Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Subo a la tribuna para someter a su consideración el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a la protección y a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto normativo fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo y supone un paso adelante claro en la configuración de nuestro Estado social y democrático de derecho. La reforma tiene dos objetivos. El primero de ellos es consagrar el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de las personas con discapacidad. El segundo objetivo es consolidar la obligación que tenemos los poderes públicos de promoverlos derechos de las personas con discapacidad de manera integral y favorecerlos una vida plena. Estamos hablando, señorías, de 3,8 millones de personas con discapacidad en nuestro país; según los datos de las organizaciones representativas, uno de cada cinco hogares en España vive con una persona con discapacidad. Son personas que no solo necesitan atención y cuidados específicos, sino que también tienen otras circunstancias que hacen que tengamos que ser especialmente sensibles: tienenmayores barreras para encontrar un empleo; sufren una importante brecha salarial; siguen teniendo dificultades en el acceso a los servicios públicos y a la participación social, y en el caso de las mujeres, señorías, además sufren mayores índicesde violencia sexual y de violencia de género. No podemos olvidar tampoco el impacto que ha tenido la pandemia en la vida cotidiana de este colectivo y de las familias y de los profesionales que les cuidan y que les acompañan. La reforma que hoy les presentamos no es fruto de la voluntad del Gobierno, es el cumplimiento de un deber que tenemos como sociedad, que tenemos todos. Esta propuesta nace del diálogo con la sociedad civil, y por eso quiero aprovechar mi intervención en esta tribuna para dar las gracias a las personas con discapacidad, a sus familias y a sus organizaciones representativas. [[Aplausos]] Gracias por abrirnos los ojos, gracias por todo el trabajo que hacen día a día, gracias por hacerlo de manera generosa y de manera ejemplar y gracias por el esfuerzo de todos estos años para que hoy nuestro país inicie un camino para convertirse en un país más digno, más solidario y más igualitario. Vuestra voz, la voz de las personas con discapacidad, la de sus familias y la de sus asociaciones, refuerza nuestra democracia y es un ejemplo para todos nosotros. Esta propuesta de reforma de la Constitución tiene unos destinatarios directos que son las personas con discapacidad, pero también tiene un beneficiario mucho más amplio, que es el conjunto de la sociedad española. Cada vez que ampliamos las fronteras de la libertad y de la ciudadanía a un grupo renovamos la promesa de que esas fronteras sigan ampliándose cada día para todos y para todas. Cada vez que reafirmamos la dignidad de cualquier persona, la discriminación y la injusticiapierden una batalla. En definitiva, cada vez que una sola persona gana un derecho, la democracia se hace más grande para todos los demás. [[Aplausos]] La inclusión del artículo 49 en nuestra Constitución fue en su momento un gran avance: reconoció constitucionalmente que la defensa de las personas con discapacidad no es una cuestión privada o familiar, sino que es una cuestión pública,que atañe y que llama a los poderes públicos. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho envejecer a ese artículo 49 de nuestra Constitución, y la realidad es que hoy no está en línea con la evolución que han experimentado el concepto y el enfoque de la discapacidad. Hoy queremos poner el énfasis en los derechos y los deberes de las personas con discapacidad y abandonar la concepción médica, la concepción rehabilitadora que tiene el vigente artículo 49. Debemos incorporar - hoy iniciamos el camino - la perspectiva social que configura la discapacidad como un conjunto de condiciones, muchas de ellas originadas o agravadas en el propio entorno social. Esta reforma significa dar un paso más en el cumplimiento de aquello a lo que nos hemos comprometido internacionalmente. En el año 2008 España ratificó el Convenio internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado por Naciones Unidas en 2006. El camino se inició en 2011 con la aprobación de la Ley de la adaptación normativa, continuó en 2013 con el Texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y,recientemente, hemos aprobado otras dos reformas legislativas en la misma línea: hemos modificado la Loreg, para garantizar el derecho de voto de las personas con discapacidad, y acabamos de aprobar una ley que sustituye la incapacitación y tutela de estas personas por un sistema de apoyo y de refuerzo de la autonomía personal y civil. Con todas estas medidas hemos mejorado la vida de las personas con discapacidad y hemos cumplido el mandato constitucional de promover y remover desde las administraciones públicas los obstáculos que impiden su plena participación en la vida política, social, económica y cultural. Si hemos hecho que este mandato se refleje en las leyes, con más razón hoy tenemos que estar convencidos de que tenemos que incorporarlo también al texto de la propia Constitución. Señorías, esta modificación del artículo 49 es una actualización de nuestra carta magna y ponerla al nivel de la convención internacional. Se trata de armonizar para garantizar más y mejor el ejercicio real y pleno de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad. Además, el texto que hoy presentamos viene precedido de un trabajo que en 2018 hicieron todos ustedes, que hizo esta Cámara. En el seno de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad todos los grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de modificar el artículo 49 de la Constitución, una modificación que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, las convocatorias electorales del año 2019 impidieron su tramitación. La reforma del artículo 49 de la Constitución - quiero hacer especial hincapié en ello - ha contado en todo momento con el respaldo y con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, que ha calificado como un día histórico la aprobación de esta reforma del artículo 49 de la Constitución en el Consejo de Ministros del 11 de mayo de 2021. Aquel día el Cermi decidió dar su apoyo incondicional a la reforma del artículo 49 y, de alguna manera, dio respaldo al impulso sin vuelta atrás que hizo el Gobierno aquel día. Hoy iniciamos el trámite parlamentario para sacar adelante esta reforma. Espero, señorías, que, con sus aportaciones y con un razonable debate, el texto pueda contar con la mayoría reforzada suficiente para modificar la Constitución. Es más, permítanme que les diga que no concibo que esta reforma no se apruebe con una mayoría amplísima, casi unánime, de esta Cámara. [[Aplausos]] No se me ocurre ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca a las personas con discapacidad el respeto y la dignidad que todas ellas merecen. Es nuestra obligación. Es su obligación, señorías. En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 2021 y de conformidad con la propia Constitución, el anteproyecto fue remitido en tiempo y forma a los grupos parlamentarios, acompañado de una memoria explicativa y del dictamen del Consejo de Estado. Sus observaciones fueron consideradas para reforzar y garantizar la calidad del texto. A continuación, expongo de manera muy sucinta el contenido de la reforma que hoy traemos a esta Cámara. En primer lugar, se modifica y actualiza la terminología. Señorías, el texto en vigor habla de disminuidos. Los poderes públicos, dice el artículo 49 vigente la Constitución, realizarán una política de previsión, tratamiento,rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. No creo que nadie en esta Cámara pueda sentirse cómodo usando el término disminuidos en una conversación. Proponemos sustituirlo por la expresión personas con discapacidad, una expresión acorde a las pautas recomendadas para el lenguaje correcto, respetuoso e inclusivo. La discapacidad es una característica más, no es lo único por lo que se debe reconocer a una mujer, a un hombre, a un niño o a una niña. Lo importante es anteponer la palabra persona y utilizar ese término. Las personas no son discapacitadas, sino que tienen una discapacidad, que, desde luego, no puede definirlas. [[Aplausos]] Personas con discapacidad es la única expresión válida y consensuada que contempla la convención de las Naciones Unidas. Es la expresión que defiende el movimiento social a escala internacional y es la que viene aplicándose ya en el marco legislativo actual. Por todas esas razones, entiendo que este cambio de terminología debería ser indiscutible en esta Cámara. En segundo lugar, se reforma la estructura y el contenido del artículo. Proponemos una redacción mucho más amplia e integral, una redacción articulada en cuatro apartados que reflejan los múltiples enfoques desde los que se aborda la protección de las personas con discapacidad. Como acabo de señalar, en el apartado 1 del nuevo texto se reconoce que las personas con discapacidad son titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad efectiva, sin que pueda producirse discriminación. El apartado 2 de la reforma que proponemos tiene un contenido de gran calado para el presente y para el futuro de las personas a las que va dirigido: en primer lugar, fija los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos, como son su plena autonomía y su inclusión social; en segundo lugar, incluye la participación de las organizaciones representativas en la adopción de las políticas públicas que les afectan, y, en tercer lugar, menciona expresamente las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas con discapacidad, que serán particularmente atendidas dada su situación de especial vulnerabilidad. [[Aplausos]] Por último, los apartados 3 y 4 de la reforma que planteamos regulan la especial protección para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, incluida la protección prevista por los tratados internacionales ratificados por España. Llegados a este punto, señorías, quiero incidir en dos ideas relativas a la reforma constitucional que ya expuse en mi comparecencia ante esta Cámara el pasado 9 de septiembre. La primera es que la Constitución puede y debe modificarse para adaptarla a los tiempos y mejorar su texto, y debe hacerse cuando exista un amplio consenso político y social, que espero que logremos con esta reforma tan indiscutible, en opinión del Gobierno. La segunda es que esas modificaciones se han de realizar con rigor y con responsabilidad, ciñéndose al único objetivo que tenemos, que es adaptar y mejorar el texto y fortalecer los vínculos de nuestra Constitución con la realidad social de nuestro país en la actualidad. Las constituciones no pueden estar al albur de cambios ideológicos o partidistas, pero tampoco pueden ser inamovibles. No hay mejor manera de defender los principios constitucionales que adecuar la Constitución a los cambios que se van produciendo en nuestro país, y este es un ejemplo claro, muy claro. Hoy nos encontramos ante una reforma que, en opinión del Gobierno, ha de ser indiscutible en esta Cámara. Proponemos un cambio que afiance la Constitución y que a la vez afianzar nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad. Señorasy señores diputados, señoras y señores diputados de la oposición, les pido consenso. El consenso tiene que ser incuestionable cuando hablamos de ampliar derechos y de ampliar libertades, cuando hablamos de reformas encaminadas a ampliar el concepto de ciudadanía y a eliminar progresivamente discriminaciones que impiden a nuestros conciudadanos llevar una vida plena. Es nuestro deber como Cámara parlamentaria remover estos obstáculos y facilitar una vida digna y plena a las personas con discapacidad. El respeto a la dignidad y a los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del que estoy seguro que todos participamos. También estoy seguro de que todas las enmiendas que se van a plantear en esta Cámara pretenden mejorar el texto. Estamos abiertos, desde ya se lo digo, y manifestamos nuestra disponibilidad de perfeccionar el texto con las propuestas que surjan del consenso del debate de las fuerzas parlamentarias. Y una vez que lleguemos al final, cuando llegue el momento de votar, les pido que no piensen en lo que ustedes hubieran querido que fuese, les pido que piensen si el nuevo texto es mejor para las personas con discapacidad, si es más útil para ellas. Si pueden contribuir a ese objetivo, les pido que voten a favor de esta reforma. Es una reforma que formalmente presenta el Gobierno pero que tiene como origen y destino a las personas con discapacidad, a las familias y a las organizaciones que les apoyan cada día. Les pido, señorías, que no les den la espalda - que no les den la espalda, insisto -. Termino ya, señorías. Les invito distinguir lo relevante de lo accesorio. El clima político diario hace que muchas veces las diferencias entre nosotros parezcan insalvables y que hacer una apelación al consenso parezca una ingenuidad, pero esas diferencias no justifican que no aprobemos esta reforma constitucional. Estoy seguro de que todos los que estamos en esta Cámara, todos y todas sin excepción, hemos pensado alguna vez en el inmenso honor que supone para nosotros representar o'servir a nuestros conciudadanos y que habremos expresado en más de una ocasión lo importantes que son los grandes acuerdos para mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Creo que hoy tenemos una oportunidad de honrar ese compromiso, de mejorar y de dar mayor dignidad a las personas con discapacidad. Hoy tenemos la oportunidad, señorías, de reforzar el compromiso con Susana Rodríguez, campeona paralímpica de triatlón en Tokio 2020, que, además, como médica rehabilitadora, ha atendido a enfermos de COVID-19 durante la pandemia. Todo un ejemplo de esfuerzo, entrega y dedicación a los demás. [[Aplausos]] Señorías, hemos de aprobar esta reforma para Susana y también para todas aquellas personas que como ella luchan cada día para su plena realización personal, profesional y social. Señorías, por todas estas razones, espero y deseo que la reforma del artículo 49 logre el máximo respaldo posible, la mayoría reforzada, y modifiquemos el artículo 49 de la Constitución para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Termino ya, y quiero hacerlo recordando las palabras que pronunció, cargado de emoción, Jesús Vidal cuando recogió el premio Goya por su interpretación en la película Campeones: inclusión, visibilidad y diversidad. Y, ahora, les añado: un marco constitucional que lo haga posible. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución, una del Grupo Parlamentario VOX y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Olona Choclán. [[Aplausos]]
Con la venia, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Ministro Bolaños, muy buenos días. Quiero comenzar haciendo hincapié en que asumo como un auténtico privilegio la responsabilidad que mi grupo parlamentario me ha encomendado de tomar la palabra para defender la posición del Grupo Parlamentario VOX en este debate de totalidad, porque espero que todos convengamos como políticos, y en mi caso adicionalmente como política togada, que debates tan trascendentales como el de la reforma de nuestra carta magna, de nuestra Constitución española, se producen pocos en esta Cámara. [[Aplausos]] ... política togada, que pocos debates tan trascendentales se producen en esta Cámara como el debate sobre la reforma de nuestra carta magna, de nuestra Constitución española. Con la seriedad que exige un debate tan trascendental, permítanme que antes de abordar el fondo del asunto comience con dos consideraciones previas, y escúchenme con mucho detenimiento porque luego no quiero tergiversaciones ni acusaciones de intentos de golpe de Estado. Ni el actual Gobierno de España, representado hoy por el señor Bolaños, ni esta Cámara tienen la legitimidad moral necesaria para abordar un debate de reforma constitucional. Disponemos, desde luego, señorías, de la legitimidad política; disponemos de la legalidad parlamentaria; está fuera de dudas la legitimidad legal y constitucional, pero no así la legitimidad moral. Y ello al margen del contenido concreto de la reforma que se proponga. Porque antes de plantear cualquier tipo de modificación de nuestra carta magna lo primero que tendrían que hacer, ministro Bolaños, es respetar la Constitución española. La historia nos contempla y, así, tanto el Gobierno de España como los diputados integrantes de esta Cámara que lo apoyaron durante la XIV Legislatura pasarán a la historia por haber protagonizado los ataques más obscenos que se recuerdan a nuestra Constitución española, como VOX denunció, como VOX recurrió y como VOX ha ganado y ganará, ante el Tribunal Constitucional. [[Aplausos]] Porque obsceno e inconstitucional es cercenar los derechos de los españoles imponiendo un Estado de excepción encubierto. Porque obsceno e inconstitucional es cerrar el Congreso de los Diputados y amordazar a la oposición por orden del Gobierno, en ambos casos, cuando más se esperaba de nosotros, señorías, cuando más nos necesitaban los españoles. Es indecente que, por parte del Gobierno de España, hoy venga a defender precisamente una propuesta de reforma constitucional quien ha sido el artífice jurídico de esos ataques más obscenos a la Constitución española que se han protagonizado a lo largo de estos meses. Y, sí, ministro Bolaños, me estoy refiriendo a usted. Paso a la segunda consideración que quiero trasladar a sus señorías a modo de introducción o antecedente necesario. Ruego a los oradores que vayan a tomar el uso de la palabra en esta privilegiada atalaya que no continúen en esa senda que ha marcado el ministro Bolaños mintiendo abiertamente en esta Cámara. Les ruego que mantengan el decoro y que no caigan en la indecencia de reiterar y repetir que el día de hoy - si se rechazan las enmiendas a la totalidad que hemos registrado tanto VOZ como el Partido Popular - será un día histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, porque nada está más lejos de la realidad, ministro Bolaños. Si sale adelante esta reforma, ningún derecho adicional se estará reconociendo a las personas con discapacidad. Ningún derecho nuevo se introduce por esta modificación normativa, pero todavía es más grave que siguen sin cumplirse los derechos que las personas con discapacidad, las personas dependientes, tienen reconocidos por la legislación española. Hoy no es ningún día histórico para ellos, así que, al menos, no les insulten, porque siguen en la misma situación de desamparo en la que se encontraban ayer, en la que se encuentran hoy y en la que se despertarán mañana. Los ejemplos son múltiples, pero por falta de tiempo me detendré exclusivamente en el caso de un enfermo de ELA, Jordi Sabaté, que afortunadamente hace unas horas ha regresado a su casa después de pasar dos semanas en el hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Jordi ama la vida, pero este Gobierno de España y esta Cámara únicamente le ofrecen como alternativa a la muerte, a él y al resto de enfermos de ELA que, como en su caso, les obliga a permanecer veinticuatro horas al día conectados a una máquina. Hace unas semanas, el pasado 21 de julio, el precio de la luz alcanzó, como recordarán sus señorías, un hito histórico: 106 euros por megavatio/hora. Esta noche, ministro Bolaños, Gobierno de la recuperación, el precio de la luz llegará a máximos desconocidos y prohibitivos para la mayor parte de los hogares españoles: 221 euros el megavatio/hora. Señorías de Podemos, no agachen la cabeza, aunque es normal que, por vergüenza, es lo único que puedan hacer. [[Aplausos]] Con un precio de 106 euros tuve oportunidad de subir a esta tribuna y explicarle a la ministra del terror energético que, con el Gobierno más progresista de la historia, según se autodenominan, los actos más cotidianos de cualquier hogar español se habían convertido en un acto de lujo, y le hice una pregunta: ¿qué ocurre con los enfermos que necesitan para vivir estar conectados las veinticuatro horas del día a un aparato eléctrico? La ministra del terror energético guardósilencio, y yo hablé y fui muy clara al decir que la única salida que ofrece este Gobierno a esas personas es la eutanasia. [[Aplausos]] Esta afirmación provocó que, al tomar la palabra el portavoz socialista, el señor Germán Renau - discúlpeme si está presente, pero antes de iniciar mi intervención me he fijado y no le he visto en la Cámara -, desde esta tribuna me descalificaran gravemente. Sus palabras fueron: retorcida y sinvergüenza. Me insultó. Por desgracia, la Presidencia de la Cámara en ese momento aún no había decidido cumplir con su obligación de defender el decoro y la dignidad del Parlamento. Así que entenderán que aplaudimos desde VOX con efusividad cuando hace tan solo dos días hizo ese propósito de enmienda,que esperemos se mantenga durante el resto de la legislatura. [[Aplausos]] Señorías del partido Socialista, señorías de Podemos, les ruego que me escuchen con mucha atención. "Estoy viviendo en primera persona la terrorífica situación de saber que si no me pudiera pagar mi asistencia domiciliaria, 6000 euros al mes, solo me quedaría la opción de pedir la muerte por obligación. Es como estar en el corredor de la muerte y solo te puede salvar el dinero'. SOS ELA. Pero la retorcida y sinvergüenza soy yo por dar voz a los que no pueden hablar en esta Cámara. Esta reforma que nos trae el Gobierno no va a solucionar las necesidades de las personas. Por no llegarles las ayudas públicas que se contemplan en la legislación ordinaria, no tienen más salida que la muerte. El proyecto de reforma, al que ha presentado una enmienda nuestro grupo parlamentario, como ha explicado el ministro Bolaños, propone modificar el artículo 49 de la Constitución española incluido en el Capítulo Tercero del Título I, cuya redacción vigente - es importante mencionarlo, ministro, porque es algo que le ha faltado - literal es la siguiente: 'Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparan especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.' Es menester poner en valor la sensibilidad de los padres constituyentes, de las Cortes constituyentes, que ya en 1978 quisieron que las personas con discapacidad - en aquel momento el término al uso era el de disminuidos - tuvieran una protección específica y reforzada en nuestra carta magna, y es importante resaltarlo porque apenas existen precedentes en derecho comparado de una mención como esta en las constituciones de los países de nuestro entorno. Podríamos citar la Constitución de la IV República Francesa, la Constitución portuguesa o la Constitución italiana, pero no hay más ejemplos. La reforma que nos somete el Gobierno y que este grupo parlamentario rechaza no es novedosa, retoma el camino que se inició en el año 2018 y que fue abruptamente finalizado como consecuencia de las elecciones anticipadas y la disolución de estas Cámaras, pero mantiene las mismas tachas de reproche - desde el necesario discurso desapasionado que debe hacerse cuando uno aborda una reforma constitucional - que ya concurren en el año 2018, porque si algo - la historia nos contempla - debemos atribuir a los padres constituyentes fue su altura de miras en unas circunstancias muy complicadas, que les permitió, a diferencia de los antecedentes de nuestra historia democrática, elaborar una Constitución de consenso, que no de partido. Hoy,sin embargo, el proyecto de reforma constitucional que nos trae el Gobierno es un proyecto que se aleja por completo de ese necesario consenso, como bien explica con detalle la extraordinaria enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,porque, si bien es cierto que citan algunos antecedentes de sesiones en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, e igualmente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de Presidencia, no lo es menos que esos exiguos y parcos antecedentes no son el necesario consenso parlamentario que debería suscitar una reforma constitucional, ministro Bolaños. Ustedes no están a la altura, como no lo está este proyecto de reforma constitucional, y lo que es más grave, ministro, el superior órgano consultivo del Gobierno, según determina la Constitución española, el Consejo de Estado, ha emitido un durísimo dictamen que llevó a calificar esta reforma constitucional, que no añade ni un solo derecho a las personas con discapacidad, como reforma gravemente perturbadora, porque la deficiencia de la técnica legislativa empleada, la innecesariedad de la reforma que se introduce es tal que el máximo órgano consultivo del Gobierno, en un dictamen posterior a esos antecedentes exiguos que ustedes mencionan, ha rechazado de lleno y de plano esta propuesta de reforma. Pero su soberbia está por encima del Consejo de Estado, de la Abogacía del Estado, del ministerio fiscal, de esta Cámara, y por eso, cuando este Gobierno recibe los mayores varapalos judiciales en la historia de España, su respuesta personal, ministro Bolaños, a los medios de comunicación en pasillos es que no les importa porque para eso tienen el BOE. Este grupo parlamentario hace suyas las gravísimas tachas que se contienen en ese dictamen del Consejo de Estado y, desde luego, se mantendrá en la senda de la constitucionalidad, abordando toda reforma de la Constitución española con la necesaria seriedad y rigurosidad que exige de nosotros la actividad parlamentaria. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señora Olona. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, la Constitución española, como norma suprema que rige el funcionamiento del Estado y consagra las libertades, los derechos y los deberes de los ciudadanos, o como ha dicho recientemente el presidente Felipe González, señala el marco de convivencia de todos y regula sus reformas mediante mecanismos estrictos que exigen de manera inexorable la combinación del espíritu de pacto y el sosiego político que vivieron las Cortes constituyentes. Y todo esto se hace imposible cuando se quiere sacar rédito político de las modificaciones. Estamos ante una reforma planteada sin consenso, de manera irresponsable y sin rigor jurídico técnico. La Constitución se hizo con consenso y los cambios constitucionales hay que hacerlos con acuerdos. Se han publicado muchos libros,algunos de ellos de memorias de los protagonistas, que recogen el espíritu de consenso que reinó en el proceso de elaboración de la Constitución. Hace poco más de un mes, estaba hablando con un diputado constituyente que me contó cómo los primeros días del trabajo del grupo que elaboraba el texto se debatía, se votaba y se adoptan las decisiones por mayoría. Eso iba conduciendo un camino de Constitución de parte. Ante eso, hubo una reunión sobre la mayoría identitaria que se le quería dar al texto, y se modificó radicalmente el modo de trabajo. Empezaron las reuniones previas de Guerra y Abril Martorell, para que un principio inspirador fuera el consenso. En el libro España constitucional, Pérez-Llorca explica muy claramente el método de trabajo de la ponencia constitucional. Me parece recomendable el apartado titulado 'El método del consenso'; ahí se refleja un espíritu y una calidad política, humana y profesional que permitieron alcanzar un resultado excelente en la elaboración de nuestra carta magna. Describe Pérez-Llorca que Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra escenificaron el consenso negociando también con los ponentes, que resultan siempre ser los redactores de los textos finales, y con los dirigentes políticos los textos aparcados y las cuestiones irresueltas. Se consiguió así, en un breve tiempo, un texto constitucional que no nace contra nadie, elaborado con espíritu de integración, nacido del consenso y que nos ha proporcionado los mejores años. Más de cuarenta años después, deberíamos aspirar a acometer cualquier reforma constitucional con el mismo espíritu integrador y con un nivel de consenso lo más parecido posible. La Constitución, que algunos grupos de esta Cámara hoy denostan, ha constituido el marco de convivencia que ha producido el mayor avance económico y social en España en los tres últimos siglos. Se ha crecido como nunca, se ha avanzado en libertades como nunca, se ha respetado a las minorías como nunca y se ha procurado la integración de los más vulnerables como nunca. Para poder seguir compartiendo un proyecto común hemos de partir de nuestra verdadera historia y seguir manteniendo el espíritu de consenso y concordia que la alumbró para reformar el texto constitucional, como se acordaron las reformas puntuales que se han acometido estos últimos años; dos reformas que le han dado seguridad y serenidad al proceso. No es bueno emprender ese camino de un modo unilateral, una reforma constitucional debe acometer con un previo acuerdo entre la mayor parte de las fuerzas políticas. No se llega a acuerdos si no hay cesiones por parte de todos. Ante la reforma del artículo 49 que plantea el Gobierno, aprobada sin haberla tratado previamente al menos con el Grupo Parlamentario Popular, mi grupo está de acuerdo en que es necesario el cambio - y lo hemos mantenido en público y privado - de las denominaciones aplicadas en este artículo a las personas con discapacidad. Pero nos parece que en el texto de la reforma propuesto por el Gobierno se elevan a rango constitucional contenidos que no son propios de la Constitución, se incluyen reiteraciones que pueden ser perturbadoras y se generan agravios comparativos entre organizaciones; todo ello con una redacción y una ubicación en el texto constitucional confusa que pueden dar lugar a equívocos. Así lo recoge el dictamen del Consejo de Estado, no son palabras de esta oradora. La protección de las personas con discapacidad, como ha dicho el señor ministro, tiene como eje central el contenido de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España y en vigor desde 2008. Esta convención tiene un amplio reconocimiento de los derechos de estas personas y articula mecanismos para promoverlos y protegerlos de forma integral, con el objetivo de paliar su desventaja social. Además, establece cauces para asegurar su participación con igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. España, dentro del marco de nuestra Constitución y siguiendo sus directrices, ha avanzado sustancialmente - y me atrevo a decir que yendo por delante del resto de los países occidentales - en la atención a las personas con discapacidad y en la promoción de la igualdad en las personas con discapacidad. No solo el artículo 49 de la Constitución, que hoy debatimos aquí, mandataba a los poderes públicos que lo hicieran, también el artículo 9.2 exigía a los poderes públicos no solo el respetode la igualdad, sino la promoción de la igualdad con medidas de discriminación positiva que la hicieran real. En todo este camino el asociacionismo de la discapacidad ha tenido un rol muy relevante, que ha sido reconocido por los sucesivos Gobiernos, por todos los poderes del Estado y de una manera muy significativa por el Congreso de los Diputados. La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad supone la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad, superando definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una basada en los derechos humanos. Para ello, se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, laparticipación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana. Estoy segura de que estos principios son plenamente asumidos por todos los grupos de la Cámara y, por tanto, deben ser inspiradores de todo el proceso de cambios legislativos en España y de todos los programas que deben llevarse a cabo por los poderes públicos y las distintas administraciones. Poner con políticas de discriminación positiva en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad no puede ni debe ser objeto de confrontación política, sino que deben ser asumidas como siempre, comoprácticamente siempre lo ha sido, con consenso. La posición del Partido Popular es clara y quedó fijada en la exposición de motivos de una norma anterior a la convención: la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas condiscapacidad, que fue votada por una amplísima mayoría en esta Cámara. El texto desgrana cómo la Constitución, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y continúa manifestando que a su vezel artículo 9.2 de la ley fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten suplenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. Y el artículo 10, que trata de los derechos y deberes fundamentales, establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos, la carta magna, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. Y se manifiesta en ese texto legal, en la exposición de motivos que estoy citando, que los derechos y libertades enunciados constituyen uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad, y que los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos, civiles, sociales, económicos y culturales. Así hemos venido trabajando desde mi grupo, y creo que desde todos los grupos, aunque la terminología del artículo 49 no sea la correcta en la actualidad, pero es en la actualidad. Esa terminología no nos ha impedido seguir trabajando y la Constitución tiene el marco y es el marco en el que encaja perfectamente el contenido de la convención que hemos citado. De hecho, desde la firma de la convención se ha trasladado ese espíritu al ordenamiento jurídico español. El último ejemplo lo tenemos en la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, que ha citado el ministro; norma en la que hemos trabajado todos juntos y se ha aprobado por una amplísima mayoría en esta Cámara. Señorías, voy a hacer varias consideraciones. Mi grupo entiende, como no puede ser de otra manera, que la redacción de la reforma de la Constitución debe atenerse al informe del Consejo de Estado que antes he mencionado, porque, señor ministro, ¿cómo se puede ignorar ese informe, ese dictamen? Estamos hablando de una reforma constitucional. Sabemos que últimamente el Gobierno no respeta al Consejo de Estado, igual que a otras instituciones, pero en este caso es imprescindible porque estamos hablando de nuestra carta magna. Por lo tanto, cualquier reforma tiene que respetar el dictamen del Consejo de Estado. Creemos que sería preferible que la iniciativa legislativa naciera en el Parlamento, que sea a propuesta de los grupos. La Constitución no es del Gobierno, es de todos. Es imprescindible que exista un acuerdo mayoritario y delimitar la reforma al texto propuesto. ¿Por qué hablo de delimitar? ¿Han leído el acta de la sesión de la Comisión Constitucional del pasado 12 de mayo? ¿Saben qué melón han abierto? ¿Cómo tienen previsto cerrarlo? Señor ministro, ¿van a asumir todas las propuestas que sus socios de Gobierno les propusieron ese día? Es necesario volver a la casilla de salida. Es necesario empezar de nuevo, señor ministro. Señorías, mi grupo, tanto en la oposición como en el Gobierno, tenemos y hemos tenido dos ideas claras: avanzar en la implementación efectiva y real del ejercicio de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad y hacerlo con la casi total unanimidad. Ahí siempre nos van a encontrar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Borrego. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días, la verdad es que no es normal que un ministro de España salga a la tribuna y diga que modificando un artículo de la Constitución soluciona los problemas de un colectivo; en este caso, de todas las personas que tienen discapacidad en España. Eso no es bueno porque no es verdad y puede crear una falsa expectativa en todo un colectivo, que no les va a crear esa falsa expectativa porque no son tontos y, evidentemente, saben que modificando un artículo de la Constitución no les soluciona ninguno de sus problemas, ninguno. Los problemas se solucionan durante todos los días; y usted sabe que aquí, en los últimos meses, se ha modificado legislación suficiente para garantizar todos aquellos derechos que no estaban garantizados y que teníamos la obligación, como Congreso, de garantizar. Se han hecho; llevan unos años cambiando legislación para poder garantizar los derechos del día a día. Pero, como bien se ha dicho aquí por otros portavoces, luego está la realidad cotidiana; esa realidad que le afecta como al conjunto de ciudadanos, pero de una forma especial por su situación, como puede ser el disparatado precio de la luz, como puede ser la inflación al 4 % o cualquier otro problema de los que tenemos el conjunto de los ciudadanos, pero que ellos lo ven agravado por su situación personal. Y eso no se soluciona modificando el artículo 49 de la Constitución. No se puede ser tan autosuficiente, diciendo que si aprobamos la Constitución a esas personas se les acaban los problemas. ¡Es que no se puede hacer así! Además, usted ha dicho cosas que no se ajustan a la realidad. Usted sabe que no ha traído aquí el mismo texto que pactaron los portavoces en la Legislatura XII. ¡Es que no es el mismo texto! No se puede decir que es un texto pactado en el Congreso y traer a debate a la Cámara un texto diferente, porque entonces no se está diciendo toda la verdad; y ese texto no es el mismo; se ha modificado. Yo creo que estas cosas hay que decirlas. Por otro lado, hay que señalar - y se ha dicho aquí también por otros portavoces - que una modificación constitucional, como usted ha comentado, sería bueno que se aprobara con el mayor número de personas posible, desde luego, con la mayoría necesaria que establece la propia carta magna, pero eso lo hace sin hablar previamente con nadie. Por lo tanto, cuando se habla de consenso - que, además, a usted en especial le gusta mucho hablar de grandes consensos -, ya sabemos que los consensos los hace con quién los hace, pero, desde luego, lo que ha traído aquí es la iniciativa a la Cámara, pero sin hablar previamente con los grupos parlamentarios, y, sobre todo, en este caso, con el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, que es el que puede aportar un número de votos suficientes para poder llevar a cabo esa modificación constitucional. Cuando se habla de la modificación de la Constitución, yo no voy a entrar en otros debates porque no quiero faltar al respeto a lo que establece esta modificación y a las personas que se ven afectadas por el artículo 49, por lo que - repito-no voy a entrar en el debate del melón constitucional que daría para mucho y, desde luego, en nuestro caso para cosas muy importantes; tiempo habrá en la Cámara para hablar de esas cuestiones. Pero, evidentemente, yo creo que la posición que ha traído el Gobierno no es la más acertada. Nosotros entendemos que hay cosas que se pueden modificar. Usted ha hecho como propias cuestiones que no son suyas. Quien trajo por primera vez a esta Cámara la posibilidad de que pudieran ejercer el derecho al voto las personas con discapacidad fue Unión del Pueblo Navarro. Fue una iniciativa que, además, al principio no fue bien acogida por algunos. Es verdad que, luego, a través de una iniciativa de la Asamblea de Madrid sí se tomó en consideración por el conjunto de la Cámara y, al final, fue aprobada. Pero es verdad que nos costó bastante trabajo que esa iniciativa que entendíamos de justicia algunos la entendieron como buena. Espero que esa sensibilidad que tuvimos algunos y que hemos tenido a lo largo de los años en esta Cámara con iniciativas como la creación de la propia Comisión especial sobre discapacidad, les sirva a otros para, poco a poco, seguir funcionando y seguir solucionando los problemas de estas personas. En definitiva, con la modificación del artículo 49 no les solucionamos el problema de la luz, no les solucionamos el problema de la inflación, no les solucionamos el problema de la educación y no les solucionamos ningún problema en concreto. Se lo estamos solucionando día a día y esperamos que el Gobierno, que es el que tiene más capacidad, ponga los medios suficientes para que estas personas ya mañana, no esperando a que se apruebe la modificación del artículo 49, puedan vivir con la dignidad que se merecen como el resto de los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor García. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
Gracias, presidenta. Señorías, señor ministro, quiero empezar diciendo que para mí es un honor que estemos debatiendo en esta Cámara un avance en nuestro texto legislativo por excelencia. Creo que el mejor homenaje que podemos rendir a la generación que dio lugar a nuestro sistema democrático es trabajar en la actualización de nuestra Constitución y adaptarla a los nuevos tiempos, lo que supone un avance de derechos. Además, quiero dejar claro que, cuando hablamos de la situación de las personas con discapacidad y los avances de derechos, claro que no se resuelve con una reforma todo aquello que debemos mejorar: la inserción laboral, la nodiscriminación, una educación inclusiva cuando hablamos de las personas con discapacidad. Pero el uso del lenguaje también mejora y supone avances en derechos y por eso tenemos que tener en cuenta que en nuestra carta magna se sigue hablando de disminuidos. Teniendo en cuenta lo que el propio CERMI dice al respecto, debemos modificarla porque no debemos utilizar un lenguaje ofensivo para las personas con discapacidad. [[Aplausos]] Personas libres, personas iguales, personas que, como hedicho, sufren mucha discriminación en determinados ámbitos de su vida, y las personas con discapacidad merecen toda nuestra atención y nuestro apoyo. Tenemos que seguir avanzando y, además, es lo que estamos haciendo en esta Cámara: en 2018 se avanzó con el reconocimiento del derecho al voto, se ha hablado de las reformas que hemos tenido en último momento. Además, me siento orgullosa de que, desde Ciudadanos con el apoyo de toda la Cámara, consiguieses que se reformase el Código Penal para evitar la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad. [[Aplausos]] En esta senda estamos, señorías. Estamos todos en la senda del avance del reconocimiento y no podemos dar un paso atrás. Como Poder Legislativo, debemos acompañar a las personas con discapacidad en este proceso. Es nuestra obligación porque la propia Constitución, en su artículo 9.2, habla de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Remover los obstáculos, remover un uso del lenguaje que resulta ofensivo para las personas con discapacidad es remover obstáculos en la actualidad. [[Aplausos]] Por ello, no entiendo que haya dos enmiendas a la totalidad. Lo que están haciendo, tanto las señorías de VOX como del Partido Popular, es poner obstáculos a este camino de avance en el ámbito del derecho. Me sorprende, además, porque llevan una temporada en el ámbito europeo que evitan cuestiones como que los delitos transfronterizos sean delito transfronterizo, el tema de la violencia de género o votan en contra de un reconocimiento de las parejas de hecho en toda Europa. O sea, están en una senda - apuntó bastante al Partido Popular - que, en cuestiones de igualdad y en cuestiones de libertad, están provocando retrocesos. Claro que se puede mejorar esta propuesta, y el propio Consejo de Estado lo dice. Además, el propio Consejo de Estado no se opone a la reforma. Hay que leer bien todo el informe. No se opone a la reforma, hace mejoras. El GrupoParlamentario Ciudadanos quiere hacer mejoras, quiere trabajar, remangarse - que es lo que suele hacer este grupo parlamentario -, trabajarla y mejorarla, pero no se opone a la propia reforma y creo que nuestra obligación es venir aquí a trabajar, á hacer las aportaciones que se tienen que hacer y a llegar a consensos en campos tan relevantes como lo es el avance en derechos de las personas con discapacidad. Por eso, en este caso, lo que le pido al Partido Popular es que rectifique. Lespedimos que abandonen la senda de oponerse al reconocimiento y a la mejora de derechos de las personas con discapacidad y apoyen la reforma de este punto concreto de la Constitución que es muy necesaria, porque esa reforma sirve también para dignificar nuestra carta magna y para rendir homenaje a aquellos que la construyeron. No es una reforma que afecte a nuestro modelo de Estado, porque también tergiversan, a veces, determinados grupos parlamentarios. No se aborda nada de eso. Es una reforma que lo que hace es abordar la situación de las personas con discapacidad y reconocerles más sus derechos con un uso adecuado del lenguaje. Cuando leemos su enmienda, vemos que han mezclado temas que no justifican, en ningún caso, el rechazo a esta reforma; una reforma que tiene un fondo totalmente necesario; una reforma que debemos elaborar según los propios estándares internacionales en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de una mejora social y, por eso, en el Grupo ParlamentarioCiudadanos vamos a estar en este lado de la reforma, claramente. Vamos a trabajar por esta reforma, vamos a hacer que sea posible y, además, vamos a dar voz a las personas con discapacidad. Al igual que les digo - se ha hablado aquí de las personas con ELA - que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una proposición de ley para mejorar la situación de las personas con ELA, porque los dichos y los hechos se tienen que traducir, y en eso les espero a todos también en esta Cámara. [[Aplausos]] Es lo que yo ahí espero: en grandes temas de consenso, dejemos los colores políticos a un lado y apoyemos lo que es lo mejor para construir nuestra sociedad. Si deciden llevar hasta las últimas consecuencias, tanto el Partido Popular como VOX, está enmienda a la totalidad tendrán que explicar a los españoles por qué dieron la espalda a las personas con discapacidad, tendrán que explicarles por qué pusieron trabas para el reconocimiento de un uso adecuado del lenguaje en nuestra carta magna de las personas con discapacidad. Por eso, les vuelvo a decir: rectifiquen, trabajemos, trabajemos en este camino juntos, es allí donde siempre van a encontrar al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Giménez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
Moltes graciès, presidenta. ¿De verdad que el PP y VOX se oponen a esta reforma? ¿De verdad que se oponen a que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad? ¿De verdad que se oponen a que se garantice su autonomía personal y su inclusión social? ¿De verdad se oponen a que cambiemos la definición a personas con discapacidad? Hay una etapa en el desarrollo de los niños - los que hemos sido padres y madres lo sabemos - que es la edad del no, no a todo. VOX y el PP están en esa etapa y no salen de esa etapa. ¡Crezcan, crezcan, por el amor de Dios, y dejen de estar ya en el no a todo! Cuando se habla de la Constitución, siempre hay una frase muy manida: la Constitución que nos hemos dado todos. Esta Constitución ya es madura, tiene cuarenta y tres años. Prácticamente muy pocas personas de este Congreso votaron esta Constitución. Incluso yo mismo, que ya tengo un nieto, no la voté porque no tenía edad para votarla. Oigan, en cuarenta y tres años este país ha cambiado mucho, muchísimo. Bueno, a veces, viendo la bancada de VOX, parece que aún estamos en el NO-DO, pero, en fin, el país en general ha cambiado muchísimo. Y hay reformas, muchas reformas que se necesitan, por ejemplo, reformas con palabras. La Constitución solo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer; esto es el Congreso de los Diputados, y hay diputadas. Nosotros ya propugnamos la reforma de que se llamara Congreso; Congreso y Senado, y así incluye diputados y diputadas.
Señor Baldoví, tiene que terminar, por favor.
Y hay muchísimas otras realidades que no contempla. Por tanto, perdamos el miedo a reformar esta Constitución que ya tiene muchos años. Moltes gràcies.
Muchas gracias, señor Baldoví. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Buenos días. Miren, yo quería hacer mención a una persona que representa como nadie el legado político de mi formación política, Ramón Trías Fargas. Ramón Trías Fargas fue elegido diputado en 1977, y el 21 de febrero de 1980 presentó la conocida Lismi,una ley que tenía como objetivo velar por las personas con discapacidad y su integración en el mundo laboral. En aquel debate parlamentario decía: Ya es tarde para recuperar las lágrimas que han derramado, pero es la hora de enmendar las cosas lo antes posible. Este es el motivo de la presente ley: enmendar las cosas lo antes posible. Hay un largo camino desde 1980, cuando Ramón Trías Fargas impulsó la aprobación de la Lismi, hasta hoy, y en la última parte de este camino han sido numerosas las reformas en el sentido de velar por las personas con discapacidad. Ha habido debates intensos y consensos, como se apuntaba antes: la recuperación del derecho a voto de las personas incapacitadas judicialmente, la erradicación de la esterilización forzosa, la modificación recientemente de la legislación civil y procesal en materia de capacidad. Y sí, totalmente de acuerdo, ahora le toca también a la Constitución española del año 1978. No es de recibo el término disminuidos para las personas con discapacidad, y esta expresión, la de personas con discapacidad, es la válida y consensuada por el sector, por las últimas legislaciones y también por la convención que obliga al Estado español. Por tanto, por nuestra parte esta es una reforma necesaria, es una reforma que tiene que empezar a andar. Sin duda alguna,estas enmiendas a la totalidad no dejan de ser otra piedra en el camino de muchas personas con discapacidad, otra piedra en el camino en el reconocimiento y apoyo a estas personas con discapacidad. El PP apuntaba una cuestión de método. Yo creo que hay cuestiones de fondo y de forma, y la forma en la que se plantea esta enmienda a la totalidad, sin duda alguna, demuestra una oposición a este cambio. ¿Cuál es la alternativa si no? VOX planteaba en su discurso, en su planteamiento inicial la cuestión de la legitimidad moral. No seré yo quien le recuerde la diferencia entre el derecho y la moral. Aquí estamos para hacer derecho. La moral, que vaya con la conciencia individual de cada uno; el derecho tiene que estar al lado de las personas a las que representamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Boadella. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En último lugar, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
Buenos días, señora presidenta. Señorías, otra vez nos encontramos ante una retahíla de tópicos de la derecha extrema y de la extrema derecha; enmiendas a la totalidad de PP y VOX, aberrantes porque tachan de ideológica e innecesaria la puesta al día de la Constitución,con lo que demuestran, uno, que su ideología está anclada en prejuicios trasnochados y, dos, que tienen pavor a abrir la reforma de la Constitución. Señorías, defender la intangibilidad de las constituciones va en contra del auténtico constitucionalismo, el democrático. Nosotros, los independentistas, desde nuestra radicalidad democrática, creemos que las constituciones deben reflejarlos consensos básicos de la convivencia de las sociedades, y cuando estos consensos se mueven, es necesario que las constituciones lo reflejan. Porque ¿saben una cosa? Las sociedades están vivas, evolucionan, y las constituciones no pueden quedar como un artefacto pintoresco de un pasado superado. Esto lo decimos, señorías, porque los independentistas somos constitucionalistas, pero del constitucionalismo democrático y pluralista, el de los derechos y las libertades, no el de la Constitución rojigualda. En el texto de la Constitución española aún hay mucho que suena a rancio; por ejemplo, la letra ofensiva y el espíritu paternalista del artículo 49. Aunque la técnica normativa utilizada nos parezca muy mejorable, este artículo debe cambiarse y punto. Se debe eliminar la referencia a los disminuidos que ustedes quieren mantener. Cuando un colectivo pide que se le nombre de forma respetuosa, se le debe nombrar de forma respetuosa. Esto es dar dignidad a este colectivo. Además, desde la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, este cambio es imperativo. En cuanto al contenido, aplaudimos que se pase de un enfoque médico y tuitivo a otro centrado en los derechos y los deberes, que oriente la acción de los poderes públicos a la autonomía personal y la inclusión social y que tenga en cuenta la participación de las organizaciones del tercer sector. Nos felicitamos por la referencia específica a la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad. Dice VOX que las referencias al tercer sector y a las mujeres y las niñas le causan estupor; a nosotros lo que nos causa estupor es su estupor ante lo que es normal. Les pedimos un poco de sentido de la realidad y de respeto para las personas en general y, en concreto, para las personas con discapacidad. Muchas gracias.
Gracias señor Pagès. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor ministro. Con la reforma a la que se oponen las derechas, cada vez más mimetizadas entre sí, el artículo 49 de la Constitución española se actualizará para adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esta es una reforma, señorías, que llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. En primer lugar, se trata de modificar el término 'disminuidos' para sustituirlo por el nuevo término 'personas con discapacidad'. De esta manera se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad del colectivo que hay que proteger. Como bien ha explicado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, con esta reforma se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad. Este es el camino correcto. El reconocimiento efectivo de los derechos humanos debe ser la meta y la senda de nuestro país. Honestamente, es difícil digerir que haya partidos que se empeñen en seguir llamando disminuidos a sus compatriotas. Señorías del Partido Popular y de VOX, cuáles son las verdaderas razones por las que se oponen a esta reforma constitucional. ¿Será que para ustedes todo es válido con tal de hacer oposición al Gobierno? La reforma del artículo 49 pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad como ciudadanos libres e iguales. Además, esta reforma fija los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos, como son su plena autonomía personal y su inclusión social. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha destacado la importancia de esta reforma, sobre todo porque el nuevo artículo cristaliza la visión de derechos humanos en consonancia con los marcos internacionales y con los marcos europeos. La Confederación española de personas con discapacidad destaca que la modificación incluye la defensa de la inclusión y la vida independiente, la perspectiva de género y la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo. Señorías de los grupos progresistas, frente a la estrategia reaccionaria de las derechas es necesario avanzar en un proceso de transformación legal y cultural, que implica modificar concepciones dominantes del lenguaje político que tienden a negar a ciertos colectivos su dignidad. Como ha señalado aquí el señor ministro, en la gala de los Goya de 2019, Jesús Vidal, premiado como mejor actor revelación por su interpretación en la película Campeones, señalaba tres palabras que deben ser nucleares en el debate de hoy: inclusión, diversidad y visibilidad. Pues bien, hoy quiero visibilizar la historia de lucha de las personas con discapacidad, y es que en este nuestro país las personas con discapacidad hasta bien entrado el franquismo estuvieron ligadas a sentimientos de vergüenza, estuvieron recluidas y excluidas de la vida pública y se les negaba cualquier posibilidad de desempeñar un papel activo en la sociedad. Es en la década de los setenta cuando las personas con discapacidad comienzan a organizarse en grupos para luchar contra su relegación en el hogar o en instituciones de reclusión y contra la exclusión del mercado laboral que les imposibilitaba ganarse la vida. Estas luchas por la justicia rompieron con el modelo caritativo, asistencial y paternalista y cuestionaron el modelo social que les segregaba y que les excluía. En la actualidad, en la sociedad plural y democrática, la discapacidad es entendida como una característica contextual y dinámica, propia de la condición humana, y las personas con discapacidad reivindican el reconocimiento de una humanidad diversa, desafiando la noción tradicional de normalidad corporal e intelectual. Todos estamos familiarizados con la discapacidad. A nadie le es ajena, ya sea por experiencias propias o por experiencias de seres queridos. Por lo tanto, no debería ser tan difícil empatizar con esta reforma del artículo 49. Señorías la derecha, ustedes hoy vuelven a mimetizarse, azul y verde, verde y azul, ejerciendo una irresponsabilidad política. Yo creo que en el fondo no se oponen tanto al contenido del artículo 49 como a una reforma del statu quo constitucional. Ya lo dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso en declaraciones a medios: No es el momento políticamente oportuno para reformar la Constitución. En el fondo, lo que ustedes no quieren es que se rompa el sello que mantiene intacta la Constitución, nuestra carta magna, pero ya no pueden evitar por más tiempo que las normas constitucionales avancen al ritmo que avanza la sociedad. La voluntad inmovilista del PP y de VOX choca, está desacompasada con los tiempos que marca una sociedad civil activa y palpitante. La Constitución ha de verse como un instrumento vivo, que puede y debe desarrollarse en aras del bien común. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. [[Aplausos]]
Gracias, señor Cortés. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
Quiero dirigirme al mundo de la discapacidad organizada y a quienes las restricciones de la pandemia impiden hoy llenar las tribunas del hemiciclo y nos siguen a través de las pantallas [[se expresa brevemente en lengua de signos]]; también a todos los que viven con su discapacidad, en su puesto de trabajo, representándonos en los Juegos Paralímpicos o no tienen tan siquiera un entorno que se preocupe de ellos, y a toda la sociedad para hacerles llegar el total y absoluto rechazo del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que estamos debatiendo. [[Aplausos]] En la mayoría de las ocasiones, desde esta tribuna nos unimos para decirles a las personas con discapacidad que son parte de la sociedad, para ir construyendo un entramado jurídico que garantice el ejercicio de sus deberes y de sus derechos,como cualquier otro ciudadano o ciudadana, haciendo efectiva la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en vigor en España desde 2008. Por lo que hemos oído, parece que esta vez no es así, que no todos están dispuestos a dar un nuevo paso. Los socialistas sí, porque forma parte de nuestro ADN garantizar derechos y lograr la plena inclusión de todos en la sociedad, no por afán de notoriedad, no por cálculo electoral, no por intenciones ocultas,que saben rotundamente que no tenemos, ni tampoco por un capricho pasajero. Constan programas de sucesivas campañas electorales, lo ha dicho el ministro. En la XII Legislatura consensuamos un texto para reformar el artículo en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, que presidía entonces el diputado Jordi Xuclà. Su tramitación se truncó por la disolución del Congreso, la repetición de las elecciones, la pandemia y los estados de alarma. También demuestra que no es un capricho nuestra participación en las mayorías que han aprobado estos años la legislación que posibilita que las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones, puedan participar en jurados, tengan derecho al sufragio, se impida la esterilización forzosa o no consentida, o que por fin se haya finalizado la tramitación de la reforma sobre el ejercicio de su capacidad jurídica y que presentamos en el Senado, para reactivar la reforma del artículo, una moción aprobada el pasado diciembre prácticamente por unanimidad, o sea, con el voto favorable del Partido Popular, y lo vuelve a demostrar que, terminado el estado de alarma, vuelta a estar sobre la mesa. El texto, básicamente, es el que se redactó en la XII Legislatura, consiguiendo recoger las aspiraciones del mundo de la discapacidad y consensuar los criterios de todos los grupos parlamentarios. Para ello, celebramos comparecencias - LuísCayo Pérez, presidente de Cermi; Rafael de Lorenzo, profesor de la UNED; Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Vicky Bendito, periodista afectada por el Síndrome de Treacher Collins - y organizamos incluso un seminario en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Necesitamos pocas reuniones para ponernos todos de acuerdo, y el 4 de diciembre enviamos a la vicepresidenta, Carmen Calvo, una carta para solicitar que se tramitase y hacerle llegar nuestra propuesta. La propuesta se ha mejorado gracias al diálogo con entidades representativas de la discapacidad y con observaciones del Consejo de Estado, que no se ha opuesto. Los socialistas no hemos pretendido hacer este camino solos ni ser sus protagonistas, conscientes de que cambios sociales como este, que afectan a toda la sociedad, requieren de amplios consensos. Podemos entender que VOX presente una enmienda de este tipo. Son lo que son; remedando la Biblia, podemos decir: Por sus votaciones los conoceréis. Utilizan nuestra Constitución como una especie de parapeto contra cualquier actualización, modernización, reforma o avance - flaco favor le hacen -, dejándonos sus intervenciones la sensación de que solo leen de ella lo que les conviene. Se convierten, como hoy, en una especie de Tribunal Constitucional bis o en uno de la Inquisición, condenandolos a todos al infierno, para, tras eso y tras un amasijo muchas veces de cifras políticas, esconder su no a la discapacidad. Son excusas. Cuesta más entender que el Partido Popular pide que el proyecto de ley se devuelva al Gobierno. Hacerlo es mantener que la Constitución siga llamando disminuidas a las personas con discapacidad. ¿Manuel Fraga utilizaría hoy esta palabra? Dan a entender que ya les parece bien la concepción médico-rehabilitadora del actual redactado; no defienden que las personas con algún tipo de discapacidad sean titulares de deberes y derechos, como cualquier otra. Hacerlo es no comprometerse a que los poderes públicos lleven a cabo políticas que garanticen la plena autonomía personal, la inclusión social y que respeten la libertad de elección y preferencia de las personas con discapacidad. Presentarla es rechazar que el diálogo y la cooperación sean la base de la relación de los poderes con las entidades que les representan; es quitar importancia a la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad; es no reforzar que, desde las instituciones, las personas con alguna discapacidad tengan la atención especializada que requieren; es dificultar que las personas con discapacidad gocen de la protección prevista por los tratados internacionales. ¿Saben? Cuesta entender que el partido de directores generales de Discapacidad, como Nacho Treviño o como Borja Fanjul, lo hagan. Ustedes no la presentan porque crean que el texto está mejor o peor o porque estén en desacuerdo en todo o en parte. A mí me da la impresión de que lo hacen porque cuando gobiernan otros son incapaces de arrimar el hombro o de alegrarse cuando las cosas mejoran [[aplausos]]; porque son rehenes de su incompetencia ante VOX para ocupar el espacio de la extrema derecha; porque son rehenes de su política de tierra quemada, bloqueo y no a todo. Es una política que asocia a hacer ruido para tapar que la campaña de la vacunación va bien, que nuestra economía mejora, que la negociación de fondos europeos se hizo bien, que las cifras de ocupados mejoran, que recuperamos prestigio internacional o para tergiversar los esfuerzos para construir puentes entre una parte de Cataluña y el resto de España, una situación en la que parece que ustedes solo pasaban por allí. Pero resulta que esa política se ha cruzado con este proyecto de ley y han supeditado intereses, aspiraciones,ilusiones y derechos de 3,8 millones de personas a su política, convirtiéndose en meras víctimas colaterales de ella. Todavía podemos hacer este camino todos los demócratas juntos. No utilicen como excusa la teoría de no abrir el melón; aquí no hay ningún melón. Les esperamos en la Comisión Constitucional. No han dicho nada que impida que podamos seguir avanzando en ese camino para colocar en la Constitución un anclaje para las políticas de las personas con discapacidad.
Señor Ruiz, tiene que terminar, por favor.
De acuerdo. Gracias. [[Se expresa brevemente en lengua de signos.-Aplausos]]
Muchas gracias, señor Ruiz. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Les informo de que el Grupo Parlamentario Republicano ha solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a la de la enmienda a la totalidad. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Presidenta, señorías, quiero presentar hoy desde esta tribuna el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema. Este es un proyecto de ley que nace del consenso; es fruto del esfuerzo, de las aportaciones y de la generosidad de un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales, y, lo que es más importante, incluye medidas clave para mejorar a nuestros pensionistas presentes y futuros. Este proyecto de ley tiene su génesis en esta misma Cámara, donde, hace menos de un año, los grupos políticos fueron capaces de aparcar sus preocupaciones cortoplacistas y enviar al Gobierno y a la sociedad un mensaje claro sobre lo que había que hacer en materia de pensiones. Tras diez años sin acuerdo, señorías, ustedes lograron consensuar unas recomendaciones en el seno del Pacto de Toledo que fueron refrendadas tan solo con dos votos en contra en este mismo Hemiciclo. Una vez más quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que, desde la legítima discrepancia, pero con espíritu constructivo, trabajaron en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo para que estas recomendaciones salieran adelante. Estas recomendaciones que ustedes refrendaron hace un año han sido nuestra referencia permanente en todo este proceso y lo continúan siendo. Lo que ahora traemos a la Cámara es la concreción de dichas recomendaciones en un texto articulado que sin duda va a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. El texto que hoy presento aquí viene respaldado por los agentes sociales, por todos ellos, que el 1 de julio, también después de una década sin consensos, firmaron un acuerdo con el Gobierno. Quiero agradecer especialmente aquí a los interlocutores sociales - a la CEOE, a Cepyme, a Comisiones Obreras, a UGT, y también a las asociaciones de autónomos, a ATA, a Uatae, y UPTA - su trabajo, su compromiso con el diálogo y sus contribuciones para mejorar el contenido de este acuerdo. El trabajo de la mesa del diálogo social no ha sido fácil. Han sido nueve meses de intensa y constante laboriosidad, buscando que las legítimas preocupaciones de empresarios y trabajadores fueran incorporadas al texto. Ha sido una labor ardua, pero ha merecido la pena. Creo genuinamente que el resultado es un texto mejorado. Como he recordado en muchas ocasiones, la búsqueda del consenso hace los acuerdos más fuertes y duraderos. Esto, que es seguramente un principio básico de buena gobernanza, es especialmente importante en el ámbito de las pensiones, en el que las decisiones que hoy tomemos desplegarán sus efectos en el largo plazo. Es un gran consenso, en definitiva, por el que todos debemos felicitarnos. El texto que traemos a debatir al Congreso no incorpora sólo las aportaciones del mundo laboral y empresarial, responde también al permanente diálogo que desde nuestro ministerio hemos mantenido con los interlocutores europeos a fin de explicar cómo estas medidas en el ámbito del sistema de pensiones son un elemento central para transformar estructuralmente nuestra economía y nuestro país en el medio y largo plazo. Por eso hemos querido incluir estas medidas de forma explícita en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras un diálogo franco y permanente con la Comisión Europea, estas medidas constituyen el componente 30 de ese plan, validado y aprobado, como saben, por el Consejo de la Unión Europea. El proyecto legislativo que traemos aquí responde escrupulosamente, por tanto, a los compromisos que España ha adquirido con Europa tanto sobre el contenido y profundidad de las reformas como en el plazo temporal acordado. Poner en riesgo irresponsablemente esta reforma implicaría dañar el plan, y con él, toda su capacidad financiadora y de transformación de nuestro país. Les aseguro que desde las instancias y los PEA se entendería mal que una reforma que se acordó con ellas se aprobará con menos consenso simplemente por motivaciones de corto recorrido. Por su naturaleza, por la forma en la que se ha elaborado y por el papel que tiene en el conjunto del Plan de recuperación, esta no es una reforma de partido, ni siquiera es una reforma de Gobierno, es una reforma de país. [[Aplausos]] Hemos contado con todos ustedes, hemos incorporado de la mejor manera posible todas sus preocupaciones y sensibilidades, hemos contado con los empresarios y con los trabajadores, hemos trabajado con las autoridades europeas, teniendo siempre como principal objetivo en mente el bienestar de nuestros ciudadanos, y, como no puede ser de otra forma, lo vamos a seguir haciendo. Es una responsabilidad colectiva, que no puede verse afectada por intereses de corto plazo, y una respuesta consensuada a la demanda de nuestros ciudadanos, a los que no podemos defraudar. Esta reforma es, en definitiva, una oportunidad histórica para construir un marco nuevo y cierto que fortalezca a través de varias herramientas la sostenibilidad del sistema y asegure pensiones estables y dignas para todos. A continuación, voy a sintetizar los elementos principales de la reforma. En primer lugar, el objetivo principal de la reforma es eliminar la incertidumbre en nuestros pensionistas, los actuales y los futuros. Por ello, su elemento fundacional es la garantía permanente del poder adquisitivo de las pensiones, un principio central que acordaron ustedes en esta Cámara y que esta reforma asume como suyo, estableciendo un nuevo mecanismo que asegure de forma clara el derecho a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del coste de la vida. Permítanme recordar la recomendación 2 del Pacto de Toledo, que se votó aquí hace algo menos de un año y que literalmente establece: 'La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones'. Preservar el poder adquisitivo de las pensiones es el mayor mensaje de tranquilidad que podemos enviar a los pensionistas, tal y como ustedes entendieron el otoño pasado. La garantía del poder adquisitivo de las pensiones es algo común a todos los países de nuestro entorno y es el mejor instrumento que tenemos para dar certidumbre a los pensionistas. Deben saber que tendrán una pensión suficiente cuando se retiren y que esa pensión siempre mantendrá su poder adquisitivo, pase lo que pase, gobierne quien gobierne. Con el nuevo mecanismo que se establece en este proyecto de ley se prevé la revalorización con la inflación media del año anterior y se pone fin a una etapa en la que la norma que regulaba la evolución de las pensiones imponía una evaluación sistemática de su poder adquisitivo, una etapa definida además por la incertidumbre causada por la constatación, por el mismo Gobierno que lo había aprobado, de que era una norma insostenible. Esta incertidumbre es injusta para los pensionistas, es dañina para el sistema y es políticamente nociva para todos. Debe acabar, y ustedes, señorías, deben hacerlo posible. Como hemos visto en las distintas encuestas de los últimos años, desde la aprobación de la última reforma, sin ningún tipo de consenso, la incertidumbre sobre nuestro sistema ha ido creciendo desde 2013, algo comprensible si se tiene en cuenta que los mecanismos que allí se establecen suponían en veinte años una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 40 % de la pensión para un pensionista medio y mayor aún para aquellos cercanos a la pensión máxima. ¿Es razonable que alguien que se jubila con una pensión de 1000 euros acabe veinte años después ganando 600 euros? El mecanismo que se aprobó entonces no existía en ningún país de nuestro entorno, era económicamente injusto y en última instancia socialmente insostenible. Esta lección la hemos aprendido todos, al menos eso creía yo hasta el lunes de la semana pasada, cuando escuché a la responsable de su partido, la señora Gamarra, afirmar que si vuelven a gobernar retomarán la reforma de pensiones de 2013; una reforma que sacó a la calle a miles y miles de pensionistas contrarios a la subidas impuestas por el importe de la pensión del 0,25, una reforma que contemplaba el factor de sostenibilidad que ahora reivindican pero que ustedes mismos no se atrevieron a implantar, retrasando su aplicación dos veces. Ahora tenemos la oportunidad de eliminar ese miedo que tienen nuestros pensionistas y retomar el IPC como mecanismo permanente de revalorización, dando cumplimiento al mandato constitucional del artículo 50 de actualizar periódicamente las pensiones para garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Nuestros pensionistas deben saber que su pensión crecerá en la misma medida en que lo haga el coste de la vida. Quien acceda a la jubilación con una pensión de 1000 euros verá que la pensión crecerá en términos nominales para que en términos reales siga manteniendo el poder adquisitivo de los 1000 euros con los que se jubiló. Este es el elemento central de esta nueva reforma, esta recuperación de un derecho que nos acerca a los sistemas de revalorización comunes en los países de nuestro entorno, y sobre ello hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el Pacto de Toledo, en el diálogo social y con las autoridades europeas. No lo pongamos en riesgo, señorías. En segundo lugar, el proyecto de ley que hoy presento también elimina la otra gran fuente de incertidumbre para nuestros pensionistas, el déficit que injustamente reflejan las cuentas de la Seguridad Social. Siguiendo también la recomendación 1 que ustedes aprobaron hace un año, proponemos la culminación de la separación de fuentes de financiación y del traspaso de los gastos no contributivos de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Es de justicia que tranquilicemos a nuestros pensionistas siendo transparentes sobre la situación actual y real de las cuentas de la Seguridad Social. En España, señorías, tenemos un nivel de cotizaciones sociales razonablemente alto y un gasto en pensiones en promedio incluso algo inferior a los países de nuestro entorno. Por ello, las cuentas de la Seguridad Social no deberían arrojar déficit alguno, y si lo hacen es porque los ingresos por cotizaciones sociales cubren algunas políticas legítimas y relevantes en muchos casos, pero que no deberían pagarse con las cuotas de empresarios y trabajadores, sino a través de aportaciones del Estado. En el Pacto de Toledo se identificaron más de 22 000 millones de estos gastos asumidos por la Seguridad Social, pero que no deberían financiarse con cotizaciones sociales. Por ello, ya estamos atendiendo a esta recomendación consensuada en el Pacto de Toledo. Así, ya el año pasado se cubrieron 14 000 millones de estos gastos no contributivos, y en el presupuesto de 2022 esta partida se elevará hasta los 18400 millones de euros. Y nuestro compromiso, plasmado también en el acuerdo con los agentes sociales, es que la Seguridad Social tenga equilibrio presupuestario al final de la legislatura. Pero no solo acabaremos con el déficit del sistema esta legislatura, sino que nos hemos comprometido junto con el Ministerio de Hacienda a que cualquier nueva política que queramos financiar desde la Seguridad Social debe cubrirse con los Presupuestos Generales del Estado. Logramos así que nuestro sistema de pensiones se parezca un poco más al de los países de nuestro entorno. Si esta asunción se hubiera realizado hace años, en lugar de cargar el sistema con gastos sin su correspondiente financiación, contamos hoy con un fondo de reserva con una dotación suficiente para atender el aumento del gasto de pensiones derivado de la jubilación de los más jóvenes. [[Aplausos]] Sé que algunos tildan esta medida de cosmética, pero creo sinceramente que es porque no tienen en cuenta el daño que hace a nuestro sistema y a nuestros pensionistas. Leer titulares a diario sobre los números artificialmente rojos de la Seguridad Social y su falta de recursos intranquiliza a pensionistas presentes y futuros, y no refleja la situación real de las cuentas de la Seguridad Social. De nuevo, debemos luchar contra esta incertidumbre que injustamente daña a pensionistas y a contribuyentes y que erosiona la confianza del sistema. Señorías, me voy a referir ahora al tercer elemento que quiero destacar del proyecto de ley que hemos traído a esta Cámara, el abanico de medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, tal y como ustedes incluyeron en la recomendación 11 de las votadas hace algo menos de un año. Este abanico de medidas es fundamental para fortalecer la sostenibilidad del sistema y, por tanto, también inseparable del compromiso para mantener el poder adquisitivo de las pensiones de forma permanente. En España, señorías, en términos de edad ordinaria de acceso a la jubilación, tenemos una situación normativa de partida más que razonable, una edad de jubilación que hoy es de 66 años y que en 2027 quedará fijada en 67 años para los trabajadores con menos de 38,5 años cotizados. Pero eso no significa que tengamos mejores prácticas y, por tanto, tenemos que generar los incentivos para cambiar esta situación. Lo he dicho muchas veces, lo he defendido en todos los foros y lo repito aquí: España no necesita cambiar su edad legal de jubilación, es adecuada y suficiente. Lo que sí debemos conseguir es que la edad efectiva de jubilación, la edad media a la que de hecho se jubilan nuestros pensionistas, se aproxime a la establecida por la ley. Para lograr este objetivo, preferimos usar incentivos individuales en vez de obligar a las personas a jubilarse más tarde de lo que lo hacen. Esta preferencia se asienta en dos principios que creo son compartidos por todos: el primero, que la jubilación es un derecho, no una obligación, y el segundo, que no todas las personas tienen la misma capacidad de voluntad para seguir trabajando cuando llegan a determinadas edades. Por eso, el sistema ha de impulsar el alargamiento de las carreras laborales solo de aquellos que quieran seguir trabajando y no de quienes, por la naturaleza de su trabajo o por circunstancias vitales, no quieran o no puedan hacerlo. Hemos comprobado que muchas de las razones por las que la edad efectiva de jubilación es más baja de la ordinaria - la prevista en la ley - son ajenas a la voluntad de los propios pensionistas. Muchos trabajadores son expulsados del mercado de trabajo en edad prematura y su salida es una pérdida para ellos y para todos. Otros muchos, dadas sus circunstancias, podrían si lo desean trabajar más y ser por ello compensados por el sistema de pensiones, pero sabemos que los incentivos que hasta ahora se ofrecen a los pensionistas que demoran su acceso a la jubilación son poco conocidos, muy poco generosos y, en última instancia, mucho menos usados que en otros países. Así, cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno observamos que el porcentaje de población entre 25 y 54 años que participa en el mercado laboral es algo más alto que el de la media europea, pero es significativamente más bajo para los trabajadores de más de 55 años. Eso no solo es un problema para el sistema de pensiones, es un problema para esas personas y para la sociedad, que no es capaz de aprovechar su experiencia y sus conocimientos. Esto debe cambiar, no podemos desperdiciar el talento y la experiencia de nuestros trabajadores mayores de 55 años, al contrario, debemos trabajar para que puedan seguir aportando, para que las empresas sigan contando con ellos en los puestos adecuados y en paralelo, y esto también es muy importante, revisar el acceso de la jubilación anticipada a colectivos con especiales condiciones de penosidad. Todo es compatible en este sentido. Y ya que se ha abierto el debate, déjenme decirles que expulsar del mercado de trabajo a los trabajadores de más edad no incentiva el empleo de los trabajadores más jóvenes. La evidencia empírica es abrumadora y nos dice lo contrario: los países con mayores tasas de actividad de trabajadores de más edad son también los que tienen más tasa de actividad de trabajadores jóvenes. Los trabajadores mayores y los trabajadores jóvenes no son sustitutivos, se complementan. En este país lo sabemos muy bien. La incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo no redujo el número de hombres ocupados, ni la llegada de inmigrantes se vio acompañada de un menor número de empleos para los españoles. Para acercar la edad efectiva a la edad legal hay diversas medidas en esta reforma para facilitar que quienes en esas edades lo deseen y quieran trabajar puedan seguir haciéndolo de forma voluntaria, exonerando a las empresas de la cotización por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y compensando a los pensionistas económicamente si gracias a su permanencia en el empleo se genera una ganancia para el sistema. De forma novedosa,introducimos una opción de capitalizar el incentivo en forma de premio de jubilación de hasta 12.000 euros para cada año que se retrase voluntariamente el acceso a la jubilación, haciendo más flexible el sistema de coeficientes de jubilación anticipada para que los trabajadores puedan acceder a pensiones mejores si retrasan, aunque sea un mes, su acceso a la jubilación. Pero para que estos incentivos de jubilación demorada puedan desplegarse, el proyecto de ley incluye otra medida de calado pactada con los agentes sociales: la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios colectivos. Esta cláusula, señorías, hacía de la jubilación una obligación para muchos trabajadores, cuando en realidad es, y debe ser, tratada en nuestro ordenamiento como un derecho. Estas cláusulas, que han ido desapareciendo progresivamente en todo el derecho comparado, restan efectividad a cualquier medida para incentivar la jubilación demorada y no tienen en cuenta la voluntad de un trabajador a la hora de tomar una decisión tan relevante como es cuándo desea jubilarse. El proyecto de ley que hoy presentó en esta Cámara prevé la eliminación de esta cláusula cuando la edad sea inferior a los 68 años con la excepción, muy importante, de los sectores en los que existe una infrarrepresentación femenina, siempre que se contrate a una mujer. En definitiva, modificar el acceso a la jubilación, no mediante cambios legales sino a través de los incentivos voluntarios, que a través de múltiples decisiones individuales pueden tener un enorme efecto agregado sobre el sistema. De acuerdo con los cálculos de la Seguridad Social, se trata de la medida más potente que podemos poner en marcha para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema. Por eso, el proyecto de ley que hoy presento incluye, como acabo de describir, un amplio abanico de medidas en este sentido. Permítanme mencionar ahora a uno de los colectivos que no siempre se tiene en cuenta al hablar de pensiones: nuestros jóvenes. En este proyecto de ley hay medidas fundamentales para ellos. Tenemos que asegurarnos de que las generaciones que acaban de entrar en el mercado laboral y aquellos que acaban de nacer tendrán acceso a una pensión, como tenemos los que ya somos veteranos. En primer lugar, el proyecto de ley incluye la derogación del actual factor de sostenibilidad, un mecanismo tan injusto como mal diseñado, sin consenso, que el Gobierno anterior pospuso su aplicación hasta 2023 en dos ocasiones, primero hasta 2019 y después hasta el propio 2023. No es de extrañar que se realizará la aplicación y la implicación práctica de este factor. Cuanto más joven fuera uno, mayor recorte sufriría en la pensión de entrada de forma automática, como resultado del factor de sostenibilidad. Para ilustrarlo, considere un joven que ahora mismo tenga 18 años que se jubilara allá por el año 2060 o 2065, el recorte de la pensión iba a ser del 20 %. ¿Es razonable y aceptable que alguien, solo por ser más joven, tenga que sufrir un recorte de este calibre? Coincidimos todos en que no, en que no lo es. Por ello, en consenso con los agentes sociales, proponemos la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, que está en proceso de diálogo, pero cuyos mimbres han quedado reflejados en el acuerdo firmado con los agentes sociales el 1 de julio. Será un mecanismo muy importante, contingente; esto es, que se activaría sólo si la evolución de ingresos y gastos del sistema lo requiriera, y que se circunscribe a los años en que el sistema soporta mayor presión demográfica. Se trata de proteger especialmente a nuestros jóvenes, que han llegado a un mercado de trabajo en unas circunstancias especialmente difíciles para ellos. Además, en el acuerdo hay un compromiso con una medida ampliamente solicitada por los jóvenes, que es la cotización de las prácticas. Sabemos que para muchos jóvenes la entrada en el mercado laboral se produce a través de becas no remuneradas y que, en muchos casos, estos periodos, que a veces son prolongados en el tiempo, no cuentan en su vida laboral porque las empresas no cotizan por ellos. Bien, pues a partir de ahora estos periodos contarán en su vida laboral porque así lo hemos acordado con los agentes sociales. Señorías, pueden comprobar que este proyecto de ley que presento hoy es - inceramente lo creo - muy beneficioso para todos. En él hemos tratado de concretar las más valiosas recomendaciones que aprobaron ustedes en este mismo hemiciclo tras muchos meses de negociación. En esta norma también se recoge el espíritu del consenso, que ustedes mismos mostraron en nuestras largas negociaciones en el marco del diálogo social. Frente a los que dicen que solo incluye medidas sencillas o'vacías, creo que podemos presumir de haber traído un proyecto de ley completo y sustantivo, que aborda de forma concreta y eficaz los retos que debemos afrontar, y lo hace reforzando nuestro sistema de pensiones como un sistema público de reparto basado en la solidaridad intergeneracional. Este proyecto de ley retoma la senda del consenso del año 2011 y elimina las incertidumbres asociadas a las reformas fallidas de los últimos años. Nuestro objetivo debe ser restablecer la certidumbre y hacerlo con medidas de refuerzo graduales y transparentes, que permitan a los pensionistas dejar de preocuparse por su futuro cercano y a los jóvenes recobrar la confianza en un sistema que les tenga en cuenta. Lo hemos hecho recuperando el consenso sobre pensiones, tanto aquí en el Parlamento como en la mesa de diálogo social, trabajando con las autoridades europeas en el contexto del Plan de recuperación y reflejando el resultado en una norma, que creo que es algo por lo que debemos felicitarnos todos. No tiene ningún sentido bloquear este proceso consensuado ni estas transformaciones estructurales ni la llegada de estos fondos europeos. Este proceso de diálogo de acuerdo y mejora no debe descarrilar, no podemos volver a la pérdida sistemática del poder adquisitivo de las pensiones, a la incertidumbre, a la ruptura de los compromisos con Europa y con los interlocutores sociales, a no tener, en definitiva, un plan para reforzar nuestro sistema. Esta es una política de Estado y así lo hemos entendido desde el primer día. Con esta voluntad hemos trabajado y dialogado, escuchado y consensuado, con unos y con otros. Es una política para el largo plazo, en el que las voces de todos han de ser oídas, es una política en la que los bloqueos y los vetos no tienen ningún sentido. En el trámite parlamentario tendremos oportunidad de debatir y mejorar el texto legislativo y lo haremos con nuestro mejor espíritu constructivo, el que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Es el momento de construir, no de destruir. Es el momento de pensar en el largo plazo, de poner las luces largas y transmitir certidumbre. Es lo que nuestro país y el sistema necesita y lo que nuestros ciudadanos esperan y se merecen. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Cabezón Casas.
Gracias, señora presidenta. Señorías, tengo el honor de subir hoy a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hacer lo que debería haber hecho el Gobierno de la nación: defender a los españoles, defender nuestro sistema público de pensiones y tratar de garantizar que se mantenga como el gran pilar de nuestro modelo social y de bienestar. [[Aplausos]] Desgraciadamente, todos sabemos que el sanchismo tiene prioridades diferentes a las del conjunto de la ciudadanía. Mientras los españoles vemos con preocupación el futuro y la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones, ustedes traen a esta Cámara un proyecto incompleto, un proyecto que se abstrae de la realidad y un proyecto completamente ajeno a nuestra situación social, laboral y económica. Señores del Gobierno, les anticipo que mi grupo solicitará, como no podía ser de otra manera, la devolución de esta iniciativa. Son muchos los motivos que nos llevan a ello, pero les indicaré los principales. En primer lugar, no apoyaremos una reforma que prescinde absolutamente del Parlamento, señor ministro, tratando de burlar la tramitación ordinaria de un proyecto de ley. Sabemos que a ustedes el control parlamentario no les gusta, ya lo sabemos, pero su obligación es rendir cuentas y hablar con todos. Eso no se lo dice el Partido Popular, lo dice diariamente el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, no apoyaremos nunca un proyecto del que desconocemos su contenido fundamental. ¿Cómo y de qué manera va a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema? ¿Dónde está su mecanismo de equidad intergeneracional, señor ministro? ¿En qué consiste? ¿Cuándo nos va a presentar el mecanismo de equidad intergeneracional, señor ministro, no al Partido Popular sino también al diálogo social? Señor ministro, firmó en julio el acuerdo y a día de hoy no tienen todavía cuál va a ser el mecanismo de equidad intergeneracional encima de la mesa. De eso es de lo que usted habla, de la sostenibilidad de las pensiones, y ese es el déficit que usted tiene: ni presenta los papeles, ni sabemos cuál es el grueso de su reforma, señor ministro. En tercer lugar, tampoco apoyaremos nunca una reforma que piense exclusivamente en hoy, pero que se olvida de los pensionistas de mañana y de pasado mañana. Y, por último, no apoyaremos nunca un proyecto que va contra el interés general y también contra la esencia de los principios del Partido Popular que son: mejores pensiones, mejores empleos y mejor sistema económico para España y para los españoles, señor ministro, los de ahora, pero también los del futuro. [[El señor]] Señorías, nos presenta un proyecto que define claramente cuál es la política del Gobierno: una reforma a plazos, por fascículos. Hoy nos ha presentado el preámbulo, la parte cómoda, la fácil, pero en los siguientes capítulos vendrá a lo que nos tienen acostumbrados: los líos, las dificultades. Señor ministro, créame, no hace falta que le echemos demasiada imaginación para saber cuál va a ser el final de este libro porque lo vivimos siempre con ustedes. Respondanos si puede,señor ministro: ¿cómo va a asegurar la sostenibilidad del sistema impidiendo que su reforma se traduzca en un déficit estructural de la Seguridad Social que sea inasumible? Las previsiones ya hablan de un posible crecimiento del déficit del 5 al 7%. ¿Quién lo pagará? ¿Supondrá un aumento de las cotizaciones sociales? Que conste que esto no lo dice el Partido Popular, esto incluso se lo dice el ministro Bolaños en su informe que acompaña este proyecto de ley, que le dice que - abrocomillas - 'sería deseable información más detallada' - cierro comillas - de lo que usted expone. Y responda también: ¿van a reformar su propia reforma, esa para evitar que la jubilación anticipada sea más gravosa de lo que actualmente es? Señor ministro, no lo hacen bien ni cuando lo intentan. O díganos: ¿cómo será la cotización de autónomos?, ¿ya lo ha pactado? ¿Y qué va a hacer con los becarios? ¿Y qué va a hacer con las pensiones de viudedad? ¿Y pretenden que el ingreso mínimo vital sea el primer paso de la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco y Navarra para contraponer los compromisos políticos en detrimento de la caja única del sistema de pensiones, de su equidad y su solvencia? Esto usted no lo contesta,señor ministro. ¿Por qué? ¿Por qué lo omite? Este proyecto, no es que no lo entienda el Partido Popular, es que no lo entiende ni el Gobierno del que usted forma parte. Algunos ministros del banco azul todavía están esperando que les explique en qué consiste el mecanismo de equidad intergeneracional, la oposición también y, como le he dicho anteriormente, el diálogo social también. No es un tema menor, es que la medida más importante de su ley no está en la ley. Como lo oyen, señorías. Reservan su medida estrella - mecanismo de equidad intergeneracional - para incluirla por la puerta de atrás, por la puerta de atrás vía enmienda. Nunca se ha visto en el trámite parlamentario que un mecanismo que da sostenibilidad al proyecto de ley se meta por la puerta de atrás vía enmienda. Usted, señor Escrivá, algo nos adelantó en una de las pocas declaraciones sinceras que hemos oído a este Gobierno: o íbamos a tener que trabajar más tiempo o íbamos a cobrar menos pensión. Lógicamente, recibió una rápida llamada de la factoría de Ferraz, de la factoría de Moncloa y tuvo que rectificar. También dijo que las pensiones tendrían ajustes moderados. Esto fue lo que usted dijo en prensa. Esta semana usted ha vuelto a la carga, en uno de esos ataques de sinceridad que le dan de vez en cuando, siempre en los medios de comunicación, y dijo que podría elevarse la edad de jubilación hasta los 75 en lo que usted denomina un cambio cultural. Una vez más, ha tenido que salir a negarlo. Ya sabemos lo que nos espera si se aprueban estas iniciativas que usted trae a esta Cámara. Usted lo Se llama escudo social, pero los españoles sabemos que son pensiones más bajas. Al igual que nos prometieron luz más barata, y hoy está a 221 euros el megavatio - un artículo de lujo ya -, con sus políticas en pensiones sabemos que ocurrirá lo mismo: peores pensiones, más tiempo de trabajo y peor mercado laboral para labrarse un futuro. Usted sabe que en pocos años se empieza a jubilar la generación del baby boom, ni más ni menos que uno de cada tres de los que integran la tasa actividad de nuestro país. ¿Cómo tiene previsto usted lograr que nuestro actual sistema de pensiones se sostenga si se jubila un tercio de nuestros cotizantes? ¿Cómo va a hacer que cuadren sus cuentas si en su proyecto de ley, en su parte económica - escuche bien - presentan un proyecto con unos cálculos que prevén la inflación para el 2023 del 1,3 %, para el 2023 del 1,69 % y para el 2024 de un 2 %? ¿Sabe cuál es la inflación actual, señor ministro? El 4 %. ¿Cómo va a hacer que cuadren los cálculos, señor ministro? ¿Cómo quieren ser convincentes si se apoyan en escenarios completamente alejados de la realidad? ¿Nos lo podrá explicar, señor ministro? Cómo añoramos al señor Escrivá, cuando era presidente de la AIReF: el metódico, el que cuadraba cuentas, el que de verdad analizaba los proyectos de ley. Usted se ha convertido en un perfecto converso de la política, en un perfecto converso de los que intentan hacer más méritos que los propios socialistas para intentar defender lo indefendible, señor Escrivá. [[Aplausos]] Quienes sí saben llevan tiempo avisandoles de que esta reforma no es la reforma que la Seguridad Social necesita, porque la empeora y la endeuda, pero esto es política habitual de la casa. No escuchan al Banco de España que les avisa de que para pagar esta reforma deberíamos subir las cotizaciones sociales un 35 % si queremos mantener la generosidad del sistema; no escuchan a la AIReF -¡manda narices!- que les alerta de un aumento de varios puntos del PIB por el nuevo gasto en pensiones; y tampoco escuchan a los que nos avisan de que su reforma nos colocará en niveles de deuda pública inasumibles. Además, hacen oídos sordos a Europa. Sí, señor Ministro, oídos sordos a Europa porque le piden que asegure con su reforma la sostenibilidad del sistema y la equidad intergeneracional, pero su proyecto es el opuesto. Frente a su nefasta política de pensiones, el Partido Popular le ha ofrecido en numerosas ocasiones su colaboración y diálogo, porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho y porque pensamos en nuestro país. Hay que recordar que fueron las políticas del Partido Popular las que lograron incrementar las pensiones a lo largo de sus años de gobierno un 16 % sin renunciar a la sostenibilidad; que fue el PP quién revalorizó las pensiones todos los años, mientras que en algunos años ustedes, los socialistas, las congelaban, porque no tendré que recordarles a los señores socialistas cómo su jefe apretaba el botón de la congelación de las pensiones para seis millones de pensionistas en este mismo Parlamento - el señor Sánchez congeló las pensiones apretando el botón en este hemiciclo -; y que fue el PP el que logró que nueve de cada diez euros que se abonarán en pensiones salieran de las cotizaciones y del empleo. Eso lo hizo el PP que demostró responsabilidad con los pensionistas, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Sí, señor Escrivá. Prueba de ello fue la Ley del 2013, una ley difícil, que usted deroga sin ofrecer ninguna alternativa. La misma reforma que la Comisión Europea ha alabado en muchas ocasiones por pensar en el largo plazo y en la sostenibilidad. La misma reforma que permitió que desde las instituciones europeas no se hiciesen recomendaciones en materia de pensiones desde el 2013 hasta que ustedes entraron en el Gobierno. Y yo entiendo, señor Escrivá, que no es fácil intentar reformar el sistema de pensiones de la mano de una ministra de Trabajo que quiere recuperar fórmulas caducas y totalmente trasnochadas, y que sabemos que sus políticas consiguen lo contrario de lo que quieren. Y por eso, nos convierte en el país que más va a tardar en recuperarse tras la pandemia, que más masa de empleo ha destruido en el mundo desarrollado, que somos líderes en desempleo juvenil, líderes en desempleo femenino y líderes en brecha de género. Y, señor Escrivá, estos días usted apelaba al cambio cultural, ¿y sabe usted qué es lo que piensan los españoles? No piden un cambio cultural, ¿sabe lo que piden los españoles? Un cambio de Gobierno, señor Escrivá, eso es lo que piden los españoles. [[Aplausos]] Los españoles quieren un Gobierno que piense en ellos, en sus hijos y en sus nietos, un Gobierno que les trate como adultos, señor Escrivá. Los españoles queremos un Gobierno responsable y valiente, un Gobierno que dialogue para adoptar reformas que mejoren nuestro sistema. Señor Escrivá, habla de una reforma que según usted nace del diálogo social, y usted sabe que es incompleta, que solo busca engañar a Europa sin resolver el problema. Y no se equivoque, lo que pactó en julio con los agentes sociales no fue la reforma que España necesita, fue una patada para adelante. Ese acuerdo solo le ha valido para conseguir una foto en los jardines de Moncloa y salvarse usted de la crisis de gobierno, para nada más sirve esta reforma. Y solo dos días después de la foto, los mismos agentes sociales le daban un tirón de orejas por sus desafortunadas declaraciones, y desde entonces no paran de criticar el secretismo de su reforma, porque no saben ni qué quiere ni cómo lo quiere hacer. Usted también nos dice que su reforma nace de las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Le recordamos su comparecencia en Pacto de Toledo en la que prácticamente ningún grupo apoyó esta reforma o ya se le ha olvidado? Y usted dijo ayer también que el fuego amigo es un clásico, pero, señoría, yo sinceramente me preocupa si no me respalda nadie, ni amigos ni enemigos, nadie. Concluyo ya, señorías, y lo hago diciendo que el Partido Popular nunca apoyará una reforma de la que no sabemos casi nada, una reforma que solo piensa en las elecciones próximas, un proyecto que se tapa los ojos ante la realidad demográfica y socioeconómica de nuestro país, y por eso decimos no a este proyecto. Como ya dijo Pablo Casado, desde el Partido Popular, mostramos nuestra responsabilidad con España y los españoles diciendo no a esta reforma. Nosotros apostamos por una reforma que garantice el equilibrio...
Señoría, debe finalizar.
... - concluyó -, el aumento del poder adquisitivo, el sostenimiento del sistema, la situación económica general y las pensiones del futuro. Ese ha sido, es y será siempre el ideario del PP en materia de pensiones y lo seguiremos manteniendo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
La reforma del 2013, señor Cabezón, se hizo sin ningún consenso, sin acordarse con los agentes sociales, despreciando a todos los agentes sociales. Por eso se entiende que para usted ahora, cuando lo acordamos con todos los agentes sociales - discutiendo hasta el más mínimo detalle durante meses y meses - y lo firmamos en La Moncloa, eso sea una foto en los jardines de La Moncloa. Porque el diálogo social, el acuerdo y el consenso para ustedes son eso: fotos. Se retrata, señor Cabezón, se retrata usted; se retrata. [[Aplausos]] Bueno, ha utilizado la palabra engañar varias veces. Pero ustedes están defendiendo la reforma del 2013 y el IRP, índice que ustedes llaman de revalorización de las pensiones, cuando como sabe usted es el índice del recorte de las pensiones. La erre no es revalorización, es recorte, recorte masivo de las pensiones. Y eso es lo que están ofreciendo ustedes aquí hoy como alternativa, pero lo hacen confundiendo, engañando, sin dar cifras. Mire usted - ya que habla usted del Banco de España -, tengo aquí lo que les dijo el gobernador del Banco de España - después lo ha publicado el Banco de España en su página web - a todos los miembros del Pacto de Toledo cuando compareció hace menos de un año. Les dijo lo siguiente refiriéndose al IRP: En este caso, si el IPC se situará a lo largo de los años cerca del objetivo del Banco Central Europeo del 2 %, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sería del 15 % en diez años y del 30 % en veinte años. Eso es lo que dijo el gobernador, y siguió: Y en segundo lugar, según las proyecciones actuales de la evolución de la esperanza de vida, la operativa del factor de sostenibilidad reduciría la pensión inicial de los trabajadores que aún no se han jubilado, en aproximadamente, un 5 % en diez años y un 10 % en veinte años. Es decir, un 40 %. ¡Un 40 %! Y, ¿por qué lo hacen? Casualmente, conozco hasta las tripas más finas del IRP, porque lo he estado evaluando y siguiendo en mi trabajo anterior. ¿Saben ustedes por qué lo hicieron? Porque querían bajar impuestos en 2014 para que se aplicarán en 2015, y así llegar a las elecciones de 2016. Todas esa bajada de impuestos, de sociedades, etcétera, tenía que tener un correlato contrario, que era recortar las pensiones. Lo hacen en 2013, y con el IRP - ese 40 % de caída del poder adquisitivo de las pensiones y de recortes - pudieron después justificar ante Europa las bajadas de impuestos electoralistas del año 2014, que se materializan en 2015. Eso es el IRP. Claro, no se atreven a decírselo a los pensionistas. Bueno, el expresidente del Gobierno Rajoy sí que lo dijo el otro día; dijo: efectivamente, se va a montar una huelga impresionante,porque va de esto. Nos lo dijo a todos. Me parece realmente increíble que, después de haber apoyado las recomendaciones del Pacto de Toledo, todas ellas - tengo aquí sus frases de cómo lo decía -, ahora vuelvan a la reforma de 2013. ¿Qué ha pasado, señor Cabezón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todas sus declaraciones - las tengo aquí, pero no las voy a leer - durante este tiempo y su apoyo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, si ahora están defendiendo la reforma de 2013, que es justamente lo contrario, el recorte de las pensiones y marcar el ajuste de las pensiones a la evolución de una serie de parámetros, que llevan a un recorte del 40 % de las pensiones en la vida esperable de un pensionista? ¿Pero no se dan cuenta de que esto es una barbaridad? Esto no lo hace nadie en el mundo, es un disparate, y ustedes mismos dejaron de aplicarlo. ¡Ustedes mismos dejaron de aplicar esta reforma, se echaron para atrás! [[Aplausos]] Y ahora vuelven otra vez a esto; pues los pensionistas y los futuros pensionistas de España tienen que saber que esto es recorte de gasto para quizá hacer otras cosas en otros sitios, de las que no nos enteramos. Esto es lo que hacen ustedes, y lo hacen de forma opaca, por la puerta de atrás, sin explicarlo aquí, y además, teniéndolos a todos distraídos durante meses y meses. Porque, claro, ¿cuántas veces hemos hablado en el Pacto de Toledo? ¿Cuántas veces sus colegas, que están aquí, han estado discutiendo con ustedes detalles? Todos los detalles, todas las recomendaciones, ¿y ahora qué? El otro día en el Pacto de Toledo, cuando la señora Gamarra le sustituyó a usted, de repente todos nos quedamos perplejos cuando hizo un discurso radicalmente contrario a lo que habían estado diciendo ustedes en el Pacto de Toledo, todos dijimos: pero qué ha pasado, reflexionemos todos. ¿Qué ha pasado? Pues esto es lo que ha pasado: han decidido que también las pensiones, también el futuro de los pensionistas tiene que estar sometido a una política de tierra quemada y a una política de no consenso. ¿También las pensiones? Una vez más, una vez más. ¡Una vez más! [[Aplausos]] Una vez más ustedes han cogido como rehenes a los pensionistas, a su futuro. Han despreciado completamente el diálogo social. Si lo hemos acordado con todos los agentes sociales, con todos, ¡con todos! Pero a ustedes les da igual, como les dio igual en 2013. Les da igual todo. ¡Les da igual todo! Lo único: ya veremos en qué se refleja esto; vamos a ver la consistencia de su sistema. Ese recorte de pensiones del 40 % que está detrás de la vuelta al 2013, ¿en qué se va a reflejar? ¿En qué se va a reflejar? Yo me imagino en qué se va a reflejar: en una política fiscal más regresiva, en una eliminación de impuestos probablemente para las personas más adineradas, a costa de los pensionistas. ¡A costa de los pensionistas! No puede ser; de verdad, no puede ser. Y lo que me trae aquí usted es una serie de chascarrillos, de referencias, de números sacados de aquí y de allá. ¡Pero que esto es muy serio! ¡Perdóneme, pero esto es muy serio! Hablamos de la Comisión Europea, y llevamos un año hablando con ellos. Léase usted el informe de evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Componente 30. La Comisión Europea y todos sus expertos y todos sus equipos han validado esto. ¡Es que lo validan todas las instituciones europeas! ¡Lo validan los agentes sociales! ¡Lo va a validar gran parte del arco parlamentario! Pero, por favor, este desprecio absoluto al consenso, a los acuerdos, al rigor, al análisis técnico, a la transparencia, no se lo merecen, sinceramente, los pensionistas españoles. ¡No se lo merecen, no! [[Aplausos]] Gracias, señoría.
Muchas gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Cabezón.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, nos tiene acostumbrados últimamente a estos aspavientos cuando sube a la tribuna a intentar defender lo indefendible. Habla usted del Pacto de Toledo y se nota que usted no estuvo nunca en el Pacto de Toledo Negociando, porque fuimos los parlamentarios los que estuvimos defendiendo ese Pacto de Toledo con una lealtad que usted se ha saltado desde el minuto uno. [[Aplausos]] Lo hizo con el complemento de brecha de género, que no nos convocó nunca a presentar ese proyecto de ley, y lo ha hecho con esta reforma de las pensiones, que sí, que la ha pactado en diálogo social, pero no pasó previamente por Pacto de Toledo y fue a posteriori del acuerdo cuando trajo esa reforma, saltándose el Pacto de Toledo una vez más. Porque usted habla mucho de acuerdos, porque usted habla mucho de Pacto de Toledo, pero, le repito, se salta el Pacto de Toledo a la torera, señor ministro. Usted hoy viene aquí muy ufano con grandilocuentes palabras, pero nos recuerda a los peores - como le he dicho anteriormente - conversos de la política; nos recuerda mucho a Solbes. Nos recuerda mucho a Solbes, ¡cómo echamos en falta al Escrivá de la AIReF! Ese Escrivá - también tengo declaraciones suyas y si quiere se las leo - defendiendo el IRP y defendiendo el factor de sostenibilidad, señor ministro. Usted defendía el IRP. Usted defendía el factor de sostenibilidad, señor ministro. Y ahora se le olvida. Si es que hay que tener memoria también, señor Escrivá. Yo entiendo que usted ahora intenta ser, pues eso, muy disciplinado con el señor Sánchez. Primero, el factor de sostenibilidad no lo puso el Partido Popular. El primero que lo puso en la ley fue el Partido Socialista, al introducir un factor de sostenibilidad en las pensiones. Segundo, usted habla de que el factor de sostenibilidad es un recorte, ¿me puede usted explicar qué es el mecanismo de equidad intergeneracional? ¿Por qué le preguntan sus socios de Gobierno permanentemente qué va a hacer usted con el mecanismo de equidad intergeneracional? Porque el mecanismo de equidad intergeneracional es su recorte, el que no se atreve a plantear en la reforma porque, si no, no saldría adelante y no se desbloqueara ni tan siquiera en el banco azul. Por eso la señora Yolanda Díaz está permanentemente discutiendo con usted, porque tiene miedo de ese mecanismo de equidad intergeneracional; por eso Meri Pita y Aina, las diputadas de Podemos en la Comisión del Pacto de Toledo, le avisaron de que el mecanismo de equidad intergeneracional no se lo iban a permitir. Usted está siendo como los peores trileros presentando un mecanismo de equidad intergeneracional que no va a salir adelante para echar la responsabilidad al Partido Popular. [[El señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá Belmonte, pide la palabra]] Y eso no se lo vamos a permitir. Nosotros se lo hemos dejado claro desde el minuto uno. En todas las comparecencias que hemos hecho, en todas, desde el Pacto de Toledo le avisamos que no íbamos a permitir una reforma a plazos, a trozos, que queríamos una reforma completa que primara, sobre todo, la sostenibilidad del sistema para los pensionistas de hoy, para los de mañana y para los de pasado mañana, que para nosotros era fundamental un mecanismo que fuera solidario, pero, sobre todo, que a las futuras generaciones las tuviera en cuenta, que se pensara en ellas y que se las respeta. Y usted se lo olvida. Y lo olvida permanentemente. Usted, patada para adelante con el diálogo social para salvarse de la crisis de gobierno. Eso es lo que hizo con ese acuerdo. Le recuerdo, si quiere, cómo fueron esas negociaciones en las que usted, en una Comisión, nos puso a parir a todos los parlamentarios porque decía que el diálogo social estaba muy avanzado y que tenía reuniones permanentemente. Le demostramos, incluso en la Comisión, que era falso, que el diálogo social estaba hasta la coronilla de usted, señor ministro, porque les desconvocada permanentemente, como ha pasado esta semana con los ERTE, por cierto. Cuando le da el día, con temas tan importantes como los ERTE o las pensiones, usted no aparece, y eso ha vuelto a pasar ahora mismo. La semana pasada se desconvoca la Mesa para el Diálogo Social en la que iba a presentar el mecanismo de equidad intergeneracional. No lo quiso presentar porque sabía que hoy debatimos aquí la enmienda de devolución de las pensiones; no quería mostrar cuál iba a ser el recorte que presentaría en este Parlamento y no quería que le echamos en cara que su recorte iba a ser - y ya veremos si nos equivocamos - peor que la reforma de 2013. Muchas gracias. [[Aplausos.-Una señora diputada: Muy bien]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Comprendo, señor Cabezón, que lo tiene usted muy difícil para reconocer aquí - y le pido, por favor, coraje para hacerlo - lo que supone lo que está trayendo a la Cámara como contrapunto a la reforma que hemos acordado con todos los agentes sociales y que tiene ese gran consenso, que es ese recorte del 40 % de la pensión. No lo decía solo el Banco de España. Tengo aquí - y se los mandaré - los cálculos del Fondo Monetario Internacional, los cálculos del informe Rule of law report, de la Comisión Europea, y también los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Todos concluyen que la aplicación del IRP más el factor de sostenibilidad supone esa caída del 40 % del poder adquisitivo, y que los pensionistas, ya sin ninguna capacidad de reacción, cuando se jubilen con una pensión de 1000 euros, terminarán su vida laboral con 600 euros. Eso es lo que nos está intentando esconder hoy aquí, señor Cabezón, con todas estas salidas de tono. Por favor, defienda lo que está haciendo, tenga el coraje - como ha hecho el señor Rajoy - de decir exactamente lo que implica, que es de lo que tenemos que hablar. Conocemos perfectamente cuál es la reforma que estamos discutiendo, tiene todo el detalle y toda la concreción, la hemos discutido bilateralmente, multilateralmente con todos ustedes. Tenemos que conocer lo que plantean ustedes. Por favor,reconozcan lo que quieren hacer, reconozcan este recorte enorme. Factor de sostenibilidad. ¿Pero qué está diciendo? El factor de sostenibilidad que definió el Partido Popular supone condenar a los jóvenes a un recorte enorme de pensiones de por vida. No tiene ningún sentido, nadie defiende esto. Mecanismo de equidad intergeneracional. Comprendo que a usted no le interesa o no le va lo de leer los acuerdos con los agentes sociales. Hemos acordado con los agentes sociales el marco general del mecanismo de equidad intergeneracional; léanlo, estúdialo, ya que se lo hemos hecho llegar varias veces. Es un mecanismo contingente, no lo intenten tergiversar aquí. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar. Hemos hecho una serie de cálculos y desplegado un conjunto de medidas que pensamos que están perfectamente hechas, la Comisión Europea está de acuerdo, asegura pensiones suficientes, revalorizadas con el IPC, y supone también la suficiencia del sistema. Pero el mundo es contingente y dentro de equis años igual ha pasado algo que puede ir en una dirección u otra. Si eso fuera así, establecemos un mecanismo en ese momento que tenga en cuenta la equidad intergeneracional. Eso es lo que es: un mecanismo contingente. Léalo usted. ¿Lo que usted intenta decirnos es que lo importante de esta ley no es que las pensiones se revalorizan con el IPC frente al IRP? ¿Que lo importante de esta ley no es - que es lo sustantivo - el equilibrio de la Seguridad Social, la separación de fuentes, la incorporación de 22.000 millones a la Seguridad Social, que aclaremos todo el sistema de jubilación demorada y creemos incentivos? ¿Todo lo que viene en esta ley no es importante? ¿Lo único importante es un mecanismo secundario de ajuste final, que es contingente, y que tenemos que terminar de dar los detalles con los agentes sociales, que llevamos tiempo hablando con ellos? Y usted intenta despistarnos a todos poniendo el foco en ese asunto. Mire, señor Cabezón, no va a colar. No va a colar, en ningún caso, que saque del foco lo que realmente es el centro de esta reforma: exactamente, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y asegurar unas pensiones que permanentemente se van a revalorizar. Esa es la gran reivindicación, y lo que quieren ustedes es justamente lo contrario: el IRP, el índice de recorte de las pensiones, con una caída del 40 %. Tengan el coraje de reconocer que eso es lo que quieren ustedes. De verdad, tenga el coraje de reconocerlo. Cada vez que viene aquí intenta despistarnos con una cosa u otra, pero de lo que va esto es de saber cuál es su plan alternativo al que hemos acordado entre todos. Recortar las pensiones un 40 % en la vida de un pensionista, eso es lo que es su reforma. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
Buenos días; muchas gracias. Señorías, admito que me ha sorprendido esta enmienda a la totalidad del Partido Popular. Estábamos aquí ante un asunto en el que se había llegado a un consenso, casi podríamos decir que histórico, donde es necesario absolutamente un pacto de Estado, ya que las pensiones es algo que afecta a millones de ciudadanos, yo diría que a todos: a los pensionistas actuales y a los futuros, y no deberían estar pendiente todos los años de la Ley de Presupuestos. También había un gran consenso en que la normativa necesitaba un cambio. Los tiempos han cambiado mucho desde 2013, todo el mundo lo reconoce y, además, en segundo lugar, porque la normativa vigente no se estaba cumpliendo. Por eso mi sorpresa ante la actitud del Partido Popular,que debería ser más responsable, máxime cuando este texto ha conseguido un amplísimo apoyo de los agentes sociales. Yo recomiendo la lectura del informe del Consejo Económico y Social de julio sobre el anteproyecto. Desde mi grupo apoyamos la tramitación del proyecto de ley, fundamentalmente porque pretende dar estabilidad al sistema y, al mismo tiempo, introduce mejoras dirigidas a la eficiencia del sistema y a la modernización del aparato administrativo, que es algo que en España necesita urgentemente la Administración en general. En esa dirección está la creación de la agencia nueva, y eso que la Seguridad Social es uno de los organismos que mejor ha funcionado históricamente en nuestro país, pero también necesita un nuevo impulso. En ese mismo sentido está la separación de fuentes, que es un paso positivo, pero tampoco nos engañemos, porque con pasar gastos de la Seguridad Social al presupuesto no los elimina, ni mucho menos, seguirán siendo los mismos, pero tiene una mejora funcional y psicológica y, por lo tanto, damos por bueno este cambio. Lo fundamental está en la vuelta al criterio del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que tiene toda la lógica del mundo, pues el que entra en el sistema ya no tiene posibilidades de actuación y es fundamental para la estabilidad social. No podremos garantizar nunca el futuro al cien por cien, pero la reforma de 2013 tampoco se había cumplido. Además, la gente no entiende el factor de sostenibilidad. El IPC es bastante lógico y, además, lo entiende todo el mundo porque es un concepto básico para todos los colectivos que tienen ingresos bajos, entre ellos la mayoría de los pensionistas. Hay otros aspectos a debatir como, por supuesto, la solidaridad intergeneracional, la flexibilidad de los tipos de jubilación, la compatibilidad con otros instrumentos de ahorro, etcétera. Pero, de momento, por encima de populismos,nosotros estamos con el ministro, estamos constructivamente con la política general en materia de pensiones, y estaría bien que el PP se sumará a esta tarea del consenso que tanto ha repetido en el debate anterior, aunque solo sea por una vez. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
Gracias, presidente. Nosotros por supuesto no apoyaremos la enmienda a la totalidad del Partido Popular; la contrarreforma de 2013 fue una infamia, pero eso no convierte en buenas todas las propuestas que vengan del PSOE. Hay que recordar que también en 2011 el propio PSOE hizo recortes en las pensiones, que ahora quedarán consolidados y que incluso se nos ofrecen de nuevo, por lo que tampoco podrá contar con nuestro apoyo el Gobierno, y en esto centraré mi intervención. Una de las medidas que sí que merecería nuestro apoyo es el aumento de la pensión mínima a 1080 euros, como pide la Carta Social Europea que ustedes mismos suscribieron. Sin embargo, lo que plantean las contrarreformas del Gobierno es dificultar o penalizar las jubilaciones anticipadas, y en eso nosotros no podemos estar de acuerdo, menos todavía cuando alguien lleva cuarenta años cotizados, y menos todavía cuando ciertos sectores ya ganaron el derecho a esta jubilación anticipada en 2007, por estar expuestos a determinadas sustancias que pueden degenerar en enfermedades, como usted ha mencionado, al igual que sabemos que en la cuestión del amianto tienen el compromiso de cumplirlo, pero hace falta concretarlo. Pero no se trata tan solo de la penalización de las jubilaciones anticipadas, sino que tampoco podemos apoyar el alargamiento de la edad de jubilación, porque hacía aquí se dirigen las contrarreformas que apuntan las medias que se nos traen. Se suele poner a Alemania como ejemplo en cuanto a que la edad de jubilación es más larga y que la gente trabaja más años, pero lo cierto es que quien trabaja más allá de los 67, que es la edad de jubilación en Alemania, no es porque disfrute de su trabajo, como el otro día decía el exministro Margallo, poniéndose a sí mismo como ejemplo, cuando decía que le gustaba trabajar y que por eso lo había hecho durante más tiempo; no, en Alemania, en la mayoría de los casos en los que la gente trabaja más allá los sesenta y siete es porque no les alcanza su pensión. Por ejemplo, un trabajo propio de gente mayor de sesenta y siete no es el de tertuliano o consejero, como en el caso de Margallo, es el de taxista, incluso hay empresas que ofrecen su incorporación a pensionistas con este enunciado para complementar su pensión, y hay gente mayor, incluso con setenta años, conduciendo taxis en Alemania. Tampoco la esperanza de vida es la misma según las clases sociales. En Barcelona, por ejemplo, hace unos días recogí una serie de datos, y observé que entre barrios hay diferencias de más de seis años de esperanza de vida. Por tanto, alargarla edad de jubilación a quien más penaliza nuevamente es a los sectores más pobres de la clase trabajadora, que tendrán menos años para disfrutar de su jubilación y de su pensión. En conclusión y para terminar, ustedes están preocupados por cuadrar los números y por cumplir con las exigencias de la Unión Europea, pero desde una posición de izquierdas solo deben guiarnos cuatro objetivos: trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuir todo. Ese es el verdadero cambio cultural, que además va en consonancia con una crisis ecológica que pronto se va a agudizar. Todo esto por supuesto va más allá del sistema de pensiones, por eso no podemos aislar el debate, es decir, no es que falten o vayan a faltar trabajadores o cotizantes, porque ahora mismo ya hay tres millones y medio de personas en el Estado español que quieren trabajar y no pueden, por lo que los problemas serían unos salarios bajos y el paro, y esto es un problema de una economía muy centrada en la especulación financiera e inmobiliaria. Si hubo dinero para el rescate de la banca, que ahora nadie nos haga creer que no habrá dinero para pensiones. Ningún Gobierno de izquierdas, en definitiva, debería enfrentar a la gente de clase trabajadora al dilema de trabajar más años o cobrar menos.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días, señorías, señor presidente, señor ministro. Señor Cabezón, se lo digo sinceramente, ha sido una decepción para mí la presentación de esta enmienda. Esperaba muchísimo más de ustedes, del Partido Popular, porque no ha sido esa la actitud que han mantenido a lo largo del debate del Pacto de Toledo, en el que sus aportaciones, su voluntad ha sido otra muy distintas. Y permítame que le diga una cosa, y es que, a la vista de esta enmienda a la totalidad, tenía una sensación retro, de vuelta al pasado, de algo que no debía ocurrir, porque, al margen de acudir a lugares comunes tan obvios como que hace falta crear empleo para mejorar el sistema de pensiones, esta enmienda de lo que va exclusivamente - permítame con todo el respeto - es de una rabieta frente a una medida concreta, que es la derogación del factor de sostenibilidad. Esta es la clave de esta enmienda a la totalidad, no hay otra. Y esto además tiene menos sentido que nunca y es una incongruencia con el planteamiento y la actitud que ustedes han mantenido en el Pacto de Toledo. Usted sabe perfectamente que el factor de sostenibilidad en la redacción que actualmente tiene, que es la que se integra en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social después de la modificación de la Ley 23/2013, es sustancialmente diferente a aquel otro factor de sostenibilidad que recogía el Pacto de Toledo en el año 2011 y sustancialmente diferente a la modificación legal que se introdujo en aquel momento, pero no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a talante, en cuanto a actitudes, porque no es lo mismo tener una medida legal que esté sostenida, aun con mayoría parlamentaria, por una sola fuerza política que otra que, teniendo la misma mayoría parlamentaria, está sostenida por un amplio abanico de fuerzas, que posiblemente representan no la concreción del Parlamento de hoy, sino del Parlamento De siempre, del Parlamento plural, interdisciplinaria y de diferentes puntos de vista, que son los que se deben concretar en cualquier cuestión, pero en especial en aquello que todos hemos entendido que es el eje vertebrador del sistema de protección de la sociedad, que tiene un carácter general. Pues bien, señor Cabezón, en cuanto a aquella modificación del IRP, frente a su validez o invalidez, ocurrió que en un momento dado se aplazó. Tenía una fecha de vigencia y se aplazó, precisamente a consecuencia de la modificación que se practicó en la Ley de Presupuestos Generales del año 2018 y como condición impuesta por el Grupo Vasco, que desde siempre había entendido que esta era una medida desfavorable para los pensionistas, una medida que no debía entrar en vigor en los términos en los que estaba contemplada y que era conveniente que fuera modificada. Entonces, si aquello no era tan intangible, sino susceptible de ser acordado y modificado, me pregunto por qué no ha de poder serlo posteriormente por un amplio espectro de miembros del Parlamento, cuando todos hemos reconocido en el debate que el Pacto de Toledo tenía unos efectos - se lo ha recordado el ministro Escrivá - bastante indeseados para el futuro de las pensiones. Es más - se lo vuelvo a recordar -, yo voy a reconocer que su actitud o la del señor Camps en el debate del Pacto de Toledo ha sido ejemplar, y se lo agradezco, siempre se lo he dicho. Todos hemos cedido, todos hemos dejado pelos en la gatera, pero yo recuerdo perfectamente cómo le reconocí a usted y al señor Camps en su día también - se lo señalé y luego lo hicieron - que creía que el consenso en el Pacto de Toledo vendría en el momento en que ustedes admitieran la posibilidad de que se pudiera reformular el IRP y el factor de sostenibilidad, y ustedes lo admitieron en el debate y al final al aprobar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y esa fue una actitud ejemplar. Entonces, ¿por qué ahora esto? Realmente no me parece correcto ni admisible,pero tampoco me parece propio de ustedes, porque ustedes son un partido serio que aspira a gobernar y, por tanto, a que los demás tengan el mismo grado de lealtad en una materia tan sensible como el sistema de pensiones, como la que todos hemos mostrado: usted también, yo también y la mayor parte de fuerzas políticas. Dicho esto, poco más me queda por añadir. Con la reforma que se plantea en el proyecto de ley podemos estar bastante de acuerdo, aunque hay alguna cuestión, por ejemplo, en la que le voy a dar la razón, señor Cabezón, portavoz del Partido Popular, y es en aquella relativa a que no nos parece del todo procedente que las medidas vengan directamente del pacto social a través de un proyecto de ley, sino que es el Parlamento el que debe de ser protagonista en la vertebración de cualquier medida, y mucho más en la del factor de sostenibilidad, como también ha dicho usted. Ha habido algún momento, como con el complemento sobre brecha de género, que vino directamente - y lo critiqué en su momento aquí, en el Parlamento, se lo dije a los miembros del Partido Socialista, y es así -, y no debería haber venido de esa manera. Creo que ese mecanismo lo tiene que corregir, señor ministro, se lo digo con toda sinceridad, o, al menos, adaptarlo, por decirlo de alguna manera, si bien es verdad que tampoco se puede no ya impedir, sino dejar sin valor el diálogo en el pacto social. Por tanto, es cierto que en este tema creemos que no se está actuando correctamente por parte del Partido Popular,al hacer esta propuesta fuera de contexto. Hay cosas que corregir que creo que se podrían hacer a través de enmiendas parciales, incluso parte del contenido de esta enmienda se puede reconducir a enmiendas parciales. En todo caso, simplemente le ruego una cosa, un cambio de actitud; en el resto de cosas también, pero en el sistema de pensiones en especial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
Gracias, presidente. Señorías, ministro, sin duda, estamos debatiendo hoy un asunto fundamental, pero en algunos momentos de este debate me ha parecido que estábamos en plena campaña electoral, y les puedo decir que, si me hubiera jugado una cena a que escuchábamos decir a algunos 'ustedes congelaron las pensiones' y a otros 'ustedes no las quieren revalorizar', habría ganado la apuesta. No cabe duda de que lo que abordamos hoy con este proyecto de ley sí es uno de esos problemas que ocupan y preocupan a las familias españolas: al pensionista, que quiere saber qué va a ser de su sustento vital; a los hijos de los pensionistas y también a los nietos de los pensionistas, esos jóvenes que miran con incredulidad hacia un Estado cuya desidia les hace pensar que nadie cuidará y velará por sus pensiones. Cada vez que traemos a esta Cámara algo relacionado con las pensiones, el mercado laboral y especialmente el paro juvenil tengo la sensación de que lo abordamos poniendo parches y dando patadas hacia adelante, y hoy, señor Escrivá, usted nos ha presentado un texto a medio terminar, un texto sin acabar; inacabado porque carece de la parte nuclear de lo que es la reforma de las pensiones, que no es más que hablar de la sostenibilidad de las mismas, de la sostenibilidad del sistema. Precisamente, eso que falta, esa parte nuclear es lo que va a garantizar a quienes hoy trabajan que van a obtener su pensión y que además otros obtengan la pensión del mañana, que es lo que el Estado tiene que garantizar. Y ese es un debate inaplazable, y no hay más demoras, señorías. No obstante, pese a que compartimos muchas de las razones que llevan al Grupo Parlamentario Popular a presentar esta enmienda, no la vamos a apoyar. No la vamos a apoyar porque, ante la cosa inacabada que nos trae el Gobierno, la oposición pretende devolver el texto para seguir aplazando el debate, sin un texto alternativo. Señorías del PSOE, como decía, no abordan la cuestión fundamental, que es ese factor de sostenibilidad. Y sus propuestas nos pueden parecer más o menos acertadas, pero, si no mencionan cómo se van a pagar las pensiones, nos parece que es un brindis al sol. Y lo que no podemos consentir, ministro, es que luego introduzcan esas cuestiones nucleares tan relevantes vía enmienda, burlando el Parlamento. Saben tan bien como yo que eso es una falta de respeto a los trámites parlamentarios y al conjunto de los grupos que estamos en esta Cámara. Pero señorías del PP, como les decía, aunque estamos de acuerdo con algunos de los argumentos que ofrecen en la enmienda a la totalidad, no compartimos su manera de actuar. No compartimos que haya que esperar a que no quede nada en España que gobernar ni pensiones para repartir para que ustedes abordan de una vez todas estas reformas. Los españoles no pueden esperar a que a ustedes les parezca un buen momento para ponerse manos a la obra. Dejen el todo no, del todo mal, porque ustedes aspiran a gobernar, o eso dicen. Ya sabemos, ya sé que esta semana están ustedes muy ocupados con su convención itinerante, pero el lugar para debatir las cuestiones del futuro de España y hablar de pensiones es este Parlamento, señorías, no la convención, diciendo que lo derogará todo y que no pasa nada aunque te hagan una huelga general. Decía, ministro - y usted sabe que le aprecio profesionalmente, y quiero decirle que no está solo, al menos fuera de su Gobierno -, que desde mi grupo parlamentario siempre hemos intentado ser propositivos. Hay aspectos de la reforma legal que usted sabe que compartimos, además hay aspectos que son recomendaciones directas del Pacto de Toledo y reformas además comprometidas con Bruselas. Ciudadanos valora que incentive a los trabajadores que voluntariamente quieran ajustar la edad legal a la edad de jubilación, nos parece un buen primer paso la idea de sacar ciertas prestaciones de la caja de la Seguridad Social, acercándonos a un modelo donde sea el Estado asistencial el que corrija las desigualdades, pero, dicho esto, ministro, ya sabe cuál es el mayor escollo que nosotros tenemos con esta ley, y es que no está esa parte estrella. Queremos que nos diga cómo va a asegurar a los españoles el pago de sus pensiones. Sobrepeso, que hacen ustedes a menudo sin ningún rubor, de decirnos que nos sacarán de dudas más adelante, que lo traerán vía enmienda en la tramitación parlamentaria de esta ley, incluso unilateralmente, metiendo a martillo al mecanismo de equidad intergeneracional, señor ministro, deberían ustedes haber empezado por ahí. Reconozco que en España e incluso en su Gobierno resulta difícil hablar de pensiones y asuntos sensibles intentando salirse de la propaganda y la demagogia, pero todos debemos hacer un esfuerzo para lograrlo. Usted y yo sabemos que el mejor factor de sostenibilidad es la lucha contra el desempleo juvenil, la precariedad laboral y apostar por la natalidad. El sistema de pensiones no es ajeno ni a los salarios bajos ni a la ausencia de reformas en el mercado laboral ni al abandono de las políticas de familia. Sé que todo esto usted lo sabe, pero el problema es que no puede defender la sostenibilidad de las pensiones con una mano y con la otra firmar con Bildu la derogación de la reforma laboral, como si eso fuera la solución al desempleo y a la precariedad. Nosotros, los liberales españoles, queremos un modelo de país que garantice el futuro del conjunto de la sociedad, un modelo de país que piense en los pensionistas pero también en los jóvenes. No podemos seguir diciendo a los españoles que nos tomamos en serio su futuro y después el Parlamento les ofrece chapuzas y parches. Tenemos que abordar las inaceptables tasas de paro juvenil, tenemos que ajustar nuestra legislación laboral a la realidad actual y tenemos que trabajar por un sistema de pensiones justo. Pero ¿sabe qué, señor ministro? Eso, con sus socios, con los socios de su Gobierno, es muy difícil, por no decir imposible.
Señoría, debe finalizar, por favor.
Por tanto, le digo que el mejor factor de sostenibilidad posible no es pactar con Bildu, con Esquerra o con Podemos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Queremos dejar claras dos cosas desde el principio. No estamos de acuerdo con este proyecto de ley de pensiones del Gobierno, pero tampoco vamos a apoyar la enmienda a la totalidad y devolución del Partido Popular. El BNG no comparte las medidas que propone el Gobierno, entre otras cosas porque, lejos de derogar las reformas anteriores, consolida los aspectos más lesivos de las mismas, particularmente la ampliación de la edad de jubilación a los sesenta y siete años y el aumento del periodo del cómputo hasta los veinticinco años, medidas que supusieron una caída de las pensiones del 25 %. Además, insiste en esa misma dirección al penalizar las jubilaciones anticipadas y fomentar con dinero público la jubilación demorada, lo cual, con un 40 % de paro juvenil, nos parece un despropósito. Señor ministro, usted dice que el cambio es trabajar hasta los setenta y cinco años. No sé a qué edad prevén que puedan empezar a trabajar los jóvenes ni qué perspectiva les proponen que no sea emigrar; en mi país, en Galiza 300.000 personas sólo en diez años, más del 10 % de la población, y su teoría de la compatibilidad de la complementariedad, sinceramente, no se condice con la realidad. No suben las pensiones mínimas, como era su compromiso, y aún queda la espada de Damocles en el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, lo que supondría nuevos recortes de pensiones. Lo del PP es muy fácil. Todo esto que a nosotros nos parece injusto para los trabajadores y trabajadoras a ellos les parece demasiado.
Señoría, debe finalizar.
... y siguen con la tijera en la mano. Obrigado.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Errejón Galván.
Gracias, señor presidente. Señorías, discutimos y votamos hoy la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que es básicamente el Partido Popular defendiendo que las pensiones no suban lo mismo que van a subir los precios, es decir, a efectos reales, el empobrecimiento de los pensionistas. ¿Cómo se explica que las señorías del Partido Popular o VOX puedan votar en contra de que las pensiones suban al menos lo que suben los precios? Por falta de empatía y porque a ustedes no les afecta, porque tienen su futuro confiado a los fondos de pensiones privados; solo así se explica. Si su futuro dependiera de las pensiones públicas, ustedes nunca votarían en contra de que las pensiones públicas subieran al menos lo mismo que suben los precios. Pero no les afecta y carecen de empatía. Y en el fondo esto siempre es lo mismo, es gente que no tiene su futuro confiado a las pensiones públicas votando a favor del recorte en las pensiones públicas; gente que no conoce la sanidad o la educación pública, no la valora y no la necesita, votando a favor de los recortes en la sanidad y en la educación públicas; gente que cobra diez veces más que el salario mínimo votando en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Exactamente, algo así como la política del embudo: recetar a los españoles justo lo contrario de lo que ustedes querrían para ustedes mismos y sus familias. Señor Escrivá, el Gobierno tiene que dejar de lanzar globos sonda, que van todos siempre en la misma dirección. Es verdad que hay unas pocas profesiones privilegiadas, en las que a lo mejor seguir trabajando hasta los setenta, setenta y cinco años es un privilegio, pero es un número tan pequeño que no debe ocupar el debate público. El Gobierno tiene que dejar de lanzar globos sonda y ocuparse - bien lo sabe usted - de la cuestión estructural. El sistema de pensiones tiene un problema de ingresos, no de gastos. El salario mínimo de un joven hoy en España es de 973 euros y la pensión media de un baby boom que se jubile hoy es de 1500 euros. Esa es la brecha fundamental, que hace difícilmente sostenible el sistema de pensiones en España, y ante eso básicamente hay dos recetas. Está la receta del Partido Popular - no lo dicen, pero es bastante clara -, que dice que hay que recortar las pensiones, y está la otra receta, la de aumentar los ingresos del sistema público de pensiones, y eso pasa por la guerra de la precariedad, por garantizar un empleo de calidad para los jóvenes, porque la discusión de las pensiones no es una discusión de mayores, es una discusión de modelo de país y de pacto intergeneracional...
Señoría, debe terminar.
... entre quienes merecen un descanso y quienes merecen una oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Buenos días de nuevo, señor presidente. Señor ministro, en la intervención anterior citaba a Ramón Trías Fargas en los temas de discapacidad y, por supuesto, en esta intervención en materia de pensiones voy a citar a Carles Campuzano, que, como ustedes saben, para nosotros es referente, maestro en esta materia, y, por tanto, con agradecimiento explícito y para que conste por la labor que ha hecho durante todos estos años en materia de pensiones. Desde esta trayectoria que usted comentaba antes referida a haber aprobado el Pacto de Toledo, creo que las bases de lo que tiene que ser el nuevo sistema de pensiones las hemos aprobado entre todos, también con el PP. Y en esas bases del Pacto de Toledo se decía que las pensiones aumentaban con el IPC, que se ajustaba la edad real a la edad legal de jubilación y que había que profundizar en la separación de fuentes. Por tanto, creo que del marco del que nos hemos dotado lo sabemos todo. También es cierto, no obstante y como le comenté en la Comisión oportuna, que nos sorprende que el proyecto vaya por fases, y no con el todo. Nos gustaría que esta fuera una reforma clara, definitiva, y no con entregas por fascículos. Ya hemos comentado muchas veces esta cuestión respecto a los ERTE, por estas renovaciones plazo a plazo, y quizá fuera mucho mejor abordar las soluciones estructurales. Pero el proyecto también ha ido acompañado - y usted lo sabe, señor ministro - de polémicas, como la del baby boom o recientemente la referida a la edad de jubilación. En el PeCAT, en cuanto a la edad de jubilación, lo tenemos muy claro: debe incentivarse a quien quiere seguir trabajando - es así -, pero tampoco se puede penalizar a quienes ya no quieren o no pueden hacerlo. Por lo tanto, bajo estas premisas es como enfocamos nosotros la cuestión relativa a la edad de jubilación. Pero es necesario empezar a andar el camino. El señor Cabezón apuntaba antes que el señor ministro está solo, pero, viendo las intervenciones anteriores, el que resulta estar solo es el Partido Popular. Así, la pregunta al Grupo Popular con esta enmienda es: ¿Y cuál es su propuesta? Porque la enmienda es de devolución, la enmienda no aporta contenido nuevo, solo conlleva la devolución y continuar en esta incertidumbre sobre toda esta cuestión. Por eso consideramos que es necesario empezar a trabajar. Queremos enriquecer el texto en cuestiones como la edad de jubilación, las amplias cargas de cotización, temas de discapacidad y pensiones, de autónomos, temas que están encallados, como los planes de pensiones públicos - la Ley de presupuestos modificó las aportaciones de los planes privados en relación a las aportaciones anuales -, o la desgravación. Que no se pongan en marcha los planes públicos de pensiones acaba generando una situación totalmente ineficaz y, por tanto,urgimos al Gobierno, urgimos a la Cámara a ponerse a trabajar en el todo, y no solo en la parte. Si hay que hacer la parte, haremos la parte primero y la segunda parte después, pero no entendemos esta enmienda a la totalidad del Partido Popular,porque obedece más a un cambio de estrategia que a un cambio de fondo en esta materia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
Buenos días, presidente; buenos días, señor ministro; buen dia a tothom. Sobre la ley, nosotros hablaremos en forma de enmiendas, como ya lo hicimos en votos particulares, y ustedes ya saben nuestras discrepancias y también conocen lo que valoramos de positivo en su ley. Pero hoy me voy a centrar, sobre todo, en la enmienda a la totalidad y en algunas cosas importantes que me parece que hemos de tener todos claro. Señores y señoras del PP y del Partido Socialista también, el problema económico del Estado español no son las pensiones de jubilación. Lo que condena al sistema de pensiones es lo que ustedes no han abordado durante más de diez años, para no ir más atrás, y usted lo sabe, señor Escrivá: el alto paro estructural de millones de personas - eso sí que afecta -, el alto paro en todas las franjas de edad - eso sí que afecta, especialmente a los trabajadores mayores - y el de los jóvenes, en paro récord en Europa - esto sí que afecta -, y la precariedad laboral - eso sí que afecta, porque es precariedad del futuro de las pensiones -, y la brecha de género y los bajos salarios y la extensión de la economía sumergida y el gran fraude a la Seguridad Social, sin cruzar datos entre Hacienda y Seguridad Social, y la no regularización de inmigrantes, tan necesaria, y la desindustrialización exponencial de todo el Estado. Esos son los problemas reales de la gente y del sistema de pensiones. Y esta es la herencia de los Gobiernos dirigidos por el Partido Popular y dirigidos por el Partido Socialista, así que no aplaudan, porque ustedes son cómplices de lo que está pasando. Dicho esto, dejen en paz el sistema de pensiones y céntrese en lo importante. Señores del PP y señores del PSOE, esto no va de parches injustos, esto no se resolverá alargando por obligación la vida laboral, señor Escrivá, ni recortando las pensiones, como algunos pretenden. Pero que nadie se equivoque - quiero que quede claro, y, sobre todo, me dijo el Ministerio de Hacienda para que coja el mensaje -, Esquerra Republicana no votó a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo,no estamos vinculados a este consenso y no estamos aquí para legislar recortes de pensiones en cualquiera de sus formas, incluidas las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas de personas que no tienen otra alternativa que prejubilarse o vivir de la asistencia social o dejarse la salud en ello. Evidentemente, valoramos lo del IPC y todo lo expresado, pero decíamos que esto lo abordaremos después. Y la verdad es que su ley es solo una primera fase de la ley de pensiones, lo que nos hizo pensar por un momento en devolverla, porque realmente esto de darlo por fascículos, sin abordar el problema de forma global, no nos gusta como manera de trabajar. Pero vayamos a los señores del PP y a su enmienda a la totalidad. Señores del PP, ustedes no acostumbran a decir la verdad pero les da igual. Les da igual que sus seudo expertos en Seguridad Social, a sueldo del sistema financiero, lleven décadas fallando en sus augurios de quiebra del sistema de pensiones; no aciertan ni una. Señores y señoras del Partido Popular, con unas pensiones de alrededor del 60 % del salario mínimo y unas cotizaciones de alrededor de un tercio, basta con dos personas que trabajen para hacer frente a una pensión de jubilación. Si entre los dieciséis y los sesenta y siete años no conseguimos que dos personas trabajen para pagar esto, algo falla, y no es el sistema de pensiones. [[Aplausos]] Señores y señoras del Partido Popular, con veinticinco años de cotización y un rendimiento anual mínimo del 2 % habría para cubrir los quince años que separan la edad de jubilación y la esperanza de vida. Pero el problema no está, como dicen ustedes, en que hoy los jubilados viven más - cómo si esto fuera un problema - o en que viene la generación del baby boom y no podrán pagar las pensiones, como amenaza también ustedes - a veces, señor ministro, ha parecido que usted iba por ahí -; el problema, señores y señoras del Partido Popular y también del PSOE, es que ustedes han saqueado la caja única de las pensiones durante décadas, ese es el verdadero problema. La caja única del sistema de pensiones ha sido para el Estado y sus Gobiernos la vaca lechera gracias a la cual se ha financiado gran parte del Estado del bienestar. Usted lo sabe: las políticas de empleo, de fomento de la natalidad, de parte de la sanidad pública y su patrimonio, etcétera. Con nuestro salario diferido, con nuestro salario indirecto, que son tanto las cotizaciones de los asalariados como las de los autónomos, se han pagado partidas presupuestarias que jamás deberían haber sido pagadas por la caja única de la Seguridad Social. Sin ir más lejos, hasta más de veinte mil millones anuales, como usted ha dicho, y en esto ha puesto usted cota. En lo que no ha puesto cota y lo echamos en falta, por lo que lo vamos a proponer en forma de enmienda, sobre todo, para el Ministerio de Hacienda, es, por ejemplo,en que el nada sospechoso para ustedes Tribunal de Cuentas - para ustedes nada sospechoso, para nosotros sí - cifra y exige una reposición de más de ciento tres mil millones de euros, saqueados de manera ilegítima para pagar los llamados gastos impropios; ciento tres mil millones de euros, y de esto nadie dice nada. Señor Cabezón, con esto no pasa nada, ¿no? Aquí no se embargan los bienes de nadie, no son independentistas. Queremos saber qué se va a hacer. Queremos que haya una reposición, porque usted sabe que según fuentes rigurosas el superávit de la Seguridad Social en los últimos cuarenta años supera el medio billón de euros. Ya no decimos llegar ahí,pero sí nos gustaría que se reconociera. También nos gustaría que se realizará una auditoría a la Seguridad Social, para que la gente sepa que la clase trabajadora ha pagado gran parte del Estado de bienestar. El Estado está en deuda con esta clase trabajadora, a la que tiene que devolver su dinero y no recortar sus pensiones. Vamos a trabajar y a proponer enmiendas en ese sentido, porque no queremos dejar pasar este tiempo. [[Aplausos]] Ustedes hablan de los más de 100.000 millones que la Seguridad Social debe al Estado, y esto no es verdad, usted lo sabe. No se ha cumplido el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que obligaba a hacer transferencias y no préstamos ni créditos. Ahora veremos si nos quitan y,encima, nos endeudan. Queremos que esto salga, y queremos que se resuelva. Como decía, los trabajadores y trabajadoras hemos estado pagando durante decenios todo aquello que la Hacienda del Estado debía pagar y no podía pagar; y no lo podía pagar por voluntad política y por una presión fiscal insuficiente sobre las rentas altas y una presión fiscal bajísima sobre el capital. Ese es el problema de las pensiones. ¿Cómo se suplió ese dinero? Como usted decía, cuando ellos bajaban pensiones al mismo tiempo expoliaron la caja de la Seguridad Social y escondían la deuda del Estado y pasaban la deuda a los trabajadores. Es cierto que en el futuro habrá más jubilados o jubiladas, pero no es el único dato relevante. Es falso el relato de la sostenibilidad del sistema de pensiones utilizado por el PSOE y por el Partido Popular, y tiene un objetivo muy interesado que aquí no sale, pero me parece que está detrás - cuando hablemos de las pensiones complementarias y privadas seguro que saldrá ese tema -. Y es que se crea un falso mantra o la fake news de que el sistema es insostenible - no lo es; la causa de la insostenibilidad, si la hubiera, estaría en otros sitios - para que la gente piense: ostras, me tengo que hacer un plan de pensiones privado, no voy a llegar, no se van a poder cobrarlas pensiones...
Ha terminado su tiempo, señoría.
Lástima, porque es un tema muy importante. Vuelvo a decir que siete minutos no es tiempo suficiente. Para hablar de un tema que mueve un presupuesto de más de 150.000 millones de euros es preciso mucho más tiempo. Lo dije en los votos particulares...
Señoría, finalice.
... y me despacharon en siete minutos. Pero lo vuelvo a decir ahora. Pienso que los jubilados necesitan un debate mucho más amplio y más serio y que es preciso conocer las posturas de todos. Gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza proceder a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, presidente. Señor Cabezón, usted viene aquí haciendo muchos aspavientos, pero no se nos escapa que con su enmienda han negado ustedes la mayor, la revalorización de las pensiones. Eso es lo que ustedes han negado. A mí no me sorprende que ustedes sigan defendiendo la reforma de Rajoy de 2013, la del hachazo sin precedentes a la capacidad adquisitiva de nuestros y nuestras pensionistas, imponiendo el maldito factor de sostenibilidad que empobrece a los pensionistas futuros y el maldito índice de revalorización al 0,25 % que empobrece a los actuales. Ese que machacaba las esperanzas de nuestros pensionistas. Es así como ustedes, señorías del Partido Popular, pagaron a nuestros pensionistas o a nuestros jubilados todos los esfuerzos que han hecho por construir un país democrático y con derechos y por aguantar con sus pensiones el peso de la crisis de 2008, de su burbuja inmobiliaria, sosteniendo a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas y a familias enteras que caían en el paro gracias a sus políticas. [[Aplausos]] La verdad es que ustedes no defienden a nuestros pensionistas. Ustedes defienden a los bancos y a los fondos de pensiones, a los buitres del dinero de nuestros mayores. Lo único que ustedes están tratando de hacer es acabar con el derecho a las pensiones para convertirlas en un negocio. Lo único que ven en las pensiones es una enorme posibilidad de hacer caja. Señorías del PP, son ustedes la principal fuerza de la oposición y esperaba que, al menos, hubiesen hecho los números. Pero ya se los doy yo. El año de su reforma de las pensiones los sindicatos mayoritarios advirtieron que el recorte que estaban imponiendo desde el Gobierno de Mariano Rajoy supondría para nuestros pensionistas una pérdida de poder adquisitivo de entre un 14,8% y un 28,3 % en los siguientes quince años. Hasta el Fondo Monetario Internacional, que no es nada sospechoso de ser un organismo que haga propuestas de izquierdas, sacó un informe en el que estimaba una pérdida de poder adquisitivo de un 30 % a nuestros pensionistas en los siguientes veinte años. Con su propuesta, ustedes lo que consiguieron fue que nuestros jubilados y nuestras jubiladas perdieran en el último año - solo en el último año - 420 euros. Eso es algo que, gracias a esta nueva ley, no va a volver a pasar. Gracias a la insistencia de Unidas Podemos, se ha conseguido que las pensiones se vuelvan a revalorizar al mismo nivel que aumentan los precios y que eso se vuelva a garantizar por ley para que aseguren su capacidad adquisitiva. Hay una cuestión de una enorme crudeza que está sucediendo a día de hoy. ¿Saben cuánto se habrían empobrecido los pensionistas con el aumento, enorme y sin precedentes - bueno, con un precedente de más de diez años -, del 4 % del IPC que tenemos ahora mismo? ¿Saben cuánto se hubiesen empobrecido? Todo esto ha sido gracias a las subidas artificiales de la luz de las cuatro principales eléctricas, a las que ustedes les vendieron Endesa - la pública Endesa, que ahora es privada -, y también por su participación en los consejos de administración. Hagan las cuentas. Hagan las cuentas de cuánto habrían perdido con este aumento de hasta el 4 % del IPC gracias a sus políticas. Hagan las cuentas. Pues hoy no van a perder ese poder adquisitivo porque las pensiones están garantizadas e indexadas al IPC; no van a perder ni un solo euro. Gracias a que Unidas Podemos está en el Gobierno, en esta ley de pensiones hemos acabado con la reforma de 2013 del Partido Popular, con la revalorización, como he dicho antes, del 0,25 % y con el factor de sostenibilidad; se ha conseguidola separación de las fuentes, que va a ser lo que va a garantizar la viabilidad del sistema, eliminando los gastos impropios; se ha acordado la modificación del régimen de trabajadores autónomos, para que cotizan de acuerdo a sus ingresos reales, y se ha conseguido la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en el acceso a las pensiones de viudedad. Pero sabemos que aún no está todo ganado y que hay que seguir peleando. Por eso, la mejora de las pensiones mínimas y las no contributivas está siendo uno de nuestros principales caballos de batalla en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado, porque sabemos que con 600 euros no se puede vivir. Por eso, estamos peleando y esperamos que el ministro de Seguridad Social y su partido, el Partido Socialista, acuerden con nosotras, con su socio de Gobierno, y con valentía la subida y mejora de las pensiones mínimas y las no contributivas. Una advertencia. Los votos de Unida Podemos y nuestra participación en el Gobierno no van a servir ni servirán nunca para aumentar la edad de jubilación ni tampoco para empobrecer las pensiones actuales ni las futuras. Lo hemos demostrado zanjando el debate sobre el aumento de tiempo del cómputo a treinta y cinco años. No se va a mover de cómo está. [[Aplausos]] Otra advertencia. En nombre de la tecnocracia se han justificado los mayores recortes de la historia de nuestra democracia. Señorías, yo no sé si el ministro Escrivá es político o técnico, pero lo que sé es que es ministro y que la dignidad de nuestros pensionistas es una cuestión política. Sobre la propuesta de cambio cultural y jubilarnos a los setenta o a los setenta y cinco años, tengo que decir que me alegra profundamente que haya desmentido estas declaraciones. Aseguramos que estando Unidas Podemos en el Gobierno esto jamás va a suceder. No sabemos tampoco lo que quiere decir con el mecanismo de equidad intergeneracional, porque aún no se ha traducido en ninguna propuesta, pero lo que sí sabemos es que no va a traducirse en un solo euro de recorte de las pensiones de nuestros jóvenes. Esto no es un problema técnico, no es un problema de la natalidad y no es un problema tampoco del baby boom. Lo que hay que hacer es aumentar los salarios, garantizar los puestos de trabajo de calidad para nuestros jóvenes y para nuestros trabajadores actuales y futuros. Esa es la mayor garantía de nuestro sistema de pensiones. Y si todo esto lo hemos conseguido ha sido gracias a la lucha de nuestros pensionistas y de nuestras pensionistas en la calle, porque sabemos que los derechos no se conquistan si no se ganan en la calle.
Señoría, ha terminado su tiempo.
Sí. Termino. En Unidad Podemos sabemos de qué lado estamos y siempre defenderemos la dignidad de nuestros pensionistas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. [[Aplausos]]
Señor presidente, señor ministro, señorías, enmienda a la totalidad del Partido Popular del proyecto de ley que no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que no refuerza la sostenibilidad del sistema. Se rompe el consenso entre el PP y el PSOE, partidos que no hace más de un año votaban a favor del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Este informe, como ya indicó el Grupo Parlamentario VOX, suponía, en primer lugar, un engaño a los españoles; en segundo lugar, no ofrecía ninguna garantía de sostenibilidad de las pensiones, y, en tercer lugar, legitimaba al Gobierno para continuar tensando un sistema, olvidando la realidad de las cuentas públicas. Ustedes,señores del PP, lo firmaron y lo aceptaron. Llama la atención que el PP hable en esta enmienda de reformas a plazos, cuando el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 debía entrar en vigor antes de enero de 2023. Entremos a valorar el proyecto de ley. Una premisa. Las pensiones solo están garantizadas si hay dinero para pagarlas, no porque lo diga el Boletín Oficial del Estado. [[Aplausos]] Recordemos que en Grecia se recortan las pensiones y sus leyes decían que estaban garantizadas. Nos debemos preguntar: ¿hay dinero para pagarlas? Primera realidad. No lo hay con las cuotas de la Seguridad Social. No lo hay en el año 2021, donde los ingresos previstos por cotizaciones sociales son inferiores en 17 901 millones de euros al gasto en pensiones contributivas, incluyendo el complemento a mínimos. Tampoco serán suficientes las cuotas en el año 2022, en el que se registrará un gasto extraordinario con un doble origen. El primero es el del impacto de la paga compensatoria de febrero como consecuencia de una mayor inflación. El IPC interanual se sitúa en el 4 % - veremos dónde se sitúa en noviembre -, frente a una revalorización del 0,9 % de las pensiones contributivas y del 1,8 % de las no contributivas. El segundo es el del efecto de la revalorización de las pensiones en 2022 sobre la base de la inflación media del presente año, que se encontrará en niveles cercanos al 3 %. Entre ambos hablamos de un gasto adicional que podría superar los 6000 millones de euros. Pero este gasto adicional también tendrá consecuencias en años posteriores al multiplicarse en el tiempo como consecuencia de su consolidación. Segunda realidad. Traspasar el déficit de la Seguridad Social a la Administración central no arregla nada. Volvemos a recordar que tan solo existe una caja. Recordemos que el presupuesto de la Seguridad Social del año 2021 recoge un importe de transferencias de más de 31 100 millones de euros. Y nos preguntamos: ¿de dónde sale el dinero de las transferencias? Desde luego, no sale del cielo, sino de los impuestos que pagamos todos los españoles. Esto supone que las personas jubiladas están pagando con impuestos parte de sus propias pensiones y que, con independencia de la revalorización que se aplique, toda subida de la presión fiscal supone una reducción de su renta disponible. Recordemos que tan solo VOX lleva en su programa la exención de tributación de las pensiones en el IRP. Tercera realidad. Las cuentas públicas están en unos alarmantes números rojos. Bruselas estima que el déficit estructural de las cuentas públicas de España para el año 2022 se situará en el 5,2 % del PIB. Por su parte, la deuda pública en España en el mes de junio ascendía a 1,42 billones de euros, cifra que supone un 122,1 % del PIB, muy por encima del objetivo del 119,5 % establecido en el Plan de estabilidad. En fin, un déficit estructural y una deuda desbocada que impiden garantizar que en el futuro se pueda mantener el nivel actual de transferencias y, a la vez, el gasto en educación, sanidad y asistencia social. Es un proyecto de ley que nada garantiza y que cuenta con importantes silencios, entre ellos el silencio sobre políticas que fomenten la natalidad, tema que en VOX consideramos imprescindible, como también es imprescindible aumentar las ayudas a las familias, que en España son de las más bajas de la Unión Europea. Silencio sobre medidas de creación de empleo y refuerzo de los ingresos del sistema, lo que es sorprendente a la vista de la tasa de paro existente en España, que asciende al 15,6 % de la población activa. Silencio sobre propuestas para los jóvenes, a quienes se les pide compromiso intergeneracional mientras la tasa de paro juvenil asciende al 38,4 %. Silencio sobre las cotizaciones de autónomos o sobre el refuerzo de los sistemas complementarios de pensiones, asuntos que pospone el Gobierno a una segunda reforma. Silencio sobre el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional; es incomprensible que se derogue el factor de sostenibilidad y no se proponga el mecanismo que lo sustituirá. Son importantes los silencios, máxime cuando estamos ante un Gobierno y un Partido Socialista con una importante falta de credibilidad. Hay falta de credibilidad ante un Gobierno que habla de apoyar a las mujeres pero que ha reducido las pensiones a las mujeres con tres o más hijos. [[Aplausos]] Falta de credibilidad ante un PSOE que en el año 2011 congeló las pensiones a más de seis millones de españoles y recortó un 5 % el sueldo de los empleados públicos. Frente al partido sin credibilidad está el compromiso de VOX para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, tenemos que elegir entre gastar para los españoles o gastar para los políticos. En VOX proponemos acometer una profunda reducción del gasto público, del gasto político, la eliminación de las duplicidades y la simplificación de la estructura desmesurada del Estado autonómico.
Señoría, ha terminado su tiempo.
Voy terminando, señor presidente. Son medidas que no entienden quienes no quieren o quienes no saben porque nunca han trabajado en la empresa privada, nunca han realizado un análisis de gastos y nunca han cuadrado un presupuesto. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
Hola. Buen día. Qué bien volver a estar aquí, además para defender una ley de pensiones que va a proyectar seguridad y tranquilidad a millones de personas. [[Aplausos]] Señores del Partido Popular, nos oponemos rotundamente a su enmienda a la totalidad contra una ley cuya finalidad es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad del sistema. Nos oponemos con objetividad,con rigor y, sobre todo, por honestidad con millones de personas. Empecemos a desgranar las razones que aduce el Grupo Popular para presentar esta enmienda totalidad. Por cierto, es una ley que viene acompañada por el acuerdo del Pacto de Toledo y por el diálogo social. La búsqueda del consenso - tomo las palabras del ministro - hace los acuerdos más fuertes y duraderos. Desmenucemos. Empecemos por la primera - abro comillas -: 'Las personas jubiladas viven cada vez más como consecuencia del aumento de la esperanza de vida'. Pues bien, según un informe reciente de la Universidad de Oxford, la pandemia ha golpeado con dureza la longevidad, especialmente en España. En un solo año se ha reducido la longevidad seis meses. Señores del Partido Popular, ustedes han sacralizado la esperanza de vida, con un factor de sostenibilidad del 2013 como excusa para cortar de cuajo en pensiones. Y estas políticas de trazo grueso que se llevaban en 2012 ya no se llevan. Sus medidas drásticas de corte neoliberal del Gobierno de Rajoy las ha fulminado el escudo social, y ustedes aún no se han enterado. [[La señora]] Creo que la ciudadanía se estará preguntando qué hubiera pasado si estos meses, este año y medio, no se hubieran desplegado las medidas del escudo social. ¿Dónde estaría la ciudadanía? Durante la pandemia, este Gobierno ha demostrado que se puede dar una respuesta radicalmente distinta a la que ustedes dieron con la reforma laboral de 2012 y la reforma en pensiones del 2013, que trajo precariedad y los índices más elevados de desigualdad, a pesar de que el señor Rajoy se daba golpes pecho diciendo que era el mayor crecimiento económico desde el 2014. Pues bien, también originó el mayor grado desigualdad. Segunda razón. Según ustedes, el PP adoptó medidas responsables para garantizar el modelo de bienestar. Falso. Su reforma del 2013 conculca el artículo 50 de la Constitución - para ustedes ya lo de la infracción de la Constitución va de soi; lo llevamos viendo día a día - suponía un recorte en pensiones en términos reales del 30 al 40 % en veinte años. Su reforma generó una gran incertidumbre, desasosiego e intranquilidad. Provocó jubilaciones anticipadas a dojo, como diríamos los catalanes. Pero la mayor intranquilidad y desasosiego que produjo fue la del propio Gobierno de Rajoy, que la metió en un cajón e hizo le una enmienda de totalidad con los presupuestos de 2018. [[Aplausos]] Con lo cual, señorías, están errando el tiro. Señores del Partido Popular, su reforma tiene pies de barro y carecía de legitimidad política y social, elementos imprescindibles para la viabilidad. Tercera razón. Dicen que la ley se olvida de los jóvenes y deroga el factor de sostenibilidad de 2013 que garantiza una futura pensión sin proponer un mecanismo que lo sustituya. Mire, si a estas alturas no han entendido que su factor de sostenibilidad no garantiza las pensiones dignas ni la estabilidad del sistema es que no han entendido nada. Les hemos dicho que esta ley pone negro sobre blanco que el Estado es el garante del sistema público de pensiones, y no de cualquiersistema público de pensiones, no un sistema escuálido, sino un sistema con pensiones garantizadas y sostenible. Señores del Partido Popular, dejen de crear miedo e incertidumbre, no busquen subterfugios o excusas baratas para no afrontar una realidad, porque esta reforma en las pensiones es solvente y, además, va a seguir su tramitación, estoy convencidisima. El acuerdo social está en ello y este Gobierno lo ha demostrado bastante en este año y medio de dura pandemia, donde ustedes ni estaban ni se les esperaba. Cuarta razón. La ley de 2013 desarrollaba el factor de sostenibilidad planteado en el Pacto de Toledo y en la Ley 27/2011. Falso. Ustedes mienten. La Ley 27/2011 anunciaba un factor de sostenibilidad que tenía que diseñar el diálogo social, del que ustedes se burlaron, al igual que hicieron con el Pacto de Toledo. Señor portavoz del Partido Popular, ustedes se rieron del Pacto de Toledo, y lo sabemos porque, además, consta en acta, no es que yo me lo invente. Su comisión de expertos, hecha a dedo por el señor Rajoy, lo que pretendía, y lo ha dicho el ministro, era justificar una reducción del gasto para justificar una reducción de los impuestos. Yo les propondría que se leyeran el voto particular, en el que se dice que esta reforma de 2013 es insostenible social, política y económicamente. Sean rigurosos y léanlo. Ahora viene la quinta, que es de traca. Dicen que están de acuerdo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, pero además dicen - abro comillas - 'nos gustaría que fuese lo máximo posible'. ¿Qué quieren decir con lo máximo posible? ¿Que suba más que la inflación o que se dispare la inflación? Esta enmienda manifiesta una falta de rigor impropia de ustedes, y lo ha dicho más de un portavoz. Dicen que es una enmienda que, a su vez, requiere adoptar medidas responsables - escúchenme, porque esta es gorda - y establecer mecanismos de adaptación a variaciones macroeconómicas que deben tener en cuenta circunstancias como la esperanza de vida. ¿El qué? ¿El índice que garantiza el poder adquisitivo tiene que tener en cuenta la esperanza de vida? Soberana salvajada. Sexta. Y, sin tener bastante con estos despropósitos, dicen que el Gobierno del Partido Popular jamás planteó congelar las pensiones. Se lo enseñaré muy muy clarito, en positivo [[muestra un documento]] Fueron los Gobiernos socialistas los que subieron las mínimas, al SOVI, a todas, que ganaron poder adquisitivo, y ustedes, gracias a su 0.25, lo congelaron. Ustedes congelaron - voy acabando - con ese 0,25 las pensiones de presente y de futuro. Hicieron perder poder adquisitivo a los pensionistas. Generaron un déficit histórico de 18.000 millones de euros. Se pulió el fondo de reserva. [[Aplausos]] Fin de la cita, señor portavoz. A Cabo. Como ha dicho algún portavoz y ha dicho el ministro, esta enmienda a la totalidad no va contra el Gobierno, va contra los pensionistas de hoy y del futuro, va contra los de treinta, cuarenta,cincuenta años, contra los baby boomers va también, contra ellos va esta enmienda. Desde luego el Partido Socialista no lo va a permitir. Votaremos en contra. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] - PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. [[Número de expediente 122/000124]]
Continuamos con el debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la protección de la libertad de expresión. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad del texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Rojas García.
Muy buenas tardes ya, señorías. Es para mí un honor estar en esta tribuna presentando la enmienda a la totalidad de devolución con texto alternativo a la proposición de ley del Grupo Unidas Podemos. Lo hacemos así porque lo que pretende Podemos está muy lejos del título de su propuesta. [[El señor]] Con esta proposición de ley no se consigue ampliar la libertad de expresión, sino justo todo lo contrario. Pretenden suprimir preceptos del Código Penal que lo que hacen es fortalecer la libertad de expresión porque la aíslan de cualquier elemento de odio, de humillación o de apologías abyectas. Por consiguiente, dichos preceptos deben seguir permaneciendo en el Código Penal y continuar con su función de bienes jurídicos necesarios, de la protección de esos bienes, para contar con un derecho de libertad de expresión del tenor del que está recogido en nuestra Constitución y concordante con los convenios internacionales que han sido suscritos por España. Así lo deja claro nuestra enmienda a la totalidad, que además tiene un texto alternativo que mantiene los artículos 490, 491, 504, 525 y 543 del Código Penal tal y como están, ysube la pena del artículo 578 para mandar, señorías, el mensaje claro de que no vamos a admitir actos de apología del terrorismo, como el que se pretendía hacer al terrorista Henri Parot. [[Aplausos]] Créanme, señorías, que es un mensaje diáfano. Quien pretenda humillar a las víctimas del terrorismo se va a encontrar con la ley sin titubeos y sin blanqueamientos de ningún tipo y con una pena que al que enaltezca el terrorismo le hará pagar por este daño causado a gente inocente que hasufrido por defender nuestra libertad, toda nuestra libertad, también, señorías, nuestra libertad de expresión. Después del calvario que han pasado estas miles de familias en nuestro país es lo menos que esperan de nosotros y tenemos que estar a la altura. Así piensa firmemente y siempre lo ha hecho el Partido Popular. Señorías, la pregunta que nos hacemos a la hora de empezar este debate es por qué pide Podemos suprimir estos artículos del Código Penal. ¿Es para reforzar la libertad de expresión? Yo creo que no, señorías, y lo saben, señorías de Podemos. Estoy firmemente convencido de que lo que pretende Podemos con esta proposición de ley es garantizar la impunidad para aquellos que quieren hacer apología del terrorismo, porque esto desde Podemos se ve como una especie de derecho, porqueno se ve mal desde esta formación política, se piensa que el Código Penal no debe proteger el honor y la memoria de las víctimas. Obviamente, creemos que esta postura de Podemos es absolutamente inaceptable, y una vez más no entendemos cómo el Partido Socialista apoya este tipo de iniciativas de Podemos por el mero hecho de mantenerse en el poder. El artículo 578 del Código Penal que pretende suprimir Podemos hace referencia a los delitos del terrorismo y castiga que se justifiquen públicamente estos deleznables delitos y también que se les dé una dimensión provocadora mandando unmensaje a la sociedad de que estos delitos son impunes o valiosos. ¿Creen sus señorías de verdad que se pueden quedar sin reproche penal este tipo de actos, como proponen, con lo que han sufrido las víctimas del terrorismo y hemos sufrido toda lasociedad española? No puede ser así, señorías, incluso la pena tiene que ser superior, como planteamos en este texto alternativo, por respeto a las víctimas. El precepto está destinado a proteger un bien jurídico muy concreto, las víctimas de los delitos del terrorismo y sus familiares, y en función de la gravedad de la conducta y del perjuicio causado por ella la pena podrá ser mayor. También Pretende Podemos con esta proposición de ley suprimir el artículo 490.3, y 491, el 504, el 525 y el 543 del Código Penal, intentando conseguir la impunidad para todos aquellos que quieren atacar los símbolos nacionales, los símbolos de las comunidades autónomas y nuestras instituciones: el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía, el Poder Judicial... Señorías, créanme, ese es un mensaje malísimo a la sociedad, que nos parece inaceptable y peligroso para nuestra convivencia. No vale la impunidad para aquellos que queman la bandera nacional. A la bandera nacional se la respeta, como se respeta en todas las democracias del mundo. Por tanto, quemar la bandera nacional no es libertad de expresión,como ustedes sostienen. Injuriar al jefe del Estado no es libertad de expresión, como ustedes sostienen. Amenazar o coaccionar a las instituciones del Estado, incluso impedir que se reúnan en su actividad institucional, esto no es libertad de expresión, ni aquí ni en ningún sitio del mundo, señorías. Hacer escarnio de la libertad religiosa no es, señorías de Podemos, libertad de expresión. Humillar a las víctimas enalteciendo a los verdugos no es libertad de expresión. Todos son delitos y deben seguir teniendo su reproche penal. Nuestra posición es muy firme en el Grupo Popular, y así pensábamos que era la posición del Partido Socialista, pero este socialismo es irreconocible. Todo está en derecho positivo y en la jurisprudencia. Señorías, nuestra Constitución garantiza que en España podamos convivir en libertad e igualdad personas que tengamos opiniones políticas y convicciones ideológicas opuestas, diferentes,totalmente contrarias, siempre que se respeten los derechos y libertades de los demás y se desarrolle en el marco constitucional establecido. En su artículo 20 la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la libertad de expresión. De igual forma, en su apartado 4 este artículo 20 de nuestra Constitución añade lo siguiente: 'Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título'. La estructura del precepto informa de lo que a efectos interpretativos la jurisprudencia constitucional ha sentado en numerosas sentencias. No existen, señorías, derechos ilimitados. Por ello la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido límites al derecho de la libertad de expresión, límites que son necesarios e imprescindibles, que deben ser respetados por todos y que, si se traspasan, merecen el correspondiente reproche, incluido un reproche penal si es necesario. Precisamente para evitar que la expresión libre de las ideas pueda afectar o vulnerar derechos de otros, el Tribunal Constitucional introduce la necesaria aplicación de la ponderación ante derechos que están en colisión. La ponderación exige valorar caso por caso, considerando, junto con la relevancia subjetiva y objetiva de lo que se ha expresado, la afectación de los derechos en colisión para determinar si el ejercicio de la libertad de expresión es o no legítimo. Y si no loes, la ley punitiva determinará las consecuencias de tal vulneración, correspondiendo a los jueces y tribunales, incluyendo al propio Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo, apreciar y ponderar si ha habido o no transgresión de otros derechos en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. En la práctica, señorías, el ejercicio de la libertad de expresión entra en colisión con frecuencia, como saben, con los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen; límites expresamente reconocidos en nuestro texto constitucional. De igual forma, al amparo de la misma, suelen vulnerar la libertad ideológica, religiosa y de culto, algunos de los derechos más íntimamente vinculados al libre desarrollo de la personalidad, garantizados, como saben, en el artículo 16 de la Constitución. Bajo un pretendido amparo de la libertad de expresión, se cometen con frecuencia delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas; calumnias o injurias al rey o a miembros de la familia real; injurias graves a órganos constitucionales, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; delitos de odio contra una persona por razón de pertenencia a una determinada opción política. Y lo estamos viendo con nuestros compañeros del País Vasco y de Cataluña, sin que ustedes, desgraciadamente, pongan ningún tuit ni se solidaricen con esta formación política, pero esto es lo que tenemos. También hay colisión cuando en ese tipo de delitos se hace referencia a la presencia de personas libremente en un determinado grupo que incluye la promoción o incitación al odio o a la violencia contra determinados colectivos. Esto pasa y está ocurriendo en nuestra sociedad. También hay una colisión importante cuando, bajo un pretendido derecho a la libertad de expresión, se niegan o se banalizan delitos gravísimos como el genocidio - genocidio fascista o, también, comunista -; lahumillación a las víctimas del terrorismo; la justificación o el aliento de delitos de odio contra un grupo; el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio y vejación de sus dogmas, creencias o ceremonias; o el enaltecimiento y la justificación del terrorismo, sobre la que acabamos de hablar en profundidad. Señorías, la jurisprudencia constitucional ha ido desgranando estos criterios a los que atenerse cuando se produce una colisión de derechos con la libertad de expresión. La sentencia del Tribunal Constitucional 192/2020, de 17 de diciembre de 2020, resolvió un recurso de amparo interpuesto contra una sentencia del Tribunal Supremo, confirmando una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, condenando al recurrente como un autor de un delito contra los sentimientos religiosos. Es decir, esto está muy auditado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Constitucional; no estamos diciendo nada aquí que ustedes no sepan, señorías. Otro ejemplo. El Tribunal Constitucional confirmó la condena penal y concluyó que no se estaba ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión, al conllevar el sacrificio de la libertad religiosa de terceros en su dimensión externa,que debería prevalecer al modo, tiempo y lugar en que se hizo esta protesta, pues, cuando un grupo de fieles celebra un acto religioso en una iglesia, no puede considerarse que la ceremonia está abierta a un intercambio de ideas. Señorías, es lo que se llama respeto, es lo que se llama respecto al orden público, que obviamente está dentro de ese derecho a la libertad de expresión. Y un ejemplo más. La sentencia del Tribunal Constitucional 190/2020, de 15 de diciembre de 2020, resolvió un recurso contra una sentencia de apelación confirmatoria de la condena por ultraje a la bandera española. La sentencia recordaba que existen tipos penales semejantes en otros Estados miembros de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia. España no se inventa nada cuando recoge estos preceptos y estos bienes jurídicos protegidos también en el Código Penal. Pues bien,en este caso, el tribunal considera que se actuó con ánimo de ultrajar a la bandera, con publicidad, con expresiones innecesarias que generaron un intenso sentimiento de humillación en el momento de mayor solemnidad militar del izado de la bandera con la guardia formada y el himno nacional. Por eso, señorías de Podemos, les guste o no la bandera nacional está para ser respetada, los símbolos nacionales están para ser respetados, la Constitución está para ser cumplida y la ley está para atenerse a ella y para ser cumplida. Y eso es lo que viene defendiendo el Partido Popular, muy simple: defendamos nuestro Estado de derecho y estaremos defendiendo nuestra libertad de expresión. Señorías, como digo, no estamos de acuerdo con los preceptos que ustedes quieren cambiar que se recogen en el Código Penal. Tal y como se desprende de la referida exposición de motivos del Código Penal, el legislador de 1995 redactó todos los tipos penales contenidos en dicha norma con especial mesura y dando especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales. Por tanto, defendemos nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo de esa modificación del artículo 578 precisamente para proteger y fortalecer la libertad de expresión. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Ha solicitado la utilización del turno en contra del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Por ello tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Santiago Romero.
Con su venia, presidente. La libertad de expresión es, obviamente, un derecho fundamental reconocido a todo ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea y en la Constitución, por supuesto. En España nos hemos acostumbrado a que se sucedan represalias y condenas a ciudadanos por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión. Se trata de una anomalía democrática derivada de la reforma del Código Penal realizada por el Partido Popular en el año 2015 que nuestra proposición de ley pretende derogar. En primer lugar, para recuperar el principio de la legalidad y, en segundo lugar, para recuperar la seguridad jurídica, que fueron aniquilados por esa legislación liberticida. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio por los ciudadanos de los derechos y libertades, salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular es sencilla de explicar. Propone la eliminación del conjunto de la propuesta realizada por este grupo, mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas del delito de enaltecimiento: más prisión, más multas y más represión de la libertad de expresión. En democracia no puede ser delito comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que se tratan de críticas. Pueden llegar a ser desagradables, groseros o hirientes, pero no se puede anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para resolver conflictos al margen del derecho penal: las vías civiles de defensa del derecho al honor, a la intimidad o el derecho de rectificación, por ejemplo. Por ello, hay que expulsar del Código Penal delitos que no garantizan la libertad de expresión. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena reiteradamente a España por mantener delitos como el ultraje a España, o el Consejo de Europa, que nos recuerda el difícil encaje democrático, por ejemplo, de las injurias al rey. Nos oponemos a la enmienda a la totalidad del Partido Popular porque no se puede condenar a ciudadanos por ejercer la libertad de expresión, y necesitamos acabar con normas penales obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución española ni a un Estado de derecho en general. También hay que acabar con tipos penales imprecisos, como el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo, cuya ambigüedad ha permitido una aplicación errática, generando alta inseguridad jurídica que cuestionaincluso el principio de legalidad en materia penal, que, como sabrán, exige precisión para describir la conducta penalizada. Respecto al delito contra los sentimientos religiosos, desde que entró en vigor en el año 1995 nadie se había sentado en el banquillo hasta el año 2012. Al fallecido cantautor Javier Krahe, por un vídeo de 1977, se le llevó a un calvario judicial que duró nueve años y acabó con su absolución. La sentencia de la Audiencia Provincial ya planteó que - decía literal -: 'Las imágenes emitidas y las manifestaciones que las acompañan tienen un indudable sentido satírico, crítico y provocador. Ello no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal...'. Hasta 2020, veinticinco años de vigencia, ha habido una veintena de casos de aplicación del artículo 525; solo hubo una condena. Recordarán los casos de 'la procesión del coño insumiso', del actor Willy Toledo, del humorista Dani Mateo, o incluso una querella contra Netflix por emitir una película comercial; todos absueltos o sobreseídos. La norma se ha convertido en un arma propagandística y mediática del integrismo católico, que la utiliza en fraude de ley para acaparar atención mediática y coaccionar a artistas o cómicos con largos procedimientos y gastos para ellos, pero también para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por denuncias de la Iglesia católica o de sus órganos, nunca, sino por asociaciones ultra católicas, más papistas que el Papa, valga la expresión. La redacción del artículo hace imposible su aplicación por la subjetividad del tipo: ofender, escarnio, vejar. Una democracia, desde luego, debe proteger el ejercicio de la libertad religiosa, pero eso no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Entender que la crítica u ofensa a una religión amerita castigo suele ser la autojustificación de los integristas religiosos para cometer crímenes. La derogación no deja sin protección la libertad deculto, que se encuentra protegida en otros artículos, como el delito discriminatorio, contemplado en el artículo 510 del Código Penal, que expresamente contempla la provocación del odio contra cualquier religión. Respecto a los delitos de injurias contra la Corona, la justicia española efectivamente condenó a dos jóvenes de Girona en 2007, que habían quemado una foto del rey. Luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber condenado a estos dos jóvenes por injerencia en la libertad de expresión. Consideraba la sentencia europea que la pena aplicada por España no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Recordemos la condena de los humoristas de El Jueves por una caricatura, la condena del alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, por calificar de deleznable al Borbón, que al entrar en la audiencia declaró: no se puede hablar del rey ni de sus negocios ilícitos ni de su fortuna de origen desconocido. También fue condenado un coronel en retiro del Ejército de Tierra, el señor Martínez Inglés, por calificar de corrupto al entonces jefe del Estado. Hombre, parece mucho más grave que un general en retiro amenazó con fusilar a veintiséis millones de españoles y su conducta quede impune a fecha de hoy. Pero, mire, la Jefatura del Estado en España no se ha elegido directamente desde la II República. No hay mecanismo constitucional alguno para ratificarla, reprobarla, censurarla o detenerla, pero sí hay normas penales para castigar las críticas a la institución aún en ejercicio de sus funciones, dice literalmente el tipo; institución en sentido amplio, también extensible a los familiares. En Roma agraviar al rey era delito de lesa majestad, castigado con la máxima pena. Dirán Los señores del Partido Popular que ahora la sanción es más leve; solo faltaba. Pero qué, dos mil quinientos años después, en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene mucha justificación en democracia. Y así lo viene manifestando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derogando esta norma, quienes desempeñan la Jefatura del Estado y sus familiares no quedan sin protección frente a cualquier ofensa, efectivamente. Tienen a su disposición las mismas normas de protección, vía civil o vía penal, frente a la calumnia e injuria que cualquier ciudadano. Respecto al delito de ultraje contra la patria, efectivamente, en mayo de 2018 la Audiencia Nacional absolvió al acusado de dar una pitada al rey. Concluyó que se trataba de hechos que se enmarcan en la libertad de crítica. Este delito se está aplicando para reprimir la libertad de expresión y la crítica contra los símbolos. En la enmienda a la totalidad que ustedes presentan, en la página 5, se hace referencia a esa sentencia de 2020 del Tribunal Constitucional, que ha citado el señor Rojas, sobre ultraje a la bandera, en la que se confirma la condena a un trabajador gallego. En esa exposición de motivos omiten que esa sentencia se dio con cinco votos particulares. Uno de sus votos particulares cuestionaba la constitucionalidad del artículo 543. El magistrado disidente decía: '... no hice más que tener en cuenta el bien conocido artículo 10.2 de nuestra Constitución: 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos...'. ... Me creí pues obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma del Consejo de Europa ... y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ... Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionabamos sobre cuestiones similares. Podría, sin duda, henchido de ardor patrio, tomármelo a beneficio de inventario, pero no me pareció serio'. Este voto particular es del profesor Andrés Ollero, que durante diecisiete años fue diputado del Partido Popular en esta Cámara. Suscribo al profesor Ollero. [[Aplausos]] La protesta ciudadana crítica con el sistema establecido y su simbología ha de quedar amparada por la libertad de expresión, por ello proponemos la derogación del artículo 543. Sobre el delito de injurias a las instituciones del Estado del artículo 504, salvo alguna excepción, nunca se ha aplicado porque las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía. Es un tipo ineficaz por inaplicable y hay que conjurar el riesgo de que a alguna mente se le ocurra en algún momento aplicarlo. Deberá, por tanto, derogarse. Finalmente, el delito de enaltecimiento del artículo 578 solo sirve para condenar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto terrorista, y esto es verificable. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. El grupo La Insurgencia fue condenado a seis meses de cárcel y el rapero Pablo Hasél - que a mí no me gusta nada - resultó que ingresó en prisión en el año 2021. Incluso el Tribunal Supremo admite que el delito de exaltación del terrorismo puedeentrar en conflicto con derechos constitucionales como la libertad de expresión. Este delito nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista en nuestro país y en el año 2015 el Partido Popular lo endureció, a pesar de que ETA había anunciado en 2011 el fin de su actividad criminal. En 2015 se producen numerosas detenciones por operaciones policiales en la red Twitter, de claro contenido prospectivo, es decir, sin haberse cometido ningún delito previo. El Ministerio del Interior era dirigido por el señor Fernández Díaz, que parece que utilizaba este delito para tapar sus desmanes al frente de este ministerio en la época de Kitchen. El enaltecimiento del terrorismo, según nuestros tribunales, es un delito de opinión que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas. En un contexto no violento en el que no existen grupos terroristas organizados, este delito no tiene sentido. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras como la apología del delito del artículo 18 del Código Penal, que castiga la provocación para la comisión de delitos terroristas y donde puedenencauzarse los excepcionales casos de un terrorismo que sí está activo como es el yihadista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser la prisión. El Código Penal establece hasta ahora tres años de cárcel y ustedes, atendiendo a estas recomendaciones del Consejo de Europa y de los tribunales europeos, vienen a plantearnos incrementar la pena hasta cuatro años. Pero, mire, su derogación no dejará sin protección a las víctimas delterrorismo porque para evitarlo en la proposición de ley proponemos modificar el artículo 22, introduciendo a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen una especial protección. Señores del Partido Popular, es hora de dejar atrás el miedo y la persecución a la crítica y la libertad de expresión. Democracias admiradas por ustedes como el Reino Unido o los Estados Unidos se sonrojaron de mantener en sus legislaciones tipos como mantienen en su enmienda a la totalidad. Pierdan el miedo a la libertad de expresión y a la democracia y retiren su enmienda a la totalidad. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Rojas García.
Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Señor Santiago, le voy a leer una noticia de esta última semana: Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de cárcel para la persona que protestó frente a su casa [[aplausos]], y lo hacen por los artículos que ustedes invocan suspender y retirar del Código Penal. [[Rumores]] ¿Qué hacemos, señorías? ¿Continúo el debate? No sé si continuar el debate porque yo creo que con esto está todo dicho. Sí, usted contesta ahora no sé cómo. Pero, mire, ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. Y eso lo han hecho en toda su trayectoria política. En esta querella le acusan el señor Iglesias y la señora Montero de injurias graves contra las instituciones del Estado. Lo que ustedes piden ahora suprimir. ¿Cómo se explica esto,señoría? Pero, voy más allá, ustedes han criticado aquí al Partido Popular, nos han llamado de todo por la Ley de Seguridad Ciudadana. La han llamado Ley mordaza, junto con el Partido Socialista han cogido esa muletilla, y resulta que llevan tres años en el Gobierno y no la han quitado, señoría. Ustedes están gobernando y aplicando una ley que ustedes llaman mordaza. ¿Cómo es eso, señoría? No cabe mayor contradicción, ¿verdad? Pues aquí pasa algo muy parecido, pasa que usted y su coalición no han sido capaces de cambiar esta ley porque no han querido, porque no han entrado en materia, porque sus socios se lo han impedido, no lo sé, pero lo cierto es que hay una gran contradicción. Señoría, no vamos a retirar esta enmienda, la vamos a mantener porque creemos en ella firmemente. Hay sentencias, usted ha citado muchas. Hay sentencias, hay recursos, hay condenas y hay absoluciones. También hay votos particulares. Es El Estado de derecho, señoría, y en eso estamos. Respecto a las constituciones de nuestro entorno - que usted dice: en Estados Unidos se sonrojaron de ver lo que ustedes proponen -, le diré que en Alemania la libertad de expresión está reconocida por el artículo 5 de su Constitución y se establecen limitaciones a su ejercicio en diferentes ámbitos de Internet, especialmente, en las redes sociales. Los límites al derecho, según la Constitución, deben ser establecidos por las leyes generales. Los más importantes están recogidos en el Código Penal alemán, especialmente, sobre el insulto y la difamación, la incitación a las masas, la incitación que pueda causar perturbación de la paz pública. Es decir, que en el Código Penal de Alemania se castiga hasta con cinco años de prisión la apología del nazismo, señoría, hasta con cinco años por injurias a las instituciones del Estado. En Francia ocurre igual, el derecho está reconocido por el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y su CódigoPenal incluye la apología del terrorismo, igual que en España, y el delito de ultraje a la bandera y al himno nacional. ¿De dónde saca usted que somos los únicos en el derecho internacional? ¿De dónde saca usted que se tendrían que sonrojar de nosotros en Estados Unidos? En Italia pasa exactamente igual: el Código Penal castiga la instigación a la desobediencia de las leyes o a delinquir, incluidas la apología del terrorismo y de crímenes contra la humanidad, los conocidos como delitosdel odio. En Bélgica pasa exactamente igual. En Portugal también el Código Penal ha regulado los límites a la libertad de expresión. Destacan los delitos contra la honra, contra la identidad cultural e integridad personal, la incitación a laguerra, la discriminación, el odio. En estos últimos casos está prevista la pena de prisión. Señoría, usted menciona a Pablo Hasél. Yo le digo, con sinceridad: quién va contra la ley tiene que aceptar que la ley vaya contra él. Es muy sencillo. No era la primera sentencia que se dictaba contra Pablo Hasél, tenía antecedentes de otros hechos delictivos. Eso ustedes no lo dicen, pero fíjese en las frases de Pablo Hasél: 'No me da pena tu tiro en la nuca, pero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialismo'. Otra: 'Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos'. Y ustedes quieren que esto se quede sin reproche penal. El caso de Valtònyc. Usted habla de que Europa está contra nosotros, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues, fíjese, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el rapero Valtònyc encontra de la sentencia a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. No lo admite a trámite, señorías. La libertad de expresión ha de ser respetuosa con todos los ciudadanos y con el orden público, porque, si no es así, no será libertad de expresión. Si pretenden con esta reforma adaptar su estrategia política para tener barra libre de insultos, agresiones y humillaciones no cuenten con nosotros en su plan de asalto a los cielos, señoría. Le voy a decir lo que va a pasar cuando el Gobierno sea del Partido Popular, que vamos a seguir defendiendo estos bienes jurídicos, que vamos aseguir protegiendo a las víctimas del terrorismo y que no nos vamos a arrugar, como hace este Gobierno y los partidos que lo sustentan, cambiando sus principios por un puñado de votos. Como ha sucedido esta semana, por ejemplo, al votar en contra de condecorar a los policías nacionales en los años de plomo. Señorías, señor presidente, termino. Allá cada cual con sus principios pero sí les pido que defendamos la Constitución y el Estado de derecho en nombre y en favor de todos los españoles. Muchas gracias, señorías. [[Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos]]
Tiene la palabra el señor Santiago Romero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, señor presidente. Si en algo estoy de acuerdo con ustedes es en que hay que acelerar los cambios legislativos para recuperar las libertades democráticas y las libertades públicas que ustedes se empeñaron en cercenar, de lo que se ocuparon profusamente. Por eso, lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre por qué presentan ustedes una enmienda a la totalidad sin ningún contenido, si no es con la única finalidad de retrasar el proceso de recuperación de las libertades fundamentales. Esta enmienda a la totalidad no aporta absolutamente nada, carece de la más mínima calidad jurídica y lo único que pretende es retrasar en este caso el proceso de derogación de esos artículos del Código Penal, es decir, de acabar con sus normas liberticidas. Yo me comprometo aquí a impulsar con la mayor rapidez también la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que, como ustedes saben, debido a las reformas que ustedes aplicaron, hemos sido denunciados por innumerables organismos internacionales, incluidos comités de las Naciones Unidas. En todo caso, no sé por qué sacan ustedes a relucir... De verdad, debería caerles la cara de vergüenza, porque en ningún momento han hecho una manifestación de solidaridad con una familia española con niños pequeños que lleva años siendo coaccionada y amenazada y contra cuya intimidad se están cometiendo delitos. [[Aplausos]] No se les conoce una sola manifestación de solidaridad. En todo caso, les voy a recordar que ni la reforma que nosotros hemos planteado ni su enmienda a la totalidad mencionan los delitos de coacciones, de amenazas o delitos contra la intimidad. No mezclen churras con merinas. También le digo una cosa: mientras los delitos estén en el Código Penal, obviamente, se utilizarán por todos los ciudadanos [[rumores]], ¡faltaría más! Unas leyes para ustedes y otras leyes para los demás; muy propio de los privilegios que pretenden mantener, ¡faltaba más! [[Rumores.-Aplausos]] Miren, a nosotros nos da mucha tristeza lo que ocurre en el Partido Popular, por aquello que decía Concepción Arenal, que hay que odiar el delito pero hay que compadecer al delincuente. En todo caso, en la página 7 de la exposición de motivos de su enmienda a la totalidad hacen referencia a Alemania y a la protección de las víctimas del nazismo. Yo lo he seguido con mucho detalle, me he ido leyendo todo; más adelante mencionan el castigo de la apología del nazismo, y he seguido buscando en el texto de la enmienda, porque por un momento pensé que el Partido Popular a continuación iba a proponer modificar nuestro Código Penal, según el modelo alemán, para castigar la apología del franquismo. Pero bueno, he de decir que no,que tampoco en esta ocasión el Partido Popular propone punir la apología del franquismo. [[Aplausos]] La enmienda que ustedes proponen omite mencionar otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han condenado a España por la aplicación de este delito; por ejemplo, la reciente del 22 de junio de 2021, que condenó a España por el caso de Tasio Erkizia, o la ya clásica de 2011, por el caso de Otegi contra España. Finalmente, olvidan también en la exposición de motivos citar que el Consejo de Europa reprendió a España tras el encarcelamiento del señor Pablo Hasél y pidió ajustar los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona paraproteger más la libertad de expresión; que el Consejo de Europa instó a acotar los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, y que la comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Mijatovic, reprendióvarias veces a España por emplear una noción muy amplia para sancionar declaraciones - decía - que no son terrorismo. Mire, lo que queremos es que a España no se le caiga la cara de vergüenza en los ámbitos internacionales. El Derecho Penal,obviamente, debe ser utilizado con ponderación y equilibrio en una democracia, y es lo que pretendemos hacer. Pretendemos utilizar una técnica legislativa que sea un poco más fina que la que ustedes han utilizado, porque los mismos tribunales vienen diciendo que es una absoluta inseguridad jurídica por tipos penales completamente indescifrables y muy difíciles de aplicar. En todo caso, quiero acabar diciendo que la supresión de estos artículos no deja sin protección ningún delito de injurias ni de calumnias cometido contra cualquier institución o contra la Jefatura del Estado - ya les he dicho cuáles son lasotras vías - y tampoco deja sin protección a las víctimas del terrorismo; insisto, para eso hemos añadido una enmienda que complementa un artículo del Código Penal, para que las víctimas del terrorismo tengan, con seguridad jurídica y precisión - lo que no tienen ahora -, protección para que no sean ofendidas. Con lo cual, de verdad, retiren la enmienda. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. [[La señora]] Está bien que salga el portavoz del Partido Comunista a hablar de libertad de expresión, porque pone de manifiesto cuál es la intención del Gobierno respecto a esta cuestión, y evidentemente es que tengan libertad de expresión aquellos quepiensan como ellos y negar la libertad de expresión a todos los que pensamos de forma diferente. [[Aplausos.-El señor Mayoral Perales, desde el pasillo, mientras abandona el hemiciclo y dirigiéndose al señor García Adanero: ¡Por eso tú puedeshablar aquí!]] Sí. ¿Sabes por qué puedo hablar? Puedo hablar porque en España hay democracia, a pesar de algunos. [[El señor Mayoral Perales, desde el pasillo, pronuncia palabras que no se perciben]]Exactamente, puedo hablar por eso. [[El señorMayoral Perales, desde el pasillo, pronuncia palabras que no se perciben]]A pesar de que a mí me intentaron matar por tener libertad, puedo hablar; no como tú, que a ti nadie te ha intentado matar. [[Aplausos]] ¡Hasta ahí podíamos llegar! Esperoamparo, señora presidenta. Ya el colmo es que, cuando estás en la tribuna, te interpele el que pase por aquí en medio. ¡Pero esto qué es! Este es el problema. Es que es mandíbula de cristal. ¡Es que es mandíbula de cristal! Y eso es lo que estápasando, que cuando dices algo, te insultan, aquí, ¡aquí! No digo ya en la calle. ¿Eso es libertad de expresión, amigos? Ah, eso sí, si el insulto es a otros, entonces ¿qué es? Claro, con ustedes, libertad de expresión; con nosotros, nos lomerecemos. ¿Qué se escracha a una familia? Que se la escrache. Pero si es a otra, no; entonces no, a la cárcel. ¡¿Pero qué es esto?! Aquí quieren hacer un Código Penal según las intenciones de voto: ¿Que a Esquerra le gusta quemar banderas deEspaña? Que se pueda. ¿Que la CUP quiere ahorcar figuras del Rey? Que se pueda. ¿Que Bildu quiere hacer homenaje a asesinos? Que se pueda. ¿Que yo esté en una iglesia y entre alguien de Podemos medio desnudo a gritar en contra de mi religión y tirar un crucifijo, etcétera? Que se pueda. Eso sí, si yo voy a rezar a la calle, a la cárcel. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Yo no puedo defender mis ideas en el Congreso ni en la calle y ustedes pueden decir lo que les dala gana; o sea, ustedes lo que pretenden es que encarcelen a la mitad de la bancada de representantes de España. ¡Eso es lo que pretenden! [[Aplausos]] Ya les vale, hombre. ¡Ya les vale! La libertad de expresión la tenemos todos. Ustedes piensan que no tenemos derecho a hablar, y mientras podamos hablaremos. Han intentado callarnos; lo han intentado, pero no lo han conseguido. Lo consiguieron con algunos compañeros,pero otros estamos aquí y vamos a seguir diciendo lo que nos dé la gana. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Que nos vayan a decir ahora desde el Partido Comunista que tenemos que estar callados. ¡Solo faltaba! Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Popular y VOX, algunos puestos en pie]]
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
Eguerdi on. Muchas gracias, señora presidenta. Señores del Partido Popular, he leído con interés su exposición de motivos, pero, curiosamente, más allá de mencionar la jurisprudencia de manera parcial, se les ha olvidado el castañazo que ha pegado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España precisamente por la aplicación del artículo 578. Ese que ustedes quieren endurecer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dice que se ha aplicado en un caso recientemente en España incorrectamente. ¿Pero saben lo que dice el presidente de esa sala? Que el problema está en el artículo. Dice que es vago, que lleva a la desproporcionalidad y con eso se producen situaciones como la del señor Tasio Erkicia. A ustedes esto les da igual. Yo creo que están orgullosos de ese castañazo, pero es que el problema - lo ha mencionado el señor Santiago - es que ya la comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el pasado mes de febrero, señalaba que en España existían varios problemas - eso que dicen ustedes que no existe, que está garantizado - en relación con la libertad de expresión y precisamente señalaba ese artículo, señalaba el 578, ese que las instituciones europeas piden derogar y ustedes piden endurecer. Miren, no es nuevo. Ustedes tienen la costumbre de traer aquí y utilizar frases hechas que no significan nada. Por ejemplo, en su exposición de motivos señalan que en España la libertad de expresión está suficientemente garantizada y que por eso nuestro país aparece año tras año en todas las clasificaciones internacionales de sistemas democráticos más avanzados y con los más altos estándares. Pues bien, esto no significa nada. Es absurdo. ¿Saben por qué? Porque hace un año y medio, en el examen de derechos humanos de Naciones Unidas, precisamente lo que le estaban señalando quince Estados era la problemática que había en España en materia de libertad de expresión. De igual forma, el informe de cinco relatores de Naciones Unidas señalaba la problemática que existía en España sobre la base de la libertad de expresión. Miren, tienen un récord - igual están ustedes orgullosos -, y es que en Europa, de los treinta y un artistas condenados a penas de prisión,catorce son en el Estado español. Esto a ustedes les va bien, ¿no? Es su ejemplo de libertad de expresión. Así se hacen las cosas. Pero, por si fuera poco, están también los informes de Freedom House; el informe de Amnistía Internacional Realizado, en el año 2018, el de 'Tuitea... si te atreves'; el de la organización Artículo 19, o el de la Plataforma por el derecho a la información. Hay un problema. Usted lo comentaba y estoy de acuerdo. En su nauseabunda Ley mordaza, que también pide Naciones Unidas que sea derogada, el Gobierno y los partidos que lo sostienen tienen un problema. Ahí, fíjense, estoy de acuerdo, y por eso pido a los partidos que apoyan al Gobierno que se den prisa y que esa norma sea derogada o reformada en sus artículos más lesivos de una vez. Pero, de igual forma, el problema está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque España tiene uno de los sistemas penales más severos de la Unión Europea. Es cierto, ya lo mencionaba el señor Santiago, que hay artículos por los cuales algunas conductas pueden ser condenadas, no hay esa desprotección, pero lo que me parece incluso absurdo es que en los ejemplos que usted ha señalado para endurecer ese artículo 578 la propia Audiencia Nacional diga que no ha lugar, que no tiene sentido, que no es de aplicación ese delito. Es más, utilizan un relato, aumentado por algunos medios de comunicación, para, sobre la base de una falsedad, intentar crear una necesidad de endurecimiento de un artículo que las propias instituciones europeas le están pidiendo que se derogue. Por eso nosotros votaremos en contra, como no podría ser de otra manera. Fíjense, yo estoy de acuerdo en que hay que tener respeto, empatía, solidaridad con las víctimas, con las de ETA y con todas, con todas las víctimas, independientemente de cuál sea el victimario. Por eso creo que esa doble vara de medir que en ocasiones se utiliza no solamente es un sinsentido, sino que deja en evidencia para qué se proponen algunas normas y qué objetivo tienen. Tendrían que tener, cómo no, la protección y el reconocimiento de todas las víctimas. Señor Rojas, para acabar. Esto lo repetí ya en el mes de junio, porque se van sucediendo los debates. La prueba de estrés de la libertad de expresión no se hace con aquello que nos parece correcto, con aquello en lo que podemos estar en desacuerdo, pero entendemos que el contrario pueda exponer. La prueba de estrés del derecho a la libertad de expresión está precisamente en aquellas declaraciones más horripilantes, más incívicas e incluso que puedan tener un reproche ciudadano. Ahí está la prueba de estrés de qué se puede decir y qué no se puede decir en un Estado. Por ello señalamos - no porque lo digamos nosotros - que España tiene un problema sobre la base de la libertad de expresión, como han señalado numerosas instituciones europeas, y por ello, creyendo que este artículo que ustedes quieren endurecer es arbitrario, desproporcionado e injustificado y da pie a la inseguridad jurídica, votaremos en contra. También, como decía, solicitamos a los partidos que apoyan al Gobierno que de una vez por todas esa Ley mordaza, que hace de España un país, un Estado en el que la libertad de expresión y otros derechos civiles no están garantizados, sea derogada, sea reformada cuanto antes. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Muchas gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño porque lo haré de manera breve, simplemente para manifestar que no daremos nuestro voto favorable a la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, mediante la que proponen que no confrontemos la libertad de expresión con los distintos tipos penales sobre los que consideramos que existen sólidas dudas, aunque, ciertamente, en algunos casos, no exentas de aristas. Consideramos que este es un debate que no debemos rehuir, ya que con él se afronta una de las cuestiones clave en un sistema democrático, en el que, como dije en esta Cámara anteayer, la libertad de expresión se funda, libertad de expresión por la que se identifica a los sistemas democráticos frente a los autoritarios. Señorías, como ha hecho en otras ocasiones nuestro grupo parlamentario cuando se han producido debates sobre esta cuestión, nuestro voto siempre irá dirigido a la celebración de un debate sosegado y un examen técnico-jurídico en profundidad,tanto de las propuestas que se hacen en la iniciativa que ahora se enmienda de totalidad con texto alternativo como de otras que pudieran presentarse a través de las enmiendas parciales o del proyecto de ley que el Gobierno se comprometió públicamente a enviar a esta Cámara sobre esta misma cuestión, aunque no haya sido incluido en el Plan Anual Normativo 2021. Nada más y muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
Gracias, presidenta. Señorías, ¿saben qué importancia tiene para nosotros, para los liberales, la libertad? Toda, toda la importancia, pero hablamos de toda la libertad, porque nosotros no la troceamos, no la defendemos un día sí y otro no, no la sometemos a ninguna ideología. Defendemos la libertad de expresión, claro que sí, como defendemos también la libertad a recurrir a la eutanasia o a amar a quien queramos amar para poder formar una familia con la gestación subrogada o la libertad para consumircannabis. Defendemos una y todas las libertades, porque somos liberales por convicción y por el reconocimiento de la familia liberal europea. Para nosotros, señorías, la libertad es algo más que un mero eslogan electoral. Es apostar de verdad por medios de comunicación libres de politización o por una justicia libre de reparto de sillones a dedo por los políticos. Por eso, cuando Podemos nos trae un texto legislativo plagado de ataques a la libertad, nos parece coherente que así lo hagan,dada su constante subordinación de la libertad a sus intereses políticos particulares, pero también nos parece paradójico, por no decir de un cinismo tremendo, cuando lo hacen con la excusa de defender la libertad. Señorías de Podemos, ustedes dicen cosas como que en España hay una deriva autoritaria, cuando The Economist nos dice que somos una democracia plena con estándares superiores a los de Italia o Francia; pese a ello, hemos perdido seis puestos, del 16 al 22, en ese ranking de 167 países, pero justamente desde que gobiernan PSOE y Podemos. Dicen ustedes que en España tenemos una cúpula judicial colonizada y secuestrada, y lo dicen sin ningún tipo de rubor, cuando han pretendido un Poder Judicial politizado, elegido por la misma mayoría que sostiene al Ejecutivo. Dicen ustedes que hay que derogar determinados artículos del Código Penal porque proceden de la dictadura franquista, y olvidan que es el Código Penal de la democracia, el Código Penal de 1995, de un Gobierno socialista, votado por fuerzas en ese momento como Izquierda Unida o Esquerra Republicana. Hablan ustedes de perseguidos por delitos de opinión, y se refieren ahí a políticos que han sido condenados en condena firme por el Tribunal Supremo, cuando, por otro lado, son incapaces de reconocer, por ejemplo, que Cuba es una dictadura. Les voy a decir por qué rechazamos su texto legal. Primero, porque proponen ustedes la derogación de diversos artículos que sancionan las calumnias al rey, las ofensas a los sentimientos religiosos o los ultrajes a símbolos nacionales o de las comunidades autónomas, y resulta que se trata de delitos que ya aparecen prácticamente así recogidos en la redacción original del Código Penal y, además, en legislación comparada, como se ha dicho, en países como Italia, Francia o Alemania. Ustedes confunden la legítima crítica política con actos que nada tienen que ver con la libertad de expresión. En España tenemos un modelo de democracia no militante, donde ustedes pueden opinar libremente, pueden decir lo que quieran, no se les exige adhesión ni a la Constitución ni a sus principios fundamentales, pero sí se exige respeto a las normas jurídicas, que son la base de la convivencia. Ustedes pueden aspirar a reformar nuestro sistema de arriba abajo, pueden querer cambiar el modelo territorial del Estado, pero deben hacerlo desde la ley, respetando la ley, respetando las instituciones, sin atentar contra el ordenamiento vigente. No pueden ir dando golpes de Estado como en Cataluña. Desde Ciudadanos siempre defenderemos el máximo nivel de libertades, pero también defenderemos que el ejercicio de esos derechos tiene sus límites, como se ha dicho, porque así lo establece el artículo 20 de la propia Constitución, y esos límites están en los derechos reconocidos en el propio texto de la carta magna, en las leyes que la desarrollan y especialmente en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, así como la protección a la juventud y a la infancia. Es más, esos límites deben aplicarse e interpretarse restrictivamente, porque así lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, ustedes quieren derogar el enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal, pero ignoran lo que establece la propia exposición de motivos de la Ley 7/2000 que les leo: No se trata con toda evidencia deprohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, y menos aun de prohibir expresiones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como de perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como de las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al mismo tiempo que incrementan el horror de sus familiares. De eso precisamente se trata. Por eso no podemos admitir la propuesta que nos hacen ustedes, porque atenta directamente contra ladignidad de las víctimas del terrorismo, porque con su propuesta pretenden que las humillaciones a las víctimas salgan gratis y, además, que tengamos que asistir casi sonrientes a esos homenajes, que son auténticos espectáculos de envilecimiento,cuando se recibe a terroristas que salen de prisión. Estos homenajes suponen enaltecer a los condenados por terrorismo que no se han arrepentido, que no han colaborado con la justicia y que todavía no han mostrado ningún arrepentimiento, yrecordemos que hay más de 300 atentados de ETA todavía por esclarecer. Esos homenajes vuelven a victimizar a los afectados por el terrorismo; es sumar nuevo dolor al ya sufrido por ellos mismos, por sus familias o por sus amigos. Estos homenajes son un intento perverso de reescribir la historia, mostrando como héroes a quienes no son más que verdugos de casi mil inocentes. Finalmente, no vamos a consentir sus intolerables consideraciones sobre la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que ustedes están intentando de nuevo, con su propuesta, criminalizar. No vamos a aceptar ni mucho menos que pongan en duda el trabajo de quienes cada día defienden y protegen nuestros derechos y libertades, los nuestros y los suyos, los de quienes hacen esta propuesta. No vamos a permitir que con ambigüedades jurídicas quieran ustedes plantear artículos como el 536 bis o reformar el 538, ambos del Código Penal, sin ningún tipo de concreción del tipo penal. Señorías de Podemos, si Ciudadanos votó en su día en contra de la toma en consideración de su propuesta, es evidente que hoy votaremos a favor de esta enmienda a la totalidad; si lo hicimos por dignidad y por la verdadera defensa de la libertad y el respeto a los derechos de todos, lo haremos igual ahora. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López-Bas. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, señora presidenta. Frente a la máxima lampedusiana de cambiar todo para que todo siga igual, el Partido Popular opta por la tradicional de no cambiar nada para que todo siga igual. No sé, y no voy a perder tiempo con ello, cuál de las dos puede ser más efectiva, pero se agradece la claridad del Partido Popular. Al PP el ejercicio de la libertad de expresión le importa poco, como demostró sobradamente en sus años de Gobierno y en textos legales como la Ley mordaza, lamentablemente aún en vigor; lo que de verdad les preocupa es apuntalar a toda costa el régimen del 78. Queda claro que el Partido Popular está convencido de que instituciones como la monarquía o incluso el régimen político español solo podrán mantenerse, Código Penal en mano, por la vía de la coerción y la represión de la discrepancia,persiguiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Pero no hay Código Penal suficiente que sea capaz de tapar el descrédito de una monarquía anacrónica y corrupta de unos Borbones que ocuparon la Jefatura del Estado por decisión del dictadorFranco y que lo utilizaron para beneficio personal con todo tipo de fechorías e ilegalidades. No hay Código Penal que impida que crezca la reclamación de democracia y repúblicas democráticas y soberanas, como tampoco hay propaganda y marca España suficiente para ocultar que en el Estado español se persigue la libertad de expresión. Las modificaciones propuestas podrían ser más ambiciosas, pero su enmienda, la enmienda del PP, se limita a más de lo mismo: más mordaza y menos democracia. Obrigado.
Muchas gracias, señor Rego. Por el mismo grupo, tiene la palabra ahora la señora Sabanés Nadal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, presidenta. Desde Más País-Verds-Equo vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad que hoy se nos presenta, fundamentalmente porque lo que pretende es desviar la atención de las lamentables y controvertidas regulaciones mordaza que rigen en nuestro país desde el año 2015. Pero la realidad es tozuda; a pesar de que ustedes quieran desviar la atención, la realidad es tozuda. Uno, se ha restringido la libertad de manifestación y se ha actuado en contra del activismo social - ese es el efecto -. Dos, se ha reforzado la censura condenando y persiguiendo a decenas de personas, artistas, periodistas, políticos, humoristas o raperos, produciendo un claro reproche europeo por vulneración de derechos humanos y libertades. Por último, y no menos importante, se han eliminado garantías y contrapesos aumentando la discrecionalidad de los cuerpos policiales sin ningún mecanismo de control y de evaluación. Eso ha producido más de doscientas mil sanciones, de las cuales un 70 % son por desobediencia, falta de respeto a la autoridad, identificación, etcétera. Y cuando esto pasa, señorías, cuando se dan estos porcentajes y ese impacto, es que se nos ha olvidado que el principal valor a proteger es la libertad de expresión, que forma parte de los derechos humanos y los derechos de ciudadanía. Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Muchas gracias, señora Sabanés. Por el mismo grupo, y en último lugar, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
Buenos días, señora presidenta. Señorías, la enmienda a la totalidad del PP es una buena muestra de lo que es ir en dirección contraria, contraria a Europa y a los derechos. Por cierto, esto de ir en dirección contraria al sentido común y a la realidad no es patrimonio solo del PP. Como ejemplo, las aberrantes declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, número dos del Ministerio del Interior, señor Rafael Pérez Ruiz, según el cual la comisaría de la Via Laietana de Barcelona ha sido un símbolo de servicio público donde varias generaciones de policías han contribuido a fortalecer la democracia en nuestro país. Señorías, la comisaría de Via Laietana no es un símbolo de servicio público, a no ser que sea un servicio público torturar y matar,pero entonces también entraría en esta categoría el GAL. Señorías socialistas, sabemos que ustedes no vienen solo a aplaudir, votar y cobrar, y les deben haber herido esas manifestaciones, porque muchos socialistas fueron torturados ahí durante el franquismo y los oscuros años de la Transición por su militancia antifranquista, junto a catalanistas, anarquistas y militantes del PSUC. Recomendamos al señor Pérez Ruiz el libro Memòria de la resistència antifranquista, donde el periodista AntoniBatista lo explica con detalle. Recordamos que en 2017 la Comisión de Interior de esta Cámara aprobó una proposición no de ley para convertir la comisaría en un espacio de memoria histórica. Exigimos la entrega inmediata del inmueble a las administraciones catalanas para destinarlo a este fin. Volviendo a la libertad de expresión, la enmienda del PP propone limitarla para proteger la indisoluble unidad de la nación española. Debe ser un encargo del señor Lesmes, según el cual todo el ordenamiento español se basa en el principio de unidad, y no por ejemplo en el respeto a los derechos constitucionales. Pues bien, esta no es la dirección correcta. Es al revés, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la libertad de expresión debe protegerse ante la coacción del Estado como garantía de una opinión pública madura y del pluralismo político, y esto incluye, por cierto, poder quemar banderas y fotos del rey. Se ha olvidado de citar la sentencia Stern Taulats, señor Rojas. Al legislador lo que le toca es garantizar un debate público exento de intromisiones, justo lo contrario de ampliar los delitos de difamación religiosa, injurias a la Corona, a instituciones, a cuerpos y fuerzas de seguridad o la aplicación indiscriminada de los delitos de odio y enaltecimiento con la consiguiente persecución de disidentes. En esta línea están, por ejemplo, la carta de hace unos meses al señor ministro de Justicia de la señora Dunja Mijatovic, comisaría de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, y tantas otras resoluciones europeas a las que nos remitimos. Finalmente, hoy les recuerdo que hace cuatro años decenas de miles de personas pasaron la noche protegiendo los colegios catalanes de la violencia del Estado, y que el día 1 de octubre, contra todo pronóstico, votamos en un acto histórico de disidencia democrática, siendo el mayor ejercicio de libertad de expresión de los últimos tiempos en Europa. Lo hicimos, y esto lo cambió todo. ¡Visca Catalunya lliure!
Muchas gracias, señor Pagès. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. Señorías del Partido Popular, voy a ser muy breve porque este debate ya lo tuvimos el pasado mes de junio con la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos. Además, el compañero de Unidas Podemos y otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han sido muy claros y, por lo tanto, no quiero hacerme reiterativa. No nos traen nada nuevo, pero teniendo en cuenta la ideología de su partido, no nos sorprende que su enmienda a la totalidad sea solo y enexclusiva para modificar el Código Penal aumentando las penas previstas, únicamente, para el delito de terrorismo, obviando todo lo demás. Creo que esa no es la manera de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Hemos evidenciado hasta la saciedad que el Estado español coarta los derechos y las libertades a golpe de Código Penal, aplicándolo de forma activa contra medios de comunicación, contra tuiteros, contra periodistas y contra personas que se manifiestan y protestan. Esta es la realidad, el día a día en esta democracia low cost o de baja intensidad. Por ello, ya ha recibido varias condenas, como también se ha dicho aquí, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no hace falta que las vuelva a recordar, pero, sobre todo, las sentencias de 2011 y 2018. En su enmienda a la totalidad no modifican ni proponen nada para garantizar los derechos siguientes: la libertad religiosa, ya que en un supuesto Estado aconfesional no pueden primar los sentimientos de unas ciudadanas sobre otras; la crítica a la monarquía o a los jefes de Estado o de Gobierno, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la severidad con que se castiga y que califica - cito literalmente - de desproporcionada y paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión; la crítica contra los símbolos del Estado español, que precisamente el Tribunal Constitucional, que tanto defienden ustedes, ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha dejado claro que, aunque se trate de ideas que cuestionan el propio sistema, están amparadas por la libertad de expresión. Al igual que sucede con los derechos a opinar y criticar a los altos tribunales, a los Gobiernos de los distintos territorios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en tanto que como instituciones de un sistema supuestamente democrático deben estar expuestas y, por lo tanto, permitir la crítica a la ciudadanía. O, por ejemplo, la derogación de la Ley de seguridad ciudadana, y eso también va para ustedes, señorías del Partido Socialista, que a pesar de ser una ley administrativa, que no penal, las sanciones que se imponen a las manifestantes provocan un efecto desmovilizador en la ciudadanía, y así lo han denunciado numerosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. En este sentido, la mismísima comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido al Estado español que introduzca cambios legales, en relación con los delitos de injurias a la Corona, difamación e insultos a los sentimientos religiosos, al considerar que la represión por vía penal de esas conductas no responde - en palabras del convenio - a medidas necesarias en una sociedad democrática, porque generan un efecto disuasorio y obstaculizan el debate democrático que debe ser plural. Tengo que recordar de nuevo aquí, a pesar de que estamos en una Cámara parlamentaria, que el derecho comunitario - y eso debería saberse desde el minuto uno en que se entra en esta Cámara - y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de obligado cumplimiento, pero parece ser que el Estado español es ajeno a todo esto. Mientras, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, permite que se defienda el delito de exaltación de la Dictadura franquista,amparándose precisamente en el derecho a la libertad de expresión, pero también añade que el derecho de manifestación no puede ser sometido a ningún control de oportunidad política ni a juicios. Por un lado, esto lo dice el Pleno del Consejo General del Poder Judicial - que cuando interesa bien que lo defienden -, y por otro, la Abogacía del Estado pide catorce y trece años de inhabilitación respectivamente al alcalde y al teniente de alcalde de Sant Carles de la Ràpita por el 1 de octubre, superando la petición de la Fiscalía. Mañana haremos cuatro años de esa victoria que conseguimos en Cataluña. [[Aplausos]] Ya termino, presidenta. En el Estado español se puede enaltecer el franquismo, y no pasa nada, pero no se pueden hacer manifestaciones ni tampoco se pueden poner urnas para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, que no es otro que pueda ejercer la democracia. En definitiva, hemos repetido innumerables veces que la garantía de los derechos y libertades no puede hacerse mediante la reforma del Código Penal y el endurecimiento de las penas. Por todo lo expuesto, como ya podrán imaginar, nuestro voto va a ser negativo. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Telechea. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García [[Aplausos]]
Con la venia. Pensaba iniciar estas palabras manifestando mi satisfacción por poder hablar hoy desde esta tribuna sobre la libertad de expresión, y lo hago, pero quiero añadir más satisfacciones. La primera, es haber visto al señor Santiago Romero,flamante secretario de Estado del Gobierno socialcomunista, defendiendo hoy aquí que se deroguen los delitos de escarnio de la religión, de injuria al rey, de ultrajes a España y de enaltecimiento del terrorismo. Me satisface sobremanera que lo haya dicho en esta tribuna porque espero que los votantes - e incluyó a los de Podemos - recapaciten sobre su voto y, como advierte siempre el señor Rufián, vayan trasladándose a VOX. [[Aplausos]] También espero que los votantes del PartidoSocialista tomen conciencia - si falta hacía, creo que no - definitivamente de con quién están gobernando. Este es el sujeto, el partido, la persona y la ideología que gobierna en coalición con el Partido Socialista. En segundo lugar, quería decir algo relativo a una característica general de esta proposición de ley y de su motivación, objeto de enmienda a la totalidad del Partido Popular, y es que en general se dice que estos delitos que he mencionado son todos ellos constitutivos de tipos especiales y que, por lo tanto, sobran en las leyes porque hay otros tipos generales que sancionan igualmente esas conductas. Pues bien, yo les debo decir que es fariseísmo. Fariseísmo cual Caifás en el Sanedrín condenando a Jesucristo por blasfemia y rasgándose las vestiduras. ¡Fariseísmo, fariseísmo! Porque ustedes la semana pasada en una sesión delirante propusieron tipos especiales -¡tipos especiales!- para sancionar a quienes son activistasprovida que van a las clínicas abortistas, cuando hay tipos comunes como las coacciones y amenazas. [[Aplausos]] Es decir, ustedes quieren incriminar a los activistas provida y, consecuentemente, liberar el aborto de toda sanción, de cualquiernaturaleza, y que sea libérrimo, y además quieren que no sea delito en España ni injuriar al rey ni ultrajar a España ni enaltecer el terrorismo, y tampoco herir los sentimientos religiosos, que son por cierto los sentimientos de la mayoría de losespañoles. Y no me refiero a los católicos, me refiero a los cristianos no católicos, me refiero a los musulmanes, me refiero a los judíos y me refiero a cualquier profesión de fe teísta protegida por ese precepto que ustedes quieren derogar. [[Aplausos]] Que sepan que son ustedes minoría en España y en el mundo, y como son minoría con estas leyes quieren que la mayoría devenga en minoría protegiéndola, y nada más. Algo muy poco democrático, desde luego, muy poco liberal y muy poco presentable. El Grupo Podemos y en particular el Partido Comunista, sobre estos delitos que ahora pretenden derogar mediante esta proposición de ley, dicen en el texto que se ha detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución española e impropios de una democracia desarrollada. ¡Se han retratado ustedes como partido político! Ustedes son un partido político totalmente obsoleto, no ajustado a la Constitución española e impropio de una democracia desarrollada. [[Aplausos]] Y, a pesar de eso, los ha convidado a gobernar con él - y esperemos que por poco tiempo - Sánchez. Eso es así. Y añade después que esos tipos penales no tienen cabida en un sistema democrático plural. Quienno tiene cabida en un sistema democrático plural es un partido como Podemos y otros, que hoy, en tono condescendiente, señor Iñarritu, nos han regalado unas gotas de empatía con las víctimas del terrorismo. Desde aquí, le manifiesto libremente que le profesamos antipatía y que usted, desde luego, no se caracteriza por su simpatía. Nos sobra esa dosis de empatía condescendiente. [[Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia]] Voy a la cuestión de este asunto. Debo recordar que aquí, en una sesión de la semana pasada, se dijo que los diputados de VOX amenazaban - los diputados de VOX -, coaccionan, insultan y llaman asesinas a las mujeres que se acercaban a las clínicas para abortar. Injuria y calumnia, que no dio lugar a ninguna intervención de la Presidencia. Injuria y calumnia, y por lo tanto, delito amparado y protegido por la inmunidad parlamentaria de la que disfrutamos todos, recogido en el artículo 71.1 de la Constitución. Ustedes lo que quieren ahora, además de poder injuriar y calumniar ad libitum en esta Cámara porque son diputados, en lugar de ser responsables y ser perseguidos como tales autores de delitos, es que además fuera de esta Cámara, libremente y sin tasa alguna - repito una vez más - se ofendan los sentimientos religiosos de quienes profesan una fe, se ultraje a España, se injurie al jefe del Estado y se pueda enaltecer el terrorismo sin sanción penal alguna. Eso es lo que quieren ustedes. Y no nos vengan con cuentos chinos - y nunca mejor dicho -, ahora que ya la Rusia soviética está extinguida y la encabeza el señor Putin, señor Santiago Romero o Romero Santiago. Perdóneme porque no me acuerdo cómo se llama usted. [[Risas y aplausos]] Toda la motivación de la proposición de ley es una mera farfolla de sentencias citadas a la remanguillé. No es así, ya expliqué en materia de injurias al rey y de ultrajes a España lo que resultaba de la sentencia Stern y Roura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también dije lo que había dispuesto y lo que había fallado la sentencia propia del Tribunal Constitucional español. Están ustedes engañando. Es una motivación falsa, es una motivación sin fundamento intelectual. Respecto a otras cuestiones relativas a estos delitos, por ejemplo, sobre el escarnio de la religión, he de decir lo siguiente. El Tribunal Constitucional ya dijo en su auto 180/1986 que...
Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.
Pido un segundo o dos más porque los demás diputados han disfrutado de algunos segundos adicionales.
No los pierda, señor Sánchez. EL señor SÁNCHEZ GARCÍA: El carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de protección. Concluyo, señora presidente, se lo prometo. También ha dicho el Tribunal Constitucional, en su sentencia 214/1991, en el recurso de amparo promovido por doña Violeta Friedman contra Degrelle, que el honor puede justificar que se prohíban y criminalizan conductas ofensivas dirigidas contra los miembros de un colectivo. Nada más, he concluido. Gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Sánchez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Taibo Monelos.
Presidenta, señorías, de entrada es cierto algo que aquí se ha dicho y el Grupo Socialista quiere dejarlo patente. Existe un conjunto importante de recomendaciones, tanto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Mijatovic, que reclaman al Estado español la reforma del Código Penal para evitar condenas por el ejercicio de la libertad de expresión en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades, así como también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, recordemos, va acumulando y acumulando sentencias y condenas contra España en esta materia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que en una sociedad democrática, frente a la protección de la colectividad a través de sus instituciones, la libertad de expresión debe ser prevalente porque ayuda a conformar el debate político y la libre participación ciudadana. [[Aplausos]] En el ranking de Freemuse - que ya ha sido citado - sobre artistas condenados a prisión, aquel que tiene el número uno en artistas condenados a prisión no son toda una serie de dictaduras extranjeras, sino que es precisamente España. Eso,señorías, debería hacernos pensar. Un Estado miembro de la Unión Europea, que se tiene por una democracia de las más avanzadas del mundo, es a la vez el que tiene el mayor número de artistas condenados. Lo digo única y exclusivamente por aportar toda una serie de datos objetivos que invitan a España, en este caso a su Gobierno y también a esta Cámara legislativa, a revisar el Código Penal, a analizar aquellos aspectos, en este caso, relacionados con la libertad de opinión y la libertad de expresión que han quedado desfasados, que están tipificados de forma no acorde con los tiempos porque la realidad social actual ha cambiado. Ha cambiado el sentir de la opinión pública sobre determinadas infracciones y sobre determinados delitos, por tanto, hay un requerimiento que debemos atender. No se trata de un capricho, hablamos de cuestiones que requieren una especial sensibilidad, que requieren mucha prudencia, que requieren hacer caso a la doctrina jurídica, ampliar el consenso. Sería una barbaridad, de verdad, y hoy lo estamos demostrando, afrontar una reforma del Código Penal desde posiciones exclusivamente partidistas. Y esto es lo que aquí se está escuchando, cuando de lo que se trata es de acomodar ese Código Penal a una realidad que ha cambiado. Es cierto que el Código Penal debe regular los límites de la libertad de expresión, que los tiene, pero también es verdad que hay conceptos que no se corresponden con los actuales tiempos. Hay penas de privación de libertad que no deberían existir para ciertos delitos de opinión o de expresión y otras que son excesivas. También es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista no estaría de acuerdo - de hecho, no lo está, en absoluto - con las posiciones maximalistas, derogaciones o modificaciones muy sustanciales, que plantea el grupo proponente Unidas Podemos. En esta proposición de ley orgánica estamos hablando, entre otros, de la supresión del tipo del 578, es decir, del delito de enaltecimiento del terrorismo, de la humillación de las víctimas del terrorismo y ahí no nos van a encontrar. Este es un tipo, señorías, que por una sensibilidad elemental, un sentido de la prudencia, una valoración de la doctrina jurídica, debemos recuperar de la doctrina de manera serena en comisión legislativa, porque es una cuestión muy sensible que no se puede solucionar con una mera supresión, tal y como plantea esta proposición. La Constitución misma nos reclama que actualicemos a los tiempos actuales la regulación sobre derechos fundamentales y, me permito recordarlo, en su preámbulo hay una expresión muy acertada que nos recuerda que la voluntad de la Constitución debe ser la de establecer una sociedad democrática avanzada. Y si estamos avanzando en derechos y en libertades, como estamos viendo en las distintas aprobaciones que aquí se están realizando, la libertad de opinión y de expresión debe avanzar con nuevas formulaciones. No se trata de desproteger a nadie, no se trata de conceder impunidad hacia nada, ya que las instituciones, el honor de las personas o los símbolos tienen su marco general de defensa. No va a haber indefensión ni va a haber desprotección, lo que va a haber - y ya se anunciaba por el Gobierno hace varios meses - es la voluntad de abordar la reforma del Código Penal de una manera sosegada y con una mayor proporcionalidad, teniendo en cuenta la realidad actual de los actuales tiempos. En ese caso, sí que hay que medir estos riesgos reales, los riesgos que entrañan posible gravedad de actuaciones. Muchas de ellas tendrían que ser penas civiles, penales administrativas o multa penal, pero no de privación de libertad. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como anunciamos en la toma en consideración, estamos dispuestos a abrir ese debate, a la revisión del Código Penal y, por eso, vamos a apoyar, en su momento, la proposición y vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad planteada por el Partido Popular. Y lo vamos a hacer desde tres premisas. En primer lugar, hay que hacerlo desde el consenso. Hoy le pido al Partido Popular y a su portavoz - aunque los hechos no le preceden de manera favorable por esta enmienda, pero sí me ha parecido entenderlo en el tono de su intervención y su debate - que vayan con un talante más constructivo a participar en este debate, para poder conseguir acuerdos y consensos para la reforma del Código Penal. Es muy importante que la reforma del Código Penal concite un gran consenso en los partidos democráticos de esta Cámara. En segundo lugar, es necesario que haya un diálogo con la sociedad. La modificación del Código Penal en este volumen de artículos y en estas materias tan sensibles requiere de un diálogo permanente y hacer mucha pedagogía en el debate parlamentario. En tercer lugar, como ya he dicho repetidamente, se debe atender a la jurisprudencia y a la doctrina jurídica. Lo que no pueden ni deben ustedes hacer, señorías del Partido Popular, es anclarse en el inmovilismo y plantear una enmienda para que todo siga igual o, es más, para gravar con más penas privativas de libertad hechos punibles que deben de tener otro encaje jurídico, otra modulación. Esa es nuestra disposición al diálogo y al consenso al que les invita, con su mejor talante, este Grupo Parlamentario Socialista. Termino con una frase de Voltaire que entiendo que todos deberíamos hacer nuestra en esta Cámara: 'No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo'. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Taibo. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés. A esta proposición de reforma del Reglamento se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor NavarroLópez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy hablamos de intervencionismo o de libertad, hoy de lo que hablamos es de afrontar la reforma del Reglamento en lo relacionado con los grupos de interés, con los grupos de presión, con dos propuestas distintas: la que hace el Grupo Socialista y la que hace el Grupo Popular, pero fundamentalmente con una diferencia muy importante, un procedimiento sancionador absolutamente discrecional que propone el Grupo Socialista. Hoy hablamos en este debate de fiscalización previa,de control del Gobierno a la oposición o de transparencia. Hoy hablamos mucho más que de regular los grupos de presión, porque lo que el Partido Socialista quiere es reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados no solamente sin consenso,sino sin haberlo siquiera intentado. Pretende que todos los diputados, sea cual sea su responsabilidad, nos sometamos al control - repito - discrecional y subjetivo de la Mesa, mientras el que debe ser controlado, el Gobierno, sigue sin control. Y lo pretende con un régimen disciplinario que desde la óptica del Grupo Popular es abiertamente inconstitucional como luego veremos. Por eso, el Grupo Popular presenta hoy una alternativa, como ya hiciera desde el Gobierno, apostando por la transparencia, la libertad y - si me lo permiten sus señorías - respetando la autonomía del trabajo de todos y cada uno de nosotros día a día. Una reforma del Reglamento, de las reglas del debate y del trabajo parlamentario debe contar con el consenso de una gran mayoría; conscientes de que a esta propuesta le queda una larga tramitación, el espíritu de nuestro grupo será abierto,será escuchar, será consensuar. Estas son palabras del señor Navalpotro en defensa de la toma en consideración de este proyecto, del Grupo Socialista por lo tanto, en el mes de mayo. El Grupo Socialista pretende reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados y al menos, señor Navalpotro, al Grupo Popular - al grupo mayoritario de la oposición - no se han dirigido. Esto es una realidad, en contra de lo que usted dijo. En cuatro meses no han tenido tiempo de llamar al Grupo Popular. Lo deseable, evidentemente, es la unanimidad, lo obvio es que requiere de mayoría absoluta. La realidad, lo objetivo es que el Grupo Socialista no ha tenido tiempo para ponerse en contacto en una reforma de tanto calado con el Grupo Popular. Su objetivo es impulsar la agenda reformista del Gobierno, dijo también. Miren, a la vez que esta propuesta el Gobierno, el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública inició una consulta previa para poner en marcha el mismo proyecto que obligará al Gobierno a mantener una relación abierta con los grupos de presión. Pues bien, cuatro meses después, absolutamente nada de nada. Pero es que, señores del Partido Socialista, según el plan de Gobierno abierto de España, según el plan de Gobierno abierto de su Gobierno, la propuesta que obliga - al que pretenden obligarnos a nosotros en el Congreso de los Diputados - al Gobierno se retrasa a diciembre de 2022. [[Muestra un documento]] Ustedes en cuatro meses nos pretenden obligar a todos a decir con quién nos reunimos, de qué hablamos y con qué objetivo. Y a la vez en el Gobierno lo llevan, como pronto, a diciembre de 2022. El Grupo Socialista, por lo tanto, propone que los que tenemos que controlar seamos controlados, y aquellos que deberían estar controlados por este Congreso siga siendo el Gobierno menos transparente de la historia. Entenderán que, además en manos de una Mesa que ya ha demostrado su parcialidad - cuando no discrecionalidad - en algunas de sus decisiones - les recuerdo que hay dos recursos de amparo admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, instalados por el Grupo Popular -, nos preocupa evidentemente el régimen disciplinario que proponen. Les voy a poner un ejemplo. Ayer se aprobó una enmienda que dejó fuera al plátano de Canarias de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Si un diputado de la oposición se reúne con Asaja en Canarias y Asaja no está inscrita en el registro que propone el Partido Socialista, el diputado será sancionado. Pero es que, nos van a explicar cómo, la Mesa sancionará también a Asaja. Con su propuesta un grupo de interés de una provincia, si no cumple con lo que dice el Reglamento,puede ser sancionado. ¿Nos puede explicar alguien cómo la Mesa del Congreso de los Diputados puede sancionar a un tercero que está al margen del mandato constitucional, que está al margen del mandato parlamentario? ¿Nos puede explicar alguien cómo pretende el Partido Socialista sancionar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o a una colectividad de cualquier tipo que venga a exponernos a los diputados un problema, si no cumple absolutamente con todo lo que dice el Reglamento? Porque esto es lo que dice su propuesta, señores del Partido Socialista, esto es lo que dice su propuesta, señores del Gobierno. Miren, el Gobierno menos transparente de la historia, el que el otro día trajo a seis ministros de veintidós, el que no nos cuenta de qué habla en la mesa mal llamada del diálogo con Cataluña, el que lleva tres años sin atreverse a hacer un debate del estado de lanación, el que sale corriendo ayer cuando le preguntan, el Gobierno que ha traído al líder del Frente Polisario, acusado de genocidio y de violación, con una identidad falsa y no sabemos cuántos ministros hay implicados, el Gobierno que tiene a sufiscal general manchada, porque hay un juez que dice que cobra nueve millones de euros por coordinarse con ella, o hablando de grupos de presión, el Gobierno que ha tenido durante varios años a Iván Redondo en La Moncloa facturando un 324 % más, sinque sepamos con quién se reúne, ese Gobierno pretende que no solamente nosotros, sino todos los diputados le digamos con quién nos reunimos y de qué hablamos y que entreguemos toda la documentación. Aquí está el secretario de Estado de Relaciones Con las Cortes, y estamos convencidos de que cuando vea de qué habla el Grupo Parlamentario Popular con un colectivo y lo tengamos que inscribir, no utilizará esa información absolutamente para nada, y no se la pasará a ningún ministerio, total y absolutamente convencidos. Señores del PSOE, corren para controlar a los que tenemos que controlar al Gobierno, y en cambio evitan que el Gobierno sea controlado. Por eso, hemos propuesto una alternativa; una alternativa - señor Navalpotro, usted coincidirá - que recoge lo fundamental: habla de la transparencia en la relación y en el legítimo uso de la influencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Nuestro texto alternativo recoge la transparencia y la calidad democrática en el procedimiento; hablamos de un registro, exactamente igual que ustedes; reconocemos la labor sistémica de los grupos de interés en el régimen constitucional; hablamos de la huella legislativa; proponemos también una memoria de huella legislativa que acompañe a todo texto normativo, pero después, señores del Partido Socialista, cuando acabe el procedimiento, no antes. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista propone - lo deben saber todas sus señorías - es que cuando registremos cualquier iniciativa estemos obligados a decir si nos la ha trasladado un grupo de presión. Cuando Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco o cualquier otro partido registren una iniciativa, tendrán que decir quién les ha dado la idea, y eso, convendrán conmigo, se carga porlo menos diez artículos de la Constitución española. No podemos dejar la potestad sancionadora, porque lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, en manos de una Mesa que ya nos ha demostrado que no siempre, no siempre es todo lo objetiva que debiera. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad, que - repito - garantiza la transparencia en nuestra relación con la sociedad civil organizada, con la legitimidad, señores del PSOE, de haber aprobado en 2013 la primera Ley de Transparencia de nuestro país, con la legitimidad de haber puesto en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ese al que el señor Sánchez no hace caso seis de cada diez veces, con la legitimidad de haberlo intentado ya en 2014 con una propuesta de resolución en el debate del estado de la nación, este debate tan importante que se hacía antes, cuando no gobernaban ustedes, y que no cristalizó exclusivamente porque el Grupo Parlamentario Socialista no quiso. Apostamos Por el registro obligatorio y por la huella legislativa; apostamos, en definitiva, por una alternativa garantista que no ponga en manos de la Mesa - creo que esto es muy importante, señores de la izquierda -, en manos de la Mesa ser sancionados; de cualquier Mesa, señores del Partido Socialista, porque supongo que entenderán que tarde o temprano - estamos seguros de que más temprano que tarde - cambiará, evidentemente, la representatividad de la Mesa. Lo que hoy votamos, en definitiva, es que estamos de acuerdo en reconocer la labor sistémica y constitucional de los grupos de interés, pero hacerlo sin un régimen sancionador, que evidentemente nos condenaría a todos, y además con otros añadidos. Les pongo otros ejemplos: si ustedes se reúnen con un medio de comunicación y este les expone algo que influya en el proceso legislativo, estarán obligados a darlo de alta en el registro; si una asociación de consumidores les hace llegar un informe, estarán obligados a hacerlo. Esto es algo a lo que la Unión Europea nos obliga - estamos de acuerdo -, pero nos obliga sin un régimen sancionador, señores del Partido Socialista. Cuando la mayoría de la doctrina de lo que habla es de la dicotomía entre regular el sujeto o la acción de la influencia, el Partido Socialista pretende coartar nuestra labor relacional con la social civil organizada, bajo una amenaza coercitiva y punitiva; algo que desde luego el Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar; algo que ataca el principio de representatividad, la libertad de asociación y la participación de todos los ciudadanos en la vida política, consagrada en el artículo 9.2 de la Constitución; algo, señor Navalpotro y señores del PSOE, que hasta el Partido Socialista en el Gobierno reconoce. Esto es la nota resumen de la consulta previa pública sobre el anteproyecto de ley de transparencia del Gobierno [[muestra un documento]], y en esta nota pública - que usted evidentemente habrá leído - se recomienda un órgano de control independiente; el último punto de todos. El Gobierno quiere para controlar un órgano de control independiente. ¿Cuál es el órgano de control independiente de la agenda de los diputados aquí, señor Navalpotro y señores del Partido Socialista? ¿La Mesa? ¿La Presidencia es el órgano independiente? Si el Gobierno lo reconoce para sí, nosotros evidentemente queremos exactamente lo mismo. Pero, además, a este discrecional régimen disciplinario se le incluye una propuesta contraria a la Ley del Alto Cargo de la Administración General del Estado. El ministro de Justicia puede volver a su puesto de trabajo pasados dos años, el ministro de Justicia o cualquier ministro, según la Ley del Alto Cargo; según la propuesta del Grupo Socialista, cualquiera de nosotros tenemos que tardar cuatro años en volver, si queremos dedicarnos a las relaciones institucionales o si somos abogados y representamos - sí, señor secretario de Estado - a un determinado colectivo. El ministro Duque puede pasar, cesantía mediante, tras dos años, a una empresa del sector aeroespacial que haya recibido subvenciones de su departamento, pero un diputado que es vocal de la Comisión no legislativa, por ejemplo, de Seguridad Vial o Calidad Democrática, no puede volver a ejercer como abogado y representar a un colectivo que quiere influir en una ley hasta pasados cuatro años, evidentemente si cesantía. Esto es lo que está proponiendo el Grupo Socialista. Por cierto, señores del PSOE, tanto que hablan de transparencia, ¿quién les ha propuesto esto? Porque los que nos dedicamos a esto lo sabemos todos, pero estaría muy bien que le contaran a la Cámara quién les ha propuesto esto. Eso sin entrar a valorar - el señor secretario de Estado de Agenda 2030 no está - que no hablan del lobby inverso o de la puerta giratoria inversa. El señor secretario de Estado para la Agenda 2030 era el abogado de las FARC, y casualmente ahora las FARC han recibido quinientos mil euros para que excombatientes sean rehabilitados. [[Rumores]] ¿Qué pasa con la puerta giratoria inversa? ¿Por qué los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pueden legislar en materia de vivienda y no tienen que esperar cuatro años? En cambio, lo que el Partido Socialista nos dice es que todos los demás - en la dicotomía tradicional de la izquierda: lobby bueno, lobby malo - tenemos que estar cuatro años fuera de la actividad profesional. Termino, señora presidenta, con la última apelación a todas y cada una de sus señorías para que nosotros defendamos nuestra labor relacionada con la sociedad civil. Si nosotros no defendemos nuestro trabajo de relación y de correa de transmisión con la sociedad civil organizada, no habrá nadie que lo haga.
Señor Navarro, tiene usted que terminar.
Apoyen la propuesta del Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Navarro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La necesidad de abordar una regulación de la actividad de los denominados grupos de interés nace, tanto del vacío normativo existente como del indudable protagonismo que ha ido adquiriendo en los últimos años, en el proceso de toma de decisiones parlamentarias. Por tanto, en la medida en que avancemos en el establecimiento de garantías, de una mayor transparencia y publicidad en el desarrollo de nuestra labor parlamentaria, y fortalezcamos los instrumentos que pueden permitirnos luchar más eficazmente contra la corrupción, pues bienvenidos sean, a pesar de las imperfecciones de sus iniciativas en ese sentido. Además, acogemos así la recomendación que formuló ya en 2018 el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, el famoso Grupo Greco, sugiriendo a los parlamentos nacionales que aplican medidas que favorecieron la transparencia en las relaciones entre sus integrantes y estos grupos de interés. Por tanto, debatimos hoy una enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Popular que, si bien contiene algunos elementos positivos, a nosotros nos parece un texto que se queda corto y que resulta insuficiente en otros puntos, perdiendo la oportunidad, creemos, de mejorar de forma integral el texto original socialista. En primer lugar, en términos de técnica legislativa, señorías, en cuanto a su ubicación sistemática, nos parece más correcto configurar esta regulación de los grupos de interés como un título propio dentro del Reglamento de la Cámara, ya que regula una materia que entendemos que tiene suficiente entidad y especificidad para ello, frente a la opción del texto alternativo que han presentado ustedes, que añade un nuevo capítulo noveno, dentro del Título IV, y que se refiere a las disposiciones generales de funcionamiento. Entendemos que regular a través de un título propio tiene todo el sentido en estos momentos. El concepto clave de grupo de interés parece redactado de una forma un tanto incoherente en su texto. El artículo 107 bis, párrafo segundo, lo define como aquella persona física o jurídica que lleva a cabo de manera organizada acciones para influir en el Poder Legislativo, en defensa de los intereses comunes de sus miembros. Creo que esto no se entiende, porque, ¿cómo una persona física puede actuar en defensa de intereses comunes de sus miembros? Creo que esto no está muy claro. Este concepto de grupo de interés creemos que no soluciona el problema de excluir de la obligación de registro a aquellas entidades que, con un tamaño y ámbito de actuación muy limitado, únicamente entran en contacto con el ámbito parlamentario de forma esporádica, y para interesarse de manera puntual por un tema muy concreto. ¿O es que queremos dar trato de lobby, con todas las obligaciones que ello comportaría y todas las cortapisas que supone para trasladar a esta Cámara y a sus miembros sus inquietudes, por ejemplo, a una asociación de vecinos de un pequeño pueblo que trata del desdoble de una carretera nacional que atraviesa la población? Creo que no tiene nada que ver. Por tanto, entendemos que tiene que haber diferenciación entre estos grupos de interés. En su texto también hay un tratamiento ambiguo de lo que ustedes denominan representantes de los grupos de interés. Nos dice el artículo 107 bis.1, en su párrafo primero, que en el registro deben inscribirse los representantes de los grupos de interés que mantengan encuentros con los diputados. El texto del Grupo Parlamentario Socialista - ya tomado en consideración - diferenciaba claramente dos figuras, incluyendo ambas en el ámbito de la aplicación de la norma: el grupo de interés en sí y los representantes de los grupos de interés, que son los que realizan la actividad de influenza en nombre de otros, mediante contraprestación o sin ella: las famosas empresas de representación institucional o de asuntos públicos. En Definitiva, señorías, su texto se refiere únicamente al representante de grupo de interés, esto es, al que por disposición legal o de su normativa interna tiene atribuidas facultades de representación del propio grupo, pero omite - no sé si deliberadamente, dada la abrumadora presencia de ex políticos de todo signo en ellas - la referencia a las consultoras de asuntos públicos. No contempla su texto la necesaria excepción a la obligación de inscripción en el registro de grupos de interés de aquellas organizaciones sociales a las que la propia Constitución reconoce un papel clave de interlocución social: los partidos políticos - en el caso de que no tuvieran representación parlamentaria -, sindicatos, organizaciones empresariales más representativas o, por ejemplo, las administraciones que conforman la organización territorial del Estado. ¿O pretendemos dar también trato de grupo de interés al alcalde de un pequeño municipio que traslada a los diputados una determinada problemática de su población? Sin duda, hay elementos interesantes en su texto, y también se los voy a decir. Nos parece bien que la obligación de comunicar al registro las reuniones o trasladar la documentación aportada sea una carga del sujeto que esté inscrito en el registro, en el grupo de interés, y no del propio diputado, que creo que ya hacemos bastantes cosas en este Congreso de los Diputados todas las señorías. También nos parece bien la simplificación que proponen del régimen sancionador, que es absolutamente farragoso en el texto del Grupo Parlamentario Socialista, y que creo que claramente hay que corregir vía enmiendas. En definitiva, su texto, señorías, si bien puede contener aportaciones valiosas - así las juzgamos - que hay que tener en cuenta, y creo que en el trámite de enmiendas parciales así lo haremos, en esta consideración de enmienda de totalidad nuestro grupo parlamentario no puede votar favorablemente a su proposición. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gutiérrez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Muchas gracias, señora Guille. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Obrigado, señora presidenta. Esto va de democracia y de transparencia. Fíjense, mañana se reunirán en la Illa da Toxa el presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno gallego, Núñez Feijóo, con empresarios, entre ellos el presidente de Iberdrola o el presidente de Abanca. No sabemos si van a comunicar los resultados de ese encuentro con transparencia, no sabemos si van a hablar de bajar el precio de la factura eléctrica o de cesar esa política de recortes de servicios bancarios, especialmente con la eliminación de oficinas en el medio rural. Lo que sí sabemos es que la Delegación del Gobierno en Galiza prohibió una concentración convocada por la Confederación Intersindical Galega para protestar por las frecuentes y habituales recetas neoliberales de ese foro. Por si alguien no lo sabe, la Confederación Intersindical Galega es el principal sindicato en Galiza. Y ayer mismo la Guardia Civil agredía a personas que participaban en una concentración convocada por la Mesa Por la Normalización Lingüística, legal, comunicada, autorizada, que defendía la legalidad lingüística, defendía que esa illa se llama A Toxa y no La Toja, A Toxa, así es como se llama popular y legalmente. Por lo tanto, señoras y señores del Gobierno, deberían cambiar de rumbo y de criterios. Es lamentable que se ponga la alfombra a manifestaciones de nazis españoles por Madrid, con proclamas racistas y homófobas, y que se prohíban concentraciones de trabajadores y trabajadoras gallegas para protestar frente a un aquelarre neoliberal. En relación con la materia que nos trae aquí, el Bloque Nacionalista Galego defiende lógicamente la trasparencia en la gestión pública, pero también que ésta debe estar para servir a los intereses de las mayorías sociales. Por eso rechazamos todo tipo de injerencia y de presión de los intereses económicos sobre los poderes públicos. Ahora bien, dudamos de que realmente esta norma sirva para acabar con esas presiones, que sirva para poner fin a la presión de los poderes económicos legalizar precisamente la figura del lobista profesional, especialmente en un Estado en el que algunos de los principales lobbistas son ex ministros, ex diputados y ex altos cargos de los políticos del bipartidismo tradicional, especialmente también porque los grandes poderes económicos tienen otros medios e interlocutores, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nunca se preocuparon de regular esa situación para prohibir, por ejemplo, las puertas giratorias. Todo lo contrario, se beneficiaron ampliamente con la participación en consejos de administración de grandes empresas de exministros y expresidentes del Gobierno. Y la propuesta del Partido Popular no modifica nada de esto, y no modifica uno de los aspectos que nos parece más preocupante, porque entendemos que atenta directamente contra la democracia, y es tratar por igual a plataformas sociales y a grandes empresas. Por ejemplo, es dar el mismo trato por ejemplo a una asociación de vecinos que a Repsol o Iberdrola; es considerar que una plataforma social tiene que registrarse para poder reunirse con diputados y diputadas. Miren, no sé con quién se reúnen ustedes, el Bloque Nacionalista Galego se reúne habitualmente conplataformas, con entidades y con organizaciones sociales que tienen entre sus objetivos mirar por el interés general y por el bien común, y es injusto y antidemocrático que se les dé el mismo trato. Esto atenta directamente contra la labor parlamentaria y contra la democracia y, por lo tanto, pedimos al PSOE y al PP que modifiquen este aspecto porque, como digo, es claramente antidemocrático. Por lo tanto, creemos que hay mucho que hacer. No vamos a votar a favor de la enmienda del Partido Popular porque, como digo, no resuelve aspectos que nos parecen fundamentales, pero sí presentaremos enmiendas para corregir estos aspectos claramente lesivos, que creemos que deben ser modificados en el trámite de enmiendas. Esperamos que esto suceda realmente, que exista la sensibilidad suficiente como para aceptar esas propuestas porque, insisto, transparencia, sí, pero democracia, también. Obrigado.
Gracias, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Bustamante Martín. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy en día se habla del poder de ciertos grupos económicos, de los lobbies sobre los Gobiernos como, por ejemplo, el Ibex 35 en España, e incluso se utilizan términos como 'lobbycracia' para referirse a la influencia de estos grupos económicos en los centros de decisión política como Washington, Bruselas o Madrid. Hubo un caso paradigmático de corrupción política, donde Jack Abramoff, lobista con buenas conexiones en el Capitolio, fue condenado a prisión por sobornos a legisladores, a los que ofrecía viajes, acceso a eventos deportivos de lujo o empleos a cambio de influencia política. Otro de los escándalos más famosos fue el de Randy 'Duke', que recibió importantes sobornos de la industria militar a cambio de contratos gubernamentales. Y por ser comisionista, que es precisamente uno de los posibles cuatro delitos, es por lo que la fiscalía investiga a Juan Carlos I, que anda, como bien sabemos, escondido con su fortuna y viviendo a cuerpo de rey en Abu Dabi. Para tratar de evitar estos malos ejemplos, nuestro grupo parlamentario votó a favor de la propuesta del Partido Socialista para regular la acción de los grupos de interés, una reforma del Reglamento del Congreso, en el Pleno del 25 de mayo. Es una propuesta que tiene elementos comunes con la que ya presentó en la XII Legislatura el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Estamos de acuerdo en cuestiones como la necesidad de definir los grupos de interés, un registro público de la actividad de los grupos de interés, una oficina de conflictos de intereses o una huella parlamentaria que haga seguimiento durante el trámite parlamentario a las distintas modificaciones o a los distintos posicionamientos de los grupos parlamentarios, una reforma positiva y urgente que refuerce medidas de transparencia, porque nosotros queremos un Congreso con paredes de cristal, donde los poderes económicos que no se presentan a las elecciones no puedan determinar las posiciones políticas de los representantes de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de una reforma que nos permitiría situarnos al nivel de otros países más avanzados en esta cuestión, si bien hay un elemento que nos preocupa, que es la delgada línea roja que algunos grupos establecen entre participar democráticamente como sociedad organizada y ejercer tráfico de influencias. Tiene que existir una clara distinción, como se ha dicho en intervenciones anteriores, entre la actividad, por un lado, de grupos económicos, de empresas privadas con intereses, de despachos de abogados y, por otro, la actividad de organizaciones como sindicatos, ONG, plataformas, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro, que se mueven por el interés de construir un país mejor con derechos, y no por intereses económicos. Por tanto, entendemos que la enmienda a la totalidad que plantea el Grupo Popular incide en las trabas a la participación ciudadana, y no aporta mejoras en la regulación a los lobbies sobre la propuesta inicial, ya que flexibiliza la acción de los lobbies en el Congreso e impone que las organizaciones de la sociedad civil estén sujetas a este mismo régimen reglamentario, a pesar de no tener ánimo de lucro y a pesar de tener plenamente reconocidos sus derechos a la participación en los asuntos públicos del país. Por eso vamos a rechazar la enmienda a la totalidad del Partido Popular. No podemos meter en el mismo saco a colectivos que defienden derechos, como, por ejemplo, hoy ha hecho Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna respecto a un derecho constitucional reconocido en el artículo 47, con fondos de inversión, por ejemplo, que vienen especulando y haciendo negocio con este derecho. Otro caso a combatir es el mercado de las eléctricas, diseñado con reglas que favorecen al oligopolio, constituido por las pocas y grandes empresas que dominan el sector, fundamentalmente Iberdrola, Naturgas y Endesa. ¿Saben cuántos altos cargos públicos han ocupado consejos de administración de las eléctricas? Sesenta y dos presidentes, ministros o secretarios de Estado: treinta y seis del PP y veintiséis del Partido Socialista, quienes pasaron de privatizar las empresas públicas del sector o diseñar las normas del actual mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios, como Felipe González, José María Aznar y todos los grandes timoneles de la economía española, Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Rodrigo Rato yElena Salgado. En conclusión, rechazamos el texto del Partido Popular y entendemos que las propuestas que recoge la proposición pueden y deben ser mejorables durante la tramitación. Estamos a disposición de construir una reforma que sea contundente y sólida que garantice la apertura de esta Cámara a la ciudadanía - porque para nosotros democracia no es votar cada cuatro años, sino que los colectivos sociales, los ciudadanos y ciudadanas, puedan participar en la toma de decisión política -, fomenta la participación ciudadana y regule e impida la acción de los lobbies y los poderes económicos en la toma de decisiones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Bustamante. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
Muchas gracias, señora presidenta. En la sesión plenaria del pasado 25 de mayo tuve ocasión, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, de expresar las razones de nuestra oposición a la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Reglamento para la regulación de los grupos de interés presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Dije con carácter previo, para que quedara suficientemente clara cuál era nuestra posición general de principio, que este grupo parlamentario siempre estará a favor de cualquier iniciativa que se presente con solvencia jurídica manifiesta para reforzar el valor, el principio y los procedimientos de la transparencia, como lo estará siempre también a través de cualquier otro instrumento que permita reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, señalé que el texto de la proposición original presentada por el Grupo Socialista adolece manifiestamente de unos gravísimos enfoques de principio, que, desde nuestro punto de vista, la hacían inviable para el fin que decía perseguir. Carecía de un marco regulatorio general sobre el cual poder establecer la referencia a los procedimientos y conceptos que luego querían traerse a colación, con la especialidad propia de nuestra institución, con la vida parlamentaria. Así lo reconocía la propia exposición de motivos del texto y así lo había reconocido también el Grupo Parlamentario Socialista cuando en sesión del 23 de febrero de la Comisión Constitucional propuso, y fue aprobada, una proposición no de ley en la que se urgía al Gobierno a regular en nuestro ordenamiento la figura de los lobbies para poder hacer transparente su incidencia en la vida política. Señaló, igualmente, que la regulación propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista tenía un desenfoque fundamental en el ámbito ya del derecho parlamentario, puesto que ignoraba la realidad bicameral de nuestro modelo, de manera que pretendía introducir una reforma en el Reglamento del Congreso, prescindiendo por completo del Senado y abocando a este a que no hiciera nada, a que hiciera lo mismo por puro seguidismo o a que pudiera concebir otro tipo de regulación, cuando el soporte jurídico en derecho parlamentario propio de una regulación de esta naturaleza lo es, sin lugar a dudas, en el ámbito de las Cortes Generales. Claro que para eso existe un problema, un problema ya muy dilatado en el tiempo, el incumplimientode un expreso mandato constitucional, en virtud del cual debe existir - y no existe, no ha sido promulgado - un reglamento de Cortes Generales, y parece que cuarenta y tres años ya transcurridos es tiempo suficiente para poderlo haber hecho. El procedimiento, los conceptos y las inspiraciones que presentaba la proposición original del Grupo Parlamentario Socialista eran farragosos y, sin lugar a dudas, complicados, introducían un debilitamiento manifiesto de la función de representación, que es la esencial del trabajo de los representantes de la soberanía nacional. ¿Trataba por igual a pequeñas asociaciones vecinales y a las grandes corporaciones de derecho público? No, no las trataba por igual, porque en una disposición final expresa excluía de ese procedimiento farragoso y de todas las obligaciones que se establecen para la interlocución entre la sociedad civil y los representantes de esa misma sociedad en esta Cámara a las grandes corporaciones de derecho público y de derecho privado, a los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. Asimismo, que nos parecía que era una regulación además tramposa, puesto que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pretendía introducir una modificación sustancial del régimen de obligaciones y deberes de los diputados, más allá de la cuestión concreta que pretendía regular, estableciendo además un procedimiento sancionador absolutamente bananero, en virtud del cual cualquier diputado podrá denunciar a otro, la Mesa de una Comisión podría denunciar a un diputado, la Mesa de la Cámara podía denunciar a un diputado y, en el colmo del despropósito, hasta el secretario general, alto funcionario de esta casa, podía denunciar también a un diputado; un régimen absolutamente bananero y kafkiano que lo único que iba a introducir serían graves disfuncionalidades en la convivencia interna de esta Cámara. Por último, nos parecía que era también profundamente inconstitucional en potencia porque todo ese régimen de sanción y denuncia generalizada, al final, señorías, se tenía que diluir en decisiones de la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que se concebía como una especie de tribunal de honor, tribunal de honor que está expresamente prohibido, como sus señorías saben, en nuestra Constitución. En definitiva, hoy tenemos el texto alternativo y de sustitución presentado por el Grupo Parlamentario Popular, que es sensiblemente mejor que el inmenso bodrio jurídico de la proposición original, porque sobre el texto alternativo presentado por el Grupo Parlamentario Popular podemos construir con sentido y con rigor jurídico, podemos habitar, podemos perfeccionar. Sobre el texto original del Grupo Parlamentario Socialista básicamente solo se puede meter la tijera, porque,como bien se ha recordado en esta tribuna, lo que se pretende no es perfeccionar y dar transparencia a la comunicación entre sociedad civil y diputados, sino un efecto de control absoluto sobre la actividad de los diputados. ¿Por parte de quién? Por parte del poder dominante. En definitiva, señorías, si se pretende hacer agitación, demagogia, sectarismo y propaganda, ya nos vale el texto de la proposición original. Si se pretende construir con rigor jurídico y al servicio del interés general, es mucho mejor el texto alternativo. Por eso, votaremos a favor. [[Aplausos de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señor Gil. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navalpotro Gómez.
Buenas tardes. El Grupo Popular desempolva hoy una propuesta que ya trajo a esta Cámara en 2017. Sea por desidia, por falta de ideas - es evidente que no es su caso - o más probablemente por falta de ambición, ustedes nos traen una iniciativa prácticamente calcada de la que ya presentaron hace cinco años. Ustedes saben que hay un vacío en la regulación de los grupos de interés en esta Cámara, pero optan por cubrir ese vacío con una propuesta de mínimos, frente a la nuestra, que trajimos hace pocos meses, mucho más ambiciosa y mucho más completa. Por eso, tenemos la sensación de que esta enmienda es un intento de diluir nuestra iniciativa para reformar el Reglamento. En cualquier caso, como se visualizó en la posición que mostraron casi todos los grupos durante el debate celebrado el pasado junio, coincidimos en la necesidad de aprobar una reforma para regular la relación del Parlamento con los grupos de interés. Nosotros, como ya anunciamos cuando se votó en consideración nuestra propuesta, no estamos en contra del ejercicio de actividad de influencia, ya que estos grupos juegan un papel fundamental en sociedades complejas como la nuestra al articular criterios e intereses distintos. Es nuestra obligación escuchar y valorar las propuestas de los que se van a ver afectados por nuestras decisiones. Pero, de la misma manera, también es nuestra obligación que esta relación se establezca en términos de transparencia e igualdad de condiciones para todos. No dudamos, por lo tanto, de la necesidad de la reforma, pero sí del alcance y la ambición de la propuesta que nos trae hoy su partido. Por eso, nosotros seguimos apostando por nuestra iniciativa frente a su enmienda. A nuestro juicio, es una propuesta mejor y afronta muchos más aspectos. Ustedes prácticamente se limitan a la creación de un registro de grupos de interés, la mínima condición necesaria para una reforma de esta índole, pero no van mucho más allá. Nosotros, sin embargo, abordamos la relación entre esta Cámara y los lobbies de forma más integral, puesto que se obliga más a los grupos de interés y a los parlamentarios. Ustedes, por ejemplo, no distinguen entre grupos de interés y representantes de grupos de interés, no definen en qué consiste la actividad de influencia, no recogen la obligación de informar sobre el carácter remunerado o no de la representación de los grupos de interés y son mucho menos concretos que nosotros al definir la huella legislativa o la transparencia de las reuniones de los miembros de la Cámara con los grupos de interés y sus representantes. Ha mencionado en su intervención la posibilidad de que la Mesa sancione a los grupos de interés, pero en su propuesta también recogen esa sanción. Leo, literalmente: 'La infracción de cualquiera de los puntos anteriores supondrá la cancelación de suscripción en el registro y la prohibición de acceso a la Cámara durante el periodo que decida la Mesa, dependiendo de la gravedad de la misma'. En definitiva, ustedes lo recogen, aunque no definen ni gradúan las infracciones ni las sanciones. Asimismo, nuestra iniciativa deja claro quién inicia este procedimiento, quien lo instruye y qué plazos tiene dicha instrucción. ¿Puede ser farragoso? Puede serlo, pero recoge y explicita un régimen de sanciones que ustedes eluden. De la misma manera, tampoco explicitan un procedimiento sancionador para las infracciones que cometan los parlamentarios, y creo que aquí reside una de las principales diferencias. Pensemos, por ejemplo, en el Grupo Parlamentario VOX, el grupo que se opone claramente a esta reforma; pensemos en su negativa a desvelar datos en la declaración de bienes, actividades o intereses económicos. No cumplen la norma. ¿Y qué les pasa? Ahora nada, pero con su propuesta tampoco les pasaría nada. Por eso, la ha alabado en su intervención el representante de VOX. Nuestro papel de legisladores nos compromete a buscar acuerdos y consensos para hacer aumentar leyes que regulan casi todos los aspectos de la realidad de la sociedad de nuestro país, a la que representamos, y así qué menos que trabajar para actualizar y mejorar la norma que regula nuestra actividad parlamentaria. Si muchas de nuestras normas prevén sanciones ante infracciones de la ciudadanía, debemos asumir que, cuando los parlamentarios incurren en incumplimientos de la nuestra - en este caso el Reglamento del Congreso - tipificados como infracciones, no pueden quedar impunes, somos los primeros que debemos cumplir con nuestros deberes. Pues bien, con su enmienda, si un diputado o un grupo incumplieran lo señalado en esta reforma, no tendría ninguna consecuencia. Por último, nuestra propuesta también introducía, con la intención de evitar el conflicto de intereses entre el ejercicio de la actividad parlamentaria y el posterior de la actividad de influencia, un código de conducta que limitase que los miembros de las Cortes pudiéramos representar a los grupos de interés durante un periodo de tiempo desde que se deja el cargo. En definitiva, su propuesta es cierto que supone un paso adelante, pero obliga a muy poco. Por eso, preferimos que sea nuestro texto el punto de partida en el debate que se avecina, y sobre esta nos mostramos abiertos a debatir, valorar y consensuar acuerdos durante el trámite de la Comisión, y me comprometo a llamarle y hablar con usted, señoría, pero, a la vez, valoramos su compromiso para llegar a un acuerdo y regular por primera vez la relación entre esta Cámara y los grupos de interés, una reforma que solo se puede aprobar con el consenso de una gran mayoría de diputados y diputadas. Con ello mejoramos entre todos la calidad democrática y ayudaremos a reforzar la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de participación de nuestro Parlamento. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Navalpotro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor Gil Lázaro pide la palabra]] ¿Sí, señor Gil Lázaro?
Brevemente, en virtud del artículo 71 y porque se ha hecho una manifestación que afecta gravemente al decoro de este grupo. ¿Puedo decirle cuál es la manifestación?
Diga usted la manifestación.
La manifestación concreta es que ha afirmado el señor portavoz del Grupo Socialista que el Grupo Parlamentario VOX se niega a formalizar su declaración de actividades y bienes. Como bien sabe, señora presidenta, es una obligación constitucional expresa, previa y necesaria para adquirir la condición de diputado. Todos los miembros del Grupo Parlamentario VOX han realizado, han formalizado expresamente esa declaración, por la sencilla razón de que, si no, no podrían estar sentados aquí. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gil. Señorías, votamos en dos minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. [[Pausa]]
Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Comenzamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural por la que se insta al Gobierno a hacer efectiva la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Plural, señor Baldoví Roda. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129 más 221 votos telemáticos, 350; a favor, 96 más 86 votos telemáticos, 182; en contra, 33 más 120 votos telemáticos, 153; abstenciones, 15 votos telemáticos.
Queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA NO CELEBRACIÓN DE HOMENAJES A CONDENADOS DE LA BANDA TERRORISTA ETA. [[Número de expediente 162/000800]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129 más 221 votos telemáticos, 350; a favor, 33 más 121 votos telemáticos, 154; en contra, 96 más 97 votos telemáticos, 193; abstenciones, 3 votos telemáticos.
Queda rechazada la proposición no de ley.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las medidas previstas por el Gobierno para darle solución. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129 más 221 votos telemáticos, 350; a favor, 33 más 123 votos telemáticos, 156; en contra, 96 más 92 votos telemáticos, 188; abstenciones, 6 votos telemáticos.
Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESPAÑA COMO RESULTADO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. [[Número de expediente 173/000095]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la situación de la salud mental en España como resultado de la pandemia COVID-19. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129 más 220 votos telemáticos, 349; a favor, 128 más 134 votos telemáticos, 262; abstenciones, 1 más 86 votos telemáticos, 87.
Queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de reforma al artículo 49 de la Constitución española presentados por los grupos parlamentarios VOX y Popular en el Congreso. Comienza la votación [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129, más 220 votos telemáticos, 349; a favor, 33, más 109 votos telemáticos, 142; en contra, 96, más 109 votos telemáticos, 205; abstenciones, 2 votos telemáticos.
Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129, más 219 votos telemáticos, 348; a favor, 33, más 110 votos telemáticos, 143; en contra, 96, más 98 votos telemáticos, 194; abstenciones, 11 votos telemáticos.
Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
Se ha solicitado la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de este proyecto de ley. Procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129, más 219 votos telemáticos, 348; a favor, 128 más 209 votos telemáticos, 337; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 1.
Queda abocado a Pleno el proyecto de ley. - PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. [[Número de expediente 122/000124]]
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129, más 219 votos telemáticos, 348; a favor, 33, más 120 votos telemáticos, 153; en contra, 96, más 97 votos telemáticos, 193; abstenciones, 2 votos telemáticos.
Queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo.
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés,presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 129 más 219 votos telemáticos, 348; a favor, 33, más 115 votos telemáticos, 148; en contra, 96, más 89 votos telemáticos, 185; abstenciones, 15 votos telemáticos.
Queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo. Muy buenas tardes a todos. Se levanta la sesión. Eran las tres de la tarde.