativo de algo que merece la pena señalar, y es que el problema subsiste. Conviene recordar, en segundo lugar, que cuando se plantearon este tipo de medidas mi grupo se abstuvo, y no porque pensara que no merecía la pena adoptar medidas como las dispuestas en este real decreto-ley, sino porque entendía y entiende que afecta a competencias del País Vasco. El problema subsiste, al margen incluso de sus causas, pero a pesar de ello nos parece positivo que se mantengan medidas de protección y activación para desempleados de larga duración con cargas familiares. Nos parece oportuno que se les permita el acceso a las ayudas cuando hayan agotado cualquier otra prestación por desempleo, también que se reduzca el plazo de espera para solicitarlas y que se reduzca el plazo de inscripción como demandante de empleo como requisito para poder solicitar esas ayudas. Sin embargo, es aquí donde empezamos nuestro mensaje crítico con el real decreto-ley, porque bajo ese manto aparente de atención social también se esconde otra realidad, por desgracia para nosotros repetida, y es que nuevamente nos encontramos con una intromisión - creemos que ilegítima - en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Aquel real decreto-ley fue en su día objeto de un recurso de inconstitucionalidad, que aún no se ha resuelto, en el que, entre otras cosas, se impugnaba la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de la gestión directa de las acciones mediante programas establecidos en la letra a) del artículo 13 de la Ley de Empleo, hoy artículo 18. Y a pesar de haberse transferido a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de un Real Decreto, el 1441/2010, funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en este ámbito - las que realiza el Servicio Público Estatal de Empleo -, coincidentes con las del Real Decreto-ley 16/2014, lo que se ha vuelto a hacer es querer camuflar con un simple y único propósito esa realidad, y es evitar que esas facultades que habían sido ya transferidas al País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral fueron asumidas por las instituciones y por los organismos propios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El problema es, además, que a dicha política de tutela de competencias transferidas se ha sumado recientemente el Tribunal Constitucional en algunas sentencias sobre materias conexas, quien ha omitido pronunciarse sobre las competencias propias del País Vasco en la materia y, sobre todo, ha omitido prestar relieve y contenido al Real Decreto 1441/2010 por el que se aprobó el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias en materia de políticas activas de empleo. Decía y digo que seguimos entendiendo que esta ayuda económica es conveniente, es necesaria, pero también creemos que comparte el carácter de política activa de empleo, es decir, afirmamos que no es una prestación de Seguridad Social tal y como lo reconoce la propia norma constitucional y el real decreto-ley que lo regula, cuando para hacer mención al título competencial en el que se ampara señala el 149.1.13.ª en lugar del 149.1.17.ª, y además también porque creemos que entra dentro de lo que forma parte de la definición de las políticas activas de empleo que regula la propia Ley de Empleo. Desde luego, seguimos pensando que con independencia de los eventuales acuerdos que ha habido y que se podrían alcanzar, la referencia contenida en aquel real decreto-ley de inclusión de la ayuda de acompañamiento dentro de la acción protectora por desempleo no altera su naturaleza jurídica, es decir, no la convierte en una ayuda incluida en la protección por desempleo regulada en el título III de la Ley General de la Seguridad Social, ni en el nivel contributivo ni tampoco en el asistencial. Pero, sobre todo, señora ministra, media en esta discusión una razón de eficacia. Usted sabe que estas son materias, competencias y funciones que han sido ya transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco con un alto grado de eficacia. Por tanto, las funciones transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de funciones similares están obteniendo buenos resultados, y usted lo sabe. Por ello, señora ministra, señora presidenta, al margen de las discusiones competenciales, incluso al margen de esa intromisión que entendemos que es nada pacífica, sí tendenciosa del Tribunal Constitucional, incluso al margen de acuerdos políticos que ya han dado frutos, sería bueno reconocer, a través de los mecanismos oportunos, las capacidades de las instituciones vascas en estas materias. Existen antecedentes y existen mecanismos para hacerlo. Yo la animo a impulsar esa vía, si bien, mientras tanto y por las razones apuntadas, no porque creamos que es innecesario sino porque siendo necesario creemos que lo podemos hacer, no podemos darle en estos momentos nuestro completo apoyo y vamos a abstenernos, lamentablemente, porque sería nuestro deseo poder apoyarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Se trata de un decreto-ley por el cual se prorroga con alguna modificación el Programa de Activación para el Empleo; ya votamos el año pasado a favor de su prórroga y lo volveremos a hacer este año, a pesar de que el real decreto que nos traen a votación mantiene limitaciones importantes que impiden el acceso al programa de muchas personas que lamentablemente necesitan acceder a él. Tal como han reivindicado los distintos sindicatos, pensamos que requiere de una modificación importante. En primer lugar, es necesario suprimir el requisito de tener cargas familiares para poder ser beneficiario del programa. No tiene sentido limitar a ninguna persona que esté en situación de pobreza. En segundo lugar, los beneficiarios del programa deben poder compatibilizar la percepción de la ayuda con las rentas y ayudas procedentes de las comunidades autónomas y administraciones públicas, sugerencia a la que tampoco le veo ningún problema. Y finalmente, debe poderse solicitar nuevamente el programa en caso de no haber podido reincorporarse al mercado laboral. No hay justificación alguna para mantener estas limitaciones. Sin embargo, es cierto que la prórroga del programa es necesaria y que este ha sido modificado en el marco del acuerdo de la mesa del diálogo social respecto al Plan de Choque por el Empleo, por lo cual merece nuestro respeto. En este sentido, creemos positivo que se haya reducido el plazo de espera para poder solicitar la ayuda, desde el momento en el que se haya agotado la percepción de cualquier prestación, de seis meses a un mes; que se reduzca el plazo de inscripción como demandante de empleo de 360 días a 270, dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud, y que se permita el acceso al plan a cualquier desempleado que haya agotado cualquier prestación por desempleo. Lo que continuamos preguntándonos, señora ministra, es por el triunfalismo que se desprende de la exposición de motivos de este real decreto y de cualquier intervención del Gobierno. Puede crecer mucho el PIB de un país y seguir siendo un país con mucha gente pobre, con altos índices de desigualdad, con altos índices de paro y con una creación de empleo precaria. Solo le daré dos datos que se conocieron ayer: España continúa siendo el Estado con mayor índice de temporalidad de Europa, solo por detrás de Polonia, y ya llevan cinco años de Gobierno. Según el Banco Central Europeo, institución nada sospechosa de izquierdismo radical, ni mucho menos, el paro real de la eurozona - también publicado por el boletín ayer - es prácticamente el doble de la tasa oficial, de acuerdo con el informe del Banco Central Europeo, que incluye también a las personas que tienen un empleo pero buscan trabajar más horas porque no llegan a final de mes, o trabajan a tiempo parcial en una economía sumergida. Es decir, según el Banco Central Europeo las cifras reales del paro en España podrían llegar al 30 %. A diferencia de lo que se dice aquí, el mismo informe indica que la pérdida de poder adquisitivo, es decir, las cifras reales de los salarios, siguen cayendo. La tendencia no se ha roto, ni mucho menos, es decir, no se ha invertido la tendencia. Las cifras macroeconómicas ocultan para el Grupo Parlamentario de Esquerra una realidad mucho más dramática, y nos gustaría que hiciera autocrítica de una vez por todas y dijese que quizás en estos cinco años se han hecho cosas mal o que hay cosas que se podrían hacer mucho mejor, porque, repito, las cifras macroeconómicas son mucho menos dramáticas que la realidad. En cambio, su Gobierno, en cada Comisión, en cada medio de comunicación o en cualquier plenario saca pecho de unas cifras respecto de las que yo no sería tan soberbio. Termino. Esquerra Republicana apoyará la convalidación de este real decreto-ley, a pesar de que estamos hablando de poner tiritas a una herida que sangra a borbotones, como es el problema del paro y la precariedad en el Reino de España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Señora ministra, yo entiendo que a usted no le queda otra que agarrarse a la mejora de los datos de empleo, a pesar de que ese empleo creado sea completamente insuficiente, de pésima calidad y ultratemporal, pero lo cierto es que una mirada rápida a los grandes números del paro y una fotografía de nuestro mercado laboral dan una imagen deprimente. Del total de 23 millones de personas más o menos activas hoy en España - otras muchas ya han salido del mercado laboral -, 4,2 millones están desempleadas, según la última EPA. De los que tienen la suerte de tener un empleo, 6,5 millones son trabajadores precarios, trabajadores pobres que a final de año, a pesar de estar trabajando, no logran llegar al equivalente del salario mínimo interprofesional. Dicho de otra manera, señora ministra, a mediados del año 2017, nueve años después de que empezara la crisis, uno de cada dos trabajadores de nuestro mercado laboral se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad o en riesgo de pobreza. De entre todos ellos, de entre todos los parados, la situación de los parados de larga duración, de los grandes olvidados del sistema, es la más grave de todas. Son más de la mitad del total de los parados, y de esos, 1,7 millones de personas llevan más de dos años sin trabajar; se están quedando sin recursos para vivir. Cuando una persona lleva más de dos años intentando encontrar un empleo - lo sabe muy bien usted, señora ministra -, la probabilidad de encontrarlo disminuye de manera drástica. Las puertas se cierran casi antes de poder llamar. La mayoría de esas personas que llevan más de dos años paradas tienen más de cincuenta años, son padres y madres de familia que tienen derecho a volver a tener una oportunidad. En España llevamos muchos años con este problema, nos lo dicen reiteradamente todos y cada uno de los análisis internacionales. La Comisión Europea nos decía en un análisis reciente - cito literalmente frases de ese informe -: Es necesario mejorar urgentemente los programas existentes. Los más vulnerables no están suficientemente cubiertos. Los incentivos para reintegrarse en España no funcionan. Nuestras políticas activas de evaluación no son efectivas y sufrimos un grave problema de coordinación entre programas, medidas y actores. Es tan grave la situación de nuestras políticas activas de empleo que hasta hace muy poco prácticamente ni se fiscalizaba ni se evaluaba ni se controlaba el gasto. ¿Cómo sabían los señores del Partido Socialista y los señores del Partido Popular qué estaba pasando con el dineral que estaban dando a los sindicatos cada año para que formaran a los trabajadores? ¿Cómo podían evaluar absolutamente nada si no tenían ningún instrumento para hacerlo? ¿Cómo pudieron pasarse tantos años sin preguntarse si estaban funcionando las políticas? Quizás - me dirijo a los señores del Partido Socialista - algunos preferían mirar hacia otro lado para seguir manteniendo contentos a sus socios y que estos pudieran a su vez mantener sus redes clientelares satisfechas en las comunidades autónomas. En el momento en que se empezaron a introducir medidas fiscalizadoras es cuando vino la sorpresa. De pronto nos dimos cuenta de que los cursos no funcionaban, de que no servían para nada y de que había fraudes masivos por todas partes. El caso de Andalucía, con el Partido Socialista, es quizás el más sangrante de todos. Tenían tanta preocupación por los parados, eran tan socialistas que se dedicaban durante años a robarles el dinero para la formación sin pestañear. [[Aplausos]] Es el dinero que les ofrecía la única posible esperanza de futuro, la única, y se dedicaban a llevárselo al bolsillo los socialistas con los sindicatos. Por cierto, esta mañana leía en la prensa con bastante sorpresa - no sé si con sorpresa, pero me he quedado bastante atónito - que el último caso de la trama de la Púnica es que se está investigando al PP de Aguirre por financiarse con 972 cursos para parados. Veremos cómo continúa la investigación; solo quería resaltar que parece que esto fue la norma en toda la vieja política española. Por suerte, el PSOE ya no gobierna, el Partido Popular todavía lo hace aunque ya no tiene mayoría absoluta, y las cosas están empezando a cambiar. Desde que está Ciudadanos en esta Cámara se ha establecido un primer sistema básico de perfilado para saber al menos qué parados tenemos para aplicar las políticas que necesitamos. Es imposible, sin un perfilado básico, hacer políticas efectivas. También en este presupuesto se ha dado la vuelta como un calcetín a la gestión de las políticas activas en este país. Vienen, por exigencia de Ciudadanos, 1200 millones de euros dedicados a los cheques de formación para que los parados reciban el dinero directamente y no tenga que haber intermediarios que o son absolutamente inefectivos o directamente ladrones. [[Aplausos]] También por exigencia de Ciudadanos vienen 130 millones de euros dedicados a mejorar la orientación individualizada de los parados, un seguimiento específico para que los parados puedan reincorporarse, como se hace en todos los modelos de éxito. Y también por exigencia de Ciudadanos vienen los cambios que trae hoy este Real Decreto-Ley a esta Cámara. Como venía en el acuerdo, se amplían los criterios y la cobertura del Programa de Activación para el Empleo y se prorroga durante un año este programa. Queda todavía mucho por hacer, pero para eso necesitamos creernos que podemos tener un modelo laboral distinto. Con esto termino, señorías. En esta Cámara tenemos esencialmente tres tipos de modelo laboral. El primero es el que hemos vivido durante treinta años, el del Partido Popular y el del Partido Socialista, que si se ponen a mirar los datos es sorprendente porque tienen exactamente los mismos números de nivel de paro y los mismos números de media en nivel de precariedad, exactamente los mismos resultados. Es un modelo al que podíamos llamar el precariado bipartito, un modelo en el que la mitad de los trabajadores vive básicamente en la intemperie. Después tenemos un modelo, el de los auténticos progresistas, nuestros amigos de Podemos, que se caracteriza más o menos por ser como el modelo del precariado bipartito, pero con un barniz de un relato anarco-sindicalista de la era preindustrial. [[Risas.-Aplausos]]
Señor Roldán, tiene que terminar.
Termino. En Ciudadanos creemos que otro modelo laboral es posible, un modelo que combine la flexibilidad imprescindible para que las empresas puedan ofrecer empleo con la seguridad necesaria para que los trabajadores estén siempre protegidos, un modelo en el que no haya trabajadores de primera y de segunda, un modelo en el que todos partamos con las mismas oportunidades, un modelo en el que se ofrezcan planes individualizados de reintegración laboral, un modelo basado en la educación, en la formación y en el conocimiento, que nos asegure unos salarios dignos para todos en el futuro, un modelo en definitiva para poder dejar de avergonzarnos y de avergonzar a los que nos votan. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Antes de dar la palabra al siguiente grupo, les recuerdo, señorías, que no se pueden grabar vídeos en el hemiciclo. Se lo recuerdo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
Buenos días, presidenta. Hoy estamos aquí para debatir el Programa de Activación para el Empleo, que es evidencia de que la gente trabajadora en nuestro país vive una situación de emergencia social total y absoluta. Este es uno de los programas de los tristemente famosos 426 euros. Con el banquete presupuestario de este año - es una pena que se haya ido el señor Montoro -, con el disparate presupuestario, van a subir un 1 % en esta partida, que es la friolera de ni más ni menos 4 euros. Conviene no olvidar que la previsión de subida del IPC para este año está en torno a un 2 %. Por tanto, esta prestación - esto es importante decirlo - va a perder poder adquisitivo con respecto a otros años. Serán 430 euros para personas en paro de larga duración y con cargas familiares. Después de este dispendio presupuestario, no sabemos cómo la gente no está celebrándolo en Cibeles y en Neptuno o cogiéndose una borrachera, como decía el señor Montoro. Estamos hoy debatiendo la prórroga unilateral, parlamentariamente hablando, de este programa. Nos gustaría hacer una serie de consideraciones. Por un lado, valoramos positivamente que, fruto de la presión sindical, se haya ampliado el espectro de personas que pueden optar a la prestación, aunque sea dramáticamente insuficiente. Los requisitos actuales dejaban a mucha gente en la cuneta, como por ejemplo a las personas sin familiares a cargo. También valoramos positivamente la reducción del plazo necesario para solicitar la ayuda, que es de 'solo' un mes de espera una vez agotado el resto de las prestaciones y no los eternos seis meses de antes, que generaban pesadillas a mucha gente. Lo que no valoramos tan positivamente, y de lo que nadie ha hablado aquí, es la potenciación que se hace de las agencias privadas de colocación, en muchos casos ETT, empresas de trabajo temporal, que podrán acreditar directamente la búsqueda activa de empleo en el SEPE. Esto los constituye per se en intermediarios privilegiados - les da gran poder - entre el SEPE - el Servicio Público de Empleo Estatal - y la ciudadanía. Tampoco incentiva la estabilidad en el empleo; no corrige esa filosofía - a nuestro entender perversa - sobre la compatibilidad de esta ayuda con la contratación laboral de cualquier tipo que permite que la ayuda sirva de subvención directa e incondicional - que es lo malo - a empresas que contratan a los beneficiarios de esta ayuda. Si se permite que esta ayuda vaya directamente a las arcas de las empresas en forma de descuento salarial - que pagamos todos y todas, por supuesto -, creemos que la norma debería obligar a un mínimo compromiso de estabilidad en el empleo de estas empresas, y esto no existe en este real decreto-ley. Tampoco valoramos positivamente la duración de la ayuda, que es claramente insuficiente. Seis meses es muy poco tiempo para la activación y para la reinserción laboral de personas desempleadas que llevan tanto tiempo fuera del mercado. Es evidente que nos encontramos ante un chantaje político de primer orden, como antes dijo mi compañero en la iniciativa anterior. Con 1,8 millones de personas en este país que llevan más de dos años en paro y teniendo en cuenta que miles de familias solo tienen para subsistir esta mínima cantidad, estos míseros 400 euros, es obvio que vamos a votar a favor. Sería una locura no hacerlo. Pero, a pesar de que vamos a votar a favor, no olvidamos que nos están chantajeando con el hambre y con la necesidad de la gente. Es una vergüenza que con esa cifra de personas sufriendo mes a mes, que ya dije antes que son 1,8 millones, este programa ha llegado el año pasado - lo dijo usted, señora ministra - solo a 140 000 personas. Al igual que es una vergüenza, como ya dije, la duración y la cuantía de la misma. Pero hay dos cosas aún más vergonzosas sobre las que estoy deseando oír explicaciones de verdad. ¿Cómo van a pagar esta ayuda si han reducido la dotación en los Presupuestos Generales del Estado - estos de la borrachera presupuestaria - de los 350 millones presupuestados para 2016 a 280 millones este año? Esto supone una reducción del 20 %, que evidentemente no se corresponde ni mucho menos con el descenso del paro de larga duración. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Son estos los presupuestos más sociales de la historia? ¿Cómo van a cuadrar las cuentas? ¿Con magia? O a lo mejor es que van a hacer como el año pasado, que de los 350 millones de dotación presupuestaria para esta ayuda solo se ejecutaron 127 y mientras tanto - no sé en los barrios en los que viven ustedes, en las urbanizaciones de lujo y demás - la gente normal manda a los niños sin comer al colegio, tiene dificultades para pagar la factura de la luz y los medicamentos. Mientras esto ocurre, ustedes dejan de ejecutar cientos de millones de euros de ayudas por desempleo. ¿Estos son los ejemplos de buena gestión del Partido Popular? ¿Esto es lo que les preocupa lo que está pasando? Es fundamental que esto lo podamos tramitar como proyecto de ley para que aseguremos que se ejecuta la ayuda, para que aumentemos su duración y su cuantía, para quitarle poder a las agencias de colocación privadas y dárselo a la agencia pública y a sus profesionales, así como para asegurar la estabilidad en el empleo que se crea y que se financia con dinero público. Esperamos que tengan tiempo para responder a estas dos cuestiones, si sacan tiempo de sus dos ocupaciones preferidas, que son hablar de Venezuela y robar dinero público, que es a lo que se dedican. [[Aplausos]] Desde aquí les recuerdo - y con esto termino - que violación de los derechos humanos es también que los niños vayan al colegio sin comer, es también que la gente no pueda pagar los medicamentos ni la factura de la luz. Eso son también violaciones de los derechos humanos y ocurren aquí, en España, no en ningún otro país. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Con la publicación el pasado 29 de abril del Real Decreto-ley 7/2017, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, se vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de adoptar medidas urgentes, medidas que den respuesta a millones de ciudadanos. Millones de ciudadanos que, con la crisis y las políticas de empleo puestas en marcha por el Partido Popular, continúan anclados permanentemente en la condición de parados de larga duración, hecho que les convierte en protagonistas principales de la fotografía de la desigualdad y de la pobreza creciente en nuestro país. La incapacidad del Gobierno en materia de empleo y su nula sensibilidad social se aprecian nítidamente en el Programa de Activación para el Empleo que, desde su puesta en marcha, ha constituido un auténtico fiasco. El discurso triunfalista del Partido Popular en materia de empleo nos lleva a recordar la promesa de que la puesta en marcha de este programa alcanzaría un coste total de 1000 millones de euros durante su vigencia... [[Rumores]]
Un segundo, señora Raya. Señorías, guarden silencio, por favor. Adelante.
... entre enero de 2015 y abril de 2016, superando los 400 000 beneficiarios. Sin embargo, la realidad dibuja un panorama muy alejado del objetivo planteado por el Gobierno. Hasta el 31 de marzo de 2017 se había atendido a 230 000 solicitantes, de los que solo 150 000, aproximadamente, han sido beneficiarios de una prestación de 426 euros mensuales, y el gasto apenas ha alcanzado los 216 millones de euros. Además, solo el 18 % del total de beneficiarios -26.534 desempleados - han causado baja en el programa por haber encontrado un empleo. Señorías, solo la irrealidad en la que vive el Gobierno del Partido Popular explica que, tras la contundencia de las cifras expuestas, los responsables de este programa se mantengan en la osadía de reafirmarse en la efectividad del mismo. A estas alturas de la película solo cabe preguntarse cómo el Partido Popular es incapaz de plantearse qué sucede para que su infundado triunfalismo en materia de empleo se traduzca en un empobrecimiento social imparable y progresivo de la sociedad española. Si algún día se deciden a preguntarse qué es lo que falla, busquen algunas de las respuestas en los planteamientos que han hecho los principales sindicatos de nuestro país en el seno de la mesa del diálogo social y que ustedes han aceptado en parte. Ustedes han puesto en marcha un programa de activación de empleo cuyos requisitos han sido una verdadera trampa para las personas que querían acceder al mismo. Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista nos parecen insuficientes las medidas correctoras. Sin embargo, valoramos positivamente el esfuerzo que han hecho los sindicatos para tratar de mejorar los requisitos y así poder ampliar algo el número de potenciales beneficiarios, que se estima podrían alcanzar la cifra de 210 000 personas más. Nos parece insuficiente porque aunque se ha mejorado el acceso al mismo para cualquier desempleado que haya agotado cualquier prestación por desempleo, se haya reducido el plazo para solicitarlo desde que se ha agotado cualquier prestación de seis meses a un mes o se haya reducido el plazo de inscripción como demandante de empleo de 360 días a 270 dentro de los dieciocho meses anteriores a la solicitud. Se han olvidado - o quizá forzado, debido al carácter urgente por el vencimiento del mismo el pasado 15 de abril - de incluir algunas medidas que se plantearon en la mesa de diálogo y que, sin duda, habrían contribuido a mejorar sustancialmente el alcance del programa. Medidas tales como suprimir el requisito de tener cargas familiares o la duración del programa, que se fija en seis meses y que es absolutamente insuficiente para parados de larga duración, o la posibilidad de compatibilizar la percepción de la misma con rentas procedentes de las comunidades autónomas. En definitiva, este real decreto es una prueba fehaciente de la política errática del Partido Popular en materia laboral. El que nos ocupa es un real decreto que rezuma imperfecciones, que concluye en un fiasco más para la labor del Gobierno del Partido Popular en su fracasada e inexistente voluntad de procurar las condiciones que propician la creación de empleo y la protección de los parados de larga duración, colectivo sin duda en clara situación de vulnerabilidad. El Grupo Parlamentario Socialista, por responsabilidad y por sensibilidad con los trabajadores afectados, secundará con su voto la aprobación de este real decreto porque, ante todo, priorizamos la situación dramática a la que se han visto abocados miles de trabajadores y trabajadoras y hogares españoles por culpa de su reforma laboral. Esto nos obliga a respaldar la aprobación de este real decreto que dista radicalmente de las soluciones que el Grupo Socialista formularía para paliar la situación de los trabajadores potencialmente beneficiarios de este programa. Nuestro conocimiento de las apremiantes condiciones de vida de los trabajadores, el hecho de que esta presentación a todas luces insuficiente para los mismos constituye el único clavo ardiente al que se pueden aferrar para sobrevivir, nos conmina a la aprobación de este decreto que, desde la perspectiva socialista, tiene su condición de temporal, porque ni por asomo da respuesta a la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Señora ministra, señorías, por imperativo social votaremos a favor de la convalidación de este real decreto y anunciamos que votaremos en contra de su tramitación como proyecto de ley a petición de los principales sindicatos de este país, tal y como acordaron con ustedes en esa mesa de negociación, pero mantenemos sin duda nuestra actitud discrepante con su contenido y nos reservamos presentar una futura propuesta más ambiciosa en contenidos que dé mejor respuesta a las personas afectadas, a los jóvenes, a las mujeres y a los mayores de cincuenta y dos años. Al responsable de Ciudadanos quiero recordarle que menos lecciones porque ustedes han sido cómplices de que en estos Presupuestos Generales se hayan reducido un 40 % las ayudas a parados y un 25 % de recorte en las políticas activas. Señora ministra, coincido con usted en una cosa, tiene usted muchísima tarea. Déjese de propaganda y empiece a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, si la creación de empleo ha sido la principal obsesión del Gobierno desde el principio, la preocupación por quienes aún no han tenido su oportunidad laboral no ha quedado a la zaga. A esto responde este real decreto, señorías, que pretende prorrogar y, sobre todo, mejorar el Plan de Activación para el Empleo como una herramienta de trabajo para los parados españoles de mayor duración porque al Gobierno y al Partido Popular le importan mucho las personas y, sobre todo, las que no tienen empleo. Señorías, hoy en España se crearán más de 2500 nuevos trabajos, los mismos que se crearon ayer, los mismos que se crearán mañana, los mismos que se crean cada día. Hoy en España la creación de empleo ha adquirido una velocidad de crucero y una intensidad que está resolviendo poco a poco la insoportable situación a la que llegamos con unas normas laborales que, conjugadas con la crisis, trituraron literalmente el mercado laboral español. Señorías, hoy en España se crea tanto empleo como en los otros veintisiete países juntos de la Unión Europea. Hoy en España ya hemos pasado de 16 a 18 millones de ocupados, de afiliados a la Seguridad Social. Hoy en España hemos pasado del 26 % de tasa de paro al 18 %. Hoy en España acumulamos treinta y nueve meses continuos de aumento de la contratación indefinida, que en 2016 creció un 13 %, cuando en los años del Partido Socialista decrecía al 30 %; 43 puntos de diferencia en estos seis años. Eso significa, señorías, que por primera vez en la historia de España vamos a superar una crisis creando empleo indefinido gracias, entre otras cosas, al esfuerzo en las ayudas del Gobierno para transformar contratos temporales en indefinidos. El número de contratos de corta duración, señorías, es el menor de la historia; está aflorando una cantidad importantísima de empleo sumergido y el 91 % de los empleos son a tiempo completo. Señorías, la reforma laboral está favoreciendo el empleo estable, aunque a algunos les interese llevar la contraria a Eurostat, a la razón, a la realidad y a la verdad incontestable de los hechos. El empleo, señorías, se ha convertido en un motor del propio crecimiento cebando la demanda. El empleo joven crece al 10 % y tenemos la cifra más alta de la historia de mujeres trabajando, un 46,40 % del mercado laboral, de la ocupación total, y lo mismo ocurre entre los discapacitados. Señorías, el Plan de Activación para el Empleo está dando sus frutos. El paro de larga duración está disminuyendo al 16 %; por eso, en el último año el 83,9 % de los que abandonaron el paro eran precisamente estos trabajadores, los parados que no tienen empleo, los parados de larga duración. Por este motivo tenía y tiene sentido seguir apoyando estas políticas de activación, de mejorar la empleabilidad, de invertir más de 537 millones de euros para que 210 000 personas puedan beneficiarse de ello, ya que hasta abril fueron atendidos 233 000 solicitantes y uno de cada tres beneficiarios obtuvo una colocación en los doce meses siguientes a su incorporación. Otra de las buenas noticias es que el Programa de Activación para el Empleo que impulsa este real decreto ha sido mejorado con el objeto de incorporar a más personas, modificando los requisitos de reducir los plazos de espera, de reducir el plazo de inscripción como demandante de empleo, de facilitar a los solicitantes la acreditación de búsqueda activa y de definir mejor el papel de tutor en todo el proceso: en la orientación, en la formación, en el seguimiento, en la recualificación y también en el reconocimiento de la experiencia laboral. Señorías, al Partido Popular y a su Gobierno les preocupa mucho la integración laboral de los colectivos más vulnerables y por eso ha mejorado las políticas activas y las políticas pasivas de empleo. El Plan Prepara, el Programa extraordinario de Activación para el Empleo, las cien medidas de estrategia de emprendimiento, los incentivos a la contratación o el sistema de formación profesional son sin duda buenos ejemplos de ello, que han permitido en abril el mayor descenso mensual de paro de la historia y los mejores datos de crecimiento desde hace once años. Señorías, de esta crisis hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que hay una gran correlación entre los estudios, el nivel educativo y el empleo. Si hoy la tasa de paro es del 18 %, no es la misma para todos, no es homogénea; por ejemplo, es del 10 % entre las personas que tienen estudios universitarios; de un 20 % entre los que terminaron la educación secundaria y de un 37 % entre las personas que no tienen estudios. Es precisamente en estos últimos en los que el paro de larga duración se ceba y es más persistente. Pero también hemos aprendido que la calidad del empleo, señorías, está muy ligada a la mano de obra. El factor que determinará empleos más estables y mejor remunerados en el futuro será la calidad de la fuerza laboral, que es lo mismo que hablar de la educación, de la formación, de la economía basada en la exportación, como está ocurriendo, para disminuir la volatilidad en el empleo. No solo es importante, indispensable, urgente y vital un pacto en materia de educación que aporte la principal herramienta para un empleo, que es una buena formación; no hay mejor instrumento para combatir la pobreza y la desigualdad que la creación de empleo; no hay mejor aportación a la justicia social que la creación de empleo. Señorías, en empleo, en economía y en política no hay soluciones mágicas, pero sí hay recetas, sí hay políticas que funcionan y que hacen a las sociedades más prósperas; también hay políticas y recetas que no funcionan, que reducen el bienestar, que crean problemas a la gente. Nosotros, señorías, vamos a seguir trabajando y defendiendo un reformismo prudente e inteligente para que las personas que aun están en paro puedan disfrutar de un Gobierno serio, de un Gobierno que garantice la creación de empleo, que les dé esperanza y les dé una oportunidad y desde luego una oposición que nos deje gobernar. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias.
Pasamos al punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000019 al 110/000032. Al no desear intervenir ninguno de los grupos, salvo que se diga lo contrario, los dictámenes se someterán a votación por asentimiento con el resto de las votaciones previstas para hoy.
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en concreto, del proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, presidenta. Señorías, comparezco en el Pleno del Congreso para someter a su consideración el proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. En esta legislatura es el primer proyecto de ley que como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad someto a la consideración de la Cámara y que este primer proyecto de ley tenga por objeto el consumo no es una cuestión baladí. [[Rumores]]
Un segundo, señora ministra. Señorías, apenas se escucha a la señora ministra desde la tribuna. Por favor, les ruego silencio. Adelante, señora ministra.
Gracias, presidenta. La protección de los consumidores es una prioridad en la agenda política de este Gobierno y, por supuesto, de este ministerio. Las relaciones de consumo afectan al cien por cien de los ciudadanos y para protegerlos tenemos que equilibrar su posición en el mercado, una posición de vulnerabilidad en la mayoría de los casos, para así prever y sancionar cualquier abuso que puedan protagonizar. La política de protección de los consumidores de este Gobierno se fundamenta en tres pilares; primero, la garantía del ejercicio de los derechos de los consumidores; segundo, la formación, educación e información a los consumidores; y tercero, la coordinación permanente entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, los servicios de consumo de las comunidades autónomas, el Consejo de Consumidores y Usuarios y todas las asociaciones de consumidores de España. El primer pilar es la garantía del ejercicio de los derechos de los consumidores. Tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Precisamente este proyecto de ley, como veremos, incide directamente en esta garantía. Esta prioridad tiene su fiel reflejo también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en el que el programa de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios se incrementa en un 26,83 % respecto al año 2016. Tenemos muy presente la relevancia del mecanismo extrajudicial de solución de conflictos mediante los programas de apoyo al sistema arbitral de consumo que permite la financiación de las juntas arbitrales adscritas a las administraciones autonómicas y locales. Además, en esta línea de acción, vigilamos constantemente el mercado para luchar contra el fraude y evitar las prácticas abusivas, garantizamos que los productos adquiridos por los ciudadanos cumplen con los criterios de calidad y de seguridad que son establecidos en la legislación vigente e informamos puntualmente a los ciudadanos de la existencia de productos que puedan entrañar cualquier tipo de peligro mediante la red de alertas. El segundo pilar es la formación, la educación y la información a los consumidores. En este sentido, son clave todos los programas de apoyo que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, entre los que podemos destacar el programa de ayudas y subvenciones para el fomento de las asociaciones de consumidores y el centro de información y documentación del consumo, que es el área que se encarga de elaborar y difundir información a los consumidores y a las organizaciones y administraciones que se ocupan en la defensa de sus derechos. En definitiva, en la protección de los consumidores estamos prestando una especial atención al ámbito financiero, al sector energético y al de nuevas tecnologías. Permítanme que les cite tan solo dos ejemplos recientes impulsados en este inicio de legislatura, como es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo y el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Un tercer pilar es la coordinación permanente y actuación concertada de la Ecosan con, por un lado, los servicios de consumo de las comunidades autónomas y, por otro, con el Consejo de Consumidores y Usuarios y con todas las asociaciones de consumidores de España. La protección de los consumidores estará más garantizada en la medida en que colaboremos en la consecución de ese objetivo compartido. En este ámbito debemos destacar, entre otras, la actuación del Centro Europeo del Consumidor en España, que es una oficina pública de atención al consumidor de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que precise información o asistencia en relación con la adquisición de un bien o la utilización de un servicio en un país diferente al propio, y también el Observatorio de Internet, de importancia estratégica en el marco de la Estrategia del Mercado Único Digital, que surge para proteger al consumidor en Internet ante la necesidad de combatir los fraudes electrónicos y fomentar el consumo responsable. Todos estos programas tienen su reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Creemos firmemente en la necesidad de que nuestros consumidores, además de asegurar sus derechos en el comercio electrónico, sepan proteger su privacidad, así como sus dispositivos. Para ello estamos trabajando con la Agencia Española de Protección de Datos, con el Instituto Nacional de la Ciberseguridad y con la OCU en la difusión de la información que permita sensibilizar a los ciudadanos ante los medios que nos ofrece la sociedad de la información. Como les decía al inicio de mi intervención, señorías, tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio, y precisamente el proyecto de ley pretende ser una garantía para el ejercicio de los derechos de los consumidores. Este proyecto de ley se estructura en cuarenta y seis artículos distribuidos en un título preliminar y tres títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. El proyecto de ley incorpora al derecho español la directiva 2013/11/UE que les he referido. Con la presente ley se da cumplimiento al mandato interpuesto por la directiva, a garantizar que los consumidores residentes en la Unión Europea puedan someter los litigios en materia de consumo en nuestro país a entidades de resolución alternativa que cumplan los requisitos establecidos por la directiva. La ley, que quede claro, no regula un nuevo mecanismo de resolución alternativa distinto a los ya existentes en nuestra tradición jurídica, sino que, partiendo de estos mecanismos, establece los requisitos que deben reunir las entidades para poder ser acreditadas a los efectos previstos en la directiva. Las entidades que quieran ser acreditadas e incluidas en el listado elaborado por la Comisión Europea asumirán una serie de obligaciones inherentes a dicho reconocimiento. Por su parte, las entidades que no se acrediten seguirán funcionando en la misma forma en que lo han venido haciendo hasta ahora, sin poder operar en el ámbito de los consumidores europeos. En consecuencia, la ley tiene un triple objeto. En primer lugar, determinar los requisitos que deben cumplir las entidades de resolución alternativa de litigios establecidas en España para poder ser acreditadas. Estos requisitos están agrupados en tres bloques: estructura y funcionamiento de la entidad, procedimientos de resolución que gestionan y personas que en dichas entidades se encargan de la resolución de estos procedimientos. En segundo lugar, la regulación de los aspectos básicos del procedimiento de acreditación de las entidades de resolución alternativa de litigios que lo soliciten. Y en tercer lugar, el establecimiento de las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa una vez que hayan sido acreditadas por las autoridades competentes. Se designa como autoridad nacional competente para la acreditación de las entidades de resolución alternativa a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, sin perjuicio de que también se puedan designar autoridades competentes específicas para la acreditación de dichas entidades en sectores concretos. En este sentido, la propia ley designa como autoridades competentes entidades de resolución alternativa que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero, según corresponda. Por tanto, está acreditado el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el ámbito específico aéreo se designa como autoridad competente a la persona titular del Ministerio de Fomento. Los conflictos a los que se refiere este proyecto de ley son todos aquellos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario como consecuencia de un contrato de compra-venta de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica. Quedan excluidos de este proyecto de ley los conflictos entre empresarios, la negociación directa entre el consumidor y el empresario, así como los procedimientos iniciados o gestionados por los empresarios. Entre los requisitos, la ley obliga a las entidades a dar más garantías a los consumidores en materia de transparencia y, por tanto, obliga a publicar en su página web informaciones como los tipos de litigios que entran dentro de su competencia, la duración media de los procedimientos o las personas encargadas de la resolución del conflicto. Los profesionales que resuelven los litigios deberán actuar con independencia e imparcialidad y acreditar su conocimiento en materia de protección de los consumidores. En caso de que surjan conflictos de intereses, deberán abstenerse de continuar con el procedimiento. Esta ley no establece obligación para empresarios ni para consumidores de acudir a estas entidades para resolver conflictos y solo será obligatorio recurrir a estos procedimientos cuando una norma sectorial así lo establezca. Una vez que exista solución, las partes dispondrán de un plazo no inferior a tres días para decidir si dan conformidad, porque el resultado del procedimiento es de aceptación voluntaria salvo que una norma establezca su carácter obligatorio. Como novedad y con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos, la norma establece un plazo máximo de resolución de noventa días naturales desde la presentación de la reclamación y hasta ahora el plazo era de seis meses. Por tanto, garantizamos más agilidad en el proceso a los consumidores. Este proyecto de ley tiene como principal objetivo contribuir a la protección del consumidor, garantizando que los procedimientos extrajudiciales de litigios en materia de consumo sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Con esta norma ayudamos a los consumidores a que puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial, liberándose así la carga judicial por estos casos de consumo. Para finalizar, me permitirán que me refiera brevemente a las enmiendas a la totalidad presentadas. Los grupos enmendantes han manifestado que el proyecto de ley no respeta las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo. Pues bien, el contenido del proyecto de ley se enmarca en la regulación procesal porque establece los requisitos mínimos a los que han de adaptarse las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo. El proyecto justifica el título competencial invocado en su disposición final primera sobre la base de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil conforme a las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución española. Así lo ha puesto también de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, sus sentencias de los años 1989 y 2010. Asimismo, la doctrina constitucional reconoce la competencia del Gobierno de la nación para establecer el sistema arbitral de consumo y crear los correspondientes órganos arbitrales. Esta ley tiene como finalidad la resolución de conflictos de consumo no solo en el ámbito autonómico sino también supraautonómico o transfronterizo. No olvidemos que es una ley que permitirá que un consumidor europeo pueda tener acceso a nuestras juntas arbitrales para hacer un procedimiento contra un empresario español. Por tanto, estamos hablando de un ámbito completamente europeo. [[Rumores]]
Silencio, señorías, por favor.
Otra de las dudas expresadas por los grupos enmendantes es la relativa a la ausencia de garantía de imparcialidad e independencia de los mediadores en la resolución de conflictos. Pues bien, basta que nos remitamos al artículo 23 del proyecto de ley, relativo a los principios generales de independencia e imparcialidad de las personas encargadas de la resolución del conflicto en los que han de considerarse incluidos los mediadores. Estos principios de independencia e imparcialidad vienen reforzados por lo previsto en el artículo 24, en el que se establecen las normas de actuación en caso de conflicto de intereses de la persona encargada de la resolución de un litigio con las partes y en el que se establecen las reglas básicas para su abstención y su recusación. Asimismo, el proyecto recoge en los artículos 25 y 26 una serie de garantías específicas y adicionales a los principios generales para el reforzamiento de la independencia e imparcialidad exigible a las personas encargadas de la resolución del litigio empleadas por organizaciones profesionales o asociaciones empresariales empleadas o retribuidas por el empresario reclamado. En cuanto a la no distinción entre sistemas y procedimientos de resolución de conflictos vinculantes y no vinculantes que se indica en la enmienda, el proyecto de ley sí los distingue y los define. Es más, el proyecto no se limita a distinguir entre procedimientos con resultado vinculante y no vinculante, sino que en sus artículos 13, 14, 15 y 16 establece disposiciones con distinto alcance según se refiera su aplicación a unos procedimientos o a otros, dependiendo del carácter de su resultado. Respecto a las referencias de los servicios básicos o de interés universal, ni la directiva ni el proyecto de ley de trasposición efectúan ninguna diferencia en los requisitos que deben reunir las entidades para ser acreditadas, independientemente de si se trata de uno o de otro. Por tanto, el Síndic de Greuges de Cataluña podrá ejercer sus atribuciones y garantizar los derechos en el ámbito de los servicios básicos o de interés general o universal, tal y como está previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que viene ejerciendo hasta ahora, pudiendo ser acreditado y notificado a la Comisión Europea siempre que reúna, eso sí, los requisitos exigidos por el proyecto de ley. En el supuesto de que el Síndic de Greuges no reúna tales requisitos o no desee ser acreditado y notificado, podrá, no obstante, seguir desarrollando igualmente sus funciones. Por último, y en cuanto a la manifestación de que el proyecto de ley permite que tanto una persona física como una persona jurídica se dediquen a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, efectivamente la norma de trasposición permite acreditar como entidades de resolución alternativa a personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, exigiéndose en todo caso que reúnan los requisitos previstos. No obstante, si la entidad de resolución alternativa acreditada tiene la condición de persona jurídica, la resolución del conflicto corresponde exclusivamente a las personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del proyecto, que se refiere a las condiciones y cualificación de las personas encargadas de resolver los litigios. Por tanto, este punto está ya previsto en el proyecto de ley y no habría ningún tipo de conflicto. Por todas estas razones, solicito a los grupos parlamentarios que permitan la tramitación de este proyecto de ley para garantizar a los consumidores de toda la Unión Europea un alto nivel de protección en la resolución de sus conflictos en materia de consumo. En este proyecto de ley no solo estamos hablando de los consumidores españoles, sino que estamos hablando de todos los consumidores europeos. Por tanto, cualquier español podrá acudir a un tribunal arbitral de otro país para iniciar un expediente de resolución alternativo de conflictos y cualquier europeo podrá acudir a España a cualquier tribunal arbitral para iniciar un procedimiento de conflicto de consumo. Por tanto, en el ejercicio de su libertad parlamentaria, les solicito su apoyo para proteger mejor a los ciudadanos, para proteger mejor a todos consumidores, a los españoles y al resto de los europeos. También les solicito su apoyo para garantizar la transparencia, porque este proyecto de ley da mucha más transparencia a los consumidores, y garantizar la honestidad y la justicia de las transacciones económicas entre personas físicas y jurídicas. Sobre todo, les solicito su apoyo para hacer de España un referente en la protección de los consumidores. Muchísimas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este mismo turno también fijará posición, la señora Nogueras i Camero.
Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. En este proyecto de ley no se mencionan ni una sola vez las competencias en materia de consumo que tienen las comunidades autónomas, como tampoco las agencias de consumo que tenemos. Empezamos trabajando en el proyecto, señora ministra, punto por punto, pero fueron tantas las correcciones y las modificaciones que nos surgían que llegamos a la conclusión de que un proyecto de ley de estas características no podía nacer de una base tan poco trabajada. De ahí nuestra enmienda a la totalidad. No hemos presentado una enmienda a la totalidad de manera gratuita, la hemos presentado porque este proyecto de ley debe rehacerse por completo. La Generalitat de Catalunya siempre se ha manifestado partidaria de disponer de una normativa propia en materia de defensa de los consumidores y de los usuarios. De hecho, en el artículo 12.1.e) del Estatut d'autonomia de 1979 ya se establecía que la Administración catalana ejercía las competencias en materia de protección de los consumidores y de los usuarios -1979-. En Cataluña contamos con un Codi de consum y varias normas que lo despliegan, pero hay más, mucho más. El artículo 123 del Estatut d'autonomia deja muy claro - y remarco lo de muy claro, señora ministra, porque leyendo el proyecto de ley nos da la sensación de que ustedes no han hecho los deberes - que la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas, propias, plenas en materia de consumo, y estas competencias exclusivas son las que ustedes han obviado en este proyecto de ley. Por lo tanto, no podemos aceptar el ninguneo del Estado al esfuerzo que lleva haciendo durante tantos años Cataluña. En el artículo 113 del Estatut d'autonomia - no voy a recordarles demasiado al PP y al PSOE el pésimo trabajo que hicieron con el Estatut de Cataluña, el pésimo favor que le hicieron al Estado español, por no hablar tampoco de la poca vergüenza que tuvieron algunos - se recoge la competencia de la Administración catalana de desplegar, aplicar y ejecutar la normativa de la Unión Europea. Ustedes han tenido mucho tiempo para hacer un proyecto de ley trabajado, riguroso, digno y, en cambio, están entre los cuatro países que no han hecho los deberes, casi siempre en el podio, pero en el podio del trabajo mal hecho, y como comprenderá, señora ministra, no podemos dar el OK a un proyecto de ley poco trabajado y sin consenso. Siempre la oigo hablar de diálogo, señora ministra, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, y este proyecto de ley demuestra que su apelación al diálogo, de momento, es solo humo. Este proyecto de ley debe rehacerse por completo si el propósito de progresar y de alcanzar algunas políticas innovadoras europeas es un propósito real de este Gobierno. Y me refiero a políticas innovadoras como, por ejemplo, la clasificación de servicios que estableció el Codi de consum de Catalunya, distinguiendo las relaciones de consumo porque no todas las relaciones de consumo son iguales, señor ministra. En cambio, su proyecto de ley no establece ninguna distinción en función de la naturaleza del servicio; es decir, para ustedes no hay diferencia entre pagar a una eléctrica llegando al conflicto y comprar una camiseta. En el Codi de consum de Catalunya sí se especifican los servicios básicos de los que no lo son. El presunto equilibrio entre las partes contratantes ha desaparecido. A una parte solo le queda la facultad de decidir pero no las condiciones de la decisión, porque las fija la otra parte. La liberalización de la prestación de las actividades consideradas esenciales no puede comportar la disminución de los derechos y garantías de los consumidores. Una ley sobre la resolución alternativa de conflictos en el ámbito de consumo tiene que dar un tratamiento diferenciado a las relaciones de consumo que afectan a derechos básicos. En materia de innovación hablaré del Síndic de Greuges. En el artículo 78 del Estatut d'Autonomia de Catalunya se atribuye al Síndic de Greuges - y les recuerdo que el síndic es el supervisor y colaborador de la Administración catalana, cuya función es ayudar a mejorar su funcionamiento - poder supervisar las actuaciones de las empresas privadas que dan servicios básicos de interés general. Para poder analizar mejor el desarrollo de un proyecto de ley de estas características es importante tener una foto clara de lo que sucede en Europa. En Europa existen, por un lado, los países que defienden y apuestan por un modelo federal en materia de consumo, un modelo que respeta los modelos de todas las regiones, es decir, un modelo que respeta las competencias de las regiones. Por otro lado, en Europa también existen los países que defienden y apuestan por un modelo centralista. Curiosamente estos últimos, los centralistas, son los países que representan el modelo del fracaso, países que no evolucionan, a los que los límites y las rigideces que se autoimponen les hacen retroceder. Este proyecto de ley es una apuesta clara por este segundo grupo de países, el centralista, el modelo del fracaso. Lo sentimos mucho, pero nosotros no hemos llegado hasta aquí para retroceder, señora ministra. No hemos trabajado tanto para ser arrastrados por una ola involucionista que han perpetrado ustedes y que, entre otros, queda ilustrada con el ejemplo de la figura de la autoridad competente única. Su extrema obsesión con el centralismo - el suyo y el de otros partidos que votan a favor de la apuesta por seguir sin dar el salto al siglo XXI - no hace más que trinchar las competencias de la Generalitat de Catalunya y, como le he dicho, no estamos dispuestos a retroceder. No dejaremos que nos arrastren. Si ustedes prefieren seguir errando antes que dialogar y trabajar en equipo, a mí me parece irresponsable, pero hagan ustedes lo que quieran. Ahora bien, no cuenten con la sanitat de Catalunya en ese camino directo al abismo. No logro entender por qué se empeñan en ser ustedes la prueba de que el fracaso no se improvisa. Este proyecto de ley es un error que con consenso, diálogo y trabajo en red podría haberse ejecutado de otra manera. Tampoco logro entender su desinterés por el despliegue de Cataluña, su desinterés por la inversión en Cataluña. Se me ocurre que podrían ustedes aprovechar los avances que en esta materia se han hecho en Cataluña. ¿Por qué no lo hacen, señora ministra? En este proyecto tampoco se garantiza la imparcialidad de los mediadores. En el Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo, se estipulan varias normas que sí garantizan esta imparcialidad. Si bien es interesante que las empresas participen en la financiación del sistema como parte de su responsabilidad social corporativa, debemos tener muy claro - y parece que ustedes no lo tienen demasiado - que solo será beneficiosa para el conjunto del sistema si se garantiza la independencia y la imparcialidad de los terceros, así como si se garantiza la confianza de las dos partes en el sistema. Y lejos de toda esta teoría, en su propuesta admiten sin sonrojarse que puede ejercer de mediador una persona que esté retribuida de manera directa y exclusiva por la empresa. Estipulan también una cuantía mínima y una máxima, cuando a menudo las reclamaciones están o por encima o por debajo de la cuantía que han fijado. De hecho, si se hubiera aprobado antes este proyecto de ley como ley, en Cataluña no hubiéramos podido resolver muchos de los conflictos con las participaciones preferentes porque hubieran quedado excluidos por la cuantía. No es un proyecto de ley que invite a pensar que detrás del mismo hay una idea clara de que estamos haciendo lo mejor para los ciudadanos. Los ciudadanos esperan de nosotros algo más que cuatro líneas poco trabajadas; esperan que solucionemos los problemas y no que los escondamos o que les pongamos parches. Esperan - y nosotros tenemos la obligación de hacerlo - que seamos rigurosos, pero también flexibles. Cojan el proyecto, siéntense con todas las formaciones políticas de esta Cámara y entonces avanzarán. Soy incapaz de entender esa manía suya y de otros partidos políticos de atrincherarse, de ignorar que aquí hay diversidad y que la única solución para avanzar es negociar, dialogar, pactar; y si además nos dejamos la prepotencia en casa, mucho mejor. Insisto, no solo lo digo por el Partido Popular. Como decía, los ciudadanos esperan mucho más de nosotros y, por eso, antes de terminar me dirijo al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Ustedes están a favor del referéndum, están al lado de los que defendemos la democracia, tienen muy claro que manifestarse a favor de votar no tiene nada que ver con ser o no ser independentista. Yo votaré que sí, seguramente la mayoría de vosotros votaréis que no, pero votaremos. Y hoy, que estamos haciendo política, apelo a los compañeros y compañeras de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para que voten con nosotros el rechazo a esta inaceptable invasión de competencias. Una abstención no va a diferenciar a ningún partido del Partido Popular. Y lo mismo les digo a los compañeros del PSOE, sobretot als companys del Partit Socialista de Catalunya, que avui no n'hi ha. [[La señora Batet Lamaña: Sí que n'hi ha]] ¿Sí que n'hi ha, del Socialista? Perdona. Doncs cap a vosaltres. Este proyecto tiene como base despedazar nuestras competencias, las competencias de la Generalitat de Catalunya. No contribuyan a cargarse el buen trabajo para retroceder, y menos para retroceder bajo el paraguas del centralismo. Evidentemente, a Ciudadanos no les voy a pedir nada, ya que han demostrado con creces no tener ningún tipo de interés en defender y respetar las competencias de la Generalitat de Catalunya. Parece ser que les interesan mucho más otros palcos, digo otras cosas. Cataluña es el motor económico de un país que de momento conocemos como España. Y digo de momento porque, como decía mi padre, el millor negoci d'un mal negoci és tancar-lo - el mejor negocio de un mal negocio es cerrarlo -, y aquí hay hoy muchos responsables de que la relación entre Cataluña y España se haya convertido en un muy mal negocio para los ciudadanos de Cataluña. Ponga en práctica su teoría del diálogo, señora ministra. Quizás, si lo hubiera hecho antes el señor Mariano Rajoy, hoy el portavoz de mi grupo no estaría injustamente inhabilitado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Diputadas, diputados, señora presidenta: el escorpión y la rana. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la fábula atribuida a Esopo en que un escorpión le pide a la rana que lo ayude a atravesar una corriente, un río, y en medio de la corriente el escorpión pica de muerte a la rana. A la pregunta de ella, el escorpión le contesta: Es el instinto. Estoy seguro de que la señora ministra tiene legisladores muy competentes que conocen la Constitución y los estatutos de autonomía, pero el instinto centralista se impone, a pesar de las consecuencias nefastas que puede tener. Pero, señora ministra, es el instinto. Este instinto lleva a ningunear los estatutos de autonomía. De esos polvos estos lodos. Hace poco, esta mañana, comentaba con Mikel Legarda la Constitución española, porque, sí, conozco la Constitución española y ustedes a veces parece que no la recuerdan o tienen una visión parcializada. Aparte del preámbulo, que habla de nación española, y de algún pequeño artículo, se habla del Estado, porque la Constitución es el resultado de un diálogo que ustedes ya han olvidado: no hace falta el diálogo, lo que hace falta es imponer, y el instinto; el instinto centralista con el que una vez y otra intentan cambiar el modelo político de este país. De esos polvos estos lodos: desde Aznar y el aznarato a esta realidad que en estos momentos estamos sufriendo. No solo hay una invasión de competencias flagrante. Ustedes dicen que quieren mucho a Cataluña, pero no hay nada peor que el olvido, y ustedes se olvidan constantemente de estas competencias. Nosotros no olvidamos y pensamos que un despliegue como el que están haciendo ustedes nos expulsa, nos echa de esta España que, si fuese un Estado de naciones, podríamos hablarlo, pero, si es una nación con un único sistema de entender la nación, su modelo, nosotros no estamos en este momento con ustedes. No solo se olvidan de las competencias de las autonomías, sino que muchas veces - y esto también es parte de su instinto - se olvidan de los derechos. ¡Qué molesto esto de los derechos! Los derechos te obligan constantemente a tener una actitud abierta. Los derechos básicos, como el agua, como la luz, se confunden con derechos de otro tipo y ustedes los tratan de la misma manera para confundir la capacidad que tengan los ciudadanos de defender sus derechos. Una cosa recurrente en estos últimos tiempos: la independencia en todos sus aspectos - político, social y judicial - también afecta a los mediadores. Parece que un mediador independiente está lleno de sospechas, son sospechosos habituales, y ustedes en su proyecto hacen muy difícil el mediador independiente. Esto nos aleja aún más de su proyecto. El Síndic de Greuges no es un complemento, es un elemento fundamental de entender el modelo democrático. No es extraño que las sindicaturas apareciesen en Suecia, que es una democracia avanzada, en la que el mediador es un fiscal que no acusa y es un juez que no juzga, pero que favorece que el ciudadano se vea representado en sus derechos delante de cualquier administración. Ustedes ningunean constantemente al Síndic de Greuges de Catalunya, porque las voces independientes, claro, son molestas, pero hacer política es dar solución a los problemas y no buscar el coro de amigos y amigas que salgan a aplaudir lo que ustedes hacen. El Síndic de Greuges en este proyecto queda ninguneado. Nosotros, que defendemos la democracia porque somos republicanos, somos contrarios a estos puntos, uno detrás de otro. Por todo ello, hemos presentado una enmienda de devolución. A su instinto centralista nosotros respondemos con nuestra voluntad republicana. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea Urresti.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días a todos. El Gobierno nos ha traído un proyecto de ley basado en la trasposición de la directiva que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea, como bien ha dicho la ministra, a garantizar a los consumidores la posibilidad de que los conflictos incluidos dentro de su ámbito de aplicación puedan ser resueltos por las que se denominan entidades de resolución alternativa. Con este propósito los Estados deben garantizar que los empresarios establecidos en sus territorios dispongan de la posibilidad de acudir a una entidad de resolución establecida en dicho Estado y que los consumidores tengan garantizada la posibilidad de resolver sus conflictos acudiendo a una entidad de resolución establecida en cualquier Estado. Esta es la parte que propone. Este objetivo y finalidad referidos en la directiva se recogen en el artículo 1 del anteproyecto, de forma tal que el texto normativo pretende, por un lado, establecer las garantías destinadas a los consumidores a los que concierne al acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo e incluir los requisitos que han de reunir estas entidades de resolución alternativa. El presente anteproyecto regula de forma preferente el establecimiento de las garantías jurídicas que permitan a los consumidores residentes en la Unión Europea el acceso voluntario a instrumentos de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo. Se trata, por tanto, de velar por los derechos de los consumidores y usuarios, siendo esta una materia que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Me ha gustado mucho la reflexión del señor Olòriz del instinto, que cuando empieza a funcionar modifica incluso la legislación existente o interpreta la legislación existente de manera que el instinto tenga cabida. El artículo 10.28 del Estatuto de Gernika dice que somos competentes en la materia. Este proyecto obvia de manera prácticamente absoluta la existencia de comunidades autónomas - no la de Euskadi o la competencia -, no aparece en ningún momento la existencia de las comunidades autónomas que son competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios. [[El señor]] Las únicas y escasas referencias autonómicas que contempla el texto del anteproyecto se sitúan en su parte final, capítulo 2 del título III, y tienen una relevancia insignificante, señora ministra. El aspecto en el que la omisión de cualquier intervención autonómica resulta más rechazable, sin duda alguna, es el relativo a las autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución alternativa, los términos que ustedes regulan en el famoso artículo 27, que para nosotros es la piedra angular, en el cual no estamos para nada de acuerdo con la trasposición que ustedes han hecho. El apartado 1 de este artículo 27 fija una única autoridad competente a nivel estatal, la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para la acreditación de las entidades de resolución alternativa, y lo hace con carácter general para todos los sectores económicos, sin distinción o excepción alguna. Es decir, este anteproyecto de ley configura un sistema absolutamente centralizado y centralizador para el otorgamiento de las acreditaciones de las entidades de resolución alternativa de litigios. Poco valor tiene que el párrafo segundo de este apartado 1 del artículo 27 diga que: 'Adicionalmente, mediante norma de rango legal o reglamento, podrán designarse otras autoridades competentes diferentes a la prevista...', porque en este mismo anteproyecto el legislador estatal - ustedes - ha tenido la ocasión de respetar directamente las competencias autonómicas en esta materia y establecer esa previsión legal expresa de la existencia de las autoridades autonómicas facultadas para la acreditación de las entidades de resolución alternativa. Nosotros, tal cual está este proyecto, no podemos por ahora apoyarlo. Si ustedes se comprometieran a decir que en la propia ley se incluirá que las comunidades autónomas son competentes y van a tener el mismo rango... Pero, oída su intervención, usted ha apelado a un artículo de la Constitución española, ha dicho que el artículo 149.1 da la potestad mercantil legislativa al Estado. Perdone, esa potestad le corresponde cuando hay un tema entre un empresario y otro empresario. Eso es lo mercantil, pero en este caso no es una relación mercantil, es una relación de competencia de consumo en la que hay un empresario y un ciudadano, que es el que tiene que litigar. En consecuencia, no es el título habilitante que ustedes aplican. ¿Si no qué es tener una competencia de consumo? Ustedes están aplicando una competencia mercantil, no habría competencia de consumo. Por lo tanto, sin que ello condicione la posibilidad - decía - de la existencia de más de una autoridad competente. Ustedes quitan rango legal a la autoridad competente que pueda haber. No puede admitirse un modelo completamente centralizado como el que ustedes están aplicando en este proyecto de ley. El anteproyecto perfila un sistema centralizado - vuelvo a decir - y único de acreditación de entidades de resolución alternativa, que ignora absolutamente la existencia de las comunidades autónomas y que ignora absolutamente la competencia que esas comunidades autónomas tienen. Es más, se autoasigna para sí mismo el Estado, apelando a un título competencial que no es el que le corresponde, y dice que es la autoridad única. Ustedes están dibujando - ya se lo han dicho mis dos compañeros que me han precedido - un escenario territorial ajeno al existente, porque los que se están saltando la ley son ustedes, los que están transformando la legislación vigente son ustedes, no nosotros. Nosotros decimos: La ley, la Constitución y el estatuto dicen esto. Igual nos gustaría que dijeran otras cosas más pero por ahora dicen esto y por lo tanto apelamos a lo que dicen. Pues les da igual. Señora ministra, este proyecto de ley mantiene este artículo 27, cuando la legislación europea no entra en cómo organiza usted su Estado y no dice si tiene que haber uno, dos o tres, sino que dice que organicemos internamente como estimemos oportuno que Europa no se va a meter. Pero ustedes dicen: Ya que Europa no lo dice, lo voy a decir yo: una única autoridad, que es la del Estado. Mientras esto siga así, nosotros no vamos a poder apoyar esto. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
Gracias, señor vicepresidente. Señorías, entre las pocas cosas en las que todos los economistas - o al menos los serios - suelen estar de acuerdo es en que el libre comercio y la supresión de fronteras mejoran la productividad y posibilitan al consumidor una mejora en la calidad de los artículos que consumen y de los precios, directamente derivada de la competencia. Están de acuerdo también en que, en el largo plazo, todas estas ventajas superan enormemente cualquier inconveniente que el proteccionismo pueda ofrecer a empresarios locales en forma de barreras o aranceles. Es por eso por lo que la fragmentación del mercado interior es un lastre para la competitividad, para el crecimiento y para la creación de empleo. Fiel a este espíritu, el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define el mercado interior como un espacio sin fronteras en el que se garantiza la libre circulación de mercancías y servicios. Dentro de este mercado general es fundamental el nivel de protección que se otorga a los consumidores y, en este sentido, tanto el Tratado de Funcionamiento como la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea le dedican una especial atención. Tal y como ha recordado la señora ministra, y como recuerda la propia exposición de motivos de la directiva que ahora se transpone, no basta con reconocer derechos al consumidor si no se garantizan, a continuación, cauces para el ejercicio de sus derechos y métodos eficaces para la resolución de los conflictos. Este es el objeto de este proyecto, no tiene mucho más misterio. Todos nosotros, los diputados y los ciudadanos a los que representamos, somos consumidores y por esa misma razón todos nos hemos visto en alguna ocasión envueltos en reclamaciones interminables con empresas nacionales o, peor aún, de otros países en los que reclamar cambios o devoluciones o hacer todo tipo de reclamaciones ha sido una misión imposible. El objetivo de la resolución alternativa de litigios en materia de consumo que este proyecto nos trae debe ser ofrecer una solución extrajudicial sencilla - en el sentido de fácilmente comprensible por los consumidores -, asequible - en el sentido económico - y eficaz - en el sentido de resolutivo -. Esta solución debe garantizarse, por supuesto, tanto para las transacciones en línea como para las que no lo son y tanto para las que se efectúan entre consumidores y empresas de un mismo país como cuando se realizan entre consumidores y empresas de distintos países. Esto no es nada nuevo, en las dos últimas décadas la Comisión ha mostrado su preocupación no solo por el acceso de los consumidores a los tribunales sino también por la regulación de métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, la conciliación o el arbitraje. De hecho, en esto España había sido pionera, había optado por el arbitraje como procedimiento de solución de los litigios de los consumidores desde la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, que ya obligaba al Gobierno a establecer un sistema arbitral. En Europa el camino se abre con dos recomendaciones de la Unión Europa, una de marzo de 1998 - que ya ha llovido - y otra de abril de 2001 sobre estos principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en consumo, pero por desgracia, como la propia directiva recuerda, estos mecanismos no se han establecido adecuadamente ni funcionan a plena satisfacción en toda la Unión. Para empezar, hay un problema de conocimiento; con frecuencia los consumidores y empresarios siguen sin conocer estos cauces alternativos, como se deduce del restringido porcentaje de ciudadanos que sabe cómo interponer una reclamación ante estas entidades. Pero, además, la cobertura no es similar en todos los países de la Unión; los mecanismos de resolución alternativa o no se han establecido correctamente o no funcionan satisfactoriamente en todas las áreas geográficas o en todos los sectores empresariales de la Unión. Ocurre, además, que incluso cuando existen procedimientos de resolución alternativa no hay niveles homogéneos de calidad en toda la Unión Europea y, como dificultad adicional, estas entidades no siempre resuelven eficazmente los conflictos transfronterizos. Por lo tanto, las disparidades en conocimiento, cobertura y calidad dificultan la efectiva implantación de un mercado interior, disuaden a muchos consumidores de comprar más allá de las fronteras porque no confían en la resolución de eventuales conflictos y, por esa misma razón, con frecuencia los empresarios tienen pocos incentivos para vender sus productos en otros Estados miembros, ante la duda de que existan procedimientos de resolución de alta calidad. En resumen, cualquier intento de desarrollar efectivamente el mercado interior pasa por desarrollar un sistema de recursos sencillo, asequible y eficaz; reforzar la confianza del consumidor y dotarle de medios para reclamar es esencial. Por todo lo expuesto, nosotros estamos a favor de este proyecto y vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Señor Olòriz, en la fábula que nos ha presentado para describir su posición no nos queda claro a quién le corresponde tener los instintos irreprimibles y a quién le corresponde el papel de la rana. [[Aplausos]] En todo caso, vamos a apoyar el proyecto. Sin embargo, como todo en la vida, el proyecto es mejorable por lo que acudiremos con mente abierta a la fase de enmiendas parciales y estaremos dispuestos a apoyar todas aquellas que contribuyan a mejorar el texto. De hecho ya hemos presentado nuestras propias enmiendas sobre una serie de consideraciones. Por ejemplo, la directiva dice que el procedimiento debe ser asequible y que, por eso, debe tratarse de una cantidad simbólica para los intervinientes. Nosotros sugerimos limitar la cuantía máxima que aparece en el proyecto. También hemos pedido que se quiten los límites superiores e inferiores a partir de los cuales ya no se puede acudir a estos procedimientos porque, entre otras cosas, la directiva no dice nada al respecto. Esta es una de las objeciones que presentaba la diputada del PDeCat y con la que estamos de acuerdo. Tenemos otras enmiendas que presentaremos en su momento. En todo caso, estamos convencidos de que tenemos la oportunidad de conseguir un buen texto, de modo que aprovechémosla. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora De la Concha GarcíaMauriño.
Señorías, Presidencia, resto de asistentes, buenos días. Seguramente muchos de ustedes habrán visto un documental titulado La sal de la tierra. La sal de la tierra es un documental realizado por Sebastião Salgado, conocido fotógrafo, que después de recorrer conflictos, países y ver horrores cayó en una profunda depresión y ayudado por su mujer decidió volver a la tierra de sus padres en Brasil, de la que recordaba su infancia. Cuando llegó allí esa tierra había desaparecido, era yerma, era un desierto, estaba llena de grietas, era una pura desolación. De nuevo con la ayuda de su esposa pusieron en marcha un proyecto de recuperación de la selva y se dieron cuenta de que al poner la selva, al recuperar los árboles y la hierba, volvían los animales, los jaguares y los pájaros, es decir, el hábitat condiciona al habitante. Nosotros somos responsables del hábitat institucional y dependiendo de cómo sea ese hábitat será nuestra ciudadanía, serán los servidores públicos, funcionará nuestra sociedad. Si en vez de un bosque o un campo elegimos un estercolero, se nos llenará de gaviotas, se nos llenará de ratas y se nos llenará de gusanos. [[Aplausos]] La buena noticia es que el bosque siempre gana. Debajo de Madrid hay un bosque, la gente no se acuerda, pero si se hiciera un agujero saldría él solo. El bosque siempre gana. Si se quita un estercolero, la tierra aprovecha el abono y vuelve a brotar. Creo que somos responsables de esta regeneración. [[Rumores]]
Un momento. Les ruego silencio, por favor, para que podamos escuchar a la oradora.
Gracias. Ahora tenemos que adaptar una directiva europea sobre arbitraje de consumo. En esta directiva se dice que hay que adaptarla a las formas jurídicas y al estilo de cada país. Pero, ¿cuál es el estilo de España, cuál es estilo de nuestro país? En la actualidad, nuestro país se ha convertido en el 'rasca, siempre toca', pero toca de verdad. Es decir, podemos fijarnos en las eléctricas, podemos fijarnos en la telefonía, podemos fijarnos en el agua, todos bienes básicos, pero si rascamos, encontramos. Este es el estilo que tenemos en España ahora: rasque usted, que va a encontrar; vaya donde haya dinero público, que va a encontrar; vaya donde haya negocio, que va a encontrar. Con esto es con lo que se encuentran los consumidores cuando se enfrentan a empresas muy poderosas y muy grandes en conflicto de intereses con cosas tan básicas como las hipotecas, los servicios bancarios, la telefonía, la alimentación. ¿Cómo enfrentarte a esto? En este proyecto de ley se nos ofrece la posibilidad de unas juntas privadas, pero no, pero un poco, pero vas a pagar, pero no demasiado... ¿Quién decide estos límites? ¿Para quiénes son? ¿Quién decide si 30 euros son mucho o poco? Para los que estamos aquí quizá no sea una gran cosa, pero si yo fuera una de las limpiadoras del Aeropuerto de Menorca y llevara más de dos meses y medio sin cobrar, 30 euros sería un mundo porque no tengo dinero ni siquiera para coger el bonobús. ¿Quién defiende a esta señora? Esta empresa que a lo mejor..., que no es privada..., pero que sí..., pero que blablabla... Hemos perdido la confianza, señores. ¿Cómo vamos a tener confianza si constantemente, como se dice vulgarmente, nos la meten doblada? ¿Cómo vamos a tener confianza? Tenemos que estar con los ojos muy abiertos. [[Aplausos]] Estamos aquí para defender a la ciudadanía, nos paga la ciudadanía. [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Las instituciones son de la ciudadanía.
Un momento, señora De la Concha.
Lo pagan cada vez que compran un paquete de tabaco, cada vez que descuelgan el teléfono, aparte de con sus impuestos anuales o trimestrales en el caso de los autónomos. No nos gusta esta ley que privatiza, que es juez y parte las juntas estas que se proponen, que no dota a las juntas arbitrales autonómicas y municipales que ya tenemos. Es el viejo truco de desprestigiar lo público de forma que la gente opte por lo privado. Se salta las competencias de las comunidades autónomas ya que parece que solo nos acordamos de la Constitución para un par de artículos y de la geografía universal para un par de países. No incluye a los autónomos porque dice que no son consumidores. ¡He sido autónoma casi treinta años, Díos mío, y yo no estaría incluida en esta resolución de conflictos ni mis compañeras libreras tampoco! Este proyecto de ley vulnera el espíritu de la primera Ley de protección al consumidor de 1984, se salta el artículo 51 de la Constitución, y todo ello sin entrar en cuestiones de máximos y mínimos, como se ha dicho anteriormente, y con las que estamos completamente de acuerdo. Como dijo una compañera del PDCat, una empieza a poner remiendos y al final se queda sin falda. Esta ley hay que hacerla desde el principio. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora De la Concha. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.
Buenas tardes, ya. Señorías, señor presidente, celebramos hoy en el Pleno de esta Cámara el debate de totalidad de un proyecto de ley que traspone al ordenamiento jurídico español una importante directiva europea para la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. [[Rumores]]
Un momento, señora Tundidor. Señorías, sé que es el final del Pleno y es el final de la mañana, pero les rogaría, por favor, que si tienen que mantener negociaciones o conversaciones muy importantes, las hagan fuera del hemiciclo porque, si no, es muy difícil escuchar a la persona que está hablando. Estoy seguro de que lo entienden perfectamente, así que, por favor, les ruego silencio. [[Pausa]] Continúe.
Y digo que es importante porque, con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos se convierten en papel mojado si no existen cauces adecuados para que los consumidores puedan hacer valer esos derechos. Esto lo entendimos muy bien, señorías, los socialistas cuando pusimos en marcha durante los Gobiernos de Felipe González el sistema arbitral de consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantizara el respeto de los derechos de los consumidores. Todo lo que suponga un avance en este sentido lo apoyaremos siempre. Conscientes de nuestras obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea no vamos a bloquear su tramitación y no vamos a retrasar su incorporación a nuestro derecho interno. Se trata, además, de una directiva donde los socialistas vemos una oportunidad para mejorar los cauces que protejan los derechos de los consumidores. Para ello, señorías, es necesario modificar algunas de las previsiones del proyecto de ley y el Grupo Socialista presentará enmiendas en ese sentido. Por ejemplo, con el proyecto de ley del sistema arbitral tendrá que dictar sus laudos en un plazo de noventa días, pero para ello es preciso dotar a las juntas arbitrales de recursos materiales y humanos suficientes para poder hacerlo. Debe recordarse que se han mantenido congeladas las ayudas a la gestión a las juntas arbitrales de consumo desde 2011 y no se incorpora en el proyecto de ley ningún plan de carácter económico que permita reforzar nuestro sistema público de resolución. Por otra parte, se pretende acreditar como entidades de resolución de litigios en materia de consumo a aquellas en las que las personas encargadas de la resolución están empleadas o retribuidas por el empresario reclamado. Salvo en el caso de Francia, ningún otro país europeo ha llevado la trasposición a la directiva hasta estos términos: permitir la acreditación a entidades pagadas por el empresario reclamado. Los socialistas hemos formulado enmiendas para que desaparezca del proyecto esta posibilidad. Hasta ahora la experiencia nos exige que seamos prudentes. En España no existe una tradición respecto de esta clase de entidades. No obstante, desde 2002 en el sistema español, junto a las figuras del defensor del cliente bancario y del asegurado, se han comenzado a crear servicios de defensa del cliente en grandes empresas. Estas figuras que han surgido de manera voluntaria en el marco de los programas de responsabilidad social corporativa han mostrado deficiencias para satisfacer las reclamaciones de los consumidores. Consideramos que no debemos apartarnos del criterio seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto. Por otro lado, mantener este criterio daría lugar a una situación de confianza para los consumidores que viajan, compran online o incluso realizan diferentes transacciones en distintos mercados de la Unión Europea, resultando muy beneficioso para la economía de todos los Estados miembros. Señorías, en el trámite de enmiendas también vamos a proponer mantener el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores. Como ya se ha mencionado, el proyecto introduce la posibilidad de que los consumidores tengan que pagar un coste simbólico de hasta 30 euros; un coste simbólico que rompe con nuestra tradición y que puede provocar que los consumidores dejen de reclamar sus derechos ante la tesitura de tener que pagar para poder exigirlos, sobre todo en reclamaciones de escasa cuantía. Este proyecto de ley deja fuera las reclamaciones de cuantía menor a 30 euros y mayor de 10 000 euros, es decir, los procedimientos inferiores a esa cantidad quedarían fuera del sistema de resolución alternativa de conflictos de consumo, quedándole solamente la vía judicial al consumidor y eso que aproximadamente el 90 % de los productos y servicios que adquirimos a diario tienen un valor inferior a esa cuantía: compras por Internet, compras en supermercados, servicios de restauración, trayectos en transportes públicos y privados. El Grupo Socialista considera que el sistema de resolución alternativa de litigios tiene que ser universal y que, por tanto, no ha de encontrar limitación por razón de la cuantía reclamada, puesto que representa una garantía para los consumidores en sus relaciones con las empresas. [[Rumores]]
¡Silencio, señorías! [[Pausa]] Continúe.
Con respecto al tema competencial, no encontramos razones suficientes para impedir que en su ámbito territorial sean las comunidades autónomas las autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución alternativa, sin perjuicio de que el Estado sea el competente para acreditar las de ámbito supraautonómico. Ya les anuncio una enmienda de mi grupo en este sentido. También trataremos de corregir en el trámite de enmiendas parciales la ausencia de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de los requisitos impuestos a las entidades acreditadas. Nuestro grupo parlamentario presenta enmiendas en esta línea e incorpora como novedad que el importe de las sanciones se destine a reforzar nuestro sistema público de resolución alternativa, nuestro sistema arbitral de consumo. Señorías, no apoyamos la enmienda a la totalidad que han formulado, pero esperamos que la labor que realizamos todos los grupos en esta Cámara en los trabajos en Comisión redunde en una mejora del proyecto. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Tundidor Moreno. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor De Arriba Sánchez. [[La señora]]
Presidenta, señorías, en la Comunicación de 13 de abril de 2011 de la Comisión Europea titulada Acta del Mercado Único podía leerse: El mercado único es para los consumidores una realidad de su vida cotidiana cuando viajan, compran y efectúan pagos, pero los ciudadanos siguen enfrentándose a menudo a numerosos obstáculos y no tienen plena confianza en la posibilidad de obtener reparación en caso de que surjan problemas. Por ello, para relanzar el mercado único y en especial el mercado único digital es esencial reforzar la confianza de los consumidores en el ejercicio de sus derechos. Hemos pasado de una primera etapa de reconocimiento de principios y derechos de los consumidores a una segunda en la que resulta imprescindible dotarnos de los instrumentos que sean susceptibles de generar confianza y de los cauces adecuados para que podamos hacer valer de forma eficaz los derechos reconocidos. Señorías, esta ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la mejora y la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los consumidores y los empresarios para la solución de sus litigios, con el fin de dar una mayor seguridad jurídica. El proyecto de ley, que se centra en cumplir con el objetivo de incorporar la directiva europea al derecho interno español, es un nuevo impulso en la política de protección de los consumidores en el ámbito de la Unión. El consumidor debe tener el mismo nivel de protección con independencia del Estado miembro en el que se encuentre. Este proyecto tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del mercado interior garantizando que en el ámbito de la Unión Europea se pueda acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, por ser imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos; facilitar a los consumidores que los posibles litigios con los empresarios de carácter nacional o transfronterizos dentro de la Unión Europea derivados de sus contratos de compraventa o prestación de servicios y celebrados o no a través de Internet, independientemente del sector económico al que correspondan, puedan encontrar una solución sin tener que acudir a la vía judicial. [[Rumores]]
Silencio, señorías.
Señorías del PDeCAT y de Esquerra Republicana, conforme establece el régimen de competencias en el marco de la Constitución española, corresponde al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la Administración de Justicia, legislación civil y legislación procesal, sin perjuicio - claro está - de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho de las comunidades autónomas, todo ello referido en el ámbito de defensa de los consumidores y usuarios. Como refería nuestra ministra de Sanidad, el contenido del proyecto de ley se enmarca en la regulación procesal, pues si bien no se regulan ni desarrollan procedimientos, sí se establecen los requisitos mínimos a los que han de adaptarse aquellos ofrecidos por entidades de resolución alternativa de litigios de consumo para su notificación a la Comisión Europea. El carácter del contenido del proyecto justifica el título competencial invocado en su disposición final primera sobre la base de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme a las reglas sexta y octava del artículo 149.1 de nuestra Constitución. Así lo ha puesto de manifiesto también la sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989 en su fundamento jurídico primero, y en el mismo sentido la sentencia 31/2010 del mismo tribunal en relación con el artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, al que hacen referencia sendas enmiendas. Respecto a la afirmación de que el código de consumo de la Generalitat contiene disposiciones generales aplicables a cualquier mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo, cabe recordarles, para oponerse a tal afirmación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo relativo a la competencia del Gobierno de la nación para establecer el sistema arbitral de consumo y crear los correspondientes órganos arbitrales. Por otro lado, señorías, los profesionales que resuelven los litigios deberán actuar con independencia e imparcialidad y acreditar su conocimiento. Es más, los requisitos específicos a los que la ley se refiere han sido reforzados respecto a los exigidos por la propia directiva; suficiente es remitirse a los artículos 23 y 24 del proyecto de ley. Señorías, quiero recordarles que ni la directiva ni el proyecto de ley efectúan ninguna diferencia en los requisitos de calidad que deben reunir las entidades para ser acreditadas o como consecuencia de su acreditación para el supuesto de que ofrezcan la resolución de un tipo u otro de litigios de consumo. Por último, efectivamente, la norma de trasposición permite acreditar a personas físicas y jurídicas de naturaleza pública o privada exigiéndose en todo caso que reúnan los requisitos previstos en el proyecto. No obstante, la resolución del conflicto corresponde exclusivamente a las personas físicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del proyecto de ley. Señorías, han entrado en la rutina del rechazo sin más, sin proponer ni aportar alternativa alguna. Ustedes han entrado en un bucle donde en algún momento tendrán que detenerse a pensar a qué les conduce. En un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado siguen con su obstinación por el separatismo. Son ustedes quienes están obsesionados. Aunque aprovechen cualquier motivo, no pretendan convencernos de que sus intereses particulares se corresponden con los intereses generales de los catalanes. Nuestro instinto. Ustedes están en lo excluyente, nosotros en la colaboración y el entendimiento entre administraciones. Señorías, más ilusionante que nuestro pasado en común, que lo es, es nuestro futuro en común, recuérdenlo. [[Aplausos]] Señorías, debemos seguir teniendo como meta hacer de España un país respetado y más competitivo en el seno del euro y de la Unión Europea y trabajar para que esta Unión sea cada día más fuerte y cohesionada, porque ello redundará, sin duda alguna, en el beneficio, el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía, la de todos los españoles y europeos. Debemos continuar por el camino de la responsabilidad y ser generosos con el interés general. Necesitamos el rigor, la colaboración y el compromiso de todos para que España siga en la senda del crecimiento integrador. Queda mucho por hacer, y esto el Gobierno lo tiene claro. Señorías, la protección del consumidor ha sido, es y será una prioridad para la Unión Europea y para el Gobierno de España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación de Radiotelevisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Este punto se someterá a votación sin debate previo, con el resto de las votaciones previstas para hoy. En cinco minutos comenzarán las votaciones. [[Pausa]]
Señorías, comenzamos las votaciones. Comenzamos con la toma en consideración de proposiciones de ley. [[Rumores]] Silencio, señorías. En primer lugar, votamos la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 272 más 2 votos telemáticos, 274; abstenciones, 66.
Queda tomada en consideración la proposición de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. [[Número de expediente 122/000086]]
Pasamos ahora a votar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de derogación del plazo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 204 más 2 votos telemáticos, 206; en contra, 132; abstenciones, 2.
En consecuencia, queda tomada en consideración la proposición. [[Aplausos]]
Votamos, a continuación, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 198; en contra, 1; abstenciones, 140.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN VENEZUELA. [[Número de expediente 162/000396]]
Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis institucional en Venezuela. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, y el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 259, en contra, 20; abstenciones, 58.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. [[Aplausos]]
Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia, relativa a la postura del Gobierno en relación con la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 92; en contra, 244; abstenciones, 3.
Queda rechazada la moción. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. [[Número de expediente 173/000026]]
Pasamos ahora a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 201; en contra, 131; abstenciones, 6.
Queda aprobada la moción. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO. [[Número de expediente 173/000027]]
Pasamos ahora a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 336; abstenciones, 2.
Queda aprobada la moción. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. [[Número de expediente 173/000028]]
Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 202; abstenciones, 137.
Queda aprobada la moción. [[Aplausos]]
Pasamos, a continuación, a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer término, el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 337 más 2 votos telemáticos, 339; abstenciones, 2.
Queda convalidado el real decreto-ley. Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 1 voto telemático, 338; a favor, 84 más 1 voto telemático, 85; en contra, 250; abstenciones, 3.
En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley. - REAL DECRETO-LEY 7/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE PRORROGA Y MODIFICA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. [[Número de expediente 130/000013]]
Vamos a votar, a continuación, el Real-Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de activación para el empleo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 332 más 2 votos telemáticos, 334; abstenciones, 7.
Queda convalidado el real decreto-ley. Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 1 voto telemático, 340; a favor, 87 más 1 voto telemático, 88; en contra, 247; abstenciones, 5.
En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
A continuación, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Según lo acordado, estos puntos se someten a votación por asentimiento. ¿Se aprueban por asentimiento? [[Asentimiento]] Quedan aprobados por asentimiento.
Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, presentadas por los grupos parlamentarios Mixto, señor Campuzano, y de Esquerra Republicana. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 92; en contra, 246 más 2 votos telemáticos, 248.
En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Pasamos, a continuación, a la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 92; en contra, 247.
Queda rechazada la avocación.
A continuación, vamos a votar el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación Radiotelevisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 338 más 2 votos telemáticos, 340.
En consecuencia, se aprueba la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la citada proposición de ley. Se levanta la sesión. Era la una de la tarde.