Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Gracias, presidenta. Señorías, estamos en medio de una crisis sanitaria, que ha derivado en una crisis social y económica. Muchas empresas están sufriendo, y cuando sufren las empresas, sufren los puestos de trabajo. Son muchos los motivos por los que ahora están pasándolo mal las empresas, pero hay algunos esencialmente. El Gobierno y nosotros coincidimos en que uno de los problemas que tienen las empresas es la liquidez, los problemas de tesorería, y para abordarlo se han abierto diferentes líneas de trabajo: los créditos con avales ICO y algunas moratorias a nivel tributario y también de cotizaciones a la Seguridad Social. En todo caso, son medidas puntuales y seguro que no son suficientes. Hay un problema que afecta directamente a la tesorería de las empresas. [[Rumores]]
Perdone, señor Bel, un momento, por favor. Ruego silencio, por favor, la sesión ha empezado. Y ruego que todos los asistentes hagan uso de las mascarillas.
El problema de tesorería en muchas empresas, especialmente en las pequeñas y medianas y el consecuente problema de liquidez no es algo nuevo - desgraciadamente, no arranca con esta crisis - y tiene diferentes motivos. Alguien puede pensar que las empresas en el conjunto del Estado español no están suficientemente autofinanciadas, y seguramente tienen razón. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales que nos distingue y diferencia respecto a otros países es la morosidad empresarial. La morosidad empresarial es verdaderamente una lacra, una pandemia que viene afectando a las empresas en el contexto de la Unión Europea. Hace prácticamente veinte años se aprobó la primera directiva, que fue traspuesta a la legislación española en 2004 y, posteriormente, esta Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, fue modificada con una reforma en 2010. Pero la realidad es que nuestras empresas, especialmente nuestras pequeñas y medianas empresas, y también los autónomos, hoy son menos competitivos que las empresas de otros países, porque tienen un grave problema, que se llama morosidad empresarial. No les voy a hacer ahora una enumeración de datos, pero sí les voy a dar unos pocos actualizados. De acuerdo con la legislación actual, el periodo máximo de pago en las actividades empresariales debería ser sesenta días. De acuerdo con los últimos datos del barómetro de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el período medio de pago en las actividades empresariales es de 85 días y el período medio de pago de las empresas del IBEX está en 169 días. Hay algunas que cumplen, pero otras están alcanzando hasta 300 días para pagar, mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas. Alguien se puede preguntar: si legalmente solo se puede pagar a 60 días, ¿por qué se está pagando a 169 días? ¿Es que las empresas que no cobran no pueden denunciar, no pueden pedir sus indemnizaciones o sus intereses de demora? Sí, efectivamente, pueden hacerlo, pero estas empresas están en inferioridad de condiciones y de negociación y saben que, si ejercen esta acción que la ley les permite, van a perder a sus clientes, van a perder a esa gran empresa que establece que deben cobrar a 90, 120 o incluso 180 días. Por tanto, no lo están haciendo. Seguramente sancionar no sea la mejor solución, pero ha quedado patente que cuando existe una legislación que no tiene la posibilidad de ser punitiva y no existen sanciones en caso de incumplimiento esta legislación es menos eficiente. Esto es lo que está ocurriendo desde hace muchísimos años en el conjunto del Estado español y también, obviamente, en las empresas catalanas. Por ello, presentamos hoy esta iniciativa, que después les voy a explicar brevemente. De hecho, es una iniciativa que el Partit Demòcrata y Ciudadanos ya presentamos en la anterior legislatura y cuya ponencia ya había empezado. La legislatura terminó de forma abrupta y, por tanto, no se le dio continuidad a esa iniciativa. Junts per Catalunya presentó la propuesta de nuevo en el mes de marzo pero sufrió un pequeño gran veto por parte del Gobierno por un tema muy concreto, aunque esto se ha solventado legislativamente. Por tanto, hoy tenemos aquí la oportunidad de volver a arrancar una ponencia que es muy necesaria, más allá de que cada uno de los grupos parlamentarios pueda tener enmiendas o visiones diferentes en algunos de los aspectos propuestos. En todo caso, ya les avanzo que mayoritariamente los grupos parlamentarios nos han hecho llegar su voto favorable. Esto es muy importante, ya que es un mensaje de cara a la sociedad y a todas las empresas de que hay una voluntad clara y explícita en este Congreso para que se establezca un régimen sancionador para la morosidad. Ahora nos queda el reto de ser diligentes en la tramitación de la ponencia. Hay mucho trabajo avanzado de la anterior legislatura que debemos aprovechar y me gustaría poder dar el mensaje de que, si no a finales de año, a principios del año que viene, el Estado español tendrá una legislación y un régimen sancionador para poder luchar contra la morosidad empresarial. La propuesta es relativamente sencilla. Proponemos modificar cuatro leyes. La primera ley que proponemos modificar, la más significativa y la más importante de la propuesta, es la Ley 3/2004. Deberíamos modificar algunos aspectos conceptuales, pero lo más significativo es que se debe dotar de un régimen sancionador. Aquí estamos abiertos a aceptar enmiendas. Habrá quien pueda pensar que la sanción en lugar de 3000 euros debería ser de 4000, pero podemos ponernos de acuerdo; habrá otros que pensarán que una sanción leve debe ser una sanción grave, también nos vamos a poner absolutamente de acuerdo. Sin embargo, lo más importante es que establezcamos este régimen sancionador. Este es el artículo 1, la parte más sustancial de la propuesta. Hay un artículo 2, que para nosotros también es importante, que entiendo que puede generar más discrepancias. Se trata de la modificación del artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Como ustedes saben, dicha ley permite que en el caso de los productos no perecederos se pueda alcanzar un pacto entre las partes que supere los sesenta días que establece la otra legislación. Por tanto, se debe hacer un esfuerzo para alcanzar esos sesenta días y modificar el artículo 17 de la Lorcomin. El artículo 3 que proponemos en el actual proyecto de ley puede parecer testimonial, pero hace referencia a la modificación de la Ley de Competencia Desleal para que quede tipificado como competencia desleal el hecho de incurrir de forma reiterada en la morosidad empresarial. Pagar tarde a tus proveedores es un elemento de competencia desleal. Finalmente, el artículo 4 - reconozco que también genera alguna preocupación; de hecho, el Ministerio de Hacienda nos la ha hecho llegar por el impacto presupuestario que pudiera tener -, plantea modificar el artículo 80 de la Ley del IVA. También estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. Soy consciente de que es una propuesta ambiciosa, pero es la que entendemos que se requiere, en primer lugar, para adaptarnos a una sentencia del año 2017, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia del caso Di Maura, donde se establecen algunas consideraciones. Claramente, la legislación española no se está adaptando al contenido de esta sentencia. Por tanto, aquellas limitaciones a la rectificación de la base imponible en caso de no cobrar unas facturas deberemos modificarlas. No digo que tenga que ser el texto que nosotros proponemos, pero deberíamos incorporar alguna modificación del artículo 80 desde nuestra perspectiva. Repito, es un proyecto que recoge algunos de los consensos que se fraguaron a lo largo de la anterior legislatura. No pretende ser dogmático, ya que estamos abiertos a todas estas modificaciones. Sin embargo, debemos ser conscientes de que un elemento de competitividad de nuestras empresas, de nuestras pequeñas y medianas empresas, es esencialmente que puedan cobrar y, consecuentemente, pagar en tiempo. Eso va a reducir muchísimo su necesidad de capital circulante y a otorgar la capacidad de que estén mucho mejor financiadas; en definitiva, de que sean más competitivas. Eso depende de todos nosotros. Estoy agotando el tiempo. No les pido su voto favorable porque la mayoría ya me lo ha ofrecido, pero sí que entre todos esta andadura que reiniciamos hoy la hagamos corta, que no sea de aquellos proyectos legislativos que entre el periodo de enmiendas y la ponencia no acaban finalizando, porque tendremos una parte de nuestras empresas y, por tanto, una parte de los puestos de trabajo que dependen de estas empresas pendientes de lo que legislemos en esta Cámara. En todo caso, muchísimas gracias por el apoyo. Eso significa que es un tema que preocupa y que es necesario que legislemos y en nuestras manos queda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Bel. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Las medidas concretas que incorpora esta toma en consideración que plantea el Grupo Plural parece que van encaminadas a reforzar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales llegando a establecer infracciones y sanciones. Sin embargo, en el contenido de los preceptos se señala que la invalidez o nulidad de las cláusulas que infrinjan los límites de esa ley deben ser así declaradas por un juez. Si lo que realmente se pretende con esta iniciativa que ha explicado con su habitual solvencia el señor Bel es que no se rebasen ciertos límites en los aplazamientos o que se castiguen con altos intereses, lo que ha de prescribirse es que las cláusulas que la infrinjan a este respecto se tengan por no incorporadas y que los plazos e intereses pactados no puedan infringir los límites establecidos en los preceptos imperativos de la ley. Así, cuando a un acreedor se le haya impuesto un plazo de pago de interés contrario a lo establecido legalmente, simplemente podrá acudir a reclamar ante el juez el cobro de su deuda, una vez que se rebase el plazo máximo legal y de acuerdo al interés mínimo establecido por la ley. Por el contrario, se aboca al acreedor a tener que acudir a un juez para que declare previamente que la cláusula es nula, o que presente una denuncia para que el deudor sea sancionado, cosa que al acreedor normalmente le trae sin cuidado. Mención aparte merece la intención de crear un organismo específico, un nuevo observatorio para vigilar e informar acerca de la morosidad. A nuestro juicio, es absolutamente innecesario ese nuevo chiringuito cuando esta labor ya la hace o la debería hacer nuestra Administración pública a través del Ministerio de Economía, el Banco de España o cualquiera de los organismos o instituciones ya existentes. Para terminar, cabe reconocer como aspecto positivo de esa toma en consideración algo que no guarda relación alguna con su objeto principal, como es la modificación de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objeto de facilitar los trámites para evitar que los empresarios deban hacer frente al pago del IVA repercutido de las facturas impagadas. Esto sí que nos parece una propuesta que premia a los empresarios cumplidores y tiende a minimizar el daño provocado por la creciente morosidad y la desconfianza del mercado. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias a usted, señor Martínez. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran.
Gracias, señora, presidenta. Buenas tardes. Votaremos a favor de esta proposición de ley contra la morosidad con la siguiente reflexión: en el fondo la morosidad es una manifestación muchas veces de abuso de poder de aquellas grandes empresas - se ha citado antes que las empresas del IBEX suelen ser mucho más morosas que las pequeñas y medianas - que no pagan a sus proveedores, lo que provoca que las empresas más pequeñas se vean mucho más perjudicadas y sufran la falta de liquidez. De otro abuso de poder es del que queríamos hablar hoy. Ustedes recordarán que la semana pasada interpelamos al Gobierno denunciando el bloqueo sistemático que se da en cualquier iniciativa parlamentaria destinada a hablar de la Monarquía y de las cuestiones que conciernen al Gobierno en relación con la Monarquía. La ministra Darias se puso un reto. Dijo: Porque estamos en un país libre, usted ha podido hoy intervenir aquí. A lo que nosotros replicamos: Veremos si estas palabras, ministra, se transforman en un compromiso real de que de todo se puede hablar y de que se puede controlar el ejercicio del poder, el ejercicio de la tarea del Ejecutivo. Y ya lo hemos visto, el reto no ha sido superado. La moción que deberíamos estar debatiendo hoy mismo ha sido bloqueada por la Mesa del Congreso; una vez más, una iniciativa relativa a la Monarquía es bloqueada. Hoy teníamos noticia también de que una proposición de ley que presentaban otros dos grupos... [[Aplausos]]
Señor Botran, tenemos un orden del día fijado en Junta de Portavoces y hoy lo que estamos debatiendo, porque de hecho así ha sido acordado en la Junta de Portavoces, es la toma en consideración de una proposición de ley sobre morosidad. Por eso le pido, por favor, que atienda al tema que se está debatiendo.
He empezado diciendo que precisamente la morosidad es una manifestación de un abuso de poder, como lo es el hecho de que exista una persona o incluso una familia que esté por encima de la ley. Eso no es concerniente a ningún principio democrático y aún menos que haya Gobiernos elegidos que le protejan y que la Mesa del Parlamento incluso trate de bloquear cualquier iniciativa como la moción que hoy deberíamos estar debatiendo en esta sesión, referente a la relación del Gobierno con la huida del rey, ahora emérito, Juan Carlos. Esto no tiene otro nombre que censura. Con esta ya serán once o doce las ocasiones en las que iniciativas de distintos grupos parlamentarios, no tan solo del mío, han sido bloqueadas por la Mesa del Congreso por hacer referencia a una cuestión que es tabú. ¿Por qué es tabú? Porque la Constitución del Estado español sitúa a alguien...
Señor Botran, le tengo que pedir, por favor, que se atienda a la cuestión del orden del día.
Presidenta, usar mi turno para hablar de estas cuestiones creo que es lo mínimo que debo hacer para rechazar la censura que se practica en la Mesa del Congreso respecto de cualquier iniciativa relativa...
Señor Botran, no vamos a entrar en debate con la Presidencia. Yo le pido, por favor, que se atenga a la cuestión del orden del día.
Nosotros lo que pedimos es poder debatir de cualquier cuestión relativa al ejercicio del poder en el Estado español y también la relativa a la Monarquía. Ya son once o doce las ocasiones en que se nos ha prohibido tramitar... [[Rumores]]
Señor Botran, le he llamado a la cuestión dos veces. Le pido, por favor, por tercera vez que se atenga a la cuestión del orden del día. Los debates y el orden del día se establecen en la Junta de Portavoces y el punto que estamos debatiendo en estos momentos es la proposición de ley que hace referencia a la morosidad. Así es que, si quiere terminar su turno, le pido por favor que se atenga a la cuestión. [[Aplausos]]
Es una cuestión importante la morosidad, y nosotros así se lo hemos transmitido al grupo promotor de la proposición de ley porque nos parece una buena proposición y queremos que salga adelante. Pero es igualmente importante fiscalizar todos y cada uno de los delitos que pueda haber cometido la Monarquía española con el dinero de todos nosotros... [[Protestas.-Aplausos]]
Señor Botran, le he llamado a la cuestión tres veces. Si usted no quiere seguir hablando de este punto del orden del día, me veré obligada a quitarle la palabra. [[Rumores]]
Yo debo hablar de lo que creo que debo hablar en esta circunstancia. [[Rumores]] Si a ustedes, a todos y a cada uno de ustedes, señores diputados, les hubieran bloqueado sistemáticamente una iniciativa parlamentaria, creo que estarían haciendo lo mismo que yo: denunciar... [[Rumores.-Aplausos]]
Muchas gracias, señor Botran. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores. Rumores]] Silencio, por favor. Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Arratsalde on. Debatimos el tema de la morosidad, un tema que ya ha sido debatido en esta Cámara e incluso comenzaron a tramitarse las enmiendas en Comisión y, por distintos motivos, se quedaron en stand by. Hoy es el Grupo Plural el que nos plantea este tema, como ya lo hizo en su día en el Senado, y trae a la Cámara esta proposición de ley para paliar la morosidad en las transacciones comerciales y en la que se establece una serie de medidas que parece que recogen el guante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Esta proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad tiene como objetivo principal la defensa de las microempresas y empresarios autónomos frente a la morosidad en el pago de deudas, tanto de empresas como de las distintas administraciones públicas. La proposición de ley plantea la introducción de diversas modificaciones al articulado de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, que a su vez fue modificada por la Ley 15/2010, modificaciones que básicamente consisten, además de en aspectos concretos sobre definiciones y plazos, en la profundización de la transparencia y el cumplimiento de los plazos de pago, para lo que plantea la creación del observatorio estatal de la morosidad y la creación de un régimen de infracciones y sanciones en materia de morosidad. Asimismo, contempla la modificación de la Ley del Comercio Minorista y, contra todo pronóstico, nos sorprende que su grupo haya incluido una modificación del IVA que, en principio, nada tiene que ver con esta proposición de ley y que, si bien puede afectar a la competitividad de las pymes, creemos que obedece más a una reclamación de alguna determinada asociación empresarial. Debería tener cabida en materia fiscal y no introducirla en este decreto, pero lo estudiaremos. Mi grupo comparte los objetivos de la proposición, pero, a pesar de que votaremos a favor de la toma en consideración, también creemos que, tal y como está redactada, puede generar más problemas que soluciones y, finalmente, no conseguir el objetivo pretendido. Así que, a posteriori, trataremos de mejorarla con varias aportaciones. Por un lado, introduce de manera redundante la figura del empresario autónomo, que en el texto de la Ley 3/2004 ya se encuentra incluida en el concepto de empresa. Por otra parte, la creación del sistema sancionador pretende trasladar a la Administración, también a las administraciones autonómicas, la responsabilidad para perseguir la morosidad en las operaciones comerciales privadas, bajo un determinado régimen de comprobación de oficio o por denuncia de particulares; denuncia, además, que ha de realizarse por el empresario afectado, casi el único conocedor de la situación. Sin duda, tendría más sentido jurídico procesal y sustantivo su presentación en sede jurisdiccional para la solución de la pretendida controversia, conforme a las reglas contempladas en esta normativa, que observa medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en las relaciones de carácter mercantil-privado. En este sentido, también habría que hacerse una pregunta. ¿Un procedimiento sancionador solo para las empresas privadas? ¿Y qué pasa con las administraciones cuando son estas las que incumplen los plazos, si son ellas mismas las garantes de la persecución de la morosidad? Todos conocemos que hay administraciones que no cumplen los plazos medios de pago, y son las que deberían dar ejemplo. Por lo tanto, no es muy coherente que una Administración pública persiga la morosidad cuando ella misma la incumple. Este grupo entiende que pueden ser necesarias medidas tendentes a establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos, pero también entiende que estas medidas tienen que ser proporcionadas y no discriminatorias. Además, habría que reforzarlo con campañas divulgativas específicas, para intentar modificar la conciencia de aquellos que alargan los plazos de forma innecesaria. A lo mejor, deberíamos fijarnos en aquellos países que no aplican un modelo sancionatorio o coercitivo, como Irlanda, que lo que ha hecho es implantar códigos de buen comportamiento en los pagos y tiene una serie de certificaciones como buenos pagadores que posibilitan mejoras, como, por ejemplo, en el acceso a créditos. Además, se debería tener en cuenta que la morosidad se produce en circunstancias muy diferentes para las empresas, que, a su vez, dependen de distintas operaciones comerciales. Habría que tener esto en cuenta también para establecer un sistema eficaz y eficiente. En las operaciones comerciales entre empresas privadas la ineficiencia de la legislación no se debe solo a la regulación existente, sino también a la dificultad en su aplicación, porque hay muchas pymes que no pagan en plazo, muchas veces aplazan sus compromisos de pago porque sus clientes también se demoran en los pagos y, al final, se trata de un círculo vicioso. Todos sabemos que ante un conflicto de este calibre, si media denuncia y se aplican sanciones, la relación comercial puede acabar finalizando. Como he dicho, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero entendemos que hay que mejorarla porque tal y como está actualmente redactada, y salvo algunos aspectos de la normativa vigente que hay que concretar y ajustar con mayor exactitud a las disposiciones de la Unión Europea, parece que obedece más a otra serie de cosas que a un contenido cierto y eficiente para atajar el problema causado por la demora excesiva en el pago de las operaciones comerciales, introduciendo en el marco de las relaciones interempresariales una pretendida actuación punitiva de la Administración pública de complicado encaje, a nuestro entender, en las relaciones de carácter privado. Entendemos que, desde luego, hay que erradicar la morosidad; que el retraso de los pagos es uno de los asuntos que más preocupan a las empresarias y empresarios; que es necesario cumplir con los periodos de pago y evitar costes adicionales que puedan repercutir en los precios, porque todo ello es fundamental para que el tejido empresarial mantenga su competitividad, para que su capacidad financiera no se vea comprometida y para que se puedan acometer inversiones productivas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Sagastizabal. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, siempre es gratificante subir a esta tribuna para hablar de los problemas que de verdad afectan a los españoles, y la lucha contra la morosidad es un asunto importantísimo que realmente sufren muchos de ellos. Así, dada esta circunstancia, no podemos más que agradecer al grupo proponente, al Grupo Plural, esta iniciativa y anticipar que votaremos a favor de esta toma en consideración. Como ya sabrán sus señorías, en Ciudadanos no nos importa tanto quién propone una ley como si esta es buena para España y si conseguimos abordar con seriedad y rigor este asunto, dejando a un lado el populismo y las agendas ideológicas, la ley será, sin duda alguna, beneficiosa para nuestros autónomos y para nuestras empresas y, en definitiva, señorías, nos encontraremos con una ley bien trabajada que pueda ser buena para nuestra economía. Lo ha anticipado antes el señor Bel. Hace más de tres años que Ciudadanos trajo una ley al Congreso que tenía el mismo objeto que la que hoy debatimos. Si acuden a aquel texto de la ley de Ciudadanos contra la morosidad, encontrarán varios puntos en común con el texto que hoy tenemos delante. Hablamos de tomar en consideración una proposición de ley para acabar con una gran injusticia que se viene produciendo desde hace ya demasiados años en nuestro país y que hace que muchas de nuestras grandes empresas y administraciones vivan de los créditos que consiguen de forma abusiva de sus deudas para con las pymes y los autónomos. Es intolerable que administraciones y grandes empresas se financien a costa de no pagar facturas de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de nuestro país. Hay muchas empresas y muchos puestos de trabajo en riesgo por los impagos y debemos ofrecer, de una vez por todas, una solución a los eslabones más débiles de nuestro tejido empresarial, con quienes se ceba precisamente la morosidad. No podemos perder de vista, señorías, que en una economía atrofiada como la que tenemos en España las medidas de la Ley 3/2004, con la que se pretende luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, han quedado en papel mojado. Los plazos de esta ley no se cumplen ni por parte de las empresas ni, lo que es más sangrante, por parte de la Administración. Esto, señorías, es un problema, es un gran problema; un problema ocasionado por los viejos vicios del bipartidismo; un problema que mantiene en vilo a millones de familias de nuestro país y es nuestra obligación trabajar para solucionarlo. Administraciones y grandes empresas se aprovechan de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros autónomos, y esto supone, señorías, una condena para ellas. Tienen que hacer frente a esos plazos y se somete a estas empresas a unas tensiones de tesorería que no pueden soportar, por no hablar ya de las tensiones psicológicas y la ansiedad de no saber cuándo van a cobrar - el vuelva usted mañana -, de no saber cómo van a conseguir el sustento para su familia y con los puestos de trabajo de sus empleados siempre en el aire. Y todo ello habiendo hecho un trabajo y habiéndolo hecho bien. No hay derecho, señorías. Como ya se ha dicho aquí, el incumplimiento de los plazos es un problema muy grave para España en su conjunto, cuyo coste asciende - tal y como dice la exposición de motivos de esta proposición de ley - a 850 millones de euros. No nos podemos engañar; esto no es un problema de cobrar antes o después - que también -, es sobre todo una falta de igualdad de oportunidades en el mercado, en el que siempre pagan los mismos. Es una aberración que está arruinando los negocios y la tranquilidad de muchísimas familias en nuestro país. A la información ya dada por el proponente, por el señor Bel, añado los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que reflejan los alarmantes datos del incumplimiento de los plazos legales de pago para pymes y autónomos en sus operaciones comerciales. Las conclusiones de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, ATA, son demoledoras. Las tres administraciones, la local, la regional y la nacional, incumplen periodos de pago legales establecidos en treinta días. Las administraciones locales, que son para las que trabajan la mayoría de autónomos, duplican este plazo, pagando sus facturas en más de 65 días de media, y las grandes empresas, las que tienen más de mil trabajadores, son las que más se retrasan, y tardan más de 105 días de media. Señorías, nos debemos preguntar si estamos dispuestos a permitir que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de este país sigan financiando gratis a las grandes empresas y a las administraciones públicas, y nos lo tenemos que preguntar porque ninguno de los Gobiernos anteriores - ni este del PSOE ni los anteriores del PP, tampoco los anteriores del PSOE - han hecho nada para solucionarlo. Durante décadas, el retraso en los impagos se ha convertido casi en un rasgo de carácter español, en una forma - digamos - de picaresca, y es una picaresca que no tiene ninguna gracia. La morosidad quiebra empresas y arruina familias. Desde nuestro grupo parlamentario esperamos, señorías, que esta vez trabajemos seriamente en este tema y que no nos encontremos, como pasó en anteriores ocasiones, con enmiendas transaccionales para habilitar un acuerdo entre las partes que intenten sobrepasar los límites legales de pago. Desde Ciudadanos no consentiremos que un acuerdo entre partes quede por encima de la ley cuando una de ellas no tiene ningún poder en la negociación. Esto, señorías, sí que es una verdadera política social que hace la vida más fácil a los más humildes, y ahí estará Ciudadanos. Termino ya. Estamos seguros de que podremos discutir esta cuestión y otras muchas a lo largo de la tramitación de esta ley. Acudiremos a los debates con nuestras propuestas para que el resultado sea el mejor posible y podamos ayudar así a tantas pequeñas y medianas empresas y autónomos que se enfrentan día tras día al problema de la morosidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Muñoz. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
Muchas gracias, señora presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Señor Bel, qué bien que hoy sí coincidimos, pero no me puedo sustraer a pensar que para usted, como para mí, esto de hoy suena a lo que en nuestro país tiene una expresión muy precisa: sant tornem-hi. Sant tornem-hi, señor Bel. Bienvenida sea de nuevo esta proposición de ley. Soy diputado desde el año 2016, cuatro legislaturas, y, por desgracia, el asunto sobre el que pivota este debate no es, ni por asomo, ninguna novedad, como ya se ha señalado. Cuatro años más tarde, gobierne quien gobierne, sea cual sea la mayoría que prevalga en estas Cortes, ha sido imposible poner fin a una de las mayores lacras que sufren miles de pymes y trabajadores autónomos: la morosidad. Hoy aquí, por tercera vez, nos reafirmamos en que debemos poner fin a la morosidad comercial, porque debemos poner fin a un problema tan sencillo de entender como que los plazos de pago a proveedores, en su gran mayoría pymes y trabajadores autónomos, se dilaten sin control en el tiempo. Es imperativo poner fin a un mecanismo de financiación informal a lomos de terceros, utilizado demasiado frecuentemente por grandes empresas que abusan de su poder frente a las pequeñas, todo ello en un contexto ya demasiado atestado de agravios comparativos entre unas y otras. Seamos conscientes del enorme poder que ejercen estas grandes empresas, de los vaivenes del palco del Bernabéu, de las puertas giratorias y de su poder ejercido a golpe de BOE. Por desgracia, en esta Cámara ese espíritu se ha colado en demasiadas ocasiones, legislando en beneficio de unos pocos y en detrimento de muchos. Un ejemplo preclaro de este ejercicio de poder lo encontramos en la morosidad que hoy nos ocupa y que nos debiera, además, preocupar. Así lo constatan las últimas cifras proporcionas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que esta tarde se repetirán varias veces. El plazo medio de pago de las empresas del IBEX es de 169 días, cuando la ley lo limita a 60 días. Parémonos aquí y reflexionemos. ¿Podemos seguir permitiendo que empresas del IBEX 35, que cobran a 58 días a sus clientes, estén pagando a 164 días, triplicando el plazo legal? Y que las administraciones públicas, cuando su límite es de 30 días, lo hagan de media en 82. No es muy complicado imaginarnos las consecuencias directas de todo ello, la asfixia financiera de miles de pymes y trabajadores autónomos que no pueden disponer de unos recursos que les pertenecen por ley, del tensionamiento injustificado y asfixiante de su tesorería. La solución se ha dicho ya, un régimen sancionador que desincentive esta práctica, como ya tienen varios países de la Unión Europea; un nuevo marco que limite de facto el 'salvo acuerdo entre las partes', que no es más que otra forma de legalizar el abuso de poder. Esperamos que esta proposición, más allá de contar con el apoyo parlamentario de la mayoría de la Cámara, como parece ser necesario para iniciar una vez más la tramitación parlamentaria de la ley en el punto en el cual lo dejó la ponencia de la antigua legislatura, sea, además, aprobada en el menor espacio de tiempo posible. De nuevo datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad: IBEX y mercado continuo tienen obligaciones de pago pendientes de más de 60 000 millones de euros. En el contexto de emergencia económica y social actual acabar con la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y de competitividad, inyectar este líquido -60 000 millones, repito - en la economía, que se haga pronto y que se haga bien tendrá un efecto multiplicador sobre el número de empresas que, de lo contrario, cerrarán, irán a concurso sin ERTE ni ICO que las salven. Esperemos que esta vez los fantasmas del palco del Bernabéu no nos acompañen y los grandes partidos del viejo bipartidismo sean capaces de legislar de una vez por todas a favor de una mayor justicia para las pymes y para los trabajadores autónomos. Muchas gracias. Bona tarda a tothom. [[Aplausos]]
Muchas gracia, señor Capdevila. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
Tenemos la experiencia de la última crisis, donde se disparó la morosidad y eso tuvo un impacto severo en la red de pymes porque en el momento en que los clientes dejan de pagar, las empresas acaban quebrando. El problema de la morosidad ya fue un problema en la pasada crisis y provocó un cierre brutal de pymes. Durante la pasada crisis se destruyeron un 11 % ciento de las pequeñas y medianas empresas, tuvimos un plazo medio de pago entre empresas que duplicaba la media europea y alcanzamos unas ratios de morosidad próximas al 13,5 %. El estancamiento del tejido productivo tuvo una repercusión muy negativa sobre el empleo y la renta de los hogares. Se alcanzó una tasa de paro del 26,9 % - un máximo histórico -, 775 000 hogares no tenían ningún perceptor de ingresos y el 29,2 % de la población - más de 13 millones de personas - estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Este es el escenario a evitar a toda costa. Ya hubo muchas pymes quebradas en la crisis anterior precisamente por el problema de la morosidad, porque no se respetaba la ley. Se supone que la ley castiga la morosidad. Si tú no pagas pasado el plazo establecido, eso tiene unas consecuencias, unos intereses de demora, etcétera. Lo que ocurre es que en la mayoría de contratos mercantiles esto se viola sistemáticamente. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay ningún régimen sancionador que haga que las empresas morosas paguen automáticamente mediante multas por pagar tarde. No vamos a permitir que vuelva a pasar lo mismo y para ello el Estado tiene que seguir tomando medidas para asegurar que no se rompan las cadenas de pago. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común está a favor del régimen sancionador que piden las asociaciones de pymes, que es el pilar de esta proposición de ley. Es una realidad que el problema de la morosidad perjudica principalmente a las pequeñas y medianas empresas porque son las grandes - ya lo han dicho aquí varios portavoces - las que más tardan en pagar, y entendemos por grandes aquellas que superan los 50 millones de euros de facturación anual. Claro, las considerables cifras de volumen de negocio de este tipo de empresas hacen que tengan un mayor poder de negociación, más facilidad para aplazar el pago a sus proveedores, incluso incumplir con los plazos. Son principalmente las grandes empresas las que retienen pagos a las pymes. Y una pyme, un autónomo, tiene un músculo financiero pequeño, con lo cual si tres o cuatro suministradores retienen un pago, pueden ir a la quiebra perfectamente. Lo que consiguen las grandes empresas haciendo esto es financiarse a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. En pocas palabras y muy resumido, en nuestro país las pymes están financiando a las empresas del IBEX, las pymes están financiando al gran capital español. Esto es tremendamente injusto y perjudicial, porque recordemos que nuestro tejido productivo se caracteriza por el alto protagonismo de las pymes, que suponen el 99,8 % de las empresas, y representan aproximadamente el 61% del valor añadido bruto y el 66 % del empleo empresarial total. Son magnitudes relevantes que nos dan una visión de la importancia de este colectivo que debe ser, por tanto, protagonista en la fase de reconstrucción. Por eso hay que tomar cartas en el asunto, y con el establecimiento de un régimen sancionador consideramos que se pueden reducir notablemente las elevadas ratios de morosidad. Los resultados de medidas análogas en países de nuestro entorno prueban la eficacia de la medida. Francia, sin ir más lejos, consiguió reducir el plazo medio de pago un 22 % en los cuatro primeros años desde la aprobación de su régimen sancionador en 2009. Ahora bien, el Grupo Confederal piensa que el palo - el régimen sancionador - es una medida positiva, pero que, además de palo, hay que ofrecer zanahoria. Por eso sugerimos que se abra una línea de crédito blando, con el fin de que las empresas puedan afrontar las necesidades de tesorería, asegurando así que la maquinaria económica está bien engrasada precisamente para evitar quiebras y evitar que la economía se drene, se seque. Por eso sería importante inyectar dinero, para evitar el colapso. Acabo ya. Consideramos que la erradicación de la morosidad es un paso necesario hacia un modelo económico sostenible e inclusivo, con un tejido productivo diversificado que genere valor añadido y empleo de calidad. Es una oportunidad para no dejar caer a nuestras empresas, para garantizar su viabilidad y su competitividad y, en definitiva, es una oportunidad para implementar una medida que beneficia al conjunto de la sociedad. También es verdad que esta proposición de ley incluye algún punto, que también se ha mencionado aquí por varios portavoces, que no tiene mucho que ver con el problema que se quiere abordar, como es el tema del IVA. Ya tendremos tiempo en el proceso de negociación de profundizar en estos temas, pero el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Nada más y muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Muñoz. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. [[Aplausos]]
Gracias, señora presidenta. Señores de Junts per Cat, hoy traen a esta Cámara una proposición de ley que pretende instaurar un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan los plazos de pago establecidos, como han dicho, en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Y lo hacen, según su exposición de motivos, con el ánimo de erigirse en defensores de las empresas que sufren esa morosidad. Pero esto en sí es una paradoja y solo hay que fijar la vista en la lista de los casos de corrupción que cabalgan a lomos de los herederos de Convergencia Democrática de Cataluña: Palau, ITV, tres per cent, Adigsa, Pujol... [[Aplausos]] Con un poco de suerte los recordarán. Y todos ellos protagonizados por dirigentes políticos que durante décadas han extorsionado a empresas, exigiéndoles comisiones por la adjudicación de concursos públicos millonarios, y nos hablan hoy de sancionar a los empresarios. Cataluña, que presumía de ser una comunidad inmune a la corrupción, es la que más sobresale por el nepotismo de quienes han estado al frente de la Generalidad durante años, empleando su posición privilegiada para exigir mordidas a empresas y financiar el partido o engrosar cuentas personales en paraísos fiscales. [[Aplausos]] No obstante, apoyaremos la toma en consideración de su proposición, ya que servirá como instrumento para introducir, vía enmiendas, las medidas que realmente demandan y necesitan las pymes y autónomos, evitando que individuos, corporaciones y hasta Gobiernos se aprovechen de ellos para enriquecerse o para perpetuarse en el poder. Y es que la morosidad es un grave problema en nuestro país. La falta de liquidez, la pérdida de ingresos que provoca la morosidad impide el crecimiento empresarial y provoca pérdida de millones de empleos. Por eso instaurar un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento de la ley, evitando la mala praxis en materia de pagos. Pero he aquí la pregunta del millón, señores proponentes: ¿quién será el encargado de sancionar al moroso? Señores proponentes, ¿las comunidades autónomas o será el Gobierno el brazo ejecutor de las sanciones? Vaya sinsentido. El principal incumplidor, es decir, la Administración, será el encargado de sancionar. Y el sancionador, ¿será también sancionado? No olvidemos que en España, aunque una institución pública se retrase en el pago a sus proveedores, continuará su operativa con normalidad, y precisamente, señores proponentes, Cataluña es una de las administraciones públicas que más tarda en pagar a sus proveedores, porque nuestro reino de taifas es algo mucho peor que un pozo sin fondo - diecisiete pozos distintos -, porque nuestro modelo de Estado, que políticamente defienden ustedes, no es económicamente viable. Las administraciones públicas morosas siguen pagando las nóminas de sus trabajadores necesarios, pero también de cargos nombrados a dedo, asesores y enchufados por los partidos que nos han gobernado y gobiernan, cuyo objetivo es mantener su chiringuito insertado en una elefantiásica Administración [[aplausos]], y este modelo ineficiente e insostenible estrangula al sector privado con burocracia, impuestos y trabas que obstaculizan e impiden su consolidación y supervivencia. Y lo mismo ocurre con nuestras empresas del sector público, que no dejan de recibir sus correspondientes subvenciones por la vía de los Presupuestos Generales del Estado sin importar el nivel de morosidad o que tengan las pérdidas acumuladas de años y años, relegando a último plano a sus proveedores. Por el contrario, en la economía real, la que emana del emprendedor, del que madruga, del que expone su patrimonio, su pequeño patrimonio, las reglas del juego son muy distintas, porque las pymes y los autónomos que presentan problemas de solvencia para pagar a sus proveedores, firman su defunción en un largo y tedioso proceso concursal. Por ello, podríamos afirmar que la morosidad pública es objeto de protección y subvención en España. Sin embargo, la morosidad privada es penalizada por el propio mercado, ya que cualquier empresa privada que la utilice como estrategia financiera está abocada a desaparecer. Por tanto, es hora de plantear un régimen sancionador que pudiera aplicarse a la morosidad pública para erradicar definitivamente los abusos a los que son sometidas las pequeñas empresas por parte de la Administración. [[Aplausos]] Y no olvidemos que la morosidad de la Administración en la segunda legislatura del señor Zapatero provocó la desaparición de miles de pymes y autónomos PlanE, de págame. Al igual que la Agencia Tributaria publica listas de deudores, el Ministerio de Hacienda también debería publicar un listado con la identidad de aquellos políticos cuya gestión convierte a las administraciones públicas en morosas, porque la disciplina que se exige a las empresas ha de acompañarse con ejemplos de políticos y la propia Administración. [[Aplausos]] Y aquí podría detenerme en el asunto del rescate bancario al que aluden no pocos diputados del arco parlamentario y que se declaran antisistema, pero que viven del sistema, y que puntualmente cobran su nómina de las instituciones, por no hablar de los que ya han entrado a formar parte de aquella casta de la que hablaban pestes. Y es que, señorías, el rescate bancario y sus consecuencias para pymes, autónomos y clase trabajadora fue otro claro ejemplo de un rescate a las nefastas gestiones de políticos convertidos en directivos de cajas de ahorros, instrumentos financieros al servicio de las comunidades autónomas para su derroche sin límite. [[Aplausos]] Vimos personas que sin trayectoria empresarial se pusieron a dirigir entidades financieras, tomando decisiones, que más que decisiones eran aventuras empresariales, y aprobando proyectos faraónicos para beneficio de sus amiguetes. Y no se equivoquen, los españoles pagamos la factura de políticos corruptos al frente de cajas de ahorros politizadas que emplearon sin conciencia el dinero de los contribuyentes en una alarde de jugar a ser banqueros. [[Aplausos]] En la anterior crisis ya eran los autónomos, las pymes y las micropymes quienes más sufrían los impagos de los proveedores. Ahora todo sigue igual; cambian las crisis y cambian los Gobiernos, pero, a día de hoy, tenemos el mismo escenario para todos ellos, debido a la falta de liquidez y con la morosidad como carga adicional. Siendo conscientes de este problema, el Grupo Parlamentario VOX ya presentó en el mes de abril una PNL instando al Gobierno a inyectar liquidez a pymes y autónomos mediante el abono por parte de las administraciones públicas de sus deudas a proveedores, aunque la bancada socialcomunista dijo que no, desoyó nuestra iniciativa, porque era poco ambiciosa. Bueno, miren, desde ATA afirman que muchos autónomos se ven obligados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzos. Para que los autónomos no sufran más, deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma, y de esto el Ministerio de Hacienda sabe mucho, porque es implacable con quien no paga sus impuestos en plazo. Voy terminando. Señores del Gobierno y señorías, no pretendan obviar el problema de los españoles. Lo que está en juego no es el Estado del bienestar, sino España con todos sus ciudadanos. Urge dejar las tentaciones ideológicas y los intereses particulares a un lado y ponerse a solucionar esta emergencia nacional en la que estamos inmersos. De lo contrario, es seguro que sucumbiremos ante la implacable racionalidad de la economía de mercado. Gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!]]
Gracias, señora Cañizares. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Plural nos trae una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Esta iniciativa que viene de la XII Legislatura, que ya debatimos, ha sido subsumida en esta que se nos presenta. En este tema no importa el partido que lo proponga - y menos mal porque no sabríamos determinarlo, señor Bel, al menos yo -, importa el tema y mucho. Nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración, aunque no estamos de acuerdo con la mayor parte del contenido - como bien indicaba, además, la señora Sagastizabal -, pero consideramos que debemos modificar el régimen actual, y más en estos momentos con la situación tan crítica en la que nos encontramos. Lo importante no es la morosidad en sí, sino las causas y las consecuencias. La causa fundamental es la posición de poder de una empresa sobre otra, que pone en riesgo la viabilidad de la segunda. La consecuencia es que puede afectar a la liquidez de muchas empresas y, por el efecto cascada, a todo un sector. Es decir, debemos evitar riesgos en un tejido empresarial como el español, con un elevadísimo número de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, aunque también debemos plantearnos, como ya lo está haciendo nuestro grupo, tomar medidas para incrementar su tamaño. Como decía, se trata de evitar riesgos y mejorar la liquidez del sistema. Y aquí tenemos que plantear alguna medida más que las que se proponen, por ejemplo, que el observatorio no sea solo de la morosidad, sino también de la liquidez, porque no solo la causa de la falta de liquidez son los plazos de pago desorbitados de algunas facturas, hay otros como la regulación bancaria o el cierre de riesgo por parte de las aseguradoras de crédito a los negocios más reducidos. Muchas empresas pequeñas y autónomos se encuentran realmente excluidos financieramente del sistema y debemos dar una solución. En esto el consenso es amplio. La resolución número 29 de la Comisión para la Reconstrucción, que proponía aprobar un régimen sancionador, tenía por objeto incrementar la liquidez de las pymes y autónomos y mejorar su competitividad y productividad, reduciendo de esta manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes. Este es el objetivo y en lo que tenemos que trabajar. Según la plataforma multisectorial contra la morosidad, el plazo medio de pago de las administraciones son ochenta y dos días, cuando legalmente deberían ser treinta; aunque los datos que facilita el Ministerio de Hacienda en junio son bastante inferiores: las comunidades autónomas por encima de los treinta días; los fondos de la Seguridad Social sobre once días y la Administración central alrededor de los treinta; y sí, las entidades locales por encima de los setenta y seis días. Por tanto, los datos que nos facilita dicha plataforma sobre el sector privado no podemos utilizarlos porque no tenemos información real de los promedios de pago de las empresas privadas. No hemos encontrado cómo obtienen los datos, no podemos saber si son reales o no, sobre todo viendo la diferencia en el caso de las administraciones públicas. Tener esa información es algo que debemos solucionar en la tramitación. Por cierto, una curiosidad, señorías, las seis comunidades autónomas que tienen el peor periodo medio de pago son gobernadas por la izquierda, y de las cuatro mejores, tres son gobernadas por el Partido Popular y en algún caso con el apoyo de Ciudadanos: Murcia, Galicia, Canarias y Andalucía. Como siempre, unos hacen demagogia y otros obtienen resultados. Donde sí podemos confirmar que hay un problema de morosidad es en las entidades locales: más de setenta y seis días, 2,5 veces el plazo legal. Esto perjudica a muchísimas pymes, por lo que hay que dejarse de tacticismos políticos y movilizar ya el fondo de los 5000 millones de euros no condicionado, que la FEMP reclama al Gobierno y que la ministra Montero quiso vincular a la cesión de los remanentes, algo que, como sabemos, provocó el rechazo de este Parlamento y de la mayoría del municipalismo español. Por tanto, primero, debemos conocer la realidad y, segundo, reducir los plazos de pago en España para que se adecuen a los recomendados por la Comisión Europea y la Directiva Europea 2011/7/UE, no solo cambiando la legislación - si hace falta, sí -, sino también instando al Gobierno a que realice todas las campañas y las promociones necesarias para incrementar la sensibilización de nuestras empresas. No siempre todo se soluciona a base de leyes y sanciones, incluso a veces hay que incentivar. El Gobierno debe crear un entorno favorable a los pagos en plazos reducidos asegurando la liquidez necesaria, porque los beneficios para todo el sistema de pagar las facturas en plazo razonable son claros: mejora de la liquidez del sistema, menos necesidad de financiación y, por tanto, menos dependencia financiera de nuestras empresas y de nuestro país del exterior; confianza de nuestro entorno empresarial, efectos positivos sobre la inversión nacional y extranjera y efectos positivos sobre el empleo. Y al contrario, las consecuencias de la falta de liquidez ya las vimos en la anterior crisis: cierre en cascada de empresas, sectores muy castigados que generaron monopolios y oligopolios, quiebra del sistema financiero por la morosidad, crecimiento elevado del paro, desconfianza de nuestros sectores empresariales y de nuestra actividad económica. Las dos últimas consecuencias fueron dramáticas. Por eso, una de las primeras medidas que adoptó el Partido Popular cuando llegó al Gobierno a finales de 2011 fue mejorar la liquidez del sistema por los beneficios que conlleva y las consecuencias tan negativas que tiene no resolverlo. Lo hicimos con la reestructuración del sistema financiero, el Fondo de financiación autonómica y el Plan de pago a proveedores para comunidades autónomas y ayuntamientos, que tenían facturas pendientes de pago de varios años y que habían provocado enormes problemas en la economía española. Les recuerdo, señorías, que no hablamos de alguna factura retrasada en el pago, sino de decenas de miles de millones de euros. El Banco de España cifraba la deuda de las administraciones públicas con sus proveedores en el 8,1 % del PIB a finales de 2011, cuando era del 5 % cuatro años antes. En 2013, en menos de dos años después, volvimos otra vez al 5 %. El mismo Banco de España calculó que la deuda comercial pendiente era de 66 900 millones de euros. Esto que no supo hacer el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, lo hicimos en el primer año de Gobierno del Partido Popular. Al menos hasta ahora, este Gobierno no está resolviendo el problema y en unos meses llegará el fin de la carencia de los préstamos ICOCOVID y se generarán más impagos. Nosotros hemos presentado una PNL para intentar flexibilizar las cuotas de estos préstamos ICO. Señores del Gobierno y de los grupos que lo apoyan, hagan su trabajo y resuelvan los problemas de los españoles. Nosotros hemos colaborado apoyando al Gobierno en múltiples medidas y aportando nuestras propias iniciativas, trabajaremos e intentaremos aportar en la tramitación de esta ley, como es nuestro deber. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Paniagua. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marra Domínguez.
Boas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, la crisis del coronavirus ha cambiado el escenario económico y social al que nos enfrentamos. Apenas han pasado seis meses desde el comienzo de la pandemia, pero han sido suficientes para saber que España vive un momento excepcional, inédito en nuestra historia reciente. Ante esta excepcionalidad, el Gobierno de España ha respondido con medidas sin precedentes; medidas reales, eficaces y eficientes para preservar la salud y el bienestar de miles de personas, pero también para apoyar a nuestras empresas, la actividad económica, el empleo y a los sectores que más se han visto afectados por esta crisis. Son medidas que han supuesto un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia y un gran reto, señorías; reto al que el Gobierno ha respondido con un firme compromiso por la recuperación y la reconstrucción económica y social de nuestro país, pero también, señor Bel, en la lucha contra la morosidad y sus consecuencias sobre el tejido productivo, el empleo y el crecimiento económico. La ampliación de los ERTE, el Fondo COVID de 16 000 millones de euros para las comunidades autónomas, los aplazamientos de obligaciones tributarias con el Estado, la validación de líneas de avales del ICO por valor de 100 000 millones de euros, los planes específicos para impulsar los sectores de automoción y turismo, el programa Acelera Pyme o el Fondo de apoyo a la solvencia son elementos reales y fiel reflejo de la prioridad absoluta por parte de este Gobierno con el tejido productivo y social de nuestro país. Pero también, señor Bel, tenemos un compromiso para reducir la morosidad, para garantizar necesidades de liquidez y financiación en momentos de especial dificultad, en especial para pymes y autónomos, para cubrir su circulante, el pago de facturas, el vencimiento de obligaciones financieras y tributarias, permitiendo así su normal funcionamiento y protegiendo su actividad y el empleo en nuestro país. Por eso, señor Bel, si bien en esta proposición de ley compartimos los mismos objetivos, también creo que con esta propuesta se generarían, como bien recogió el Grupo Parlamentario Vasco, más problemas que soluciones. En consecuencia, le anunciamos que votaremos a favor de la tramitación, pero también le adelanto que plantearemos cambios significativos, cambios sustanciales que nada tienen que ver con el contenido del texto que hoy aquí se presenta y que casi suponen una enmienda a la totalidad. Permítame que detalle alguno de ellos. En primer lugar, esta proposición de ley en este caso excede el ámbito de la ley que pretende modificar, ya que no regula en modo alguno un régimen sancionador al no estar contemplado en la Directiva 2000/35, del Parlamento Europeo, que la traspone. Además, la proposición no hace referencia a la culpabilidad de la conducta del deudor ni valora la naturaleza jurídica de dichas sanciones, lo que supone que técnicamente sea en sí misma absurda. En el segundo punto plantean, señor Bel, la creación de un observatorio de morosidad, que no aportaría nada debido a que el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya tiene la competencia en el seguimiento de la evolución de la morosidad y para lo que dejan fuera a las cámaras de comercio en su composición. No incorporan ni tan siquiera una memoria económica de su coste. En tercer lugar, con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista plantean que el plazo de pago se limite a sesenta días para todos los productos de alimentación no frescos ni perecederos y de gran consumo en cualquier circunstancia, lo que suprime el régimen especial del comercio minorista y, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 7, constriñe la libertad contractual para consensuar plazos de pago diferentes, porque, señor Bel, aplazamientos no tiene que implicar una demora, sino que puede ser fruto de un acuerdo de voluntades entre partes. Esas voluntades entre partes son, precisamente, las que ustedes suprimen, y esto sería contrario a la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Ministerio de Justicia, encargado de trasponer la Directiva 2011/7 de la Unión Europea, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones financieras. Por tanto, señor Bel, nuevamente inasumible. Por último, resulta también inasumible, señor Bel, como se ha comentado aquí por numerosos portavoces, la modificación propuesta de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por cuanto de aprobarse, se produciría un incremento exponencial tanto de los supuestos de modificación de la base imponible como del número de autoliquidaciones no periódicas a presentar por particulares, lo que conllevaría una pérdida significativa - y digo bien, significativa, por no decir enorme - de recaudación al tiempo que indefensión en la Administración tributaria ante el desconocimiento del destinatario al que exigir el pago de la cuota. Por tanto, nuevamente, señor Bel, inasumible. Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista cree firmemente que es necesario reducir la morosidad, pero también consideramos necesario explorar medidas de mejora del procedimiento de pago, de perfeccionamiento del régimen sancionador o bien el establecimiento de un sistema arbitral de morosidad que sea sencillo, ágil y efectivo, al tiempo que se promuevan códigos de buenas prácticas que eliminen la morosidad. En definitiva, medidas efectivas y eficaces que permitan luchar contra la morosidad y, sobre todo, contra sus consecuencias en el tejido empresarial y en el empleo, consolidando así un crecimiento económico equilibrado e inclusivo, como ha venido realizando el Gobierno durante estos últimos meses, porque, señor Bel, lo que no haremos será aplicar las recetas del Partido Popular en la anterior crisis económica. Esta crisis - lo ha dicho el presidente del Gobierno en numerosas ocasiones - no la van a pagar ni las familias ni los trabajadores ni las empresas ni en especial las pymes y los autónomos. En esta crisis, señorías, nadie se puede quedar atrás. Y para ello, señorías, son fundamentales unos nuevos presupuestos que permitan desplegar todos los instrumentos de política económica para la recuperación y reconstrucción de nuestro país, que canalicen eficientemente los importantes recursos que a España le corresponden del Fondo de Recuperación Europea en vectores claves para nuestra economía, como la digitalización, la transición hacia una economía sostenible, la apuesta por la I+D+i o las nuevas tecnologías, el apoyo a las pymes, al turismo, a la hostelería, a la preservación del medio ambiente; en definitiva, en beneficio de toda la ciudadanía. Termino, señorías, apelando al sentido de la responsabilidad, a la unidad y a la lealtad institucional exigible a todos los que conformamos esta Cámara como el principal instrumento para luchar contra la morosidad, pero también para la recuperación y reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias a usted, señora Marra. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. [[Número de expediente 122/000034]]
Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Arrimadas García.
Gracias, señora presidenta. Hoy Ciudadanos vuelve a presentar una de las grandes reformas pendientes en nuestro país, una de esas reformas que, si se aprobara, nos haría sentir orgullosos a todos los que estamos hoy en el hemiciclo; una de las que, si se aprobara, supondría realmente un salto cualitativo como país y sería, sin duda alguna, una de las principales herramientas o medidas para luchar contra la corrupción. Esta reforma es de la ley orgánica para el refuerzo de la independencia del Poder Judicial. Reconocemos que es una reforma profunda y ambiciosa, pero a la vez es incuestionable que es sencilla de acometer y, además, no cuesta ni un duro a los españoles, sino que nos ahorraría a todos millones de euros en mordidas y en robo por parte de algunos políticos. Esta ley tiene varios contenidos, pero los principales son dos: el primero es reforzar la independencia de una vez por todas en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; es cambiar el sistema de elección para volver a aquello que decía la Constitución española del año 1978. ¿Y por qué es esto importante? Porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de los jueces, es un órgano que, entre otras muchas funciones, tiene la de elegir a los miembros de esos órganos colegiados que luego tienen que investigar y juzgar por corrupción a los políticos, entre otros muchos delitos, también de otros muchos ciudadanos, pero, además, tiene el poder disciplinario de los jueces. Pueden ustedes imaginar entonces las consecuencias que para nuestro sistema judicial tiene el que ese órgano sea elegido íntegramente, los veinte miembros, por los políticos aquí representados. Pero también llevamos una elección nueva de los miembros de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas para eliminar esa designación que se hace en parte en los Parlamentos autonómicos. Y el segundo de los grandes cambios o de las grandes reformas que incorpora nuestra ley es el criterio de selección de algunos miembros de los órganos colegiados de la carrera judicial, como pueden ser la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo u otros altos cargos, por decirlo de alguna manera, que actualmente son designados gracias a dedazos con puestos de libre designación. Hoy ustedes tienen que elegir si quieren blindar la capacidad que los políticos aquí representados tienen sobre el sistema judicial o quieren avanzar en la independencia de la justicia de nuestro país. Y sí, España es una de las principales democracias del mundo, nadie lo duda. Nuestro sistema, nuestro país, nuestra democracia es una de las veinte principales democracias del mundo y así lo reconocen ránquines a nivel internacional como, por ejemplo, el publicado por The Economist, pero son muchísimos. Aquí no se trata de decir si nuestra democracia es una democracia plena o no, porque lo es; aquí lo que tratamos de votar es si queremos avanzar en la democracia de nuestro sistema, en la independencia de nuestro sistema judicial o queremos dejarlo como está. Nadie duda, insisto, de que España es una democracia, una de las principales democracias del mundo; bueno, solo dudan los separatistas golpistas catalanes que todos vimos en el año 2017, algunos lamentablemente en primera fila, y vimos cómo su idea de independencia judicial era la que regulaban en su autoproclamada ley de transitoriedad jurídica donde, ¡sorpresa, sorpresa!, adivinen ustedes quién era el que elegía a dedo al presidente del Tribunal Supremo: el todopoderoso señor Puigdemont, huido en un maletero; o adivinen ustedes quién elegía al fiscal general de esta supuesta república bananera: ni más ni menos que el Gobierno. Pero, bueno, dejando a un lado a los golpistas separatistas totalitarios, nadie duda de que nuestra democracia es una de las principales democracias del mundo. Pero queremos hacer más, queremos mejorar y queremos avanzar, y esta ley y esta reforma es un reconocimiento, pero un reconocimiento claro, nítido y expreso a todos los jueces, magistrados, fiscales, a todos los servidores públicos que trabajan en nuestro sistema judicial y que cada día hacen su trabajo a pesar de que algunos reciban presiones, que cada día hacen su trabajo a pesar de que no tengan los medios necesarios para hacerlo, que cada día hacen su trabajo a pesar de tener que, evidentemente, sobrepasar sus horarios laborales. Asimismo, esta reforma no es solo una reforma que esté pendiente en nuestro país, en los debates políticos o sesudos, no, no; esta reforma está en las peticiones que hacen los ciudadanos en la calle porque, si no, pregunten ustedes a cualquiera de los ciudadanos de su circunscripción a ver qué les parecería si fuéramos capaces de eliminar el control de las zarpas políticas sobre la justicia española. No conozco a ningún ciudadano de a pie que esté en contra de la reforma que presenta hoy Ciudadanos. Deberían ustedes elegir si quieren estar con esa abrumadora mayoría ciudadana o con esa minoría política que quiere seguir repartiéndose los jueces en un despacho. Y no, esto no solo ha sido un reparto de jueces entre el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, que evidentemente han sido los dos partidos que más mano han metido en la justicia, sino que aquí han participado Izquierda Unida, los partidos nacionalistas, todos, todos y cada uno de los partidos que han tenido algo que decir en los últimos años y décadas de democracia. Me voy a centrar especialmente en la parte de nuestra reforma que trata de cambiar el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial porque lo que traemos hoy aquí es recuperar el espíritu de la Transición, porque en nuestra Constitución española del año 1978 se decía claramente, claramente, que de esos veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, doce tenían que ser elegidos entre jueces y magistrados, cuatro elegidos a propuesta del Congreso y cuatro elegidos a propuesta del Senado. Por tanto, es evidente que el espíritu de la Transición, el espíritu de los padres de la Constitución era que la mayoría de los miembros de este órgano fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. De hecho, fue así durante algunos años, hasta que, ¡sorpresa, sorpresa!, un Gobierno socialista, cómo no, lo cambió en 1985, con ayuda de otros partidos, por supuesto, de modo que todos los miembros, los veinte, fueran elegidos por los políticos representados en esta Cámara y en el Senado. Desde entonces hemos asistido a un vergonzoso reparto de jueces, a veces incluso de manera chapucera por WhatsApp. ¿Pero quién ha pedido que este criterio vuelva al espíritu de la Transición? El espíritu de la Transición no solo fue apelar a la reconciliación de las dos Españas, que también; fue apelar a las reformas que hacían avanzar a nuestra democracia. Esta, sin duda, fue una reforma de un Gobierno socialista, con ayuda de una oposición conservadora, que se cargó en 1985 ese espíritu. Y desde entonces, ¿quién ha pedido volver a ese sistema de la Constitución? Lo pidió una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986. Lo pide de manera reiterada el informe Greco del Consejo de Europa, que ustedes saben perfectamente que pide que la mayoría de miembros de estos órganos de gobierno de los jueces sean elegidos por los jueces y no por los políticos. Pero también lo pide una reciente sentencia, muy interesante, por cierto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al caso polaco. Y también son evidentes las peticiones de amplias capas del sector de la judicatura y de la ciudadanía española. ¿Y saben quién más ha pedido en algunos momentos esta reforma? Los viejos partidos que están encantados de repartirse los jueces. Por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, - ya sabemos que su palabra a veces no cuenta mucho -, que en el año 2014 [[muestra una fotocopia]] decía que su compromiso - no sé si el de él o el de su persona - era regenerar la vida democrática y hacer del Consejo General del Poder Judicial un órgano verdaderamente independiente del Gobierno. Insistían en el Partido Socialista [[muestra una fotocopia]] diciendo que era prioritario despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Pero también lo pedía el Partido Popular en su programa electoral de 2011 [[muestra una fotocopia]], incluso Podemos [[muestra una fotocopia]], al que se le ha olvidado demasiado rápido - aquí hay que reconocer que ustedes han sido muy rápidos en acostumbrarse al poder? que ustedes pedían también la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que en Podemos han pasado de decir que teníamos que vivir en barrios humildes a vivir en chalés con piscina, de decir que había que limitar los sueldos de los políticos a dinamitar esos límites de sueldos y de animar y hacer escraches a indignarse porque le hacen un escrache en su casa, como si fuera más importante la tranquilidad de los hijos de los señores de Podemos que la tranquilidad de los hijos de cualquier otro partido político. Pero aquí hay un partido que siempre ha pedido lo mismo cuando podía repartirse jueces y que pidió lo mismo cuando no estaba representado en el Congreso de los Diputados. Ha pedido lo mismo en el año 2015, en el 2019 y en el 2020, y les aseguro que no vamos a participar, aunque podríamos hacerlo, en el reparto de jueces que quiere volver a hacer el Gobierno con algún partido de la oposición. Lo que planteamos aquí es muy claro: ni bloqueos ni dedazos políticos; reformas para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Ha llegado el momento de avanzar; ha llegado el momento de cumplir con la Constitución española de nuevo; ha llegado el momento de cumplir con la sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional. Ha llegado el momento de que no nos pongan la cara colorada cada vez que vamos a Bruselas y nos releen el informe Greco del Consejo de Europa; ha llegado el momento de escuchar a los jueces; y ha llegado el momento de escuchar a los ciudadanos. Hay que garantizar la plena independencia del sistema judicial, y no solo hay que ser independiente también hay que parecer independiente, y lo digo porque muchos jueces trabajan y dictan sus sentencias en conciencia, a pesar de tener que sufrir presiones. Es la hora de que no haya ni siquiera esas presiones. Es la hora de reconocer su esfuerzo, su dedicación. Es la hora de darles más recursos y es la hora de respetar sus decisiones, aunque no nos gusten. Es la hora de acabar con el espectáculo de escuchar de quién depende la Fiscalía, de nombrar a dedo a un fiscal general del Estado que hasta hace cinco minutos era ministro de un Gobierno. Es la hora de dejar de ver cómo ustedes se reparten los jueces por WhatsApp y es la hora de dejar de ver cómo ustedes intentan presionar a los que luego tienen que juzgar por corrupción. No quiero acabar mi intervención sin acordarme de todos aquellos servidores públicos que han prestado sus servicios a pesar del hostigamiento, a pesar del señalamiento, a pesar de las amenazas. Y lo han hecho en mi tierra, en Cataluña, pero también en otras tierras de este país. Por último, quiero acabar haciendo un homenaje a jueces, magistrados y fiscales asesinados por ETA, como el magistrado Francisco Tomás y Valiente, como la fiscal Carmen Tagle, como el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador o como el fiscal Luis Portero. Ellos siguen siendo un faro moral para todos los demócratas y no debemos olvidar nuestra democracia, no debemos olvidar nuestra historia, pero, sobre todo, no podemos olvidar que cada día podemos hacer historia. Y hoy, señoras y señores diputados, podemos hacer historia; hoy podemos avanzar en el sistema democrático de nuestro país. Lo mejor que podríamos hacer para homenajear a todos los que perdieron su vida defendiendo la justicia y defendiendo nuestra democracia es, por un lado, no blanquear a Bildu como si fuera un actor político más, porque moralmente no lo son, como ha dicho un valiente presidente de las Juventudes Socialistas de Euskadi, y también lo que podríamos hacer es apoyar esta reforma para despolitizar la justicia. Decidan ustedes, señoras y señores diputados, de qué lado de la historia deciden estar hoy. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Arrimadas. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. El texto de la toma en consideración que realiza el Grupo Parlamentario Ciudadanos en torno a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, relativa al Poder Judicial y el refuerzo de la independencia de los jueces, comienza su exposición con este recordatorio: 'A los efectos de garantizar la independencia del poder judicial, la Constitución dispuso en su artículo 122 la creación de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial'. Pero tal garantía de independencia, aunque pudiera ser esa su finalidad primigenia, lo cierto es que su configuración y dinámica en los siete lustros de singladura de la ley parecen más destinados a lo contrario, es decir, a politizar la justicia a través del nombramiento de sus miembros por parte de las Cortes Generales y de sus dos Cámaras legislativas, el Senado y este Congreso al que me dirijo esta tarde ya de otoño, por cierto. A ello ha contribuido sin duda la creciente politización de las asociaciones judiciales, especialmente por la correspondencia de las dos principales con los dos partidos políticos que han venido siendo tradicionalmente mayoritarios en nuestra democracia; una politización paralela a la amplia discrecionalidad en el régimen de nombramientos de los altos cargos judiciales, que ha creado entre la propia judicatura una sensación de que no es posible alcanzar ciertas cotas del escalafón si no existe una previa adscripción a una de las corrientes o asociaciones profesionales. Es decir, dejando relegados otros tipos de criterios como son los de mérito y capacidad. Por ello, y con carácter general, el contenido que incorpora la proposición de ley que ha defendido la señora Arrimadas me parece adecuado y plausibles las modificaciones que propone, al responder efectivamente a la finalidad de favorecer la independencia y la despolitización de la justicia, promoviendo la democratización y elección directa de los miembros del Consejo General y acercándonos a su definición técnica como verdadero órgano de autogobierno de la judicatura, una judicatura independiente. Señorías, actúo en coherencia con la posición que Foro ha mantenido en este asunto, específicamente reflejado en su programa electoral y tanto aquí en el Congreso como en el Senado. En este sentido, quiero recordar que fui el único senador - el único - que en la designación de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y seis suplentes, celebrada en una sesión plenaria convocada expresamente a finales de noviembre de 2013 solo para ese asunto, intervino en la Cámara Alta para posicionarse en contra del sistema para la renovación del séptimo Consejo del Poder Judicial, aún vigente. El Diario de Sesiones recoge de forma fidedigna, como siempre, los argumentos muy críticos con el entonces Gobierno del Partido Popular que utilicé en aquella sesión y que continúan siendo perfectamente válidos siete años después. Fui muy crítico de modo singular con el que era entonces ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, que en menos de un año y con una holgada mayoría de respaldo parlamentario en las Cortes Generales cambió radicalmente de posición y se desdijo de los lapidarios compromisos adquiridos al comienzo de la X Legislatura, con ocasión de sus comparecencias ante las respectivas comisiones de Justicia de ambas Cámaras para exponer los objetivos gubernamentales para aquel mandato. También en la elección del cupo de vocales para el Consejo General celebrada aquí en el Congreso mi antecesor el diputado Álvarez Sostres intervino para rechazar de forma concluyente un sistema de elección que nuevamente se quiere perpetrar ahora en el año 2020. De ahí que hoy solo quepa reconocer el acierto de quienes no sucumben a los inaceptables enjuagues y peligrosos señuelos que les tiende el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, y les alerto para que no caigan en la trampa de quienes quieren ir al copo y sin miramientos en el control de las instituciones democráticas. El Partido Popular tiene un currículum en defensa de la independencia del Poder Judicial que se remonta a los albores de la democracia, por lo que les animo a que defiendan su inequívoca vocación de aplicar ejemplarmente la democracia en la composición de un Consejo General designado por los propios jueces y magistrados, habida cuenta de la separación que debe existir entre el Poder Judicial y el resto de poderes. Para quienes creemos en la Carta Magna no cabe desdeñar la Sentencia del alto tribunal 108/1986, que es palmaria para justificar la necesidad de avanzar hacia un sistema estrictamente constitucional en el que se recuperen los consensos y la moderación y se elimine el monopolio partidista que asfixia un espacio institucional clave para España como es el órgano de gobierno de los jueces, garante de la independencia de los jueces y de los tribunales respecto al resto de poderes públicos. Asimismo, quiero señalar que quizás hubiera sido esta una buena oportunidad para dotar de rango legal, y sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, de una mayor concreción y detalle los criterios principales por los que se debe juzgar el desempeño y/o baremación en los concursos para la provisión de plazas y específicamente en el nombramiento de ciertos cargos en los tribunales de más alto rango, y ello porque de otro modo las loables intenciones de la proposición de ley podrán tornarse inútiles a tenor de las dinámicas acumuladas en las últimas décadas y que pueden verse amparadas en la práctica por el amplio margen de acción del que dota a los órganos decisorios la denominada discrecionalidad técnica. Por último, resulta oportuno recordar, por ser una cuestión de la más reciente actualidad, que el lamentable fenómeno de las puertas giratorias a que hace mención la proposición de ley y que se pretende evitar en el ámbito judicial a través de algunas de las previsiones que incorpora, también se da en el ministerio fiscal, por lo que sería oportuno, pertinente y de incuestionable necesidad que se promuevan disposiciones similares para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mi voto, en definitiva, será favorable a esta toma en consideración, aunque, a la vista de cómo se está manejando el Gobierno de Pedro Sánchez en su decidido afán de controlar instituciones y específicamente las relacionadas con la justicia, solo cabe augurar el rechazo parlamentario de la mayoría que sostiene al Gobierno a esta propuesta de regeneración de la justicia irrenunciable. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Martínez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Reforzar la independencia judicial? Claro, obvio, eso es de libro. De hecho, un repaso a las noticias de estos días muestra que existe un problema. El bloqueo por parte del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial está encima de la mesa. De igual forma, los nombramientos del señor Lesmes - no sé si han leído la prensa -, que parece que va a hacer nombramientos que van a tener repercusiones de aquí a quince o veinte años. No sé si vieron la entrevista al fiscal Navajas ayer - muy interesante - hablando de las presiones de la señora Madrigal y del señor Cadena. No sé si les sonarán, fiscales del procés. No sé si han leído hoy en elDiario.es un artículo muy interesante desgranando uno a uno quiénes son los miembros de la Sala segunda del Tribunal Supremo, que dice que de los trece miembros once son conservadores, pero esto no es casualidad, de esto ya hablaré más tarde. Precisamente son estos señores los que van a tener que resolver sobre el caso Gürtel, el caso Púnica, el caso Kitchen, el caso del fugado, del rey emérito. Ellos tendrán la última palabra, y se pueden imaginar cuál es. De hecho, hace dos semanas, cuando hablábamos también de la Fiscalía General del Estado, en una propuesta que trajo la misma formación, vimos que, obviamente, la división de poderes es uno de los fundamentos de las democracias y un ejemplo en las democracias liberales. Lo peculiar y paradigmático que se está dando en el caso español y lo mencionan diversos informes como el informe Greco que he señalado antes, sentencias europeas, el relator de Naciones Unidas y la misma Comisión Europea cuando habla de un problema de contaminación política en la elección del Consejo General del Poder Judicial en sus diferentes recomendaciones? es que la contaminación política no es que esté el partido del gobierno, no, no; hay una contaminación política del partido que gobernaba y de sus aliados. Este problema no solamente se da en el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, en el Tribunal Supremo, este problema existe también en otros órganos, existe en la Junta Electoral Central - no sé si recuerdan al señor Betancourt -, en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, en diferentes órganos. Ya digo que no es casual. Decía la señora Arrimadas: España es una democracia consolidada, porque lo dice un semanario británico. Parece que no lee ese semanario británico cuando dice que la monarquía española está sucia y que es un desastre, ahí no lo pone de ejemplo. Pero, claro, si nos dicen que hay un problema de contaminación política en la división de poderes, no nos pueden decir que España es una democracia ejemplar. Hay algún problema, pero no porque lo digamos los independentistas, sino porque sería un contrasentido lo que usted misma está defendiendo. Más allá de entrar en la propuesta, que ya digo que no vamos a votar en contra de la misma, no nos vamos a oponer, creemos que es un parche, porque no es un asunto técnico. Obviamente que hay que priorizar los méritos y la profesionalidad a la hora de avanzar en el escalafón judicial para mantener esa independencia, pero es que el problema es estructural. Decía antes: hay que recuperar el espíritu de la Transición. No, hombre no, hay que llamar a un exorcista, si el problema está en ese espíritu de la Transición. El primer problema es que los jueces en ese momento pasaron de la noche a la mañana de ser jueces franquistas a ser jueces demócratas, un tribunal de excepción como el Tribunal de Orden Público se convirtió en la Audiencia Nacional. Ahí esta parte del problema. El segundo problema es el reparto, sí, y eso lo compartimos, que ese reparto ha contaminado políticamente no solamente las decisiones del Consejo, sino también indirectamente las de las altas magistraturas. Le preguntaba a un magistrado recientemente que me explicara un poco cuál era el problema y por qué había derivado en esta situación, en todo este control conservador en el Supremo. Me lo explicaba de una manera sencilla. Me decía: Durante todos estos años, cada vez que el Partido Socialista tenía que elegir magistrados, elegía magistrados por su prestigio, por su bagaje y que habían adquirido ese bagaje a lo largo de los años, así que normalmente entraban muy mayores. Claro, se jubilaban pronto. En cambio, el Partido Popular cada vez que tenía que elegir un magistrado elegía magistrados y magistradas jóvenes en los cuales primaría más esa lealtad y que se jubilarán algún día, hoy lo hacen con setenta y dos años. Esto es, hay control conservador para rato. ¿Y ustedes creen que con esta propuesta se va conseguir la independencia judicial? Imposible, ese embrollo no se soluciona si no se toman medidas estructurales, globales, y por ello en el tiempo que me queda propondré algunas que puedan ir por esa vía de conseguir la independencia judicial. En primer lugar, creo que habría que prohibir las puertas giratorias; nada de límites de tiempo - de dos años o de diez años - para la vuelta de la política. No, aquel que pase de la justicia, en todos los ámbitos, ya sean jueces y juezas, fiscales, abogados y abogadas del Estado, que no pueda volver. Si pasan a la política, que ya no puedan volver. En segundo lugar, articular un sistema, como en otros Estados, en que se prime también la experiencia, aparte de los méritos. Ya sé que hay alguna vía para hacerlo, pero sería bueno reforzar la vía de los ámbitos del derecho, de gente que haya tenido experiencia en la abogacía, en la academia o en la fiscalía. En tercer lugar, sería necesario acabar con todas las jurisdicciones especiales como es la Audiencia Nacional, que no es una jurisdicción especializada, no. Ya lo conocemos bien en Euskal Herria - tenemos el caso de Altsasu - y también lo conocen bien en Cataluña ahora, porque a los CDR se les intenta juzgar por terrorismo. Hay que acabar con esos tribunales de excepción. Hay que acabar también con esos ascensos que no sean meramente basados en un rigor de valoración objetivo, por una asignación de puntos o como sea. Voy acabando, señora presidenta. Yo creo - y esta les va a gustar a los magistrados y magistradas - que se debe aumentar el sueldo de los magistrados. Ahora bien, por la misma vía se les debe prohibir que de manera remunerada den cursos, conferencias, en algunos casos en organizaciones y fundaciones de dudosa reputación, o también esta práctica, que es por todos y todas conocida, de preparar opositores en B, esto es, cobrando en mano. Creo que esto no se puede asumir.
Señor Iñarritu, tiene que terminar, por favor.
Voy acabando, señora presidenta. Creo que también hay que dar oportunidad a los jueces de que sigan con una formación continua obligatoria basada en criterios nacionales e internacionales de ideología variada. Y, cómo no, acabar con ese sistema de jueces de garantías e instructores a la vez. Tendría que haber unos jueces de garantías como los hay en otros modelos europeos. Por último - y acabo, señora presidenta -, también hay que crear un registro público de intereses de los jueces y fiscales y abogados del Estado - cualquier ciudadano tiene que tener acceso a ellos para ver si deben ser recusados o no, como ocurre con los diputados y diputadas - y se deben establecer mecanismos transparentes de turno en tribunales especiales como son la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, porque, qué casualidad, que vayan todos los casos al juzgado número 3 o al 6 en la Audiencia Nacional .
Señor Iñarritu, tiene que terminar. Este parche nos parece que no es la solución. No nos oponemos, sino que creemos que hay que acabar con la cloaca judicial y para ello hay que tomar medidas contundentes y serias; esto es, estructurales. Muchas gracias, señora presidenta, y perdone porque me haya alargado.
Gracias, señor Iñarritu. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición de ley con cambios muy relevantes en la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene como finalidad última la superación de hecho, que se da por demostrada, de la politización de la justicia y que tiene como su pecado original, también a su juicio, el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia judicial, y que se proyecta en las disputas en su seno para proceder a los nombramientos de libre designación de los cargos judiciales y que, a la postre, estos estarían sometidos a la voluntad de los partidos políticos a través de los vocales del Consejo que apoyaron su nombramiento. Si esto realmente fuera así, habría de sacarse la conclusión inevitable de que esos cargos judiciales nombrados por el procedimiento de libre designación actúan al designio de quienes les nombraron y que por ello no son independientes ni imparciales ni actúan con sumisión al imperio de la ley. Y siguiendo esta misma lógica discursiva y de razonamiento que da por incuestionable la politización de la justicia derivada básicamente del origen parlamentario de los nombramientos de la totalidad de los vocales, se reclama, entre otras medidas, también la supresión del llamado tercer turno de las salas de civil y penal de los tribunales superiores y la imposibilidad de retorno a la carrera judicial en el plazo de dos años de quienes hayan desempeñado cargos públicos. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco en este momento - adelanto - no tomará en consideración la iniciativa debatida. Los cambios propuestos son de tal trascendencia en el gobierno del Poder Judicial y en el Estatuto de jueces y magistrados que su planteamiento no puede hacerse como quien dispara en la oscuridad, sino tras la creación de una subcomisión de estudio en la Comisión Constitucional en la que se analice la realidad de la cuestión de fondo que anima cualquier debate en torno a la justicia en España. Y así, si se aborda la cuestión desde el juicio de actuación de los distintos tribunales de Justicia, prácticamente nadie niega, ni desde ámbitos profesionales ni mediáticos, que sean independientes con equivalencia a los de los países de nuestro entorno y de la Unión, o que no están sometidos al poder político ni a poderes sociales o que actúan de acuerdo a su entendimiento motivado del ordenamiento jurídico al que están sujetos. Sin embargo, si la cuestión se aborda desde la percepción que se transmite a través de los medios de comunicación, con la dificultad añadida de distinguir por la opinión pública entre el gobierno del Poder Judicial y los tribunales de Justicia, hay menos dudas en afirmar la politización de la justicia derivada, como ya hemos señalado, del origen parlamentario de la totalidad del Consejo, y de las también señaladas escenas de división vividas en su seno, imagen a la que también y de modo muy destacado hay que decir que se ha contribuido, aunque no por igual, desde los partidos políticos por el uso espurio de recurrir a procedimientos judiciales, principalmente penales y contencioso-administrativos, para atacar decisiones del adversario, o por la actitud recurrente de subsumir el ámbito de las responsabilidades políticas en las judiciales cuando son de naturaleza claramente diferenciadas, o por no ponerse de acuerdo en criterios de excelencia sobre los candidatos a órganos de relevancia constitucional, en concreto el Consejo General, o por continuar con los debates habidos en su seno, o por criticar sin fundamento jurídico decisiones de los tribunales. En cualquier caso, señorías, y después de estas consideraciones generales sobre lo que consideramos el fondo de la cuestión, sí adelantaré nuestra postura concreta sobre algunas de las cuestiones más debatidas que se tratan en la iniciativa. Así, respecto al nombramiento parlamentario de los vocales de extracción judicial, consideramos que no puede decirse que ello menoscaba la mayor garantía de su independencia cuando fue precisamente el constituyente en el informe de la ponencia quien desestimó el sistema dibujado en el anteproyecto de propuesta exclusivamente judicial por el de que lo estableciera una ley orgánica, cambio que posteriormente no fue modificado ni por el dictamen de la Comisión Constitucional ni por la Comisión Constitucional del Senado. Además, es el mismo Tribunal Constitucional el que niega que esta sea una exigencia constitucional, ni siquiera para el mejor cumplimiento constitucional, ya que no se deduce de la voluntad de los constituyentes ni del tenor del texto constitucional ni de la finalidad perseguida para este órgano por la Constitución ni desde la misma independencia judicial, ni tampoco el Consejo General es expresión del autogobierno del Poder Judicial entendido como el conjunto de jueces y magistrados. Lo único que señala la Constitución, según señala el Tribunal Constitucional respecto al Consejo General en sus funciones, es que es autónomo y que no está subordinado a los demás poderes. Por lo que concierne a la eliminación de buena parte de los actuales casi doscientos nombramientos judiciales de libre designación y que se realicen por concurso como el resto de los 5500 jueces y magistrados, hay que señalar que, a pesar de que la iniciativa califica de nombramientos discrecionales, es decir, sin sometimiento a regla alguna, esto no es así, ya que la libre designación está sometida al Reglamento 1/2010 y a la jurisprudencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo que se ha ido dictando en función del control judicial de los actos de nombramiento de libre designación del Consejo General y que ha limitado esa libertad de nombramiento basada inicialmente en la confianza para hacerla transitar a criterios de mérito y capacidad, que son los que hoy rigen junto al también confirmado de la procedencia de que el Consejo General disponga de un margen de decisión sobre la idoneidad o adecuación de los candidatos a la plaza a la que aspiran. Porque no se puede desconocer que un magnífico magistrado puede ser un pésimo gestor de un tribunal y que pueda también haber factores que no sean de mérito o capacidad, pero que deban ser tenidos en cuenta como, por ejemplo, llevar a las salas jurisdiccionales magistrados de distintas especialidades. En definitiva, el Tribunal Supremo, si bien ha acentuado la excelencia profesional, no ha considerado ni legal ni conveniente la privación al Consejo General de todo elemento valorativo de la idoneidad. Por falta de tiempo, no entraré en consideraciones sobre la eliminación del tercer turno ni en otras modificaciones legislativas. Consideramos que bastaría con aplicar las normas correctamente. Finalizo, presidenta. El Consejo es un órgano de dimensión constitucional y con indudable significación, y no resulta incoherente, desde los contrapesos de todo modelo constitucional y del Estado social y democrático de derecho, compensar el poder que se entrega a los jueces, que son la mayoría dentro del Consejo General, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria, que nuestro modelo - y no hay que olvidarlo - es compartido con la carrera judicial a través de las propuestas de los vocales judiciales...
Señor Legarda, tiene que terminar.
Sí, acabó ya. ... que elevan a las Cámaras para su nombramiento. Muchas gracias, presidenta y señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
Grazas, señora presidenta. Hace quince días debatíamos en esta Cámara una iniciativa del Partido Popular que demagógicamente pretendía garantizar la independencia de la justicia, en concreto, de la Fiscalía General. Digo demagógicamente porque el PP ha venido instrumentalizando la Fiscalía con fines políticos de forma permanente a lo largo de sus mandatos. Y podemos decir también una justicia con escasa o nula sensibilidad democrática que de forma sistemática privilegió la defensa a ultranza del régimen del 78 en su vertiente más reaccionaria y muy especialmente en lo que todos ustedes denominan la sagrada unidad de España, en eso están de acuerdo la proponente con el Partido Popular y con la ultraderecha de VOX. Decía usted que había que recuperar el espíritu de la Transición. ¡Vade retro! Porque, desde nuestro punto de vista, precisamente si algo explica esa justicia absolutamente reaccionaria es que la tan mitificada Transición no supuso una ruptura democrática con la Dictadura y posibilitó la continuidad de muchas estructuras del franquismo en el régimen del 78, especialmente en el ámbito judicial, con una justicia que no fue democratizada al final del franquismo. Recordaba en el anterior debate que el mejor ejemplo es el Tribunal de Orden Público franquista, que se acostó un 4 de enero de 1977 como tribunal represor franquista y se levantó el día 5 como Audiencia Nacional democrática. Hubo no sólo continuidad, sino una evidente reproducción ideológica reaccionaria, cuando no también biológica, que explica sentencias vergonzosas a lo largo de los últimos cuarenta años y hasta nuestros días; sentencias machistas, homófobas, represivas, contra la libertad de expresión, especialmente si se trataba de proteger a los Borbones corruptos. Pero también y sobre todo sentencias directamente políticas, como las dictadas contra el soberanismo y el independentismo de las naciones sin Estado, en Euskal Herria, en Cataluña o en Galiza. Como ejemplos recientes, en el caso de Galiza, el próximo mes de octubre serán juzgados en la Audiencia Nacional - recordemos, el antiguo top franquista - doce independentistas gallegos, una organización política y otra social que quieren ilegalizar como consecuencia de la llamada Operación Jaro, un montaje político-policial armado en el Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular por personas ahora implicadas en la Operación Kitchen. Y en los próximos meses seremos juzgados en el Tribunal Supremo diecisiete militantes del BNG denunciados por la familia Franco por reclamar algo que es de justicia, la devolución al pueblo gallego del Pazo de Meirás. Desde nuestra perspectiva - finalizo -, y a pesar de que denunciamos muchas veces que PP y PSOE llevan cuarenta años repartiéndose el Poder Judicial, no se trata de realizar cambios cosméticos, meros parches, como modificar el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que hay que hacer es democratizar la Administración de Justicia y adaptarla a la realidad plurinacional del Estado español. En Galiza, por ejemplo, sigue sin estar garantizado algo tan elemental como que los ciudadanos puedan relacionarse con la justicia en su propia lengua, una clara vulneración de los derechos lingüísticos que es vivida por muchas personas como una violencia más precisamente en momentos complejos. Por eso, para el BNG lo que hay que hacer es transferir la justicia a Galiza, no solo los medios materiales, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Galiza sea la última instancia judicial en nuestro país, sobre todo para que sea posible construir una Administración de Justicia galega, democrática y centrada en garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Obrigado.
Muchas gracias, señor Rego. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.
Señora presidenta, señorías, traen hoy una nueva proposición para reforzar la independencia judicial. Es obvio que le dan ustedes una gran importancia por cuanto no sale a defenderla el portavoz de Justicia de la formación, sino la jefa superior. Aciertan ustedes parcialmente en el diagnóstico, pero a mi juicio yerran completamente en la solución. Efectivamente, aciertan en el diagnóstico: la justicia española, el Poder Judicial, padece un gran problema a causa de la judicialización, como ustedes ponen de manifiesto y han denunciado los informes Greco desde el año 2013 de forma reiterada, pero omiten ustedes otros graves problemas que, conjuntamente con la politización, también aquejan al Poder Judicial. Uno de ellos es el sesgo ideológico extremadamente escorado hacia posiciones conservadoras o muy conservadoras. Si se quiere solucionar eso - y no me refiero ya solo a ustedes, sino especialmente a las bancadas de los grupos que dan soporte al Gobierno, que son quienes en realidad tienen capacidad de hacerlo -, lo primero que deberían hacer es reformar el sistema de acceso a la judicatura, un sistema de acceso excesivamente memorístico, un sistema de acceso que impide que puedan optar los juristas y las juristas de familias que no tienen los recursos suficientes para permitírselo, que los aísla del mundo durante tres, cuatro o cinco años que dura la oposición, los desocializa, lo que comporta luego una excesiva endogamia, un sentimiento de casta, de élite, que es absolutamente perjudicial. Para solucionar esto, deberían recuperarse, reforzarse los denostados tercero, cuarto y quinto turno, y reforzar el Poder Judicial con gente proveniente de profesiones jurídicas que han vivido la vida, que han visto los conflictos desde los dos lados de la barrera y que aportarían savia nueva al Poder Judicial. Otro de los problemas que aquejan de forma grave al Poder Judicial es la falta de control. Quis custodiet ipsos custodes? Cuando hay algún conflicto que afecta al Poder Judicial, ¿quién debe juzgarlo? El propio Poder Judicial. Ya que apelan ustedes al texto constitucional, apelemos a lo que dice el artículo 122 de la Constitución, pero no se queden solo en quién los nombra, porque eso es secundario. El artículo 122 dice que doce entre jueces y magistrados y los otros ocho, nombrados por Congreso y Senado, entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio. Está claro que los jueces y magistrados también pueden ser juristas de reconocido prestigio, pero es evidente que el espíritu constitucional era precisamente aportar al Gobierno del Poder Judicial esos abogados y profesionales jurídicos que, provenientes de otras profesiones, pudieran ejercer ese punto de fiscalización y control de un Poder Judicial excesivamente endogámico. Para finalizar el breve tiempo del que dispongo, si verdaderamente les preocupa tanto la independencia del Poder Judicial, lo tiene muy fácil, señora Arrimadas. Descuelgue el teléfono, llame al señor Casado y dígale: Hola, Pablo, soy Inés; como este tema nos preocupa mucho, te hago saber que si no desbloqueáis inmediatamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial nombrando a juristas independientes que no tengan ninguna contaminación partidista, vamos a dejar de daros apoyo en todos aquellos lugares en los que nuestros votos son necesarios para que mantengáis el Gobierno. Mire si sería fácil y efectivo. Moltes gràcies, senyora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Crespo. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
Gràcies, presidenta. Señorías, el Poder Judicial necesita algo más que una reforma. Los problemas de los que adolece el sistema son demasiados para ni siquiera nombrarlos en un debate de toma en consideración. Aun así, apuntaremos algunos de los que consideramos más graves, aunque la lista - como ya decíamos - es interminable. No vamos a ser nosotras quienes neguemos la falta de independencia judicial en el Estado español. ¿Pero cómo va a ser independiente el Poder Judicial si es heredero del franquismo? [[Rumores]] Sí, señorías, el Poder Judicial en España nunca hizo una transición para adaptarse a las exigencias de un Estado democrático. Ni transición democrática ni rendición de cuentas ni reparación de los procesos injustos o las sentencias arbitrarias del régimen fascista. Es más, el Poder Judicial ha demostrado ser el baluarte de los valores de un régimen muy diferente al democrático. Si no, ya me dirán ustedes cómo es posible que los crímenes cometidos durante el franquismo se estén investigando en Argentina. Pues porque en el Estado español - y, en concreto, en el Poder Judicial - todavía hay una connivencia con el régimen dictatorial y sus valores, lo que lleva no solo a no investigar, sino a perseguir a quien lo intenta. Uno de los grandes problemas del Poder Judicial en España es el sesgo ideológico que impregna todas sus actuaciones. Pero no estoy hablando de una ideología más progresista o más conservadora, sino de la ideología por excelencia, la que cohesiona y da sentido al régimen del 78 y que no es otra que la indisoluble unidad de la nación española. Las independentistas sabemos muy bien de lo que hablamos porque sufrimos en primera persona la causa general contra el independentismo y contra la disidencia política, una causa que se ha reprimido con gran entusiasmo por los estamentos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta el Ministerio Fiscal. Este sesgo ideológico es lo único que puede explicar por qué los jueces españoles siguen haciendo el ridículo a nivel internacional ignorando, entre otros, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas. Prefieren desacreditarse ante la comunidad internacional antes que renunciar a esta misión patriótica que tienen, que no es otra que la de salvar la unidad de España. Y aprovecho este momento para reivindicar una vez más la amnistía para nuestros presos polítics i exiliats y el ejercicio del derecho a la autodeterminación como solución política al conflicto. [[Aplausos]] Otro de los grandes problemas es el machismo en el Poder Judicial. [[Rumores]] A pesar de las incorporaciones masivas de las mujeres en las últimas promociones, estas siguen sin tener visibilidad en la cúpula judicial. Eso por no hablar de la falta de perspectiva feminista en el día a día de los juzgados y las formas de las resoluciones judiciales. ¿Cómo olvidar casos como el de La Manada? Lo hemos dicho siempre, La Manada no es un caso aislado, es el sistema patriarcal, un sistema que hoy en día el Poder Judicial aún apuntala en vez de combatirlo. Dicho esto, nosotras estamos de acuerdo con que, por ejemplo, el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial es en la actualidad muy disfuncional. Es de sobra conocido que el sistema de elección ha degenerado en un repartimiento de los miembros en función de su identificación partidista entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero, sinceramente, nosotras no pensamos que esto vaya a terminar con una reforma del sistema de elección ni del régimen de retribuciones ni de otras modificaciones menores. Cuando las estructuras mismas están corrompidas el sistema de elección poco va a poder contribuir al refuerzo de la independencia judicial. Hay que ir a la raíz del problema y nosotras pensamos que esta proposición de ley no va a la raíz, sino que intenta maquillar un sistema judicial cuyos problemas son estructurales y no coyunturales de uno u otro momento político determinado. Por eso nosotras vamos a votar en contra de esta iniciativa y, si pasa el trámite de toma en consideración, ya profundizaremos en nuestras discrepancias. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Telechea. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Santiago Romero.
Gracias, señora presidenta. Dos años hace que al Consejo General del Poder Judicial le venció el mandato y desde entonces el Partido Popular, Ciudadanos y VOX han bloqueado su renovación. Es la mayor degradación del Estado de derecho ocurrida desde hace años y la señora Arrimadas no ha dicho ni una palabra desde esta tribuna. Igual que manifestó la señora Arrimadas en septiembre, el señor Bal anunció en julio que bloquearía la renovación salvo que se aprobara esta reforma que nos traen, y en septiembre anunciaba que bloquearía cualquier acuerdo en el que interviniera Unidas Podemos entre otras fuerzas. Con este chantaje o bloqueo a la renovación del órgano judicial, Ciudadanos, igual que el Partido Popular y VOX, repite la actitud de los Gobiernos más autoritarios de la Unión Europea, Hungría o Polonia, que se han apropiado del órgano de Gobierno de los jueces según sus intereses partidistas y políticos. Al impedir que ambas Cámaras cumplan con su obligación constitucional de renovación del Consejo, están atacando la independencia judicial. Muestran un inmenso desprecio a los principios constitucionales de justicia e igualdad, justifican el bloqueo a la renovación del Consejo por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y, así, desprecian los derechos políticos de millones de votantes de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Ciudadanos, Partido Popular y VOX no respetan el principio de igualdad. Igual segregan los barrios y ciudades de la clase trabajadora al confinar en Madrid a aquellos a los que previamente han negado la adecuada atención primaria, educativa, transporte y rastreadores, que defienden un supuesto derecho a participar en las instituciones exclusivamente a los electores que votan a los partidos de derecha o de extrema derecha. Negar el derecho a gobernar, a participar, a elegir a los que votan otras opciones es una actitud sediciosa. [[Rumores]] Sí, señorías, es sediciosa. Su proposición de ley pretende ocultar el bloqueo que mantienen a la renovación del Consejo por intereses políticos y partidarios. Con esta proposición de ley se blanquean y blanquean a sus socios de la derecha extrema del Partido Popular y de la extrema derecha de VOX, disimulando que no tienen más política que quedarse el Consejo General del Poder Judicial. Proponen un sistema de elección de órganos de gobierno del Poder Judicial corporativo, endogámico, sin legitimidad democrática ni representatividad, y como ejemplo el procedimiento de elección de los presidentes de los tribunales que proponen, que hace desaparecer los escasos mecanismos que existen hoy en la ley para que la voluntad popular sea considerada en la designación de los altos tribunales de las comunidades autónomas, y hacen más restrictivo aún el acceso al Tribunal Supremo del turno de juristas de reconocida competencia. Proponen un modelo de órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado incompatible con los valores democráticos, eliminando cualquier intervención de la voluntad popular. Por ello, no vamos a apoyar su proposición y les vamos a recordar lo que afirmaba Montesquieu en El espíritu de las leyes, que la libertad es la facultad de elegir a quién se debe obedecer. El Poder Judicial tiene legitimidad si responde a principios democráticos, si la sociedad participa en su elección. ¿Cómo se les ocurre proponer que sea el Poder Judicial quien elija al Poder Judicial? Señora Arrimadas, ¿van a proponer que el Legislativo elija el siguiente Parlamento? ¿O van a proponer que los ministros elijan el siguiente Consejo de Ministros? Propuestas como estas impiden que la soberanía popular sea tenida en cuenta en la elección de los órganos constitucionales. En un país democrático las instituciones no son apolíticas, apolíticas son las dictaduras. El Poder Legislativo claro que tiene una orientación política, la que ha decidido el pueblo español yendo a las urnas, y eso hay que respetarlo. La designación de jueces por el Ejecutivo en el caso estadounidense, señora Arrimadas, o del Gobierno de los jueces por el Legislativo, como es el caso español, no impide que los elegidos ejerzan con libertad de conciencia y de principios, en concreto, respecto a las funciones propias del Consejo General del Poder Judicial. El corporativismo que proponen no es ni neutralidad ni despolitización de las instituciones, es una opción política más, es una ideología y una ideología con trágicas consecuencias en la historia. Recuerden el modelo del Estado corporativo italiano de Mussolini o - no hace falta irse tan lejos - las Cortes corporativas de Franco. Ese modelo no es propio de una democracia, no tiene ningún reconocimiento en la Constitución de 1978 ni en ninguna constitución democrática. En ningún país de nuestro ámbito se eligen los órganos de gobierno del Poder Judicial por los propios jueces, sino que intervienen los poderes Legislativo, Ejecutivo o ambos, así es en Francia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, incluso en votación directa popular en este último caso. Queremos la más amplia participación de los electores en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Si las tres derechas se empeñan en bloquear la renovación del Consejo parasitando el actual requisito de mayoría de tres quintos, proponemos una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en estricta aplicación del artículo 122 de la Constitución. Este artículo solo exige mayoría de tres quintos en el Congreso para elegir a los juristas de reconocido prestigio que conforman el Consejo General, como ocurre con otros órganos institucionales, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Acordemos que el consejo cese en sus funciones el día que venza su mandato de cinco años, fecha en la que deberá ser elegido el consejo siguiente. Acordemos que no pueda efectuarse nombramiento por un consejo con el mandato vencido y que los nombramientos efectuados tras su vencimiento sean ratificados por el consejo entrante. Ojalá que estas reformas pueden ser retroactivas y se apliquen respecto a cualquier consejo que tenga vencido su mandato porque el grado de cumplimiento de los deberes y obligaciones constitucionales es un parámetro que mide la salud democrática de un país y ningún partido que presuma de respetar y defender los principios democráticos puede negarse a renovar los órganos constitucionales una vez vencido el mandato, según lo establecido en la Constitución. De ustedes también depende, señora Arrimadas, que se cumpla la Constitución, que finalice el secuestro del Poder Judicial organizado por las derechas. Sean serios, cesen en su apropiación del Consejo General del Poder Judicial. [[Aplausos]]
Gracias, señor Santiago. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora presidente. En 1748, un prestigioso jurista francés, Montesquieu, desarrolló un tratado de derecho político y comparado denominado El espíritu de las leyes, en el que demostró que la división de poderes y la independencia del Poder Judicial eran la mejor garantía para luchar contra el despotismo y el totalitarismo del poder político. Esto fue asumido por la mayoría de las democracias constitucionales, pero también fue recogido en nuestra Constitución de 1978, en su artículo 117, sobre la independencia del Poder Judicial, y en el artículo 122, sobre la conformación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, y así fue desarrollado en aquella primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980. Pero tuvimos que esperar tan solo cinco años para que un vicepresidente del Gobierno socialista sentenciase: Montesquieu ha muerto. A partir de entonces, derogó la Ley de 1980 y decidió que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial iban a ser nombrados por los políticos, o sea, por el Congreso de los Diputados y por el Senado. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia un año después, en 1986, llamando la atención sobre el riesgo que suponía esto contra la independencia judicial y, por tanto, contra uno de los principios básicos de la democracia. Hubo de esperarse hasta el año 2001, donde únicamente se hizo un maquillaje de la ley y se dijo que a partir de entonces seguirían siendo los políticos, pero al menos las asociaciones de jueces y magistrados podrían proponerles treinta y seis candidatos, si bien ellos, los políticos, serían los que seguirían eligiendo. Puro maquillaje. Hasta hoy, 2020, en que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tanto monta, monta tanto, con la ayuda de sus socios, no han hecho otra cosa que mantener un sistema viciado de injerencia política en el Poder Judicial que ha llevado a terminar con la independencia del gobierno de los jueces y de las más altas magistraturas. Pero es de justicia romper una lanza por esa inmensa mayoría de jueces y magistrados que, a pesar de las presiones, siguen siendo jueces independientes, no así su órgano de gobierno, no así las principales magistraturas, salas del Tribunal Supremo, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional. Hoy, en 2020, un juez brillante, un juez con capacidad, un juez con experiencia y con antigüedad en su carrera judicial choca contra un techo de cristal blindado por los políticos porque si no está asociado, si no está politizado, si no va de la mano de un partido político, su carrera judicial nunca llegará hasta las más altas magistraturas. Las proposiciones de VOX han luchado no solo por la independencia, sino también por la necesidad de que tenga la mayor profesionalidad, basada en el mérito, en la capacidad, basada en la experiencia, con medios humanos y materiales suficientes, con procesos judiciales ágiles y con una retribución justa. Esto es lo que le haría ser un Poder Judicial rápido, eficaz e independiente. Ciudadanos nos presenta una proposición que, ya les adelantamos, vamos a votar afirmativamente porque es coherente con lo que venimos defendiendo y también porque queremos mejorarla a través de las correspondientes enmiendas en fase de Comisión. Desde que se aprobó la Constitución o, mejor dicho, desde la ley de 1985, el panorama de la justicia española en cuanto al nombramiento de los órganos de dirección de los jueces lo podríamos calificar como un auténtico círculo vicioso, un círculo como este. [[Muestra un dibujo]] Ustedes y todos los españoles pueden ver aquí que los políticos eligen el Consejo General del Poder Judicial ?¿lo ven??; a continuación, este elige a los magistrados, a las altas magistraturas, que son las que luego, mediante los aforamientos, juzgan a esos mismos políticos. Por tanto, la independencia muere y queda dependiente de los partidos políticos. [[Aplausos]] Esta es la realidad que venimos soportando en España desde hace muchas décadas. El 4 de diciembre del 2018 venció el actual Consejo General del Poder Judicial, han pasado casi dos años y algunos claman: ¡consenso constitucional!, ¡altura de Estado!, ¡los acuerdos de Estado! Falso. De lo que están hablando es de un indigno reparto político de las magistraturas más altas del Poder Judicial y de su órgano de gobierno. Si alguno tuviera dudas, vamos a recordar alguna cuestión. ¿Se acuerdan de Ignacio Cosidó, el que era el portavoz del Partido Popular en el Senado? Pues en el wasap que mandó a los senadores dijo cosas tales como 'con la negociación, el PP tiene ahora nueve vocales más el presidente ..., de esta manera controlaremos la Sala Segunda por detrás y, además, presidiremos la Sala del 61'. Les recuerdo que la Sala Penal es la que juzga precisamente a los aforados diputados y senadores y la del 61 la que sirve para ilegalizar a partidos, por ejemplo proetarras o separatistas-golpistas. Les podría recordar las noticias de hace muy pocos días, los wasaps entre Pablo Casado y Pedro Sánchez viendo cómo se repartían los cromos del Consejo General, o las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Navajas, sobre cómo hay que archivar, por órdenes de la fiscal general del Estado, todas las querellas contra el Gobierno. Voy terminando. Seguro que todos recuerdan cuando aquel Pedro Sánchez, en ese alarde de hipocresía con la que se dirige a los españoles, le pregunta a un periodista: '¿De quién depende la Fiscalía General del Estado?' Y el periodista contesta: 'Del Gobierno'. Y él dice: 'Pues ya está'. Desde este Grupo Parlamentario VOX, tercera fuerza política en España, yo me dirijo al Partido Popular y al Partido Socialista, al Partido Socialista y al Partido Popular, y a todos sus socios y correligionarios en estas últimas décadas y les pregunto: ¿De quién depende la elección del órgano de gobierno de los jueces, de quién dependen las altas magistraturas de la justicia? Pues ya está. [[Aplausos]]
Gracias, señor Ortega. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Uriarte.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Popular va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Ciudadanos. La principal reforma que ustedes proponen, es decir, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, coincide plenamente con la que proponemos nosotros. También pensamos que esta reforma contribuirá a la mejora de la independencia del Poder Judicial. Estamos en desacuerdo con algunas de las otras reformas que ustedes incluyen, pero estamos seguros de que tendremos oportunidad de debatir sobre ellas en el momento correspondiente. Eso sí, señora Arrimadas, no estamos de acuerdo con algunos de los argumentos que usted ha usado hoy y, sobre todo, con esa deslegitimación que usted ha hecho de todo el Consejo General del Poder Judicial hasta nuestros días, una deslegitimación en la que usted ha hablado de repartirse a jueces y magistrados por parte de los viejos partidos, lo que creemos, señora Arrimadas, es un ataque también a todos los jueces y magistrados. No lo compartimos, y tampoco compartimos su referencia a corruptelas, robos y etcétera que ha mencionado. Tampoco compartimos, señor Ortega, el cuestionamiento radical que usted ha hecho de la independencia judicial hasta el día de hoy. Lamentamos, señor Ortega, que haya comprado usted la manipulación del Gobierno con aquello de los wasaps, esto en lo que el Gobierno ha mentido, y lamentamos que usted haya comprado esa mentira. [[Aplausos]] Señorías, quiero recordar que es importante en este debate que el sistema vigente es plenamente constitucional, como ratificó el propio Tribunal Constitucional en sentencia de noviembre de 2016. Pero, señorías, lo que no es constitucional es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos, un Gobierno que en las últimas semanas sin embargo no para de invocar a la Constitución, cuando nos conmina a nosotros, al Grupo Popular, a negociar con ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Señorías de la bancada de la izquierda y de la extrema izquierda, cuando ustedes mientan la Constitución, ¿saben a quién me recuerdan? Al señor Iglesias, al vicepresidente de este Gobierno, comunista confeso, invocando el artículo 128 de la Constitución. Y yo recordando inmediatamente, señorías, a Hugo Chávez diciendo: Exprópiese. [[Aplausos]] Este mismo sábado Pedro Sánchez, en un programa de televisión, dijo que hay que ser constitucionalista a tiempo completo y que ustedes tienen un fuerte compromiso con la Constitución. Pero, señorías, ¿a ustedes les parece que es constitucionalista y que es un compromiso constitucional un Gobierno en el cual el vicepresidente y varios de sus ministros quieren acabar con la monarquía parlamentaria, y sustituirla por la república federal o confederal? ¿Les parece a ustedes, señorías de la bancada socialista, que es constitucional un Gobierno cuyo vicepresidente es un comunista confeso y también varios de los ministros? ¿Pero a ustedes les parece compromiso constitucional defender los totalitarismos comunistas? [[Aplausos]] ¿Eso es compromiso constitucional? Por cierto, es sorprendente escuchar aquí al señor Santiago, también comunista, hablando de degradación de la democracia. Increíble. Y ustedes, señores de la bancada de la izquierda y de la extrema izquierda, ¿creen que es compromiso constitucional pactar con Bildu, un partido que sigue sin condenar los atentados de ETA? [[aplausos]]; mejor dicho, ¿que siguen justificándolos? ¿Ustedes llaman compromiso constitucional a su pacto con Bildu para acercar a los presos? ¿Le llaman compromiso constitucional a pactar con Bildu y proponer una ley de memoria democrática para condenar el franquismo, mientras se siguen sin resolver casi cuatrocientos asesinatos de ETA? [[Aplausos]] Señorías, como bien les ha pedido el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor Trimiño, dejen de blanquear a Bildu. Estoy segura de que la inmensa mayoría de los votantes socialistas está de acuerdo. ¿Llaman ustedes compromiso constitucional, señorías de la izquierda y de la extrema izquierda, a esa mesa de negociación con los independentistas catalanes para negociar amnistía y autodeterminación? ¿Negociar el artículo 2 de la Constitución, la unidad de España, es constitucional? ¿Y negociar ese artículo 2, saltándose además el artículo 1, de la soberanía nacional, con una mesa extraparlamentaria es constitucional? Dejen de mentir sobre esa mesa, porque el propio portavoz de Esquerra Republicana, a no ser que nos diga hoy que estamos mintiendo, ha dicho varias veces y ha ratificado que ustedes en esa mesa están negociando autodeterminación y amnistía. De hecho, sobre la amnistía, ustedes ya la han puesto en marcha. Este fin de semana la prensa catalana nos ha contado con todo detalle que ustedes están haciendo una reforma exprés de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para rebajar las penas y aplicarlas retroactivamente. Es decir, que ustedes, señorías de la izquierda y de la extrema izquierda, se proponen dejar sin efecto nada más y nada menos que las sentencias del Tribunal Supremo, y además se proponen dejarlas sin efecto para delincuentes que están repitiendo, para quien lo quiera escuchar, que van a volver a cometer esos delitos. ¿Eso les parece a ustedes compromiso constitucional? Señorías de la bancada de la izquierda y de la extrema izquierda, dejen ustedes de invocar la Constitución para conminarnos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque cada vez que ustedes invocan la Constitución nosotros nos acordamos de su vicepresidente comunista invocando el 128 y de Chaves diciendo: exprópiese. [[Rumores]] Rompan ustedes, señorías de la bancada socialista, con la extrema izquierda que dicta ahora su penosa relación con la Constitución, acaben con esa indigna e inconstitucional mesa con los independentistas catalanes, renuncien a esta escandalosa amnistía para los delincuentes que están preparando.
Señora Uriarte, tiene que terminar.
Dejen de blanquear a Bildu y vuelvan ustedes de verdad al compromiso constitucional, a ese compromiso constitucional que ustedes lamentablemente abandonaron desde que les lidera el señor Sánchez. Vuelvan al compromiso constitucional en todos los terrenos, y súmense también desde hoy a esta reforma del Poder Judicial. [[Aplausos]]
Gracias, señora Uriarte. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Leal Fernández.
Gracias, presidenta. Señora Arrimadas, se queja usted de que otros politizan la justicia. El discurso que usted acaba de hacer en esta tribuna es, como poco, de todo menos jurídico. Señora Uriarte, dejen ustedes de invocar la Constitución y limítense a cumplirla. [[Aplausos]] Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos parece plantear su modelo de justicia con cambios que en último término afectan al propio diseño de la carrera judicial. Pero permitan que intente resumir en pocas palabras el espíritu de su iniciativa. Ciudadanos nos dice que el procedimiento de elección de los miembros del Consejo ha afectado a la independencia judicial, incluso la ha socavado como consecuencia de una supuesta politización del órgano de gobierno de los jueces. No es novedoso este argumento ni es, en nuestra opinión, aceptable ni cierto. Fue planteado en el debate constitucional del artículo 122, y se reprodujo en la tramitación y aprobación de la ley orgánica en 1985. Les recomiendo la lectura de aquellos Diarios de Sesiones porque ilustran lo vetustas que son algunas de las razones que hoy vuelven, presentándolas como novedosas. Nuestra justicia y los profesionales que la imparten, el Poder Judicial en España, son independientes y, desde luego, esa independencia no se cuestiona ni se debilita porque sean el Congreso y el Senado los que participen en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Se cuestiona la independencia de la justicia por la participación del Parlamento, denigrando a eso que ustedes denominan los políticos, ustedes, señores y señoras, ustedes. Tiene el actual sistema - un modelo como el de países de nuestro entorno europeos e incluso el norteamericano - una doble legitimación. En nuestro caso, la designación parlamentaria compartida - no lo olviden, compartida - con la propuesta que hace la propia carrera judicial. Porque, señorías, es buena la pedagogía de explicar esta doble legitimación. Son los jueces los que proponen y, de entre los propuestos, el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional, participan de esa legitimación para elegir a los mejores. Me detendré en algunas de las propuestas que hace Ciudadanos, comenzando, precisamente, por eso que denominan la elección por los jueces del órgano de gobierno de los jueces. No compartimos el sistema de elección propuesto, en la medida en que determina una concepción corporativa y sin legitimidad democrática del Poder Judicial y de su gobierno. [[Aplausos]] No compartimos sus propuestas en la elección de los órganos colegiados y tribunales superiores de justicia. Marcan ustedes una carrera horizontal, de promoción vertical, que no tiene en cuenta ni siquiera las propias peculiaridades de la carrera judicial. Diseñan un modelo que entrañaría una carrera judicial cerrada en sí misma y carente de cualquier representatividad democrática. Restringen sin justificación aparente la vía de acceso al Tribunal Supremo para el turno de juristas de reconocida competencia, elevando sin fundamento de quince a veinte años los necesarios para ingresar, y restringen, por último, incluso los derechos fundamentales de jueces y juezas al impedirles, como cualquier ciudadano, la entrada y la participación en la vida política, vulnerando derechos fundamentales. Por esto y por otras razones, creemos que este no es el camino adecuado y, de ahí, la posición desfavorable del Grupo Parlamentario Socialista a la tramitación de esta proposición de ley. Reitero las palabras del actual ministro de Justicia en este hemiciclo, en un debate del año 2016 con parecidos planteamientos del Grupo Parlamentario Ciudadanos. No distinguen, señorías - les decía don Juan Carlos Campo -, lo que deben ser reformas de la justicia de reformas en la justicia. Con respeto se lo digo, señora Arrimadas, con respeto se lo digo, se equivocan con la confusión de la corrupción, de cuestionar la independencia judicial y la elección de los miembros del Consejo. No compartimos las afirmaciones que ponen en cuestión o presuponen esa falta de independencia precisamente por la participación del Parlamento. Hay un órgano de gobierno con rango constitucional que vela, entre otras cosas, por la independencia de los jueces, pero el Poder Judicial, señora Arrimadas, no es un poder concentrado en un solo órgano, sino que se ejerce por cada uno de los jueces y juezas que son totalmente independientes cuando resuelven sus asuntos, aplicando las leyes, interpretándolas y actuando con su propia conciencia, sin tener otras tutelas en sus resoluciones. Precisamente la independencia de los jueces, la garantía de su libertad es todavía más poderosa porque el Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo, donde estamos sus legítimos representantes, participa en la elección del Consejo. Esta es nuestra concepción de la democracia y de la justicia, que responde al modelo constitucional con el cual se identifica el Grupo Socialista y que ustedes cuestionan; una concepción que tiende a hacer efectivo precisamente el artículo 117 de la propia Constitución, que asegura que la justicia emana del pueblo. Y esta es la doctrina reiterada que mantiene el Tribunal Constitucional. No es el modelo lo que falla, sino la gestión del mismo. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato finalizó hace dos años, un consejo que no debería hacer nombramientos mientras permanece en funciones. No necesito recordarles, señorías, las consecuencias de la paralización, de este bloqueo. Es una renovación necesaria que no puede estar supeditada a condiciones que oculten intereses espurios. Al Grupo Popular le pido responsabilidad para derribar el muro del bloqueo que han levantado con actitudes mezquinas, porque respeto merecen la ciudadanía, la justicia y el propio Consejo. Poner la justicia donde le corresponde, en el frontispicio de la Constitución, se consigue con el respeto y el cumplimiento de todos y cada uno de sus artículos, no intentando denigrar a las instituciones al tratarlas como algo a su servicio y en beneficio propio para tapar sus propias vergüenzas. Quiero reiterar, por último, presidenta, las palabras manifestadas por el ministro de Justicia: busquemos el diálogo reforzado en el ámbito parlamentario, y potenciemos los acuerdos necesarios para perfeccionar el modelo de gestión y llevar a cabo las necesarias modificaciones y mejoras de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese camino del entendimiento nos encontrarán seguro. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Leal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
Buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría empezar enviando un abrazo afectuoso a mi compañera y amiga, la diputada María Carvalho Dantas. Ella debería, después de un arduo trabajo, estar hoy aquí defendiendo esta proposición no de ley, pero por motivos de salud no puede. Desde aquí le mandamos un afectuoso abrazo. Yo hoy simplemente seré su voz que, a la vez, es la voz de todas las plataformas que están en esta noble lucha y noble causa. Este documento que leeré tal cual ha sido redactado íntegramente por el movimiento estatal #RegularizaciónYa. Nosotros, repito, simplemente seremos hoy caja de resonancia de esta proposición no de ley por la regularización sin condiciones de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular. Esta PNL es el resultado del trabajo iniciado hace meses, hace años por el movimiento, junto con la Coordinadora Obrim Fronteres y el apoyo de hasta ocho fuerzas políticas. Estamos hoy, pues, dando un paso inédito y decidido en favor de la protección de nuestros derechos. Desde el inicio de la pandemia hemos visto con estupor, dolor e indignación la absoluta falta de atención hacia la situación de nuestras hermanas y hermanos en situación administrativa irregular; hemos atestiguado muertes evitables debidas a la condición simplemente de irregularidad. La expresión más extrema de un Estado que se beneficia del aporte de los migrantes, como ha señalado el propio Defensor del Pueblo en su informe del año 2019, y que, sin embargo, no brinda un marco de derechos que los ampare. La COVID-19 no nos ha afectado a todas por igual, la desigualdad y la pobreza se han recrudecido; con la pandemia, las medidas adoptadas en el contexto de esta crisis han hecho más vulnerables a quienes están en situación irregular. Este ha sido el resultado de decisiones políticas en un marco normativo de extranjería ineficiente, con implicaciones negativas para la vida, salud y perspectivas de futuro de las personas migrantes en situación irregular, que han incrementado exponencialmente su exposición a la explotación laboral y sexual y a la violencia machista y racista. Desatender la situación de salud de colectivos solo y exclusivamente por su condición administrativa constituye discriminación, y atenta contra la propia salud pública. No podemos mirar hacia otro lado para hablar de racismo ni podemos decir ni afirmar que España tiene una legislación antirracista cuando al menos 600 000 personas no existen, literalmente no existen para este Estado, tal y como demuestra la ausencia de medidas y la discriminación en el acceso a recursos de protección ante la COVID-19, como es el caso del ingreso mínimo vital. En el Estado español las vidas migrantes también deben importar. El movimiento #RegularizaciónYa y los colectivos que lo conformamos no estamos de acuerdo en que se nos distinga a las personas migrantes en categorías o con diferente estatus de derechos, según los sectores laborales que ocupamos o según nuestra situación vital. Es necesario, pues, nivelar desde ya las condiciones de partida para todas las personas sin exclusión. [[El señor]] Esta propuesta no de ley no solo aboga por una regularización sin condiciones para las personas en situación irregular, sino que también en sus trece medidas - trece medidas - insta a que el Gobierno responda de una vez por todas - aunque de manera tardía -, por la responsabilidad y altura ética que se le atribuye en sus funciones, ante situaciones sangrantes como las condiciones en los centros de estancia temporal de inmigrantes, CETI, la violencia contra las y los menores no acompañados, el maltrato y desatención a las personas solicitantes de asilo y la constante denegación de sus solicitudes, así como el nefasto funcionamiento del sistema de atención de extranjería que, debido a su falta de recursos y excesiva burocracia, alimenta sin límite la corrupción y crea sistemáticamente situaciones de irregularidad sobrevenida. El Estado español, señorías, debe estar a la altura de sus obligaciones y compromisos internacionales, como los derivados de los tratados internacionales de derechos humanos, la Agenda 2030 y su propia Constitución. Las personas migrantes ya formamos parte de este país, somos conscientes de los desafíos que la pandemia supone para esta sociedad, y estamos siendo parte y queremos ser parte de la respuesta; queremos sumar en condiciones de equidad, porque nuestro bienestar es también el bienestar de nuestras familias, aquí y en nuestros países, y también para el conjunto de la sociedad española. Esta Cámara tiene hoy la oportunidad histórica de dar un paso adelante en la inclusión real y justa que nos permita salir en común de esta crisis. Regularización ya, inmediata, sin condiciones y permanente para todas las personas en situación irregular que se encuentran hoy en el Estado español. Movimiento estatal #RegularizaciónYa 2020. Señorías, esto ya es mío. Si algo vale la pena para que dejemos atrás o a un lado nuestras diferencias, es esto; es esto. Por favor, hagámoslo. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
Señor presidente, arratsalde on. Esta PNL para la regularización de las personas migrantes recoge de manera amplia la realidad que estas mujeres y hombres están viviendo en el Estado español, y compartimos de manera rotunda lo que en ella se defiende. Llevamos meses denunciando que la situación de emergencia generada por la pandemia del COVID-19 ha dejado en desamparo a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, ya que son los colectivos más precarizados quienes sufren las consecuencias de esta emergencia en mayor medida. Entre estos sectores están las personas migrantes en situación administrativa irregular, los menores sin referentes adultos, tanto institucionalizados como no, por encontrarse en situaciones sociales más desfavorecidas, por citar algunos de los ejemplos. Hace quince días recordábamos la situación de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y trabajadoras de los cuidados, y vuelvo a referirme a ellas porque han estado en primera línea aguantando muchas en una situación de semiesclavitud y secuestradas. A todas ellas les debemos la dignidad. Esta sociedad debe recompensar su labor legalizando su situación y haciéndolas visibles, regularizar a estas mujeres que han estado aportando como las que más, pero que se les sigue limitando por cuestión de origen. En la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra se ha hablado de que los sistemas de salud han aguantado el envite del COVID con buena nota, gracias, según se dice, a un buen sistema. Nadie nombra a las miles de mujeres en su mayoría en situación irregular que han cuidado de nuestros abuelos y abuelas, de las personas con necesidades especiales, de las personas enfermas que se han mantenido en sus hogares cuidadas por mujeres inmigrantes las veinticuatro horas del día, y que no han acudido ni a atención primaria ni a atención hospitalaria. No podemos mirar a otro lado y seguir normalizando esta situación, porque ética y moralmente es insostenible. Instamos al Gobierno a regularizar temporalmente con efectos inmediatos y con opción de prórroga a todas las personas que se encuentran en situación irregular administrativa en el Estado español. La Ley de Extranjería es el puntal de las políticas migratorias estatales, y nunca tiene en cuenta los cambios que se producen en la sociedad. Es la que lleva a situaciones de precariedad, exclusión, pobreza y continuas vulneraciones de derechos humanos. Por lo tanto, esta situación de crisis también deja completamente desamparadas a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Esta ley hace de las personas migrantes sujetos de no derecho, abocadas al trabajo en la economía sumergida, con la amenaza permanente de expulsión, de no poder optar a un empleo formal o alquilar una vivienda. Por lo tanto, exigimos la derogación de la Ley de Extranjería, porque es cuestión de derechos humanos. Todas las personas deben tener todos los derechos. Por lo tanto, la regularización debe ser una cuestión de derechos humanos y no de utilitarismo económico. Por ello, denunciamos que la flexibilización de manera temporal en la contratación de trabajadores y trabajadoras en algunos sectores pueda servir de cobertura para mantener unas condiciones laborales de explotación y vulneración de derechos. Desde una perspectiva soberanista y solidaria, reivindicamos competencias e instrumentos para disponer de unas políticas migratorias propias y justas, que garanticen los derechos que la legalidad española vulnera y poder ejercer como pueblo de acogida que somos. En este sentido, creemos necesario vincular la ciudadanía plena a la residencia a través del empadronamiento, con el objetivo de superar las imposiciones estatales restrictivas y vulneradoras de derechos; asumir competencias también para la regularización de los procedimientos de autorización de residencia y trabajo de las personas migrantes; descentralizar, legislar y agilizar el sistema de acogida para atender las necesidades básicas de las personas que llegan a nuestro territorio, incluido el rescate marítimo. Euskal Herria quiere ser un país de acogida y, como país, queremos responder a las personas que han llegado y a las que llegarán a nuestro pueblo. Pero para poder responder como país, es fundamental contar con herramientas y competencias para disponer de nuestras propias políticas migratorias. Disponer de soberanía nos permitiría aplicar unas políticas humanitarias y solidarias que hoy nos niegan los Estados y la Unión Europea. Por tanto, incorporar los derechos de las personas migrantes y refugiadas junto a los de nuestro pueblo será el camino a recorrer siempre de la mano de los colectivos y personas protagonistas para la defensa activa de los derechos vinculados a la ciudadanía universal, un valor compartido en mi país desde hace mucho tiempo. Vascos y vascas somos todas aquellas personas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, todas. Y sí, todos ellos, vascos y vascas, deberíamos contar con los mismos derechos, porque aspiramos a vivir en un país que acoja a quien viene a vivirlo y a trabajarlo, que reconozca y vele por sus derechos, porque también las vascos y las vascas fuimos inmigrantes, también fuimos a otros países, a otras sociedades...
Señoría, debe terminar.
... a construir una vida y sabemos lo que es. Por eso, hoy la ciudadanía vasca es solidaria. Por eso, hoy Euskal Herria es un país de acogida, porque aspiramos a construirlo con todas ellas, a construir un país diverso, libre y con derechos para todos y para todas, para todas las personas. Beti izango zarete ongi etorriak. Mila esker. [[Aplausos]]
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una iniciativa del Grupo Republicano que pretende, o mejor dicho pretendía antes de su enmienda a la totalidad, la regularización de personas inmigrantes del ámbito sanitario, de los cuidados y agrario. Esta, que parece una iniciativa loable y llena de buenas intenciones, debe regularse con seriedad, con humanidad y sobre todo sin oportunismo. En ese sentido van las tres enmiendas que nosotros hemos presentado. Por un lado, el formato propio de la iniciativa en forma de proposición no de ley carece de la entidad suficiente para obligar al Gobierno a actuar, a hacerla efectiva. Todos sabemos que es meramente una declaración de intenciones. Por otro lado, lo que intenta regular tiene que adecuarse a lo establecido en las normas estatales, como la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, y al Real Decreto 557/2011, que regula el Reglamento de derechos y libertades de los extranjeros en España, por lo que echamos de menos un poco más de concreción en las propuestas, al menos en el texto inicial. Se habla en la exposición de motivos de situaciones reales - que compartimos -, pero más adelante, en la parte dispositiva del texto original, incluyen, en primer lugar, una homologación y una regularización masiva de las titulaciones relativas a medicina, a odontología y a enfermería, e incluso los ciclos formativos de todas estas áreas. En nuestra opinión, es bastante arriesgado y puede ser hasta contraproducente homologar titulaciones expedidas en países solo con una declaración responsable, sin ninguna garantía más y, además, sin otros requisitos imprescindibles para otorgar capacitación profesional en el ámbito sanitario. Este es el ámbito más sensible ahora mismo de nuestro mundo profesional. Sabemos sobradamente cuál es la situación de nuestros profesionales sanitarios, muchos de ellos saturadísimos por su carga de trabajo, con nóminas y contratos injustos y con un elevado riesgo de enfermar por el tratamiento de los pacientes. No en vano, España tiene el índice de sanitarios infectados más alto del mundo. Además, se hace imprescindible un aumento de plantilla y también un aumento de bienes y material para combatir esta segunda ola terrible de coronavirus. El sentido de esta iniciativa parecía ser en un principio este. Evidentemente, Ciudadanos apoyaría cualquier iniciativa que pretendiera ese sano - y nunca mejor dicho - objetivo. En ese sentido, nuestra primera enmienda al primer punto original pretende otorgar mayor seguridad jurídica a la homologación de esas titulaciones, que son imprescindibles por la situación de colapso sanitario que sufre nuestra sanidad en pleno rebrote del coronavirus. Es evidente que necesitamos más personal y cualquier mecanismo que pudiera facilitarlo sería bienvenido. Pero, más allá de las buenas intenciones, creemos que hay que generar seguridad y concreción. En su segundo punto se habla de facilitar el proceso de autorización de residencia y de trabajo para profesionales del ámbito sanitario con experiencia en cuidados intensivos en países que han superado el COVID, según dice el texto original. Señores de Esquerra, ¿qué países han superado el COVID? Sin vacuna, ninguno. En el tercer y cuarto punto hablan de reducir los requisitos temporales para el arraigo de personas del ámbito sanitario y, de repente, también recuerdan que esta iniciativa va dirigida al ámbito agrario. Se agradece. Evidentemente, unas medidas homologatorias como las que proponían en el primer punto no tendrían sentido sin una flexibilización de los requisitos temporales para las concesiones de permisos de trabajo y residencia. Por tanto, estaríamos de acuerdo. El último de los puntos de esta proposición no de ley alude, como no podía ser de otra manera, al recurrente conflicto competencial que ustedes solucionan siempre con los delirios independentistas. Señorías, esto es Esquerra y no podíamos pensar que no aprovecharían para sacar su secesionismo a relucir. Evidentemente, no compartimos ese punto y hemos presentado una enmienda de supresión del mismo. En definitiva, como dije al principio, es muy loable el objetivo de regularizar a las personas migrantes en sectores laborales muy necesarios para la ciudadanía, como proponía el texto inicial. Por eso, debemos decir que la iniciativa debería haber tenido en cuenta la seguridad jurídica y las garantías bajo las cuales esto se podría llevar a cabo, con el objetivo último de garantizar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos. Pues bien, nos vamos a mantener a la espera del poco probable caso de que nos acepten las enmiendas. Eso sí, queremos resaltar que en su primera lectura la PNL parecía algo aprobable, coherente y de sentido común, pero en su autoenmienda se han olvidado ustedes del tema sanitario totalmente. Han extirpado la esencia de la PNL en el ámbito sanitario y, de repente, han hecho una nueva PNL que nada tiene que ver. Incluso en uno de sus puntos - concretamente, en el punto 12- acusan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de detener por motivos raciales. Es absolutamente intolerable, falso, ridículo y muestra un desconocimiento total y una insidia con la Policía y la Guardia Civil que no merecen. Pero es lo de siempre, los enemigos de España son quienes redactan esta autoenmienda. Hablamos de Esquerra, Podemos, BNG, Compromís, CUP, Bildu, Más País y Juntos por Cataluña. No podíamos esperar otra cosa. Por tanto, a la espera de que se manifiesten sobre nuestras enmiendas, dejamos nuestro sentido de voto todavía sin decidir. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Gracias, señor presidente. Hoy la voz del Bloque Nacionalista Galego es también la voz de las personas migrantes, de la plataforma #RegularizaciónYa, que lleva mucho tiempo trabajando en esta iniciativa. ¿Y por qué? Porque la política migratoria del Estado español y de la Unión Europea niega sus derechos a las personas por encontrarse en situación irregular, incluso aquellos que las leyes predican como universales. Estas políticas solo sirven para fomentar la marginación. Las personas migrantes sufren una situación de total desprotección, que se ha visto agravada como consecuencia de la crisis económica y sanitaria. Se las condena a una mayor precariedad laboral, a percibir menos salario realizando el mismo trabajo y a soportar una falta total de protección social. Se las clasifica como aptas únicamente para determinados trabajos que son generizados y precarios y soportan condiciones de verdadera explotación. En este momento en que el Gobierno diseña políticas para salir de la crisis debe recordarse también que es imprescindible atender aquellos sectores de la población más vulnerables y uno de ellos es sin duda el de las personas migrantes y en situación irregular. Para ello - finalizo - es imprescindible abordar un proceso de regularización permanente, concediendo un permiso de residencia y de trabajo y un número de la Seguridad Social de forma automática y facilitando después su regularización. Es imprescindible dar este paso y darlo ya. Regularización ya. Obrigado.
Muchas gracias, señoría. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A continuación tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
Buenas tardes, señorías. Con el permiso de la señora Ayuso, he podido llegar desde Vallecas, zona confinada - mejor dicho, segregada -, donde nos han cambiado rastreadores y médicos por controles policiales. Y he llegado para defender una proposición que, precisamente, tiene mucho que ver con la emergencia y con los derechos. Esta crisis no afecta a todas las personas por igual. No hablamos solo de discriminación socioeconómica, sino también de derechos, de la imposibilidad de acceder a servicios básicos por parte de miles de personas que para el Estado no existen, a pesar de haber estado en la primera línea de los cuidados y en los trabajos más duros. De eso trata la proposición y sus trece puntos, de regularizar, de garantizar derechos, porque la ilegalidad o la precariedad, señoría, es lo que genera abusos, explotación y condiciones infrahumanas consentidas - consentidas -, de las que deberíamos avergonzarnos. Queremos agradecer el trabajo y la dedicación de las plataformas #ObrimFronteres y #RegularizaciónYa, así como de los más de 1500 colectivos que las han apoyado. Señorías, esta proposición es hoy más necesaria que nunca, porque la amenaza del racismo, el desprecio de la pobreza y la falta de compromiso con la dignidad de todas las personas avanza, avanza en la política y avanza en las instituciones. Los discursos de las paguitas, los que señalan una y otra vez, una y otra vez, a la población vulnerable o discursos como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalando a las víctimas como culpables, son una deriva peligrosa que atenta contra los más elementales derechos humanos. Esta proposición es un paso adelante.
Señoría, debe terminar, por favor.
Seamos valientes. Gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
Señor presidente, bona tarda a tothom. La PNL que se presenta nos coloca ante distintas situaciones con las que se encuentran personas que no son ciudadanas de la Unión Europea, que residen en España en situación administrativa irregular. Se trata de personas que habiendo entrado en España de forma irregular o bien regular, por distintas circunstancias, han sobrevenido a una irregularidad administrativa. Se trata de personas que han abandonado sus lugares de origen, quizás huyendo de conflictos armados, de persecuciones o de crisis climáticas, pero con algo en común: buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Un objetivo que puede ser compartido por parte de los españoles que, como no encuentran un futuro adecuado en su mercado laboral, salen de la frontera y emigran. Sin embargo, las personas de las que hablamos llegan a poner sus vidas en riesgo para conseguir su sueño de llegar. ¿Pero lo hacen voluntariamente? No. Lo hacen simplemente porque no tienen otro remedio, porque las vías de acceso regular no son eficaces. Lógicamente, cualquier persona desearía poder entrar con un permiso de residencia o con un permiso de trabajo, pero para ello el sistema debe funcionar y la lista de ocupaciones de difícil cobertura está desfasada. Por ello, es imprescindible reformar tanto la Ley de Extranjería, como el reglamento que la desarrolla. Debido a que este sistema no funciona nos encontramos con personas en situación administrativa irregular a las que debemos dar una solución. No puede ser que las ignoremos, son personas que están entre nosotros, con las que convivimos. Es cierto que en los últimos meses se han adoptado algunas medidas en relación con el tema agrario o algún reconocimiento de titulaciones en el ámbito sanitario, casualmente aspectos que nos eran necesarios a nosotros, pero ¿y los demás? Estas personas no han abandonado sus países para ir a otro y vivir de ayudas o en la economía sumergida; no, estas personas desean trabajar y con ello contribuir al desarrollo del país donde residen, pagando sus impuestos, como hace la mayoría - pero no todos - de los españoles. Es cierto que hay un elevado nivel de paro, pero ¿acaso ya nos parece bien que haya trabajos que no coticen? Al inicio de la pandemia, cuando no había EPI, se crearon redes de voluntarios para fabricarlas y donarlas, y aquí participaron tanto personas con pasaporte español, como personas en situación administrativa irregular. La PNL tiene un largo listado de propuestas. No obstante, aunque no las compartimos todas, el no compartirlas no es motivo para que obstaculicemos la adopción de la PNL. Consideramos esencial tratar esta cuestión en esta Cámara. Por ello, y porque consideramos que es nuestro deber escuchar y dar voz a las entidades que trabajan en el sector, hemos apoyado su presentación. Creemos indispensable debatir estas situaciones y todas sus derivadas; no podemos dejar de lado o girar la cabeza para no ver una realidad. Por ello, instamos al autodenominado Gobierno progresista y de izquierdas a afrontar no solamente la política de entrada de migrantes, sino la situación de las personas que ya se encuentren aquí, y aquí reivindicamos el papel de la Generalitat de Catalunya, dispuesta a crear una sociedad más justa y solidaria con todos. Moltes gràcies.
Muchas gracias. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
Gracias, presidente. Es un orgullo para el Grupo Confederal de Unidas Podemos traer aquí junto a otros grupos parlamentarios la iniciativa impulsada y elaborada por el movimiento #RegularizaciónYa y la coordinadora #ObrimFronteres. Lo que hoy debatimos es una obligación de nuestro país con las seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular; una obligación de garantizar sus derechos y de regularizar su situación para acabar de esta manera con una yincana interminable que impide que se haga efectivo un derecho y que provoca que muchas personas lleven hasta diez años, y más de diez años, tratando de regularizar su situación. Hay muchas personas migrantes que han estado trabajando durante el estado de alarma en supermercados, en el campo asegurando el abastecimiento de alimentos, en el cuidado de las personas dependientes, como trabajadoras de hogar, riders, trabajadoras de hostelería o transportistas. Estas actividades son las que se consideraron esenciales durante el estado de alarma. Las personas migrantes sostuvieron los servicios esenciales, como lo hicieron otras personas, pero con una enorme diferencia: muchos de ellos no tienen acceso ni a los ERTE, ni al paro, ni al ingreso mínimo vital, ni a una vivienda digna. Si estas personas fueron consideradas como héroes por toda la sociedad durante el estado de alarma y durante la pandemia, ¿por qué nuestro país no reconoce sus derechos como tales? En el otro lado, encontramos Gobiernos de ultraderecha empeñados en fomentar el odio y el racismo. Gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, que acusa a las personas migrantes que viven y trabajan aquí levantando nuestro país, de ser quienes más índices de contagios tienen, como si el virus discriminase por nacionalidad. ¡Qué ignorantes! Permítanme hacer una advertencia a quienes pretenden lavar la cara de Aguado frente a Ayuso. Ambos salen en las ruedas de prensa con el discurso del odio hacia la clase trabajadora y hacia la población migrante, ambos han confinado el sur de Madrid y lo hacen por dos cuestiones básicas: por odio de clase y por racismo. Mi advertencia es la siguiente: Ayuso y Aguado son lo mismo, solo que visten un traje de diferente color. Este fin de semana, además, el Gobierno de la Junta de Andalucía, el de Moreno Bonilla y el de Juan Marín, anunció que hará pruebas rápidas del COVID a las personas que se incorporen en las próximas campañas agrícolas porque dicen que las personas migrantes son especialmente vulnerables. Y yo me pregunto: si tan vulnerables son, ¿por qué no les hacen también estas pruebas a las personas nacionales que van a trabajar también en las campañas agrícolas?, ¿por qué no se las hacen a los empresarios? Es más, ¿por qué no erradican los asentamientos relacionados con los frutos rojos y con los tomates de Lepe, Palos, Lucena, el Condado o Níjar, entre otros, y los de toda Andalucía?, ¿por qué no les procuran viviendas dignas? Hasta el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos nos sacó los colores al conocerlo. En este sentido, estamos orgullosas del Ministerio de Trabajo y de la Inspección de Trabajo porque están registrando y denunciando, junto con la Policía, prácticas que hoy en día podrían seguir considerándose como esclavistas. Desde aquí quiero hacer un llamamiento al Gobierno de Moreno Bonilla: dejen de mirar hacia otro lado, busquen y persigan a los responsables de los incendios de los asentamientos donde viven las temporeras y los temporeros y llévenlos a los tribunales; de lo contrario, ustedes serán sus cómplices. Ya sé que aquí, algunos diputados, los del discurso del odio, dirán que la legislación europea no lo permite o seguirán con la cantinela de que esto podrá crear el maldito efecto llamada. Pues yo les tengo que recordar una cosa: no solo normativa europea lo permite, sino que lo demandan los tratados internacionales y además ya lo hicieron otros Gobiernos: el Gobierno de Zapatero y también - agárrense, señorías de la ultraderecha - el Gobierno de Aznar. Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos defendemos todos los derechos de todas las personas porque de lo contrario estaremos hablando no de derechos sino de privilegios. Por ello, nos comprometemos con la regularización de las personas migrantes en general y, en particular, atendiendo a esta iniciativa, acelerando la regularización de aquellas personas que vinieron, vivieron y/o residieron en nuestro país durante la pandemia, al igual que nos comprometemos con la flexibilización de los criterios y trámites para ello. En adelante, entre otras muchas cuestiones, apelaremos a criterios que nos lleven a un paradigma distinto para que quienes lleguen a nuestro país se conviertan efectivamente en nuestros vecinos y vecinas con todos los derechos. A sus señorías, les voy a pedir que se graben bien una cosa en su memoria: los derechos sociales y de protección social son la mejor política de convivencia y, también, la mejor política económica. Por último, no quería finalizar sin dar las gracias, de corazón, por parte del grupo Confederal de Unidas Podemos, a los colectivos que han trabajado durante todos estos meses para traer hoy aquí está iniciativa. Esta PNL es de ellos y de ellas, de quienes llevan toda la vida dejándose la piel por la dignidad y los derechos de todas las personas.
Tiene que finalizar.
Termino, señor presidente. Como dirían nuestras compañeras de Barcelona: el amor gana al odio siempre. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López Álvarez. [[Aplausos]]
Gracias, señor presidente. Señorías, soy diputada de Ceuta, por Ceuta y por España. Buenas tardes. [[Aplausos]] Antes de exponer nuestra enmienda a esta PNL, quisiera hacer dos apuntes importantes. Un apunte de respeto y consideración en mi nombre y en el de mi grupo, VOX, hacia todos aquellos inmigrantes que han llegado o llegan a España por los cauces legales y sacan adelante a España codo con codo con los nacionales. [[Aplausos]] Y un segundo apunte, son miles los motivos humanitarios para aplicar de una vez por todas políticas responsables en inmigración, que son vidas, y en recursos, que son de todos los españoles. El Grupo Parlamentario VOX presenta esta enmienda al petitum de la PNL del Grupo Republicano porque no hay un ápice de veracidad en su exposición, ni en el texto original ni en el de su autoenmienda. En primer lugar, es falso que haya reticencias gubernamentales en cuanto a la regularización de inmigrantes, y muestra de ello es que ya en junio la Dirección General de Migraciones flexibilizó varias instrucciones y las envió a las oficinas de extranjería para que los inmigrantes pudieran regularizar su situación en España y facilitar su arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos. Todo ello, con el argumento de evitar la irregularidad sobrevenida de aquellos extranjeros que se han visto afectados por la crisis de la COVID. Por eso, nuestra enmienda es, precisamente, de supresión, ya que la realidad es que esas instrucciones son una manera encubierta de flexibilizar la estancia en España de inmigrantes, lo que produce un efecto llamada, junto a las ayudas puestas en marcha para personas sin ingresos, que solo necesitan contar con un año de residencia en España. Les voy a citar titulares de un día cualquiera en los medios de comunicación: 'Llega un cayuco con más de ochenta inmigrantes ilegales a Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife; Cinco mil ilegales han llegado a las a las islas en lo que llevamos de año; En menos de veinticuatro horas han llegado a Almería más de veinte pateras, con un total de doscientos inmigrantes ilegales de origen magrebí; Una embarcación con doce inmigrantes ilegales desembarca en Cabo de Gata en Almería; Un total de quince pateras han llegado a la costa de Murcia transportando 223 inmigrantes'. Estos son titulares de un día cualquiera en los distintos medios de comunicación, y eso sin contar que se produzca un asalto masivo a las vallas de Ceuta y Melilla y también sin contar con aquellos que cruzan a diario a nado desde Castillejos a Ceuta, que son entre quince o veinte diarios, lo que ha provocado que se haya creado un segundo CETI improvisado en un viejo hospital de Ceuta, de donde se escapan y en donde no se cumplen las cuarentenas. O como ha sucedido en el CETI de Melilla a finales de agosto, donde un motín dejó más de una veintena de heridos entre los agentes y vigilantes de seguridad, porque doscientos inmigrantes exigían exigían - ser trasladados a la península. Claro que el Grupo Republicano apoya a los amotinados y a los que hieren, en muchas ocasiones, a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con cal viva. [[Aplausos]] ¿Lo consideramos ya una invasión o seguimos flexibilizando normas para que las mafias sigan poniendo anzuelos a vidas humanas? Ante este efecto invasión, hoy el Grupo Republicano nos trae una proposición no de ley para llevar a cabo una regularización exprés de extranjeros, similar a las que se produjeron en 1991, 2000, 2001 y 2005, regularizaciones que fueron masivas. Desde 1991, hasta en siete ocasiones se han llevado a cabo procesos de regularización para dar respuesta a los trabajadores extranjeros en situación ilegal. ¿Me quiere usted decir que regularicemos a más inmigrantes cuando contamos en España con una tasa de paro del 15,6 %? ¿Una regularización que incrementaría aún más esas cifras por cuanto ya hoy esas instrucciones permiten obtener la residencia sin que cuenten con un trabajo? Ustedes solo buscan mano de obra esclava. Por eso quieren traer a más y más inmigrantes. [[Aplausos]] Son ustedes unos explotadores que traen a esas personas y las condenan a un trabajo precario, a malvivir y a delinquir cuando no encuentran un empleo. Además, son ustedes unos antipatriotas que buscan sustituir a trabajadores nacionales por los inmigrantes, mientras nuestros nacionales se quedan en la calle habiendo cotizado durante años. El Grupo Republicano propone en esta PNL nada menos que suprimir el requisito de tres años de estancia en el procedimiento de arraigo social. ¿Qué pretende, señor Rufián? Pretende destruir España, porque a lo que ustedes aspiran con sus proposiciones políticas disfrazadas de buenismo no es más que a que, ante la catástrofe económica que nuestros trabajadores y empresarios están sufriendo, los españoles estén, además, condenados a pagar la invasión migratoria. [[Aplausos]] Porque ustedes solo buscan una España invadida por África, pero África no cabe en España. Y ya finalizo. Hay algo extraordinariamente llamativo en la exposición de motivos de su PNL. Decía, textualmente, que consideran más que necesaria la regularización para dar solución a la llegada masiva de menores no acompañados de 2018 y que en la actualidad son mayores de edad, sin disponer de un permiso de residencia y trabajo. Pero, señores, ¿cuántos menores extranjeros no acompañados aprovechan las oportunidades que les ofrece el Estado? ¿Cuántos? Por desgracia, esos niños acaban en la calle, se escapan de los centros, esnifan pegamento, deambulan por cualquier ciudad, delinquen y si duermen sin el beso de buenas noches de sus padres es porque partidos como el suyo les han cambiado el cuento y les han dicho que en España estarán mejor.
Señoría, debe terminar, por favor.
Sí, finalizo. Partidos como el suyo les han dicho que en España estarán mejor. Pero el cuento solo tiene un final feliz para esos niños: la repatriación, la reagrupación familiar y no esperar a que esos menores extranjeros cumplan la mayoría de edad y ustedes busquen la regularización de los miles de MENA que ahora acoge España. Dejen de cambiar cuentos, que la moraleja del suyo ya la conocemos y no es más que querer remover conciencias hacia una viciosa destrucción de España que en VOX no vamos a permitir. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela Rodríguez. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Moitas grazas, presidente. Muy boas tardes a todas y a todos. Señor Rufián, tengo que confesarle una cosa antes de empezar, y es que iba a ser un poquito más contundente pero, después de escuchar lo que acabo de escuchar, casi que no, con usted me refiero, con la propuesta que ustedes han presentado. Cuando uno acaba de escuchar una intervención como la que acabamos de escuchar se le vienen a la cabeza palabras como ser demócrata o recuerda algún artículo de la Constitución que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político... Entonces, rápidamente se recomponen las ideas que quería transmitir. Pluralismo político y ser demócratas. Cuando escuchas algunas cosas que te hacen daño al oído porque atacan directamente tu ideología, tus principios, tus valores, la sociedad que hemos construido durante tantos años, de repente no sabes cómo reaccionar, porque pensaste que todo eso ya estaba conquistado, que todo eso ya estaba consolidado, y resulta que no. En eso tengo que darle la razón, señor Rufián. Decía usted que este no sea un tema que nos separe. No puede separarnos porque estamos ante una situación donde con el odio y con el miedo se atenaza a la ciudadanía, y no hay sentimiento más poderoso que el miedo, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a perder tu salud, tu vida o la de los tuyos. Aquí hay un monstruo político que se está alimentando de ese miedo. Los demócratas de convicción, los que nos decimos progresistas y de izquierdas, no podemos permitir ni un solo milímetro de retroceso [[aplausos]], ni un solo milímetro de retroceso. Y les digo que estamos de acuerdo en los contenidos de algunas de las cuestiones que ustedes plantean en la enmienda de la proposición no de ley inicialmente presentada, pero no lo estamos con la forma, señoría: la forma no es adecuada. También estoy de acuerdo con usted en que este no debe ser un tema de confrontación política ni tampoco de estrategias cortoplacistas. Este es un tema lo suficientemente importante, porque hablamos de derechos humanos y hablamos de la sociedad que queremos construir y de los valores que queremos fomentar, como para utilizarlo en el regate corto. Eso es lo que han hecho ustedes hoy. Creo que ese no puede ser el objetivo, sobre todo porque están obviando una cuestión fundamental, y discrepo absolutamente de la intervención de su señoría de Unidas Podemos. No es cierto que no haya una normativa europea que impide la regularización generalizada. Por supuesto que la hay. Es cierto que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien hizo la última gran regularización, pero fue antes del Pacto europeo por el asilo, fue antes de 2008. Por eso se hizo en 2005. Lo que no podemos es engañar a la ciudadanía [[aplausos]], lo que no podemos es engañar a la gente, a esa sociedad organizada a la que ustedes dan gracias - y el Grupo Parlamentario Socialista se suma - por su trabajo por su lucha; no podemos engañarles y decirles que es posible en este país, en este momento, una regularización masiva de inmigración, porque no es cierto, porque nuestro marco legislativo y el marco europeo lo que dicen es que tienen que ser puntuales, individuales y tasadas. No utilicemos argumentos que no son verdad, sobre todo en un tema como este. Lo ha dicho el ministro Escrivá en muchas ocasiones que ha comparecido en esta casa. Ha dicho: ¿por qué no empezamos - lo reitera aquí este grupo parlamentario - por modificar la Ley de extranjería y el reglamento? Empecemos por ahí, pongámonos de acuerdo, pero no digamos que es posible una regularización generalizada, porque no es cierto. Termino antes de que el presidente me llame la atención. Los firmantes de esta enmienda y este grupo parlamentario creo que compartimos el mismo objetivo. Creo que ni el Grupo Parlamentario Socialista ni el Partido Socialista Obrero Español somos sospechosos de no estar del lado de los derechos humanos y de las libertades de la población inmigrante en nuestro país. [[Aplausos]] No somos sospechosos, señorías, y nos llama la atención que no hayan hablado con nosotros. Pero aun así, les tendemos la mano y estamos predispuestos a mejorar el marco legislativo vigente en este momento. Porque ese monstruo del miedo - y ahora se lo digo a los señores del Grupo Popular y de Ciudadanos - cuidado que va a por ustedes, primero a por ustedes, ocupando espacios. Afortunadamente, estaremos los de siempre y las de siempre plantándoles cara. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
Gracias. La iniciativa que hoy llega aquí, al Congreso, la válida, la que firmamos como enmienda diversos grupos, es la que ha llegado después de un trabajo intenso de los que están y de las que están en primera línea de lucha. Es una propuesta que hacemos nuestra pero que viene, como se ha planteado, del movimiento asociativo en pro de los derechos de todas las personas, desde la coordinadora #ObrimFronteres hasta la plataforma #RegularizaciónYa. A ellos y a ellas gracias, ánimo y a seguir adelante porque hoy no termina nada. Esta propuesta es la concreción, efectivamente, del 'papeles para todos', un grito que ya hace mucho que escuchamos, que se corea en nuestra sociedad, en Cataluña. Se van a cumplir ya casi veinte años del encierro en la Iglesia del Pi en Barcelona y, desde entonces, han sido muchas las iniciativas por la lucha de las personas y los trabajadores migrantes. La última, la Tancada per Drets, de gente más joven, que se ha dado en Girona y a quien aprovecho también para mandar un saludo. Una curiosidad o no tan curiosidad, sino más bien una cuestión que explica muchas de las continuidades históricas. El encierro de la Iglesia del Pi en 2001, en Barcelona, contó con el apoyo del entonces rector de la parroquia, el mosén Vidal i Aunós, que era la misma persona que en 1964, siendo rector de otra parroquia, la de Sant Medir en Sants, acogió la fundación de Comisiones Obreras en Cataluña. Es decir, el rector que acogió a los trabajadores perseguidos por la Dictadura en 1964, décadas después acogía también a los trabajadores perseguidos en democracia. Da que pensar, si no más cosas. Esto nos lleva a recordar otro de los lemas de la lucha: 'Nativa o extranjera, una misma clase obrera', porque es exactamente al revés de lo que ha dicho la portavoz de VOX. Precisamente es el capitalismo el que necesita dividir la fuerza de trabajo, igual que ha hecho históricamente - y continúa haciendo - entre hombres y mujeres, y una de las manifestaciones es la brecha salarial, lo hace también manteniendo a una parte de la clase trabajadora en la ilegalidad. Precisamente mantenerla en la ilegalidad y negarle lo que hoy proponemos, la regularización, es la causa fundamental de su explotación y de esta presión a la baja de los salarios. La gente que no puede vivir con normalidad porque vive con el miedo a ser deportado, la gente que no se puede sindicar y la gente que no puede protestar por ese miedo y por esa excepcionalidad es la gente que puede verse en estas situaciones de explotación con mucha más facilidad. Este es el sentido último del racismo institucional. En esta Cámara se oyen expresiones muy desagradables para referirse a las personas migrantes. No las voy a repetir precisamente para no darles más relieve del que tienen. Es preocupante, por eso, que esas expresiones nunca tengan ninguna advertencia por parte de la Mesa del Congreso; no sucede así con otros temas. Y no voy a hacer referencia; ellos saben perfectamente a cuáles me refiero: a la monarquía, etcétera. Las expresiones cuando se habla sobre personas migrantes son, incluso, incitadoras al odio; discursos que luego tienen traslación en hechos violentos, como los ataques a centros de menores, no merecen ninguna reprobación por parte de la Mesa del Congreso. Es preocupante, pero también es significativo, porque las referencias a estas personas migrantes parece que no entran dentro del decoro parlamentario, y eso es así porque no existen como sujetos políticos, porque viven en la clandestinidad política o en la muerte política, viven en un tipo de submundo político. Y romper este apartheid tan solo es posible con la regularización. Defendemos derechos para todas las personas que han venido buscando un futuro y que se quieren identificar con los países que les acogen. Nosotros queremos que este sea uno de los valores fundacionales de la república catalana y nos alegra que hoy la mayoría de diputadas y diputados catalanes, desde las tres fuerzas independentistas hasta los comunes, apoyen esta proposición no de ley. Mientras esto no sea posible - el valor fundacional de la república catalana -, lo apoyaremos allí donde sea y allí donde se nos necesite, en el Estado español o en cualquier Estado, por antirracismo, por solidaridad, por internacionalismo y por conciencia de clase. Termino como he empezado. Gracias a las entidades impulsoras. Hoy no se acaba nada, hoy continúa esta lucha por la regularización. Papers per a tothom, obrim fronteres y regularización ya. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Señor presidente, señorías, buenas tardes. Señor Rufián, querido amigo Gabriel, has terminado tu intervención con una frase que decía: por favor, háganlo bien. Hace un rato, cuando se debatía el anterior punto sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, oía palabras como Constitución, bandera, patria, etcétera, y yo pensaba: me toca después intervenir y yo creo que lo que realmente importa es lo que viene luego; no esas palabras grandilocuentes, sino toda esa gente que necesita nuestra atención, toda esa gente que necesita que vayamos actuando de forma que se garanticen los derechos y libertades de aquellos que necesitan que se les garanticen los derechos y libertades. Sin embargo, hoy me he encontrado con que yo tenía un planteamiento y lo he tenido que cambiar. Frente a una proposición no de ley en un sentido determinado, me he encontrado con una enmienda que es otra cosa y lo primero que me he planteado es: ¿eso es hacerlo bien? ¿Es llevar a cabo una acción positiva en favor de una idea transformarla completamente, hurtarla del debate y no someterla a la consideración de los demás para que pudiéramos participar de alguna manera? Te lo digo a ti, Gabriel, por confianza, pero se lo digo a todos los grupos proponentes: esa no es una forma correcta de actuación. Me ha pasado lo mismo que a la señora Cancela, y es que, según íbamos viendo el debate, va y salta la bomba; la bomba de la intolerancia, la de la inexistencia del respeto mínimo a la condición humana de muchas personas que están aquí en una situación absolutamente desprotegida y que, sin embargo, forman parte de nuestra vida tanto como cualquiera de los que somos legales y estamos regulares, por decirlo de alguna manera. Eso también me ha hecho cambiar el discurso a bote pronto, porque teníamos una PNL - que yo cuestionaría en los dos primeros puntos - en la que había algunas medidas que pretendían de alguna manera asociar ambas cosas. Ya hubo el Real Decreto-ley 11/2020, con el COVID, con el que de alguna manera quisimos regularizar la situación de los trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque nos interesaba, porque había mucha fruta y producto hortícola que recoger y si no, aquello iba a ser un desastre. Y ahora, con estas medidas, aunque con una PNL, nosotros pretendemos hacer un poco lo mismo; ahora que tenemos urgencias en todos los sentidos, pretendemos regularizar a quien tenga titulación sanitaria y sociosanitaria. Es decir, la motivación que tenía aquel Real Decreto-ley 11/2020 y la que tiene esta proposición no de ley en un principio no eran excesivamente generosas o solidarias, o lo eran pero con un interés particular por medio, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, en ese camino - y esa es la crítica que iba a hacer a la proposición no de ley - todo queda absolutamente bouleversé en francés, o sea, reventado, porque ya no ha lugar a entender que la crítica a una posición de solidaridad se pueda oponer a la crítica a la condición humana de muchas personas, al reconocimiento y al impulso del reconocimiento de la dignidad de muchas personas; y ahí me ha dejado absolutamente desconcertado. Pero no por eso quiero dejar de decir que el planteamiento que subyace al hecho de que se haya transformado el procedimiento de discusión de esta proposición no de ley de un texto a otro, el asumir, además, un texto en el que hay una infinidad de propuestas - con todos los respetos -, algunas un tanto dogmáticas, otras demasiado extensas y todas con poca concreción o capacidad de influir en el ordenamiento, no deja de ser un planteamiento un tanto dogmático. Y yo quiero decir, no al Grupo de Esquerra sino a todos los grupos proponentes, que se han convertido en una especie de santa alianza, una especie de izquierda alternativa en la que se recogen las iniciativas de movimientos asociativos como si solo ellos lo hicieran bien y los demás lo hicieran mal - por eso esa frase de 'por favor, háganlo bien'-, que no es justo ni es adecuado, porque todos lo hacemos bien, lo procuramos hacer bien, a veces con acierto y otras con desacierto, pero lo que no se puede es venir a hacerlo en el procedimiento legislativo de la manera en la que se ha hecho. Con todo respeto, quiero pedir a todos los proponentes de la enmienda y también al autor de la iniciativa que no se repita. No está bien que en asuntos tan importantes como este, en asuntos que trascienden el partidismo, en asuntos que tienen que ver con el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades se actúe de esta manera. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario Republicano trae a esta Cámara una proposición no de ley para la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitarios, de los cuidados y agrario. Una proposición no de ley que en su exposición de motivos hace referencia a las personas inmigrantes en tres sectores profesionales donde los requisitos exigidos tienen poco o nada que ver. Por un lado, estamos hablando de personas inmigrantes que necesitan una titulación de especialistas en ciencias de la salud - médicos, enfermeras, farmacéuticos y odontólogos - y que estos profesionales con títulos de especialistas obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea tendrán que estar en el ámbito de aplicación del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en ciencias de la salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, ateniéndonos a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La resolución positiva de las solicitudes de reconocimiento implica otorgar a los mencionados títulos extranjeros los efectos profesionales inherentes al título español que en cada caso corresponda. Y el citado reconocimiento otorgaría los mismos derechos y obligaciones profesionales que el título español de especialista - quiero recordar aquí que a un médico en España le cuesta diez años ser especialista - y será requisito imprescindible para el ejercicio en España, por cuenta propia o ajena, de la profesión especialista de que se trate y no una mera declaración de responsable que genera inseguridad. Me gustaría reconocer desde esta tribuna el gran trabajo que han llevado a cabo los profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia, al igual que el que están llevando a cabo en este momento cuando se están incrementando los contagios. Somos el país con mayor índice de contagios de Europa y tenemos a unos profesionales agotados - no lo dice esta diputada, lo dice la OMC o el Consejo General de Enfermería - y que, además, se quieren ir a trabajar fuera de España. Señorías, hemos pasado durante el estado de alarma de ver en el Boletín Oficial del Estado las diferentes órdenes ministeriales con medidas en materia de recursos humanos, órdenes que en ocasiones modificaban la anterior. Concretamente, en la Orden 319/2020, de 1 de abril, se autorizaba de forma excepcional y transitoria la contratación de aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 459/2010, por un máximo de tres meses, prorrogables por otros tres meses más. Hemos pasado de poder contratar en marzo sanitarios jubilados, en formación y estudiantes a que hoy ni tan siquiera puedan hacer prácticas los estudiantes en ciencias de la salud. En estos momentos, señorías, son muchos los organismos que miran a España. El Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible, publicado por la Universidad de Cambridge, nos mostraba que España es el país que peor ha gestionado la crisis o la revista The Lancet en agosto nos situaba como uno de los países con más transmisión comunitaria del virus. Esta es la realidad. Señor Rufián, le recuerdo que aún estamos en pandemia, lamentablemente. Medidas como las que nos planteaba sobre los médicos y enfermeros con experiencia en cuidados intensivos en el país de origen extracomunitario para venir a España sin más, no nos garantizan la calidad y la seguridad y tendrán que adaptarse a los requerimientos de nuestro ordenamiento jurídico. Los profesionales sanitarios son, para el Grupo Parlamentario Popular, el principal valor de nuestro sistema sanitario y así lo trasladamos durante los trabajos llevados a cabo en la Comisión de Reconstrucción, pero, lamentablemente, después de dos meses de aprobarse, pocas cosas hemos visto. No hemos visto nada en el Plan Nacional de Recursos Humanos sobre estabilidad de empleo, en política retributiva, en planificación y en desarrollo profesional, nada en incrementos de plantillas de médicos y de enfermeros ni hemos establecido el número de plazas de formación MIR para la próxima convocatoria o que se considere, sin más, enfermedad profesional a los contagiados, cuestiones que plantean los profesionales después de los aplausos recibidos todos los días a las ocho de la tarde. Con respecto al empleo agrario, desde mi grupo ya pedimos en esta Cámara que se tuvieran en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea con respecto a la contratación de inmigrantes. Se acaban las campañas y no tenemos la ley en materia de empleo agrario. Una vez más se ningunea a este parlamento. Señorías, mi grupo parlamentario no apoyará esta iniciativa con respecto a la regularización exprés de inmigrantes. Mi grupo parlamentario ha presentado propuestas relevantes para los profesionales sanitarios en ese Plan Cajal y lo que buscamos es impedir que los profesionales sanitarios vuelvan a ser las víctimas de la desprotección que están sufriendo en esta crisis. Por último, señor Rufián, el Estado español estará a la altura si entre todos respetamos nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución española. [[Aplausos]]
[[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Señor Rufián, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?
Señor presidente, como hemos dicho hoy aquí, somos simplemente la voz de las plataformas, y estas nos piden que se respete el texto de las autoenmiendas en su absoluta integridad, así que no.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE EL PLAN FISCAL COVID-19, O IMPUESTOS DE SOLIDARIDAD CÍVICA PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL COVID-19. [[Número de expediente 162/000239]]
Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, sobre el plan fiscal COVID-19 o impuestos de solidaridad cívica para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Aquí durante algunas semanas, las semanas más duras del confinamiento, había algo así como un acuerdo que recorría todas las bancadas. Todos entendíamos que la época del COVID había cambiado nuestra era y nos obligaba a cambiar muchas cosas, y todos entendíamos que determinados elementos nos salvaron del miedo, nos salvaron de la ansiedad y nos salvaron de la incertidumbre. En concreto, fueron las instituciones que permiten a una sociedad cooperar y proteger a los suyos. Lo he repetido muchas veces en este escaño y en esta tribuna, pero todos sabemos que durante los días más difíciles fue el Estado el que garantizó que se pagaran los ERTE, el que garantizó avales para que las pequeñas y las grandes empresas pudieran seguir adelante, fue quien garantizó ayudas y fue quien garantizó con los servicios públicos que se podía cuidar de todo el mundo, independientemente de dónde hubiera nacido. En definitiva, la época del COVID nos demostró que el Estado, que nunca se había ido, regresaba para ser el garante del bien común, porque en realidad la alternativa a un Estado fuerte es una sociedad débil. Y si quieren ustedes un ejemplo, les puedo poner uno imaginario. Imagínense un país en el que el servilismo haga perdonarle sistemáticamente los impuestos a los millonarios, en el que el fanatismo político produzca permanentemente recortes contra los servicios públicos y privatizaciones, y un país en el que, por tanto, la ciudadanía sea más débil, así que cuando llega una pandemia, no hay servicios públicos, no hay rastreadores, no hay médicos, y la situación está fuera de control, hasta el punto de que se acaba segregando a los vecinos de los barrios populares tratándoles como si fueran vecinos de segunda y de tener que pedir la intervención del Ejército. No es un país imaginario - tampoco es un país, por mucho que lo digan algunos -, es la Comunidad de Madrid, que es la demostración de que el neoliberalismo es un camino directo al abismo. En realidad, la disyuntiva no es entre un tipo de sociedad u otra, es si recomponer la sociedad o ser presos de la jungla, de la ley del sálvese quien pueda. Y eso implica dar una discusión sobre la reforma fiscal y darla, además, de frente. Es una gran mentira que se dijo aquí muchas veces, que el virus no entiende de clases y no entiende de barrios. Claro que entiende, claro que entiende de metros cuadrados en casa, claro que entiende de si usas el transporte público o no, claro que entiende de en qué lugar trabajas, claro que entiende de cómo están los ambulatorios de tu barrio. Y es dar una discusión sobre el reparto de las cargas. La discusión sobre la reforma fiscal es sobre quién va a poner cuánto. Las familias más humildes ya están poniendo mucho en términos de noches de desvelo, en términos de ansiedad, de sufrimiento y de sostenibilidad y de sostén de toda nuestra sociedad en los momentos más difíciles. Lo que tenemos que asegurar es si ese esfuerzo, esa pulsión de solidaridad nacional la convertimos en ley, la convertimos en impuestos concretos. El sistema fiscal en España es una malla desordenada llena de agujeros diseñados para que los grandes se vayan sistemáticamente de rositas. Lo dije aquí y lo vuelvo a decir porque me parece palmario. En el año 2018 las grandes empresas tecnológicas pagaron de media un 2 % de impuestos; las pequeñas y medianas empresas pudieron llegar a pagar hasta un 25 %. Estoy convencido de que a todos ustedes, incluso a los que siempre se declaran más fanáticos en contra del Estado, esto les parece absolutamente una barbaridad. No hay que discutir si subir o bajar los impuestos, hay que discutir a quién, y en España hay que discutir de equilibrarlos. En el año 2019, España recaudó por el impuesto sobre sociedades la mitad de lo que habíamos recaudado en el año 2007, a pesar de que los beneficios empresariales habían subido hasta un 23 % más. No es verdad la curva facilona de Laffer y que, en realidad, si bajas los impuestos, recaudas más. Es mentira, se bajan y se recauda menos. Más beneficios empresariales, menos recaudación para las arcas públicas. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que desde 2008 el número de millonarios se haya doblado, que el 10 % de la población española concentre la mitad de la riqueza nacional, mientras 12 millones de compatriotas viven en una situación de riesgo de pobreza, pero esto también provoca un empobrecimiento generalizado de nuestro país. Provoca que hayamos tenido una fuga de cerebros por falta de inversión aquí en I+D+i de hasta 87 000 españoles altamente cualificados, cuya cualificación hemos pagado y que después se han ido a inventar, a cuidar o a patentar fuera. Provoca que en ocho años 23 000 médicos - lo dicen los colegios de médicos - hayan hecho las maletas para cobrar más, para ser mejor tratados en sistemas que sí cuidan la salud pública. O provoca que Alemania, por ejemplo, tenga recursos para hacer pública una parte del laboratorio que está investigando la vacuna contra el COVID y en España estemos a la cola europea en inversión en I+D+i. Ustedes saben lo que hay que hacer; de hecho, todos lo sabemos. El impuesto sobre el patrimonio hay que subirlo hasta el 1 % para el que tiene más de un millón de euros y hasta el 2 % para el que tiene más de dos millones de euros. Hay que subir el último tramo del IRPF para que llegue a pagar hasta un 60 % el que tiene más de 600 000 euros de ganancia. Alguno puede decir que esto es sablear a la clase media. Hagan cuentas, estoy hablando del 1 % de la población española. Y en el tipo del impuesto sobre sociedades hay que subir el mínimo al 15 % al mismo tiempo que reducimos al 23 % el de las pymes. Subírselo a los grandes, bajárselo a los pequeños. Esto es fundamental - ya se lo he explicado en otras ocasiones - para la igualdad de oportunidades. Es fundamental también para hacer frente a los retos ecológicos y al cambio climático, pero es fundamental además para el desarrollo de nuestro país. Es fundamental para tener un Estado emprendedor que dirija una política económica de futuro y moderna en nuestro país. [[Muestra un teléfono móvil]] Esto que tengo aquí - que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso - es un iPhone. Muchas veces esto se pone como ejemplo de emprendimiento: Steve Jobs en un garaje lo empezó y fue capaz de sacar adelante un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres Mariana Mazzucato se puso a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia; Internet es un proyecto que arrancó con financiación pública del Departamento de Defensa; el http del laboratorio europeo CERN en Ginebra; el GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa; las baterías de iones de litio se iniciaron con la investigación pública del Departamento de Energía. Cada vez que alguien defiende ideas de redistribución y de Estado fuerte, se ha convertido en una especie de tópico acuñado decir: Pues, entonces, tan rojo no serás si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con el rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. Ustedes me contestarán con alguna de las tres cosas que se dicen más y que he intentado agrupar: una, que esto es propio de repúblicas bananeras. Dinamarca acaba de proponer poner en marcha un impuesto a las grandes fortunas para financiar las pensiones; Portugal, un impuesto solidario a la banca, y el FMI y la OCDE recomiendan a España subir los impuestos a quienes más tienen. Dos, ustedes dirán que las empresas se van. Pero, si fuera así, resulta que Somalia sería un paraíso empresarial y los países nórdicos un desierto empresarial, cuando en realidad es exactamente al contrario. Y tres, ustedes dirán que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Pero en esta crisis hemos comprobado que, cuando vienen mal dadas, uno no se saca del bolsillo una UCI ni unos rastreadores, sino que hace falta que haya servicios públicos y un Estado fuerte y responsable que cuide. Me imagino el voto de los señores de las bancadas de la derecha porque cada vez que están en el trance de elegir...
Señoría, debe terminar, por favor.
Acabo ya, señor presidente. ... de elegir entre la patria y el patrimonio, eligen siempre el patrimonio. Los grupos progresistas que permitieron la investidura sé que van a dar un voto positivo y se lo agradezco. Les agradezco que compartan un rumbo que tiene que ser necesariamente el de un Estado fuerte que prometa y facilite la industrialización y la protección social. En cuanto a los grupos del Gobierno, lamento que ustedes no vayan a votar a favor. Creo que ustedes en el fondo saben que esto es correcto y habría que desarrollarlo, como creo que tienen que tener cuidado. Acabo ya, señor presidente. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo, la incertidumbre y la ansiedad entre los de abajo, y las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se pueden defraudar. Ustedes van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo. No desaprovechemos la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Para la defensa de las enmiendas formuladas interviene, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Rodríguez Almeida. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Errejón, le adelanto que después de haber analizado su proposición no de ley, compartimos la necesidad de un plan fiscal que se adapte a la situación en la que ha quedado nuestro país después de la nefasta gestión de este Gobierno social-comunista del presidente Sánchez. Ese es el único objetivo común que compartimos, porque desde que empieza la descripción de la iniciativa, ya en el primer párrafo cometen un gran error. Afirman que la presión fiscal en España está 7,4 puntos por debajo de la media de la zona euro. Esta afirmación ha sido desmentida por Newtral, a quienes conocerá bien por su faceta de verificadores y censores, pero no es usted el único que ha cometido ese error. Ellos mismos citan como personas que han dado este dato falso al vicepresidente, señor Iglesias, a la ministra de Trabajo, señora Díaz, a la mismísima ministra de Hacienda, señora Montero, que en este caso es absolutamente imperdonable porque es la ministra del ramo. Señoría, la recaudación está 7,4 puntos por debajo de la media de la zona euro y no la presión fiscal. Le explico la realidad fiscal en España. Tenemos una renta per cápita 15 puntos por debajo de la media de la zona euro; sin embargo, la recaudación es solo 7,4 puntos inferior. Eso sucede, precisamente, por una mayor presión fiscal. Ha hablado de la curva de Laffer y también ha dicho que la recaudación del impuesto sobre sociedades ha bajado. ¿Se imagina cuál va a ser la recaudación en el próximo ejercicio? Estos errores le inducen a proponer medidas que causarían el efecto contrario del que dicen pretender. Lejos de aumentar la recaudación, disminuiría, entre otras razones, porque los pocos que aún conservan cierta capacidad de generar riqueza huirán, y no me refiero solo a los empresarios, sino también a los trabajadores. No sé si tiene en mente o recuerda lo que ha pasado en Venezuela en los últimos dieciocho años. Ya son más de cinco millones de personas las que han huido del país, están en el exilio o han pedido refugio, y de los que se han quedado en Venezuela, más de 1,5 millones están en riesgo de desnutrición. Mi curiosidad - sáqueme de dudas - es si las propuestas que ha traído usted aquí son exactamente las mismas que usted y el vicepresidente Iglesias daban como consejeros desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales al Gobierno de Hugo Chávez. [[Aplausos]] Algunas de las medidas que proponen perjudican precisamente a los que ustedes dicen que quieren defender. El impuesto sobre transacciones financieras, ¿quién cree usted que lo va a pagar? Precisamente los clientes de las entidades financieras con menos recursos, que es a quienes se lo van a repercutir. En relación con el impuesto sobre determinados servicios digitales, que ustedes quieren poner en marcha y aumentar el tipo de gravamen inicialmente previsto hasta el 5 %, en La Sexta han asegurado que un tercio de los alumnos españoles no tienen Internet en casa. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? ¿Van a dificultar todavía más el acceso de las familias con menos recursos a Internet en esta situación de pandemia? [[Aplausos]] Señor Errejón, con mucho espíritu constructivo hemos planteado una enmienda con lo que realmente es necesario, entre otras cosas, reducir el mastodóntico gasto innecesario. Usted es un ejemplo muy elocuente, este año ganará más de 100 000 euros, entre otras cosas por ser presidente de una Comisión que no se ha reunido nunca, no sirve para absolutamente nada. [[Aplausos]] Eso es lo que hay que ajustar. ¿Busca más ingresos? Pues también reduzca los gastos. Mire, le animo a reconocer a todos aquellos españoles que pasean el nombre de España con orgullo, a aquellos trabajadores y emprendedores. Ahora que están revisando muchos callejeros, a lo mejor podrían aprovechar esas nuevas calles porque no olvide que es de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez García.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que este Gobierno ha sido absolutamente transparente con su hoja de ruta fiscal. La estrategia fiscal del Gobierno siempre ha sido tener en cuenta la fiscalidad de los retos y de la economía del siglo XXI, y aquí están los impuestos, las nuevas figuras impositivas de determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras. También avanzar en la progresividad para que aporte más quien más tiene y reciba más quien más lo necesita; una hoja de ruta con una seña de identidad clara: que en ningún caso se van a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora ni a las pymes ni a los autónomos. Señor Errejón, coincidimos con usted en que la fiscalidad tiene que ser justa y progresiva, una fiscalidad que aporte los recursos suficientes para que los ciudadanos disfruten del Estado del bienestar. Coincidimos en que deben abordarse reformas fiscales justamente para profundizar en esa progresividad. Coincidimos también en la prioridad de la lucha contra el fraude fiscal; no tiene sentido hablar de progresividad fiscal si de manera simultánea no combatimos a quienes la eluden en beneficio propio y en perjuicio del conjunto de la ciudadanía. Y coincidimos en que existe una brecha fiscal europea en la cual también tendremos que trabajar. Como ve, coincidimos en el diagnóstico, por eso hemos presentado una enmienda a su PNL, porque queremos que usted vea también la coincidencia cuando hablamos de un contexto actual en el que tan importante es el qué, como el cómo y, sobre todo, el cuándo. La OCDE señala la necesidad de hacer reformas estructurales y estamos de acuerdo, pero también alerta de que no se debe actuar de forma prematura para no poner en peligro la recuperación económica. El cambio de escenario que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19 y su impacto económico nos obliga a reflexionar sobre estas reformas, a abordarlas de una manera progresiva y seguramente en diferentes velocidades, de modo que la fiscalidad justa tenga también en cuenta las perspectivas económicas reales de esta pandemia y las necesidades del modelo productivo. Si una lección hemos sacado de esta pandemia - y usted la describía en su intervención inicial - es la importancia del sector público, además de ver dos maneras diferentes de cómo gestionar una crisis: la del modelo neoliberal que impusieron los señores del Partido Popular o la del modelo socialdemócrata. Usted hablaba de valentía, no se trata de pedirnos valentía cuando ya se ha demostrado; se trata de trabajar para conseguirlo; de dejar todo en manos del sálvese quien pueda del Partido Popular, o bien construir un colchón de seguridad para las empresas, las familias y los trabajadores; rescatar bancos o rescatar personas. ¿Recuerdan ustedes los recortes salariales y los despidos, o los ERTE, las protecciones a los autónomos y la liquidez de las empresas? Entre las imágenes más traumáticas que seguramente tenemos todos de la crisis de 2008 están precisamente las de los desahucios hipotecarios, los recortes o los cortes en los suministros que sufrieron muchas familias. Ahora se han promovido las moratorias hipotecarias, la moratoria en los alquileres y la garantía de los suministros. Se negó siempre una renta mínima y ahí está el ingreso mínimo vital. Yo creo que el Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos hemos demostrado esa valentía. Hay un antes y un después en la gestión de la crisis. Como usted bien dice, la diferencia también se impone en el campo fiscal. Rajoy protagonizó la mayor subida impositiva de la historia de nuestro país; llegó a subir hasta cuarenta veces los impuestos, aplicó una voracidad impositiva sin importar su procedencia y eso acompañado de una inusual amnistía fiscal. Todo ello habiendo prometido, como ustedes recordarán, en campaña electoral que no subiría los impuestos, para que después los españoles tengan que escuchar cuando habla como expresidente, que hace suyas las palabras de Churchill al afirmar que la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras. Háganse un favor, señores del Partido Popular, y renuncien a dos discursos: el de la lucha contra la corrupción, porque es una obviedad, y el de cómo se gestiona una crisis. Se han empachado demasiado de la dieta de Churchill y han perdido toda credibilidad. [[Rumores]] En conclusión, tenemos la hoja de ruta, se acometerán novedades y cambios en dos velocidades, a corto y a medio plazo - ya termino -; algunos se contemplarán en los próximos presupuestos de 2021, unos presupuestos que son vitales para reflejar la realidad económica de nuestro país, unos presupuestos que tienen que ser ambiciosos. De las decisiones que tomemos todos en los próximos meses va a depender en gran medida no solo cómo vamos salir de esta crisis sino cómo seremos mañana; si seremos una sociedad más cohesionada y justa o si continuamos con las desigualdades. Si queremos y creemos en un Estado del bienestar fuerte, tenemos una oportunidad: los presupuestos. De todos ustedes depende. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Lo que ha quedado claro, señor Errejón, es la admiración que siente usted por un gran país como es Estados Unidos, por su sistema político y por su libertad de mercado. Está bien que lo reconozca. Dicho lo cual, creo que ahora no es momento de subir impuestos, sino de dar liquidez a las empresas y de ayudar sobre todo a los autónomos y a las pymes. Creo que todos tenemos en la cabeza a muchas personas que lo están pasando mal, que no van a abrir sus negocios y, por lo tanto, es momento de ayudarles. Tengo dudas con respecto a lo que ha presentado de hasta cuándo le va a durar la convicción con la que lo ha presentado. Yo creo que usted lo ha dicho con convicción, pero el Partido Socialista ya le ha puesto una enmienda. Por tanto, la pregunta es si usted va a poner esto como condición para unos presupuestos, que es cuando hay que ponerlo negro sobre blanco. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Le va a durar la convicción lo mismo que a Podemos, que una vez que está en el Gobierno ya se ha olvidado de todo, o a usted le va a durar algo más? Eso es lo que hay que saber y a eso tendrá que contestar el Partido Socialista. Es evidente que hoy han hablado de lugares comunes; ya veremos, que paguen más los que más tienen, que sí, que ya, que es más fuerte, etcétera, pero, ¿esto va a venir en los presupuestos? Porque hasta ahora, que yo sepa, igual ustedes sí, nadie ha visto una coma en los presupuestos ni de ingresos ni de gastos. Yo creo que nadie. Aquí parece que todo el mundo está pactando los presupuestos, pero, de momento, el único que ha sacado tajada del presupuesto es Bildu, que ha conseguido ser un actor político más como cualquier otro y que los presos se estén acercando al País Vasco. Eso lo han conseguido. Son los únicos que han conseguido algo, los demás, salvo que en Cataluña hayan conseguido algo, cosa que creo que no ha sido así, salvo promesas de la mesa, los demás nada. ¿Va usted a conseguir que eso que ha planteado hoy aquí aparezca en los presupuestos? Ahí veremos si usted es convincente y, sobre todo, si es coherente con lo que dice. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A continuación, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor de la propuesta. Aun así, lamentamos que no prospere, según parece por las intervenciones que nos han precedido. Más que nada teniendo en cuenta que sin cambios en la fiscalidad, sin repartir la riqueza, lo que nos viene encima no serán sino recortes, paro, mayor acumulación de riqueza y, por tanto, de poder político. Ese es el camino si no tenemos una alternativa encima de la mesa. Ya nos llegan algunos globos sonda en las últimas semanas en forma de alargar la edad de jubilación, quizá congelar el sueldo de los funcionarios, etcétera. Pese a la dura situación económica, la política fiscal del que un día se llamó el Gobierno más progresista de la historia - no sé si continúan diciéndolo - es blanda - por ser generosos - con los ricos y con los poderosos. La tasa Google y la tasa Tobin, que son las únicas que se han traído aquí, ya venían de legislaturas anteriores y se han planteado por debajo de las exigencias de lo que las entidades impulsoras han venido reivindicando históricamente. Por tanto, lo único que tenemos negro sobre blanco en fiscalidad, por el momento, son esas dos tasas que, insisto, están por debajo de lo que plantean las entidades impulsoras. Hoy vemos que rechazarán una nueva propuesta, cuando la situación - ya se han dado algunos datos - es de tendencia a la desigualdad, de tendencia a la acumulación y concentración de riqueza y, por tanto, de poder político y de influir todavía más en decisiones políticas. Se calcula que hay empresas españolas que tienen 140 000 millones de euros en paraísos fiscales. Se ha dicho también que el 10 % más rico concentra la mitad de la riqueza en el Estado español. Por poner ejemplos concretos, hay empresas del IBEX, empresas potentes, que obtuvieron miles de millones de beneficios el año pasado. En conclusión, sin una fiscalidad progresiva, sin recuperar el dinero del rescate bancario, que estas semanas volvíamos a recordar con la fusión de CaixaBank y Bankia, sin estas iniciativas no hay fondo para las más que necesarias políticas sociales. Por tanto, si no hay medidas para que los que más tienen paguen más, el futuro que nos espera en el Estado español, pese al Gobierno más progresista de la historia, es paro, recortes y pérdida de derechos y de bienestar.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Buenas tardes, señor presidente, señorías, espero no darles mucho trabajo porque esta vez, y solo esta vez, no voy a hablar de la monarquía, ni tan siquiera de los hipotéticos éxitos de Euskal Herria Bildu en negociaciones presupuestarias que no se han dado. Yo voy a hablar de lo que toca, voy a hablar de este punto sobre la reforma fiscal. Euskal Herria Bildu va a apoyar la iniciativa que trae Más País a este hemiciclo porque no es nada diferente de lo que venimos sosteniendo y diciendo desde esos aciagos días de marzo, en los que a todos nos sacudió una pandemia y, de alguna manera, se movieron los parámetros de construcción política de esta sociedad. Y lo vamos a hacer porque entonces decíamos que era necesaria una profunda reforma fiscal y ahora creemos que es más necesaria todavía. Además, debe ser progresiva y, si me aceptan el término, equidistributiva, y vemos estas cosas en la iniciativa que se nos plantea. Nos gustaría que fuera más ambiciosa en algunos puntos - la misma ambición que usted reclamaba al Gobierno y que compartimos -, pero, en cualquier caso, la vamos a apoyar. Lo que nos va a resultar más sorpresivo es ver cómo la fan zone del constitucionalismo español vota en contra de algo que no hace sino apuntalar lo que el artículo 31.1 de la Constitución española señala, que es la progresividad fiscal. Pero, bueno, eso serán las pequeñas contradicciones de este enorme Estado, que se dice. La vamos apoyar también porque urge un plan de choque fiscal para frenar la agenda de involución antidemocrática que lleva a cabo el neoliberalismo y que tiene picos de profundidad muy evidentes en algunos lugares. Hay treinta y siete barrios de Madrid que lo están viviendo con mucha intensidad y no soy yo quién para explicarles lo que es la agenda neoliberal sobre la base de recortes y la negación de derechos fundamentales para una parte de la población, los que menos tienen, ya sea en forma de profesionales sanitarios ya sea en forma de profesionales de la educación. Pero también, como se señala en la iniciativa, la vamos a apoyar porque si en 2008 lo que se hizo fue aumentar el gasto público, aumentar los recortes y aumentar las exenciones, lo que vemos que se quiere hacer ahora en esta ola de involución antidemocrática y neoliberal es profundizar todavía más en esas tres cuestiones, incluso cuestionar el derecho a vivir dignamente para sustituirlo por otro, que sea el derecho a sobrevivir. Solo así se entiende la segregación que decían antes o la guetización. Pero también creo que hay que decir que este Gobierno, el Gobierno actual o por lo menos la parte mayoritaria del Gobierno actual, ha tenido tiempo de hacer cosas diferentes también en materia fiscal. Y no digo que no hayan hecho algunas, pero no es el mejor ejemplo el de los desahucios para traer aquí a esta tribuna porque en el año 2019 - si no me equivoco y mis datos no son incorrectos - se produjeron 17 000 desahucios en el Estado español. Yo creo que hay materia y hay camino que recorrer. Si esta es la realidad que quieren imponer o a la que quieren abocar a una parte importante de la ciudadanía del Estado español, si lo quieren hacer para con la clase trabajadora, es normal que nosotros nos opongamos y votemos a favor de una reforma fiscal profunda, porque lo que estamos viendo en la actualidad es dantesco. Es dantesco porque les confinan en casas, les hacinan en medios de transporte y, si acaso, los quieren narcotizar en salas de apuestas, donde ya les auguro menos éxito que a Fabra con la lotería. Esa es la realidad que queremos combatir y que creemos que, siquiera parcialmente, se hace con una reforma fiscal como la que aquí se plantea. Creemos que es necesario un impuesto a las grandes fortunas. En 2012, cuando Euskal Herria Bildu gobernaba en Gipuzkoa, ya llevó adelante un impuesto sobre las grandes fortunas, por cierto con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, creemos que esa senda que nosotros iniciamos en su momento, porque nos tocó en esta parte del sur de Europa ser pioneros, es bueno que se pudiera emular en otros lugares. Lo vamos a apoyar porque creemos que hay que aumentar los impuestos a las entidades financieras. Es más, no solo en 10 puntos - y esta es en una de las cosas que creemos que se queda corto -, creemos que lo primero que tendrían que hacer es devolvernos los 60 600 millones de euros y, a partir de ahí, sí, elevarles el tramo impositivo porque bastante barato les sale que se les aumente el tramo impositivo si nos olvidamos de todo el dinero que se llevaron del bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas y que parece que no piensan devolver. Podría seguir desgranando punto por punto, pero, en cualquier caso, me quedo también con dos cuestiones. Estamos de acuerdo con que se ponga el foco en las rentas del trabajo y no tanto en las rentas del ahorro, porque las rentas del trabajo son las que tenemos todos y todas y es la que tiene la mayoría de la gente mientras que las rentas del ahorro cada vez se están quedando en las capacidades de menos gente. Termino con otra cuestión. Nos parece importante que se incrementen los ingresos a la Seguridad Social, sobre todo eliminando los tramos o máximos de cotización porque nos parece indecente que haya ejecutivos que saltan de empresa o a la jubilación con indemnizaciones millonarias cuando estamos racaneando el dinero a los y las pensionistas. Esto es lo que tendría que hacerse en un Estado que se quiere democrático, que se quiere justo, que se quiere solidario y que se quiere, como se dice, social y democrático de derecho, que es la redistribución de la riqueza. Por eso vamos a apoyar la iniciativa. Creemos que falta una tasa COVID para todas las empresas que han ganado mucho dinero durante esta pandemia, que las hay y son reconocibles; creemos que falta también un impuesto verde, porque esa es otra de las realidades que nos está tocando a la puerta, que es la del cambio climático. [[La señora]] En cualquier caso - y termino ya -, lo que creemos es que hace falta una reforma fiscal que sirva para que los que se han apretado el cinturón hasta que no les quedan más agujeros puedan vivir con un poco más de holgura mientras que los que nunca se han apretado el cinturón - quizá porque llevan tirantes con bandera o sin ella, me da igual - puedan empezar a vivir con un poco menos de holgura.
Muchas gracias, señor Matute. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Arratsalde on. Seré muy breve. Nosotros compartimos la necesidad de un nuevo planteamiento fiscal, pero no creemos que la mejor manera de impulsar esta reforma fiscal sea a través de una proposición no de ley. Hablamos de una reforma fiscal, además, en este contexto, en la que se encuentran algunos impuestos en los que nosotros tenemos capacidad normativa y competencia. Por tanto, serán las diputaciones forales a quienes corresponda su modificación o revisión en su caso. Tampoco compartimos que haya, como dicen ustedes, una armonización para todas las comunidades autónomas cuando nosotros en determinados impuestos, como he dicho, tenemos competencia. En cuanto al impuesto de transacciones financieras y tasa Google, creemos que tiene poco sentido hablar en estos momentos en esta propuesta de los mismos, porque son proyectos que ya se han tramitado en Comisión, cuyas enmiendas en el sentido que ustedes proponen en esta iniciativa ya se realizaron, se debatieron y se rechazaron, dos proyectos además que se encuentran en el Senado para que sean debatidas dichas enmiendas. Podemos coincidir en cuanto a la revisión de las sicavs o socimis. En Euskadi tributan igual que otras empresas, no tienen ninguna modificación o deducción. Coincidimos también en la parte de la lucha contra el fraude fiscal. Pero, dicho todo esto, estamos en un momento crítico en el que entendemos que hay que impulsar la recuperación económica y la reactivación del empleo. Por tanto, teniendo cuenta que a posteriori se va a necesitar una reforma fiscal, creemos que esta hay que abordarla en este contexto, un contexto en el que los niveles del PIB se vayan restableciendo, y será en este contexto cuando se deba hacer, a nuestro juicio, una reflexión seria del sistema impositivo, porque tan populista es decir en estos momentos que todo se resuelve con una subida de impuestos como decir todo lo contrario, que se resuelve con una bajada de impuestos. No hay recetas mágicas, no hay soluciones simples a problemas complejos. El principal instrumento del que dispone un Gobierno para intervenir en su economía - por eso creemos que es necesaria una reflexión seria y reposada - es la política presupuestaria para ajustar o modificar determinados tributos y que tengan un mayor recorrido, porque la economía y las inversiones requieren estabilidad. Una reforma fiscal, a nuestro juicio, ha de tener en mente por lo menos aumentar los recursos de las administraciones para mantener y mejorar los servicios públicos y acometer inversiones, al tiempo que se genera actividad económica y empleo de calidad, una reforma que habrá de estar condicionada al endeudamiento, a la evolución de la economía y también a los recursos extraordinarios que en este momento puedan provenir de Europa y que entendemos que ha de realizarse, desde luego, con mucho diálogo y consenso. Creemos que cualquier reforma fiscal hay que abordarla con responsabilidad, información y transparencia. Por tanto, tiene que responder a qué, para qué y para quién. Me da la sensación en este tema, y siento decirlo, que hoy parece que se está justificando el apoyo o no a esta propuesta haciendo alegatos de quién es más progresista o quién defiende una mayor justicia social. Creo que no es el camino. Creo que para hacer una reforma fiscal, como he dicho, hace falta diálogo y mucho consenso. Para terminar, me alegro que Bildu diga que apoya esta proposición no de ley o esas reformas progresistas entre Podemos y el PSOE, porque muchas de las reformas que se están planteando están ya previstas en nuestros impuestos, y parece que lo que vale aquí allí no vale. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Sagastizabal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
Presidenta, señorías, llevamos meses viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, una pandemia con un impacto en nuestra sociedad que nunca olvidaremos, quizá los momentos más difíciles que hemos vivido en el último siglo y con unas consecuencias que dejarán una marca imborrable en nuestra memoria. Llevamos meses viendo cómo nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nuestras Fuerzas Armadas, los agricultores, el personal de los supermercados, de limpieza, de servicios esenciales, nuestros maestros, nuestros profesores y, por supuesto, nuestros sanitarios están trabajando durísimo. Sin duda, todos - los sanitarios en primerísima línea - han realizado un trabajo durísimo, con un impacto físico y emocional de los que todavía no somos conscientes. Para la mayoría, posiblemente, han sido los momentos más difíciles que hayan vivido en sus vidas profesionales. ¿Y los científicos, que investigan a contrarreloj tratamientos más efectivos y una vacuna que nos ayuden a todos a superar esta pandemia? También es de justicia destacar la dificultad de su lucha. Ciudadanos también ha tenido que tomar decisiones muy difíciles pero necesarias para todos los españoles, como apoyar todas y cada una de las votaciones del estado de alarma. Hemos trabajado sin descanso en una Comisión de Reconstrucción para buscar soluciones y consensos, porque también fue muy difícil llegar a esos acuerdos. Esta semana nos encontramos con una proposición no de ley que ha registrado Más País, con la que vemos que van a lo fácil, todo el mundo haciendo cosas difíciles y Más País va a lo fácil: subir los impuestos de manera generalizada, como siempre. Cada vez que ven un problema intentan solucionarlo con un impuesto, cuando algo no les gusta intentan ponerle un impuesto. En momentos difíciles las soluciones fáciles no sirven porque tienen trampa. Estoy segura de que no se han parado a pensar en la repercusión que tendría una subida masiva de impuestos a una economía debilitada como nunca se ha visto. Y no se han parado a pensarlo porque no les importa, porque están preocupados en adaptar la realidad de su dogma político de que subir impuestos de manera indiscriminada siempre es bueno. Si las empresas se asfixian, se irán y el empleo desaparecerá. Sí, créame, si usted quiere que venga aquí más I+D+i, señor Errejón, no empiece a subir los impuestos porque las inversiones fallarán. ¿Son conscientes de los datos económicos que muestran la situación crítica de nuestra economía? ¿Creen ustedes que asfixiar a las empresas que todavía resisten y que siguen manteniendo los empleos solucionaría la falta de solvencia que tiene ahora mismo este Gobierno en ingresos? Me pregunto también, ¿por qué no miran hacia la partida de gastos? Sí, sí, de gastos superfluos, no los importantes, los superfluos, los ineficaces. Ya en 2019 la AIReF señalaba claramente al finalizar la primera fase del Spending Review, donde analizó partidas de gasto del presupuesto público por más de 33 000 millones, que existían 14 000 millones de euros anuales de gasto ineficaz, sobre los que no existe ni control en su gestión ni en sus fines. A todo esto, tenemos que añadir los gastos de la creación del Gobierno más caro de la historia de nuestro país, el actual, y, además, añadirle todos los asesores que sin control ni transparencia alguna este Gobierno ha colocado. ¿Qué le parecería, señor Errejón, tener 14 000 millones más al año y lo que podemos sacar de reducir los ministerios para utilizarlos de forma eficiente en lo que realmente necesitan las familias de nuestro país? No estaría mal, ¿no? Señorías, subir los impuestos a las empresas que todavía pueden mantenerse no es lo mejor. Otra pregunta les hago: ¿por qué no parten del dictamen económico fruto de la Comisión? Porque parece que también se les hace difícil partir de un consenso de esta Cámara. Señorías, todos los españoles llevan meses haciendo cosas que nunca pensaron, viviendo momentos muy duros, muchas empresas han cerrado sus puertas y se están perdiendo muchísimos empleos y lo peor es que, desgraciadamente, esto seguirá ocurriendo si no se toman las medidas necesarias desde este Gobierno. Ahora toca seguir haciendo cosas difíciles, llegar a una tregua política para dejar en el centro a quienes nos necesitan: las familias, nuestros autónomos, nuestras empresas; luchar por unos presupuestos que sean centrados, sensatos y para todos los españoles, no solo para unos cuantos; sumar esfuerzos para tener planes de recuperación que presentar a Europa para utilizar de manera eficiente los 140 000 millones de los fondos europeos. También tenemos que ayudar a las personas que se encuentran en situación de exclusión social, invertir más en sanidad y en educación. Quedan por hacer cosas muy difíciles, pero hay que hacerlas. Será muy difícil, sin duda. Ciudadanos seguirá trabajando para conseguirlo porque no venimos a la política para seguir haciendo lo de siempre, para eso ya había profesionales de lo fácil, sino para hacer lo correcto, para complicarnos la vida intentando facilitársela a los ciudadanos. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Martínez. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
Gracias, presidenta. Señor Errejón, agradecemos el debate de esta PNL y la posibilidad de exponer aquí diferentes propuestas en materia fiscal. Compartimos la urgente necesidad de introducir medidas relevantes en un contexto de crisis social, económica y sanitaria; una crisis que está dejando en evidencia las miserias de un Estado injusto e ineficiente, las miserias de un modelo obsoleto sustentado en los privilegios de unos pocos por encima de muchos otros; un modelo donde tributan más las rentas del trabajo que las del capital, donde paga más una pyme y un trabajador autónomo que una gran empresa, donde se pierden millones y millones cada año debido al fraude y la elusión de las grandes empresas y fortunas, sin que se cuente con los recursos necesarios para su fiscalización. Somos un partido republicano y de izquierdas que cree en la justicia social, que defiende que quien más tiene debe contribuir más. Creemos en un Estado del bienestar, en unos servicios públicos de calidad y bien financiados que garanticen la igualdad de oportunidades y por ello, aunque reafirmamos que nuestro objetivo es la república catalana, no nos olvidamos de la gestión del día a día y secundamos la gran mayoría de sus propuestas. Pero, ¿sabe qué pasa? Que tenemos serias dudas de que la gran mayoría de ellas lleguen a ser una realidad en el Estado español, y así lo hemos constatado muchas y muchas veces. De todas sus propuestas, hay alguna que ya podría haberse materializado. Estoy hablando, por ejemplo, de subir del 3 al 5 % el impuesto sobre determinados servicios digitales o que contratos derivados sobre divisas y materias primas - los productos más especulativos - sean gravados por el impuesto a las transacciones financieras. Estos impuestos ya han finalizado su tramitación en este Congreso y mi grupo parlamentario presentó enmiendas en este sentido. El resultado: cero, ni una aprobada. El supuesto Gobierno más progresista de la historia del PSOE y Unidas Podemos no nos aceptó ni una. Pocas esperanzas, pues, tenemos de que se introduzcan medidas de calado que acaben, de una vez por todas, con los privilegios de régimen del 78. Son demasiadas las ocasiones en las que hemos constatado que esto no es posible y nos reafirmamos una y otra vez en que la mejor opción para garantizar unas condiciones de vida dignas y la igualdad de oportunidades es la república catalana. Por último, queremos constatar que no compartimos sus propuestas de armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Denunciamos el dumping fiscal ejercido sistemáticamente por comunidades como Madrid que, beneficiada por el efecto capitalidad, ha ejercido una competencia desleal reduciendo impuestos a mínimos. Ello evidencia una vez más el fracaso del sistema de financiación autonómico, que debe revisarse de manera íntegra. La solución no pasa por el detrimento de la ya poca autonomía fiscal de las comunidades. Por tanto, aunque estamos a favor de un impuesto a las grandes fortunas, y así lo hemos expuesto en diversas ocasiones, no creemos que esta sea la forma más adecuada. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Margall. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Señor Errejón, la verdad es que sería muy difícil estar en desacuerdo con lo que usted ha planteado aquí por muchas razones. La primera es porque su propuesta reproduce de manera casi literal lo que desde el Grupo Confederal hemos defendido a lo largo de esta crisis, y porque, además, expresa una realidad que es incontestable: que no puede haber una salida decente mínimamente sostenible a esta crisis si no es con un mínimo de redistribución de la riqueza colectivamente creada. Yo escuchaba alguna de las intervenciones anteriores y pensaba en qué revolucionario se ha convertido el pensamiento de Johan Maynard Keynes en los tiempos en los que vivimos. Keynes, que era un liberal progresista, un liberal sensato, seguramente hubiera dicho de manera muy clara que sería un despropósito volver a reproducir las políticas de austeridad que se utilizaron en 2008, que condujeron al más absoluto desastre económico y que generaron un gran aumento de las desigualdades. Pero también hubiera dicho otra cosa que es importante: hubiera recordado que no podemos salir de una recesión como esta solamente a través de la deuda; y que para que las inversiones de hoy no sean los recortes de mañana, efectivamente necesitamos complementar estas políticas con políticas fiscales progresivas. Seguramente, Keynes habría recordado que en el caso de España seguramente eso tiene que ver con proteger a las clases trabajadoras, con apoyar a los sectores modernos e innovadores de la economía, pero también con yugular de manera decidida a los sectores rentistas y a los sectores que viven y sobreviven simplemente de la evasión fiscal. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el diagnóstico, estamos de acuerdo con muchas de las propuestas, pero también creo que hay que decir que no se trata solamente de tener ideas, sino de tener fuerza para que esas ideas puedan ponerse en marcha. Por lo tanto, creo que el gran desafío que vamos a tener las mayorías progresistas, las mayorías plurales de izquierda en esta Cámara, es conseguir que esa fuerza se convierta en propuestas que se incluyan en un presupuesto para cambiar la vida concreta de la gente. Me parece que aquí la gran dificultad que vamos a tener la hemos visto hoy aquí: es la oposición cerril de unas derechas radicalizadas que tienen poder aquí, pero que tienen poder fuera de aquí, y que tienen una función muy concreta en este momento histórico, que es impedir que esta crisis se pueda resolver con un mínimo de justicia fiscal y actuar prácticamente como grupo de choque de ese bloque rentista, de ese bloque parasitario que solamente prospera en la alta corrupción y que solamente prospera en esta economía del beneficio a corto plazo. Los hemos oído hoy aquí, han hablado con mucha claridad, sabemos que a veces compiten entre ellos para ver quién tiene la bandera más grande de la mascarilla, pero que luego el patriotismo les tiembla cuando se trata de exigir algo tan normal como que también los más ricos cumplan con las obligaciones fiscales que se les exige al resto de la ciudadanía. Los hemos visto aquí presumir de valentía criminalizando a las clases trabajadoras, autóctonas y migrantes, al tiempo que, por ejemplo, le perdonan el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas en Madrid, de manera tal que millones de euros que podrían destinarse a respiradores, a levantar hospitales, a análisis se acaban perdiendo de las arcas públicas. Vienen aquí a enfrentarse a esos sectores vulnerables, pero pueden permitir estas mismas derechas, por ejemplo, que en Andalucía se recorten drásticamente los ingresos en la universidad pública, en la ciencia, en la investigación, pero que, al mismo tiempo, se renuncie a cobrar los tramos del IRPF a los estratos más altos, como si eso no deteriorara los servicios públicos. En consecuencia, lo que yo pienso es que ese es el desafío que tenemos, es decir: cómo enfrentarnos a unas derechas que realmente están en un plan de insubordinación desleal e insolidaria ante una cosa tan sencilla como el principio de progresividad fiscal, que es el artículo 31 de la Constitución española, que es el artículo 53 de la Constitución italiana, que es el artículo 104 de la Constitución de Portugal, es decir, que forma parte de lo mejor de la tradición del constitucionalismo social europeo, tan sencillo como eso. Y me parece que, desde ese punto de vista, el reto que tenemos es construir las alianzas sociales y políticas lo más amplias posibles para que ese programa que compartimos pueda efectivamente concretarse en la práctica; y eso no significa en ningún caso defender un peligroso programa social-comunista, significa una cosa tan sencilla - defender la justicia fiscal - como defender la cohesión social, como garantizar el futuro de las familias más vulnerables y también, diría yo, tomar partido. Quiero acabar mi intervención recordando una frase de Louis Brandeis, que fue miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1916 y 1939, que decía una cosa bastante sencilla: Se puede tener concentración de riqueza o se puede tener democracia, pero ambas cosas al mismo tiempo no; hay que elegir. Y le aseguro, señor Errejón, que nosotros vamos a elegir la democracia. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Pisarello. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Bas Corugeira.
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. Primero, quiero aclararle a la portavoz socialista que la subida de impuestos que realizó el Partido Popular fue a consecuencia - si no lo recuerda, pregúnteselo a sus compañeros - de la ruina que llevó a España la penosa gestión realizada por el Partido Socialista. [[Rumores]] Ustedes dejaron 70 000 millones de agujero y a España a punto de ser intervenida. Arruinaron España una vez y lo peor es que están a punto de volver a arruinarla. Dicho esto, dígalo todo: que, cuando las condiciones lo permitieron, el Partido Popular volvió a bajar los impuestos. [[Rumores]] Centrándonos en la propuesta de Más País, una vez más la izquierda esconde sus verdaderas intenciones detrás de un eslogan populista. Hoy llama reforma fiscal de solidaridad cívica - ahí queda eso - a una cruda subida de impuestos sin más. Ustedes quieren seguir tejiendo su escudo fiscal disfrazándolo siempre de ese escudo social que tanto citan. Y hoy el señor Errejón da a entender que esta propuesta se gesta como consecuencia de la situación provocada por la COVID, y esto no es cierto. Como ya le indicó el señor representante de Podemos, el portavoz, esto es un corte y pega del programa de Unidas Podemos que presentó para las elecciones del 28 de abril del pasado año y en esa fecha el virus no estaba presente y puede que el señor Errejón también quiera anotarse un tanto, ya que quizás, y dada su proximidad al Gobierno, maneje la información de que esta va a ser la línea de la agenda fiscal oculta con la que el Gobierno enfocará los próximos presupuestos. Señor Errejón, le ha faltado trabajo y le ha faltado elegancia. Por tanto, una nueva manipulación, un engaño más, esta vez de Más País, engaño que se suma a todos los que este Gobierno de coalición está sometiendo a los ciudadanos. Y son tantas las veces que han engañado que los ciudadanos ya no les creen y como muestra sirva el resultado de las recientes elecciones en Galicia donde los ciudadanos avalaron con una mayoría absoluta la solvencia del proyecto del Partido Popular, hicieron desaparecer del Parlamento gallego el populismo de Unidas Podemos e hicieron cosechar uno de los peores resultados del Partido Socialista por su pésima gestión al frente del Gobierno de España. No creyeron a Pedro Sánchez, no creyeron a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y no creyeron al candidato y diputado en esta Cámara Antón Gómez-Reino. Con respecto a las medidas contenidas en la propuesta de Más País, he de decir que no nos sorprenden. En esta materia, sea cuál sea el escenario económico, el planteamiento de la izquierda es siempre ahogar con más impuestos a los ciudadanos, pero esta vez con un agravante, pretenden interferir en aquellas comunidades autónomas - que, por cierto, suelen estar gobernadas por el Partido Popular - que, en el ejercicio de sus competencias y gracias a una buena gestión económica y social, hayan decidido reducir sus impuestos. Esto, señoría, es intolerable. Ustedes pretenden obligar a los ciudadanos de estas autonomías a pasar por caja para que no queden en evidencia las comunidades autónomas donde malgobierna la izquierda. Señores de Más País, señores de Podemos, señores del Partido Socialista, en estos momentos no nos podemos plantear una subida de impuestos que enfríe más la economía. Hoy, España es el país que presenta los peores indicadores económicos y sanitarios de la Unión Europea. Nuestra caída interanual del producto interior bruto es superior al 22 % y tenemos la tasa de paro más alta de Europa, casi 6 millones de personas dependen de un subsidio. Y esto no es casualidad, tenemos el peor Gobierno que podíamos tener para gestionar esta crisis. Les recuerdo que antes del COVID ya se había revisado a la baja el crecimiento económico hasta en tres ocasiones. Por tanto, olvídense de subidas de impuestos. Italia, Alemania, Francia, todos estos países han puesto en marcha ambiciosos planes para la reactivación de sus economías, incluyendo en ellos una importante rebaja de sus impuestos, lo contrario de lo que ustedes proponen, señor Errejón. Incluso el primer ministro francés reconoció como error haber subido impuestos en crisis anteriores, un error que la izquierda de nuestro país está empeñada en cometer. Aplicar estas medidas que plantea el señor Errejón contribuiría a empobrecer más nuestro país, un país donde, por cierto, algunos miembros del Gobierno ya han comentado la posibilidad de tocar las pensiones y los sueldos de los trabajadores públicos, recortes que el señor Sánchez votaría por segunda vez. Por tanto, lo que corresponde no es subir impuestos, lo que corresponde ahora es acometer un ambicioso plan de reformas que estimule el consumo con el que reactivar nuestra economía y que permita salvar empleos, empresas y a nuestros autónomos. Corresponde apoyar a sectores tan importantes para nuestra economía como el sector del turismo bajándole el IVA de sus servicios, corresponde bajar el impuesto sobre sociedades y el IRPF. En definitiva, corresponde todo lo contrario de lo que el señor Errejón propone, salvo lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal, que es algo que se debe perseguir con contundencia.
Señor Bas, tiene que terminar.
Estoy acabando, presidenta. Por eso, hoy anuncio aquí que nuestro grupo presentará una proposición no de ley en la que se incluirán las soluciones que el Partido Popular propone para gestionar esta crisis, soluciones que ya fueron apuntadas públicamente por nuestro presidente, Pablo Casado, y que, entre otras medidas, plantean una importante rebaja en unos impuestos y la supresión de otros y soluciones que están en sintonía con las aplicadas en las principales economías europeas y que se basan también en la experiencia de haber gestionado...
Señor Bas, tiene que terminar, por favor.
Estoy acabando. ... dos durísimas crisis que nos había dejado el Partido Socialista y que habían negado reiteradamente. Con la aplicación de estas soluciones conseguiremos reactivar nuestra economía y mejorar el empleo, y esto traerá consigo un incremento de la recaudación que garantizará unos servicios públicos de calidad y la mejora del Estado del bienestar. Señorías, hagan caso al Partido Popular. Le irá bien al conjunto de España y le irá bien al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Bas. Señor Errejón Galván, a efectos de saber si va aceptar alguna de las enmiendas presentadas.
No aceptamos ninguna.
Muchas gracias, señor Errejón. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la situación de los militares de Tropa y Marinería temporales que hayan cumplido o vayan a cumplir la edad de cuarenta y cinco años durante la actual situación de crisis sanitaria, económica y social. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, ya casi noches, señorías. En primer lugar, quisiera hacer una mención especial dedicada en el día de hoy a la Legión, a nuestra Legión, por el centenario que, como todos ustedes saben, ha cumplido la Legión Española hace dos días. A todos los caballeros legionarios - los presentes, los pasados y los futuros - mi más sincera enhorabuena deseando que el Gobierno tenga a bien conceder esa Laureada comunitaria a toda la Legión lo antes posible, porque creo que es de justicia y todos ellos la están demandando y esperando. [[Aplausos]] Señorías, les voy a contar una historia; en realidad, les voy a contar tres. Les voy a contar la historia de Marta, una cabo en un regimiento prestigioso que durante los últimos quince años ha sido la peluquera del regimiento. Cuando cumplió cuarenta y cinco años fue expulsada de nuestras Fuerzas Armadas y no consiguió encontrar trabajo en ninguna peluquería porque el Ministerio de Defensa se olvidó convalidar esos quince años con una formación profesional en peluquería. Resultado: ningún puesto de trabajo. O la de Manolo, camarero en otro regimiento durante sus últimos doce años de servicio. Manolo no pudo conseguir consolidar la más mínima formación como camarero y, por tanto, se vio abocado al paro. O la de Antonio, mecánico de helicópteros en una unidad. Cuando finalizó su compromiso a los cuarenta y cinco años y fue expulsado de las Fuerzas Armadas no se le homologó ningún curso sobre el helicóptero que estaba manejando. El resultado de todo esto que les estoy contando es que los tres están en este momento trabajando en sus unidades contratados a través de empresas privadas, haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo antes. Pero, señorías, ese no es el asunto. Ellos quieren tener el orgullo de vestir el uniforme del ejército español y eso no se lo podemos quitar haciendo contrataciones, que a saber de qué forma se habrán hecho para que Manolo acabe precisamente en la misma unidad de helicópteros haciendo el mantenimiento del mismo helicóptero que hacía antes de ser expulsado. Hemos interpelado a la ministra, la señora Robles, sobre la expulsión de las Fuerzas Armadas de nuestros soldados y marineros, pero nunca nos ha respondido de forma clara, aunque se le entiende todo: que si hoy no toca, que si hay que hablar de otra cosa, que si ya lo sabían cuando se metieron en las Fuerzas Armadas. Son respuestas que nadie esperaría de la ministra de Defensa. Nos habla la señora Robles del trabajo incansable para la sociedad española de todos los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas y del papel solidario que han desempeñado en esta crisis. Son palabras con las que, por supuesto, no podemos estar más de acuerdo. Nos dice que ella habla por todas las Fuerzas Armadas y que habla para todas ellas, pero es que esta moción no trata de todas las Fuerzas Armadas, sino de una parte de ellas, y precisamente de la parte más importante, señorías, nuestra escala de Tropa y Marinería, los más desfavorecidos de todas nuestras Fuerzas Armadas. Si la precariedad en nuestras Fuerzas Armadas empieza a ser alarmante, hoy hablamos de los más precarios de todos ellos. ¿O no es precario percibir un salario mileurista? Esta es la nómina de un cabo de nuestras Fuerzas Armadas con dieciséis años de servicio. [[Muestra un documento]] Este cabo, que tiene ya cinco trienios, cobra un salario de 1083 euros; esta es la nómina del mes de agosto. Cobra 1083 euros después de dieciséis años de servicio. Es un profesional que está dispuesto a dar su sangre y hasta su vida por todos ustedes, señorías, porque esa es su obligación y ese es su compromiso. Y a esta persona que cobra 1000 euros cuando cumple cuarenta y cinco años la dejamos en la calle. Esa es una vergüenza democrática. [[Aplausos]] Es verdad que el contrato que han firmado tiene una fecha de finalización, pero como muchos otros contratos laborales. ¿No critican ustedes eso como precariedad? ¿Por qué a algunos grupos, incluidos los que dan soporte a este Gobierno, les oímos todos los días hablar de que hay que acabar con los contratos temporales? ¿A usted no le parece temporal extinguirlos cuando se cumplen cuarenta y cinco años, una extinción biológica? ¿Ya no es precariedad eso? Señorías, la Ley de 2006 también tenía artículos que preveían convalidar la formación de nuestros soldados y marineros, pero aquí no se ha hecho nada sobre esto. El Ministerio de Defensa no ha hecho absolutamente nada. Se lo demostramos y se lo desmontamos a la ministra la semana pasada. Señorías del PP, por cierto, esta es una cuestión en relación con la cual ustedes tampoco pueden ausentarse. Son tan culpables como los Gobiernos socialistas porque ustedes votaron aquella ley de Zapatero. Estamos de acuerdo todos en que la Ley de 2006, de Tropa y Marinería, es la causante de estos males. ¿Por qué en vez de sostener estas excusas no solucionamos el problema? ¿Por qué no atacamos el fondo del drama? ¿Por qué no hacemos lo un único posible, que es modificar la ley y corregir esta terrible injusticia? Lo que hoy debatimos, señorías, es una humilde moción. Yo no voy a engañar a nadie y mucho menos a los profesionales, que lo dan todo por proteger y servir a todos los españoles, pero esto pretende descubrir a la sociedad española el drama al que se ven arrojados nuestros soldados y marineros por culpa de una ley injusta y mal ejecutada, una ley que abandonará hasta el año 2037 a más de 53 000 hombres y mujeres y que nos costará 9000 millones. ¿De verdad podemos prescindir de todo ese capital humano y dejarnos en el camino 9000 millones de euros? ¿Quién gana con esto? Ni ganan las Fuerzas Armadas ni ganan los profesionales expulsados ni gana el Estado. Si no beneficia a nadie, ¿por qué no cambiamos la ley y nos ahorramos este sinsentido? Señorías del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, son ustedes los que pueden cambiar esto. Solo desde el Gobierno es posible traer a esta Cámara una nueva ley que modifique el estatus de las cosas. Ustedes conocen este problema, lo han apoyado en otros momentos. Votaron favorablemente una proposición no de ley que pedía exactamente lo mismo no hace mucho en este Congreso de los Diputados. Al menos el Grupo Popular no se esconde. Ni hizo nada por remediar aquella cuestión ni votó a favor de aquella proposición no de ley. Señores del PSOE y de Unidas Podemos, ¿van a dar de nuevo la espalda a nuestros soldados y marineros? ¿Van a volver luego a hablar de precariedad y de Función pública? ¿Van a seguir condenando a más de 53 000 servidores públicos a la atención social? Señorías - finalizo, señora presidenta -, un país no puede dar este trato a sus servidores públicos y muy especialmente a quienes arriesgan su vida por proteger la vida de los demás. Estamos fallando como país a los que nunca nos fallan, a aquellos con quienes podemos contar para todo. ¿Y todo esto, señorías, para qué, para acabar perdiendo dinero y dejar a miles de familias abandonadas, sin sustento, a merced de la precariedad?
Señor Gutiérrez, tiene que terminar, por favor.
Finalizo ya, señora presidenta. Esta ley es tan injusta como absurda. Maltrata a los soldados, nos priva de su experiencia y valor añadido y nos deja un agujero económico considerable. Sabemos que la fuerza de esta moción es enviar un mensaje al Gobierno. Hagámoslo alto y claro, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Señorías, son soldados, no máquinas. Tienen todo nuestro respeto y reconocimiento, así que démosles la dignidad que se han ganado. Gracias, señoría. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gutiérrez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Fernández-Roca Suárez. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora presidente. Me sumo a las felicitaciones a la Legión por su centenario. [[Una señora diputada: ¡Viva la Legión!- Varios señores diputados: ¡Viva!-Aplausos]] Les adelanto que mi grupo parlamentario va a votar a favor de la moción por compromiso y por lealtad con España y con nuestros militares. Eso sí, hemos registrado una enmienda de modificación al articulado que ha sido aceptada por el grupo proponente. Esta moción se encuadra en un claro ejercicio de oportunismo político, porque ha sido presentada la misma semana que los militares se han manifestado por unas retribuciones dignas. Para que sus señorías visualicen la cuestión de la precariedad salarial en las Fuerzas Armadas les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Un teniente piloto de combate de un avión Eurofighter, un caza de cuarta generación, cuyo coste económico se sitúa por encima de los 60 millones de euros, cobra lo mismo que un mosso d'esquadra nivel 14 de la Administración, diez niveles por debajo, mosso que percibe 2,5 veces el salario de un soldado de su misma categoría profesional. Hay soldados que apenas llegan al salario mínimo interprofesional a pesar de que los militares están en disposición de servir a España veinticuatro horas al día, los 365 días del año. [[Aplausos]] Ejemplarmente lo han demostrado en el cumplimiento de la Operación Balmis. La milicia es una profesión que requiere un alto grado de vocación de servicio. Sin embargo, para desgracia de nuestros militares, la vocación no paga las hipotecas, no paga los colegios de los hijos y no paga los préstamos personales. [[Aplausos]] Señorías de Ciudadanos, en la exposición de motivos de su moción indican que los militares serán expulsados de las Fuerzas Armadas. A los parlamentarios se nos exige un mayor rigor en la técnica legislativa a emplear. Por lo tanto, permítanme que les corrija: finalización de compromisos. No expulsión, porque en el supuesto jurídico de expulsión de un militar de las Fuerzas Armadas concurren otras causas jurídicas muy diferentes que no vienen al presente caso. [[Aplausos]] Entrando a valorar lo dispuesto en el punto primero del petitum se deduce que sus señorías de Ciudadanos se han olvidado de aquellos militares temporales a los que se les prolonga el compromiso más allá de los cuarenta y cinco años, todo ello al objeto de cumplir con el requisito establecido - artículo 17 de la Ley 8/2006- de tener cumplidos al menos dieciocho años de servicios en las Fuerzas Armadas para poder acceder a la condición de reservista de especial disponibilidad. Asimismo, en nuestra enmienda hemos solicitado que se incluya a los militares que accedieron a dicha condición con anterioridad a la presente crisis económica, todo ello al objeto de evitar una injusta situación de discriminación entre militares de una misma promoción. La Ley de Tropa y Marinería de 2006 fue un remiendo jurídico respecto de la Ley 17/1999. El objeto de esta ley era dar una solución a las tasas muy bajas de reclutamiento en las Fuerzas Armadas vinculando jurídicamente a los militares mediante una concatenación de contratos temporales denominados compromisos y estableciendo una relación jurídico-pública de carácter especial que difícilmente encuentra encaje en nuestra carta magna. No existen en toda la Administración pública española dos leyes diferentes para regular una misma profesión. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son muy claras con relación al abuso de la contratación temporal. Esta no puede ampararse en razones presupuestarias, y el Ministerio de Defensa está recurriendo a contratos temporales para cubrir necesidades básicas y ordinarias de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, señorías, hay que derogar la Ley del año 2006. La abulia mostrada tanto por Gobiernos socialistas como por Gobiernos populares durante los últimos años hacia los militares tiene nefastas consecuencias, un desembolso de más de 9000 millones de euros en los próximos veinte años y unos 53 000 militares que lamentablemente pasarán a engrosar las colas del paro, un ERE masivo que condena a nuestros veteranos a vivir de una subvención de poco más de 500 euros, algo muy propio de este Gobierno social-comunista. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha habido de asumir una cuota de protagonismo y se ha limitado a presentar una propuesta que retrasaría la problemática otros dos años más. Señorías, abandonen de una vez por todas la política de parches que tanto daño está causando a los españoles. Pero que no cunda el desánimo en esta Cámara, este desaguisado tiene solución: la proposición de ley de la carrera militar única que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX y que incluye una disposición transitoria para sortear el injusto veto del Gobierno a su tramitación.
Señor Fernández-Roca, tiene que terminar, por favor.
Finalizo ya, presidente. Señores diputados de Ciudadanos, hace unos días en esta misma tribuna decían que nuestra proposición de ley no conducía a nada; no obstante, en su moción instan al Gobierno a que impulse esta ley. Nos alegramos de que hayan cambiado de opinión, algo sospechosamente habitual en su formación política, y les tendemos la mano tanto a ustedes como al resto de formaciones del arco parlamentario para que apoyen nuestra iniciativa parlamentaria. Dejen a un lado intereses partidistas espurios y guíense por la mejor brújula: el bienestar de los españoles, porque en la defensa de España y de sus Fuerzas Armadas cabemos todos. Señorías, menos palabras y más hechos.
Señor Fernández-Roca, tiene que terminar.
Finalizo. No podemos abandonar a nuestros militares que mediante su disposición permanente de servicio a España y a los españoles han dedicado los mejores años de su vida, ofreciéndola incluso, para que nuestra patria sea un lugar más seguro. La defensa de España no es temporal. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Fernández-Roca. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. La ley de Tropa y Marinería, aprobada por las Cortes Generales en 2006, ha generado algunos problemas, agudizados paulatinamente con el tiempo y las sucesivas crisis, que hacen obligado acometer decisiones en torno a una política de Estado como es la relativa a la defensa y, en el caso que debatimos esta tarde, el mejor futuro para las mujeres y hombres que acceden profesionalmente al servicio de las Fuerzas Armadas y pasan a la reserva obligados por ley y por compromiso contractual al cumplir cuarenta y cinco años. Cabe recordar que durante año y medio trabajó intensamente una subcomisión parlamentaria en el seno de la Comisión de Defensa, que elaboró en la XII Legislatura un extenso informe con cuarenta medidas que se aprobó en septiembre de 2018. Señorías, siendo la necesidad de crear empleo la gran prioridad para los españoles, y más aún en estos dramáticos tiempos de pandemia, que lo está destruyendo, se recrudecen las opciones para atender como se merecen a quienes terminan legalmente su compromiso de larga duración al servicio de nuestro ejército. La ley trata de dar respuesta a la carencia sobrevenida tras la supresión en 2001 del servicio militar obligatorio, la mili, pero la realidad es que España hoy tiene importantes necesidades de personal en una cuestión esencial que nos afecta a todos los españoles, como es la defensa. De los tres puntos de la moción que ha defendido el señor Gutiérrez Vivas, voy a respaldar la propuesta sobre la evaluación del grado de cumplimiento del informe y de las medidas aprobadas por la Comisión de Defensa hace exactamente dos años. Considero que ese es el punto de partida para conocer antes de fin de año la utilidad ante las insuficiencias derivadas de la vigente Ley de Tropa y Marinería, muy probablemente abocada a una urgente y profunda reforma, tan profunda que si somos incapaces de encontrar una solución legislativa consensuada este problema se prolongará durante muchos años. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias a usted, señor Martínez. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, mis felicitaciones también a la Legión. Y, señor Gutiérrez, al que está claro que no le importa nada este tema es al Gobierno, es evidente, pero ni este ni los anteriores, ¿eh?, tampoco es una cosa personal. Es evidente que en toda la tarde no ha habido nadie del Gobierno porque queda claro que es ninguno el interés que tienen por lo que se debate en la representación popular más importante de España, no les interesa nada. Es evidente también que si alguien hablara de un colectivo de más de 50 000 personas al servicio de las administraciones públicas de España o de cualquier Administración estarían preocupados por ellas. Pero, ¿qué pasa? Que estas no son personas normales, son militares. Y como son militares, para una parte de este hemiciclo dejan de ser importantes y ya no tiene trascendencia que sean más de 50 000 personas al servicio de las administraciones públicas de España. Habrá que intentar resolver los problemas de estas personas, como los de todas las demás, porque son ciudadanos de España, que viven en España, que trabajan en España y que han aprobado unas pruebas para tener ese trabajo y merecen el mismo respeto que todas las demás personas que trabajan al servicio del conjunto España o de cada una de sus administraciones. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera, y no solo lo eran cuando en marzo salieron a las calles, sino también ahora, y cuando pase todo esto tendrán que seguir siendo ciudadanos como los demás, de primera. Pero es que llega a tal punto esto que ayer mismo fueron rastreadores del ejército a la Comunidad Foral de Navarra y, lógicamente, los socios del Gobierno dijeron que se fueran - otra cosa es que el propio Gobierno, el propio Partido Socialista admita esas cosas -. Además, el propio Gobierno de Navarra, con esos complejos que tiene, en vez de decir 'vienen unos militares a rastrear' dice 'unas personas del Ministerio de Defensa', por no decir la palabra militar. Ese es el problema. Ahí radica la cuestión. Yo creo que aquí no va a haber votos, pero si no hay votos para sacar esto adelante, si unos partidos no sumamos mayoría, será porque otros la suman. Por lo tanto, no nos echen en cara las incoherencias de algunos partidos por no votarles. Este Gobierno está apoyado aquí con unos votos y, por lo tanto, no nos echen en cara esas incoherencias de las que nos hablaba antes el portavoz de Podemos. Si son unos incoherentes y no les hace caso el Partido Socialista, asuman su responsabilidad, pero no nos echen a los demás la culpa cuando no tenemos votos para paralizar el horror de medidas que están haciendo. Evidentemente, si tuviéramos votos, lo hubiéramos parado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Agirretxea.
Gracias, señora presidenta. Intervengo muy brevemente, desde el escaño, solamente para decir que, como hemos visto, Ciudadanos trae una iniciativa que en lo esencial no deja de ser una propuesta que en su momento se debatió, se trató y se rechazó en esta casa, en la subcomisión donde se trató el tema el año pasado. Por lo tanto, consideramos que es una forma de traer ahora, por medio de una PNL, lo que no se consiguió introducir en aquel informe. Yo creo que es algo mucho más serio. Además, como ya han pedido algunos otros grupos, tendría que modificarse el informe en su globalidad, porque no se puede sacar solo una de las cuestiones de los diferentes temas que se trataron en ese informe, que se elaboraron y que se plantearon como recomendación. Incluso habría que cambiar la ley. No nos parece que una PNL sea la forma más idónea para traer algo que en su momento ya se rechazó. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias a usted, señor Agirretxea. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Nuet Pujals.
Gracias, presidenta. Aprovecho este punto de las mociones consecuencia de interpelaciones para denunciar que la Mesa de esta Cámara ha censurado una moción de la CUP que pedía transparencia sobre la monarquía. Ahora la estaríamos discutiendo, diputados y diputadas. [[Rumores.-Aplausos]] Yendo al tema, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Republicano va a votar negativamente esta moción de Ciudadanos, y no lo hacemos porque le tengamos manía al grupo proponente, sino porque estamos en las antípodas - y subrayo la palabra antípodas - del modelo de Fuerzas Armadas, y yo diría que del modelo de Estado, que se desprende de esta moción del Grupo Ciudadanos. Ahora se nos anunciaba el pacto al cual se ha llegado en esta moción, el pacto entre Ciudadanos y VOX para votarla favorablemente. Hoy que hablamos de la Legión les tengo que decir que la cabra tira al monte. Ciudadanos y VOX están condenados a entenderse, si es que a alguien aún le quedaba alguna duda. En esta moción queda claro. [[Aplausos.-Rumores]] Decía que tenemos un modelo en las antípodas. ¿Por qué? Varios ejemplos. En primer lugar, ¿por qué tantos militares en las Fuerzas Armadas? La Ley de la Carrera Militar del año 2007 dice que en España puede haber entre 130 000 y 140 000 efectivos, pero recordemos de dónde viene esa premisa, de dónde es heredera esa cifra. [[Rumores]] Pues digámoslo claro, de los números del ejército franquista. [[Protestas]] El ejército franquista requería un ejército numeroso, no profesional...
Silencio, por favor.
... y pensado para el control del territorio, no para las amenazas exteriores. Por tanto, estamos bebiendo aún de una tradición que no es democrática; y por tanto estamos discutiendo qué ejército debemos tener con premisas del pasado y no de un Estado democrático de la Europa occidental. Nosotros lo decimos bien claro, en la Constitución española al ejército se le adjudica una tarea; esa tarea es preconstitucional: debe ser el garante de la indisoluble unidad de la nación española. Ese es el papel que constitucionalmente le otorga la Constitución. ¿Vamos a cambiar eso? ¿Estamos hablando de eso? ¿Eso, señores de Ciudadanos, es ser de centro? Pues no, yo creo que eso es beber del pasado y no abordar el debate democrático que hay en países como Italia, Alemania, Francia o, como repetía, democracias occidentales donde no es VOX o partidos como VOX quienes definen qué modelo de Fuerzas Armadas debemos tener hoy día. Por tanto, ese es un tema importante. Quiero decirle que en su día los pueblos libres, las repúblicas futuras dimensionarán sus compromisos de seguridad, pero no lo haremos con herencias recibidas. En este ejército no nos reconocemos, señores diputados, y lo queremos decir de una forma muy clara. Queremos una reducción, sí, una reducción inmediata, entre el 40 y el 50 % de los efectivos. Hablamos de un máximo de entre 60 y 70 000 efectivos; hablamos de una reducción presupuestaria - lo llevamos en nuestro programa - del 40 % de las partidas militares, también de la compra especializada de armamento, de submarinos que no navegan, de tanques, de barcos y aviones que cuestan un riñón - eso sí que vale un riñón - de nuestro presupuesto. Por tanto, por ahí deberíamos empezar. Empecemos también por los 46 000 mandos que tienen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. ¿Saben cuántos soldados reciben órdenes de un mando? Tres soldados; cada tres soldados hay un oficial en el Ejército o en la Guardia Civil. Empiecen por reducir eso y empiecen por reducir - y acabo, señora presidenta - con aquellos oficiales que firmaron el manifiesto de apología del franquismo; empiecen por esos, porque seguro que esos realmente merecerían irse a la calle y no los mayores de cuarenta y cinco años. Acabo. Tenemos un modelo radicalmente distinto y sí, las leyes de la carrera militar, de tropa y marinería deben ser modificadas, pero de arriba a abajo, no solo para el tema que ustedes traen, sino para hacer un debate que no se ha hecho en cuarenta años de democracia, porque cuando se firmó la Constitución ...
Señor Nuet, tiene que terminar, por favor.
... se hizo con los sables encima de la mesa, y así estamos. Adelante, pero cambiémoslo a fondo, no con pequeños arreglos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Nuet. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
Querida presidenta, queridas compañeras y queridos compañeros, personal de la casa o acreditado ante ella, abordamos hoy el problema de la estabilidad de la tropa y marinería en unas condiciones que en mi opinión no son las mejores. Dice el artículo 35 de la Constitución española que el trabajo es un derecho. Para nosotros el trabajo no es una concesión del mercado, como lo es para algunas personas. La tradición del constitucionalismo social al que pertenece el artículo 35 de la Constitución española, y que tiene su máxima expresión en el artículo 1 de la Constitución italiana, que dice que Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo, es decir, esa poesía de considerar que el trabajo es lo más grande de la vida y que tiene una dignidad y una protección por parte del Estado, y un compromiso de los poderes públicos, es la filosofía que inspira a nuestro grupo político frente al constitucionalismo liberal, un constitucionalismo liberal que considera que el trabajo es una concesión del mercado, y que el Estado tiene que ser un Estado mínimo y que no hay ningún compromiso de los poderes públicos respecto de la estabilidad. Sorprendentemente una de las personas que piensan así, que se oponen a la idea del constitucionalismo social y que ve desde esa perspectiva el trabajo, trae algo que es una iniciativa que presentó, como bien ha comentado alguno de los compañeros, el Grupo Confederal de Unidas Podemos en la legislatura anterior, una preocupación que desde sus orígenes nos ha movido en Unidas Podemos a apoyar a los sectores más desprotegidos de las Fuerzas Armadas, de los trabajadores públicos de las Fuerzas Armadas, y por ellos hemos trabajado. Quiero decir una cosa al señor Gutiérrez. En política y en el parlamentarismo no todo vale, lo siento. Se lo ha dicho claramente Íñigo Barandiaran al compañero Gabriel Rufián, no todo vale. No es lícito hacer una moción para perderla. Es lícito perder una moción, es legítimo presentar una iniciativa aun sabiendo que uno la va a perder y que está en minoría, pero no es lícito hacer una moción buscando perderla y haciendo todos los movimientos posibles para perderla. ¿Cuáles son esos movimientos? Primero, presentar una moción que es contraria a los principios de uno, a su propia filosofía política de liberalismo económico extremo, que es además una moción que ha sido una reivindicación que ha planteado otro grupo y que uno se limita simplemente a copiar, pegar y volverla a presentar. Pero además no es lícito porque sabe que no tienen la mayoría suficiente para conseguirla. Sabe que los dos grupos mayoritarios de esta Cámara son partidarios del compromiso temporal hasta los cuarenta y cinco años, y sabe que eso no se ha rectificado, con lo cual usted sabe, cuando ha presentado esta moción, que la ha presentado para perder. Cuando se hace esto, lo que se está haciendo es tomar por poco inteligentes a los destinatarios de una iniciativa. Se está pensando que con métodos demagógicos se les puede utilizar, se pueden generar unas expectativas que luego se van a frustrar con la idea de, con esa frustración, con esa legítima sensación de desprotección de esos grupos, aprovecharla para pescar en río revuelto. Ahí no nos van a encontrar. No creo que ustedes, como decía el representante de Esquerra, estén condenados a ello. Al compañero Edmundo Bal, al que tengo un gran respeto, me gustaría pedirle que su grupo no caiga en este tipo de utilizaciones, que solo consiguen el aplauso fácil de la extrema derecha, pero que no van a convencer de ninguna forma a sus destinatarios, a esos destinatarios con los que nos hemos reunido esta semana, como nos reunimos siempre con la AUME, con ATME ,con la UMT, con Asfaspro, con todas las organizaciones representativas de la tropa y marinería y de las Fuerzas Armadas, para defender como funcionarios públicos aquello que reivindicamos respecto de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de este país, y mucho más de los que están en la Función pública. Pero, desde luego, en ese tipo de cosas no nos van encontrar, nosotros vamos a trabajar como siempre con lealtad, tejiendo complicidades, generando lealtades, buscando acuerdos, buscando consensos con los grupos mayoritarios e intentando conseguir soluciones reales para la gente real de este país, y no vendiendo humo y haciendo trampas. Con cartas marcadas no se hace política correcta. Ustedes verán, me da una profunda tristeza que Ciudadanos en este caso opte por esto. Creo que no todo el grupo participa de ese tipo de actitudes. Le invito a que, junto a los demás miembros de la Comisión de Defensa - en la que tenemos consensos muy amplios y una forma de trabajar que realmente creo que son envidiables -, participe en esos trabajos, a que se reúna con los representantes de las asociaciones militares y a que trabaje a favor de generar consensos, de tejer complicidades y de conseguir soluciones reales para las personas que realmente lo están pasando mal. Nosotros, que siempre hemos apoyado a aquellos sectores más débiles, nosotros que conseguimos - porque era un gran objetivo fundamental - subir el salario mínimo de este país, vamos a conseguir mejorar las condiciones de trabajo de la tropa y marinería, y también condiciones de estabilidad, pero no por ese camino, no con trampas y demagogia, no engañando y tratando como menores de edad a personas que son funcionarios, gente que trabaja en la Función pública, trabajadoras y trabajadores de las Fuerzas Armadas, sino con seriedad, con formalidad, con trabajo serio, tejiendo complicidades, generando lealtades y actuando de forma consensuada y de forma seria para conseguir objetivos y realidades, y no para vender humo y hacer trampas. Ese no es el camino, señor Gutiérrez, se equivoca, y ahí desde luego no nos va a encontrar. Por eso nos vamos a abstener, a pesar de que estamos radicalmente en desacuerdo también con...
Señor Uriarte, tiene que terminar.
... el sistema de compromiso temporal. Estamos a favor de la estabilidad, no creemos en el sistema de la temporalidad. Creemos que se puede avanzar mucho más, creemos que hay bastante inmovilismo entre los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, que apoyan los compromisos temporales. Creemos que se puede avanzar, tanto en la estabilidad como en la buena remuneración, pero no con trampas, señor Gutiérrez, por ahí no nos va a encontrar. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Uriarte. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, habida cuenta del tema que abordamos, me gustaría unirme a los grupos que han felicitado a nuestra gloriosa Legión, dos días después de la celebración del centenario del primer alistamiento, del primer legionario, que es lo que se celebra el 20 de septiembre: el alistamiento del primer legionario. Desde entonces hasta hoy, cien años de valor, el valor de cien años, como dice el eslogan de la celebración. [[Aplausos]] De lo que ha precedido creo que la afirmación más acertada la ha conformado el señor Fernández-Roca, cuando ha calificado a la presentación de esta moción como un ejercicio de oportunismo político. No valoro más, simplemente un ejercicio de oportunismo político. No se pueden adoptar o proponer soluciones aparentemente simples a problemas complejos. Con respecto a la intervención del señor Nuet, que tan mal nos entiende, yo confío, señor Nuet, que a base de tratarnos y hablar consiga hacerle llegar un mejor entendimiento de nuestras Fuerzas Armadas. La pasada semana el señor Gutiérrez comenzaba su intervención en la interpelación que da origen a esta moción pidiéndole a la ministra de Defensa que pensase en los miles de personas que le iban a estar escuchando. Yo, a día de hoy me pregunto qué semblante tendrán las miles de personas que puedan estar escuchando hoy y vean qué se propone. Parecía que iba a promover una revolución del sistema de trayectoria profesional de los militares de tropa y marinería pero, en su lugar, presentó una moción plagada de descalificaciones a todo lo que, hasta la fecha, ha hecho el Ministerio de Defensa y proponiendo cosas con poco rigor. En primer lugar, propone vincular la situación de la tropa y marinería a la coyuntura actual de pandemia y aplazar por ello, durante un máximo de un año, la finalización de los compromisos temporales. De igual manera, instaba al Gobierno a elaborar un informe y remitirlo a esta Cámara informando de los resultados de las medidas propuestas en el informe de la subcomisión de Defensa de septiembre de 2018. Como es sabido, los informes pueden ser solicitados, siguiendo el artículo 7 del Reglamento, cosa que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular el 16 de julio, teniendo calificada la solicitud de informes. Esperamos la recepción de ese informe. Por último, se insta al Gobierno a la formulación de una ley de carrera militar única, sin describir muy bien lo que es, pero una ley de carrera en la que se integren unos y otros. He de decir a la Cámara que la Ley 39/2007, de Carrera Militar, integra a unos y otros; la 9/2011, de Derechos y Deberes de los Militares, integra a unos y otros; las reales ordenanzas integran a unos y otros; el régimen disciplinario integra a unos y otros; en definitiva, la normativa vigente integra a unos y otros. La moción elude hacer referencia a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Sin hacer referencia a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se está haciendo trampa al solitario, señor Gutiérrez. Señores de VOX, la interrupción de la renovación por la parte más baja del escalafón en las Fuerzas Armadas tiene consecuencias negativas para la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La renovación de los escalones más bajos es necesaria. Ustedes plantean un modelo de un tercio en el primer sector de 20 a 32, otro tercio de 32 a 44 y otro tercio de 44 a 56, diciendo que en el primer tercio estarían los de la fuerza, en el segundo los del apoyo a la fuerza y en el tercero los administrativos en el cuartel general. Les diré que la fuerza en nuestro ejército afecta al 80 % de la plantilla del ejército, no a un 30 %. Necesita el 80 %, con lo cual hay que renovar continuamente la plantilla. La política de Defensa es una política de Estado que requiere consenso, ya que la defensa nacional no admite cambios repentinos ni improvisaciones ni explotación de las vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un recurso al servicio del conjunto de la nación española, y no cabe su patrimonialización desde la perspectiva ideológica de uno u otro carácter, y a todos nos compete por igual la búsqueda y promoción de las mejores condiciones en las que sus miembros puedan desempeñar sus cometidos. La neutralidad política es un valor esencial en nuestras Fuerzas Armadas para prestar un servicio exactamente igual a toda la ciudadanía y a todos los sectores de la población española, sin consideraciones ideológicas, territoriales o de cualquier otra condición. Es por ello que resulta contrario a la naturaleza de las Fuerzas Armadas y de su función en nuestra sociedad el esfuerzo puesto de manifiesto por algunas formaciones políticas de la Cámara para identificar a las Fuerzas Armadas biunívocamente con su ideario político, por muy legítimo que este sea. El Grupo Parlamentario Popular, como se ha dicho, ha registrado una proposición no de ley para su debate en Comisión que persigue profundizar, avanzar y consolidar la aplicación efectiva de las medidas contempladas en la propia ley y en las estimadas como convenientes en el informe de la subcomisión de Defensa, que invirtió dos años en ello. Catorce parlamentarios de la Comisión de Defensa dedicaron dos años y treinta y dos comparecencias a llegar a unas conclusiones que no hacían recomendable el abandono del modelo temporal, porque es inviable para nuestras Fuerzas Armadas, señoría. Las Fuerzas Armadas españolas requieren renovación. Nuestra proposición no de ley plantea un aplazamiento durante dos años para dar tiempo a la implementación máxima de las medidas propuestas...
Señor Gutiérrez, tendría que terminar, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Termino con un párrafo más. Nuestra proposición no de ley plantea perfeccionar las medidas adoptadas durante dos años. Yo animo a todos a sumarse a dicho esfuerzo que será planteado en breve y no dejarse llevar por tentaciones populistas y electoralistas en una materia tan esencial para nuestra nación como es la de la política de seguridad y defensa, promoviendo iniciativas poco rigurosas y extraídas del contexto coherente con las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy. Soluciones sencillas para problemas complejos, populismo, señor Gutiérrez. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gutiérrez. [[Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera de Castro.
Buenas tardes, presidenta. Señorías, permítanme empezar mi intervención de hoy sumándome a las felicitaciones por el centenario de la Legión, una unidad que, como tantas otras, cuenta entre sus filas con militares profesionales que prestan servicio a España y a su ciudadanía; militares profesionales que voluntariamente adquirieron con las Fuerzas Armadas un compromiso que decía claramente que a los cuarenta y cinco años se produciría su desvinculación, mediante la resolución del compromiso que ellos mismos adquirieron. Por tanto, aquí la primera falacia del señor Gutiérrez: no se les expulsa, no se les echa, no se les despide, solo se ejecuta el compromiso que ellos voluntariamente adquirieron. He de recordarles, señorías, que estos profesionales, cuando se produce la resolución de su compromiso, reciben una asignación de más de 600 euros mensuales en el caso de la tropa y de 1200 euros mensuales en el caso de los oficiales, y esto es así hasta la edad de jubilación, compatibles con los dos años de paro y con la percepción de cualquier otro emolumento de carácter privado. Para algunas de sus señorías que andan desmemoriadas quiero recordarles que fue el Grupo Parlamentario Socialista el primero que puso esta cuestión sobre la mesa del Parlamento; fue el Grupo Parlamentario Socialista el que propuso una subcomisión que estudiase el asunto con expertos y especialistas en la materia, con la finalidad siempre de encontrar la mejor de las soluciones para España, para las Fuerzas Armadas y para nuestros profesionales. Por esa subcomisión pasaron expertos y militares de todas las graduaciones, nacionales y extranjeros, civiles. Todos esos expertos, excepto uno, señor Gutiérrez - todos esos expertos excepto uno -, ante la pregunta de si los profesionales temporales tenían que ser permanentes respondieron de forma tajante no. Justificaban esto en alguno de los siguientes motivos: el primero, su permanencia supondría un envejecimiento de las Fuerzas Armadas en su capa más operativa, y aquí la demagogia populista de la ultraderecha es más que palpable. Cuando algunas de sus señorías vestían uniforme de alta graduación y ocupaban puestos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas de manera vehemente respaldaban y firmaban informes que afirmaban que el envejecimiento de la tropa, y por ende de las Fuerzas Armadas, suponía un riesgo para la operatividad de las mismas, pudiendo provocar su parálisis; la falta de operatividad de las Fuerzas Armadas afecta a la seguridad nacional. Y aquí tenemos ahora a esos responsables sin uniforme que deciden con su voto sacrificar la seguridad de España, la seguridad de los españoles, eso sí, la sacrifican por amor a España que no a los españoles, un amor muy impostado. Otro de los motivos del no en esta subcomisión era que la permanencia de estos profesionales en unos ejércitos que tienen una reducción de efectivos por la alta tecnificación y digitalización supondría que no hubiera oferta de empleo público durante al menos diez o quince años, produciéndose la desconexión de las Fuerzas Armadas con su sociedad, y viceversa, afectando esto directamente a la conciencia y seguridad de España y, por tanto, de nuevo a la seguridad nacional. Nuestros hijos no podrían acceder a las Fuerzas Armadas en diez o quince años. Esto nos llevó a la conclusión de que este personal no podría ser todo él de carácter permanente, pero había que buscar una salida laboral al mismo en el ámbito civil. Señor Gutiérrez, ustedes no apoyaron el dictamen de la subcomisión. Le voy a dar datos de lo que ustedes no apoyaron para que de una vez por todas dejen de hacer populismo con las Fuerzas Armadas y aprenda matemáticas. El máximo número de personal reservista de especial disponibilidad previsto para finales de 2021 es de 4530, pero esto no es así, porque, según se está viendo, apenas el 9 % anual de estos profesionales alcanza la condición de reservista de especial disponibilidad. Pero vamos a quedarnos con los 4530. Gracias a la subcomisión que ustedes no apoyaron, se han reservado para este personal y los militares profesionales de tropa y marinería en sus últimos diez años las siguientes plazas: entre Renfe, Adif y la Casa de la Moneda y Timbre, 165 - vaya sumando, vaya sumando -; para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 2895 plazas; para policías locales, 189, personal laboral del Ministerio de Defensa, 370 plazas el año pasado y 460 este año; para personal funcionario del Ministerio de Defensa, 120 plazas el año pasado y 108 este. Se ha producido un incremento del 100 % de las plazas para acceso a permanente, 100 %, pasando de 300, a 400 y a 700 en 2020. Para la escala de oficiales y suboficiales 1854. ¿Está echando cuentas? Puede utilizar los dedos. Además, 112 militares profesionales de tropa y marinería y RED han sido contratados en el marco del acuerdo con el Gobierno de Aragón. ¡Ya podría tomar nota! Igualito que en la Junta de Andalucía, donde ustedes gobiernan y donde no tienen en cuenta la experiencia de los militares profesionales de tropa y marinería para acceder a la oferta de empleo público. Coja el teléfono, haga una llamada, ayudará a contratar a nuestros soldados. [[Aplausos]] Espere, señor Gutiérrez, que hay más. Hay 500 ofertas de empleo en empresas con convenios con el Ministerio de Defensa y le puedo seguir diciendo. En definitiva, más de 8200 plazas para 4500 que llegan el año que viene, contando los máximos, que no son 4000, usted lo dijo el otro día, eran 2000. Siete cursos online que usted despreciaba y minusvaloraba hace una semana, donde se han formado más de 8000 alumnos, 202 alumnos han obtenido el título de grado medio en nuestras universidades españolas, 14 millones de euros de fondos europeos para formación en cursos en los que apenas algunos RED por desgracia se han presentado, y usted dice que están abandonados. Mire, señor Gutiérrez, abandonados están los ciudadanos de Madrid en los guetos que ha creado junto a sus aliados que denominan a estos estercoleros multiculturales. Esas personas sí que están abandonadas. ¡Ya quisieran los sanitarios y profesionales de Madrid las oportunidades y asignación que el Gobierno del Partido Socialista, este Gobierno progresista, está dando a sus profesionales de las Fuerzas Armadas! No les abandonamos. [[Aplausos]]
Señora Cantera, tiene que terminar, por favor.
No les abandonamos. Mire, señor Gutiérrez, ¿quiere ayudar a los miembros de las Fuerzas Armadas? Dígale al Gobierno de Madrid que también dé becas a los hijos de los profesionales de las Fuerzas Armadas y que no las restrinja solamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no desprecie a los militares, como está ocurriendo. Coja el teléfono, llame, llame a aquellos Gobiernos a los que ustedes soportan para que se contrate a estos militares en lugar de dejarles fuera.
Señora Cantera, tiene que terminar, por favor.
Voy terminando, señora presidente.
No, es que tiene que terminar.
Voy terminando. Deje de utilizar a las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas de todos los españoles, no son del Partido Socialista, no son del Partido Popular, no son de Podemos, no son de ustedes y ni muchísimo menos son de los herederos del franquismo que a los primeros que asesinaron fueron a los militares en los golpes de estado. Las Fuerzas Armadas son de los españoles, respétalas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Cantera. Señor Gutiérrez, ¿he entendido de su intervención que acepta la enmienda presentada?
Gracias, señora presidente. Hemos llegado a una transaccional que tienen los letrados. Hemos aceptado parte de la enmienda y una transaccional.
Perfecto. Muchísimas gracias. Votamos en tres minutos. Les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. [[Pausa]]
Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a votar. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 121 más 224 votos telemáticos, 345; a favor, 121 más 223 votos telemáticos, 344; abstenciones, 1 voto telemático.
En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. [[Número de expediente 122/000034]]
Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 121 más 224 votos telemáticos, 345; a favor, 50 más 102 telemáticos, 152; en contra, 70 más 104 votos telemáticos, 174; abstenciones, 1 más 18 votos telemáticos, 19.
En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Les informo de que el resto de puntos del orden del día se votarán, tanto telemática como presencialmente, mañana miércoles. La sesión plenaria se suspenderá, una vez se haya sustanciado el orden del día, durante aproximadamente una hora, tiempo durante el que los diputados que así lo hayan solicitado podrán emitir su voto por el procedimiento telemático. Reanudada la sesión, se efectuará la votación presencial. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Muchas gracias. Eran las nueve y cinco minutos de la noche.