Se abre la sesión. [[Rumores]] Silencio, por favor. Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña Eloisa María Cabrera Carmona, pregunto a doña María del Carmen Navarro Cruz si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro.
En sustitución de don Tomás Burgos Gallego, pregunto a doña Raquel Alonso Hernández si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro. [[Aplausos]]
En sustitución de don José Antonio Nieto Ballesteros, pregunto a doña Isabel Cabezas Regaño si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro. [[Aplausos]]
Y en sustitución de don Juan María Vázquez Rojas, pregunto a don Javier Ruano García si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro.
Doña María del Carmen Navarro Cruz, doña Raquel Alonso Hernández, doña Isabel Cabezas Regaño y don Javier Ruano García han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. [[Aplausos]]
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento [[Rumores]], y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del número 33, correspondiente a la propuesta de la Comisión de Cultura de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
Comenzamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rivera Díaz. [[Rumores]] Les ruego a todos, señorías, silencio. El que no quiera estar en silencio que abandone el hemiciclo.
Gracias, presidenta. Señorías, invitados que nos acompañan en la tribuna, ciudadanos que nos están siguiendo en esta sesión y especialmente a los trabajadores autónomos, gracias por seguirnos hoy y por estar aquí. Hoy empezamos a poner hilo en la aguja ante el primer problema que tiene España, que es el empleo; mejor dicho, el desempleo. Porque España sigue siendo el país con más paro de Europa y sigue siendo el país que tiene más dificultades para generar empleo de calidad; y eso no cambia con eslóganes; son datos reales, señorías; así que en esta legislatura tenemos un reto dificilísimo, que es modernizar el empleo en España, y hay que hacerlo tanto en el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia. El otro día le proponía al presidente un gran acuerdo de esta Cámara para modernizar el sistema laboral español y espero sinceramente que seamos capaces de dar soluciones a los españoles en un marco tan importante como es el empleo. Hay 7 millones de trabajadores que, a pesar de trabajar cada día, son pobres, no llegan a final de mes; esto es lo que se llama pobreza laboral y, por tanto, hay que abordar ese reto en esta legislatura de manera urgente. Es el primer problema de los españoles y tendría que ser el primer problema también para esta Cámara. De ello hablaremos seguramente durante esta legislatura y espero que lo hagamos con consenso. En esta nueva legislatura, hay que hablar y dialogar para que entre todos podamos reformar y modernizar ese fracaso de nuestro sistema laboral. Pero hay otra pata fundamental. Les hablaba del trabajo por cuenta ajena, pero el trabajo por cuenta propia es fundamental; lo es para cualquier economía, pero especialmente para una economía como la española. Hoy vamos a abordar aquí la primera ley de Ciudadanos en el Congreso, la primera ley de Ciudadanos en esta legislatura y la primera ley que se tramite con amplia mayoría - espero que por unanimidad - de esta Cámara para ayudar con medidas a los trabajadores autónomos. Porque los autónomos tienen lo peor de ser trabajadores - tienen menos derechos que el resto de trabajadores - y lo peor de ser empresarios, porque muchos de ellos ponen en riesgo su patrimonio, su vivienda, en definitiva, sus ahorros para montar un negocio, para poner en marcha un sueño. Hoy lo que queremos hacer aquí no es dotar de privilegios a los autónomos, hoy no queremos dar ninguna dádiva, hoy no queremos repartir subvenciones; hoy solo queremos hacer justicia, hoy solo queremos que los trabajadores autónomos tengan las mismas oportunidades de poner en marcha un sueño, una empresa o de contratar a gente para hacer crecer su empresa. Una de esas patas, como les decía, será el contrato único, el contrato estable en la modernización y simplificación definitiva de nuestro modelo laboral, pero la otra pata, sin duda, será esta ley y también la reforma del régimen de autónomos. Lo que hoy les traemos, señorías, es una doble propuesta. Una, que se tramitará hoy: la ley de reformas urgentes para los autónomos, y la otra, la creación de la subcomisión o la comisión parlamentaria que tendrá que reformar íntegramente el régimen económico de los trabajadores autónomos. Son dos caras de la misma moneda: hoy tramitaremos la proposición de ley del Grupo Ciudadanos, que espera contar con el apoyo de esta Cámara, pero también tramitaremos en los próximos días la creación de esa subcomisión que hemos impulsado desde Ciudadanos - por cierto, subcomisión y ley que también le pedimos como exigencia al Gobierno para apoyar la investidura -, y para eso servía también apoyar la investidura, para que llegaran leyes como esta al Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, hoy me voy a centrar en hablar de esa ley de reformas urgentes para los autónomos, pero no es solo de eso de lo que tenemos que hablar: tenemos que hablar de empleo por cuenta ajena y hay que hablar también de reforma del régimen de autónomos. Les voy a dar, brevemente, dos pinceladas de lo que representan los autónomos en España: hoy representan el 18,3 % de los trabajadores de la Seguridad Social; es decir, casi un 20 % son trabajadores autónomos. Además, representan - este es un dato del primer trimestre de 2016- el 27,6 % del empleo en España; son el 18 % pero generan prácticamente un tercio del empleo de España. Luego hoy no vamos a hablar solo de los trabajadores autónomos, sino de todo el empleo que pueden generar los trabajadores autónomos en este país. Un tercio de la economía de España está en juego, por ejemplo, con la tramitación de una ley como esta o la subcomisión del régimen económico. Por eso, como es importante, Ciudadanos ha querido que fuera la primera ley, entre muchas otras, que presentamos en esta Cámara. Los autónomos han dado durante esta crisis y están dando a la sociedad mucho más de lo que la sociedad les ha devuelto; y esto es un dato, es empírico, no es una opinión. Los autónomos, a pesar de que algunos les quieren convertir en el chivo expiatorio y quieren culparles de los problemas en la caja de la Seguridad Social, son justamente lo contrario: son los que aportan a la caja de la Seguridad Social, son los que generan empleo para crear actividad económica y, en definitiva, recaudación de impuestos; son los que se la juegan, son los que hipotecan su casa, piden un préstamo o piden una línea de crédito e hipotecan sus bienes para generar empleo en este país. Así que hoy venimos a hablar de ese tercio prácticamente de la economía de España, no solo en régimen laboral, sino también de nuestro modelo económico. Les digo, asimismo, que los autónomos representan ese pilar de la clase media de este país y yo quiero hablar de esa clase media, porque no hay ninguna democracia consolidada del mundo que no tenga una clase media fuerte; piensen, no la hay, no hay una democracia fuerte consolidada sin una clase media fuerte y próspera. Así que una de las obligaciones de una democracia también es rendir reconocimiento a esa clase media que la sostiene, porque la clase media siempre paga, porque la clase media siempre cotiza, porque la clase media siempre busca empleo, lo pierde y lo vuelve a buscar, porque la clase media normalmente no tiene subvenciones ni privilegios, solo tiene obligaciones. Creo que esta Cámara, después de diez años prácticamente de crisis que llevamos ya en este país y en toda Europa, también debe devolver el esfuerzo a esta clase media, que ha hecho grandes esfuerzos durante esta crisis, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial y creo que en esta legislatura tenemos la obligación moral de devolverles lo que es suyo, en definitiva, este país que es España. [[Aplausos]] Entrando en materia de esta ley, que tiene diferentes novedades que les explicaré a continuación, diré que también tiene unos retos básicos a la hora de abordar esta reforma, y deberíamos tener muy en cuenta estos retos para tomar decisiones en el futuro en esta Cámara. Los autónomos tienen básicamente seis retos a mi juicio - además de otros -: primero, la falta de flexibilidad del modelo de autónomos. Nosotros estamos proponiendo en esta ley que un autónomo se pueda dar de alta uno, dos, tres, cinco u ocho días, ¿por qué?, porque en la economía del siglo XXI hay gente que trabaja un día de un mes, ocho días, cuatro o veinticuatro y no tiene por qué cotizar por todos los días que no trabaja y tiene que cotizar por los días que trabaja; por ejemplo, tienen muchísima incertidumbre, saben lo que pagan cada mes pero no saben lo que ingresan, y eso es muy distinto a lo que sucede en el régimen laboral general. Nosotros les estamos pidiendo unas obligaciones fijas cuando no tienen ingresos fijos, y eso ha hecho que mucha gente se cayera en esta crisis y no se pudiera volver a levantar. Queremos flexibilizar la vida de los autónomos para ayudarles, para que cuando lo pasen mal puedan pagar un poco menos, para que cuando les vaya mejor paguen porque, en definitiva, a todo el mundo le gusta que le vaya bien para poder pagar los impuestos. El segundo problema es la pobreza. Sí, sí, hay autónomos pobres en este país - seguro que algunos nos están viendo o escuchando -; hay gente que paga la cuota de autónomos y no llega a final de mes y hace un esfuerzo tremendo para pagar esos 294 ó 295 euros cada mes religiosamente. Y dentro de esa reforma nosotros queremos que, por ejemplo, los autónomos que no llegan a final de mes, que no llegan al salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar esa cuota hasta que no les vaya bien. Parece de sentido común que quien no tiene para comer, para pagar las facturas o para pagar el alquiler de su empresa no tenga que pagar lo mismo que a quien le va muy bien. Por tanto, ese régimen flexible también tiene que trabajar contra la pobreza, porque la pobreza, lamentablemente, ha llegado también en España a los autónomos. Tercer reto al que se enfrentan los autónomos: cargas excesivas. Nosotros pedimos en esta ley que los autónomos, en igualdad de condiciones que la Administración pública, aunque se demoren en el pago paguen, pero en función de la demora; no es lo mismo demorarse tres días en el pago para un autónomo que demorarse tres meses. Bueno, pues aquí se flexibiliza la demora del pago, por ejemplo, de una cotización de autónomos, porque ¿verdad que no es lo mismo pasarse tres días que tres pueblos o treinta días? Pues en este caso queremos flexibilizarlo: menos cargas excesivas para los autónomos en igualdad de condiciones con la Administración. Financiación. Miren, las empresas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas tienen limitado su patrimonio, tienen mayor acceso a la financiación bancaria aunque han tenido dificultades, pero los autónomos tienen más dificultades de media que la pequeña y mediana empresa especialmente, para llegar a la financiación. Les pongo un ejemplo que seguramente mucha gente tiene en la cabeza: un autónomo pide una línea de crédito, hipoteca su casa, hipoteca su vivienda y le va mal el negocio y pierde su vivienda. Eso no le pasa a una sociedad anónima seguramente, ya que tiene limitada su responsabilidad; no le pasa al administrador de esa sociedad, le pasa al autónomo, que tiene que ver cómo pierde su vivienda o sus bienes. Por tanto, queremos atacar y atajar el problema de la financiación y de la segunda oportunidad, señores. No se nos puede llenar la boca de hablar de emprendedores cuando somos un país en donde a quien emprende y fracasa le atizamos. Queremos tener un país en el que el que fracase se vuelva a levantar. [[Aplausos]] Así que en esa subcomisión del régimen económico queremos abordar también la Ley de segunda oportunidad porque es insuficiente la que tenemos, porque no aborda la quita, por ejemplo, en deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Si usted le debe 3.000 euros a Hacienda o 6.000 después de que le vaya mal un negocio, ¿cómo vamos a machacarle para que no se pueda volver a levantar y montar otro negocio? Tendremos que negociar una quita para que, en definitiva, pueda volver a levantarse y quitarse esa losa. Parece razonable que si una sociedad tiene limitado su patrimonio, como mínimo un autónomo tenga la oportunidad de negociar una quita extrajudicial con la Administración. Por otro lado, tienen otro reto tremendo: la morosidad. ¿Saben ustedes que los principales perjudicados de la morosidad en la Administración pública son los autónomos? Se aprobó una ley aquí - que no se cumple, por cierto -, pero los principales proveedores que no cobran de la Administración pública son autónomos. Queremos incluir una cláusula en los contratos públicos para estar al corriente en el pago a los autónomos, no solo a la Seguridad Social de las empresas que contratan con la Administración. Hay que igualar las condiciones de los autónomos a la hora de contratar servicios públicos. Y sexto reto que tienen: familias y pensiones. Evidentemente, tienen que organizar su vida y también tienen derecho a una pensión digna, porque los autónomos, como ustedes saben, encima suelen tener menos pensión que alguien que ha trabajado en el régimen general laboral. Estos seis retos son los que queremos abordar en esta ley que hoy traemos aquí y en la subcomisión, que yo espero que sea ambiciosa, que no arrastremos las piernas, que no arrastremos los pies y que estemos a la altura de las circunstancias para hacer una verdadera revolución, una verdadera evolución del sistema de autónomos en España. Y en cuanto a la subcomisión, brevemente porque no es objeto del debate hoy, les pido, especialmente al Gobierno pero también al resto de grupos, que seamos ambiciosos. No vayamos a una subcomisión que lo que haga es justo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos que quien no llega a final de mes no pague, y no pague hasta que no le vayan las cosas bien. Necesitamos flexibilizar los pagos de los autónomos, necesitamos también hacer compatibles las pensiones con los que trabajan por cuenta propia; hay muchos autónomos que llegan al fin de su carrera y quieren compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con ese trabajo de autónomo. Eso hay que abordarlo en la subcomisión del RETA. Además creemos que es fundamental igualar las prestaciones. Si son trabajadores autónomos, parece natural que tengan los derechos de los trabajadores, pero de hecho tienen más cargas que los que no son autónomos. ¿Por qué tienen que tener menos derechos los trabajadores autónomos que los trabajadores en este caso por cuenta ajena? Yo creo que tienen que tener los mismos, y eso hay que abordarlo con ambición en esa subcomisión. Y también les digo que la misma tiene que trabajar duro porque hay esperanzas puestas en la política en este momento. Hay muchos autónomos que nos están viendo hoy que piensan que quizá seamos capaces de mejorar un poco su vida, que quizá se lo pongamos un poco menos difícil; que quizá sus señorías y esta Cámara, que quizá las instituciones sirvan para muchas cosas importantes. [[Aplausos]] Entiendo y comprendo, además como hijo y familiar de autónomos, su escepticismo; es natural. Los autónomos son escépticos porque se lo juegan todo siempre ellos y porque nadie les ayuda. Les pediría que respecto a ese escepticismo abran un poco de vía a la esperanza, que esta Cámara tramite soluciones a sus problemas de cada día. Pero estoy de acuerdo en que la pelota está en nuestro tejado, está en el tejado de la política y en el tejado de esta Cámara solucionar los problemas para que los autónomos y sus familias vuelvan a confiar en las instituciones. Para finalizar, les pediría, señorías, un cambio, un giro de ciento ochenta grados. Ha habido un Gobierno con mayoría absoluta en esta Cámara que lo podía haber hecho todo y todo es todo, todo lo que traemos en esta ley, todo lo que no ha querido que incluyéramos en esta ley y todo lo que tenemos que hablar en la subcomisión. Solo espero que, ya que no tenemos mayoría absoluta, el todo lo haga esta Cámara y, que en esta Cámara, seamos suficientemente responsables la izquierda, el centro y la derecha, para ponernos de acuerdo en los temas importantes del país; y este es uno de esos temas importantes de este país, no les quepa la menor duda. Así que yo espero y confío que esa subcomisión esté a la altura, que esta ley se tramite y se mejore. Nosotros también la queremos mejorar y, de hecho, éramos más ambiciosos incluso en el planteamiento inicial con el acuerdo que teníamos y con el acuerdo que tenemos, y queremos llevarlo a más y queremos buscar amplias mayorías en esta Cámara para mejorarla. Ya me adelanto, seguramente, a algún argumento de algún portavoz posterior: no me digan que no es suficiente porque lo que no es suficiente es lo que tenemos hoy. No me digan que no es suficiente. [[Aplausos]] Lo que tenemos hoy no es suficiente y lo que viene es mucho mejor que lo que teníamos y, si alguien lo quiere mejorar, nosotros encantados porque para nosotros los autónomos son una prioridad como muchas otras en este país, pero el empleo especialmente. En definitiva, señorías, les decía que a los autónomos les tenemos que devolver lo que han dado en esta crisis, simplemente, y lo que están dando hoy todavía por levantarse y volver a levantarse. Les diría que no pensemos en los autónomos - ni quieren escucharlo ellos - al hablar de subvenciones. No quieren dádivas como les decía, no quieren privilegios; solo quieren dignidad, solo quieren que les levantemos los obstáculos para llevar a cabo sus sueños y para alcanzar aquello que se han propuesto. Para mí el Estado no tiene que dar subvenciones a los autónomos, sino que el Estado tiene que facilitar las cosas a los autónomos para que ellos puedan generar trabajo y riqueza, para que ellos puedan pagar impuestos y para que puedan poner en marcha sus sueños. Esa es nuestra filosofía como partido que cree en los emprendedores, que cree en la libertad y que cree en la competitividad también de nuestros emprendedores y nuestras empresas. Coincido con muchos autónomos si pensamos que no vienen a pedir, sino a que les dejemos trabajar y a que les dejemos hacer las cosas mejor. [[Aplausos]] Me gustaría acabar con una frase de algún emprendedor conocido como Henry Ford, que algo sabía de emprender y poner en marcha nuevos sueños y nuevos proyectos. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. En esta ocasión con muchísima más inteligencia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. Señorías, primero quiero decir al señor Rivera que quede claro que vamos a apoyar esta proposición de ley, pero que no se crea ni transmita usted que las políticas de autónomos llegan a la política nacional y a este Congreso porque ha llegado Ciudadanos. Cualquiera que le oiga diría que esta proposición de ley contiene todo eso que usted ha dicho en el discurso, y no lo contiene. [[Aplausos]] Le quiero decir que aquí hay muchos partidos y muchos diputados que llevamos mucho tiempo trabajando por los autónomos. ¡Claro que vamos a hacer consensos! ¡Claro que vamos apoyar todo! Pero yo le voy a dar un consejo de diputada ya de muchos añitos aquí: los pactos de Estado y los acuerdos se hablan antes, no se presentan las cosas y después se piden los apoyos. Eso a lo mejor hoy no tiene importancia, pero sí es bueno en el resto. Dicho esto, quiero decir que yo empecé mi carrera profesional en una sociedad de garantía recíproca, y estuve durante diez años y lo viví intensamente. Además, si hay una comunidad autónoma donde no hay grandes empresas, sino pequeñas, es Canarias. Nosotros tenemos más de 100.000 autónomos y 47.000 son mujeres. - Es quizá el mayor porcentaje de mujeres que existe en España -. La vida del autónomo es difícil, pues tienes que ser asesor fiscal, contable, repartidor y, si eres mujer, se te complica más y es imposible. Encima, nos encontramos en un mundo global, en el que hemos decidido liberalizar los horarios y hay que trabajar los sábados y domingos si es posible, compitiendo con grandes superficies, con leyes que generalizan esa implantación de grandes superficies sin horario y con contratos basura. Además tú tienes un trabajador que lleva veinte años contigo en tu taller o en tu comercio y resulta que el de al lado contrata a alguien por 400 euros y está compitiendo contigo. Esa es la realidad. Efectivamente, hoy no se trata solo de esta PNL, sino de volver a trabajar [[mirando a la tribuna]] -¿verdad, Lorenzo?- en todas aquellas cosas que al final determinan la máquina de destrucción masiva que tiene este país, y sobre todo mi tierra, para crear empleo. Son cosas sencillas. Aquí - hay pocos - tenemos fotógrafos. Pues bien, tengo un amigo fotógrafo que tiene que pagar y no sabe si ese mes va a poder vender las fotos suficientes para pagar lo que le corresponde como autónomo, pero también el alquiler, la luz y el agua, y que no se las corten. ¿Cuántos autónomos se han venido abajo porque el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no les pagaron el IVA o el IGIC y lo tuvieron que adelantar? Yo he vivido casos dramáticos. En cuanto al tema de las mujeres que plantea la proposición de ley de Ciudadanos, me parece magnífico. La conciliación y la maternidad son temas de sociedad y de principios. Las mujeres en este país que tienen capacidad de emprendimiento tienen derecho a ser madres y a compatibilizarlo con su vida laboral. Vamos a apoyar esta iniciativa, señores de Ciudadanos, pero ustedes no son solo los que han trabajado por los autónomos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Compromís anuncia el voto a favor de la toma en consideración de esta proposición. Cualquier avance siempre será mucho en el asunto de los autónomos. La propuesta tiene aspectos positivos y en la tramitación se podrá mejorar y avanzar notablemente. Tomar medidas en relación con un colectivo que siente y ha sentido con mucha virulencia el zarpazo de la crisis es de justicia. De hecho, a muchísimos trabajadores despedidos no les ha quedado otro remedio que hacerse autónomos. Hay autónomos por pura obligación, porque no encuentran ninguna salida al túnel de quedarse sin trabajo, y el colectivo es muy importante: más de 3 millones en todo el Estado, que representan el 18 % del total de afiliados a la Seguridad Social, pero, aunque han crecido y siguen creciendo, también preocupa muchísimo la cantidad de autónomos que han caído durante todos estos años. Los autónomos tienen problemas, cuando enferman, para poder pagar las cuotas porque no tienen ingresos; de hecho, no los han tenido durante todo este tiempo de la crisis y han tenido que seguir pagando sus cuotas. Y luego tienen problemas, que se han de abordar de una vez por todas, de equivalencia de derechos con los demás trabajadores asalariados. Por tanto, aparte de las medidas que ya se mencionan, hay que abordar necesariamente una medida para mejorar el sistema de cotizaciones, avanzando en la posibilidad de que puedan cotizar en función de los rendimientos netos que vayan teniendo cada mes y contemplando la instauración de una base mínima, similar a la del salario mínimo interprofesional, por debajo de la cual estuvieran obligados a tributar pero pudieran estar exentos de cotizar. Otra medida sería tributar por los días que se está de alta; no es lógico que se tribute todo el mes si uno se ha dado de alta el día 20. También habría que fomentar la segunda oportunidad, para que la gente que ha caído pueda volverse a levantar, bien sea con tarifa plana y/o incentivos. En definitiva, hay que aproximar y unificar los derechos de cualquier trabajador, sea asalariado o autónomo. Moltes gràcies, senyora presidenta.
Muchas gracias. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, benvingut a la defensa dels autònoms. Como recordaba la señora Oramas - y tiene mucha razón y dicho por un diputado que representa la mejor tradición de Convergència - a los amigos de ATA y UPTA que nos acompañan en el hemiciclo pongo por testigos -, seguramente ustedes no pueden encontrar ninguna de las reformas que se han producido en los últimos veinte años en esta materia sin hallar nuestro sello en forma de iniciativa, en forma de enmienda, en forma de propuesta o en forma de idea. Por eso, señor Rivera, compartimos el contenido de la iniciativa que hoy debatimos, aunque no es estrictamente el que su señoría ha defendido desde la tribuna. El contenido que la Cámara va a votar es interesante y positivo en cada una de sus medidas, pero es un contenido modesto. Ojalá resolviendo las cuestiones que usted nos pone encima de la mesa resolviéramos la problemática de los autónomos. También compartimos con usted esa sensación de insatisfacción que existe entre los trabajadores autónomos. Por tanto, la principal virtud que va a tener la proposición de ley que hoy nos plantean, más allá de su contenido concreto, es la oportunidad para que en el trámite parlamentario todos los grupos podamos mejorarlo sustancialmente. Ahí espero también una actitud positiva de Ciudadanos, más allá de sus prejuicios ideológicos, para abundar en las medidas que hacen falta en esta materia. Usted decía que el jueves en la Comisión de Empleo se va a discutir una propuesta de Ciudadanos de creación de una subcomisión; también se va a debatir otra propuesta del Partido Demòcrata Catalá. Ahí nos tendremos que poner de acuerdo ustedes, nosotros y el resto de los grupos para crear esa subcomisión, que es imprescindible si de verdad queremos abordar la reforma del RETA, en concreto, y del conjunto del régimen económico que afecta a los trabajadores autónomos para superar esa sensación de insatisfacción a la que hacíamos referencia. Además, debemos hacerlo en un momento en el que no solo el trabajo autónomo se está convirtiendo en una de las realidades más significativas en nuestra economía y en las economías avanzadas de nuestro entorno - en todas las economías avanzadas está creciendo el trabajo autónomo -, sino que además el tipo de trabajo autónomo que está emergiendo pone en cuestión los sistemas de protección social que hasta ahora han protegido a los trabajadores por cuenta ajena, pero no han protegido suficientemente a los trabajadores por cuenta propia, porque la regulación de esa protección social hacía más difícil hacerlo. Señor Rivera, señorías, ahí tenemos un reto enorme. Nuestra Seguridad Social está pensada con la mentalidad de la economía industrial del siglo XX y necesitamos una Seguridad Social pensada para el siglo XXI, con una economía distinta a la de los orígenes de ese sistema de protección social; de ahí que el esfuerzo que deberá hacer esa subcomisión parlamentaria sea enorme. Finalmente, señor Rivera, no deja de ser casualidad que casi siempre las iniciativas de autónomos en esta Cámara tengan acento catalán, porque si hay un país o hay una nación en el Estado español donde la actitud emprendedora de los autónomos, la existencia de un tejido económico de pequeñas, medianas y microempresas explique el progreso económico y social es Cataluña. Por eso el nacionalismo, el soberanismo en esta Cámara ha defendido siempre a los autónomos. Ahora, mientras estemos en estos escaños, lo vamos a continuar haciendo; es nuestro compromiso con la defensa de los intereses de la sociedad catalana. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenas tardes. Señora presidenta, señoras y señores diputados, esta es una iniciativa que, dicho sea con todo el respeto y al margen de la coincidencia con muchas de sus propuestas, nos parece inoportuna, descontextualizada, en parte electoralista y ajena a su marco de debate natural. Me toca recordar que esto ya fue debatido en la anterior legislatura, en la XI. Como acaban de recordar el señor Rivera y el señor Campuzano, el próximo jueves, en el seno de la Comisión de Empleo, se va a debatir la creación de una subcomisión para abordar, supuestamente en su integridad, los problemas, la situación jurídica y las hipotéticas soluciones que habría que dar a la cuestión de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta propia. Por su parte, y como se expondrá más tarde, esas reformas - las que se plantean en esta proposición de ley - coinciden en su mayor parte con algunas de las medidas que están siendo ya objeto de debate y comparecencia en el Pacto de Toledo. En este preciso momento, en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo se están realizando comparecencias que pretenden analizar cuantas medidas sea conveniente adoptar para la viabilidad del sistema de Seguridad Social, incluso las relativas al régimen de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuya convergencia con el régimen general se plantea como uno de los objetivos. Por estas razones, nos parece inoportuno plantear este debate al margen de ese contexto. Habrá que recordar que eso afecta tanto al modelo contributivo de las pensiones como a la situación financiera del sistema. Además, estos a los que se hace referencia en la proposición de ley no son los únicos problemas que deben soportar los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Al margen de los de la escasa protección del RETA, dicho colectivo también hace frente a otros, bien de índole financiera, como las dificultades de acceso a la financiación, bien relativos a su liquidez, a la morosidad, como se ha hecho referencia, o relativos al IVA, con el que también tienen problemas. Asimismo, tienen dificultades para contratar o para acceder a la tecnología y a la formación y, sin duda, tienen problemas relativos a la situación de desprotección en la que se encuentran en un régimen del que, desde luego, se debe señalar que es especialmente insuficiente. Sin embargo, repetimos, todo esto se debería tratar en el marco del Pacto de Toledo. En cuanto a la proposición de ley como tal, tras una aceptable exposición de motivos, se dirige de forma inconexa fundamentalmente a la modificación de algunos preceptos de la Ley 8/2015, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y también a la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Incide en especial en medidas relativas a bonificaciones, reducciones de costes de Seguridad Social y, finalmente, en otras relativas a la modificación o el cómputo de gastos que puedan ser deducibles en el régimen de IRPF y sociedades. Su artículo 1 añade un párrafo tercero al artículo 30 del Real Decreto Legislativo 8/2015, para establecer un régimen específico de recargos para trabajadores autónomos y trabajadores del mar diferenciado del que estaba expuesto en sus párrafos primero y segundo. Por su parte, el artículo 2 de esa proposición de ley modifica el mismo texto legal para añadir unos nuevos apartados 2 y 3 al artículo 307, pasando el actual 2 al número 4 para modificar el momento del alta, así como para permitir cambiar hasta cuatro veces en un año las bases de cotización. Y los artículos 3, 4 y 5 modifican respectivamente, el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, incidiendo, en primer lugar, en ampliar el periodo de bonificación de cuotas a la Seguridad Social ya existente en el caso de alta, que pasaría de seis a doce meses; el artículo 38.1, mejorando la bonificación de cuotas en caso de maternidad, adopción, acogimiento, riesgo de embarazo, etcétera, que a partir de este momento se produciría tanto si hay sustitución del trabajador como si no, y para permitir que se produzca sobre la última base de cotización y no por la mínima, como hasta la fecha, lo cual es un tanto peligroso, por decirlo de alguna manera; y añade un nuevo artículo 38 bis, que permitirá una nueva bonificación de doce meses y sobre su base mínima para los casos de reincorporación en los dos años siguientes en el caso de maternidad. Pues bien, señorías, todas estas medidas - muchas de las cuales, volvemos a repetirlo, podemos acoger desde nuestra propuesta política - han de ser tratadas en el marco del Pacto de Toledo. Además, en nuestro caso concreto, nos toca recordar que esas y otras actuaciones son instrumentales de las entidades gestoras y que, respecto a ellas, el Grupo Vasco ha recordado que todas las acciones instrumentales del sistema de pensiones deben ser transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos a los que ya hace referencia una sentencia del año 1989 del Tribunal Constitucional, quien, a pesar de que configura un extraño concepto jurídico de caja única - digo extraño porque no pertenecía en principio al ordenamiento jurídico -, no impide que pudieran ser ejecutadas por las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión del régimen jurídico de la Seguridad Social, como ocurre en el caso del País Vasco en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, artículos 10.2, 10.23 y 18 de su Estatuto de Autonomía. Hay otra cuestión final a la que también hace referencia la proposición de ley, que se materializa en su disposición adicional, relativa a la presencia de los autónomos en el Consejo Económico y Social, modificando por ello la Ley 21/1991. Ya les anunciamos que esta será objeto de acogida y la apoyaremos. Finalmente, debemos advertir otra cuestión que nos ha parecido trascendente, ya que en ella se está abordando otra materia. Es el caso de los gastos deducibles sobre las bases de IRPF y sociedades, que al margen de su consideración en esta ley debieran figurar en un eventual debate que sobre dichos tributos se pudiera producir en el seno del concierto económico con el País Vasco y con Navarra y en el marco, por tanto, de la disposición adicional primera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco y del amejoramiento del fuero en Navarra. Por todo lo expuesto y en atención a la valoración que acabo de realizar, reiteramos que, si bien podemos estar de acuerdo con muchas de las propuestas que contiene, entendemos que es una propuesta insuficiente y descontextualizada, quizás hasta inoportuna. Incluso, si se nos permite decirlo, tiene un cierto matiz electoral, que es producto posiblemente, como se ha anunciado, de ese acuerdo con el Partido Popular, lo cual nos lleva, por una parte, a denunciar su insuficiencia y, por otra parte, a entender que es preciso abordar este debate, solo que en otro lugar y en otro contexto. Por ello, señalamos que si bien no apoyaremos la iniciativa, tampoco nos opondremos. Nuestro voto será la abstención. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
¿Puedo intervenir desde el escaño?
Puede, efectivamente.
Los argumentos que nuestro querido amigo, el señor Barandiaran, ha expresado son exactamente los mismos que íbamos a esgrimir. Por ello, aunque el tema lo merece, por razones de brevedad, lo podemos liquidar desde aquí. La propuesta lo merece menos. Es cierto, señor Rivera, que los autónomos hemos sido - digo hemos, porque yo lo fui hasta el 31 de diciembre - la caballería ligera de la resistencia contra la crisis y que es hora de que se nos devuelva parte de nuestro esfuerzo. Fuimos los que resistimos más y somos los que más estamos resistiendo. Somos la caballería ligera porque cuando nos caemos volvemos a montar y seguimos cabalgando, a pesar de algunos trampolines que el Partido Popular ofreció pero que se convirtieron, más que en trampolines, en trampas. Señor Rivera, los autónomos se merecen algo más que su proyecto descafeinado, notablemente recortado respecto a las expectativas que usted había generado en campaña. Señor Rivera, sabe a poco su proyecto, sobre todo y entre otras muchas cosas porque olvida usted el problema principal: las cuotas del RETA están lejos, muy lejos de las europeas; están muy por encima y eso es lo primero que hay que atacar. Y, o tempora, o mores, olvida su señoría el tema de los falsos autónomos. Hoy la prensa dice que tuvieron una en casa, ya es mala suerte. Anécdotas aparte, porque el tema lo merece, cuente usted con nuestra abstención y con nuestro esfuerzo enmendante. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En nuestro país hay 3.200.000 personas que están esperando que hagamos algo. Es gente que se levanta muy tempranito por la mañana, que sale de casa pero no sabe a qué hora vuelve. Es gente que tiene que hacer una infinidad de papeleo y trámites burocráticos invirtiendo un tiempo que ni mucho menos le sobra; gente que paga religiosamente una cuota de aproximadamente 300 euros, más IRPF, más el IGIC - en el caso canario - o el IVA de las facturas emitidas, las haya cobrado o no. Sobra decir que esa cuota y esos impuestos son inamovibles; poco importa si ese mes ingresaste cinco mil euros o solo diez, la pagas igual. Es gente que si se parte una pierna o enferma de gripe tiene que ir a trabajar forzosamente, y no, no estoy hablando, aunque lo parezca, de los trabajadores de Mercadona, aunque bien podría serlo. Por supuesto es gente que no sueña con eso de las vacaciones pagadas y mucho menos con una prestación al finalizar la actividad, a pesar de que haya pagado puntualmente las cuotas desde el primer día. De la base de cotización de las pensiones mejor no hablamos y de la maternidad..., la maternidad es directamente misión imposible. Eso sí es machismo y no de lo que nos acusaron esta mañana torticeramente algunos medios de comunicación. Eso sí que es machismo de verdad. [[Aplausos]] Hablo por supuesto de las personas adscritas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los autónomos y las autónomas como los conocemos normalmente. A pesar de la terrible radiografía que acabo de exponer ahora mismo, que no es nada exagerada por cierto, conviene recordar que los autónomos y las autónomas junto con las pymes generan el 63 % de empleo en nuestro país, ahí es nada. Esta radiografía antes expuesta no ocurre por un fenómeno natural o por los designios del espíritu santo, de eso nada, ocurre por la legislación de nuestro país, que no se corresponde con la realidad, que es injusta, que es discriminatoria y, además y sobre todo, es profundamente ineficaz para la economía. Por eso celebramos que hoy se traiga a debate para admisión a trámite una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Lo celebramos de verdad. Desde nuestro punto de vista, y también para las asociaciones representativas del sector, hay medidas concretas positivas, pero el contenido general es claramente insuficiente para revertir la situación de indefensión y precariedad que sufren la mayoría de los autónomos. Aún así, hay medidas positivas. Frente al contenido de la PL proponemos lo siguiente. Uno, pago proporcional según rendimiento. Esto es fácil: ingresos por debajo del salario mínimo, cuota cero; ingresos superiores al salario mínimo - o sea, en torno a 760 euros -, una cuota proporcional y progresiva. Dos, equiparación de prestaciones con el régimen general. Asimilar el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al Régimen General de la Seguridad Social, para que puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población activa. Hablamos de bajas, maternidad, vacaciones, pensiones. Tres, facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas a través del ICO y las entidades financieras rescatadas. Creo que con la millonada que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas con el dinero de nuestros bolsillos podríamos hacer algo más; debería servir para algo. Ahí tenemos el ejemplo de Bankia. Cuatro, una verdadera ley de segunda oportunidad que incluya las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. A veces las cosas no salen como uno planea y después de haber tocado fondo tienes que tener una oportunidad para levantar cabeza, y para eso es fundamental que flexibilicemos la cancelación de la deuda y de los intereses con un proceso simplificado. Hace falta facilitar la asistencia jurídica - esto no es ninguna tontería - y estudiar la creación de la figura del autónomo con responsabilidad limitada, para que no responda con su propio patrimonio, que es lo que ocurre ahora. Cinco, sanciones reales y efectivas para quien incumpla la Ley de Morosidad. Esto sí que es increíble. Para modificar al artículo 135 de la Constitución estuvieron rápidos, no le preguntaron a nadie; para pagar a los bancos alemanes antes que pagar nuestra educación o nuestra sanidad pública sí estuvieron rápidos; ahora bien, para pagar a los proveedores, no: la Administración pública tarda de media setenta y cinco días, cuando la ley dice que son treinta; por tanto, la están incumpliendo. No solo es una vergüenza sino que es ilegal. Seis, introducir el criterio de caja en el IVA/IGIC como universal y obligatorio para así evitar el problema que supone tener que pagar las facturas a pesar de no haberlas cobrado. Siete, inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas, extendiéndolas a las cláusulas de subcontratación. Las dificultades para acceder a los contratos públicos en el sector son ampliamente conocidas, y por ello debemos priorizar a las empresas de la economía social, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que se comprometan con un empleo de calidad y tengan un impacto positivo en las comunidades. Ocho, una cuestión fundamental que parece de Perogrullo pero que no se ha hecho: ampliación de los agentes que participan en las mesas del diálogo social. Ya está bien de que con la aportación que hacen los autónomos y las autónomas al empleo, como ya han comentado varias de sus señorías, lleven excluidos de las mesas del diálogo social en este país tantos años. Hay que acabar con el hecho de que se ignore a estos colectivos. Nueve - este tiene tela -, aumentar la inversión y endurecer las sanciones por el uso de falsos autónomos. Posiblemente este sea uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral y del que rara vez se habla. Hay personas trabajando en un mismo puesto que sus compañeras asalariadas, con el mismo horario, con las mismas funciones y en la misma empresa, pero, por supuesto, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a bajas por enfermedad ni a indemnización por despido ni por descontado a la prestación por desempleo. Esto es una barbaridad que tira por tierra las condiciones laborales de absolutamente toda la gente trabajadora de este país, porque ya conocen la famosa frase: Si no te gustan las condiciones, ahí está la puerta, porque en el paro hay un montón de gente esperando. Estas medidas, junto con la derogación de las reformas laborales y la subida del salario mínimo - por cierto, hubo gente que no la apoyó la semana pasada solo por el hecho de que la presentara Unidos-Podemos -, no es que sean solo posibles y justas, sino que son urgentes y necesarias para darles un balón de oxígeno a millones de personas en este país y a la economía en general. Como dije antes, creemos que esta proposición de ley es claramente insuficiente, pero es una buena oportunidad para abrir un debate necesario para mejorar la vida de mucha gente. Y nosotros y nosotras, como tenemos claro que para eso estamos aquí, vamos a votar a favor de la iniciativa, como no podría ser de otra manera. Pero no nos engañemos, lo más importante para los autónomos es tener trabajo, es poder pagar las facturas y que luego esas facturas se cobren. Si la actividad económica fluye, por el sistema productivo llegará a las pymes y a los autónomos, pero para eso hay que detener los recortes. El Gobierno - ese que ustedes apoyaron - sacará las tijeras, la actividad económica caerá y miles de pequeños negocios echarán el candado, y entonces de poco habrá servido que hayamos reformado la Ley de autónomos. Por eso no vale solo con ser coherentes un día, hay que serlo siempre. He terminado mi exposición, pero hay una cosita que no quería pasar sin decir. Henry Ford fue un antisemita declarado, odiaba a los judíos, le daban asco, y emprendió tanto, tanto, es tan buen ejemplo de emprendedor, que fue la persona responsable y encargada, a través de su empresa, de fabricar los camiones con los que en el Tercer Reich los nazis llevaban a los judíos a las cámaras de gas. Un emprendedor como la copa de un pino. ¡Sí, señor! Perfecto ejemplo. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley, porque considera de interés cualquier avance, cualquier mejora, por modesta que sea, en las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos. Suscribimos también todas las alabanzas, todos los homenajes que el grupo proponente vierte sobre los sufridos trabajadores autónomos. En la exposición de motivos del texto que hoy valoramos se habla incluso, en términos literales, de los heroicos autónomos. El señor Rivera ha hablado de dignidad, de justicia, de sueños. Está bien poner en valor el esfuerzo para superar las dificultades que muestran cada día los trabajadores por cuenta propia, ahora bien, señores diputados, creo que la mayoría de estos trabajadores estarán conmigo si les aseguro que los autónomos de nuestro país necesitan menos jabón y más solución para sus muchos problemas. También hemos de decirles que las grandes expectativas puestas sobre esta ley en sucesivas ruedas de prensa, en discursos e incluso en la retórica superlativa de su introducción, no se corresponden bien con la literalidad del texto que hoy nos someten a votación. Se ha hablado de la Ley de los autónomos, con mayúsculas, se habla y se escribe sobre la resolución de los problemas de fondo, las reformas estructurales necesarias, reformas de alcance y profundidad, pero resulta que la Ley de los autónomos ya existe, data del año 2007 y la impulsó un Gobierno socialista. Es una ley con treinta y nueve artículos y treinta disposiciones, frente a los apenas seis artículos del texto que hoy se nos propone. Y el texto que hoy se somete a la Cámara no trata, como se dice en su exposición de motivos, sobre reformas estructurales necesarias, no; se limita a tratar asuntos que son de interés indudable, pero que no plantean las reformas de fondo que los autónomos necesitan y demandan. No es un texto ambicioso, señor Rivera. De hecho, este texto ni tan siquiera recoge los acuerdos que el Partido Ciudadanos suscribió en su momento con el Partido Socialista y con el Partido Popular. No sabemos por qué, quizás el Partido Popular no les deja, señor Rivera. Puede que la estrategia del grupo proponente consista en aprobar ahora una ley ligerita de contenido, rapidita en su tramitación con la que colgarse alguna medalla; puede que se trate de derivar los asuntos realmente importantes, los asuntos complejos, los asuntos con los que hay que pagar, a una subcomisión para el próximo jueves. Si es así, señor Rivera, sería honesto decirles a los representantes de los trabajadores autónomos que aquello que se aprueba en una ley va el Boletín Oficial del Estado y se convierte en norma y aquello que se tramita y que se escribe en las conclusiones de una subcomisión puede cumplirse o puede no cumplirse. Sería razonable aclarárselo a quienes han puesto sus esperanzas en este debate. ¿Queremos realmente una ley? Hagamos una ley, pero una ley de verdad; sin jabón para los autónomos, pero con soluciones de verdad; sin medallas rápidas y fáciles para unos u otros, pero con reformas de calado que mejoren las condiciones de actividad de los autónomos españoles. Quizá no sea tan fácil ni sea tan rápido, pero será más útil sin duda. El Grupo Socialista estará dispuesto a trabajar lo que sea preciso en este propósito, quizá así consigamos, señor Rivera, que los autónomos sean menos escépticos. La proposición de ley que se somete a debate plantea en su artículo 1 literalmente: 'Modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo...'. Este es el primer artículo y, sin duda, estamos ante un problema práctico que importa solucionar, pero ¿de verdad esta modulación de los recargos es la primera respuesta que están esperando los autónomos de este país de sus representantes en el Congreso de los Diputados, para el primer artículo de esta ley? ¿De verdad? ¿La modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo en la Seguridad Social? No se habla en este primer artículo, señor Rivera, ni de la morosidad ni de la Ley de Segunda Oportunidad ni de mejorar las pensiones, que son asuntos de fondo que usted ha tratado aquí; no, se habla de la modulación de los recargos. Está bien, pero entienda usted que las expectativas que han generado ustedes mismos no se cumplen con este primer artículo. Lo dice la exposición de motivos de la ley: En el año 2015, 665.000 altas de trabajadores autónomos por 625.000 bajas; 665.000 altas y 625.000 bajas de autónomos en el año 2015. Estos son los datos que muestran la debilidad, la vulnerabilidad, las auténticas dificultades de los trabajadores por cuenta propia en este país, pero, frente a la magnitud de este problema, no podemos limitarnos a aprobar una ley con seis artículos de limitadísimo alcance. No es ni remotamente suficiente. Ustedes saben, como yo, dónde están los problemas auténticos de los trabajadores autónomos. Los problemas están en el acceso a la financiación, que es el auténtico muro contra el que se estrellan una y otra vez centenares de miles de pequeños empresarios, de autónomos. ¿Nos atrevemos a que el ICO preste dinero directamente a los autónomos en condiciones ventajosas? ¿Nos atrevemos a utilizar la banca intervenida para financiar a los autónomos? Los problemas de verdad están en la morosidad insoportable, la que viene de las administraciones públicas y de las empresas privadas. ¿Nos atrevemos de verdad a ponerle límite con un sistema eficaz de infracciones y de sanciones? Nada de esto hay en esta ley. Los problemas de verdad están en la Ley de Segunda Oportunidad que no permite a los autónomos recuperarse de los tropiezos inherentes a su condición. ¿Nos atrevemos a eliminar el periodo legal de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a reclamarse? No está en la ley. Los problemas, es cierto, están en buena medida en las reformas pendientes del régimen especial de autónomos, pero van más allá de los recargos por ingresos con retrasos y más allá incluso de las tarifas planas temporales. ¿Qué ocurre cuando termina el plazo de los seis meses o de los doce meses con tarifa reducida y el autónomo sigue recibiendo ingresos muy reducidos? ¿Nos atrevemos a permitir que los autónomos coticen según ingresos reales? Estaba en el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, está en el acuerdo de Ciudadanos con el PP, pero no está en esta proposición de ley. ¿Por qué? ¿Nos atrevemos a permitir que los trabajadores autónomos accedan a las mismas prestaciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena sin acudir a modelos de cotización voluntaria que contradicen el principio de universalidad en la Seguridad Social? ¿Nos atrevemos o nos quedamos en la modulación de los recargos? Los problemas están en la fiscalidad, pero van mucho más allá de los gastos deducibles en el IRPF. ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos con discapacidad? ¿Vamos a acabar con la discriminación injusta que les distingue de los demás trabajadores en el pago de sus impuestos? ¿Vamos a reconocer, por fin, que la fórmula del IVA de caja que el PP aprobó en la Ley de emprendedores de 2013 ha fracasado porque no la utiliza ni el 1 % de los autónomos? Los problemas están en los contratos de las administraciones públicas, demasiado amplios, demasiado condicionados como para que los trabajadores autónomos puedan optar a sus concursos. ¿Nos atreveremos a reducirlos, a fraccionarlos, a simplificarlos? Los problemas están en la economía colaborativa, en el servicio especial agrario, en los autónomos a tiempo parcial, en la reducción y en la simplificación de los trámites administrativos de verdad. Sin embargo, señorías, en los seis limitados artículos de esta proposición de ley no se desarrollan, ni de lejos, las reformas estructurales necesarias en el trabajo autónomo. Son seis artículos muy limitados, no aparecen los acuerdos que suscribió el Partido Socialista con Ciudadanos como, por ejemplo, el fondo para la financiación de sectores empresariales estratégicos, la implicación del ICO en la financiación de pequeños proyectos empresariales, tampoco aparece buena parte de los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular, la cotización cero para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, la cotización reducida para los autónomos a tiempo parcial. No aparecen en buena medida esos compromisos que el Grupo Ciudadanos suscribió con el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, no obstante va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque, a pesar de su contenido limitado, a pesar del incumplimiento que refleja en los acuerdos suscritos por sus propios autores, muestra una voluntad evidente por mejorar las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos en nuestro país, y los socialistas compartimos esa voluntad. Ahora bien, el Grupo Socialista trabajará para que esta ley sea algo más que una ley limitada y rapidita para que alguien se ponga una medalla, trabajaremos para que esta ley sea algo más que una nueva palmadita en la espalda de los sufridos trabajadores autónomos: cuánto os queremos, cuánto os admiramos y qué poco hacemos por vosotros. No, vamos a trabajar para que esta ley sea algo más, para que sea mucho más, menos jabón y más solución. Trabajaremos para que esta ley contribuya de verdad a resolver los muchos problemas que aquejan a los trabajadores por cuenta propia, con seriedad y sin medallas para nadie. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy vamos a poner otra piedra en una nueva planta del edificio regulatorio de los autónomos en España, otra nueva planta que habremos de construir entre todos con el objeto de continuar, de perseverar, de consolidar la ingente tarea que en esta materia el Gobierno ha ido abordando a lo largo de los últimos cinco años. Señorías, el trabajo por cuenta propia tiene un valor esencial en una sociedad moderna. Que existan personas que no aspiren a ser asalariados de otro emprendedor o funcionarios y apuesten por construir un proyecto o un negocio para generar su propio puesto de trabajo, invirtiendo, arriesgando, creando riqueza, incluso oportunidades laborales para otros, es sin duda una necesidad de toda sociedad dinámica y próspera. Por lo tanto, este, que es un ámbito de enorme interés para la sociedad, lo es también para el Partido Popular. Construir una sociedad abierta, una sociedad próspera, una sociedad libre, donde cada uno pueda poner en marcha el proyecto personal que le parezca, y que favorezca además el bien común, es uno de los elementos estructurales de nuestros principios políticos y de nuestros valores sociales. Por eso, señorías, incluso en medio de la más profunda crisis en la que nos tocó navegar porque otros no fueron capaces de identificar la tormenta ni de tomar las medidas oportunas para mitigar sus esfuerzos, incluso en esas circunstancias, las reformas en materia de autónomos fueron una prioridad conceptual para el Partido Popular, con el convencimiento de que, si ayudábamos a los emprendedores españoles, nos ayudábamos todos. Por eso, señorías, un Gobierno serio y responsable se puso manos a la obra y en solamente cuatro años aprobó más leyes e iniciativas en esta Cámara para autónomos que cualquier otro Gobierno en todo el periodo democrático: el Fondo de pago a proveedores, los profundos cambios en el marco regulatorio, la licencia exprés, la Ley de garantía de unidad de mercado, la factura electrónica, la Ley de emprendimiento juvenil, la Ley de apoyo a los emprendedores, la tarifa plana de 50 euros, los incentivos a la inversión de los beneficios, la capitalización por desempleo, la compatibilidad del desempleo, la Ley de fomento del autoempleo, la elección de la cuota en la pluriactividad, las reformas fiscales relacionadas con las retenciones, la elección de la compatibilidad de la jubilación con el trabajo por cuenta propia, las bonificaciones en la conciliación de la vida personal y profesional, la deuda comercial, las medidas en apoyo a familiares de colaboradores de trabajadores autónomos, la flexibilidad en el acceso a la prestación por cese de actividad, y otras muchas más, a lo largo de estos años. Esta ha sido una labor ingente, una labor precisa, una labor coherente con el resto de políticas económicas, laborales y sociales del país que ha transformado completamente el panorama, el escenario en que se desenvuelve el trabajo autónomo en España. Como todos ustedes saben, si hasta el año 2011 se habían destruido más de 570.000 autónomos en España y las calles de nuestras ciudades se llenaban de persianas bajadas con carteles de se vende, se alquila o se traspasa, hoy, después de estos cinco años, después de esta legislatura profundamente reformista, el panorama ha cambiado por completo. Cada día más ciudadanos retoman sus proyectos, levantan una persiana, alquilan un local, vuelven a pedir un crédito, descargan sus camiones y llenan nuestras calles de actividad. Señorías, el clima, el ambiente, las expectativas y el empuje están volviendo a nuestras calles, a nuestros barrios y a nuestros polígonos industriales. No en vano, como contrapunto, hoy tenemos más de 130.000 nuevas afiliaciones de autónomos a la Seguridad Social, un balance desde la etapa anterior que es realmente positivo; una contribución de las políticas económicas, sociales y laborales del Partido Popular, que no tiene parangón, que nadie más puede presentar. Por eso el Partido Popular sigue siendo la fuerza más respaldada por los españoles, porque sus políticas son útiles, crean bienestar, permiten rehabilitar proyectos de vida perdidos y, por eso, señorías, profundizamos en ellas en nuestro programa electoral y, por eso también, cuando tuvimos la oportunidad de dialogar y negociar con otras fuerzas políticas apoyos para seguir desarrollando lo que forma parte desde hace décadas de nuestro ADN, no dudamos en integrarlas en los acuerdos como nuevos impulsos en la misma dirección en la que veníamos trabajando y en la que siempre hemos trabajado. Nos sentimos, por tanto, muy honrados de que otras fuerzas políticas crean también que este es el camino y les damos la bienvenida, señor Rivera; bienvenidos a esta dinámica, bienvenidos a este compromiso, bienvenidos a estos resultados y a estas tareas desarrolladas. Y ojalá se sumen otras fuerzas que también crean, como nosotros, que nuestro país necesita españoles que sigan generando oportunidades para todos y que nuestra labor, la labor del Ejecutivo y de este Legislativo, es darles apoyo, darles acompañamiento, darles respaldo, darles aliento y nuevas herramientas. Ahí, señorías, señor Rivera, siempre nos han encontrado los autónomos y ahí nos van a encontrar todos los grupos en esta Cámara, antes, ahora y, desde luego, en el futuro, como hicimos con nuestro compromiso respecto del aumento de la flexibilidad en la elección de las bases de cotización, como hicimos también con la tarifa plana y con su ampliación, como hemos hecho con tantas cosas para continuar esa labor. Hoy pediremos también la toma en consideración de esta proposición de ley en la seguridad de que es un buen cimiento para dar, con aportaciones de todos, un nuevo impulso en algunos asuntos relevantes para el sector y que siga formando parte de nuestra agenda política. Es cierto que técnica y económicamente hay cuestiones matizables, mejorables, como el equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones para profundizar en elementos equitativos y de justicia - no en vano el 86 % de los autónomos cotizan por la base mínima -, los recargos para no perjudicar injustamente a aquellos que siempre cumplen o a otros agentes económicos y sociales o el equilibrio en un sistema que es mucho más amplio que el propio RETA, o el propio título I, que reza 'reducir las cargas administrativas' y que tiene poco que ver con el articulado. Pero la rapidez, a veces la improvisación, la retirada y modificación de algunos textos es lógica y no puede criticarse cuando se aborda una iniciativa de estas características por primera vez y se hace con buena fe. Que el texto sea un poco farragoso, que a veces sea ingenuo e incluso poco concreto no es una excusa para no aplaudirlo. Hay una buena voluntad, señor Rivera, y eso es lo importante para nosotros, porque tiempo tendremos de mejorar el texto, de mejorar los contenidos, de incorporar nuevos avances positivos, de conseguir, en definitiva, los objetivos sin perjudicar, sin afectar, sin distorsionar, sin desvirtuar el sistema en su conjunto. Porque tenemos la obligación de preservar el equilibrio de un sistema que es mucho más amplio que lo que hoy pretendemos reformar y tiene otros sectores que, si no tenemos cuidado, pueden verse afectados, perjudicados e incluso discriminados en términos comparativos. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere mostrar su mejor disposición en esta tarea, con las manos abiertas, con el diálogo como herramienta, escuchando activamente, como hasta ahora, a las asociaciones de trabajadores autónomos, con la experiencia como respaldo y, sobre todo, con los resultados como aval. Queremos participar vivamente en la tramitación, queremos incorporar al trabajo a otras fuerzas políticas por adición y estoy seguro de que con estos mimbres el resultado será positivo, será un impulso más, será una herramienta más y un obstáculo menos para potenciar nuestro trabajo autónomo, nuestro emprendimiento y la nueva senda económica a la que España está ya incorporada. Solicitamos y agradecemos también el voto positivo de muchos de los grupos de esta Cámara para que todos participemos en estos proyectos que están haciendo cada día más próspera y más dinámica nuestra nación. Solicitamos y agradecemos el voto de muchos grupos de esta Cámara para aprovechar la oportunidad de continuar aumentando la productividad y nuestra capacidad de crecimiento. Solicitamos y agradecemos, señorías, el voto positivo de muchos de los grupos de esta Cámara para seguir mejorando, con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular, el clima y sobre todo haciendo aún más favorable el importante ecosistema de nuestros trabajadores autónomos españoles. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], DE REFORMA DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. [[Número de expediente 122/000021]]
Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. Traemos al debate de esta Cámara para su toma en consideración al igual que hicimos en la legislatura pasada una proposición de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, y ya desde un comienzo doy las claves de la reforma: residenciar en la exclusiva competencia del Gobierno la facultad de clasificar los documentos, y segundo... [[Rumores]]
Silencio, por favor.
... la de fijar plazos máximos para el mantenimiento del secreto o de la reserva. Esto es lo relevante, solo estas dos cosas; todo lo demás es accesorio y negociable. Algún grupo parlamentario en la pasada legislatura recelaba de las intenciones de nuestro grupo parlamentario usando el truco retórico de decir que no se les pasaba por la cabeza que tuviéramos intenciones partidistas, localistas, tácticas o de competir con populistas. Pues no, ahora puedo contestarles que no teníamos ni tenemos ninguna intención de competir en populismo y mucho menos bajo el ropaje de ciudadanía. Algún otro grupo parlamentario más populoso que el anterior se posicionó en contra de esta misma iniciativa en la legislatura pasada tachándola de parcheo, pero sin oponerse - decían - a una reforma conjunta de la ley, y señalando alguna que otra incongruencia que, a su juicio, contenía la iniciativa. Ahora a estos también puedo decirles que confundían el dedo con la luna y que en pleno siglo XXI no podemos estar esperando ad calendas graecas que el Gobierno nos presente una iniciativa de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales. O la oposición toma la iniciativa o el Gobierno de turno, sea del color que sea, no hará nada. Y podemos añadir que no es solo que el Gobierno nunca ha tomado en este asunto iniciativa alguna, sino que cuando se ha hecho desde la oposición se ha opuesto. Así sucedió en el año 2007, durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, se intentó por la oposición desclasificar miles de documentos y no fue posible. Y lo mismo pasó durante la tramitación de la Ley de Transparencia en el año 2013. También tenemos que recordar que en el año 2010 el Consejo de Ministros acordó que una amplia relación de temas no podían ser públicos en la medida en que tenían que ver con las relaciones diplomáticas con terceros países, pero no, como cabría pensar, con las relaciones en curso, sino que se impide el conocimiento de documentación de muchos siglos atrás, del fondo histórico, de su archivo histórico desde el siglo XV hasta nuestros días. Y tampoco podemos olvidar que en el año 2012 el ministro de Defensa se negó a desclasificar unos 10.000 documentos de entre 1936 y 1968 que los técnicos ministeriales ya tenían listos para su desclasificación. Todo esto nos pone sobre la pista, sobre la clave de la cuestión de esta proposición de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, que no es otra que, con la actual ley, el Gobierno de turno puede hacer lo que quiera respecto a la desclasificación de documentos, y entendemos que esto no puede seguir así. La ley actual no establece norma alguna para la desclasificación y en esto se ampara el Gobierno de turno para no desclasificar nada y, al final, como no hay obligación al no haber criterios, se cae en la desidia, en una inercia de no desclasificar nada, llegando al puro disparate que ya comentaba del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no desclasifica la práctica totalidad de su fondo histórico y también - hay que decirlo - al puro disparate de desclasificar hace pocas fechas documentación relativa al avistamiento de ovnis. Pudiera parecer un sarcasmo, pero no lo es. Quizá por este mismo patrón de comportamiento. En los países más avanzados de nuestro entorno el criterio que rige con carácter general es el temporal, casi cualquier otro criterio conduce a la opacidad y a la arbitrariedad. La experiencia comparada nos lo corrobora cuando marca un límite cronológico, un momento en el que se desclasifican los documentos. Así, sin ánimo agotador, en Estados Unidos en desarrollo de la primera enmienda el criterio para desclasificar la información clasificada como de secreta, confidencial o de acceso restringido es el del automatismo de los plazos. Solo la desclasificación de la información de alto secreto, la llamada top secret, queda a disposición de la autoridad que la clasificó hasta un plazo máximo de veinte años, salvo - y leo literalmente - que suponga un grave peligro inminente para la seguridad nacional o tal información ponga en peligro la vida de una persona. No voy a repetir los casos del Reino Unido, Alemania o Suiza porque ya los vimos en la legislatura pasada, respecto al criterio cronológico. Se nos ha dicho que la introducción de un criterio cronológico para desclasificar desarticula el régimen constitucional de materias sustraídas al principio de publicidad. Entendemos que nada más lejos de la realidad, lo que desarticula es la opacidad del Gobierno español, sea del color que sea, en nada homologable a nuestro entorno. Por eso proponemos la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales porque consideramos que es una ley de opacidad y porque esa misma opacidad ha generado grandes conflictos entre los poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La permanencia de la actual Ley sobre Secretos Oficiales también pone en solfa los instrumentos internacionales suscritos por España en materia archivística y de documentación tanto la recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre política europea en materia de comunicación de archivos como el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a la información. Así, y con esta práctica, se impide que se conozcan documentos tan relevantes para los ciudadanos como los relativos a la Guerra Civil de hace ya ochenta años. Algún grupo nos recordaba en el debate que ya tuvimos que, tras la caída del muro de Berlín, se abrieron inmediatamente los archivos de la Stasi a cualquier ciudadano que lo solicitara, aunque no le afectara directamente. Aquí solo aspiramos a lo mismo aunque con ochenta años de retraso, y a algunos hasta les parece mucho. Y no se trata, como algunos dicen, de parchear, sino de incrementar la transparencia y de incrementar la salud democrática, de solventar problemas reales de los ciudadanos que tienen derecho a conocer tras el paso de un cierto tiempo la actividad de su Estado y, si les parece un parcheo, ya saben lo que hay que hacer, que el Gobierno presente un proyecto de ley. Pero consideramos que no podemos esperar ya más tiempo a que este lo haga. La experiencia nos ha demostrado que o nos movemos o no se mueve nada ni se propone una nueva ley con criterios y plazos al Gobierno ni de facto se desclasifican documentos por mucho tiempo, incluso siglos, que hayan transcurrido. Y esto para desesperación incluso de hasta los mismos historiadores que tienen que recurrir en ocasiones a los archivos de terceros países para acceder a documentos que les den luz sobre lo que pasaba en España en ese tiempo que investigan. Llevamos así desde la Transición, ya que la única reforma de la ley lo fue en octubre de 1978, incorporando, entre otros aspectos, el levantamiento del velo respecto a los documentos clasificados, posibilitando con ello su conocimiento por las Cortes Generales. Han pasado ya cuarenta años desde esa reforma y cincuenta desde la aprobación de la Ley sobre Secretos Oficiales. Procede ahora abordar como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad. Esta adaptación se basa, como ya dijimos, en dos grandes ejes: residenciar en exclusiva en el Gobierno la facultad de clasificar documentos y desclasificarlos y fijar plazos para el mantenimiento de la clasificación de esos mismos documentos si antes no lo ha hecho el Gobierno, a fin de disponer de una ley de secretos moderna, homologable, garantista y compatible con el principio democrático de transparencia y acceso público y la seguridad del Estado. En definitiva - voy finalizando, señora presidenta -, con la presentación de esta proposición de ley se trata de acabar con una práctica abusiva y generalizada del Gobierno, sea del turno que sea, de adecuarse a los tiempos y a nuestro entorno, de ser coherente con el principio de transparencia - que los ciudadanos, los historiadores y las instituciones puedan enterarse de lo que pasó -, de solventar una situación impropia en un Estado que se dice democrático, de suprimir, como alguien dijo en esta Cámara, las llaves del eterno secreto, de impedir la desidia, la inercia administrativa y la opacidad. En democracia, señorías, consideramos que solo estamos hablando de democracia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Hablamos de una ley muy singular, la de secretos oficiales, que desde su promulgación, allá por el año 1968 nada menos, ha tenido una leve reforma en 1978. Sometidas al Congreso y al Senado diferentes propuestas que instaban a su modificación, han sido todas rechazadas, la última en el Pleno de la Cámara Alta en julio del año pasado y otra que fue aceptada en el Congreso a finales del pasado mes de abril, también del Grupo Parlamentario Vasco, decayó con la fallida legislatura y es la que se trae de nuevo a debate. Esta iniciativa pretende fijar un periodo de desclasificación automática: veinticinco años para materias secretas y diez para reservadas, y atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos, si bien cabe señalar que ya en la X Legislatura hubo acuerdos en las Cortes Generales en aras de la desclasificación de determinados documentos de carácter histórico que afectan al Ministerio de Defensa, previo estudio y revisión en profundidad, inventariado y selección. Señorías, la legitimidad del secreto oficial se encuentra establecida formalmente en el artículo 105, apartado b), de la Constitución española y constituye una prerrogativa gubernamental de los países democráticos y de las organizaciones supranacionales. A lo largo del tiempo, esta ley ha sido objeto de críticas. Permítanme que recuerde las formuladas por don Fernando Álvarez de Miranda, primer presidente de este Congreso en democracia, fallecido el pasado mes de mayo, que en 1995, entonces en calidad de Defensor del Pueblo, aseguró en su informe anual que esta Ley sobre Secretos Oficiales podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, toda vez que - cito textualmente - no respeta ni el deber de colaboración con la Justicia ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales. El Defensor del Pueblo recomendó entonces que una nueva redacción de la ley tuviera en cuenta el derecho de los ciudadanos a usar las pruebas pertinentes para su defensa sin dejar zonas de inmunidad fuera del ámbito judicial. A nosotros nos parece que en las recomendaciones realizadas por Álvarez de Miranda hay una serie de cuestiones en las que probablemente se pueda prefigurar una amplia coincidencia y en su momento también se pueda avanzar en esa dirección. En todo caso, a Foro le parece que esta Ley sobre Secretos Oficiales es perfeccionable, pero su reforma exige mucho tiento legislativo porque afecta, entre otros aspectos destacados, a importantes cuestiones relativas a la seguridad del Estado, incluso a la seguridad exterior, a las relaciones con otros países y también a la privacidad e intimidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero señalar, por último, que toda reforma legislativa de calado debería basarse en un amplio consenso. Consideramos que la toma en consideración abrirá una delicada puerta a la presentación de enmiendas a todo el articulado de la ley y no solo a los aspectos concretos que se citan en el texto y que, como señaló el señor diputado Legarda Uriarte, son relativos a la exposición de motivos, así como a diferentes artículos. De ahí que finalmente mi abstención será la posición que tome en esta toma en consideración. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
Señora presidenta, señorías, ¿recuerdan ustedes ese programa televisivo que se llamó Operación Palace? Durante un par de horas muchísimas personas sentimos, frente a las pantallas, la impotencia del desconocimiento de la verdad, hasta el punto de creernos la ficción elaborada con genialidad en un falso documental sobre los hechos que rodearon el 23F. Objetivo cumplido por ese programa. Operación Palace denunciaba la falta de transparencia del Estado español con sus ciudadanos y cómo ese desconocimiento podía permitir crear bulos informativos o teorías de la conspiración de toda clase. Pues bien, una sociedad informada es una sociedad con memoria, porque ¿cómo va a analizarse aquello que se ignora? Hemos de escribir nuestra historia con hechos, no con reconstrucciones ficticias de los hechos. Señorías, cuarenta y ocho años después de la aprobación de la Ley sobre Secretos Oficiales bajo un régimen dictatorial, que fue retocada en el periodo preconstitucional, es ahora a todas luces obvia la necesidad de elaborar un nuevo texto legal plenamente acorde con los principios del Estado social y democrático de derecho. Lo que ahora se plantea aquí es acabar con una anomalía, con una perversión de la ley que se hizo durante el franquismo, equiparando nuestra legislación a la de la Unión Europea, porque los países de nuestro entorno sí cuentan con límites temporales para los secretos de Estado: en el Reino Unido, treinta años, al igual que en Italia; cincuenta años en Francia; etcétera. Se trata, pues, de fijar límites para la desclasificación de documentos, del fin de los secretos de Estado, y desde Compromís consideramos que es un asunto vital para determinar la salud democrática y la transparencia de un Estado. ¿O es que acaso no es madura la democracia española como para encajar ciertas verdades del pasado? ¿Qué es más importante, llevarse el secreto a la tumba o garantizar el derecho a la información y la transparencia? Es lógico e incluso necesario que se establezcan límites en casos de extrema necesidad, cuando peligra la seguridad o la supervivencia misma del Estado, pero esto nunca puede suponer una merma completa del contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales, más aún cuando la información ya no supone un peligro para el Estado. Actualmente los papeles oficiales en España son secretos de por vida, son secretos a la eternidad. Cuando cumplen cincuenta años pasan a considerarse documentos históricos, pero no hay nada que nos diga que, pasado ese tiempo, con esa nueva etiqueta que se les asigna, puedan ser abiertos a investigadores, periodistas o ciudadanos en general. Necesitamos que los investigadores y los historiadores puedan acceder a documentos que cuenten con más de treinta y cinco años de antigüedad y puedan así reconstruir partes importantes del pasado, de la historia. Una desclasificación seria, rigurosa y responsable pondría fin a las teorías de la conspiración y al morbo que rodea este ámbito. No queremos que continúe el oscurantismo en un país democrático, y por este motivo Compromís votará a favor de esta proposición de ley. Gracias.
Muchas gracias. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítanme que salude la presencia de la ministra de Defensa en este debate de toma en consideración. Señora ministra, celebro que esté aquí. Creo que usted sí que ha entendido que esta es una legislatura sin mayoría absoluta en la que va a haber debate y habrá que llegar a acuerdos en el Parlamento. También fue la única representante del Gobierno que estuvo presente la semana pasada en una sesión secreta para la discusión del suplicatorio de un diputado de mi grupo, el señor Francesc Homs. Señorías, vamos a votar a favor de la proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco en plena coherencia con el voto que ya planteamos en la anterior legislatura, en la breve legislatura, concretamente en el mes de abril. Un artículo de prensa del mismo día de hoy, haciéndose eco de esta proposición de ley del Grupo Vasco, dice: en España el secreto es eterno. No es una frase poética, señorías, es exacto. Dice el autor de este artículo: En España el secreto es eterno, para desesperación de los investigadores, que deben bucear en archivos extranjeros para documentar la historia de España. Se trata de hacer una reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales en dos dimensiones: fijando un tiempo máximo sobre las materias secretas, que la proposición de ley plantea que sea de veinticinco años, y un tiempo máximo para las materias reservadas, que la proposición de ley plantea que sea de diez años, ambos ampliables a diez años más. Asimismo plantea quién puede afrontar la declaración y el levantamiento del velo de los secretos y de las materias reservadas. En una sociedad democrática y con una legislación que se tiene que armonizar con el actual momento democrático de los últimos cuarenta años esto lo puede hacer únicamente el Consejo de Ministros, no como ahora, que tiene competencia la Junta de Jefes de Estado Mayor, competencias que han quedado vaciadas a este respecto. También debemos decidir el límite, que en Reino Unido son treinta años, en Estados Unidos entre veinticinco y cincuenta y en Francia cincuenta. En definitiva, nos debemos homologar a las democracias de nuestro entorno si realmente esta es una legislatura con vocación de reforma. A pesar de las enmiendas que planteamos distintos grupos y distintos partidos, no pudo ser posible la reforma en la Ley de Memoria Histórica, que fue una ley muy mal resuelta en muchos extremos, también en este, o de la Ley de Transparencia. Señorías, se trata de buscar y de levantar la verdad histórica para los historiadores, no para la controversia; se trata de que documentos del siglo XIX del Ministerio de Exteriores puedan ser conocidos y que no se amparen algunos diciendo que esto afectaría a las relaciones diplomáticas. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Reino Unido no han tenido problemas para la desclasificación de documentos después de un periodo de tiempo. Finalmente, señorías, he escuchado unos argumentos que quizás van a reproducir otros portavoces. Esta es una materia muy sensible que tiene que ser planteada por el Gobierno. Señorías, bien sea el Gobierno, bien sea un grupo parlamentario - porque todos los grupos parlamentarios tienen capacidad de iniciativa -, se podrían plantear enmiendas sobre el conjunto de la ley. Se tiene que buscar un acuerdo sobre el objeto y la motivación de esta ley y tomarlo en consideración. El Partit Demòcrata votará favorablemente. En el mes de abril hubo 219 votos a favor de la toma en consideración y 111 en contra. Llamo a la coherencia de aquellos que votaron a favor en el mes de abril porque, señora presidenta - y con esto termino -, parece que el Gobierno sí está dispuesto a la desclasificación de 1.900 páginas de informes sobre avistamientos de ovnis. Señorías, algún día podremos reflexionar sobre si los ovnis existen o no; lo que sí existe desde hace más de cuarenta y sesenta años son documentos históricos escondidos en los ministerios y en los archivos del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
Señora presidenta, señorías, hablamos de transparencia con una ley franquista y claramente opaca en nuestra legislación, la Ley de Secretos Oficiales. Superar ya no la legislación del franquismo, sino la del propio régimen de 1978, supone soltar lastre y poder encarar las nuevas realidades de una sociedad afortunadamente muy diferente de la sociedad de los setenta y ochenta, pero también supone cerrar el largo periodo de transición que, por el momento, se está prolongando tanto como el propio régimen franquista. Pero parece que somos incapaces de avanzar. La Constitución, sin una reforma en profundidad en treinta y ocho años, continúa articulando el mismo texto de 1978 y su interpretación a menudo sigue oliendo a naftalina. ¡Y cómo no ha de ser así, si fue firmada a punta de pistola, garantizando así la continuidad de algunos preceptos del régimen franquista, como por ejemplo la propia Ley de Secretos Oficiales! Una ley de 1968 que emana del corpus legislativo del antiguo régimen franquista - insisto, estamos hablando de una ley de 1968-, modificada parcialmente el 7 de octubre de 1978 en una etapa preconstitucional para el levantamiento del velo de las materias clasificadas y para posibilitar el conocimiento por parte de las Cortes. Por tanto, la modificación fue efímera. Es una de tantas leyes que el régimen de 1978 adoptó del franquismo y que, como se ha visto en estos treinta y ocho años, ha sido incapaz de modificar y actualizar. Y no es que no haya habido oportunidades. De hecho, en algunas ocasiones incluso se ha intentado hacer más regresiva. Aznar, en 1996, intentó fijar un tiempo máximo para la desclasificación de documentación reservada de cincuenta años, pero no lo consiguió. Con la aprobación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de 2013, el Gobierno popular tuvo la oportunidad de afrontar la revisión de secretos oficiales, donde sin duda en alguna disposición adicional se tendría que haber modificado, pero tampoco lo hizo. Y con la Ley de la Memoria Histórica fue el Gobierno del PSOE quien fue incapaz de afrontar la desclasificación de documentos, aunque la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometió en su momento a hacerlo con diez mil. Pero tampoco se hizo. Desde Esquerra Republicana lo intentamos durante la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica y no lo conseguimos. Habíamos pedido que la política archivística del Estado se homologara al resto de Estados y no lo conseguimos. Es cierto que al final la Ley de la Memoria Histórica, ley que los republicanos no validamos y no votamos favorablemente, pretendía poner a disposición de la ciudadanía toda la documentación desclasificada, pero su desclasificación dependía de la competencia del Consejo de Ministros. Desde 1968 llevamos así cuarenta y ocho años con esta ley, con una misma ley franquista que rige los secretos oficiales del Estado desde la opacidad más absoluta, a la vieja usanza, a la misma usanza que, por ejemplo, a nuestro grupo y a Bildu se nos ha vetado para poder formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Es una ley que todavía hoy mantiene incólumes algunos de los principios del régimen. Por ejemplo, dispone de la capacidad para declarar entre una materia reservada o secreta, que depende no solo del Gobierno, sino también de la Junta de Jefes del Estado Mayor, un órgano que, como se ha comentado, hoy es inexistente. Es evidente que esta ley es un anacronismo del pasado, y más hoy, ante las demandas de mayor transparencia que nos realizan la ciudadanía y los organismos internacionales. En ese sentido, la reforma de esta ley debería ir a la par con otras propuestas recientes de reforma, como la Ley de Transparencia, que ha supuesto un paso adelante, o la reciente creación de la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales. Por tanto, hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar ese anacronismo de cuarenta años de edad. Por este motivo, a la iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Vasco vamos a darle nuestro voto a favor. Para ir terminando, recientemente se ha aludido al hecho de que la difusión de determinada información podía perjudicar las relaciones diplomáticas y hacer daño a terceros. Ante todo, siempre por delante la transparencia. Suponemos que en Cataluña tendremos que esperar otro nuevo largo periodo, el intervalo de tiempo quizá de un nuevo régimen, para conocer detalles de la operación Cataluña, que hoy debe generar multitud de documentación clasificada en los archivos del Ministerio del Interior y del CNI. Para entonces dicha documentación solo tendrá para nosotros el mero valor histórico, pero nos va a permitir explicar a nuestros nietos republicanos cuál fue el supuesto posicionamiento del Estado español ante nuestra independencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
Gracias, señora presidenta. Señor Legarda, usted nos trae otra vez esta proposición de ley. Nosotros no es que no queramos fiarnos de usted; estamos absolutamente convencidos y le creemos si usted nos dice que esto no es un criterio oportunista, que no es un criterio político, que no es un criterio populista, claro que sí. Pero permítame que no entienda una cosa. No entendemos cómo el Grupo Parlamentario Vasco en su primera proposición de ley, con el escaso cupo que tiene - y créame que nosotros como grupo parlamentario pequeño que somos apreciamos los escasos cupos que tenemos para hacer este tipo de cosas -, nos venga con una proposición de ley en este sentido cuando estamos cansados de debatir aquí proposiciones no de ley sobre la industria vasca, sobre cambios que tenemos que hacer de forma urgente para financiar temas de la ría de Bilbao, etcétera. Sin embargo, de repente, en la única proposición de ley que tienen ustedes en este tramo de legislatura, nos presentan esto de nuevo, porque vuelve a ser repetición de lo que nos contaron en la legislatura anterior. Mire, señor Legarda, sabemos que la ley de 1968 es una ley preconstitucional. Es más, solo tenemos que ver que dice textualmente: importante juego de control político que en esta materia se reconoce a las Cortes Generales y al Consejo Nacional del Movimiento. Fíjese usted si es preconstitucional y si querremos cambiarla. Entiendo que no hay ningún demócrata en esta Cámara que no quiera cambiar esto; estoy absolutamente convencido. Es más, habla de la Junta de Estado Mayor, que ya no existe, criterio más a favor todavía para cambiarla. Ahora bien, de catorce artículos que tiene esta ley usted propone la modificación parcial de tres y solo de una disposición transitoria. A nosotros nos parece que eso no es suficiente, señor Legarda. Esta ley de lo que va es de una cosa básica que es el derecho a la información; derecho a la información que tienen todos los ciudadanos españoles; derecho a la información que reconoce la Constitución. Es más, no solo la Constitución española sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos reconoce ese derecho a la información a todos los ciudadanos. En nuestra Constitución el derecho a la información solo está limitado por dos artículos: por el artículo 20.4, que habla del honor y de la protección a la infancia y a la juventud, y por el 105.b), que habla de la seguridad y la defensa del Estado, precisamente. Señor Legarda, casi cincuenta años después nos parece obvio que necesitamos un nuevo proyecto y un nuevo pacto legal acorde con los principios del Estado social para reformar esta ley. Ahora bien, lo que nosotros queremos no es un parche; porque, aunque usted no lo quiera, esto es un parche. Lo que nosotros queremos es un proyecto de ley. Y nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera presentado un proyecto de ley de reforma completa de la ley. En este sentido hemos estado trabajando esta semana y lamentamos que al final el Partido Socialista, después de haber cerrado con el Gobierno la posibilidad de que el Gobierno hoy se comprometiera a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de ley integral, de cambio completo de esta ley, haya decidido declinar este ofrecimiento del Gobierno, del grupo que le da soporte y del Grupo Ciudadanos, que también hemos trabajado muchísimo para conseguirlo, solamente para poder votar a favor de la modificación de tres artículos de la Ley sobre Secretos Oficiales. Señorías, es comprensible poner límites en razón de la seguridad y de la defensa de la nación. Además, a la postre, esto es un seguro para todos. Sin embargo, esto no puede suponer una merma de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos. Señorías, hay un solo órgano competente en estos momentos para clasificar una materia - en la ley actual hay dos, pero como uno ya está extinto, evidentemente hay uno solo -, y entendemos que este debe ser el Consejo de Ministros. Y además debe haber un criterio de desclasificación que sea automática y por el mero transcurso del tiempo. Esto también nos parece razonable. No obstante, entendemos que a su proposición de ley, señor Legarda, señores del Grupo Parlamentario Vasco, le faltan otro tipo de iniciativas, como puede ser la labor del Defensor del Pueblo, en cuanto alto comisionado de las Cortes Generales, para ver cómo puede acceder a información clasificada en cargo de su representación de todos los españoles, o cómo pueden expertos, historiadores o científicos hacer un uso de la información cuando la información está cercana a ser desclasificada y no esperar hasta la desclasificación final. Son ejemplos solamente de cosas que un nuevo proyecto de ley completo podría traer a la Cámara y redundar en beneficio de todos. Por ese motivo, señor Legarda, nosotros nos vamos a abstener. Queremos cambiar esta ley, pero no queremos ser artífices de colocar un parche en esta ley. Y así como el Gobierno se ha comprometido hace escasas horas con nosotros y con el Partido Socialista a presentar en un plazo de seis meses un nuevo proyecto de ley de secretos oficiales, recogemos ese guante e instamos, exigimos y pedimos al Gobierno que cumpla con ese objetivo, con el compromiso alcanzado con nosotros esta mañana para traer en un plazo de seis meses una nueva ley de secretos oficiales. Muchísimas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Del Olmo Ibáñez.
Señora presidenta, señorías, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco contiene elementos interesantes para la reflexión, al menos sobre dos cuestiones fundamentales en un Estado de derecho. Primero, la necesidad de articular procedimientos políticos y jurídicos que a la vez que garanticen la seguridad y defensa del Estado favorezcan la verdadera transparencia de las instituciones democráticas. Y, segundo, este asunto evidencia la existencia de un sentir mayoritario, una preocupación socialmente compartida por la recuperación de la memoria democrática de nuestro país. En ese sentido, nuestra posición es claramente favorable a la propuesta de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. En esencia, nos parece indiscutible la necesidad de modificación por el impulso ético que acompaña a esta iniciativa legislativa, un impulso ético que sintoniza con una visión del Parlamento que en Unidos-Podemos tenemos como axioma fundamental de la actividad parlamentaria: exigir que se mantenga informada a esta Cámara de la actuación del Gobierno. Una tarea de control del Gobierno que requiere que las materias reservadas no se conviertan en una atribución del Ejecutivo para la impunidad. Es decir, que el secreto, que las materias calificadas como secretas, tengan una vigencia limitada y, por tanto, nadie se pueda sentir biológicamente inmune ante las instancias judiciales. Es un avance que nos permitirá situar el control parlamentario sobre el Gobierno como un debate más amplio sobre la función de esta Cámara. Que el tiempo no sirva como excusa para el olvido y el secreto no sea sinónimo de impunidad, porque el secreto, señorías, puede suponer una verdadera amenaza para la democracia. Las libertades civiles no pueden ser vulneradas por el poder, por el Gobierno, sin que ello suponga la intervención decidida y contundente de todos ustedes, parlamentarios democráticamente elegidos, que deben - que debemos - garantizar los derechos fundamentales de todas y de todos los ciudadanos. Sería una humillación a esta Cámara y un deshonor para las propias instituciones democráticas en virtud de nuestra inmovilidad hoy aquí que la propia ley vigente estuviera amparando actuaciones que contradicen nuestro propio ordenamiento constitucional. Sería - ya lo es, de hecho - muy difícil de explicar e imposible de comprender que la ley vigente, siendo herencia de un régimen fascista, continúe respaldada por un Parlamento democrático. Quizá sea hora de dotarnos de leyes que no supongan mayor vergüenza y desprestigio de las instituciones y transitar legislativamente del franquismo a la democracia de forma definitiva e irreversible. Lo expresa con brillantez Elías Canetti: Buena parte del prestigio del que gozan las dictaduras se debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en las democracias se reparte y se diluye entre muchos. Y ese entre muchos nos incluye a todos y todas, pero en especial a ustedes, que deben comenzar por responsabilizarse ante esta Cámara de todas las actuaciones que lleva a cabo el Estado. He comenzado mi intervención hablando de la necesidad de recuperar la memoria democrática, y quiero finalizarla recordando a sus señorías el valor de lo simbólico para la construcción de la memoria de un pueblo. Todo el mundo es consciente de que Manuel Fraga, ministro durante la dictadura franquista y padre fundador del Partido Popular, fue impulsor y defensor decidido de la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968. Pero eso, señorías del Partido Popular, no debería suponer para ustedes un conflicto. ¿O sí? Acceder a la información anterior a 1931 no plantea problemas, la gran mayoría está abierta, disponible y consultable. A partir del año 1931 es donde empiezan los problemas. Archivos como el de Simancas, o el del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, o el Archivo General Militar de Madrid, continúan acumulando miles de documentos vetados a la investigación y, lo que es más grave, ocultando información al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Porque en esos archivos - no lo olviden, nosotros no lo olvidamos - vive la memoria de muchos de nuestros compatriotas. La actual Ley sobre Secretos Oficiales es exactamente lo contrario, es la mejor expresión de un régimen asustado de su propio pueblo y de lo que el futuro les puede deparar si se conocen sus acciones pasadas. ¿Quién tiene miedo a que se conozcan sus acciones? Normalmente quienes se sienten culpables, quienes no duermen con la conciencia tranquila. ¿Todos y todas los diputados de esta Cámara tienen la conciencia tranquila? Demuéstrenlo apoyando la proposición de ley. Señorías, la memoria de nuestro pueblo exige respeto y justicia. Si ninguno de los dos partidos que han gobernado este país durante cuarenta años han tenido interés en cambiar una ley franquista, sería bueno que nos explicasen hoy aquí por qué. No podremos realmente ser un país democrático y un pueblo libre hasta que las palabras verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura no consigan un abrumador consenso legislativo en esta Cámara. Por dignidad, no olvidemos nunca a quienes en defensa de la libertad y la legalidad se dejaron la vida en el camino. La memoria siempre es colectiva. La historia, la de verdad, la que se escribe con mayúsculas, no la protagonizan los generales, los ministros, los diputados y las diputadas de estas Cortes; la historia la hacen los pueblos. Nuestra historia es nuestra memoria y es patrimonio cultural de las gentes de nuestro país. Nadie tiene derecho a arrebatar el papel de los verdaderos protagonistas de la historia y decidir lo que el pueblo debe o puede saber. Nuestro pueblo recuerda y tiene derecho a que se reconozca la memoria colectiva de quienes han sido víctimas secretas, silenciadas, ignoradas y olvidadas por las propias instituciones democráticas de su país. Las cosas están cambiando, más despacio de lo que a algunos nos gustaría y mucho más deprisa de lo que algunos de ustedes pueden asimilar. Y, con estos vientos de cambio, llegan preguntas incómodas que ahora estarán obligados a responder. ¿Cuáles son las razones de seguridad nacional por las que el Gobierno no hace públicos los documentos clasificados como secretos oficiales previos a 1968? Pero, es más, que aún hoy la recuperación de la memoria democrática de las víctimas del genocidio de la dictadura franquista encuentre impunidad entre determinados representantes políticos democráticamente elegidos resulta obsceno y repugnante. La desmemoria de un pueblo condena a este a vivir de espaldas a la verdad. Como nos enseñó Marcos Ana: Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
Gracias, señora presidenta. Vuelvo a subir a esta tribuna, como el pasado 27 de abril, para reiterar la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco. Como recordábamos entonces, el Grupo Socialista apoyó durante la X Legislatura todas las iniciativas dirigidas a reformar esta ley y, como hoy, lo seguiremos haciendo en el futuro. Señorías, la vigente Ley sobre Secretos Oficiales no solo es una ley preconstitucional, como se ha dicho, sino que es además una ley antigua, una ley - se ha insistido en ello - que se remonta nada más y nada menos que a 1968 - casi cincuenta años de vigencia -; una ley cuyo preámbulo - también se ha apuntado, para cierto sonrojo del legislador democrático - todavía evoca las Leyes Fundamentales y el Consejo Nacional del Movimiento; una ley cuyo reglamento, en la era de la encriptación de la información, refiere todavía a cajas fuertes o a armarios archivadores. En definitiva, se trata de una ley de otro tiempo. Es verdad que en 1978 unas mínimas modificaciones permitieron su engarce con el marco constitucional hoy vigente, y también es cierto que sucesivas resoluciones de la Presidencia de esta Cámara han posibilitado el acceso y el control parlamentario de la información clasificada. Pero aun así es evidente que esta ley hace aguas y - lo que es peor - ampara que un Gobierno como el del Partido Popular impida el acceso a miles de documentos clasificados que se remontan ni más ni menos - ya se ha apuntado - que a la Guerra Civil. El Partido Popular se opuso hace año y medio a una iniciativa similar en el Senado. El Partido Popular se opuso hace seis meses - el pasado 27 de abril - en esta misma Cámara a la reforma de esta ley. Estupefactos tuvimos que escuchar desde esta misma tribuna al portavoz del Partido Popular decir que no parecía que la vía para afrontar este debate fuera el parcheo - hoy también se ha mencionado este mismo término -, que lo lógico era abordar la ley en su conjunto, que se trataba de una reforma sin gateras, sin puertas traseras. Nosotros decimos que por supuesto hace falta una reforma general de la ley, que por supuesto es necesaria una nueva ley que regule los secretos oficiales, pero el Partido Popular ha dispuesto de los últimos cinco años para presentar un proyecto de ley a esta Cámara y no lo ha hecho, y nos tememos que no piensa hacerlo, porque el Gobierno del Partido Popular vive más cómodo en la opacidad que en la transparencia. El Partido Popular piensa que la Ley 19/2013, de Transparencia, ya ha cubierto todas las exigencias de publicidad que la sociedad actual demanda de los poderes públicos y eso no es así. La Ley de Transparencia, señorías, es una ley de mínimos de transparencia, de transparencia mínima, con un sinfín de materias excluidas al acceso del público; una Ley de Transparencia que debe ser modificada para permitir un efectivo acceso a la información y para dotar al Consejo de Transparencia de un verdadero estatuto de independencia, por lo que, por ello y para ello, el Grupo Socialista insta también al Gobierno a promover su reforma, pero si no lo hace nos comprometemos ante esta sede parlamentaria a impulsar las iniciativas necesarias para obligarles a hacerlo. Señorías, el Grupo Socialista da la bienvenida y votará a favor de la toma en consideración de la reforma que hoy presenta el Grupo Vasco. Compartimos la oportunidad del debate, compartimos el espíritu que anima a esta proposición de ley, porque se trata de un compromiso recogido en nuestro programa electoral. Es más esta iniciativa fue incluida en el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que suscribimos en su día con Ciudadanos; propuesta que curiosamente no incluyó Ciudadanos en su pacto de investidura con el Partido Popular. Es más, hoy Ciudadanos nos asombra cambiando de bando y abrazándose al Partido Popular, solo seis meses después de apoyar exactamente esta misma iniciativa. Ciudadanos de verdad nos asombra con una pirueta circense digna de mejor causa. Se trata de un buen ejemplo de la contagiosa resistencia numantina del Partido Popular a incrementar la transparencia y el control de los poderes públicos. El Grupo Socialista comparte con la iniciativa del Grupo Vasco la necesidad de residenciar en exclusiva en el Gobierno la facultad de clasificar documentos, y también la ineludible conveniencia de fijar plazos máximos debidamente ponderados para el mantenimiento del secreto. Pero la voluntad del Grupo Socialista va más lejos: queremos una nueva Ley de Secretos Oficiales, una ley de alcance general que no se limite al objeto de la ley vigente, sino que cubra supuestos previstos en otras leyes; una ley que defina con precisión las materias clasificables. Es necesaria una Ley de Secretos Oficiales que siga posibilitando el acceso parlamentario en los términos que prevean los reglamentos parlamentarios; una nueva ley que contemple sanciones cuando se infrinjan. Señorías, la seguridad y la defensa del Estado exigen una Ley de Secretos Oficiales actualizada, rigurosa y garantista, y las debilidades de la ley vigente resultan palmarias. Nadie puede justificar que existan documentos clasificados hace casi ochenta años que puedan afectar hoy a la seguridad y defensa del Estado, ¿no le parece, señora ministra de Defensa, señora De Cospedal? Espero que tome nota y actúe en consecuencia. Nos tememos que el mantenimiento del secreto al amparo de esta ley tiene demasiado que ver con la inexistencia de medios y de protocolos de desclasificación de oficio. Por ello es indispensable introducir plazos de caducidad. El Estado contemporáneo admite una regulación moderna - como nos ilustra, y se ha apuntado sobradamente, el derecho comparado -, compatible con más altas cotas de transparencia y acceso público a documentación originalmente clasificada. Las exigencias inherentes a una sociedad democrática avanzada obligan a reducir al máximo los espacios opacos sustraídos al conocimiento público. La sociedad demanda transparencia y apertura de los poderes públicos. El secreto de Estado como regla habilitante, expansiva, inherente a la seguridad y defensa del Estado pertenece a otros tiempos. Todos los actos de los poderes públicos, especialmente los vinculados a la seguridad, merecen justificación y motivación. El derecho debe ordenar y reglar la pertinencia de las decisiones públicas, proscribiendo espacios de ocultación inmunes al control. En una sociedad democrática ningún acto público está exento de una razonabilidad que no pueda justificarse y motivarse. Por ello hoy una nueva Ley de Secretos Oficiales debe ofrecer un marco normativo con escrupulosas reglas que delimiten y acoten el secreto temporal de documentos públicos. Señorías, señores diputados del Grupo Vasco, esperamos que esta proposición de ley sea hoy tomada en consideración por la Cámara, a pesar del voto en contra del Grupo Popular o de su resignada abstención para evitar la consiguiente derrota. El Grupo Popular si no rectifica su posición del pasado 26 de abril volverá a quedarse solo en esta Cámara, junto con su Ciudadanos, su socio de gobierno, el paradigma del donde dije digo, digo Diego. El Partido Popular no entiende que ya no tiene mayoría absoluta para oponerse a cualquier iniciativa por muy razonable que sea, sin importarle motivos, argumentos o justificaciones. Ya no tienen en su poder el rodillo con el que parapetarse ante cualquier iniciativa de la oposición. Estamos ante una iniciativa legislativa extremadamente razonable, que sin más busca profundizar en la esencia de un Estado de derecho, de un Estado democrático: más transparencia, más derechos, más control. La respuesta del Partido Popular ya no puede ser el no por el no. Entérense: ya no tienen mayoría en esta Cámara. Acostúmbrense a que la mayoría del no ya no les sirve, que tienen una oposición enfrente, capaz de doblegarles y obligarles al diálogo y al acuerdo. Termino, señora presidenta. Señores diputados, tenemos una oportunidad para ir incluso más lejos de lo que la iniciativa del Grupo Vasco pretende. Es necesaria una nueva Ley de Secretos Oficiales. Es verdad - convendremos en ello todos los grupos parlamentarios - que la iniciativa de esta nueva ley debería residenciarse en el Gobierno. No sé si la presencia hoy de la ministra de Defensa, siguiendo este debate, es un buen augurio, pero en todo caso, si el cinismo del Grupo Popular no deja paso a un compromiso gubernamental creíble, la mayoría parlamentaria de esta Cámara debería dar un paso adelante y asumir el reto. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.
Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos hoy la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco que pretende modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Pues bien, en la defensa de esta iniciativa por parte del señor Legarda y en las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra hemos escuchado las razones que les llevan a defender una reforma parcial de la Ley de Secretos Oficiales, aludiendo a su carácter preconstitucional o a exigencias de transparencia propias de una democracia madura. Pues bien quédese tranquilo, señor Rallo, que ni el Grupo Parlamentario Popular se resigna ni tampoco plantea resistencia numantina; muy al contrario somos conscientes de que este es un debate necesario, y somos conscientes de que la Ley de Secretos Oficiales tiene aspectos susceptibles de mejora. Por supuesto que coincidimos en que la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información son cimientos de una democracia de calidad, y son respuestas a las legítimas exigencias que los ciudadanos dirigen hoy a los poderes públicos, sin embargo, señorías, señor Legarda, creo que también es importante señalar que estamos ante una materia extraordinariamente sensible y también enormemente compleja, y por eso creo que es aconsejable que nos aproximemos a ella desde la reflexión serena y sosegada. Fíjense, en materias como esta se hace más oportuno que nunca recordar aquella afirmación de Tocqueville, cuando decía que al Estado hay que acercarse con la mano temblorosa como a las llagas de un padre. Es evidente que la transparencia es un valor constitucional y es evidente que es un rasgo de madurez democrática. Por cierto esto es lo que está detrás de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impulsada en el año 2013 y aprobada por las Cortes Generales. Se ha hablado mucho, sí, de derecho comparado en este debate; lo ha hecho usted en la defensa de la iniciativa, lo ha hecho el señor Xuclà, lo han hecho los portavoces, y creo que no hay que olvidar que también en ese debate el Tribunal Supremo norteamericano señaló que, por encima de los intereses individuales más respetables, de los intereses colectivos más justificados, está el derecho superior de una sociedad y de una nación a asegurar su propia existencia. Precisamente porque detrás de la materia sobre la que debatimos hoy aparece uno de los grandes equilibrios del Estado de derecho, precisamente por eso creo que el debate no se puede producir ni de forma fragmentada ni de forma apresurada. Señorías, les adelanto así que el Grupo Parlamentario Popular valora positivamente que en esta Cámara se pueda forjar un nuevo consenso de las fuerzas políticas sobre la regulación de los secretos oficiales en España, pero lo que no podemos admitir es que se haga mediante una reforma parcial de la Ley de 1968, limitada a ciertos preceptos y que genera graves incoherencias con el conjunto de normas jurídicas que regulan esta materia. Nosotros apostamos por una reforma integral y coherente del régimen jurídico de la información clasificada, realizada con la debida reflexión y por supuesto con la necesaria aportación de los distintos departamentos y profesionales que conocen la materia. Fíjense, por ejemplo, en la incongruencia que supone que pongamos límites temporales a las informaciones clasificadas en la Ley de 1968 y sin embargo no lo hagamos con aquellas informaciones, también clasificadas, que no se regulan en la Ley de 1968, como son las de reserva interna, en su doble modalidad de confidencial y difusión limitada. Pero es que además de esta consideración de alcance general sobre la proposición de ley que debatimos quiero puntualizar algunas objeciones serias, de calado, a aspectos concretos de la reforma que plantea el Grupo Parlamentario Vasco. Evidentemente nada que objetar a correcciones de carácter terminológico que aparecen en la exposición de motivos, como sustituir Cortes Españolas por Cortes Generales o suprimir la referencia al Consejo Nacional del Movimiento. Tampoco entraña mayores dificultades la modificación del precepto, del artículo 4.1, relativo a la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor, pues dicho órgano no existe, como han dicho algunos de los portavoces, desde la Ley de Defensa Nacional de 2005. Sin embargo sí tengo que expresarle reparos insalvables con respecto a la reforma que proponen en los artículos 4.2 y 7, en el sentido de disponer que el mero transcurso del tiempo, del plazo máximo de clasificación que ustedes proponen fijar en veinticinco años para las materias clasificadas como secreto, con una posible prórroga de diez años, o en diez años para las materias clasificadas como reservado, opera por sí solo la desclasificación. En este punto, señor Legarda, creo que su proposición de ley incurre en un reduccionismo peligroso, y creo que su propuesta pierde el rigor y se deja llevar por una simplificación inaceptable de una realidad que no admite este tratamiento. El mero transcurso del tiempo - veinticinco, treinta y cinco años o los que sean - no puede ser en ningún caso motivo para desclasificar, solo por eso, una información. Y aquí no se puede invocar el derecho comparado, porque ustedes saben bien que esos sistemas a los que han hecho referencia siempre establecen excepciones para determinadas materias: ubicación de arsenales militares, depósitos de munición, informes de inteligencia. Permítanme que les plantee alguna reflexión y algún ejemplo que usted, señor Legarda, creo que va a entender muy bien. El Consejo de Ministros en 1986 aprobó un acuerdo, después perfeccionado en 1996, por el que se otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también a sus fuentes y a cuantas informaciones o datos pudieran revelarlas. ¿Les parecería razonable que toda esa información de la lucha antiterrorista, incluidas las fuentes, de fecha anterior a 1991 se convirtiese ahora en información pública, por obra y gracia simplemente de la disposición transitoria que ustedes proponen en su texto? Si nuestro Código Penal prevé que los delitos de terrorismo cuando causan la muerte de una persona no prescriben, si se están produciendo detenciones de terroristas que cometieron presuntamente atentados hace muchos años, ¿cómo vamos a convertir la principal herramienta con la que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista, que es la información, en pública simplemente por el transcurso del tiempo? Yo le aseguro, y creo que me entiende bien, señor Legarda, que en esta irresponsabilidad no contarán ustedes con el Grupo Parlamentario Popular. Le podría poner otros ejemplos. Le podría decir, por ejemplo, que la Ley de Infraestructuras Críticas del año 2011 prevé también la clasificación como secreto - y así lo hace en coherencia el Consejo de Ministros - de toda la materia relacionada con el catálogo de infraestructuras críticas. Pues bien, esas infraestructuras críticas que definimos como infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable, y que no permiten soluciones alternativas, por lo que su perturbación o su destrucción tendrían gran impacto en los servicios esenciales, no pueden ser desclasificadas sencillamente por el transcurso del tiempo. Evidentemente la mayor parte de estas infraestructuras críticas, si no la totalidad de ellas, está llamada a una larga vida, mucho más de veinticinco o treinta y cinco años. ¿Tendría sentido hacer público el catálogo de infraestructuras críticas y revelar con ello posibles vulnerabilidades simplemente por el transcurso del tiempo? Permítanme que les diga con todo el respeto que esta propuesta es poco rigurosa, además de tremendamente peligrosa. Tampoco entiendo, señor Legarda, cómo se prevé una modificación del artículo 7 en relación con el artículo 10 para eliminar en definitiva la identificación de la materia como secreta o como reservada, de acuerdo con una práctica absolutamente extendida en los distintos sistemas en los que se trata precisamente de proteger esa información, sencillamente no entiendo qué se gana con una reforma como esa. Otro de los aspectos en los que no podemos compartir la proposición de ley de su grupo parlamentario es el relativo a la reforma del artículo 7, precisamente reconociendo implícitamente al Congreso de los Diputados y al Senado la potestad para desclasificar informaciones que previamente han sido clasificadas como secreto reservado por el Consejo de Ministros. Miren, señorías, yo creo que en un sistema parlamentario, a diferencia de lo que sucedería en un gobierno de asamblea, hay que buscar puntos de equilibrio que en ocasiones son complejos, que en esta materia son complejos sin duda, entre el Gobierno y sus potestades y la función de control que corresponde al Parlamento. En ese equilibrio delicado se encuentra precisamente la exigencia, hasta ahora prevista en la ley, de que el acceso por las Cortes Generales a las materias, a las informaciones clasificadas sea siempre en sesión secreta. Creo que es una irresponsabilidad eliminar esa exigencia, que equivale en la práctica a permitir al Congreso de los Diputados y al Senado desclasificar las materias previamente clasificadas por el Consejo de Ministros. Acceder sí en todo caso; desclasificar no. Ese es, a juicio de mi grupo parlamentario, el necesario equilibrio. En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en la conveniencia de alcanzar, de buscar un amplio consenso parlamentario sobre la regulación de las informaciones clasificadas, pero en esta materia tenemos como premisa inexcusable que ese consenso se busque con rigor y con calidad, abordando por tanto una reforma integral y coherente, no una reforma parcial, no un parcheo, como usted mismo decía, de la Ley de 1968. En el texto defendido por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco sencillamente encontramos buena intención, pero no encontramos ni el rigor ni la calidad que exige una materia como la que estamos abordando. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Tremiño Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, las personas con discapacidad deben ser siempre una prioridad de todos los Gobiernos, también del nuestro, y debe serlo de todos y cada uno de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas que nos encontramos hoy en este Pleno. Ustedes saben que en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad y que, según la Organización Mundial de la Salud, el 15 % de la población mundial tiene alguna discapacidad. Es por ello que en 1992 las Naciones Unidas proclamaron el día 3 diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a todos los Estados miembros para que destacaran la celebración de este día, y de alguna manera impulsaran la mayor inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha querido traer esta PNL al Pleno de la Cámara esta tarde porque este año también se celebra el décimo aniversario de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que como ustedes saben fue aprobada en diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva Cork, y ratificada por España en noviembre de 2007, publicándose dicha ratificación el 21 abril de 2008 en nuestro Boletín Oficial del Estado. Desde el momento de la publicación la Convención forma parte de nuestro ordenamiento, tal y como establece el propio artículo 96 de nuestra Constitución, que dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Señorías, la primera gran aportación de la Convención a mi modo de ver es haber cambiado la forma de tratar el concepto de discapacidad. La Convención está basada en un modelo social en el que la discapacidad no reside en la persona, sino que reside en el entorno que no le permite desarrollar sus potencialidades. Si me permiten un ejemplo claro, si yo pudiera subir a este estrado donde ustedes se dirigen al resto de diputados no se vería mi discapacidad, pasaría inadvertida. Como no puedo subir y tengo que hablar desde aquí mi discapacidad es más visible y no pasa desapercibida. ¿Esto qué significa? Significa que la discapacidad no está en mi persona, sino en el entorno que no es totalmente accesible y hace que se vea mi discapacidad. [[Aplausos]] La Convención es sin duda el gran texto relativo a los derechos humanos del siglo XXI. Creo realmente que lo más importante de la Convención es haber situado todo lo referente a la discapacidad en el terreno de los derechos humanos. Los tres poderes del Estado son conscientes de ello, y por eso el propio Poder Judicial, conocedor de las barreras con las que muchas personas se encuentran para el acceso a la justicia, creó en diciembre del año 2003, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, el Foro Justicia y Discapacidad con la finalidad básica e importante de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr realmente una mayor protección y más efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Además todos los Gobiernos, todos, señorías, han aportado leyes importantes para la discapacidad: desde la Lismi del año 1982 hasta la actual Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, que precisamente se aprobó un 29 de noviembre, como hoy, hace tres años o también la Ley del Tercer Sector, que vio la luz también hace un año, aprobada con el consenso de todos los grupos de esta Cámara y que cumplía los propósitos y las demandas del sector, y que ustedes saben que ha sido la primera en Europa, señorías, en proteger y dar seguridad jurídica a nuestras entidades del tercer sector de acción social que trabajan día a día con las personas más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad. Todos los Gobiernos han impulsado medidas de empleo para las personas con discapacidad, medidas como, por ejemplo, ampliar la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo, o extender la reserva de puestos de trabajo a procesos selectivos que no se contemplaban hasta entonces, como es la formación sanitaria especializada, la reserva en jueces o en fiscales o la propia convocatoria de plazas de personas con discapacidad intelectual. Igualmente la obligación por ley, señorías, de reservar un mínimo de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo, o la prohibición para la Administración de contratar con empresas que no cumplan con el porcentaje de reserva para personas con discapacidad. Todas estas medidas han hecho posible un crecimiento constante en la contratación de personas con discapacidad, entre un 18 % y un 19 % anual en los últimos cuatro años; sin embargo, aunque nos sirve de acicate, no nos tranquiliza. Todavía estamos muy lejos de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un 75 % de las personas con discapacidad aún no trabajan hoy. En educación inclusiva también hemos avanzado año tras año, y como mérito de todos los Gobiernos se han modificado los procedimientos de admisión en las enseñanzas universitarias, reservando un 5 % para las personas con discapacidad. Se ha cambiado la regulación de prácticas académicas, dando prioridad - sí, señores, prioridad - a los alumnos con discapacidad en la elección de empresas para garantizar totalmente la accesibilidad y que ellos puedan realizar sus prácticas. Se han incrementado las ayudas a la movilidad de estudiantes con discapacidad en el programa Erasmus+. Se ha garantizado por ley que los saldos y depósitos abandonados se destinen a mejoras educativas de las personas con discapacidad. También por ley se han incrementado los fondos sociales del IRPF con los llamados abintestatos, es decir, aquellas herencias que recibe el Estado de los fallecidos sin testamento ni herederos. Señorías, gracias a todos estos avances, entre todas las personas con discapacidad, la sociedad en general y los grupos políticos hemos conseguido que se esté cambiando el modo de afrontar la discapacidad, habiéndose evolucionado de una visión cargada de paternalismo hacia las personas con discapacidad, a las que era necesario siempre tutelar en mayor o menor medida, a un sistema de potenciación de la autonomía individual. Dicho de otro modo, mientras que el sistema tradicional era un modelo de sustitución de la toma de decisiones, actualmente, señorías, avanzamos hacia un modelo que se basa en la dignidad intrínseca de la persona a través del apoyo en la toma de decisiones. Esto quiere decir que nadie decida por nosotros, que nadie decida por las personas con discapacidad; con el apoyo necesario, pero decidiendo nosotros mismos. Señorías, el propio Congreso de los Diputados creó la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, pero hoy tenemos la oportunidad de mostrar el apoyo de esta Cámara a la discapacidad, a las personas con discapacidad. Quiero agradecer - lo digo sinceramente - las aportaciones de todos los grupos a través de las diferentes enmiendas, pero especialmente quiero significar el interés que todos los responsables en materia de discapacidad de todos los grupos parlamentarios - repito, todos los grupos parlamentarios - y de todos los partidos políticos del Grupo Mixto han puesto para llegar a un documento único, el cual estoy seguro que apoyaremos y firmaremos a lo largo de esta tarde, con la confianza de que así lo conseguiremos. No vean en mí un adversario político, señorías. Hablo en nombre de la discapacidad. Se lo pide una persona con discapacidad que, con sus errores y sus pequeños avances, lleva más de veinticinco años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Alli Martínez.
Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Quiero hacer tres reflexiones en relación con la discapacidad, señoras y señores diputados. El día que entendamos que las personas con discapacidad son personas en primer lugar, y después viene su condición, avanzaremos muchísimo como sociedad española a favor de las personas con discapacidad. Segunda reflexión. Todas las políticas públicas tienen que ir encaminadas a lograr tres cosas para las personas con discapacidad. En primer lugar, que se desarrollen como personas. En segundo lugar, que sean autónomas, es decir, que al menos puedan tomar una decisión al cabo del día sobre su propia vida. Y en tercer lugar, que tengan una vida inclusiva. Señorías, todo lo demás es pura palabrería. Este Congreso de los Diputados en esta legislatura tiene una magnífica oportunidad, que es convertir la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad no solo en permanente, sino que además tenga rango legislativo. Les animo a que consideren la iniciativa que UPN ya registró en el pasado mes de agosto para que todas las fuerzas políticas realmente hagamos cosas por la discapacidad. Señorías, para finalizar quiero dedicarle unos segundos de intervención a un miembro de la ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro que ayer falleció, don Julián Isla, presidente de la Comunidad de Bardenas. Fue un gran luchador por la Ribera de Navarra, un gran luchador por Navarra y, por tanto, por España. Desde aquí envío todo nuestro apoyo a la familia de don Julián Isla, porque ha muerto un gran luchador. Muchas gracias.
Muchas gracias. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Gràcies, senyora presidenta. Agradecemos esta iniciativa que hoy ha defendido el señor Tremiño no desde el escaño, tampoco desde la tribuna, sino desde el centro de la Cámara, expresando seguramente que aún no hemos resuelto el problema de accesibilidad de nuestra Cámara a pesar de que hace ya unas cuantas legislaturas que algunos de nuestros compañeros son personas con discapacidad. Valoramos lógicamente la actitud positiva que ha tenido el señor Tremiño para intentar alcanzar un acuerdo y la transacción que se ha anunciado va a contar con el voto favorable de las diputadas y los diputados del Partit Demòcrata Catalá. Cuando tratamos esta materia - más aún cuando el señor Tremiño le da esa carga simbólica al debate y a la votación de esta tarde -, inevitablemente tenemos en la memoria a don Ramón Trías Fargas, que fue el diputado del entonces Grupo Parlamentario de Minoría Catalana que promovió la Ley de Integración Social de los Minusválidos a principios de la década de los ochenta, en los primeros años de la democracia. Ramón Trías Fargas era padre de un niño con discapacidad y, cuando releemos sus discursos de los años 1980, 1981 y 1982, vemos que las ideas de fondo de la Lismi aún por desgracia siguen pendientes en materia de empleo, en materia de escuela inclusiva y en materia de plena accesibilidad. Aquello que se planteaban los creadores de la Lismi en el año 1981 no ha sido plenamente asumido. Por tanto, tenemos grandes retos. Además, señorías, la Convención de Naciones Unidas plantea nuevas demandas y nuevos paradigmas que van a exigir un cambio de mentalidad de los legisladores, de los jueces y del conjunto de la sociedad, pasando de una visión paternalista a una visión que empodere a las personas con discapacidad, que se aleje de cualquier atisbo de compasión o piedad respecto a ellas y que sea capaz de empoderarlas. Es un reto enorme en materia de sistema de incapacitaciones, en materia de derecho al voto y en materia de esterilizaciones. Señorías, ahí la Cámara deberá hacer un trabajo enorme en esta legislatura. En cualquier caso, cuenten con nosotros. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas GonzálezMoro.
Gracias, señora presidenta. Hoy tengo que confesar que estoy vendida a un lobby: a mi hermano José, a mi cuñada y a mi sobrinita Patricia, discapacitada, y que voy a estar vendida a ellos en toda esta legislatura. Retomo lo último que decía el diputado Campuzano sobre el empoderamiento, sobre tener una sociedad inclusiva que todavía no tenemos. Hoy es un homenaje, pero tenemos la Ley de Dependencia, que es la ley más bonita junto con la de las uniones homosexuales que en mi etapa de diputada he podido disfrutar y que aprobamos entre todos los partidos. Pero no se cumple. No se están haciendo las aportaciones. Una cosa son los derechos o el tema laboral, pero sobre todo hoy quiero hacer un homenaje a mi amiga Carmen, que tiene setenta y nueve años y un hijo con parálisis cerebral. No tiene a nadie de familia y ha retrasado dos veces una operación porque no quiere dejar al chico, pero la hemos tenido que convencer de que, si no se opera, dejará definitivamente al chico. Tenemos que reflexionar hacia qué sociedad vamos y, sobre todo, si queremos una sociedad de todos, de hombres, de mujeres, de niños, de discapacitados, etcétera, y qué educación, qué oportunidades laborales queremos. Acabamos de recibir todos los portavoces a un chico de diecisiete años que ha venido de Cataluña - termino, señora presidenta -, y decía lo siguiente: 'Soy discapacitado. Por mucho que tenga dos carreras, tres idiomas y un master, ¿a quién creen que va a coger la empresa cuando vaya a una entrevista? ¿Tengo yo oportunidad en esta sociedad? Y eso se lo digo a mi madre, que me dice que estudie, que me prepare.' ¿Tenemos esa sociedad preparada? ¿Estamos obligando a que esa sociedad empodere y dé una oportunidad en igualdad de condiciones? ¿Es la Europa y la España del siglo XXI que queremos? Yo, desde luego, voy a seguir trabajando por ese lobby. Estoy absolutamente vendida, los sábados, los domingos, en casa de mi madre y en mi casa con mi sobrina Patricia. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Presidenta, señorías, entendemos que la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular, que esperamos que sea transaccionada por todos los grupos, debería haber sido una declaración institucional. En todo caso, viene a poner encima de la mesa cuánto queda por hacer en materia de discapacidad. [[El señor]] La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado junto a un protocolo adicional los días 21 y 22 de abril de 2008, entró en vigor el mes de mayo de ese mismo año. Se trata de un texto jurídico incorporado al ordenamiento jurídico español, en lógica consecuencia aplicable, y forma parte del sistema de derechos fundamentales del sistema de derechos humanos. Lo más importante de la Convención es que consagra un cambio en la perspectiva de la interpretación de los derechos humanos y, en consecuencia, de los derechos fundamentales. Estos deben ser interpretados desde la perspectiva de la discapacidad; así lo establece el artículo 1 de la Convención cuando dice que el propósito de esta es promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad y promover el respeto a la dignidad que les es inherente. Como nos decía el otro día el presidente del Cermi, señor Cayo, la Convención es el primer tratado de derechos fundamentales del siglo XXI y significa una revisión en profundidad de los derechos fundamentales. Por tanto, su entrada en vigor significó y significa un cambio en la manera de entender la discapacidad. Todos sabemos, a nadie se le escapa que se mantienen en este momento situaciones graves de discriminación - hoy lo veíamos al inicio de la defensa de esta proposición no de ley -. Los recortes operados como consecuencia de la crisis abundan también en esta discriminación, que afectaron de lleno en el despliegue de las políticas activas en materia de discapacidad. La discriminación se produce en situaciones que afectan tanto a la discapacidad física como comunicativa. Faltan mecanismos sencillos, rápidos y eficaces para restablecer los derechos que han sido vulnerados. Existen políticas, acciones políticas, programas y prácticas que aún segregan, especialmente en lo referido al derecho a la educación. Estamos muy lejos de la inclusión plena. En el ámbito laboral, la mayor discriminación se produce en el propio acceso a una ocupación y, si esta se consigue, se reproduce en el lugar de trabajo, en la formación que llevan a cabo las empresas, así hasta un largo etcétera. El incumplimiento de la Lismi afecta a todas las empresas, tanto a las públicas como a las privadas. En materia electoral otro tanto. Nos vienen reclamando desde hace tiempo una modificación que permita que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos electorales. Las mujeres discapacitadas padecen doblemente discriminación. Se mantienen limitaciones importantes a la capacidad de decidir de las personas con discapacidad, vulnerando con ello uno de los derechos fundamentales más importantes, la capacidad de decidir con relación a todo, en relación con todos los ámbitos de la vida. En consecuencia, estamos lejos, muy lejos de donde deberíamos estar. Por ello nuestras enmiendas van en la línea de remover los obstáculos que impiden la plena aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, van en la línea de respetar las competencias propias de Cataluña, así como abundar en la necesidad de garantizar las aportaciones económicas que debe efectuar el Estado para poder hacer efectivas las políticas en materia de discapacidad. La discapacidad no nos es ajena, forma parte de nuestras vidas, de todas nosotras y de todos nosotros. No hay discapacidades, existen las capacidades diversas. Por estos motivos nosotros votaremos favorablemente a esta proposición no de ley, que esperamos sea transaccionada. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente Giménez.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. Me gustaría empezar mi intervención con una cita: Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Actúa. Me gustaría añadir además que si no eres ninguna de las dos cosas, entonces formas parte del paisaje. Ante la iniciativa que nos trae esta tarde a debate el Grupo Popular, aun estando de acuerdo con la filosofía de la misma, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda de modificación y no solo de mejora técnica. Consideramos esta PNL presentada como una iniciativa parlamentaria poco ambiciosa, sin carga real de iniciativas concretas, sin soluciones prácticas. Y sin soluciones, recordando mi cita inicial, te conviertes inexorablemente en parte del problema, problemas como en la legislatura anterior a la pasada, en donde se produjeron recortes en políticas sociales muy importantes, entre otros, por ejemplo, el recorte en más de 2.000 millones de euros a la ayuda a la dependencia, por citar un ejemplo. Cuando hemos hablado de falta de ambición, concreción o soluciones de esta proposición no de ley, pongo como ejemplo de ello el párrafo en el que se insta - cito literalmente - a 'promover la toma de conciencia sobre el apoyo que necesitan las personas con discapacidad desde todos los aspectos y sectores de la vida política, social, económica y cultural'. ¿Quién no estaría de acuerdo con esta iniciativa, señorías? Obviamente, nadie. Pero no basta con promover tomas de conciencia. En Ciudadanos queremos ser parte de la solución y no del problema, jamás parte del paisaje. Es por lo que enmendamos esta PNL con modificación de texto, y aprovechamos para recordar al Grupo Popular que, tal como recoge nuestro acuerdo de 150 exigencias para mejorar España, en el punto 76 del mismo pedimos la adopción de las implementaciones necesarias para promover y desarrollar una ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico necesario a los principios de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. El Grupo Popular se vuelve a quedar corto y falto de ambición para con los resultados perseguidos, que al fin y al cabo son los que cuentan, señorías. Cuando en su último apartado habla - abro comillas de nuevo - de 'mejorar la coordinación entre Estado y las comunidades autónomas para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad', para ello no es solo necesario mejorar dicha coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que lo es. Es necesario dotarlas de recursos financieros, al menos como los existentes antes del año 2012. Desde aquel fatídico año, el Gobierno fulminó los recursos dedicados al sistema nacional de dependencia. Aun estando obligados por ley a cofinanciarlo al 50 %, por poner un ejemplo, en mi comunidad, Andalucía, en los últimos cuatro años se han dejado de aportar 508 millones de euros. Es evidente que esa coordinación hay que dotarla de recursos e inversión de manera sostenible. La excusa de la crisis ya no nos vale. Mientras ustedes sigan apostando por más recortes en materia de justicia social, sin optimizar el gasto público, por ineficiencia o duplicidad de las administraciones, si ustedes no se atreven a pinchar la burbuja política, si no muestran una actitud firme y decidida contra el fraude fiscal, sin amnistía a la amnistía fiscal, si no avanzan en recuperar esos recursos económicos tan necesarios para políticas sociales como estas, seguirán siendo parte del problema y no de la solución. No solo es evidente sino que es preceptivo y urgente promover un pacto de Estado por los servicios sociales, dialogado y consensuado con la colaboración y, aparte de la sociedad civil, con asociaciones del mundo de la discapacidad, con expertos del tercer sector, siempre desde la óptica del positivismo, viéndolo como una oportunidad y no como un problema pero, sobre todo, consensuado con las comunidades autónomas; consensuado en el Consejo territorial de servicios sociales y la dependencia con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible, mejorando su financiación en el ámbito de un nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando que esos recursos sean suficientes, equitativos y de calidad. Aquí, señorías, por cierto, les recuerdo que aparece en el punto 57 de nuestro acuerdo de 150 exigencias. Me gustaría recordarles de igual modo que en el punto 76 de dicho acuerdo hablamos de priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos y de facilitar el ejercicio al derecho al voto. Nosotros en esta legislatura, como no nos gusta formar parte el paisaje, ya hemos hecho opción a tal efecto como, por ejemplo, una iniciativa conjunta en la Asamblea de Madrid y aquí en el Congreso una PNL para garantizar la accesibilidad universal del transporte ferroviario en España. Para finalizar, me gustaría - y deseo aprovechar la oportunidad que se me brinda desde esta tribuna - lanzar un mensaje de esperanza a los más de cuatro millones de ciudadanos que sufren de manera permanente o temporal, congénita o sobrevenida, algún tipo de diversidad funcional, movilidad reducida o capacidades cognitivas especiales. Quiero manifestarles que no están solos, que no nos olvidamos de ellos, que trabajamos para su plena inclusión social en todos los ámbitos de la vida, en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos reales y efectivos. Y que no solo trabajamos por y para ellos sino también para su entorno familiar cercano que engloba casi a doce millones de personas. Muchas gracias por su atención. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Clemente. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba Goveli.
Eskerrik asko, señor presidente. Adelanto que pueden contar con nuestro apoyo a esta proposición si finalmente se llega al acuerdo transaccional, pero me preguntaba si los diputados y diputadas del Partido Popular conocen el término tokenismo. Probablemente la palabra no les suene pero yo creo que la técnica que describe sí que la dominan. Tokenismo viene de la palabra token, en inglés, y es la práctica de hacer un gesto superficial para la inclusión de una minoría. Es decir, se hacen pequeñas concesiones a un grupo minoritario - eso sí, siempre son públicas para que todo el mundo se entere - que provocan que ese colectivo ya no pueda acusar de falta de apoyo al mismo cuando en realidad y en la práctica no se ha hecho nada. Y digo que estoy segura de que dominan esta práctica porque es precisamente el riesgo que corremos con iniciativas como la que debatimos hoy. No voy a decir que no me alegre de que los casi cuatro millones de personas con diversidad funcional y sus derechos tengan un espacio en el Pleno de hoy. Por supuesto que me alegro, los días D son útiles y son necesarios para visibilizar realidades... [[Rumores]]
Señora Goveli, por favor, un momento. Les rogaría, por favor, silencio para poder escuchar a la oradora. Muchas gracias. Continúe.
Decía que los días D son útiles y necesarios para visibilizar realidades que permanecen ocultas a ojos de la opinión pública y de la sociedad, para abrir debate, para trabajar en soluciones, pero también conllevan el riesgo de que ese día cubramos el expediente y los trescientos sesenta y cuatro restantes vuelvan a dejar de existir. Decía que me alegraba de que tuviéramos la oportunidad de tratar esta cuestión en la sesión de hoy, pero me entristece un poco que ahora que la tenemos vayamos a debatir sobre una PNL que me atrevería a describir como un poco hueca. Señorías, no podría decir que no estoy de acuerdo y que no comparto el contenido de la misma, porque por supuesto que lo hago, pero me da miedo de que se trate de un mero trámite, de un pequeño gesto simbólico que diga: no os preocupéis, no nos olvidamos de vuestras demandas, pero que quede ahí porque no se traduce en medidas concretas que vayan a mejorar la vida cotidiana de las personas con diversidad funcional y sus familias, como pasa en muchos casos con los días D. Esta es la preocupación que sentimos al leer la iniciativa y no viene solo fundada por la falta de contenido concreto en la propuesta, que solo expone intenciones, sino que la avala el hecho de que venga de la mano del partido del Gobierno. Porque dicen ustedes que tienen voluntad de apostar por la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, pero lo dice un partido que en la legislatura anterior no hizo ningún esfuerzo para que se cumpliera, por ejemplo, el Real Decreto - legislativo 1/2013, en el que se establecían supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad, que no se han cumplido ni se van a cumplir porque ya no nos da tiempo. En 2017 no cumpliremos con la accesibilidad universal por culpa de la dejadez del Partido Popular y sin ella las personas con discapacidad nunca serán ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Además, no olvidemos que la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad es una mejora para toda la ciudadanía en su conjunto, más aún cuando cualquier persona podemos sufrir algún tipo de discapacidad a lo largo de nuestras vidas. Sin accesibilidad, señorías, no es posible la inclusión social en todos los sentidos y su partido, a pesar de su declaración de buenas intenciones, ha apostado sistemáticamente por políticas que caminan precisamente en la dirección contraria: una ley de educación como la Lomce, que segrega y que excluye a quienes son diferentes; unas políticas de empleo que, según datos de las últimas encuestas, dejan fuera al 76 % de las personas con discapacidad; unas políticas de recortes y austeridad que afectan muy especialmente a los colectivos más vulnerables. Hablábamos el otro día de pobreza energética y es precisamente el de las personas con discapacidad uno de los colectivos más afectados. También hay una falta absoluta de voluntad para llevar a cabo políticas que combatan de verdad la violencia machista, que afecta aún más a las mujeres con discapacidad. Un 16,8 %, según datos del CIS, ha sufrido violencia física por parte de su pareja, y esto sin contar otros tipos de violencia o violencias fuera del ámbito de la pareja. Y podría seguir poniendo ejemplos toda la tarde. En su iniciativa también mencionan ustedes la Convención de derechos de las personas con discapacidad y si, como dicen, defienden la aplicación de los derechos recogidos en la misma, empecemos entonces a legislar para su plena aplicación. Para eso, señorías, no basta con voluntad porque bien saben ustedes que si las buenas intenciones no van acompañadas de recursos económicos, se convierten en papel mojado. Por eso proponemos la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal, un fondo que se nutriría del 1 % de los Presupuestos Generales del Estado, destinado anualmente a las inversiones de obras públicas, infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con esto podríamos financiar los programas y las actuaciones de accesibilidad universal, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo puedan ser independientes, es decir, ciudadanos y ciudadanas. Señorías, estamos hablando de un colectivo que sufre situaciones graves de vulnerabilidad y eso esta Cámara no debería tolerarlo, es nuestro deber combatirlo. Con los derechos de cerca de cuatro millones de personas no podemos jugar, debemos blindarlos. Gracias por su buena voluntad, señorías del Partido Popular, gracias al señor Tremiño por querer incorporar la mayor cantidad de enmiendas posibles, pero también les pediría, señorías del Partido Popular, que dejemos el tokenismo y nos pongamos a legislar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
Gracias, señor presidente. Tras leer esta iniciativa me pregunté si el Grupo Popular creía que estábamos como Alicia en el país de las maravillas o es que algunos han perdido su capacidad de sonrojarse. Recomiendo que lean esta supuesta proposición no de ley, poniéndose en lugar de las personas con discapacidades, muchas de las cuales nos están hoy viendo o escuchando o tendrán noticia de ella gracias a los medios de comunicación. En mi caso, cuando encontré lo que pretendía, me sorprendió porque no insta al Gobierno a que haga algo, nos insta a nosotros, a los que estamos aquí a que manifestemos nuestra voluntad de apoyar a las personas con discapacidad, de salvaguardar sus derechos y de que exista mayor coordinación entre administraciones. Me pregunté qué querían decir quienes la habían redactado. ¿Dudan de que quienes estamos aquí compartamos lo que piden? ¿Puede un diputado o diputada no tener voluntad de salvaguardar los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad? Yo creo que no, va con el cargo defenderlos. Los socialistas creemos que ningún grupo del Congreso está dispuesto a permitir que vivan entre nosotros millones de personas con discapacidades, sin tomar medidas para que dejen de tener severos déficits de ciudadanía, de inclusión, de bienestar y de acceso a los derechos básicos. Así que me tuve que hacer otra pregunta: Tras cinco años de Gobierno del PP, con numerosos recortes que han afectado, de manera en algunos casos podríamos decir cruel, a los sectores más débiles de nuestra sociedad, siendo uno de los países de la zona euro que más ha recortado en discapacidad, y tras casi un año con el Congreso de los Diputados casi hibernado ¿solo se les ocurre traernos esta iniciativa? Me cuesta creerlo. Con solo repasar el 'Diario de Sesiones' de la última reunión de la Comisión de Políticas para la Discapacidad del martes pasado, encontrarán ideas. ¿O es que, según ustedes, que personas con discapacidades no puedan votar en las elecciones no tiene importancia? ¿O evitar que si viven en pequeñas poblaciones estén doblemente discriminados, unos por su discapacidad, otros por la falta de servicios y de profesionales? ¿Tampoco eso tiene importancia? ¿O que el Pacto de Estado contra la violencia de género, que acordamos aquí hace unos días, ponga especial atención en erradicar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, tampoco lo podemos pedir? ¿O que el Gobierno elabore un calendario para avanzar en la educación inclusiva? ¿Tampoco eso? ¿O no les parece importante disminuir ese 70 % del parque de viviendas que en España todavía no son accesibles? También hubiera podido tener sentido que en este mandato, su primera PNL sobre la discapacidad instara al Gobierno a tomar medidas para aumentar la tasa de empleo de las personas que tienen discapacidad, que es 40 puntos inferior al del resto de la población, cuestión que estoy convencido de que al Grupo Popular no le es indiferente. O instar al Gobierno a que hiciera un esfuerzo en desatascar la Ley de Autonomía Personal. O a que estudie por qué ha aumentado el número de accidentes de tráfico en los últimos años que, como saben, es una de las causas de incremento de personas con discapacidades sobrevenidas. Ya saben que se ha especulado sobre si una de ellas es la falta de mantenimiento de las carreteras. ¿Y quién no iba a estar de acuerdo, y más ahora en pleno invierno, si nos pidieran apoyo instando al Gobierno a tomar medidas para evitar lo que indica un estudio del Cermi sobre que un recibo de la luz de una persona con discapacidad puede ser entre un 25 y un 40 % superior a la media? O podríamos pedirle al Gobierno que estudie cómo estamos en accesibilidad universal. Por ley, de 2003 a 2017 teníamos que hacer que calles, plazas, todo tipo de instalaciones y servicios públicos y privados preexistentes fuesen accesibles. No me dirán que lo han olvidado. ¿Decirles que vamos a tomar conciencia de ayudarles con motivo del día internacional, no les parece poco respetuoso? ¿Lo hemos de hacer los representantes de un país que recibió el Premio Roosevelt? Por cierto, un tema del que no discutiremos más: unos trabajamos y otros fueron a recoger el premio; o sea, que a medias. [[Aplausos]] También me pregunté leyendo su iniciativa si se puede ser diputado o diputada y prescindir de la creatividad, de las oportunidades, de la riqueza de todo tipo que pueden generar las personas con discapacidades. No lo creo. Así que finalmente me asaltó otra pregunta: ¿no estaría ante una iniciativa a favor de las personas con discapacidades para aprovechar que estamos a tres días del día internacional y al mismo tiempo salir del paso de que les tocaba hoy presentar una PNL, sin comprometer en absoluto al Gobierno, para gastar cupo, sin molestar? Lo descarté, claro. ¡Cómo voy a pensar que ese puede ser el motivo de presentar una iniciativa dirigida a quien se dirige! Nos gustaría llegar a un acuerdo lo más amplio posible, porque queremos acordar todo lo que tiene que ver con la discapacidad, señor Tremiño. Por eso, hemos presentado una enmienda, para llegar a una transacción que lo haga posible y poder votar todos juntos favorablemente y darle algún contenido a la iniciativa. Primero, cambiando a quien se dirige, al Gobierno. Nuestra enmienda consta de dos puntos. Uno - he oído que otro grupo también lo propone - para enviar a las personas con discapacidades el mensaje de que nos ponemos en serio en el tema de la accesibilidad universal, creando un fondo similar al conocido como 1 % cultural. Tiene razón, señor Tremiño, es el entorno lo que marca en buena medida la discapacidad. Mi amigo Carles Balaña decía el otro día en Facebook: Lo que más me impide ser libre son las barreras. Y un segundo punto dirigido a aumentar la posibilidad de tener la mejor herramienta de integración, un puesto de trabajo digno, con un nuevo marco legal, con medidas de apoyo a los centros especiales de empleo, con recursos para políticas activas y que garantice la reserva de puestos de trabajo en el sector público y en el privado. Su portavoz, el señor Tremiño, ha demostrado que tiene más que voluntad, pero si buscan algo más que rellenar sus tiempos y titulares en la prensa mañana, acepten nuestra enmienda.
Señor Ruiz, tiene que ir acabando.
Demuestren que quieren mejorar la calidad de vida y avanzar en los derechos de las personas con discapacidades. Se trata de pasar de hablar por hablar al compromiso. Gràcies per la seva atenció. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran Benito.
Intervendré desde el escaño ya que voy a ser bastante breve. En primer lugar, reitero mi agradecimiento al señor Tremiño porque creo que su intervención ha sido tremendamente oportuna, hecha no ya desde la tribuna, desde el escaño o desde el lugar que le han dicho, sino desde el corazón, lo que es todavía más de agradecer. Esta proposición no de ley nos recuerda que el día 3 de diciembre vamos a celebrar el Día internacional de las personas con discapacidad, como consecuencia de una convención internacional sobre los derechos de estas personas de fecha 16 de diciembre de 2006. Es preciso recordar que aquella convención tuvo como objeto una cuestión fundamental a la que no sé si se ha hecho referencia, que es visibilizar las situaciones de discapacidad como un derecho fundamental, como un derecho humano. Esta es una cuestión fundamental. El siguiente aspecto que también quiero señalar es que además, y por eso, como quiera que existe ese requerimiento derivado de su condición de derecho fundamental, el que haya un día internacional dirigido a las personas con discapacidad nos recuerda que actualmente todavía no solo subsisten sino que es necesario actuar frente a todos aquellos obstáculos físicos o morales que impiden la igualdad de oportunidades respecto de esas personas. Es una labor que se debe entender no ya como una opción sino como una obligación de los poderes públicos en cuanto a que implica la remoción de todos esos obstáculos y de todas aquellas dificultades. La última cuestión que quiero abordar es que si todas estas actuaciones son necesarias, amparándome en la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, su exposición de motivos nos recuerda que la necesidad de la creación de la ley se establece no solo porque cabe comprobar que, a pesar de la actuación de los poderes públicos, todavía subsisten aquellos obstáculos que hacen necesaria esa ley, sino porque además nos recuerda que esos obstáculos que deben remover los poderes públicos se actualizan, cambian y todos, como tal, estamos obligados a adaptarnos y a adaptar las normas que existen sobre dicho particular. En ese sentido, entiendo muy oportuna la proposición no de ley y por supuesto que me sumo a la transaccional que ha propuesto en nombre de todos los grupos y le agradezco su iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barandiaran. Señor Tremiño, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
Presidente, vamos a presentar una transaccional aceptando todas las enmiendas del resto de los grupos, que firmaremos todos y que le haremos llegar antes de las votaciones.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL [[AECG-CETA]] [[Número de expediente 162/000219]]
Pasamos al punto 4 del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.
Gracias, presidente. Señorías, nos trae hoy aquí un asunto muy grave, una mala noticia para nuestra democracia: El Gobierno de Mariano Rajoy, no el actual sino el anterior Gobierno en funciones, ha incumplido la Constitución. Concretamente, ha incumplido el artículo 94, que dice que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales. El pasado 14 de octubre, señorías, un Gobierno en funciones, sin la previa autorización ni consulta a este Parlamento, aprobó la firma del Acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la Unión Europea, el conocido como CETA. Este es el motivo por el que el grupo al que represento trae hoy aquí una proposición no de ley para hablar de ese acuerdo, del CETA; acuerdo que no solo se ha aprobado mediante un procedimiento antidemocrático, sino que implica la definición de nuestro modelo comercial, la definición de nuestras relaciones internacionales y la definición de los derechos que queremos blindar, no subastar, que es lo que pretende hacer el Gobierno firmando este acuerdo. Pese al oscurantismo, pese a la jerga de Bruselas, a ese manto técnico que rodea al acuerdo, millones de ciudadanos de la Unión Europea que han conocido su contenido luchan contra ese tratado de libre comercio por el tremendo impacto que tendrá sobre todos nosotros y nosotras. Les recuerdo, señorías, que más de 3,5 millones de firmas fueron entregadas a la Comisión Europea el año pasado. En nuestro país, les Corts Valencianes, el Parlament de Catalunya, el Parlament de les Illes Balears, el Parlamento de Extremadura y más de mil ayuntamientos se han manifestado ya en contra del CETA. Los sindicatos, las organizaciones sociales, ecologistas, agrarias, las pymes, la asociación de jueces europeos, Jueces para la Democracia, todos se han manifestado en contra de este tratado, que ha sido concluido sin participación ni consulta alguna de la ciudadanía. El pasado mes de octubre, 340 asociaciones se movilizaron para denunciar ese apoyo incondicional al CETA del Gobierno español, entonces, recuerdo, en funciones. Ese Gobierno es prácticamente el mismo que hoy debe rendir cuentas por no consultar a este Parlamento en esta misma Cámara, por no informar sobre las negociaciones de ese tratado, que no es solo un acuerdo comercial, sino que afecta también a cuestiones constitucionales. No lo decimos solo nosotros, lo ha dicho también el Tribunal Constitucional alemán. Es muy grave que ese acuerdo económico y comercial, y todo el proceso que lo rodea, pueda ser incompatible con los tratados europeos y con nuestra propia Constitución. Es gravísimo, señorías. Hoy proponemos en este Pleno una proposición no de ley que insta al Gobierno a paliar - pues corregir ya es imposible - los déficits democráticos de la aprobación del CETA con el espíritu de que no vuelva a pasar, que tratados internacionales tan importantes como este sean traídos ante la soberanía popular española con un control previo del Tribunal Constitucional, que el Gobierno justifique la decisión tomada estando en funciones y que tenga en cuenta las salvaguardas democráticas, para las que todavía estamos a tiempo; también proponemos medidas para salvaguardar el mercado agrícola en caso de desequilibrio y sobre todo pedimos una consulta mediante referéndum previo a la ratificación definitiva del tratado. Esto va sobre el proceso de aprobación de ese tratado, pero tenemos que pensar y tratar también en esta Cámara el contenido de ese tratado, los impactos que puede tener sobre la economía española y europea y sobre nuestro Estado de derecho. El CETA, como denuncia la sociedad civil, modifica nuestra Constitución desde distintos ejes; en primer lugar, desde la soberanía y la quiebra del principio de igualdad y de justicia. El CETA prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados, denominado sistema de corte de inversiones, por el que las grandes corporaciones pueden denunciar a los Estados por aprobar leyes que puedan comprometer sus ganancias, ni más ni menos. Las demandas no son llevadas a los tribunales nacionales sino a tribunales controlados por estas mismas corporaciones. Estamos hablando de una justicia privada para las multinacionales, en beneficio de las multinacionales. Eso se llama privilegio y es incompatible con la democracia, señorías. [[Aplausos]] El CETA infringe también la soberanía estatal y la autonomía territorial y local, generando organismos que van a estar por encima de los poderes públicos y con capacidad reguladora sobre ellos. Cada vez que un Gobierno quiera regular derechos sociales, laborales o medioambientales, algunos de estos órganos, sin ningún control democrático, podrán limitar la actuación pública sin transparencia en las deliberaciones y sin mecanismos de apelación. Simple y llanamente es un ataque a la democracia y a la Constitución, esa que algunos grupos de esta Cámara dicen defender pero que después se ponen de lado cuando Mariano Rajoy y su Gobierno no solo han firmado este tratado, sino que están favoreciendo su aprobación. Menuda alianza han hecho ustedes, señorías: una alianza contra el pueblo. Nosotros no miramos hacia otro lado cuando se trata de las personas y de sus derechos. Nos preocupa que cuando otro Gobierno quiera regular sobre el fracking, la seguridad alimentaria, la pobreza energética o cuestiones de política fiscal, vengan organismos no elegidos por nadie a limitar la capacidad legítima de esta Cámara para decidir políticas y leyes. Por otro lado, señorías, este acuerdo internacional impacta radicalmente sobre el modelo económico. Es un acuerdo que dice que tenemos que avanzar en la privatización de los servicios públicos y menciona además específicamente los centros de cuidado y atención a la tercera edad. El Gobierno del Partido Popular, que no quiere proteger las pensiones, pretende encima que nuestros mayores tengan que pagarse los cuidados de su bolsillo. Muy bonito, señorías. Este acuerdo es torticero en mecanismos que, además, van a hacer imposible la desprivatización de servicios ya privatizados, como si no tuviéramos ya pocos problemas con los experimentos de privatización, por ejemplo, de la sanidad y, si no, que nos lo digan a los valencianos y valencianas. Además, distintos estudios señalan que el CETA podría aumentar el coste anual de las prescripciones de medicamentos en casi 600 millones de euros. Este es un acuerdo que impone temerariamente la liberalización de la contratación pública y de los servicios financieros. El impacto de este tratado será irreversible sobre nuestro medio rural, sobre las pymes, sobre la energía y otros sectores estratégicos y sobre la realidad precarizada de muchos sectores de nuestra población, incluidos también los autónomos, de los que hoy se ha hablado mucho pero que nadie recuerda cuando se aprueba el CETA. Estamos hablando, en definitiva, señorías, de un acuerdo firmado por este Gobierno sin que haya comparecido nadie ni un minuto en esta Cámara para explicar su contenido ni para escuchar la voz y el mandato del Parlamento, de los representantes elegidos por la gente. Frente al clamor en contra de este tratado de la ciudadanía y de la sociedad civil, nuevamente el Gobierno de Rajoy responde con silencio. Pues hoy podemos acabar con ese silencio. Les pedimos, señorías, su apoyo para que nuestro Ejecutivo traiga el CETA a esta Cámara, a este Parlamento. Les pedimos su apoyo para que las decisiones que van a afectar a millones de vidas y a nuestra economía no se tomen nunca más sin luz y taquígrafos y, sobre todo, que no se tomen nunca más de espaldas a la gente.
Señora Ballester, tiene que ir acabando.
Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. Pasamos a la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Ballester, en la Ley de servicios secretos que hemos discutido previamente hemos coincidido, pero aquí discrepamos frontalmente. Después de escucharla creo que hoy hemos inaugurado el Parlamento de la posverdad y de los prejuicios. En el punto 4 de su proposición no de ley plantean no autorizar la firma. Esta es una competencia del Gobierno y ustedes plantean en el punto número 10 que, si se firma, el Parlamento, a través del artículo 95 de la Constitución, sí tiene la competencia de la convalidación en Comisión y en Pleno en el Congreso y en el Senado. Con lo cual, primero hemos de ser un poquito coherentes respecto a los mecanismos legales de tramitación y de implicación del Parlamento en la discusión de los tratados internacionales. Señorías, nosotros, como principio, somos favorables al libre comercio. Creemos que se debe gobernar mucho mejor la globalización. Somos partidarios de tener una mayor atención y cuidado de la letra pequeña de estos tratados. Somos partidarios de la transparencia y de procesos participativos y en este sentido va nuestra enmienda al punto número 4, que lo sustituye y cambia. Nosotros consideramos que el brexit es una mala noticia, que Trump es una mala noticia y que cualquier planteamiento proteccionista es una mala noticia, y cuando usted habla de blindar, el verbo blindar es muy parecido a otros planteamientos proteccionistas. Tenemos un gran miedo a los tribunales privados de arbitraje; este es un tema que se tiene que vigilar y que en el TTPI era un elemento de amenaza muy importante. Tenemos que mirar la letra pequeña de medio ambiente, de privacidad, de seguridad alimentaria, de requisitos sanitarios y fitosanitarios y de servicios públicos, pero, señora Ballester, señorías, lo importante es que se presten los servicios, no si se prestan de forma pública o de forma concertada. Tenemos dos modelos distintos de sociedad que aquí se van a reflejar en el debate. Esto es el Parlamento. Bienvenida sea la diversidad parlamentaria y, en este caso, nosotros creemos que debemos actuar desde el rigor y no desde el Parlamento de la posverdad. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Xuclà. A continuación, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Arratsalde on guztioi. En primer lugar, quiero destacar la pertinencia de este debate porque aunque mucha gente pueda pensar que el CETA ya está aprobado, seguramente gracias a la labor de algunos medios de comunicación y determinados poderes como el Gobierno, que por la puerta de atrás, en funciones, decidió validar el CETA, el debate todavía no está ni mucho menos cerrado, tan solo ha pasado uno de los tres pasos necesarios; le queda el segundo, que es la Eurocámara, donde probablemente la familia socialista europea, la de los liberales y la de los conservadores, unirán sus votos y harán que también se pase ese segundo trámite de validación del CETA; pero les queda el tercero, que es la aprobación en cuarenta escenarios diferentes - algunos van más allá del escenario nacional - que profundizan más en la democracia, bajándola más hacia abajo a través de un proceso federalizante, como en Valonia. Iremos de frente. A nosotros no nos gusta el CETA ni el TTIP. Para nosotros y nosotras, para las gentes de Euskal Herria Bildu, y no solo para las gentes de Euskal Herria Bildu, estos son acuerdos o megatratados de última generación fundamentales y fundamentados en la defensa de los intereses de las clases dominantes y en la consolidación de la fase actual del capitalismo, que no es otra que la de otorgar todo el poder a las transnacionales y sustituir la democracia por una 'corpocracia'. Hemos visto cómo todo vale para imponer el CETA y todo valdrá para imponer el TTIP. Lo hemos visto en Valonia, hemos visto cómo han tenido que soportar presiones y coacciones, y no lo decimos nosotros y nosotras, lo han dicho aquellos que han tenido que sucumbir incluso a esas presiones y coacciones calificadas como intolerables. Pero a la vez hemos visto cómo en Hungría no se hacía nada cuando Hungría decidía no cumplir con la cuota de admisión de refugiados; ahí hemos visto la verdadera cara del proceso de construcción europea, del proceso de consolidación económica en el que estamos, que es aquella que prioriza el capital por encima de las personas. Es una etapa en la que los derechos humanos están por debajo en orden de prelación de los derechos comerciales o de los derechos de las transnacionales. Aunque solo sea por solidaridad con un Parlamento como el valón, habría que estar en contra del CETA. Se habla mucho del autogobierno de la Comunidad autónoma vasca, se dice que tenemos cotas de soberanía inimaginables, pero hemos visto cómo Valonia puede hacer lo que a nosotros y a nosotras, a los vascos y a las vascas no nos dejan, que es intentar frenar el CETA.
Señor Matute, tiene que ir acabando.
Sí, voy terminando. Veo en el reloj que me quedan treinta segundos.
No.
Como decía el Che Guevara, parafraseándole, ojalá igual que él decía uno, dos y muchos Vietnam, haya una, dos y muchas valonias. Pero si el asunto es tan importante, y en eso coincidiremos todos y todas, ¿por qué no se somete a referéndum si además todos y todas aceptaremos que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas están formados y tienen capacidad crítica?
Señor Matute, le ruego que finalice.
Pero si tengo todavía siete segundos.
Para el resto del Grupo Mixto, lo tiene que repartir con el conjunto del Grupo Mixto.
Me había dicho que tenía dos minutos y medio.
No, dos minutos. Tiene que acabar.
Bien, disculpe. Termino diciendo que apoyaremos la iniciativa porque hoy igual que hace cuarenta y tres años nos seguimos haciendo la misma pregunta: ¿por qué han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Fidel Castro... [[Aplausos]]
Señor Matute, ha finalizado su turno de intervención. Tiene la palabra el señor Candela Serna. [[Pausa]] ¿No está? ¿No va a intervenir? [[Pausa]] Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
Molt bona tarda a totes i a tots. Señor presidente, la enmienda que presentamos no es ninguna novedad, se basa en la reivindicación que venimos postulando desde hace meses sobre la base de que el Estado español no puede ratificar ningún tratado internacional y menos un tratado de este calibre, un tratado que cubre muchos, muchísimos temas fundamentales de importancia para los ciudadanos sin que previamente pase por un referéndum. No olvidemos que estamos hablando de un acuerdo que lleva nada más y nada menos que cinco años de negociación y más de un año y medio de revisión jurídica, eso sí, a puerta cerrada, donde se pretenden imponer los intereses de las grandes corporaciones industriales y financieras por delante de los derechos de la ciudadanía. Aunque el principal objetivo del acuerdo se basa en la liberalización del comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias o administrativas entre otras medidas, de hecho, el acuerdo va mucho más allá. Son precisamente los aspectos relativos a la armonización de la legislación o el tribunal de arbitraje entre empresas y Estados lo que ha suscitado una fuerte oposición al tratado. Canadá, actualmente, es el Estado del mundo que más litigios tiene a cargo del mecanismo ISDS, un total de seis, debido a que el acuerdo comercial del Nafta incluye este mecanismo de resolución de conflictos. El ICS, que es el mecanismo que propone el CETA, creemos que puede llegar a tener grandes similitudes a este. Estos acuerdos, tal y como están redactados, en primer lugar, benefician a las multinacionales en detrimento evidentemente de los trabajadores; en segundo lugar, minan los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente; en tercer lugar, ponen en riesgo los derechos laborales y, por último, favorecen la privatización de los servicios públicos. Supone, pues, una auténtica capitulación a los intereses de grandes empresas, poniendo en riesgo las leyes reguladoras existentes en el seno de la Unión. Necesitamos, pues, un cambio de paradigma hacia una política comercial que sea transparente, una política comercial evidentemente inclusiva y basada en las necesidades de las personas y también de nuestro planeta. Es cierto y no descubro nada si digo que la sociedad civil se ha movilizado, se ha organizado en contra de estos tratados de libre comercio, en contra de la opacidad y del secretismo que envuelve las negociaciones y en contra también de la incertidumbre y de la falta de garantías que estos acuerdos conllevan. [[Rumores]]
Les ruego silencio, por favor, señorías.
Estas inaceptables negociaciones han puesto en vilo a organizaciones sociales, a organizaciones sindicales, a organizaciones a la vez no gubernamentales, medioambientales, sanitarias, organizaciones también económicas y políticas y a la vez a ciudadanos de a pie que han mostrado su auténtico rechazo o han salido a las calles a reclamar su derecho a decidir sobre unos acuerdos que tendrán especial trascendencia en su vida diaria. Es, pues, un escándalo que el Estado español, haciendo caso omiso de estas movilizaciones y mediante reunión del Consejo de Ministros, autorice la firma del Acuerdo económico y comercial global, el conocido CETA, y de la asociación estratégica entre Canadá y la Unión sin previa consulta ciudadana ni tan siquiera debate parlamentario, ya que esta firma producirá cambios legales sin ningún tipo, repito, de participación democrática. Por cierto, señorías del Partido Popular, nos preguntamos: ¿Está legitimado un Gobierno en funciones a autorizar la firma de un acuerdo internacional, no cualquier acuerdo internacional, que tampoco lo sé, de estas magnitudes o a manifestar su consentimiento a obligarse por él? Pregunto. Quizá el Estado español se debería plantear tomar en consideración las reivindicaciones y voluntades de la ciudadanía que persiste en su intento de explicar las críticas a la falta de democracia y a la falta también de transparencia por parte de la Unión Europea y del Gobierno español y el rechazo a unos tratados que, tal y como están planteados, tendrán evidentemente graves implicaciones en el día a día de todos los ciudadanos europeos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Jordà. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Esteban Bravo.
Señoras y señores parlamentarios, esta proposición no de ley es puro filibusterismo, permítanme que se lo diga y hable claro. Coinciden en esto algunos sectores de la izquierda con la ultraderecha más tramontana, por ejemplo, de Estados Unidos, no con el CETA, pero sí con el TTIP. Si alguien lo hace descarrillar no va a ser la Unión Europea, pero es muy probable que lo haga el presidente Trump. Pedir ahora que se mande una nueva revisión al Tribunal Europeo de Justicia o incluso al Tribunal Constitucional español me parece filibusterismo parlamentario para por lo menos retrasar la aprobación o su puesta en práctica en dieciocho meses, cuando ya lo ha visto toda la asesoría legal de la Comisión pero también del Parlamento Europeo e incluso algunos tribunales constitucionales, como por ejemplo el alemán. Además, ¿dónde se vulnera la legalidad europea? No lo dicen. Piden un informe, que se diga, que se mire, pero no dicen dónde se vulnera la legalidad europea. Desgraciadamente, en este tipo de acuerdos estamos asistiendo día sí y día también a mucho mantra, a mucha frase hecha. ¿Nos vamos a cargar los estándares laborales, los medioambientales, la protección de los consumidores? No, porque sencilla y básicamente en este acuerdo del CETA, como en su caso sucederá con el TTIP, si el estándar en materia medioambiental, en materia laboral, en materia de protección de consumidores no es igual en Canadá y en Estados Unidos, simplemente esa materia se aparta de la agenda y no forma parte del acuerdo del CETA. Por tanto, se está entrando en ámbitos en los que los estándares son perfectamente comparables porque si no sale de la agenda. Si queremos que el comercio mundial se mueva en estándares lo más parecidos a los nuestros, a los europeos, hay que conseguir que el mayor número de agentes globales estén en esa clave. ¿Si no podemos hacer un acuerdo con Canadá, con quién vamos a hacerlo? ¿Con quién va a hacer la Unión Europea un acuerdo si no puede hacerlo con Canadá? Ustedes hacen mucho hincapié en el tema de las indicaciones geográficas, la protección de los productos españoles, sus estándares, su calidad, etcétera. Todos los productos presentes hoy en día en el comercio en Canadá contarán con protección necesaria para evitar el plagio. En cuanto a la indicación geográfica, esto es, el lugar y calidad, de dónde deben proceder y cuáles son sus características, Canadá ha aceptado casi 150 indicaciones geográficas, de las que 27 son españolas, por lo que ya están protegidos. Además, se puede decir que hoy en día no existe ninguna indicación geográfica que afecte a España que no esté protegida. No la hay, aparte de que se asegura en el tratado que si en un futuro hay que realizar otra porque empieza a comercializarse en Canadá algún producto de estas características también se va a proteger a través del acuerdo. Cuando se habla de que esto es lo que pretenden las multinacionales, tengo que decir que las multinacionales ya acceden sin problemas a nuestros mercados. Ya lo hacen con sus potentes servicios jurídicos, con su capacidad de implantación. Las que tienen problemas para adaptarse, para poder implantarse son precisamente las pequeñas y medianas empresas. A esas va dirigida el CETA, a esas es a las que se les puede abrir un mercado, a las pequeñas y medianas empresas europeas en Canadá. Hay algunas que verdaderamente lo necesitan. Hay una declaración conjunta... [[Rumores]]
Señor Esteban, un momento, por favor. Señorías, les ruego, por favor, que guarden silencio. No sé si ustedes se dan cuenta, pero va creciendo el nivel del murmullo y estoy seguro que al señor orador que está en el uso de la palabra, y que es la única persona a la que tendríamos que estar escuchando, le resulta muy molesto. Les pediría, por favor, que no fuesen aumentando el nivel del murmullo y que en la medida de lo posible respetemos la palabra del orador. Muchas gracias. Continúe.
Muchas gracias, señor presidente. Hay una declaración conjunta de la Unión Europea y Canadá - también en su caso será con Estados Unidos - que señala que ninguna Administración se verá forzada a privatizar un servicio público. Ese es otro de los mantra. No. En todos los acuerdos de la UE es un tema protegido expresamente y se han excluido determinados sectores, como por ejemplo el suministro de agua, los servicios sociales, la sanidad y la educación. Están excluidos. Y les voy a decir otra cosa, en estos momentos, un país como Estados Unidos - Canadá también, es el mismo caso - puede entrar con sus empresas a conseguir un contrato público europeo y, sin embargo, las empresas europeas no pueden hacer lo contrario. El CETA va a hacer que esto sea posible. Los productos del sector primario europeo pueden tener una demanda importante, pero el mandato del Parlamento Europeo siempre es proteger esos sectores que les he citado y hay hecha una declaración conjunta. En cuanto al sistema de arbitraje - con esto voy concluyendo -, da la impresión, oyéndoles a ustedes, de que se ha inventado para el CETA o en el TTIP. No, esto viene ya de hace muchos años, de hace cincuenta años en acuerdos fijados por Naciones Unidas. ¿Que el sistema no es bueno? Estoy completamente de acuerdo, pero no podrán negarme que consolida mejoras. Por cierto, no le he oído a nadie levantar la voz sobre los más de 1.400 acuerdos bilaterales comerciales que tiene la Unión Europea que están afectados por este sistema de arbitraje. Sin embargo, las empresas extranjeras que inviertan en la UE o las europeas que inviertan en Estados Unidos - esto hay que decirlo claramente - no pueden eludir los tribunales nacionales en sus litigios. Si la cuestión se refiere a normas nacionales, hay que acudir a los tribunales nacionales y, solo si se les impide acudir a esta instancia - una decisión que debe tomar el tribunal requerido -, pueden acogerse al mecanismo internacional de arbitraje. En segunda instancia hay que recordar que si la cuestión en litigio se refiere expresamente a contenidos del Acuerdo de comercio internacional hay que recurrir al mecanismo de arbitraje, como se hace hoy con miles de tratados. Además, el CETA mejora la situación, porque ha habido medidas de cambio tendentes a garantizar la independencia de los árbitros, obligándoles a atenerse a un código de conducta y haciendo transparente su trayectoria y proceso de selección. Además, se va a permitir a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que hagan llegar sus posiciones al proceso y sean publicadas como todas las deliberaciones. Finalmente - esta es otra gran novedad -, se va a crear un órgano de apelación para revisar las decisiones de estos tribunales de resolución de diferencias entre inversores y Estados y, hasta ahora, no había esta segunda instancia. Vamos caminando hacia una corte internacional que seguramente será lo ideal.
Tiene que ir concluyendo, señor Esteban.
Y concluyo, señor presidente. Claro que ha habido participación democrática. Me gustaría que el Parlamento Europeo cada vez fuera más un Parlamento y que tuviéramos no una Comisión Europea, sino un auténtico Gobierno europeo. También nosotros como ciudadanos estamos representados en ese Parlamento Europeo. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Presidente, señorías, el debate que traemos hoy a la Cámara sobre el Acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, es un debate importante, pero en realidad es un debate mucho más de fondo. Es un debate entre los que estamos a favor de las sociedades abiertas y de progreso - como mi partido, que está representado en esta Cámara - y los que están claramente en contra, como los defensores de la iniciativa que presenta Ángeles, de Podemos, hoy aquí. [[Aplausos]] Este es un debate entre los que creemos que la apertura, los intercambios y el comercio son la base de nuestra riqueza en el mundo global del conocimiento y, los que desde posiciones conservadoras, prefieren poner vallas al campo, construir muros, cerrar fronteras, limitar los intercambios y soñar con un futuro trasnochado que afortunadamente ya no existe. No pongas cara de sorprendida, Ángeles. Sabes tan bien como yo que entre las propuestas prioritarias de Trump al ganar las elecciones estaba poner un muro en la frontera con México y también derrumbar el Acuerdo comercial TPP con Asia-Pacífico. ¿Sabes qué pasa cuando se derrumban acuerdos comerciales de este tipo y se empiezan a poner barreras arancelarias? Exactamente lo que pasó en los años treinta en este continente: se empiezan a subir las barreras arancelarias y acaba perjudicándose a millones de trabajadores que se quedan sin trabajo. [[Aplausos]] En aquel acuerdo se tomaron lógicamente muchas precauciones, porque era un acuerdo con China, que no respeta los derechos humanos y tampoco las salvaguardas medioambientales necesarias y los derechos del trabajo. ¿Pero realmente quieres hacernos creer, Ángeles,... [[El señor Errejón Galván: Ángela.-Risas]] - perdona, Ángela - ... que Canadá tiene un problema en ese sentido? Canadá es más europeo que Europa. Canadá cumple con los requerimientos fundamentales mucho más allá de lo que lo hacen la mayoría de nuestros países, con lo cual no hay ningún riesgo de que se incumplan los requerimientos sanitarios y medioambientales, las regulaciones laborales, las protecciones básicas de los derechos, de los datos, etcétera. Eso simplemente no es verdad. Señores de Podemos, me temo que en realidad el problema no lo tenéis con Canadá ni con este acuerdo comercial; el problema lo tenéis con vuestros propios prejuicios contra el comercio internacional y contra las sociedades abiertas. [[Aplausos]] En Ciudadanos pensamos que hay que hacer mucho por mejorar la globalización, pero hay un abismo entre creer que se puede mejorar la globalización y querer destrozarla. Lo que hacen la globalización y la mayor competencia es impulsar la innovación, impulsar a las empresas a mejorar. Esa innovación hace que se creen nuevos trabajos, más estables, mejor pagados, más productivos y mejor protegidos. Los trabajos ligados a la exportación en España - en España, sí - se pagan un 50 % más que los que están simplemente dirigidos al mercado interior. Acuerdos comerciales como este mejoran la vida de los consumidores, les permiten acceder a mayores productos de consumo y a unos precios más bajos. Estar más integrados en las cadenas de producción globales nos hace más fuertes. Cuando no lo estamos, cuando los países exportan en menos de lo que importan, se tiene mucho más vulnerabilidad a subir un parón repentino de financiación, que es lo que nos pasó en este país en 2008 precisamente porque teníamos un desequilibrio comercial con el exterior brutal. ¿Sabes a quién no le gusta nada de nada este tipo de acuerdos comerciales? Precisamente a las empresas que tienen capturados los mercados nacionales, aquellas del capitalismo de amiguetes que se llevan los contratos a dedo; esas son las que no quieren este tipo de acuerdos comerciales. [[Aplausos]] Si de verdad queréis luchar contra la casta y de verdad queréis luchar contra el capitalismo de amiguetes, abríos a acuerdos comerciales como este, permitidles competir y veréis cómo se acaba. La idea de que la globalización beneficia solo a los ricos es probablemente la idea más absurda de esta nueva izquierda viejuna que nos traéis aquí. [[Aplausos]] La globalización y la apertura comercial es el mecanismo más potente que conocemos para la lucha contra la pobreza. [[El señor Errejón Galván pronuncia palabras que no se perciben]]Desde 1950 en Asia y en América Latina se han creado millones de puestos de trabajo gracias a la competencia y gracias a los incentivos que crea el mecanismo de precios. Es cierto, existen alternativas, el dirigismo, la autarquía, el caudillismo y el aislacionismo, las promesas colectivistas que reparten miseria y dejan las farmacias sin medicamentos y crean cuotas de racionamiento. [[Aplausos]] Aunque bien mirado, según a quién afecte, sí parece que le dais importancia al comercio, o al menos algunos de vuestros portavoces. Por ejemplo, cuando habláis de Cuba decís que todos los problemas de Cuba no son de sus instituciones ni de sus problemas de mala gobernanza, sino que vienen de que Estados Unidos les bloquea, que les hace un bloqueo comercial desde hace tantos años. Como decía, la globalización genera ganadores y perdedores; eso no lo habéis descubierto vosotros. Dani Rodrik decía en su famoso trilemma que si queremos preservar la democracia y queremos seguir creciendo en un mundo global, tenemos que ampliar las fronteras de gobernanza, tenemos que mejorar la gobernanza global y transnacional. Con eso estamos de acuerdo, la solución no es poner muros, como hace Trump, poner más fronteras, como propone Orban, o salirse de la Unión Europea, como proponéis vosotros en el Parlamento Europeo. La solución es gobernar mejor la globalización, más allá del Estado-nación, y diseñar políticas públicas efectivas contra la pobreza laboral, como el complemento salarial. La solución es mejorar las políticas educativas, como propone Ciudadanos.
Señor Roldán, tiene que ir acabando.
Voy terminando. El Acuerdo comercial con Canadá tiene además muchas ventajas para España. - Voy a dar dos líneas, y con esto termino -. La eliminación de barreras y aranceles para la agricultura ofrece un enorme potencial para que los mercados, por ejemplo, de aceite de oliva, productos vegetales, jamón, productos de cerdo, amplíen sus fronteras, crezcan, tengan más compradores protegiendo las denominaciones geográficas españolas y beneficiando a muchos sectores, como la pesca y la industria automotriz, que es clave para España. Para terminar, señores de Podemos, por desgracia para todos no se crea empleo con pancartas ni rodeando Congresos ni rapeando en mítines,...
Concluya ya, señor Roldán.
... se crea trabajo abriendo oportunidades, acuerdos de comercio inclusivos y progresistas como el CETA. Muchas gracias. [[Aplausos.-Rumores]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
Señorías, la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no responde a la situación real en la que se encuentra el CETA y no ha sido defendida en esta tribuna conforme a los términos literales del texto, porque no se nos pide que este Parlamento se pronuncie sobre el CETA. Ustedes saben que este Parlamento se va a pronunciar necesariamente sobre el Tratado comercial con Canadá, al igual que lo harán los veintisiete parlamentos nacionales que conforman la Unión Europea. Este es un tratado mixto, de nueva generación, donde la Unión Europea ha negociado sobre la base de las competencias que la Unión Europea ostenta, y en aquellas competencias que no son de la Unión Europea, que siguen estando residenciadas en los Estados miembros, son precisamente los parlamentos nacionales los que van a pronunciarse y a aprobar este tratado, que finalmente, de ser aprobado por los veintisiete parlamentos nacionales, estará ratificado y entrará en vigor. Lo que ustedes nos solicitan hoy es que prohibamos que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre un tratado que la Unión Europea tiene el derecho y la competencia de negociar. Hay una mala noticia, estoy de acuerdo con usted: la mala noticia es que en los últimos tiempos asistimos a un movimiento creciente contra la liberalización del comercio, contra la inmigración, la libre circulación de personas, y a favor del proteccionismo y la renacionalización de la política. Eso sucede en distintos lados, a la derecha, a la izquierda y desgraciadamente en el populismo que se instalará en Estados Unidos tras la elección de Trump. Es necesario aplicar la política al mercado económico, y eso solo se hace regulando, a través de tratados internacionales y de instituciones supranacionales, los mercados financieros, los monopolios, los cárteles, los privilegios concesionales, corporativos que, no nos olvidemos, existen porque la política, la internacional y la nacional, lo permite. Dicho esto, los socialdemócratas entendemos que el Parlamento Europeo tiene derecho a pronunciarse políticamente sobre un tratado negociado por la Unión Europea y por la Comisión en el ámbito de su competencia. Pero los socialistas europeos hemos planteado, desde el principio, elementos fundamentales en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de los consumidores. Voy a citar brevemente tres. El primero, sobre el nivel de protección que disfrutamos en Europa, no se negocia. Son innegociables: los estándares europeos de protección medioambiental, los estándares europeos de protección social y laboral. - Innegociables -. Quiero decirles que de los ocho tratados fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Canadá ha ratificado siete, no había ratificado el octavo, y está en vías de ratificación precisamente por la aprobación de este acuerdo, ratificación del Acuerdo internacional sobre derecho de negociación y sindicación. Les puedo asegurar que los trabajadores canadienses están contentos. Otro elemento fundamental, señorías. Sobre los servicios públicos no se negocia. Entre otras cosas, quiero recordar, porque en esta tribuna se han dicho dos elementos que no son ciertos y asustan a la ciudadanía: que el Tratado fundacional de la Unión Europea establece que las competencias para regular los servicios públicos son competencias nacionales. En el caso de España les corresponde al Estado y a las comunidades autónomas; y quiero recordarles que en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Valencia, gobernadas por el Partido Popular, se han privatizado servicios básicos como la sanidad y no ha sido por los canadienses ni por los estadounidenses, sino porque gobernaba el Partido Popular allí durante muchos años. [[Aplausos]] Esto es así. Quiero señalar algo, aunque es una intervención muy atropellada, muy rápida para un tema tan importante, que me parece interesante. El señor Esteban se ha referido a la declaración interpretativa conjunta, y yo quiero señalar la página 4, punto 4. [[Mostrando un documento]] Miren ustedes, señorías, lo que dice: Se garantiza el derecho de los Gobiernos en todos los niveles de la Administración a facilitar el apoyo y la prestación de servicios que consideren públicos, incluidos la salud pública, la educación, los servicios públicos. No existirá ningún tipo de exigencia a los Gobiernos para privatizar ningún servicio y no habrá ningún impedimento a los Gobiernos para devolver al ámbito público aquellos servicios privatizados ni para ampliar los tipos de servicios prestados al público. Es decir, el Gobierno valenciano hoy puede, indudablemente, hacer públicos servicios públicos como la sanidad que han sido privatizados, porque no habrá ningún impedimento por el Tratado del CETA. Finalmente, señorías, este tratado establece un nuevo mecanismo de solución para la protección de inversiones extranjeras. Quiero decirles que los socialdemócratas europeos exigimos que se abrieran las negociaciones porque nos negábamos a aceptar un tratado con un sistema de arbitraje privado. El tribunal internacional será para la resolución de los conflictos que afecten al tratado, que no - efectivamente, como muy bien ha señalado el señor Aitor Esteban - a otro tipo de elementos que tengan que ver con la legislación nacional. Estos se harán por los tribunales nacionales y, lo que afecte al tratado, por un tribunal internacional...
Tiene que finalizar, señora Rodríguez.
Finalizo. ... muy similar al Tribunal Internacional de Justicia: quince jueces elegidos entre la Unión Europea y Canadá que, indudablemente, estarán sometidos a un proceso de imparcialidad, normas de aplicación de tribunales internacionales y un recurso de apelación. Señorías, se avanza muchísimo. Sin CETA estaremos en sistemas de arbitraje privado. Señorías, sin CETA, de las veintisiete denominaciones de origen que hoy están incluidas y que serán protegidas en Canadá habrá cero protecciones de origen reconocidas y protegidas en los mercados canadienses.
Señora Rodríguez, vaya concluyendo.
Por lo tanto - señorías, concluyo -, creo que no es de recibo traer una resolución de este tipo, que no corresponde a la situación real. Este Parlamento va a ratificar o no, pero va a discutir el CETA en todo el ámbito de competencias nacionales que corresponde al Gobierno y al Estado español. Me parece que lo de hoy era un subterfugio político, una treta parlamentaria para evitar que el Parlamento Europeo pueda, en enero de 2017, ejercer el derecho político que le asiste como representante de todos los ciudadanos de la Unión para pronunciarse políticamente sobre este tratado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Palmer Tous.
Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría iniciar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, resaltando la importancia que tienen los acuerdos comerciales para Europa. En estos momentos la Unión Europea tiene firmados unos doscientos acuerdos liberalizadores, en mayor o menor grado, con Estados y bloques de países de todo el mundo; acuerdos que en todos los casos han resultado enormemente beneficiosos en términos de crecimiento y creación de empleo para la economía europea, es decir, para las empresas y ciudadanos europeos. Históricamente los países prosperan cuando se orientan al exterior y a ese proceso no ha sido ajena la economía española. Nuestra economía siempre se ha expandido intensamente tras las fases de apertura que ha vivido en las últimas décadas. Gracias a eso hoy exportamos más de un tercio de nuestro PIB y son unas 150.000 las empresas consideradas exportadoras, muchas de las cuales son pymes. La apertura exterior ha sido y es una fuente de crecimiento y de empleo para España; es un factor clave para su prosperidad. De hecho, cabe recordar que en la actual fase de recuperación económica ha tenido un protagonismo indiscutible el sector exportador. Por tanto, creo que debemos seguir en esa línea. En el caso concreto que hoy nos ocupa, el Acuerdo comercial, económico y global tiene como objetivo impulsar el comercio con uno de los países más desarrollados del mundo, Canadá. Un acuerdo que genera grandes oportunidades a raíz de cuya implementación se calcula que aumentará la producción europea de forma anual en unos 12.000 millones de euros, con la consiguiente generación de empleo. Precisamente en términos de empleo, debemos recordar que cerca de 30 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea dependen de la exportación internacional. Casi 1.000 millones de euros en exportaciones de la Unión equivalen a un promedio de unos 14.000 puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo además tienden a estar mejor remunerados que los que no dependen de las exportaciones. - Es así -. Por tanto, me parece que con esos datos Europa debe tener como prioridad seguir trabajando y negociando nuevos acuerdos comerciales. Señorías, podríamos continuar describiendo muchos de los beneficios que va a suponer la entrada en vigor del acuerdo, que en muchos casos refleja su elevada ambición y alcance, pero no voy a aburrirles con los detalles que todos ustedes conocen sobradamente y que además ya han sido enumerados. Respecto a las críticas que ha recibido, se ha hablado nada más y nada menos que del peligro del no cumplimiento de normas y pactos internacionales en derechos humanos, derechos de trabajadores, normas medioambientales, seguridad alimentaria o protección al consumidor. Bien, aquí quiero dejar meridianamente claro que el acuerdo no afectará a las normas de la Unión en ninguna de esas materias ni supondrá una injerencia en servicios públicos como la salud o la educación. [[Aplausos]] También ha habido cierta controversia en cuanto al sistema internacional de arbitraje que se ha diseñado para proteger a los inversores internacionales frente a la discriminación por parte de los Gobiernos. En este punto, la parte europea en su momento propuso un procedimiento que no fuese privado, y así ha sido. No va a haber una justicia privada a la hora de regular conflictos entre los inversores extranjeros y los Estados. Centrados ya en los puntos de la proposición, debo indicar que solo cabe desestimar sus peticiones por improcedencia, reiteración o inoportunidad. Por significar alguno, en cuanto a las peticiones de información sobre la negociación, si bien quiero recordar que el Gobierno de España como tal no ha llevado a cabo ninguna negociación, ya que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea y no de los Estados, se ha ido informando de todo a través de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Economía, por lo que la petición de informar de la negociación es reiterativa. También quiero destacar que la aprobación del acuerdo, como su próxima aplicación provisional en materias que son - recordemos - competencia exclusiva de la Unión Europea, cumplen con toda la normativa comunitaria a tal efecto, por lo que es de nuevo improcedente solicitar la no aplicación provisional al no ser competencia del Gobierno español tal decisión. Y así podríamos continuar con todas las peticiones que se realizan. Señorías, para finalizar, vistas las ventajas, los evidentes beneficios del acuerdo y la no veracidad de las críticas, uno se pregunta cuáles son los motivos de la presentación de esta proposición no de ley de rechazo del acuerdo. Un análisis de los puntos de la proposición corrobora - lo hemos visto - la falta de rigor que la ha guiado y desvela, además, una muy concreta visión ideológica de los acuerdos liberalizadores, sin mayor argumento que una supuesta lucha contra un sistema capitalista. Y aquí me planteo varias preguntas: ¿Qué pretenden con esta propuesta?, ¿cuál es su objetivo? Si no nos integramos en estos procesos liberalizadores, ¿volvemos a planteamientos característicos de otros siglos?, ¿volvemos a ideologías contrarias al comercio que trajeron penuria, miseria y hambre?, ¿volvemos al aislamiento?, ¿volvemos al proteccionismo? Estudios recientes nos muestran que una causa importante de la actual ralentización del crecimiento económico mundial, además de la incertidumbre, ha sido el neoproteccionismo y el neopopulismo que se ha detectado en ciertos países. En contraposición a ello, las economías más abiertas han resistido mejor la crisis y la han superado antes. Es así: las economías abiertas son más prósperas que las aisladas. Parece claro, no querer el librecambio es no apostar por el crecimiento económico, el progreso y la creación de empleo. - Acabo -. El sector exterior - vuelvo a repetirlo - es y ha sido clave para el crecimiento económico de este país y para el conjunto de la Unión Europea, y queremos que lo siga siendo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Palmer. Señora Ballester Muñoz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
Presidente, hay una enmienda presentada por nuestro grupo para actualizar el contenido de la PNL que se presentó antes de la firma del acuerdo. Esa enmienda incluye el contenido de la enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, por tanto, está aceptada, y no aceptamos la del Partit Demòcrata Català.
Entiendo, por tanto, que se acepta exclusivamente la autoenmienda que ustedes han presentado.
Sí, se vota según nuestra autoenmienda, que es de sustitución.
Muy bien.
A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Trevín Lombán.
Señor presidente, señorías, defiendo esta moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, con el objeto de que este Gobierno devuelva las libertades que hurtó a todos los españoles. Pedimos en ella, primero, que deroguen la Ley Orgánica 4/2015, que ustedes llaman de protección de la seguridad ciudadana, pero que es más y mejor conocida como la Ley mordaza. Segundo, que pongan en marcha medidas urgentes para acabar con la sensación de inseguridad creciente que tienen los ciudadanos. Y, tercero, que atajen de una vez los sangrantes recortes que han aplicado en estos últimos años a los servicios de seguridad del Estado. Ustedes creen que una sociedad segura es una sociedad silenciosa y domesticada. Nosotros creemos que la discrepancia es la verdadera esencia de la democracia. Por eso la Ley mordaza es profundamente antidemocrática. Discrepar se traduce en protestar y, el anterior ministro del Interior, pretendía acabar con cualquier forma de protesta: de pensamiento o palabra, de obra u omisión. Si los activistas de Greenpeace colocan una pancarta en un edificio público se exponen a entre 100 y 600 euros de multa. Igual les puede ocurrir a los jóvenes que coloquen pegatinas en una farola o que acampen en Sol. O a una joven que lleve su bolso con una figura de un gato y las siglas ACAB, 'Todos los gatos son bonitos'. O a los activistas que recojan firmas con una mesa en las aceras. O a quienes entren en un banco y se pongan a bailar por bulerías para protestar burlescamente contra alguno de esos productos financieros ideados por trileros con corbata. También podrán ser multadas con entre 601 y 30.000 euros las militantes de Femen que perturben actos públicos o solemnidades varias o aquellos activistas que traten de impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales de desahucio. Señores del Partido Popular, en esta legislatura sin mayorías absolutas nos están solicitando una actitud propicia al diálogo y al acuerdo. Ahora tienen la ocasión de demostrar la sinceridad de su demanda. Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles, con una nueva norma que sea más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de nuestra Carta Magna y que corrija algunos errores en materia de extranjería. Ustedes, señores del PP, introdujeron un sistema de devolución en frontera de extranjeros que no respeta adecuadamente la normativa que exige dar la oportunidad de solicitar la protección internacional a quienes tienen derecho a ella. Pero no es el único problema que en esta materia tiene España, señorías. Los centros de internamiento de extranjeros están siendo una constante fuente de conflictos. Hoy mismo Amnistía Internacional denuncia en los medios de comunicación severos fallos en la atención a personas migrantes y refugiados en los CETI de Ceuta y Melilla. El ingreso en los mismos debe ser únicamente una medida restringida a supuestos imprescindibles y no debe suponer más limitación que la indispensable. Los internos deben tener garantizados en ellos sus derechos, especialmente el que se refiere a la asistencia sanitaria. Todo ello, y en cualquier caso, asegurando la necesaria supervisión judicial con la máxima transparencia. Lo necesitamos, señorías, porque hasta hoy el ministerio del Interior ha realizado una gestión opaca en estos centros y, a la vez, ha recortado drásticamente sus presupuestos. Pero los CIE no son ni mucho menos el único lugar donde los recortes están haciendo estragos, en nuestras cárceles también. Necesitamos garantizar los medios humanos y materiales para que las penas de prisión se cumplan en condiciones de dignidad y seguridad. Hemos de tener también claro que la rehabilitación y reinserción social de los internos son los principales objetivos a conseguir, como mandata el artículo 25 de nuestra Constitución. Debemos garantizar el buen funcionamiento de los programas que más contribuyen a ello, como la UTE de la prisión asturiana o el modulo para madres jóvenes de Alicante, que sigue cerrado. ¿No les resulta extraño que siendo España un país europeo con unos parámetros de seguridad por encima de la media europea seamos, por el contrario, de los que tienen una mayor ratio de personas en prisión? Señorías, en los últimos cuatros años se ha erosionado el sistema público que garantiza la seguridad de los españoles. Las pasadas semanas di algunas cifras al respecto que repito porque en su respuesta el ministro dejó traslucir algunas dudas. Los Presupuestos Generales del Estado nos indican que en los últimos cinco años la dotación presupuestaria para la seguridad pública disminuyó en 500 millones de euros -500 millones de euros menos para seguridad pública en cinco años - y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un déficit de catálogo que sobrepasa los 20.000. Es también incuestionable el aumento de los delitos que mayor sensación de inseguridad crean entre los españoles. La estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad del primer semestre de este año indica que los homicidios dolosos y asesinatos aumentaron un 18,4 % respecto al mismo periodo del pasado año - un 18,4 %- y los robos con fuerza en domicilios un 2,2 %, infracción penal que aumenta año a año. Hoy mismo los medios de comunicación dan cuenta de la detención de cincuenta georgianos por robos en al menos cien viviendas de Madrid y Barcelona. Tampoco evoluciona a mejor la seguridad en nuestras carreteras. Las cifras de muertos en accidentes de tráfico han activado todas las alarmas. Según los datos de la DGT, hasta antes de ayer llevamos treinta y tres víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2015, treinta y tres víctimas más que en el año anterior, señorías. El aumento es muy preocupante porque puede llevarnos a incumplir este año el objetivo 2020 de la Unión Europea respecto a la reducción de fallecidos en la carretera. Así, de Estado ejemplar hace una década a sospechoso de incumplimiento hoy. [[Muestra un gráfico]] Vean la línea naranja que indica el objetivo de la Unión Europea y la línea azul, por debajo, que indica el número de fallecidos en España. Hasta ahora, sistemáticamente, habíamos ido muy por debajo del objetivo de la Unión Europea, pero este año, por primera vez en una década, podemos incumplir ese objetivo. Tenemos, señorías, unas fuerzas de seguridad profesionales, pero su número ha mermado drásticamente en los últimos años. Por ello solicitamos incrementar sus plantillas y un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en el campo y en los domicilios españoles, así como un programa de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial. Reclamamos, por último, más seguridad para quienes garantizan la nuestra, es decir, para nuestros guardias civiles. El pasado 15 de enero entró en vigor el nuevo Código Penal Militar que puede aplicárseles en cualquier circunstancia, y no es lógico; excepto cuando estén en una misión militar, nunca debe aplicárseles. Finalizo, señorías. Hay un común denominador en estas peticiones. Solo les pedimos que cambien tres cosas, solo tres cosas. Cambien la mordaza, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos. [[Aplausos]]
Tiene que ir concluyendo, señor Trevín.
'La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos...', dejó escrito Cervantes, buen conocedor del aprecio que los españoles damos a este bien. También aprecian nuestros compatriotas sus derechos y confían en los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Hoy les pido el voto a favor de esta moción o, lo que es lo mismo, a favor de la libertad, los derechos y los servicios públicos. Gracias, presidente. [[Aplausos]]
Gracias, señor Trevín. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí.
Muchas gracias, presidente. Señor Trevín, en primer lugar, quiero felicitarle porque a nosotros nos gusta mucho hablar de derechos y libertades, y que esta Cámara discuta y debata sobre eso siempre es una buena noticia, aunque nos sabe a poco, y a eso me voy a referir acto seguido. Fíjese, esta moción es casi un tapiz de patchwork donde usted ha cosido y recosido distintos temas de origen diverso y de gasto absolutamente distinto y los ha metido bajo el paraguas de la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y eso me parece bien, me parece un acierto. De hecho, nosotros vamos a apoyar esta moción. ¿Cómo podemos estar en contra de mejorar las condiciones de los internos en los centros de internamiento de extranjeros? ¿Cómo podríamos mostrarnos en contra de eso? ¿Cómo podríamos mostrarnos en contra de derogar la Ley mordaza? Nosotros estamos a favor de ese punto de su moción. Pero en su moción hay espacio para más cosas, y a eso es a lo que nos referíamos nosotros. Si hablamos de derechos y libertades de los ciudadanos españoles y también catalanes, señor Trevín, tenemos que hablar, por ejemplo, de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, que dinamitó por completo la separación de poderes y condicionó los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y catalanes. Si hablamos, señor Trevín, de derechos y libertades en Cataluña y en España, pero especialmente en Cataluña, tenemos que hablar de la estructura policial que montó el anterior ministro del Interior para perseguir a aquellos que pensamos de manera diferente a lo que piensa él. Si hablamos de derechos y libertades, tenemos que hablar de lo que usted propone, de esta moción patchwork que nos presenta hoy, pero tenemos que hablar también de otras cosas, y por eso presentamos estas dos enmiendas, para añadir estos dos puntos a su moción, que serán - nos lo ha avanzado - rechazados. Aun así, vamos a votar a favor de la moción y le emplazamos a buscar espacios de debate y discusión para poder seguir garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos catalanes y españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Miquel. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Nueva Canarias va a apoyar esta moción consecuencia de interpelación que formula el Grupo Socialista porque entiende que se plantea la cuestión desde el punto de vista del conjunto de medidas que es necesario adoptar - creo que no están todas ellas y estoy seguro de que ustedes son conscientes de ello - a la hora de actuar sobre el binomio libertad-seguridad. Este es el fondo de la cuestión. Es necesario actuar sobre los dos planos y nos parece que esta moción, efectivamente, plantea cuestiones en ambos. En dos minutos no tengo tiempo de entrar más en ello, pero sí me gustaría hablar de la denominada Ley mordaza. Hablando precisamente del binomio libertad-seguridad, tuvimos que denunciar en su día que lo que ocurría con esta iniciativa legislativa era que se había tomado una decisión ante las protestas ciudadanas asociadas a una crisis dura que, por cierto, venían sufriendo los que no eran responsables del origen de la crisis. Ante eso se tomó una decisión, que fue actuar sobre el plano de las libertades. No han existido nunca elementos, datos que confirmen problemas graves de seguridad para justificar una decisión de esta naturaleza, de forma que una ley que debería proteger la seguridad ciudadana se ha convertido en una ley antiprotesta. Por lo tanto, lo que se castiga es a la gente que protesta, a la gente que se queja, a la gente que critica, y de esto hay numerosísimos ejemplos que no tenemos tiempo de desarrollar. Hay, por tanto, una tentación de actuar sobre los problemas reprimiendo a los más débiles y su legítima libertad de expresión que nosotros no vamos a defender nunca. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Quevedo. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señor presidente. Esta iniciativa que ha presentado y defendido el señor diputado, Trevín Lombán, es un totum revolutum de complicadísimo análisis. Es una moción que de una tacada, entre otros aspectos, reclama la derogación de la Ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal Militar, la situación de las plantillas en las instituciones penitenciarias, el incremento del personal de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como su dotación de medios, la elaboración en tres meses de un plan operativo contra robos, la mejora de la seguridad vial en nuestras carreteras y, finalmente, la reclamación de nuevas medidas para los ingresos en los centros de internamiento de extranjeros. Por medio, el proponente también solicita que se normalice el buen funcionamiento de la UTE de la cárcel de Villabona y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante. Me preocupa, porque me tienen al corriente del asunto, el caso asturiano, si bien me llama la atención que el señor Trevín no lo haya ligado esta tarde, como hizo el pasado marzo, a la petición de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, con la que no estuvimos ni estamos de acuerdo. Se va usted moderando, señor diputado. Esta moción revolutum, del tipo a río revuelto ganancia de pescadores, no va a contar con mi apoyo, porque considero que estas no son formas de plantear seriamente las cosas. Es muy necesario que desde la oposición se denuncien situaciones o problemas que afecten a los ciudadanos, y eso es precisamente lo que se hizo la semana pasada para confrontarlos con el Gobierno. Sin embargo, la moción posterior, esta iniciativa, debería ofrecer soluciones, y lo que se nos propone esta tarde es todo un complejo fárrago de materias cuya única conexión entre sí es que son de la competencia del Ministerio del Interior. Algunas de ellas por sí solas podrían contar con el apoyo de Foro, como es el caso de corregir la desesperante e injusta deriva del espacio libre de drogas de la cárcel de Asturias, que va en perjuicio del mandato constitucional de la inserción social, pero inmersas en esta peculiar mezcolanza de temas no recibirán mi voto favorable. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Oblanca. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador García.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Trevín, bajo el título de garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos ha metido una serie de cuestiones que creo que son también de las que se van a tener que tratar durante el transcurso de esta legislatura, pero quisiera recordar que esos derechos y libertades de los ciudadanos están salvaguardados precisamente porque tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo permiten. Evidentemente, cuando en algunas redacciones se da un tinte que tiende a criminalizarlos no estamos de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo en garantizar esos derechos y esas libertades, pero desde luego tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo de esos profesionales, porque tal y como se redactan algunas cuestiones puede parecer que intentamos buscar más su criminalización. Creo, señor Trevín, que lo que quería era dejar un inventario de aquellas cuestiones que vamos a ir tratando durante la legislatura. Ha juntado cinco temas, que es verdad que son muy importantes cada uno de ellos por separado, los ha incorporado, ha hecho un batiburrillo y, al mismo tiempo, ha tratado cuestiones muy importantes y ha metido casos muy singulares, consiguiendo que al final pierda fuerza cada una de esas propuestas. Ante eso, lo que hemos hecho desde Ciudadanos es lo que intentamos hacer siempre: presentar una serie de enmiendas de carácter técnico con el objetivo de mejorar la propuesta y simplemente corregir aquellas cosas que entendemos que no están bien o que se pueden mejorar. En primer lugar, en relación con la Ley de protección ciudadana, ya cerramos un acuerdo con ustedes en el que decíamos que en vez de derogar había que reformar. Hablamos con ustedes también de que había unos supuestos que se habían llevado al Tribunal Constitucional y que si había que revisarlos tenía que ser precisamente para eso, para que esa Ley de seguridad ciudadana diera respuesta a lo que decía el enunciado y, al mismo tiempo, se pudieran eliminar aquellas cuestiones que no tuvieran que ver con la Constitución. Hay un tema muy importante, señor Trevín, que es la Guardia Civil. Es verdad que en esto tengo que mirar al Partido Popular, porque siempre se ha llenado la boca a la hora de hablar de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no termina de avanzar con un Gobierno del Partido Popular. Vamos a ver si ahora que no hay mayoría absoluta y parece que en los debates estamos bastante de acuerdo, por lo menos cuatro de las principales fuerzas de esta Cámara, es el momento de acometer reformas y de hacer que esta sea también la legislatura de la Guardia Civil. No entendemos - y en eso estamos de acuerdo con usted, señor Trevín - que en enero de 2016 entrara en vigor una reforma involucionista del Partido Popular que quitaba lo que ya se había ganado en el año 2007 en relación con los supuestos en los que tenía que aplicarse el Código Penal Militar a la Guardia Civil y los supuestos en los que no. Se decía que, con carácter general, no había que aplicarlo a acciones realizadas en el transcurso de sus funciones policiales sino solamente en supuestos de estar en una misión de guerra, en un estado de sitio o en determinadas situaciones que están muy categorizadas y que hacían que tuviera un poco de racionalidad. Luego, señor Trevín, dice usted que hay que garantizar las plantillas de las instituciones penitenciarias. También estamos de acuerdo, pero no entendemos por qué después se ha ido a casos singulares y por qué no acepta nuestra enmienda para mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones, para hacer un protocolo de actuación de esas agresiones y para poder darle más contenido. Así, al mismo tiempo que mejoramos la plantilla, mejoraríamos sus condiciones. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido tener cárceles masificadas cuando hay cárceles que están cerradas, pero ahora que ya está mejorando la economía, podemos tener personal suficiente en cada una de ellas, personal que puede trabajar en mejores condiciones. De esta manera podríamos afrontar ese gran problema que hay de seguridad, en vez de perdernos en temas muy concretos que, por exclusión, eliminan otras cuestiones similares que existen en el resto del Estado español. También han planteado más plantillas policiales y más medios. Estamos absolutamente de acuerdo, pero nuevamente usted se ha ido a determinados casos, como la seguridad vial o los robos. Nosotros entendemos que eso hay que extenderlo a todo el mundo y a todos los supuestos porque es un tema general. Creemos que hay que incorporar a la Guardia Civil y también a la Policía, pero ¿por qué no revisamos el estatuto profesional? ¿Por qué no revisamos los accesos, la formación, los ascensos, los destinos o los salarios? ¿Por qué no aprovechamos para empezar a debatir sobre ese nuevo modelo policial? Lo digo porque ya que usted ha metido cinco temas tan importantes, podría haberles dado un poquito más de profundidad en vez de perderse en ejemplos muy concretos que lo que hacen es deslucir una propuesta que entendemos que es interesante. En relación con el tema de los CIE, no habíamos planteado ningún tipo de enmienda, porque estamos de acuerdo en que se tienen que regular los supuestos que dan lugar al ingreso, que se tienen que mejorar las condiciones de los internos y que, especialmente, se tiene que garantizar la asistencia sanitaria. En eso estamos de acuerdo con usted. Por todo ello, a pesar de su mala redacción, de sus malos ejemplos, como no queremos entorpecer que esto pueda mejorar, vamos a abstenernos en la primera, porque no entendemos eso de derogar sin esperar al Tribunal Constitucional y haber revisado sobre la base de nuestro acuerdo, pero en todo lo demás vamos a votar a favor. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
Mila esker, jauna. Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes. Yo no voy a ser muy original. Esto ha sido una cesta donde hemos ido metiendo cosas y es evidente que todo discurso tiene que empezar por esa falta de sistemática. A pesar de ello, he cogido el concepto de seguridad que usted enunciaba como hilo conductor de todo esto y he tratado de hilar un discurso alrededor de este concepto y de las cosas que usted pide. En primer lugar, habla usted de la Ley de seguridad ciudadana, lo que pasa es que ese concepto de seguridad que usted está manejando y se ve a lo largo de toda la intervención en la moción nosotros lo tenemos que ampliar. A mí me ha llamado muchísimo la atención la capacidad que tiene usted de escribir una cosa y luego hilar un discurso absolutamente diferente. Puede ser que sea la diferencia entre la oralidad y la escritura, pero lo que usted dice yo no lo veo. Es decir, usted ha manejado aquí un concepto de seguridad muchísimo más amplio que el estricto de la seguridad policial o la seguridad de orden público que se plantea en esta ley, y en eso tengo que darle la razón. Si hablamos de seguridad, a mí me gusta hablar de seguridad dentro de la sociedad, no en el concepto de orden público o paz pública que usted ha enunciado. ¿Qué es la seguridad? La seguridad son los 3 millones de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, la gente que no sabe si va a poder llevar a los hijos al colegio, la gente que no sabe si va a ser desahuciada. Todo eso es lo que genera realmente intranquilidad, y esa intranquilidad genera insurgencia, claro que la genera. ¿Y por qué estamos aquí hablando de una ley del Partido Popular en este sentido? Porque la derecha tiene clarísimo qué hay que hacer cuando provoca una situación de ese tipo; la provoca con ustedes, porque ustedes pactaron con ellos en un cuarto de hora la reforma del artículo 135; ustedes priorizaron este tema. A eso hay que darle una respuesta y esa respuesta sí se da por parte de la derecha desde un modelo claramente policial. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro cuál es su concepto de seguridad: tolerancia cero, cristal roto y porra en la calle. No hay ningún problema. Usted nos ha denunciado aquí una serie de consecuencias de la sanción, pero las sanciones derivan lógicamente de esto. Podemos hablar de muchas cosas, pero nosotros nos comprometemos ya a dejar de hablar de esto, a dejar de hablar de derogación y a traer a esta Cámara una nueva ley con un concepto absolutamente diferente de seguridad y, además, a traerla en el contexto - que usted tampoco ha mencionado - de una contrarreforma penal que se lleva gestando desde el populismo punitivo desde el año 2003 y en el que, no lo olvidemos, esta ley se inserta. Si vamos a abrir el foco, vamos a abrirlo y vamos a trabajar con esto. A pesar de la dureza implícita en esa intervención, votaremos que sí, porque no queremos dejar pasar ni una oportunidad, porque estamos en un momento muy delicado y porque la sociedad no puede entender que no demos pasos hacia delante, aunque sean exiguos. A partir de aquí, en lo que me queda, podemos hablar de la reforma del Código Penal Militar para guardias civiles. ¡Pero sí está muy claro! Ya lo dijo la sala de conflictos del Tribunal Supremo. La regla general es la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles y la excepción cuando estén realizando diligencias policiales. ¿Qué aporta su declaración en este momento? Nada. O se dice claramente, como decía Ciudadanos, en qué situaciones se va a aplicar el Código Penal Militar y se dice claramente que a los guardias civiles no se les va a aplicar salvo que estén encuadrados en unidades militares o estén en estado de excepción o de sitio, o no habrá un verdadero cambio. Lo que no es admisible es que se les aplique el Código Penal Militar cuando el 99 % de sus actuaciones son policiales y por infracciones no cometidas en esas situaciones y que en muchas ocasiones derivan en expedientes que en otro caso serían disciplinarios, pudiendo acabar en una prisión militar, no lo olvidemos. Sobre su concepto de seguridad en instituciones penitenciarias, volvemos a lo mismo. Se pueden garantizar las plantillas, pero ¿qué pasa con las personas que están dentro? ¿Qué pasa con las personas presas? ¿No tenemos un problema de salud mental en prisión que también es consecuencia de esto? ¿No hemos abandonado el tratamiento penitenciario, que también es consecuencia de las políticas de austeridad y de los recortes? Si no tratamos el tema general, vamos a contentar mucho a determinados sindicatos, pero no vamos a afrontar el problema que se da en instituciones penitenciarias, que se aborda en todo lo que nosotros hemos planteado en la enmienda. Respecto al compromiso con la seguridad pública, incrementemos las plantillas. Usted hace ahí una serie de peticiones para unas determinadas cosas y votaremos a favor, no nos opondremos a pesar de que sabemos que es parcial. En el último punto lo tenemos muy claro. Es muy sencillo. Soy de Navarra y en Navarra no hay CIE. No conocía el CIE de Aluche. La primera vez que vi el CIE de Aluche, cuando pasaba por la calle, le dije a mi compañera Ione que estaba por ahí: Mira, tiene bozales. Y me preguntó: ¿Qué son los bozales? Los bozales son unas planchas de metal, que ya se han quitado de las celdas de castigo de las prisiones, con agujeros que no dejan entrar la luz ni el aire. Eso son los CIE.
Señor Santos, tiene que ir usted acabando.
Por tanto, por muchos esfuerzos que hagamos no vamos a conseguir que en los CIE se respeten los derechos humanos. Además, son sitios que no cumplen la función para la que fueron inicialmente concebidos, sino que simplemente cumplen una función de castigo. Podría extenderme con muchas más cuestiones concretas, pero en este punto, lamentablemente, votaremos en contra, pues no podemos asumir siquiera que se intente pasar por aceptable un sitio en el que se vulneran los derechos humanos de una forma tan cruel y tan efectiva, con muertes y resultados que todos conocemos. Gracias. [[Aplausos]]
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señor presidente. Las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de la protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público es una de las prioridades de cualquier responsable público de cualquier Gobierno, y en esta materia, como es obvio, este grupo parlamentario tiene un notable interés, máxime por tener el País Vasco esta competencia estatutaria, al haber actualizado el régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución; competencia de las instituciones vascas para la tutela de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca a través de su propia policía, la Ertzaintza, y de la ejecución de la legislación estatal en otras materias, como la legislación penitenciaria, y para la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco; competencia de las autoridades vascas que lo es sin perjuicio, también por mandato estatutario, de los servicios policiales reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la vigilancia de costas, fronteras, aduanas, extranjería, pasaportes y DNI, armas, etcétera, por su carácter supracomunitario y extracomunitario; dualidad de servicios entre la Ertzaintza, como policía integral del territorio, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con cometidos específicos y especificados, que reclama, como resulta obvio, la coordinación y a tal efecto se dispone la existencia de una Junta de seguridad bilateral formada por igual número de representantes de ambas administraciones. Por eso nos satisface haber escuchado al señor ministro del Interior que en el ámbito de sus competencias ministeriales es su voluntad intentar concitar el máximo consenso, dialogar hasta la extenuación, mantener un mandato claro de entendimiento y diálogo y esforzarse sin límite para el acuerdo y la búsqueda permanente del consenso. Nos congratulamos, señor ministro, de sus palabras y le emplazamos a hacerlas efectivas en la Junta de seguridad, reuniéndose con la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco, porque hay muchos temas pendientes necesitados de una coordinación y de un diálogo mucho más reiterado y profundo que en el periodo reciente. Sentarse a hablar es la manera de mejorar, tal y como usted dijo la pasada semana en esta Cámara. En el pasado hemos dialogado y se ha llegado a acuerdos. Usted lo decía y yo aquí lo ratifico en la medida en que fui parte de algunos de ellos. Creo que es el momento de retomar aquellos principios, de retomar el diálogo por el que acordamos el número de agentes de la Ertzaintza y sus promociones y diálogo que no ha habido porque el Gobierno del Estado se opuso a la regeneración de la plantilla de la Ertzaintza ante jubilaciones y bajas a través de nuevas promociones. Créame, señor ministro, que esta es una cuestión clave para restaurar una confianza quebrada y no solo para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos vascos, que por cierto es lo más importante, sino también para la defensa de nuestros derechos históricos, reconocidos y amparados por la disposición adicional primera de la Constitución y actualizados en el Estatuto de Gernika a través de su artículo 17 y adicional única. También les solicitamos coordinación en la Junta de seguridad para un debate honesto sobre la adecuación de efectivos de los funcionarios policiales a su cargo en el País Vasco... [[Rumores]]
Un momento, señor Legarda. Señorías, les ruego, por favor, silencio. Muchas gracias. Continúe.
Gracias, presidente. ... en concordancia con las funciones que el bloque de la constitucionalidad les encomienda. Esta presencia, a nuestro juicio no ajustada numéricamente a sus cometidos, crea infinidad de disfunciones y malestar. También de esto queremos hablar sosegadamente con usted y confiamos en que así será. Muchos otros asuntos deben ser abordados en la Junta de seguridad del País Vasco para responder mejor a la protección de nuestra ciudadanía frente a la delincuencia organizada internacional, tanto en sus manifestaciones delincuenciales llamadas comunes como frente al terrorismo. Sin ánimo de agotar, son cuestiones clave compartir el análisis estratégico y la participación de enlaces permanentes en el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado; perfeccionar la habilitación de la Ertzaintza en Schengen, y otras muchas cuestiones de coordinación en las que ahora no es el momento ni el lugar para entrar en detalles. Sin perjuicio de lo dicho, señor ministro, creo que después de que hayan transcurrido casi cuarenta años desde la aprobación del Estatuto vasco es tiempo de subsanar la anomalía que supone que materias como la gestión de las instituciones penitenciarias no se encuentren a disposición de las administraciones vascas. Señor ministro, en una parte del Estado se dice que la ley hay que cumplirla y, en otra, que no es relevante. Esto para nosotros no es una cuestión naíf. En otro orden de cosas - y voy finalizando, señor presidente -, la situación de las personas extranjeras, tanto internas en CIE como las devueltas en frontera, consideramos que debe ser objeto de reconsideración. Por último, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista también aborda la problemática suscitada por la llamada Ley mordaza, a la que nosotros nos sumamos como al resto de sus apartados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
Muchas gracias, presidente. Señorías, el 26 marzo del año 2015 se aprobó en sede parlamentaria la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la común y acertadamente rebautizada como Ley mordaza. Veamos unos casos prácticos para saber qué ha pasado exactamente desde entonces y de qué estamos hablando. 12 de octubre del año 2015. Celebración del Día de la Hispanidad, montaña de Montjuïc, Barcelona. Cito textualmente: Hemos visto por ahí a esa rata, Jordi Borràs; os pido a todos que si le veis le deis una buena hostia. Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional, concentración filofascista de Falange Española. Consecuencias: cero. 3 de marzo del año 2016. Eibar, casco viejo. Asier López, periodista navarro, fotografía y publica, junto a la pertinente noticia, imágenes de una actuación y detención policial en plena calle de un joven que se había negado a comparecer en vista oral por el corte de una autopista en el año 2007 en protesta por la ilegalización de Segi. Consecuencias: multa de 601 euros para el fotoperiodista. 22 de julio del año 2015. Celebraciones del Día del Orgullo Gay, pleno del Ayuntamiento de Villaconejos, Madrid. Cito textualmente: Aquí no se pone. Aquí no se pone la bandera gay. ¿Por qué? Hombre, tú imagínate que hoy aquí viene un grupo neonazi y me dice que ponga la bandera esvástica en una de nuestras fiestas. Adolfo Pacheco, alcalde del Partido Popular de Villaconejos. Consecuencias: cero. 4 de mayo del año 2016. Calle de la Rosa, barrio de La Viña, Cádiz. Una patrulla de la Policía local incauta una caja de pescado a un vendedor ambulante. Un vecino graba el momento en el que el vendedor explica a los agentes que es un padre de familia y que aquello es lo único que podrá ofrecer a sus hijos aquel mes. El vídeo acaba en las redes sociales, acaba en Facebook. Consecuencias: multa de 601 euros para el vecino que lo graba. 21 de enero del año 2016. Es la Mañana de Federico, programa esRadio. Cito textualmente: Es un partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la Revolución francesa, sin guillotina, porque estoy en contra de la degollación. Me sale, me sale el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo. O sea, menos mal que no la llevo. Federico Jiménez Losantos, periodista, empresario y locutor de radio. Consecuencias: cero. 22 de septiembre del año 2016, campaña electoral gallega, estudios centrales de la SER. Cito textualmente: El Gobierno central no puede negociar con la pistola del separatismo encima de la mesa, eso no lo hicimos con ETA y eso eran pistolas que mataban, y acertamos. Alberto Núñez Feijóo, candidato y presidente a la Xunta de Galicia. Consecuencias: cero. 20 de febrero del año 2016. Audiencia Nacional en Madrid. Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Radio, se salta una imaginaria línea roja... [[Rumores]]
Un momento, señor Rufián. Señorías, por favor, les ruego silencio. Gracias. Continúe.
Decía que se salta una imaginaria línea roja marcada por la policía para poder entrevistar a los encausados. Consecuencias: multa de 601 euros a la periodista. Cualquier día de cualquier mes de cualquier año, cientos de personas encaramadas a una valla con cuchillas en Ceuta y Melilla huyendo de la miseria. El Ministerio del Interior pide la dirección de quienes estamos en contra de esto para enviárnoslos a casa. Consecuencias: ellos siguen gobernando, esa gente sigue encaramada a esa valla. Cualquier día de cualquier mes de cualquier año, prisiones repletas de gente cuyo único delito es la opresión y miseria que les obligó a huir de sus países. Les llaman CIE. Consecuencias: los CIE siguen abiertos y esa gente sigue igual de pobre pero aún más digna. Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana apoyaremos por dignidad, decencia, memoria y sentido democrático la derogación inmediata de esta canallada, de esta purga, de esta ley, y por la misma decencia y sentido democrático exigimos el cierre inmediato de los CIE de la vergüenza. La lucha sigue. Muchas gracias. Buenas tardes. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.
Muchas gracias, señor presidente. [[La señora]] Señorías, en España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados. Aquí hemos escuchado a algunos portavoces de los grupos pintando una España negra, una España donde poco menos que hay un Estado policial que persigue a los ciudadanos por ejercer sus derechos de reunión o manifestación. Nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, en España no estamos ni en Cuba, ni en Venezuela, en España se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos. [[Aplausos]] En referencia a la moción presentada por el Grupo Socialista, quiero decir que los argumentos empleados por el señor Trevín han sido poco menos que apocalípticos, algo tremendistas, yo creo que muy injustos y perseveran sobre una situación que es un enfrentamiento y un enquistamiento de relaciones con la anterior dirección del Ministerio del Interior. Demos un paso adelante, olvidemos los enfrentamientos personales y vayamos a solucionar problemas y no a generarlos. Lamento que el Grupo Socialista no haya aceptado una propuesta global para pactar todos los puntos de esta moción, pero hemos sentado unas bases que nos van a permitir votar a favor de los puntos 3, 4 y 5 de la moción. En este debate, como ya he mencionado, se han dicho algunas cosas muy gruesas, muy innecesarias y muy desafortunadas, pero el Partido Popular - lo dijo el ministro en su intervención del miércoles pasado - ha ofertado diálogo. Aceptemos el diálogo todos los grupos políticos y caminemos para solucionar los problemas que podamos detectar y no para tener un minuto de gloria con una intervención tremendista que nos dé un titular de prensa. Eso no nos lleva a ningún lado. Los ciudadanos reclaman coherencia en los planteamientos y soluciones a los problemas. Aquí se ha hablado mucho de que su moción es un cesto, un totum revolutum, y algo de eso tiene. Yo casi creo que es una moción ómnibus, donde se han metido prácticamente todas las reivindicaciones del Partido Socialista o del señor Trevín. Independientemente de eso, hay temas que consideramos positivos y que vamos a apoyar. Como le he dicho, los puntos 3, 4 y 5. Pero no podemos apoyar la derogación de la Ley de seguridad ciudadana. Usted bien sabe que, si se deroga esa ley, España se queda sin ley de seguridad cuando tenemos un riesgo terrorista de nivel 4. Eso sería una irresponsabilidad, usted lo sabe. Hablemos sobre problemáticas de la ley y busquemos soluciones, pero no la derogación, porque además es una ley garantista, digan lo que digan ustedes y el eslogan que quieran plantear. En cuanto a la reforma del Código Penal Militar, lamentamos que no haya aceptado nuestra propuesta de negociación. Se nos hace un planteamiento donde no se dice cómo y qué se quiere reformar. Por tanto, el Partido Popular va a apoyar que continúe el Código Penal Militar tal como está redactado, e intentaremos, porque creemos que así está redactado, que se aplique a la Guardia Civil en funciones exclusivamente militares y no en funciones de policía. Podemos hablar sobre ello y creo que es positivo que podamos hacerlo. El Grupo Popular va a apoyar la ampliación de las plantillas en Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil y Policía porque es necesario y porque ya se está realizando. El Partido Popular va a apoyar que haya un plan estratégico que mejore la excelente lucha que hay contra los delitos de robo en viviendas y en explotaciones agrícolas. Los equipos Roca están siendo todo un éxito y hay que reconocerlo. También vamos a intentar mejorar con un paquete de medidas la lucha contra la siniestralidad vial, que nos preocupa a todos. También queremos la mejora en los CIE. Los CIE en España ya se gestionan democráticamente, respetando todos los derechos. La legislación española es la más tolerante de toda la Unión Europea. En España no se puede estar más de dos meses en el CIE. La normativa europea es de seis meses. En Italia, con un Gobierno socialista, el internamiento puede llegar a cuatro meses. No nos digan que el Partido Popular tiene a la gente recluida. Y siempre hay, desde que ingresa un extranjero en un centro de internamiento hasta que sale, en todo el trámite, una garantía judicial de sus derechos. Por tanto, diálogo, avancemos en propuestas razonables y el Partido Popular tiene la mano tendida para negociar una política de Estado de seguridad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto al señor Trevín Lombán si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Señora presidenta, quería agradecer el esfuerzo de todos los grupos. Se han presentado muchas enmiendas. Es casi imposible casarlas. No aceptamos ninguna y mantenemos el texto de la moción tal como está. Muchas gracias.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA EN LA QUE VIVEN MÁS DE CINCO MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL CESE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS. [[Número de expediente 173/000002]]
Corresponde a continuación debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos. Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que, por una parte, para mí es un honor presentar esta propuesta y, por otra, es un dolor; es un dolor porque en esta Cámara volvemos a hablar de pobreza. En primer lugar, para poder enmarcarlo, tenemos que decir que hay que hablar de la pobreza sin apellidos. Nosotros vamos a seguir reivindicando que la pobreza sin apellidos es una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que ese tiene que ser el enfoque que cualquier demócrata le debe dar para poder abordar este tipo de cuestiones. Hay pobrezas con apellidos como la pobreza infantil, como la pobreza severa, que hoy condena a más de cuarenta mil personas en nuestro país a vivir en la calle en una situación de absoluta emergencia. Hoy nos toca hablar de pobreza energética, de una pobreza que afecta, según las estadísticas, a entre cinco y siete millones de personas; personas que no pueden acceder a un bien básico y fundamental para poder vivir: los suministros. Eso nuevamente no es algo que solo requiera de nuestra buena voluntad, que requiera de nuestra compasión; lo que requiere es que este país, que nuestro Estado cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y no solo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino la Observación general 4 del Comité DESC de Naciones Unidas. Hablar de pobreza energética es hablar también de víctimas que pierden la vida derivada de esta problemática. Dependiendo de los estudios - y desgraciadamente ninguno es de una institución pública española pagada por los españoles y las españolas, sino que son de la Asociación de Ciencias Ambientales o de Naciones Unidas que hacen cálculos -, en nuestro país pierden la vida entre siete y diez mil personas por dolencias derivadas de pobreza energética. Podríamos haber pedido un minuto de silencio por las víctimas en esta Cámara, pero estaríamos una semana sin pronunciar palabra. [[Rumores.-Aplausos]]
Un segundo, señor Mayoral. Ruego, por favor, señorías, silencio. Adelante.
Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil - y creo que además desde las instituciones públicas tenemos una deuda con ellas - que mientras desde las instituciones se miraba para otra parte, asociaciones, grupos, colectivos, la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma de afectados por la hipoteca, Facua, muchas organizaciones sociales, han estado planteando que esta es una cuestión central, una cuestión de Estado que se tiene que abordar. Hay que agradecer que todas esas organizaciones sociales se hayan puesto de acuerdo y tenemos que reconocer que las principales cuestiones que vienen contenidas en esta moción no son de Unidos Podemos, no son de En Comú Podem ni de En Marea, ni tan siquiera son de todas las formaciones políticas que hemos podido firmar y que estamos de acuerdo en este consenso, sino que son el fruto del trabajo y de la pelea de las organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que esas reivindicaciones que están contenidas en el manifiesto 'No más cortes de luz' estén contenidas también en esta moción. Esa ha sido nuestra voluntad. En esa medida, hemos de agradecer la voluntad de muchos grupos de esta Cámara, prácticamente todos, que han tenido voluntad para intentar llegar a un consenso. Finalmente, no lo hemos conseguido con el Partido Popular, que tenía claro, desde el principio, que la única política destinada a abordar la cuestión de la pobreza energética era el mal llamado bono social, que ha sido un fracaso absoluto; un fracaso que no ha sido capaz de cubrir a la población y que ha sido machacado por dos sentencias del Tribunal Supremo por utilizar una técnica legislativa bastante poco útil. Yo le quiero recordar al ministro - desgraciadamente no está hoy -, que el otro día nos decía que sobre esta materia son las comunidades autónomas las competentes, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo; que no se pueden recurrir las medidas legislativas catalanas que plantean limitar los cortes [[Aplausos]] y al mismo tiempo decir que no se quieren tomar medidas desde el ámbito estatal. Muy bien, con esta moción planteamos romper el techo de cristal y poner a nuestro país en la línea de cumplir nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como dicen las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, los Estados, es decir, los que estamos aquí y todas las instituciones, estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir los derechos humanos, y desde esta tribuna quiero añadir que también los grupos, y entre los grupos hay que incluir a las empresas energéticas de nuestro país. Quiero utilizar esta tribuna para decir que están violando sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país realizando cortes a población vulnerable. [[Aplausos]] Hemos llegado a un acuerdo que puede ser útil para avanzar, que es un pronunciamiento para acabar con los cortes a la población vulnerable, que es un pronunciamiento que puede ser útil para avanzar en mecanismos legislativos que nos permitan acceder a una tarifa social y progresiva que limite la vía impositiva a un bien de primera necesidad, como es la energía, que sea capaz de liquidar de una vez por todas los créditos de transición a la competencia y pedimos nuevamente que se haga una auditoría pública, y cuando hablamos de una auditoría pública no nos hagamos trampas al solitario. Queremos saber cuánto cuesta generar la energía, porque aquí se han privatizado las empresas energéticas cuando eran patrimonio de todos. ¿Cuánto cuesta sacar los kilovatios? ¿Cuánto cuesta la energía? La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Quiero decir que este es el resultado del esfuerzo de todas las formaciones políticas, y todos los portavoces tienen la moción, algo que creo que es importante. Pero lo que hacemos hoy aquí no es más que un punto de inicio. No pensemos y no le digamos a la ciudadanía que hemos solventado el problema; el problema sigue ahí fuera, cuesta vidas y sufrimiento a los sectores populares de nuestro país. Este es un compromiso frente al pueblo, un compromiso frente a las organizaciones sociales que se movilizan el 21 de diciembre en defensa de los derechos humanos, las organizaciones de consumidores, las organizaciones ecologistas, las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales; un amplio abanico de organizaciones sociales que cuentan también con la firma de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a defender los derechos humanos en nuestro país. Sinceramente, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones; no le estamos haciendo un favor a nadie, simplemente hoy se inicia una tarea. Esperamos que igual que nos hemos esforzado en sacar adelante esta moción, seamos capaces de estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, de ponernos de acuerdo en acabar con las violaciones de derechos en esta materia, en conseguir que la energía sea un bien accesible al conjunto de la población y en decirle a las eléctricas que se acabó la ley del oeste en nuestro país, porque hay soberanía popular y hay un Parlamento que no les va a permitir que hagan lo que quieran con nuestra gente. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Campuzano i Canadés.
Gracias, señora presidenta. Ciertamente, la iniciativa que han defendido el señor Mayoral y la señora Martín es oportuna en estos días, y compartimos con sus señorías que una sociedad decente, una buena sociedad, no puede permitirse lo que hemos vivido durante estos años, que es que los colectivos más débiles de la sociedad no tengan garantizados los suministros básicos de electricidad, agua y gas. Y tenía razón el señor Mayoral cuando afirmaba que aquello que ha fallado es el bono social; el instrumento de política pública que debía paliar esas situaciones no ha funcionado. Ello ha llevado a que el Parlament de mi país haya promovido en los últimos tiempos diversas iniciativas legislativas para intentar paliar esa situación, con los límites que se derivan del actual nivel competencial que tiene el Parlament de Catalunya para abordar esas cuestiones y que se ha encontrado enfrente siempre - con la excepción de la última legislación que aprobó el Parlament - al Gobierno del Estado. Efectivamente, hace casi una semana mantuvimos una reunión con el ministro de Energía del Gobierno y nos sorprendió a todos esa defensa que hizo de las competencias autonómicas en esa materia. El ministro, el Gobierno del Partido Popular, tendría que haber evitado los constantes recursos a las decisiones que se tomaron en el Parlament para evitar esas situaciones de injusticia y para suplir la ineficacia de la acción del Estado. Bienvenida, por tanto, la iniciativa, en la medida que nos permite abordar desde el Congreso un problema que puede tener respuesta en el ámbito catalán - y que en parte la ha tenido -, pero que, sin eficaz respuesta en el ámbito estatal, no vamos a resolver. Y el ser una sociedad digna y buena exige que no seamos indiferentes a la pobreza que padecen determinados ciudadanos. Por tanto, la iniciativa del señor Mayoral y de la señora Martín va a contar con nuestro apoyo. Gracias.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
Gracias, señora presidenta. Buenas noches, de nuevo. En la legislatura pasada fue completamente imposible alcanzar ningún acuerdo razonable para impedir las consecuencias de la contrarreforma en materia energética que se emprendió de forma entusiasta por el pasado Ejecutivo. Fue imposible alcanzar acuerdo alguno en materias tan elementales como la racionalización del sector energético, como la protección de los usuarios, sobre todo de los más vulnerables, y la necesidad de hacer trasparente el sistema tarifario. Eso fue completamente imposible. Todo esto ocurre en un Estado donde las compañías energéticas son probablemente las que obtienen mayores beneficios de todo el ámbito de la Unión Europea y donde tenemos las tasas que son las cuartas de toda la Unión Europea, una asociación nefasta que demuestra que algo no está funcionando bien. Hemos planteado por activa y por pasiva que es completamente necesario formular una auditoría rigurosa al sector eléctrico español y las razones son muy sencillas. Es completamente imposible entender cómo el mix energético en este país tiene instalada mucha más capacidad de la que realmente se necesita y, sin embargo, aquí pagamos entre todos lo que se necesita y lo que no se necesita, y a unos costes que no sabemos muy bien cuáles son. Es decir, que al final lo que tenemos es una opacidad tarifaria de tal envergadura que para poder entender la factura eléctrica hay que tomar varias centraminas - en el caso de que a uno le parezca bien - o bien dedicarse a la meditación trascendental. Este es un tema que se tiene que acabar porque deviene en una injusticia manifiesta para los más vulnerables. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Candela Serna.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, querría hacer una matización. Se ha hablado de Dani Rodrik aquí, concretamente el señor Roldán ha citado a Dani Rodrik planteando el famoso trilema entre democracia, soberanía nacional y globalización económica, de las cuales hay que elegir dos. Quiero recordarle que Rodrik elige democracia y elige soberanía para ayudar a una globalización inteligente. Esto es radicalmente diferente a lo que usted ha dicho y se lo digo para que, además de citar, lea y no le pase como a su líder político. [[Aplausos]] Quisiera empezar diciéndole al señor ministro de Energía una cuestión. La semana pasada afirmó dos cosas clave que revelan la especial opacidad que existe en relación con el sistema eléctrico y la fijación de precios que afectan al problema que venimos a debatir aquí, que es la pobreza energética. En primer lugar, el señor Nadal afirmó que existe una auditoría de todos los costes. Pues bien, hay dos opciones: o está mintiendo o nos está ocultando la auditoría. Yo le voy a dar unos datos. La Comisión Nacional de la Energía, en un informe de 2008, y el expresidentes de Red Eléctrica Española certifican que los precios en España están totalmente inflados por los desorbitados beneficios de las hidroeléctricas y las nucleares, con tasas de beneficio de entre un 180 y un 227 %. No sé si lo conoce o no. En segundo lugar, un aspecto que afecta especialmente a mi tierra. El señor ministro dijo que la energía fotovoltaica es ahora rentable y se lamentó de que hayamos perdido el know how. Qué quiere que le diga, creo que no hay afirmación más mezquina cuando han sido los Gobiernos del Partido Popular los que han arruinado a los miles de inversores que fueron los que desarrollaron esta energía. Termino. De lo que estamos hablando aquí es del principal elemento rentista que impide un buen desarrollo de este país y condena a la pobreza energética a millones de personas. Eso tiene un nombre y es el de oligopolio eléctrico. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos ahora una moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno de España sobre la situación de pobreza energética en la que viven, se decía, más de cinco millones de personas en el Estado. Para solventar esta situación se proponen una serie de medidas. Lo primero que tenemos que decir desde el Grupo Parlamentario Vasco es que la solidaridad con los más desfavorecidos es una de las señas de identidad del Partido Nacionalista Vasco, que siempre ha sido un partido de valores, siendo uno de ellos la cohesión social. Siempre hemos defendido que una sociedad con desarrollo económico pero sin cohesión social no es deseable pero tampoco sostenible. Por ello propugnamos y practicamos allá donde gobernamos un modelo de sociedad cohesionada, unas políticas sociales sostenibles y avanzadas, una sociedad desarrollada económicamente y cohesionada socialmente, sin fracturas sociales, ya que a través de estas se nos diluye la sociedad, porque lo que importa son las personas. [[Rumores]]
Un segundo, señor Legarda. Por favor, señorías, guarden silencio. No se escucha al orador. Adelante, señor Legarda.
Por último, en estas primeras consideraciones también queremos recordar que los países líderes en competitividad y desarrollo humano son países altamente descentralizados, países con regiones con marcos institucionales propios, países con regiones, con políticas y con estrategias regionales diferenciadas y estables, también en las cuestiones sociales como la que ahora tratamos. Para nosotros, autogobierno significa modelo de servicios públicos esenciales, un modelo con valores que busca mejorar el nivel de vida de la sociedad garantizando un umbral de dignidad a las personas. Para nosotros autogobierno significa un país desarrollado, plural cohesionado y solidario. Desde esta perspectiva de autogobierno, tenemos que analizar la moción que se nos presenta. En este sentido no tenemos objeciones a que la parte que pueda referirse al bono social contemplado en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, deje de sostenerse transitoriamente en la disposición transitoria décima de esa ley y se ampare con carácter definitivo en una regulación más estable para atender a los consumidores domésticos vulnerables en su primera residencia, tal y como dispone el artículo 45 de esta Ley del Sector Eléctrico, y atendiendo preferentemente a sus niveles de renta. Este bono social se ha amparado en las competencias del Estado para establecer las bases de la política energética, estableciendo así unas obligaciones de servicio público a las comercializadoras, según lo dispuesto en la Directiva, 2009/72, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009. Nada hemos de decir. Cuestión distinta son aquellos otros puntos de la moción que se refieren a competencias exclusivas del País Vasco y de otras comunidades autónomas en materia de asistencia y políticas sociales. Nos estamos refiriendo a aquellas personas con una vulnerabilidad mucho más severa que la de aquellas a las que se atiende con el bono social. La atención a estas personas es ya una cuestión de política social y de competencia, en nuestro caso del País Vasco, y con respecto a ellas desarrollamos políticas públicas y estrategias propias. Defendemos un Estado del bienestar con voz propia, como los países líderes en competitividad, bienestar y desarrollo humano, y a ello destinamos buena parte de nuestros recursos, en mayor proporción que en ninguna otra parte del Estado. En definitiva, con respecto a los consumidores domésticos con muy alta vulnerabilidad energética, consideramos que es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras y que esta Cámara no debiera aprobar moción alguna que condicionara las políticas públicas autonómicas asistenciales. Por último, con respecto al texto de la moción que debatimos, se han realizado una serie de enmiendas referentes al sistema eléctrico y a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras. Quedamos a la espera de su suerte. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Bona nit, senyora presidenta. Diputadas y diputados, votaremos favorablemente la proposición formulada, a la que hemos presentado algunas enmiendas que pensamos que completan la propuesta. Pobreza energética, pobreza y energía. Permítanme empezar por lo segundo, y lo haré haciendo una afirmación. [[Rumores]]
Un segundo, señoría. Señorías, ocupen sus asientos y, sobre todo, mantengan silencio. Falta todavía una hora de Pleno. Es imposible escuchar a quien hace uso de la palabra por el murmullo que se produce en la Cámara. Por favor, continúe, señoría. Espero que esta sea la última vez que mando guardar silencio esta noche.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo haré, como decía, haciendo una afirmación: la energía ni se crea ni se destruye, solo se cobra. Las compañías eléctricas españolas se caracterizan por su práctica oligopólica y, valga la redundancia, controlan el control regulador; también, cómo no, influyen decisivamente en buena parte de los medios de comunicación. El resultado es que consiguen unos beneficios estratosféricos que no son similares a los que obtienen las empresas en el resto del tejido económico. Hace un par de semanas, la Pimec, la asociación patronal de la pequeña y mediana empresa en Cataluña, denunciaba el descarado nivel de beneficios de las compañías eléctricas, pues en 2015 obtuvieron un beneficio neto del 13,2. Contrasta con los beneficios de las pymes, que en el mismo periodo ha sido del 1,2. Es decir, las empresas que exportan, las empresas que dan trabajo tienen unos beneficios once veces menores que las eléctricas. Las eléctricas pueden hacer lo que hacen por la protección gubernamental y gracias al rescate oculto que estamos haciendo todos los ciudadanos y ciudadanas cada día, sin el cual las eléctricas estarían en una situación de quiebra si cumpliesen estrictamente las reglas del mercado. El rescate ha sido más sutil que el de los bancos. El Gobierno del PP decidió hacerlo por la vía del aumento de precios, a través del recibo que pagamos cada mes, un 43 % más. La mayoría del importe de los recibos de la luz se han multiplicado por dos. La sociedad ha ido acumulando con los años una profunda rabia contra las compañías eléctricas, con toda la razón. Ahora bien, si hablamos de pobreza energética, si hablamos de que se ha de tener en cuenta el ahorro, esto quiere decir que no es sostenible con bonos y con pagos de recibos, algo necesario como medida de urgencia, pero pasada la urgencia inmediata lo que hemos de hacer, porque somos legisladores y tenemos nuestra responsabilidad, es resolver la pobreza de la familia, de todas las familias que se encuentran en estas condiciones, dándoles una cantidad con la que puedan satisfacer todas sus necesidades, también la energética. Porque la solución ya existe y pasa por resolver los problemas de raíz. Las eléctricas se han de controlar de forma distinta, bajando la subida del 43 % que ha habido en el recibo, haciéndolas responsables, como a las otras empresas, de sus inversiones y errores y aplicando una política que permita los mejores precios del mercado favoreciendo nuevas formas de empresa, como la cooperativa Som Energia. Ahora más que nunca hay que encontrar una solución para generar puestos de trabajo, para que la gente viva dignamente, para que el conjunto del espectro de los trabajadores pueda ganarse la vida, y en esta sociedad y en este momento es nuestra responsabilidad. No podemos dejar impunes de responsabilidades a las eléctricas. Y qué mejor forma de acabar mi intervención, que se ha fundamentado en la lucha contra la pobreza y contra los poderosos - o en que los poderosos, como mínimo, rindan cuentas - que citar a Marcos Ana, recientemente fallecido, al que debemos una república. No pediré un minuto de silencio, sino menos de un minuto para escuchar un poema, que resuene en este hemiciclo. ¡Va por ti! He escogido uno que me conmueve, porque si no te conmueven las cosas, no te mueves. Mi casa y mi corazón: Si salgo un día a la vida / mi casa no tendrá llaves: / siempre abierta, como el mar, / el sol y el aire. / Que entren la noche y el día, / y la lluvia azul, la tarde, / el rojo pan de la aurora; / la luna, mi dulce amante. / Que la amistad no detenga / sus pasos en mis umbrales, / ni la golondrina el vuelo, / ni el amor sus labios. Nadie. / Mi casa y mi corazón / nunca cerrados: que pasen / los pájaros, los amigos, / el sol y el aire. Poesía y república. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
Buenas tardes a todos, señorías. Presidenta, tengo que comenzar mi intervención como comencé también la pregunta al señor ministro el otro día: uno de cada diez hogares de este país se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, que no pueden soportar la carga incluso de los servicios esenciales. También el otro día comenté que existe una normativa europea, la 2009/72 y la 2009/73, que obliga a los Estados miembros a regular en esta materia. Como también recordé el otro día, España no ha hecho los deberes y no ha regulado desde 2009. Para que no digan que no se ha hecho nada, sí hubo un real decreto, el 13/2012, pero que fue un poco lavado de imagen porque no incluía cómo catalogar a las personas que estaban en riesgo de vulnerabilidad ni incluía tampoco cómo paliar esta situación y, por supuesto, no decía qué mecanismos se iban a aplicar ni garantizaba que no se pudiesen hacer cortes. A sus señorías hay que recordarles hoy - aunque seguramente casi todos lo saben - que cualquier compañía eléctrica y energética puede hacer un corte legalmente si tiene una deuda acumulada de seis meses; luego entrará en el código de buenas prácticas si quiere consultar o no, pero la ley hoy dice eso. La semana pasada, a petición del ministro, nos reunimos todos los portavoces de energía con él y se pudieron sacar connotaciones positivas porque tenemos más en común en esta materia todos los partidos políticos que están representados en esta Cámara que lo que podríamos llegar a imaginar, lo cual creo que es una buena noticia, sobre todo porque habrá que sacar una ley adelante y estaremos todos ahí. Es necesario buscar puntos en común y es necesario dar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Por estas razones, hemos enmendado la moción que ha presentado el partido Podemos en el sentido de que es necesario establecer mecanismos que garanticen que a ningún hogar en situación de vulnerabilidad le puedan cortar los servicios esenciales sin una consulta previa a los servicios sociales, y máxime si estamos en temporada de riesgo, como es la temporada de invierno. También hemos enmendado diciendo que es necesario establecer una conversación fluida con las comunidades autónomas, porque si atendemos al caso de Reus, la Administración ha hecho que los protocolos no se puedan aplicar porque han acabado eludiendo responsabilidades y al final no se aplica la ley, no se pueden aplicar las cosas como son y acabamos con unas situaciones dramáticas que precisamente podríamos evitar. Es necesario por esto que nos coordinemos todos, no solo el Gobierno sino también la oposición, también las administraciones, las comunidades autónomas y todos los agentes que intervienen en esto. Hemos enmendado asimismo sobre la necesidad de definir realmente a quién se le tiene que dar ese bono social. Para nosotros, para Ciudadanos, es imprescindible que lo que prime sea el criterio de renta y luego, por supuesto, a partir del criterio de renta, que se tengan como atenuantes número de personas de la familia, si existen personas dependientes en ese hogar, si existen niños, si existen personas en riesgo. Al final de lo que se trata es de que el bono social le llegue a quien lo necesita, porque a día de hoy, todos lo sabemos, señorías, como no está incluido el criterio de renta, hay familias que se acogen al bono social que no tendrían que beneficiarse de él, y seguramente que todos conocemos casos. También hemos pedido que el gas - lo dijimos el otro día - se pueda acoger a ese bono social; es decir, que en el bono social no entre solo la electricidad sino que también se aplique al gas. Hemos enmendado también sobre la necesidad de establecer mecanismos que acaben con esa especulación en los precios de la energía. Quiero recordar datos que di el otro día de la subida de la energía, como el gas, un 22 %; la luz, un 34 %; el butano, un 23 % y el agua, un 8,5 %. Por eso hemos propuesto - y está incluido en el acuerdo que firmamos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular - que se haga una auditoría de costes, pero no solo a la generación, sino a la distribución y también al transporte. Es necesario que sepamos cuánto nos cuesta aquello que pagamos, es necesario también evaluar y auditar qué es lo que estamos pagando en la factura eléctrica, porque al final creo que ninguno de ustedes, señorías, o quizá algunos que podríamos contar con los dedos de una mano, podría decir qué es lo que estamos pagando en el compendio de lo que suma la factura eléctrica. Para nosotros es imprescindible asimismo que se establezca un indicador - y además en eso estuvimos de acuerdo todos - de vulnerabilidad social que recoja y haga pública toda la información de los hogares que estén afectados por costes de suministro. Es necesario también evaluar las medidas de eficiencia energética y de disponibilidad. Apostar por la eficiencia energética es apostar por una reducción en el consumo, y es indispensable impulsar planes de rehabilitación para hogares en situaciones vulnerables en materia de eficiencia energética. Tenemos más puntos en común de los que tenemos en contra. Cierto es que en la negociación de la transaccional había puntos en los que divergíamos, en los que no estábamos del todo de acuerdo, pero consideramos que es una moción y confío en que en la ley sí vamos a llegar a un acuerdo de cada uno de los puntos. Vamos a apoyar esta iniciativa aunque no hayamos firmado esa transaccional, pero lo que está claro a día de hoy es que en la tramitación de la ley llegaremos a puntos en común y la sacaremos adelante. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
Gracias, señora presidenta. Hace ahora poco más de dos años defendí aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley sobre protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Entonces la mayoría parlamentaria votó en contra de esa iniciativa, pero la realidad hoy ha cambiado, el juego de mayorías es diferente y, aún así, el Gobierno ha vetado la misma proposición de ley que presentamos en el mes de julio. Señorías, en este Congreso se ha hablado de pobreza energética antes de la XI legislatura, por mucho que a algunas les parezca imposible. Sobre la pobreza energética huelga entrar en muchos detalles, dado que toda la ciudadanía - la gente, como le gusta decir al grupo proponente - sabe ya muy bien de qué hablamos cuando nos referimos a ella. Lo resumiría diciendo que es la pobreza que sufren esas familias que, o bien no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno porque no saben si podrán hacer frente al pago de la factura, o bien - lo que es peor - aquellas familias que ni siquiera encienden la calefacción porque lo que temen es que les corten el suministro. Señorías, más de 5 millones de personas en este país son incapaces de mantener su vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos, 5 millones de personas que están expuestas a un riesgo añadido a su salud. El Grupo Parlamentario Socialista, como ha demostrado a través de la defensa de múltiples iniciativas en esta legislatura y en las dos legislaturas anteriores, tiene como prioridad acabar con la desigualdad, y una de las caras más amargas y perjudiciales de ella para muchas familias con hijos pequeños, para muchas personas mayores que viven solas, es la pobreza causada por no tener acceso a un suministro energético básico que debería ser considerado como un bien de primera necesidad. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que ampliaba y mejoraba el texto de la moción propuesta por Unidos Podemos en la que instamos a regular de forma inmediata qué es la pobreza energética, a qué se denominan consumidores vulnerables y cuáles son los servicios mínimos de subsistencia, tal y como establece la Directiva 2009/72, del mercado interior de la electricidad. Creemos que es imprescindible dar una tregua invernal entre noviembre y marzo, dentro del marco de las atribuciones competenciales que tiene el Ministerio de Energía. Estamos de acuerdo con la mayoría de los grupos aquí representados e incluso con el Gobierno en la urgencia de reformar el bono social para que realmente llegue a las familias que lo necesitan y en la medida en que cada una de esas familias lo necesiten; es decir, dependiendo de la renta de los hogares: quien menos tenga, más ayuda y, quien más tenga, menos ayuda. También garantizar que no sean los consumidores domésticos quienes asuman el coste, es decir, resolver el problema de financiación del bono social que tiene encima de la mesa el Gobierno en este momento. Por otro lado, el Grupo Socialista sabe que esta situación de pobreza energética es fruto de un modelo energético débil e injusto y de la aplicación de políticas de austeridad insensibles con las personas más vulnerables. Por eso defendemos una gran reforma del modelo energético después de una auditoría de costes del sistema y en el que se liquiden definitivamente los costes de transición a la competencia. Sin embargo, Unidos Podemos propone una medida que a todas luces, desde nuestro punto de vista, supone un retroceso en la redistribución fiscal. Propone aplicar por igual una reducción del IVA en la factura de la luz y esto realmente no redundaría en esa redistribución que nosotros siempre defendemos porque beneficiaría más a quien más consume, además rebajar el IVA de la electricidad rompería con la idea de imposición ambiental. Los socialistas defendemos una imposición ambiental para promover la eficiencia energética, es decir, para reducir los consumos excesivos que sabemos que hay, siempre y cuando la energía sea más barata. No estamos de acuerdo con esa propuesta tal y como está planteada, aunque la hemos negociado y ha quedado un poquito más adaptada a lo que nosotros pedíamos, pero no es exactamente lo que nosotros le hemos pedido al grupo proponente. Nuestra intención es aprovechar la fuerza parlamentaria fruto del resultado de las urnas para dar fin a un gravísimo problema, problema que solo se resolverá con voluntad política del Gobierno fundamentalmente, pero también con la voluntad de todos los grupos que conformamos esta Cámara. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la transaccional que ha propuesto el grupo proponente, a pesar de no compartir algunas cuestiones y parte también de la redacción de esta iniciativa. Solo me queda decirle al grupo proponente Unidos Podemos que a día de hoy podríamos estar aprobando la proposición de ley que los socialistas presentamos en su momento si hubiesen optado por tener un Gobierno de izquierdas en este país en lugar de mantener el statu quo que nos ha llevado a la mayor desigualdad de la historia democrática. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
Gracias, señora presidenta. Señorías, ¿quién de los miembros de esta Cámara no quiere reducir el número de 5 millones de personas que tienen problemas para pagar facturas relacionadas con el hogar? ¿Quién de esta Cámara no quiere mejorar el bono social? ¿Quién de esta Cámara no quiere reducir el número de personas que sufre grave vulnerabilidad en el acceso a la energía eléctrica? ¿Quién? Este no es un asunto para mítines ni para gritar, sino para trabajar entre todos. Esta legislatura obliga al diálogo, al consenso, al acuerdo, que debe ser la herramienta de trabajo de esta legislatura, señorías, y les miro a ustedes, a los proponentes, porque creo que deben resetear su discurso y su disco duro. Esto va de otra cosa; va de trabajo, de esfuerzo, de colaboración. Recientemente, el pasado 24 de noviembre, el ministro de Energía invitó a todos los grupos parlamentarios a buscar entre todos una solución a un problema que es grave y así lo entendemos todos. Hoy, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos ha firmado una enmienda transaccional con todos los grupos. Ha hablado con todos menos con nosotros y nos ha entregado la enmienda transaccional, cosa que nunca había ocurrido en esta Cámara, fuera de plazo, sin darnos tiempo para poder analizarla. Aun así, porque lo que decimos lo predicamos, hemos analizado su texto para darle una respuesta. Hay cosas en las que coincidimos y cosas en las que no, por lo que nos abstendremos, pero me gustaría explicarle por qué hay cosas en las que no. Creemos que hay muchos puntos en esta iniciativa que son realmente de imposible aplicación. Ustedes, por ejemplo, plantean la necesidad de establecer una tarifa y eso está prohibido por una directiva de la Unión Europea. Quieren quitarles competencias a las comunidades autónomas; un grupo que se llama Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere retrotraerse y retrotraer el ámbito autonómico. Hablan de los costes de transición a la competencia y dicen que, efectivamente, hay que recuperarlos. Se olvidan de que es el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, quien ha reclamado a la Unión Europea la devolución de esos 3.500 millones de euros para intentar que sean considerados ayudas de Estado. Hablan de la necesidad de establecer una auditoría. ¿Cómo piensan sus señorías que se ha reducido el déficit tarifario? ¿Cómo se ha conseguido que deje de crecer y que no llegue más allá de los 26.000 millones de euros a los que llegó en el año 2011? ¿Cómo creen ustedes que se ha hecho esto? ¿Cómo creen que se han calculado los costes? Pues con una auditoría. ¿Saben ustedes cuánto hubiera supuesto el déficit tarifario solo en el año 2012 si no hubiéramos hecho esa auditoría, si no hubiéramos hecho la reforma eléctrica? 10.000 millones de euros, el 1 % del PIB, señorías. Entre otras muchas cosas, hablan también del IVA y de modificarlo y ustedes bien saben, porque en sus filas hay economistas, que el IVA es un impuesto armonizado y que esto no se puede presentar ni aprobar. En cualquier caso, señorías, hemos presentado una serie de enmiendas en la línea de trabajar juntos y buscar una solución al problema del bono social. Creemos que hay que garantizar su financiación, que hay que garantizar que la sentencia del Tribunal Supremo que pende sobre nosotros no obligue ni a los consumidores ni a los presupuestos a hacer frente a esos 500 millones de euros del ejercicio 2014-2015. Queremos mejorar la información de la que dispone el consumidor, y a eso también les hemos invitado. Nos parece muy importante que el bono social esté ligado a la renta porque así lo hará más eficiente y que entre todos busquemos reforzar y mejorar los casos de vulnerabilidad severa, como el que trae a colación la interpelación del pasado miércoles. Y fundamentalmente la coordinación con las comunidades autónomas, que son a fin de cuentas las competentes en políticas sociales. Señorías, cuando hablamos de pobreza energética lo que deberíamos buscar en esta casa es acabar con la pobreza. La pobreza se acaba cuando aparece y se impulsa la riqueza. Pobreza/riqueza. La riqueza trae prosperidad y empleo y esa es la política económica acertada y la que este Gobierno está llevando y va a seguir llevando a cabo. Una política que trajo consigo la reducción entre 2013 y 2016 de 617.000 parados. Una política económica que ha conseguido que entre 2013 y 2016 se creen 1.662.000 puestos de trabajo. En fin, una política económica que ansía acabar con la pobreza y que no busca en ningún caso la demagogia, sino el esfuerzo y el trabajo y que esta Casa sea efectivamente un instrumento eficiente para garantizar el bienestar de todos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto al señor Mayoral Perales si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La transaccional en sus términos, según está presentada en la Mesa.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y, MÁS EN CONCRETO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012, MÁS CONOCIDA COMO 'AMNISTÍA FISCAL', TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 % CONTEMPLADO EXPRESAMENTE EN LA LEY. [[Número de expediente 173/000003]]
Pasamos a continuación a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y más en concreto sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como amnistía fiscal, tributen efectivamente al tipo del 10 % contemplado expresamente en la ley. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
Señora presidenta, señorías, volvemos a hablar hoy de la amnistía fiscal de 2012, que se adoptó en un momento quizá más complicado que el de ahora, en el que se subieron masivamente los impuestos a los contribuyentes honestos que ya los pagaban y a los defraudadores se les perdonaron los impuestos. Una amnistía fiscal siempre es una mala idea, pero esta, además de ser una mala idea y de ser sumamente injusta, fue un proceso francamente chapucero en el que al final los contribuyentes defraudadores que se acogieron no pagaron el 10 % que estaba previsto, sino que acabaron pagando menos del 3 %. En Ciudadanos nos preocupa mucho esta cuestión, porque nos parece que antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, vía subida de impuestos o vía recortes en el Estado del bienestar, deberíamos aplicar la ley - toda la ley, incluso una ley tan favorable como la de la amnistía fiscal - a los defraudadores que se acogieron. Esta Ley de la amnistía fiscal decía expresamente que estos contribuyentes debían pagar el 10 % de la cuantía del valor de adquisición de los bienes aflorados. Según dijo el señor Montoro se acogieron contribuyentes que afloraron 40.000 millones de euros y ahora mismo solo hay en caja 1.193 millones de euros. En la anterior legislatura llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, y posteriormente también lo hicimos con el Partido Popular para que estos contribuyentes defraudadores pagasen efectivamente el 10 % expresamente contemplado en la norma. Para el seguimiento de este proceso interpelamos al ministro Montoro; y le interpelamos de urgencia porque pensábamos que la situación era urgente. Teníamos una bolsa de contribuyentes defraudadores localizados que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Esto ya lo llevamos a la Comisión de Hacienda en la anterior legislatura y al Pleno el pasado 27 de septiembre, y todos los grupos políticos estuvimos de acuerdo en varias cosas. Ahora, después de la comparecencia del ministro Montoro y en virtud de las respuestas que nos dio y de unas cuantas cartas que emitió, procedemos a actualizar el proceso. Respecto a las cartas, con independencia de las consideraciones jurídicas y de lo que se piense sobre la prescripción, creemos que estas cartas sin acuse de recibo evidentemente no interrumpen la prescripción y no inician el procedimiento de comprobación necesario para que a los contribuyentes defraudadores la Administración les exija lo que tienen que pagar. Además esta carta que se envió es bastante curiosa. No solamente lleva una carta que dice una serie de cosas, sino que también lleva una proposición no de ley de Ciudadanos que aprobamos aquí todos, casi por unanimidad. Yo no sé si esto se va a poner de moda y si la próxima vez que a un señor le llegue una paralela de IVA se encontrará con un logo de una gaviota, un puño y una flor o lo que sea del partido que en su día aprobó estas normas. [[Aplausos]] Es decir, este no parece un sistema serio para despolitizar la Agencia Tributaria y para que los contribuyentes tengan claro que los impuestos que se les exigen contribuyen a financiar el gasto público en general, y no son una ocurrencia de un ministro que se dedica un día a mandar cartas. Lo que nosotros proponemos en primer término es una cuestión a la que se ha llegado por consenso de todos los grupos políticos, y es que hay que efectuar una revisión urgente para que estos contribuyentes defraudadores no paguen el 3 % que pagaron y paguen el 10 % sobre la cuantía aflorada. En segundo término, hay un informe de 27 de junio del año 2012 que decía que las declaraciones de la amnistía fiscal no eran comprobables. Esto no puede ser, esto es dejar a los contribuyentes que hagan lo que les dé la gana y no dejar trabajar a los inspectores. Por tanto llevamos este segundo punto. En tercer lugar, que efectivamente se inicien comprobaciones inspectoras que interrumpan la prescripción, no enviar cartas sin acuse de recibo. Luego pongan ustedes los logos que quieran, pero esto nos parece relevante. Nosotros creemos que esto se debía haber hecho antes del 30 de noviembre, antes de que transcurriesen cuatro años desde el final del plazo voluntario de declaración. Aquí el ministro Montoro dijo que las declaraciones de la amnistía fiscal, esa obligación de pago del 10 %, no prescribía nunca. No sabemos en qué se basa. Por tanto le instamos a solicitar los informes jurídicos, que aporte al Congreso los informes jurídicos, porque las cosas no prescriben cuando lo dice el ministro, ni cuando lo digo yo, ni cuando lo dicen terceras personas, sino cuando lo dicen las leyes, y hay que hacer una interpretación conforme a derecho. En este sentido si el ministro tiene razón y estas inspecciones no se pueden iniciar antes del 30 de noviembre, como el ministro decía que iba a promover un plan antifraude, le solicitamos que en dicho plan se incluyan aquellos contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal que no pagaron el 10 %. Por último, le pedimos al señor ministro que en la Agencia Tributaria, en aquellos casos donde haya sospechas de blanqueo de capitales, de que algunos contribuyentes defraudadores se hayan beneficiado de la declaración de amnistía fiscal en el sentido de reintroducir fondos que provengan de la corrupción o de otros delitos, esto que en sí es un delito de blanqueo de capitales se ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Aquí el Grupo Parlamentario Podemos nos dice que antes de que prescriban. Nosotros poníamos urgentemente, pero bueno, se lo admitimos. También dice que no habíamos incluido - y es una aportación que ya recogió el ministro - que se dote de más medios y no menos a la Agencia Tributaria para tener un plan antifraude que sea suficientemente ambicioso. Efectivamente con esta moción nosotros queremos hacerle caso al señor Montoro y mirar hacia el futuro, pero exigiendo aquellas deudas que no pagaron y que en nuestra opinión fueron perdonadas ilegalmente a los defraudadores fiscales, porque - lo repetimos - esa es la única forma de mirar al futuro hacia una mejor sociedad del bienestar, luchar más, mejor y más eficazmente contra el fraude fiscal. Para eso resulta absolutamente imprescindible que cuando tengamos a defraudadores localizados, cuando sepamos que no han cumplido sus obligaciones y les enviemos cartitas, pasemos a exigirles estos importes que nos han defraudado a todos. Nos parece que esta es una parte del compromiso que hay con Ciudadanos, pero también es un compromiso con esta Cámara, con los propios diputados, con el ministro del Partido Popular que lo votó, y con todos los españoles que cumplen como es debido con sus obligaciones fiscales. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.
Gracias, presidenta. Bona nit. Como pueden ver, no soy el señor Garzón. El año 2012 fue uno de los peores años de la crisis, con una tasa de riesgo de pobreza del 22 % - parecida a la de hoy -, paro de más del 25 %, 500.000 desahucios en los años de crisis - un 16 % más aquel año que el anterior -, un 12,3 % de población trabajadora pobre - parecido a la de ahora -, año de profundos recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales. ¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Pues hizo la reforma laboral y una amnistía fiscal que consiste en perdonar a los que defraudan, la gente más rica, el dinero de los impuestos que deberían servir para hacer frente a la emergencia social y evitar los recortes. Beneficiarios: desde Bárcenas a Rato, pasando por la familia Pujol o personas con el apellido Borbón. Perjudicados: la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas del país. España tenía y tiene un grave problema de fraude fiscal y de economía sumergida, que equivale al 24 % del PIB. Contamos con menos de la mitad de recursos para combatir el fraude fiscal de los que cuentan en promedio los países de la OCDE. ¿Se plantearon incrementar el personal de la Agencia Tributaria para combatir este fraude? No, estos años los efectivos de la agencia han disminuido en 4.000. ¿Se plantearon incrementar la conciencia fiscal de la ciudadanía? No, enviaron un mensaje a los defraudadores que era: defraudar en España es barato, solo un 3 %, una cifra por cierto recurrente. Las amnistías fiscales crean un riesgo moral totalmente contraproducente, disminuyen el valor de la responsabilidad tributaria y el temor al riesgo de evadir impuestos - así lo ha dicho la Comisión Europea -, y suponen un agravio para la ciudadanía que paga sus impuestos, porque la mayor parte del fraude no lo hacen ni los trabajadores ni los autónomos ni las pymes, lo hacen las grandes fortunas y los grandes grupos empresariales. La amnistía además fue un fracaso porque no recaudó lo previsto -1.193 millones de euros en lugar de los 2.500 previstos -, y nos pareció y nos parece muy grave que se permitiera la declaración de dinero en efectivo con la posibilidad de blanqueo de capitales que ello implica. La conclusión es que entre los mecanismos de evasión y elusión de impuestos y la política fiscal del Partido Popular ser rico en este país realmente sale muy barato. El objetivo de esta moción no es nuevo. Efectivamente el 27 de septiembre presentaron una proposición no de ley parecida. ¿Cuáles son los objetivos de fondo? Yo creo que Ciudadanos se fía poco del Gobierno y del señor Montoro, porque de hecho esto está en el acuerdo de investidura que tienen ambos. ¿Cuál es el objetivo de fondo de esta moción? Incrementar la recaudación en 2.800 millones mediante la revisión de los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012. Sin duda en sí ya tendría valor, pero el objetivo de Ciudadanos también es otro: que les cuadren los números del acuerdo con el Partido Popular, porque previsiblemente tendrán que comerse el techo de gasto y unos presupuestos con recortes. Esa es la cuestión. De ahí viene ese debate. Ustedes no se fían del señor Montoro. Nosotros tampoco. El ministro dice que no hay caducidad, que no hay prescripción, pero ustedes y nosotros queremos ver los informes jurídicos en los que se fundamenta. Pero si quieren que les cuadren los números es necesaria otra política fiscal para incrementar los ingresos y acercarnos a la media europea de presión fiscal. Estamos 8 puntos por debajo de la zona euro. Si quieren cuadrar los números impulsen un verdadero plan integral de lucha contra el fraude fiscal. Si quieren cuadrar los números inviertan en la Agencia Tributaria, incrementando el personal y los recursos para combatir el fraude. No puede ser que el 80 % de los recursos se dediquen a investigar a pequeñas empresas, autónomos y gente trabajadora mientras el 72 % del fraude lo hacen las grandes fortunas y las grandes empresas. Hemos presentado diferentes enmiendas. Yo me querría referir en particular a una. Es necesario elaborar un plan integral de lucha contra el fraude fiscal, que entre otras cuestiones incremente los recursos humanos de la Agencia Tributaria. No puede ser que en España la ratio de efectivos de la agencia por habitante sea de 1.958 cuando Francia tiene uno por cada 942 habitantes. No puede ser. Compartimos buena parte de lo que dice la moción de Ciudadanos y - se lo digo - también el escepticismo con el que ustedes lo han explicado. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Quiero decirle al señor Vendrell Gardeñes que fue llamado el señor Garzón porque su grupo nos lo había comunicado de esa manera. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la amnistía fiscal que el Gobierno de España aprobó en 2012, es verdad, no es la única que se ha hecho en nuestra reciente historia democrática, pero sí es la única que se ha realizado al mismo tiempo en que se subían prácticamente todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos. Es la misma que se hacía a la vez que se retiraban prestaciones a los desempleados, que se recortaban las becas, que se fomentaba la rebaja de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, que se reducía el gasto sanitario y que se abandonaba a su suerte a numerosos dependientes. Muchos españoles y españolas no han entendido que mientras se les exigían sacrificios, mientras se deterioraban sus expectativas de futuro se facilitara el afloramiento de capitales ocultos sin exigir más que un pequeño gravamen, muy inferior incluso al aprobado inicialmente, al rebajar de facto desde el 10 % inicial hasta menos del 3 % el tipo efectivo aplicable mediante un simple informe de la Dirección General de Tributos. ¿Y quiénes se han beneficiado de esto? Miles de defraudadores, y entre ellos algunos que pueden haber aflorado capitales obtenidos a través de actividades delictivas. Personas como el señor Bárcenas, como el señor Granados o el señor Rato, que se han burlado de tantos hombres y mujeres vapuleados por la crisis y abandonados por las políticas del Gobierno durante los últimos años. Es cierto que, tanto la necesidad de preservar la seguridad jurídica como el mero paso del tiempo, impiden plantear la posibilidad de recuperar todo el dinero que han dejado de pagar esos defraudadores, pero aún es posible recobrar - como se ha dicho - una parte, la equivalente a la diferencia entre el 10 % previsto en el real decreto-ley y el tipo rebajado inferior al 3 % establecido posteriormente. Por eso vamos a dar apoyo a esta moción siempre que al menos se vote en los términos en que se ha presentado, pues entendemos que con ella se definen correctamente los pasos que ha de dar el Gobierno para garantizar el cobro de al menos ese 10 %. Señorías, el Grupo Socialista ha combatido la amnistía fiscal desde el primer momento, recurriéndola incluso ante el Tribunal Constitucional, donde se encuentra pendiente de sentencia. Desde el primer día ha advertido sobre sus consecuencias, ha puesto de manifiesto que podía estar dando cobertura al afloramiento de recursos obtenidos a través de actividades delictivas, y ha denunciado que personas que han tenido responsabilidades muy importantes en el Partido Popular e incluso la cónyuge de un ministro, de un miembro del Gobierno - que no se abstuvo cuando se adoptó la decisión - se han beneficiado de esta amnistía fiscal. Y hoy queremos contribuir a la moción mediante una enmienda que recoge la necesidad de que el Gobierno de España impulse los cambios legislativos oportunos para que se pueda hacer pública la lista de los defraudadores, y conozcamos por fin la relación de personas que se han beneficiado de esta amnistía fiscal. Igualmente en nuestra enmienda instamos al Gobierno a revisar la lista de paraísos fiscales volviendo a incluir en ella a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración tributaria española, porque no solo nos preocupan los capitales que puedan haber sido ocultados al fisco en el pasado, sino la necesidad de levantar obstáculos para impedir que se puedan continuar escondiendo. Y si hay países como es el caso, por ejemplo, de Panamá que en su día pudieron ser excluidos de esa lista de paraísos fiscales, pero hoy no están cooperando como debieran, han de volver a ser incluidos en el listado actuando siempre en el marco de las decisiones que se adopten en la Unión Europea. Nos preocupa efectivamente la posibilidad de prescripción, como ha defendido el proponente de la moción; una prescripción que se produciría mañana mismo, 30 de noviembre, y aunque el ministro lo haya negado, haya hablado de argumentos jurídicos que negarían la posibilidad de prescripción, sin dar una sola explicación ni enseñar un solo argumento jurídico, el hecho de que se haya enviado un aviso a los contribuyentes afectados anunciándoles que esa prescripción no se produce no hace más que reafirmarnos en nuestra preocupación, porque entendemos que lógicamente no basta con una simple carta informativa, sino que se debería informar de manera jurídicamente válida iniciando un procedimiento formal de comprobación, y esto no se hace con una mera carta informativa sin acuse de recibo, que no tiene efectos jurídicos. Señorías, lo que nos tememos es que al final el señor Montoro esté dejando que los plazos pasen, que los plazos caduquen, para tener la excusa perfecta para no hacer nada. Y no será por indolencia, no será por desidia; será con la finalidad de alcanzar un objetivo premeditado, un objetivo que ha estado perfectamente planificado desde el día en que se aprobó esta amnistía fiscal, que es el de perdonar casi 3.000 millones de euros a un número muy reducido de contribuyentes; alguno de ellos quizás antiguo cliente del señor Montoro en otra época. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de entrar en el contenido de la moción me gustaría hacer un par de consideraciones: hay que predicar, pero también dar trigo. Lo digo por el discurso de Podemos y del Partido Socialista, porque hemos visto ejemplos de destacados dirigentes de Podemos que no han sido precisamente fieles en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por eso hay que predicar y además dar trigo. Por otro lado el PSOE nos habla de amnistías fiscales cuando ellos sí que promovieron auténticas amnistías fiscales en 1985 y en 1991, completamente opacas y sin conocer quiénes eran sus titulares. Por eso, señores del Grupo Ciudadanos, señor De la Torre, compartimos absolutamente los objetivos de la moción presentada por su grupo. La lucha contra el fraude ha sido una prioridad para el Gobierno del Partido Popular y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Y por qué hemos presentado esta enmienda? Desde el Grupo Popular pensamos que hay determinadas líneas, determinados límites que esta Cámara no debe sobrepasar. Uno de ellos es por supuesto el respeto a la normativa tributaria, y un segundo límite es no inmiscuirse en las actuaciones de la Agencia Tributaria, en las cuestiones de procedimiento. Estoy hablando de una Agencia Tributaria - usted lo sabe mejor que nadie, por ser inspector de Hacienda - que hace su trabajo con enorme responsabilidad, con gran dedicación y con estupendos profesionales. Por eso, en nuestra enmienda - en la enmienda presentada por el Grupo Popular - planteamos tres cuestiones que mejoran la redacción de la moción desde nuestro punto de vista. Una primera cuestión es el respeto absoluto a la figura jurídica de la prescripción, fundamental en derecho para la seguridad jurídica de los contribuyentes. Y quiero dejar una cosa bien clara hoy en esta intervención: no es verdad - y usted también lo sabe, señor De la Torre - que los contribuyentes hayan pagado un 3 % de los bienes o derechos aflorados; sencillamente no es cierto. Es mentira, porque en las rentas y patrimonio regularizado había una parte que correspondía a ejercicios ya prescritos, y hay que respetar esos periodos de prescripción. [[Rumores]] Así pues, no se puede concluir que por aflorar 40.000 millones de patrimonio oculto durante años haya que pagar 4.000 millones de euros, porque no es esa la consideración... [[Rumores]]
Un segundo, señoría. [[Rumores]] Señorías, guarden silencio, por favor. [[Rumores]] Cuando estoy diciendo que guarden silencio es que guarden silencio. Se lo ruego, señorías, por favor. Terminemos hoy el Pleno bien. Muchas gracias. Puede continuar.
La segunda cuestión que hemos querido dejar clara con la presentación de nuestra enmienda es que solicitan dejar sin efecto un informe de la Dirección General de Tributos. Sabemos que los informes de la Dirección General de Tributos son vinculantes, pero no porque lo diga el ministro, sino porque la Dirección General de Tributos es, según el organigrama del Ministerio de Hacienda, el organismo competente para emitir criterios sobre cuestiones tributarias. No podemos anular un informe de la Dirección General de Tributos. Y hay una tercera cuestión, que es también el punto de los posibles ilícitos penales por blanqueo de capitales. En esa cuestión hemos dicho que la presentación de la declaración tributaria especial no limpia delitos de blanqueo de capitales, solo tiene efectos tributarios. Y la Agencia Tributaria ha estado trabajando, comprobando e investigando a los contribuyentes acogidos a esa regularización, y cuando ha detectado posibles indicios de delito lo ha remitido al servicio de prevención del blanqueo de capitales. Por ello, según redactan ustedes la moción, puede parecer que la Agencia Tributaria ha estado estos años cruzada de brazos, y nada más lejos de la realidad, porque en el año 2013 ya comenzaron a realizarse procesos masivos de análisis de información, de acuerdo con una serie de perfiles de riesgo de los contribuyentes. Por tanto lecciones al Partido Popular en materia de lucha y prevención de fraude fiscal pocas o ninguna, porque el movimiento se demuestra andando, y los datos obtenidos en las actuaciones de control de la Agencia Tributaria han batido todos los récords históricos: más de 50.400 millones en los últimos cuatro años. España se desangraba en el año 2012: pérdida masiva de empleo, prima de riesgo disparada, agujeros ocultos en las cuentas públicas, facturas en los cajones, y sobre todo una pérdida de recaudación tributaria brutal. Por eso hubo que tomar medidas excepcionales, extraordinarias, donde se encuadra esta regularización fiscal, que permitió aflorar más de 40.000 millones de euros y que ensanchó las bases imponibles de otros tributos. Y además es perfectamente homologable con las que se han hecho en otros países, tanto europeos como no europeos. Por eso darle la vuelta a esa situación económica, volver a crecer, volver a crear empleo no ha sido una casualidad, ha sido fruto de esas políticas económicas, de esas políticas tributarias. Por tanto, señorías, a la luz de esos resultados nadie puede poner en duda el compromiso del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude fiscal. Y por eso tenemos el mejor organismo para aplicar los tributos, que es la Agencia Tributaria, tenemos los mejores profesionales en esa Agencia Tributaria y tenemos las mejores herramientas normativas, creadas también...
Señoría, tiene que terminar.
Sí, voy terminando.
No, voy terminando, no. Tiene que terminar.
Por tanto, el ministro anunció un nuevo plan de lucha contra el fraude. Hagamos aportaciones para incrementar esas herramientas y luchemos juntos contra esta lacra social. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. El Real Decreto-ley 2/2012 estableció una regularización extraordinaria que permitía declarar rentas y patrimonio con aplicación del tipo único del 10 %, que no reportó los ingresos previstos porque el número de declaraciones fue mucho, muchísimo menor de lo esperado. A partir de ahí el Ministerio de Hacienda ha practicado una sucesión de bandazos entre los que cabe incluir la presunta elaboración de una circular sin firma, en la que, con extraños y peculiares razonamientos, se establecía la aplicación de un tipo del 3 %. Esta actuación, de la que no se ha responsabilizado nadie, ha sembrado el desconcierto en la Agencia Tributaria, por ser claramente contraria al real decreto, porque si una ley fija un tipo del 10 %, no sería posible su rebaja más que por otra ley. Por otra parte el hecho de declarar a Hacienda determinados rendimientos permite que un contribuyente haya cumplido sus obligaciones tributarias, pero cabe la exigencia de comprobación de la procedencia del dinero, porque puede haber sido obtenido por un profesional, que no lo declaró en su momento - situación legal -, o puede tratarse de un caudal de procedencia ilícita. En definitiva, la regularización solo tiene efectos fiscales, pero hay que comprobar la procedencia de los fondos. Resultan también desconcertantes las medidas señaladas por el señor Montoro tras afirmar que va a mandar una carta después de decir que el proceso de regularización extraordinario no prescribe. Resulta obvio que el ministerio no quiere dar un paso atrás porque es sabido que toda relación tributaria prescribe por el paso de cuatro años y, por lo tanto, invalida lo manifestado por el ministro de Hacienda. Lo de enviar una carta tampoco tiene utilidad alguna. Como aquí se ha dicho, solo las notificaciones de las que exista constancia fehaciente de su entrega dentro de los cuatro años son válidas a los efectos de interrumpir la prescripción y siempre que se comunique al inicio de un procedimiento de regularización por un impuesto y ejercicio concreto, con indicación de las causas concretas de regularización. En definitiva, estamos ante una sucesión de pretextos para enmascarar lo que a nuestro juicio ha sido una equivocación y, por lo tanto, estamos de acuerdo con los refuerzos contra el fraude fiscal que propone Ciudadanos en su iniciativa, que votaré a favor. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve. Le avanzamos, señor De la Torre, que vamos a votar a favor de su propuesta. Tampoco nos vamos a entretener mucho en la argumentación, pero sí que vamos a aprovechar estos dos minutos para poner de manifiesto que esta Cámara, y más concretamente usted y su grupo, tienen un problema, y es un problema grave. El señor Montoro, que es su ministro - al que ustedes votaron favorablemente y al que van a votar el presupuesto - nos ha dado toda clase de suertes del toreo, ha dado todos los pases posibles en este tema. Este es un tema fundamental para ustedes y, de hecho, tienen razón. No se ha cumplido con el real decreto-ley que se aprobó. Ustedes lo han recogido en su pacto y han presentado diversas iniciativas, pero, mire, lo que hoy vamos a aprobar [[Muestra un documento]] Punto 3: 'Estas actuaciones inspectoras se inician en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016'. Lo estamos aprobando a las diez y media de la noche del 29 de noviembre. El problema es del señor ministro pero también suyo, porque ustedes están sustentando a este Gobierno y van a sustentarlo con el presupuesto. Por tanto, no podrán lavarse la cara diciendo: Mire, nosotros ya presentamos la moción y no nos hicieron caso. No les hace caso su ministro de Hacienda, al que ustedes van a aprobar el presupuesto. Este es un problema que tienen ustedes y que tienen resolver. En cuanto a todas estas teorías de la no prescripción, yo estoy abierto a todo y a mis cincuenta y un años voy a aprender lo que me enseñen, pero claro, nos lo tendrán que enseñar. Ustedes no pueden decir que esto es responsabilidad del Gobierno porque yo creo que con la intervención de la portavoz del Partido Popular les ha quedado claro que sí que prescribe y que la carta del señor Montoro no sé si era para contentarles o para ponerles en un brete, pero la realidad es que yo creo que si uno se repasa la interpelación con cierta elegancia, queda claro que el señor Montoro no tiene ninguna intención de hacer cumplir el real decreto-ley que convalidó esta Cámara. En todo caso, si no lo hace y no modifica el informe de la Dirección General de Tributos será difícil de entender que ustedes le aprueben el presupuesto. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario, PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
Gracias, señora presidenta. Es tarde, vamos al grano. Esto son habas contadas. En primer lugar, y en cuanto a la amnistía fiscal, mal hecho; fue una decisión que no debería haberse adoptado y lo volvemos a decir aquí. Las haciendas vascas no secundaron esa iniciativa y creo que fue acertado. Creo, además, que con aquella decisión del informe del 27 de junio, que permitía aceptar dinero en efectivo, facilitamos incluso el blanqueo de dinero, como bien señaló el portavoz de Ciudadanos el otro día. Pero, más allá de todo eso, aquí hay dos cosas básicas: una, el tipo tributario. Es cierto que no han tributado al 10 %, y hasta la portavoz del Grupo Popular lo ha admitido. No se puede decir que tienen que tributar al 10 % sobre los últimos cuatro años, como si fueran contribuyentes normales, como si les afectara, en el ámbito de una amnistía fiscal, la prescriptibilidad. No. En los términos estaba claro: todo lo que se aflore va al 10 %, y todo es todo, no lo de los últimos cuatro años; es todo, y ese 10 % tenía que haber sido efectivo. No queramos comparar a los contribuyentes digamos normales con personas que se acogen a una amnistía fiscal. El 10 % era para todo lo que se aflorara, y lo de los cuatro años me parece sinceramente una auténtica aberración. Por una parte, creo que hay intentar que ese 10 % sea efectivo y, por otra parte, en cuanto a la prescriptibilidad, tenemos un serio problema. Mañana vence el plazo y el Gobierno, para que las resoluciones que han tomado hasta ahora no devinieran en firme para tener posibilidad de recuperar esas cuotas, debería haber enviado una comunicación, haber hecho un acto, de manera que no prescribieran a los cuatro años desde que terminó el plazo de declaración. No lo hemos hecho. ¿Estamos a tiempo? Vamos muy justos y me temo que no va a ser posible, pero, si quisiera, el Gobierno todavía estaría a tiempo de hacerlo. Está ahí el listado de los nombres, los conocen perfectamente y podrían hacerlo; sería lo adecuado para asegurarnos de que se tributa al 10 %. Por lo tanto, si el señor ministro está tan seguro de que no va a prescribir, que nos demuestre con informes jurídicos solventes en qué se basa, en qué se fundamenta para afirmarlo. Estamos de acuerdo con los planteamientos que se hacen en la proposición. Me parece que sería enviar un mensaje positivo a la ciudadanía y, por lo tanto, votaremos favorablemente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Gracias, presidenta. Hace prácticamente un año que de diversas formas y maneras estamos aprobando medidas para dejar sin efecto, en parte, la amnistía fiscal de 2012. El resultado, a criterio de Esquerra Republicana, es nulo. Tenemos claro que no existe voluntad política - no existe ninguna voluntad política - de revertir los efectos del inmenso regalo fiscal que supuso para los defraudadores la amnistía fiscal del año 2012. Mientras a unos les salía gratis defraudar, a otros nos subían los impuestos y nos recortaban derechos y libertades. Esquerra Republicana lo ha explicado y explicitado hasta la saciedad. No dejaremos de decirlo: no estamos de acuerdo con la amnistía del año 2012, pero tampoco estuvimos de acuerdo con la que hizo el Partido Socialista Obrero Español y no podemos estar de acuerdo en adoptar medidas de gracia a favor de aquellos que atentan contra el bien común, y la amnistía fiscal premia a aquellos que eluden sus responsabilidades para con la sociedad donde viven, además de infringir la ley. Por descontado, tampoco estaremos a favor de una amnistía futura, ni aquí, mientras estemos en España, ni allá, cuando seamos un Estado. Estamos de acuerdo con la filosofía que inspira la moción consecuencia de interpelación que hoy de nuevo presenta Ciudadanos en el sentido de que intenta paliar, como decía, los efectos nocivos de la amnistía fiscal operada por el Gobierno del Partido Popular. A pesar de que alguna de las medidas, cuya aprobación se pretende, son genéricas y poco concretas - otras sí -, no resuelve cuestiones que afectan, por ejemplo, a la seguridad jurídica, no plantea una prohibición expresa para futuras amnistías fiscales, no plantea la modificación de preceptos de la Ley General Tributaria, como medidas para identificar a las personas físicas y/o jurídicas que en su momento se acogieron a la amnistía fiscal, y tampoco plantea la revisión de los delitos tributarios en el sentido de ser considerados delitos graves para que su plazo de prescripción sea el de diez años, entre otras muchas cuestiones que podrían ser objeto de la moción consecuencia de interpelación. Y sí, mientras estamos debatiendo mociones, proposiciones no de ley y otras cuestiones más, el tiempo pasa y el problema se convierte en irresoluble. Señores de Ciudadanos, el Partido Popular les ha vuelto a timar. La amnistía fiscal se basó en una gran mentira: el Partido Popular y el Gobierno del Estado español decían que la misma tenía como objetivo principal obtener mayores ingresos para las vacías arcas del Estado y con ello hacer aflorar aquello que no había tributado. El tiempo ha demostrado que el ministro Montoro hizo las cuentas del Gran Capitán, que solo alcanzó a recaudar la mitad de lo previsto y que los defraudadores no han pagado un 10 % sino que han terminado pagando solo un 3 %. Hasta con el IVA súper reducido de una barra de pan, que es el 4 %, una ciudadana honrada paga más. La amnistía fiscal es un escándalo de primera magnitud, uno más en la larga lista del Partido Popular. El objetivo perseguido - y a las pruebas me remito, y al final una llega a esta conclusión - es beneficiar a determinadas personas, a aquellas a las que se les llena la boca a menudo de nación y Estado pero esconden sus dineros en paraísos fiscales. Y en esta lista se encuentran personas que han tenido responsabilidades políticas en el Estado: la mujer de un comisario europeo del Partido Popular que fue ministro, un ex vicepresidente del Gobierno, también del Partido Popular, el señor Rato, aunque seguramente nadie de ustedes dice ya conocer, y así unos cuantos más. Asimismo, resulta indecente que la amnistía fiscal haya servido para blanquear dinero. Bastaba declarar que tenías dinero en efectivo desde antes del 2010. ¿Puede el ministro Montoro asegurar que con este proceder no se coló dinero que provenía de actividades delictivas, como el narcotráfico y la trata de personas? Añado: el señor ministro Montoro debería dejar de insistir en el hecho de que la declaración especial no prescribe nunca. A ver cómo se las apaña para tener un informe jurídico de dicho calibre. En todo caso, como decía, votaremos a favor de esta moción sabiendo que la misma muere en el mismo instante de su aprobación. Y sí - insisto y vuelvo a repetir -, señoras y señores de Ciudadanos, el Partido Popular les ha vuelto a timar de nuevo. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto al señor De la Torre Díaz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Aceptamos la enmienda de modificación del apartado 6 del Grupo Unidos Podemos y la enmienda de adición del número 7, del mismo grupo; el resto las rechazamos.
Muchas gracias. Vamos a comenzar la votación en dos minutos. [[Pausa]]
Señorías, vamos a comenzar la votación. Ocupen sus asientos. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de reformas urgentes del trabajo autónomo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 2 votos telemáticos, 335; a favor, 322 más 1 voto telemático, 323; abstenciones, 11 más 1 voto telemático, 12.
Queda aprobada. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], DE REFORMA DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. [[Número de expediente 122/000021]]
A continuación pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco PNV de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 2 votos telemáticos, 334; a favor, 167 más 2 votos telemáticos, 169; en contra, 3; abstenciones, 162.
Queda aprobada.
Procedemos, a continuación, a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el debate en curso. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; abstenciones, 1.
Queda aprobada. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL [[AECG-CETA]] [[Número de expediente 162/000219]]
A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el acuerdo económico y comercial global. Se va a votar en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 73; en contra, 260.
Queda rechazada.
Procedemos, a continuación, a las votaciones referidas a las mociones consecuencia de interpelación urgente. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Les anuncio que se va a votar por puntos. Votamos el punto 1 en primer término. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 167; en contra, 133; abstenciones, 32.
Queda aprobado. Pasamos a votar el punto número 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 128; en contra, 133; abstenciones, 72.
Queda rechazado. Pasamos a votar el punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor; 325; abstenciones, 7.
Queda aprobado. Pasamos a votar el punto 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 326; abstenciones, 7.
Queda aprobado. Pasamos a votar el punto número 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 261; en contra, 65; abstenciones, 7.
Queda aprobado. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA EN LA QUE VIVEN MÁS DE 5 MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL CESE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS. [[Número de expediente 173/000002]]
Pasamos a continuación a votar la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de 5 millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos. Se va a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, y el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 132.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y, MÁS EN CONCRETO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012, MÁS CONOCIDA COMO 'AMNISTÍA FISCAL', TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 % CONTEMPLADO EXPRESAMENTE EN LA LEY. [[Número de expediente 173/000003]]
A continuación, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10 % contemplado expresamente en la ley. Lo vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea al punto 6 y de adición de un punto 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 200; abstenciones, 132.
Queda aprobada. Se suspende la sesión. Eran las diez y veinticinco minutos de la noche. Corrección de error. En el Diario de Sesiones número 17, correspondiente al Pleno celebrado el martes 23 de noviembre de 2016, en la página 29, segundo párrafo, quinta línea, donde la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [[García Tejerina]] dijo: '... se han adjudicado dieciocho...', quiso decir: '... se han adjudicado treinta y ocho...'.