Se reanuda la sesión. Pasamos a tratar las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, cuando ustedes aprobaron en solitario la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana dijeron que era una norma imprescindible, necesaria y oportuna para mejorar la eficacia en la política pública de seguridad ciudadana. A la vista de cómo se está aplicando la ley mordaza y del mandato mayoritario de esta Cámara para su derogación, ¿qué planes tiene, señor Rajoy? [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Yo soy y seré absolutamente respetuoso con todas las decisiones que tome esta Cámara en el ejercicio de sus competencias, y espero también que todos seamos respetuosos con las que adopte el Gobierno en el ejercicio de las mismas. Ese es el principio de la separación de poderes, que usted conoce muy bien y con el cual no tengo la más mínima duda de que está totalmente de acuerdo. Gracias. [[Aplausos]]
Señor Hernando.
Señor Rajoy, pues vamos a ver si obra en consecuencia, porque le voy a poner algunos ejemplos de cómo se está aplicando la ley mordaza: en seis meses, más de seis mil procedimientos por falta de respeto a la policía; denuncias por llevar una mochila o una camiseta con la sigla ACAB; una multa de 800 euros por hacer una foto a un coche de la policía; sanciones a un periodista por colgar un video de una detención en la red; sanciones a una periodista por hacer una pregunta a la salida de la Audiencia Nacional saltándose un cordón policial; identificaciones permanentes de los informadores que acuden a las actuaciones de la policía. Y, así, un suma y sigue. Hay que reconocer que esta ley, señor Rajoy, no vino impuesta por los mercados, esta ley no la dictaron en Bruselas; esta ley la hicieron ustedes solitos porque quisieron, señor Rajoy. La hicieron cargada de una enorme ideología, de una ideología represiva que intentaba condicionar el derecho de reunión, el de manifestación, la libertad de expresión y la libertad de información, y que, además, crea una enorme inseguridad jurídica porque tipifica muy mal aquellas conductas que son susceptibles de ser castigadas posteriormente. En definitiva, esta es una ley que hizo su Gobierno, señor Rajoy - no nos engañemos -, para condicionar el derecho a la protesta de los ciudadanos contra las leyes, las normas y las políticas de su Gobierno. Nosotros dijimos que cuando cambiasen las mayorías derogaríamos la ley, como todas aquellas leyes que ustedes aprobaron en solitario, como empezamos a hacer ayer con la reforma laboral. Eso es lo que vamos a hacer. Hemos presentado esta proposición de ley para derogar la ley mordaza si usted no atiende al mandato mayoritario de esta Cámara. Por lo tanto, el plazo está claro, tiene de aquí hasta que empecemos a tramitar esta ley. Así que, señor Rajoy, no pierda el tiempo, porque si usted no quita la mordaza, la quitamos nosotros. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor presidente.
Muchas gracias. Señor Hernando, ustedes sabrán lo que les conviene hacer, pero yo creo que derogar todas las normas que se han aprobado a lo largo de una legislatura, muchas de las cuales han producido efectos positivos muy importantes para el conjunto de los españoles, no es la mejor manera de construir ni de hacer una aportación al interés general de todos. En cualquier caso, ustedes pueden tomar las decisiones que estimen oportuno y conveniente y el resto de esta Cámara también puede hacerlo. Yo le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Decir hoy que en España hay un problema de ausencia de derechos o de disfrute de libertades es algo que no se cree absolutamente nadie; y decir, como acabamos de escuchar ahora aquí, que tenemos un problema en España de libertad de expresión parece una broma; igual que parece una broma contarle a los españoles que aquí tenemos un problema de libertad para ejercer el derecho de manifestación. Señor Hernando, yo, como le pasa a usted, hablo con mucha gente y estoy en contacto con muchas personas y, por ejemplo, me hablan del paro, que sin duda alguna es un problema real aunque vaya corrigiéndose poco a poco; me hablan de la situación económica de nuestro país, donde todavía tenemos que hacer muchas cosas en el futuro; me hablan de muchos problemas reales de la gente; pero tengo que decirle que ni una sola persona, desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, me ha dicho ni una sola palabra de este asunto. [[Rumores]] Tan solo he oído hablar de este asunto en esta Cámara. A mí nadie me ha dicho nada sobre el mismo y, por tanto, puede hacer usted lo que estime oportuno y conveniente. Sí es bueno que le diga una cosa: las denuncias por manifestaciones, que siempre fueron por disturbios o manifestaciones convocadas sin pedir los permisos que exige la ley, son el 0,02 de las denuncias que ha habido; y la inmensa mayoría de las denuncias que ha habido en relación con esta ley se refieren a delitos de drogas y a delitos por tenencia de armas y explosivos. Sinceramente, señor Hernando, no sé si ustedes se han leído la ley, pero tengo la impresión de que están sobreactuando y alejándose de la moderación, que es donde está el sentido común y el interés de todos. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN TENER CAPACIDAD PARA CONSULTAR LIBREMENTE AL CONJUNTO DE SUS CIUDADANOS EN CUESTIONES QUE AFECTAN A SU PROPIO ÁMBITO? [[Número de expediente 180/000049]]
Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno por el Diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Buenos días, señor presidente. ¿Cree que los ayuntamientos deben tener capacidad para consultar libremente al conjunto de sus ciudadanos en cuestiones que afectan a su propio ámbito?
Señor presidente del Gobierno.
Sospecho por dónde puede ir usted. Yo soy partidario de que los ayuntamientos puedan consultar a los ciudadanos en cuestiones que afecten a su propio ámbito, pero también soy partidario de que exista un mínimo control de la legalidad y, por tanto, de que haya una autorización del Gobierno, que es lo que dice - como usted muy bien sabe - la legislación vigente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Esteban.
Bueno, pues vamos centrando el tema. Mire, señor presidente, desde la transición hubo un miedo muy grande a la democracia directa, empezando por la Constitución, pero las restricciones ya empezaron con la Ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum, que no regula las consultas municipales pero se necesita la autorización del Gobierno para convocarlas. Luego se dio una vuelta de tuerca con la Ley reguladora de las bases de régimen local, que es más restrictiva que la que había en el régimen anterior, el artículo 71 ya habla de competencias propias, exclusión de la materia hacendística y la autorización del Gobierno de nuevo. Pero, últimamente, con la jurisprudencia - sentencia 31/2015, del Tribunal Constitucional, a raíz de la Ley catalana de consultas populares - se hace una distinción entre consulta de carácter general y consulta sectorial, y esta es un llamamiento a un sujeto más restringido que el cuerpo electoral de la colectividad territorial de que se trate. Por consiguiente, si un ayuntamiento quiere consultar a todos sus vecinos sobre políticas públicas, decisiones o asuntos de la competencia de los municipios, necesita siempre un permiso del Gobierno de España, que este le concederá o no graciosamente. Estamos hablando no de referéndums de independencia ni de soberanía, estamos hablando de preguntar sobre asuntos municipales, por ejemplo, urbanísticos - algo que se le ha denegado a un ayuntamiento vizcaíno no hace mucho tiempo -, y nunca con carácter vinculante. En estos momentos parece que ustedes tienen la intención de recurrir la Ley municipal vasca, cuando yo creo que a estos asuntos debería dárseles una salida. Aquí hay un problema con una legislación muy estricta y preventiva desde el inicio. Hemos pasado a una legislación estatal de desarrollo más restrictiva aún, y se ha dado una vuelta de tuerca con una jurisprudencia del Tribunal Constitucional incomprensible, timorata, limitadora de la autonomía de la gestión de los propios intereses municipales, que está consagrada incluso en los artículos 137 y siguientes de la Constitución. Creo que es hora de que los ayuntamientos dejen de ser menores de edad, librarles de tutelas que se exceden en su celo. Modifíquese, señor presidente, la legislación si fuera necesario para deshacer el desatino del Tribunal Constitucional y actualizar conforme a estándares europeos las consultas municipales. Que se pueda preguntar libremente a todos sus vecinos sobre cuestiones que afectan a su propio ámbito. ¿Qué problema hay en es esto? ¿Para qué tiene que pasarse necesariamente por una autorización del Gobierno central, que luego puede concederla o no? Señor presidente, los suizos no están locos, los europeos no están locos; creo que nosotros deberíamos adaptarnos a sus estándares.
Muchas gracias. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Esteban. Yo no le voy a dar aquí mi opinión sobre los referéndums ni sobre las consultas, porque creo que no hace al caso. Lo que sí voy a decirle es que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la Ley orgánica de 1980. Allí se excluyen las consultas municipales. La Ley de bases de régimen local establece una regulación sobre las consultas. Dice que necesitan autorización del Gobierno de España; los temas deben ser de competencia propia municipal; especial relevancia para los intereses de los vecinos, y no se pueden referir a la Hacienda local. Entiendo que usted no esté de acuerdo con la autorización por parte del Gobierno, y además le digo que eso es opinable, pero sí me gustaría decir una cosa. El Gobierno aquí no tiene la capacidad para tomar decisiones discrecionales. Estamos ante un acto puramente reglado. Aquí no hablamos de razones, por tanto, de oportunidad. Se trata de un control de legalidad que parece muy razonable. Por ejemplo, si hay un ayuntamiento que quiere consultarles a los vecinos sobre la pertenencia de ese ayuntamiento a la OTAN, parece lógico que el Gobierno no se lo autorice porque no forma parte de su competencia. Pero si se trata de un problema puramente municipal, el Gobierno siempre los ha autorizado y usted lo sabe porque en los últimos años... [[El señor Esteban Bravo hace gestos negativos]] Algunos sí y otros no. Pero en los temas de política municipal siempre los ha autorizado. Concretamente, en el País Vasco, desde 2010 se han aceptado seis y no se han aceptado otros cinco porque no eran competencia de los ayuntamientos, como por ejemplo los temas del fracking. Por tanto, insisto, se trata de un acto en el que el Gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión más allá de una capacidad para controlar la legalidad, lo cual parece bastante razonable, pues es bueno que las instituciones ajustemos nuestros comportamientos a la ley. Muchísimas gracias. [[Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ LUGAR OCUPA EN LAS PRIORIDADES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE GARANTIZAR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES Y TERRITORIOS, VINCULADO A UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y A UNA ASIGNACIÓN EQUITATIVA Y EFICIENTE DE LAS INVERSIONES DEL ESTADO? [[Número de expediente 180/000045]]
Pregunta al señor presidente del Gobierno también del diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca.
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno, me interesa extraordinariamente conocer la importancia de su compromiso con el cumplimiento del punto primero del programa para Asturias de la coalición electoral Partido Popular-Foro, por eso le pregunto en relación con un nuevo sistema de financiación autonómica que responda a los mandatos constitucionales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias. Como usted muy bien sabe, la solidaridad y la igualdad son principios constitucionales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Son dos pilares básicos en nuestra convivencia y, por tanto, la prioridad y además la obligación del Gobierno que yo presido y de cualquiera es garantizar estos principios en el nuevo sistema de financiación autonómica y en las inversiones del Estado, a las cuales también se refiere la pregunta que me formula. Son dos de los ámbitos de la actuación del Gobierno, pero en principio esto debería ser algo que inspirase todas las actuaciones que adoptase el Gobierno. En la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas que tendrá lugar el próximo día 17 de enero, iniciaremos los trabajos para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que debe, sin duda alguna, estar inspirado por los principios de solidaridad e igualdad. También es nuestra voluntad presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, en el primer trimestre de ese año, donde a la hora de distribuir las inversiones entre los distintos territorios, tendremos también que atender a esos principios por los que usted se interesa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Martínez Oblanca.
Señor Rajoy, el vigente sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 por el entonces Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a la medida de las exigencias del tripartito catalán. [[Rumores]] Es un sistema perverso, injusto, antisocial, que ya debería haber sido corregido en su primen mandato, pero que empeoró añadiendo unas medidas discrecionales de condonación de intereses mediante las cuales se repartieron 22.647 millones de euros, el 75 % de los cuales, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, fueron a parar a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Andalucía, precisamente las comunidades más incumplidoras, que en términos de euros por habitante establecen unas diferencias de uno a tres entre comunidades autónomas, con el consiguiente efecto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, que en el caso de Asturias también incide con la acumulación de una deuda histórica de insolidaridad del Estado. Señor presidente, la asignación de inversión pública con criterios de eficiencia y de equilibrio interterritorial es también un gran instrumento para lograr la convergencia homogénea del crecimiento en España y es la herramienta decisiva para articular la cohesión del territorio nacional siguiendo el modelo europeo. España necesita un mayor esfuerzo de solidaridad e igualdad constitucionales. Se lo requerimos sabiendo, como usted bien conoce, que los asturianos no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás, soportando las secuelas de un discriminatorio sistema de financiación, sufriendo los peores datos de crecimiento señalados por el Instituto Nacional de Estadística y ocupando año tras año el farolillo rojo en la tasa de población activa. Señor Rajoy, urge poner punto final a la deriva que usted mismo vaticinó con acierto hace siete años, pero para la que el Gobierno aún no ha aplicado remedio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Sobre el modelo de financiación, como usted ha dicho, todos sabemos que el actual tiene deficiencias y, en consecuencia, sabemos también que hay que corregirlas. El objetivo que vamos a perseguir es asegurar un nivel de servicios en todos los territorios definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y, en segundo lugar, asegurar una financiación estable y suficiente. Se trata de que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan. El debate comenzará después de la reunión del día 17 de enero, a la cual antes he hecho referencia. Usted sabe que es un tema de una enorme dificultad - lo sabe -; siempre que se ha producido un debate sobre este asunto las cosas no fueron fáciles, pero, en fin, para resolver las cosas que no son fáciles ya estamos todos aquí en esta Cámara y estoy absolutamente convencido de que llegaremos a un entendimiento entre todos. Lo mismo ocurre con las inversiones. Cuando presentemos los presupuestos vamos a intentar buscar un reparto equitativo, impulsar actuaciones que redunden en beneficio del interés general y, por supuesto, pondremos énfasis en las políticas que mejoren nuestra economía, amplíen nuestro tejido productivo, generen empleo y, por tanto, reviertan en riqueza y bienestar para la gente. Hay un asunto importante que pondremos pronto en marcha, que es el intento de alcanzar un pacto nacional para... [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿SERÍA SU GOBIERNO PARTIDARIO DE IMPULSAR UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA SOMETIÉNDOLA A REFERÉNDUM? [[Número de expediente 180/000057]]
Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión.
Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, se dice que su Gobierno quiere impulsar cambios en la Constitución. Le pregunto si a su Gobierno le parecería bien que esos cambios se sometan al referéndum del pueblo español.
Muchas gracias. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Puede que algunos no celebren la Constitución, pero conviene a todos conocerla. Si triunfan las tesis de Podemos, que es abrir un proceso constituyente, no un referéndum, que tendríamos que disolver estas Cortes, convocar elecciones generales, constituir las Cámaras, aprobar la reforma de la Constitución y el nuevo Gobierno investido convocar un referéndum, que sería obligado. Y si no triunfan sus tesis, usted ya ha dicho que sus treinta y cinco diputados van a convocar el referéndum. Para el Gobierno es un acto debido, obligado si lo quieren los diputados, pero le voy a decir de lo que somos partidarios. Sería un error que una mayoría impusiera la reforma a una minoría o que esa minoría exigiera un referéndum por la sola fuerza de sus escaños. La Constitución lo fue de todos y la reforma, si se hace, debiera ser de todos, sin excluir a nadie. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Iglesias.
Señora vicepresidenta, escuchándola da la impresión de que a usted la democracia le parece un jaleo. No tenga usted miedo de la democracia. [[Rumores]] En cualquier caso, yo no he hablado de abrir un proceso constituyente, que seguramente sería una cosa buena, sino que le he preguntado qué opina su Gobierno de someter una reforma constitucional a referéndum. Ya sé que nosotros tenemos la fuerza parlamentaria suficiente para asegurar ese referéndum y le aseguro que si ustedes quieren cambiar la Constitución sin preguntar a los españoles, nosotros vamos a garantizar que se les pregunte a los ciudadanos españoles, pero quería convencerles; ya que estamos en un Parlamento tenemos que estar de acuerdo no solo con los cambios sino con un principio democrático básico, que es que si vamos a tocar la Constitución reconozcamos que esta Cámara no representa al poder constituyente y que está bien hacer una reforma, por eso me gustaría contar con su consenso y no tener necesidad de imponerlo con los votos que nos dieron los ciudadanos. En España hubo un notable escándalo cuando ustedes junto con el Partido Socialista, con nocturnidad veraniega, impusieron la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, entre otras cosas, arrodillaba la soberanía de nuestra patria a poderes exteriores. Si ustedes quieren volver a hacer una cosa así, le aseguro que eso lo van a decidir todos los españoles y todas las españolas en referéndum. Permítame que le haga alguna sugerencia. En España hacen falta cambios en la Constitución. Ayer mi compañera, Yolanda Díaz, decía que ustedes están convirtiendo en papel mojado un principio constitucional básico y es que España es un Estado social. Hay que blindar los derechos sociales en la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para proteger a los ciudadanos de la corrupción, prohibiendo de una vez las puertas giratorias. Hay que asegurar la independencia del Poder Judicial, es necesario cambiar el sistema electoral y es necesario también que nuestra Constitución reconozca la plurinacionalidad. Esos cambios de la Constitución no derivan de nuestro programa, sino que son un clamor social en este país. No utilicen la Constitución para atrincherarse, no la conviertan en una barricada de los inmovilistas; ayuden a ensanchar la Constitución para que quepa más gente. Esos cambios son necesarios, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de ustedes. [[Aplausos]]
Señora vicepresidenta.
Esos ciudadanos se deben sentir bastante más protegidos con nosotros que con ustedes porque nos votan bastante más, señor Iglesias, nos votan bastante más. [[Aplausos]] En segundo lugar, señor Iglesias, las lecciones de democracia si quiere se las da usted a los 300 de Vistalegre, que estos 137 diputados del Partido Popular vienen con las lecciones de democracia aprendidas de casa. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]] Y en tercer lugar, señor Iglesias, si tanto quiere que hablemos de la Constitución, ¿por qué no va a la Comisión Constitucional, de la que es portavoz? El otro día tuvimos cuatro horas de debate y mandó al señor Domènech, que estuvo interesante, pero yo creo que el debate de la Constitución de todos los españoles le interesa al portavoz de un partido nacional y no solo a su marea catalana. Yo lo que vi en ese debate - si usted hubiera estado - era mucho discurso para diferenciarse, especialmente el suyo, lo que usted llamaría un significante con muchísimos significados, y la reforma de la Constitución no es eso, señor Iglesias. La reforma de la Constitución tiene que ser una reforma que sirva para todos y les veo más en sembrar discordia en lo que fue una Constitución de concordia que en arreglar de verdad los problemas de este país. Más soluciones y menos conflictos, señor Iglesias, aunque usted se mueve mejor en lo segundo. Muchas gracias. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos]] - DEL DIPUTADO DON ARTEMI RALLO LOMBARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿ESTÁ SATISFECHO EL GOBIERNO CON LOS RESULTADOS DE SUS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN? [[Número de expediente 180/000059]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Artemi Rallo Lombarte del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor ministro, el 16 de noviembre Transparencia Internacional presentó su informe sobre la corrupción en España con un dato demoledor: el 80 % de los españoles, ocho de cada diez, consideran que la lucha contra la corrupción por parte de este Gobierno es insuficiente. Señor ministro, ¿está satisfecho el Gobierno con su actuación en la lucha contra la corrupción? [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro de Justicia.
Gracias, presidenta. Señor Rallo, no tengo un medidor de satisfacciones. No me consta que haya ningún indicador de esas características, al menos en el Gobierno. Usted pone de manifiesto un elemento de opinión pública que ciertamente nos debe preocupar a todos, al Gobierno y a todos los que tenemos alguna responsabilidad política. [[Rumores]] En todo caso, lo que sí creo que nos puede generar alguna satisfacción es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es aprobar un conjunto de medidas contra la corrupción que nos han posicionado mejor de lo que estábamos anteriormente. Otro elemento de satisfacción es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales y los jueces trabajan cada día por luchar contra la corrupción, lo cual me parece que es una magnífica noticia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor Rallo.
Señor ministro, aún le quedan ganas para el chascarrillo y la ironía cuando este Gobierno debería estar sinceramente avergonzado y abochornado por estos datos. Hace un mes fue el informe de Transparencia Internacional, pero hace dos meses fue el informe Greco del Consejo de Europa, que calificó como decepcionante y altamente insatisfactoria la lucha contra la corrupción por parte de este Gobierno, y cada mes nos lo recuerda el CIS. Usted hace una semana se presentó en la Comisión de Justicia y nos regaló dos perlas dignas de pasar a los anales del despropósito. La primera - abro comillas -: No hay país en el mundo que haya hecho tanto contra la corrupción. Y se quedó tan a gusto. Obviamente, por eso el Consejo de Europa y Transparencia Internacional les han galardonado con el Oscar, con la Palma de Oro, a los campeones contra la corrupción. [[Rumores]] Segunda perla, señor ministro. Usted en la Comisión de Justicia vino a decir que esto de la corrupción no es para tanto - abro comillas -: De las 3.600.000 causas penales existentes en España en 2015, solo el 0,29 % afectaban a casos de corrupción. Señor ministro, 10.400 causas de corrupción. A usted le parecen pocas ¿Cuántas necesita este Gobierno para tomarse en serio este problema? Y esto no es el pasado, esto es presente y esto es futuro, porque dentro de unos días van a tener imputado al presidente de Murcia, porque las facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón crecen día a día - todas ellas denunciadas ante la fiscalía - y ya llegan a los 33 millones de euros. [[Rumores]] Señor ministro, ante esta situación ustedes tienen que hacer de la necesidad virtud. Abrazan la falsa fe del converso, usted en particular se convierte en un pacto andante y quiere comprar el paquete completo de medidas de lucha contra la corrupción. Les falta credibilidad, señor ministro. Les faltan más jueces, más fiscales, más policía. Gánense esta credibilidad. [[Aplausos.-Rumores]]
Muchas gracias. Señorías, antes de ceder la palabra al señor ministro, por favor, ruego silencio a todos los diputados. Adelante, señor ministro.
Gracias, presidenta. Señorías, simplemente pongo de manifiesto lo que ha pasado y lo que se ha hecho. En la X Legislatura se ha aprobado un conjunto de leyes que ustedes sabrán, pero no estaban hechas. No estaba hecha una Ley de Financiación de Partidos Políticos que exige transparencia y absoluta responsabilidad en las cuentas de los partidos políticos. Se ha aprobado una Ley del Estatuto del Alto Cargo. Se ha aprobado un Código Penal que castiga con mucha más firmeza los delitos de corrupción. Se ha creado una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que garantiza que un corrupto no se quede con un solo euro de lo robado. Todo eso se ha hecho a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y a iniciativa del Gobierno del presidente Rajoy y, por cierto, ustedes no han votado a favor de ninguna de estas reformas. Ustedes sabrán por qué no se hicieron en las legislaturas anteriores y por qué no han apoyado todas estas reformas. Por lo tanto, no tenemos la satisfacción de pensar que está todo hecho, porque queda mucho por hacer en esta legislatura. Ojalá, señoría, ustedes apoyen las medidas que propongan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular cuando vengan a esta Cámara. Hay que seguir trabajando por reforzar la independencia de nuestro Poder Judicial. Hay que seguir mejorando a los denunciantes de la corrupción. Hay que seguir regulando las puertas giratorias entre la política y la justicia. Hay que seguir trabajando sin duda en la mejora de nuestro sistema de prevención de la corrupción. Señoría, yo le recomiendo que ponga en valor lo que tenemos, sobre todo en comparación con lo que no teníamos. Mandemos a los ciudadanos una imagen de confianza en sus instituciones. De verdad, no creo que debamos estar todo el día diciendo que hay algunos casos, porque si hablamos de casos, señoría, podemos ver dónde hay más volumen económico defraudado o dónde hay más imputados; no creo que con eso arreglemos nada entre su grupo y el nuestro. Vamos a hablar de lo que hemos hecho, vamos a hablar de lo que tenemos por delante, y sobre todo vamos a transmitir confianza a los ciudadanos. Haremos un buen favor a la democracia si mandamos a los ciudadanos una imagen...
Muchas gracias. [[Aplausos]] - DE LA DIPUTADA DOÑA SILVIA VALMAÑA OCHAÍTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES? [[Número de expediente 180/000052]]
Pregunta de la diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular, dirigida también al señor ministro de Justicia.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, en primer lugar, permítame que le felicite en nombre de mi grupo parlamentario por la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales y por la rapidez con la que lo ha hecho. Han ejecutado este desarrollo normativo que da forma y cobertura legal a un registro que por su naturaleza y sus efectos es tan importante como complejo en su organización, y lo han hecho en un tiempo récord, así que felicidades. En apenas cuatro meses desde la aprobación de la Ley de Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en julio de 2015, y solo un mes y medio después de la aprobación de la Ley del Voluntariado, que requería de la existencia de este registro, el 11 de diciembre de 2015 el Registro Central de Delincuentes Sexuales era una realidad y desplegaba todos sus efectos apenas unos meses después, el 1 de marzo de este año. Solo la diligencia en hacer efectiva la previsión para la protección a la infancia que ustedes han tenido sería ya digna de alabanza, señor ministro, pero es que además la creación de este registro garantiza la mejor protección de nuestros hijos y de nuestras hijas, evitando que los delincuentes sexuales tengan un fácil acceso a ellos en los espacios y actividades en los que deben sentirse más seguros. Se coloca a España en la vanguardia de la defensa de la infancia, se favorece la cooperación policial internacional contra estos delitos y se da cumplimiento al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa que España ha ratificado. Así lo ha entendido también la prestigiosa publicación Diario médico, que hace apenas unos días le han entregado un galardón, el premio en la categoría de Iniciativa Ética, Legal y Deontológico, en la XV edición de sus premios anuales, 'Las mejores ideas de 2016'. Por todo esto, señor ministro, quiero preguntarle: ¿qué valoración hace el Gobierno acerca del funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales? Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hacemos desde el Gobierno de la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales es positiva, y no por un acto de autocomplacencia, sino con datos. En primer lugar, por la acogida social que ha tenido, por el impacto en nuestra sociedad, y en segundo lugar, porque de verdad consideramos que se ha convertido en un instrumento relevante para el fin que persigue, que no es otro que el de proteger a los menores en materia de explotación y de abuso sexual. Yo creo que este es un fin social importantísimo y trascendente en nuestra sociedad contra un tipo de delitos absolutamente inaceptables; todos lo son, pero estos muy en particular. Por tanto el hecho de contar con instrumentos que nos permitan garantizar que vamos a hacer más difícil que se puedan cometer delitos contra los menores en nuestro país es sin duda un elemento o un hito importante en las modificaciones que hemos adoptado en los últimos tiempos. Fue un desarrollo de la Ley de Protección del Menor, fue un compromiso de que nadie pudiera trabajar en relación con menores, tanto en el ámbito educativo como del tiempo libre, del deporte o del ocio sin haber acreditado - hoy nos puede parecer algo elemental, pero ciertamente no existía tal exigencia - que no ha sido condenado por delitos de carácter sexual o contra los menores. Los datos son muy contundentes. Desde que entró en funcionamiento este registro se han expedido 1.600.000 certificaciones, lo cual sin duda es un volumen de trabajo importantísimo. De ellas ha habido 479 certificaciones positivas - lo cual en términos cuantitativos ya me parece muy importante, y más todavía en términos cualitativos - que han impedido que cualquiera de estas personas haya podido empezar a trabajar en este ámbito. Un solo caso de certificación positiva que hubiese impedido que estas personas hubiesen trabajado en relación con menores ya hubiese sido suficiente, pero casi 500 de ellas me parece que es un magnífico dato que nos tiene que dar la satisfacción de haberlo establecido con esta naturaleza. Sé también que la puesta en marcha de este sistema no ha estado exenta de dificultades, es una carga administrativa, y hemos intentado hacerlo de manera telemática en ese compromiso por que la justicia sea cada vez más cercana al ciudadano. Por lo tanto me parece que hemos cumplido todos: esta Cámara, que lo aprobó; el Gobierno, que lo ha llevado a cabo; los funcionarios, que cada día ejercen la actividad en este registro. Estamos cumpliendo un magnífico servicio para garantizar que los menores estén protegidos con la mayor intensidad posible. Muchas gracias, señoría. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON FRANCESC XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿PIENSA EL GOBIERNO LLEVAR A LA FISCALÍA LA INVESTIGACIÓN SOBRE FRAUDE FISCAL DE GRANDES FORTUNAS COMO EN EL CASO DE CRISTIANO RONALDO? [[Número de expediente 180/000048]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública. En primer lugar, pregunta del diputado don Francesc Xavier Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Gracias, señora presidenta. Aquí el representante de la marea catalana que ganó las elecciones en Cataluña, y que conjuntamente con otras mareas van a seguir avanzando, porque las mareas son imparables. Señor ministro, el caso de Football Leaks ha destapado un problema que es endémico en nuestro sistema y en nuestro país, y es que mientras la mayoría de la carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo, las grandes fortunas de este país sistemáticamente muestran casos de evasión fiscal. Así parece haber ocurrido en el caso de Cristiano Ronaldo, que parece haber desviado 150 millones de euros, o también en otros casos como el de Amancio Ortega, vendido muchas veces como un gran empresario español, que parece haber defraudado 585 millones de euros. Ante esta situación endémica y reiterada, la pregunta es: ¿Piensa el Gobierno llevar a la fiscalía la investigación sobre el fraude fiscal de grandes fortunas como en el caso de Cristiano Ronaldo? Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señor Domènech, no corresponde al Gobierno llevar a la fiscalía ningún supuesto y nunca se ha presentado esa situación. En mi ya larga experiencia como ministro de Hacienda nunca ha ocurrido así y nunca debe ocurrir así. Corresponde a la Agencia Tributaria, a sus departamentos y a sus profesionales identificar cuándo existen indicios de delito en un fraude fiscal y por tanto enviarlos a la fiscalía. Entiendo que su señoría estará de acuerdo con ese procedimiento, que es por lo demás el procedimiento ordinario en cualquier país que se llame con propiedad Estado de derecho. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Señor Domènech.
Al Gobierno le corresponde tomar medidas contra lo que es un fraude fiscal sistemático que hace perder en torno a 88.000 millones anuales en ingresos a la Hacienda del Estado. Eso significa que la mayoría de los ciudadanos españoles deben pagar o sobrepagar entre 800 y 1.000 euros en impuestos para poder afrontar ese fraude fiscal. De hecho el 72 % de ese fraude fiscal se da en las grandes fortunas, 34 de las 35 empresas del IBEX tienen empresas en paraísos fiscales. Eso significa que en estos momentos la mayoría del fraude fiscal se carga sobre las grandes fortunas mientras la Agencia Tributaria dedica el 80 % de sus recursos a perseguir el pequeño fraude fiscal. Mientras su Gobierno aplica medidas como la amnistía Montoro, pactada con Convergència i Unió, que significa blanquear ese fraude fiscal; mientras ustedes hacen políticas que parecen ideales para el fraude de las grandes fortunas lo único que hacen es perseguir el pequeño fraude fiscal. Ante eso queríamos saber qué políticas puede hacer este Gobierno que no sean siempre políticas al servicio del IBEX 35. Gracias. [[Aplausos]]
Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señor Domènech, la falta de originalidad en su pregunta realmente la convierte en argumento común, y es tan reiterativa y en ese sentido tan tópica - si me permite la expresión - que me parece profundamente injusto... [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Decía que me parece profundamente injusto trasladar a los españoles lo que no es la realidad. En España se persigue el fraude fiscal, se persigue sin identificar a personas tengan relieve social, deportivo, económico o político. Eso ha sido así y lo garantiza la profesionalidad de la Agencia Tributaria y también las medidas que se han aprobado en esta Cámara. Le voy a recordar que precisamente el portavoz económico de Podemos, como ya dije también el otro día en una interpelación, lo que celebraba era la actuación de la lucha contra el fraude fiscal que ha llevado adelante el Gobierno del Partido Popular - eso es así -, y les voy a localizar esa entrevista y el titular de la misma para que vean que nunca ha habido una época como la que se ha desarrollado estos últimos años, en términos de eficacia y de compromiso político en la lucha contra el fraude fiscal. Por lo tanto vamos a seguir mejorando. ¿Quién dice que hayamos llegado a ninguna meta? Pero no repitan tópicos, sino al menos identifiquen los avances y a partir de ahí progresaremos todos juntos en esa materia fundamental para garantizar la equidad tributaria y el principio de nuestra Constitución, según el cual los ciudadanos debemos contribuir a la Hacienda pública en función de nuestra capacidad económica. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANXO ELÍAS FERNÁNDEZ BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ DISPOSICIÓN TIENE EL GOBIERNO A REDUCIR EL TIPO DE IVA DEL 21 % APLICADO AL ÁMBITO CULTURAL CAUSANTE DEL CIERRE DE MUCHAS INDUSTRIAS CULTURALES CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO? [[Número de expediente 180/000056]]
Pregunta también al señor ministro de Hacienda y Función Pública del diputado don Miguel Anxo Elías Fernández Bello, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Moitas grazas, presidenta. Señor ministro de Hacienda, señor Montoro, ¿qué disposición tiene el Gobierno a reducir el tipo de IVA del 21 % aplicado al ámbito cultural y causante del cierre de numerosas empresas culturales con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo?
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señoría, quiero aclarar dos términos que se formulan en su pregunta, si me lo permite, señor Fernández. Lo que ha destruido parte de nuestra industria cultural es la crisis, la recesión económica, igual que ha pasado en la hostelería, en la construcción, en el comercio, en la industria o en la agricultura. ¿O no ha habido recesión económica en España durante cinco años? [[Rumores]]
Silencio, por favor.
Y quiero añadir también que la industria cultural, que es importante y que debemos preservar entre todos, no tiene un único IVA. Dependiendo de la actividad que se desarrolla se aplican tipos reducidos o superreducidos, como en el caso de las ediciones de libros; en el caso de las entregas de obra de los artistas se aplica tipo reducido, y en el de las ventas finales se aplica tipo general. Por tanto ese llamado IVA cultural, francamente, no existe. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos.-Rumores]]
Silencio, por favor. Señor Fernández Bello.
Señor Montoro, usted sabe perfectamente que la cultura - recojo el pensamiento de García Márquez - es el aprovechamiento social de la creación y del conocimiento, pero la cultura en toda su extensión es también un poderoso motor económico y un derecho democrático de los ciudadanos. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy - y usted mismo - impulsó una subida del IVA del 8 al 21 % en los servicios culturales - espectáculos, cine, música, teatro - se han cerrado más de 4.500 empresas culturales, se han perdido más de 100.000 empleos y el consumo de productos culturales en general ha bajado más de un 28 %. En el teatro, señor ministro, se han perdido millones de espectadores, señor Montoro, casi dos millones solo en los primeros seis meses de la aplicación del nefasto IVA cultural, sin hablar del cierre por defunción de numerosas compañías teatrales. ¿Y qué me dice del cine, señor Montoro? Señor ministro de Hacienda, el cine ha sido otra de las grandes víctimas del IVA. Desde aquel negro 1 de septiembre de 2012 y hasta principios de 2015 cerraron en el Estado español 270 salas de cine: solo en dos años 20 millones menos de entradas vendidas. Tendríamos que hablar también de la música, de la danza, de las artes plásticas. Señor Montoro, en el pasado mes de octubre la Comisión de Cultura del Congreso aprobaba una proposición no de ley que instaba al Gobierno a impulsar de forma urgente una reducción del IVA a los productos y servicios culturales. Yo le emplazo, señor ministro, a escuchar la demanda unánime que le dirigen el sector de la cultura, la sociedad en general, el clamor de la inteligencia y la oposición política constructiva, entre la que se encuentra nuestro grupo, para que reduzca el IVA en el ámbito de la cultura. Bájelo a menos del 10 %, como en Noruega, en Suecia, en Francia o en Alemania. Haga ese favor a la cultura. No siga empleando usted aquí, como ha hecho, el truco de la nada retórica, como diría un semiólogo, para negar la existencia del IVA cultural. Yo coincido... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Fernández Bello. Señor Montoro.
Gracias. Nadie niega nada, pero vamos a ser razonables entre todos, por favor. Si en el año 2012 cae la actividad de la industria cultural, también lo está haciendo como antes he dicho el comercio, la industria... ¿O no fue así? ¿No fue así, señor Fernández? ¿No ocurrió eso en el año 2012, cuando se destruyeron en España 700.000 empleos? ¿Todos en la industria de la cultura? No. Había una recesión económica. Eso es lo que estamos sabiendo vencer, por cierto con las políticas presupuestarias del Gobierno. Hoy eso no ocurre. Hoy hay cada vez más asistentes a los espectáculos, hay cada vez más asistentes al cine, y eso es lo que tenemos que fomentar. Por lo demás el compromiso de este Gobierno es, como hemos comprometido con el grupo político de Ciudadanos, reducir en esta legislatura el IVA de los espectáculos en directo, con participación de personas, con presencia directa. Eso es lo que pretendemos hacer en el momento en que tengamos marco presupuestario y lo haremos a lo largo de esta legislatura. Yo le invito a que constructivamente su grupo se sume a iniciativas que hagan posible compatibilizar estas políticas con la reducción del déficit público en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS INFORMACIONES RELATIVAS A FOOTBALL LEAKS Y LA POSICIÓN MANIFESTADA POR EL COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS? [[Número de expediente 180/000064]]
Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Función Pública, de don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señor ministro, con respecto al caso Football Leaks, investigado y publicado por un consorcio de medios de comunicación europeos, y tratando de ajustarme a los hechos conocidos, parece que habría habido - seguro que usted tiene conocimiento de ello - un fraude continuado en cuanto a la tributación de los derechos de imagen regulados por el artículo 91 de la Ley del IRPF, y quisiera preguntarle qué medidas piensa tomar su Gobierno con respecto a las informaciones aparecidas y a partir de las declaraciones preocupadas del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros.
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Tenemos que coincidir en plenitud con las declaraciones del comisario europeo en términos de expresar su preocupación. Lo que debemos saber y la sociedad española debe conocer es que no hay ningún tipo de actividad económica, de deporte de ninguna categoría o equipo, que quede fuera del control ordinario de la Agencia Tributaria. De eso debemos tener todos la seguridad plena. Dicho esto debemos reconocer que en términos de seguimiento de la fiscalidad internacional es un asunto complejo, que no puede abordar un país solo - lo debemos hacer en el ámbito de la Unión Europea -, y es un asunto que debe completar su iniciativa con medidas tributarias como las que hemos adoptado estos últimos años y como las que estoy seguro de que a lo largo de esta legislatura tendremos oportunidad de desarrollar con su grupo político, Ciudadanos. Todo lo que vamos conociendo tiene un aspecto positivo con relación a crear sensibilidad social a ese respecto. Voy a confesar públicamente que a mí, como ministro de Hacienda, lo que más me desagrada es cuando no hay ese rechazo social a conductas públicas, cuando ya están esas conductas identificadas e incluso juzgadas y sin embargo sigue sin manifestarse ese rechazo social. Creo que la sociedad española debe actuar contundentemente contra los casos de fraude, porque realmente quien defrauda a Hacienda, como decía el presidente Rajoy, nos está robando a todos. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Señor Girauta.
Señor ministro, deje que le manifieste mi preocupación por la respuesta institucional que está teniendo este asunto en España, que de momento se ha limitado a la decisión de un juez por la cual se prohibiría la mera publicación de todo lo relacionado con el asunto en toda Europa. Me preocupa más que el ministerio fiscal haya apoyado o esté de acuerdo con esa medida, que realmente no se entiende muy bien no solo aquí, sino por supuesto en otros países socios europeos nuestros. La tributación sobre el fútbol profesional ya venía siendo de privilegio o así se consideraba, por ejemplo, en el fútbol alemán, que manifestó ciertas críticas a la forma en que se tributaba en España por estos conceptos. No olvidemos que los futbolistas profesionales son personajes de referencia y que inciden mucho en la cultura tributaria que se puede desarrollar en España, dañada ya por algunos acontecimientos y sobre todo porque con la crisis vivida, a la que usted ha hecho referencia, lo peor que podría suceder sería que la clase media trabajadora española extrajera la conclusión de que ellos son los únicos que contribuyen al erario, y que todo aquel que puede evitarlo lo evita. En todo caso el comisario Moscovici ha dibujado un verdadero entramado en el que estarían implicados asesores, agentes, intermediarios, etcétera. Le ruego, por favor, que aborde este tema con el rigor y la seriedad que se merece. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Gracias también por su intervención, señor Girauta, porque efectivamente lo que debemos conocer - y también toda la sociedad española - es que los servicios de control de la Agencia Tributaria actúan, independientemente de ese tipo de decisiones judiciales, siempre en función de las informaciones previas, informaciones difundidas; siempre actúan y por tanto completan sus propias actuaciones. Por ello deben tener todos tranquilidad. Pero citaba casos de fútbol de otros países. Le voy a recordar que algún presidente de algún club de fútbol de estos países está incluso en prisión en ese...
Muchas gracias, señor ministro. - PREGUNTA DEL DIPUTADO DON FRANCESC XAVIER ERITJA CIURÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL CONSIDERA JUSTA LA PONENCIA DE VALORES QUE UTILIZA PARA ASIGNAR VALOR CATASTRAL A LAS CONSTRUCCIONES RÚSTICAS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES? [[Número de expediente 180/000044]]
Pregunta del diputado don Francesc Xavier Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Buenos días, señor ministro. La Dirección General del Catastro activó el procedimiento de regularización catastral para el periodo 2013-2017 con el objetivo de detectar nuevas construcciones y ampliaciones existentes no declaradas en el catastro, tanto de rústica como de urbana. No obstante el despliegue de ese procedimiento parte de una valoración errónea y excesiva de algunas construcciones rústicas, y es que la Ley 16/2012, que modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece que mientras no se apruebe la ponencia de valores a la rústica se debe tomar como vigente la ponencia que se determine en cada municipio para la obtención del valor de la urbana. Evidentemente este procedimiento supone un auténtico agravio al sector agrario, ya de por sí muy castigado; unos costes que han de asumir los propietarios de esas construcciones agrarias sin que tengan ninguna vinculación ni con el rendimiento de las explotaciones ni con la realidad del mercado inmobiliario. Ahora los propietarios ven cómo, por ejemplo, a efectos impositivos y de patrimonio, una balsa de riego se considera como una piscina y una granja abandonada o almacén agrícola como una nave industrial. Por otro lado tampoco se tienen en cuenta otros aspectos como la incidencia que puede tener ese incremento patrimonial en el acceso a diversas ayudas y becas. En ese sentido desearíamos saber si compartimos la misma preocupación, señor ministro, y por lo tanto le preguntamos si considera justa la ponencia de valores que se utiliza para asignar el valor catastral de las construcciones rústicas, indispensables para el desarrollo de las actividades agrarias. Lo digo porque, cuando en la anterior legislatura nuestro grupo presentó en el Senado una moción pidiendo la elaboración de una ponencia específica de la rústica, su grupo votó en contra.
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. La valoración catastral de una construcción debe realizarse en función de sus propias características, no en función de si está situada en terreno rústico o urbano. Lo que sí tiene importancia es que los valores catastrales asignados a los inmuebles estén convenientemente coordinados con los del resto del municipio, lo que da garantías de que se realiza una valoración justa. Además la ley incluye mecanismos correctores precisamente para evitar que las valoraciones catastrales de las construcciones rústicas sean excesivas. Este es el planteamiento que aplica el catastro en virtud obviamente de la ley vigente. No hay que olvidar que para determinar el valor catastral de un inmueble de cualquier lugar de España se deben tener en cuenta factores como el coste de la ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, los honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad, la antigüedad y otras condiciones de la edificación. Todos estos factores son los que determinan su valor catastral, pero no el tipo de suelo sobre el que se asienta. Podemos considerar que la valoración es justa si no discrimina a unos vecinos frente a otros, y eso es lo que está garantizado por la ley, ya que los valores asignados deben ser convenientemente coordinados con los del resto del municipio. Además hay que tener en cuenta que se aplican coeficientes correctores de depreciación por su localización, categoría constructiva, antigüedad...
Un segundo, señor Montoro. Señorías, varios de ustedes se quejan de que no se escucha bien. Les ruego, por favor, silencio. Les ruego a todos silencio. Continúe, señor Montoro.
Gracias. Explicaba que hay que tener en cuenta además la aplicación de coeficientes correctores de depreciación por su localización, categoría constructiva, antigüedad, estado de conservación, etcétera, que normalmente hacen que el valor catastral de estas construcciones sea menor. Asimismo en el caso de las construcciones agrarias se aplica un coeficiente del 0,5 para que los valores catastrales no superen a los del mercado, lo que impide que dichas valoraciones resulten excesivas. De todas maneras si su señoría tiene a bien desarrollar algún tipo de iniciativa en el Parlamento, sin duda alguna en el ámbito de la Administración de la Hacienda pública la tendremos en cuenta. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Eritja Ciuró.
Nuestro grupo valoraría muy positivamente la predisposición del Gobierno para establecer una ponencia de valores específica para los inmuebles rústicos u otras propuestas como, por ejemplo, tener en cuenta el valor real del mercado para incorporarlo como nuevo valor de referencia catastral. Pero creemos que esos momentos llegan tarde. El problema ahora es determinar qué medidas se van a adoptar para 2017. Teniendo en cuenta que cualquier actualización de los coeficientes catastrales pasa por su aprobación en los Presupuestos Generales del Estado, están llegando tarde. Por ese motivo y para evitar males mayores y nuevos agravios, causados precisamente por el actual procedimiento, pedimos que el Gobierno suspenda para este 2017 la actual aplicación de la valoración catastral.
Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Aprovecho su respuesta para insistir en la importancia de que haya Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Lo que hace falta es que su grupo político apoye mañana el techo de gasto para... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Montoro. - DEL DIPUTADO DON JOSÉ VICENTE MARÍ BOSÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS EN FUNCIONES EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE VAN A SUPONER UN INCREMENTO DE INGRESOS SUFICIENTE COMO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DÉFICIT PÚBLICO DE ESTE AÑO DEL 4,6 %? [[Número de expediente 180/000050]]
Pregunta del diputado don José Vicente Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ha quedado demostrado que para salir de la durísima crisis en nuestro país había que afrontar de cara los graves desequilibrios de nuestra economía y de las cuentas de nuestras administraciones públicas, y hacerlo siguiendo con rigor la senda de consolidación fiscal, si bien adaptada en cada momento a la propia evolución positiva de nuestra actividad económica. Sin duda ha sido el esfuerzo del conjunto de la sociedad española el que nos ha permitido volver a crecer con rapidez y liderar la creación de empleo en la Unión Europea. Acompañando ese esfuerzo - y el Grupo Popular lo quiere poner de manifiesto - ha estado el Gobierno de la nación, haciendo las reformas estructurales precisas, adoptando múltiples decisiones y medidas y sopesando muy bien todos los efectos de dichas medidas. Muchas de estas medidas no han estado exentas de complicación, seguro, pero todas ellas han contribuido decisivamente a devolver la credibilidad y la fortaleza en nuestra economía. Hoy el escenario es diferente. Esa mayor credibilidad nos permite rebajar el importe de gastos financieros a pagar en el ejercicio presupuestario, y también el buen ritmo de creación de empleo nos permite rebajar en los últimos trimestres los importes a pagar por prestaciones por desempleo. En ese control de la correcta ejecución del ejercicio presupuestario, de la correcta evolución de los ingresos y gastos presupuestarios, es en el que el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2016 para anticipar el pago fraccionado de las grandes empresas, pidiendo, por tanto, un mayor esfuerzo a aquellos que tienen mayor capacidad económica. Ahora que ya se ha producido el pago fraccionado en el mes de octubre y que en los próximos días se producirá el pago fraccionado del impuesto de sociedades del mes de diciembre, ¿considera el Gobierno que las medidas tributarias adoptadas en el mes de septiembre van a permitir incrementar los ingresos como para poder cumplir con el objetivo de déficit público de este ejercicio del 4,6? [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias. Señor diputado, le agradezco la intención y el contenido de la cuestión que formula al Gobierno. Le digo a ese respecto, en primer lugar, que la evolución de la recaudación tributaria de este ejercicio, como ya ocurriera en el anterior, va a promover que tengamos un incremento de ingresos tributarios que se va a acercar en la liquidación a los 188.000 millones de euros, que viene a representar un incremento sobre el año anterior algo superior al 3 % -3,3 o 3,4-, y que será la segunda mayor recaudación tributaria de toda la serie histórica; es decir, no estaremos como en el año 2007, donde llegamos a los 200.000 millones, pero será la segunda. Ello tiene especial significado teniendo en cuenta que hemos reducido durante los años 2015 y 2016 los impuestos sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Con lo cual, estamos recaudando más como consecuencia de la actividad económica y el impulso fiscal, que ha facilitado este crecimiento económico, insisto, impulsado por la bajada de impuestos en nuestro país. Por eso, también utilizo este turno para insistir en que el Gobierno no participa de la opinión de algún organismo internacional que recomienda subir impuestos. España no necesita subir impuestos - y menos el impuesto sobre el valor añadido - que graven los consumos generales de los españoles. Por tanto, vamos a decirlo con toda claridad, porque ya estamos recaudando. Las cifras, que son las que he tenido el honor de traer esta mañana a la Cámara, permitirán ir hacia ese objetivo del déficit del 4,6 % en este ejercicio. Por lo demás, les quiero decir que, efectivamente, a medida que vamos corrigiendo el déficit vamos asegurando la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo y la fiabilidad de España. Lo que acoge nuestra Constitución - como he oído esta mañana - no es la dependencia de poderes extranjeros, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A ver si nos aclaramos y hablamos con precisión, porque me parece absolutamente fundamental en cuanto al contenido básico de lo que deben ser los debates políticos que se escuchan en esta Cámara. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON IGNACIO URQUIZU SANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ SE HAN MODIFICADO LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PROFESORADO PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD? [[Número de expediente 180/000060]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta el diputado Ignacio Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor ministro, ¿puede decirnos por qué su ministerio, a través de la Aneca, ha decidido cambiar los criterios de habilitación para el profesor permanente universitario?
Muchas gracias. Señor ministro.
Señora presidenta, señor Urquizu, buenos días. Una de las grandes preocupaciones del Gobierno en el ámbito del profesorado universitario ha sido adecuar su promoción profesional para garantizar un sistema estable y sostenible. Por eso hemos cambiado los criterios.
Muchas gracias. Señor Urquizu.
Mire, señor ministro, lo que ustedes han hecho en la Aneca ha sido continuar con esa política universitaria que vienen desarrollando en los últimos años, que consiste básicamente en precarizar la figura del docente universitario. Ustedes han puesto el listón tan alto que, a partir de ahora, va a haber muy pocos profesores titulares o catedráticos, que son, digamos, las figuras de más estabilidad y mejor remuneradas. Lo que van a hacer, porque esas clases se tienen que seguir impartiendo, es que mucha de esa docencia la va a dar el profesor asociado, visitante, ayudante. Es decir, ustedes, además de haber estado recortando, han cambiado las formas de acceder a las mejores plazas universitarias a través de la Aneca para seguir precarizando la universidad. De verdad, han subido mucho el listón, y se lo dije cuando vino a la Comisión. Nosotros somos muy optimistas con la universidad española. Creemos que hay que apostar por la excelencia, pero para que nuestro profesorado sea excelente tenemos que darle recursos, y ustedes no van en esa dirección. Hay que mejorar la situación del profesor universitario, hay que mejorar la situación de los grupos de investigación... Mire, señor ministro, la universidad tiene otros problemas. No tiene los problemas que ustedes están planteando aquí. Tiene problemas con las tasas universitarias; tiene problemas con las becas universitarias; tiene problemas con la autonomía universitaria, como estamos conociendo estas semanas en la cuestión del plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos; tiene problemas con la ausencia de un estatuto del docente digno de tal nombre. Por eso, lo que le decimos es: no creen más problemas de los que hay y resuelvan los que ya tenemos en la universidad. [[Aplausos]]
Señor ministro.
Señor Urquizu, retomo sus últimas palabras para decirle que el Gobierno lo que quiere es resolver los problemas de la universidad. Llevamos trabajando desde la pasada legislatura para garantizar la promoción profesional de los docentes permanentes en la universidad, conscientes de que era necesario actualizar el marco de las acreditaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha hecho el Real Decreto 4151/2015? En la Aneca lo que hemos hecho ha sido aumentar las comisiones de acreditaciones de seis a veintiuna. ¿Por qué? Porque con este sistema, señor Urquizu, conseguimos que sean los propios profesores y catedráticos los que evalúen a aquellos que piden una acreditación. Por ejemplo, usted, señor Urquizu, en su momento, tenía que pasar por una de las seis; ahora habrá veintiuna. En una de las seis que le hubiera tocado habría estado usted con juristas, con economistas y no solo con sociólogos, que es su campo de especialización, donde se podrá estar gracias a que hay veintiuna. Con respecto a los criterios, señor Urquizu, no los fija el ministerio; los han elaborado los propios catedráticos y titulares de universidad. Sí, señor Urquizu, así es. Además, el 70 % de esos trescientos profesores que los han elaborado son los que estaban antes. Por lo tanto, de lo que se trata es de buscar la excelencia, como usted ha dicho, buscando la máxima cualificación. Eso es lo que nos mueve, nada más. Y, mire usted, como queremos que eso sea así, yo retomo lo que usted ha dicho - porque me interesa lo que ha dicho - y lo que le voy a proponer a la Aneca es que constituya un grupo de trabajo para que estudie esos criterios de acreditación, para que vea qué es lo que le dice la CRUE, qué es lo que le dice algún sindicato y lleguemos a consolidar unos criterios que nos sirvan para todos. Pero búsqueda de excelencia, búsqueda de la calidad es lo que pretendemos, y también resolver los problemas de la universidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON SANTIAGO PÉREZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL INFORME PISA 2015 SON POSITIVOS? [[Número de expediente 180/000053]]
Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y al Deporte, del diputado don Santiago Pérez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor ministro, la pasada semana tuvimos ocasión de conocer los resultados del informe PISA. Se trata de un valioso documento que aporta datos alentadores acerca de la educación en España. Nos llenan de satisfacción los resultados obtenidos por los alumnos de Madrid, Galicia o La Rioja, pero son especialmente positivos los de Castilla y León, la tierra de nuestra portavoz, Sandra Moneo, que me consta que está muy orgullosa de los mismos ya que se sitúan muy por encima de la media de la OCDE. El informe también contiene aspectos preocupantes, como son los resultados de Andalucía. Los alumnos andaluces son los últimos en ciencias y penúltimos en comprensión lectora y matemáticas; están a 20, 17 y 20 puntos, respectivamente, de la media nacional; y también a 46, 43 y 40 puntos de los alumnos de Castilla y León en las materias citadas. Todo un mundo, señor ministro. Como andaluz me duele, aunque no me sorprende esta situación. Andalucía sigue anclada en el vagón de cola de la educación, después de treinta y cuatro años de competencias plenas. Los alumnos andaluces han cosechado aún peores resultados que en el informe PISA de 2005. Pero no se preocupen, nadie va a asumir ninguna responsabilidad. Siempre encontrarán algo o a alguien a quien culpar del desastre. A esta brecha económica y laboral, con un paro juvenil galopante, se une también la brecha educativa que lastra Andalucía respecto a las demás comunidades autónomas. La triste realidad es que estamos donde estábamos: en el punto de partida. Es decir, en la cola en abandono educativo temprano, en tasa de graduación, en ratio profesor-alumno, etcétera. La educación andaluza está sobrada de propaganda y autocomplacencia y está falta de calidad, rigor y autocrítica para abordar con éxito los problemas que padece. Esta es la realidad de la Arcadia andaluza, de la que algunos dicen es el laboratorio educativo para España. Pero, no se preocupen, en Andalucía ni somos los mejores ni estamos en condiciones de dar lecciones a nadie, y menos en el informe PISA, como vienen a corroborar esos datos. Por eso, señor ministro, ¿considera el Gobierno que los datos contenidos en el informe PISA 2015 son positivos? Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el Gobierno considera que el informe PISA, y los datos contenidos en el mismo, son positivos, así tuve ocasión de decirlo el mismo día en que se publicó, y esos informes positivos coinciden también con otros: el informe Timss, del que hablé en esta Cámara, sobre la evaluación de matemáticas en primaria, o la tasa de abandono escolar, a la que usted se ha referido. Hemos bajado 7 puntos desde el año 2011; son buenas noticias. Eso significa que el sistema educativo español - y quiero recalcarlo aquí - es un buen sistema, y ahora que en esta Cámara hemos iniciado ya los pasos para el pacto de Estado social y político por la educación, quiero decir que tenemos que aprovechar lo bueno que hay en el sistema educativo español, que es mucho, y lo es gracias a los docentes y gracias a las familias. El informe PISA debe servirnos para ver cuáles son las debilidades y cuáles son nuestras flaquezas. Le citaré dos: creo que estamos mejorando notablemente en lo que respecta a repetidores y, en cambio, no tenemos demasiados alumnos excelentes. Pero estamos ya en la línea de la OCDE, estamos en los criterios europeos, y eso debe darnos ánimo para seguir adelante, insisto, desde ese pacto nacional por la educación. El ministro de Educación de España no va a utilizar el informe PISA para decir qué comunidades autónomas están bien o están mal; esa no es mi función. Al revés, la función de este sistema de evaluaciones es ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Este es el objetivo que debemos perseguir. Permítanme que acabe recordando algo que leí el otro día de un personaje público, el tenista Andre Agassi, que se ha dedicado a crear una fundación centrada en temas de educación. Decía Agassi: la razón por la que me he centrado en la educación es por mi falta de ella. El resultado de ese déficit es no haber podido elegir a lo largo de mi vida. Lo que quiero, como ministro de Educación, es que los españoles puedan elegir a lo largo de su vida gracias a una mejora del sistema educativo. Por eso son un buen augurio todos estos informes que apuntan a que España va en la buena dirección para que ese pacto social y político por la educación en España, ese pacto de Estado, sea pronto una realidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿SE ENCUENTRA ENTRE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL? [[Número de expediente 180/000061]]
Preguntas dirigidas a la ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta del diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, semana de movilizaciones sindicales en la calle contra las políticas de su Gobierno y apoyadas por mi partido. Semana - ahora que no nos escucha nadie, sobre todo porque no se oye nada, señora presidenta - de movilizaciones sindicales básicamente contra su reforma laboral, una reforma laboral que ha modificado un paquete de leyes que fundamentalmente supone la mayor conculcación de derechos laborales que se recuerda en el conjunto de la democracia; que ha disparado el desempleo juvenil; que ha incrementado como nunca la brecha salarial entre hombres trabajadores y mujeres trabajadoras; que ha sacado a más de 6 millones de personas del marco de los convenios colectivos y ha mandado a más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras a cobrar por debajo del salario mínimo interprofesional. Me pregunto si, con ese destrozo y con la obviedad de esos datos, al menos piensa su Gobierno convocar de una vez el diálogo social, señora ministra. [[Aplausos]]
Señor Madina, ha sido decir que no se escucha y se le ha escuchado a usted perfectamente. Señora ministra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Madina, este Gobierno respeta las manifestaciones libres que hacen los ciudadanos en la calle, porque es un derecho constitucional, y espera a los interlocutores sociales en las mesas de diálogo para trabajar juntos por el empleo, como ha hecho siempre en esta y en la anterior legislatura. Pero, señor Madina, no es este el único Gobierno que ha tenido manifestaciones o huelgas generales por reformas laborales. Fíjese, lo que sí ha tenido este Gobierno es mayor apoyo parlamentario en la reforma laboral del año 2012, 197 votos a favor y cuatro grupos parlamentarios, frente a la que obtuvo el Partido Socialista, por ejemplo, en la reforma del año 2010, que fueron 168 votos a favor. Como ustedes, nosotros intentamos trabajar por el empleo y la diferencia entre la suya y la nuestra es que la suya quitó el derecho al trabajo a 3.300.000 personas y la nuestra ha permitido a muchos españoles recuperar el empleo y las oportunidades. 1.600.000 españoles han recuperado el empleo y las oportunidades gracias al esfuerzo de la sociedad española y a la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Señor Madina.
Gracias, señora presidenta. No me hable del señor Rajoy reunido con los sindicatos. El señor Rajoy cree que el diálogo social es tomarse un café con los sindicatos para decirles a los sindicatos a todo que no, por tanto, no me lo ponga como ejemplo. Le sugeriría que tampoco me pusiera como ejemplo las mayorías parlamentarias de una ley que ya no existe, porque usted estaba aquí presente ayer, como lo estábamos todos en esta Cámara. Ayer se produjo el inicio de un proceso de: si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros, de derogación del marco de relaciones laborales que han instalado ustedes con una mayoría absoluta que ya no está presente en esta Cámara. Sé que la melancolía por mayorías absolutas pasadas flota en el ambiente de su grupo y de su Gobierno, pero ya no existe esa realidad. Ahora hay una realidad parlamentaria distinta que les dice a ustedes que o se ponen o nos pondremos, que o derogan o derogaremos, que o cambian o lo cambiaremos; lo haremos nosotros, señora ministra. [[Aplausos]] Por eso le diría que suelte ya el hilo de nostalgia con lo que se fue, dé paso a una negociación política que permita que de ella nazca un nuevo estatuto de los trabajadores. Se lo piden los sindicatos, se lo piden la mayoría de los grupos parlamentarios, lo pide la realidad de los datos objetivos de nuestro mercado de trabajo. Acabe con la precariedad y amplíe coberturas por desempleo. Acabe de una santa vez, si puede, con sus políticas, con los abusos de temporalidad que se están produciendo dentro de nuestro mercado de trabajo. Recupere la negociación colectiva, que saltó por los aires con su nueva ley, la que aprobaron con aquella mayoría absoluta, y abra de nuevo la puerta a la clave de todo esto, que es el diálogo social, la relación entre empresarios y sindicatos, con la cobertura del Gobierno y de esta Cámara... [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora ministra.
Gracias, señora presidenta. El Estatuto de los Trabajadores que hoy tiene España es fruto de una gran mayoría parlamentaria y, por tanto, de un gran consenso social, señoría. Ese Estatuto de los Trabajadores, que nació con la última reforma de 2012, está permitiendo que en España vuelva la recuperación con mucha intensidad en la creación de empleo. Fíjese, hoy en España se crean 2.200 empleos cada día; estamos creando 500.000 empleos al año; y nos queda mucho por hacer. ¿Y sabe por qué ha sido eso? Por el esfuerzo de toda la sociedad española, por las reformas económicas del Gobierno de Rajoy y también por los acuerdos de negociación colectiva de 2012 y 2014 de los interlocutores sociales. Por tanto, contamos con los interlocutores sociales para seguir creando intensamente empleo. Por eso, lo primero que ha hecho el presidente es convocarlos el 24 de noviembre para tres cosas fundamentales: para consolidar la recuperación con creación de empleo y de empleo de calidad - por eso vamos a poner en marcha una mesa integral por la calidad en el empleo con ellos -, para seguir fortaleciendo las pensiones y para que nadie se quede atrás en la recuperación, con nuevos programas y nuevas políticas para los parados de larga duración. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÈ PEREA I CONILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿HASTA CUÁNDO VA A SEGUIR EL GOBIERNO REALIZANDO DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL? [[Número de expediente 180/000062]]
Pregunta de la diputada doña María Mercè Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Hasta cuándo va a seguir el Gobierno realizando disposiciones del Fondo de reserva de la Seguridad Social?
Muchas gracias. Señora ministra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el gran pacto social de esta democracia es el Pacto de Toledo. Este Gobierno, antes y ahora, cumple las recomendaciones del Pacto de Toledo. En la recomendación segunda del apartado 9 se dice expresamente: el sistema de pensiones precisa de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Pues eso es lo que hicimos. Un Fondo de reserva que se creó en las épocas de bonanza lo hemos utilizado ahora para que los españoles tengan puntualmente sus pensiones; pensiones, por cierto, que suben desde el año 2012 todos los años, aunque de manera moderada. ¿Y qué va a seguir haciendo? Pues utilizar cuando sea preciso el Fondo de reserva con normalidad para seguir pagando las pensiones de los españoles. [[Un señor diputado: ¡Queda para una paga extra!]] Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Perea i Conillas.
Gracias. Señora ministra, una cosa es utilizar el Fondo de reserva para paliar problemas de financiación no estructurales y otra es dilapidarlo. No haber adoptado medidas durante estos cinco años - puede verlo en esta gráfica perfectamente - y no haber conseguido ingresos ha acabado con los recursos del mismo. Ministra, nos queda para una sola paga extra. Cinco años, ministra, cinco años y no se ha llevado a cabo ni una sola acción para sanear el déficit ni para reequilibrar ingresos y gastos. Nunca, ministra, nunca habíamos tenido una legislatura entera en la que año tras año el déficit se fuera incrementando, y ustedes, en vez de buscar soluciones, hacen como el dicho catalán: qui dia passa, any empeny. Han permitido que de forma irresponsable se incrementara el déficit, a pesar de existir un supuesto crecimiento económico. Por cierto, 6 millones de trabajadores pobres. Ministra, si alguien quisiera acabar con el sistema público de pensiones haría exactamente lo que ustedes han hecho durante estos cinco años: nada. Ciertamente, no solo no han resuelto el déficit, sino que además han ido retirando dinero del fondo, por lo que han acabado retirándoselo a los pensionistas y culpabilizándolos a ellos de la quiebra del sistema. Eso usted lo sabe. Ministra, este Grupo Socialista les pide que hagan los deberes y digan qué medidas van a tomar para resolver el déficit que, según ustedes mismos, han provocado. Sabe que es así. Déjense de palabras vacías y retomen de verdad el diálogo social; déjese de palmaditas en el hombro a los agentes sociales; siéntense y lleguen a acuerdos con ellos, y entonces sí, entonces, con ese acuerdo, vengan al Pacto de Toledo y lo refrendaremos. Por responsabilidad, por compromiso ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Son ustedes el Gobierno que tiene que resolver sí o sí esa financiación, aunque durante estos cinco años también han sido Gobierno y lo han destrozado. Ahora es un nuevo momento. El CIS lo dijo la semana pasada: los ciudadanos están preocupados por sus pensiones. Si de verdad quieren transmitir tranquilidad a los pensionistas y al resto de ciudadanos, rectifiquen y adopten medidas ya. Insisto, adopten medidas ya. ¡Cinco años; cinco años sin adoptar una sola medida! Gracias. [[Aplausos]]
Señora ministra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, le ruego que el Partido Socialista no dé lecciones en materia de pensiones, y le voy a dar tres razones para eso. [[Rumores]] No se pongan nerviosos, señorías.
Un segundo. Silencio.
En primer lugar, cuando este Gobierno llegó en 2011 se encontró el sistema en déficit, como se lo encontró en el año 1996, cuando también gobernaba el Partido Socialista. Siempre que gobiernan dejan el sistema en déficit. En segundo lugar, en el año 2011 nos encontramos, por primera vez en la historia de la democracia, con las pensiones congeladas. Y todavía no han explicado a los españoles, ustedes que son tan listos, por qué teniendo 68.000 millones en el Fondo de reserva congelaron las pensiones de nuestros mayores. Se les podrían haber ocurrido otros recortes. [[Una señora diputada: ¡Eso no es cierto!-Rumores]]
Un segundo, ministra. Señorías, guarden silencio mientras está interviniendo el orador, en este caso, la señora ministra. Adelante, ministra.
Muchas gracias, presidenta. Ha hablado usted del CIS. ¿Sabe cuál es hoy la preocupación de los españoles por las pensiones? El 2,8 %. ¿Y sabe cuánto fue en 2011 o en el año en que ustedes congelaron las pensiones? El 5 %. Por tanto, hoy hay más confianza en este Gobierno para sacar adelante el tema de las pensiones en España. ¿Sabe cuál es la garantía de las pensiones en España? El empleo. Señoría, usted sabe usted muy bien que el déficit del sistema es temporal. El 70 % del déficit financiero se debe a la pérdida de 3,5 millones de empleos en la crisis. Lo dicen los datos. Por tanto, la buena noticia para el sistema es que hemos recuperado 1.600.000 empleos, que hoy por cada nueva pensión hay siete empleos, cuando en 2011 por cada nueva pensión se destruían tres, y que hemos tenido año récord en recaudación, 112.000 millones de euros, algo que solo pasó en 2008. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]] - DE LA DIPUTADA DOÑA SONIA FERRER TESORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE MEJORAR EL PLAN DE GARANTÍA JUVENIL A LA VISTA DE SUS RESULTADOS EN NUESTRO PAÍS? [[Número de expediente 180/000063]]
Pregunta dirigida también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, de la diputada doña Sonia Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el pasado lunes dijo ante la Comisión de Empleo que pensaban mejorar el sistema de garantía juvenil. Nos alegra esta noticia, sobre todo porque el Grupo Socialista viene reclamando que se revise por los pésimos resultados que ha obtenido, pero no terminamos de creerla. Tres años han tardado en reaccionar y en reconocer que el sistema de garantía juvenil ha sido un verdadero fracaso. Por eso le preguntamos si esta vez tiene la intención real de mejorar el plan de garantía juvenil que tan malos resultados ha obtenido y le pedimos concreción, cuándo y cómo lo piensan hacer. Gracias. [[Aplausos]]
Señora ministra.
Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco la preocupación por el empleo juvenil, porque es la gran preocupación nacional. De hecho, no sé si su señoría sabe que el primer gran pacto social de la legislatura X fue por el empleo joven y se llamó estrategia de emprendimiento y empleo joven. Eran cien medidas acordadas entre el Gobierno, los interlocutores sociales y comunidades autónomas a favor del empleo. Fue un programa por el empleo anterior a la garantía juvenil europea. Ya ese programa ha beneficiado a más de 1.300.000 jóvenes que han encontrado oportunidades de formación, de empleo y de emprendimiento gracias a esa experiencia de toda la sociedad española, porque es una estrategia de todos. Luego, el presidente Rajoy y otros líderes europeos también lucharon para impulsar el empleo juvenil a través de mecanismos europeos y nació la garantía juvenil, que en España hemos puesto en marcha en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. En ese sistema paralelo, la garantía juvenil, ya hay más de 400.000 jóvenes inscritos y, de ellos, el 20 % ha encontrado un empleo. Por lo tanto, se trata de otro instrumento útil a favor de los jóvenes, que son nuestra principal prioridad. No es casualidad que los resultados de los dos mecanismos estén dando oportunidades a los jóvenes todos los días. Ha bajado la tasa de paro entre los jóvenes un 15 % y ha subido el empleo juvenil un 7,4 %, el doble de la media nacional. Aunque nos queda mucho por hacer, señoría, hoy España está liderando el crecimiento del empleo joven en Europa. Cuatro de cada diez jóvenes que abandonan el paro en Europa lo hacen en nuestro país, cuando en 2011 la mitad de los europeos menores de veinticinco años que entraban en el paro eran españoles. Ese es el cambio, insisto, gracias al compromiso de toda la sociedad española. Espero contar con el Grupo Socialista para trabajar juntos por el empleo juvenil. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Ferrer.
Gracias. Señora ministra, la realidad no es esa ni en el mercado laboral ni en las pensiones. La tasa de paro juvenil es de un 46 %. El sistema de garantía juvenil, que ha funcionado en otros países, aquí ha dejado mucho que desear. Solo uno de cada diez españoles que ni estudian ni trabajan ha conseguido ser beneficiario de esta iniciativa. La realidad es que el programa ha llegado a muy pocos jóvenes y, a los que les ha llegado, no les ha ayudado prácticamente nada. Por lo tanto, algo se está haciendo mal. Hagan ustedes algo de autocrítica. Ahora, después de tres años, nos dicen que lo van a revisar. ¿Por qué no se ha hecho antes? Nosotros lo veníamos pidiendo desde hace tiempo y no solamente nosotros, sino los sindicatos, los agentes económicos y los medios de comunicación. Pero no lo hicieron hasta que la Unión Europea ha redactado un informe diciéndoles que no lo están haciendo bien y amenazando con una posible sanción. Conociéndoles, les echarán la culpa a todos los demás menos a ustedes: a las comunidades autónomas, a la Unión Europea, a los fondos europeos... Vamos, que si los jóvenes no encuentran trabajo va a ser porque no lo ha tenido a bien la Virgen del Rocío. Desgraciadamente ustedes no han sabido aprovechar bien la garantía juvenil. La Unión Europea puso el dinero y ustedes solo tenían que hacerlo bien. Señora ministra, los jóvenes de este país se merecen un Gobierno que tenga más voluntad, que sea más eficaz y que tenga más interés. No podemos perder más tiempo ni más recursos económicos mientras nuestros jóvenes no tienen trabajo ni esperanza de conseguirlo y nuestro talento abandona el país. Por eso, le instamos a que rectifique de verdad y a que aproveche la oportunidad que da Europa para abordar el desempleo juvenil de una vez por todas. Gracias. [[Aplausos]]
Señora ministra.
Muchas gracias, señora presidenta. Me gustarían menos frivolidades desde su persona y más compromiso de todos los socialistas, incluidos los andaluces, porque es la comunidad autónoma con más paro juvenil de Europa. Señoría, se dirigirán 2.700 millones a la garantía juvenil. Estamos trabajando con las comunidades autónomas. La próxima semana me reúno con sus representantes para seguir impulsando esto con fuerza, porque en España todo lo que venga para la garantía juvenil...
Muchas gracias. [[Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON RAFAEL MAYORAL PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ TIENE PREVISTO HACER EL GOBIERNO PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, LA OBSERVACIÓN GENERAL 7 DEL COMITÉ DESC DE NACIONES UNIDAS Y LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN RELACIÓN CON LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y LOS DESAHUCIOS? [[Número de expediente 180/000054]]
Pregunta del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que dirige al señor ministro de Economía.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la verdad es que es algo muy sencillo: ¿qué tienen previsto hacer ustedes para cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la Observación General 7 del Comité DESC de Naciones Unidas y con la Convención sobre los Derechos del Niño en materia de ejecuciones hipotecarias y en materia de desahucios? [[Rumores]]
Muchas gracias. Silencio, por favor. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, desde el primer momento el Gobierno fue consciente del problema de los desahucios por circunstancias sobrevenidas. Si uno ve la evolución de las estadísticas del INE en relación con las ejecuciones hipotecarias, observará que lo que indican es que desde principios del año 2015 hay una reducción de los desahucios. Asimismo, según el último dato que tenemos disponible, que es el del tercer trimestre del año 2016 - salió hace unos días -, los desahuciados han disminuido en un 35 %. Esta tendencia también la afirma el propio Consejo General del Poder Judicial y la razón es muy simple: la recuperación económica y la creación de empleo; de hecho, el 60 % de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo provienen de los años 2005 a 2008. Desde el primer momento el Gobierno tomó medidas, suspensión de lanzamiento, código de buenas prácticas [[creación del un fondo social]], y esto está llevando a que, efectivamente, aparte de la recuperación económica, haya una reducción importante del número de desahucios y lanzamientos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Mayoral.
Señor ministro, la verdad es que me gustaría que pudiéramos enmarcar esto en una cuestión de derechos humanos. Yo le quiero decir que su moratoria de lanzamientos dice que en España se puede desahuciar a los niños a partir de los tres años, y eso es violar la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes han dicho que no garantizan alternativa habitacional ni en esa moratoria ni en las siguientes legislaciones impulsadas por su Gobierno. La sentencia del caso Aziz ya en 2013 les venía a decir que no hay un recurso efectivo para el deudor, es decir, que hay una situación de indefensión. En julio de 2014, después de haber promulgado ustedes en 2013 la ley Frankenstein, que enterraba la ILP apoyada por 1,5 millones de personas, nos viene a decir que esa ley viola el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tutela judicial efectiva. Yo creo que eso es importante en un Estado democrático. Le digo la última, que no ha tenido todavía respuesta: 25 de octubre de 2015, sentencia Peñalva, que dice que viola la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la confianza legítima. Su Gobierno se ha ensañado con los sectores más vulnerables de la sociedad para proteger a sus amigos, los banqueros y los especuladores internacionales. Se ha producido un incumplimiento reiterado y sistemático de la normativa europea y de la normativa internacional en materia de derechos humanos. Esa violación sistemática de derechos humanos manteniendo un procedimiento judicial ilegal ha tenido como consecuencia desahucios ilegales y poner a nuestro país fuera de la ley. Esto no solamente ha supuesto una violación de derechos para las personas que han sufrido esos procedimientos, sino que al mismo tiempo ustedes están poniendo en peligro al país, y eso no lo digo yo. Un magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea preguntaba al abogado de la Comisión Europea por qué no abrían un procedimiento sancionador. La respuesta del abogado de la Unión Europea fue: porque la legislación europea es un blanco móvil. Señor ministro, cumplan la ley, impulsemos una legislación, pero que cumpla los derechos humanos. Le recomiendo tres principios muy sencillos...
Muchas gracias. [[Aplausos]] Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, le voy a dar una serie de datos que a lo mejor les permiten a ustedes aclarar la evolución de la situación del mercado hipotecario en España. Más de 75.000 familias - insisto, 75.000, señoría - se han beneficiado de nuestras políticas; ha habido más de 37.200 reestructuraciones de deuda; casi 7.000 daciones en pago; 7.000 familias han accedido a un alquiler del Fondo social de vivienda; se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, y Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos 4.000 viviendas, incluidos los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. En este asunto hay dos posibilidades, señoría, hacer demagogia o establecer medidas que sean eficientes. Le vuelvo a repetir que aquí lo fundamental es la recuperación económica. En un momento delicado tuvimos que tomar medidas, fuimos el primer Gobierno que tomó medidas contra los desahucios y los lanzamientos, pero lo más importante no son esas medidas, lo más importante es la recuperación económica. Con creación de empleo no tenga usted la más mínima duda de que, como se ha visto hoy, con la evolución de los datos de transacciones de viviendas, habrá recuperación económica, menos desahucios y menos lanzamientos. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA? [[Número de expediente 180/000047]]
Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Gracias, presidenta. Señora ministra, en temas de dependencia es habitual escuchar bonitas palabras y acuerdos que luego no tienen reflejo presupuestario. La Ley de dependencia, que cumple diez años, es básicamente eso, una bonita idea sin dinero, sin recursos. ¿Qué mejoras concretas para el sector piensa introducir el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado?
Muchas gracias. Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señor Cantó, efectivamente hoy se celebran diez años de la aprobación de la Ley de dependencia y usted me pedía la valoración. Esta ley es, sin lugar a dudas, un gran avance para nuestra sociedad del bienestar. Ha posibilitado una mejora sustancial en la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias y ha contribuido a la profesionalización y a la generación de empleo en el sector sociosanitario. Hoy hay en el sistema más de 800.000 personas atendidas. Pero pasados estos primeros diez años es el momento de dar un paso más hacia delante y mejorar tres temas: la calidad de las prestaciones y servicios, trabajar en la prevención en la dependencia y la sostenibilidad de su financiación. Gracias.
Muchas gracias. Señor Cantó.
Gracias, señora ministra. Sigo sin ver reflejo presupuestario. Le quiero recordar que en España hay 1.200.000 personas en dependencia, sin ayuda alguna. ¿Ustedes, señores diputados, se imaginan a un tercio de nuestros mayores sin pensiones, a un tercio de los españoles sin asistencia sanitaria? En los últimos cuatro años, señora ministra, 125.000 dependientes han muerto sin recibir ayuda alguna, ayudas que les habíamos reconocido, que les habíamos prometido. Los dependientes son los españoles que más copagos soportan, sus familias están haciendo un trabajo que debieran hacer las administraciones y a todos esos problemas se añade una creciente desigualdad entre comunidades autónomas. El gasto medio por dependiente en Euskadi es de 8.325 euros, en Ceuta y Melilla es la mitad. Si atendiéramos correctamente a esos 384.000 dependientes que no reciben ayuda alguna, estaríamos generando, señora ministra, 100.000 puestos de trabajo. Y no olvidemos que hay 360.000 cuidadores que no cotizan, que no reciben ayuda alguna y la mayoría de ellos son mujeres. Señorías, somos capaces de llegar a un pacto de Estado para nuestras pensiones, ahora para la educación. ¿Cuándo se unirán ustedes, señores del PP, a ese pacto que garantice las necesidades de este colectivo y de sus familias? ¿Cuándo garantizarán la igualdad entre dependientes españoles, como sí sucede con las prestaciones por desempleo o con las pensiones? Por cierto, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, ¿se asegurarán de que ese 0,6 de mejora en la financiación autonómica, que hemos arrancado como compromiso de su Gobierno desde Ciudadanos, se destine a políticas sociales y no a referéndums ilegales o a televisiones autonómicas? Señorías, hemos comenzado a superar las barreras de raza, de género y de orientación sexual. ¿Cuándo saltaremos las de diversidad funcional? No se trata de ellos o nosotros, señora ministra. Todos fuimos dependientes, todos seremos dependientes y todos tenemos ejemplos muy cercanos. Hoy no puedo dejar de acordarme de mi abuela Hortensia, que cuidó a mi abuelo durante muchos años y no recibió ayuda alguna. Mi abuela finalmente fue dependiente; le prometimos una ayuda, le reconocimos su grado de dependencia, murió dos años después sin que hubiera recibido ni reconocimiento ni un euro. Les fallamos, les seguimos fallando, el colectivo de la diversidad funcional... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Cantó. Señora ministra.
Señor Cantó, después de la puesta en marcha de esta ley, me va a reconocer que estamos mejor que hace diez años. ¿Por qué? Porque usted me va a reconocer que esa ley llegó a esta Cámara sin memoria económica, que acumuló una lista de espera de más de 300.000 personas, que las prestaciones económicas se convirtieron en la principal prestación, desvirtuando la propia ley y el sistema de información no funcionó nunca: 12.000 personas figuraban como beneficiarias estando fallecidas y 1.400 expedientes se encontraban duplicados, generando un coste de más de 34 millones de euros. En los últimos cuatro años se ha realizado un trabajo muy duro y nos lo tiene que reconocer. Se ha finalizado el despliegue completo del sistema; en la legislatura del Partido Socialista se aportó a la Ley de dependencia 11.000 millones de euros y en la legislatura del Partido Popular se ha aportado a la Ley de Dependencia 16.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas lo dice bien claro: La aportación del Gobierno de España a las comunidades autónomas para la Ley de dependencia es del 49 %. Por tanto, estamos aportando aquello a lo que nos comprometimos en esta ley. Se ha reducido la lista de espera a un 50 % y hemos mejorado; hemos ampliado todos los grados de dependencia en la prestación para el asistente personal; hemos mejorado la transparencia del sistema de información, obligando a todas las comunidades autónomas a que aporten los certificados en los datos que introducen, y hemos aumentado la calidad de la atención en 10 puntos. Por tanto, me parece que el balance de estos diez años es positivo y entre todos hemos hecho un esfuerzo estos últimos cuatro años. Ahora toca - y en eso estoy de acuerdo con usted - conseguir un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas, con todas las comunidades autónomas, con todos los agentes que participan en la Ley de Dependencia para asegurar la estabilidad y la financiación de la ley en el futuro, que es esta legislatura... [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA ANGULO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LOS ACUERDOS MARCO PARA LA SELECCIÓN DE SUMINISTRADORES DE VACUNAS APROBADOS DESDE 2012? [[Número de expediente 180/000051]]
Pregunta dirigida también a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la diputada doña María Teresa Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Señora ministra, un Sistema Nacional de Salud que en 2011 arrojaba una deuda de 16.000 millones de euros, que no pagaba a los proveedores, cuyo gasto farmacéutico anual alcanzó los 12.000 millones de euros o en el que el turismo sanitario nos costaba cada año más de 1.000 era un sistema al borde de la quiebra y en riesgo de ser insostenible. Era, además, un sistema injusto, pues no era universal ni equitativo, ya que excluía de la sanidad a miles de ciudadanos y hacía pagar los medicamentos a personas que carecían de recursos. No estaba cohesionado, pues no todos los ciudadanos disfrutábamos de las mínimas prestaciones comunes y ni tan siquiera existía un calendario de vacunación infantil común, con los perjuicios que ello ocasionaba a muchos menores. Ante este panorama, era necesario adoptar medidas para contener el gasto y reforzar la cohesión y la calidad de nuestro sistema de salud porque el sistema de salud español es uno de los principales logros de nuestro Estado del bienestar y hacerlo sostenible es obligación de todos. Fueron varias las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular para conseguir esa mayor equidad y mantener su calidad: hacer nuestra sanidad realmente universal, establecer una cartera común de servicios, introducir nuevas prestaciones o aprobar por primera vez un calendario de vacunación infantil común. Desde el ámbito del gasto, medidas para hacer nuestro sistema sanitario más sostenible y con la suficiente fortaleza para hacer frente a los retos que, por ejemplo, suponen la incorporación de las innovaciones, entre ellas, el impulso a los genéricos, el establecimiento de nuevas fórmulas de financiación, el sistema de precios de referencia o las compras centralizadas que han supuesto un mejor uso de los recursos e importantes ahorros al sistema, aumentando además la cohesión del mismo al armonizar y reducir el coste que todo ello tiene para las comunidades autónomas, sobre todo en el ámbito de las vacunas, una de las medidas de mayor impacto en salud pública y gracias a la cual se ha conseguido disminuir la carga de enfermedad y la mortalidad por enfermedades infecciosas. Y es sobre una de estas concretas medidas sobre la que hoy le preguntamos, señora ministra. Transcurridos ya cuatro años desde su puesta en marcha, ¿qué balance hace su Gobierno de los acuerdos marco para la selección de suministradores de vacunas aprobados desde 2012? Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señora Angulo, hablar de vacunación es hablar de una de las medidas de mayor impacto en la salud pública de los ciudadanos, de la reducción de la carga de enfermedad y de la disminución de la mortalidad. En 2010 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó establecer por primera vez un calendario único en España. No es hasta marzo de 2013 cuando el propio consejo interterritorial consensuó por primera vez un calendario común de vacunación infantil para todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, aunando criterios de las vacunas a administrar, de las dosis y las edades. Este importante avance sitúa a España como el país más avanzado de la Unión Europea en el ámbito de la vacunación. Pero, lejos de la autocomplacencia, el Ministerio de Sanidad decidió dar un paso más en la eficiencia de la gestión de la compra. Por tanto, los acuerdos marco impulsados desde el comienzo de la X Legislatura para la adquisición de las vacunas han simplificado los procesos de compra, incrementado las garantías del suministro y favorecido la incorporación de innovaciones en las vacunas, facilitando la planificación a las administraciones autonómicas y colaborando con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, porque desde 2012 nos hemos ahorrado 158 millones con esta central de compras. Con el objetivo de solucionar el desabastecimiento puntual de vacunas aún hemos ido más allá y en el pasado Consejo de Ministros del 25 de noviembre dimos luz verde a la compra centralizada de vacunas para el periodo 2017-2018-2019, donde se contempla la adquisición de quince millones de dosis de vacunas. Supone una inversión de 300 millones de euros y un ahorro estimado de 58 millones de euros. Incluye las vacunas contempladas en el calendario común infantil, las vacunas que conforman el programa de vacunación al adulto y el programa del viajero, pero sobre todo lo que supone este gran avance es una oportunidad para ofrecer una estabilidad al mercado para el suministro de vacunas en nuestro país frente a la situación repetida de recientes desabastecimientos puntuales ante el aumento de la demanda global de vacunas y la escasa flexibilidad en la producción de las mismas. Con este nuevo marco nos evitaremos los desabastecimientos puntuales que nos estamos encontrando. Pero me hubiera gustado que Valencia, País Vasco y Andalucía se hubieran acogido al mismo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre medidas urgentes contra la pobreza. Para su defensa, tiene la palabra la señora Martín González.
Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, la OCDE acaba de publicar su previsión económica para el año 2017, incluyendo a España con un crecimiento sostenido. Hay que felicitarse por la previsión, pero estamos en diciembre de 2016 con un crecimiento económico moderado y hoy estamos aquí hablando de pobreza. ¿Crecimiento para todos? Pues parece que eso no es real. Subo a la tribuna en representación del Partido Socialista, y confieso que intentaré conseguir lo que el Partido Nacionalista Vasco consiguió hace pocos días: el compromiso de la ministra de legislar para conseguir un menor consumo de alcohol por parte de nuestros jóvenes. Fue su compromiso, se lo agradecemos y sinceramente no aspiro a menos. Señora ministra, dirige usted un departamento apasionante, duro pero aún más apasionante. Quizá los contenidos que ahora le corresponde gestionar no hayan estado presentes en el trabajo que realizó anteriormente. Todo es nuevo, son nuevos los profesionales, nuevos colectivos y nuevos problemas. No solo debe gestionar la sanidad. La salud es lo primero, pero la salud del cuerpo, la salud social y la salud en la igualdad entre todos y todas. Tendrá que ampliar su vocabulario actual: lucha contra la pobreza, riesgo de exclusión social, exclusión sanitaria, exclusión espacial, inclusión, diagnóstico social, intervención social, acompañamiento..., términos que son habituales de los profesionales de servicios sociales, de los que tienen la oportunidad de aprender mucho: trabajadores sociales, educadores sociales, terapeutas, psicólogos... Escuche a todos, porque la intervención social necesita equipos multidisciplinares para el abordaje de una problemática compleja. No sé si ha tenido ya ocasión de reunirse con los profesionales de servicios sociales. Yo creo que debería hacerlo cuanto antes y en breve espacio de tiempo. Escuche sus inquietudes, que son muchas y crecientes, sobre todo en los últimos años. Han visto devaluarse su profesión y han sufrido la pérdida de valor de lo social cuando más necesidades han surgido y los recursos más han menguado. Escuche de sus bocas su impotencia por no poder dar respuestas a los ciudadanos que más lo necesitan, su rabia por no ser escuchadas sus propuestas para las personas que nada tienen. Escúcheles cuanto antes, insisto. Estamos aquí hoy para recordar a la ministra que en nuestro país hay personas pobres; pobres sin más apellidos y a los pobres dedican gran parte de su trabajo los profesionales de servicios sociales. Define la Real Academia la pobreza como cualidad de pobre y pobre como necesitado, que no tiene lo necesario para vivir, completando la definición con infeliz, desdichado y triste. Conscientemente no quiero hablar de pobreza energética, de pobreza laboral, de pobreza educativa, de pobreza infantil porque todas son caras diferentes de un mismo problema: pobreza sin paliativos, ministra, pobreza sin apellidos. Y no podemos simplificar los conceptos poniendo apellidos que enmascaran las situaciones de necesidad de tantas personas que viven tan cerca de nosotros, de esos que también escuchan las previsiones de crecimiento de la OCDE. Infelices, desdichados y tristes. Detrás de una persona pobre hay una mujer que trabaja por horas y por debajo del salario mínimo, dígaselo a la señora Báñez porque parece que no lo sabe; hay un trabajador pobre o un parado sin prestaciones, más pobre aún; hay un niño que acude al colegio sin desayunar o que no puede comprar libros; hay un pensionista que renuncia a sus medicinas por no poder pagarlas o hay una persona con discapacidad sin poder asumir el copago de un servicio, si es que lo recibe. Quizá detrás de un pobre haya una mujer víctima de malos tratos que no percibe una prestación, y aguanta, o un estudiante que no puede continuar sus estudios universitarios por esa pobreza sobrevenida de su familia. Con todas estas caras hay en nuestro país 3,2 millones de personas pobres. Uno de cada cinco niños es pobre, ¿o acaso cree que hay niños pobres, hijos de padres ricos? Los ingresos medios de las familias no paran de disminuir. El 39,4 % de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 9,4 de los hogares se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal - o la hipoteca o el alquiler o recibos de gas y electricidad o la comunidad -; la tasa de riesgo de pobreza es del 22,2 %, ministra; la tasa de riesgo de pobreza en menores de dieciséis años es del 30,1. Estas cifras son las que me gustaría que quedaran grabadas. [[El señor]] Desde el Partido Socialista creemos que ha llegado el momento de empezar a debatir los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y, si es cierta esta recuperación económica y es cierto ese crecimiento sostenido, ahora es cuando debemos hacer todo lo posible para que no haya personas pobres en nuestro entorno. Señora ministra, es necesario, muy necesario, escuchar a los profesionales que pueden hacer un buen diagnóstico de las situaciones de pobreza y para ello tenemos que dotarles de instrumentos que permitan crear un marco común de intervención social y de prestaciones sociales comunes en todos los territorios. ¿Hay que garantizar derechos a la ciudadanía? Claro que sí, en un sistema público de servicios sociales fuerte, universal, que priorice el trabajo de la prevención de la exclusión social. Es necesario escuchar a los responsables de la gestión de los servicios sociales en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos para que pongan en común con la Administración del Estado las necesidades y los mecanismos para dar soluciones a la pobreza que existe en todos los territorios, con diferentes cifras pero con las mismas caras. Es necesario que de una vez desarrollemos el ingreso mínimo vital como instrumento que pueda dar solución a muchas de las situaciones de pobreza que vivimos; un ingreso mínimo pactado por todos, homogéneo y que no discrimine a los ciudadanos en función de su lugar de residencia; un ingreso mínimo garantizado y que no sea un recurso con límites imposibles para acceder a él; un instrumento que permita a los profesionales de servicios sociales ejercer su trabajo y que sirva para salir de la espiral crónica de la pobreza; un ingreso mínimo con dotación presupuestaria suficiente que pueda hacer frente a la creciente demanda; un ingreso mínimo controlado, pero no controlador ni estigmatizante. Es necesario garantizar este ingreso mínimo vital de forma muy especial a las personas con vulnerabilidad extrema, a los que han agotado las prestaciones, a los chicos y chicas que han sido tutelados por las administraciones y que no tienen un futuro esperanzador, a las familias con menores y que tanto nos alarman con esas cifras vergonzantes de pobreza infantil, a los que se han visto expulsados de todos los recursos, a las personas sin hogar que tanto rechazo provocan en algunos dirigentes, ministra, a todos ellos. Es necesario garantizar el ingreso mínimo vital a todos aquellos que pierden su casa por no poder pagarla y a aquellos que etiquetamos como ciudadanos con pobreza energética o, ¿acaso la pobreza energética aparece sola? Es necesario que nos sentemos a buscar soluciones. Para ello el Partido Socialista propone un plan integral de lucha contra la pobreza porque no queremos que existan ciudadanos pobres en una sociedad con crecimiento sostenido. Queremos que el crecimiento también se refleje en ellos, pero en todos. Señora ministra, la pobreza es una enfermedad social que tiende a cronificarse. Un niño que nace y crece pobre tiene muchas más posibilidades de ser un adulto pobre. Esta enfermedad tiene tratamiento, un tratamiento integral que permita abordar las soluciones en todos los frentes y no solo desde el trabajo social. El Partido Socialista ha propuesto en múltiples ocasiones reforzar el sistema público de servicios sociales con un ingreso mínimo vital y un nuevo modelo de coberturas sociales y hoy volvemos a proponerlo. Queremos trabajar todos los grupos en este nuevo modelo social más justo y distributivo. Usted, señora ministra, puede asumir el impulso de este nuevo modelo desde el ministerio, ese ministerio apasionante, y a la vez complicado, que ahora tiene la responsabilidad de gestionar. Puede hacerlo si quiere. Nosotros estamos dispuestos y seguro que los demás grupos parlamentarios también querrán. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Martín. A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, presidente. Señorías, señora Martín, naturalmente que voy a escuchar a todos. Es lo que llevo haciendo desde que he llegado al ministerio, escuchar a los todos los sectores y, por supuesto, también escucharé al Grupo Socialista. He seguido con mucha atención su intervención. Comparto su preocupación pero, le soy sincera, no puedo compartir ni su diagnóstico ni su solución. Pienso sinceramente que la crisis económica llevó a nuestro país a una situación económica y social de máxima gravedad. Un país en el que el paro se incrementó en más de 3 millones de personas - por tanto, con nombres y apellidos - en la legislatura 2007-2011, en el que más de la mitad del desempleo que se generaba en Europa era en España, en el que se destruían 1.500 empleos al día, en el que la tasa de desempleo juvenil se triplicó, en el que siete de cada diez mujeres que se quedaban sin empleo en Europa eran españolas, en el que una parte del sector financiero estaba al borde del colapso por lo que, además de no poder prestar dinero a las familias y empresas, estaba poniendo en peligro los ahorros de miles de españoles y amenazaba con arrastrar a toda nuestra economía. Un país en el que el producto interior bruto había caído siete puntos y en el que acumulábamos un déficit del 9 % y una prima de riesgo tan elevada que era prácticamente imposible financiarnos. Un país en el que, como usted relata, el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó un 13 %, creció 5 veces más rápido que la Unión Europea y 3 millones de personas más pasaron a estar en riesgo de pobreza, de 10 millones en 2007 a 13 millones en 2012. El número de hogares en el que todos sus miembros estaban en paro alcanzó en marzo de 2012 un total de 1.700.000 y la pobreza infantil en menores de dieciséis años creció un 7,7 %. Un país en el que la desigualdad aumentó un 8 %. Según la OCDE - usted lo ha mencionado -, éramos el país donde más crecía la desigualdad, solo por detrás de Chipre. Pero no creció la desigualdad porque crecieran mucho los ingresos de los más ricos, sino sobre todo porque disminuyeron mucho los ingresos de los hogares más pobres. ¿Sabe cuánto? Un 13 % según la OCDE. Uno de los países de la OCDE en los que más disminuyeron los ingresos de los hogares más pobres era el nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos los más afectados por el desempleo; alrededor del 75 % del incremento de la desigualdad desde 2009 proviene del desempleo y de la baja intensidad laboral. Todos los expertos nacionales e internacionales, Cáritas, Cruz Roja, Save the Children, Unicef, la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social y la OCDE, todos, coinciden en una cosa: el empleo es el principal instrumento para luchar contra la pobreza. Fíjese que no digo el único, digo el principal, el más efectivo, el más sólido a largo plazo. ¿Sabe por qué? Porque el empleo, además de generar rentas individuales, genera autoestima, genera crecimiento personal, retroalimenta las propias oportunidades de las personas y el crecimiento económico, y sirve para generar los ingresos públicos que necesitamos para mantener nuestro Estado social. Porque creemos en todo esto, en los últimos cuatro años hicimos del empleo nuestra principal prioridad y nuestra principal prioridad en la lucha contra la pobreza, que lo y siguen siendo en esta legislatura: la creación de empleo y luchar contra la pobreza. Las últimas cifras del desempleo - las del paro registrado publicadas este mes de noviembre - indican que la cifra total de parados se sitúa en el nivel más bajo de los últimos siete años y que la disminución del paro acumulada desde el comienzo del año es de 303.000 personas, la mayor de la serie histórica en un mes de noviembre. El número de contrataciones indefinidas crece interanualmente un 16,6 %, más del doble de lo que crecen los contratos temporales. Y el desempleo entre los jóvenes menores de veinticinco años ha disminuido en los últimos doce meses en 41.000 personas, de tal manera que el desempleo juvenil se reduce un 11,3 % interanualmente, por encima de la media general que se sitúa en el 8,6 %. Desde el año 2012 se han firmado un millón de contratos con personas con discapacidad y en noviembre de este año ya se ha superado en un 11 % el número de contratos realizados respecto del mismo mes del año anterior. Me ha hablado de las víctimas de violencia de género. Pues los contratos bonificados a las víctimas de violencia de género han crecido un 58 % en la última legislatura. Por tanto, señoría, comparto con usted la preocupación por las personas que, a pesar de tener un empleo, no llegan a final de mes. Por eso, nos hemos comprometido con ustedes, con el Partido Socialista, a subir el salario mínimo interprofesional de 655 euros a 707, un crecimiento de un 8 % que supone 52 euros al mes. De verdad, creo que la única forma sostenible de mejorar esta situación es la creación de empleo, como estoy demostrando con datos, y, por supuesto, invertir en mejorar nuestro sistema educativo. Por eso vamos a trabajar con ustedes, con Ciudadanos y con todos los que quieran unirse a esta labor, para impulsar un pacto nacional por la educación que nos permita situar nuestro sistema educativo en los mayores niveles de excelencia y sea una herramienta eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país, de todos los hijos de cualquier familia en España. Vamos a seguir trabajando para generar las condiciones económicas que permitan llegar en 2020 al objetivo de veinte millones de empleos. Señorías, hoy España crea empleo a niveles de crecimiento muy bajo, algo que no había pasado nunca hasta ahora y que nos indica que todo el crecimiento se está traduciendo en puestos de trabajo. Eso es, sin duda, un dato muy positivo para la lucha contra la pobreza en nuestro país. Se lo dije antes y se lo repito ahora: el empleo es el instrumento más importante en la lucha contra la pobreza, pero no el único. Hay que trabajar para reforzar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar porque este refuerza la cohesión social en nuestro país; nuestro Sistema Nacional de Salud, nuestro sistema educativo y nuestro sistema público de pensiones garantizan la igualdad de oportunidades, por eso es tan importante preservarlo. Hemos trabajado los últimos cuatro años para reforzar la sostenibilidad de estos pilares: ordenando el acceso a la tarjeta sanitaria poniendo fin al turismo sanitario, afrontando el compromiso de mejorar el rendimiento de nuestro sistema educativo y reducir las tasas de abandono temprano, y garantizando la protección de los pensionistas en un contexto de grave dificultad económica evitando congelar las pensiones e introduciendo un factor de sostenibilidad que mantiene la proporcionalidad entre las cotizaciones de la Seguridad Social y las prestaciones esperadas, dado el continuo aumento de la esperanza de vida. Vamos a seguir trabajando en esta legislatura con ustedes, con Ciudadanos y con todos los que quieran unirse a esta labor en el marco del Pacto de Toledo, en el marco del pacto educativo y en todo aquello que sea necesario para garantizar la preservación de nuestro Estado del bienestar. Queremos seguir trabajando para mejorar la protección social de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En los últimos cuatro años pusimos en marcha el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013/2016, dotado con 136.000 millones de euros. Creamos por primera vez en la historia un fondo extraordinario para la lucha contra la pobreza infantil - usted ha mencionado la pobreza infantil -, con una dotación inicial de 17 millones euros en 2014, 32 millones de euros en 2015 y 48 millones de euros en 2016. Hemos prorrogado el Plan Prepara y, además, acordamos con los interlocutores sociales una nueva ayuda de 426 euros, lo cual supone una ayuda a 700.000 personas con nombres y apellidos, así como el programa de activación para el empleo, que supone beneficiar a 200.000 familias. El pasado viernes se aprobó en el Consejo de Ministros el programa novedoso de atención a desempleados de larga duración de entre treinta y cincuenta y cinco años, un programa para 2016, 2017 y 2018, con 561 millones, que posiblemente va a beneficiar a 1.264.000 personas con nombre y apellidos. Modificamos la aportación farmacéutica para que las personas en paro de larga duración no tuvieran que pagar el 40 % de los medicamentos, beneficiando a un millón de desempleados. Creamos un Fondo social de vivienda de entidades financieras para poner a disposición de las familias en situación vulnerable alquileres con precios entre 150 y 400 euros, beneficiando a 10.000 familias. También aprobamos una reforma fiscal que supuso rebajar la carga fiscal a 20 millones de contribuyentes y establecer importantes medidas de apoyo a las familias con hijos y a las personas con discapacidad. Pagamos, a través del FLA, 3.000 millones de euros de deudas con las entidades sociales que ponían en peligro la viabilidad de muchas de ellas. Y hemos reforzado las subvenciones del IRPF, 850 millones destinados a la acción social en la legislatura pasada y ya en esta legislatura hemos lanzado una nueva convocatoria que supondrá el reparto de otros 235 millones de euros. Tenemos un sistema de protección social que cada mes proporciona una prestación pública a 14 millones de personas; 14 millones de personas reciben mensualmente una prestación del Estado o de las comunidades autónomas que, sin embargo, no siempre es capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos la obligación de trabajar para mejorar. Para ello, debemos reforzar el programa de lucha contra la pobreza infantil que pusimos en marcha en 2014. También tenemos que completar el mapa de prestaciones sociales, lo que nos va a permitir detectar las lagunas de cobertura, así como las duplicidades que tenemos en nuestro sistema de protección social. Reforzaremos los servicios sociales a través de una ley básica de servicios sociales de ámbito nacional que nos permita garantizar la igualdad básica de todos los españoles. Mejoraremos la protección social de las familias con hijos que presenten tasas de pobreza más elevadas que el resto a través de una ley integral de apoyo a las familias que ordene y actualice los apoyos que reciben. Aprobaremos el nuevo plan de inclusión social, puesto que el actual acaba su vigencia en este año 2016, y aprobaremos una estrategia nacional de pobreza sobre la base de un amplio consenso social y político, con la colaboración de las administraciones públicas, que fije unos objetivos dirigidos a la erradicación de la pobreza mediante el establecimiento de medidas en todos los ámbitos de gestión que sean periódicamente evaluables. Desplegaremos la Estrategia nacional integral para personas sin hogar; es la primera vez que se ha aprobado en España una estrategia así. Y trabajaremos, tal y como anunciará el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital en la próxima interpelación, para reforzar el bono social. Las cifras siguen siendo preocupantes, de eso no cabe la menor duda. Soy consciente de que, a pesar de que la recuperación empieza a ser una realidad, no ha llegado a todas las familias ni a todas las personas. Todavía hay muchos hombres y mujeres y muchos niños, demasiados, que no han visto esta recuperación y lo siguen pasando mal, pero la tendencia nos indica que vamos en la buena dirección y nos anima a seguir trabajando con la misma fuerza en la creación de puestos de trabajo para poder pagar el sistema social de nuestro país. Estoy convencidísima de que tendremos la ayuda de ustedes, del Grupo Socialista, y espero que de toda la Cámara. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Martín González.
Gracias, presidente. Señora ministra, sigue hablando de herencia, toda una sorpresa porque la verdad es que ya no viene a cuento hablar de herencia, pero además le pido que se ponga de acuerdo con el presidente, que ayer dijo que sí en el Senado al desarrollo de un ingreso mínimo vital. Digo yo que lo verán en el Consejo de Ministros, a ver si es más pronto que tarde. Mire, creo que es necesario hablar de pobreza y de personas pobres con más responsabilidad. No le digo que sea irresponsable, pero que hable con una dosis mayor de responsabilidad. Estamos acostumbrados a los rechazos del Partido Popular de forma sistemática ante la mayoría de propuestas que se han traído, siempre las han rechazado, pero hablar de pobreza no es solo hablar de empleo. Ustedes no han permitido enmiendas a los presupuestos en las partidas de plan concertado, que, por si no le ha llegado todavía la referencia en los argumentarios que le pasan los técnicos del ministerio, se han recortado un 60 %, como tampoco en los planes de inclusión ni, mucho menos, en los planes contra la pobreza. No han sido aceptadas muchas propuestas. Usted presume del Plan de lucha contra la pobreza infantil, pero no basta con eso. Destacados responsables del Partido Popular han llegado a hacer comentarios despectivos, desde el señor Montoro hasta la señora Aguirre, el señor Hernando o la señora Fabra - para qué acordarnos -, e incluso yo personalmente he llegado a oír a una persona responsable de servicios sociales decir que siempre ha habido ricos y pobres. Yo sé de dónde vengo y sé muy bien cuál es mi trayectoria de vida, y sé que siempre ha habido ricos y pobres, por eso estamos aquí pidiendo un ingreso mínimo vital. Algunos de sus antecesores se aprendían cuatro datos, algunos erróneos, otros de procedencia desconocida, y con repetirlos una y otra vez parecía que tenían los argumentos hechos para todas las intervenciones, pero no tenían la razón. Le voy a pedir, señora ministra, que no caiga en el mismo error. Confío en que contraste los datos. Ha nombrado informes que yo también iba a nombrar en la intervención, los tengo anotados: el indicador Arope, los informes de Save de Children, de Unicef, de la Red de lucha contra la pobreza, e incluso son fiables los datos de Cáritas aunque el señor Montoro los desprecie, y los datos de Caritas la verdad es que ponen los pelos de punta, señora ministra. Confío en que se plantee cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea que dicen textualmente: racionalizar el sistema de rentas mínimas y de ayuda familiar. Supongo que ese informe también se lo habrán pasado los técnicos del ministerio; léalo porque tiene muchos detalles que son jugosos. Pero le voy a dar algún dato más sobre pobreza: 730.000 hogares sin ingresos; 13,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social; 3,2 millones de personas que viven en situación de pobreza severa, lo que supone unos ingresos del 30 % de la media de la renta, es decir 332 euros al mes para los hogares de una sola persona. Ocupamos el segundo puesto de la Unión Europea en pobreza infantil y desigualdad. Ha hablado mucho de empleo; el riesgo de pobreza en los desempleados es del 45,7 %, pero es que el riesgo de pobreza en empleados es del 14,2 %. Está clarísimo que la calidad del trabajo llega hasta donde llega y está convirtiendo a muchos trabajadores en personas pobres también. Además, hay un dato que no ha mencionado, y es que tenemos el 54 % de cobertura en la protección por desempleo. Cada vez más baja, cada mes un poquito menos. El 20 % con mayores ingresos tiene rentas casi 7 veces mayores que el 20 % más pobre: la brecha de la desigualdad crece. Señora ministra, creemos sinceramente que ha llegado el momento de buscar soluciones a todos estos números, no solo los que usted tiene, sino también los que tenemos los demás, porque los números representan a personas pobres. El Partido Socialista va a elaborar una propuesta de plan integral de lucha contra la pobreza porque no nos resignamos. Proponemos un nuevo marco común de prestaciones sociales, con especial incidencia en las prestaciones por hijo a cargo, que son patéticas, señora ministra; patéticas. Vamos a proponer la creación de un ingreso mínimo vital y vamos a proponer un mayor consenso con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y, por supuesto, vamos a proponer la derogación de la reforma local, que ha dejado sin competencias a los ayuntamientos, los que atienden realmente a los vecinos, a los que ven todos los días. Y no, señora ministra, el Partido Socialista no se resigna. Permítame que finalice recomendándole la lectura de un libro, Los besos en el pan, de Almudena Grandes. Quizá ya lo conozca, pero le recomiendo que lo relea porque son historias de pobreza, de pobres, de diferentes caras de la pobreza pero siempre con dignidad y con mucha vida. A todos ellos les debemos un pedazo de ese crecimiento sostenible que se nos reconoce, pero que ellos no ven. Termino, ministra, diciéndole que sí, que la semana próxima veremos si el compromiso del presidente del Gobierno ayer en el Senado se plasma en un apoyo unánime para luchar contra la pobreza con un instrumento valioso como es el ingreso mínimo vital. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Martín. Para concluir el debate, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Señoría, usted dice que no vengamos aquí a hablar de la herencia. Sinceramente, pienso que tenemos que hablar del pasado para hacer el diagnóstico y saber qué tenemos que hacer en el futuro. Por tanto, sí que tenemos que hablar, también, de herencia para no equivocarnos en el diagnóstico. Las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Rajoy, lejos de haber sido las responsables - ustedes dicen que nosotros somos los responsables - de haber impulsado un incremento en la desigualdad, al contrario, han propiciado las herramientas necesarias para el retorno a la creación de empleo y, en consecuencia, iniciar una senda incipiente de reducción de la desigualdad. Mientras esa mejoría se consolida e intensifica, el Gobierno se ha volcado en atender a los más necesitados para no dejar a nadie atrás. Usted ha hablado de la tasa Arope. Analicémosla. A efectos de contextualización, recordemos que las variables de ingresos de esta encuesta corresponden al año 2014 y estamos a finales de 2016. A pesar de ello, los resultados muestran una mejora generalizada de todos los indicadores de pobreza y situación económica de los hogares. La tasa Arope se reduce 6 décimas y se reducen también sus componentes: la población en riesgo de pobreza, que se reduce 1 décima, y la población en situación de carencia, que también se reduce. Por eso, solo le pido dos cosas. La primera es que no vuelvan a errar en el diagnóstico, porque la principal causa de la pobreza es el desempleo; no es la única, pero es la principal. Por tanto, si de verdad queremos luchar contra la pobreza en nuestro país, tenemos que volcarnos en seguir incentivando la creación de empleo. Para ello tenemos que mantener una política económica y presupuestaria responsable. No caigan en la tentación de competir con los que creen que todo lo arregla el gasto público. Y la segunda, antes de empezar a crear nuevas prestaciones, es que hagamos todos juntos el esfuerzo de analizar qué está pasando con nuestro sistema de protección actual. Completemos - que no está completado; lo estamos realizando pero no está completado - el mapa de prestaciones, el de la Administración local a través de la FEMP, el de las comunidades autónomas, el de las diputaciones provinciales, el del Gobierno de España y el del dinero que se reparte a través del 0,7 % con todas las ONG, y analicemos juntos qué podemos hacer para mejorarlo, porque en nuestro sistema de protección social hay espacio para mejorar la manera en que se usan los recursos. Queremos reforzar su capacidad para responder a las necesidades reales de los ciudadanos. Es muy fácil venir aquí y decir: queremos una nueva paga. Sinceramente, primero tenemos que hacer el mapa total de qué es lo que se está recibiendo de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, porque a día de hoy no tenemos el mapa. Pero si de verdad creemos en el Estado del bienestar, no podemos asfixiarlo. La mejor política social es la que proporciona seguridad a los ciudadanos a largo plazo, no con medidas como las que ustedes tomaron, por ejemplo, los 2.500 euros por hijo, que duró solo ocho meses, por lo que mucha gente que se quedó embarazada con esa medida cuando nació su hijo se quedó sin la paga. O la famosa paga de los 400 euros para todos, que solo duró una vez. Nosotros creemos que tenemos que hacer un gran mapa de los servicios sociales, conocer exactamente todos los servicios sociales y las prestaciones de todas las administraciones para poder gestionar mejor y llegar a muchísima más gente, probablemente con los mismos recursos. Esta ministra quiere hacerlo y estoy segurísima de que ustedes nos van a apoyar. Es verdad que no se pueden corregir las consecuencias de esta crisis económica a corto plazo. En cuatro años 3.345.000 personas perdieron su empleo en España y nos enfrentábamos a un déficit público del 9 %. El impacto que supuso la crisis económica fue muy grande y en cuatro años no se soluciona, y lo que tenemos claro es que no se arregla con medidas como la de los 400 euros o la de los 2.500 euros, que solo duraron ocho meses. Tenemos que hacer las políticas con sentido común, con responsabilidad y con transparencia, y con conocimiento de todas las prestaciones que tenemos a día de hoy en todo el territorio y en todas las administraciones públicas, y cuando tengamos claro el mapa avanzaremos con la petición que el Grupo Socialista ha hecho. Estoy convencidísima de que con los mismos recursos llegaremos a más gente y por tanto a las familias más vulnerables, con las que me comprometo. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora ministra. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA POLÍTICA DE ASILO DEL GOBIERNO. [[Número de expediente 172/000011]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno. Para su defensa tiene la palabra el señor Bustamante Martín.
Gracias, señor presidente. El derecho de asilo, aunque no está regulado, ha sido una práctica de los seres humanos a lo largo de siglos. De hecho, cuando se huía de una guerra, de un conflicto, siempre se encontraba el abrigo y la protección en otro territorio. Sin embargo, a partir del periodo de entreguerras se produce una crisis que todos conocemos en relación con la política de asilo y se trata de mitigar después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y una serie de tratados internacionales, regionales y territoriales que garantizaban este derecho humano fundamental y que es el derecho básico de las relaciones internacionales. Hoy, sin embargo, la situación del asilo se agrava: tenemos 60 millones de refugiados en el mundo. Un millón de personas han intentado cruzar el Mediterráneo en el último año y 30.000 han perdido la vida - el mar Mediterráneo es la mayor fosa común que existe en el mundo - en los últimos quince años. Solo en el último año 3.000 personas perdieron la vida en aguas del Mediterráneo intentado cruzar la frontera. Es, pues, un problema en pleno siglo XXI que no proviene de una nebulosa, sino que tiene su génesis en las guerras imperialistas y en el modelo económico internacional, en la globalización capitalista. Y un tercer elemento a tener en cuenta de cara al futuro es el cambio climático. Las guerras determinan el número de refugiados. En 2003 España participa en la guerra de Irak, que tiene como consecuencia un millón de muertos, cientos de miles de refugiados, empobrecimiento del territorio y devastación de zonas de ese país, lo que da lugar a la huída y al éxodo de cientos de miles de personas. En 2011 se participa en la zona de exclusión aérea en Libia, a priori para evitar bombardeos, pero en la práctica fue para bombardear al ejército libio y permitir el paso de los yihadistas a este país, que hoy es un Estado fallido, un Estado por el que transitan libremente armas y grupos terroristas. Según los datos de la guardia costera italiana, el 30 de mayo de 2016 fueron rescatados en las costas de Libia, en aguas del Mediterráneo, 6.500 inmigrantes; 6.500 inmigrantes en un solo día en las costas de Libia. Actualmente tenemos 12 millones de refugiados en Siria como consecuencia del conflicto armado en el que las potencias occidentales han jugado un papel cuando menos sospechoso por apoyar a grupos armados en su mayoría controlados por yihadistas. Hoy en día hay 6,6 millones de sirios desplazados en el territorio sirio, 5 millones de sirios que se encuentran en los países de los alrededores - Egipto, Turquía, Líbano, Irak o Jordania - y solamente hay medio millón de sirios que han conseguido cruzar la frontera con Europa. Existe también otra guerra que aporta refugiados, que es la de Yemen, que no aparece tanto en los medios de comunicación. La aviación de Arabia Saudí bombardea impunemente colegios y hospitales en territorio yemení. Quizá el hecho de que Arabia Saudí es socio petrolero y comprador de armas europeas haga que esta guerra se conozca menos por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Otro elemento es el modelo económico. Señor ministro, hoy el 1 % de la población mundial posee más riqueza que el 99 % restante. Hay 80 personas en el mundo que poseen más riqueza que 3.500 millones de personas. Es un modelo económico que genera desigualdad, pobreza y el éxodo de personas desde el sur al norte buscando mejores condiciones de vida, condiciones dignas para vivir, que lamentablemente en la mayoría de los casos tampoco encuentran en los países del norte. Hoy Europa se encuentra con 1.250.000 peticiones de asilo. De ellas, apenas el 1 % pertenecen a España - son 14.600-, frente a las más de 440.000 que registra Alemania, las más de 70.000 que registra Francia o las más de 80.000 que registra Italia. Y de esas 14.600 peticiones que registra España, solo 3.240 expedientes han sido resueltos, el 31 %, frente a países como Alemania, que resuelve el 57 % de los expedientes a pesar de tener un volumen mayor, o Países Bajos, que resuelve el 80 %. Además, la situación se agrava en nuestro país cuando contemplamos que de las poco más de 1.000 personas cuyo expediente ha sido resuelto, solo 220 personas recibieron el estatus de refugiado y 805 la protección subsidiaria, cuando la figura de refugiado contempla más garantías y derechos para las personas que la protección subsidiaria, que obliga a reexaminar el expediente a los cinco años y dificulta la obtención de la nacionalidad. En conclusión, pensamos que el sistema de asilo y acogida en España es un desastre y que falta voluntad por parte del Gobierno. Ya sé que el ministro estrena cartera, pero no podemos negar los cuatro años de mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy en los que este problema no ha sido abordado. Aún no contamos con un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo de 2009, después de siete años, cuando la disposición tercera de dicha ley emplazaba a desarrollar un reglamento en el plazo de seis meses, con las consecuencias negativas que eso implica para las personas que piden asilo en nuestro país. Además, pensamos que la Oficina de Asilo y Refugio tiene poco peso en el organigrama ministerial del Gobierno, cuando la Oficina de Asilo y Refugio centraliza las peticiones de asilo en España. Señor ministro, no sé si habrá leído el último informe de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, nada sospechosa de izquierdismo, en el que manifestaba que la Oficina de Asilo y Refugio solamente cuenta con tres trabajadores sociales, que existe falta de personal, que solo cuenta con un intérprete de ruso y armenio y para el resto de idiomas se solicitan intérpretes a la Comisión Católica Española de Migraciones, que el sistema informático es obsoleto, etcétera. Además, el acuerdo con la Unión Europea establece un cupo para España de 17.000 refugiados para septiembre del año que viene. Hasta ahora han llegado 687 refugiados. Además, existe descoordinación en nuestro país con las comunidades autónomas, ayuntamientos o incluso ONG, que han manifestado la voluntad de acoger a refugiados y de implicarse en la política de asilo. Según las asociaciones y ONG españolas, se estima que hay un stock de en torno a 16.000 expedientes sin resolver, y sabe usted, señor ministro, que hasta que no se formalice una solicitud se está expuesto a la expulsión como consecuencia de irregularidad administrativa. Además, hay demoras de hasta cinco meses cuando la directiva europea establece un plazo máximo de seis días. Según el informe de la defensora del Pueblo, falta también inversión por parte del Gobierno en formación de los trabajadores de la oficina en relación con el idioma, cuestiones de género o de orientación sexual, que esperamos que aborde en esta legislatura, señor ministro. La ley de 2009 impide a las personas presentar solicitudes en las embajadas y consulados de los países de origen. Siguen dejando a la voluntad del embajador la solicitud de traslado. Por lo tanto, consideramos que vulnera los derechos humanos de los refugiados y refugiadas. Tenemos el ejemplo dramático del menor sirio con quemaduras producidas por la guerra, recogido también en el propio informe de la defensora del Pueblo, que solicita traslado desde la Embajada de España en Turquía y, sin embargo, se le deniega dicho traslado para reagruparse con su familia. El sistema de acogida indicado en la ley depende además de una red de centros públicos y de ONG que han sufrido también los recortes que el Gobierno ha aplicado en las distintas áreas y en los distintos ministerios. Cuestión aparte son los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, que actualmente acogen a refugiados, que están sobresaturados y que no han sido concebidos para desarrollar la política de asilo. Un principio básico de la Convención de Ginebra es el de no devolución de personas. España es, tristemente, conocida a nivel mundial por las devoluciones en caliente que se producen en la frontera sur y que además han sido elevadas a rango de ley a través de la ley mordaza. Las devoluciones masivas atacan a derechos contemplados en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y en la Convención de Ginebra, como, por ejemplo, el derecho a la identificación de personas necesitadas de protección y asilo. Además, como bien sabe el señor ministro, actualmente se está abordando la reforma del sistema europeo común de asilo, el SECA, y desde nuestro grupo le pedimos que armonice la legislación, pero no a la baja. Queremos derogar el protocolo de Dublín porque pensamos que es irreformable y que se garanticen los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Señor ministro, me gustaría preguntarle si le parece normal la precariedad en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, según el propio informe de la defensora del Pueblo, cómo piensa cumplir el compromiso con la Unión Europea de acoger a 17.000 refugiados cuando hasta la fecha solamente se han acogido a 687, y qué van a hacer para resolver el stock de más de 16.000 expedientes sin resolver. Y en relación al SECA, quisiera saber quién está negociando por parte de España y con qué criterios. Finalmente, dada la nula implicación del Gobierno en materia de derechos humanos en relación con los refugiados y refugiadas, pediría al Gobierno si podría compartir con este Parlamento la posición española en Europa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Bustamante. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Bustamante Martín, en primer lugar, quiero saludarle, porque compartimos circunscripción. Por otra parte, quiero reconocer - por qué no - que el tema, cuya propuesta proviene tanto de usted como del señor Garzón Espinosa, es un tema de actualidad, es un tema importante y que preocupa a la sociedad española. Me interpela su señoría sobre este tema, que es de muchísimo interés para usted y también para el Ministerio del Interior y el Gobierno de España; es un tema que le preocupa a usted y también a nosotros, le preocupa a la sociedad española y por tanto es obligación del Gobierno de España asumir la responsabilidad para liderarlo, junto con las ONG, con el resto de la sociedad y sobre todo del voluntariado, que por cierto es mucho y bueno en nuestra nación. No cabe la menor duda de que hablar de responsabilidad y de solidaridad es hoy algo fundamental y, desde luego, si a usted le preocupa, también nos preocupa a nosotros. Si hablamos de tener sentimientos, de ser humanitarios, de ser solidarios, en definitiva, de tener corazón, le diré que lo tiene usted, lo tengo yo y doy por supuesto que lo tenemos todos, toda la sociedad española. Difícilmente podríamos mantener una conversación más próxima y más cercana y ser capaces de negarnos el uno al otro que los dos tenemos los mismos sentimientos hacia todas esas personas que lo están pasando mal en sus países de origen. El pasado viernes, día 9 de diciembre, participé por primera vez en un Consejo JAI de ministros del Interior en Bruselas, en el que uno de los principales temas de análisis y debate fue el de los refugiados, consecuencia sin duda de la gran crisis humanitaria con la que conviven todas y cada una de las sociedades de los países europeos. Esta crisis humanitaria, que es verdad que ha surgido hace años y que se ha visto muy reforzada después de los conflictos bélicos en los países del Mediterráneo oriental, viene agravando la situación. En dicho Consejo JAI, señor Bustamente, España presentó el grado de compromiso con los acuerdos adoptados desde el Consejo Europeo extraordinario de 20 de julio de 2015 y, entre dichos acuerdos, he de recordar que España se comprometió con el conjunto de socios europeos a reasentar a 1.449 refugiados. No quiero entrar en guerras de cifras porque las guerras de cifras pueden tapar o eclipsar en cierta medida la cantidad de tragedias humanas que están detrás de las personas. Usted aquí ha sido el primero que ha empezado a hacer unas afirmaciones que he de decirle que no se corresponden con la realidad. Cuando quiera, le puedo dar datos. Con las cifras que le voy a dar tanto de reasentamientos como de las reubicaciones ya realizadas, España se sitúa, a día de hoy, en el sexto país de Europa y el cuarto de la zona euro en procedimientos efectivos de reubicación y de reasentamiento. Esto no debe satisfacer a ningún responsable público mientras haya algunos asuntos que están pendientes de resolver, pero no podemos negar el esfuerzo, el compromiso que está asumiendo el Gobierno de España para atender la presión migratoria que está padeciendo, sin ningún precedente, hoy la Unión Europea. Por otro lado, señor Bustamante, España se comprometió a reubicar hasta un máximo de 15.888 refugiados antes de septiembre de 2017. Este segundo compromiso hay que analizar que se concretó en la Decisión 2015/1523, de 14 de septiembre de 2015, por la que España se comprometía a reubicar a 1.300 refugiados, y la Decisión posterior, la 2015/1601, de 22 de septiembre, por la que España se comprometía a reubicar hasta un máximo de 14.588 refugiados más. Señoría, no le quepa la menor duda de que España ha venido trabajando desde el primer momento para que estos compromisos pudieran ser ejecutados en el tiempo requerido. Y así nuestro país fue uno de los primeros Estados que iniciaron las reubicaciones con el anuncio, concretamente el día 8 de octubre del año 2015, de una primera reubicación piloto desde Italia, que comprendió a 50 personas. Sin embargo, en un primer momento se apreciaron dificultades que eran ajenas al Gobierno español para poder poner en marcha los procesos de reubicación y de reasentamiento, como están teniendo también la mayoría de los países de la Unión Europea. Estas dificultades nacían de que estos procesos, por mucho que queramos, no dependen exclusivamente de la voluntad política de los Estados miembros ni de sus Gobiernos, como es fácilmente entendible. Así, por un lado, en lo que respecta a los procesos de reubicación, he de recordarle que la ejecución de los compromisos europeos queda sometida a los procedimientos establecidos en las decisiones que se adoptan en la Unión Europea. Por ello, resulta imperativo para España y para todos los Estados miembros seguir el procedimiento que se recoge en el artículo 5 de ambas decisiones, no pudiendo acelerarse el ritmo que considere conveniente cada uno de los Estados, sino que hay que someterse al procedimiento establecido. Al mismo tiempo, la puesta en marcha del proceso de reubicación exigía la creación de lo que se llaman puntos de contacto, puntos que buscaban inmediatamente poner en funcionamiento todos los expedientes. Se programaron once en principio para 2016, según el procedimiento que se creó expresamente por la Unión para realizar estos traslados y al mismo tiempo canalizarlos desde Grecia e Italia. Sin embargo, a mediados de enero de 2016 solo tres de los puntos programados estaban operativos: dos en Italia, Lampedusa y Trapani, y uno en Grecia, Lesbos. Señorías, estos retrasos iniciales en la puesta en marcha de los puntos concretos, los problemas derivados de la creación y aplicación de los procedimientos establecidos en las distintas directivas y la propia situación interna de España, con un Gobierno en funciones de casi once meses, no han sido obstáculo para que España haya comunicado su voluntad de reubicar a 900 solicitantes de protección internacional, 750 desde Grecia y 150 desde Italia. La última comunicación, señor Bustamante, se realizó durante el JAI celebrado en Luxemburgo el 13 de octubre, cuando anunciamos la voluntad de España de reubicar a 500 personas más, 100 desde Italia y 400 desde Grecia. Esto nos sitúa, se lo aseguro, como el tercer país en número de comunicaciones anunciadas para reubicar a solicitantes de protección internacional desde Grecia, únicamente por detrás de Francia y Portugal, y quinto en cuanto a los anuncios de reubicaciones desde Italia, por detrás de Rumanía, Portugal, Finlandia y Francia. Hasta la fecha, estos anuncios se han concretado en distintos traslados a nuestra Península a lo largo del año 2016. Han llegado a nuestro país 350 solicitantes de protección internacional desde Grecia y 50 desde Italia, y de las 500 personas más anunciadas el 13 de octubre, se espera que se produzcan los primeros traslados a España antes de que termine este año. Estas cifras, señoría, demuestran el interés de España por superar las dificultades que han existido para la puesta en marcha y ejecución de estos procesos y al mismo tiempo conseguir cumplir los compromisos adquiridos en materia de reubicación. Por lo que respecta al compromiso adquirido en materia de reasentamiento -1.449 solicitantes -, se ha de recordar que en nuestro país el reasentamiento se articula a través de la adaptación de un programa nacional de reasentamiento, tal y como queda establecido en la disposición adicional primera de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. De este modo, el Gobierno articuló la ejecución del compromiso adquirido en dos ejercicios: 724 solicitantes de protección internacional en 2016, 725 en 2017, y a ello tendríamos que añadir las 130 personas previstas en el programa de 2014 que no se llegó a ejecutar en el año 2015 debido a los acontecimientos que se fueron sucediendo en el Mediterráneo oriental y que son conocidos por su señoría. Del mismo modo, también quiero recordar ante su señoría que la ejecución de un programa nacional de reasentamiento puede tardar alrededor de seis meses desde que se inicia la petición formal a Acnur para que inicie el proceso hasta que los solicitantes de protección internacional llegan a nuestro país, plazo que, sin embargo, puede verse - y de hecho se ve - afectado por factores tales como la situación del país de reasentamiento, la capacidad de las autoridades de ese país o por el papel de otras organizaciones en el procedimiento de reasentamiento, por lo cual existe también una parte del procedimiento que escapa al control exclusivo del Gobierno español. Ahora bien, durante el año 2016 el Gobierno se ha esforzado en cumplir ese compromiso y al día de hoy se han realizado todas las comunicaciones pertinentes para cumplir con el programa nacional de reasentamiento de 2015: 289 refugiados han sido trasladados actualmente hasta España, 232 personas desde Líbano y 57 desde Turquía, mientras que el resto de traslados está actualmente en tramitación. Cabe también hacer una pequeña referencia a las dificultades encontradas en la ejecución de diversos reasentamientos desde Turquía derivadas del intento de golpe de Estado. Una vez que se hayan efectuado los traslados que se encuentran en tramitación, España habrá cumplido para el año 2016 con el compromiso que había adoptado y además lo seguiremos incorporando, porque próximamente se tendrá que fijar el programa nacional de reasentamiento para el año 2017. Por otro lado, ha hablado su señoría - y termino - de las devoluciones ilegales en la frontera sur. En primer lugar, España no realiza expulsiones ilegales, como usted ha dicho. En segundo lugar, precisamente para reforzar el acceso al procedimiento de protección internacional, todo lo contrario a lo que usted proclama, el Ministerio del Interior creó en mayo de 2015 las oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. En el día de ayer hizo unas declaraciones el director de Frontex, en las que claramente decía que no había ninguna ilegalidad en las devoluciones que se producen en Ceuta y Melilla. España cumple rigurosamente con el Acuerdo de Schengen. Tengan la completa seguridad de que, cuando se devuelve a una persona, se hace siempre después de haber cumplido con todos los requisitos legales, pero sobre todo asegurándonos de que esa persona es repatriada a un país seguro y que no se pone a nadie en ningún tipo de riesgo. Vamos a afrontar la culminación de la redacción del reglamento, que está a punto de finalizar, con lo cual creemos que a primeros del próximo año será ya una realidad. No le quepa la menor duda de que España va a aportar en la reforma del sistema europeo común de asilo la protección de todos y cada uno de los derechos de las personas y la solidaridad, no solo en el momento en el que han de ser declaradas las personas que tienen derecho a ese asilo, sino después, al cumplimentar, una vez que vengan a nuestro país, todos los derechos que ellos tienen. Señorías, conocemos el informe de la defensora del Pueblo, somos conscientes de que tenemos que redoblar los esfuerzos en la Oficina de Asilo. Por eso, ha habido un refuerzo en materia de personal que continuaremos manteniendo a lo largo del próximo año, pero además también hemos incrementado el presupuesto, una partida presupuestaria que, a pesar de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista presupuestario, hemos incrementado en más de un cien por cien.
Señor ministro, tiene usted que ir acabando.
presidente, muchas gracias. Termino. Entiendo, señor Bustamante, que esté usted preocupado. Lo está también el Gobierno. Le tendemos la mano porque creo que es un aspecto en el que todos tenemos que trabajar, en el que todos nos tenemos que esforzar y en el que todos tenemos que ser responsables. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Tiene la palabra el señor Bustamante Martín.
Señor ministro, ha apelado usted al buen corazón y a los buenos sentimientos de los que compartimos esta Cámara. No dudo yo del buen corazón y de los buenos sentimientos de los sevillanos, de las sevillanas, de los andaluces, de las andaluzas y de todos en general, somos gente de buen corazón, de buenos sentimientos, pero además de eso hacen falta políticas, hacen falta hechos más que palabras. Nosotros juzgamos al Gobierno por los hechos y no por la voluntad, el corazón o los sentimientos. [[Aplausos]] Y la política de este Gobierno en relación con los refugiados y refugiadas, como bien comprenderá, ha sido nefasta a la luz de los hechos y a la luz de lo que se refleja en el informe de la defensora del Pueblo, la señora Soledad Becerril. [[El señor Merino López hace gestos negativos]] Dice el señor Merino que no. No lo digo yo, lo dice la defensora del Pueblo - nada sospechosa de izquierdista - en un informe que es demoledor con la política planteada por el Gobierno del señor Rajoy en materia de asilo. [[La señora Villalobos Talero: Lo interpreta como quiere]] Lo dice la defensora del Pueblo, léase el informe.
Le ruego, por favor, señora Villalobos, que no interrumpa al orador.
No se ponga nerviosa, señora Villalobos. Tengo yo el turno de palabra; cuando a usted le toque, expone sus argumentos. [[Aplausos]] Lo dice la defensora del Pueblo, la señora Soledad Becerril. [[La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben]]
Les ruego no entren en discusión entre ustedes. Gracias.
No sé si el señor ministro sacaba pecho de la cifra, pero le recuerdo, señor Zoido, que de 1.250.000 solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea solamente el 1 % pertenecen a nuestro país. No ha habido voluntad tampoco por parte del Gobierno de desarrollar la Ley de Asilo de 2009, de desarrollar el reglamento que permita a los refugiados y refugiadas tener un marco de garantía, a pesar de haber pasado siete años desde el desarrollo de la ley en el año 2009. Se esperan, además, nuevos traslados a comienzos de año - decía el señor ministro -; tenemos que llegar a 17.000 en septiembre de 2017 y estamos muy por debajo de la cifra comprometida en Europa. La Unión Europa acoge solamente al 0,2 % con relación a su población, frente a países como Líbano que acoge al 40 % si lo comparamos con la población de ese país. Por tanto, pedimos solidaridad, compromiso, propuestas concretas del Gobierno en Europa en relación con la protección de menores y en relación con no homogeneizar la política de asilo en Europa a la baja, sino que se respeten los tratados internacionales, la Convención de Ginebra y la Carta Universal de Derechos Humanos. Las devoluciones en caliente - decía el señor ministro -, no son ilegales. Es cierto, no son ilegales porque ustedes las han dado rango de ley bajo el paraguas de la ley mordaza, pero les recuerdo que hay un recurso de inconstitucionalidad desde hace dos años presentado en relación con esa ley. Finalmente, le pediría que negocie, que tienda la mano a esta Cámara para consensuar la política en Europa. En Europa hemos visto el carácter netamente mercantilista, netamente capitalista de la Unión cuando en verano de 2015 se amenaza al Gobierno de Grecia, después de que el pueblo griego votase en contra de las políticas impuestas por la troika, incluso con expulsarles de la propia Unión Europea y, sin embargo, pocos meses después la respuesta y las voces que se alzaron fueron más timoratas y menores cuando uno de los Estados miembros, Hungría, viola uno de los principios fundacionales de la Unión Europea y reprime, e incluso gasea, a los refugiados en la frontera. Son hechos y ejemplos que no podemos permitir y le pido voluntad al Gobierno para trasladar una política solidaria, garantista con los derechos humanos en Europa y también para ponerse a trabajar en España porque queda mucho por hacer, porque de momento no ha habido voluntad por parte del Gobierno. Esperamos que con el control de esta Cámara y con la presión de las asociaciones y de la sociedad civil en la calle, el Gobierno dé respuesta a este problema tan urgente y tan acuciante como es el de los derechos humanos y el de los millones de personas que se encuentran a las puertas de Europa esperando una vida digna, una vida mejor y que sus derechos como personas estén garantizados. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bustamante. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
Muchas gracias, presidente. Me va a permitir, señor Bustamante, que después de esta segunda intervención en la que no ha aportado ninguna cifra nueva - sobre todo de esas primeras que ha dado que me causaron una gran alarma - y de ponernos como ejemplo Alemania, le diga que Alemania está por detrás de nosotros tanto en reasentamientos efectivos como en reubicaciones efectivas. También nos ha dicho que Francia es la panacea y sí, Francia es quien más ha reubicado, pero no está tan lejos de España. Por tanto, creo que tenemos que ser serios. Antes le dije que detrás de las cifras siempre hay personas, detrás de las cifras hay sufrimiento. Ustedes se creen que tienen la legitimidad de la solidaridad y de los sentimientos y, sinceramente, creo que no la tienen. Este grupo, el que respalda al Gobierno de España, tiene la misma sensibilidad - y hay que suponérsela - y la misma solidaridad, y estoy seguro de que es así. El tiempo nos irá diciendo quién tiene la razón y quién no. Lo que sí le puedo asegurar es que todas las personas que han venido aquí y se encuentran entre nosotros no se quieren ir a otro país, en primer lugar, porque están encontrando en España la protección de sus derechos y, en segundo lugar, porque están conviviendo con la sociedad española, que se caracteriza por la solidaridad. Si hablamos de porcentajes, no cabe la menor duda de que el grupo al que usted pertenece no tiene la misma representatividad que tiene el Grupo Popular. Pero no es cuestión de que discutamos si Izquierda Unida o Podemos o el Partido Popular; este es un problema de la sociedad española, es un problema de la Unión Europea y es un problema al que todos debemos darle solución. Por eso, les brindo la oportunidad de que todos participemos en esta política para dar respuesta a las necesidades que tienen aquellos que se ven obligados a salir de sus países por unos u otros motivos. Desde luego, espero que su señoría también lo vea así, como hago yo, y no lo vea como una oportunidad de hacer política y buscar titulares falsos. Hay asuntos que, sin duda alguna, requieren - y este es uno de ellos - menos titulares, que parece que es lo que está buscando usted hoy, y más trabajo serio, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. El otro día estuvimos representados todos los países de la Unión en el JAI del 9 de diciembre. En los Gobiernos de los distintos países están representados muchos de los grupos políticos que forman parte de esta Cámara y todos teníamos un mismo objetivo, todos perseguíamos una misma finalidad. Por eso, lecciones de solidaridad y sensibilidad para con aquellos que más lo necesitan, el Grupo Popular no va a recibir y mucho menos de ustedes. [[Aplausos]] Insisto, no quiero establecer una discusión en un tema tan sensible pero coincidirán conmigo que en cuestiones de solidaridad no merece la pena que mezclemos otra serie de criterios. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos seriedad y rigor y que estemos a la altura que la sociedad española nos exige a todos. También le digo una cosa, señoría, es necesario e imprescindible cumplir con los compromisos establecidos con nuestros socios europeos y que trabajemos todos juntos para solucionar el problema. No les quepa la menor duda - y así daremos cuenta en esta Cámara, incluso en reuniones bilaterales que estoy dispuesto a tener con todos los grupos de esta Cámara - de que España seguirá siendo proactiva en el estudio y adopción de propuestas comunes. España estará a la altura de las circunstancias pero, sobre todo, España y el Gobierno de Mariano Rajoy estarán a la altura de la sociedad española, con la solidaridad que siempre demuestra, que es la solidaridad que va a demostrar el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ENCAMINADA A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS APROBADAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA DESTINADAS A ENCABEZAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL HACIA ENERGÍAS LIMPIAS. [[Número de expediente 172/000010]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
Presidente, señorías, señor ministro - tenía miedo de que no viniese porque no le había visto en toda la mañana pero al final sí que está -, estamos aquí para hablar de transición energética y ayer en su comparecencia en la Comisión se habló de transición energética, de energías renovables, de autoconsumo y de objetivos europeos. Todos sabemos que hay unos objetivos de cara a 2020, 2030 y 2050 en cuanto a la reducción de emisiones, a la eficiencia energética y a las energías renovables. España ha firmado también los compromisos en la Cumbre de París y en la Cumbre de Marrakech, y lo que echamos en falta es la hoja de ruta, los objetivos que se ha fijado España, porque todos sabemos que son objetivos que cada país puede fijar libremente. Queremos saber cuál es esa hoja de ruta. Hablábamos ayer también, señor ministro, del Plan de transición energética, y lo echábamos en falta. Todos los ponentes estuvimos hablando y no pudimos sacar cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a planificación energética o el Plan de transición energética. Hablábamos también de que no se puede hacer una planificación exhaustiva de aquí a 2050 porque hay que dejar hueco a las tecnologías. Por supuesto, pero eso no implica, como también hablábamos en el día de ayer, que no se empiecen a hacer los deberes, que no empecemos a hacer una planificación, siempre dejando hueco y cupo al desarrollo de nuevas tecnologías. Todo esto que le acabo de contar viene apoyado, además, por la directiva europea del pasado 30 de noviembre, que viene a hablar de más renovables y de menos emisiones de gases de efecto invernadero. La energía para Ciudadanos es un asunto de Estado, por lo cual hay que acabar con la improvisación, y no la del Gobierno saliente, la del entrante o la de los que han estado en el pasado, sino la improvisación de políticas de Estado con el único fin de tener un rédito político inmediato. España genera dudas en cuanto a sus garantías en materia de política energética, en cuanto a la seguridad jurídica y, además, es el país que más demandas tiene en tribunales internacionales respecto a la retroactividad que se ha aplicado por una legislación determinada. Voy a citar las declaraciones de un comisario europeo, el señor Arias Cañete, exministro del Partido Popular, además, que decía que la irreversibilidad del proceso de transición energética es evidente; que se tiene que llevar a cabo con mayor generación de fuentes renovables y con mayor eficiencia energética. Y hablaba de autoconsumo, del autoconsumidor como el motor de la transición energética no solo de este país sino de Europa. Por eso tenemos que hablar de autoconsumo - imagino que lo suponía -. La Comisión Europea nos dice que se tiene que regular con unas condiciones no discriminatorias. Nos dice que el autoconsumidor tiene que estar exento de cargos desproporcionados y, además, nos insta a remunerar al autoconsumidor a precio de mercado. Yo creo que en esto estaremos de acuerdo. Claro que, cuando venimos a España, nos damos cuenta de que lo que se dice en Bruselas rompe la realidad española, porque en España los gestos que se han tenido ha sido ese Real Decreto 900/2015, que no es que haya intentado castrar a los autoconsumidores, sino que ha intentado que desaparezcan, llegando a prohibir incluso el autoconsumo colectivo y creando ese famoso, conocido denominado impuesto al sol, cuya eliminación, por otra parte, usted mismo acordó con nosotros en agosto; así que entiendo que, como ha sido su propia palabra la que ha firmado ese acuerdo, no tendrá ningún inconveniente en cumplirlo, porque nosotros sí que hemos cumplido ese acuerdo y estamos esperando a ver si ustedes también lo hacen. El Gobierno, además, estableció una legislación que no solo no impulsa el autoconsumo, sino que lo limita y, como ya he dicho, acaba siendo la rémora del sistema, la rémora del autoconsumidor. Hay un consenso amplio con todas las fuerzas políticas de la oposición, con lo cual, señor ministro, al final toda la Cámara tendrá que elegir si quiere un proceso de diálogo para llegar a una regulación efectiva en materia de autoconsumo o, si por el contrario, se tendrá que mover desde la oposición. Al final, decidirá si quiere dialogar o si no quiere dialogar. El Gobierno, y usted, en concreto, cuando hablan de autoconsumo hablan de élite. ¿Qué élite?, porque los argumentos son inexactos. Hay que decir que el autoconsumidor contribuye en el sistema como otro consumidor; de hecho, paga esos costes fijos, ese 75 % de la factura eléctrica. Luego, el señor ministro vendrá y nos dirá que todos queremos subir la luz menos ellos, pero está claro que lo que ha subido de la factura de la luz, ese 75 % del coste fijo, lo han aumentado incluso más de un 30 %. Hay que ser eficientes, hay que apostar por el autoconsumo. ¿De qué nos sirve a todos que se detecten patrones de consumo eficiente? ¿De qué nos sirve a todos, señor ministro, que las personas intenten reducir su consumo si, al final, como el cajón de sastre de la factura eléctrica, van a seguir incrementando los costes fijos? Da exactamente igual si no encendemos nunca la luz en casa porque, de manera inmediata, va a seguir subiendo el recibo. Los ciudadanos no saben lo que pagan porque nadie les ha explicado bien qué es todo ese cajón de sastre, que es la factura de la luz. Tenemos que empezar por ahí. Ayer comentamos que es necesaria una auditoría de esa factura eléctrica. Se está discriminando a un colectivo, en este caso al del autoconsumo, porque el autoconsumidor no es un productor. Si usted en su casa tiene el privilegio de tener un jardín y un bello naranjo, nadie de nosotros, señoría, pensará que usted es un productor, que usted es un agricultor, porque usted solo tiene un naranjo. Pues, entiendo, señoría, que porque uno tenga una placa fotovoltaica en su casa no puede ser considerado tampoco un productor. Aquí no se está hablando de élites; aquí se está hablando de derechos y de que a uno no se le puede catalogar. Además, no lo digo yo. La Comisión Europea dice que una instalación menor a 10 megavatios no se puede considerar como un productor. Con lo cual, al final, estamos intentando mezclar temas para hablar de lo que no toca. Nos topamos con la Administración y nos topamos con la burocracia, que algunas personas, coloquialmente, pueden incluso llegar a llamarla burrocracia, porque se establecen distintos aspectos en la Administración para que no se puedan inscribir instalaciones. La Administración tiene que funcionar de manera eficiente, y lo que está haciendo con toda esta amalgama de trabas que se han puesto es evitar que los autoconsumidores se puedan registrar. Hay una cosa en la que estamos muy de acuerdo: es necesario que exista un registro, porque es necesario saber cuánta potencia instalada se tiene en el país. Pero lo que no hay que hacer es poner problemas para que alguien no pueda declarar la potencia que tiene instalada, o intentar ponerle trabas para que decida agotarse por el camino y no acabar instalando su sistema. El secretario de Estado de Energía, el año pasado, hablaba también de que el autoconsumo no es eficiencia. Discrepo, y desde mi formación discrepamos porque el autoconsumo, al final, lo que hace es reducir la demanda de energía generada por fuentes convencionales. Es decir, se reducen las emisiones. Así como Europa reduce un 2 % en emisiones de generación, España sube. Los datos del Gobierno son: en 2014 España aumenta un 0,5 %, en 2015 España aumenta un 3,2 % en emisiones por generación eléctrica. Señor ministro, a lo mejor sí que hay que considerar que el autoconsumo es una patita más para ir hacia esa transición energética y reducir esas emisiones, porque España va en dirección opuesta a cómo va la Comunidad y la Comisión Europea. Europa dice que el autoconsumo y la eficiencia energética son claves para el proceso de la transición energética. Creo que la mayoría de sus señorías comparten esta opinión también. Lo que yo no entiendo y lo que no entiende Ciudadanos es la cabezonería del Gobierno por intentar poner vallas al campo en este tema. De verdad que no lo entendemos. Todos queremos que bajen los precios de la luz, todos, de verdad. Por eso, tenemos que trabajar juntos. Y hablando de generación descentralizada se crea más competencia, con lo cual habrá más agentes en el mercado y se podrá competir por un mejor precio. Es la ley de mercado, no me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando Ciudadanos. Esperamos que cumplan ese acuerdo, que se sienten, que hablemos de que el impuesto al sol tiene que acabar. También hay un aspecto que Ciudadanos tiene claro y que el Gobierno español ha desechado, y es la relación o la influencia que puede tener el autoconsumo con los consumidores vulnerable, que estos días se ha hablado mucho de ello. Países como Estados Unidos y Reino Unido han legislado, han creado programas para favorecer a los consumidores vulnerables a través del autoconsumo. ¿Por qué España desecha esa opción? ¿Por qué España prohíbe ese tipo de generación? ¿Por qué España prohíbe esa convergencia o ese diálogo entre distintas formas de generar? Ciudadanos está seguro de que España puede liderar el proceso de transición energética. No solo tiene que haber voluntad; tenemos que querer hacerlo. Tenemos tecnología suficiente, podemos apostar por más ciudades inteligentes, por redes inteligentes y por algo que al Gobierno parece que le da miedo, que es la descentralización de la generación. Hay que suprimir el impuesto al sol, aprobar el autoconsumo colectivo, que es necesario, y sobre todo establecer también fuentes de diálogo con comunidades autónomas. Es necesario que se fomente la generación distribuida, y para eso y para no chocar con competencias autonómicas, es necesario que se fomente el diálogo. Me sobra tiempo, pero creo que he sido bastante concisa y quiero cerrar mi intervención con una frase literal del comisario europeo Arias Cañete, que es de su partido, que es de su formación y que ha sido ministro del Gobierno saliente. La frase es la siguiente: Los consumidores son los auténticos impulsores del proceso de transición energética. Deben tener la capacidad para generar su propia energía y para distribuir sus excedentes a la red. Yo espero que no piensen diferente cuando están España que cuando viajan a Bruselas y que a partir de hoy sea una realidad que se acabe el impuesto al sol en este país y que iniciemos una hoja de ruta hacia la transición energética. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rodríguez. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Gracias, presidente. Gracias, señora Rodríguez. Ha tratado muchos temas. Estuvimos ayer hablando cinco horas sobre estas cuestiones en Comisión y creo que es bueno que también aquí en el Pleno podamos puntualizar alguna de las cuestiones. Me ha hablado de cómo va a ser la transición energética en España. Sabe que tenemos elaborar el plan nacional, que es complejo, y además lo tendremos que hacer en función de cómo se apruebe el paquete de la Comisión Europea, porque lo que ha habido no es una directiva sino la mera comunicación de una serie de paquetes legislativos y de otro tipo que tendrán que discutirse a nivel de Consejo y después con el Parlamento Europeo en codecisión. Por tanto, tendremos que ir viendo cómo va el proceso legislativo y al mismo tiempo ir elaborando el plan nacional, que, como les dije ayer, entiendo que todos los grupos políticos tienen interés en colaborar, en participar y en tener algún tipo de diálogo para este plan nacional. Ha versado casi toda su intervención sobre el tema del autoconsumo. Creo que es importante hacer una serie de puntualizaciones, porque estoy esencialmente de acuerdo en lo que ha dicho, lo que pasa es que hay determinados elementos, conceptos o menciones en los que probablemente tendríamos una discrepancia. Creo que son fáciles de resolver, porque es cuestión de cómo se explican las cosas. En primer lugar, en España claro que se puede ser consumidor y no productor; de hecho, tenemos dos tipos de autoconsumidores: el suministro con autoconsumo, que no tiene característica de productor - eso es lo que ahora mismo está en vigor - y la producción con autoconsumo, que sí que lo tiene; eso vierte a la red y cobra. De entrada, lo tenemos establecido así, otra cuestión es que lo podemos modular o lo podemos modificar en función de lo que nos vayan diciendo las directivas. Me ha citado el acuerdo de las dos formaciones. A mí también me gusta cumplir los acuerdos; además, este acuerdo lo hicimos entre usted y yo. Dice literalmente: Se eliminarán las dificultades que pudieran existir - esto es muy importante, porque hay que mirar si existen o no existen - al autoconsumo eléctrico eficiente - también es muy importante la palabra eficiente, que esencialmente quiere decir una cosa: que no añade costes al sistema o que unos consumidores no trasladan sus costes a los demás. Eso es lo que por lo menos yo entiendo por eficiente cuando lo pacté con ustedes -, coloquialmente conocido como impuesto al sol, con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala. A mí me parece que es un acuerdo bueno, porque recoge la palabra 'hubiera' - vamos a ver qué hay y qué no hay - y, en segundo lugar, habla de la palabra 'eficiente', que es lo que realmente importa. Esto es lo que nos ha dicho precisamente la Comisión Europea en su comunicación. Nos dice: No discriminación, que todo el mundo tenga derecho a poder vender. Y también nos dice que las cargas tienen que estar relacionadas con los costes y ser proporcionadas. Esto es lo que realmente importa. Esto está recogido en la comunicación de la Comisión, pero si nos vamos a lo que nos ha dicho el Consejo de Reguladores Europeos, el CEER - para que nos entendamos, la reunión de las CNMC a nivel europeo - nos dice más, porque tiene una guía de actuación en buena regulación de autoconsumo, y en esa guía dice varias cosas. En primer lugar, los autoconsumidores conectados a la red eléctrica deben hacer frente a los costes del sistema, de la misma manera que los consumidores que confían exclusivamente en la red para su suministro de energía. Es decir, nos tenemos que centrar en financiar los costes del sistema, tenemos que pagar aquello que consumamos y no consumamos, porque es el sistema el que está a nuestra disposición, y ahora hablaré de esto. Tenemos que poner en la misma posición a los que consumen solamente de la red y a los que tienen capacidad de autoconsumir. Lo segundo que nos dice el consejo de reguladores es: se deben evitar los incentivos perversos y las subvenciones cruzadas entre consumidores. Es decir, se tiene que evitar en la angulación de autoconsumo que por el hecho de cómo se defina o cómo se establezca, unos consumidores acaben pagando los gastos o los costes de otros. En tercer lugar, nos dice que se debe evitar el balance neto; estamos entendiendo el balance neto en términos físicos. En eso estamos perfectamente de acuerdo e incluso la Comisión Europea lo ha dicho claramente, que si es económico comprar y vender a precio de mercado, no hay ningún problema. En eso no tenemos tampoco ningún problema. Y por último, que se debe llevar un registro de instalaciones de autoconsumo por muchas razones, por gestión del sistema y también por motivos de seguridad. Todos entendemos que si por las calderas que tenemos en casa de gas hay un registro y unas inspecciones, lo mismo tiene que haber en las instalaciones eléctricas de complejidad, como es el autoconsumo. Por tanto, ¿qué tenemos que entender por cargos proporcionales entre los que consumen solamente tirando de la red, comprando de la red, o aquellos que tienen una mayor complejidad con una instalación de autoconsumo? Aquí es donde creo que quizá la argumentación que hice el día de ayer no la he terminado de afinar adecuadamente. En el recibo de la luz pagamos dos cosas: una, tener un sistema eléctrico a nuestra disposición. Evidentemente, aunque no consumamos electricidad cuesta dinero tener unas redes que llegan hasta nuestras casas, cuesta dinero tener la red de alta tensión y sobre todo estamos pagando entre todos determinadas decisiones políticas del pasado. Estamos pagando - creo que razonablemente bien - la solidaridad territorial con aquellos territorios que tienen un coste muy alto por producir y generar electricidad, que son esencialmente Canarias, Ceuta y Melilla, que al estar separadas del territorio peninsular tienen una dificultad y pagan exactamente el mismo coste de la electricidad que el resto del país. Esto cuesta unos 1.800 millones de euros, que entre todos estamos pagando. La primera pregunta es: ¿deben los autoconsumidores participar en el apoyo a la energía extrapeninsular, subvencionar, apoyar el coste de la energía en Canarias, Ceuta y Melilla? ¿Deben los autoconsumidores pagar esto, sí o no? Esta es una pregunta muy importante. El Gobierno piensa que sí, que todos los que participamos en el sistema debemos participar en esta solidaridad territorial. El segundo elemento que tenemos es la deuda que se generó en el sistema eléctrico debido a que se generó un fuerte déficit tarifario todos los años, que llegó a alcanzar los 10.000 millones de euros y que generó una deuda en total cercana a los 30.000 millones de euros. ¿Deben los autoconsumidores participar también en el pago de esa deuda, puesto que en su día también fueron agentes que participaron en un sistema que generó esa deuda? El Gobierno opina que sí. En tercer lugar, el tercer elemento que está dentro de esos costes generales del sistema es el apoyo a la lucha contra el cambio climático y el pago de las primas de las renovables. Antes me decía usted que no debe haber actuaciones energéticas para obtener rédito político. ¿Qué se entiende por rédito político? Por ejemplo, desplegar tecnologías inmaduras, demasiado pronto, que son muy caras. Podemos estar ante un caso de esto, en función de determinados planteamientos, que todavía la tecnología no esté suficientemente madura y claro que se está buscando algún tipo de subvención para instalarla. ¿Deben pagar los autoconsumidores también la parte que pagamos entre todos de lucha contra el cambio climático en primas de las renovables? El Gobierno opina que también. Por último, ¿deben los autoconsumidores pagar una red que está a su disposición, la usen o no, como el resto de los consumidores? Yo creo que en esto todo el mundo está de acuerdo, que las partes fijas del sistema, las tres que he dicho en cargos, es decir, la solidaridad extrapeninsular, el apoyo a las renovables y la financiación y amortización de la deuda, junto con las redes de transporte y distribución, todo eso en su conjunto es lo que nos permite a todos los españoles llegar a casa, encender un interruptor y empezar a consumir, pero eso cuesta dinero, cuesta unos 18.000 millones de euros. ¿Qué problema hay? Que esos 18.000 millones de euros no se pagan íntegramente con la parte fija del recibo. Cuando nosotros pagamos el recibo mensual, en la parte fija del recibo no estamos pagando todo lo que permite que el sistema esté en marcha, que el sistema esté ahí para poderlo utilizar todos nosotros. Hay razones históricas de esto, pero esencialmente hay determinados sectores económicos - los regantes, los hoteles de temporada, determinadas industrias que tienen mucha estacionalidad - a los que si se les hiciese pagar el cien por cien del coste fijo del sistema tendrían un problema muy serio de viabilidad económica. Usted puede pensar que no, que este tipo de industrias y sectores paguen el cien por cien en su factura fija y, por tanto, no tendríamos ningún problema con lo que ustedes llaman el impuesto al sol. Eso sería verdad. Si subimos el término de potencia, si subimos la parte fija del recibo para igualarlo a los costes fijos generales del sistema no habría tal cosa como un impuesto al sol, pero dañaríamos profundamente a sectores muy arraigados y muy importantes en la sociedad y en la economía española. Esa es una opción. Ustedes me dirán: queremos suprimir el impuesto al sol. Sí, ¿pero entonces quién paga aquella parte del coste fijo del sistema que se está pagando ahora mismo con la energía que se consume y no con la parte fija del recibo? ¿Quién pagaría esa parte que los autoconsumidores no pagan? ¿Quién pagaría la parte de renovables, de extrapeninsular, de amortización de deuda y de redes que los autoconsumidores si no tuviesen lo que ustedes llaman el impuesto al sol, el cargo transitorio, no pagan? ¿Quién lo pagaría? Esa es la pregunta que me gustaría hacerles, porque si queremos que no se pague a través de la parte fija del recibo generaremos un daño fortísimo a determinados sectores económicos y si no lo que tenemos que hacer es este cargo compensatorio, que, por cierto, existe exactamente igual en países como Dinamarca, Alemania e Italia y en Estados tan avanzados en el despliegue de renovables en Estados Unidos como Nevada y Hawái, por poner ejemplos de países que han hecho exactamente lo mismo. Pero es más, si no pusiésemos este llamado impuesto al sol que compensase y colocase en situación de igualdad al consumidor que tira de la red en el pago del conjunto de los costes fijos del sistema con los autoconsumidores, incumpliríamos, en primer lugar, la propia normativa que nos está proponiendo la Unión Europea, que dice que tiene que haber cargos en función de los costes efectivos. En segundo lugar, incumpliríamos claramente la recomendación que nos ha hecho el consejo de reguladores sobre qué tipo de regulación tenemos que hacer con el autoconsumo, porque tendríamos a determinados consumidores que no participan al cien por cien, todo lo que debieran, en la financiación de la parte fija del sistema y se lo están trasladando a otros consumidores. Y ahí, ¿quién puede hacerlo? Es otro tema interesante que usted también ha sacado a colación. ¿Quién puede hacerlo? Lo pueden hacer aquellos que pueden tener muchas placas fotovoltaicas en su tejado: viviendas amplias que tengan mucha superficie de tejado, grandes centros comerciales o grandes centros industriales. ¿Quién no puede hacerlo? Un pequeño comercio, un taller o una pequeña instalación de servicios, por ejemplo de hostelería, que estuviese dentro de la ciudad. Y desde luego quien no puede hacerlo es la gente que vive en bloques de pisos porque tienen muy poquita azotea y esa poquita azotea dividida entre varios. Estoy de acuerdo con usted en que hay cosas que podemos mejorar en el autoconsumo. Por ejemplo, la posibilidad de agregación es necesario mejorarla, la posibilidad de almacenamiento se puede regular de una forma más benigna y también podemos flexibilizar algunos requisitos de conexiones a las instalaciones existentes. Por cierto, darse de alta en el registro es entrar en Internet. Es poner los datos de dónde está la placa, el nombre y poquito más. Darse de alta en el registro se hace en dos minutos por Internet. La simplificación de exigencias de medida para las instalaciones de autoconsumo en media potencia también se puede hacer, así como la flexibilización de los trámites de acceso y conexión a las instalaciones de autoconsumo cuando no vaya a haber vertido en la red. Todo esto se puede hacer y además podemos pensar que cuando necesitemos crear nuevas redes, cuando se necesite llevar el sistema a una zona que no está suficientemente cubierta, a lo mejor se tiene que hacer un estudio para ver si el autoconsumo más el despliegue de una red débil sale rentable. Esto está por hacer y tiene usted razón en que podemos mejorarlo; si una nueva instalación con autoconsumo y una red más débil, una red menos densa y por tanto menos costosa, sale mucho más barato, estaríamos hablando de lo que le he dicho anteriormente, de autoconsumo eficiente. Ahora bien, determinados planteamientos no son eficientes porque no cumplen con lo que nos recomienda el consejo de reguladores, no cumplen con lo que nos propone la directiva y traslada costes de unos consumidores a otros, porque solamente con la parte fija del recibo no se paga el cien por cien del coste fijo del sistema, aquello que tenemos que pagar se consuma o no. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
Señor ministro, ¿sabe por qué empezamos siempre mal? Por portadas como esta que les muestro en la que el anterior secretario de Estado dice que los autoconsumidores son los depredadores del sistema. Por eso tenemos los debates que estamos teniendo hoy. Que sea complejo no implica que no se tenga que hacer. Por supuesto que yo entiendo que gobernar no es fácil y tiene que haber un Gobierno ¿o no? Habla de autoconsumo eficiente e intenta hablar de teorías maximalistas diciendo que hay instalaciones en las viviendas que no son eficientes; ayer citaba además instalaciones biarticuladas y con sensores de seguimiento. Tengo que decirle que la eficiencia de una instalación no solo va ligada a las horas de productividad, sino también al transporte. Muchas veces un sistema más pequeño en una vivienda con un transporte directo es muchísimo más eficiente que una instalación determinada que tiene pérdidas en el transporte. Así que no podemos deducir que el autoconsumo eficiente es solo una tipología y no otra. ¿Aquí quien ha hablado de subvenciones? Aquí nadie ha hablado de subvenciones que yo sepa. Aquí se ha dicho que se tiene que derogar el impuesto al sol; y agradezco y celebro que reconozca que existe, porque hasta hace unos meses no reconocían que existiese. Nadie ha hablado de subvenciones. Aquí se está hablando de que se les deje instalar y autoproducir. Hablaba de casos prácticos y siempre nos da muchísimos datos técnicos y muchísimos números para intentar que nos perdamos en el limbo. Vamos a poner un ejemplo. Los autoconsumidores pagan el coste fijo, pagan hoy en día el 70 % de los costes fijos de la factura; y luego vamos a entrar a hablar de si solo se paga lo que usted dijo o la factura eléctrica es un cajón de sastre, como ya dije antes. Una instalación dimensionada acorde con la potencia que necesita tiene un autoconsumo de un 35 % de la energía que produce y adquiere de la red un 65 %, porque, como usted bien sabe, el recurso solar es el que es y hay períodos del día que no lo tienen. Perfecto. En cómputo general lo que dejarían de aportar estos autoconsumidores sería un 10 % de ese 30 % destinado al consumo, es decir, 25 millones de euros en total. Usted acaba de decir que el sistema son 18.000 millones de euros. Si relacionamos 25 millones de euros con más de 18.000 millones de euros, creo que no es un argumento suficientemente potente para decir que los autoconsumidores hacen peligrar la estabilidad del sistema. Y muchísimo menos intente atribuir la responsabilidad a los autoconsumidores de los costes extrapeninsulares, de las renovables o de las políticas nefastas que se han hecho hasta el momento, porque sí se ha improvisado y han improvisado todos. No pasa nada por reconocerlo. Nosotros no estamos aquí para seguir hablando de herencia, como hacen ustedes; estamos aquí para dar soluciones a los problemas de hoy, porque este problema hace veinte años no existía. Además, cuando habla de extrapeninsulares me siento identificada, porque yo soy extrapeninsular, yo soy de Canarias, y allí cuesta generar cuatro veces más, porque no se han aplicado políticas energéticas que apuesten por un modelo renovable, porque se está combustionando diesel, porque se está contaminando, aunque tenemos todos los recursos naturales posibles para cambiar de modelo energético. Ya que usted se preocupa tanto por los costes extrapeninsulares, también le tengo que decir que en ese real decreto se penaliza la producción de las desaladoras que funcionan en régimen de autoconsumo. ¿Cuál es el problema de que generen cuatro veces por debajo del precio que cuesta generar en Canarias? ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo. Podemos decidir seguir hablando de herencia, de problemas y de diferencias entre partidos políticos, pero nosotros queremos que se regule el autoconsumo, que se vaya hacia un modelo eficiente y, finalmente, señor ministro, que se deje de dar la espalda a Europa, que es lo que está haciendo. Estamos dispuestos a seguir con esta lucha y creo que la mayoría del arco parlamentario también. Usted decide si quiere unirse y si quiere que salga un consenso de esta Cámara o si, por el contrario, quiere que se apruebe solo desde una parte de la Cámara. Teniendo en cuenta las declaraciones de su propio partido en Bruselas y de sus propios comisarios europeos, que tienen una tendencia opuesta a la de su partido en este país, es mejor que nos sentemos a hablar, que intentemos llegar a puntos en común y, sobre todo, que no sigamos con la demagogia intentando cargar con responsabilidades a los de hoy por políticas que se hicieron mal ayer. Hay que mirar hacia el futuro, señor ministro. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rodríguez. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Señora Rodríguez, me lo acaba de decir, me lo acaba de reconocer. Con sus cifras, 25 millones, aunque las que nosotros barajamos son sustancialmente mayores. ¿Esos 25 millones quién los pagaría? Es decir, eso que dejan de pagar los autoconsumidores, que es del sistema de todos, a quién se lo endosamos, ¿a los demás, no? Eso se llama subvención cruzada en ingeniería. Si hay 25 millones del sistema - con sus cifras y con su reconocimiento - que no están pagando los autoconsumidores y que forman parte de la financiación del conjunto del sistema de todos, ¿quién lo paga? Lo van a pagar quienes no pueden autoconsumir; es así, usted misma lo ha reconocido. Y eso hoy, con el nivel de autoconsumo que hay, e irá incrementándose. ¿Entonces esa cifra a dónde llega? A 250, a 500, a 1.000... ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde producimos esa subvención de unos a otros? No es tal el impuesto al sol, sino que es evitar que unos consumidores reciban una subvención de otros. Es sencillamente eso, es poner en equilibrio a unos y otros, es cumplir con lo que nos está diciendo que debemos hacer el Consejo de Reguladores de la Unión Europea a la hora de regular esto. Usted misma lo ha dicho: existe esa pérdida de financiación por parte del sistema y por parte del sistema fijo en cuanto existe el autoconsumo. Podemos hacer otra cosa. No es demagogia, son sencillamente cuentas, es sencillamente análisis técnico. Lo estaba diciendo usted anteriormente. Si nosotros permitimos que esa parte no se financie, ¿quién lo va a financiar? La Unión Europea nos dice que tenemos que poner a los consumidores en igualdad de condiciones, no que tenga una situación de ventaja aquel que autoconsume respecto del que no autoconsume, tienen que ser todos iguales a la hora de contribuir al sistema. Tiene usted razón cuando dice que el autoconsumo, cuando es cercano, tiene la fuente de generación cerca de la fuente de consumo, y nos ahorramos la distribución y el transporte. De acuerdo, pero eso en el caso de que la red se vaya a poner nueva, porque si la red ya existe, si la red se puso a disposición de todo el mundo, para todo el mundo y que distribuye electricidad para todos aquellos que estén en esa zona, sean autoconsumidores o no, la tendrán que pagar entre todos y no unos con más y otros con menos. Es muy injusto un planteamiento en el que, como usted dice, los demás consumidores pagan 25 millones a los que puedan autoconsumir. No es justo y no es eficiente, es así. Por otra parte usted dice que podemos revisar si el propio cargo es excesivo o no. Eso se puede hacer, porque tiene que ser un cargo compensatorio, y es lo que la propia normativa europea nos va a decir, que tiene que tener meramente efecto compensatorio, un efecto de evitar discriminaciones, evitar desigualdades entre diferentes consumidores y entre diferentes no consumidores. ¿Se pueden agrupar consumidores para poder tener una oferta más concentrada? También se puede hacer. Es verdad que hoy en día el real decreto lo prohíbe, pero esto se tiene que revisar en un futuro. Con lo cual es un tema en el que hay que trabajar. Ahora bien, entiéndame, sea una cantidad mayor o menor, a mí no me parece adecuado que unos consumidores paguen una parte del coste fijo del sistema a otros, no me parece adecuado por muy pequeña que diga usted que sea la cifra, que no es tan pequeña y podría ser sustancialmente mayor. [[La señora]] Francamente, señora Rodríguez, ya me ha dado el argumento. Yo no voy a ahondar más en él. Si tenemos el problema de que unos consumidores van a pagar lo que les corresponde a otros tendremos que evitarlo y tendremos que compensarlo. [[Denegación]] No sé por qué me dice que no, si me acaba de decir que esa cifra existe, precisamente porque la parte fija del recibo no paga el cien por cien del coste fijo del sistema; es así de claro, no lo paga. Lo podríamos hacer, hay gente que opina que deberíamos subir la parte fija del recibo para que equivaliese a esos 18.000 millones de euros de coste fijo del sistema. Hay gente que opina esto; ahora bien, explíquele eso a los regantes, explíqueselo a las estaciones de esquí, explíqueselo a una industria turronera o de helados, que tienen una operación estacional muy fuerte. Yo creo que es muy difícil explicarles que porque no queremos hacer una regulación que iguale a unos consumidores con otros autoconsumidores la única manera de evitar que esta desigualdad se produzca es que subamos sustancialmente la parte fija del recibo, para que no haya tal posibilidad de subvención entre los mismos. Francamente me parece que es muy mala solución. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos a continuación a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes que no se pudieron sustanciar en la sesión del martes. Recuerdo a sus señorías que la votación de las mismas se producirá en la sesión de mañana. Corresponde en primer lugar debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores. Por el grupo parlamentario autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Subo al estrado a defender la moción consecuencia de la interpelación que la semana pasada mi grupo le hizo a la ministra de Sanidad, tras el preocupante problema que ha acaecido, entre otras cosas porque el pasado 2 de noviembre una menor de doce años falleció en un hospital como consecuencia de un coma etílico. Hemos tenido más casos, el 27 de noviembre supimos que otra menor de trece años permanecía ingresada en estado grave por sufrir un coma etílico tras un botellón. Estos dos datos evidentemente son dos puntas de iceberg, pero que nos muestran que esta casuística es algo más que casual, que desgraciadamente tenemos una realidad, y es que desde hace algunos años asistimos a un incremento del consumo de grandes ingestas de alcohol en menores, concentradas en un corto periodo de tiempo para alcanzar rápidamente un alto nivel de embriaguez. Desgraciadamente esta es la realidad. Por lo tanto nosotros presentamos esta interpelación solicitando a la ministra que en el ámbito que a ella le compete haga algo desde la legislación, que el Gobierno se mueva y promueva una ley que pueda marcar medidas y pautas para erradicar esta problemática. Los datos de menores ingresados, que en cada comunidad autónoma cada vez son más, un incremento del consumo de alcohol en menores descontrolado, y la ausencia de un marco legal estatal en la materia, son las bases para que nosotros hayamos presentado esta moción. Pusimos como ejemplo la semana pasada en nuestra intervención la Ley de Adicciones que se aprobó en Euskadi el año pasado, y que el Gobierno, que dice defender esta materia, tiene recurrida. Una más que tiene recurrida. Esperamos que en algún momento se solvente y se desbloquee ese tema, porque el hecho es que una ley tan avanzada, tan progresista, que marca pautas que nadie se ha atrevido a marcar en esta materia, como es la Ley de Adicciones de Euskadi, el Gobierno español la tiene recurrida. Una vez más una contradicción. En cualquier caso la poníamos como ejemplo porque en esa ley podemos apreciar pasos y avances en materia de publicidad, de control, etcétera, que creemos que podrían ser válidos para un marco legislativo del Estado en la materia que le compete. Y la ministra en la interpelación se comprometió, y no solo eso, sino que hizo algo así como decirme que le encantaba que le hiciera esta interpelación porque iba a sacar el regalo que tenía preparado. ¿Y cuál era? Cuando se le dijo que el año pasado la ministra Ana Mato anunció que iba a preparar una ley con esta materia, y que hasta aquí habíamos llegado porque no habíamos vuelto a saber nada más de esa ley, la actual ministra dijo que efectivamente no fueron capaces de hacerla pero ahora la iba a hacer ella. Yo la verdad es que me alegro, y además la creo porque ha dicho la ministra que la va a hacer y en los términos en que la va a hacer. Hemos presentado esta moción con cuatro puntos, que son muy sencillos y muy claros. Por una parte creemos que el eje prioritario del ministerio en esta materia ha de ser debatido en el consejo interterritorial, que es el foro donde deben tratar esta materia que hasta ahora nunca han tratado - cosa que nos extrañaba mucho -. También creemos que en el plazo máximo de seis meses, con un consenso con los agentes sociales y en colaboración con las comunidades autónomas, hay que realizar un informe multidisciplinar realizado sobre unas bases comunes - y fijadas con las comunidades autónomas, como decía - sobre el consumo de alcohol en los jóvenes menores, y este informe ha de presentarse en estas Cortes. Como tercer punto creíamos que, hecho este diagnóstico, era el momento de presentar un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de reducir el consumo de alcohol en menores, que respetando escrupulosamente las competencias contemple, entre otras, medidas para prohibir o limitar la publicidad del alcohol, tanto directa como indirecta, en medios de comunicación de difusión en todo el territorio del Estado y en las redes sociales. Por último decíamos que, en paralelo, han de realizarse duras campañas de choque - tal y como se han realizado en otras materias y que tan buen resultado han obtenido - para sensibilizar sobre los riesgos que conlleva el consumo de alcohol en menores. Esto es lo que hemos presentado. Hemos tenido una enmienda de Foro Asturias, que agradecemos y que vamos a aceptar, en la cual se dice que hay que incorporar el buen trabajo desarrollado en la Comisión sobre Drogas, dada la importancia del mismo. El Partido Popular nos ha presentado otras y en un principio nosotros consideramos que no aportan nada sustancial que no esté ya en la moción que hemos presentado. Además no solo no aportan nada superior, sino que omiten cuestiones que para nosotros son fundamentales. ¿Por qué no quieren que se incorpore este tema al consejo interterritorial? ¿Por qué no quieren que se realice el informe? ¿Por qué consideran que no hay que ser tan explícitos a la hora de solicitar la prohibición de la publicidad, como decía, en medios escritos y en redes sociales? ¿Por qué no se explicita si lo que queremos es precisamente eso? No dudamos del compromiso del Gobierno, pero no creemos que aporte nada que no contemple la moción original y vamos a defenderla en su integridad. Por lo tanto mi grupo solicita la confianza de la Cámara y el apoyo a esta moción para poder contar con una ley que desde el ámbito estatal genere un marco de limitaciones en diversas materias que no son competencia de las comunidades autónomas, con el objetivo de reducir el grave problema del consumo de alcohol en menores. Si queremos verdaderamente una sociedad con una juventud más sana, más creativa, más participativa, y en el fondo más libre, debemos ofrecer las condiciones para que eso sea así, condiciones de ocio, etcétera, que no hagan que el eje central del ocio en la juventud y en menores sea el alcohol. No podemos basar por lo tanto el ocio de la juventud en el mero hecho del abusivo consumo de alcohol, y si eso es así, si esa constatación verdaderamente es así, algo falla y seremos los responsables de sus consecuencias. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Me alegra que esta mañana en la tribuna haya algunos espectadores jóvenes, porque este asunto va encaminado justamente hacia nuestra juventud. Ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco un asunto sin duda muy preocupante. En España continúa aumentando el número de menores que consumen alcohol y a la par mengua la edad de incorporación al consumo de bebidas con graduación, así como a otras sustancias psicoadictivas. Es por lo tanto cuestión de emergencia tratar de reducir el acceso de los menores a las bebidas alcohólicas, de tasar el inicio de estos en su consumo al objeto de proteger su salud, y evitar que un consumo temprano como consecuencia de una falta de percepción real del riesgo comporte una adicción o una dependencia posterior. Señorías, el fenómeno del aumento del consumo de alcohol y otras drogas entre niños, adolescentes y jóvenes no es nuevo y ha venido siendo objeto de amplia atención parlamentaria en los últimos años; de hecho las Cortes Generales ya han trabajado específicamente sobre esta cuestión a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, y cabe señalar que sobre los efectos nocivos de las drogas en la salud de nuestros jóvenes hay incluso un interesantísimo informe específico, que fue elaborado por una ponencia creada en la VIII Legislatura, en 2007, informe que es de gran relevancia y que mantiene toda la vigencia. De ahí que haya presentado una enmienda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, que el diputado señor Agirretxea Urresti ha comunicado que va a aceptar, lo que le agradezco. Es un punto añadido al texto de la moción original que pone en valor los trabajos de nuestros predecesores en las Cortes, porque resulta eficiente aprovechar la extraordinaria labor parlamentaria que se hizo en esta materia, arropada por magníficos expertos, y tomar en consideración unas recomendaciones realizadas y aprobadas por unanimidad. Es importante revalorizar la gran labor realizada en una materia como es la de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes, porque estaríamos perdiendo miserablemente el tiempo y los recursos de los españoles si nos limitáramos a crear comisiones y ponencias de estudio, citar a docenas de extraordinarios comparecientes y acto seguido poner fecha inmediata de caducidad a sus conclusiones. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Ahora tiene la palabra el señor Miquel i Valentí, también en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias. Es verdad que la situación no es grave, sino muy grave, no solo por estos dos casos que la iniciativa contempla, sino por este 30 % de menores de quince años que afirman haber probado el alcohol y que lo consumen con frecuencia, o el 51 % de los jóvenes menores de diecisiete años que afirman también haberlo probado y que lo consumen con frecuencia. Se ha instalado la idea entre los jóvenes de que las drogas y el tabaco son malos, y es verdad, y no se ha conseguido hacer la pedagogía suficiente para que consideren también el alcohol como uno de esos productos que producen malestar y daño a su salud. Por eso las leyes catalanas se han orientado siempre a hacer pedagogía y no a prohibir por prohibir. A esto es a lo que me voy a referir. Si es verdad que esta iniciativa deja muy claro que el ámbito competencial de las comunidades autónomas y del ministerio debe estar claramente delimitado, eso es como dar las llaves a un ladrón profesional y pedirle que no te robe en casa, porque sabemos que la ministra y el Gobierno son expertos entre otras cosas en invadir ámbitos competenciales, con lo cual si alguna cosa nos preocupa de esta iniciativa no es su sentido originario ni que no compartamos la necesidad de hacer más pedagogía entre los jóvenes de este país, para que el consumo de alcohol entre menores disminuya, sino dar a la ministra la posibilidad de que interfiera en las competencias de la comunidad autónoma catalana o de la Generalitat de Catalunya para que destruya una vez más una línea de flotación que es correcta, que nos está funcionando y que hace que hoy en Cataluña el índice de consumo en menores sea más bajo que la media estatal. Por eso nos sentimos preocupados por esta iniciativa, porque sabemos que la ministra es experta, como lo es el Gobierno, en invadir el ámbito competencial de la Generalitat, como lo es también en otras comunidades o en otros territorios del Estado. Por eso nuestro voto va a ser de abstención, no por el sentido del texto, sino por la preocupación que nos genera que la ministra pueda seguir interfiriendo en las políticas de la Generalitat de Catalunya. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Miquel i Valentí. Ahora tiene la palabra la señora Romero Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Señorías, es obvio que este grupo está de acuerdo con el objetivo de la moción, y así lo planteó la ministra en el debate de la interpelación. El Gobierno pretende hacer un proyecto de ley para evitar el consumo de alcohol en menores; queremos consumo cero de alcohol en menores. Hemos presentado unas enmiendas para intentar enriquecer y centrar un poco el asunto en la moción. En primer lugar, la primera enmienda que se presenta es para resaltar la labor ya realizada. Así lo ha comentado el portavoz de Foro Asturias, y se ha dicho que se va a admitir la enmienda, porque ya se ha realizado un trabajo previo en el Plan de acción sobre drogas 2013-2016. Hay un borrador de proyecto bastante avanzado y se ha trabajado mucho y bien por parte de este Gobierno. Otra enmienda es para centrarlo, porque el órgano competente es la Conferencia Sectorial del Plan nacional sobre drogas, y por eso se plantea la enmienda. La voluntad es tramitar el proyecto de ley con todo el consenso posible, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con todos los sectores afectados, y por supuesto en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado donde ya se ha realizado un gran trabajo para que todos los grupos políticos y todos los sectores puedan aportar. En la tercera enmienda retiramos el plazo de seis meses, porque creemos que retrasar la ley con los datos que tenemos encima de la mesa no sería bueno. La ministra daba explicación detallada de estos resultados y de la encuesta anual que existe desde 2011. La última nos decía que el 68 % de los jóvenes había consumido alcohol en el último mes. No estamos para retrasar seis meses, tenemos datos y el delegado del Gobierno en materia de drogas ha venido a explicarlos a esta Cámara. Los datos están en la página web, son públicos; incluso las comunidades autónomas tienen datos. En mi comunidad autónoma también existen los servicios de salud y los conocemos, hay que actuar ya. Pero queremos un proyecto normativo que sea de todos y cuente con todos. La cuarta de las enmiendas pretendía ampliar el objetivo de actuación y favorecer el consenso. Señorías, no solamente es la cuestión punitiva; estamos hablando de sensibilización, de concienciación, de que haya tolerancia cero, y sabemos que hoy en día existe tolerancia. Sorprende que solamente se cite una medida punitiva. Señoría, quienes hemos tenido responsabilidades en corporaciones locales, quienes nos hemos enfrentado al problema del botellón, del telebotellón - que ahí sí que acuden muchísimos menores - en la calle, quienes hemos visto problemas de salubridad, de seguridad, de convivencia, sabemos que muchas leyes, muchas ordenanzas y muchas medidas no han servido, aunque contuvieran medidas punitivas. En la prevención, en la sensibilización está el eje, pero tenemos que estar todos implicados, todas las comunidades autónomas, respetando por supuesto los ámbitos competenciales, y las corporaciones locales que también los tienen. Hemos de abordar un objetivo que tiene que ser consumo cero de alcohol en menores. Señorías, si me lo permiten diré que lo logramos con el tabaco. Yo recuerdo que cuando era adolescente y montaba en un autobús me encontraba a gente fumando; hoy en día es impensable en un servicio público. Si se ha conseguido eso, se podrá lograr entre todos con el alcohol. Este es un objetivo que tenemos, y que la ministra tiene muy claro que hay que cumplir. ¿Es un problema de legislación o es de cumplimiento de la misma? Es de implicar a todas y cada una de las personas de la sociedad. La última enmienda pretendía precisamente dejar claro el compromiso del Gobierno. Al haber un presupuesto y una dotación presupuestaria para este año, este Gobierno estaba diciendo muy claro que quería hacer la ley con todos, y que se comprometía a que fuera efectiva y real, y por eso poníamos que tuviera su dotación presupuestaria en 2016. Espero que se replantee la petición hecha con nuestras enmiendas tal y como la he explicado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Romero Rodríguez. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputadas y diputados, y especialmente al diputado Agirretxea que nos hace la presentación de una propuesta que en buena parte se basa en el impedimento que el Gobierno da al Gobierno vasco para sacar adelante una ley mucho más interesante, temo, que la que se puede hacer en esta Cámara, si se hace. Si hay algo positivo en los adolescentes, entre muchas cosas positivas que tienen - los jóvenes que hay hoy aquí no son adolescentes -, es su sinceridad y lo que abominan es la hipocresía. Tienen como un radar que encuentra al hipócrita con una facilidad asombrosa. En este país se considera el vino no como una droga, sino como un hecho cultural. ¿Se acuerdan del 'Viva el vino'? Afortunadamente se dejó la segunda parte, que también era habitual, hace muy poco. 'Viva el vino'. Llevo muchos años dando clases, y siempre he considerado que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Por eso cuando los adolescentes se separan del adulto, se dan cuenta de golpe y porrazo - eran niños - de que el ejemplo total y completo del adulto tiene contradicciones. Bienvenido es que nos lo digan. Me gusta mucho trabajar con adolescentes porque te obligan a cuestionarte ese sentimiento conservador que todos tenemos cuando avanzamos en edad. El País Vasco - y Cataluña también - ha hecho buenos programas intersectoriales, educativos, sanitarios, y continuamos con el mismo problema. Puede que no sea competencia solo de la ministra de Sanidad, puede que sea competencia cultural de esta Cámara decir: por qué no damos ejemplo, por qué no explicamos que el alcohol es una droga. Hace unos años, cuando en el Ayuntamiento de Girona era responsable de políticas sociales, vino la Federación española de bebidas espirituosas - ya saben esto de las empresas ahora de ser corresponsables - y me propuso un programa que muchos ayuntamientos han hecho, el programa del conductor sobrio. La alternativa no era que los jóvenes no se emborrachasen, sino que uno estuviese sobrio para conducir el coche. Fantástico. Les dije: Cuando al menos me traigan dos sobrios, a lo mejor hablamos, como mínimo dos, por favor. Y en eso estamos. No dudo que dentro de unos años subirá un diputado - espero, entre nosotros, que no sea de Esquerra Republicana porque tengamos ya Estado propio - y les dirá: Hemos de hacer algo porque los adolescentes beben mucho. No se consiguen milagros y en política por lo que veo menos. Se consiguen las cosas haciéndolas poco a poco, evaluándolas y haciéndonos todos corresponsables de los proyectos. Claro que se pueden hacer muchas cosas, claro que una mejor sanidad pública puede trabajar la prevención y la promoción de la salud, que es lo primero que se recorta en los programas. Claro que se puede mejorar el trabajo de muchos ayuntamientos. En Girona tenemos el Equip Municipal de Promoció de la Salut, tenemos el Centro Joven de Salud, que como daba gratuitamente condones se me acusó de sexo, drogas y rock and roll. [[Risas]] Ya saben que a algunas personas les cuesta usar la palabra condón, pero no porque les cuesten dejan de existir los problemas. Esto pasa mucho en la política española, yo no hablo del problema y el problema no existe. Lo que cierras con una puerta, entra por una ventana, y las ventanas en democracia, cierto, son grandes y que sigan grandes por mucho tiempo. Por último, amigas y amigos diputados, respecto a estos buenos propósitos, oía hace poco a un ministro del Interior hablar de sentimientos. ¡Un ministro del Interior hablando de sentimientos! Es bueno también practicarlos. [[El señor]] Si nosotros decimos a los jóvenes, a los amigos y las amigas que están aquí, que no beban, ¿por qué no nos lo aplicamos nosotros? Porque ayer... ¡Uf! [[Risas]] Es verdad. Ayer, a lo mejor, era un día de asueto. Ya se sabe que puede haber la confirmación de la regla, pero alguna cosa tendremos que hacer, porque en democracia hay ventanas y estamos en una pecera donde parece que no nos ven, pero nos ve todo dios. Amigos y amigas, ¡salud y República! [[Aplausos]]
Gracias, señor Olòriz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán Salmerón.
Gracias, señor presidente. Señorías, a todos los que estamos aquí en este Parlamento y a toda la sociedad nos ha impresionado conocer la muerte de una menor de doce años por culpa de un coma etílico. Pero lo más triste es que, desgraciadamente, esta noticia se volverá a repetir si no se toman medidas en esta Cámara. Según los últimos datos oficiales del Plan Nacional sobre Drogas, que fue en 2012, último año estudiado, más de la mitad de los jóvenes de dieciséis años se han emborrachado en el último año, pero es que uno de cada tres jóvenes lo ha hecho en el último mes. Y con respecto al patrón del consumo de alcohol en atracón, que consiste en ingerir cuatro o más bebidas alcohólicas en un periodo corto, o de una vez, con el objetivo de emborracharse, asusta comprobar que la mitad de los jóvenes de diecisiete años lo han practicado en el último mes. Según el Ministerio de Sanidad, las últimas investigaciones científicas han demostrado que el consumo de alcohol en la adolescencia, especialmente el consumo en atracón, puede afectar al sistema nervioso, limitando su potencial individual y su futuro. Y, como consecuencia, se producen alteraciones en las relaciones personales, en el rendimiento escolar, se producen comportamientos violentos y conductas peligrosas para la salud, como pueden ser las prácticas sexuales de riesgo o conducir bajo los efectos del alcohol. Ante estos hechos, y dada la diversidad de los problemas asociados con el alcohol, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará la moción planteada por el Grupo Parlamentario Vasco. Estimamos que es necesaria una acción integral destinada a reducir el uso nocivo del alcohol por los jóvenes. De esta forma, además, acabaremos con la situación actual de dispersión legislativa. En este documento [[muestra un documento]], que es la normativa estatal sobre la prevención de alcohol en los jóvenes, se puede comprobar que se recogen diecisiete normas estatales, que van desde la Ley de Seguridad Ciudadana hasta la Ley General de Publicidad. Por tanto, resulta absolutamente necesario unificar todas estas leyes e implementar otras en una sola. Al respecto de todo lo dicho, lo cierto y verdad es que el Gobierno, cuando ha tenido mayoría absoluta, no ha hecho absolutamente nada por remediarlo. Pero en esta legislatura el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a trabajar para defender la necesidad de prevenir la venta de alcohol a los menores de edad, así como para crear y apoyar entornos sin alcohol para los jóvenes o impulsar alternativas saludables para que los jóvenes, en su tiempo de ocio, puedan realizar otras prácticas que no sean el botellón. Nuestros jóvenes se pueden divertir y pueden disfrutar sin necesidad de emborracharse, sin necesidad de poner en peligro su vida, aunque haya algún grupo parlamentario en esta Cámara, en concreto el Grupo Parlamentario de Podemos, que no lo entienda. Y digo que ustedes no lo entienden porque la solución que plantean al problema es fomentarlo. ¿Cómo? De esta manera [[muestra una fotocopia]]: inaugurando el botellódromo internacional. ¿Esta es la manera que tienen ustedes de solucionar los problemas de los jóvenes en España? [[Aplausos]] No estamos ante un juego, estamos ante un problema real y, como tal, consideramos necesario incluir en el pacto nacional para la educación las medidas necesarias para concienciar a los jóvenes de la magnitud de este problema. Finalmente, la norma que se apruebe en esta Cámara debe contener la normativa básica para aplicar en toda España. No pueden existir diecisiete normas, diecisiete estrategias diferentes para atajar un problema común, un problema que afecta a todos los jóvenes de España, independientemente de que residan en Valencia, en Madrid o en Sevilla. Así que, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos tenemos la firme voluntad y el compromiso para trabajar y prevenir el consumo del alcohol en los menores de edad, para concienciar a la sociedad española del peligro que tiene el abuso del alcohol y para limitar el acceso de los niños y los jóvenes al alcohol. Porque, señorías, se lo debemos a Laura. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Millán Salmerón. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vila Gómez.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Consideramos que la moción que nos trae el Partido Nacionalista Vasco es importante porque realmente el consumo de alcohol por los jóvenes, y especialmente entre los menores, es una realidad habitual muy compleja y, en general, bastante desatendida en nuestro país. Con cierta frecuencia este tema se convierte en un tema de agitación política debido a que se publica un estudio anual con datos o, lo que es más grave y más preocupante, cuando se producen hechos dramáticos que todos lamentamos. El problema es que se convierte en un hecho de agitación política de duración limitada; limitada estrictamente al tiempo que suscita interés en los medios de comunicación. Cuando la gente está alarmada y afectada por este tema es cuando los dirigentes políticos se apresuran a anunciar su preocupación por el asunto y a proclamar soluciones fáciles, medidas a medias y leyes nuevas. La señora ministra Montserrat no es la primera que ha hecho esto. En 2013, como bien señalaba el portavoz del grupo proponente, la por entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció una ley de prevención del consumo de alcohol en menores. Hoy, tres años después y tres ministros de Sanidad del Partido Popular después, ha tenido que morir una menor y ser ingresada otra de gravedad para que ustedes, señoras y señores del Partido Popular, vuelvan a hablar del tema que hoy debatimos. No voy a repetir los datos que bien recoge la proposición del Grupo Vasco y que algunos intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra ya han señalado. Voy a destacar una cosa que creo que es evidente, pero no por evidente deja de ser relevante. Esos datos, que dibujan una realidad muy preocupante, son consecuencia directa de la gestión negligente por parte de quienes han estado al frente del Ministerio de Sanidad y también del Partido Popular, que ha mantenido en su cargo durante demasiado tiempo a la señora Ana Mato; una señora con una hoja de servicios al frente de la cartera de Sanidad que nos ha puesto en constante riesgo. Por hacer una enumeración de algunas de las cosas que nos han supuesto riesgo a todos los españoles: la nefasta gestión de la crisis del Ébola, el incremento del consumo de alcohol en menores, el debilitamiento del Plan nacional sobre el sida o la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes; medida esta última, por cierto, que además de ser xenófoba, injusta e injustificable, supone un gran riesgo para la salud pública en nuestro país. La encuesta sobre el uso de drogas en enseñanza secundaria en España revela que no llega al 5 % la diferencia entre los menores que consiguen el alcohol por sí mismos y quienes lo consiguen a través de otras personas mayores de edad. La disponibilidad percibida entre el alcohol y el tabaco es la misma, pese a las restricciones más severas que se aplican al tabaco. Por el contrario, se ignoran otras variables relevantes, como el diferencial del consumo por cuestión de género, siendo más agudo en las mujeres. Parece evidente que no vamos a lograr descensos significativos en el consumo de alcohol en menores si no lo abordamos desde la realidad que viven los jóvenes en nuestro país. Si esta ley no va acompañada de planes de concienciación social en todos los ámbitos, de planes educativos específicos y de nuevas formas de ocio alternativo, no avanzaremos. Tampoco tendremos resultados positivos si no atendemos a los estudios que afirman que el mejor mecanismo de prevención es que nuestros jóvenes tengan claro su futuro laboral y profesional. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, entre otras, pone de manifiesto que, a mayor integración social, menor consumo de alcohol entre los jóvenes y también entre los menores. Por tanto, para erradicar esta problemática es fundamental también acabar con las políticas del Partido Popular en materia económica y laboral que ofrecen una única perspectiva a los jóvenes, que es la del paro, la precariedad, la pobreza o el exilio. También creemos que es importante revertir los recortes, las privatizaciones y la subida de tasas en educación porque expulsan a miles de jóvenes del sistema educativo, que no pueden costearse sus estudios, lo cual tiene un impacto negativo para la integración y, en consecuencia, supone un alto riesgo a la hora de que los jóvenes incurran en el consumo de alcohol y de otras drogas. El consumo de alcohol es una actividad legal y tolerada socialmente, con lo que es una ingenuidad pensar que se puede combatir y erradicar el problema solamente fijando una mera barrera legal de consumo y trabas más o menos eficaces para su acceso. No digo que estas medidas no sean necesarias, lo que pretendo poner de manifiesto es que por sí solas no van a erradicar definitivamente el problema. La aprobación de una ley, y menos cuando trata de modificar conductas sociales atravesadas por múltiples y complejos factores, no cambia los hábitos sociales per se. Sin un cambio en la concienciación social, en los hábitos de consumo de los menores y más allá de los menores, sin una oferta de ocio alternativo y la garantía de un futuro digno para los jóvenes, los anuncios grandilocuentes de leyes y las campañas en medios de comunicación y redes sociales serán insuficientes y, por tanto, ineficaces en la consecución de los objetivos que perseguimos con esta moción. Dicho esto, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea consideramos que la propuesta del Grupo Vasco va por el buen camino y compartimos los cuatro puntos que se proponen en la moción. Por ello, vamos a votar a favor de la misma. Ahora bien, sabemos y, en consecuencia, advertimos de que la aprobación de esta iniciativa por sí sola no va a ser la solución definitiva al problema. Es un paso en la buena dirección, pero no va a ser la solución si no actuamos en otros ámbitos, poniendo especial énfasis en la educación para la prevención frente a la prohibición o el castigo. Acabo ya, presidente. Esperamos que la nueva ministra de Sanidad cumpla el compromiso que adquirió aquí, en esta Cámara, y una vez aprobada esta moción se ponga a trabajar en la línea de consenso que prometió, incluso aunque el presidente del Gobierno al que pertenece ya haya dicho que no piensa cumplir con lo que el Parlamento apruebe, a no ser que tenga obligación legal. Esto significa que desde el Gobierno pueden tener la intención o la tentación de meter esta iniciativa en el cajón del olvido. Si eso ocurriese, aquí estaremos para recordarles su obligación democrática con esta Cámara, su deber ético y su responsabilidad política. Y si estos argumentos no son suficientes para el Partido Popular, trabajaremos en una proposición de ley que aprobará esta Cámara y el Gobierno no tendrá más remedio que cumplir, como ya hemos hecho con el salario mínimo interprofesional y sin duda haremos con esta y otras leyes de justicia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Flórez Rodríguez.
Gracias, presidente. Señorías, la percepción del riesgo que supone para los menores el consumo de alcohol no es escasa, es nula, y la percepción del daño que puede suponer para ellos se reduce principalmente al ámbito del orden público, del ruido y de la limpieza. Hasta que no han saltado todas las alarmas debido a distintos episodios de urgencia hospitalaria relacionados con el consumo intensivo de alcohol por niños, no ya adolescentes, sino por niñas en esta caso, no se ha empezado a tomar conciencia, aunque lenta, de que las consecuencias del uso y el abuso del alcohol por los menores no aparecen solo a largo plazo, sino que son inmediatas y muy dañinas tanto para el consumidor o consumidora como para terceros y que este es un problema social de salud pública de primer rango. Señorías, este es un problema de conciencia y de consciencia, de hábitos saludables y de responsabilidad. El Grupo Parlamentario Vasco, al que agradecemos que traiga esta iniciativa a la Cámara, nos propone en su moción - que adelanto que mi grupo apoyará - elaborar un informe y un posterior proyecto de ley con distintas medidas, pero resulta que hay parte del meollo de la cuestión que ustedes no incluyen en el texto de la moción y que sin embargo es muy relevante, como es nada más y nada menos que la prevención. Hay que destinar fondos y apostar por la prevención y, dentro de este grupo poblacional, por la prevención escolar. Esto es lo que debe tener un reflejo real en los Presupuestos Generales del Estado, y no solo las campañas. Hay un aspecto que no debemos olvidar, y es que los jóvenes toman decisiones. Se puede y se debe regular con eficacia tanto el acceso y venta de alcohol en esta población como la exposición a la publicidad a la que están sometidos los menores. Todo esto es importante y hay que hacerlo, pero no podemos olvidar que finalmente los menores toman sus propias decisiones, y puesto que van a decidir, estas deben estar avaladas por una competencia personal adecuada. Esto solo se consigue con proyectos estructurados e insertados dentro de las programaciones escolares, con un apoyo real, con niveles de coordinación serios en el ámbito sanitario, educativo y familiar, y desde el inicio de la escolarización, no a los catorce años, cuando ya se han expuesto al consumo, y no solamente con una prevención inespecífica y puntual, que son fuegos de artificio, y no es básicamente una prevención selectiva, porque, ante el alcohol, vulnerables somos todos. Este no es otro que el planteamiento por el que han peleado durante años los profesionales que trabajan en el ámbito de la drogodependencia con menores. Y de lo que les hablo, de la prevención, de crear conciencia, de aumentar la resistencia, figura en todas las estrategias, en todos los planes y, sin embargo, no está dando los resultados esperados, porque no ha habido compromiso, porque no se ha tratado con seriedad y con contundencia. ¿Y por qué? Porque hasta el año 2011 había una continuidad de acción, había un programa claro y coordinado entre el Estado y las comunidades autónomas contra el consumo de drogas, pero esto que ocurrió hasta el año 2011 se ha quebrado por los profundos recortes efectuados en estos cuatro años y que han incidido fundamentalmente en la prevención y en la investigación: un 40 % de reducción en los presupuestos en los programas de prevención respecto a 2011, porque ustedes, señorías del Partido Popular, han cambiado a los menores por el ajuste presupuestario. Es necesaria una ley con el objeto de reducir el consumo de alcohol en menores y que apueste firmemente tanto por el control de la oferta como por la prevención, porque si bien los resultados llegarán a medio o largo plazo, esta última puede constituir la forma de acabar con lo que se denomina normalización y banalización del consumo y ser el camino para que cuando los menores sean adultos - porque queremos que lleguen a adultos y sanos - sigan teniendo las capacidades y las competencias para hacer un uso responsable del alcohol, que no olvidemos que es la puerta de acceso a otras sustancias y a otras adicciones. Por cierto, señor Agirretxea, mencionaba usted el otro día la asignatura de educación para la ciudadanía, pero al Partido Popular le molestaba en el currículo y consideró que era irrelevante. Es evidente que, tanto por este tema como por otros contenidos, esta materia debe volver y debe hacerlo reforzada. Escuela y, por supuesto, familia, porque, por mucha campaña y mucho control publicitario que se hagan, no debemos olvidar que el modelo para un o una menor veinticuatro horas al día y trescientos sesenta y cinco días al año es su familia. Sin embargo, tenemos motivos para la esperanza. Tenemos también un importante porcentaje de jóvenes deportistas, voluntarios, artistas, gente comprometida e incluso hasta jóvenes interesados por la política que se dedican a otro tipo de actividades y que comprenden que el alcohol no es saludable, que no hay que hacer un consumo excesivo del alcohol. Ellos deben ser nuestro modelo y el modelo para otros jóvenes. Finalmente, concluyo remarcando que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la moción del Grupo Parlamentario Vasco al encontrarse en línea con otras iniciativas presentadas por nuestro grupo para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Flórez Rodríguez. Para el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Agirretxea Urresti si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
Sí, señor presidente. Aceptaremos la enmienda de Foro Asturias, que se incorporará como un quinto punto a la moción presentada. Gracias.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Tomamos nota de esa aceptación. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR HOMS]], SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DA EL GOBIERNO DE ESPAÑA A LOS 46 TEMAS PLANTEADOS EL 20 DE ABRIL POR EL PRESIDENTE PUIGDEMONT. [[Número de expediente 173/000006]]
Pasamos al siguiente punto: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto [[señor Homs]], sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los cuarenta y seis temas planteados el 20 de abril por el presidente Puigdemont. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Homs Molist.
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, como saben, la propuesta que hacemos es aparentemente modesta y sencilla: consiste en la creación de una Comisión parlamentaria para abordar el referéndum que Cataluña plantea con amplias, amplísimas mayorías. Digo que es aparentemente modesta y sencilla porque, ¡vayan ustedes a saber!, igual estamos cometiendo en estos momentos un acto de desobediencia o de rebeldía. Hace pocos minutos hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha suspendido las resoluciones del Parlament de Catalunya que en parte inspiran esta propuesta que hacemos. En tales resoluciones se decía, entre otras muchas cosas, lo siguiente, que de hecho es lo que estamos debatiendo hoy: impulsar iniciativas parlamentarias ante el Estado español para hacer posible la celebración de un referéndum, que es lo que les proponemos hacer. Esto es lo que se votó en el Parlament de Catalunya y ahora parece ser, por las noticias que tenemos de hace unos pocos minutos, que el Tribunal Constitucional lo ha suspendido, así que no sé, señor presidente, si estamos cometiendo un acto de rebeldía al hablar de estos asuntos. Igual dentro de unos meses acabamos haciendo una especie de suplicatorio general por desobedecer al sacrosanto Tribunal Constitucional en estas cuestiones, pero ya saben que yo puedo proporcionarles información, darles detalles acerca de cómo se aborda esto de los suplicatorios. En cualquier caso, en el contexto en el que precisamente estamos debatiendo hoy esta iniciativa les quiero decir - así lo siente mi grupo político, el Partit Demòcrata Europeu Català - que estamos contentos. Ya sabemos cuál va a ser el resultado de esta votación. Son ustedes, señores constitucionalistas, grupos políticos constitucionalistas, tan previsibles, tan conservadores, tienen un nivel de miedo a abordar la cuestión catalana de tal calibre que el resultado ya lo conocemos. Es evidente que no estoy contento por esta razón, pero sí por la que me afecta y me importa más - lo digo con todo respeto -, que es que, por primera vez en esta Cámara, la mayoría de los diputados y diputadas que provienen de Cataluña, del Principat, votaremos a favor de un referéndum. Es importante que esto pasara, tiene valor y les debería sugerir alguna reflexión. Abordar el referéndum que se plantea desde Cataluña no es otra cosa que comprometerse a situar la democracia como solución y no como problema. Un referéndum no presupone una solución u otra, sino diálogo, preguntar y escuchar. Repito, diálogo, preguntar y escuchar. Un referéndum lleva a esto; no presupone una solución u otra, sino estar en disposición de dialogar de verdad, preguntar, escuchar y luego actuar en consecuencia. La pregunta que les hacemos es de qué tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Mi impresión es que tienen miedo de dialogar de verdad, de preguntar y de escuchar, porque ¿saben qué pasa? No se ven capaces de convencer en Cataluña. Esta es la impresión que nos da por la manera en que actúan. ¿De verdad creen ustedes que con tribunales e imposiciones pararán una demanda democrática? Los tribunales son o deberían ser para juzgar a delincuentes y corruptos y no para juzgar a demócratas que intentan impulsar la democracia, el ejercicio puro de democracia a través, por ejemplo, de un referéndum. Esto va a pasar esta semana con Carme Forcadell, a quien damos nuestro absoluto respaldo. Pretender llevar ante los tribunales a la presidenta del Parlament de Catalunya por haber auspiciado un debate parecido al que tenemos hoy aquí es un despropósito de tal calibre, es estar tan fuera del Estado de derecho y del Estado democrático que a ustedes les debería merecer algún tipo de reflexión. Fíjense, tanto el Partido Popular, como Ciudadanos y el Grupo Socialista, qué tipo de enmiendas han presentado a esta propuesta. Insisto, propuesta modesta y sencilla, aparentemente. Las enmiendas que han presentado son básicamente que no haya Comisión y que no se hable de referéndum. Es decir, no hablar, porque una Comisión permite hablar, dialogar, transaccionar e intercambiar posiciones; nada, no se quiere formalizar el famoso diálogo. Y mucho menos el referéndum, porque esto requeriría al final preguntar, y como quien pregunta puede escuchar según qué respuestas, ya les digo que, a nuestro parecer, tienen miedo de cuál pueda ser la respuesta en Cataluña. Me decía una portavoz constitucional, a quien en lo personal aprecio, si les daría mucha caña. Me ha preguntado antes en privado - y no creo que esto violente ninguna conversación -: ¿nos darás mucha caña? Y le he dicho que no. Si es que no nos hace falta darles caña, porque se la dan ustedes mismos. Para convencer en Cataluña no nos hace falta darles caña, ya lo hacen ustedes solos. Nosotros simplemente haremos caso del consejo que ayer nos daba Rajoy. El presidente del Gobierno ayer nos dio un consejo en su comparecencia en el Senado y dijo literalmente que nos invitaba a huir de quienes quieren acabar con todo, de los extremistas y de los que buscan enfrentamiento. Eso es lo que estamos procurando hacer y vamos a hacer, de hecho, en Cataluña. Vamos a huir de aquellos que quieren acabar con todo - desde la lengua hasta tantas otras cosas que son principales, que queremos y apreciamos en Cataluña y que estamos dispuestos a compartir - y de los extremistas, porque ustedes, señores del Partido Popular, y dicho con todo el respeto, actúan muchas veces, demasiadas, como auténticos extremistas. Evidentemente también vamos a huir de aquellos que buscan simplemente el enfrentamiento y que, al no saber convencer, quieren vencer a través de los tribunales y de las imposiciones. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Homs. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Villegas Pérez.
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor Homs, usted realizó una interpelación en el anterior Pleno - leo el título - sobre las respuestas que da el Gobierno a los cuarenta y seis temas planteados por el president de la Generalitat. Señor Homs, usted es muy previsible también. De los cuarenta y seis temas lógicamente solo le importa uno y en la moción subsiguiente que ahora nos presenta solo se habla de un tema, su monotema, la independencia, la separación de Cataluña del resto de España. Es muy previsible, señor Homs. No esperábamos sorpresas en ese sentido. No esperábamos que usted en su moción incorporara sus preocupaciones sobre la financiación autonómica, las infraestructuras, la dependencia, los servicios sociales, la sanidad o la educación. La verdad es que no lo esperábamos. Sabíamos - es usted muy previsible - que el monotema iba a ser el de la independencia. Usted pregunta en su intervención qué nos da miedo de todo este procés, como ustedes le llaman. Pues nos dan miedo los políticos que se creen por encima de la ley y de los tribunales, señor Homs. Eso nos da miedo a los demócratas. [[Aplausos]] Ustedes presentan esta moción bajo ese título que anunciaba cuarenta y seis temas y que han quedado reducidos a uno, al monotema. Es una moción muy sencilla en la que distinguiría tres puntos: uno, el diagnóstico: la culpa de todo es del Tribunal Constitucional; otro, que quieren crear un foro de diálogo, y otro, para hablar de su monotema, de la independencia de Cataluña a través del referéndum, que es la herramienta que ustedes quieren utilizar ahora. Ni siquiera piensan en el referéndum como un fin en sí mismo, sino que para ustedes el referéndum es una herramienta para la independencia. Todos sabemos - lo tienen escrito - que tienen otras herramientas, como la declaración unilateral, y eligen una u otra según el momento. Insisto en que ustedes plantean esos tres temas. Nosotros no estamos de acuerdo en ninguno de los tres, efectivamente. No estamos de acuerdo en que la culpa fuera del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la labor de que ni usted, ni yo, ni el presidente de la Generalitat, ni el presidente del Gobierno, ni esta Cámara, ni el Parlament de Catalunya, nos saltemos la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene la función de garantizar a los españoles que ningún político nos saltemos la Constitución y, por tanto, en su día el Tribunal Constitucional actuó ante la chapuza del Estatut de Catalunya y también ha actuado hoy porque, como le decía antes, ningún político se puede creer que está por encima de las leyes ni de los tribunales. Luego hablan de crear otro foro de diálogo. ¿Para qué vamos a crear otro foro de diálogo? Ya existen foros de diálogo, pero es que ustedes renuncian a asistir, renuncian a dialogar, no quieren ir a la Conferencia de Presidentes. El señor Puigdemont ha dicho que no va a ir. ¿Para qué queremos crear otro foro de diálogo si ustedes han renunciado ya a hacer uso de los foros de diálogo que existen, señor Homs? Por último, ¿de qué vamos a hablar en ese foro de diálogo que ustedes quieren crear? De la independencia, de su mecanismo para llegar a la independencia, del referéndum. Ese es un mecanismo ilegal, no es la vía. Ustedes tienen que acatar la Constitución igual que todos nosotros, tienen que acatar las leyes y buscar la reforma de los mecanismos de que nos hemos dotado todos los españoles para regular el marco de nuestras relaciones. Dentro de ese debate y de esa posible reforma constitucional de la que se está hablando en esta Cámara cada uno podrá expresar cómo cree que puede ser esa reforma, hacia dónde hay que ir, pero fuera de esos mecanismos legales, fuera de esos mecanismos de reforma, no existe nada, no hay democracia, porque no hay democracia sin marco legal que la garantice, señor Homs. La democracia no es solo poner las urnas, la democracia es garantizar el marco legal de que nos hemos dotado todos los españoles. Ustedes abandonaron hace tiempo su obligación de defender los intereses de los catalanes. Ustedes abandonaron hace tiempo su obligación de preocuparse por la sanidad, de preocuparse por las infraestructuras de los catalanes, de preocuparse por la financiación, de preocuparse por los servicios sociales de los catalanes. Ustedes abandonaron hace tiempo esa que era su obligación y ahora quieren engañarnos con una moción que tiene un título que no se corresponde con su contenido. Pero, señor Homs, ustedes ya ni engañan ni convencen, ustedes quisieron hacer unas elecciones autonómicas plebiscitarias y las perdieron. Ustedes no convencen a la mayoría de los catalanes, señor Homs. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Villegas. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet Lamaña.
Gracias, señor presidente. Señor Homs, quiero empezar diciéndole que usted no es claro. Lo que no sé es por qué no es claro; no sé si es que no sabe lo que quiere o quiere cosas contradictorias. Por un lado, usted aparentemente quiere que dediquemos tiempo, interés, esfuerzo en esta Cámara para hablar de los cuarenta y seis temas que el señor Puigdemont, presidente de la Generalitat, le planteó al presidente del Gobierno, pero al mismo tiempo nos presenta una moción que se ciñe exclusivamente a uno de estos cuarenta y seis puntos, cuyo contenido acota a la creación de una comisión sobre la cuestión catalana para hablar exclusivamente sobre la celebración de un nuevo referéndum ilegal en Cataluña. ¿Le parece un planteamiento claro? ¿Le parece un planteamiento coherente? Desde nuestro punto de vista es incoherente, al menos por dos razones. La primera es porque obvia cuarenta y cinco de los cuarenta y seis puntos. ¿Dónde están la financiación autonómica, el corredor mediterráneo, las inversiones, las cercanías, las becas, las personas refugiadas, la conflictividad excesiva que efectivamente el Gobierno de España ha ejercido contra las normas catalanas? ¿Dónde están esos cuarenta y cinco temas? Pero hay una segunda incoherencia, que desde mi punto de vista quizá incluso es más grave, y es que el único punto que permanece en la moción dicen que lo van a resolver en una reunión el 23 de diciembre, convocada unilateralmente también en Cataluña. ¿Le parece respetuoso con esta Cámara, le parece respetuoso con los representantes de los ciudadanos y por tanto con los propios ciudadanos el hecho de plantear crear una comisión que se va a encontrar con un tema resuelto, con la decisión de una ruptura tomada en una reunión el 23 de diciembre en Cataluña? Se lo pregunto con toda honestidad, señor Homs, repito, se lo pregunto con toda honestidad: ¿Qué quiere su partido político? ¿Qué quiere el Gobierno de la Generalitat? ¿Qué quiere Esquerra Republicana de Cataluña, que comparte ese Gobierno y que hoy va a votar negativamente esta moción? ¿Qué quiere la CUP, que le da apoyo a este Gobierno? ¿Qué quieren exactamente ustedes? Mi impresión es que no solo quieren cosas distintas sino que ninguna de ellas nos conduce a ningún lado; mi impresión es que todas ellas nos conducen a un callejón sin salida. Yo creo que es el momento, señor Homs, de asumir esa realidad, de aceptarla, de decirlo en voz alta, porque hasta que no se asuma con toda sinceridad que estamos en un callejón sin salida, no vamos a poder hablar con sinceridad y honestidad. No vamos a poder ejercer ese diálogo que usted pretende defender, pidiendo la creación de una comisión en esta Cámara, si no asumimos que están ustedes en un callejón sin salida. Quiero ser clara con la intervención de hoy, le voy a decir lo que quiero. Yo no quiero votar una ruptura, señor Homs, quiero votar un acuerdo, quiero que las fuerzas políticas con representación parlamentaria hagamos el esfuerzo de llegar a un acuerdo. Y yo le pregunto: ¿qué miedo tiene a ese diálogo? ¿Qué miedo tiene a llegar a un acuerdo? ¿Es que tienen miedo a dialogar, a negociar y a pactar porque temen llegar a un acuerdo? ¿Temen llegar a un acuerdo que efectivamente tendríamos que someter a votación de todos los ciudadanos? ¿Qué miedo tienen? Dialoguemos, negociemos y pactemos, y sometamos ese acuerdo a votación, señor Homs. [[Aplausos]] Esto es lo que yo quiero, lo que quiere mi partido, lo que quieren todos los socialistas españoles, este grupo parlamentario y muchos, muchísimos catalanes también. Al final, señor Homs, a tenor de su propuesta llegamos a la conclusión de que usted reduce la cuestión catalana a cómo dar salida a su propuesta de referéndum ilegal en Cataluña. Una propuesta cuya pantalla - en terminología suya - fue pasada hace muchísimo tiempo. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a trabajar los puntos planteados, los cuarenta y seis, porque queremos abordar los temas que preocupan a los catalanes y a las catalanas y que preocupan a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a dialogar y a negociar un nuevo acuerdo territorial, un nuevo pacto político con una reforma de la Constitución. Señor Homs, cuando tenga claro lo que quieren, podremos empezar ese diálogo sincero al que hacía referencia. De momento, lo que queda claro con la presentación de esta moción - desde mi modesto punto de vista - es que usted ha perdido una oportunidad para empezar ese diálogo, una oportunidad de plantear algo que pudiera ser aceptado por esta Cámara para que pudiéramos empezar a trabajar, y de raíz, el fondo de la cuestión, señor Homs. Usted no quiere ofrecer respuestas a las demandas de la sociedad catalana, usted no quiere dar respuestas a Cataluña, solo quiere dar una vía de salida a su único punto de ofrecimiento político a la sociedad catalana, que es la celebración de un segundo referéndum ilegal. Les esperamos y esperamos que cambien de actitud. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Batet. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
Buenos días, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señor Homs, decía usted que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular es previsible. ¿Sabe por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular ha sido durante estos años el Gobierno de 7,5 millones de catalanes, ha sido el que ha ayudado en políticas sociales, en educación, en infraestructuras, en garantizar la liquidez, mientras ustedes se dedicaban solo a hablar de referéndum y a llevar a Cataluña a un callejón sin salida. [[Aplausos]] ¡Claro que somos previsibles! Además, señoría, lo que le puedo decir es que en democracia no le tengo miedo a nada porque ha costado mucho construir esta democracia de la que gozamos todos en esta Cámara, de la que gozan los españoles. A lo que sí le tengo miedo, señoría, es a que los políticos dirigentes catalanes se salten la ley, no tengan como prioridad garantizar las necesidades y resolver los problemas de los catalanes, se salten las resoluciones de los tribunales y sigan empecinados en arrastrar al pueblo de Cataluña a una situación fuera de la ley que no se merecen los catalanes. Eso sí que nos da miedo, a mí, a los 137 diputados de mi grupo y a la gran mayoría de los catalanes. [[Aplausos]] Señorías, nosotros vinimos aquí a hablar de esos cuarenta y seis puntos en infraestructuras, de 55.000 millones, de un Gobierno que no tenía liquidez, y se pagó a las farmacias y a los hospitales los medicamentos, porque ustedes eran incapaces de hacerlo; les dimos 11.000 millones de euros para infraestructuras, para mejora de la política hidrológica, para mejora del Plan de la dependencia, para mejora de la política cultural. ¿Que quedan muchas cosas por hacer? Evidentemente, pero este Gobierno lo hizo en una situación de grave emergencia nacional, de economía en situación de crisis, y desde luego vamos a seguir haciéndolo, porque ¿saben qué es para nosotros el diálogo responsable? Trabajar para dar respuesta y soluciones a los problemas de los catalanes. Perdone, señoría, porque por primera vez subo a esta tribuna para hablar también como catalana, como española y como europea. Escucho aquí muchas cosas: escucho que el pueblo de Cataluña se quiere desconectar, que la gran mayoría de los catalanes tienen legitimidad para irse de España, que la gran mayoría de catalanes quiere un referéndum, y no es verdad. No lo digo yo. En las últimas elecciones plebiscitarias que hicieron, perdieron en escaños y en votos la mayoría independentista: suman 1.900.000 votos. En ese seudoreferéndum que hicieron, en el simulacro del 9N obtuvieron 1.800.000 votos a favor. ¿Qué pasa con el resto, con los otros 7 millones de catalanes? ¿Esos no tienen voz? ¿Esos no opinan? Esos no fueron a votar porque están con la gran mayoría de los españoles, porque quieren seguir siendo españoles, europeos y catalanes también por encima de todo. [[Aplausos]] Señorías, estas son las cifras, porque los diputados no independentistas catalanes también tenemos voz. Los estudios de opinión que hace su Gobierno, nuestro Gobierno - aunque no esté al servicio de todos los catalanes, lamentablemente -, ya dicen que la gran mayoría de catalanes está por seguir en Cataluña, por seguir trabajando en España, por seguir integrados en Europa. ¿Esa es su legitimidad para hacer un referéndum? Usted me habla del Tribunal Constitucional. ¿Qué le ha dicho el Tribunal Constitucional? Lo que le diría a cualquier persona que tuviera los conocimientos básicos en derecho. ¿Ustedes por qué vinieron aquí en abril a solicitar que les delegaran la competencia en Cataluña para hacer un referéndum? Vinieron porque no la tenían, ¿no? Si vienen es que no la tenían. Esta Cámara se la denegó con el voto en contra de 299 diputados. No tienen competencia para hacer referéndums porque no los pueden hacer. Por tanto, el Tribunal Constitucional les está diciendo que no pueden hacerlo. ¿Sacrosanto tribunal? ¿Quién presenta más recursos al Tribunal Constitucional? No engañen a la opinión pública con esa doble vara de medir. Presentan ustedes más recursos al Tribunal Constitucional - cincuenta y ocho - que el Gobierno de España. ¡Hombre, por favor! Cuando no les dan la razón es un tribunal deslegitimado y sacrosanto. No, las instituciones, la división de poderes y el Estado de derecho hay que respetarlas por parte de todos. [[Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]] Por eso, señorías, nosotros vamos a tener la mano tendida en el diálogo. Debemos superar la fase de los agravios, de los enfrentamientos, señor Homs. Se lo digo desde la más profunda sinceridad, desde la más profunda convicción, desde el más profundo compromiso. Les tendemos la mano para poder trabajar en eso, no en una comisión de trabajo para aprobar aquello en lo que esta Cámara no tiene competencia ni el Parlamento catalán tampoco. No persigan las quimeras imposibles, solo generan frustración. Nosotros debemos trabajar en aquello que de verdad les preocupa a los catalanes, aportarles la solución. Pero no nos van a encontrar, señor Homs, señores del Gobierno de Cataluña, en una comisión de trabajo que pretende hablar para romper España. Ahí los 137 diputados del Partido Popular no van a estar ni ahora ni nunca, se lo aseguro; ni ahora ni nunca. [[Aplausos]] Finalizo diciendo que tienen ustedes la posibilidad de escoger. Nos habla de extremismos, pero ¡por Dios, no me lo ponga mejor! ¿Qué son extremismos? ¿Pactar y estar sometidos al chantaje y al rehén de los de la CUP, que están pidiendo la dimisión de sus consejeros, que están apelando a la desobediencia, que están quemando las fotos del rey y diciendo que no se cumpla el ordenamiento jurídico? Ustedes están con el extremismo, nosotros estamos con la moderación, con la centralidad y con lo que necesita el futuro de España y, en él, el futuro de Cataluña. Señoras y señores diputados, ayer les decía el señor Rajoy: huyan ustedes de los extremismos. Les tendemos la mano para seguir trabajando en un diálogo conjunto. Aprovechen, si de verdad quieren ese diálogo - espero que sea así por el bien de la mayoría de los catalanes -, a asistir a la Conferencia de Presidentes, aprovechen a debatir en los foros bilaterales, aprovechen a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ganaremos mucho más todos, ustedes y desde luego los millones de catalanes que en este momento están profundamente preocupados, que en este momento están fracturados y divididos, y también está preocupado el resto de la sociedad española. Tenemos la oportunidad para hacerlo, para abrir una nueva etapa, para superar esos agravios y para realizar un diálogo constructivo, responsable y que mejore y dé soluciones a los catalanes. Espero que ahí usted deje de ser previsible y que esté en esa Conferencia de Presidentes el señor Puigdemont. Dialogue, porque si no habrá demostrado a la opinión pública que su mito independentista se desmonta poco a poco, que los agravios a los que ustedes hacían referencia aquí están...
Señora Sánchez-Camacho, tiene que ir acabando.
Acabo, presidente. Aquí están los hechos contundentes, pero este Gobierno quiere dialogar porque nos interesan, parece que más que a ustedes, los intereses, los problemas y las soluciones de los problemas reales de los catalanes, que no son desde luego el referéndum. Finalizo con una cita, señorías.
Debe acabar, señora Sánchez-Camacho.
Muy breve, presidente, con su venia, finalizo apelando a una frase que se dijo en el siglo XIII: hay que trabajar para seguir ayudando a salvar España. La dijo Jaume I el Conqueridor. Aprendan de la historia conjunta. [[Aplausos]]
Su tiempo ha terminado, señora Sánchez-Camacho. Gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero señalar, en primer lugar, que apoyaremos la moción del Partit Demòcrata, que busca vías de negociación y diálogo que den cauce a las aspiraciones democráticas del pueblo de Cataluña. Al hilo de esa cuestión haré unas breves reflexiones sobre algunos temas concernidos por la moción. En primer lugar, sobre la legalidad y la legitimidad. Ambos se contienen en la definición clásica del derecho, que como forma de vida social expresa un punto de vista sobre la justicia y cristaliza en un sistema de legalidad. Es, por tanto, un binomio que tiene que dialogar, y en su diálogo está la solución de muchos problemas de organización social y convivencia. Se me puede decir que en el Estado liberal de derecho la legitimidad de un ordenamiento proviene de ser la expresión de la voluntad general, produciéndose así una armonía entre la racionalidad y la justicia por un lado y la ley o legalidad por otro. Sin embargo, ese orden del derecho positivo no sirve para procesos de crisis de los modelos, como cuando desde una parte del todo se cuestionan los supuestos ideales en los que se apoya la fe en la legalidad. Cuando esto sucede, la legalidad se convierte en puro formalismo, es una legalidad vacía, una herramienta averiada; la legalidad instituida pierde su legitimidad, ya no tiene justificación en la racionalidad, ya no es fuente de legitimidad. La consideración de que la expresión de la voluntad general le confiere a la legalidad su legitimidad es, como todo convencionalismo, parcialmente justo y parcialmente razonable pues su poder se basa en que sea aceptado por todos. Pero cuando se fractura el cuerpo político, cuya expresión era la voluntad general, la legalidad instituida pierde buena parte de su legitimidad. La segunda reflexión que quería hacer concierne al sujeto político o el demos. ¿Qué es una nación o pueblo? No hay una definición objetiva de la misma más allá de decir que es una autor representación de una colectividad, un sentimiento y su fuerza el ser compartido. Un sentimiento de gente que dice ser nación o pueblo porque tiene conciencia de serlo y voluntad de seguir siéndolo. En la Constitución de 1978 fue una cuestión intensamente debatida, tanto con ocasión de su artículo 2 como con la adicional primera y no zanjada, como pretende el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional considera exclusivamente el derecho positivo y rechaza como metajurídicos los hechos y debates que los manifestaban que sirvieron para construir ese orden y sistema de 1978. El comportamiento del Alto Tribunal ha sido, a nuestro juicio, burocrático y funcional no queriendo asumir la naturaleza política que, en buena medida, tiene su jurisdicción. Como dice Enoch Albertí el tribunal ha estrechado la Constitución y ha quedado fuera de ella una concepción del Estado que admitía en su seno un reconocimiento en términos nacionales de ciertos territorios, sin que su reconocimiento condujera, necesariamente, a una reivindicación de soberanía propia o directamente a un Estado independiente. Y la tercera y última reflexión que quería hacer es sobre el derecho a decidir y su manifestación más genuina: el referéndum. ¿Cabe construirlo como la Corte Suprema de Canadá, dentro del ordenamiento jurídico estatal? ¿Cuál es la relación entre política y derecho? ¿Cuál es el dilema? ¿A la ley desde la ley, como decía en la Transición Torcuato Fernández-Miranda? ¿O cómo decía Suárez, hacer normal en la ley lo que es normal en la calle? ¿Es democrático un Estado que solo se rija por la regla de la mayoría para no atender de forma cuasi permanente las demandas mayoritarias de una comunidad subestatal? Por eso surge a finales del siglo XX el derecho a decidir, como un correctivo a los déficits de acomodación de minorías colectivas permanentes con base territorial y que se ven, por la regla de la mayoría, no satisfechas sus pretensiones mayoritarias en el seno de un cuerpo político superior en el que se integran, al modo y manera a como surgieron en su día las libertades individuales, como correctivo a la posible dictadura de la mayoría sobre los individuos. El derecho a decidir es ciertamente un derecho no positivizado, pero consideramos que puede colegirse de los principios constitucionales del artículo 1.1, principio democrático y el de libertad en el que se fundamenta todo el Estado, en el deber de los poderes públicos de promover las condiciones de igualdad y libertad del individuo y de sus grupos para que sean reales y efectivas - artículo 9.2-, en el derecho fundamental de participación política como proyección política del derecho y libertad de elección individual - artículo 23- y en el principio de dignidad de la persona como fundamento de todo el sistema - artículo 10-. Cierto que también deben combinarse y ponerse en diálogo con el principio de soberanía concentrada, con el de constitucionalidad, el de legalidad y el de respeto a la ley y a los derechos de los demás. Finalizo, presidente, con unas palabras de Herrero de Miñón que decía: Un Estado democrático es un proceso permanente de integración voluntaria, no basado en la coacción sino en la voluntad de vivir juntos. El reconocimiento de cuerpos políticos diferenciados y titulares de derechos colectivos como el de decidir puede ser también la base de una integración voluntaria y el pacto su mejor expresión. Votaremos a favor de esta propuesta que busca solucionar un problema político frente a la judicialización de la política. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Molt bona tarda, diputats i diputades. Esquerra Republicana siempre, siempre, siempre, ha defendido y defenderá el referéndum como instrumento democrático para que la ciudadanía catalana pueda decidir su futuro. En este sentido, la Generalitat va a hacer el referéndum en el año 2017 y lo vamos a hacer diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana de Catalunya siempre, siempre, siempre, ha defendido el diálogo como instrumento democrático para resolver los conflictos de manera cívica y pacífica y, en este sentido, hemos reclamado de forma insistente que el Gobierno español dialogue con el Govern de Catalunya, representante, en definitiva, del pueblo de Cataluña, de qué manera se puede hacer efectiva la diáfana voluntad del pueblo catalán de definir mediante un referéndum su estatus político, de Govern a Gobierno. En caso de que la ciudadanía de Cataluña votase a favor de la independencia, mantenemos la voluntad de negociar con el Gobierno español calendario, traspasos, activos, pasivos, transitoriedad. Como ya expresamos en su día en la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, desearíamos que el diálogo se produjera desde la cordialidad y el buen entendimiento. Sin embargo, el Parlamento y el Gobierno español, a diferencia del Parlamento y Gobierno británico respecto a Escocia, ha rechazado cualquier posibilidad de referéndum o de diálogo absolutamente en todas las ocasiones en que Esquerra Republicana lo ha planteado o lo ha planteado el Parlament de Catalunya o el Govern de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya, cansada de tanta cerrazón como la que hoy de nuevo ha demostrado el Tribunal Constitucional, cansada de tantos portazos a nuestras propuestas de realizar un referéndum dialogado y pactado, decidió que no iba a pedir más ni comisiones ni peticiones de referéndum. De hecho, hoy va a quedar claro que no se puede, que, a pesar de que podemos y queremos, no se va a poder ni se puede. Contrariamente, Esquerra Republicana se comprometió en las elecciones a defender aquí, en Madrid, con toda la firmeza, la legitimidad del Parlament de Catalunya para convocar y realizar un referéndum y así lo hemos defendido. Los compañeros y compañeras del PDC consideran que hay que hacer un nuevo intento y solicitar una comisión sobre la cuestión catalana en el Congreso que, además, elabore un diagnóstico sobre el cumplimiento del Estatut de Catalunya en los últimos años y que analice las posibilidades de solucionar el conflicto político existente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta comisión. No consideramos que sea necesario que una comisión del Congreso evalúe la flagrante invasión competencial, los continuos recortes competenciales y el continuo menosprecio al Estatut de Catalunya por parte del Legislativo y Ejecutivo español. Tampoco consideramos oportuno que una comisión de este Congreso analice las posibilidades legales de un referéndum que sí o sí - repito, sí o sí - el Parlament de Catalunya y el Govern de Catalunya tienen el compromiso de realizar. Esquerra Republicana considera que en este escenario la negociación que se debe producir es entre el señor Rajoy y la señora Santamaría con el señor Puigdemont y el señor Junqueras. De Govern a Gobierno, repito, de Govern a Gobierno. No obstante, y a pesar de no estar de acuerdo con la comisión que plantea de forma bienintencionada l´estimat Homs, vamos a votar a favor de su propuesta. Vamos a hacerlo para que nadie dude de que hasta el final estamos dispuestos a apoyar cualquier propuesta de diálogo. También les advierto que nadie dude de que con diálogo o sin diálogo y diga lo que diga el Tribunal Constitucional, Esquerra Republicana de Catalunya y el vicepresident Junqueras serán leales al mandato democrático que tenemos para decidir sí o sí el futuro de Catalunya mediante un referéndum. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.
Buenos días, en esta sala tan llena. He oído a la señora Sánchez-Camacho decir que gracias al Gobierno del Partido Popular prácticamente se había salvado Cataluña casi de sí misma. Me extraña que sean la quinta fuerza en Cataluña. O los catalanes y las catalanas somos mayoritariamente una panda de desagradecidos o su discurso de que el Partido Popular ha sido el que ha salvado a los catalanes y a las catalanas, tanto en términos sociales como nacionales, no funciona. O la mayoría de electores en Cataluña están equivocados o está equivocada usted, como creo yo. Por otra parte, creo que hemos puesto demasiada pasión - a veces yo también lo hago - en lo que hemos dicho, porque he oído a la señora Batet, a la señora Sánchez-Camacho y al representante de Ciudadanos decir que el referéndum era ilegal, ya de por sí. Dicen: Referéndum, ilegal. Pero sabemos que no es así, tanto que hay constitucionalistas, como Pérez Royo, Rubio Llorente o Francesc de Carreras, que han dicho que ese referéndum puede ser legal. Por tanto, si puede ser legal, se puede debatir si se puede hacer o no, y por ello puede haber una Comisión donde se debata si se puede hacer este referéndum. Incluso el Tribunal Constitucional, que, más que un tribunal constitucional, la TC ahora mismo parece el tribunal de Cataluña porque todo lo que hace es básicamente impugnar leyes o normativas catalanas, y al que ni yo ni la mayoría de los catalanes y las catalanas le damos ya ninguna legitimidad, no ha suspendido la resolución del Parlament de Catalunya que habla de la posibilidad de un referéndum pactado; y no lo ha hecho porque ese Tribunal Constitucional, que para ustedes es el alfa y el omega de toda la realidad, también sabe que existe la posibilidad de debatir sobre un referéndum. Por tanto, los que han practicado postverdades en esta Cámara ante la sociedad española durante demasiados años no son otros que ustedes, y poder debatir sobre algo, que efectivamente se puede debatir, y negarse a ello con todas esas palabras, en el fondo es intentar negar una realidad. Tanto es así que en sus enmiendas intentan presentar propuestas alternativas, porque saben que la negación por la negación no lleva a ningún sitio. En el caso del PSOE, se habla de federalismo. No se ha hecho peor favor al federalismo en Cataluña y en España que utilizarlo contra algo, no como propuesta sino contra otra propuesta, la del derecho a decidir o la independencia. Ese es el peor favor que se le ha hecho al federalismo. Ustedes, los que piensan que son unos máximos defensores del federalismo, lo matan día a día, lo desacreditan día a día. Para Ciudadanos, la propuesta es la Conferencia de Presidentes y, por tanto, el tema de la reforma de la financiación autonómica. No está mal como propuesta, pero eso tenía que haber pasado en enero de 2014; digamos que no es una apuesta de futuro, sino algo que quedó muy en el pasado. Y diría que el Partido Popular va más allá incluso que Ciudadanos, porque en su propuesta de enmienda hablan de la reunión de la Comisión bilateral Cataluña-España. Están aceptando la bilateralidad. Cuidado con la nueva editorial de FAES, porque igual están incurriendo en algo muy peligroso. Todas estas propuestas, que pueden parecer bien o mal, se hacen no al lado de aquella propuesta que reiteradamente los catalanes y las catalanas han votado, que es el derecho a decidir, sino en contra. Eso es lo que anula su propuesta de diálogo, porque el diálogo se hace, precisamente, aceptando todas las propuestas para dialogar. Se lo voy a explicar. Su nuevo ministro del Interior dijo en Bruselas recientemente: Debemos imponer nosotros el diálogo y no ceder. Sobre todo, no ceder. Orden, unidad y a aguantar. ¿Creen que eso es una propuesta creíble de diálogo? El diálogo parte de unos principios absolutamente básicos: reconocimiento del problema. Estamos en la peor crisis territorial del Estado español desde la transición hasta ahora. Se reconoce el problema y se puede hablar del problema. El problema no es el modelo de financiación, también es reconocimiento de los interlocutores. Uno no se va a Barcelona para hablar con aquellos que le van a dar la razón. Eso no es diálogo. Eso es: vamos a hacer una tertulia y nos ponemos de acuerdo enseguida. También el reconocimiento de que todas las propuestas son legítimas y hay voluntad de llegar a acuerdos. Eso se llama diálogo. En ese sentido, en Cataluña, reiteradamente, se ha votado lo que se ha votado. Voy a decir una cosa, porque creo que en la pasión del momento, igual se nos va un poco la pelota: convocar una cumbre no es unilateral, porque si no todo sería unilateral en este país. Se puede convocar una cumbre sin pecar de unilateralidad. Estaría bien que aquellos que la convocan, la convocasen efectivamente, porque no han llamado a nadie; la han convocado por la prensa. También estaría bien reconocer ciertas cosas. La representante de Esquerra Republicana ha dicho: nosotros hemos defendido siempre el referéndum en esta Cámara. No es verdad. Ustedes dijeron reiteradamente que era una pantalla pasada. Ustedes también tienen que recordar esa frase tan querida. [[Termina su intervención en catalán]] Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Doménech. Finalmente, en el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, me corresponde preguntarle al señor Homs Molist si acepta su grupo alguna de las enmiendas que han sido presentadas.
No, tal y como he expuesto en mi intervención no acepto ninguna de las enmiendas, porque no son, como se ha dicho en alguna de ellas por escrito, enmiendas de carácter técnico, sino que son a la totalidad. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Homs, tomamos nota de su manifestación. Tratados ya todos los puntos del orden del día, se suspende la sesión. Eran las dos y diez minutos de la tarde.