Señorías, se abre la sesión. Con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de Antonio Ramón María Trevín Lombán, pregunto a doña Natalia González Peláez si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
En sustitución de don Eduardo Madina Muñoz, pregunto a don José Enrique Serrano Martínez si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
Doña Natalia González Peláez y don José Enrique Serrano Martínez han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena y ahora sí que les vamos a aplaudir. [[Aplausos]]
Señorías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos que figura en el orden del día como punto 25 sea debatida en primer lugar en el apartado correspondiente a las interpelaciones, pasando a debatirse a continuación la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que figura como punto número 24. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Señorías, vamos a comenzar con el punto I del orden del día relativo al debate de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Nos acompañan los tres representantes de la Asamblea Regional de Murcia que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes - además de a la presidenta, miembros de la Mesa y diputados de la Asamblea - damos la bienvenida a esta Cámara, que es la representación de todos los españoles. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra en primer término el señor don Miguel Sánchez López. [[Rumores]] Silencio, señorías. Adelante, señor Sánchez López.
Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Sobre mí no habéis tenido jurisdicción - dice el noble y arrogante capitán Álvaro de Ataide a Pedro Crespo, alcalde de Zalamea -. Crespo comprende en ese momento que Ataide, por su condición de noble y militar, será juzgado no por juez ordinario sino por un juez de los suyos, con toda probabilidad hombre también de milicia y de rango noble. Señorías, con pocas modificaciones, esta situación, reflejada en una obra del siglo XVII, podría trasladarse bien a nuestros días: el entonces alcalde es ahora un brillante fiscal; el otro, por fuerza y para ilustrar el relato, un político de una Administración autonómica, pongamos por caso Murcia. Fiscal y cargo público chocan y no precisamente por el honor de una hija sino por algo más actual, como una adjudicación, una recalificación o una subvención irregular - seguro que les suena a todos ustedes de qué estamos hablando -. Y contra el político, contra el gestor de lo público, aparecen sospechas, pruebas e indicios suficientes como para ser investigado. Pues, señorías, es ahí donde salta como un resorte la condición de aforado; la condición de aforado sale a proteger al político y a darle ventaja. Será juzgado por un tribunal superior y no por el ordinario, como el común de los mortales. Los que le van a juzgar han sido nombrados muy probablemente con su voto o incluso a instancias de su partido. Se encuentra con ellos en aperturas de cursos judiciales y políticos, en reuniones, en actos, en memorias... Señorías, los políticos saben que pueden sentarse en el banquillo - por supuesto que se pueden sentar - pero que podrán hacerlo ante uno de los suyos o, cuando menos, cercano o afín, y sonríen - claro que sonríen -, como lo hacía el noble capitán Ataide. Pues bien, esa sonrisa es la que Ciudadanos quiere borrar hoy de un plumazo. [[Aplausos]] Estamos aquí para invitarles a todos ustedes a que se unan a nosotros en este mismo propósito: borrar sonrisas. La verdad es que resulta paradójico y extraño que nuestros gobernantes se aferren al aforamiento con tanto ahínco cuando en puridad supondría la pérdida de una instancia a la hora de recurrir - si no que les pregunten a los juristas -. Argumentarán algunos que se desprotege a nuestros gobernantes de las pérfidas denuncias, pero ante esto tenemos que decir que no hay mayor protección que nuestro sistema judicial, en el que nosotros sí creemos. [[Aplausos]] Además, para que se dé una imputación se necesitan indicios racionales de la comisión de un ilícito penal. A mayor abundamiento, si nos fijamos en nuestro entorno, señorías - hay que ir a nuestro entorno -, en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Alemania no existe ni un solo aforamiento. En Italia o en Portugal, por poner un ejemplo, solo está aforado el presidente de la República. En Francia, el presidente, el primer ministro y su Gobierno, apenas diez personas. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, son países que funcionan, son solventes y hacen las cosas bien. Sin embargo, en España tenemos alrededor de 10 000 aforados de los cuales aproximadamente 2300 son políticos. Si me permiten la expresión, un número de aforados desaforado. ¿No les parece a ustedes, señorías, que tenemos una inflación de aforados en nuestro país? Por tanto, hay que meter la tijera y por algún sitio hay que empezar a eliminar sonrisas, dádivas y aplicar el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y ante los tribunales de justicia. ¿Qué les parece a ustedes si empezamos hoy y empezamos por Murcia? ¿Y por qué por Murcia - y ya termino -? Por dos motivos fundamentales: Murcia ha sido maltratada por la lacra de la corrupción y queremos ser la punta de lanza en materia de regeneración democrática, y lo vamos a conseguir. Y es que además, señorías, esta iniciativa viene avalada por la voluntad unánime del Parlamento regional murciano. Por tanto, vamos a empezar hoy y vamos a terminar con todos los aforados, también con ustedes porque espero que en esta legislatura ustedes pierdan la condición de aforados, igual que yo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Joaquín López Pagán.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. No puedo dejar de saludar en este momento a la representación de la Asamblea Regional de Murcia en el Congreso de los Diputados, a la presidenta de la Asamblea, diputadas y diputados, y en especial a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional que depositaron su confianza en mí al concederme el honor de defender esta reforma del Estatuto de Autonomía - muchísimas gracias -, con su portavoz aquí presente. Señorías, deben saber que a la segunda fue la vencida, que hemos intentado en dos ocasiones que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se reformara de esta manera parcial para eliminar la figura de aforamientos e inmunidad en nuestra comunidad autónoma y la segunda fue la buena. En la primera - desde luego siempre una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista - obtuvimos una mayoría de bloqueo; en la segunda, efectivamente, como ha dicho el señor Sánchez López, hubo unanimidad en la modificación, y quiero reconocer expresamente - aunque no lo puede defender en la tribuna - la coautoría y la participación firme del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, también presente aquí su portavoz. ¿Por qué esta reforma? En primer lugar, porque nuestra reflexión, como sé perfectamente que es la de esta Cámara, es la de la recuperación necesaria de la confianza de la ciudadanía en la política y en la credibilidad de las instituciones. Esa confianza y credibilidad, que han sido mancilladas por innumerables casos de corrupción, necesitan una respuesta inmediata por parte de los representantes públicos, y eso hemos hecho de manera modesta en la Asamblea Regional de Murcia con la reforma que afortunadamente tiene hoy inicio. Entendemos en esa reflexión que las figuras del aforamiento o la inmunidad de jurisdicción están desfasadas en el momento que vivimos. A nuestro juicio, el Estado de derecho tiene el paraguas suficiente: la protección de nuestros derechos y deberes, también de los diputados en este caso regionales, y nuestra defensa en cualquier ámbito y orden jurisdiccional. Siendo esto así, estas figuras han perdido su razón; nuestra libertad de expresión debe estar garantizada en la tribuna pero en ningún caso debe ser un paraguas que nos haga diferentes a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Por tanto, mandamos un mensaje de recuperación de la confianza, un mensaje claro en el que queremos decirles mirándoles a los ojos: somos iguales y no tenemos un tratamiento distinto. Nos hemos colocado así - entiendo, señorías - en la vanguardia en esta reforma, que esperamos que salga adelante. Y lo que escuchamos sobre algún grupo parlamentario y sus intenciones en esta reforma no nos gusta, porque esa reforma salió por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia, esa unanimidad tan necesaria para la reforma de nuestro estatuto. Tenemos que ser coherentes y no solamente hacer reformas para situaciones concretas, situaciones que nos llevaron a la mayor crisis institucional que ha vivido la Región de Murcia en los últimos veinte años, con la implicación del expresidente del Partido Popular en la Región de Murcia en graves casos de corrupción. Esta no es una reforma al efecto, esta es una reforma que tiene carácter global, general, una reforma para responder de manera cierta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, pero también para poner negro sobre blanco quién de verdad apuesta por la regeneración de la vida pública y quién simplemente hace cálculos a corto plazo para mantener el poder. Señorías, les pedimos que apoyen - y hoy iniciamos el trámite - esta reforma por ser justa, necesaria y porque emana de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Víctor Manuel Martínez Muñoz.
Buenas tardes. Señora presidenta, señorías, como bien han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, traemos a esta Cámara, que es la representación nacional, una reforma de nuestro estatuto de autonomía para modificar dos artículos del mismo - solo dos artículos - con la intención de suprimir los aforamientos a todos los diputados de la Asamblea Regional de Murcia, a los consejeros y también a su presidente, una reforma en la que el Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia estuvo de acuerdo en su fondo, pero nunca en las formas. Porque hoy la Región de Murcia, lejos de hacer historia, pierde una oportunidad histórica - esta sí - de hablar desde esta tribuna del Congreso de los Diputados de sus verdaderos problemas reales. Hoy los murcianos perdemos la oportunidad de exponer el perjuicio que nos ocasiona el nefasto sistema de financiación autonómica o de hablar de la sequía, una sequía endémica que dura ya más de cinco años y que además provoca graves problemas en nuestra tierra. O de esa fallida reforma que intentamos hace tan solo unos meses desde el Partido Popular para asumir unas competencias en materia de costas que nos hiciera, eso sí, iguales al resto de comunidades autónomas que afortunadamente ya gozan de las mismas. Insisto, eso es lo que nos hubiera gustado, disfrutar de una igualdad de la que hoy carecemos. Nos hubiera gustado que hubiese sido tenida en cuenta a la hora de tramitar esa reforma del estatuto de autonomía, una reforma que desde el Partido Popular siempre hemos pedido que fuese una reforma global del mismo. Esa hubiera sido una reforma más ambiciosa y profunda, la que defendemos desde nuestro partido, no una modificación exprés, parcial y que no da respuesta a los grandes problemas y desafíos a los que se enfrenta nuestra región. En la Asamblea Regional de Murcia se nos hurtó la posibilidad del debate, la posibilidad de presentar enmiendas a esta reforma estatutaria, un proceso que esperamos se respete y se garantice a través de esta posible toma en consideración. Porque, señorías, si bien coincidimos todos en la necesidad de revisar el excesivo número de aforamientos que existen en nuestro país en los distintos ámbitos profesionales y también políticos, no es menos cierto que esta reforma llega hasta aquí sin tener el respaldo de un debate y estudio serio sobre quiénes deben perder el aforamiento, sobre quiénes no deben perderlo y sobre por qué deben perderlo. Coincidimos en la necesidad de modificar el régimen actual, pero, señorías, no provoquemos con esta decisión, que en su concepción puede ser honesta, una nueva desigualdad. Aprovechemos esta toma en consideración para abrir un debate nacional en torno a los aforamientos y no contribuyamos con esta reforma, que supondría un nuevo parche, a abrir la puerta a una España de dos velocidades en regeneración democrática. La eficacia, los avances en transparencia, en buen gobierno y en regeneración exigen las mismas reglas del juego para todas las comunidades autónomas, porque si no es así estaremos ante medidas de escaparate que solo persiguen ver quién llega antes a la meta de una regeneración que finalmente sería ficticia. ¿Qué sentido tiene que en la Región de Murcia pierda su aforamiento el presidente de la comunidad autónoma y en nuestra vecina Andalucía su presidenta siga aforada nada menos que ante el Tribunal Supremo? ¿Qué sentido tiene que el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga que ir a un juzgado ordinario cuando el presidente de Cataluña puede irse a una instancia superior? Señorías, igualdad; igualdad que también se demuestra con lo sucedido en otras comunidades autónomas, con estatutos que están en tramitación, como el de Canarias, o con lo sucedido en la Comunidad Valenciana, donde la izquierda valenciana votó en contra de suprimir los aforamientos que hoy se nos pide que se supriman en Murcia. ¿Por qué, señorías, suprimir los aforamientos y no la inviolabilidad? ¿Por qué los diputados pueden subir a esta tribuna y lanzar acusaciones amparándose en esa inviolabilidad que, por ejemplo, en la Región de Murcia no hemos perdido? Señorías, es una paradoja que una medida que pretende igualar a los políticos con los ciudadanos se tramite en el Congreso para crear desigualdades entre políticos a nivel nacional. Por eso el grupo parlamentario al que represento no interviene aquí esta tarde para escribir con renglones torcidos una nueva página en la historia política de la Región de Murcia, estamos aquí para dar respuesta a lo que nos piden los ciudadanos de forma seria y rigurosa. Confiamos en que esta propuesta de reforma sirva para abrir un debate profundo, que concluya en una decisión acertada e igual para todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, el Grupo Mixto y el Partit Demòcrata quieren saludar a los representantes de la Asamblea de Murcia, a los tres comisionados y al resto de representantes. En segundo lugar, quiero trasladarles que, si este es un planteamiento hecho por unanimidad en aras del ejercicio de su vocación de autogobierno, no vamos a ser nosotros quienes cuestionen esa vocación, porque precisamente también queremos que se respete para Cataluña la vocación y las mayorías que hay en el Parlamento, y el derecho a decidir y a votar el próximo 1 de octubre. Esperemos que el respeto sea mutuo; nosotros, evidentemente, vamos a respetar esta tramitación. Trasladándonos por un momento al debate sobre los aforamientos, la exposición de motivos de esta propuesta de modificación del Estatuto de Murcia dice que este es un debate que se remonta al siglo XIV. No sé si se han ido muy, muy lejos, antes de la Revolución francesa, al hablar de un sistema parlamentario del siglo XIV. En todo caso, es bueno recordar el origen de los aforamientos. Los aforamientos no sirven para que alguien se escape de ser juzgado, sea parlamentario o sea - dicho sea de paso - miembro del Poder Judicial, porque si hablamos de número de aforados, hay muchos más en el Poder Judicial que en el ámbito parlamentario; sin embargo, nadie habla de los aforados en el Poder Judicial. Como decía, no se trata de que alguien en el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito del Poder Legislativo se escape de ser juzgado, sino que simplemente se trata de una garantía, pero no de una garantía para el parlamentario, sino para la composición del Parlamento. Históricamente lo que pasaba - por eso el Derecho Constitucional tomó esta medida - era que un juez podía alterar - y se producían casos - los sistemas parlamentarios maduros, las composiciones de las mayorías y las minorías del parlamento para así influir en su decisiones soberanas. Este es el origen del aforamiento. Pero en esta tarde de apasionado debate parlamentario, si esa es la vocación del Parlamento de Murcia, no vamos a ser nosotros los que alteremos esto que, insisto, desde nuestro punto de vista, no es una garantía para aquel que tiene una sola instancia y no dos, el parlamentario o el representante del Poder Judicial, sino que era - así fue concebido - una garantía para el parlamentarismo. Pero es evidente que se alteran las mayorías también en democracias como la española. Los representantes del Partit Demòcrata empezamos esta legislatura con ocho diputados, entre los cuales se contaba nuestro compañero, jefe de filas y jefe de lista por Barcelona, Francesc Homs, y, al cabo de un año, estamos en esta legislatura sin un compañero diputado, consideramos, en convicción y en profundidad, que por unas profundas motivaciones políticas que subyacen en el juicio en el Tribunal Supremo, con lo cual tomemos nota de que en la España del siglo XXI, para promover la participación política, también los diputados son removidos, aquellos diputados que fueron elegidos democráticamente y que representaba medio millón de votos. Para ir terminando, a mí también me ha parecido sugerente el hecho de que ustedes planteen un debate a blanco o negro, a vida o muerte, sobre el aforamiento, pero que no hagan ninguna reflexión sobre la inviolabilidad parlamentaria; la inviolabilidad parlamentaria supone el respeto a la libertad de que cada uno vote según su conciencia, y a mí nadie me ha preguntado nunca por qué voto, pero la inviolabilidad parlamentaria también hace referencia a qué se expresa desde la tribuna, y sobre esto seguramente los legisladores nunca habían llegado a imaginar la capacidad de entrar de lleno en el campo no de lo indecoroso, porque esto es libertad de expresión, sino de algunas acusaciones sin fundamento. Termino dirigiéndome cordialmente al representante de Ciudadanos, que ha terminado su intervención diciendo que ustedes no solo van a acabar con el aforamiento en Murcia, sino que van a acabar con todos nosotros. Lo ha dicho literalmente. Supongo que hace referencia al aforamiento de este Parlamento. Pues miren, como yo quiero ser absolutamente respetuoso con la vocación de autogobierno de Murcia, como les pido que lo sean con la vocación de futuro de Cataluña, permítanme que también reivindique, como parlamentario con algunos años en este hemiciclo, que ustedes nos respeten a todos nosotros para decidir el futuro de la figura del aforamiento en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, muy brevemente, quiero saludar a los comisionados de la Asamblea de la Región de Murcia y al resto de representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Intervengo simplemente para manifestar que nuestro grupo parlamentario no impedirá la reforma que nos trae aquí la Asamblea de Murcia, y ello sin entrar en las consideraciones que nos merecen, porque consideramos que no es ahora el momento, las instituciones de la inmunidad y del aforamiento. Por ello, como digo, no seremos un obstáculo para esta reforma, pero tampoco consideramos que sea ahora el momento de pronunciarnos sobre estas instituciones en la medida en que lo que decida la Comunidad de Murcia no atañe a esta Cámara ni a lo que podamos decidir en el futuro en el País Vasco. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia [[Dirigiéndose a la tribuna de invitados y a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia]], y quiero decir que en mi grupo y en mi partido estamos de enhorabuena, porque uno de los anhelos de regeneración democrática de Ciudadanos se va a materializar en la Región de Murcia, como así será en otras comunidades autónomas españolas, más allá de ciertos vaivenes ocasionales de algunas fuerzas. Todo esto forma parte de una corriente que pronto alcanzará también a los miembros de las Cortes Generales, a cuyo efecto pido aquí formalmente a los representantes populares, socialistas y de Podemos que se sumen a esta iniciativa regeneradora que ha de permitir que de una vez los políticos seamos juzgados - en su caso - por los mismos jueces y tribunales que corresponderían a cualesquiera ciudadanos españoles. Como antecedentes permítanme recordarles que está, en primer lugar, el Acuerdo para la Gobernabilidad y la Regeneración Democrática entre Ciudadanos y el Partido Popular, de 22 de junio de 2015, con motivo de la investidura de don Pedro Antonio Sánchez López como presidente de la comunidad, que incluía la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico y que también incluía la separación de inmediato de cualquier cargo público o de partido imputado por corrupción política, lo cual nos lleva al segundo antecedente. La reforma del estatuto de autonomía fue una condición impuesta por Ciudadanos a cambio de la abstención en la investidura del candidato del Partido Popular a la Presidencia de la comunidad, don Fernando López Miras, tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez causada por la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia en el caso Auditorio. Por último, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia en materia de prerrogativas parlamentarias se aprobó por la Asamblea Regional de Murcia, el 26 de abril de este año, con el voto favorable del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Unidos Podemos. [[Rumores]] La supresión de los aforamientos es una medida clave de regeneración democrática, ya que el abuso de los mismos ha corrompido el sentido original de prerrogativa, en defensa del buen funcionamiento de las instituciones, para convertirse en un foco de privilegios particulares. Muy especialmente los aforamientos quiebran el principio de igualdad. Se ha tratado de justificar la figura al aducir que las personas que gozan de esta prerrogativa tienen - tenemos - que disfrutar de mayor protección, habida cuenta de las funciones que nos corresponden y que desempeñamos para evitar acciones judiciales fraudulentas o para garantizar la mayor calidad de los órganos judiciales que han de conocer de las mismas. Sin embargo, en la España actual se ha consolidado un auténtico Estado de derecho, por lo tanto, no resulta justificado ni desconfiar de los tribunales de justicia ni pretender que haya que reservar a órganos judiciales superiores el conocimiento de ciertas causas que afectan a ciertas autoridades, sobre todo, porque en algunos casos quienes están llamados a ser juzgados por esos órganos intervienen de forma más menos directa - a veces de manera obscenamente directa - en el nombramiento de sus titulares, lo cual resulta ya directamente intolerable, desde cualquier punto de vista democrático e incompatible con cualquier aspiración regeneradora. Además, procesalmente el aforamiento ha provocado dificultades sin cuento para el buen ejercicio de la jurisdicción cuando en una misma causa concurren personas aforadas y sin aforar. [[Continúan los rumores]]
Silencio, señorías. Un segundo, señor Girauta. Señorías, hay un murmullo que impide escuchar al orador. Les ruego, por favor, silencio. Si no, abandonen el hemiciclo. Continúe, señor Girauta.
Gracias, presidenta. Podemos recordar las dilaciones, el entrecruzamiento de causas y los peregrinajes jurisdiccionales que se han vivido en casos complejos como el de los ERE en Andalucía o el de Gürtel, donde confluían aforados a nivel nacional con aforados autonómicos y con particulares sin ninguna prerrogativa. Por fin, el derecho comparado nos demuestra que España es uno de los países del mundo con mayor número de aforados. Gómez Colomer cifra en más de 12 000 aforados los que hay en este país, sin contar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Contrapongamos esto con países como Alemania, Francia, Estados Unidos o Reino Unido, en los que o bien no hay aforados o bien el número es muy reducido. En España tienen aforamientos civil y penal la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias, su consorte, el rey o reina que hubiese abdicado y su consorte; tienen aforamiento para causas penales y en algunos casos en la exigencia de responsabilidad civil el presidente del Gobierno, los Gobiernos autonómicos, los ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios nacionales y autonómicos, defensor del Pueblo, sus adjuntos, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. Esto no tiene parangón en el mundo, es un auténtico disparate y, sobre todo, casa muy mal con los vientos de regeneración que afortunadamente han llegado a este país. Estos privilegios se han convertido en un obstáculo para la correcta y ágil actuación judicial, resulta oportuna su supresión y además se trata de un compromiso adquirido ante la ciudadanía que Ciudadanos ha impulsado y al que ha sumado a los principales partidos, en la que esta reforma de Murcia constituye un primer paso. La supresión de los aforamientos se recogió como compromiso tanto en el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que firmamos con el Partido Socialista como en el acuerdo de los 150 compromisos para mejorar España que firmamos con el Partido Popular. Así que, por favor, les exigimos a aquellos que firmaron con nosotros, coherencia, y estamos convencidos de que los demás también se sumarán a esta ola de regeneración. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
Gracias, presidenta. En primer lugar, quería saludar a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia, a la señora presidenta de la Asamblea Regional y a los diputados y diputadas que nos acompañan. [[Dirigiéndose a la tribuna de invitados y a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia]] Hoy debatimos sobre la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una reforma necesaria ante la mayor crisis institucional que ha vivido la Región de Murcia y la consecuente pérdida de credibilidad de sus instituciones. Hoy hablamos de aforamientos, pero hoy también hablamos de corrupción, porque la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles y es normal que sea así. A lo largo y ancho del país se han extendido prácticas corruptas, por parte de representantes y cargos públicos, que han afectado desde al más pequeño de los ayuntamientos, casi todos en la Región de Murcia, hasta a la mayor parte de las presidencias de las comunidades autónomas. Me van a permitir que les lea la lista: Matas en Islas Baleares, Camps y Zaplana en Valencia, Chaves y Griñán en Andalucía, Pujol en Cataluña, Ignacio González en Madrid, y el último caso conocido Pedro Antonio Sánchez en la Región de Murcia. Efectivamente, el expresidente de la Región de Murcia está siendo doblemente investigado por el llamado caso Auditorio por su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras cuando firmó como finalizadas unas obras en las que prácticamente ni siquiera se habían puesto los cimientos y, por otra parte, por la trama Púnica, en la que otorgó a cambio de campañas de lavado de imagen por Internet suculentos contratos a cargo de la Consejería de Educación que por entonces dirigía. A raíz de todo lo anterior, a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia y actual diputado en la Asamblea Regional, se le imputan nada más y nada menos que fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental, cuatro delitos que concentran el mecanismo de la gestión corrupta, un tipo de gestión que desgraciadamente ha sido el modus vivendi de los gobernantes de la Región de Murcia, y para muestra el caso Auditorio, pero también el caso Zerrichera, operación Tótem, caso Umbra, caso Barraca, Novo Carthago y Púnica. Una corrupción que hunde sus raíces en la persistencia del caciquismo oligárquico heredado de la antigua sociedad rural, pero también de unas redes clientelares tejidas con la burbuja inmobiliaria y que conectan intereses financieros, empresariales y políticos. El resultado no es otro que el secuestro de las instituciones de todos por parte de unos pocos y para los negocios de unos pocos. Es lo que el economista José Manuel Naredo ha denominado neocaciquismo democrático, señalando que frente al presunto liberalismo esta forma de Gobierno requiere de una fuerte intervención pública, a través de la gestión urbanística y de la permanente transferencia de dinero público a manos privadas. Por tanto, la corrupción nos cuesta el descrédito de las instituciones, erosiona los valores que deben regirlas y atenta directamente contra los ciudadanos y ciudadanas que depositan su confianza en ellas. Además, la corrupción nos cuesta muchísimo dinero público en la Región de Murcia. Solo en la Región de Murcia, mientras la mitad de los murcianos no han podido irse de vacaciones este verano y una cuarta parte vive con menos de 8000 euros anuales, la factura de la corrupción cuesta 815 euros por habitante y año, es decir, miles de millones de euros que se pierden para camas de hospitales, para contratar profesores o para ayudas a la dependencia. Por eso, la corrupción es el mayor gesto de antipatriotismo y traición que puede demostrar un representante público, una traición a la ciudadanía y un insulto a la democracia. [[Aplausos]] El problema es que en estos años han abundado los traidores. No es algo que nos inventemos, el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en más de 1700 las causas abiertas en juzgados relacionados con delitos de corrupción, y aún hoy hay más de 500 imputados por corrupción en nuestro país, la mayor parte del Partido Popular; no por casualidad el Partido Popular es el único partido imputado en la historia de nuestra democracia. Pues bien, muchos de estos cargos imputados o investigados han sido aforados o son aforados y, por tanto, no se enfrentarán a la justicia con el mismo recorrido que un ciudadano de a pie, ya que se les asignará directamente un tribunal especial y, seguramente, jueces conocidos. Los llamados aforamientos que garantizan la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional, es decir, una excepción procesal que tiene su origen en la reivindicación histórica de proteger la tarea parlamentaria y el ejercicio de la libertad de expresión, se han convertido en un privilegio en el cual se han parapetado representantes públicos para acometer graves delitos. Porque de lo que tenemos que hablar esta tarde y de lo que ya estamos hablando es del tratamiento diferenciado del representante público respecto al ciudadano y de la desigualdad injustificada en el trato procesal ante la ley. Por eso, Unidos Podemos va a votar a favor de la tramitación de este proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Creemos que no hay razón para este privilegio. No podemos entender que se mantenga este fuero para delitos comunes y delitos de corrupción. Creemos que se tiene que aplicar la misma normal procesal a los cargos públicos. Tenemos que ver esta tarde si, después de muchos golpes de pecho en la Asamblea Regional y después de muchos compromisos públicos, ha llegado el día de saber si el Partido Popular va a estar o no con el privilegio. Ha llegado el día de saber si los intereses del Partido Popular y la situación procesal de algunos de sus miembros van a pasar a un segundo plano y van a votar a favor en el Congreso de aquello a lo que se comprometen en la Región de Murcia. Esta asamblea ya fue propuesta por Podemos en la Asamblea Regional a principios de legislatura, pero el Partido Popular se opuso. ¿Saben por qué se opusieron? Porque de lo que se trataba era de proteger al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, es decir, a costa de manchar la imagen de toda la Región de Murcia. Como decía, no es algo que digamos solamente nosotros, lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial cuando afirma en sus memorias que el aforamiento es un privilegio que retrasa la imputación y alarga los procedimientos judiciales de modo artificial, logrando que incluso algunos de estos casos lleguen a prescribir. Señorías, hoy estamos aquí porque el caso del expresidente de la Región de Murcia, el señor Pedro Antonio Sánchez, no se puede volver a repetir. Es una vergüenza que un expresidente doblemente imputado se aferre, siga en su sillón de diputado en la Asamblea Regional, siga cobrando un sueldo público y siga aferrado a su condición de aforado. También es una vergüenza que Ciudadanos lo haya permitido y siga manteniendo al Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia. [[Aplausos]] Por tanto - termino -, hoy vamos a votar a favor de eliminar los aforamientos en el Gobierno y en la Asamblea Regional, teniendo claro que es un primer paso en la lucha contra los privilegios y su corrupción, pero siendo muy conscientes de que este Gobierno y su control de la fiscalía, este Gobierno y sus continuas presiones a jueces y fuerzas de seguridad son el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Veracruz.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, con todo el cariño, quiero darles la bienvenida a todas las personas de la Región de Murcia que nos acompañan hoy, a todas, pero muy especialmente a mis compañeros de la Asamblea Regional, a nuestra presidenta - que es un honor tener una presidenta en la Asamblea Regional de la Región de Murcia - y a todos los parlamentarios y muy especialmente a los compañeros de mi grupo. [[Dirigiéndose a la tribuna de invitados y a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia]] Señorías, es una suerte haber nacido en la Región de Murcia, y es un honor para mí, como murciana, tener la oportunidad de nuevo - como ya hice en 2013- de defender la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Nací en una tierra fecunda, una tierra con grandes parajes, con una gastronomía y un clima increíbles, con grandes potencialidades y con una historia rica precisamente por la suma de pueblos y la suma de culturas. Pero hemos tenido una desgracia en los últimos veintidós años, y es que hemos estado gobernados - ahora se ve más que nunca - por políticos que han llevado a mi región a un 'sinrumbo', por políticos que han estado preocupados por intereses particulares en lugar de estar defendiendo los intereses de la mayoría. Eso ha generado una situación de especulación, de políticas de amiguetes, de una pobreza y desigualdad - la mayor en los últimos veinte años - sin precedentes en mi tierra. Pero esa no es mi región, señorías. Esa no es la región de la mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia. Eso es lo que hemos exportado, lo que habéis exportado, lo que han exportado los políticos del Partido Popular hacia fuera; y me duele; me duele que esa haya sido la imagen de mi tierra, porque tenía que haberse erradicado a tiempo. Hoy, con la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que estamos haciendo, liderado por la oposición, liderado por los socialistas hace ya un año - un debate que llevó el Partido Socialista y no Podemos a la Asamblea Regional -, es erradicar una situación que nunca tenía que haberse dado. Para los que conocéis menos la Región de Murcia, hablo de delegados del Gobierno que estuvieron años sin sacar dinero de los cajeros. Hablo del exalcalde de Murcia, que era secretario general del Partido Popular, que volaba en jet con empresarios a los que recalificaba los terrenos; o de alcaldes condenados, como el de Fortuna, por la compra de votos, que se mantuvieron, incluso, como alcaldes hasta que no pudieron ya más que estar inhabilitados por la justicia. Hablamos, sin duda, de un expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que sigue en su escaño, señorías del Partido Popular y señorías de Ciudadanos, estando imputado e incumpliendo la Ley de Transparencia de la Región de Murcia; un presidente que pretendía, con el dinero de todos los murcianos, de la Consejería de Educación, lavar su imagen, limpiar su reputación, mientras en los colegios e institutos los maestros y los profesores sufrían los recortes. Es verdad que el aforamiento por el que está protegido el señor diputado Pedro Antonio Sánchez no tiene nada que ver con su causa, porque esa causa no ha sido por ser diputado. También es verdad que si no erradicamos la corrupción de origen, como pensamos los socialistas de la Región de Murcia, no seremos ejemplares, no daremos ejemplo a una ciudadanía en la Región de Murcia que tiene motivos de sobra para estar lejos, para estar realmente defraudada por los políticos. Por eso, para nosotros es obligada esta reforma; porque, además, han sido dos décadas no solo de despilfarro y de especulación, sino de decenas de imputados del Partido Popular campando a sus anchas. Yo creo honestamente, con la sinceridad que me caracteriza, que hoy es un día de orgullo para la región, porque, por desgracia, hemos sido noticia durante demasiado tiempo - y lo que nos queda -, porque Pedro Antonio Sánchez está a las puertas de la apertura de juicio oral, ni más ni menos - tomen nota, señores de Génova, que algo tendrán que hacer con esa situación del presidente del Partido Popular de la Región de Murcia -. Hoy somos noticia porque somos pioneros, desde la Asamblea Regional de Murcia, en una modificación legislativa que estoy segura de que antes o después estará en todos los parlamentos y estará también en el Congreso de los Diputados. Para terminar con una imagen, con la imagen que no se merece la Región de Murcia, que no se merecen los ciudadanos de la Región de Murcia y que han exportado los políticos del Partido Popular, creo que solo hay una cura, y esa cura es la ejemplaridad que no hemos visto en el Partido Popular ni a nivel nacional, con un presidente - el primero de la historia de este país -, Rajoy, que ha tenido que ir a declarar en un caso abierto por corrupción, ni en la Región de Murcia. Tengo la tranquilidad de decir que es una ejemplaridad que durante dos décadas hemos practicado los socialistas de la Región de Murcia, primero, al luchar contra la corrupción de una forma ejemplar, con honestidad, con limpieza, sin miedo y siendo perseguidos - muchos de los compañeros que están aquí saben de lo que estoy hablando -; y en segundo lugar, poniendo desde las instituciones - cuando el Partido Popular dejó de tener mayoría absoluta, lo cual fue posible por el entendimiento de los tres grupos políticos de la oposición - las herramientas y los instrumentos legales para terminar con esa opacidad, con esa forma de hacer política que tiene el PP. Me refiero a esta reforma estatutaria, pero también a la Ley de Transparencia, votada por cierto por toda la Cámara y que hoy está incumpliendo el Partido Popular y que hoy está incumpliendo el señor Pedro Antonio Sánchez, que está imputado por una causa de corrupción pues, según la Ley de Transparencia regional, tendría que haber abandonado ya su cargo, como hemos pedido los socialistas murcianos una y otra vez. En resumen, señorías, el Partido Popular no ha entendido nada y hoy, por desgracia, creo que van a dar una nueva prueba de ello. Señor Martínez, entiendo el ejercicio que ha tenido que hacer usted hoy aquí como portavoz del Partido Popular. Vaya papeleta tener un voto en la asamblea regional y otro diferente a nivel nacional. A tiempo están ustedes de demostrar que no van a seguir arrastrando los pies para evitar una reforma imprescindible en la Región de Murcia, porque lo único que ustedes demuestran es que están intentando ganar tiempo, como hicieron cuando los socialistas llevamos la reforma a la Asamblea Regional hace más de un año y como están haciendo hoy si al final no apoyan algo que apoyaron en Murcia. ¿Cuántas veces habré escuchado de usted, señor Martínez, decir que los políticos del Partido Popular sí hacen y dicen lo mismo en Murcia que en Madrid? [[El señor representante de la Región de Murcia, Martínez Muñoz, hace gestos negativos]] Últimamente no suelen hacerlo y deberían hacérselo mirar. Señores del PP, ustedes ya han demostrado que quieren mantener su cortijo por encima de todas las cosas, aferrándose a cargos e incumpliendo la Ley de Transparencia, pero no se preocupen porque ya se respiran aires de cambio en la Región de Murcia. Porque como ustedes no han tomado nota ni han entendido nada, serán los ciudadanos de la Región de Murcia los que - ahora sí y definitivamente - cambien la Región de Murcia, y la pondremos en el lugar donde se merece. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bernabé Pérez.
Muchas gracias, señora presidenta; buenas tardes, señorías. Quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, miembros de la Mesa, portavoces y demás diputados de la Cámara autonómica murciana que nos acompañan esta tarde con ocasión de este debate. [[Dirigiéndose a la tribuna de invitados y a los representantes de la Asamblea Regional de Murcia]] Señorías, no es oportuno iniciar un procedimiento de reforma del estatuto de autonomía específicamente para la modificación puntual que se plantea de eliminar los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno. Cualquier reforma como esta debe ser producto de una reflexión previa de los cambios que puedan ser necesarios. Esta reflexión debe tener un alcance más general e integral, con un debate amplio que contemple todos los aspectos que puedan ser susceptibles de mejora. Por tal motivo, se les recuerda que se ha constituido una Comisión especial de estudio, que es el marco idóneo para plantear la conveniencia de la modificación propuesta. Fin de la cita. ¿Autores? Don Tximo Puig y doña Mónica Oltra [[Mostrando dos artículos de prensa iguales, uno en cada mano]], o sea, Partido Socialista y Compromís [[Aplausos]] en la respuesta que hace apenas dos meses -21 de junio de 2017- le da el Consell de la Generalitat valenciana a Ciudadanos a la hora de rechazar una propuesta exactamente igual a esta. Sin embargo, no piensen que esto de la falta de prisa, del estudio pausado y de la mesura es algo que solo pasa en Valencia. Les voy a poner otro ejemplo: Sevilla un mes antes -21 de mayo de 2017-, protagonistas en este caso, doña Susana Díaz - creo que algo conocida por los lares socialistas - y -¡oh, sorpresa!- don Juan Marín representante máximo de Ciudadanos en esa bella región española. [[Mostrando otros dos artículos de prensa iguales, uno en cada mano]] Pues bien, en dicho encuentro ambas fuerzas políticas acuerdan eliminar los aforamientos durante la legislatura - no hoy, ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene: durante, con calma, sin prisa -, circunstancia a la que el portavoz del Gobierno andaluz de la Junta, don Miguel Ángel Vázquez, añade que su preferencia es que se abra un debate nacional, mientras que don Juan Marín concluye con que había sido una reunión seria, rigurosa y productiva, pues no había ido a hacer sangre, sino a ser útil. Pues bien, señorías, parafraseando al líder de Ciudadanos en Andalucía, yo también les pido a todos ustedes que empecemos a ser útiles y que abordemos este debate sin demagogias, con seriedad, rigurosidad, sosiego y la reflexión que se exige. Partimos de una base, señorías: el Partido Popular está a favor de la limitación y reducción de los aforamientos. Así se contempla en nuestro programa electoral, en concreto en la medida 3 de las encaminadas a combatir la corrupción, así como en la medida 94 de nuestro acuerdo de investidura con Ciudadanos. Pero ello no obsta, señorías, para que desde el Grupo Parlamentario Popular nos veamos en la obligación de poner luz, y además verdad, sobre un debate que se ha mediatizado en exceso y de forma torticera, como si esta cuestión fuera el maná redentor que todo lo soluciona cuando evidentemente no es así. Empecemos por recordar qué es el aforamiento, señorías: un privilegio - como erróneamente he visto que se ha repetido esta tarde de forma reiterada - o una garantía. Los aforados, señorías, por ostentar tal condición no quedan - no quedamos - impunes de nada ni dejamos de estar sometidos a la jurisdicción. Nos juzgan los jueces y quedamos sometidos a las decisiones y resoluciones que dicta el Poder Judicial. Además, difícilmente se sostiene la tesis del privilegio cuando incluso perdemos derechos en relación con cualquier otro ciudadano español, dado que somos juzgados en primera y única instancia por el órgano jurisdiccional que nos corresponde, careciendo de la potestad de interponer un recurso contra una sentencia que fuera desfavorable para nuestros intereses. Por interés de Estado, por defensa del interés general de las instituciones que se representan, y nunca de las personas aforadas, lo que se busca es que sean los órganos más expertos, más cualificados, con más competencia acreditada y a ser posible además colegiados - pues un órgano pluripersonal resiste mucho mejor las presiones que uno de carácter unipersonal - los que enjuicien este tipo de cuestiones. ¿O es que no existen los juicios paralelos en nuestro país, señorías? ¿Es que acaso no se da en España la tristemente conocida como pena del telediario? ¿Es que cada vez que se abre una investigación judicial relacionada con un cargo público no se multiplican de inmediato las acciones, declaraciones y también presiones de toda índole - políticas, sociales y mediáticas - para exigir su cabeza y si puede ser ipso facto mucho mejor? Esta tarde hemos visto aquí un lamentable ejercicio de lo que acabo de ver. Dos grupos de la izquierda, el PSOE y Podemos, han hecho un ejercicio vil y rastrero de lo que es una de las cuestiones sobre las que hablaremos: de la libertad para hablar desde esta tribuna. Yo no me voy a revolcar en el lodo, no voy a sacar los múltiples casos de corrupción con condenas - y desde luego con multitud de investigados que tienen ustedes -, pero ustedes hoy, señor portavoz de Podemos y señora portavoz del PSOE, han condenado a una persona sobre la que los jueces no se han pronunciado. No tienen ustedes ningún tipo de vergüenza política para hacer lo que acaban de hacer. [[Aplausos]] No, señorías; son los jueces los que tienen que hablar, nunca nosotros. Ese es el sistema que nos hemos dado los españoles. Los jueces son personas normales, exactamente iguales que todos nosotros. Ellos no viven en una burbuja aislados, ni sus familias ni sus seres queridos, de cuanto les acabo de decir, y de ahí la necesidad de que sean esos órganos cualificados más expertos, más acreditados y con más capacidad de resistencia a las presiones los que se encarguen de resolver estos asuntos. Dicho todo lo cual, ello no obsta para que reconozcamos que en España hay más de 250 000 aforados y que parece lógico que se estudie cómo limitar y reducir esa magnitud. Pero no olvidemos que de esa cifra más de 232 000 corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más de 17 000 a todos los jueces, todos los fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo de Estado, la familia real, los defensores del pueblo, estatal y autonómicos junto con sus adjuntos, y solo 2000 - recalco, solo 2000- de más de 250 000 somos responsables políticos. Por eso, les lanzo tres preguntas a ver si alguno es capaz de respondérmelas. La primera, ¿estamos hablando de suprimir a todos los que he citado o a solo una parte? Y en este último supuesto, ¿por qué entonces a unos sí y a otros no cuando la lacra de la corrupción, afortunadamente ya en franca retirada, se ha dado en sujetos pertenecientes a todos estos estamentos? Segunda cuestión, para el supuesto de que solo estuviéramos hablando de responsables públicos, ¿nos referiríamos a todo tipo de delitos o, por el contrario, a los no relacionados con la vida pública? Lo digo porque eso es lo que dicen los programas electorales de PSOE, Podemos y Ciudadanos, en cuyo caso también habría que concretar y delimitar muy claramente a qué nos referimos cuando hablamos de delitos de la vida pública. Y una cuestión más que he apuntado antes, ¿qué pasa con la inmunidad y la inviolabilidad de nuestras opiniones desde esta tribuna? ¿También quedaría suprimida? Tercera y última pregunta, ¿ven ustedes lógico que un Estado social y democrático de derecho como es España, en el que todos los ciudadanos, también los políticos, somos iguales ante la ley, se solucionen estas cosas de forma sesgada, troceada, individualizada, en lugar de con un gran consenso de las fuerzas políticas. ¿Qué hacemos? ¿Suprimimos los cincuenta y cinco aforados que hay en Murcia y ya está? ¿Nos liamos la manta a la cabeza con los seiscientos que dependen de nosotros, diputados, senadores y Gobierno? ¿Y qué pasa con los más de 1500 restantes? ¿Por qué una vez más unos sí y otros no? Señorías, demasiadas interrogantes, demasiadas incógnitas, demasiadas preguntas sin fácil respuesta. Les recuerdo - voy concluyendo, señora presidenta -...
Tiene que terminar, señor Bernabé.
El pasado 13 de diciembre esta Cámara aprobó la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Canarias y su artículo 38 mantiene los aforamientos. ¿Vamos a convertir nuestro país en un reino de taifas [[Aplausos]] donde se actúe según el color político del Gobierno que corresponda? ¿Dónde quedará la seguridad jurídica en ese escenario? [[Aplausos]] La supresión de los aforamientos debe ser objeto de un gran pacto nacional, reflexionado y sereno por parte de todos, y a partir de ese momento apliquemos los mecanismos que sean necesarios para modificar la Constitución y nada menos que veintiuna leyes orgánicas, entre ellas diecisiete estatutos de autonomía. Por todo ello, señorías, en virtud de lo que he expuesto, dado que compartimos el fondo pero no la forma, les anuncio que nuestro voto será la abstención. Eso sí, les invito a que en caso de que prospere la cuestión que hoy nos trae, este tema se trate donde tiene que tratarse, que no es otro que en la subcomisión para la estrategia de una nueva justicia en España, que es el lugar que ya lo tenía encomendado previamente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bernabé, y muchas gracias también a los representantes de la Asamblea de la Región de Murcia; a su presidenta y a todos los que nos acompañan hoy aquí.
Pasamos al punto II del orden del día. Corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Matos Mascareño.
Señora presidenta, señorías, permítanme que comience mi intervención dando la bienvenida a este Congreso de los Diputados a Ana González, impulsora de la plataforma 'Por una ley justa'. Ana González está aquí, en este debate de toma en consideración de esta proposición de ley, por una sola razón, porque esta va a ser su ley. Suyo fue su dolor, suya fue su rebeldía, suyo fue su tesón y su lucha, y suya, por tanto, será esta ley. También lo será de todos los apasionados de la bicicleta, sean aficionados o profesionales, que la han apoyado. A finales del año pasado, Ana González se reunió con todos los grupos parlamentarios, también con el Grupo Parlamentario Popular, y nos contó que su marido Óscar, apasionado de la bicicleta, había sido arrollado por un camión, falleciendo en el acto. Nos contó que el conductor del camión ni siquiera se detuvo y que huyó del lugar del accidente. También nos dijo que el tribunal que juzgó estos hechos había resuelto que no había delito de omisión de socorro pues, con la redacción actual de nuestro Código Penal, es imposible que pueda existir omisión de socorro cuando no hay nada ni nadie a quien socorrer. Les voy a leer literalmente un párrafo del fundamento de derecho único de dicha resolución: Teniendo en consideración que, según el informe de la autopsia, el fallecimiento del ciclista tuvo lugar en el acto, según reiterada jurisprudencia que considera que al producirse la muerte instantánea no hay persona desamparada, se debe aplicar la figura del delito imposible por ausencia del sujeto pasivo cuando se produce la muerte instantánea y el que ocasiona el accidente sin conocer tal circunstancia abandona el lugar, como ocurre en el presente caso. Hablando en plata, nos quedamos de piedra. No hizo falta incidir en ningún argumento más para apoyar la iniciativa. Era evidente que algo estaba funcionando mal. Estábamos seguros de que eso no era lo que quería el legislador. Para todos los que asistimos a dicha reunión, la conducta merecía reproche penal y, si queríamos una ley justa, no había duda de que debíamos acometer las reformas legislativas que fueran necesarias. El mismo apoyo que la iniciativa de Ana González y la plataforma 'Por una ley justa' obtuvo del Grupo Parlamentario Popular también la obtuvo del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico. Por ello quiero agradecer a los ministros Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido así como al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, su predisposición, su implicación y su colaboración en el texto que hoy defendemos. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha apoyado las proposiciones no de ley que sobre esta cuestión han presentado otros grupos parlamentarios. Ahora es el Grupo Parlamentario Popular el que solicita el apoyo del resto de los grupos para la toma en consideración de esta proposición de ley, para su mejora y enriquecimiento en el trámite de enmiendas. La reforma del Código Penal que presentamos gira sobre tres ejes. En primer lugar, se introduce por primera vez un nuevo delito, el de abandono del lugar del accidente. Dice el nuevo texto del artículo 382: El conductor implicado en un accidente de tráfico que abandone el lugar de los hechos será castigado con las siguientes penas: primero, si abandonare a una persona que hubiere sufrido lesiones constitutivas de delito, con la pena de tres a seis meses de prisión o con la pena de multa de doce a veinticuatro meses; segundo, si abandonare a una persona que falleciera a consecuencia del accidente, con la pena de seis meses a cuatro años de prisión. Con ello se sanciona por primera vez una conducta que todos consideramos acreedora de reproche penal: la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido y que hasta ahora no tenía cabida en el delito de omisión de socorro del artículo 195 de nuestro Código Penal. Como saben sus señorías, el delito de omisión de socorro, en su redacción actual, exige el desamparo y peligro manifiesto y grave de la víctima, y ello implica que su aplicación sea enormemente restrictiva; no solo exige que haya alguien a quien socorrer y, por tanto, que la víctima no hubiera fallecido, sino que exige también el completo desamparo, por ejemplo, que no hubiera nadie más en el lugar de los hechos, así como el peligro manifiesto y grave de la víctima. El nuevo artículo 382 abarca la totalidad de las demás conductas de abandono del lugar del accidente, las cuales consideramos, porque realmente lo son, absolutamente reprochables. El segundo eje es la introducción de una responsabilidad objetiva que en la práctica ya viene aplicándose desde la fiscalía y por la jurisprudencia. Así, tanto en el artículo 142 - imprudencia grave con resultado de muerte - como en el artículo 152 - imprudencia grave con resultado de lesiones - se introduce el siguiente apartado: A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 del Código Penal, es decir, cuando se conduzca con exceso de velocidad o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes. En tercer lugar, en esos mismos artículos -142, imprudencia grave con resultado de muerte, y 152, imprudencia grave con resultado de lesiones - se introduce un apartado que permite al juez o tribunal imponer motivadamente la pena superior en uno o dos grados en la extensión que estime conveniente si el hecho revistiera notoria gravedad y hubiera afectado a la integridad física de una pluralidad de personas con un resultado constitutivo de delito. Esto significa que, en el delito de imprudencia grave con resultado de muerte castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, si se dieran esas circunstancias, la pena podría alcanzar los nueve años de prisión. Además, la supresión del texto actual del 382 permite penas mayores. En ese texto se establecían las reglas del concurso de delitos contra la seguridad vial que producía un resultado lesivo, es decir, los delitos propios de la seguridad vial y el delito de lesiones, y castigaba solo la más grave de esas infracciones. Ahora, con esta reforma, se permite condenar ambas conductas de manera independiente y, por lo tanto, permitiendo una pena mayor. Señorías, en los debates celebrados tanto en Pleno como en Comisión sobre la necesaria reforma del Código Penal en este tipo de accidentes, algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios han planteado la necesidad de volver a incorporar al Código Penal las faltas por imprudencia leve que fueron derogadas en la reforma aprobada en 2015. Esta misma propuesta también ha sido formulada por la plataforma 'Por una ley justa'. Como recordarán, el derogado apartado 2 del artículo 621 establecía, para los que por imprudencia leve causaran la muerte de otra persona, una multa de uno a dos meses. He estado revisando jurisprudencia tanto de las audiencias como del Tribunal Supremo y la pena de multa más habitual es la de 6 euros al día, es decir, en el caso de dos meses, podría alcanzar los 360 euros. Estoy seguro de que esta propuesta de volver a incluir en el Código Penal el tipo de la imprudencia leve no se debe ni a que se considere que la imprudencia leve sea acreedora de reproche penal - me consta que todos los grupos de esta Cámara comparten el principio de la intervención mínima del derecho penal - ni tampoco se debe al castigo, como he dicho, una multa de escasa cuantía. Se debe - así lo creo - al convencimiento de que el proceso penal se considera más eficaz, más seguro, más garantista, más rápido y más barato al objeto de fijar las correspondientes indemnizaciones que el proceso civil. Señorías, estoy absolutamente convencido, si dejamos a un lado el debate partidista, que todos ustedes comparten conmigo que no se debe incorporar a nuestro Código Penal una conducta solo y exclusivamente con el fin de ofrecer al afectado, a la víctima, un procedimiento judicial ágil, eficaz, seguro, garantista y económico. Sin duda alguna, las víctimas de un accidente de tráfico y sus familias precisan de toda nuestra protección, de la plena tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución; por ello, sin duda alguna, hay que poner a su disposición un proceso civil igual de ágil, eficaz, seguro, garantista y económico que el proceso penal, y se podrá trabajar sobre ello en el momento y con la norma oportuna, que creemos que no es la reforma del Código Penal. En los debates celebrados en la Comisión de Justicia del pasado 9 de febrero, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, don Jaume Moya, apuntó algunas ideas al respecto. Estamos seguros de que habrá enmiendas en este punto y les garantizo que en el Grupo Parlamentario Popular estamos abiertos al diálogo y al consenso. Señorías, voy terminando. A todos nos impactaron los hechos que nos relataron Ana González y la plataforma 'Por una ley justa' y también los terribles accidentes de ciclistas ocurridos hace muy pocos meses. Todos nosotros nos hemos manifestado a favor de que una conducta tan reprochable desde el punto de vista moral y social como es el abandono del lugar del accidente por su causante obtenga un justo reproche penal. Todos nos hemos posicionado a favor de realizar las modificaciones legislativas necesarias para contribuir a evitar los accidentes, los atropellos a los que hemos asistido en los últimos meses; todos nosotros hemos apoyado las iniciativas, las proposiciones de ley que hemos debatido hasta el momento, y todos nosotros en el día de hoy debemos apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, admitirla a trámite y presentar y consensuar las enmiendas que la mejoren. Señorías, creemos firmemente que esta proposición da respuesta a lo que los colectivos y la sociedad nos demandan. Creemos que técnicamente es una ley impecable, pero les garantizo que estamos abiertos al diálogo y al consenso en todas las aportaciones que la mejoren y la complementen. Por todo ello pido su apoyo. Muchísimas gracias. [[Aplausos]] En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Resulta imprescindible amoldar el Código Penal para tratar de atajar la creciente estadística de conductores de vehículos a motor que se fugan del lugar donde han originado un accidente de circulación, una estadística que adquiere absoluto dramatismo cuando en el siniestro se producen víctimas entre peatones y ciclistas a los que el conductor fugado no prestó el correspondiente auxilio. Las cifras relativas a la reiteración de siniestros en los que el conductor huye y no presta atención a los heridos son espeluznantes. Actualmente, nuestra legislación permite a los tribunales de justicia interpretar el contenido del articulado legal aplicando castigos que no están siendo acordes con la exigencia social y humana de socorrer a un herido. En la práctica son excepcionales las condenas por omisión de socorro, de ahí la importancia de acometer una reforma que de hecho ya se reclamó a finales del pasado mes de junio en el Pleno del Congreso cuando se debatió una iniciativa relativa a la seguridad vial y jurídica en la que se dejó patente la preocupación por este problema, que ha sido objeto de especial atención en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad que está constituida en esta Cámara. Nuestro reconocimiento a todos los que desde la sociedad civil nos han sensibilizado ante este drama. Esta reforma legal se plantea con el objetivo de reducir el número de víctimas y acomete una mayor sanción para atropellos y conductas en las que se constate la influencia de sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas en el origen del accidente. De hecho, uno de los motivos más frecuentes para darse a la fuga tras un atropello a ciclistas o peatones es precisamente para eludir el mayor agravamiento de la responsabilidad y de la correspondiente condena por estar el conductor del vehículo implicado bajo los efectos del alcohol y otras drogas o por infracciones administrativas, como tener retirado el carné, no haber pasado la ITV o carecer del seguro obligatorio. En definitiva, expreso el apoyo de Foro a esta reforma legislativa en la confianza de su utilidad para tratar de rebajar los siniestros y las víctimas de nuestras carreteras, especialmente ciclistas y peatones, y de contribuir a una mayor sensibilización para prestar atención inmediata a las víctimas de los accidentes de tráfico. Muchas gracias.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Déjenme, antes de empezar mi intervención, que haga extensiva a todas sus señorías nuestra profunda satisfacción por la celebración de la Diada nacional de Cataluña de ayer, 11 de septiembre, por su carácter masivo, por su carácter festivo, por su carácter cívico, y felicitar a todos y cada uno de los catalanes, a los 7,5 millones de catalanes, que demostraron que hay una catalana manera de hacer las cosas y por ello nos sentimos muy orgullosos. [[Aplausos]] Quiero empezar mi intervención felicitando y dedicando esta ley a Ana González y a la plataforma 'Por una ley justa'. Es vuestra ley, es tu ley, Ana; gracias por tu trabajo, por habernos hecho llegar todo lo que pasó y que hoy sea una realidad que esta ley, la ley Ana González, empiece a caminar. Vaya por delante que tendrá el apoyo del Partido Demócrata en su tramitación. El informe de la DGT de 2016 ponía de manifiesto que, en ese año, se habían incrementado un 18 % los accidentes en ciudad y que los más impactados por los mismos son ciclistas, peatones y motoristas. Desgraciadamente, existe un incremento de la siniestralidad en accidentes de tráfico, por lo que es necesario tomar medidas, y esta proposición de ley va en la buena dirección. Nos parece acertado que se incremente, por ejemplo, la imprudencia grave a todas aquellas conductas que han causado accidentes como consecuencia de la ingesta de drogas, estupefacientes y alcohol o también por exceso de velocidad. Nos parece muy positivo que se pueda tipificar el abandono del lugar del accidente, leitmotiv de la proposición que nos presentó Ana González y la plataforma 'Por una ley justa'. Por tanto, votaremos a favor. Nos gustaría también agradecer al diputado del Partido Popular que haya dejado la puerta abierta para poder debatir en qué forma podríamos introducir las imprudencias leves. Es verdad que no podemos actuar al dictado de las víctimas y que el Código Penal tiene que ser la última ratio, pero también es verdad que las distracciones al volante son las causantes de más de la mitad de los accidentes de tráfico y es una necesidad que acabemos entre todos con esta lacra social que implican los accidentes de tráfico. Quizá se podría valorar en el trámite de enmiendas la posibilidad de que estas imprudencias - conductas de distracción - en materia de tráfico pudiesen tipificarse como infracciones leves en el Código Penal para poder dar un aviso a los conductores de que al volante no vale ninguna distracción. Así ofreceríamos un amparo más justo a las víctimas, que podrían ver resarcido su derecho con la concurrencia ante la vía penal. Hay otra cuestión - voy a abreviar por el poco tiempo de que dispongo - que trasladó a mi grupo Carlos Soria, el padre de Marta, amigo de Ana, que vio cómo unos conductores kamikazes, que iban al volante de forma temeraria, haciendo carreras con coches de alta cilindrada con las luces apagadas, segaron la vida de su hija. Hoy estas personas están en libertad, a pesar de tener antecedentes penales. El Código Penal dice que tendrán sentencia condenatoria; sin embargo, hoy por hoy aún no han sido privados de la licencia de conducir y están en libertad. En el debate sereno que merecen estas cuestiones, nos gustaría que se pudiese analizar la conducta kamikaze que ocasiona la muerte de víctimas inocentes, pensando sobre todo que podría pasarnos a cualquier de nosotros o a nuestros hijos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. Se trae a debate una proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores y sanción del abandono del lugar del accidente. En primer lugar, como han hecho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera saludar a los invitados que hoy nos acompañan, así como mostrar nuestra satisfacción ya que con esta proposición de ley se responde a una importante demanda social consecuencia del incremento de los accidentes en los que las víctimas son ciclistas, peatones y motoristas, como ya se ha señalado. Es una satisfacción porque, en cierta medida, culmina debates que se han sustanciado en esta Cámara, en el ámbito de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, sobre estas mismas cuestiones. Tengo que señalar que en la Estrategia de seguridad vial de la Unión Europea 2010-2020, España tiene unos altos niveles de cumplimiento, por encima de la media, en la reducción de muertes en accidentes de tráfico, lo cual no es óbice para que no nos sensibilicemos, como lo hacemos, ante esos accidentes con las partes más débiles que en ciertas ocasiones circulan por la carretera: peatones y más habitualmente ciclistas y motoristas. El proyecto de ley opta por un incremento punitivo, olvidándose de las medidas preventivas y educativas que debieran acompañar al mismo y que seguro que abordaremos en la Comisión sobre Seguridad Vial. El aumento de la punición, como ya se ha dicho, se manifiesta sobre todo en los artículos 142 y 152 del actual Código Penal, en la medida en que respecto a los homicidios con imprudencia grave y menos grave y a las lesiones con imprudencia grave o menos grave se le da al juez la posibilidad de imponer la pena superior en uno o dos grados si se da una doble circunstancia: la notoria gravedad del comportamiento del conductor y que afecte a la integridad física de una pluralidad de personas, con un resultado constitutivo de delito. A su vez, se aprovecha para determinar legalmente, ope legis, qué ha de entenderse por imprudencia grave, trayéndose al caso los supuestos de hecho del artículo 369, que son, como ya se ha dicho, la conducción con exceso de velocidad por encima de los límites establecidos en las vías urbanas o interurbanas o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, y también la conducción con temeridad. Como segunda medida se deroga una regla concursal específica que se contemplaba en el 382 entre los delitos de peligro en la seguridad vial -379 a 381- y los delitos de resultado de lesiones y homicidios, lo que implicaba que solo se castigaba la infracción más grave en su mitad superior. Se deroga este precepto, el 382, con lo que se va a permitir castigar todas las infracciones por su cuantía, salvo, claro está, que no entren en juego las reglas concursales del artículo 77, es decir, cuando un delito de peligro sea necesario para uno o varios posteriores de resultado. Por último, en sustitución del derogado 382, que establecía esa regla concursal específica que he citado, se introduce, como ya se ha dicho, el delito de abandono del lugar del accidente, que obviamente es una conducta dolosa, tanto el abandono del lesionado como del fallecido. También en este supuesto tendremos que debatir en la Comisión si se pudiera producir un concurso con los supuestos del 195.3 o si se aplicarían en este caso, en sentido contrario al concurso, los criterios del artículo 8 del Código Penal, en el que el precepto especial se aplica con preferencia al general o el más amplio absorbe al menos complejo. En definitiva, con carácter general, tenemos que manifestar que apoyamos la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica, sin perjuicio de las enmiendas y modificaciones. Agradecemos al portavoz del Partido Popular la disposición que ha mostrado a dialogar con todos los grupos respecto a las enmiendas que en su caso podamos presentar. Nos felicitamos por haber dado un paso adelante en esta honda preocupación social, que también es de esta Cámara. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Molt bona tarda. Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, muy brevemente, los republicanos catalanes vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, y lo vamos a hacer por responsabilidad para con la víctimas de los accidentes de tráfico. Venimos a cubrir una laguna legal existente a pesar de las múltiples modificaciones legislativas del Código Penal, pero no compartimos plenamente la iniciativa del Partido Popular, como apuntaba muy bien el portavoz del PNV. Es evidente que desde Esquerra Republicana no podemos compartir el incremento de penas en atención a que existen otras medidas distintas a las penas que se plantean en esta proposición de ley. Por ello, presentaremos enmiendas de tomarse en consideración esta proposición de ley. Es evidente que compartimos plenamente la necesidad de legislar con el objetivo de acabar con la impunidad existente cuando un conductor implicado en un accidente de tráfico abandona el lugar de los hechos, tanto si la víctima ha sufrido lesiones como si ha fallecido, sin embargo, Esquerra Republicana no va a dejar pasar la oportunidad de hacer una crítica a esta manera de legislar, no porque sea una proposición de ley, sino porque a nadie se le escapa que ya llevamos treinta modificaciones del Código Penal de 1995 - cada vez parece más los antiguos textos refundidos del Código Penal - y durante todas estas reformas, algunas con una vigencia que no ha llegado a un mes, es evidente que alguien podía haberse dado cuenta de que había este problema, porque la demanda social ya existía. Es más, la última reforma, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, fue una reforma sustancial del Código Penal en la que no se contó con la mayoría de los grupos parlamentarios. Básicamente, con el Partido Popular y algún grupo político más, como UPN y Foro Asturias; no recuerdo si hubo alguno más. En todo caso, no fue una reforma como la que requiere el Código Penal. Como se dice por algunos, no deja de ser la Constitución en negativo y, por tanto, es evidente que requería mayor consenso. Como se trata de un tema vital para las víctimas, consideramos que el propio Gobierno debería haber planteado un proyecto de ley y no una proposición de ley. A pesar de todas estas consideraciones, votaremos favorablemente ateniéndonos a lo que he expuesto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera Andrés.
Muchas gracias, señora presidenta. Hoy he atropellado a un ciclista. Iba despistada cambiando la emisora de radio. Creo que lo he matado. No he parado para comprobarlo, pero creo que no se movía. Tengo el parachoques destrozado. Tendré que cambiarlo hoy mismo; me gusta que mi coche esté perfecto. Sé que no me va a pasar nada. Si me localiza la Guardia Civil, ni siquiera pagaré nada; lo hará mi aseguradora. Pero en realidad esta no soy yo. [[Rumores]] Esto fue lo que pasó. Mi marido fue atropellado por un camión. El conductor que atropelló a mi marido se marchó del lugar de los hechos y luego lo detuvo la Guardia Civil. Se me comunica que, por ser los hechos una imprudencia leve - vamos, una tontería, una distracción tonta - es una falta y, aplicando la última reforma penal, el caso se archiva y no hace falta celebrar juicio penal. ¡Siento tanto dolor y tanta desprotección por parte de las justicia y las leyes! ¿Esto es lo que vale una vida? Te amo, Óscar, y no descansaré hasta conseguir justicia. [[Rumores]]
Un segundo, señoría. Señorías, si quieren tener una conversación, ténganla fuera del hemiciclo.
Honraré tu memoria y haré que nuestros dos hijos estén orgullosos porque no me rendí. Esta tampoco soy yo. Es la vida de Ana González, que no se rindió y un año y medio después está hoy aquí, en la tribuna del Congreso, viendo cómo se hace realidad 'Por una ley justa'. Gracias, Ana. Este lugar, este atril, este momento y este día son tuyos. Muchas gracias. [[Aplausos]] Ayer Ana me dijo: Cuando inicié la lucha 'Por una ley justa', lancé a redes sociales este texto - el que justamente les acabo de leer -, que se hizo viral en pocas horas. Más de 200 000 personas lo compartieron en Facebook, Twitter e Instagram. Siempre me imaginé leyendo este texto en el Congreso - me dijo Ana -; como no lo podré leer, me gustaría que lo hicieras tú. No puedo decirles la responsabilidad y el honor que he sentido hoy al leer esta carta. Ana quiere agradeceros a todos, a los diputados de todos los partidos políticos, que la hayamos escuchado en primer lugar y que hayamos trabajado para cambiar esta situación para que, en el futuro, ninguna víctima más ni sus familiares vivan una situación similar a la suya. Aunque esta no es mi historia - es la de Ana -, podría serlo; podría ser la de cualquiera de nosotros. Cuando Óscar Bautista falleció, la jueza instructora consideró que se trataba de un caso de homicidio por imprudencia de carácter leve - repito, por imprudencia leve -, archivando la causa. Esta impunidad es consecuencia de la última reforma del Código Penal que, a través de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modificó de un plumazo todo el libro del Código Penal que regulaba estas faltas, suprimiéndolas. Se expulsaron, sin más, del ámbito penal todas las lesiones causadas por imprudencia leve, sean las que sean, incluida la muerte. Pero, una vez más, Ana no se rindió e inició una solicitud en Change.org, presentando en unos meses más de doscientas mil firmas aquí, en el Congreso. Ana me ha pedido también que dé las gracias en su nombre a las más de doscientas mil personas que con su firma no la han dejado sola. Por si eso fuera poco, el caso de Óscar tampoco cumplía el tipo penal de omisión del deber de socorro. Sinceramente, es escandalosa la impunidad a la que se acogen quienes deniegan el socorro a las víctimas y se dan a la fuga. Cuando conocí a Ana por primera vez, en noviembre de 2016, no podía creer lo que ella y su abogado, Francisco, me estaban contando. No tengo perfil jurídico pero he trabajado muchos años en seguridad vial y mi sentido común me dice que no existe derecho alguno que ampare la fuga del conductor que causa un accidente, no existe. Ana no se rindió y la audiencia provincial sí consideró que debía haber un juicio penal, pero, ¿y si se hubiese rendido? No se rindió y hoy estamos aquí trabajando para que ninguna víctima más se sienta desamparada por la justicia, porque son víctimas dos veces: la primera, por la desgracia que sufren en sus vidas y la segunda, por las leyes que no les protegen. Para romper de una vez con toda esta situación que afecta gravemente a los ciclistas pero también a las víctimas de accidentes de tráfico, el 29 de junio debatimos aquí, en esta Cámara, una proposición no de ley de Ciudadanos que aprobamos, afortunadamente, por unanimidad todos los grupos políticos; de ahí surge ese proyecto de ley que ha presentado el Partido Popular. Quiero darles la enhorabuena por la rapidez que han tenido al contestar a la exigencia de Ciudadanos de presentar en menos de tres meses este proyecto de ley, si bien tengo que decirles que habrá mucho que modificar, habrá mucho que tratar a nivel de enmiendas, porque es una ley sacada a la carrera, es una ley sacada para calmar la alarma social y, sin duda, tendremos que trabajar muy duramente para que, cuando salga de aquí y sea aprobada en Senado, sea la ley de Ana. Fíjense, además yo iría mucho más lejos o mucho antes, antes de que se produjera el accidente. Me parecen muy buenas las medidas que la DGT está poniendo en marcha, como la campaña del metro y medio de separación al adelantar a un ciclista, pero no nos olvidemos de que hoy por hoy muchos de estos accidentes ocurren a primera hora los fines de semana y están ligados al consumo de drogas y alcohol en los conductores. Si somos capaces de conjugar los tramos de concentración de víctimas ciclistas y los tramos de concentración de accidentes causados por consumo de alcohol y drogas, estaremos identificando los lugares de mayor riesgo y se podrán reforzar los controles y prevenir. Emilio Rivera, que era mi padre, solía decirme que el mejor accidente es el que no se produce. Él, que ya no está desde el año 2012, practicaba y adoraba el ciclismo; cada año acompañaba a la Vuelta en la etapa del puerto de Pajares - bueno, él hacía la etapa a su ritmo unas cuantas horas antes, pero siempre, siempre, llegaba a la meta -. Si él estuviera hoy aquí sin duda se sumaría a la causa de Ana, como espero que lo hagamos los 350 diputados de esta Cámara. Va por Óscar, va por Emilio, mi padre, y va por todos los que adoramos el deporte y el ciclismo, y sobre todo va por Ana; Ana, va por ti. Muchos ciclistas y muchas víctimas le estarán siempre agradecidos por su lucha. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, quiero saludar a Ana González, impulsora de la plataforma 'Por una ley justa' y agradecerle todo el trabajo y el esfuerzo hecho por visibilizar la indefensión judicial de las víctimas de la violencia vial que actualmente se da en nuestro ordenamiento jurídico. Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo votará a favor de la admisión a trámite de este proyecto de ley para la modificación del Código Penal. Siempre somos partidarios de abrir el debate y es evidente que la actual regulación es francamente mejorable en lo referente a la imprudencia en la conducción y sanción del abandono del lugar del accidente. No deja de ser sorprendente que lo que trata de mejorar el Partido Popular es una chapuza legal que dos años antes impuso con el rodillo de la mayoría absoluta, ese rodillo que tantos problemas ha supuesto para nuestro país. Digámoslo claro, la reforma de 2015, del Gobierno del Partido Popular, desprotegió a los colectivos vulnerables no solo en la carretera sino también en los juzgados. Ahora, el Partido Popular reconoce su error, un error que la multitud de argumentos técnicos como los que hemos oído no puede esconder. Han sido muchas las consecuencias penales y legales de esta reforma. Déjenme señalar, al menos, dos de ellas. La primera, la derogación del Libro III, de faltas, supuso una destipificación penal que significó el desamparo de miles de víctimas al no dejar clara la delimitación de categorías ni habilitar un procedimiento claro y específico. La segunda, consolidó por la vía de los hechos la mercantilización de algo tan serio como la tutela judicial efectiva y en condiciones de igualdad; es decir, en la práctica esto significa que la víctima renuncia a hacer valer su derecho, conformándose con el ofrecimiento a la baja de la compañía aseguradora. El proyecto de ley que hoy debatimos sigue teniendo muchas carencias, fruto seguramente de las prisas con las que se ha abordado esta necesaria contrarreforma de la reforma de 2015. Por supuesto, haremos nuestras aportaciones en la ponencia que se abra para el debate que esta ley porque la actual redacción del Código Penal en el tema que nos ocupa no responde a los criterios que debería responder - ni el de justicia ni el de proporcional - y, sobre todo, deja desprotegidos a muchos colectivos. Sin embargo, hemos dejado ya clara nuestra postura en otras ocasiones y la reforma del Código Penal es insuficiente para reducir el alarmante incremento de víctimas de atropellos que hemos visto en el último año. Sin duda, este debería ser el objetivo compartido de todos los grupos parlamentarios. Hemos dicho muchas veces aquí que centrarnos en el castigo en un momento de alarma social es, simplemente, populismo punitivo y nuestra responsabilidad como representantes políticos es, por un lado, evitar que siga muriendo gente y, por otro, evitar la doble victimización de la víctima. En primer lugar, es imprescindible la prevención en seguridad vial. Por dos veces esta Cámara ha instado al Gobierno a elaborar un plan estatal de la bicicleta con los recursos y medios necesarios para el control y la población. Subrayo recursos y medios porque ningún plan puede tener efectos si no se le dota de los recursos necesarios. También, por ejemplo, incluir al colectivo ciclista en el Consejo Superior de Tráfico para hacer valer sus derechos en futuras modificaciones legales que sean pertinentes. Pero una vez que se ha producido el accidente, una vez que existe una víctima, hay que acompañarla con procesos tuitivos y garantistas. No es difícil imaginar, señorías, la situación de injusticia e indefensión que se produce en una víctima en medio de su dolor y sufrimiento cuando tiene que enfrentarse a maquinarias jurídicas de grandes aseguradoras en caminos largos, costosos y sin ninguna garantía de que sus derechos sean finalmente reconocidos. En este sentido, nuestro grupo propone tres reformas jurídicas que deben acompañar al proyecto de ley que hoy debatimos para que la protección de las víctimas sea completa y se garantice la tutela judicial efectiva. En primer lugar, introducir en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, un procedimiento especial, plenario y rápido, específico para la reclamación de daños y perjuicios por accidentes de tráfico; es decir, un procedimiento que no alargue el sufrimiento y que reconozca la situación de desigualdad de los particulares frente a las aseguradoras en los procesos legales. En segundo lugar, revisar la Ley 35/2015, de 22 de septiembre - otro regalo del rodillo del Partido Popular -, de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta revisión debería abordar el procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las consiguientes indemnizaciones de las aseguradoras. En tercer lugar, revisar la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, en lo que se refiere al cobro de la defensa jurídica por parte de los propios asegurados y hacer sancionable las oposiciones injustificadas para su abono por parte de las aseguradoras. Señorías, abramos un debate amplio y completo de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico, más allá de la reforma del Código Penal; contemplemos la prevención como una prioridad y acompañemos a las víctimas no solo con palabras bonitas, gestos para la galería y endurecimiento de las penas. Abordemos las necesarias reformas legales para evitar la doble victimización, la del dolor personal y la de la injusticia de los procesos judiciales que, a día de hoy, no sirven para reconocer los derechos de las personas una vez que, por desgracia, se convierten en víctimas de un accidente de tráfico. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bellido Acevedo.
Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular trae aquí para su toma en consideración una proposición no de ley para reformar el Código Penal, fundamentalmente por tres razones: por la gran alarma social que se ha generado en los últimos meses, en los últimos años, por siniestros y por las consecuencias judiciales de estos siniestros que han sido muy desgraciadas; porque hay una presión de colectivos y asociaciones de víctimas de ciclistas y, particularmente, de doña Ana González, que ha emprendido una causa justa luchando por reconocer que la situación no es como debía ser hoy; y también después de iniciativas de la oposición política. Me referiré al trabajo magnífico que se ha hecho en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Seguridad Vial por diputadas y diputados de todos los partidos - también del mío, del Grupo Socialista -, y también del buen trabajo de compañeros del PSC, Mónica Lafuente y Óscar Ordeig. En primer lugar, quiero decir que es curioso que esta reforma del Código Penal que nos trae el Grupo Popular no va a abordar ni a resolver, al menos desde un punto de vista cuantitativo, el principal problema que trajo la reforma del Código Penal de 2015, con la despenalización de la imprudencia leve; y es que antes de 2015, a través de los juicios de faltas, se resolvían con todas las garantías muchos siniestros importantes y se protegía a las víctimas. Hoy, las víctimas tienen que acudir a la vía administrativa y a la jurisdicción civil, con lo que supone de pago de tasas judiciales, de no poder contar con el informe del médico forense, con el aumento de los plazos de litigación y con la posibilidad, además, de asumir costes procesales que no había en los juicios de faltas. Total, que la reforma que hizo el Partido Popular en 2015 fue mala para las víctimas y fue buena para las compañías de seguros, que pudieron resolver, a través de procedimientos extrajudiciales, mediante negociación, rebajas importantes en las indemnizaciones, en las compensaciones. Por tanto, que eso no esté hoy aquí encima de la mesa ya es relevante; y, por eso, aunque nosotros apoyamos esta toma en consideración para reformar el Código Penal, queremos dejar constancia de que esta iniciativa del Grupo Popular es insuficiente. Por otra parte, es verdad que esa reforma no dejaba clara algunas cosas, la diferencia entre la imprudencia grave y la menos grave, y ahora se trae una mejor objetivación de cuándo será imprudencia grave y menos grave. El criterio será la velocidad y el consumo de drogas o alcohol, y nos parece correcto; pero una de las cuestiones que figuran en el texto, que es la posibilidad de aumentar penas de homicidio por imprudencia grave o menos grave, atiende a un criterio poco específico, como la notoria gravedad. También se ha dicho aquí, y se ha valorado positivamente por los grupos, que se crea un subtipo de la omisión del deber de socorro que se refiere exclusivamente al causante del siniestro, y que es el delito del abandono del lugar del accidente, sobre el que vamos a trabajar y a estudiar con los grupos parlamentarios para ver si podemos llegar a un acuerdo, porque esa es la voluntad del Partido Socialista, y es evidente que existe una demanda social para reprochar este tipo de conductas insolidarias, este tipo de conductas absolutamente reprochable. Pero lo cierto es que hay que intentar establecer el castigo, la punición por la conducta y no por el resultado, otro aspecto de esta iniciativa que tenemos que intentar valorar. El Grupo Socialista va a votar a favor y está dispuesto a conseguir un consenso social en esta materia, pero empecemos diciendo que la reforma anterior es equivocada; que ha desprotegido a las víctimas; que como la regulación actual, que es la de 2015, ha desprotegido a las víctimas, tenemos que intervenir haciendo un diagnóstico compartido; que los operadores jurídicos y también los colectivos piden claridad y respuestas ante comportamientos antisociales, como hemos dicho; y, por eso, porque no estamos de acuerdo con el cien por cien del texto, vamos a buscar trabajar con el Grupo Popular y con el resto de fuerzas de este Parlamento para intentar alcanzar un gran consenso social, sobre todo pensando en una mayor sensibilidad hacia las víctimas, que lo merecen, y también en dotarnos de un conjunto del ordenamiento más coherente y, sobre todo, más eficaz. Se ha dicho aquí por parte de la portavoz de Podemos que si la voluntad es atender más y mejor a las víctimas y mejorar la seguridad vial, esto no se hace solamente desde el Código Penal sino que se echan en falta otras iniciativas que el Gobierno ya podría haber emprendido; política, en definitiva. Estamos esperando medidas educativas - seguimos siendo el único país de la OCDE que no tiene educación vial como contenido en su formación reglada -, medidas formativas apoyándonos en el sector de las autoescuelas, mayor trabajo en la prevención en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico - que hace un magnífico trabajo pero a la que hay que orientar hacia la prevención -, y aprovechamiento de las tecnologías para evitar tantos siniestros. En definitiva, un trabajo que queda por hacer y que el Partido Popular puede realizar directamente, sin necesidad de venir a este Parlamento, hablando con los colectivos de víctimas y que de momento no ha hecho. Nosotros hemos demostrado, tanto en la Comisión de Seguridad Vial como en la Comisión de Justicia - presentando iniciativas en este ámbito apoyando a los colectivos de ciclistas, a las asociaciones de víctimas -, que estamos a favor de hacer reformas. Queremos que sean pactadas, queremos hacerlas con la mayor sensibilidad, sin populismo, pero sobre todo queremos que sean eficaces para prevenir y evitar siniestros en nuestras carreteras. Votaremos a favor. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos al punto del orden del día relativo a proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto, relativa al impulso de una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. Para la presentación de la iniciativa, tiene, en primer lugar, la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Heredia Martín.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me van a permitir que, en primer lugar, dé la bienvenida a las entidades de acción social que trabajan con y por la infancia - especialmente a Save the Children -, que con su enorme esfuerzo han hecho posible que esta tarde tengamos este debate. Por tanto, mi bienvenida - la del Grupo Parlamentario Popular - y el reconocimiento al enorme esfuerzo que han hecho para que esta tarde estemos aquí. Hoy todos nosotros debemos estar orgullosos - especialmente los miembros de la recién estrenada Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia -, porque traemos a esta Cámara de manera conjunta una proposición de ley que persigue erradicar la violencia contra los niños y las niñas de nuestro país. Hoy todos estamos unidos en la lucha contra la violencia hacia la infancia y hoy la ciudadanía sabrá que, a pesar de nuestras diferencias, somos capaces de trabajar por el interés de los menores; que ninguno de los que estamos aquí nos mostramos impasibles ante la violencia contra los niños y las niñas, y que coincidimos en que la violencia que se dirige contra los menores es una de las actuaciones más crueles que puede realizar un ser humano, por la inocencia de los niños y de las niñas y sobre todo por la vulneración absoluta de sus derechos; que sabemos también que esa violencia puede adoptar múltiples y cambiantes formas: que puede ser ejercida por adultos, por otro niño en iguales condiciones, que puede darse en el seno de la familia, que puede darse en las escuelas, en las comunidades, que puede presentarse en el ámbito judicial y que puede ser ejercida también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Somos también conscientes, señorías, de que la violencia contra la infancia en España requiere una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos, y esa respuesta se refuerza hoy aquí. Y digo se refuerza, porque en los últimos años, gracias a la sociedad en su conjunto, se han venido realizando actuaciones que han permitido que la protección de la infancia haya ganado en peso y en relevancia en la agenda política española. Y como muestra, esta iniciativa y también otras muchas que se han desarrollado a lo largo de la X Legislatura, porque no podemos olvidar que hasta el aviso de 2010 que nos hizo el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, poco se ha había hecho en nuestro país por la infancia, por los menores. Por ese motivo, se realizaron una serie de recomendaciones al Gobierno de España y nos dijeron que reforzáramos la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado, también que afrontáramos los riesgos derivados del uso generalizado de Internet y que empleáramos, cómo no, más recursos para hacer efectivos los derechos de los menores de edad. Con estas recomendaciones, en la X Legislatura se lograron verdaderos avances en la materia, siendo en estos cinco últimos años cuando se han dado pasos importantes hacia la protección de la infancia, como antes nunca se había hecho en España. Los menores fueron reconocidos como víctimas de la violencia de género, ya que el 64,9 % de las mujeres que han padecido maltrato tienen hijos menores de edad. También se llevó a cabo una ambiciosa reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Nos convertimos en el primer país en incorporar, como principio rector en las actuaciones administrativas y judiciales, el interés superior del menor. Se pusieron en marcha numerosos planes para la infancia, con una importante dotación económica de más de 10 000 millones de euros y más de 365 medidas concretas. También, específicamente en la lucha contra la violencia hacia los menores, se actualizó el protocolo básico de intervención contra el maltrato en el ámbito familiar - esto no se hacía desde 1996-. Se reforzó también la protección frente a los delitos, como los abusos sexuales, creándose un instrumento que está funcionando hoy día, como es el registro central de delitos sexuales. Señorías, si algo se hizo y fue clave fue la constitución en nuestro ámbito, en el parlamentario, de una subcomisión para abordar el problema de la violencia hacia los niños y hacia las niñas. Con más de 140 conclusiones se obtuvieron grandes resultados y se creó un grupo de trabajo para abordar el borrador de la ley que hoy nos trae aquí. En este sentido, debo destacar que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se han comenzado a dar los pasos necesarios para alcanzar esta nueva norma. Para ello se ha constituido el pasado 23 de febrero este grupo de trabajo, encabezado por la Subdirección General de Infancia, que ya ha celebrado su primera reunión, junto a la Dirección General de Servicios para la Infancia y la Familia, la entidad Save the Children y también la Cátedra Santander de la Universidad de Comillas, con el fin siempre de establecer el marco idóneo en el cual debe desarrollarse la nueva norma que hoy nos trae aquí. Sin embargo, a pesar de lo que sabemos - que el Gobierno está trabajando en esta ley -, consideramos necesario acompañar este trabajo con el mandato parlamentario que surja de esta iniciativa esta tarde, porque necesitamos una norma que persiga el objetivo de implicar a todas las partes involucradas, porque necesitamos un conjunto de medidas multidisciplinarias de prevención y centradas en los niños, prestando especial atención a la familia y a sus necesidades particulares. Señorías, estamos ante un tema capital que nos tiene que unir y, sobre todo, estamos hablando de nuestro futuro. Por eso, bien merece que todos los partidos políticos en este y en muchos temas, como es la violencia de género, dejemos a un lado las abstenciones y los votos en contra. Tenemos que ser capaces de dejar nuestros intereses partidistas y buscar el único bien común de todos los españoles. Señorías, sin más, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Save the Children y a las demás entidades sociales que hoy nos acompañan porque está claro que este consenso que hoy traemos aquí no se hubiera alcanzado sin su colaboración y sin su labor. En definitiva, pongamos a los niños y a las niñas en el centro de las políticas y garanticemos su derecho a vivir libres de la violencia, porque no podemos olvidar que los niños de hoy serán la sociedad del mañana. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. El derecho del niño a no ser objeto de violencias se enmarca en el derecho de todo ciudadano a no ser víctima de violencia. Sin embargo, la especial vulnerabilidad de los niños y las consecuencias que ello deja requieren una actuación integral por parte del Estado. La iniciativa que debatimos aquí es un primer paso. En el Grupo Socialista creemos que hay que ser más ambiciosos y elaborar una estrategia integral contra la violencia infantil. Dentro de esta estrategia es fundamental la existencia de la política nacional sobre los derechos del niño para garantizar su protección frente a todas las formas de violencia porque, además, la crisis y los recortes no son ajenos a este fenómeno. La insuficiente dotación de los servicios sociales, deterioro del ambiente familiar por el estrés y la presión por la difícil situación económica tienen mucho que ver con el incremento de las situaciones de maltrato en la infancia. En este sentido, el conjunto de medidas políticas, institucionales, organizativas y normativas que el Estado debe adoptar para garantizar el cumplimiento de un derecho reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución, derecho a la integridad física y moral de toda persona, debe tener como eje vertebrador la elaboración y aprobación de una ley orgánica de medidas integrales frente a la violencia contra los niños. Aprobar esta ley supone, además, llevar el problema al debate social y darle el tratamiento que merece la entidad del mismo. Al igual que ocurrió con la Ley de violencia de género, que supuso un antes y después en la conciencia colectiva de la ciudadanía frente al maltrato hacia la mujer, nos gustaría que esta ley que hoy se impulsa desde aquí tuviera un efecto similar: un despertar de la conciencia ciudadana ante una grave injusticia, esta vez contra los menores. La preocupación por este grave problema social que representa la violencia ejercida contra los niños y las niñas es algo, como no puede ser de otra manera, compartido por todos los grupos de este arco parlamentario. Ello tuvo su reflejo en los trabajos de la subcomisión que se constituyó en la X Legislatura. Cierto es que como resultado de todas aquellas sesiones en las que se contó con expertos de todos los ámbitos se elaboró un informe cuyas conclusiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar esta normativa. Este es un punto clave a nuestro entender. Sin embargo, no debemos olvidar que en aquella ocasión hubo discrepancias que no pudieron salvarse. Todos los grupos nos esforzamos por alcanzar un acuerdo común que finalmente se reflejó en la aprobación de un informe, pero hubo ciertos aspectos en los que no fue posible este pacto. Por eso en estos aspectos es donde debemos trabajar para llegar a un consenso. Destacaré el contenido solamente de alguno de ellos. La portavoz del Partido Popular ha hablado, no sin cierto autobombo, de los logros de su Gobierno. Yo le voy a recordar a qué cuestiones se negó el Partido Popular dentro de dicho informe. Nosotros pensamos que la pobreza y las consecuencias de la crisis económica inciden directamente en el ambiente familiar, en la desestructuración social, en el estrés por falta de trabajo y, con ello, en los episodios de violencia, y propusimos integrar un apartado donde se desarrollaran políticas públicas contra la pobreza infantil, además de incorporar presupuestos en las distintas administraciones con la dotación suficiente de recursos para atender adecuadamente las necesidades de la infancia. A esto se negó el Partido Popular. También quisimos incluir que se promovieran los servicios sociales de proximidad, los más cercanos al ciudadano, imprescindibles para la prevención y la detección de menores víctimas de violencia. También se opuso el Partido Popular. Se negaron también, con mucha beligerancia por cierto, a incorporar un párrafo referente a la especial atención que requieren todos aquellos menores que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad: niños con discapacidad, los que están o han estado bajo la guarda de los sistemas de protección, los extranjeros no acompañados, los refugiados o los solicitantes de asilo, etcétera. Hago mención a estos aspectos de desencuentro porque no estamos hablando de anécdotas o de cuestiones poco relevantes y, por desgracia, es previsible que se reproduzcan en la tramitación de la norma que a través de esta proposición no de ley hoy impulsamos. Por eso quisiera pedir al grupo que apoya al Gobierno, que es el que se negó a incorporar en el informe las cuestiones que acabo de decir, que sea generoso, que no escatime a la hora de abordar un problema de estas dimensiones. No es mi intención romper este bonito y excepcional instante en el que todos estamos de acuerdo en algo, pero comprendan la preocupación de mi grupo. No nos podemos permitir desaprovechar esta ocasión quedándonos en la superficie. El Gobierno no debe hacer una ley que no sea integral y que no tenga recursos para ser efectiva. [[Rumores]]
Silencio, por favor, silencio.
Una cosa es que haya un acuerdo global en un objetivo general - combatir la violencia contra la infancia - y otra muy distinta entrar en los contenidos, y ahí les queremos ver. Si queremos que la ley sea integral, transversal y efectiva vamos a tener que hablar, les guste o no, de dotación económica, de servicios sociales de proximidad, de menores que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, de menores extranjeros no acompañados o de la necesidad de identificar y combatir las nuevas formas de violencia contra la infancia. Por tanto, estaremos atentos, estaremos vigilando que esta ley que hoy aquí se impulsa no se quede en papel mojado sino que se desarrolle lo más rápidamente posible y que tenga en cuenta a todos los menores sin excepción, especialmente a los más vulnerables. Si fuera así, contarán con el apoyo de nuestro grupo. Los menores de este país se merecen que nos pongamos de acuerdo para intentar que los niños y las niñas crezcan en ambientes libres de cualquier tipo de violencia, sanos y felices. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar quiero enviar un saludo y dar la bienvenida a las organizaciones de infancia que nos acompañan esta tarde, en concreto a Save the Children que, como ya se ha dicho, ha sido la organización que ha impulsado y liderado con mayor fuerza todo el proceso de elaboración de los insumos que algún día - esperemos, más pronto que tarde - den lugar a esta ley integral contra todas las formas de violencia hacia la infancia. No deja de llamarnos la atención que sea el Grupo Popular - el único grupo que puso pegas a la redacción del texto que nos presentó Save the Children para traerla aquí a Pleno - quien finalmente trate de apuntarse el tanto y traiga a Pleno esta iniciativa. Es llamativo, sin duda, que se hagan loas y llamamientos al consenso cuando, como decía, el Partido Popular fue el único que puso pegas a la redacción inicial que nos propusieron las organizaciones de la sociedad civil. Mi grupo, que fue el primero en incorporar la necesidad de esta ley a su programa electoral, ha impulsado y facilitado, en la medida de sus posibilidades, el trabajo de la sociedad civil en este sentido. Creemos que no habría que impulsar esta ley en seis meses o dentro de un año sino que es necesario hacerlo inmediatamente y con celeridad; con celeridad y con presupuesto - que es algo que al Partido Popular no suele gustarle -, atendiendo, como ya se ha dicho, las recomendaciones que el Comité de Derechos de la Infancia hacía ya en el año 2010 cuando señalaba que la aprobación de una ley integral de violencia contra la infancia similar a la que existe sobre violencia de género, que garantice la reparación de sus derechos y unos estándares mínimos de atención en las diferentes comunidades autónomas, era urgente. Y, efectivamente, es una ley imprescindible porque, al igual que vivimos en una sociedad machista y patriarcal, vivimos en una sociedad 'adultocéntrica' que constantemente coloca a los niños y las niñas fuera del foco de nuestras políticas públicas y permite que se ejerzan numerosas violencias estructurales contra ellos. Esta ley debe recoger todas las formas de violencia contra la infancia y prestar especial atención a las violencias institucionales, que son las violencias que ejercen las administraciones públicas en sus distintos niveles contra los niños y las niñas de nuestro país. Es profundamente preocupante, en primer lugar, que dispongamos de muy pocos datos sobre las distintas violencias que sufre la infancia en España. Son datos fragmentados, endebles, que muestran hasta qué punto estas violencias contra la infancia han sido y siguen siendo invisibles o están asumidas como normales por el conjunto de la sociedad. Llega hasta tal punto que el señor Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se puede permitir darle una colleja en directo a su hijo y vivir políticamente para contarlo sin tener que dimitir al día siguiente. [[Aplausos.-Rumores]] ¿Habría ocurrido lo mismo si la colleja se la hubiera dado a su mujer? Efectivamente, no; sería absolutamente increíble y eso es porque las mujeres llevamos décadas peleando para que las violencias que sufrimos no sean asumidas como normales. Desde luego esta lucha no está acabada ni muchísimo menos, pero ahora toca librar también esta batalla por los niños y niñas de nuestro país. Los datos de que disponemos son sin duda alarmantes, cito solo algunos: seis de cada diez niños y niñas en nuestro país reconoce que alguien les ha insultado en los últimos meses; de ellos un 22,6 % afirma que ha sido de manera frecuente y más de un tercio a través del móvil o de Internet. Unos 3766 menores de edad fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, siendo de ellos 2469 niñas. Esto nos muestra que la violencia que sufren los niños y niñas en nuestro país está atravesada por las exclusiones que están presentes en nuestra sociedad como el género, la orientación sexual, el origen étnico o la clase social. Es por tanto imprescindible que esta ley que impulsemos tenga un enfoque eminentemente feminista e interseccional. [[Rumores]]
Silencio, por favor, silencio. Un segundo, señoría. Silencio por favor. [[Pausa]] Adelante.
Como decía la activista feminista Kate Millett fallecida el pasado 6 septiembre - y sirva esta intervención también como homenaje a ella -: lo personal es político. Sigue siendo rabiosamente real que las violencias nacen en el ámbito de lo privado y es en él donde con más crudeza se consolidan las desigualdades. Luego, estas desigualdades pasan al plano de lo público donde las relaciones de poder adquieren el carácter político que sirve para que el sistema de dominación se mantenga. Lo defendía ya en los años setenta y murió viendo cómo su lucha era tristemente vigente. Esta ley debe tener en primer plano a los niños y niñas que emigran solos. En el último examen periódico el comité se mostró muy preocupado por la situación de los niños migrantes en nuestro país, niños que lo primero que reciben al llegar a España es la visita de un policía, una radiografía y a menudo una exploración médica que implica desnudarse; niños que son alojados en carpas de camping, como ha ocurrido recientemente en Tarifa, y que prefieren vivir en la calle a vivir así como les tenemos. Cuando hablemos de violencia hacia la infancia tenemos que hablar de todas las violencias, no solo de las que nos resultan cercanas o aquellas con las que es más fácil empatizar. Una ley integral contra todas las formas de violencia hacia la infancia debe, en primer lugar, igualar en derechos a todos nuestros niños y niñas. También deben estar en primer plano los niños y niñas que sufren por su identidad sexual o de género, más de la mitad de estos niños y niñas viven a día de hoy casos de acoso escolar. Y no podemos olvidar - al menos por mi parte - el caso de Alan, el niño transexual de diecisiete años que se quitó la vida el 24 de diciembre de 2015 tras un largo vía crucis de acoso, insultos y vejaciones físicas. Elaboramos una ley que impida que ninguna persona tenga que volver a pasar por lo que pasó Alan. Esta ley tampoco puede olvidar la violencia intrafamiliar que sigue siendo - estando mucho menos de moda - la más difícil de detectar y que genera un impacto más brutal en el desarrollo de niños y niñas. Como señala el propio director de programas de ANAR, la violencia intrafamiliar es la gran olvidada a pesar de que ocurren cada vez más casos de niñas, niños y adolescentes que en muchas ocasiones las sufren diariamente y desde hace más de un año. Y por supuesto esta ley no puede olvidar a los niños y niñas víctimas de violencia machista o a la infancia con diversidad funcional, que tantas dificultades encuentra para que las barreras al acceso, a la participación y al aprendizaje sean removidas de una vez por todas de sus vidas. Por último, aunque quizás sea lo más importante, esta ley solo combatirá de manera eficaz las violencias contra nuestros niños y niñas si se construye desde un enfoque que sea verdaderamente participativo. Necesitamos desplegar dos tipos de espacios: espacios suficientes, adecuados y relevantes para los colectivos de la sociedad civil, no solo para las grandes organizaciones de infancia sino también para las más pequeñas, aquellas que conocen de primera mano la realidad de la infancia en situaciones más vulnerables, y por supuesto es fundamental articular los espacios necesarios para poder escuchar las voces de los niños y las niñas, no porque quede bien o quede vistoso en la foto sino porque es su derecho. Los niños y las niñas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones de aquellos temas que les afectan y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Solo entre todas y todos vamos a acabar - estoy de acuerdo - con todas las formas de violencia que se ejercen sobre la infancia en nuestro país, pero por eso tenemos que esforzarnos para no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán Salmerón.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos tratando una proposición no de ley sobre una desgraciada realidad y es que la respuesta al maltrato infantil sigue siendo parcial y se encuentra fragmentada en varias normas, por lo que las herramientas no son las más adecuadas para dar respuesta a todas las formas de violencia en la infancia que hay en España. Según el Ministerio del Interior, casi 4000 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en el año 2015. La violencia en los menores se disparó en los últimos años y en parte se debió a la crisis económica, que creció en un 13,6 % en España. Las principales razones fueron: El paro de larga duración, no poder llegar a final de mes, no poder pagar la hipoteca y los desahucios. Todo eso produjo que se pasara en muchos hogares del buen ambiente familiar que había a un ambiente negativo donde aumentaban las discusiones y tensiones y donde en muchos casos los niños han sufrido las consecuencias. También es importante decir que los daños emocionales como consecuencia de la violencia familiar pueden persistir a lo largo de toda la vida, limitando gravemente la capacidad del adulto para su ajuste personal y social. Además, debemos saber que lo que absorbe nuestra mente y lo que vivimos durante los siete primeros años de nuestra vida va a dirigir y va a condicionar el resto de ella. En definitiva, tenemos que proteger la integridad de los niños y de las niñas frente a la violencia porque es un deber moral y porque, señorías, es nuestro deber moral. No hace falta remontarse a muchos años y meses para que todos conozcamos un caso tan impactante como el de Sara. El pasado 11 de julio una niña de cuatro años ingresa en el hospital Campo Grande de Valladolid por lesiones. Tras recibir la correspondiente asistencia, recibió el alta hospitalaria y volvió a su casa. Cuando se valoró la posibilidad de adoptar la tutela de la pequeña ya fue tarde, y fue tarde porque el miércoles 2 de agosto el hospital Clínico de Valladolid recibe una niña de cuatro años, trasladada por el 112, que presentaba un cuadro de parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una brutal paliza sufrida presuntamente a manos del compañero sentimental de su madre. Creo que es evidente que los múltiples trámites burocráticos que existen en nuestro país en las distintas administraciones no funcionan y lo venimos avisando desde Ciudadanos desde hace mucho tiempo. No funcionan porque en este caso no han dado a tiempo la respuesta que Sara necesitaba. De ahí la importancia de que todos los partidos políticos seamos conscientes de esta situación y tengamos la firme voluntad de defender el derecho de los menores a estar debidamente protegidos. En este sentido tengo que felicitar a esta Cámara porque hemos dejado a un lado los intereses, hemos dejado a un lado las ideologías y nos hemos puesto, por fin, de acuerdo en instar mediante esta presente proposición no de ley, pero también es verdad que es precisamente por esta misma razón por la que no entiendo cómo el Grupo Popular ha querido apuntarse el tanto cuando ha sido consensuada por todos los grupos parlamentarios. [[Aplausos]] Si queríais apropiaros y poneros alguna medallita, podríais haber traído directamente un proyecto de ley cuando teníais mayoría absoluta o ahora, sobre todo por adelantar estas medidas y ponerlas en práctica cuanto antes porque son necesarias. No obstante, si esto va a servir para que esta proposición no de ley quede en un cajón, damos todos aquí por bueno que os apropiéis de esta iniciativa. Por todo lo dicho, vamos a apoyar esta proposición no de ley para instar al Gobierno, en colaboración con las distintas comunidades autónomas, a iniciar en el plazo más breve tiempo posible, que nunca sea superior a doce meses, los trabajos para la aprobación de una ley orgánica. Pero esta ley orgánica debe ir acompañada de un conjunto de medidas eficaces, de un conjunto de medidas también de gran alcance y con especial atención en la unificación de los trabajos de detección, de valoración y de intervención porque lo que tiene que primar, señorías, es la protección de los menores. Estoy segura de que todos los que pertenecemos a esta Cámara somos conscientes de la importancia de prevenir la violencia sobre los menores y de la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para acabar cuanto antes con esta lacra y erradicar la violencia. Ciudadanos siempre, siempre va a estar al lado de los más vulnerables que son en este caso los niños. Por eso, señores del Gobierno, esperamos con impaciencia esta ley porque no podremos devolver la vida a Sara, pero sí podremos proteger la de los demás. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Senyora presidenta, diputades, diputats, bona tarda. Lorca termina el poema Gacela de la huida de la siguiente manera: 'Como me pierdo en el corazón de algunos niños, / me he perdido muchas veces por el mar. / Ignorante del agua, voy buscando / una muerte de luz que me consuma'. Hay que proteger la infancia, entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho y que necesitan una especial protección, porque las cifras son aterradoras. Cada día se detecta una media de treinta y siete casos de niños y niñas que son posibles víctimas de maltrato infantil. Si esto no nos conmueve, seremos incapaces de movernos y de cambiar las cosas. Debemos conmovernos más. Nos sentimos muy cerca del buen hacer de Save the Children, alma de esta iniciativa, y de todas las entidades que trabajan por y para los niños, aunque he de confesar que me gustaba más la redacción inicial, bastante más. Nos preocupan dos cosas. En primer lugar, el instrumento. Ya sé que aramos con los bueyes que tenemos, pero una proposición no de ley es un instrumento de baja intensidad, pues el Gobierno hace muy poco caso a propuestas parlamentarias de este tipo, incluso aprobadas por el Partido Popular. Tenemos una lista importante de muchas PNL en el limbo de los injustos en este caso. En segundo lugar, nos preocupa - así se lo dije a Save the Children - el desarrollo normativo, si es que llega esta ley orgánica, por el ambiente que se respira en relación con el papel de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia directa en esta cuestión. Para preparar esta intervención he releído la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, publicada el 27 de maig de 2010, y sobre todo conozco muy bien a Anna Simó, que fue el alma de esta ley. Actualmente, es secretaria primera del Parlament de Catalunya y está encausada por querer hacer debates democráticos en un parlamento. La última acción de Unicef y de Save the Children, con su perseverancia habitual y su simpatía proverbial, obtuvo un fracaso, no por vosotras, en los presupuestos del Estado. Nos pasaron una batería pormenorizada de acciones reales que se pueden llevar a cabo en relación con la infancia. De eso nada; en el momento de la verdad, la mayoría de este Parlamento, que aprobó este presupuesto, no ha hecho nada. Mi escepticismo no me hará ser pasivo, pero es un escepticismo fruto de la realidad. Si en Cataluña queremos tener Estado es para hacer buenas leyes, porque la Ley de 2010 ha venido conculcada por leyes estatales que no pueden desplegarse y por alguna realidad hay muchos tribunales de Justicia que piensan que el niño es un objeto de la familia. Existe jurisprudencia, decimonónica aún, que prima en determinadas decisiones que lleva a los niños a situaciones terribles. Por los más de 40 000 niños que el año pasado denunciaron haber sido víctimas, la mitad por agresiones sexuales, estamos de acuerdo con ustedes en que ha llegado el momento de decir basta. No será por nosotros, siempre a vuestro lado. ¡Igualdad y república! [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Bona tarda. Gracias, presidenta. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, doy la bienvenida y las gracias por su presencia hoy aquí a las entidades que han venido trabajando desde hace tiempo para que el acuerdo que hoy se inicia con esta declaración de intenciones se materialice lo más pronto posible. Mi partido celebró en su momento la creación de la Comisión y ha venido trabajando desde hace años para que los derechos de la infancia y la adolescencia de Cataluña sean una realidad, y no solo ha hablado de ellos sino que los ha materializado, los ha protegido y los ha blindado por convicción, incluso a veces teniendo que llegar a acuerdos con otros partidos con los que presuntamente no tenía nada en común. Pero para ellos y para nosotros la protección de los niños era una prioridad, y eso requería de grandes pactos y de grandes esfuerzos. Por eso en el año 2010 en Cataluña se aprobó la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia, y por lo mismo en el año 2017 en Cataluña se aprobó el protocolo de actuación contra el maltrato de los niños y de los adolescentes. En eso estábamos todos los partidos juntos, o por lo menos gran parte de ellos, porque los derechos de los niños no son ni pueden ser una batalla política. Los derechos de los niños tampoco deberían quedarse en declaración de intenciones de cámaras como esta. Debido a la falta de entendimiento básicamente de los dos grandes grupos de esta Cámara se han dejado escapar grandes consensos y grandes oportunidades que se podrían haber conseguido solo con la voluntad de los dos partidos principales de esta Cámara por llegar a acuerdos. No ha sido así. Un ejemplo de ello es lo que veremos después con la Comisión que busca un pacto nacional en materia de educación, en la que por la falta de acuerdo no va a ser posible cerrar la Comisión cuando estaba previsto. Por eso espero que las buenas intenciones que hoy todos hemos expuesto aquí se materialicen lo más pronto posible en una ley que defienda de verdad los derechos no solo de los niños y niñas de Cataluña, que ya vienen con ventaja por las leyes del Parlament y la Generalitat de Catalunya, sino también de todos los niños de España y de Europa lo más pronto posible. En los próximos doce meses van a pasar muchas cosas en Cataluña y en esta Cámara y no sabemos dónde vamos a estar. Lo que sí les puedo garantizar es que mi partido va a estar hasta el último día que esté en esta Cámara a favor de ese pacto y vamos a trabajar para que ese pacto sea lo mejor posible para todos, eso sí, con un matiz: que en Cataluña llevamos siete años trabajando en ese sentido y no nos gustaría que una vez más el Gobierno utilizara esta oportunidad para cometer un robo, un atraco a las competencias de la Generalitat de Catalunya en ninguna materia, especialmente en aquellas en las que el Govern de la Generalitat tiene experiencia y un servicio acreditado durante muchos años. Muchas gracias.
Muchas gracias. Al no haber presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta. Antes de nada, voy a señalar que votaremos a favor de esta propuesta a pesar de que la consideramos excesivamente inconcreta y genérica, porque si hay una convención en la que todos podemos estar de acuerdo es esa relativa a que no se puede tolerar la violencia contra niñas y niños y que esta solo puede ser eliminada mediante el esfuerzo colectivo de la población en general y de los dirigentes políticos y los Gobiernos en particular. Como el propio texto de la proposición apunta, en el año 2015 se realizaron determinados avances en la lucha contra la violencia hacia la infancia en forma de un cambio sustancial en la legislación existente. La Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección, supusieron un cambio sustancial en la protección a la infancia y, siendo interesantes y afortunadas, tuvieron como problema que no se han implementado de forma suficiente y no han sido adelantadas hasta el momento. En la proposición se dice literalmente que la respuesta a la violencia contra la infancia sigue siendo muy fragmentada y parcial, y eso es absolutamente cierto, con grandes diferencias de criterios, recursos y procedimientos, porque las pocas estadísticas estatales nos dicen que existe una gran diversidad de formas de entender el maltrato infantil y de abordarlo. En ese sentido, la proposición no de ley hubiera podido ser más interesante si hubiera sido más concreta y más osada a la hora de precisar aquellos principios y medidas conforme a los que esta Cámara insta al Gobierno a abordar esta tarea. Incluso - permítanme decirlo - ha sido un tanto osada en el único punto en el que no debía serlo, que es en adelantar el carácter orgánico de la ley, ya que aún no sabemos si se va a poder aplicar la reserva a la que se refiere el artículo 81 de la Constitución española. Por ello, entendemos que hubiera sido conveniente hacer un esfuerzo para desarrollar la iniciativa concretando los ámbitos de esa actuación integral que reclamamos que debe de contemplar. Desde luego, esta puede ser una magnífica oportunidad para conseguir implicar a todos los sistemas y a todos los agentes en la prevención de las situaciones de maltrato infantil y deberíamos tener en cuenta otros ejemplos y otras sugerencias ya conocidas. Así, por ejemplo, Unicef adelantó en un informe del año 2014 cuáles serían a su juicio aquellas medidas que debería contemplar cualquier tratamiento integral de prevención de la violencia. De modo meramente relator, señala que hay que dar apoyo a los padres, madres y cuidadores de familias, dar a los niños y adolescentes los conocimientos y actitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia, modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación, promover y prestar apoyo a los servicios para los niños, aplicar leyes y políticas que protejan a los niños - esto es, dar un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia y, en especial, la violencia contra los niños no es aceptable y será castigada - y fundamentalmente adquirir conocimientos sobre la violencia para aplicar sobre esa base del conocimiento las consecuencias necesarias. Asimismo, nos gustaría aportar como grupo algunas reflexiones que hemos realizado, porque entendemos que es también muy necesario y urgente articular buenos sistemas de colaboración con los ámbitos escolar y sanitario principalmente, de tal forma que se puedan abordar las situaciones de desprotección de manera temprana y eficaz. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que la sanidad y la educación son competencias autonómicas, lo que debe suponer además el pleno respeto a esas competencias y la necesidad de diálogo con diferentes autoridades territoriales. Por su parte, la protección a la infancia normalmente se despliega de forma tardía, por lo que es necesario desarrollar la prevención y la atención temprana. Este es un punto en el que queremos incidir, porque proteger a los niños y niñas es tarea de toda la sociedad, no solo de los servicios sociales, por lo que plantear responsabilidades a otros sistemas y agentes puede ser no solo positivo sino necesario. En el texto de la proposición ya se apunta en ese sentido y por ello hay que darle el valor que tiene. Además, dicha actuación debería abordar, desarrollar y desplegar acciones de protección de la familia en un doble ámbito: la protección de la infancia desde el punto de vista de la familia, estableciendo determinadas medidas didácticas dentro de ese ámbito familiar, pero también se ha de tener en cuenta que la desprotección infantil se asocia en numerosas ocasiones a la carencia de recursos de la unidad familiar. La falta de recursos, la falta de red y la carencia de alternativas redundan en el maltrato infantil no solamente por la falta de oportunidades y de un futuro, sino también porque la situación de estrés que ocasiona la escasez de recursos en una familia tiene en muchas ocasiones un impacto directo en la crianza de los menores. En este ámbito estamos muy lejos de los estándares europeos y esta ausencia tiene un impacto directo en el ejercicio de derechos de niñas y niños. En resumen, esta es una buena oportunidad para abordar la situación, para desarrollar medidas y para atribuir a los diferentes agentes responsabilidades. Esperemos que se haga, pero entendiendo que también desde esta Cámara se envía al Gobierno un mensaje no solo en el sentido de poder elaborar esa ley, sino de poder hacerla con unos criterios definidos, con unas áreas concretas y con unas obligaciones determinadas. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS SENTENCIAS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA LLUÍS COMPANYS Y OTRAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LA DICTADURA. [[Número de expediente 162/000449]]
Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las sentencias contra el presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys y otras dictadas por tribunales de la Dictadura. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Batet Lamaña.
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, uno de los principales objetivos del grupo parlamentario al que represento, el Grupo Parlamentario Socialista, así como de los distintos Gobiernos socialistas que ha habido en España, ha sido y es la dignificación de la democracia, la dignificación de la democracia a través de la dignificación de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Eso ha hecho que todas las conquistas en derechos, que todas las conquistas en libertades, que todas las conquistas en bienestar, en memoria, en reconocimiento o en reparación hayan venido precisamente de la mano de Gobiernos socialistas. [[Aplausos]] Un buen ejemplo de ello y sobre el tema que hoy nos ocupa es precisamente la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, la conocida, la llamada Ley de memoria histórica. ¿Por qué esta proposición no de ley hoy? ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista registró y trae hoy a la Cámara este debate? En primer lugar, porque quienes impulsamos e hicimos posible esa ley, la Ley 52/2007, la conocida como Ley de memoria histórica, tenemos la obligación de reconocer diez años después de su aprobación que el avance que supuso la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas, de sus condenas y sanciones no ha sido suficiente para cerrar una herida humana y social en nuestro país. En segundo lugar, porque cerrar esta herida de nuestro pasado es para los socialistas una obligación, una obligación que tenemos todos los españoles que aspiramos a un futuro más próspero en paz y en convivencia, sin rencor, pero sin olvido. Aquí no caben o no deberían caber diferencias ideológicas o partidarias, porque la figura del molt honorable president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, y su ejecución en el castillo de Montjuic es un símbolo en el que podemos sentirnos representados todos, igual que lo son tantos otros que sufrieron su misma suerte. En tercer lugar, porque el decreto del fiscal general del Estado de 2010 es inequívoco cuando nos dice respecto a las sentencias que son inexistentes y nulas de pleno derecho sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad o validez de las mismas, decreto del fiscal general del Estado de 2010. Y en cuarto lugar, porque el pasado 29 de junio el Parlament de Catalunya, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, declaró ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamó la nulidad de las sentencias y resoluciones instruidas por los mismos. [[El señor]] Señoras y señores diputados, ¿por qué no repetir esta tarde y en este hemiciclo una expresión similar de unidad, compromiso y generosidad? Repitamos hoy esa unanimidad con una declaración solemne de esta Cámara - de la máxima expresión de la soberanía popular - de nulidad de esas sentencias. Es verdad, la ilegitimidad de un tribunal o de una resolución es el juicio más severo al que se pueden someter, y es precisamente lo que aprobamos en la Ley 52/2007. Es verdad, la declaración de nulidad de las sentencias se consideraba incluida en la Ley 52/2007, así lo ha declarado también el fiscal general del Estado, porque declarar que algo es ilegítimo es declararlo también nulo de pleno derecho, es como si no hubiese existido, como si lo hubiésemos expulsado del sistema democrático. Hoy un tribunal puede declarar nula una ley, no la puede declarar ilegítima. Por tanto, nosotros fuimos más allá con la Ley de memoria histórica hablando de esa ilegitimidad. Es verdad también, como he dicho al inicio de mi intervención, que parte de la sociedad española - víctimas, asociaciones que representan a esas víctimas u organizaciones memorialistas - ha seguido reclamando a esta Cámara, a la soberanía popular, que declarara nulas estas sentencias ilegítimas e injustas. Reconozcamos esta realidad y démosle respuesta, sin rencor, sin odios, pero sin olvido, para seguir conquistando el futuro. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Batet. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto - y con este turno también fijará posición -, el señor Xuclà i Costa.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, diez años de la Ley de memoria histórica. En aquel momento participamos - fui uno de los ponentes de mi grupo parlamentario - en la Ley de memoria histórica del año 2007. Han pasado diez años y siempre es bueno reconocer lo que ha ido bien pero también los errores. El artículo 3 del actual redactado de la Ley de memoria histórica es una mala resolución de lo que pretendemos. Nos planteamos la declaración de la ilegitimidad de los tribunales y acordamos que esta declaración de ilegitimidad llevaría a que los tribunales ordinarios declarasen la nulidad concreta de las sentencias. Esa declaración de ilegitimidad solo llevó a este decreto del fiscal general del Estado y no produjo el efecto jurídico de declaración de la nulidad de las sentencias concretas, que era aquello que pretendían los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Por ello, antes de verano nosotros presentamos una proposición de ley de modificación de la Ley de memoria histórica para revisar el artículo 3 de dicha ley. Espero que en el futuro podamos discutir y construir mayorías de consenso para reconocer lo que la portavoz del grupo proponente, la diputada Batet, ha insinuado, que se tenía que ir un paso más allá. Pues bien, ir un paso más allá - además de presentar, discutir y votar proposiciones no de ley un martes por la tarde - es afrontar la reforma legislativa oportuna de la Ley de memoria histórica. En este sentido va nuestra enmienda, que plantea el texto de lo que tendría que ser la modificación del artículo 3 de la Ley de memoria histórica y reconocer que tenían razón aquellos que hace diez años, en el debate parlamentario, decían que teníamos que ir por la vía que utilizó el Parlamento alemán para resolverlo, que es la declaración de la nulidad de las sentencias por parte del Parlamento. Nosotros también planteamos que se tiene que declarar la nulidad de la sentencia del president Companys, del asesinato del president Companys, pero también de todas las otras víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. En este sentido, señora Batet, la invito a que asuma nuestra enmienda, ya que orienta la necesidad de construir un consenso y una mayoría para la reforma de la Ley de memoria histórica. Finalmente, usted ya ha recordado que hace pocos meses en el Parlament de Catalunya se aprobó por unanimidad una resolución sobre la nulidad de las sentencias dictadas por causas injustas por motivaciones políticas e ideológicas, por persecución ideológica o por discriminación religiosa durante la Guerra Civil y el franquismo. Se aprobó por unanimidad, es decir, con los votos de los representantes del Partido Popular en el Parlament de Catalunya y con los votos de los representantes de Ciudadanos. Por eso, hago un llamamiento a la coherencia entre aquel asunto ya votado - ciertamente que en otra Cámara - y el posible resultado de la votación de esta tarde. A nosotros nos parece insuficiente esta proposición no de ley. Recuerdo que en su momento el secretario general del Partido Socialista anunció esta proposición no de ley como un gesto hacia Cataluña. Ya valoramos este gesto, pero en el momento político actual, señorías, no es solo este gesto; es algo más profundo, es algo mucho más profundo lo que tendríamos que haber discutido y afrontado en el pasado; el diálogo y la invocación al diálogo siempre está abierta y también ahora. Bienvenida sea esta iniciativa. Espero que acepten la enmienda, que creo que va en la línea de esta reforma de la Ley de memoria histórica que tenemos que construir y, en todo caso, nosotros, por coherencia, si estamos a favor de la parte, estaremos a favor del todo; y estamos a favor de la parte, pero espero que también podamos afrontar el todo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.
Gracias, señor presidente. Señorías, subo a esta tribuna para denunciar, con el máximo respeto que me merece la diputada Meritxell Batet, la hipocresía y el cinismo del Grupo Parlamentario Socialista mantenido en el tiempo. Y respecto a Lluís Companys, debo decirles que han llegado tarde; se comprometieron en el año 2004, pero han tenido que pasar trece años - muchos, lo reconozco - para que el Parlament de Catalunya aprobara una ley promovida por Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot, a la que ustedes se sumaron, votaron que sí, que declara ilegales los tribunales, consejos de guerra, sustanciados en Cataluña, y por ende nulas de pleno derecho las sentencias. Por cierto, una ley que alcanza a 65 590 personas; es decir, 65 590 ciudadanos catalanes, españoles, que fueron juzgados en territorio catalán y que ahora el Gobierno de Cataluña ya está librándoles el certificado de nulidad plena. Ciertamente, desde Cataluña no hemos podido anular las sentencias de los consejos de guerra celebrados fuera de Cataluña ni, por ejemplo, las sentencias del TOP, puesto que residía en Madrid. Así pues, durante años esta fue una de las causas por las cuales los republicanos nos quedamos al margen de la ley y votamos que no. El debate era que ustedes creían que con la declaración de ilegitimidad respecto de los tribunales se deducía que se podían anular de pleno derecho las sentencias, y no ha sido así. De hecho, todos los ciudadanos que durante estos años han recurrido a la justicia amparándose en la Ley de la memoria histórica han topado con los tribunales militares. Fíjense, incluso hay una sentencia de un ciudadano que pidió su nulidad - en un consejo de guerra que llevó a su padre a morir fusilado - en la que el tribunal militar le dice: a juicio de esta sala, este tribunal no puede ir más allá de lo que dispone la ley. Es más, incluso el juez dice: si se hubiera aprobado la enmienda de Esquerra Republicana y lo que pretendía Esquerra Republicana e Izquierda Unida sí que entonces estaríamos en disposición de anular la sentencia, pero como la enmienda de Esquerra Republicana - lo dice el juez - no fue admitida y la ley quedó como quedó, a nosotros, jueces, no se nos puede pedir que hagamos lo que no mandata la ley. Así, durante años hemos presentado diez o doce veces aquí en este Parlamento la iniciativa de modificación de la Ley de la memoria del año 2007, y en todas las ocasiones nos han dicho que no. Ustedes y nosotros sabíamos de qué estábamos hablando; si no, ¿por qué durante tantos años, a raíz de nuestras iniciativas, siempre nos han dicho que no? Incluso la última del compañero Domènech, que presentó hace pocos meses y que se debatió conjuntamente, en la que ustedes dijeron: no, no y no; no vamos a aceptar la nulidad en la medida en que no aceptamos que los tribunales eran ilegales. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en que nosotros les decimos: de la misma manera que el Gobierno de Cataluña, conjuntamente con Catalunya Sí que es Pot, promovió esta ley, una ley en Cataluña, a la cual ustedes se sumaron, hay que hacer una ley aquí también. Y si no quieren hacer una ley ad hoc, modifiquen el artículo 3 de la Ley de la memoria. Por esta razón, nosotros hemos presentado una enmienda que dice que el título del artículo 3 debería decir nulidad en vez de ilegitimidad, y el artículo 3.1, 3.2 y 3.3 también debería modificarse: donde pone ilegitimidad tiene que poner ilegalidad y donde pone librar un certificado de ilegitimidad tiene que poner anulación de pleno derecho, es decir, declararlas nulas de pleno derecho. Si ustedes hacen esto, entenderemos que quieren hacer lo mismo que hicieron en Cataluña; si no admiten nuestra enmienda, es que ustedes pretenden engañarnos. Termino presidente. A mí me duele mucho como republicano el papel que han desarrollado ustedes para con sus víctimas - me duele, pero son sus víctimas -, lo que no les permitimos es que manipulen a nuestras víctimas. A las víctimas de Esquerra Republicana ustedes no van a manipularlas y nosotros nos mantendremos fieles a aquello que ya debatimos y postulamos en el año 2007. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Tardà. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas Pérez.
Señor presidente, señorías, hoy se nos presenta una proposición no de ley para volver una vez más la vista atrás, para hablar de los años 1939 y 1940. Seguramente, no son estas las prioridades de mi grupo, pero también son temas importantes y vamos a discutir la propuesta que hoy hace el Grupo Socialista. Y digo una vez más, porque, efectivamente, como recordaba el señor Tardà, este es un tema que ya se ha discutido en este Pleno, en Comisión, en distintos ámbitos. La proponente apelaba al consenso. Pues bien, nosotros creemos que hay un punto de encuentro que precisamente es la Ley de la memoria histórica, la ley que tantas veces hemos oído reivindicar a los diputados socialistas. Esa Ley de la memoria histórica establece en su artículo 3 la ilegitimidad de los tribunales y jurados creados para reprimir la disidencia política durante el franquismo y, por tanto, declara también la ilegitimidad de sus resoluciones. Y más allá, en su artículo 4, regula la declaración de reparación y reconocimiento de aquellas personas víctimas de estas actuaciones represoras. Creemos que ese podría ser un punto de encuentro, de consenso para todos aquellos demócratas que sin duda rechazamos el franquismo, la represión franquista y que creemos que hay que restituir a las víctimas de la represión, y en ese sentido hemos presentado una enmienda en pos de dicho consenso que esperamos que pueda ser aceptada. Como decía, este es un tema que ya ha sido tratado en distintas ocasiones, en este Pleno y también en Comisión. La última durante una sesión de la Comisión Constitucional en la que yo estuve presente y en la que el representante del Partido Socialista, hablando de este mismo tema - de la nulidad de estas sentencias -, decía: Es verdad que la ley declara injusta e ilegítima y expulsa esa sentencia - se refería a la sentencia del president Companys - y todas las sentencias como esa de nuestro ordenamiento jurídico, pero a los señores Tardà y Domènech - que eran los que defendían en aquel momento la propuesta - no les basta y quieren que anulemos una sentencia de muerte que ya ha sido ejecutada. ¿Con qué efecto? Puedo entender perfectamente que ese día la muerte del president Companys fue injusta e ilegítima - cosa que compartimos -, pero ¿qué quiere decir que la muerte del president Companys fue nula? Pues esa misma reflexión, la que en aquel momento hacía el diputado Torres Mora, del Partido Socialista, es la que nos lleva a nosotros a presentar esta enmienda, buscando el consenso en el texto de la Ley de la memoria histórica, que, insisto, declara la ilegitimidad de los tribunales y de sus resoluciones. La misma intervención en aquella Comisión acabó con las siguientes frases - e insisto en que no son frases mías sino de un diputado socialista -, dirigiéndose a los proponentes: Han confundido ser republicano con ser antimonárquico, ser de izquierdas con ser radical, ser demócrata con ser populista, ser patriota con ser nacionalista y ser catalanista con ser antiespañol. Esperemos que los demás partidos - esto hace referencia a Podemos y Esquerra Republicana - de esta Cámara no caigamos también por la pendiente de esas confusiones. Muchas gracias, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.
Buenas tardes. El portavoz de Ciudadanos lleva razón sobre lo que dijo el representante del Partido Socialista en la Comisión Constitucional, pero quiero recordarle que tanto el Partido Popular como Ciudadanos en sus grupos parlamentarios en el Parlament de Catalunya declararon - porque se aprobó por unanimidad en el Parlament de Catalunya - que los tribunales franquistas eran radicalmente ilegales y las sentencias debían ser nulas. Lo digo porque igual la contradicción la tienen ustedes o la tienen entre sus grupos parlamentarios de Cataluña y los de aquí. [[Aplausos]] Esta proposición que nos ha traído el Grupo Parlamentario Socialista nos causa sensaciones muy encontradas, primero porque es verdad, hay algo de verdad en lo que ha dicho el representante de Ciudadanos, pero no solo dijo esto el representante socialista, dijo más cosas. [[Dijo que, declarando nula la sentencia de Lluís Companys, se estaba atacando el espíritu de reconciliación nacional. Y no solo dijo esto, dijo más cosas. Dijo que el espíritu de reconciliación nacional llevaba a que nosotros tuviéramos que pedir disculpas al general Francisco Franco.]] 1 No sé si es una mala tarde, que la tiene cualquiera, pero fue absolutamente alucinante y no tuvo nada que ver con la recuperación y la dignidad de la memoria histórica. Más allá de esto, es verdad que Joan Tardà lleva años, años y años pidiendo la nulidad de la sentencia de Lluís Companys en este Congreso de los Diputados, y que solo en este momento, cuando estamos ante la principal crisis de relaciones entre Cataluña y el Estado español, algunos se planteen por fin la nulidad de la sentencia, nos dice poco de la dignidad de la memoria y nos dice demasiado de la utilización a veces de esa misma memoria. Pero hay un paso aquí y lo valoramos como importante. Con esta PNL que presenta el Grupo Socialista por primera vez aquí se habla de la radical nulidad de una sentencia. Ese paso no es poco, sobre todo teniendo en cuenta todas las declaraciones y posiciones que se han tenido con anterioridad por parte del PSOE ante esta cuestión. No nos valdrá con este paso. Si hay coherencia, si hay cambio en esto, no vale solo con una PNL presentada en estos momentos. Eso se tendrá que comprobar cuando presentemos la nulidad de todas las sentencias que se han producido contra las víctimas del franquismo en este país. [[Aplausos]] Yo creo que estamos en unos momentos tan críticos que solo nos podemos permitir la humildad y no intentar reivindicar constantemente el patrimonio. Cada uno tendrá sus conquistas y aquello que celebrar, pero no hace falta reivindicar constantemente el patrimonio en estos momentos que estamos viviendo. [[La señora]] Humildad, porque ustedes reivindican la Ley de memoria histórica como una de las grandes conquistas por la memoria, pero también tenemos el informe del Relator especial de la ONU por los Derechos Humanos de 2014 que, hablando de esto, hablando de las políticas de memoria en España - y no era el diputado Tardà ni era el diputado Domènech -, decía algo tan brutal - repito, en 2014- como que no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, que no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. Por tanto, esa Ley de la memoria histórica es claramente insuficiente y, evidentemente, tenemos que ir mucho más allá por la reparación, por la verdad y por la justicia. En este país, por cada italiano que fue fusilado en tiempos de guerra, en España se fusilaron mil ciudadanos; por cada alemán que en tiempos de paz fue recluido en campos de concentración, en este país se recluyeron treinta. En este país se vivió una de las peores experiencias históricas del nazi-fascismo de toda Europa [[Aplausos]], y para eso hace falta mucha más valentía de la que hemos vivido hasta ahora. Declaremos radicalmente nula la sentencia al president Lluís Companys no para conmemorar ninguna muerte, sino para celebrar la vida; la vida de ese abogado laboralista magnífico de trabajadores y trabajadoras que fue Lluís Companys; la vida de un regidor del Ayuntamiento de Barcelona que tuvo la osadía de declarar la república; la vida de un sindicalista que fundó la Unió de Rabassaires; la vida de un presidente de la Generalitat, que, si estuviera vivo en estos momentos [[pronuncia palabras en catalán]], creo que no pediría el reconocimiento a su persona, sino el reconocimiento a su país. Si este Congreso quiere hacer algo digno de verdad para Lluís Companys, escuchen de una vez el anhelo del pueblo catalán. Gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie]] 1 Palabras retiradas del Diario de Sesiones a petición del señor Torres Mora, visto el Diario de Sesiones de la Comisión Constitucional, con el consentimiento del señor Domènech Sampere.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. En relación con la proposición no de ley sobre la sentencia contra el presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, y otras dictadas por tribunales de la dictadura franquista por razones políticas, ideológicas y religiosas tales como los consejos de guerra, los tribunales de responsabilidades políticas, el tribunal de represión de la masonería y el comunismo, y los tribunales de orden público, quiero manifestar que apoyaremos la PNL porque es un paso en la buena dirección aunque no el definitivo. Y la PNL es un paso en la buena dirección porque, como ya se ha dicho, introduce la expresión 'nulidad' respecto a esos tribunales y sus resoluciones, lo que es un avance sobre la Ley de memoria histórica, que solo habla - como ya se ha dicho - de ilegitimidad. Pero la PNL no cambia nada en términos jurídicos ni insta al Gobierno a hacerlo; es una mera declaración sin consecuencias jurídicas para los afectados: los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La Ley de memoria histórica no cambia nada, en el sentido de que sus declaraciones de reparación y reconocimiento a quienes padecieron las resoluciones de esos tribunales franquistas siguen sin constituir título jurídico para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, ni dan lugar a reparación o indemnización de índole económica o profesional a las víctimas, tal y como señala la propia ley. Y no estamos diciendo tampoco que la Ley de memoria histórica no haya servido para nada, ni mucho menos, aunque su ejecución es manifiestamente mejorable, sobre todo en la retirada de simbología franquista y en la indagación, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en fosas y en la acción promocional pública, que no se da en este aspecto y que debiera darse por parte de las instituciones del Estado, del Gobierno del Estado, como manda su artículo 12. También es mejorable la Ley de memoria no solo en su aplicación, como decíamos, sino también en la subsanación de sus defectos, como la modificación de su artículo 3 en el sentido propuesto en la enmienda de Esquerra Republicana, en la proposición de ley que nos anunciaba el Partido Demócrata de Cataluña y en el propio sentido manifestado por el señor Domènech, declarándose ex lege la nulidad de los tribunales franquistas y de sus resoluciones, lo cual permitiría resolver uno de los grandes problemas no solventados de las decisiones de esos tribunales. Obviamente, a nadie se le va a reponer en su vida haber evitado sus sufrimientos, pero sí en el expolio, que no expropiación, de su patrimonio a manos de esos tribunales y especialmente por los tribunales de responsabilidades políticas. Se ha reparado parcialmente a los partidos políticos y a los sindicatos, pero no a las personas jurídicas individuales represaliadas. Como nos recordó también en la Comisión Constitucional el señor Domènech, las transferencias de propiedades particulares de represaliados hacia el Estado durante la guerra y la Dictadura fue equivalente a la producida por la reforma de Mendizábal con su desamortización de bienes en manos de entidades religiosas. Esto no se ha reparado aún, ni en la PNL que hoy debatimos tampoco, aunque da un paso, como decía, en la buena dirección. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho Pérez.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Por el momento que estamos viviendo los catalanes y todos los españoles, entiendo que este debate de hoy no es un debate más. Quiero empezar por decirle a la señora Batet, proponente de la iniciativa, que si el Partido Socialista ha contribuido a la conquista de muchos derechos, también lo hemos hecho millones de españoles desde todos los partidos políticos de este país para que el pacto de la concordia esté vigente hoy; y se lo digo desde el más absoluto respeto, que sabe que lo tiene. Quiero hacer varias reflexiones. Creo que esta no es una proposición de ley más, es una proposición en la que se quiere ir un paso más allá del reconocimiento de lo establecido en la Ley 52/2007, de memoria histórica. Quiero recordar aquí que los artículos 1, 2, 3 y 4 reconocen los derechos de reconocimiento y de reparación de todas aquellas personas que sufrieron violencia, persecución, asesinato y muerte por motivos ideológicos y políticos en la Guerra Civil y en la Dictadura, que se les ha reconocido ese derecho individual y también el reconocimiento familiar. Además, se han aprobado declaraciones de reparación, que saben ustedes muy bien que se están haciendo por este Gobierno. Pero, señoría, aquí usted misma ha dicho que reconocerlo ilegítimo da también la consecuencia de la nulidad. Nosotros consideramos amparado en la Ley 52/2007 ya el reconocimiento de todas y cada una de esas sentencias ilegales y el reconocimiento de la ilegitimidad de todos esos tribunales que actuaron durante la Guerra Civil y el franquismo. Permítanme, señorías, al hilo de lo que estamos viendo, una segunda reflexión. Yo soy profundamente autonomista, llevo años siendo política - no tantos como pareciera -, pero estamos en unos momentos históricos en los que algunos han querido estirar las costuras de nuestro constitucionalismo, han querido estirar las costuras de nuestro Estado de las autonomías desde la lealtad institucional, y por eso me veo en la obligación hoy aquí de decir, en virtud también de la Ley de memoria histórica, señora Batet y señoras y señores diputados, que para nosotros el señor Companys no es un símbolo, no lo es. No fue el presidente de todos los catalanes. Y tengo la valentía y el coraje de venir aquí a decir lo que no es políticamente correcto, porque estoy cansada como catalana y española de que se tergiverse la historia y se tergiverse el presente y el futuro de mi país. [[Aplausos]] El señor Companys, señoras y señores diputados, entró el 14 de abril de 1931 ante un alcalde monárquico, el señor Joan Güell, a apoderarse del consistorio municipal y a declarar la república. El 6 de octubre dio un golpe de Estado a la legalidad constitucional de la República de ese momento, que parece que ustedes no reconocen, y fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, no por el tribunal posterior del régimen franquista o por tribunales posteriores, no, no, por el de la República, y fue indultado. ¿Saben qué decían algunos? Que el señor Companys era en su juventud profundamente anticatalanista, que el día 6 de octubre dio el mismo golpe de Estado que dieron los militares en el 36, pero con una diferencia: que él fue indultado y después él en el 36 no indultó a los golpistas. ¿Saben quién decía eso? No esta señoría, no esta diputada, lo decía Francesc Cambó. Lean ustedes a los correligionarios y vean ustedes los contemporáneos. Lean ustedes, señor Domènech, a Miquel Badia, a Reverter, lean ustedes a Aiguader, lean ustedes a todos ellos, porque usted, señor Domènech, y los de la nueva política han venido aquí a reconocer los derechos de las víctimas del franquismo, pero ¿y los derechos de las víctimas de las cuarenta y seis checas que hubo en Barcelona, de los comités antifascistas que el señor Companys firmó en el decreto del 26 de julio? Eso es historia. Y dice el artículo 1 de la Ley de memoria histórica que debemos fomentar los valores democráticos y explicar realmente lo que ocurrió en la Guerra Civil y en la Dictadura. Si ustedes quieren considerar mártir al señor Companys, desde luego nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a reconocer mártir al señor Companys, pero sí reconocemos la ilegitimidad y la injusticia, la falta de garantías que lo condenó a su muerte. Fue una muerte injusta, lo reconocemos, pero no un símbolo para nuestro país. Por último, señorías, hoy, después de la Diada de la desobediencia, estamos hablando aquí de setenta y siete años atrás cuando hoy se están vulnerando los derechos de los diputados catalanes, cuando hoy se está vulnerando la Constitución, se está vulnerando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se está vulnerando el Decreto de Garanties Constitucionals, se está vulnerando el informe de los letrados, se está presionando y amedrentando a los alcaldes legítimos en Cataluña, ¿hoy nos vienen a hablar de democracia? No en mi nombre, no en el nombre del Partido Popular, no en el nombre de los millones y millones de demócratas españoles que queremos decidir, sí, pero en democracia, con la ley, con la Constitución y todos los españoles. Eso es lo que queremos y eso es lo que quería venir a decirles hoy aquí. Muchísimas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Pregunto a la señora Batet Lamaña si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Sí, vamos a aceptar mediante una transacción la enmienda de Unidos Podemos, que ahora haremos llegar a todos los grupos.
Muchas gracias.
A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación de la iniciativa europea de Garantía Juvenil. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes o buenas noches, lo que sea ya. Vamos a mirar un poco atrás y hacer una pequeña cronología de dónde viene esto de la Garantía Juvenil. En abril de 2013, las políticas de austeridad, los recortes y las reformas laborales de los diferentes Gobiernos europeos estaban a pleno rendimiento y el paro y la precariedad campaban a sus anchas, igual que siguen haciéndolo, por Europa, sobre todo por el sur. Y las tasas de desempleo juvenil se disparaban hasta límites inadmisibles e inasumibles que ponían en riesgo la cohesión social y el propio futuro de la Unión Europea a corto y a medio plazo. Fruto de la presión de la sociedad civil se pone en marcha a partir de una recomendación del Consejo de Europa la iniciativa de Garantía Juvenil con el propósito de establecer una batería de medidas destinadas a garantizar que todos los jóvenes menores de veinticinco años, posteriormente se amplió a los treinta años, que perdieran su trabajo o que no lo encontraran al acabar sus estudios, es decir, que ni estudiaran ni trabajaran, recibieran una oferta laboral de calidad de educación continuada o unas prácticas de formación en un plazo de cuatro meses. En este marco Bruselas diseñó el presupuesto de este plan que, en colaboración con el Fondo Social Europeo, dispuso de una dotación de 6000 millones de euros. De dicha planificación presupuestaria se destinó a España la mayor dotación, con un importe superior a 1800 millones de euros, casi un tercio de todo el dinero para Europa en atención a nuestra elevada tasa de desempleo juvenil, que en aquel entonces era superior al 50 %. La implementación del sistema fue una chapuza desde el principio, estableciendo condiciones de acceso a la inscripción demasiado restrictivas, de manera que la participación de los jóvenes fue muy escasa. Según consta en el informe de evaluación de Garantía Juvenil, país por país, publicado por la propia Comisión Europea en marzo de este año, en España solamente el 10,7 % de los jóvenes potenciales beneficiarios de este plan se habían inscrito a este fichero en los primeros dos años de la medida. La chapuza en la implantación de la Garantía Juvenil en España fue modificada parcialmente primero por la Ley 25/2015 y después por el Real Decreto-ley 6/2016, que ayudó a impulsar la inscripción automática y flexibilizó los requisitos. Con la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno parece haber solucionado una de las chapuzas iniciales, facilitando la inscripción al Plan de Garantía Juvenil. Lo que no ha explicado el Gobierno del Partido Popular son las razones por las que tardó más de tres años en facilitar el acceso de los jóvenes a los beneficios de la Garantía Juvenil, pese a tener a su disposición el mayor presupuesto de toda la Unión Europea a cargo del Fondo Social, como ya dije antes, 1800 millones de euros, y a padecer la segunda mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Creemos firmemente que cientos de miles de jóvenes merecen explicación. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, no pueden desarrollarse políticas públicas en ningún ámbito sin evaluar, analizar y estudiar con datos rigurosos el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y los efectos reales sobre la vida de la gente. Sindicatos y asociaciones juveniles denuncian que no han podido hacer propuestas de ninguna clase porque el Gobierno no proporciona información que refleje la incidencia cuantitativa y cualitativa de las actuaciones realizadas ni en la intermediación ni en la formación y mejora de la empleabilidad ni en el fomento de la inserción laboral ni en el apoyo al emprendimiento, medidas ellas que se integran, por lo menos teóricamente, en nuestro sistema de Garantía Juvenil. Pero esto no solo lo dice la sociedad civil, la propia Comisión Europea en su informe de marzo de este año constata la imposibilidad de evaluar la incidencia sobre el empleo de las actuaciones formativas y de intermediación llevadas a cabo en nuestro país debido a que el Gobierno no ha proporcionado los datos necesarios. Este mismo informe pone de manifiesto que solo el 47,5 % de los jóvenes inscritos habían recibido alguna actuación de las contempladas en el sistema en los cuatro meses posteriores a su inscripción y solamente un 37,7 % se encontraba trabajando o realizando estudios o prácticas profesionales al término de los seis meses siguientes a la recepción de los beneficios de la Garantía Juvenil. En definitiva, ineficacia y precariedad. Estos datos demoledores, unidos a la tardía facilitación de la inscripción de jóvenes en el sistema, evidencian el rotundo fracaso del Gobierno de España en manos del Partido Popular en la implementación de la iniciativa de Garantía Juvenil en nuestro país. Consideramos imprescindible que, al menos en esta ocasión, el Gobierno elabore un estudio sobre la incidencia de las diversas actuaciones que prevé el sistema de Garantía Juvenil para promover la creación de empleo estable y de calidad para los jóvenes, que recopile y haga público los datos indicativos de la eficacia de cada una de las medidas y convoque al diálogo social en el seno de la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema con carácter previo a adoptar cualquier tipo de medida legislativa, cualquier cambio normativo en esta materia. No abandonamos el espíritu constructivo en esta iniciativa que tuvimos con la interpelación a la ministra antes de verano. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de la OCDE y la segunda de la Unión Europea. Cientos de miles de jóvenes se encuentran en una situación que les empuja o al exilio o a la exclusión. En nuestros barrios y en nuestros pueblos lo saben bien. También tenemos claro que los sufrimientos que provoca nuestro mercado de trabajo no se solucionan solo con la Garantía Juvenil. Hay que derogar las reformas laborales y cambiar el modelo productivo, pero sabemos que la Garantía Juvenil puede aportar un poco de mejora a la vida de la gente y para eso estamos aquí. Para despreciar el dinero procedente de Europa y malgastarlo en perpetuar empleos precarios y sueldos de miseria no cuenten con nosotros; ahora bien, para usar los fondos europeos con criterio, rigurosidad y diálogo, para legislar junto con la sociedad civil y asegurar un futuro digno a nuestra juventud, basado en formación y en empleos decentes, estamos a su plena disposición. Cójannos el guante. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Hace siete meses y medio que el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó un real decreto-ley que venía avalado por un amplio consenso con los agentes sociales y las comunidades autónomas para dar un mayor impulso al desarrollo de la Garantía Juvenil. El voto de Foro sirvió entonces para respaldar el relanzamiento y el incremento de oportunidades de empleo y formación para muchos jóvenes. Recordé en aquel momento que precisamente Asturias es una de las comunidades donde con más virulencia se había cebado el paro entre los más jóvenes, lo cual continúa siendo hoy una realidad a tenor de los sucesivos datos mensuales del paro, que, habiendo sido buenos en el conjunto de España, siguen subrayando la acusada y negativa divergencia de Asturias. No obstante, los datos vienen acreditando lo acertado de las medidas contempladas en aquella convalidación sobre la Garantía Juvenil. De ahí que resulte insuficiente una moción que, tratando de algo tan importante para el mercado de trabajo y la inserción laboral, lo que propone sustancialmente es que el Gobierno se dedique a recopilar y a analizar un sinfín de datos relativos a ejercicios ya concluidos, algo que por otra parte se viene haciendo. De hecho, existe coordinación de actuaciones y de seguimiento en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a través de una Comisión delegada de seguimiento y evaluación, en la que son partícipes cada una de las comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado. Finalmente, quiero señalar que la aplicación y el desarrollo de la Garantía Juvenil están sujetos a la adecuada utilización presupuestaria de fondos procedentes de la iniciativa de empleo juvenil y del Fondo Social Europeo. Esta moción del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos pasa de largo sobre esa condicional y tampoco pone en valor las recomendaciones que el Consejo Europeo realizó a España el pasado mes de mayo, singularmente para ampliar los criterios de elegibilidad de la Garantía Juvenil y de refuerzo del apoyo individual a los desempleados de larga duración. De ahí que haya presentado una enmienda de modificación que desarrolla en cuatro puntos la importante recomendación del Consejo Europeo. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Señora presidenta, intervendré desde el escaño. Compartimos el contenido de la reflexión del señor Rodríguez, buena parte del contenido de su moción; de hecho, la enmienda que presentamos viene a complementar algunas de las consideraciones que efectúa. En este sentido, quiero remarcar dos cuestiones, que - insisto - comparto con el señor Rodríguez. En primer lugar, la preocupación por el hecho de que el esfuerzo económico que la Unión Europea ha trasladado a España en esta materia se desaproveche. El informe de la Comisión Europea del que se hablaba es indicativo del riesgo evidente de que, siendo el Estado español líder en desempleo juvenil en el contexto de la Unión Europea, tenga que retornar recursos a la misma. La segunda preocupación, que me parece todavía más relevante, es que las cuestiones vinculadas al desempleo de los jóvenes son muy estructurales y si el conjunto de las políticas que sirven para aprovechar estos recursos se convierten en un nuevo parche que quizá dé respuesta en el corto plazo pero no resuelva los cuellos de botella que explican el reto del desempleo juvenil, habremos administrado durante un periodo relativamente corto de tiempo una cantidad importante de recursos, pero no habremos resuelto ninguna de las cuestiones que explican el reto del desempleo juvenil, que se sitúan no tanto en la necesidad de bonificar o abaratar la contratación como en facilitar la transición del sistema formativo al mercado de trabajo y en generar segundas oportunidades a aquellos jóvenes que no finalizan bien, en tiempo y forma, su recorrido formativo. Los recursos de la Garantía Juvenil que gestiona la Administración General del Estado hoy por hoy no se destinan a esa cuestión. En ese sentido debemos volver a denunciar que más del 50 % de los recursos de la Garantía Juvenil los gestiona el Estado, no las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia. He de decir que la Generalitat, en la parte que gestiona, está recibiendo reconocimientos por parte de la Comisión Europea: menos gasto centralizado, mayor capacidad de descentralizar y dar respuesta a las cuestiones de fondo si queremos garantizar que los recursos de la Unión Europea sean útiles frente al reto del desempleo juvenil. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
Gracias, presidenta. Señorías, las personas jóvenes estamos en peligro. Con casi un 40 % de paro juvenil en el Estado español, con una educación elitista, con contratos precarios y temporales, sin podernos emancipar, las personas jóvenes estamos en peligro, y a este Gobierno le importa un bledo. [[Un señor diputado: ¡Hala!]] Sí, le importa un bledo. Es el Estado con más dotación presupuestaria de la Unión Europea para Garantía Juvenil y desde 2013 no han hecho prácticamente nada. No lo decimos nosotros, lo dice Europa, la misma Europa a la que hacen caso rapidito cuando se trata de hacer recortes sociales y de rescatar bancos, pero cuando se trata de dar un balón de oxígeno a una generación entera entonces ni caso a Europa. Las personas jóvenes queremos vivir dignamente, pero ustedes no nos dejan, incumplen su responsabilidad de Gobierno para solventar este problema, nos mantienen en la precariedad. Estamos en peligro y, como ya he dicho, les da absolutamente igual. Estamos hartos de cifras de macroeconomía. En nuestra vida diaria la crisis no ha acabado, y ustedes desde sus despachos continúan pensando que las personas jóvenes somos ninis, que nos gusta seguir en el nido familiar hasta los treinta o que emigramos por espíritu aventurero. Y se equivocan, estamos realmente en peligro. Para colmo, la ministra habla de primavera del empleo. Pero si las flores que crecen en esta primavera las arrancan y las regalan a los más ricos, si en lugar de beneficiar a las personas jóvenes lo que hacen es arrancar las flores y regalarlas a las personas más poderosas... Estamos en peligro. Las personas jóvenes estamos realmente en peligro. Están en juego nuestro presente y nuestro futuro. Estamos en peligro y necesitamos una oportunidad y necesitamos que sea ya.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Señora presidenta, señores diputados, el Consejo Europeo adoptó la recomendación denominada Garantía Juvenil el 22 de abril de 2013 y en ese marco todos los Estados se comprometieron a garantizar que los jóvenes tuvieran una oferta formativa o de empleo en el plazo de cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios o de estar en situación de desempleo. España se sumó a esta iniciativa y la empezó a implementar en 2014, siendo así que el 80 % de las acciones de Garantía Juvenil que se han financiado lo han sido a través de esta iniciativa europea de empleo juvenil y han tenido una asignación inicial de 943 millones en el periodo 2014-2018. Pues bien, lo cierto es que por desgracia ya resulta evidente, como han relatado los que me han antecedido, que, a pesar de contar con la dotación económica proporcionalmente más alta de toda la Unión Europea, ese propósito no ha obtenido ningún éxito o los resultados pretendidos. Hoy día todos los expertos califican de ineficaz, no ya por las medidas propuestas sino por su gestión, el resultado de esa iniciativa. Le digo a la señoría que me ha precedido en el uso de la palabra que así lo califica hasta la Comisión Europea. Ese fracaso se atribuye a muchas causas. En principio se atribuyó principalmente a dos cuestiones: los datos de los ninis no se tuvieron en cuenta hasta julio de 2014 y el tramo de edad no se amplió hasta 2015 a fin de que estos jóvenes de entre veinticinco y veintinueve años pudieran tener acceso a estas ayudas, lo que motivó que fueran 390 000 nuevos solicitantes los que se sumaron a esta iniciativa. De la ineficacia de estas medidas dan cuentan las estadísticas, que señalan que el porcentaje de jóvenes que después de seis meses de haberse registrado han encontrado un empleo o una acción formativa orientada al empleo se reduce a tan solo el 38 % de los inscritos, cuando en el ámbito europeo en el caso de los irlandeses es el 71 % o de los italianos, el 68 %. Esto lo dice la propia Comisión Europea, que atribuye esta ineficacia a la imposibilidad de atraer a los jóvenes, por un lado, debido a la escasa visibilidad de las campañas publicitarias y, por otro, a la limitada capacidad que tienen los servicios públicos de empleo para llegar a los jóvenes. Es otro informe de 2016 el que lo señala. Prueba de ello es que en abril de 2016 tan solo el 25 % de los jóvenes conocía la existencia de esta iniciativa frente al 51 % de media europeo. Pues bien, el mismo informe de la Comisión Europea señala que las experiencias previas en otros países concluyen que el éxito de la Garantía Juvenil se basa en un eficaz funcionamiento de los servicios públicos de empleo a nivel local. Esto lo uno con lo que ha señalado el señor Campuzano en el sentido de que es únicamente la mitad de estos fondos la que está siendo gestionada por los servicios estatales, cuando existe también un ámbito de gestión por parte de las comunidades autónomas que, sin embargo, se ha revelado notoriamente más eficaz que la que están llevando a cabo los servicios estatales. Por ello, para dotar de mayor eficacia al sistema, habría que facilitar que otras entidades territoriales de ámbito inferior tomaran parte, como ya lo están haciendo pero en una medida superior. En la medida en que se han dado estas consecuencias, resulta razonable la iniciativa que ha formulado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la que nos sumamos, porque es necesario conocer la respuesta a las preguntas que formula respecto a la eficacia de estas medidas. Eso sí, también debemos llamar la atención sobre algunas cuestiones que no tiene en cuenta la iniciativa. Por ejemplo, el hecho de que la filosofía de las políticas activas de empleo se dirija únicamente a señalar una cuantía de 430 euros, como refería la ministra de Empleo hace unos días, parece escasa o insuficiente si no se liga a la trazabilidad de una formación en el empleo, lo que a nuestro juicio debería formar parte de eso que llamamos política de empleo y no de las ayudas sociales. También me llama la atención el silencio sobre el régimen jurídico de las ayudas. Hace unos días, en su comparecencia, la ministra de Empleo nos solicitaba complicidad y tolerancia por la prórroga del Plan Prepara y nosotros le decíamos que queríamos que las ayudas del Plan Prepara fueran compatibles con otro tipo de ayudas. Resulta que se puede dar la situación en el ámbito de la Garantía Juvenil de que las ayudas de 430 euros que puedan recibir los jóvenes puedan ser incompatibles con las ayudas que puedan estar recibiendo sus padres como consecuencia del Plan Prepara, lo cual va a suponer una especie de círculo infernal partiendo además de la escasez de recursos. Por ello, finalmente quiero señalar que hemos formulado una enmienda teniendo en cuenta estas dos cuestiones - es decir, el reconocimiento del ámbito de capacidad de actuación de las comunidades autónomas y la posibilidad de vincular esas eventuales ayudas a la trazabilidad o a la participación de los inscritos en itinerarios formativos -, enmienda que esperamos que acepten los proponentes de la medida porque consideramos que así sería más eficaz. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La historia de la Garantía Juvenil es realmente triste. En 2013, en el momento álgido de la crisis social que estábamos sufriendo, Bruselas puso a disposición de los ciudadanos y de los Gobiernos europeos 6000 millones de euros para responder a la urgencia social de los jóvenes, que particularmente en el sur de Europa fueron los que más sufrieron las consecuencias de la crisis. Pues bien, de esos 6000 millones de euros, 1800 - casi una tercera parte - fueron dedicados a España, porque da la casualidad de que España tenía casi una tercera parte del total de parados menores de treinta años en el año 2013 y por tanto le tocaba esta financiación. Hace unos meses, en abril de este año, la Comisión Europea hacía su informe de evaluación y concluía que a pesar del drama humano que hemos tenido, a pesar de batir el récord de Europa en paro juvenil, en España no habíamos sido capaces de utilizar, de poner en marcha uno de cada diez potenciales beneficiarios de esta ayuda. Por tanto, básicamente hemos desperdiciado, el Gobierno ha desperdiciado - es una pena que no haya nadie aquí para poder discutirlo - cientos de millones de euros que se podían haber traducido en verdaderas oportunidades para una generación rota de jóvenes. Como digo, este dato es particularmente dramático en un país que básicamente tiene un establishment montado contra la juventud. Tenemos un mercado laboral que discrimina de manera sistemática a los jóvenes; tenemos récord de abandono escolar, entre otras cosas porque sufrimos un boom inmobiliario, que fue un poco como nuestra enfermedad holandesa, y una parte muy significativa de nuestros jóvenes se fueron a poner ladrillos en vez de invertir en educación. Y a pesar de la recuperación económica hemos sido incapaces de ofrecer un modelo laboral distinto, un modelo de oportunidades para que los jóvenes puedan simplemente acceder, como lo hicieron algunos en el pasado, a una estabilidad laboral y a unas oportunidades dignas para un país europeo. Los que tienen trabajo, que ahora son un poquito más de la mitad de los menores de treinta años, viven en la absoluta precariedad con contratos klínex que empiezan el viernes y terminan el lunes. Tenemos que reformular el modelo de raíz tanto en las relaciones laborales como en la formación - que necesitamos revolucionarla -, y en eso estamos en Ciudadanos, por eso en los próximos meses vendrán muchas iniciativas en este sentido. Vuelvo a la Garantía Juvenil. Podemos nos trae una iniciativa con la que - y espero que no sirva de precedente - estoy muy de acuerdo en muchas cosas; creo que hace un buen diagnóstico, pide al Gobierno explicaciones de qué ha hecho con todo ese dinero durante tanto tiempo, desde 2013 hasta 2017, periodo en el que se han tirado a la basura tantos millones de euros. Esto me parece razonable - ya se lo he transmitido al portavoz de Podemos -, pero a mí me gustaría - y yo creo que en este sentido han hecho bien el trabajo - que se trabajara un poco más porque cuando nosotros entramos y decidimos acordar con el Gobierno y exigir unas condiciones lo hicimos entre otras cosas para utilizar el dinero de la Garantía Juvenil, que se estaba desperdiciando en masa. Y obligamos al Gobierno a firmar una cosa que, por cierto, el Partido Socialista también firmó en su acuerdo de investidura - negociaciones en las que yo también estuve - para implementar un complemento salarial, lo que todo el mundo conoce como el complemento naranja. Ese complemento está en marcha. Entonces, yo planteo a los señores de Podemos y a los señores del Partido Socialista, que tanto hablan además del rescate a los jóvenes y estoy convencido de que genuinamente están preocupados por la juventud, que realmente utilicen el dinero que se está tirando a la basura y se sumen a los que sí tenemos una propuesta concreta de política pública para mejorar el fracaso de la Garantía Juvenil, que se sumen a la iniciativa que le hemos exigido al Gobierno para poder ofrecer oportunidades a una gran parte de nuestros jóvenes. Es una medida que consiste en un complemento asociado a la formación, una transferencia que incentiva el empleo, que además dignifica los salarios y, como digo, que tiene un coste cero para el presupuesto público porque viene con financiación europea. Por tanto, celebro la iniciativa de Podemos, que ya le digo que votaremos a favor. Espero que acepten mi enmienda e incorporen lo que ya hemos acordado, e invito al Grupo Socialista y a los demás grupos de esta Cámara a que se sumen a esta iniciativa. Está bien quejarse, está bien enfadarse mucho, pero los que ya tenemos propuestas sobre la mesa que van a cambiar la vida de estas personas queremos ponerlo en marcha cuanto antes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.
Buenas tardes a todas y a todos. Obviamente vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos, tal y como ha dicho el grupo que la propone, que es necesario elaborar un diagnóstico serio de a lo que nos han llevado tanto la Garantía Juvenil como la Estrategia de empleo joven y para el emprendimiento. Hemos presentado una enmienda de adición en ese sentido: queremos que se den datos reales, que se haga un análisis serio de la Garantía Juvenil y de las medidas para el emprendimiento y el empleo joven. Esta estrategia contenía cien medidas de las que no sabemos nada, por mucho que nuestro grupo ha preguntado una y otra vez. No puede venir aquí la ministra, como vino el otro día, a hablarnos de - creo recordar - cuatro cuestiones: el bono de los 430 euros, el contrato para la formación, los emprendedores y el incremento de los fondos y la Garantía Juvenil. El tema de la Garantía Juvenil, el problema del empleo de los jóvenes, es mucho más serio que esas cuatro cuestiones y esto que nos quieren vender. ¿Cómo vemos nosotros el empleo joven? Lo vemos precario y mal pagado y mucha culpa la tiene, primero, que sobre los jóvenes siempre inciden los aspectos más negativos de nuestro mercado de trabajo y, segundo, que la mala instrumentación de la Garantía Juvenil ha llevado a la situación en la que nos encontramos. ¿En qué situación nos encontramos? En primer lugar, el paro de larga duración afecta mucho más a los jóvenes que a cualquier otro trabajador. El 47 % de los jóvenes desempleados lo están durante más de un año y uno de cada tres por dos años. Me pregunto, ¿por qué no han funcionado las medidas de la estrategia de bonificar el empleo indefinido de los jóvenes? Eso deberíamos preguntárnoslo todos. En segundo lugar, nuestros jóvenes están afectados por altas tasas de temporalidad. El 56 % de los trabajadores de menos de treinta años son temporales. Un puesto de trabajo desarrollado por un joven necesita 26,73 contratos. No nos podemos permitir esa tasa de temporalidad descausalizada y el uso de los contratos temporales para dar cauce a trabajos indefinidos en la empresa. En tercer lugar, los jóvenes están afectados de una mayor parcialidad. En cuarto lugar, los jóvenes están afectados de una brecha salarial importante, cobran un 51 % menos que los demás. Por eso nuestro partido, el Partido Socialista, jamás va a aceptar modas o formas como el complemento de los 430 euros; si es un complemento salarial, que cotice como salario, que lo pague el empresario y que dignifique el trabajo de los trabajadores. Y si es otra cosa distinta, nos la tendrán que explicar. En quinto lugar, para los jóvenes nuestro mercado de trabajo se mueve en una dicotomía extraña, porque hablamos de formación y, sin embargo, el 30 % de los contratos con titulados son para actividades precarias. El uso del contrato para la formación y el aprendizaje ha dado lugar a que nuestros trabajadores titulados estén trabajando en la hostelería. Dos de cada tres de esos contratos para la formación se realizan con trabajadores que ya tienen una titulación. Hemos sido incapaces en el ámbito de la estrategia de potenciar el contrato en prácticas. Hemos llevado a nuestros jóvenes a las becas y a las prácticas extralaborales, es decir, a un tipo de trabajo en el que se trabaja sin cobrar. Por otra parte, tampoco hemos sido capaces de dar formación a los jóvenes que no la tenían. Yo no he oído aquí - o lo he oído pocas veces - hablar de qué ha pasado con los certificados de profesionalidad, qué ha pasado con esa formación dual de la que tanto nos hablan. No existe esa formación dual, ese diseño de formación que coordina el estudio con la práctica en la empresa. Por tanto, creemos que es necesaria esta iniciativa; creemos que es necesario hacer un diagnóstico serio para afrontar la modificación o incluso un nuevo diseño de la Garantía Juvenil y de cualquier medida que trate de fomentar el empleo joven. Los jóvenes no pueden seguir siendo trabajadores de segunda y el Partido Socialista hará todo lo posible para que esto no sea así. Vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos que nuestra enmienda aporta un mayor espectro a todos los datos que nos puede facilitar el Gobierno y que con ello podemos avanzar todos mucho más. Desde luego, no vamos a apoyar ningún tipo de iniciativa que precarice más el trabajo de los jóvenes, como ese complemento que no sabemos ni lo que es, y por nuestra parte todo nuestro apoyo a lo que sea mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, no es bueno mirar atrás ni para tomar impulso. Por ello, nosotros siempre queremos mirar hacia delante, hacia el futuro, de forma positiva, construyendo desde el diálogo, sí, pero construyendo. Esta moción me permite hacer eso que tanto les gusta a los grupos de la oposición, balance del gran trabajo que ha hecho nuestro Gobierno a través del ministerio liderado por Fátima Báñez. Porque los datos, a pesar de que a ustedes les gusta obviarlos, ahí están y son muy positivos. España está creciendo a un ritmo vertiginoso, con una previsión para 2017 del 3,3 %; sexto año consecutivo de superávit. Hemos recuperado dos de cada tres empleos que se perdieron en la crisis. Se crea empleo mes tras mes en todos los grupos de edad, pero especialmente en los jóvenes. La tasa de paro juvenil ha bajado 15 puntos en España desde 2012. Solo en el último año se ha reducido casi 7 puntos. El empleo de los jóvenes crece a un ritmo del 10 %. Se ha superado el umbral del millón de jóvenes menores de veinticinco años trabajando, algo que no sucedía desde hace seis años. Además, la contratación indefinida crece al 20 %. Señorías, ¿todo esto es casualidad? No, es fruto de haber tomado las decisiones adecuadas. Se han hecho las reformas que necesitaba España. La primera medida sobre empleo que aprobó el Consejo de Ministros en la X Legislatura fue la Estrategia de emprendimiento y empleo joven, con cien medidas cuyo objetivo era mejorar la empleabilidad, facilitar la inserción laboral, promover el emprendimiento y mejorar la situación dentro del mercado de trabajo. Esta estrategia ha dado resultados, ya que ha generado oportunidades de trabajo a más de dos millones de jóvenes. Respecto a la Garantía Juvenil, objeto de este debate, que cabe recordar que es fruto de una dura negociación que tuvo nuestro presidente, Mariano Rajoy, en Bruselas, quiero decir que desde su puesta en marcha en el año 2014 el número de inscritos ha ido aumentando paulatinamente. A fecha 31 de agosto de 2017 había 779.299 inscritos, un índice de 69 %. Esta cifra se ha podido alcanzar gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, entre las que cabría destacar dos: por una parte, el aumento del rango de edad de veinticinco a treinta años y, por otra, la posibilidad de la inscripción directa. Como ven, se ha hecho mucho para mejorar la situación laboral de los jóvenes, pero como siempre dice la ministra de Empleo, todo el esfuerzo por el empleo joven es poco y queda mucho por hacer. Para nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, el empleo juvenil es una prioridad y somos inconformistas. Por ello, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley. Señor Rodríguez, vamos a votar a favor, pero al mismo tiempo vamos a pedirles que sean más coherentes. El Partido Popular representa la buena gestión. El Partido Socialista, la mala. ¿Qué representan ustedes, señor Rodríguez? Ustedes representan la paradoja permanente y el contrasentido político. Porque no se puede afirmar estar preocupado por el empleo y al mismo tiempo impulsar movimientos que pretendan destruirlo, como es la turismofobia, cuando el turismo es uno de los pilares de nuestra economía y representa el 15 % del empleo total. Porque no se puede afirmar estar preocupado por el empleo y al mismo tiempo oponerse a la flexibilización del mercado laboral, cuando esa flexibilización es la que hace que nuestras empresas sean más competitivas y puedan exportar más. Porque no se puede afirmar estar preocupado por el empleo y al mismo tiempo no hacer nada en esta materia en las administraciones donde sí gobiernas o apoyas al Gobierno, y aquí daré un ejemplo de mi comunidad, la Comunidad Valenciana: de 16,2 millones de euros presupuestados en 2017 para jóvenes desempleados únicamente han ejecutado 530 000; es decir, un 5,5 %. Así que, señora Sorlí, debería darle vergüenza la intervención que ha hecho en esta tribuna. [[Aplausos]] Parece que para ustedes, señor Rodríguez - para el partido de Podemos y sus acólitos -, lo que no se puede, a veces sí se puede - siempre que les interese, claro -, por ello no quiero terminar sin hacer una última reflexión con una cita de Einstein: 'No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos'. Tomen nota. Muchas gracias. [[Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!]]
Muchas gracias. Pregunto al señor Rodríguez Rodríguez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Sí, vamos a aceptar varias. Estamos intentando conseguir el máximo consenso posible y después se las haremos llegar a la Mesa.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑORES ALLI Y SALVADOR]], SOBRE REGULACIÓN DEL USO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SÍMBOLOS. [[Número de expediente 173/000040]]
Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Alli y Salvador, sobre regulación del uso, protección y promoción de los símbolos. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que, a menos de veinte días para el 1 de octubre, utilice al menos un minutito de mi intervención, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, para decir algunas cosas. La primera, desde luego, apoyar al Gobierno en la defensa de las leyes y la democracia, sin complejos. También quiero transmitir nuestro apoyo a aquellos alcaldes catalanes - muchos de ellos socialistas - y a todos los funcionarios que han manifestado que no van a incumplir la ley. No olvidemos que se empieza no respetando la ley y se continúa persiguiendo a quienes la cumplen. Asimismo, queremos reiterar que nosotros rechazamos los argumentos que utiliza el secesionismo para romper la unidad de España; creemos que su pacifismo es pura fachada y que sus urgencias solo llevan al enfrentamiento civil. Por tanto, queremos hacer una especial mención y trasladar nuestro apoyo al líder de Ciudadanos, a Albert Rivera, por los comentarios del dirigente de ETA, Arnaldo Otegi, en TV3. [[Aplausos]] Otegi, señorías, sin pistolas no es nadie; es solo una caricatura del odio que hemos sabido vencer o que debiéramos superar. Es un provocador profesional y, desde luego, un muy mal compañero de viaje. Al grano. Señorías, en julio interpelamos al Gobierno con motivo de la colocación de la ikurriña vasca en el chupinazo de Pamplona el 6 julio. Esta okupación - con ka - del espacio simbólico institucional se ha repetido ya en otras localidades navarras: Barañáin, Iturmendi, Irurzun, Olazagutía, Baztán, Echarri-Aranaz, Bera, Estella, Tafalla, Burlada o Berriozar. Todas ellas - no por casualidad - con alcaldes de Bildu. Nosotros ya hemos denunciado ampliamente estas prácticas en Navarra, que sin duda es donde debemos hacerlo, pero esta vez nos parecía que estas provocaciones ya conocidas y que tanta indignación causan en Navarra exigían también en Madrid - por qué no - iniciar una reflexión sobre los símbolos propios, en este caso sobre las banderas. ¿Están suficientemente protegidas? ¿Qué hacer cuándo son desplazadas o atacadas? Y, finalmente, ¿es aceptable que la ley no garantice que se respeten? Por cierto, señorías, vaya por delante nuestra felicitación y agradecimiento a todos los navarros - en torno a 30 000- que el día 3 de junio salieron - salimos - a la calle para reivindicar nuestro respeto a la bandera de Navarra y también para denunciar alto y claro que no vamos a tolerar ni más fraudes, ni más imposiciones, ni más engaños. Nosotros, señorías, creemos en el valor de los símbolos que nos identifican; creemos que son importantes y que se deben respetar. Desde luego no nos gusta, por ejemplo, que se pite a nuestro himno; no nos gusta que se pite a ninguno. Nos gusta nuestra bandera y que esta nos represente a todos sin excepción. Navarra, señorías, tiene la suya, la roja, con su escudo, con su corona real, con sus cadenas y con su esmeralda. Una bandera no es solo la expresión de la historia y la cultura comunes, es un símbolo que evoca el legado de vivencias y valores que se transmiten de generación en generación; también es un referente que nos recuerda quiénes somos y nos anima a llevar a cabo proyectos juntos mirando hacia delante. A nosotros desde luego nos enorgullece, por ejemplo, que compatriotas nuestros compitan o luchen bajo nuestras banderas. Ayer fue Nadal; hoy, la Selección Española de Baloncesto que, por cierto, no va ganando. Y si es verdad que las banderas diferencian a unos grupos humanos de otros, deberían defenderse o promoverse como mínimo en un plano de igualdad, de hermandad, de buena vecindad y de respeto mutuo. Por eso, señorías, no es casual que quienes buscan con más ahínco crear conflictos en nuestras sociedades busquen sustituir en Navarra su bandera por otra. ¿Qué buscan? Fácil: dividir. Ellos lo que piensan es: si confundimos los símbolos, ponemos en cuestión la realidad que representan; si conseguimos convencer a algunos o a muchos de que los símbolos oficiales no nos representan, conseguimos poner en cuestión quiénes somos. Y no saber quiénes somos, señorías, es el primer paso para dejar de ser. Y así, trabajando con pequeños incumplimientos de la ley aquí y allá - poc a poc, que dirían en Cataluña; en vascuence, kanka kanka -, van trasformando la realidad hasta hacerla irreconocible. Así de simple y eficaz. Es más, incluso cuando no se coloca la ikurriña vasca en Navarra nos dicen ahora que hay un déficit de representación de los sentimientos porque nuestros símbolos ya no representan a todos. [[La señora]] El mundo al revés, y todo mentira. Nosotros hoy, como en julio, denunciamos la falta de respeto institucional, la confusión interesada, la expansión por la fuerza y de manera ilegal de símbolos de la Comunidad autónoma vasca en Navarra. ¿Qué pretendemos, señorías? Primero, manifestar que no aceptamos la política de hechos consumados ni de brazos caídos; segundo, que creemos que los símbolos de todos están insuficientemente protegidos y que deberemos hacer algo más para que lo estén; tercero, reiterar nuestro compromiso con la defensa de la bandera de todos los navarros, la propia, la oficial, la institucional, una bandera que no es patrimonio de nadie y por eso es patrimonio de todos, sin excepción: de Roncesvalles a Cortes, de Estella a Javier. Por tanto, señorías, nada que no defendieran muchos de ustedes en sus propias comunidades si una bandera que no representa a su comunidad fuera exhibida en fraude de ley pretendiendo sustituir a la propia. En fin, algunos hoy tienen mucha prisa e interés en que la bandera vasca ondee 'con normalidad', entre comillas, en Navarra, ya lo sabemos. En este escenario nosotros continuaremos trabajando para que la ruptura simbólica que ellos pretenden, ese horizonte de confusión y división, no se generalice en Navarra. Es más, haremos lo posible para que todas estas afrentas desaparezcan en cuanto lo permitan unas elecciones. Voy terminando. ¿Qué es lo que pide el texto de nuestra moción? Dos cosas sencillas: una, rechazar la imposición ilegal de la ikurriña vasca en Pamplona, lo cual incluye todas las imposiciones que han venido después aunque no figuren en el texto, y, dos, animar a los grupos a hacer posible una regulación que facilite una promoción y un uso de los símbolos respetuoso y que garantice la armonía y la convivencia entre todos. Créanme, señorías, que nos importa muy poco la autoría de esta iniciativa, nos importa mucho más la unidad de acción y el mensaje que podamos trasladar a los que siguen dispuestos a saltarse la ley para imponer su totalitarismo en Navarra. Desde luego, quiero agradecer sinceramente el apoyo a esta moción que algunos grupos ya nos han anunciado: el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos o Foro. Y termino con una última idea. Si somos capaces de unirnos mayoritariamente manteniendo cada uno nuestras posiciones, nuestras convicciones, nuestras diferencias, nuestras discrepancias, etcétera, en la defensa de aquello que entendemos que es nuestro, que nos une, que nos fortalece, que es bueno, que nos ilusiona, entonces podremos decir que hemos hecho un trabajo útil del que muchos se puedan sentir también, como nosotros hoy, orgullosos. Hoy, señorías, es la bandera de Navarra y su respeto lo que nos convoca aquí, pero pasado mañana - mañana - será la unidad política de España, y ahí también nos encontrarán. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
Señoras y señores, señores de UPN, debería darles vergüenza venir a defender aquí lo que no pueden defender en Navarra. ¿Dónde queda la soberanía de Navarra? Supeditada a Madrid. Eso es lo que ustedes representan: sumisión y servilismo político como futuro de Navarra, porque en el Parlamento navarro sus planteamientos son minoría. El Parlamento navarro, por mayoría, con el voto de quienes al menos son tan navarros como ustedes, derogó la Ley de Símbolos; una ley que hicieron ustedes no para unir a los navarros, sino para imponer, reprimir y castigar a quien piensa de modo diferente al suyo. Conservan el tinte integrista de la tradición política que representan. La bandera Navarra sigue siendo el símbolo de Navarra. ¿Cómo puede acusar a los nacionalistas vascos de ir contra ella? Es parte de nuestra herencia. Hablaban ustedes el otro día de la bandera del siglo XVI; no, la bandera navarra oficial es de 1910, y se pide que se haga una serie de diseños, y se toman de las cadenas anteriores de Sancho el Fuerte. ¿Cómo pueden acusarnos cuando quienes lo crean en 1910 son vasquistas: Campión, Oloriz y Altadill? Ese mismo día en que se hizo oficial la bandera navarra, se izó en todas las sedes del Partido Nacionalista Vasco. Y el 3 de diciembre de 1924, un concejal del PNV en Tafalla, Doxandabaratz, puso en el balcón del ayuntamiento la bandera navarra. ¿Y quién vino a retirarla? La derecha navarra, sus antepasados. Y se impuso una sanción a Doxandabaratz, quien tuvo que exiliarse. Sí, sus antepasados, los Requetés. Hagan un repaso a las banderas que llevaron al frente los Requetés. Dudo que encuentren alguna bandera navarra; todo son banderas españolas, comenzando por la del tercio de Lácar. La ikurriña, les guste o no, representa hoy a lo vasco, más allá de una comunidad autónoma, sea en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o en Sebastopol. Nadie debe imponerla a nadie, pero nadie debe imponer su ostracismo, y menos en Navarra, porque es lógico que haya gentes que consideren que ellos también están representados a una con la bandera navarra con la ikurriña. Deberían leer a gentes de su tradición política que tienen como iconos sus antepasados políticos. García Garcilaso: La Diputación de Navarra es la más alta jerarquía de Euskal Herria; hablo de la afirmación robusta del País Vasco navarro. Onofre Larumbe: Esa hermana Euskal Herria de nuestros amores. Víctor Pradera - fíjense, Víctor Pradera en esta Cámara en 1922-: ¿Podrá haber alguien que ame tanto como yo a Vasconia? Baldomero Barón: Guipuzcoanos y navarros, ¿no somos brotes del mismo árbol de la estirpe vasca? Joaquín Beunza: Nosotros, los vascos, no datamos. Jaime Ignacio del Burgo: Para un navarro la negación de lo vasco supone negar nuestras raíces más profundas. Eladio Esparza - hombre del régimen donde los haya -: Los navarros somos los vascos, quizás los únicos vascos puros de Vasconia; los navarros somos vascos porque en esa raza nos forjó la naturaleza. Si escucháramos estos testimonios de hasta hace muy pocas décadas de sus antecesores políticos me parece que hasta Sancho el Fuerte, sí el de las cadenas de Navarra, se revolvería en su tumba si oyera su propuesta, porque es el rey a quien Alfonso VIII prometió devolver Vizcaya, Guipuzcoa y Álava por haberlas arrebatado torticeramente a Navarra. A ustedes hoy todo esto les da igual o no tienen ni idea, que es peor. ¿Nos acusan a nosotros, a los nacionalistas vascos de obsesiones identitarias? Mírense al espejo, hombre; ustedes sí que tienen deriva regionalista. Como sigan así no me extrañaría que la próxima propuesta que traigan a esta Cámara sea que el Osasuna cambie de nombre a club atlético salud, pero no se olviden tampoco de que está Loderena que, por cierto, se creó con ese nombre vasco nada más y nada menos que en 1940. Nosotros, el PNV, nos dedicaremos a que gracias a nuestras enmiendas Navarra tenga una disposición adicional que pueda utilizar, unos ayuntamientos con competencias forales, a que pueda participar en la confección de tratados internacionales, gracias al trabajo del PNV y a nuestras enmiendas, y habrá más, a pesar de sus zancadillas. Hay una nueva mayoría en Navarra; una mayoría que a través de su Parlamento quiere una Navarra más abierta y que busca la reconciliación y la tolerancia. La bandera navarra y su escudo son los establecidos por el Amejoramiento. Los hago también míos, los hago también míos y respeto a esos 23 000 que fueron a la manifestación, claro que sí, pero la mayoría en el Parlamento es la que es. Respeto a esos 23 000, pero fíjese entonces si no tendré que respetar a los muchísimos más miles de personas que fueron el otro día a la Diada. Le diré otra cosa: Navarra no de Roncesvalles a Cortes, sino de Donapaleu a Cortes, que Navarra también está en el otro lado de la frontera y usan la bandera navarra. Y hablando de usar la bandera navarra, vaya a Irún y vaya al batzoki del PNV, porque allí está colgada la bandera navarra y no pasa nada; está en Guipúzcoa y está la bandera navarra porque era territorio navarro. Nadie, ni el Parlamento navarro por mayoría absoluta ni el Gobierno de Navarra, las cuestiona; son absolutamente suyas, pero la ikurriña es una representación cultural y, en tanto que representación cultural, no es un elemento extraño a Navarra, como tampoco lo es en el País Vasco francés o en Iparralde, y a los testimonios que he relatado me remito. Lo que ocurre es que, a diferencia de ustedes, el Parlamento navarro no quiere que los sentimientos y las expresiones sean prohibidos por ley. Voy a concluir utilizando las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en la interpelación que dio origen a esta moción, pero se equivocó, porque en vez de dirigirlas a quienes las dirigió se las debía haber dirigido a UPN. Fíjense si encajan; dijo así - y yo se lo digo a ustedes, señores de UPN -: Es lamentable que utilicen las banderas con ánimo frentista, con ánimo divisivo, con ánimo de imposición y con ánimo autoritario. Traer este asunto a este Pleno solo tiene un objetivo: buscar réditos políticos para que se olvide el desastre de Gobierno que hicieron en Navarra, con desaparición incluso de cajas de ahorros. En definitiva, se trata de buscar réditos políticos, confrontación y, en el futuro, que probablemente se prohíba por ley, a través de esta Cámara, lo que los representantes de los navarros por mayoría expresan en su Parlamento. Lo que ustedes quieren es callar a Navarra y no lo van a conseguir. Nada más y muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Esteban Bravo. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
Desde el escaño, si me permite. Observando que el señor Alli no ha sido llamado a la cuestión, me permitirá también un pequeño excurso para observarle que confunde causa con efecto cuando pone los símbolos por delante de las voluntades populares. Eso, su nacionalismo - no solo el suyo, el del señor Alli, sino el de muchos -, su cerrazón en el 'sostenella y no enmendalla', no hace más que llevar síes a las urnas el próximo 1 de octubre. Por su coherencia y por su lógica, porque la suscribimos, y porque Bildu no podrá defenderla en este debate, leemos su enmienda de sustitución que insta al Gobierno a manifestar que las leyes en Navarra las decide el Parlamento de Navarra de manera democrática, recordando que para eso está el Poder legislativo de la Comunidad Foral de Navarra y que, como parte de esa facultad legislativa, se incluye la propia derogación de la Ley de símbolos o la elaboración de una nueva. [[El señor]] La Lorafna deja muy claro cuál es la bandera de Navarra y esa bandera debe ondear en todos los edificios públicos de la Comunidad Foral. Así sucede hoy en día, así fue también el pasado 6 de julio en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona y así será en adelante. Además, respondiendo a la pluralidad, a la visibilización de las diferentes sensibilidades, se pueden izar también la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona o de otros ayuntamientos navarros que así lo decidan. La ikurriña, además de ser la bandera oficial de la Comunidad Autónoma Vasca, representa también una sensibilidad social tanto en esa comunidad como en Navarra o Iparralde. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Capdevila. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, señor presidente. Señor Salvador, en primer lugar, quiero agradecerle en nombre del señor Albert Rivera sus palabras cariñosas por ese tuit que el señor Rivera puso en los días pasados, sobre el señor Otegi, y lo innecesario de que el señor Otegi se manifieste como se manifiesta en las redes. Señorías, volvemos otra vez a mirar hacia atrás, lo que pasa es que esta vez en vez de mirar cuarenta años creo que nos hemos ido a doscientos o algo así. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos está de acuerdo en este caso con Unión del Pueblo Navarro en que colocar una ikurriña - la bandera de otra comunidad autónoma - como si fuera una bandera oficial más en la Comunidad Foral de Navarra constituye una falta de respeto a las instituciones del Estado, a las propias instituciones forales y a una gran mayoría de ciudadanos navarros. Este episodio es un ejemplo más de cómo una fuerza política, EH Bildu, instrumentaliza las instituciones de todos los ciudadanos para ponerlas al servicio de unos pocos de forma sectaria y en contra de las leyes democráticas; constituye, en definitiva, un ejemplo más de la política de los radicales con los que no se sienten identificados la mayoría de los ciudadanos navarros. Eso y no otra cosa es de lo que estamos hablando hoy, señorías. Este acto de deslealtad institucional y de uso partidista de las instituciones es un acto ilegal que va en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, una sentencia en la que, por cierto, EH Bildu fue condenado a pagar las costas judiciales, que acabaron pagando todos los ciudadanos de su bolsillo; un capítulo más como tantos hemos vivido ya los ciudadanos de este país, en el que los políticos intentan tapar con una bandera su mala gestión y utilizan las instituciones de todos como si fuera su cortijo privado a costa de nuestros impuestos. Porque señorías, recordemos que a finales de junio de este año, pocos días antes de que en los Sanfermines se volviera a izar una bandera del País Vasco en el Ayuntamiento de Pamplona, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya había dictaminado de forma clara que los Ayuntamientos de Pamplona y Tafalla incurrieron en fraude de ley y desviación de poder al colocar banderas que no representan a los ciudadanos navarros, y colocadas con fines políticos; una bandera por cierto que tampoco es suya ni de los cargos de sus partidos, sino de todos los vascos, también de aquella mayoría que se siente vasca, española y europea. [[Aplausos]] Sin embargo, no nos sorprende en absoluto que los políticos nacionalistas quieran imponer sus ideas políticas en nuestras instituciones democráticas; ya lo hemos visto la semana pasada con el lamentable espectáculo que nos dieron los políticos separatistas en el Parlamento de Cataluña, y es que igual que en el caso del Parlamento catalán, los políticos del Ayuntamiento de Pamplona, saltándose las leyes y la democracia, decidieron imponer su voluntad de forma ilegal y sabiendo que no representan a una mayoría navarros. No nos sorprende porque sus ideologías ya las conocemos de otros lugares. Nosotros nacimos como partido en Cataluña, donde también los símbolos, los días institucionales y las instituciones se han usado para dividir a los ciudadanos y enfrentarlos entre sí. [[Aplausos]] Y para enfrentarlos con el resto de España y con el resto de españoles, no para unirlos, que es lo que tendrían que hacer todos los políticos. Para quitarles derechos y no para defenderlos, y eso mismo que defendemos en Cataluña es lo que defendemos hoy aquí y en todos los parlamentos. Nosotros respetaremos las sentencias de los jueces y exigiremos al Gobierno que haga que las leyes se cumplan, como es lo normal en democracia. Señorías, en democracia se puede defender cualquier cosa, pero siempre desde la democracia y con las leyes, y nunca contra ellas; desde el respeto al resto de opiniones y desde el respeto a las instituciones del Estado y a las reglas del juego. Cualquier acción emprendida de otro modo no es democracia y es inaceptable. En España se asumen, respetan y valoran todas las culturas y las identidades que conforman la diversidad de nuestro país. Lo que no vamos a asumir es que nadie, ni un ciudadano ni ninguna institución, elija qué leyes son aplicables y cuáles no. El Estado de derecho se debe cumplir y debe hacerse cumplir a todos y por todos, sin excepción. Solo de este modo es posible convivir en democracia, señorías. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
Arratsalde on. Buenas tardes. Alguien hace una moción sobre la bandera de Navarra, sigue hablando de Otegi, acaba con Cataluña, sigue con Nadal y al final estamos en una situación en que no hay por dónde coger esto. UPN nos trae nuevamente al Congreso una moción absolutamente innecesaria, eso en el mejor de los casos, y en el peor una moción que al final va a resultar que no respeta la realidad del autogobierno de Navarra y de sus instituciones, porque cuando hablamos de leyes legítimas se supone que también las leyes que el Parlamento de Navarra aprueba, en este caso, deben ser respetadas o, si no estoy en lo cierto, ustedes nos lo dirán, pero creo que no hay leyes de primera o de segunda. Al margen de que si sostenemos esa posición, hacemos que los ciudadanos navarros que eligen a sus representantes en sus parlamentos legítimos - aunque sea con mayorías que a ustedes no les gustan -, estén profundamente equivocados y, desde luego, errados en el camino del bien, la verdad y la virtud. Crecí en una sociedad con pocos símbolos. Es verdad que en Pamplona y en la sociedad donde pasé mi infancia había pocos símbolos. Cuando alguien se apropia de una ciudad - en ese juego había solo una calle de Pamplona que yo localizaba en mi mentalidad infantil como la calle de las banderas -, y cuando preparé esta moción me pregunté: ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha sucedido? Y yo me decía: Claro, es que ustedes en un momento determinado decidieron que esto ya no fuera así. Decidieron que los símbolos eran importantes para transmitir únicamente una sensación de normalidad que casaba perfectamente con la ideología que ustedes querían imponer a una mayoría social de Navarra. Ustedes en un momento determinado, posiblemente siguiendo aquella frase de su hermano mayor, Aznar, de sin complejos, dijeron que ya valía y que para asegurar esa mayoría había que distinguir entre buenos navarros y malos navarros, los navarrísimos y los demás. Además, eso tenía que tener un reflejo simbólico perfectamente importante y utilizaron ustedes el manual de la política y preguntaron: ¿A qué enemigo interior vamos a buscar? Pues los malos navarros serán los rojos, estos señores que hablan euskera, estos señores que tienen otro tipo de identidad que no es el mainstream oficial que a nosotros nos gusta y que a veces se exhiben con ikurriñas, exceptuando al presidente de su partido que posaba sonriente con una ikurriña cuando era alcalde de Aoiz. Se supone que él vio la luz, vio la fe y ahora está en otro momento. [[Aplausos]] Desde luego, a modo de Los protocolos de los sabios de Sion ustedes empezaron a ver conspiraciones anexionistas a Euskadi por todas partes, etcétera, y sacaron una ley, la Ley 24/2003, con la que pretendieron empezar a sancionar a todos los ayuntamientos y a todas las personas que no pensaran como ustedes. Llegaron hasta tal punto que pretendieron - esta vez con el PP de la mano - incluso quitar subvenciones a aquellos ayuntamientos que exhibieran símbolos que a ustedes no les gustaban en un momento determinado. Me venía a la cabeza aquella frase de: ¡Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos! Porque en un ayuntamiento de este tipo se supone que también sus votantes reciben esas subvenciones del Gobierno de Navarra, y no tenían ni más ni menos culpa que cualquier otro ciudadano de aquel ayuntamiento. Total, que convirtieron Navarra en un sitio donde había presión judicial y policial; la Guardia Civil miraba las banderas y las bibliotecas públicas y las guarderías empezaron a exhibir símbolos de todo tipo. Esto originó que al final la presión social, unida a su mala gestión, dividiera Navarra entre las personas que entienden que en Navarra hay una pluralidad identitaria que debe respetarse y ustedes, que sencillamente no entienden Navarra dentro de su pluralidad. Pero Navarra no es el único lugar en el que ha pasado esto; también sucedió en Baleares, donde el Partido Popular, para evitar algunas reivindicaciones contrarias a su política en relación con la lengua, también aprobó la Ley de Símbolos que en este caso el Partido Socialista derogó, cosa que en Navarra al parecer no hacen. En definitiva, nos hubiera gustado que a esta tribuna hubiesen traído algo que realmente importa y mucho a los ciudadanos de Navarra. Hablo del Convenio Económico. Les sonará que desde el año 2014 el convenio se encuentra paralizado por el señor Montoro y ustedes no hacen nada. Podían haber traído aquí una moción y plantear esa actualización que está causando perjuicios a toda la ciudadanía de Navarra; no únicamente a la que piensa como ustedes, sino a toda la ciudadanía de Navarra. Por tanto, insisto en que, en lugar de ver tantas banderas, por favor, por favor, hagan algo por toda la ciudadanía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Santos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
Buenas tardes. El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción que presenta UPN, puesto que defendemos el uso de los símbolos oficiales de Navarra. Estos símbolos y solo ellos representan a toda la ciudadanía de Navarra, con independencia de sus creencias, de sus ideologías o de su origen. Apoyamos la Ley de Símbolos del año 2003, como la apoyamos en 1986, y la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, que por primera vez en 1982 establecía la bandera y el escudo oficiales de Navarra. Este apoyo del Grupo Socialista a sus símbolos permanece inalterado y, por eso, les anuncio que el Partido Socialista de Navarra tan pronto como gobierne allí - estoy convencido de que será en el año 2019- promoverá una ley de símbolos que proteja el uso de la bandera, del himno y del escudo de Navarra con carácter exclusivo en las instituciones oficiales. Dicho esto con toda rotundidad, también digo a los señores diputados de UPN que no cuenten con el Partido Socialista para hacer de los símbolos de Navarra una guerra de banderas, puesto que eso no hace más que retroalimentar la guerra de banderas a la que nos tiene acostumbrados el nacionalismo vasco en Navarra desde hace muchos años. Es usar las banderas y los símbolos para dividir y crispar, todo lo contrario de lo que los símbolos de una comunidad deben representar. Ustedes, UPN, lo han hecho siempre; lo han hecho ahora trayendo esta moción al Congreso de los Diputados y lo hicieron en 2007 cuando utilizaron la bandera de Navarra precisamente para luchar contra un acuerdo político que les iba a dejar fuera del Gobierno de Navarra. Por supuesto, el Grupo Socialista es partidario del cumplimiento de las leyes. En este sentido, tenemos claro que, tal como dice el dictamen del Consejo de Navarra que solicitó el Parlamento Foral de Navarra, cuando se llevó adelante esta derogación de la ley, la mera derogación de la Ley de Símbolos del año 2003 no ampara el uso de otras enseñas en las instituciones oficiales de Navarra, más allá de la bandera de Navarra, la bandera local de cada municipio, la española y la europea, algo que además se fundamenta en sentencias del Tribunal Supremo que ya advirtieron que no resulta posible la utilización de una bandera que no se identifique con la comunidad de ciudadanos que en su conjunto, con independencia de mayorías o de minorías, constituye jurídicamente el referente territorio de dicha comunidad. Nada se opone a que se utilice la bandera de otra comunidad foral en sede de partidos políticos o de asociaciones, pero no en las instituciones oficiales que, como digo, representan y deben representar a toda la ciudadanía. Por eso apoyamos la actuación legal frente a aquellos ayuntamientos en los que han ondeado banderas que no son oficiales, pero no queremos dar ni un paso más allá en esta guerra de banderas que, como digo, contribuye a crispar y a dividir a la ciudadanía. Los símbolos de Navarra representan a todos los ciudadanos de cualquier localidad de Navarra, a los que hablan castellano, a los que hablan euskera, a los votantes de cualquier partido político, a los que se sienten solamente navarros o comparten dicha identidad con otra identidad cultural o nacional. Los símbolos de Navarra nos representan a todos, y no son instrumentos para mostrar afinidades o animadversiones, señor Santos. Por eso no podemos entender cómo su grupo político en Navarra decide apoyar una derogación de ley que permite el izado de la bandera de la comunidad autónoma vasca, al mismo tiempo que su presidenta del Parlamento Foral descuelga la bandera de Europa del mástil del Parlamento Foral de Navarra. Además nos parece un fraude de ley la manera en la que se ha hecho este procedimiento. Los grupos que han apoyado la derogación de esta ley han tratado de generar un espacio de impunidad legal haciendo, a nuestro juicio, un fraude de ley, en lugar de llevar al Parlamento Foral de Navarra una ley que representara lo que ustedes querían hacer, que era la convivencia de banderas. Han optado, porque no se atreven a otra cosa, por crear este espacio de impunidad legal, y además sin ningún tipo de acuerdo democrático en los ayuntamientos que han izado la bandera, porque no ha habido ningún acuerdo ni debate. Ustedes, señores de Podemos, que son tan exquisitos en la exigencia de procesos deliberativos y de consulta para, por ejemplo, llevar adelante alguna de las infraestructuras estratégicas que necesita Navarra, no han dicho absolutamente nada sobre la manera en la que el alcalde de Pamplona decidió - insisto -, sin ningún acuerdo, llevar la bandera de la comunidad autónoma vasca al balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Por último, solo quiero recordar a la señora presidenta de Navarra, desde esta tribuna, sus recientes declaraciones a un medio de comunicación hace dos fines de semana. Decía: Hurtar a las mayorías democráticas la expresión de sus símbolos es inadmisible, y en las instituciones generales de todos los navarros no hay ni una ikurriña. Pero el mismo argumento vale para los ayuntamientos donde los sentimientos mayoritarios son otros. Yo le pregunto a la señora Barkos: ¿Los ayuntamientos de Navarra no son también instituciones de todos, como las instituciones generales que ella dice? ¿Dónde sitúa ella la mayoría de los sentimientos? Porque no ha habido ningún acuerdo de ninguna institución. ¿Qué decisiones democráticas se han adoptado en los ayuntamientos en los que ha ondeado la ikurriña? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta. El Partido Socialista va a votar a favor de esta moción, porque consideramos fraudulenta y antidemocrática la decisión de colocar la ikurriña en los balcones de algunos ayuntamientos navarros, pero además denunciamos el uso patrimonial que una vez más UPN quiere hacer de las banderas de Navarra con el objetivo de dividir y de crispar más que de unir. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Salvador, el Grupo Parlamentario Popular apoyará su moción. Ya en la interpelación de la que trae causa, la señora vicepresidenta del Gobierno mostró su postura favorable a los argumentos que allí se esgrimieron y, tras leer y analizar su moción, nos ratificamos en ese mismo sentido. Las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno foral efectivamente derogaron la Ley de Símbolos de Navarra; lo hicieron en un Parlamento autonómico que, como aquí se ha dicho, tiene legitimidad, es cierto, ha sido elegido por los ciudadanos y, por tanto, le corresponde hacer, legislar y elaborar normas que afectan a su comunidad autónoma. En eso tengo que dar la razón, sin que sirva de precedente, al señor Capdevila y al señor Santos, que se refieren a ello cuando hablan de los parlamentos autonómicos, pero se les olvida un matiz que yo voy a poner de manifiesto en esta tribuna, porque creo que es necesario y además es un buen momento. Esos parlamentos autonómicos tienen legitimidad electoral porque han sido elegidos por los ciudadanos de su comunidad autónoma y elaboran normas para su comunidad autónoma, pero ¡ojo! esos parlamentos autonómicos también necesitan una legitimidad legal y tienen que actuar, obrar y elaborar sus normas respetando las leyes y la Constitución, porque en el marco de la Constitución es donde se han creado y se han formado esos parlamentos autonómicos. [[Aplausos]] Esa legitimidad electoral no les da carta blanca para poder saltarse la Constitución y las normas que afectan a todos los ciudadanos. El hecho de derogar esa Ley de Símbolos de Navarra no significaba que se creara un vacío legal o que la ikurriña pudiese ondear en los organismos y en las dependencias oficiales de Navarra, no porque lo diga el Grupo Parlamentario Popular, el señor Salvador o el señor Alli el día de la interpelación, sino porque lo ha dicho la Abogacía del Estado, lo ha dicho el Consejo de Navarra y lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Han sido muy claros y no han dejado dudas, expresando que la derogación de esa Ley de símbolos ni crea un vacío legal ni permite el uso oficial de la ikurriña en Navarra. Incluso el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos informó a las entidades locales de que eso no quería decir que las instituciones públicas de la comunidad pudiesen utilizar otros símbolos que no fuesen los oficiales. A partir de ahí, y además de eso, como bien decía el señor Salvador, se ha ido incumpliendo esa normativa propia del aforamiento, se ha ido incumpliendo la Constitución y varios ayuntamientos han seguido poniendo su balcón la ikurriña. Ese comportamiento de determinadas formaciones o representantes políticos, desobedeciendo a los tribunales e incumpliendo las normas, les digo, con toda honestidad, señorías, que quizá están en unas coordenadas de tiempo y espacio cambiadas. Esto vale para otros países, pero no para un Estado de derecho como es España, o para otro tiempo en el cual precisamente se luchaba para evitar lo que ellos están haciendo, que es convertir una voluntad personal o partidista en una ley para todos. Además, no deberían hacerlo quienes juran o prometen hacer cumplir las leyes y la Constitución. Eso sí, quienes hacen eso no lo pagan ni tampoco quieren asumir las consecuencias. El Ayuntamiento de Pamplona lleva gastados más de 12 000 euros en pleitos y costas judiciales por algunas de sus decisiones relativas a las banderas. Cuando se avisa o alguien hace referencia a las consecuencias que tiene esa desobediencia, algunos lo toman como una amenaza. Por esa regla de tres, déjenme que les diga, señorías, que todos los ciudadanos estaríamos amenazados, porque todos conocemos o deberíamos conocer las normas y las consecuencias que del incumplimiento de ellas se derivan. Que del incumplimiento de una norma se deriva una pena, una multa o una sanción es conocido por todos los ciudadanos y todos los ciudadanos asumen que el incumplimiento o la desobediencia de una norma lleva aparejado una consecuencia. Ningún representante debería sentirse distinto al resto de ciudadanos. Si incumple una norma, sabe que eso tiene unas consecuencias. Los representantes ni son impunes ni son inimputables ni tienen carta blanca para hacer lo que quieran por el hecho de ocupar un determinado puesto. Señorías, la bandera es un símbolo, es una representación sensible de algo que hay detrás, que es una realidad muchísimo más compleja. Como símbolo, cumple una función de identificación de una realidad pero también de identificación con esa realidad, con lo cual al final cumple primordial e indiscutiblemente una función integradora. Integra y refuerza la identidad colectiva. Es verdad que también tiene una función de diferenciación, hay distintas banderas en las distintas comunidades autónomas, pero debemos quedarnos con lo positivo, que es la integración y la diferenciación. También se puede usar de manera negativa, pero, señorías, no lo hagamos, no la utilicemos como fuente de conflicto. Señorías - termino, señor presidente -, los ciudadanos que vivimos en una sociedad necesitamos símbolos que nos identifiquen con nuestra comunidad y detrás de cada bandera hay una historia, una cultura, un carácter, un sentimiento, una emoción, y nadie, ningún representante ni ninguna formación política puede arrogarse el monopolio de su uso, y mucho menos puede instrumentalizar políticamente el balcón de un ayuntamiento. Respetemos los símbolos, respetemos nuestras banderas, porque una sociedad que no respeta sus símbolos no se respeta a sí misma. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Cortés. Pregunto ahora al señor Salvador si acepta su grupo la enmienda presentada.
No, señor presidente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR EL DÉFICIT DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN ENDEUDARLO Y GARANTIZANDO EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES, AHORA QUE SE HA AGOTADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. [[Número de expediente 173/000041]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
Gracias, señor presidente. Bona tarda, buenas tardes, el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta moción por la necesidad de abordar y de consolidar un sistema de Seguridad Social y la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones. ¿Es urgente? Sí, es urgente. Es urgente por el alarmante y creciente déficit de la Seguridad Social respecto del que este grupo, así como el resto de grupos y comparecientes y agentes sociales que han venido al Pacto de Toledo lo han venido instando al Gobierno desde hace meses a fin de que adopte medidas que eviten su cronificación y derivado de ello una justificada reforma estructural que convierta nuestro sistema de pensiones contributivas en un sistema de prestaciones de beneficencia. Es urgente por cuanto el Gobierno lleva desde febrero de este año sin reunirse con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, más de siete meses, lo que demuestra su incapacidad o no voluntariedad y por tanto poner en jaque el sistema de Seguridad Social. En tercer lugar, es urgente por cuanto el Fondo de Reserva se agotará con el abono de la próxima paga extra de Navidad. En cuarto lugar, es urgente por cuanto si bien estamos seguros de que el Gobierno del PP no va a dejar de pagar las pensiones - está claro que sería un suicidio político -, lo cierto es que la reforma laboral de 2012, junto con la reforma de pensiones de 2013, impuesta de forma unilateral sin acuerdo en el diálogo social y sin acuerdo en el Pacto de Toledo, supondrá, supone ya, una reducción en las pensiones con gran pérdida del poder adquisitivo para los pensionistas, que se agravará en el futuro, al tiempo que una merma de ingresos para el sistema de Seguridad Social. Es urgente por cuanto el recurso al préstamo de forma indefinida no resolverá la situación de desequilibrio, máxime si hoy la deuda pública se encuentre ya en función del tipo y los analistas indican que este recurso no se sostiene en el tiempo. Con mayor motivo si el Fondo de Reserva, que servía de colchón y que dejamos en 70 000 millones de euros los socialistas, solo quedan 11 600. Es urgente por cuanto el Gobierno se está escondiendo detrás del Pacto de Toledo para evitar tomar decisiones, cuando en 2013 la adoptaron de forma unilateral, pasándose el Pacto de Toledo por la casilla de salida y evidentemente sin el diálogo social. El Gobierno sabe perfectamente que la recomendación uno le faculta para adoptar esas medidas, no tiene necesidad de esperar a un futuro Pacto de Toledo; hacer otra cosa, si es el caso, demorar la decisión, es tacticismo del Partido Popular. Es urgente por cuanto el problema se encuentra por el lado de los ingresos, y ustedes lo saben, en concreto en la recaudación de las cotizaciones y en consecuencia los salarios, siendo ello determinante. Por tanto, es voluntad de este Grupo Socialista instar la reforma de las pensiones y evidentemente la reforma laboral. Señorías, hoy los salarios han sufrido una gran devaluación como consecuencia de las reformas estructurales que han generado en términos de pobreza salarios insostenibles. Hoy se recupera una terminología que habíamos erradicado, la pobreza laboral. Una devaluación salarial que afecta irremediablemente a los ingresos de la Seguridad Social y que, según el INE, va a suponer que aquellos que tienen menos renta, el 60 % del salario medio, estén por debajo y que incluso solo estemos por debajo de Grecia o Rumania. Los salarios del 40 % de la población con sueldos menores han disminuido y la contratación temporal es el día a día de nuestro mercado laboral. Los descensos salariales han supuesto un 25 % para cada una de las personas que han entrado en el mercado laboral y han afectado principalmente a los jóvenes. [[Rumores]]
Un momento, señora Perea, por favor. Les ruego silencio. Gracias. Continúe.
Con este panorama, cuando la ministra viene y dice que esta es la primavera del empleo, este grupo le tiene que decir que, en todo caso, es el ocaso del empleo en términos de dignidad. Hoy es una realidad que la mejora de la productividad no ha redundado en beneficio de los trabajadores, sino que, por el contrario, ha ido a los excedentes empresariales. Por todo ello, los socialistas proponemos un pacto de rentas, cuyo debate hoy iniciamos en este hemiciclo, que supondrá la recuperación de los salarios dignos y, evidentemente, dejar la pobreza de los trabajadores a un lado. Se nos anuncia una mejora en la recaudación por cuotas de cotización por parte del Partido Popular; estamos hablando de nada menos que 10 000 millones de euros en agosto. Se nos pide un acto de fe ya que no nos dan un papel ni nos trasladan ningún dato. Les recuerdo que en el mes de enero de este año la ministra Báñez faltó a la verdad al afirmar que el ejercicio de 2016 había cerrado con un récord de 117 000 millones de euros. Pues se equivocó en solo 14 000 millones de euros. Señora ministra - esto se lo dedico -, las medias verdades, cuando no las mentiras, tienen las patas cortas. Señora ministra, queremos - y se lo hemos reclamado - ver los datos ciertos. Yo les pregunto a los señores de Ciudadanos cuál es su posición ante la actitud del Partido Popular de mirar hacia otro lado y no adoptar medidas resolutivas en esta cuestión tan importante y tan trascendental para nuestro futuro. No el futuro de los diputados que estamos aquí, no; hablamos de mujeres, jóvenes y mayores de cincuenta y dos años que, gracias a haber suprimido el subsidio de los cincuenta y dos años, hoy se encuentran totalmente desamparados por el sistema de protección social. Teóricamente, el sistema de protección social tenía que ser sostenible financiera, jurídica, política y, desde luego, socialmente, pero en este momento ya no lo es. El Partido Popular, con su reforma estructural de 2013, fue el primero que atacó a la Constitución en sus artículos 41 y 50 al dejar sin contenido el principio de suficiencia que tantas veces ha permitido, sobre todo en momentos de crisis, que nuestros mayores pudieran dar una salida no solo a su vida y a su proyecto de vida final, sino también a la de sus familiares. Señorías, es el momento de adoptar medidas urgentes que den salida a la situación de desequilibrio que está viviendo el sistema de protección social y que, por descontado, nos lleven a la recuperación del poder adquisitivo. Las enmiendas propuestas por los grupos se han considerado interesantes, salvo la del Partido Popular que nos ha parecido un poco oportunista, y lo dejo ahí. Señorías, tenemos la responsabilidad hoy de votar una moción en la que nos encontremos todos de forma positiva para crear. Si hoy se aprueba esta moción, daremos un mensaje muy claro a la ciudadanía que está fuera, a los pensionistas y, sobre todo, a los más de 46 millones de personas de este país que tienen nombre y apellidos y que en este momento se encuentran desamparados esperando un resultado de este hemiciclo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Perea. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán Benito.
Señor presidente, señorías, vamos a partir de una afirmación y de su negación. Entendíamos que existía una especie de pacto tácito para que aquellas cuestiones que afectaran al sistema de pensiones se debatieran previamente en el Pacto de Toledo, por tanto, esta proposición como tal, en principio, nos ha parecido un tanto inoportuna. Sin embargo, también hay que decir que no por ello me parece irrazonable sino todo lo contrario, como pasaré a explicar. Lo cierto es que, transcurrido lo que va de año en el Pacto de Toledo y tras escuchar a los expertos que nos han visitado, la perspectiva financiera inmediata del sistema de pensiones, atendiendo a su característica de reparto, no solo es deficitaria desde hace cinco años sino que lo seguirá siendo en los siguientes. Por ello, entiendo que sabemos ya que en un futuro inmediato se habrán de adoptar medidas que supongan la absoluta relativización del actual sistema de financiación de pensiones. Hace pocos días, en el marco de una comparecencia en el seno del Pacto de Toledo, alguien me negaba que el sistema de Seguridad Social descansa ya sobre los Presupuestos Generales del Estado. No solo porque lo diga la Ley General Presupuestaria en sus artículos 1, 2 y 3 de la Ley 47/2003 o el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 1, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 8/2015 - pulpo no es animal de compañía - engloban todos estos presupuestos en los Presupuestos Generales del Estado todo el sector público estatal, tanto de la Administración General del Estado como de la Seguridad Social y sus entes, sino porque incluso dejando al margen la utilización del Fondo de Reserva para paliar un déficit constante, e incluso dejando de lado el efecto que la crisis ha tenido en el adelanto de la situación de déficit, lo cierto es que, sin concretar nuevas vías de futuro, lo que el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social llama aportaciones progresivas del Estado que se consignarán con carácter permanente en sus presupuestos generales, el sistema de Seguridad Social se proyecta a un déficit que se debe de calificar como estructural. El mercado laboral, incluso a medida que se vaya aplicando el retraso en la edad de jubilación, incluso a pesar de que se pudiera obtener una tasa de desempleo menor del 10 %, o incluso si se alcanzara la cifra soñada de veinte millones de empleados, pese a ello, la proporción entre activos y pensionistas va a ser cada vez más estrecha, lo que va a suponer que de no tomar medidas, la cotización de la fuerza de trabajo existente no va a ser capaz de soportar por sí misma la presión del número de pensionistas y de las cuantías de las futuras pensiones, tal y como nos han puesto de manifiesto numerosos expertos que han comparecido en el Pacto de Toledo. Esto quiere decir que, contando incluso con las medidas sugeridas por todos los expertos, concretadas de forma elocuente el pasado miércoles por el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, que supondría eliminar del presupuesto de la Seguridad Social todas aquellas partidas impropias, como las calificaba la señora ministra, es decir, las que no supongan la retribución de prestaciones contributivas, a pesar de ello, solo con las cotizaciones no se va a poder alcanzar su sostenimiento. La cuestión es saber si el déficit del sistema es temporal o va a ser estructural. Y hoy por hoy, al margen incluso de que la crisis haya adelantado la consecuencia del déficit varios años a lo previsto por la previsible jubilación de la generación del baby boom, no se puede afirmar de ningún modo que el déficit del sistema de la Seguridad Social sea temporal, como afirmaba la señora ministra; todo lo contrario. Los datos apuntan a que, incluso traspasando esas partidas impropias a los Presupuestos Generales del Estado, tal y como nos recomendaba el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, incluso consiguiendo alcanzar esa cifra mágica de veinte millones de empleados y por tanto de cotizantes, no se alcanzaría el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema, que aún seguirían siendo mayores. Y siendo cierto que hubiera preferido que este debate se hubiera desarrollado en el seno del Pacto de Toledo, no está de más la advertencia a la Cámara de los antecedentes que habrá de tener en cuenta en un futuro próximo a la hora de valorar unas hipotéticas medidas que, en su caso, y de forma más que probable, estarán ligadas a su sostenimiento por los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, hemos propuesto a los redactores de la moción una enmienda que esperamos que sea aceptada, esclareciendo que la recomendación que se debe efectuar al Gobierno se haga atendiendo a su previo tratamiento en el Pacto de Toledo con interlocutores sociales, precisando que sea a través de los medios oportunos de los que dispongan los Presupuestos Generales del Estado los que sirvan para paliar ese déficit que, a nuestro juicio, será con toda probabilidad estructural. Ello supone, en consecuencia, nuestro voto favorable a la moción planteada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barandiaran. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba de la Encarnación. [[Rumores]] Señorías, les ruego silencio. No sé si ustedes son conscientes del murmullo que hay ahora mismo en el hemiciclo, pero aunque estemos acabando el orden del día, les ruego, por favor, silencio.
Gracias, señor presidente. Señorías, llevamos muchos meses trabajando en la Comisión del Pacto de Toledo durante los cuales hemos podido escuchar a numerosos expertos que nos hablaban de las medidas que podríamos llevar a cabo para afrontar los retos de nuestro sistema de pensiones. En todas y cada una de esas comparecencias hemos podido escuchar una y otra vez cómo el PSOE nos repetía la necesidad de alcanzar grandes acuerdos y grandes consensos dentro del marco del Pacto de Toledo. También hemos podido escuchar a los portavoces del PSOE echar en cara una y otra vez a los representantes del PP que su reforma del año 2013 no fue consensuada, que se hizo a espaldas del Pacto de Toledo y sin los acuerdos de los grupos políticos ni de los sindicatos. Todo eso es cierto, pero la realidad es que con iniciativas como las que nos traen hoy aquí, ustedes no son muy distintos del PP. No es la primera vez que el PSOE trae a la Cámara una iniciativa como esta. Hace unos meses discutimos una muy similar, pero, aunque no nos sorprende, ni entonces ni ahora logramos entender qué pretende conseguir el PSOE con estas iniciativas, que no solo no aportan absolutamente nada sino que además resultan del todo incoherentes con lo que el propio PSOE viene diciendo en este tema desde que empezara la legislatura. Decían que en materia de pensiones no debe actuarse de manera unilateral y dejando de lado el Pacto de Toledo, pero ustedes, señorías del PSOE, están haciendo exactamente lo contrario de lo que predican. ¿No debíamos alcanzar acuerdos y no pasar del Pacto de Toledo? ¿Dónde quedan esas palabras ahora? Señorías del PSOE, les pedimos que sean consecuentes. No es la primera vez que se contradicen, a fin de cuentas ustedes - por mucho que ahora digan - ya congelaron las pensiones de forma unilateral con el Gobierno del señor Zapatero. ¿Qué es lo que proponen en concreto? Porque con esta iniciativa ustedes insisten en su discurso machacón sobre la necesidad de hacer algo urgente, pero sin decir exactamente qué. Claro, nosotros también querríamos que nuestras pensiones subiesen todos los años - cuanto más, mejor -, y además que lo hiciesen sin que la Seguridad Social tuviese que endeudarse, pero creo que no hace falta recordarles a todos que nuestra Seguridad Social tiene un déficit de unos 18 000 millones de euros. ¿Cómo pretenden conseguir lo que ustedes piden con ese agujero? ¿Plantean alguna reforma o simplemente quieren cubrirlo con más impuestos? Porque, si es así, les ruego que sean honestos y lo digan sin ambigüedades y sin complejos. Acto seguido, les pediría también que aclarasen qué impuestos quieren subir. ¿Propondrían subir el IVA, dejando corta la subida del Partido Popular, o el IRPF que pagan todas las clases medias trabajadoras, o quizá simplemente pedirían aumentar las cotizaciones sociales que pagan las empresas y que ya hoy suponen casi un 25 % de los costes laborales? Si es así, ¿nos van a explicar cómo van a hacerlo sin dañar la creación de empleo? [[Rumores.-Aplausos]]
Un momento, señora Faba. Al principio de la intervención les pedí silencio, y se lo pedí por favor. Ahora ya no se lo pido por favor; les exijo que guarden silencio. Continúe.
Gracias, señor presidente. Señorías del PSOE, me temo que no tienen absolutamente ningún plan, ¿o acaso se ven animados por sus compañeros a la izquierda, las señorías de Podemos, que hace poco quisieron rascar un minuto mediático con una iniciativa todavía más disparatada? Señorías, no perdamos el norte. Nos enfrentamos a retos muy importantes para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, pero también somos optimistas y confiamos plenamente en que entre todos seremos capaces de alcanzar acuerdos y abordar las reformas que sean necesarias. Repito, entre todos, con trabajo, dedicación, diálogo y negociación. Les ruego que abandonen ese frentismo inútil, señores del PSOE. Dejen de lanzar proclamas que no llevan a ningún lado y sean coherentes, sean también honestos. Las reformas que necesita nuestro sistema de pensiones van todas en la misma dirección, la misma que siguieron ustedes y la misma que luego siguió el PP, porque ninguno de los dos inventaron absolutamente nada, sino que se limitaron a aplicar las mismas reformas que desde hace años vienen aplicando nuestros socios europeos. No obstante, también les digo que estas reformas que se han llevado a cabo son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ello, será necesario hacer nuevas reformas, no solo para apuntalar esta sostenibilidad sino también para asegurar la suficiencia de las pensiones de acuerdo con el mandato del artículo 50 de la Constitución española, un mandato que desgraciadamente las últimas reformas parecen haber dejado en un segundo plano y por el que tendremos que seguir trabajando en el Pacto de Toledo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde Ciudadanos les hemos presentado una enmienda que reivindica aquello que ustedes, señores del PSOE, defendían hasta hace poco: que los retos de nuestro sistema de pensiones no deben abordarse con parches, que hacen falta reformas de calado y que estas reformas no deben llevarse a cabo de forma unilateral sino como resultado de grandes acuerdos dentro del Pacto de Toledo. Confiábamos en que, si eran coherentes, la aceptarían. No nos quedemos en proclamas sobre recuperar un pasado que no volverá, no nos quedemos con derogar todas las reformas anteriores como si haciéndolo pudiéramos eliminar como por arte de magia los problemas para los que se plantearon; miremos hacia delante para conseguir entre todos reformas que no solo puedan quedarse en un ámbito meramente contable de ingresos y gastos de la Seguridad Social, sino que deben mirar más allá, porque unas pensiones suficientes requieren empleos más estables y más productivos, y eso, con las carencias y limitaciones de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema educativo, se plantea francamente difícil. Como les decía, en Ciudadanos somos optimistas y estamos convencidos de que con diálogo, trabajo, dedicación y negociación podremos superar con creces estos y otros retos que se nos planteen ahora y en el futuro. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Faba. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Camps Devesa.
Gracias, señor presidente. Señorías, en pocas o ninguna ocasión un Parlamento adopta una resolución en contra de sus propias funciones y responsabilidades. Si se aprueba la moción que hoy debatimos en sus términos iniciales, hoy será una de ellas. Permítame que se lo diga de otra manera, señora Perea: pone usted el carro delante de los bueyes. La concesión de un plazo de tres meses para que, tras la negociación con los agentes sociales, el Gobierno adopte una serie de medidas no parece coherente con el procedimiento que hemos establecido en este Congreso, puesto que es el Pacto de Toledo - sí, señorías, el Pacto de Toledo -, a través de sus recomendaciones, el que tendrá que pronunciarse en el plazo que considere necesario, de manera previa a que el Gobierno presente medidas. Por todo ello, lo adecuado es esperar los resultados, no poner fechas límites y mucho menos al diálogo social. Señorías, nosotros, como diputados, no podemos poner plazos al diálogo social y a sus posibles acuerdos. Pretenderlo, como hace la moción en sus términos iniciales, es, a mi juicio, extralimitarnos en nuestras funciones como parlamentarios. Pero que no haya equívocos, este grupo parlamentario y el Gobierno al que apoya han defendido y defenderán el sistema público de pensiones; un sistema de pensiones justo, solidario y equilibrado, tal como establece nuestra Constitución, donde el Estado ya está comprometido en la articulación de unos recursos económicos que hagan viable esta protección social de forma suficiente. Hoy, señorías, tenemos pensiones suficientes. Nuestra tasa de sustitución, o sea, último salario-primera pensión, es la más elevada de toda la Unión Europea, y hoy, con este Gobierno, se ha mantenido el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, a diferencia de lo que ocurrió con otros Gobiernos. Pero, señorías, la suficiencia de las pensiones tiene que ser compatible con los intereses del resto de la población. [[Rumores]]
Un momento, señor Camps. Les ruego que los que tengan que mantener conversaciones imprescindibles lo hagan en el pasillo, no en el hemiciclo. A quien tenemos que escuchar es al orador y, como ustedes mismos pueden comprobar, la altura del murmullo lo impide. O sea que les ruego, por favor, que atiendan a lo que dice la Presidencia y guarden silencio. Muchas gracias. Continúe, señor Camps.
Gracias, señor presidente. Señorías, el sistema tiene que ser sostenible y viable, no solo para quienes cobran la pensión ahora, sino también para los millones de afiliados que actualmente cotizan cada mes y quieren acceder a una prestación razonable. ¿Solo basta el incremento de empleo para garantizar nuestro sistema de Seguridad Social? No, pero, señorías, sin la recuperación de nuestro mercado de trabajo - la parte olvidada de la moción socialista -, sin que alcancemos los veinte millones de trabajadores ocupados, será difícil, por no decir imposible, que nuestro sistema de pensiones tenga una base sólida donde asentarse. Nadie puede negar, como casi hace hoy la señora Perea, que en España hoy se crea empleo. Nadie puede negar que hoy en España se pagan más y mejores pensiones que nunca. Hacerlo, simplemente es faltar a la verdad o, lo que es lo mismo, simplemente mentir. Y, señorías, no nos ha ido mal con el Pacto de Toledo. El Partido Popular y el Partido Socialista hemos sido capaces de negociarlo y revisarlo una y otra vez, y hoy algunos grupos parecen querer ningunearlo. Algunos datos: hoy pagamos 9 532 495 pensiones - más que nunca -; hoy gastamos 8790 millones al mes - más que nunca -; hoy el importe de la pensión media es de 922,17 euros - más alto que nunca -; y hoy el importe de la pensión media de jubilación, la más importante del sistema, es de 1065,53 euros - más alta que nunca -. Y para su tranquilidad, señora Perea, hoy se baten récords de recaudación por cotizaciones sociales: más de 10 000 millones al mes. [[Aplausos]] Por eso, señorías, a los que dicen que el Partido Popular o su Gobierno o la ministra Báñez son un peligro para el sistema de pensiones, yo les contesto: menudo peligro el que ha contribuido a que hoy en nuestro país haya más y mejores pensiones que nunca. Pero ello, señorías, no es solo mérito del Partido Popular y de sus Gobiernos; es mérito de todos aquellos que han participado en el pacto de Toledo que hoy se ningunea. El Pacto de Toledo es el camino a seguir desde 1995. El Pacto de Toledo es la garantía de que nuestro sistema de Seguridad Social, único, de reparto, contributivo, solidario e igualitario, se pueda mantener en el tiempo. El Pacto de Toledo representa el acuerdo entre los que estamos, los que estuvieron y los que estarán. El Pacto de Toledo son recomendaciones, señorías, sí, pero también tiene espíritu. Una recomendación no escrita que impregna todas las demás: nuestro sistema de pensiones, las pensiones, no deben ser un campo de batalla partidario, no debe ser más un arma política arrojadiza entre unos y otros. Así lo decidimos en el año 1995 y lo hemos mantenido hasta hoy. No será el Partido Popular el que se deje llevar por adanismos irresponsables. No son más nuevos ni siquiera más novedosos los que quieren que volvamos a la situación anterior al año 1995. Algunos grupos de esta Cámara, señorías, algunos de ustedes, solo quieren volver al pasado, y los que acordamos en el pasado, solo queremos ganar el futuro. Por eso mi grupo votará en contra de esta moción. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Camps. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Gracias, señoría. Gracias, señora Perea. La discusión que estamos presenciando, que es legítima, pone de manifiesto la crisis del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo lleva meses reuniéndose pero es incapaz, de momento, de avanzar de manera suficiente hacia aquello a lo que nos habíamos comprometido, que es la renovación de sus recomendaciones. Todos reivindicamos el Pacto de Toledo como ese instrumento que permite construir la política de consenso en materia de pensiones y, es más, a pesar del legítimo ruido que hoy los distintos portavoces estamos generando, lo que es cierto es que sobre las dos cuestiones principales del debate de esta tarde, las discrepancias son más aparentes que reales. Estamos todos de acuerdo con que el sistema tiene un déficit. Podríamos discutir si el déficit del sistema es estructural o si, en un escenario de pleno empleo, ese déficit se puede reducir, pero, en cualquier caso, todos coincidimos en que se necesitan fuentes adicionales de financiación de la Seguridad Social; no es un consenso ni mucho menos menor. En segundo lugar, todos coincidimos en la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. [[Rumores]]
Silencio, señorías. [[Rumores]] Un momento, señor Campuzano. Está siendo una tarde especialmente complicada, ya veo. Ya les dije antes que aquellos que tengan que mantener conversaciones ineludibles lo hagan en el pasillo y no en el hemiciclo. Gracias. Continúe.
Gracias, señor presidente, por su amparo. Decía que el Gobierno y sus aliados parlamentarios entienden que la reforma del 2013, en sus propias consideraciones, ya garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y quienes rechazamos esa reforma entendemos que no, pero unos y otros pensamos que la política de pensiones debe tener como objetivo la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas. Algunos consideramos que si el Gobierno continúa aplicando la legislación que aprobó en solitario con ese 0,25, no se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, y no solo lo planteamos los grupos de la oposición sino que incluso la Autoridad Fiscal Independiente nos advierte de que con inflaciones superiores al 0,25 vamos a producir un empobrecimiento de los pensionistas. Pues bien, sobre las dos cuestiones, sobre cómo hacemos frente al déficit del sistema de la Seguridad Social y sobre la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, la moción que finalmente la señora Perea pone a votación podría también tener el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, porque aquello que dice este texto que vamos a aprobar no está tan lejos - espero - de las pretensiones de populares y de Ciudadanos, que es resolver el déficit del sistema de pensiones y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. [[La señora]] Y es una pena que en esta moción que se nos plantea populares y Ciudadanos decidan no sumarse a lo que va a ser el consenso de la mayoría de los grupos y, por tanto, con el gesto que hoy hacen populares y Ciudadanos de no sumarse al consenso que estamos alcanzando el resto de los grupos, debilitan el Pacto de Toledo. Hoy un acto de generosidad del Partido Popular y de Ciudadanos podría permitir perfectamente aprobar una moción en la que expresaríamos dos compromisos: el compromiso de hacer frente al déficit del sistema con recursos adicionales y el compromiso de continuar garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, tal y como pretende el Pacto de Toledo. Creo que es un ejercicio de miopía política, un ejercicio de irresponsabilidad respecto al futuro de las pensiones y, sobre todo, no se traslada al conjunto de los ciudadanos que, efectivamente, hay un compromiso inequívoco de populares y de Ciudadanos con el sistema público de pensiones. Creo que hoy pierden una magnífica oportunidad para hacer un buen trabajo. Lo lamentamos. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal Sáez. [[Rumores]] Silencio, señorías.
Buenas tardes. Señorías, probablemente, la prueba más fehaciente de la fortaleza de nuestro sistema de Seguridad Social es que hasta el momento ha sobrevivido hasta al Partido Popular. Hace escasamente una semana teníamos a la ministra Fátima Báñez en Comisión y nos adentró en Narnia por unos instantes. Nos adentró en una realidad paralela donde - palabras suyas - estábamos viviendo una primavera del empleo, donde estábamos experimentando una salida social, sana y sólida de la crisis y - a saber qué había desayunado ese día la ministra - aseguró también que España era un ejemplo de crecimiento sin dejar a nadie atrás. Un intento de empezar el curso político practicando una lobotomía general, obviando los datos, la realidad y, por supuesto, el sentido común. Lo que el Partido Popular describe como sano, social y solidario para la inmensa mayoría significa un 'aprofundimiento' y una generalización de la cronificación de la precariedad y de la desigualdad. España ocupa el puesto veintiséis de los veintiocho de la Unión Europea en la clasificación de países con más trabajadores y trabajadoras pobres. En mi ciudad, por ejemplo, en Barcelona, los salarios medios se redujeron un 6,55 % entre 2010 y 2015, y el 64 % de los menores de 30 años no llega ni siquiera a mileurista, y eso teniendo en cuenta, señorías, que Barcelona, junto con Madrid, tiene los salarios medios más elevados de toda España. El fin del verano ha destruido 179 485 empleos, el peor dato de afiliación desde 2008. Solo en el último día, a 31 de agosto, se perdieron 266 362 empleos, el triple de los que se habían creado a 1 de agosto. El Gobierno del Partido Popular tiene, además, la medalla - si me lo permiten - de reinventar el término precariedad. Mi generación ha crecido con la precariedad. [[Rumores]]
Silencio, señorías, por favor. Silencio.
Gracias, señora presidenta. Somos hijos de las reformas, en este caso, de los Gobiernos de Felipe González. Nos incorporamos al mercado laboral con condiciones mucho más precarias que el resto; nos utilizaron de campo de pruebas, todos. El interés de las últimas reformas laborales recae precisamente en su éxito para generalizar la precariedad y ampliar la desigualdad. Pero ojo con las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, pues el término precario y precaria se nos está quedando corto para definirlo. Sus reformas - las del Partido Popular - permiten que una persona, pese a trabajar, sea pobre, porque permiten salarios mucho más bajos, más inestabilidad y, por lo tanto, peores cotizaciones. El colectivo de pensionistas a día de hoy es uno de los más vulnerables, un 40 % de las pensiones de jubilación tiene un importe inferior al salario mínimo interprofesional y casi un 60 % está por debajo de los 1000 euros. La gestión del Ejecutivo popular es un fracaso dantesco, señorías: 80 000 millones de déficit acumulado a la Seguridad Social desde que gobierna el Partido Popular -80 000 millones, señorías -; 18 000 millones de déficit al cierre de 2016; 16 000 está previsto para 2017; 55 210 millones de euros menos en el Fondo de Reserva, y la guinda, 1,5 puntos de pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Y no, no ha sido ningún tipo de accidente atmosférico, ha sido en gran parte por las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular es la tormenta perfecta que a día de hoy está azotando a la Seguridad Social; es la reforma laboral la que está detrás del déficit y de la situación de emergencia de la Seguridad Social; es la reforma de pensiones del Partido Popular y también la del Partido Socialista las que están detrás de la devaluación de nuestro sistema público y de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Es su política fiscal perversa que, mientras niega los ingresos necesarios para el sistema de Seguridad Social, aprueba amnistías fiscales para sus evasores y sus corruptos. Repito, sus evasores y sus corruptos. Es la irresponsabilidad del Partido Popular la que está vaciando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y es su lógica neoliberal la que a día de hoy impide que hagan frente a la suficiencia de las pensiones. Han convertido el Ministerio de Empleo en el ministerio de la propaganda. ¡Y ya está bien! ¡Dejen ya de esconderse detrás de las faldas del Pacto de Toledo! La concertación, el diálogo y el respeto a las comisiones jamás puede ser una excusa para no tomar cartas en el asunto. Hagan su trabajo, hablen con los agentes sociales y traigan, por fin, a este Parlamento sus propuestas para hacer frente al déficit de la Seguridad Social y para garantizar la dignidad y la suficiencia de las pensiones. Dejen de tirar pelotas fuera, asuman su fracaso y dejen de torturar a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país con sus reformas. Deroguen la reforma laboral, deroguen la reforma de las pensiones e impulsen una reforma fiscal profunda. Si necesitan ideas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ya presentó precisamente este junio una propuesta seria de reforma del sistema de pensiones. Les resultaría muy refrescante echar un ojo a nuestras propuestas. Termino. Digo que la solidaritat és la tendresa dels pobles y quiero terminar mostrando en este caso mi total apoyo y toda la solidaridad al pueblo francés. Hoy están llamados a una huelga general por una reforma laboral injusta del Gobierno Macron y quiero en este caso hacer efectiva mi solidaridad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Pregunto a la señora Perea i Conillas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Hemos presentado una transaccional que ya tienen los letrados y que además han pasado al resto de grupos. Gracias.
Muchas gracias.
Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de la Comisión de Educación y Deporte de someter al Pleno la concesión de una prórroga de seis meses adicionales del plazo otorgado a la subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación para la conclusión de sus trabajos. Dicha propuesta se someterá a votación al final de esta sesión. Señorías, en tres minutos comenzará la votación. [[Pausa]]
Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votamos la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 189; en contra, 1; abstenciones, 149.
En consecuencia, queda aprobada. [[Aplausos]]
Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 337; abstenciones, 3.
En consecuencia, se toma en consideración.
Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto, relativa al impulso de una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. La votamos en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 333; abstenciones, 7.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS SENTENCIAS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LLUÍS COMPANYS Y OTRAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LA DICTADURA. [[Número de expediente 162/000449]]
Pasamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las sentencias contra el presidente de la Generalitat de Catalunya y otras dictadas por tribunales de la Dictadura. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 168; en contra, 141; abstenciones, 32.
En consecuencia, queda aprobada.
Pasamos a continuación a la votación correspondiente a las mociones. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación de la iniciativa europea de Garantía Juvenil. La vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 310; abstenciones, 31.
En consecuencia, queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑORES ALLI Y SALVADOR]], SOBRE REGULACIÓN DEL USO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SÍMBOLOS. [[Número de expediente 173/000040]]
Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señores Alli y Salvador, sobre regulación del uso, protección y promoción de los símbolos. La vamos a votar en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 246; en contra, 93; abstenciones, 1.
En consecuencia, queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR EL DÉFICIT DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN ENDEUDARLO Y GARANTIZANDO EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES, AHORA QUE SE HA AGOTADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. [[Número de expediente 173/000041]]
Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de Seguridad Social, sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 179; en contra, 130; abstenciones, 32.
En consecuencia, queda aprobada la moción.
En último lugar, propuesta de la Comisión de Educación y Deporte de someter al Pleno la prórroga de seis meses adicionales del plazo otorgado a la subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación, para la conclusión de sus trabajos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 325; en contra, 9; abstenciones, 7.
En consecuencia, queda aprobada la prórroga de la subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. Se suspende la sesión. Eran las ocho y treinta minutos de la noche.