Se reanuda la sesión. Preguntas dirigidas al Gobierno y más concretamente al presidente del Gobierno. Pregunta en primer lugar doña Olaia Fernández Davila, del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, ¿está dispuesto el Gobierno a realizar las modificaciones normativas precisas para que Galicia disponga de una tarifa eléctrica propia que le permita abaratar los costes de la energía, compensando así los daños por la explotación de sus recursos naturales? Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor presidente.
Muchas gracias. Lo que vamos a hacer desde el Gobierno es continuar trabajando para abaratar el precio de la electricidad en Galicia y también en el resto de España. Para eso hemos hecho una reforma eléctrica que ha acabado con el déficit de tarifa, 26.000 millones de euros, que evita que se vuelva a producir déficit de tarifa en el futuro, y, tras varios años de subida de la luz, esta bajó por primera vez en 2013 un 3,1 %, lo hizo un 5 % en 2014 - me refiero a la tarifa para el consumidor doméstico - y el INE ha dado hace escasas fechas un dato que dice que para el consumidor doméstico la luz ha bajado el 2,1 % en el primer trimestre. Ahora en lo que estamos trabajando es en las interconexiones eléctricas, algo capital para que baje el precio de la electricidad y para que nuestra economía sea más competitiva y la gente pague menos. Dicho esto, lo que pretende usted, que baje el precio de la luz en una comunidad autónoma y que obligue a subirlo en todas aquellas que no sean exportadoras, es algo que va contra el principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles y yo no puedo compartirlo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. Señora Fernández Davila.
Gracias. Usted sabe, señor Rajoy, que el sector energético tiene para Galicia un valor estratégico por lo que representa en su producto interior bruto y por ser un factor relevante para la producción industrial. A lo largo de años se fue especializando en la generación de electricidad, con base en su potencial hidroeléctrico y en los yacimientos de carbón y, posteriormente, en el desarrollo del aprovechamiento eólico y biomasa y la construcción de los ciclos combinados de gas natural. A pesar de que la generación eléctrica supuso considerables daños sociales y medioambientales, nunca fue compensada, incluso sufre en amplias zonas del país una deficiente calidad en el suministro eléctrico. Señor Rajoy, países como el Reino Unido, Alemania o Suiza tienen tarifas diferenciadas atendiendo a los distintos territorios. El pacto con el Gobierno de Euskadi que va a permitir unos precios más bajos para la industria vasca, con una rebaja del 15 % en los peajes y del 12,5 % en el término de energía, demuestra que, si existe voluntad política, se puede modificar el régimen tarifario. Demandamos que Galicia tenga una tarifa más baja para favorecer el consumo doméstico de una población que tiene las pensiones y los salarios entre los más bajos del Estado, donde el 18 % del total de la población tiene dificultades para abonar sus facturas energéticas, también para posibilitar su crecimiento industrial y evitar la deslocalización de empresas intensivas en consumo eléctrico, y cabe mencionar los problemas por los que está atravesando Alcoa y Ferroatlántica. Nuestra propuesta concreta de tarifa eléctrica gallega se sustenta en nuestra condición excedentaria en la producción eléctrica. Del análisis de las pérdidas en el transporte y distribución - transportar energía en el conjunto del Estado es un 54,4 % más caro que hacerlo en Galicia -, así como del análisis de los diferentes peajes del sistema, concretamos la tarifa y las bonificaciones de un 30 % en los peajes a las comunidades autónomas que en los últimos cuatro años exportasen de media más del 25 % de la energía que producen. Esto supondría para Galicia una rebaja de aproximadamente el 15 %. Señor Rajoy, permítame finalizar mi intervención trasladándole nuestra preocupación sobre… [[Muestra un cartel que dice: Telefónica explotadora, contratas en folga]]
Gracias, señora diputada. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fernández. Puedo compartir algunas de las afirmaciones que recoge su exposición de motivos, pero en ningún caso puedo compartir su conclusión. Creo que la tarifa de la luz debe ser exactamente igual para todos los españoles, independientemente del lugar de España en el que residan. Si eliminamos los principios de igualdad y solidaridad, eso es malo para el conjunto de los españoles y especialmente negativo para el conjunto de los gallegos. Figúrese usted, por ejemplo, que una comunidad autónoma dijera que la inversión del Estado en su territorio tiene que ser de un porcentaje igual al porcentaje que esa comunidad autónoma tenga en el PIB nacional: Galicia no podría tener tren de alta velocidad nunca. Figúrese usted, por ejemplo, un sistema de financiación autonómica sin solidaridad entre todas las comunidades autónomas de España: Galicia se vería gravemente perjudicada. O figúrese usted, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera decir que con las cotizaciones a la Seguridad Social de un determinado territorio se pagaran sus pensiones: podría dar lugar a una cosa tan absurda como que las pensiones en España fueran radicalmente diferentes, aunque las personas hubieran cotizado lo mismo. Por tanto, como gallego y como español, seguiré defendiendo en cualquier circunstancia los principios de igualdad y de solidaridad entre todos. Muchas gracias. [[Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. - DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA EFICACIA DE LA COORDINACIÓN POLICIAL EN EUROPA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA? [[Número de expediente 180/001264]]
Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno del diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco, PNV.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué valoración hace de la eficacia de la coordinación policial en Europa en la lucha contra el terrorismo yihadista?
Gracias, señor diputado. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Esteban. Todo se puede mejorar y debemos trabajar para ello, pero la valoración general que yo hago es positiva. La lucha contra el terrorismo es un objetivo de permanente atención tanto en el Consejo Europeo como en los consejos JAI o incluso en los consejos de Exteriores y de Defensa. Las decisiones más específicas se toman en el JAI, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, donde se trata el tema de manera permanente, y los esfuerzos de coordinación de medidas siguen en el Comité para la cooperación de seguridad e interior, donde están los distintos Estados de la Unión Europea y también las agencias, como Europol, Eurojust, Cepol, Frontex, etcétera. Hoy se trabaja de forma coordinada en los siguientes ámbitos: reforzar los controles en las fronteras exteriores, en el PNR europeo, en el intercambio de información entre servicios competentes con las distintas agencias de la Unión, en la lucha contra el tráfico de armas, en la prevención de la radicalización y en la prevención de vínculos de grupos radicales en conflicto en el exterior. Muchas gracias.
Señor diputado.
Gracias, señor presidente. Dice usted que todo se puede mejorar y, efectivamente, creo que es mejorable, empezando por casa, porque desde luego, si es verdaderamente importante la amenaza, la información y ese intercambio de la información que tienen las agencias europeas, no se entiende por qué el Estado español no autoriza a las policías autonómicas, Mossos y Ertzaintza, que son policías integrales, a tener una conexión directa a las bases de datos internacionales policiales. Esto sería eficacia policial y diligencia en una política de seguridad; una eficacia que a nivel local se ha demostrado con la detención que ha habido de una célula yihadista local por parte de los Mossos dEsquadra. Insisto, son policías integrales. No se entiende tampoco, respecto a los foros europeos, que no se comunique en qué se avanza en los mismos, incluso en el organizado hace poco de ministros de Asuntos Exteriores y de líderes de la ribera sur del Mediterráneo en Barcelona. No hay información, tampoco participación, incluso de cara al Estado. Las policías autonómicas tuvieron conocimiento por la prensa, que no por parte de su Gobierno, de la redacción de dos planes: el Plan de prevención y protección antiterrorista y el Plan estratégico de lucha contra la radicalización violenta. Tuvieron que pedírselo expresamente al Ministerio del Interior, que se lo remitió, pero de eso hace meses y desde entonces no ha habido ninguna otra comunicación. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted en que es un tema grave, en que es necesaria una diligente coordinación policial y en que este es un problema a nivel europeo y también estará usted de acuerdo conmigo en que todas las policías del Estado, Mossos y Ertzaintza incluidos, son policías integrales y, por lo tanto, no están subordinadas a otro cuerpo de seguridad del Estado. Dentro de esa responsabilidad que le pido y que debemos tener todos, dígame usted ahora que van a autorizar a las policías autonómicas a conectarse directamente a las bases de datos internacionales policiales. [[Aplausos]]
Gracias, señor Esteban. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor Esteban. Puedo estar de acuerdo con usted en muchas de las afirmaciones que ha hecho, pero hay otras con las que no lo estoy. Lea usted nuestro texto constitucional o el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que dice que las competencias de la policía del Gobierno vasco se circunscriben al ámbito del territorio de la comunidad autónoma. Quisiera decirle algo más. La policía del Gobierno vasco está representada ante la División de cooperación internacional del Cuerpo Nacional de Policía mediante la asignación permanente de cuatro oficiales de enlace, y este organismo, como saben, coordina y agrupa la oficina central de Interpol España, la Unidad nacional España de Europol y la oficina Sirene en España. La Ertzaintza tiene por tanto acceso a los procedimientos habituales de distribución de la información. Por lo que se refiere al acceso a la información contenida en las bases de datos internacionales, la División de cooperación internacional se encarga de facilitar este acceso a todos los cuerpos policiales de España mediante diversos sistemas. Por tanto, las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad ciudadana tienen un acceso a Interpol, Europol y Sirene suficiente y adecuado, tratándose de un sistema perfectamente adaptado a la práctica real, que se ha demostrado eficaz tanto en España como en otros países. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. - DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DE LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA? [[Número de expediente 180/001267]]
Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno que formula el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, me gustaría saber qué opinión le merece el deterioro de la calidad democrática en las instituciones del país.
Gracias, señor Sánchez. Señor presidente.
No estoy de acuerdo, señor Sánchez, con su afirmación. España es un país con instituciones fuertes, democráticas y que funcionan. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor Sánchez.
Gracias, señor presidente. Será, señor Rajoy, a pesar de usted y de su Gobierno [[Aplausos]], porque desde que usted es presidente del Gobierno lo que ha hecho ha sido que las instituciones se pongan al servicio del interés particular de su Gobierno, también de su grupo parlamentario y del Partido Popular. Mire, señor Rajoy, ustedes, para nombrar a dedo al presidente de la Radiotelevisión Española, modificaron la ley y, en un alarde de pluralidad informativa, pusieron al expresidente de Telemadrid al frente del ente público. Ustedes, señor Rajoy, para hacer otro alarde de separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pusieron al frente del Tribunal Constitucional a un catedrático de Derecho Laboral que precisamente teorizaba sobre su reforma laboral y que posteriormente nos enteramos de que era o de que había sido militante del Partido Popular. Ustedes han hecho que una institución tan importante como es la Agencia Tributaria haya sido denunciada en términos de opinión pública por el obstruccionismo del Ministerio de Hacienda en relación con la colaboración y la investigación de la trama Gürtel que está liderando el señor Ruz. Mire, señor Rajoy, usted tiene el dudoso honor de ser el presidente de la democracia que más comparecencias ha rechazado en este Congreso de los Diputados durante estos últimos tres años y medio; setenta, señor Rajoy, setenta comparecencias rechazadas por parte de usted a todos los grupos de esta Cámara que estamos en la oposición. Yo le insisto y le exijo que comparezca aquí, que rinda cuentas y que nos explique cuál es su vinculación directa con la trama de financiación irregular del Partido Popular. Mire, señor Rajoy, su grupo parlamentario, los 186 diputados y diputadas, ayer tuvieron una ocasión de oro de demostrar que están junto con sus votantes, que están con los trabajadores y no con los defraudadores. Ustedes ayer, todos los miembros y «miembras» del Grupo Parlamentario Popular… [[Risas.-Rumores]] ¡Permítanme ustedes la broma, permítanme ustedes la broma!
Ruego silencio.
Ustedes lo que hicieron, señores del PP... [[Continúan los rumores]] Tienen ustedes que tener un poquito de gracia. [[Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben]]Ustedes lo que hicieron, señores del PP, fue precisamente…
Un momento. ¡Silencio para oír al orador! Continúe.
Ustedes lo que hicieron fue rechazar una comisión de investigación que pidieron en el Parlamento de Cataluña para investigar el fraude del señor Pujol, y usted, señor Rajoy, ha vuelto a prohibir la publicación de la amnistía fiscal de los defraudadores que aprobaron en el año 2012. Le digo una cosa, señor Rajoy, publique esa lista porque, si no, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno. [[Aplausos]]
Gracias, señor diputado. Señor presidente.
Después de escucharle a usted, señor Sánchez, me reafirmo en mi afirmación inicial. No hay ninguna pérdida de calidad democrática de las instituciones en España. Lo que sí parece que hay es una pérdida de calidad en la oposición democrática en nuestro país. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]] Señorías, cuando ustedes gobernaban nombraban al director de Radiotelevisión Española. Habla usted de la justicia. Yo digo que la justicia en este país es independiente. Lo es el Tribunal Constitucional, lo es el órgano de gobierno de los jueces, lo es el Tribunal Supremo y lo es el resto de los órganos judiciales. No sé por qué habla usted de la composición del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el que es con los votos a favor de su partido, igual que lo es el órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, si no está de acuerdo, desconozco cuál es la razón por la que le dio el apoyo a la persona que usted ha citado hoy aquí. [[Aplausos]] Le voy a hablar de la Agencia Estatal Tributaria. Las decisiones del Gobierno en esta legislatura han permitido aflorar en España 124.000 millones de euros - que se dice pronto - que ahora van a comenzar a tributar en nuestro país. Las decisiones del Gobierno de España y la actuación de la Agencia Estatal Tributaria en la lucha contra el fraude han permitido recaudar, en los años 2012, 2013 y 2014, 34.785 millones de euros, que son los mejores datos de la historia de España de la Agencia Estatal Tributaria, en el primer trimestre de 2015 - el mejor dato de un primer trimestre de la historia - con 2.889 millones de euros recaudados. El proceso de regularización fiscal es un proceso de regularización como el que hicieron ustedes en los años 1984 y 1991 [[Una señora diputada: ¡No!]], con dos diferencias: que entonces, de aquellos que iban a la regularización, no eran conocidos sus nombres por Hacienda y que no tributaban nada, cosa que no sucede en este momento. Ese proceso ni limpia ni borra delitos. Por otra parte, en cuanto a la publicación de las listas, le voy a dar un dato por si usted tiene a bien hacer alguna suerte de comentario. Ustedes han estado en el Gobierno de España veintidós años. Jamás dieron el dato de un solo contribuyente de la Agencia Estatal Tributaria, fuera alguien que regularizara, fuera alguien sancionado por incumplir la legislación vigente. Hicieron bien y yo también voy a cumplir ahora con mi obligación. Lo que no me parece de recibo ni democrático es hacer una cosa cuando se está en el Gobierno y decir otra… [[Aplausos]]
Gracias, señor presidente. - DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO QUE UN EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS SE HAYA ACOGIDO A LA AMNISTÍA FISCAL? [[Número de expediente 180/001268]]
Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia que formula el diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora vicepresidenta, en marzo de 2012 el Gobierno aprobó una amnistía fiscal. Tres meses después aprobaron que se pudiesen acoger a ella los defraudadores con estructuras societarias sofisticadas y opacas. No contentos con eso, permitieron que aflorase el dinero en efectivo que no se sabía ni de dónde venía ni cómo se había conseguido. Finalmente, la Dirección General de Tributos garantizó a los defraudadores que no se harían comprobaciones aisladas de las declaraciones. La amnistía no iba bien y el Ministerio de Hacienda se la vendió a los grandes despachos de abogados a los que acudían grandes fortunas con cuentas pendientes con Hacienda. La Asociación de profesionales de inspectores de la Hacienda pública calificó la amnistía de impresentable, antisocial e injusta. Y con todo este cúmulo de despropósitos, señora vicepresidenta, le pregunto: ¿usted pretende que se olvide con esta imagen [[Muestra una fotografía en la que se ve al señor De Rato Figaredo siendo introducido en un coche]] esta otra imagen [[Muestra otra fotografía en la que se ve a los señores De Rato Figaredo y Rajoy Brey dándose un abrazo]], señora vicepresidenta, cuando es el señor Rajoy el que ha hecho una amnistía fiscal a la que se ha acogido el señor Rato? [[Rumores.-Aplausos]]
Gracias, señor Hernando. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Creo que no ha oído al presidente del Gobierno. Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los Gobiernos del Partido Socialista [[Rumores]], conviene que las recuerden, porque eran opacas, sin control y encima dando intereses a los defraudadores. Mire, señor Hernando, si quiere que hablemos sobre cómo actuó el Gobierno del señor don José Luis Rodríguez Zapatero, cuando quiera hablamos de cómo trataron la lista Falciani. [[Rumores]] Señor Hernando, saque menos fotos y tome más decisiones, porque tiene usted importantes fotos con diputados de su bancada también afectados de procedimientos judiciales. [[Aplausos]]
Gracias, señora vicepresidenta. Señor Hernando.
Señora vicepresidenta, 19 millones de contribuyentes están realizando su declaración de renta estos días. Ellos conviven con 30.000 defraudadores que han podido cometer delitos económicos; junto a esos 30.000, hay más de 700, algunos de ellos exdirigentes del Partido Popular como el señor Bárcenas, el señor Rato o el señor Granados, que se burlan de una ciudadanía vapuleada por la crisis, empobrecida y desempleada. Esos millones de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales son las auténticas víctimas de una amnistía fiscal que liquida la conciencia fiscal de este país, que socava la credibilidad de las instituciones y que ataca al patrimonio ético del conjunto de la sociedad española. La amnistía fiscal es el último capítulo de una cultura que privilegia a los poderosos, el enriquecimiento a cualquier precio, la mentira y el fraude, y la forma más rápida de poner fin a esta infamia es que entreguen la lista de los defraudadores a una comisión de investigación parlamentaria en aplicación de la legislación vigente, y mientras, señora vicepresidenta, no vuelvan a hablar de transparencia ni de regeneración sin que se les caiga la cara de vergüenza. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Hernando. Señora vicepresidenta.
Señor Hernando, la mejor manera de proteger a todos esos contribuyentes es que en este país, con este Gobierno, cuando hay algún fraude fiscal, se persigue, con independencia de cómo se llame el que no haya firmado su declaración tributaria. [[Rumores]] Mire, señor Hernando, yo sí confío en la Agencia Tributaria, confío en los fiscales y confío en los jueces. En los que no confío es en ustedes, porque la mayor burla a todos esos contribuyentes es que durante todo el tiempo de la crisis pagaron un montón y, sin embargo, ustedes hundieron las cuentas, y por eso hubo que hacer una amnistía fiscal. Y no se me ponga estupendo, porque ustedes valoraron también hacerla. Sin embargo, los ciudadanos los echaron del Gobierno y nosotros tuvimos que pagar el agujero de los 70.000 millones de euros. [[Rumores]] Señor Hernando, cae usted en sus propias trampas y le voy a decir una cosa bien clara: quien todos los días se dedica, no con una sino con dos ruedas de prensa - para desmentir la anterior -, como hace usted, a tapar la corrupción de los suyos no puede pretender que nosotros no trabajemos contra el fraude, y lo hacemos, todas las instituciones del país, no ustedes. Ustedes quieren que se publique. Yo quiero que se investigue. [[El señor Hernando Vera vuelve a mostrar la fotografía en la que se ve al señor De Rato Figaredo siendo introducido en un coche.-La señora Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben]] Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora vicepresidenta. Señora Ramón, le ruego silencio. [[Rumores]] - DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO ABORDA EL GOBIERNO LA CATÁSTROFE HUMANITARIA QUE SUPONEN LOS CONTINUOS EPISODIOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL MEDITERRÁNEO COMO CONSECUENCIA DEL NAUFRAGIO DE SUS EMBARCACIONES? [[Número de expediente 180/001279]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta en primer lugar el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cómo aborda el Gobierno la catástrofe humanitaria tras los continuos episodios de desaparición de inmigrantes en el Mediterráneo a consecuencia del naufragio de sus embarcaciones?
Gracias, señor Heredia. Señor ministro.
Le agradezco especialmente la pregunta porque ante las tragedias que estamos presenciando lo único que no podemos hacer es caer en lo que el Papa ha llamado la globalización de la indiferencia. Como usted sabe, señoría, el aumento de la pobreza y el hambre, la inestabilidad, los conflictos civiles y el sectarismo religioso están provocando que en este momento haya un número mayor de desplazados internos, de refugiados y de inmigrantes que ha habido nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Es una labor que debemos afrontar todos juntos a nivel de Naciones Unidas y a nivel europeo y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El Gobierno del presidente Rajoy lo primero que hizo fue resucitar el llamado Grupo del Olivo, que agrupa a los países del Mediterráneo más afectados por el fenómeno, que se reunieron en Alicante para hacer una declaración sobre inmigración, que fue corregida en París y que fue evaluada en la reunión de Barcelona, y eso formará parte, gracias - insisto - a la iniciativa de este Gobierno, del plan de inmigración que está preparando el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea. Yo mismo me desplacé al Consejo de Seguridad hace muy poco tiempo con ocasión de un pleno sobre protección de minorías religiosas, que es otra de las causas que fomentan la inmigración.
Muchas gracias, señor ministro. Señor Heredia.
Señor ministro, más de 20.000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo en los últimos quince años. Este año ya van 1.500 y en una semana han sido 1.000, sobre todo mujeres y niños. Cada día que pasa esta tragedia crece exponencialmente y está en la misma frontera sur de Europa, se ve desde nuestras costas, llega a nuestras playas, está aquí. Mientras, los dirigentes europeos prefieren mirar para otro lado para no ver el problema. No podemos seguir impasibles ante esta tragedia. El hambre y, sobre todo, las guerras, que acaecen en muchos países, en muchas zonas del África Subsahariana, pero también en países como Libia, Eritrea, Siria, Yemen o Irak están provocando que cientos de miles de personas pretendan huir en un intento desesperado de salvar sus vidas y la de sus hijos. Usted sabe bien que estas personas van a seguir saliendo de sus países, que estas personas van a seguir jugándose la vida y la conciencia europea está obligada a salvar sus vidas. La Unión Europea no puede continuar de brazos cruzados y, España, no puede limitarse a pedir solidaridad a la Unión Europea, sino que tiene que decir alto y claro qué va a aportar. Señor ministro, me gustaría que usted nos diese algunas explicaciones. Por ejemplo, me gustaría que nos explicase por qué su Gobierno ha desmantelado la cooperación con los países de origen, por qué su Gobierno se niega a ampliar las funciones del Frontex para permitir salvar las vidas de estas personas y cuántas patrulleras, cuántos helicópteros y cuántos barcos de salvamento va a destinar a esta misión. ¡Claro que hay que luchar contra las mafias! Pero en serio; son mafias que mueven todos los años millones de euros en paraísos fiscales. Por cierto, unos paraísos fiscales que son muy familiares para algunos compañeros de su partido político. [[Rumores y protestas]] Señor ministro, hace tiempo que deberíamos haber pasado de las lamentaciones a la acción. Necesitamos hechos y no buenas palabras. Europa no puede continuar más tiempo con su vergonzoso silencio que está provocando que convirtamos nuestro mar común en una fosa común. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Heredia. Señor ministro.
Coincido con casi todo lo que ha dicho y me alegra porque la alta representante es del Grupo Socialista y, si ustedes han restablecido las relaciones con los otros partidos de Europa dentro de su grupo, estoy seguro de que estas observaciones serán bien canalizadas por sus representantes allí. Para abordar un tema tan difícil como este, no se pueden mezclar cosas. No sé si ha sugerido que alguno de los emigrantes que han perdido la vida tenía su domicilio en un paraíso fiscal, y me parecería un humor negro propio de La Codorniz y no propio de esta Cámara. Para luchar contra la inmigración hay que saber, como todo en política, qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, hay que controlar la inmigración ilegal que es aprovechada por las mafias que operan en Estados fallidos. En segundo lugar, hay que establecer mecanismos de entrada legal e integración de los emigrantes para que vivan en condiciones de dignidad. En tercer lugar, hay que cooperar con los países de origen y destino. Quiero recordarle que España está mucho más cerca de Italia que de las costas africanas, en concreto de Marruecos, de Mauritania y Senegal, y que gracias a la acción exterior de este Gobierno el drama de la inmigración no se produce en estas costas, se produce en otras costas y con destinos…
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON ANTONIO GALLEGO BURGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN LA REUNIÓN MINISTERIAL INFORMAL CON LOS PAÍSES DE LA VECINDAD SUR QUE TUVO LUGAR EL 13 DE ABRIL EN BARCELONA? [[Número de expediente 180/001266]]
Pregunta también dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que formula el diputado don Antonio Gallego del Grupo Popular.
Señor ministro, en primer lugar, quisiera felicitarle y agradecerle, como catalán y barcelonés, que el Gobierno de España haya vuelto a situar a la ciudad Condal en el epicentro de la política europea, al albergar la reunión ministerial con los socios meridionales sobre el futuro de la política europea de Vecindad el pasado día 13. Barcelona siempre ha sido una capital catalana, una capital española del Mediterráneo, una ciudad abierta de acogida y desde hace siglos ha servido de puente entre diferentes culturas del Mediterráneo. Por tanto, nos alegramos muchísimo de que además haya elegido a Barcelona, que fue la ciudad que acogió la primera piedra de la política europea con nuestros vecinos de la cuenca mediterránea. España ha demostrado un indiscutible liderazgo en esa cuestión y esos compromisos de seguir trabajando con nuestros vecinos del sur siguen siendo tremendamente importantes. Hay algunas cuestiones en las que hay que seguir trabajando como fomentar la estabilidad política y económica del área, estrechar los lazos comerciales energéticos y culturales con nuestros vecinos del sur y la gestión ordenada de los flujos migratorios para acabar, de una vez por todas, con los dramas desgarradores que todos tenemos en mente y, además, luchar contra el terrorismo yihadista, nuestra principal amenaza común. Por todas estas cuestiones, y sabiendo que la cumbre fue intensa y se han tratado asuntos de remarcado interés, le queríamos preguntar cómo ha valorado la reunión y cuáles han sido los principales avances y conclusiones. Muchas gracias, señor ministro. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gallego. Señor ministro.
Muchas gracias por la pregunta. No la he valorado yo. Se valoró en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebró este lunes, en el que el Gobierno recibió toda suerte de felicitaciones por haber organizado una reunión que no se celebraba desde hacía siete años, y por haber convocado a 22 de los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la ribera norte y 7 de los 8 ministros de la ribera sur. Fue un éxito de organización y se visualizó la importancia de la vecindad sur respecto a la vecindad este. El Gobierno decidió convocar la reunión de Barcelona porque dentro de muy poco tiempo se va a celebrar la reunión de Riga, que es la vecindad este. Queríamos decir que el sur también existe. Somos conscientes de que la mayoría de los conflictos congelados están en nuestra vecindad este - en Georgia, Moldavia, Ucrania -, pero no es menos cierto que el sur reclama atención. Hemos logrado que se ratifique la regla de distribución de un tercio para el este y dos tercios para el sur, pese a las dificultades y a la atención que despierta esa frontera. Hemos logrado que se institucionalice la vecindad sur. La vecindad este tiene un mecanismo de colaboración permanente, la Asociación Oriental, que se ha reunido ya tres veces. La vecindad sur hasta que llegó este Gobierno no tenía semejante mecanismo y hemos decidido que sea la Unión para el Mediterráneo la que realice esta función. Desde el punto de vista de contenido, hemos tratado de temas profundamente humanos: la juventud, la formación, el empleo, la educación y fundamentalmente la emigración. Quisiera decirle, empalmando con la acción anterior, que este Gobierno está en todas las operaciones de mantenimiento de la paz que son necesarias para erradicar los conflictos que causan la emigración. Estamos en Somalia, República Centroafricana, Mali y Níger y hemos ofrecido nuestros servicios en Libia. Hemos hecho además todo lo que hay que hacer para prevenir en vez de atajar conflictos. Somos miembros activos de la Alianzas de Civilizaciones y del Diálogo Intercultural e Interreligioso en Viena. Hemos hecho lo posible para institucionalizar los Estados fallidos frágiles que son el origen de muchos de estos dramas y hemos puesto en marcha el programa Masar - camino, en árabe - para el norte de África y el programa Apia para el sur. Desde el punto de vista de la cooperación, hemos concentrado nuestros esfuerzos - los escasos recursos que nos dejaron los de enfrente - en veintitrés países y en aquellos sectores que más… [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿LE PARECE ADMISIBLE QUE UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO, QUE ES REGISTRADOR, PRIVATICE EL REGISTRO CIVIL EN BENEFICIO DE SU PROPIO GREMIO? [[Número de expediente 180/001265]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Martínez Gorriarán del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, le pregunto cómo justifica la privatización del Registro Civil. Ya he leído sus declaraciones. No hace falta que se moleste en decirme que no hay ninguna privatización, porque no es así. Hay una privatización encubierta y ahora lo hablamos tras sus explicaciones. También le pregunto si usted no encuentra ningún tipo de conflicto de intereses en que esa privatización encubierta se haga en un Gobierno que preside un registrador de la propiedad. Es una profesión muy digna, pero no deja de ser curioso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor Martínez Gorriarán, como bien dice usted, conoce cuál es la posición de este ministro y de este Gobierno, por tanto, permítame que le haga dos aclaraciones. En primer lugar, ni el presidente del Gobierno ni el Consejo de Ministros ni el ministro de Justicia tienen ninguna intención de privatizar el servicio del Registro Civil; al contrario, tenemos un compromiso de mejora como ya la Ley 20/2011 manifestaba. En segundo lugar, señoría, estaríamos haciendo un servicio al entendimiento de la opinión pública sobre esta cuestión si hablamos de un servicio público de calidad y de su funcionamiento y no introducimos elementos de confusión. Los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos. Le puedo facilitar a su señoría un buen dosier de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, si tiene tiempo e interés para leerlo. Podemos hablar del Registro Civil y estaré encantado de que lo hagamos y, sobre todo, de conocer su propuesta, pero, en todo caso, no hay ningún escenario de privatización. Esté tranquilo su señoría y estén tranquilos todos los ciudadanos españoles. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro, debe ser que a ustedes las privatizaciones les salen sin darse cuenta; se ponen a hacer cosas y, de repente: ¡Ahí va! Me ha salido una privatización. Qué cosa tan extraordinaria porque incluso los registradores de la propiedad, a través de su órgano oficial que es el colegio oficial, han rechazado lo que denominan una privatización. Según ustedes ni siquiera los registradores de la propiedad saben lo que está ocurriendo con el Registro Civil, lo cual ya es extraordinario. No me diga que son funcionarios públicos, porque no son funcionarios del Estado, no tienen una plaza pública; son funcionarios que han accedido a una plaza pero que dirigen negocios privados, y si alguien dirige un negocio privado, por mucho que sea de un cuerpo especial del Estado, no es un funcionario que está cumpliendo funciones administrativas, sino alguien que dirige un negocio privado, lo cual es muy respetable. Lo que no es respetable es convertir una dependencia del Ministerio de Justicia en un servicio privatizado de modo encubierto, además, con su extraña pretensión de que los registradores deberían hacerlo gratis, cosa que a los registradores les tiene verdaderamente entusiasmados. Nadie considera ni cree que se mejore técnicamente ni de ninguna manera el Registro Civil basándose en los registradores de la propiedad que, además, en su gran mayoría - aunque haya alguna minoría, que ya aflorará - no quieren ese traspaso, no quieren esa llevanza. Aquí de lo que se está tratando es de una privatización encubierta. Llamen ustedes a las cosas por su nombre, dejen de marear diciendo que una privatización es una privatización y no otra cosa. Esa es la cuestión. Tienen ustedes y lo siento - lo hemos hablado otras veces - una credibilidad cero en materia de justicia: ni las tasas judiciales sirven para mejorar la Administración de Justicia ni están dotando a los juzgados de medios; han mantenido las tasas judiciales a las pymes y a las entidades jurídicas, han dejado abandonado y en una situación patética el turno de oficio de la justicia y ahora, además, lo que están haciendo es desmantelar otro servicio público más, entregándolo a unos registradores que, encima, no lo quieren recibir. Es completamente increíble que usted diga que eso no es una privatización. Será que es otra cosa, será el caos organizado o el desmadre y el desmantelamiento de los servicios públicos. Eso sí que lo es, ya se lo digo. Desde luego, todo el mundo menos ustedes - usted en particular - está de acuerdo en que es una privatización y encubierta y en que hay un conflicto de intereses, señor ministro. Lo siento, así son las cosas.
Gracias, señor Martínez Gorriarán. Señor ministro.
Gracias, presidente. Señor Martínez Gorriarán, entiendo que a su grupo le interese apuntarse a esta polémica. Es la cuarta vez que intervengo en esta Cámara para hablar de lo mismo y para reiterar, en primer lugar, el compromiso del Ministerio de Justicia con la mejora del Registro Civil y que es un servicio público más de los que se prestan desde la Justicia. Hay una ley que aprobó esta Cámara que mandató la desjudicialización de los registros, es decir, que no sean los jueces los que lleven los registros civiles. Parece algo razonable. Señor Martínez Gorriarán, le tengo respeto intelectual; estoy seguro de que usted en materia de historia y filosofía me puede explicar muchas cosas, pero en materia jurídica le noto alguna laguna, porque estoy dispuesto a facilitarle la Ley Hipotecaria, las sentencias del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo para que perciba que los registradores son funcionarios públicos, funcionarios del Estado, sometidos a la tutela del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, lo que hacen los registradores es un servicio público ordenado por el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, he dicho reiteradamente a las comunidades autónomas, a los sindicatos y en esta sede parlamentaria que estamos absolutamente dispuestos a trabajar con los grupos para encontrar el mejor modelo que desarrolle la Ley 20/2011 que aprobó esta Cámara por mayoría de todos los grupos parlamentarios. Estaré encantado de conocer la propuesta de su grupo y de otros cuantos que también se han manifestado en esta materia: que lo lleven los secretarios judiciales, que lo sigan llevando los jueces, que lo lleven los secretarios de ayuntamiento. Estaremos encantados de estudiar cualquier alternativa. De momento, la nuestra es que unos funcionarios puedan desempeñar esta función. En todo caso, lo someteremos a diálogo con todas las partes interesadas en esta materia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN [[CONVERGÈNCIA I UNIÓ]], QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA HA DECIDIDO DISTRIBUIR ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOLO 6 DE LOS 564 MILLONES DE EUROS RECAUDADOS EN CONCEPTO DE TASAS JUDICIALES, QUE DEBERÍAN SER DESTINADOS A FINANCIAR LA JUSTICIA GRATUITA? [[Número de expediente 180/001277]]
Pregunta dirigida igualmente al señor ministro de Justicia, del diputado don Jordi Jané del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]]
Gracias, señor presidente. Señor ministro de Justicia, ¿cómo justifica que de los más de 560 millones de euros que han recaudado en concepto de tasas judiciales destinen, un dinero que estaba vinculado a la asistencia jurídica gratuita, solo 6 millones a las comunidades autónomas, que son precisamente las que tienen que atender en sus territorios, cuando tienen esa competencia, esa asistencia jurídica gratuita? ¿Cómo lo justifica, señor ministro?
Muchas gracias, señor Jané. Señor ministro.
Gracias, presidente. Señoría, se justifica de manera muy sencilla, porque no tienen nada que ver. El presupuesto del Ministerio de Justicia, en el que aparecen por primera vez este año 6 millones de euros para formalizar convenios de colaboración con las comunidades autónomas que tienen competencias en medios materiales y personales de la justicia, que ya hemos empezado a desarrollar en la conferencia sectorial que celebramos hace dos semanas, no tiene nada que ver con las tasas de la justicia. Las tasas judiciales tienen un origen, un hecho imponible, una gestión que es absolutamente estatal, además, por supuesto, de que ningún ingreso tributario está vinculado a un gasto concreto, sino que lo que hace es financiar el Tesoro público. No tienen nada que ver las tasas judiciales con la financiación de las comunidades autónomas, como ustedes saben, porque cuando, en el caso de la Generalitat de Cataluña o de cualquier otro Gobierno autonómico, recibieron la transferencia de los medios materiales y personales obtuvieron la financiación suficiente y adecuada, que ha evolucionado conforme al modelo de financiación autonómica que existe en nuestro país. Son cuestiones totalmente distintas.
Gracias, señor ministro. Señor Jané.
Señor ministro, sorprende su respuesta, se aparta de la legalidad. Usted dice que no tiene nada que ver, pero el artículo 11 de la Ley de Tasas aprobada por estas Cortes Generales, que por cierto aprobaron en absoluta soledad, con el voto en contra del resto de grupos parlamentarios y la oposición de los colegios de abogados y procuradores, y que han tenido que rectificar, dice lo siguiente: La tasa judicial se considerará vinculada al sistema de justicia gratuita. Usted dice que no tiene nada que ver, pero si no tiene nada que ver ¿por qué destina ahora 6 millones? No debe destinar 6 millones, debe destinar el coste de ese servicio de asistencia jurídica gratuita que tienen las comunidades autónomas que han asumido esa competencia. Eso es lo que deben asumir, y eso, señor ministro no es generosidad, es equidad; eso no es hacer un regalo a las comunidades autónomas, eso es justicia; eso no es arbitrariedad, es cumplir precisamente lo que dice ese artículo 11, artículo que han aprobado y que después, cuando se tiene que trasladar vía presupuestos, se olvidan de él. Por tanto, se reclama por los Gobiernos de las comunidades autónomas, por los colegios de abogados, los abogados, los procuradores, porque están realizando un servicio, unas mejoras. Le daré un dato: Solo en el año 2013 a la Comunidad Autónoma de Cataluña le supuso 60 millones de euros atender sus competencias en la asistencia jurídica gratuita, y ese año, de esos 60 millones, 2,3 millones eran por el sobrecoste que supuso la Ley de Tasas del año 2012, porque se amplió, y personas que no tenían que justificar una insuficiencia de ingresos se acogieron a ello. En consecuencia, le pedimos equidad y que cumplan con las comunidades autónomas, señor ministro. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Jané. Señor ministro.
Gracias, presidente. Señoría, insisto, ese crédito que está en el capítulo de transferencias corrientes del Ministerio de Justicia no tiene su origen en las tasas judiciales, sino en el presupuesto que esta Cámara aprobó para el conjunto de las atenciones del Misterio de Justicia. Ese crédito está destinado a muchas cuestiones: a mejorar la Administración de Justicia, a incorporar la justicia electrónica, a mejorar la oficina judicial, y a todo eso es a lo que se va a dedicar la financiación que se acordó, su reparto, sus objetivos, en la conferencia sectorial que mantuvimos hace un par de semanas, en la que también participó el consejero de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Señoría, las tasas judiciales tienen un hecho imponible, y es el ejercicio de la función jurisdiccional; y ese hecho imponible es una competencia exclusiva del Estado. La Generalitat de Cataluña ha constituido una tasa propia en el ejercicio de sus competencias, y me parece muy legítimo y, además, muy razonable que lo haga. La financiación del turno de oficio, de la asistencia jurídica gratuita que abona la Generalitat a los abogados en Cataluña lo hace con el crédito que en su día se transfirió y que formó parte de las transferencias que recibió la Generalitat. Ese crédito ha evolucionado, ha ido aumentándose, ha ido creciendo, y seguramente es suficiente para atender los gastos. Es la decisión del Gobierno de Cataluña poner más o menos dinero en ese crédito, como es su decisión, por ejemplo, subir el baremo que el Estado paga a los abogados en nuestro territorio. Si tiene un gasto adicional tendrá que tener financiación propia, no financiación por parte del Estado. Por tanto, ese es el ejercicio de lealtad que hacemos con todas… [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL ALCANCE DE SU AMNISTÍA FISCAL DE 2012 SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA COMO EL EXVICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA ENTRE 1996 Y 2004, RODRIGO RATO? [[Número de expediente 180/001278]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don Alberto Garzón, del Grupo de La Izquierda Plural.
Señor ministro, ¿cómo valora el alcance de la amnistía fiscal de 2012 sobre los beneficiarios, entre quienes se encontraba el exministro de Economía durante ocho años, Rodrigo Rato?
Gracias, señor diputado. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señor diputado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no habla nunca en público de nombres propios. [[Risas.-Rumores]] No lo hace.
Por favor, ruego silencio.
Aludo a las actas de sesiones. Cuando se ha mencionado aquí en alguna de las comparecencias del ministro un nombre es porque el afectado lo ha declarado públicamente. Esa es la gran diferencia. Y ha hecho, incluso, un comunicado público, como ocurrió con el señor Pujol. Esa es la gran diferencia. De todas formas, señor Garzón, me parece contradictorio y paradójico que su señoría utilice la expresión amnistía y, a continuación, hable de una persona que, según las informaciones que todo el mundo conoce a través de los medios de comunicación, está siendo investigado por la fiscalía por varios presuntos delitos fiscales. Una cosa o la contraria, señor Garzón. Le ruego a su señoría es un poco de coherencia. Aunque sé que pedirle coherencia, en fin, es pedir extremos de responsabilidad, y su grupo muchas veces [[Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben]]está obsesionado con un planteamiento político determinado como hacer la competencia a otro grupo político que no está sentado en esta Cámara; se dedican a ello. Gracias señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Señor Garzón.
Señor ministro, habrá que recordarle que usted y su propia amnistía fiscal no investigaba el origen de los fondos; no investigaba si eran delitos o no eran delitos; de si procedían del tráfico de la droga o si procedían de cualquier otro tipo de delito. Lo que ha ocurrido con don Rodrigo Rato - a quien algunos llaman ese señor, pero que tiene nombre y apellidos y también tiene una historia vinculada al Partido Popular - es que ha habido un juicio por otro mecanismo, que no es el que comparte el Gobierno, que ha permitido ponerlo en relieve. Pero no ha sido usted; no ha sido usted. Ha sido el propio mecanismo judicial. Y esa amnistía fiscal, que solo ha recaudado 1.200 millones - la mitad de lo que usted pensaba que se iba a recaudar -, en realidad, sirvió para que muchos delincuentes pudieran blanquear su dinero. La sorpresa es que muchos de esos delincuentes resulta que, finalmente, han sido compañeros suyos de partido. Usted no está aquí como Cristóbal Montoro, amigo o compañero de Rodrigo Rato. Está como ministro de Hacienda y tiene que ser coherente; eso mismo que usted nos estaba pidiendo a nosotros y que hay que hacer extensible en todos los puntos. Si usted es una persona que ha sido capaz de señalar en público a determinados sectores como la cultura, los medios de comunicación, determinadas formaciones políticas, incluso individuos en persona, como usted que ha sido capaz de comparecer para hablar del caso Pujol, debería comparecer igualmente para hablar del caso de Rodrigo Rato; porque en el caso de Rodrigo Rato, además, se da la circunstancia de que era ministro de Economía. [[Aplausos]] Muchas de esas personas, señor ministro, se dicen a sí mismas patriotas y defensoras del sistema, pero son los peores delincuentes de todos. Son los que hacen que, finalmente, no haya dinero para la sanidad pública, la educación pública o las pensiones públicas. Y usted, como ministro de Hacienda, no puede ser cómplice de eso. Finalmente, lo que tenemos es una justicia indigna de tal nombre, porque en este país si te llamas Messi, si te llamas Cuatrecasas, o si te llamas con el nombre de cualquier otra gran fortuna, como don Emilio Botín, si pagas el dinero suficiente al negociar con su ministerio no entras a la cárcel, y eso no es justicia. Eso es indignidad. Por lo tanto, después de ver a tantos imputados investigados y dirigentes públicos del PP pasar por el juzgado, el caso de Alí Babá y los cuarenta ladrones se nos queda corto. Queremos conocer el resto de los 705 delincuentes, y usted puede hacerlo al apoyar rápidamente nuestro propuesta de ley para hacer público el nombre de esas 705 personas y el nombre del resto de personas, que se han acogido a su ministerio, para reconocer a los que son los delincuentes más peligrosos de todos. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor diputado. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señor Garzón, se tiene usted que rendir ante la evidencia. Es con este Gobierno con el que se están conociendo las declaraciones de bienes y derechos en el extranjero en una cuantía como no habíamos conocido en la historia de la Hacienda española. Es así, señor Garzón. Es ahora cuando la Agencia Tributaria está investigando la lucha contra el fraude sin tener en cuenta - como dije en esta tribuna - nombres, apellidos, amigos o enemigos. Eso es así, señor Garzón. El origen del caso que usted plantea no es el que ya estaba abierto en la Audiencia Nacional, en absoluto, sino que ha sido la investigación de la Agencia Tributaria llevada a la fiscalía, que es la vía correcta para hacerlo. A ustedes - a la izquierda - no les gusta ni una cosa ni la contraria. Lo que usted no quiere hacer, señor Garzón, es reconocer la realidad más evidente: que con este Gobierno, con el Gobierno del Partido Popular, se está luchando contra el fraude fiscal en unos niveles y con un grado de eficacia como nunca antes lo había hecho un Gobierno en España. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿DESDE CUÁNDO SABÍA EL GOBIERNO QUE EL EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS SE HABÍA ACOGIDO A LA AMNISTÍA FISCAL? [[Número de expediente 180/001270]]
Pregunta dirigida también al señor Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, desde cuándo conocía el Gobierno que el señor Rato se acogió a la amnistía fiscal. El señor Rato ha dicho que se lo dijo al Gobierno antes de hacer la declaración de la amnistía fiscal. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Saura. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señor Saura, lo que tiene que preguntarse usted y el Grupo Socialista… [[Rumores.-El señor Hernando Vera: Pregunta lo que quiere]], si me lo permiten, claro.
Ruego silencio, por favor.
Si a ustedes no les gustan las respuestas que doy, basta con que no me las formulen y punto. Así acabo antes, no se preocupe, señoría. [[Aplausos.-Protestas]] Lo que tiene que preguntarse el Grupo Socialista es por qué cuando existían 124.000 millones de euros en el extranjero de ciudadanos contribuyentes españoles y la recaudación tributaria caía en España 70.000 millones de euros ustedes - la señora Salgado, el señor Solbes y el señor Zapatero - no hicieron nada para corregir esa situación. [[Aplausos]] Eso es lo que usted tiene que preguntarse, a eso es a lo que tiene que dar respuesta. Ahora están en la oposición y por lo visto son distintos. El señor Sánchez estaba aquí ya en 2010 y no proponía ninguna iniciativa para luchar contra el fraude, como estamos haciendo en el Gobierno del Partido Popular, con limpieza y transparencia. Por supuesto, quien esté ahí - como dije en esa tribuna - tendrá que responder de sus actos, sea quien fuere y, por supuesto, que yo también. Sea quien fuere, pero unos cuanto antes también. Con toda tranquilidad, con toda tranquilidad, entre otros, algunos diputados suyos que están sentados en esa bancada todavía. [[Aplausos.-La señora Rodríguez García pronuncia palabras que no se perciben]] Dicho esto, le insisto en la idea de que el Gobierno tiene que valorar positivamente un proceso que fue la regularización extraordinaria y la Ley antifraude que ha permitido el afloramiento de estas cuantías. Cuando usted quiera comparecemos otra vez, debatimos y demás los elementos que sean pertinentes, pero es que llevan ustedes desde comienzo de la legislatura con esta cuestión, y no sé exactamente qué clase de rédito político le dan, pero por supuesto, tienen al Gobierno de España dispuesto a dar las explicaciones pertinentes. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. Señora Rodríguez, le ruego silencio. Señor Saura.
Gracias, señor presidente. Señor Montoro, hay una contradicción en lo que acaba de decir: usted en ese tiempo asesoraba para pagar menos impuestos. [[Aplausos]] Además, señor Montoro, lleva ocho días al frente del Ministerio de Hacienda desde que se ha conocido que el señor Rato se acogió a la amnistía fiscal. Lo suyo no aguanta un minuto, pero hágame un favor, hágales un favor a todos los españoles: antes de irse publique la lista de los 30.000 defraudadores. Además, señor Montoro, usted debe preocuparse de la amnistía que ha hecho, de la de hace veinticuatro meses, no de la de hace veinticuatro años donde se pagó el 50 % - el máximo - frente al 3 %. Además, señor Montoro, que completo ridículo ha hecho esta mañana. Lleva usted dos años y medio diciendo que España no ha habido una amnistía fiscal, que usted no ha hecho una amnistía fiscal y la vicepresidenta esta mañana ha dicho que ha habido amnistía fiscal. [[El señor Hernando Vera: Dos veces]] Ha sido un ridículo espantoso, señor Montoro. Ahora nos dice que usted no sabía nada, que no sabía que el señor Rato se acogió a la amnistía fiscal. ¿Para qué puso usted al frente de la Dirección de la Agencia Tributaria a la directora de gabinete del señor Rato cuando se elaboró y se aprobó la amnistía fiscal?, ¿para qué la puso, si no es para favorecer a los amigos, a los dirigentes del Partido Popular y al señor Rato? [[Aplausos]] Señor Montoro, ¿para qué puso al frente a la directora de gabinete del señor Rato? Usted va a pasar a la historia por ser el ministro de la indecente amnistía fiscal, y por muchas otras razones, pero esa es la primera razón por la que tendría que dimitir. Por cierto, este país no se merece un equipo en Hacienda tan frívolo como el suyo, un equipo que ha subido los impuestos a los españoles como nunca nadie en la historia de la democracia. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Gracias, señor Saura. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Este Gobierno lo ha hecho tan mal que España está creciendo y creando empleo a la cabeza de Europa [[Rumores]], y van dos ocasiones - van dos - en las que un Gobierno socialista arruina a España y un Gobierno del Partido Popular tiene que tomar las riendas de la política económica para sacar a España de la crisis. [[Rumores.-Aplausos]] Y van dos, señor Saura, van dos. Amigos; amigos tienen los españoles que tienen que confrontar… [[Aplausos]] - DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE HACIENDA QUE HA DADO SUFICIENTES EXPLICACIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL DESPACHO QUE FUNDÓ? [[Número de expediente 180/001271]]
Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula la diputada doña Patricia Hernández, del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Montoro, usted ya sabe que su situación es insostenible al frente del ministerio. Son demasiadas las explicaciones que tiene que dar y demasiadas veces las que dice que no quiere darlas. Le voy a dar una más por la que debería dar explicaciones: su relación con el despacho que usted fundó y las administraciones públicas. [[Una señora diputada: ¡Ahí le duele!-Aplausos]]
Gracias, señora Hernández. Señor ministro.
Señoría, superado el prejuicio de que fundar una empresa en España es algo pecaminoso - desde luego para la izquierda lo es, y así va España cuando gobierna la izquierda - [[Rumores]], ya le he explicado - lo hice desde la tribuna - que yo dejé la empresa a cuya fundación contribuí hace siete años, en abril de 2007, y en el tiempo en que estuve en ella no hubo ningún contrato con administraciones españolas. Tan sencillo como eso, señora diputada. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Señor Montoro, usted sigue siendo moroso en sus explicaciones, como parece que también es moroso con su comunidad de vecinos. La empresa consultora Montoro y Asociados, ahora llamada Equipo Económico, no es la puerta giratoria del PP, es algo así como una puerta abierta donde entran y salen; una más donde la derecha - o, mejor dicho, ustedes - mezclan lo privado con lo público, los clientes con los contribuyentes. Lo funda usted, Beteta contrata con lo que usted funda y luego usted se lleva a Beteta al ministerio de número dos. Lo funda usted, doña Engracia Hidalgo contrata con su despacho y luego, qué casualidad, Engracia Hidalgo se sienta como secretaria de Estado de su Gobierno. Parece una broma: ustedes lo fundan y ustedes contratan. Son como ardillitas, que pasan de lo público a lo privado y de lo privado a lo público pero contratándose a sí mismos. Son demasiadas razones por las que usted debe dar explicaciones y por las que debe dimitir. Esta es una más. Los ciudadanos ven a un ministro de Hacienda que pierde las elecciones, monta un despacho mientras sigue cobrando de lo público, más sobresueldos del Partido Popular; después abandona el despacho, pero siguen estando en ese despacho los miembros de su gabinete cuando era ministro; luego vuelve al Gobierno, donde se lleva a los que han contratado con usted. La gente se pregunta si ese despacho va a recibir un trato diferente al de los demás despachos o si los clientes de ese despacho reciben un trato de favor como contribuyentes. Es más, le voy a hacer una pregunta directa: ¿cuántos de esos clientes de Montoro y Asociados o de Equipo Económico se acogieron a la amnistía fiscal? ¿Cuántos de esos pertenecen a la lista de los 30.000? Publique esa lista y lo podremos ver. Cuando los ciudadanos conocemos que se adjudican contratos públicos a un despacho que usted ha creado, tenemos derecho a preguntarnos si a ese despacho se le trata igual que a los otros, y no es asunto particular. Como tampoco es un asunto particular lo del señor Rato, que se acogió a una amnistía fiscal pública. ¿Cuántos de esos amnistiados… [[Aplausos]]
Gracias, señora diputada. Señor ministro.
Señor presidente, señoría, si uno sale de una empresa, sale de esa empresa. Me preguntan por la actividad de la empresa. ¡Pero cómo voy a explicar la actividad de una empresa en la que no estoy! [[Risas]] De verdad que es una cosa fantástica, y lo entiendo. Ustedes llevan desde el comienzo de la legislatura con este tema; la anterior portavoz llegó a subir a esa tribuna y a decir que la llamada amnistía fiscal la habíamos hecho por ese despacho. Es una cosa fantástica. De verdad que tiene uno que escuchar unos argumentos que realmente son epatantes. La declaración tributaria extraordinaria es algo que han utilizado 39.000 contribuyentes, un procedimiento que después ha llevado a que haya 140.000 contribuyentes declarando fuera de España por valor de 124.000 millones de euros. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que hacen ustedes lo entiendo. Ustedes, como ya les dije el miércoles pasado, que me dedicaron una sesión extraordinaria - y todas las que hagan falta -, lo que quieren es que me marche del Gobierno [[Varios señores diputados: ¡No hombre, no!]] No se preocupen, que ya me iré, esto no es eterno, nada en la vida es eterno, pero antes vamos a sacar a España de esta crisis [[Risas.-Rumores]], si me permiten. Cuando yo volví aquí a denunciar que un Gobierno socialista la estaba hundiendo cada vez más, ustedes defendían a ese Gobierno socialista y asistían pasivamente a que la Hacienda pública perdiera 70.000 millones de euros, sin descubrir a uno solo de esos supuestos defraudadores que tenían bienes en el extranjero. Excelente hoja de servicios. Cada uno a lo suyo, ya lo sabemos. Desde el Gobierno del Partido Popular nos dedicamos a sacar a España adelante y ustedes, cuando lleguen, ya veremos lo que hacen. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VIRTUDES MONTESERÍN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL IMPACTO DE SU REFORMA LOCAL SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS? [[Número de expediente 180/001272]]
Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la diputada doña Mariví Monteserín, del Grupo Socialista.
Señor ministro, le formulo la pregunta que figura en el orden del día.
Gracias, señora diputada. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señora diputada, en relación con el funcionamiento de los ayuntamientos en España y la prestación de servicios públicos, hoy los ayuntamientos en España están saneados - no lo estaban a comienzos de la legislatura -, hoy los ayuntamientos en España han contado con los mecanismos de financiación instrumentados por el Gobierno - como usted sabe, desde el Plan de proveedores - y también a finales de mes se pondrá en marcha el llamado FLA social, que garantizará que en aquellos casos en que los ayuntamientos estén desarrollando prestaciones sociales y las comunidades autónomas no estén cumpliendo con la financiación de los convenios, será el Gobierno de España el que facilite esos recursos. Por tanto, estamos avanzando mucho en términos de delimitación de las competencias entre lo que es la Administración local, la Administración autonómica y la Administración central en esta legislatura. Y, por supuesto, tengo que agradecer y valorar la colaboración de los ayuntamientos, que ha permitido que España cumpla sus objetivos de déficit con la Unión Europea y de esa manera se genere el ambiente de confianza dentro y fuera de España para que podamos tener esta etapa de recuperación económica y de creación de empleo que estamos viviendo. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Señora Monteserín.
No, señor Montoro, le voy a dar un tercer motivo para dimitir que no tiene nada que ver con el pasado ni con el Gobierno socialista, sino que tiene que ver con su actuación. Usted ha hecho con la Ley de reforma de la Administración Local un ataque sin precedentes a los ayuntamientos, la institución más cercana a los ciudadanos y la que más medios está poniendo para amortiguar los efectos de sus políticas de austeridad en el empobrecimiento de la población. Se escudó usted en el equilibro presupuestario para hacer una Administración vacía de competencias. Señor Montoro, este es un país municipalista y esta ley, que es técnicamente mala, está mal concebida y está mal conformada, también pretende fulminar este sentimiento municipalista, que es la base de la democracia. Una ley que no convence ni a sus propios alcaldes. Tan es así que ahora usted es incapaz de presentar el reglamento que pudiera clarificar algo. Usted no midió los efectos de la ley; usted, como siempre, está en otra; usted está a lo suyo, a su despacho, a sus negocios, a sus amnistías. Los problemas reales, los de las víctimas de violencia, los de los desahucios, los de los parados, los de las personas dependientes, esos llegan a las alcaldías y a las concejalías, y su ley les ha sustraído la posibilidad de actuar, de mitigar, de resolver esos problemas. Tan es así que estos alcaldes se ven obligados a hacer ingeniería administrativa. Sí, señor ministro, ingeniería administrativa para sortear las trampas de su ley, para no permanecer impasibles ante los problemas, porque usted ha convertido sus funciones en un galimatías, un desbarajuste competencial que provoca inestabilidad jurídica, problemas de gestión e incapacidad para resolver y garantizar los derechos de los ciudadanos. Señor Montoro, es una ley que solo produce exceso de burocracia y pérdida de democracia. Por eso, le doy una tercera razón para dimitir. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Monteserín. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señora Monteserín, la tercera o la cuarta. Está claro que esto no es un control al Gobierno, sino un reproche, pero además, difama, llega a decir que si yo me dedico a mis negocios. Difama que algo queda. Es su estilo cuando están en la oposición y, lo que es peor, cuando están en el Gobierno, porque lo que hacen no es dedicarse a sus negocios sino a arruinar a España. Eso es lo que hacen sistemáticamente. Menudo negocio hacen los españoles con ustedes, señora Monteserín, vaya negocio. [[Rumores]] Ahí tienen todo lo que hacen donde están gobernando y dejando su huella. Pero nosotros tenemos otro estilo de concebir el propio Gobierno de España, y ese estilo es el que está marcando que los ayuntamientos estén saneados. ¿Están saneados o no, señora Monteserín? Gran pregunta. No sé si intelectualmente la podrá responder. [[Rumores]] ¿Están saneados o no están saneados? ¿Estaban saneados a comienzos de esta legislatura o no estaban saneados? No, tenían un déficit, y los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo por contribuir a cambiar ese déficit por superávit. Este Gobierno ha convocado la Comisión Nacional de Administración Local durante esta legislatura como nunca antes se había convocado, cada vez que había un Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿Eso es dar un papel institucional a los ayuntamientos sí o no? En consecuencia, les damos la máxima categoría, el máximo papel y relieve a los ayuntamientos como representantes de la democracia española. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON JOAN RANGEL TARRÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE REÚNEN LOS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA? [[Número de expediente 180/001273]]
Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda del diputado don Joan Rangel, del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Señor ministro, espero que me responda porque le voy a hacer una pregunta de control y espero que, con su habitual estilo, no termine descalificándome. ¿Cuáles son los motivos por los que no se reúnen los órganos de cooperación entre el Estado y la Generalitat de Catalunya? En especial, me gustaría saber por qué no se reúne la comisión bilateral Generalitat-Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rangel. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. El Gobierno de España se ha reunido durante esta legislatura con los distintos niveles de gobierno de la Generalitat de Catalunya y en estos encuentros ha tenido una relación institucional correcta que ha permitido alcanzar numerosos acuerdos. Hemos mantenido esta relación institucional en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de las doce reuniones que ha celebrado la Generalitat ha participado en once. Igualmente, han sido frecuentes las reuniones de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos para tratar de solucionar discrepancias sobre la aprobación de leyes por el Parlamento de Cataluña. Ha habido treinta y una reuniones de la citada subcomisión. Es verdad que la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado no se ha reunido ni una sola vez en esta legislatura, es cierto, porque, como usted conoce perfectamente también, por parte de la Generalitat de Catalunya se ha convertido esta legislatura en una sistemática convocatoria electoral, para entendernos, desde el año 2012, cuando estaba convocada. A partir de ahí, como le digo, los demás órganos de relación han funcionado perfectamente desde la lealtad institucional, pero no se ha reunido esa comisión, insisto, porque ha fallado el sustrato político para que pudiéramos llevarla adelante. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. Señor Rangel.
Efectivamente, señor ministro, ni una sola vez. ¿Sabe cuántas veces se reunió con el anterior Gobierno? Desde 2007 a 2011, ocho veces. Figuran en la página web de su ministerio. Aquí sí que me puede decir: y tú más, porque nos hemos reunido muchas veces, y digo nos hemos en primera persona porque yo en aquellos momentos era delegado del Gobierno y por tanto participaba de las reuniones. Los temas tratados no eran menores, usted lo sabe. Esta comisión es un órgano al que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye una alta función en el marco general y permanente de relación entre los dos Gobiernos. Señor ministro, cuando los datos son tan evidentes, tan contundentes, no hay excusas que valgan, ni por una parte ni por la otra; es falta de voluntad política. Diría más, es falta de política con mayúsculas, porque se fía todo al politiqueo de vuelo gallináceo que solo busca el rendimiento electoral en el corto plazo. Señor ministro, defender el Estado de derecho implica poner en valor sus instituciones y los instrumentos de los que esas instituciones se dotan. Es necesario hacer que funcionen con toda normalidad y canalizar a través de ellas la acción política de diálogo, negociación y pacto para resolver los conflictos que se van planteando. Y mire hasta dónde hemos llegado. En ningún caso es justificable orillarlas y vaciarlas de contenido hasta hacerlas inoperantes. Esto no es defender el Estado de derecho, y es lo que ustedes han hecho, por iniciativa propia o con la excusa de las dos partes. No hay ninguna excusa para la inacción. ¿No cree que también es un buen motivo para replantearse lo que han dicho mis compañeros y solicitar su dimisión? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rangel. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. ¿Ve cómo acababa así? Da igual el tema de control, acaban así. Están en su derecho, por supuesto, faltaba más, pero yo también estoy en el derecho contrario, me lo van a reconocer por lo menos. Da igual el tema. Pero no da igual, al Gobierno de España le hubiera gustado tener la relación institucional máxima con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Usted sabe -¿o es que no lo sabe y no es catalán?- que ha habido circunstancias excepcionales planteadas desde la Generalitat de Catalunya, por cierto. ¿O ha sido el Gobierno de España el que las ha planteado en términos políticos en esta legislatura? A partir de esas circunstancias excepcionales, el Gobierno de España se ha dedicado a garantizar la financiación de los servicios públicos de los catalanes desde la máxima lealtad institucional y, por tanto, a impulsar la recuperación económica de Cataluña con independencia de las cuestiones políticas que se siguen planteando desde sus órganos de Gobierno. Eso es lo que realmente importa… [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL MINISTRO DE HACIENDA RESPECTO DE LA DENUNCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE EL PAGO DE COMISIONES A ALTOS CARGOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN ESA COMUNIDAD AUTÓNOMA? [[Número de expediente 180/001280]]
Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Juan Luis Gordo, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, a través de un medio de comunicación hemos tenido conocimiento de que Hacienda ha constatado la existencia de un grupo organizado de personas y sociedades que cobraron hasta 110 millones de euros por agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León. De la información conocida, sabemos que han participado altos cargos sumisos en la trama orquestada por la Consejería de Economía del señor Villanueva. ¿Qué nos puede informar al respecto? [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gordo. Señor ministro.
Gracias, señoría. No le puedo informar de nada, obviamente, porque estamos hablando, como usted bien destaca, de una información periodística relativa a una investigación iniciada en la Agencia Tributaria y, por supuesto, el señor Villanueva y la Consejería de Economía de Castilla y León ya han dado las explicaciones públicas pertinentes. Por lo menos reconózcame que la Agencia Tributaria está funcionando con objetividad. [[Rumores]] ¿O no me lo reconoce en ningún caso? Ustedes no reconocen - como les decía antes - ni un caso ni el contrario, es una cosa realmente asombrosa. Si hubiera dirección política y voluntad de ocultar, ¿conoceríamos todo esto que estamos conociendo? Y ahora vamos a preguntarnos por qué no se conocía antes. ¿Eso no se lo pregunta ninguno de ustedes en su grupo parlamentario? ¿Funcionaban distinto? Ya me empiezo a preguntar si es que funcionaban distinto, porque realmente contrasta una época con la otra, contrasta muy fuertemente y ya me hacen dudar. Me hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela. Insisto, ¿por qué ahora se están conociendo tantos casos y tantos supuestos que vienen de antes todos, que no son de ahora? ¿Cuando ustedes estaban en el Gobierno y en esas instituciones qué ocurría? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Le ruego a su señoría que si quieren ser una alternativa de gobierno al Partido Popular en España la hagan con toda sinceridad y con toda lealtad, que es exactamente lo que esperan los españoles. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. Señor Gordo.
Señor ministro, lo que ha quedado claro es que la Agencia Tributaria está a su servicio, ayer lo pudimos comprobar en la comparecencia del director de la Agencia Tributaria. Mire usted, me preocupa Castilla y León: veintiocho años de Gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León nos han llevado a una despoblación exorbitante, nos ha llevado a la pérdida de jóvenes, al deterioro de los servicios públicos y esto nos preocupa. El Partido Popular en Castilla y León ha estado ajeno a los problemas de los castellanoleoneses, pero no ha estado ajeno a la corrupción. Se han sucedido distintas tramas: el caso Zamora, con el señor Aznar, el caso Gürtel, con el señor Merino, y ahora el caso de los parques eólicos, con el señor Villanueva. Señor ministro, aclárenos, explíquenos por qué las grandes empresas eléctricas han tenido que pagar cantidades exorbitantes para acceder a la licencia de los parques eólicos. ¿Por qué han tenido que pagar cantidades exorbitantes? Y se las han pagado a sociedades participadas por altos cargos. Hay nada más y nada menos que doscientos parques eólicos en Castilla y León, lo cual significa que ha habido un sobrecoste de 900 a 1.000 millones de euros. Aclárelo. Y díganos también si este sistema se ha extendido a otras comunidades autónomas. Díganos qué beneficios, quiénes reciben esos beneficios y por qué medios y si ha afectado a la tarifa eléctrica. Es su competencia y lo tiene que aclarar. Le digo más, el señor Herrera no ha querido comparecer en las Cortes [[La señora Sánchez García: ¿Cómo que no?]], lo mismo que usted no ha querido comparecer en esta Cámara para explicar el caso Rato. Dedíquense ustedes a otra cosa. España y Castilla y León necesitan servidores públicos y no personas que se sirvan a sí mismos. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gordo. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Castilla y León con los Gobiernos del Partido Popular han registrado una prosperidad, un crecimiento y una renta per cápita que la ha sacado de región Objetivo 1 de la Unión Europea. [[Rumores]] No, han sido ustedes los que lo han hecho; lo han hecho todo. Sobre los hechos a los que usted se refiere, a quien tendrá que preguntar no es al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas actual, le tendrá que preguntar al señor Sebastián [[Risas]], que es el ministro de Industria tutelante, al señor Montilla y al señor Clos, ¿o es que no hubo esos Gobiernos y esos ministros de Industria que fueron los que tenían la responsabilidad de tutelar todos los sistemas de adjudicaciones y de primas? [[El señor Gordo Pérez: ¡Es corrupción del PP!-Aplausos]]
Gracias, señor ministro.
Terminado el punto de las preguntas y antes de pasar a las interpelaciones quiero decirles a los señores diputados, de cara al orden del día de mañana, que el punto 30, debate de totalidad de iniciativas legislativas sobre el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, desaparece del orden del día porque había una enmienda a la totalidad del Grupo de Convergència i Unió que este ha retirado.
Interpelación urgente del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro. Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. [[Rumores]] Por favor, ruego a los que no van a seguir la interpelación que abandonen el hemiciclo y a los que vayan a hacerlo que se dispongan adecuadamente.
Gracias, señor presidente. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera que mis primeras palabras fueran para dar la bienvenida a los miembros de la Asociación Asdent de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, a su presidenta, Eva Jiménez, a su marido, David Muñoz, y a sus hijos, Marta, María y Nacho, y al mismo tiempo querría darles muchísimos ánimos y desearles mucha suerte en la búsqueda de recursos para la enfermedad de Dent de su hijo Nacho. Yendo directamente ya al objeto de esta interpelación, usted sabe perfectamente, señor Montoro, que el Grupo Catalán de Convergència i Unió siempre ha estado muy preocupado por las pequeñas asociaciones, por las microasociaciones, por todas aquellas fundaciones pequeñas sin ánimo de lucro porque les reconocemos el gran servicio que prestan a la sociedad. Por ello, hemos presentado esta interpelación para apelar a su sensibilidad social, señor ministro, que sabemos que la tiene, y para poder implementar una regulación diferente a la actual para que todas estas pequeñas asociaciones, estas microasociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, que basan su trabajo en el voluntariado de sus miembros, puedan estar exentas de presentar el impuesto sobre sociedades siempre y cuando no lleguen a los 100.000 euros de aportaciones o de facturación, independientemente de si tienen o no rentas exentas. A lo largo de esta legislatura hemos trabajado en esta dirección. Han sido muchos los planteamientos negativos que nos hemos encontrado y finalmente hemos llegado a un acuerdo sobre la legislación tributaria actual, pero todavía hoy estas pequeñas asociaciones, estas pequeñas fundaciones y estas pequeñas microentidades sin ánimo de lucro tienen grandísimos problemas para rellenar los impresos del impuesto sobre sociedades. Entonces, antes de que desaparezcan, antes de que desaparezca esta gran labor social que estas entidades pequeñas hacen y antes de que estas entidades pequeñas puedan incurrir en algún defecto fiscal que les pueda acarrear una multa o una infracción por sus actividades, nosotros quisiéramos llegar a un acuerdo con usted para poder resolver esta situación. Señor ministro - no sé si lo sabe, pero nosotros tenemos una serie de datos bastante realista -, estamos hablando de alrededor de 50.000 entidades entre asociaciones, microentidades y fundaciones. En un volumen global son 50.000 las entidades que se encuentran en esta situación de gran complejidad burocrática para poder presentar el impuesto sobre sociedades. También estamos hablando no solamente de 50.000 entidades, que son muy importantes, señor ministro, sino que estamos hablando de alrededor de más de 2 millones de ciudadanos españoles que están colaborando voluntariamente en este tipo de asociaciones. Suponen un volumen muy alto en el tejido asociativo español que conforman alrededor de 50.000 entidades de esta índole y de esta categoría y de más de 2 millones de personas que están asociadas a este tipo de entidades. Señor Montoro, nos gustaría, dado que esto no le va a presuponer ningún coste fiscal para la Hacienda pública - y vuelvo a repetir que esta no es una interpelación que vaya en la dirección de incrementar la recaudación fiscal del Estado, sino que van en la dirección de poder facilitar el trabajo a todas entidades para que puedan plantear y resolver temas sociales que la Administración y las corporaciones locales no pueden atender por su falta de recursos, por lo que lo ha de resolver voluntariamente la sociedad española -, que usted incrementara la felicidad de estos ciudadanos españoles que están realizando esta labor social de voluntariado. Por tanto, estoy hablando no de incrementar recursos, porque no se trata de esto hoy, sino de que Hacienda no pierda ni un euro en recaudación y de incrementar la felicidad de los ciudadanos españoles que, sin ánimo de lucro, están realizando una labor social impresionante. Creo sinceramente que hoy también es un día especial para que les podamos reconocer esta labor. Vamos a presentar una interpelación la próxima semana y nos gustaría sinceramente llegar a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, pero especialmente con el Grupo Parlamentario Popular que es el que dispone de la mayoría para poder alcanzarlo, y resolver esta situación dificilísima en la que se encuentran hoy inmersas muchísimas entidades - repito que más de 50.000- en toda España y más de 2 millones de ciudadanos que tienen posibilidades de incurrir en infracciones fiscales si no resolvemos esta situación. Básicamente me gustaría que cuando subiera hoy a esta tribuna, señor Montoro, pensara en la felicidad. Se trata de posibilitar la felicidad de muchísimos ciudadanos que están trabajando con objetivos sociales y sin ánimo de lucro para que la sociedad pueda recibir unos servicios que lamentablemente por falta de recursos no pueden dar las administraciones a día de hoy. Es importantísimo fijar dos objetivos básicos para que usted también esté más tranquilo y tenga más sensibilidad social. Repito que cuando usted quiere, la tiene. Primero, sepa que no le va a costar ni un euro lo que le estamos planteando y, segundo, buscamos evitar que estas sociedades desaparezcan y que los miembros de estas asociaciones y fundaciones sean felices haciendo su trabajo y no incurran en infracciones fiscales que puedan hacerlas desaparecer. Le voy a poner dos o tres ejemplos muy significativos y que apelarán a su sensibilidad. Un ejemplo es la asociación que nos está visitando hoy en el Congreso de los Diputados, Asdent, cuyos miembros son una familia - antes he dado la bienvenida a su presidenta Eva Giménez y a su marido David Muñoz - que tiene un hijo con una enfermedad rara de la que hay cuarenta casos en España. No tienen más remedio que buscar recursos económicos porque, como solamente hay cuarenta casos, no hay ninguna entidad farmacéutica que quiera investigar por cuarenta personas. En los hospitales les han dicho que si pueden sensibilizar a la sociedad y obtener 200.000, 300.000 o 400.000 euros allí van a investigar. La madre de esta asociación se ha dedicado a ir por toda Cataluña recogiendo tapones de plástico; hoy por toda Cataluña hay muchísimos puntos de recogida de tapones que Asdent lleva a reciclar. Por ese reciclaje cobra unos recursos que destina íntegramente a financiar la investigación sobre la enfermedad de su hijo Nacho para que no fallezca. Vamos a ver si lo consiguen. ¿Usted cree, señor ministro, que la asociación sin ánimo de lucro Asdent en la que trabaja toda la familia para obtener recursos ha de presentar el impuesto sobre sociedades como una empresa? Tiene aportaciones de los miembros de la asociación que, como usted sabe perfectamente, están exentas, pero si tiene una actividad económica ha de presentar el impuesto de sociedades como si fuera una empresa del Ibex 35 que factura 30.000 millones de euros. Esto no es lógico. Le podría poner multitud de ejemplos muy significativos. Hay asociaciones de padres y madres de colegios que se dedican a socializar los libros de texto para alquilarlos a las familias más necesitadas. Estas asociaciones, cuya actividad económica es la socialización de libros de texto usados - basta que tenga una actividad económica, independientemente de las cuotas -, tienen que presentar también el impuesto sobre sociedades. Señor ministro, desde Convergència i Unió le agradeceríamos - como seguramente muchísimas personas que hoy nos están escuchando - que pudiéramos ser objetivos a la hora de reglamentar esta situación. Repito que no pretendemos que Hacienda pierda un euro en la recaudación fiscal - usted sabe que somos implacables en este aspecto y siempre hemos estado al lado de la Agencia Tributaria, mande quien mande -, pero, al mismo tiempo, queremos evitar que este tipo de asociaciones con grandes fines sociales, con voluntariado y sin ánimo de lucro tengan que cerrar sus puertas - que no las van a cerrar - o tengan que verse inmersos en infracciones fiscales. Señor ministro, apelamos a su sensibilidad y le reclamamos que a lo largo de sus intervenciones y de la próxima semana podamos alcanzar un consenso para facilitar la felicidad de todas estas personas que, desinteresadamente, se dedican al bien común. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Tiene la palabra ahora, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor Sánchez i Llibre, quiero, en primer lugar, explicar que cuando el Gobierno aprobó la reforma fiscal lo hizo pensando en poner a disposición de la sociedad un instrumento que permitiera impulsar la mejora económica de nuestro país. Se trataba - y así se está llevando a cabo desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año - de que las modificaciones realizadas en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades sirvieran para estimular la renta de las familias, incentivar el consumo y la inversión, estimular el ahorro nacional, para compensar así a todos los contribuyentes por los esfuerzos y sacrificios realizados a lo largo de la crisis y, por descontado, para mejorar la capacidad de competir de nuestras empresas, al tiempo que se ofrecían fórmulas para que estas pudieran fortalecerse financieramente. La rebaja de impuestos es una parte muy importante de la reforma fiscal que hoy ya tienen en sus manos los contribuyentes españoles, que han visto cómo ha subido su nómina gracias a la bajada de la retención, al igual que en el caso de las pensiones o con el cobro anticipado de los impuestos negativos, que benefician a las familias numerosas y a las familias y personas que tienen discapacidad, que están recibiendo el apoyo directo de la Hacienda pública en forma de impuesto negativo. Quiero también recordar, señor Sánchez i Llibre, que en esa reforma fiscal mejoramos bastante, avanzamos en los incentivos al mecenazgo para que, precisamente, tanto las personas físicas con cierta capacidad económica y a cambio de reducir el impuesto sobre la renta, como las empresas tengan más estímulos fiscales para acometer aquellas actividades sociales, culturales, de investigación y deportivas que logren que la sociedad civil participe en la solución de estos problemas sociales. Para ello tenemos el estímulo derivado del mecenazgo. Aprovecho nuevamente la ocasión para insistir en que cuando cualquier asociación se dirige a una gran empresa para pedir su colaboración lo hace a sabiendas de que esa empresa se lo puede deducir en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, es una financiación pública la que va a conseguir esa asociación para dirigirla hacia fines sociales y, en concreto, como en los casos que usted ha citado, para que entre todos, con nuestras políticas, favorezcamos e impulsemos soluciones prácticas. Insisto, la reforma tributaria contiene todos estos mecanismos y están para ser utilizados. Por otro lado, el pasado mes de febrero, gracias a una iniciativa del Grupo de Convergència i Unió en el Senado, identificamos aquellas entidades con unos recursos más reducidos que estaban teniendo problemas reales para cumplir con su obligación tributaria. Nos instaban a modificar esta obligación de declarar volviendo a la situación anterior. Recuerdo, señoría, que ya entonces contesté en el Senado, en la Cámara alta, al portavoz de su grupo que en el Gobierno estábamos dispuestos a rectificar y a considerar el caso de las entidades más modestas, es decir, aquellas que cuentan con recursos materiales y humanos más reducidos y a las que la obligación de declarar les pudiera ocasionar problemas de funcionamiento hasta el punto, decía usted bien, de perjudicarlas en sus actividades, que no es esa la intención de la norma que introdujimos, no es esa la intención del Gobierno y, por tanto, ya me mostré públicamente a favor de ese cambio. Por tanto, nada más lejos de la intención del Gobierno que poner trabas a estas pequeñas organizaciones de la sociedad civil - todo lo contrario, tratamos de estimularlas, de potenciarlas - ni a ninguna otra organización sin ánimo de lucro de las miles que realizan su labor en los distintos puntos de España, a las que los ciudadanos y los Gobiernos de los distintos niveles de la Administración pública debemos un merecido reconocimiento. Ya he mencionado la importancia y la potencia de los incentivos al mecenazgo, y lo que espero es que se utilicen, que estas asociaciones hagan uso legítimo de todos esos incentivos que ya están en nuestra legislación tributaria, en el ámbito no solo - insisto - del impuesto sobre sociedades sino en el ámbito del IRPF y, en concreto, del micromecenazgo. No queremos burocratizar ni fiscalizar estas actividades, si acaso, como hemos dejado claro en varias ocasiones, realizar un control más efectivo sobre la información del impuesto sobre sociedades, pero afectando lo más mínimo al funcionamiento de estas organizaciones y entidades. En sintonía con este planteamiento, el Gobierno aprobó pocos días después de la pregunta que su grupo planteó en el Senado un real decreto-ley, donde se incluyó la exención de pagar el impuesto a las entidades sin ánimo de lucro con facturación inferiores a 50.000 euros, que además cumplan con el requisito de que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales y de que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Ya está en vigor, y lo hicimos juntos, a iniciativa de su grupo parlamentario. Este real decreto-ley se presentó para su convalidación en el Congreso de los Diputados el pasado 12 marzo y obtuvo el voto favorable de su grupo, que expresó su deseo de que fuera tramitado como proyecto de ley, tal como ha sucedido. Plantea usted en su interpelación que ampliemos la exención de declarar por el impuesto sobre sociedades no solo a las entidades que tengan ingresos máximos de 50.000 euros, sino a aquellas que ingresen hasta 100.000 euros anuales, y que en ambos casos se incluya a todas estas entidades sin ánimo de lucro por el fin social que realizan, con independencia de que una parte de sus rentas sea no exenta. Su propuesta, si es esa la que veremos en la moción, duplica el límite máximo que hemos introducido y, además, no aclara qué parte de esas rentas podrían ser no exentas. Su propuesta, por tanto, cambia la filosofía de lo que entendíamos que fue lo acordado y que ustedes votaron en forma de ese decreto-ley, pero no pasa nada, señor Sánchez i Llibre, para eso estamos. Está muy bien que traiga esa interpelación, pues vamos a seguir mejorando, pero reconozca que hemos mejorado. No ha dicho nada en esta interpelación de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos apoyado y de lo que podemos seguir trabajando y apoyando. Por tanto, vuelvo a mostrar mi mejor disposición. Quiero que su señoría entienda que estamos abiertos a cualquier posibilidad de realizar una nueva modificación durante la tramitación del proyecto de ley. Mi interés no puede ser otro que no perjudicar a estas pequeñas entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones culturales, asociaciones de padres y madres de familia, asociaciones deportivas o entidades juveniles. Ha quedado claro que tuvimos conocimiento de las dificultades y que actuamos en consecuencia, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una de estas entidades deja de ser tan pequeña y pasa a disponer de medios suficientes como para cumplir lo que no deja de ser una tarea burocrática, que es a efectos de control, no una tarea recaudatoria obviamente. Por tanto, le muestro nuestra disposición para encontrar esos puntos de acuerdo, que ya hemos tenido, insisto. Está bien que haga usted esta interpelación, pero tenemos toda esa tramitación pendiente y esas posibilidades pendientes y estoy seguro de que, con el espíritu más constructivo, la semana próxima, en cuanto traiga la moción, el Grupo Parlamentario Popular trabajará con el ministerio para que lleguemos a un acuerdo y alcancemos el objetivo preciso, participando todos los grupos políticos de esta Cámara, entre los que estoy seguro que habrá una gran coincidencia para evitar que una norma que no es recaudatoria, que era simplemente de control, pueda convertirse en un coste para las pequeñas entidades, lo que está lejos del ánimo del Gobierno. Por eso estamos en tramitación y tendremos todo el margen para buscar la coincidencia política y dar solución definitiva a esta cuestión. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Señor Sánchez i Llibre.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a mí no me duelen prendas al reconocer que usted ha tenido sensibilidad social en este tema para arreglarlo en la tramitación de este real decreto-ley. Lo he dicho antes de mi intervención, sabemos que usted tiene sensibilidad social; la tiene y lo ha demostrado en este real decreto-ley, que está en trámite de enmiendas y que esperamos que, cuando se debata en la Comisión de Economía, podamos llegar a un acuerdo. Sin embargo, aquí han surgido una serie de complicaciones que nosotros desconocíamos, porque los grupos parlamentarios no sabemos absolutamente todo lo que está pasando en el mundo societario. Incluso, señor ministro, las pequeñas asociaciones o las pequeñas fundaciones, cuando han leído la ley actual, han visto que estaban en falso. Nosotros lo ignorábamos, porque si lo hubiéramos sabido lo hubiéramos hablado y lo hubiéramos planteado, pero no sabíamos, porque no nos lo habían dicho, que todas aquellas pequeñas asociaciones que tienen una pequeña actividad económica tienen que declarar beneficios. Sabemos que las aportaciones de los socios están exentas. Sabemos que, a pesar de que no han sido capaces de llevarlo a la Ley de Mecenazgo, en esto se ha dado un paso significativo y se ha mejorado, ya que han incrementado las bonificaciones fiscales para todas aquellas empresas que dan recursos a las asociaciones y a las fundaciones. Pero no sabíamos que si todas estas microasociaciones o fundaciones de gran actividad social y poco contenido económico tienen alguna actividad comercial - como, por ejemplo, la venta de la lotería de Navidad de asociaciones de padres y madres de familia, las AMPA, para con los beneficios de esta lotería de Navidad comprar recursos para la gente que no llega a final de mes - estas asociaciones, por el solo hecho de tener esta actividad económica de la venta de la lotería de Navidad, han de presentar el impuesto sobre beneficios. Eso no lo sabíamos, porque si lo hubiéramos sabido, señor ministro, hubiéramos sido los primeros en dar la lata. Ya sabe que nosotros no paramos hasta que lo conseguimos. Por eso hemos aprovechado esta interpelación, porque da la posibilidad de tener este diálogo serio y sensible para poder decirles que no lo sabíamos y que queremos rectificarlo. No es que queramos dar marcha atrás. No, queremos resolver algunas pegas importantes que no sabían las pequeñas asociaciones y que ahora están muy preocupadas, porque si tienen esta pequeña actividad comercial por la venta de la lotería o por el alquiler de los libros por parte de estas asociaciones de padres y madres a bajo coste, tendrán que presentar el impuesto de sociedades; y si no lo presentan van a incurrir en una infracción fiscal. Ya no le hablo, señor ministro, de los clubes de fútbol amateurs en España. He dicho que había 50.000, pero ¿sabe usted, señor ministro, cuántas fichas federadas hay en España de futbolistas amateurs desde los seis hasta los dieciséis años? Pues estamos hablando de alrededor de las 600.000 fichas; y todos estos pequeños clubes, no ya profesionales sino infantiles, alevines y amateurs, están obligados también con la venta de sus indumentarias, de sus camisetas, a hacer un poco de merchandising, porque si no, no pueden subsistir. Queremos intentar resolver esta situación y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir con su sensibilidad y con su reconocimiento. A todas estas asociaciones sin ánimo de lucro les vamos a dar una gran noticia y podrán seguir haciendo esta gran labor social que están realizando hasta la fecha. En una palabra, vamos a ver si somos capaces entre todos de incrementar la felicidad de todas estas asociaciones y fundaciones que están trabajando por el bien común, ya que lo están haciendo sin percibir ninguna remuneración económica. Vamos a ver si somos capaces desde el Congreso de los Diputados, desde la Administración, de darles esta gran noticia para que vean incrementada su felicidad y para que vean a la Administración pública - en este caso a la Agencia Tributaria - como la cara amable que les posibilita realizar esta gestión. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señor Sánchez i Llibre, no le quepa ninguna duda de que alcanzaremos próximamente un acuerdo y daremos una solución definitiva a esta cuestión que se ha planteado en una reforma tributaria tan compleja. No es ya cuestión, como decía su señoría, de sensibilidad; es cuestión de promover la sociedad civil. No. Es muy importante que existan estas asociaciones porque son vitales y son el cuerpo de la sociedad que están respondiendo a problemas muy concretos de esa sociedad. Por tanto, la disposición que tenemos en las normas tributarias es favorecer a esa sociedad civil. La financiación a través del mecenazgo o del micromecenazgo por primera vez en España - esa figura no la teníamos - son incentivos fiscales. También lo es el impuesto negativo sobre la renta que se dirige a las familias que en su seno tienen personas con discapacidad y que aparece por primera vez en España, ya que hemos creado esta figura de los 1.200 euros anuales -100 euros al mes - que antes no existía. Tenemos que favorecer el asociacionismo y tenemos que favorecer a la sociedad civil. Ese es el ánimo y el espíritu del Gobierno que se concreta en medidas para favorecer la financiación porque si no, no existe. También lo están haciendo activamente los organismos del Gobierno como Lotería Nacional, que está apoyando directamente al deporte de base de nuestro país - insisto, no al deporte de elite sino al de base -. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer para evitar una traba que es burocrática. Vuelvo a insistir en que ha sido una traba burocrática porque no ha habido el ánimo de que tributen más por el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, tenemos que entender que una reforma tributaria de esta amplitud puede crear problemas que tenemos la obligación de corregir cuanto antes para que realmente ese asociacionismo civil se pueda desarrollar, ya que - en mi opinión - en España no tiene la fuerza que debería tener y que tiene en otros países desarrollados. Tenemos que hacer todas las políticas posibles para que sea factible su vigencia, su existencia, su extensión y podamos resolverlo en la tramitación del decreto-ley y lleguemos a ese acuerdo. Insisto, será a consecuencia de la moción pero lo importante es que vayamos a la ley para que entre en vigor cuanto antes y se despeje cualquier duda y, sobre todo, cualquier inconveniente en relación con el funcionamiento de asociaciones de esta naturaleza, que son todas de carácter social. Por tanto, tenemos que conseguir la representación de esa sociedad civil y animar, por supuesto, a todos los grupos políticos a que participen con esa mayor presencia de esa sociedad civil, porque en España desgraciadamente no está a los niveles que corresponden con una sociedad occidental desarrollada. Por eso, las medidas de mecenazgo y por supuesto las soluciones tributarias que podamos arbitrar en nuestras leyes deben ir encaminadas a ello y a ahondar en la mayor tranquilidad para que ellos vean que lejos de tener desde el Gobierno una postura obstruccionista, lo que se tiene es una postura impulsadora de esa actividad y favorecedora del desarrollo de la misma. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA REVOCAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 13/03/2015, QUE NIEGA LA EXTRADICIÓN SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES ARGENTINAS DE PERSONAS ACUSADAS DE GRAVES CRÍMENES REALIZADOS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA. [[Número de expediente 172/000303]]
Interpelación del Grupo de La Izquierda Plural, sobre medidas para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que niega la extradición solicitada por las autoridades argentinas de personas acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Nuet.
Muchas gracias, presidente. Señor ministro, dentro de breves fechas vamos a celebrar el 70.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, una guerra terrible que observó cómo el triunfo del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia arrasaba gran parte de Europa. [[La señora]] El nazismo alemán asesinó y torturó a parte importante de su población y de la población europea y el fascismo italiano hizo lo mismo. Nunca debemos olvidar estos hechos históricos. Asimismo, el franquismo español, que se consideraba un régimen asimilable al nazismo alemán y al fascismo italiano, arrasó España durante la guerra y durante los cuarenta años de dictadura posterior. Y hoy, señor ministro, queremos saber si el Gobierno de España - su Gobierno - va a apostar por la justicia o por la impunidad, porque ante el reto que tenemos delante no existe la equidistancia: o justicia o impunidad. Podríamos estar de acuerdo en que no se extradite a los ciudadanos españoles que ha solicitado la justicia argentina, pero siempre en el caso de que estos ciudadanos fuesen juzgados aquí, en España, de una forma justa. Si no se les extradita y no se les juzga, su Gobierno habrá apostado por la impunidad de una forma clara, señor ministro, y no sabemos por qué. Tal vez usted hoy pueda responderme. Evidentemente, podemos llegar a pensar que existe un vínculo moral y político entre el Gobierno del Partido Popular con esos verdugos franquistas que asesinaron a nuestros compatriotas. Si eso no es así, entonces hay que extraditar o hay que juzgar, pero, repito, si ninguna de las dos cosas ocurre, tendremos dudas más que razonables al respecto. Señor ministro, revoquen el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del día 13 de marzo de 2015, por medio del cual se denegó la solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales argentinas, en ese caso de 20 personas - ya han fallecido 3, por tanto, hoy de 17 personas - acusadas de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, entre las que se encuentran varios ministros del citado régimen franquista. Cumplan de inmediato la orden de detención preventiva cursada por la Interpol con fines de extradición de las 17 personas vivas reclamadas por la justicia argentina imputadas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Pónganlos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, tal como se plantea en el artículo 8 de la Ley 4/1985 española de Extradición Pasiva, como se plantea en la ley de cooperación internacional en materia penal y en el artículo 24 del vigente Tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica en materia penal, suscrito entre el Reino de España y la República de Argentina el 3 de marzo de 1987. Las leyes de amnistía, señor ministro, que en algunas ocasiones ustedes citan, concretamente la Ley de Amnistía española no es una ley de punto final. Por tanto, no puede aplicarse sobre delitos de lesa humanidad y así lo han reprochado a España la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que en su informe «El tiempo pasa, la impunidad permanece» afirman que en España está garantizada la impunidad de los crímenes del franquismo y que nuestro país se aleja así de la tendencia mundial a buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas porque no hay voluntad política de investigar. Señor ministro, ¿hay voluntad política o no la hay, como afirma la Organización de Naciones Unidas? Queremos saberlo y queremos por su parte, por supuesto, una respuesta. No existe, señor ministro, una competencia preeminente por parte de los juzgados y tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes. En virtud - por supuesto, usted lo sabe - del principio de justicia universal cualquier tribunal de cualquier país - y en este caso concreto el de Argentina - tiene competencia para ello. Además, hay que recordar, señor ministro, que es lo más grave - por tanto, no señalemos a Argentina, señalémonos a nosotros mismos -, que en nuestro país actualmente no se están investigando ni enjuiciando los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, tal y como establece la doctrina jurisprudencial en esta materia, tanto de tribunales nacionales como supranacionales. De acuerdo con el principio de legalidad internacional, consagrado en multitud de tratados y convenios internacionales - que no citaré porque son diversos los que España ha suscrito - que la obligan a su cumplimiento, el Estado español está obligado a investigar y a enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, tal como acontece en este caso. En ese sentido, señor ministro, debemos recordar que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas - y me acabo de reunir en este Congreso en una sala que se llama Fraga Iribarne - se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido declaradas injustas e ilegítimos los tribunales que las dictaron, de acuerdo con lo establecido por la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Lamentablemente, señorías, constatamos una vez más el absoluto desprecio del Gobierno de España del Partido Popular hacia los derechos que asisten a las víctimas del franquismo. Verdad, justicia y reparación. Han convertido a España en un país en que se refugia y se ampara a personas acusadas de crímenes contra la humanidad. Están aún a tiempo. Revoquen el acuerdo del Consejo de Ministros, accedan a la petición de la Interpol de entregar a estos criminales. Sabemos que algunos fueron personas muy importantes. Hace pocos días en Alemania era llevado a juicio el contable del campo de concentración de Auschwitz. Alguien podrá pensar que no tiene comparación. Sí, tiene comparación. Son criminales y, por tanto, el lugar de los criminales es ante un juez y, si es necesario, la cárcel. Muchas gracias, señor ministro.
Muchas gracias, señor Nuet. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia.
Gracias, presidenta. Señor Nuet, la sucesión de decisiones democráticas, en virtud de la cual el pueblo español tomó la posesión de su soberanía hace ya más de treinta y seis años, es la que configura un Estado de derecho y un modelo de convivencia que precisamente no pueden estar - y su señoría lo sabe - más alejados del pasado al que entonces quisimos dar la espalda. Es desde el respeto a esa opción, nacida del diálogo y de la concordia, como hoy contemplamos cualquier otro sistema que no sea el democrático con un abierto y manifiesto rechazo, cuya mejor demostración se encuentra, no en las declaraciones oficiales - que también, porque esta Cámara el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una resolución en este sentido -, sino en lo más evidente, que es el propio discurrir cotidiano de las relaciones sociales, económicas, institucionales, políticas y de toda índole en la España democrática de hoy, donde no cabe la decisión arbitraria de los poderes públicos. Desde esa actitud, que no precisa recordatorios políticos de parte, es como el Gobierno va a contestar a esta interpelación y al asunto que la motiva, atendiendo a los imperativos del Estado de derecho. Permítame que haga un par de consideraciones de carácter general sobre la extradición y, en primer lugar, el más importante de ellos es precisamente el componente internacional de estos procedimientos, porque no existe extradición si no es en una dimensión internacional, como es evidente. Es esa dimensión la que explica la presencia de los Gobiernos, así como el hecho de que desde un punto de vista jurídico la materia esté regulada detalladamente por tratados internacionales. Son los tratados y las leyes internas los que marcan los requisitos, los procedimientos y los límites que regulan cualquier extradición, no la voluntad de un Gobierno, sea cual sea el Gobierno. Así, en España, es preciso considerar los tratados internacionales de esta naturaleza que tenemos firmados como Estado; por ejemplo, con Argentina, y además con otros treinta y seis Estados más. También nuestra propia Constitución y la ley que usted ha mencionado, la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, conforman el sistema en torno al cual tendremos que encontrar la solución concreta para la cuestión que usted hoy me plantea. Son estas normas las que deben fijar la actuación del Gobierno y de los jueces, porque los jueces también participan en materia de extradición. Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo en que se pone de manifiesto la naturaleza mixta, administrativa y jurisdiccional, del procedimiento, que tiene tres fases: dos fases administrativas y una fase judicial, delimitadas por la ley y, en todo caso, independientes entre ellas. Por lo tanto, la extradición, señorías, es un mecanismo de cooperación, cuyo fin es someter al reclamado a un procedimiento judicial o exigirle el cumplimiento, en su caso, de una condena penal, de ahí ese doble aspecto, gubernativo y jurisdiccional. Insisto en que este es, por lo tanto, un procedimiento reglado, sometido a requisitos de forma y de fondo. Son los tratados y las leyes los que nos imponen los límites. A partir de eso, también quiero poner de manifiesto una evidencia: el Gobierno siempre ha actuado conforme a la ley, haciendo uso de las facultades que le asisten y aplicando los límites del derecho, pero también le aseguro que no solamente nos hemos limitado a aplicar la ley, sino que hemos intentado llevar a cabo este ejercicio desde la máxima colaboración dentro de las competencias con la justicia argentina en el marco de la causa que está investigando la juez Servini de Cubría. Seguramente recuerda su señoría el desplazamiento de la juez Servini, con amplia cobertura mediática, en el año 2014, en el que recorrió gran parte del territorio español tomando declaraciones y realizando diversas actuaciones. En ese momento la postura del Gobierno de España fue la misma que ahora: la absoluta necesidad de que las dos legalidades, la legalidad internacional y la legalidad nacional, se respeten. De hecho, el Gobierno de España en aquel momento no solo no puso problemas, sino que aceleró al máximo la tramitación de las comisiones rogatorias para que la juez Servini pudiese actuar en nuestro país, colaboración que por cierto ha agradecido el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. [[La señora]] En aquel caso, señoría, como en cualquier otro, el Gobierno solo exigió que se cumplieran los tratados internacionales, por tanto mediando las oportunas comisiones rogatorias previas al desplazamiento de la juez Servini. De igual manera, el Ministerio de Justicia ha dado puntual trámite a todas las comisiones rogatorias que hemos recibido en múltiples materias; por ejemplo, la que nos han solicitado para practicar exhumaciones en la provincia de Guadalajara. Lo que también es verdad es que el Gobierno no puede permitir, ni en esta ni en ninguna otra causa, que se lleven a cabo actuaciones jurisdiccionales en España por autoridades extranjeras sin utilizar los mecanismos previstos para ello. Una vez emitidas las comisiones rogatorias, de acuerdo con el tratado bilateral que tenemos con Argentina, le aseguro que la colaboración ha sido máxima. La Audiencia Nacional, mediante autos de 25 y 30 de abril de 2014 - la Audiencia Nacional y no el Gobierno -, fue quien rechazó la extradición solicitada, por ejemplo, de Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar por delitos de torturas, de los que les acusaban y que consideró que estaban prescritos y que no eran constitutivos de genocidio. Como la Ley de Extradición Pasiva puso de manifiesto, la decisión de un tribunal que deniega una extradición es vinculante para un Gobierno. Por tanto, el Gobierno procedió a denegar en ese caso, caso que también me sirve para exponerle la tramitación seguida en el resto de las extradiciones solicitadas. El 5 de diciembre del año 2014 se recibieron las solicitudes de extradición de 20 personas con el objeto de requerirles una declaración indagatoria en la causa en la que investiga hechos ocurridos durante la época del franquismo. A la vista de la documentación remitida, que pareció insuficiente por parte de los servicios técnicos, el 16 de diciembre se solicitó a las autoridades argentinas, por la vía del Ministerio de Asuntos Exteriores, documentación adicional. Esa documentación se recibió el 24 de febrero de este año y, conforme a la Ley de Extradición Pasiva, el Gobierno, en el plazo de ocho días, tomó la decisión sobre si procedía o no continuar en vía judicial el procedimiento de extradición. Pues bien, como es evidente, es competencia del Gobierno valorar en esta fase si procede o no continuar con la extradición. Una vez analizada la documentación, se consideró que no existía la necesidad de continuar con el procedimiento de extradición, pero le aseguro que esa es una competencia en el estricto cumplimiento de la ley y fundamentando en el acuerdo del Consejo de Ministros - lo que sin duda su señoría conoce - con todo detalle los argumentos por los cuales se decidió no continuar el procedimiento. Señoría, no existe un derecho internacional a la entrega de personas, ni en sentido contrario una obligación internacional para la entrega. No son derechos ni obligaciones absolutos. Por eso hay tratados internacionales, para fijar las condiciones y las circunstancias en las que debe procederse o no a la extradición, pero nunca de manera incondicional. Yo creo que ahí es donde radica un error de base de su planteamiento, en entender que España está obligada a extraditar. España tiene que cumplir los tratados internacionales porque, como le digo, no hay una obligación de extraditar. Si fuese así, no tendrían sentido los tratados ni las leyes internas ni las obligaciones internacionales que España como Estado ha asumido. Cuando ustedes nos piden que revoquemos el acuerdo de Consejo de Ministros, nos están diciendo que toda la argumentación jurídica que sostiene el acuerdo, que es público y conocido, no tiene sentido y no tiene fundamento. Por lo tanto, entenderá, señoría, que insista en esta idea. Los argumentos en torno a los cuales el Gobierno denegó la continuidad de la extradición tienen que ver, en primer lugar, con el carácter preferente de la jurisdicción española. Son hechos cometidos en España y, por lo tanto, no hace falta que ningún tribunal argentino venga a enjuiciar esta serie de circunstancias. En segundo lugar, la extinción de la responsabilidad penal. En un Estado democrático como el español tenemos reglas sobre la extinción de la responsabilidad penal, la propia Ley de Extradición Pasiva así lo contempla y, por lo tanto, ese es el segundo argumento. En tercer lugar, para algunos de los casos que en esa solicitud se planteaba no coincidía el requisito de la doble incriminación, que los delitos estuviesen tipificados en los dos países. Dicho de manera sucinta pero fundamentada, por esos tres motivos, en aplicación de la ley y no haciendo un ejercicio discrecional como el que usted me solicita en este momento para que revoquemos el acuerdo adoptado, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el tratado bilateral y de acuerdo con nuestra normativa interna es por lo que el Gobierno consideró que había que denegar la entrega en extradición solicitada por la juez Servini cumpliendo, insisto, con todos los requerimientos del Estado de derecho. Señoría, creo que el planteamiento que usted me hace sobre la revocación, sobre el traslado de ciudadanos españoles a Argentina para que sean enjuiciados por hipotéticos delitos cometidos en España en mi opinión carece absolutamente de todo fundamento. Además, en su intervención he oído algunas expresiones sobre que ustedes pueden pensar que tengamos desde el Gobierno algún vínculo moral con los verdugos franquistas. Señoría, sin duda está desenfocando absolutamente el planteamiento. Nada más lejos de la intención de este Gobierno porque el único objetivo que tenemos es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obligaciones internacionales y el mantenimiento de nuestro Estado de derecho. Usted, sin embargo, hace una serie de juicios que les otorga una responsabilidad penal, criminaliza a personas que no han tenido ese reconocimiento por la justicia española. Le pediría respeto, ya que tantas veces ponen al Gobierno en frente del respeto de los tribunales, a la fiscalía. Hagamos gala en esta ocasión del respeto a nuestros tribunales y a nuestra fiscalía. Por lo tanto, a aquellas personas que no han sido objeto de incriminación en nuestro territorio no parece que tengamos que someterlas a ninguna jurisdicción internacional para que lleven a cabo ese enjuiciamiento de lo que la justicia española no considera necesario. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. Señor Nuet.
Gracias, presidenta. Señor ministro, no comparto sus criterios. La soberanía de un Estado, en este caso del Estado español, no ampara que se proteja a presuntos criminales acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio. No estamos hablando de carteristas, señor ministro, estamos hablado de genocidas. Por eso, las categorías jurídicas que usted usa y que yo estoy usando no se ponen de acuerdo. No estamos hablando de que Argentina va a juzgar a criminales que podrían ser juzgados en España. El gran problema es que en España sobre esos crímenes hay impunidad, por eso la justicia argentina ha actuado. De eso estamos hablando, señor ministro. Porque la justicia argentina estableció que los delitos que se investigan constituyen crímenes de lesa humanidad y pide poder juzgar a los responsables bajo el principio de justicia universal y que en particular el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, señor ministro, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, ¿o no? Además, el derecho internacional es muy enfático, señor ministro. Los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles y, por tanto, no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se establezca la suerte y paradero de la persona, y algunas de estas personas están enterradas en las cunetas y en las tapias de los cementerios por toda España. El Gobierno ha invocado los principios - usted mismo lo hacía ahora desde la tribuna - de jurisdicción preferente y de no doble incriminación. Sin embargo, estos principios, señor ministro, no se aplican en estos casos, ya que a fecha de hoy, más de cuarenta años después de los hechos, no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo; de todo eso estamos hablando, señor ministro. Tenemos a nuestros muertos enterrados en las cunetas y en las tapias de los cementerios de España, como decía. Por eso no somos una democracia normalizada, porque la democracia no puede construirse, como usted pretende, sobre el olvido y la impunidad y, por tanto, no vamos a parar, señor ministro. Hoy es Argentina, mañana será otro país democrático hasta que en este país tengamos justicia, verdad y reparación. Muchas gracias.
Gracias, señor Nuet. Señor ministro de Justicia.
Gracias, presidenta. Señoría, he tratado de exponerle en mi primera intervención cuál es la manera como entiende el Gobierno la aplicación de nuestro marco jurídico, un marco jurídico maduro, responsable, consolidado, propio de una democracia avanzada, por lo tanto, desde el cual hay respeto absoluto al Estado de derecho, a las normas internas y a las normas internacionales que tenemos contraídas con terceros Estados. Gestionamos cotidianamente cada semana extradiciones, traslados, cumpliendo estricta y minuciosamente los requisitos y las condiciones que el marco legislativo establece. No hay el más mínimo margen de apreciación subjetiva, de consideración de si nos viene bien, si es adecuado, si es oportuno; hay un cumplimiento estricto de nuestra legislación interna y un cumplimiento estricto de nuestros convenios internacionales. Señoría, tengo que reiterar que en el caso que nos ocupa ha sido fruto de ese análisis hecho desde la jurisprudencia, desde las sentencias de la Audiencia Nacional, desde la opinión de los expertos y los técnicos del Ministerio de Justicia, donde se ha acreditado en este caso que los principios de jurisdicción preferente requieren en su caso que esos asuntos sean conocidos por la justicia española y no por la de un tercer país donde no se han cometido esos delitos. En todo caso, es una reflexión - no pretendo ahora reabrir el debate por limitaciones de tiempo - en torno al concepto de justicia universal. Aquí en España hemos acotado con razonabilidad cuáles son las causas que deben ser conocidas por los tribunales españoles, y sería muy bueno que algunos otros países que tienen, en mi opinión, algún déficit democrático no pretendan enjuiciar lo que países democráticos con todo el funcionamiento del Estado de derecho llevan a cabo en cuanto a control y enjuiciamiento con naturalidad. En todo caso, eso es responsabilidad de otros. Nosotros pensamos que el principio de especialidad jurisdiccional, el principio de la extinción de la responsabilidad criminal hay que aplicarlo en nuestro país y aplicarlo también a este caso concreto. Seguramente a usted, señoría, con los ojos de hoy le puede seguir pareciendo que firmar una pena de muerte puede ser un hecho gravísimo, pero da la casualidad de que en aquella época en España, en nuestra sociedad, en nuestro marco jurídico no era un delito firmar penas de muerte. Nos puede parecer con los ojos de hoy absolutamente execrable la pena de muerte y somos los primeros comprometidos en su erradicación en todos los países, pero, como tantas veces sucede, cuando se pretende enjuiciar con ojos de hoy hechos acaecidos en el pasado, en aquel momento histórico, se suelen cometer errores gravísimos. Por otra parte creo que su señoría da por supuestas demasiadas cosas. No me consta que haya ninguna sentencia o resolución judicial que acredite la comisión de esos delitos, sin embargo usted ya les atribuye todas las responsabilidades y consecuencias. Señorías, el compromiso de este Gobierno y - yo creo - de la sociedad española en su conjunto, con la Transición y con la Ley de Amnistía, aprobada con pleno apoyo social y político en 1977, ha permitido superar etapas muy difíciles de nuestra historia reciente y en las que además - me parece recordar - había también ilustres miembros de esta Cámara que pertenecían a grupos parlamentarios no con la misma denominación, pero muy cercanos ideológicamente a su señoría, que colaboraron en esa labor de reconciliación y de recuperación de nuestro sistema democrático. Quizá ustedes ahora tienen una cierta tibieza en recordar ese pasado, pero reivindico lo que a ustedes parece que se les hace tan cuesta arriba, que en este país y en este Parlamento hemos aprobado leyes para superar las etapas históricas y para construir un Estado democrático y de derecho. Por tanto, cada día, cuando hacemos aplicación de ese Estado de derecho en el conjunto de las políticas públicas, en particular en materia de extradiciones, no hacemos otra cosa más que aplicar las normas de acuerdo con las que en algún caso la Audiencia Nacional ha establecido como reglas generales, y de algún modo con lo que dicen la ley y los tratados. No creo que sea razonable, ni adecuado, ni apropiado, de acuerdo con nuestro marco jurídico, revocar el acuerdo del Consejo de Ministros, sino mantener los principios de nuestra Ley de Extradición Pasiva, de nuestra Constitución y de los tratados internacionales, incluido el firmado con Argentina. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA EMIGRACIÓN DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y FAVORECER EL RETORNO DE AQUELLOS QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A SALIR FUERA DE ESPAÑA EN BUSCA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. [[Número de expediente 172/000304]]
Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos que se han visto obligados a salir fuera de España en busca de oportunidades de empleo. Para su presentación y defensa, señora Rodríguez García.
Gracias, señora presidenta. Esta es una interpelación relativa a los jóvenes emigrantes, especialmente para que no vuelvan a emigrar y para procurar que aquellos que ya están fuera vuelvan a nuestro país. Veo nuestras tribunas llenas de jóvenes a los que espero podamos dar en el futuro una respuesta para que no tengan que marchar de nuestro país después de tanto esfuerzo, de tanto estudio y de tanta preparación. Esta es una interpelación que se refiere a los jóvenes, ministra, pero no quiero obviar que se refiere también a otras muchas personas más mayores que tuvieron que marcharse durante estos años de nuestro país buscando nuevos planes vitales para encontrar nuevas oportunidades. Lo primero que quiero denunciar, ministra, es que durante todo este tiempo su Gobierno no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para que podamos contabilizar, para que podamos tener una fotografía exacta de lo que está ocurriendo y cuál es la situación real, y de esta manera adoptar medidas eficaces para combatirlo. La cifra de consenso roza el medio millón de jóvenes españoles, más de 400.000 que hoy se encuentran en el exterior, obligados por la falta de oportunidades en nuestro país. Son jóvenes que han abandonado su tierra, sus raíces, su familia y sus amigos como consecuencia del fracaso de sus políticas de empleo; se trata de toda una generación, que hoy piensa que para tener alguna oportunidad laboral tienen que marcharse de España. Son jóvenes que tienen una formación muy cualificada y de la que estamos prescindiendo. Políticas de recortes en materia de I+D+i han expulsado del mercado laboral a muchos jóvenes investigadores. En los últimos cuatro años se ha reducido el personal investigador en cerca de 20.000 personas en nuestro país, la mitad de ellas trabajaban en centros públicos o en universidades; como le decía esto supone una pérdida de capital humano de la que no podemos prescindir. Reclamamos un plan urgente de retorno del talento. Señora ministra, esto es un despilfarro de recursos del que no puede prescindir nuestro país. Señora Báñez, imagino que coincidimos en la dramática situación por la que atraviesan cientos de miles de compatriotas. Espero de usted hoy que cuente al Grupo Parlamentario Socialista y también a los jóvenes que nos escuchan desde la tribuna, a sus padres, a sus madres, si su Gobierno tiene previsto algún plan para parar esta fuga de capital humano y si trabaja en alguna iniciativa para que retornen aquellos que forzosamente se marcharon. Sobre todo espero de usted que, tras casi cuatro años en el Gobierno y en el Ministerio de Empleo, haya conseguido sensibilizarse con este problema y evite referirse hoy en esta tribuna a él como movilidad exterior, emprendedores en el exterior o jóvenes con espíritu aventurero. Señorías, señora ministra, estos jóvenes se han marchado por la ausencia de oportunidades profesionales en nuestro país. Hagamos un breve repaso a los datos para ver cuál es el mercado laboral, cuál es su situación de desempleo y qué les estamos ofreciendo; datos que, como les decía, son necesarios para el análisis, el diagnóstico y el tratamiento para paliar esta situación. Según la última encuesta de población activa [[EPA]] que conocemos del cuarto trimestre, la tasa de paro de los jóvenes menores de veinticinco años en nuestro país se sitúa en un 51,8 %, más del doble de la tasa de paso general; en mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, la tasa de paro juvenil es la más alta de todo el país y representa un 62,32 %. Señorías, tenemos el lamentable récord de ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta de desempleo juvenil. Según Eurostat, a final de 2014 esta tasa alcanzó el 53,2 %, muy por encima de la media de la zona euro y de la Unión Europea. Si atendemos a los datos de afiliación de febrero de 2015, el 65 % de los jóvenes tienen un contrato precario; solo el 14 % tienen un contrato formativo, en prácticas, de aprendizaje o de formación. Los datos de contratación del servicio público también nos dicen que, del total de contratos indefinidos que se han firmado, solo el 10 % correspondió a menores de veinticinco años. En cuanto a la conversión de los contratos formativos en indefinidos, que era una de sus grandes promesas, solo el 3 % de estos contratos se convirtieron en indefinidos. Estos son los datos y las estadísticas, pero detrás de estos datos están las personas; están estos jóvenes cualificados con extraordinaria formación y en los que hemos invertido mucho. Esto también hay que ponerlo en valor como país. Son jóvenes que están desencantados y que viven con la agonía de no vislumbrar ninguna alternativa. No vislumbran más alternativa que la del exilio para poder tener un futuro profesional. También están sus familias, esas a las que tanto aspiran a proteger con reformas legislativas como la que ayer debatíamos en esta Cámara. Son familias que se han esforzado por darles la mejor educación, creyendo que con eso garantizaban su futuro, y ahora les ven marchar. También están los jóvenes que se quedan aquí, señora ministra, pero siguen sin esperanza, porque están obligados a no poder tener una vida independiente, a seguir dependiendo de su familia. Están los jóvenes que se encuentran en paro, pero también están los jóvenes que encuentran un trabajo que no les permite vivir con dignidad. Están los jóvenes que ya no tienen ganas de seguir, los jóvenes a los que ya no queda ni dinero ni ganas para seguir formándose. Señora ministra, este es el resultado de su gestión: precariedad. Este es el resultado de su reforma laboral. Esta es la herencia que ustedes van a dejar a toda una generación de jóvenes españoles. A la generación mejor formada, a la generación en la que más hemos invertido, es a la que dejamos en esta travesía. Es una generación que se mueve en una trilogía: el paro, el empleo precario y el exilio económico. Esta trilogía es el resultado de otra, tres ámbitos en los que han basado sus políticas de empleo juvenil y que, a tenor de los datos y de la realidad que le describo, son un auténtico fracaso -: su reforma laboral, las leyes de emprendimiento y el programa de garantía juvenil. Su reforma laboral es el peor de todos los males y daños que ustedes van a dejar a los españoles tras su paso por el Gobierno y, como saben, derogarla será el principal empeño de los socialistas nada más lleguemos al Gobierno en la próxima legislatura. [[Aplausos]] Son los jóvenes, junto a los trabajadores de mayor edad, los que están sufriendo de forma más clara las consecuencias de esta reforma laboral, que precariza el empleo, da un poder unilateral al empresario - entre otras materias, en la fijación del salario y de la jornada - y además consagra el despido libre y sin derechos. Es una reforma que ha convertido los contratos mileuristas en otros más precarios con salarios de miseria y que no generan ningún tipo de prestación. El contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores ha permitido sobre todo el despido libre y sin derechos durante el primer año. Otra de las consecuencias de su gestión y que no quiero dejar de denunciar es que a aquellos jóvenes que están saliendo de nuestro país durante más de 90 días para formarse o para buscar empleo se les están suspendiendo las prestaciones y también la asistencia sanitaria. El segundo de los asuntos de su trilogía son las leyes de emprendimiento y de generación de empleo juvenil, otro fraude, uno más de su Gobierno. Es una legislación que aboca al emprendimiento sin haber puesto los pilares que garanticen la demanda interna y el crédito necesario para desarrollar una actividad económica con una mínima garantía de éxito y que, además, está provocando también gran inseguridad jurídica. Es una legislación que, bajo un supuesto estímulo a la contratación y al desarrollo de la formación profesional dual, retoca una y otra vez los contratos de formación, y lo único que está consiguiendo es condenar a los jóvenes a ser eternos aprendices; encadenamientos sucesivos de contratos de formación y de aprendizaje en diferentes actividades que llevan a los jóvenes a estar así hasta los 30 años. En tercer lugar, tengo que poner en evidencia el fracaso en la gestión del programa de garantía juvenil, y digo en la gestión porque, como saben, fue un programa impulsado por los socialistas en Europa, que se dotó de un presupuesto económico para que ustedes pudieran desarrollarlo en el Gobierno de España. Invadieron las competencias de las comunidades autónomas, a las que privaron de más del 50 % de esa financiación, y han sido ineptos en la ejecución de ese programa. Me explico, señorías. Han sido ineptos porque han perdido un año muy valioso para esos jóvenes que podrían haber tenido una oportunidad. Se han pasado 2014 elaborando todo un circuito burocrático al margen de los servicios públicos de empleo para ver qué jóvenes se podían acoger a este programa sin haber llegado a darles las respuestas adecuadas. Con todo ello, después de un año, a final de 2014 teníamos inscritos solo 20.660 - actualmente rondan los 30.000- pero no hemos llegado a esos más de 800.000 desempleados menores de 25 años a los que se dirigía este programa. Era un buen programa, con dotación económica, que ustedes no han tenido la capacidad política de saber ejecutar ni con el que dar una respuesta a los jóvenes. Esto es insostenible, estas medidas no están llegando a la juventud. El problema sigue, la desesperanza sigue, señora ministra. No es posible la salida de la crisis sin contar con nuestro mejor capital humano. Si no ofrecemos alternativas de futuro a los jóvenes de nuestro país estaremos dejando sin alternativas de futuro a nuestro país. Creo que es hora de intentar dar una respuesta. Estamos trabajando en iniciativas que haremos llegar al Gobierno, pero, sobre todo, estamos trabajando en alternativas y propuestas para hacerlas llegar a una mayoría de españoles, cuya confianza esperamos recuperar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Rodríguez. Señora ministra de Empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradezco la presencia de jóvenes españoles en la tribuna para que conozcan el debate constructivo que se va a producir esta mañana en el Congreso de los Diputados. Señora diputada, la prioridad absoluta de este Gobierno es el empleo, sobre todo el empleo entre los jóvenes, porque son los que lo han tenido más difícil durante la crisis en el mercado de trabajo. Por tanto, los jóvenes han sido, son y serán nuestra prioridad siempre. Los jóvenes nos necesitan, necesitan que todos sumemos esfuerzos por sus oportunidades. Lo que no necesitan los jóvenes es que solo se hagan críticas buscando culpables, sobre todo cuando se han asumido responsabilidades, sin ofrecer propuestas para facilitar su retorno al mercado de trabajo. También - lo quiero señalar, señoras diputadas y señores diputados - nosotros necesitamos a los jóvenes. Los jóvenes son nuestro futuro, pero para que lo sean tienen que tener presente; eso es lo que ha defendido este Gobierno desde el primer día. No voy a entrar en ese juego irresponsable e improductivo de echarnos en cara lo que hemos hecho y no hemos hecho unos y otros, pero quiero mencionarle una realidad. Cuando con mucho honor y responsabilidad asumí la cartera de Empleo y Seguridad Social a finales de 2011, cuando llegamos al Gobierno, ya había una tasa de paro juvenil en mi país, en España, por encima del 50 %, y otros acababan de tener responsabilidades de Gobierno. Ya durante esa etapa anterior a la de este Gobierno la tasa de desempleo juvenil se había multiplicado por tres en la crisis. Se destruyeron entre 2007 y 2011 más de dos millones de empleos entre los menores de treinta años. Eso es lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno a finales de diciembre de 2011. También usted ha hablado de los jóvenes que emigran, que salen fuera de nuestras fronteras. El saldo migratorio entre los jóvenes menores de treinta años era ya negativo desde 2008. De acuerdo con las estadísticas de migraciones del INE, en el periodo 2008-2011 el saldo migratorio de jóvenes nacidos en España, con edades entre los quince y veintinueve años, se elevó a más de 36.000 jóvenes. Por tanto, es evidente que los jóvenes no empiezan a salir de nuestro país desde 2012, desgraciadamente. Abandonaron España desde 2008 buscando oportunidades que nuestro país desde entonces no les daba. Por consiguiente, usted me habla con frivolidad, incluso de un informe que se llama La movilidad exterior de los españoles y españolas en la actualidad, que tengo aquí [[Muestra un informe]] y encargaron el Gobierno socialista y Valeriano Gómez. Por cierto, pagó 30.000 euros por este informe sobre la movilidad exterior de nuestro país, y me achacan siempre, irresponsablemente, esa responsabilidad. Este informe demuestra, señora diputada, que la situación de los jóvenes españoles en el exterior la conocía el Gobierno socialista, pero usted no cuenta que no hicieron nada conociéndola, como digo, por un informe por el que pagaron más de 30.000 euros a una conocida universidad española. Por tanto, las cosas en su sitio. También vamos a señalar verdades como puños en esta mañana. He venido aquí esta mañana a decir lo que hemos hecho, responsablemente, pensando en dar oportunidades a ese uno de cada dos jóvenes que cuando llegamos al Gobierno querían trabajar y no podían hacerlo. Señora diputada, con claridad, no hemos perdido ni un minuto de nuestro tiempo. Al mes y medio de estar en el Gobierno se aprobó una reforma laboral, a la que usted ha aludido, y que, por cierto, está dando muchas oportunidades a los jóvenes. Pusimos en marcha un contrato indefinido de apoyo a emprendedores, con incentivos específicos para los jóvenes. La mayoría de esos contratos, el 40 %, se han celebrado con jóvenes menores de cuarenta años. Por tanto, está dando oportunidades de empleo estable a muchos jóvenes españoles en el inicio de la recuperación. Hicimos un cambio en el contrato de formación y aprendizaje, para que jóvenes españoles que necesitaban cualificarse tuvieran la oportunidad de trabajar y a la vez aprender y adquirir nuevas habilidades y destrezas; un 32 % de incremento de ese contrato en 2014 e incrementos superiores en los años anteriores. Me habla usted de salarios, y usted debería de conocer, y si no preguntar en su grupo parlamentario, que no los impone el Gobierno; los salarios se debaten en la negociación colectiva entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores. Por tanto, no me ponga más responsabilidades de las que tengo. En 2013 se aprobó el Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y al estímulo del crecimiento y creación de empleo. Entre esas medidas se aprobaron las que conllevan la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Esta estrategia fue el primer gran pacto social de esta legislatura. Desde el primer día nos pusimos a trabajar con los agentes sociales y con las comunidades autónomas para poner en marcha un plan para dar oportunidad de formación, prácticas, emprendimiento y empleo a los jóvenes menores de treinta años en este país. Fueron cien medidas tomadas, por primera vez en España, pensando en los jóvenes y con una gran dotación económica. Señora diputada, gracias al esfuerzo de todos, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española, de las comunidades autónomas y de los interlocutores sociales, ya hay 390.000 jóvenes que tienen una oportunidad de empleo, por cuenta propia o por cuenta ajena. [[Aplausos]] Fue una estrategia abierta a la sociedad, a la que se incorporaron más de ochocientas empresas y entidades públicas, con recursos adicionales de más de 800 millones de euros. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero desde el primer día nos pusimos a trabajar por ello. En paralelo trabajamos para que en Europa se diera también oportunidades a los jóvenes. Usted ha hablado de la garantía juvenil. Pues bien, gracias a la batalla del presidente del Gobierno y al Gobierno de España van a venir entre 2014 y 2015 a nuestro país más de 1.800 millones de euros para los jóvenes dentro del programa de garantía juvenil europea; sumado a lo anterior, va a acelerar el tránsito a las oportunidades de muchas y muchos jóvenes españoles. Estamos trabajando con responsabilidad con las comunidades autónomas. En los últimos días hemos tenido dos buenas noticias en el ámbito de la garantía juvenil. Lo primero es algo por lo que hemos dado la batalla en Europa, que la prefinanciación de esa garantía juvenil se elevara del 1 % al 30 % para que las comunidades autónomas pudieran dedicar recursos más directamente a las oportunidades de los jóvenes. Pues bien, esa prefinanciación superior fue anunciada hace dos meses por la Comisión Europea y comunico a los señores diputados que ayer los Estados miembros apoyaron en Bruselas ese 30 % de prefinanciación para la garantía juvenil. Por eso, este año vendrán 300 millones de euros para que todas las administraciones públicas sigan dando oportunidades a los jóvenes. También es importante mencionar que en la conferencia sectorial de la pasada semana, por unanimidad de todas las comunidades autónomas, elevamos la edad máxima de acceso a la garantía juvenil, igualándola a la estrategia de emprendimiento y empleo, hasta los veintinueve años inclusive para que haya más jóvenes que se beneficien de esas oportunidades. Ya hay más de 40.000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil, y seguimos desplegando todos los esfuerzos con las comunidades autónomas para que sean muchos más quienes entren a formar parte de este gran proyecto juvenil europeo. En próximas fechas vamos a establecer un acuerdo con todas las oficinas y cámaras de comercio España -118- para que a través de ellas también los jóvenes inscritos en ese proyecto reciban programas de formación y de emprendimiento, porque lo importante es que tengan oportunidades cuanto antes. Desde el primer momento hemos hecho muchas cosas. Hemos puesto en marcha medidas para favorecer la contratación, y están dando oportunidades. Entre ellas se cuenta la tarifa plana de 100 euros a la contratación estable, por tanto empleo de calidad, de la que se han beneficiado en España 235.363 personas; de ellas, 53.000 jóvenes españoles. Ahora, esa tarifa plana de 100 euros a la contratación indefinida se convierte en 500 euros de mínimo exento de cotización, que seguirá dando oportunidades a los jóvenes. También hemos puesto en marcha la tarifa joven de emprendimiento con una bonificación adicional de seis meses, para favorecer a los jóvenes inscritos en la garantía juvenil. Hemos puesto en marcha la tarifa de 50 euros para emprendedores, para que los jóvenes se den de alta como autónomos; de ellos, 132.000 jóvenes menores de 30 años se están beneficiando de esa tarifa joven. Ha aumentado entre los menores de 30 años un 10 % los que son autónomos, gracias a esas medidas que pusimos en marcha. Hemos tomado muchas otras medidas para favorecer las oportunidades de los jóvenes que se recogen en la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Ahora estamos haciendo otra cosa importante: cambiar - mañana lo traemos a esta Cámara - el modelo de formación profesional para el empleo, para que esa formación que necesitan los jóvenes para acceder a un mejor empleo, a un mejor salario y a empleos de mayor calidad sea una oportunidad para ellos. Vamos a hacer una convocatoria específica para menores de treinta años que incluye acciones formativas concretas, por 41 millones de euros, porque sabemos que formación y empleo van de la mano, están estrechamente relacionados. Usted me hablaba de los jóvenes en el exterior; claro que nos hemos acordado de ellos, de los que habían salido antes y de algunos que han seguido saliendo ahora, de la emigración de los jóvenes. Nos acordamos de esos jóvenes que desgraciadamente por la crisis salieron de nuestro país buscando oportunidades. Pues bien, hemos puesto en marcha programas en el ministerio para que los jóvenes que están fuera tengan oportunidad de formación y prácticas, así como para favorecer el emprendimiento, además de programas que faciliten su retorno a nuestro país, con subvenciones concretas a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Señoría, le quiero dejar algo muy claro. El Gobierno trabaja desde el primer día para que el talento joven huido por la crisis vuelva a España cuanto antes, y para eso necesitamos antes encontrarles en España oportunidades. Con todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno vamos en la buena dirección, están empezando a verse los primeros resultados. La EPA del último trimestre del año pasado - la última conocida - indica que en España ya hay 120.000 jóvenes menos parados, menores de treinta años, que cuando llegamos al Gobierno en 2011. ¿Eso nos conforma? Todo lo contrario, eso nos anima a seguir trabajando de manera intensa por los jóvenes. No podemos ser conformistas teniendo la tasa de paro juvenil tan importante que tenemos en España, no podemos ser conformistas teniendo a muchos jóvenes que perdieron el empleo y las oportunidades en la crisis. Tampoco podemos aceptar las críticas que usted ha hecho desde esta tribuna cuando fue un Gobierno socialista el que promovió los contratos basura para los jóvenes en los años ochenta; cuando fue un Gobierno socialista el que hizo el encadenamiento sin fin de los contratos temporales, que paró un Gobierno del Partido Popular; cuando fue un Gobierno socialista el que permitió las prácticas no laborales en empresas sin protección social, que cambió este Gobierno popular de Mariano Rajoy. Por tanto, lecciones en el ámbito de la calidad en el empleo entre los jóvenes, ninguna, señora diputada. Por cierto, hoy en España se crea empleo también entre los jóvenes, sin embargo resumo en dos palabras lo que hizo el Gobierno socialista por los jóvenes en todas las legislaturas que ha gobernado: paro y precariedad. Señoría, nosotros estamos trabajando con todos por el empleo; y me gustaría que fuese también con las propuestas del Partido Socialista, que al menos debería ser responsable porque dejó a dos millones de jóvenes en la cuneta cuando gobernó este país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora ministra. Señora Rodríguez.
Señora ministra, decía que iba a subir aquí con afán constructivo. Debo reconocerle que usted es fiel a su estilo y ha subido como siempre, hablándonos del anterior Gobierno en lugar de hablarnos de su Gobierno; además lo hace como si acabara usted de llegar al ministerio, y le recuerdo que estamos haciendo ya balance de legislatura y que ustedes están a punto de marcharse del Gobierno. [[Aplausos]] En su estilo está descalificar al adversario. Usted me ha llamado frívola. Le voy a decir yo a usted lo que me parece una frivolidad. Me parece una frivolidad - no digo que el señor Rajoy sea frívolo - que cuando era líder de la oposición se marchara a una puerta de una oficina de desempleo, a una puerta del INEM [[Muestra un recorte de periódico]], para decir que cuando él llegara bajaría el paro, jugando con el dolor y con la esperanza de tantos y tantos millones de españoles que ya sufrían el paro en aquel momento. [[Aplausos]] Eso sí es una frivolidad. ¿Sabe lo que es una frivolidad, señora ministra? Una frivolidad es llenar las farolas [[Muestra una fotografía]] en campaña electoral diciendo a los castellanomanchegos: si buscas empleo, vota a PP. [[Aplausos]] ¿Sabe usted lo que es una frivolidad? Decir en un mitin electoral que la papeleta del PP es un contrato de trabajo [[Muestra otra fotografía]] Esto sí es una frivolidad, señora ministra. [[Aplausos]] Le daré un dato. No voy discutir de lo que había cuando gobernábamos los socialistas y lo que hay ahora, porque tendría datos para rebatirle, lo que no tengo es tiempo. Según Eurostat, finales de 2014, 53,2 % de paro juvenil; finales de 2011, 46,2 %. Datos, simplemente eso. En cuanto a las propuestas socialistas, que es lo que quería traerle hoy aquí, señora ministra, queremos un plan de rescate, como le decía, para la recuperación del talento, que concretaremos en la moción que presentaremos la próxima semana, un sistema de ayudas para que las empresas contraten a los jóvenes españoles con una cualificación media o superior que estén trabajando en el extranjero. Queremos favorecer la incorporación de jóvenes investigadores a la investigación tanto pública como privada, sobre todo a esa pública que depende de usted y que ustedes se han cargado, cargándose la universidad y la investigación en este país. Queremos recobrar ese talento e incorporarlo de nuevo a nuestra universidad y a la investigación privada. Queremos diseñar nuevos mecanismos para que los jóvenes obtengan beneficios fiscales, que no exenciones, beneficios de acceso a los créditos para jóvenes con una cualificación media y superior. Propondremos medidas para que ese plan de garantía juvenil sea eficaz. ¿Cómo se puede sentir orgullosa de que haya 40.000 inscritos, a los que no han dado ninguna respuesta, cuando hay 800.000 posibles beneficiarios de ese programa? Plantearemos también medidas para fortalecer y flexibilizar la oferta educativa y postobligatoria de jóvenes que abandonaron muy temprano el sistema educativo y que ahora están desempleados. Señoría, son muchas propuestas que, como digo, estamos desarrollando en un programa que queremos ofrecer a los españoles para lograr una mayoría social que podamos representar con una mayoría política en esta Cámara. Me hablaba de nuevo de la reforma laboral. Creo que no es consciente de lo que ha supuesto su reforma laboral. Ya le pedí un día que hiciera el ejercicio de entrar en Infojobs o en alguna de estas páginas y ver qué ofertas de empleo están recibiendo nuestros jóvenes o cualquier español cuando aspira a encontrar un puesto de trabajo. Esas ofertas son - de ayer mismo, haga el esfuerzo un día y mírelas -: un técnico electrónico en telecomunicaciones - es para un ingeniero -: 450 euros. Contratos a tiempo parcial, contratos que no dan para vivir. Otra, para un publicista: 600 euros - hablo en bruto -. Otra, para un camarero trabajando durante toda la semana y fines de semana partidos: 600 euros brutos. ¿Usted piensa que esto da para vivir con dignidad? Esta reforma laboral merece ser derogada cuanto antes. Un puesto de trabajo no es un número en las estadísticas, un puesto de trabajo, un empleo es la herramienta que tienen las personas para vivir con dignidad, y ustedes han roto ese contrato social, situación que vamos a derogar inmediatamente a nuestra llegada, como le digo, al próximo Gobierno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Rodríguez. Señora ministra de Empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, para los jóvenes todo el esfuerzo que hagamos es poco. Lo importante es que sigamos sumando oportunidades para ello y le agradecería mucho que pudiésemos conocer las propuestas constructivas, pero no para el siguiente programa electoral. Tráigalas a la Cámara y póngalas encima de la mesa, porque llevan ustedes tres años de críticas y de buscar culpables, cuando, por desgracia, debido a que no hicieron nada durante la crisis, 2 millones de jóvenes se tuvieron que ir al paro. Usted se contradice, pero en el fondo da la razón a este Gobierno. De lo que ha estado hablando y lo que ha estado explicando a través de ese portal de Internet se refiere a empleo, mayor o menor empleo, pero ha estado hablando de empleo, por tanto, no me está hablando de paro porque estamos en una realidad diferente. Lo que no le da para vivir a un joven, señora diputada, es estar en las listas del paro porque es uno de los 2 millones a los que el Gobierno socialista mandó a dichas listas del paro. [[Aplausos]] Ahora los jóvenes están empezando a encontrar empleo y yo deseo que sea mejor empleo y mejor remunerado, para lo cual vamos a trabajar también con los interlocutores sociales; para eso los vamos a formar mejor, a eso vamos a dedicar la garantía juvenil y la estrategia de emprendimiento y empleo y los vamos a apoyar desde el primer día, pero con nosotros, con este Gobierno del Partido Popular, los jóvenes empiezan a encontrar oportunidades, porque no es lo mismo que suba el paro a que baje el paro, y ya le he dicho que hay 120.000 jóvenes menos parados, menores de treinta años, que cuando llegamos al Gobierno. Tenemos que recuperar a un gran número de jóvenes más a los que ustedes dejaron en la estacada porque se destruyeron 2 millones de empleos cuando ustedes gobernaban en la legislatura anterior. Esa es la tragedia de los jóvenes, que los socialistas los dejaron en el paro y en la mayor ruina que puede tener una persona. [[Aplausos]] Esa es la tragedia de los jóvenes, pero para eso tienen aquí a un Gobierno que ha hecho reformas. ¿Le pasa algo a usted con la reforma laboral, una reforma que está creando empleo por primera vez en España con crecimiento económico moderado, que ha hecho posible que por primera vez, señora diputada, en el año 2014 haya 434.000 empleos netos en España, después de toda la crisis, una reforma que va a permitir que este año se creen más de 500.000 empleos, por tanto un millón de empleos en dos años, y si sigue creciendo la economía con velocidad de crucero seremos capaces de tener entre esta y la siguiente legislatura 3 millones de personas más trabajando en España? En consecuencia, se trata de una reforma para el empleo, una reforma para el empleo estable que además está favoreciendo la contratación indefinida, una reforma que está dando a los jóvenes oportunidades de empezar a encontrar ese empleo que ustedes les negaron con sus políticas. ¡Claro que vamos a seguir trabajando por los jóvenes! ¡Claro que vamos a seguir tomando medidas a favor de los jóvenes! ¡Claro que para los jóvenes la esperanza está en los Gobiernos que hacen buena gestión, crean riqueza, crean empleo y apoyan a los emprendedores! Esa es la diferencia: con ustedes los jóvenes tenían paro y precariedad. Con nosotros tienen empleo y oportunidades, y en ese camino vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora ministra.
Pasamos a las mociones que no se vieron en el día de ayer - les vuelvo a recordar que se votarán mañana jueves - y, en primer lugar, a la del Grupo Parlamentario Mixto [[señora Ariztegui]], sobre la postura del Gobierno en relación con las consecuencias del acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión entre Europa y los Estados Unidos. Señora Ariztegui.
Gracias, señora presidenta. Señorías, este sábado millones de personas se manifestaron en cientos de ciudades de Estados Unidos y de Europa - y también en Euskal Herria - protestando contra el mayor ataque a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial, contra el TTIP, ese tratado de comercio que la Comisión Europea negocia con Estados Unidos detrás de oscuros cristales, bajo un secretismo denunciado por cientos de organizaciones de todo el mundo, en realidad, una nueva constitución económica europea impuesta por las multinacionales; un tratado que, partiendo del secuestro y ataque a la soberanía política y económica de los Estados - y no digamos de quienes aspiramos a serlo -, aplica en Europa las condiciones comerciales americanas con el único objetivo de reducir los costes de los negocios de las transnacionales, que no paran de proponer los pasos a dar para acabar con las regulaciones que los molestan. No olvidemos que el 84 % de los asesores en las negociaciones en Estados Unidos y la gran mayoría en la Unión Europea representan a la gran industria, básicamente grandes grupos multinacionales. Es un tratado que sigue el guion de los recortes, pérdida de derechos y miseria para la mayoría, mientras unos pocos, poquísimos, aumentan sus riquezas hasta niveles vergonzantes. Pero ahora estamos hablando de niveles inimaginables, pues cuantos más datos suyos conocemos - difícilmente y a cuentagotas, es así -, más nos echamos a temblar. Es un insulto a la democracia, en suma. La casa de nuestro sistema social y económico lleva años sufriendo, perdiendo color, parte del tejado, pero el TTIP es la termita que ataca directamente a la propia estructura social, productiva y ecológica de esta edificación basada en derechos y regulaciones logrados tras años de lucha de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras. Voy a recordar nuevamente que este acuerdo quiere borrar de un plumazo toda regulación que afecta a cuestiones vitales de todas las personas, de todos nosotros. Por ejemplo, ¿dónde quedarán las normas de protección de la salud, del medio ambiente, de los consumidores? ¿De verdad creen ustedes que la gran industria alimentaria, la gran distribución no va a imponer sus normas, que pasan por que el principio de riesgo americano sustituya al principio de prevención europeo, sin condicionantes sanitarios ni control previo, o sea comida basura para todo el mundo y la espada de Damocles de las crisis alimentarias sobre nuestras cabezas? Es un auténtico etnocidio para la agricultura social y medioambientalmente sostenible y un paraíso, en cambio, para la agricultura industrial, devastadora para la sociedad y el medio ambiente, o sea hormonas, antibióticos, en la producción transgénicos inundarán nuestros estantes sin que podamos hacer nada para evitarlo, porque se impide a nuestras instituciones legislar para garantizar derechos y servicios públicos. Es realmente terrible. Sobre el medio ambiente, ¿qué me dicen? ¿Cómo creen que están las industrias químicas americanas? Con los dientes largos, esperando que la regulación medioambiental europea se ponga a su nivel, tan bajito. Y sobre las relaciones laborales y los servicios públicos, más de lo mismo: rebajar y rebajar derechos y puertas abiertas a más y más privatización. Si el Parlamento vasco o navarro aprobaran legítimamente, por ejemplo, una prohibición sobre el fracking, o si dispusiéramos un salario mínimo o normas de prevención a respetar, desde la producción hasta el consumo de cualquier producto, ¿qué pasaría? Que sería una barrera burocrática y, como tal, abolida, y además sacarían su conejo de la chistera, el truco de este trato: la ISDS, mediante la que tres jueces internacionales decidirían - ante la queja de cualquier corporación que se sintiera afectada en su negocio - el coste y la multa a abonar a la empresa, o sea al carajo la soberanía de los Estados y, desde luego, nuestro marco de decisión cada vez más y más alejado, porque ya no se trata de modificar regulación innecesaria para evitar la burocracia, sino de impedir que parlamentos democráticos hagan nuevas leyes. Si eso no es el fin de la democracia, ¿qué es? Ustedes saben que de este tratado no deriva más trabajo, más empleo o más crecimiento, lo saben. La experiencia y cantidad de estudios independientes han demostrado que el TTIP destruiría muchos empleos, supondría una pérdida anual de ingresos por trabajador, además de un descenso del PIB en todos los países. Lo mismo pasaría en el ámbito laboral, sobre todo en salarios, seguridad y salud laboral, porque este acuerdo no obligará a Estados Unidos a incorporar los derechos laborales reconocidos desde hace décadas en Europa sino al contrario, hará que en Europa se bajen los estándares. Hay ejemplos. Tras veinte años del Nafta, se reconoce que para México fue un terrible error considerando cualquier indicador económico y social; igualmente, Estados Unidos ha perdido 700.000 puestos de trabajo. Influyentes analistas afirman que ha profundizado en las desigualdades y ha sido un mecanismo para transferir una enorme cantidad de riqueza desde las clases bajas y medias hacia las cuentas bancarias del 1 %. Es decir, el libre comercio no implica crecimiento. Citando a Piketty, por ejemplo, la concentración de la riqueza en unas pocas manos es mayor que nunca desde la Depresión de 1929. Esta brecha es inevitable y seguirá creciendo porque el sistema económico está trucado en favor del capital y en contra del trabajo. O hacemos algo ahora para revertir la tendencia, o la riqueza seguirá concentrándose. Este acuerdo es un salto cualitativo en esa senda del modelo económico en el que las grandes empresas se hacen más ricas. Se da más poder a los bancos para que entren en nuevos mercados y la brecha de la desigualdad sigue creciendo mientras que las políticas de la Unión Europea convierten el Mediterráneo en una tumba masiva. Es hora ya de poner en el centro a las personas y sus condiciones de vida, en lugar del mercado y del dinero. Por eso, porque no hay nada positivo a nuestro entender para la ciudadanía europea, porque es un ataque directo a nuestra soberanía, Amaiur dice no a este tratado. Mediante esta moción queremos hacer un ejercicio elemental de democracia, algo que los impulsores de este acuerdo están impidiendo y sobre lo que aquí debemos todos retratarnos: acabar con el secretismo de este tratado. Queremos sacar a la luz a ese vampiro que quiere chuparnos la sangre, que haya información clara y veraz sin ningún tipo de restricción, que todos los sectores y las administraciones afectadas puedan participar en el debate, que la negociación se dé con luz y taquígrafos en la sede del Parlamento Europeo, que no se dé ni un paso atrás en derechos de la ciudadanía y que, si finalmente se llegara a un acuerdo, este fuera sometido a referéndum o consulta a la ciudadanía como máxima expresión de soberanía del pueblo, porque sabemos que si el pueblo habla...
Señora Ariztegui.
Acabo, señora presidenta. ... porque sabemos que si el pueblo habla, dirá no al TTIP. Muchas gracias.
Gracias, señora Ariztegui. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
Hemos debatido ya en varias ocasiones sobre este tratado en esta Cámara, en el Pleno yo personalmente dos veces, creo recordar, en la Comisión de Economía también un par de veces e igualmente en la Comisión Mixta para la Unión Europea y no quiero reabrir un debate que creo que está bastante acotado. No creo que sea este el lugar para hacer hoy un debate sobre el comercio internacional. Llevaría mucho tiempo y no es mi grupo el que se vaya a pronunciar en contra del comercio internacional. No es un debate en el que haya que plantearse si queremos tener un modelo de sociedades abiertas, dinámicas, que comercian y que crean prosperidad para poder sostener sociedades justas con modelos de bienestar en los que se garantiza la igualdad de oportunidades, pero sí creo oportuno recordar una serie de datos para que se tenga en cuenta lo que el comercio internacional y la apertura comercial han provocado en este país. Señora Ariztegui, la provincia con renta per capita más rica de este país es Álava, la segunda es Guipúzcoa, la cuarta Vizcaya y la quinta la mía, Navarra. Estas cuatro provincias son también las que tienen una mayor apertura exterior y no es coincidencia. Navarra exporta el 38 % de su producto interior bruto y el País Vasco en su conjunto un 32 %, siendo Álava la que más. Son estas cuatro provincias las que duplican el porcentaje de exportaciones respecto a la media española y no es casualidad que sean también las provincias más ricas, aunque hay otras razones de tipo histórico o industrial que ahora no vienen a cuento. Otro dato, el producto interior bruto de nuestro país aumentó en los diez primeros años de adhesión a las Comunidades Europeas en un 56 % y España en su conjunto redujo la brecha de PIB, la llamada convergencia real con la Unión Europea, en 20 puntos en aquellos diez años. Todos son efectos provocados por el comercio, que por supuesto exigen regulación y políticas justas y progresistas, políticas que mi grupo siempre ha defendido. En el caso que nos trae, estamos hablando de un posible acuerdo que se está negociando que puede generar muchos beneficios en materia de crecimiento de empleo y de renta tanto para Europa como para Estados Unidos. Sabemos bien - lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional - que va a ser muy difícil recuperar los niveles de renta y empleo previos a la crisis si seguimos por esta senda por la que nos llevan la austeridad y las políticas económicas de la derecha europea, que no invierten en innovación, que no invierten en capital humano, que no invierten en la industria y que exigen nuevos elementos dinamizadores, y uno de ellos es el comercio, comercio que por supuesto exige regulación. Muchas veces hemos dicho ya aquí - incluso hemos llegado a pactar una moción con el Grupo de Izquierda Unida - que el Grupo Socialista no va a permitir ni un paso atrás - lo digo despacio, ni un paso atrás - en materia de protección medioambiental, laboral y social en la Unión Europea con motivo de la negociación de este tratado. La enmienda que presentamos marca claramente cuáles son las líneas rojas de mi partido y de mi grupo, aquí y en Bruselas, porque el comercio internacional es una competencia exclusiva de la Unión Europea y es bueno que sea así, porque somos un mercado común, somos una unidad de cohesión económica que tantos siglos de lucha costó conseguir y que ha generado, como decía, aumentos de empleo, de renta y de calidad de vida desconocidos. Usted y yo, señora Ariztegui, que somos, como suelo decir yo, fronterizos, sabemos muy bien lo que era cruzar la muga en los setenta, pasar por Irún o por Dantxarinea a Francia, y lo que es ahora. Entonces atravesábamos una frontera económica brutal que ya no existe. Ahora existe en otras partes del mundo, como usted ha dicho, en el Mediterráneo, y hay que acabar con ella, pero esa eliminación de la frontera económica entre España y Francia, en la muga que tantas veces cruzamos cuando éramos pequeños los que somos de esa parte de España - lo recordamos muy bien -, es gracias al comercio internacional. Ahora bien, ¿líneas rojas? Muchas: transparencia, comparecencias. Mi enmienda recoge la posición del Grupo Socialista de los últimos meses. Queremos por supuesto estudios de impacto en los sectores del comercio. Queremos que comparezca el presidente del Gobierno. Lo dijo el otro día en la comparecencia sobre el Consejo Europeo y no ha venido. Queremos que se garanticen los estándares laborales, sociales, medioambientales; que haya un capítulo específico sobre legislación laboral. Queremos también que se incorpore un mecanismo de resolución de disputas en materia laboral, que no haya dumping social. Queremos que se excluya el mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos, porque ambos ámbitos tienen un sistema judicial lo suficientemente maduro como para poderlo hacer por la vía judicial. Queremos que se protejan los datos, que se preserve la identidad cultural europea; por supuesto, que se luche conjuntamente contra la evasión fiscal, contra los paraísos fiscales. Todo ello debe estar en el acuerdo, esto y muchas cosas más que se recogen en nuestra enmienda, que es la posición que mi grupo defiende aquí, en Comisión y en el Parlamento Europeo, en todas partes. Ni un paso atrás, pero a favor de un acuerdo justo que sirva para elevar el empleo y la prosperidad de ambos entornos. Respecto a su moción, no podemos votar a favor del punto 5, pero si ustedes piden una votación separada por puntos, podremos apoyar los cuatro primeros. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Moscoso. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, señora Ariztegui, leyendo el contenido de la moción que usted trae para su debate y votación he de decirle que estoy de acuerdo en lo esencial, aunque quizás usted interprete que lo que es esencial para mí sea secundario para su grupo parlamentario. En opinión del Grupo Vasco lo fundamental es que el proceso de negociación del acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión es un asunto clave para nuestro futuro económico y político y se está desarrollando de una forma poco transparente. Las negociaciones, los acuerdos alcanzados ya, las personas que han de defender las negociaciones por parte europea han de ser conocidos por las instituciones y por los ciudadanos. Para ello será preciso - y en esto estamos de acuerdo - establecer un mecanismo de participación institucional por cuyo cauce se debatan los temas a efectos de fijar las posiciones que consideremos relevantes de cara a las múltiples negociaciones que se están desarrollando. Seguramente no es un tema fácil, pero una comparecencia del presidente Rajoy en esta Cámara para que nos explique el estado de la cuestión de las negociaciones, de los avances, de lo que queda por negociar, etcétera, podría ser un buen punto de partida. Desde ahí podríamos trasladarlo a otros niveles institucionales vía comisión interterritorial u otros mecanismos. Sin embargo, he de señalar que no compartimos muchos de los argumentos y temores que se desprenden del preámbulo de la iniciativa y de su intervención hoy en esta Cámara. Presuponer que van a ser las multinacionales las que marquen las reglas del juego y condicionen las negociaciones me parece sinceramente un tanto excesivo. Las multinacionales - desgraciadamente y por propia definición - saben moverse por todas partes saltándose las barreras que actualmente ya existen. El acuerdo no tiene por qué ser un acuerdo neoliberal que sacrifique las democracias al mercado. No podemos ni debemos caer en este discurso y debemos evitar que esto sea así. Europa tiene que defender los avances sociales alcanzados y las políticas públicas consolidadas en materia de pensiones, educación, sanidad y otras tantas cosas, defender en definitiva nuestra idiosincrasia y características, y en ello debemos poner nuestro empeño y en ello debemos trabajar. Insisto, el acuerdo no ha de suponer necesariamente una precarización o un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Tendremos que evitarlo. Muy al contrario, el acuerdo debería contemplarse como una gran oportunidad de abrir nuevos mercados y negocios. Me consta que en este sentido están apoyando multitud de empresas de Euskadi, que observan en el acuerdo una oportunidad para vender en el exterior, crear riqueza y crear empleo. Haciendo las cosas bien no hay que tener miedo a la competencia. Hay que aprovechar las oportunidades que esta nos ofrece. La experiencia nos dice además que la apertura de mercados y la reducción de barreras y aranceles a priori son positivas para la economía. La integración en la Unión Europea de la economía española supuso un impulso importante al crecimiento económico y a la creación de empleo. Los crecimientos más elevados de los últimos años se produjeron precisamente en el quinquenio 1986-1991 merced a la apertura de esos mercados. De todas formas, existen riesgos, señora Ariztegui, es cierto, son reales y hay que tratar de evitarlos a toda costa. Por eso precisamente es bueno poner luz y taquígrafos sobre la negociación, fijar claramente las líneas rojas y puntos de partida de la posición europea y establecer los mecanismos de participación de forma que el acuerdo sea el de todos y no responda solo a los intereses de los poderosos. Consideramos en el Grupo Vasco que esencialmente los cinco puntos que usted plantea, relativos a la información, a la transparencia y a la participación, son positivos y los votaremos favorablemente.
Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
Muchas gracias, señora presidenta. El concepto de libre mercado o de mercado libre autorregulado es en realidad una utopía, eso decía Karl Polanyi y eso mantenemos nosotros en nuestro grupo. Entendemos que la economía nunca opera en el vacío, siempre opera en un marco institucional y por tanto siempre hay determinadas regulaciones, normas, costumbres, leyes, constituciones o tratados internacionales que regulan los límites del margen en el ámbito económico. Esto siempre ha sido así y lo fue también cuando en esta misma Cámara se llegó a debatir hace ya muchos años el Tratado de Maastricht; también se debatieron, aunque no se votaron, en muchas ocasiones una serie de tratados que le siguieron después: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Tratado de nueva gobernanza, incluso la fracasada constitución europea, de la que se hizo un referéndum en el Estado español, pero que finalmente fracasó a escala europea por la negativa de muchos países a aceptar una cierta institucionalización de cómo debería ser la economía. Después vino el Tratado de Lisboa y en última instancia la aplicación de ese mismo contenido en otro formato diferente. En definitiva, hemos vivido desde hace bastantes años una constitucionalización, un nuevo proceso constituyente dirigido por las élites económicas y políticas que han diseñado una arquitectura que impide en la práctica cualquier alternativa al neoliberalismo y que lleva a cierta paranoia, legítima y desgraciadamente paradójica, de que incluso Gobiernos socialdemócratas no han tenido capacidad de aplicar sus propias políticas porque ese diseño institucional lo ha evitado. El último paso de todo estos diseños y de este proceso constituyente dirigido por la derecha, contra el que nuestro grupo siempre ha estado coherentemente en contra, es el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y, como se sabe que cuando se le deja opinar a la gente, en ocasiones la gente se muestra contraria, como ocurrió en Francia, en Países Bajos y en Irlanda con la constitución europea fracasada, en este momento lo que se hace es diseñarlo a espaldas de la ciudadanía y lo que tenemos es un tratado de libre comercio del que desconocemos ampliamente su información y del que solo tenemos alguna gracias a las filtraciones o gracias a una presión que permite que eurodiputados tengan acceso durante una hora a una sala de la que ni siquiera pueden sacar ningún tipo de información, como por ejemplo la fotocopia de un mísero papel que incluya algo relevante para estudiar. Por tanto, eso no es una democracia. Eso se parece más bien a otros modelos de Gobierno y sobre todo se parece a una élite dirigente oligárquica que constituye las cosas al margen de la ciudadanía. Por eso ese tratado de libre comercio va mucho más allá de las cuestiones económicas, sobre las que podríamos debatir y ya hemos debatido tres veces al menos en este Pleno y varias veces más en la Comisión de Economía, donde hemos dicho que no es un problema simplemente de libre mercado o no, sino de estructura productiva, de que, como abramos las fronteras de cara a nuestros agricultores frente a una agricultura fundamentalmente expansiva pero muy tecnologizada como la de Estados Unidos, tendremos sectores que van a verse profundamente deteriorados. Esto es como la metáfora del economista alemán List, del siglo XIX, que decía que al final aquí hay países que se modernizan, se desarrollan, suben la escalera y, cuando están arriba del todo ya siendo los países más competitivos, dan una patada a la escalera y les piden a los demás que intenten subir, cuando ya no hay escalera por la que hacerlo. Esa es en última instancia la esencia del libre comercio en nuestro mundo desarrollado y por eso nos parecen una verdadera barbaridad las tesis ideológicas neoliberales que van detrás de todo lo que se conoce de este tratado. Es un atentado no solo a la democracia, no solo a la estructura productiva y a las posibilidades de desarrollo de nuestra economía, de las economías europeas y de las economías particularmente del sur de Europa. En definitiva, es un atentado democrático porque se hace de espaldas a la ciudadanía, se hace, como siempre en los últimos años, institucionalizando una forma de entender la política y su relación con la economía y, por eso, vamos a apoyar esta moción, porque está en coherencia y en línea con lo que nosotros pensamos del tratado. Nos parece muy relevante poner el acento en el aspecto del referéndum porque probablemente este tratado de libre comercio no será aprobado en los próximos años porque el Gobierno, por fortuna, de Grecia, formado por dirigentes que están a la altura del momento para representar a la ciudadanía, se va a oponer. Sin embargo, el día en que por desgracia llegue la posibilidad de que este tratado pueda ser aprobado, esperemos que se haga a través de un referéndum para que sea la gente la que lo decida libremente, y no se hagan tretas jurídicas y se realice a través de los propios parlamentos, que muchas veces no terminan de reflejar lo que opina la gente. Eso lo vimos en Francia, lo vimos en Países Bajos, en aquella fracasada Constitución Europea. Esperemos que no lo volvamos a ver, primero, porque no salga a la luz y, segundo, porque si sale a la luz la gente diga en un referéndum que no. Por tanto, votaremos a favor de la moción.
Gracias, señor Garzón. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Solsona.
Gracias, señora presidenta. Señora Ariztegui, permítame una observación a modo de comentario: una cosa es ver, escuchar o leer su interpelación o su intervención de hoy en el Pleno y, otra cosa muy distinta, es leer la moción que se nos presenta. Una interpelación el otro día y una intervención hoy que ponen sobre la mesa su radical y enérgico rechazo a este tratado: amenaza, «etnicidio», golpe de Estado al sector agrario, mayor ataque a la democracia y un largo etcétera, pero al final cuando leemos la moción no aparece. Es por eso que nos sorprende la moción que vamos a votar hoy porque es una moción que, a pesar de todo el relato que se ha expresado desde esta tribuna, huye de fijar posición sobre el futuro del acuerdo y propone una moción que reclama reuniones con los sectores afectados - estamos de acuerdo -; un debate monográfico en esta Cámara - estamos de acuerdo -; información sobre las propuestas que el Gobierno haga en las negociaciones en todos los sectores - estamos de acuerdo -; reuniones con las comunidades autónomas para informarlas, escucharlas y coordinar propuestas para brindar su soberanía - estamos de acuerdo - y, por último, solicitar un referéndum a nivel europeo donde también se nos plantean ciertas dudas y reservas debido a la falta de información de los contenidos del acuerdo y de la idoneidad o no de un referéndum. En cualquier caso, nuestro grupo siempre está a favor de la democracia participativa. ¿Qué piensa Convergència i Unió? ¿Cuál es nuestra posición? La basamos en cinco ejes. Primero, información. Convergència i Unió ha solicitado más información tanto a la Comisión Europea como al Estado español. Queremos analizar profundamente este acuerdo, conocer los detalles, tener la garantía de que no cuestionará nuestro Estado del bienestar y ver qué afectación concreta tiene sobre la economía, en este caso catalana, y sus diferentes sectores. Segundo, defensa de nuestro modelo de Estado del bienestar. En la línea que ya expresó también la comisaria Malmström, los beneficios económicos de un tratado no pueden ir en detrimento del modelo social europeo. Convergència i Unió no dará su apoyo a ningún tratado que suponga un retroceso en nuestro modelo de bienestar. Tercero, analizar los impactos sectoriales. Cuarto, no haremos catastrofismo. Pensamos que este acuerdo, si se negocia correctamente, puede ser positivo para la economía catalana y muy especialmente para las pymes. Por eso, no nos sumaremos a actitudes catastrofistas ni a bloqueos prematuros y no nos posicionaremos hasta que conozcamos exactamente los defectos del tratado. Quinto, promoveremos el debate en el seno de la sociedad catalana, impulsando la implicación y la participación de la sociedad catalana en el proceso de consulta social y en las presentaciones y observaciones en relación con el tratado. Señorías, para terminar diré que afortunadamente este no es un tratado que dependa de la mayoría parlamentaria de un grupo u otro aquí en Madrid. [[El señor]] No es un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos, sino que depende de la ratificación de cada uno de los veintiocho parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta realidad nos permite afirmar que tenemos profundas dudas de que sea ratificado en caso de que sea un acuerdo negativo para Europa o para los ciudadanos europeos por parlamentos con profundas raíces democráticas y defensores del Estado del bienestar europeo. Este acuerdo tiene que ser transparente o no será. Por eso, aprovechamos hoy también para solicitar al Gobierno que empiece a traer información sobre el TTPI al Congreso; información que no puede limitarse a la que ya podemos obtener del Parlamento Europeo, sino que debe extenderse a los análisis de impacto de los acuerdos sobre la realidad de nuestros sectores productivos dentro del territorio del Estado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López Garrido.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el 25 de junio de 2013 esta Cámara pareció entender mayoritariamente - cuando aprobó una proposición no de ley apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] y el Grupo Parlamentario Popular - que la posibilidad de alcanzar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos satisfactorio para ambas partes fomentaría el crecimiento de nuestras economías y, por tanto, la creación de empleo. Esta Cámara aprobó esa proposición no de ley para apoyar el rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio ambicioso y mutuamente beneficioso. No creo que a nadie se le oculte que este posible acuerdo de libre comercio es de gran importancia estratégica para nuestro país, puesto que es uno de sus principales beneficiarios potenciales. Parece ser que este tratado de libre comercio pudiera traer grandes ventajas. Al menos así lo entienden numerosos analistas económicos y miles de empresas pequeñas y medianas; no las grandes multinacionales, señorías, sino las más de 15.000 empresas españolas que exportan a los Estados Unidos de América. España sería el cuarto país de los incluidos en la negociación que más puestos de trabajo crearía y el cuarto país en el que más se incrementaría la renta per capita a largo plazo. Sin embargo, voy a hacer como el señor Moscoso y no me voy a detener en los aspectos económicos, porque creo que esta moción - el portavoz de Convergència i Unió lo ha resaltado en cierto modo - es una moción trampa: ataca visceralmente el acuerdo - quizá porque implica a los Estados Unidos de América -, cuando al final en su tenor literal viene a decir otras cosas. Para rechazar esta moción bastaría con atenerse a la realidad de los hechos, pero ya sabemos que algunos no están en disposición de que la realidad les estropee el discurso que mantienen y la campaña orquestada desde grupos políticos de carácter ideológico muy marcado en contra de este acuerdo. Después de cada una de las rondas de negociación - llevamos ocho y el pasado lunes empezó la novena - la Unión Europea ha mantenido reuniones con representantes de la sociedad civil: sindicatos, ONG, organizaciones de consumidores, organizaciones profesionales, empresas, etcétera. El Gobierno de España ha mantenido una continua agenda de comunicación y de contactos al participar en conferencias internacionales, en marzo de 2014; seminarios sobre el tratado, en junio de 2014; eventos divulgativos en la sede del Parlamento Europeo, en noviembre de 2014; otros eventos organizados por la Organización de Consumidores y Usuarios o la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en febrero de 2015; debates públicos organizados por las delegaciones de la UE, en marzo de 2015; la campaña de información puesta en marcha con la Comisión Europea - además de toda la información que existe en la página web tanto del Gobierno como de la Unión Europea -, y los múltiples contactos que desde los distintos ministerios se mantienen con todos los afectados, incluidas también las comunidades autónomas. Esto es una realidad. Insisto, la realidad puede que les estropee el discurso, pero esa es la realidad. Se pide un debate parlamentario específico. Esta es la décima vez que se aborda esta cuestión en el Parlamento español y estamos dispuestos a que se siga abordando, por supuesto que sí. Ha sido cinco veces debatida en Pleno y otras cinco en Comisión, incluyendo comparecencias como la del secretario de Estado de Comercio, incluyendo debate en la Comisión de Exteriores, debate en la Comisión de Economía; incluyendo comparecencias como la de la comisaria Malmström, comisaria de Comercio, en sesión conjunta de la Comisión Mixta de la Unión Europea y de la Comisión de Economía celebrada hace apenas un mes. Son diez las ocasiones y basta con este hecho para desvirtuar la afirmación de que este debate no se trae. No solo se trae, sino que se seguirá trayendo cuantas veces sea necesario. El presidente del Gobierno anunció un próximo debate con el secretario de Estado de Comercio monográficamente sobre esta cuestión en el mes de junio. Basta con leer las directrices que la Comisión le da al equipo negociador de que en nombre de la Unión Europea participa en estos contactos para saber que mantiene que las regulaciones básicas de la Unión en materia de alimentación, sanidad, medio ambiente y derechos laborales no serán objeto de negociación. Aparece en el punto octavo de esa directriz que le da a los negociadores. Señorías, la comisaria Malmström, en su comparecencia aquí hace apenas un mes, dijo que el tratado no socavará nuestros niveles de protección de medio ambiente o de seguridad alimentaria y que solo cooperaremos con los Estados Unidos en temas regulatorios donde tenemos los mismos objetivos. No vamos a cambiar las reglas sobre hormonas en la carne ni sobre los organismos genéticamente modificados. - Es la transcripción literal de lo que dijo la comisaria Malmström -. Ya sé que para algunos nada es suficiente, también les parece insuficiente el procedimiento democrático que se ha seguido. El procedimiento será aprobado necesariamente - también han hecho referencia a ello algunos intervinientes -, primero, por el Consejo Europeo, del que forman parte los Estados democráticos miembros de la Unión y, segundo, por el Parlamento Europeo. Como la legitimidad de ese Parlamento es absoluta y nadie puede cuestionarla, este proceso ofrece garantías democráticas y nadie puede decir que se va a quedar sin oportunidad de manifestarse al respecto. Señoría proponente, la Unión Europea, que creo - sinceramente lo creo y muchos de nosotros lo compartimos - que es un ejemplo de democracia, de cooperación, de respeto al medio ambiente y de respeto a los derechos civiles y a los derechos de los trabajadores, empezó en un tratado de libre comercio. De lo que estamos convencidos, señoría, es de que no vamos a caer en esta moción trampa porque lo que ustedes cuestionan es la esencia de nuestras instituciones democráticas. A este lado y al otro lado del Océano Atlántico se congregan los países más democráticos del mundo. Nuestras democracias, las de la Unión Europea, y la democracia estadounidense al otro lado del Atlántico están todas ellas dentro de los cincuenta países más democráticos del mundo, se mire según los índices o ránquines de democracia que ustedes quieran encontrar. Eso es lo que les preocupa y molesta. No vamos a caer en esa trampa. Estamos modestamente convencidos de que si el tratado sale adelante será después de un proceso transparente, democrático y que defienda los intereses de los ciudadanos y trabajadores de la Unión Europea. Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López Garrido. Señora Ariztegui, le han presentado una enmienda, ¿puede decirme cuál es su posición respecto a ella?
No la aceptamos y pedimos la votación por puntos, por favor.
Así se hará, señora Ariztegui. Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA CONDENA DE LA LIMPIEZA NACIONAL Y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD COMETIDOS POR LA BANDA TERRORISTA ETA Y SU ENTRAMADO POLÍTICO, A FIN DE DAR LA NECESARIA SATISFACCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE ESTAS VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y SATISFACER EL DERECHO INALIENABLE A CONOCER LA VERDAD. [[Número de expediente 173/000206]]
Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre los propósitos del Gobierno en relación con la condena de limpieza nacional y crímenes contra la humanidad cometidos por la banda terrorista ETA y su entramado político, a fin de dar la necesaria satisfacción y reconocimiento a las víctimas de estas violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y satisfacer el derecho inalienable a conocer la verdad. Esta moción va a ser defendida por la señora Díez.
Gracias, presidente. Señorías, como tuve oportunidad de recordar la pasada semana en la defensa de la interpelación presentada al Gobierno, esta moción trae consecuencia de una declaración institucional del Parlamento navarro producida el día 17 de marzo. Lo que ha hecho el Parlamento navarro, a nuestro juicio, corresponde que siga haciéndolo el Parlamento nacional, que siga esa senda, una senda positiva de reconocimiento de la verdad, de reconocimiento de las víctimas, ese día 17 de marzo, que proclamamos todos como un buen día. Espero que hoy sea el día, o mañana, cuando se vote, que sigamos ese ejemplo que nos dio el Parlamento navarro ese 17 de marzo. Señorías, cuando el día 20 octubre del año 2011 se detuvieron los atentados mortales de ETA tras su declaración de alto el fuego, los números eran estremecedores: 858 muertos, más de 10.000 asesinatos frustrados y miles de extorsionados y desplazados forzosos fuera de Euskadi y de Navarra. ETA ha dejado un reguero de sangre que ha empapado y envilecido las raíces de nuestra tierra y ha puesto una enorme losa sobre nuestro futuro, el futuro del conjunto de los ciudadanos. Para comprender mejor la dimensión del drama, del horror hay dos datos, señorías: de los 858 crímenes que acabo de señalar, más de 800, casi los 10.000 asesinatos frustrados y todos los miles de extorsionados y desplazados lo fueron durante la democracia. ETA, conviene que todos lo recordemos, no asesinó apenas durante la dictadura; sus crímenes los cometió durante y contra la democracia, durante y contra la democracia. Segundo dato: cuando ETA decretó su alto el fuego había, y hay aún hoy, más de 300 crímenes perpetrados, en democracia - insisto - que estaban y están sin resolver. Señorías, reparar el daño requiere reparar el duelo, que se pueda hacer el duelo, y para hacer el duelo se requiere conocer a los victimarios, a los asesinos, a los responsables. Para hacer el duelo es necesario que exista justicia, pues sin justicia no hay reparación; con impunidad no hay reparación; sin memoria no hay reparación. Memoria, dignidad y justicia son absolutamente necesarias - insisto - para que podamos finalizar esta etapa desgraciada de la historia de la democracia y para que las víctimas puedan hacer su duelo. La memoria requiere verdad y la verdad requiere relato; relato verdadero y no versiones de lo que ocurrió y de lo que, por cierto, sigue ocurriendo - me referiré a ello al final -, sino un relato, el relato de la verdad; requiere que sea escriba la verdad, que se escriba y que se estudie la verdad, que los jóvenes conozcan la verdad, que el propio sistema educativo, los responsables políticos, los prescriptores de opinión sean capaces de contar y de escribir la verdad. La verdad es que en España, pero particularmente en Euskadi y en Navarra, en esa parte de España, ha habido limpieza nacional, limpieza étnica, como proclamaron las autoridades navarras, su Parlamento navarro y, como muchas veces hemos dicho, algunos de los que aquí estamos. Sí, hubo limpieza nacional, limpieza étnica en todos esos crímenes, en todas esas extorsiones, en todas esas expulsiones. Sí, hubo limpieza étnica, porque los asesinaron por ser españoles. Sí, los asesinaron por defender la democracia. Sí, los asesinaron por defender la Constitución. Sí, son crímenes de lesa humanidad. Por eso, deben ser competencia de la Corte Penal Internacional, para que no prescriban. Ese es el primero de los efectos de los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. Además, también para que sean considerados, como todos los crímenes de los que es competente la Corte Penal Internacional, como lo más execrable de la humanidad; como crímenes de los más execrables de la humanidad. ¿Para qué? Para que nadie, en su nombre, pueda reivindicar un objetivo político. ¿Alguien puede reivindicar un objetivo político para aquellos crímenes que son considerados competencia de la Corte Penal Internacional? No. Pues esa es la tercera de las consideraciones; además de que no prescriben son de lesa humanidad; por eso no prescriben y, además, nadie, jamás, si no es con vergüenza, oprobio y condena de todos los que lo escuchen podrá reivindicarlos en nombre de cualquier causa política. Señorías, por eso tenemos que continuar en esta denuncia. Por eso, tenemos que seguir, señorías, en esta reivindicación. Sé que hay quien dice que ETA ya no mata; por lo tanto, hay que olvidar; por lo tanto, no debe haber reparación; por lo tanto, cualquier versión nos puede servir. Como decía la semana pasada recordando a Hannah Arendt cuando volvió del exilio y se encontró con que los alemanes hacían versiones sobre lo que fue genocidio - versiones; y reivindicó la verdad, reivindicó el relato y reivindicó la historia -, a los demócratas nos toca hoy insistir en reivindicar la historia; la historia de lo que de verdad ha ocurrido y de lo que de verdad ocurre, porque esto no ha terminado. ETA ha dejado de matar, pero esto no ha terminado. Todavía este fin de semana un montón de demócratas, unos pocos que representaban a muchos, estábamos en Andoain para reivindicar un espacio para la memoria, un espacio para la libertad, un espacio para la verdad, un espacio para que se reconociera lo que ocurrió en Andoain y en el resto del País Vasco. Estábamos ahí reivindicando un humilde buzón, el buzón de Joseba, un humilde buzón en el que muchos ciudadanos de Andoain y del País Vasco están dejando sus declaraciones, sus peticiones de perdón, su reconocimiento de vergüenza por su silencio; muchas personas que no hablaron, reivindicaron un buzón en un espacio público a 100 metros del ayuntamiento; un buzón que la alcaldesa de Bildu ha decidido retirar. Eso es lo que ocurre hoy también; no es lo que ocurrió en el pasado. Es la verdad del relato de lo que hoy sigue ocurriendo, de lo que algunos desde las instituciones quieren borrar porque quieren escribir un relato, una historia que no se corresponde con lo que ocurrió. Señorías, por eso me parece que es importante que nos comprometamos a escribir juntos el relato de la historia y de la verdad; que nos comprometamos a no permitir que los que nos asesinaron, que aquellos que quisieron terminar con la democracia, que los que felizmente no han podido terminar con la democracia y con la sociedad plural, escriban el relato. Como alguien ha querido escribir el relato de lo que ocurrió en nuestro país, en España, durante la dictadura, y después no hemos permitido que lo escriban. Queremos la verdad, porque solo desde la verdad puede haber reparación. Por eso, es pertinente que hoy, una vez más, haya aquí una declaración y un compromiso entre demócratas; que hagamos ni más ni menos lo que en otras muchas declaraciones anteriores hemos hecho, que es comprometernos con la verdad, con la justicia; comprometernos con la memoria, con la reparación del daño; que apoyemos a las víctimas, que es apoyar el relato de la democracia. Ni siquiera haría falta apoyar a las víctimas frente a los verdugos, porque no hay nadie entre nosotros que no tenga claro eso; sencillamente que apoyemos, insisto, esta declaración que ya se hizo en Navarra, y que no es ni más ni menos que una manera de reparar un daño que es absolutamente necesario y que es una asignatura pendiente de la democracia. La ocultación de la verdad, la ocultación de lo que ocurrió, es algo que ningún demócrata se puede permitir. Por eso, apelo a todos ustedes. Por eso apelo, además, en una casa en la que sé que la inmensa mayoría de los que aquí estamos, de los que están sentados hoy o de los que nos escuchamos cotidianamente, no tenemos ninguna diferencia sobre el fondo. Espero que seamos capaces de dar un paso adelante, un paso más en esta exigencia de reparación que hoy les planteo. Espero que seamos capaces también de ponernos de acuerdo en el texto definitivo. Termino diciendo que se han presentado dos enmiendas. La primera es una enmienda de La Izquierda Plural que lamentablemente mi grupo no puede aceptar, porque es una declaración de principios que se queda muy por debajo de lo que se pretende con esta moción, pero en todo caso, agradezco el esfuerzo de La Izquierda Plural por la presentación de esa enmienda. La segunda enmienda es la presentada por el Grupo Socialista, el Grupo Popular, Foro, UPN y Coalición Canaria sobre la que he ofrecido a sus proponentes una transaccional que lo único que hace es recoger el primer punto de la declaración de Navarra textualmente e incorporar en el último punto algo que en este Parlamento hemos votado al menos en tres ocasiones: que el Gobierno impulse en el ámbito de Naciones Unidas la adopción de un convenio global contra el terrorismo. Esto último es a nuestro juicio absolutamente imprescindible para recuperar el relato, para recuperar la verdad. Gracias presidente, por su generosidad. [[Aplausos]]
Gracias, señora Díez. En efecto, se han formulado enmiendas por varios grupos. Comenzamos por el Grupo Mixto, pero intervendrán tanto los que han formulado enmienda como los que no lo han hecho. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
Gracias, señor presidente. Señores de UPyD, no voy a reproducir las valoraciones públicas que la Asociación Dignidad y Justicia ha realizado sobre la presentación de esta iniciativa. No tengo tiempo, pero ustedes ya las conocen. Sus responsables, y como es sabido también los promotores de esta declaración, han sido suficientemente claros sobre la oportunidad y además con una cierta sensación de perplejidad que les produjo cuando vieron registrada esta iniciativa en esta casa como una iniciativa individual, de un solo grupo. Pero si algo tiene de positivo este debate - que yo creo que lo tiene - es que da a conocer que el pasado 17 de marzo con los votos de UPN, del Partido Socialista de Navarra y del Partido Popular en el Parlamento Foral de Navarra se aprobó un texto en el que se declaró un hecho que algunos quieren ocultar, como es que la banda terrorista más criminal de Europa de los últimos cincuenta años quiso forzar la voluntad política del País Vasco y de Navarra y poner de rodillas a todo un país, como es España, haciendo imposible la convivencia, la pluralidad de ideas y también de identidades. Además, lo quiso hacer cometiendo todo tipo de actos: extorsión, coacciones, amenazas, secuestros, bombas, asesinatos selectivos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los militares y, finalmente en un segundo paso, con una campaña de socialización del terror dirigida a eliminar a políticos a los que les unía algo muy significativo, o muy elemental y relevante para ellos, que era - usted bien lo ha dicho - ser y sentirse orgullosamente españoles en aquellas tierras. Una estrategia de eliminación selectiva que perfectamente ha explicado los responsables de la Asociación Dignidad y Justicia y que explica, en todo caso, la propia banda en sus muchos comunicados cuando nos dice por qué y para qué necesitaban la violencia en sus objetivos de construcción nacional, precisamente marcando, persiguiendo, atacando y expulsando a miles de ciudadanos a quienes privaron de su libertad, de la vida y de la paz; un objetivo genocida, de eliminación del que no pensaba como ellos. Señora Díez, no tenemos ningún problema en votar lo mismo que votamos en Pamplona. Si no acepta la transacción, lo tendríamos que hacer así sin ningún complejo. Nosotros decimos aquí lo mismo que allí, aunque es verdad que tenemos el visto bueno de los promotores de la iniciativa de esa declaración a nuestra postura de firmar una transacción con más grupos, y me consta - así nos lo han dicho - que prefieren unidad y consenso en este tema. En todo caso, pase lo que pase - mañana será la votación -, con todo, nosotros seguiremos denunciando la impunidad de los jefes etarras, exigiendo la necesidad de resolver esos más de 326 asesinatos sin respuesta, apoyando a los miles de desplazados de la persecución etarra y colaborando con todas las iniciativas para que se reconozca y se declare que la izquierda abertzale fue cómplice necesaria de ETA y, en definitiva, para que no cambie el relato de la verdad. En todo caso, señora Díez, señorías, creo que debemos hacerlo todos juntos, o al menos cuantos más mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Salvador. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Su iniciativa, señora Díez, desprende, a mi entender, obcecación y ninguna voluntad de avanzar en la reconciliación. Es profundamente irresponsable por cuanto el abandono de las armas por parte de ETA es irreversible. Usted sabe que ETA nunca fue reconocida por el Estado y la justicia española como beligerante, sino como organización terrorista, y así fueron juzgados y condenados sus integrantes. Su propuesta de usar el tipo penal de crimen contra la humanidad y genocidio es un manifiesto acto de mala fe, creo que profundamente reaccionario, que pretende sobrepujar el derecho internacional aplicable y consuetudinario, tal y como se conoce después de la Segunda Guerra Mundial. Su propuesta, así como la enmienda del Grupo Popular y la del Grupo Socialista, en cuanto a la posible adecuación de la figura de terrorismo en el derecho internacional, es una estrategia jurídica que viene defendiendo el Estado español durante los últimos diez años y que no ha encontrado apoyo alguno en el marco de Naciones Unidas, además de haber sido rechazada por la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de Naciones Unidas celebrada en Roma en 1998. También es un acto creo que de mala fe política que esconde la intención de convertir la Corte Penal Internacional en un tribunal de última instancia y utilizar la figura de terrorismo como forma de desarticular el propio tribunal, evitando así que se juzguen el crimen de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Es una estrategia dirigida por los Estados, aquellos que quieren la destrucción de la Corte para poder legitimar y ocultar los delitos de agresión cometidos en Afganistán, Irak, Libia, Siria, etcétera, convirtiéndola en un tribunal para asuntos internos, como ya ocurre actualmente con África o se pretende quizá con la República de Colombia. Finalmente, por el contrario, nos alegramos de que en la Sala Ernest Lluch de este Congreso se celebren el próximo día 29 de mayo las jornadas por la paz y la convivencia en Euskal Herria, en las que participarán víctimas de ETA y de los GAL para avanzar en el camino de la reconciliación y la fraternidad. Este es un encuentro organizado por la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid que cuenta con el aval de un buen número de diputadas y diputados de este Congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Urbina.
Señor presidente, señorías. Señora Díez, entiendo que tiene la casa hecha unos zorros, que necesita votos a toda costa y que se tiene que presentar aquí como el ariete contra la izquierda abertzale y para eso nos trae esta moción, una moción que sabe que no tiene cobertura legal, que no se ajusta a la realidad y que no aporta nada a la convivencia en Euskal Herria. Pero esto a usted le da igual. lo que quiere son votos. Además, la trae a una Cámara que todavía ha sido incapaz de reconocer el verdadero genocidio, el que cometieron los franquistas en el Estado español y en Euskal Herria, donde, entre otras cosas, los cuneteros dejaron 3.500 muertos en Nafarroa y cientos de fosas comunes. Por lo tanto, señora Díez, un poco de seriedad a la hora de traer planteamientos a la Cámara. Insisten ustedes en el tema del relato, insisten ustedes en intentar contarnos qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido en Euskal Herria. No nos lo tiene que contar nadie, nuestro pueblo lo ha vivido en sus propias carnes, no solo los últimos cincuenta años sino muchos más, y cada uno de nosotros - también usted - tiene su propio relato en el que cada uno sabe qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho y qué es lo que ha sufrido. Por tanto, señora Díez, nada del relato uniformador que nos pretenden ustedes imponer. El relato lo conforman y lo van a conformar todos esos relatos individuales y colectivos que han vivido en sus propias carnes lo ocurrido durante todo este tiempo, mal que le pese, señora Díez. Y es cierto, en ese relato hay víctimas, demasiadas, que hay que reconocer y reparar, pero el cien por cien, señora Díez, sin dejar al margen ninguna víctima. En ese relato hay vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos, que habrá que abordar, lo mismo que existen causas y porqués que deberán ser algún día abordados de manera democrática. Su propuesta, esta moción, no aporta nada positivo en ese sentido y por eso votaremos en contra, señora Díez.
Muchas gracias, señor Urbina. Se ha presentado también una enmienda por el Grupo de La Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. Nuestro grupo ha presentado una enmienda que voy a leer textualmente. Dice así: «El Congreso de los Diputados condena de forma rotunda y expresa la violencia terrorista perpetrada por ETA y exige su disolución incondicional». La hemos presentado, en primer lugar, para que no haya dudas sobre nuestra postura, independientemente de lo que ahora vamos a opinar. Porque en el fondo de la condena de la violencia estamos todos de acuerdo, por supuesto, pero no podemos permitir que el populismo se adueñe del debate sobre la violencia en Euskadi y los años del plomo. De hecho, el populismo ya utilizó el tema a fondo para sus intereses políticos, pero ahora no estamos ya en ese contexto político. Por suerte, la paz, la racionalidad, el diálogo y la normalización política se han abierto paso de forma definitiva. Y hay que afirmar que tanto la izquierda abertzale como las víctimas de todas las violencias hoy forman parte de la solución en Euskadi y no del problema. Por tanto, de una forma muy clara en 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, y esa convención dice lo que dice; por tanto, cuando juzgamos los crímenes de lesa humanidad o de genocidio, lo hacemos a la luz de esa norma internacional, que de forma clara dice que los crímenes de lesa humanidad significan un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o, por ejemplo, que para poder hablar de genocidio tenemos que estar frente a un plan o una política de Estado expresa - como fueron en su día las leyes nazis y las leyes franquistas que se aprobaron en España - o encubierta. Y es tan necesario que existan los crímenes como que exista el plan para cometerlos, y solo en ese caso se puede hablar de genocidio. Por tanto, no podemos votar favorablemente la iniciativa que se nos presenta porque lo que hace es retorcer los convenios internacionales para que se adapten al ideario político de una formación política, y eso no es posible. Los convenios internacionales están por encima de eso y, a la hora de juzgar, repito, los crímenes de lesa humanidad y de genocidio deben ser juzgados con esos criterios y no con los de una formación política o de un grupo de partidos políticos. Por todo ello, vamos a votar en contra. También nosotros nos congratulamos de que el Congreso de los Diputados el próximo 29 de mayo acoja en la simbólica Sala Ernest Lluch un encuentro de víctimas de ETA y del GAL, para que las víctimas dialoguen y nos enseñen a algunos y a algunas el camino y las soluciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nuet. Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.
Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo al menos quiere rendir nuevamente en este debate un sincero homenaje a las víctimas del terrorismo y expresar su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido. Toda la sociedad española debe reconocimiento y respeto a las víctimas del terrorismo, pero también debe mostrar su solidaridad y hacer un esfuerzo compartido, señora Díez, por la reparación que las víctimas y sus familiares merecen. Todas las iniciativas que mi grupo ha presentado que afectan a las víctimas del terrorismo han estado sustentadas en cuatro premisas: memoria, dignidad, justicia y verdad. Con estas premisas se aprobó en 2011, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, una ley que avanzó en las ayudas, en las prestaciones, en la atención y en las condecoraciones a las víctimas y que contó con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, a excepción de uno, el que hoy presenta esta moción. Qué curioso, ¿verdad? La significación política de las víctimas del terrorismo exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia, pero también un instrumento civilizador; sí, señorías, un instrumento civilizador, porque las víctimas conviven hoy en nuestra sociedad con aquellos que jaleaban a los asesinos, y no piden venganza, piden justicia y memoria; memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones nunca van a olvidar a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático, simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de derecho frente a la amenaza del terror de ETA, simbolizan mejor que nadie la derrota del terrorismo etarra, que no ha logrado sus objetivos, que no ha logrado reescribir la historia, que no ha logrado acabar con la libertad, que no ha logrado acabar con nuestra democracia; un terrorismo etarra al que hemos vencido, porque quiero recordarles que en noviembre de 2011 ETA, según sus propias palabras, declaraba el cese definitivo de su actividad armada. Esta derrota de ETA ha sido gracias al coraje, a la resistencia, al esfuerzo y dignidad que ha demostrado la sociedad española en unos años que fueron muy difíciles y que sin duda son un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitución y sus valores. Por eso, resulta indignante hoy oír a quienes desprecian ese pacto constitucional, que fue un pacto de toda la sociedad española y que tanto nos ha costado, que tantas lágrimas y sangre ha derramado. Esos que ahora vienen, como hace pocos años venían otros, prometiendo revolucionar la política, deberían recordar las palabras de Víctor Hugo, que decía que las revoluciones son como los volcanes, tienen días de llamas y años de humo. Unidad, señorías, la unidad del pacto constitucional o la unidad necesaria frente al terrorismo, unidad frente al terrorismo y para atender a las víctimas, porque en estas cuestiones no caben protagonismos, ningún protagonismo, señora Díez, ni cálculos electorales. Cuando hablamos de ETA y de las víctimas que ETA ha causado, resulta mezquino el afán protagonista, porque toda la sociedad española es, en mayor o en menor medida, víctima del zarpazo de ETA y porque si hay alguien que tiene que ser protagonista siempre van a ser las víctimas del terrorismo. Desde la unidad hemos derrotado a ETA y desde esa misma unidad debemos trabajar para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velar por que los terroristas cumplan íntegramente sus penas de acuerdo con lo establecido en la legislación penal. Y que los poderes públicos contribuyan al conocimiento de la verdad, de un relato cierto de lo que sucedió, que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades - no caben, señorías -, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y de terroristas, de quienes han sufrido el daño y de quienes lo han provocado, y que sirva para que las víctimas sientan el apoyo y el respeto de las instituciones públicas y de la sociedad, porque las víctimas del terrorismo son también víctimas de violaciones de los derechos humanos. Termino ya. La decencia de una sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas del terrorismo, de quienes han sido víctimas por defender la libertad y la democracia de la sociedad en la que vivían, y hoy, con la enmienda que proponemos junto con otros grupos, queremos seguir dando dignidad a las víctimas de ETA, dignidad, memoria, justicia y verdad, la que se presenta en nuestra enmienda, la que piden las víctimas del terrorismo y la que siempre ha defendido y ha promovido el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sicilia. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda para presentar su enmienda.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como todos sabemos en esta Cámara, a lo largo de más de medio siglo la banda terrorista ETA ha pretendido imponerse mediante el terror a la sociedad democrática y a sus instituciones, ha pretendido doblegar las libertades individuales, someter a sus designios el ejercicio de derechos fundamentales, ha pretendido cercenar en cada ciudadano la libertad con mayúscula, que no es sino el efectivo ejercicio en igualdad por cada persona de sus derechos y libertades democráticas. Para doblegar esa voluntad democrática ETA ha recurrido a todos los medios y formas de violencia, ha cometido más de ochocientos cincuenta asesinatos, causado miles de heridos y decenas de miles de víctimas de amenazas, extorsiones y todas las formas imaginables de violencia o de persecución. Ha dirigido sus atentados contra cuantos se opusieron a sus designios, contra quienes tenían encomendada la protección de las personas y la garantía de sus derechos y libertades, contra los garantes del orden constitucional y de las decisiones legítimamente adoptadas por las instituciones democráticas. En el terrorismo de ETA no solo es posible identificar agresiones individuales o atentados masivos e indiscriminados contra la libertad o contra la integridad física de sus víctimas, hay también una voluntad expresa, un plan, señor Nuet, en sus comunicados expresadamente reconocido, para eliminar a quienes no compartieran sus designios, un plan para expulsar mediante la coacción, la amenaza y el terror a cuantos representaran un obstáculo para sus pretensiones. Pretendieron su destrucción como grupos sociales, su eliminación como actores políticos organizados para imponer a toda una sociedad su proyecto totalitario. Son crímenes que van más allá del asesinato o las lesiones ocasionadas por los atentados. Por su alcance, por la voluntad de quienes los cometían, por los objetivos que pretendían alcanzar, revisten caracteres de figuras como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, y poner de manifiesto esa realidad forma parte también del compromiso con la verdad, que es imprescindible para combatir desde la democracia a los terroristas. A ello obedece la enmienda que hemos presentado a esta moción de UPyD. Es una enmienda en línea y con el apoyo expreso de cuantos impulsamos desde la política o desde las asociaciones la declaración institucional del Parlamento navarro. Una enmienda que condena los crímenes de ETA, a sus autores y a quienes los apoyaron y a quienes siguen sin condenar sus crímenes y, por tanto, sin llegar a la democracia a pesar del tiempo transcurrido, algo que probablemente el portavoz de Amaiur debería tener presente antes de bajar a esta tribuna, debería empezar por ahí, por dar el paso y hacer esa condena que sigue sin hacer, tantos años después, sin pretender arrogarse ningún otro tipo de representación. O lo que es lo mismo, ustedes siguen sin llegar a la democracia. Han llegado a la realidad y siguen sin llegar a la democracia. Por tanto, respaldamos la actuación de la justicia, esa justicia que consiga el total esclarecimiento de los crímenes de ETA, una tarea todavía ardua pero que, efectivamente, no ha sido abandonada por los tribunales españoles. Es una enmienda que respalda a la justicia para determinar si esos actos que describía que en el ámbito moral o social en nuestra convicción política son delitos contra la humanidad, son también constitutivos de delitos de genocidio o de lesa humanidad conforme a la legalidad penal, algo en lo que ya trabaja la Audiencia Nacional, como se recordaba aquí la pasada semana, con informes aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, el párrafo segundo encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un estudio específico sobre la situación actual y las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas de estos delitos porque creemos que reconocer su situación es el único modo de afrontar la reparación en lo posible. Por último, reiteramos otros acuerdos adoptados por esta Cámara en relación con la Corte Penal Internacional. Para el Partido Popular y para el Gobierno al que respaldamos las víctimas del terrorismo son una prioridad. La derrota de ETA es la victoria de la democracia y de sus valores, el triunfo de los demócratas, es decir, defendemos un final con justicia frente a pretensiones de impunidad, un final con memoria frente al olvido que persigue relativizar la responsabilidad de los terroristas y con verdad para que los hechos históricos que hemos vivido y padecido no se diluyan en relatos equidistantes, siempre cuajados de justificaciones, como hemos tenido que escuchar hoy en esta tribuna. Memoria, dignidad, justicia y verdad son los principios de la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. El olvido contribuye a la reedición de la pesadilla. Por tanto, debemos recordar para deslegitimar a los terroristas y sus crímenes, para desmontar los mitos y coartadas en que se refugian. Debemos preservar y difundir el relato de lo verdaderamente ocurrido durante tantos años, década tras década, en España. El Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo es, por ello, clave, es el pilar sobre el que hacer prevalecer memoria, dignidad y justicia y, por tanto, un centro al servicio de la memoria y de la verdad. Y a preservar la memoria de las víctimas de verdad obedece también la incorporación al currículo básico de secundaria y bachillerato de los contenidos referentes a la defensa de la democracia y sus valores frente al terrorismo. Así lo ha hecho - y no hace falta reiterarlo porque ya está hecho - el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado el pasado día 3 de enero. Educación en valores para la deslegitimación social y la erradicación definitiva del uso de la violencia para imponer pretensiones políticas. Termino. Porque las víctimas son una prioridad, también lo son para nosotros los centenares de crímenes de ETA pendientes de resolución judicial, pendientes de esclarecimiento. Defendemos un final de ETA sin impunidad y con justicia, lo que nos obliga a pensar en las familias de cada una de las víctimas todos los días, a respaldar la labor del Estado de derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detener y poner a disposición de la justicia a los terroristas huidos, más de 130 en esta legislatura, por cierto, en múltiples países de Europa y América, en una labor que permite que se cumplan las previsiones legales, es decir, que los criminales respondan de sus actos, cumplan íntegramente sus condenas y lejos de todo escenario de impunidad se sigan resolviendo casos y se puedan reabrir otros con el aporte de nuevas pruebas. Hoy podemos dar un nuevo paso en esa dirección. Señora Díez, quiero decirle para terminar que arrogarse de modo partidista iniciativas conjuntas, iniciativas de las que ni siquiera han sido ustedes partícipes hasta la fecha, no es la mejor manera de abordar estas cuestiones. Son cuestiones en las que estamos firmemente convencidos de que la unidad de los demócratas es un elemento fundamental. Es esa unidad la que ha contribuido de modo decisivo a la derrota de ETA, la de las fuerzas políticas, la de los ciudadanos respaldando la justicia, a las instituciones y a las fuerzas de seguridad. El fin de ETA es la victoria de todos los demócratas desde la unidad y lo tenemos presente tanto a la hora de firmar iniciativas como, por cierto, a la hora de ocupar la tribuna en mítines de precampaña. Por ello, sigo confiando en que podamos alcanzar…
Señor Barreda, tiene usted que terminar.
Termino, señor presidente. … un amplio acuerdo, con un respaldo más amplio en esta Cámara del que tuvo en Navarra también en torno a esta cuestión, pero depende de usted llegar al acuerdo, como todos sabemos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Barreda. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Señoras y señores diputados, el señor Catalá, ministro de Justicia, hoy mismo ha dicho que las leyes se hacen para superar etapas históricas, yo entiendo que no solo las leyes, también las mociones y las proposiciones no de ley. Sin embargo, no creo que algunos estén interesados en superar etapas históricas y en avanzar hacia situaciones de convivencia, de acuerdo y de arreglo, eso sí, reparando lo que haya que reparar, purgando quien tenga que purgar. Pero en su proposición no se adivina ninguna voluntad de avanzar para superar una etapa histórica. Es una iniciativa más de oportunismo, en unos momentos - por el acto que se va a celebrar, pero se han celebrado muchos otros - en que se están produciendo encuentros entre víctimas y victimarios y en los que la sociedad vasca intenta buscar una nueva etapa y superar muchas heridas. Usted insiste en la definición como genocidio de las brutalidades que durante años ha estado haciendo ETA. Desde luego ETA ha matado, ha extorsionado, ha hecho cosas absolutamente inaceptables, algunos casos los conozco muy cercanamente, en la familia, pero se puede y se debe decir que ha habido un intento de imposición de un proyecto político a través del terror, eso nadie lo niega, pero de ahí a que esos hechos puedan calificarse de genocidio hay un paso muy grande. Eso es inaceptable porque, tal y como dice la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos sistemáticos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con actos como matanza, lesión grave física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo. ¿Grupo nacional? Hombre, ustedes siempre han defendido que solo hay una nación que es la española, ¿o hay dos naciones? Vamos a suponer que hay una nación ideológica, pues tampoco, porque no ha habido solo víctimas que pensaran de una manera, ha habido víctimas que se identificaban nacionalmente de otra manera más cercana a los postulados de ETA y ETA ha acabado con ellos. ¿Étnica? Evidentemente no, ni tampoco racial, porque étnicamente ha habido gente que era vasca por todos sus ancestros y que ha sido asesinada por ETA. ¿Religioso? Pues tampoco. Pero usted está empeñada en ello y además con un objetivo muy concreto. Decía: para que en los tribunales quede claro que la causa o los objetivos que haya podido perseguir ETA queden proscritos. Está usted haciendo lo mismo que si alguien dijera: el Islam es lo mismo que la yihad y, como hay yihadistas, el Islam debe ser prohibido. Pues no, señora Díez, efectivamente ha habido un intento de imposición de un proyecto político a través del terror, con asesinatos execrables, con actos inaceptables, pero no quiera estirar las definiciones del derecho jurídico internacional porque entonces al final la palabra genocidio pierde valor. La palabra genocidio empezó con el caso armenio, del que se cumplen cien años. Otro caso es el de Ríos Montt, en Guatemala, que intentó exterminar una etnia como la ixil. No estamos en un caso de ese tipo. Por cierto, se habla de memoria y dignidad - y lo mismo que le digo a usted se lo digo al señor Barreda - de las víctimas. Fíjese, el señor Barreda también ha hablado del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Está en la Ley de víctimas del terrorismo y fue aprobada en la legislatura anterior, durante el Gobierno Zapatero. Ha pasado toda una legislatura y lo único que ha hecho el Gobierno Popular ha sido poner una placa, en periodo preelectoral, en un edificio vacío, sin proyecto, que se tuvo que retirar media hora después por un funcionario vestido de buzo. Algo vergonzoso. No me saque el Centro de memoria, porque incluso no han cumplido un convenio firmado con el Gobierno vasco anterior, con Patxi López, con partidas específicas a favor de las víctimas. El Instituto de la Memoria estará para el 26 de junio, el que ha promovido el Gobierno vasco. ¿Qué se puede pedir al Defensor del Pueblo que no se haya hecho ya? El informe del Instituto Valentín de Foronda sobre las acciones de ETA y la violencia de persecución. Se está haciendo y se está acabando el mapa de todas las acciones terroristas, municipio por municipio, el mapa de la memoria. Se ha hecho un informe por parte del Gobierno vasco de los casos no resueltos. En Euskadi hay un Día de la memoria de las víctimas de violencia política. ¿Qué estudio más quieren hacer? ¿Qué puede aportar el Defensor del Pueblo? Me temo que no mucho más porque se ha hecho mucho y se tendrá en cuenta a las víctimas. No hagamos como si no se estuviera haciendo nada. ¡Claro que se están identificando y se está haciendo ese mapa! Voy terminando, señor presidente. Usted vuelve a insistir en el terrorismo en la Corte Penal Internacional, el señor Barreda ha ido por ahí, cuando el terrorismo en la Corte Penal Internacional necesita de una definición muy precisa para saber qué es lo que se va a juzgar. Se lo dije en los debates de unas resoluciones que se citan por parte de la enmienda que les ha presentado el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Hace dos días el PKK era una organización terrorista para los aliados occidentales y para Estados Unidos y hoy en día resulta que es un aliado importante porque está combatiendo contra el Daesh. Ahí sí que podríamos entrar en la definición de genocidio contra algún grupo específico como, por ejemplo, los yazidíes o los cristianos.
Señor Esteban, tiene usted que terminar.
Acabo, señor presidente. No puede pretender que el terrorismo, diciéndolo así sin más y por tanto quedando a la decisión de cada Estado qué es lo que se define por terrorista y por terrorismo, entre como tal en la Corte Penal Internacional. Un poco más de seriedad. Por tanto, tendremos que votar necesariamente en contra porque esta propuesta rompe todos los cánones y también desde luego la enmienda presentada por los dos grupos mayoritarios tendremos que votarla en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] tiene la palabra el señor Guillaumes.
Gracias, señor presidente. Señorías, comenzaré por lo que han empezado todos, que casi ya no haría falta a estas alturas, la condena absoluta al terrorismo y a la violencia ejercida por la banda terrorista ETA, una de nuestras premisas. Nuestro grupo ha dado apoyo sin paliativos, nuestra propia trayectoria nos avala, a cualquier Gobierno del signo que haya sido - de UCD, socialista y popular - en todo lo que hayan sido iniciativas antiterroristas. Casi no haría falta volverlo a repetir pero, como alguien quiere apuntarse el apelativo de pata negra antiterrorista, quizá valga la pena recordar los precedentes que creo que no son solo nuestros, sino de la mayoría o de todos los grupos de esta Cámara. Dicho esto, otras premisas. Estamos de acuerdo, creo que se tienen que reconocer los desplazamientos forzados por amenazas de la banda terrorista ETA porque estamos hablando de derechos humanos. El fenómeno de los desplazamientos no ha sido reconocido como tal. En algún momento se tendrá que reconocer y se tendrán que tomar medidas sin mirar la ideología de la víctima. ¡Sin mirar la ideología de la víctima! No voy a repetir lo que ha dicho el señor Esteban, porque lo ha dicho muy bien, pero no todas las víctimas de ETA fueron perseguidas por su rotunda españolidad como han dicho dos portavoces aquí. Hubo otras también que fueron igualmente asesinadas. Ustedes utilizan alegremente expresiones como desplazamiento nacional o limpieza nacional. Hablan también de lesa humanidad y de genocidio. Aparte de ser demócratas - en lo que estaríamos de acuerdo -, ¿por qué motivo se les persiguió? No insistiré por esta vía, porque ya lo ha hecho perfectamente el señor Esteban. Señores de UPyD, su moción es absolutamente inaceptable; de entrada, por la manera de presentarla. Un grupo solo en un tema en el que se tendría que buscar consensos y acuerdos y haciendo un copy paste - con perdón - con algún error grave de una iniciativa aprobada por el Parlamento navarro. Esto no es de recibo. Repetimos además que con los conceptos de limpieza nacional, lesa humanidad o genocidio hay que ser muy cuidadoso, justamente por un principio garantista. Cuando todo es terrorismo, se acaba en que nada es terrorismo. Cuando todo es genocidio, se acaba en que nada es genocidio. Cuando se amplía un concepto que tiene que ser muy determinado desde un punto de vista garantista para las víctimas, hay que ser muy cuidadoso; y ustedes, aunque citan una sentencia - una -, no lo son. Hemos de decir que indudablemente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y Unión del Pueblo Navarro - no sabemos si alguien más - mejora infinitamente el texto del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia - cosa que no es demasiado difícil -, pero cae en el mismo pecado original. Cae otra vez en la simplificación de los conceptos de genocidio y lesa humanidad y, por tanto, es el mismo error político. No obstante, nos abrimos a que en el futuro de la manera razonable que se tiene que hacer, reuniéndonos todos los grupos y redactando un texto, podamos hablar de los desplazamientos forzados por amenazas. Estamos abiertos. Insisto en que es una realidad que vale la pena reconocer y, como todo lo que vale la pena, hay que hacerlo bien. Creemos que las víctimas no merecen menos que eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Guillaumes. Señora Díez, he entendido que podrá haber una transaccional con las enmiendas.
Gracias, presidente, por su amparo y por reconocerme el derecho a presentar iniciativas y a defenderlas, cosa que los demás me han negado. Hay una enmienda de La Izquierda Plural que ya he dicho que rechazaba - perdónenme por mi osadía al poder rechazar una enmienda - y hay una enmienda presentada por otros grupos a la que he presentado una transaccional y todavía no tengo respuesta. Perdónenme la osadía por no tener todavía respuesta y querer seguir ejerciendo como diputada gracias a los votos que me dieron los ciudadanos.
Pues si hay transaccional, se votará la transaccional y, si no, se votará en sus términos. Se suspende la sesión. Era la una y cuarenta minutos de la tarde.