Se reanuda la sesión. INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2014: - INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2014. [[Número de expediente 260/000005]]
El primer punto del orden del día es el relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2014. Quiero decir aquí, como presidente del Congreso, que me felicito y felicito a la Defensora del Pueblo y a todo el organismo por la rapidez que han tenido para llevar a cabo este informe y que pueda ser debatido en la Comisión con profundidad y visto en este Pleno en el primer trimestre del año. Para presentar este informe tiene la palabra la Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en nombre de la institución del Defensor del Pueblo deseo expresar ante esta Cámara el profundo sentimiento de dolor y de pesar, que todos tenemos en la institución, por el accidente ocurrido el pasado martes en los Alpes franceses, con tantas víctimas, entre ellas seguramente cincuenta y un españoles. Apreciamos enormemente y reconocemos el trabajo, la ayuda y el apoyo que están dando el Gobierno de Alemania, el Gobierno de Francia y, naturalmente, también el Gobierno de España. Señor presidente, como decía su señoría, presentamos este informe relativo al 2014 con la mayor celeridad posible para que sus señorías puedan - ya han tenido ocasión en la Comisión - estudiarlo y hacer las apreciaciones y valoraciones que han considerado más oportunas y próximas en el tiempo. El objetivo o, mejor dicho, uno de los objetivos del ejercicio 2014 de la institución ha sido alcanzar mayor eficacia en el cumplimiento de nuestros fines, tener mayor capacidad de respuesta y más rápida respuesta ante las quejas o demandas que nos han hecho llegar los ciudadanos a lo largo de estos meses; facilitar que los ciudadanos se acerquen al Defensor por diversas vías e instrumentos, informáticos y los más tradicionales también; hacerlo de manera que las personas con alguna discapacidad puedan asimismo encontrar el medio con facilidad para acercarse al Defensor, y lograr una mayor rapidez en las respuestas, nuestras y también en las de las administraciones. La transparencia - lo conocen muy bien sus señorías porque han participado en la elaboración y tramitación de la ley - para nosotros consiste no solamente en dar los datos de nuestra actividad, los sueldos, los contratos, los viajes, el porqué de los viajes, lo que vale el mantenimiento de la institución día a día; ya lo hacíamos incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, ya teníamos esa página de transparencia ahora completada, pero para nosotros la transparencia va un poco más allá y consiste en darle al ciudadano la información que necesita o que nos pide y dársela de una manera clara, de una manera sencilla y con la mayor rapidez. Por eso hemos introducido en nuestra página web un portal en el que se pueden comprobar los tiempos medios de lo que tardamos nosotros en responder al ciudadano, pero también los tiempos medios de lo que tardan todas las administraciones en la respuesta, lo que tarda el ayuntamiento de una capital o un pequeño municipio, lo que tarda una consejería de una comunidad o lo que tarda un ministerio del Gobierno de la nación en responder. Esto nos va a forzar a todos porque salimos todos reflejados con nuestra actividad y los tiempos en la página web. El número de quejas del año 2014 ha sido prácticamente igual - algo superior - al año 2013 con 23.186 quejas. Toda esta documentación está muy desbrozada, y lo han visto sus señorías en la Comisión donde hemos tenido ocasión de discutirla de manera extensa, y se refiere fundamentalmente a cuatro apartados. En el campo económico preocupa mucho el acceso a las rentas mínimas. Preocupan también los problemas de las personas que tienen algún grado de dependencia tanto en la valoración de esa dependencia tras el reconocimiento como en la prestación. Preocupan sobremanera algunas materias dentro del campo de los impuestos - lo comprenden muy bien sus señorías -, pero hay una cosa que preocupa dentro de este campo especialmente que son los impuestos de bienes inmuebles. Seguro que sus señorías pueden trasladar a alcaldesas y a alcaldes esta preocupación que llega hasta el extremo de que terrenos calificados como urbanizables por motivo de crisis y de dificultades no han podido ser urbanizados, pero están declarados y pagan IBI como urbanizables, aunque no se van a desarrollar ni ahora ni posiblemente en los próximos años. Tenemos muchas quejas que nos plantean este problema de qué hacen esos ciudadanos pagando esos tributos por algo que no es una realidad, que no ha llegado a ser lo que se esperaba que fuera. Sus señorías nos dijeron en la Comisión que reforzáramos nuestras actuaciones de oficio, problemas que vemos que diagnosticamos y que nos animan a hacer un pequeño informe y a dirigírselo a las administraciones. Así lo hemos hecho. En el año 2013 teníamos 347 actuaciones de oficio y en el año 2014 teníamos 487. Ha habido un aumento de trabajo y de iniciativa. ¿Sobre qué asuntos? En materia de educación, por ejemplo, la inserción de alumnos con alguna discapacidad, cuestión que preocupa mucho en los centros escolares y preocupa mucho a las familias a las que angustia verdaderamente la situación de si la niña o el niño no está plenamente integrado en un centro escolar como todos los demás. En el tratamiento de enfermedades oncológicas, ustedes conocen muy bien los problemas de los medicamentos, y en las enfermedades hepáticas porque es una situación de preocupación y angustia para miles y miles de personas. Hemos actuado también en relación con las cláusulas suelo, cláusulas en muchos casos abusivas porque el firmante del préstamo correspondiente no sabía qué eran las cláusulas suelo y no podía imaginar que en dos años se le iba a ir de las manos y que estas cláusulas le iban a encarecer el préstamo de esa manera. También hemos actuado. Las recomendaciones, que son un modo de actuación clásico del Defensor y muy importante, también han aumentado y han sido 467 en este año. El campo más importante de estas ha sido la vivienda. Hemos logrado que en la reforma fiscal se mantuvieran los coeficientes de abatimiento - con una cierta limitación, es verdad -, coeficientes que permiten que el día que una persona vaya a vender una vivienda que compró en los años noventa no se dispare su precio actualizado, porque hay un coeficiente de abatimiento, como su nombre indica. Igualmente hemos logrado - ha sido durante los últimos días, pero se hizo en 2014- ampliar el Fondo social de la vivienda para que puedan acogerse el mayor número de familias. Sus señorías conocen bien los problemas de vivienda y saben que, además de ser importantes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen una gran labor que hacer al respecto, porque los parques de viviendas que no han podido vender a lo largo de estos últimos años, por los motivos que todos conocemos, sí pueden ponerse a disposición de los ciudadanos mediante unos alquileres moderados, aceptables para un gran sector de los mismos. Esto lo hemos recomendado, y se lo recuerdo a sus señorías por si tienen a bien en sus comunidades autónomas y circunscripciones reiterar la puesta a disposición, de una manera razonable, de los pisos que sobre todo grandes ayuntamientos tenían previstos para vender y no ha sido ni va a ser posible vender en los próximos tiempos. Nuestras recomendaciones sobre alimentación infantil, sobre todo en los periodos de vacaciones y verano, considero modestamente que han sido interesantes e importantes. No han gustado a todo el mundo, es verdad, porque algunos responsables nos han dicho que estábamos discriminando. Yo ya he dicho que la mayor discriminación para un niño es no tener una comida, como ha tenido el resto del año en el centro escolar. Cuando llegan las vacaciones los centros escolares tienen que organizar como estimen oportuno - nosotros no nos metemos en eso - cómo van a seguir dando esos alimentos a los niños, si es en un campamento deportivo o con otras clases o actividades complementarias, porque cerrar dos meses los comedores escolares para muchísimas familias y niños representa no solo un problema, sino una carencia. Le he dicho al presidente al comienzo de mi intervención que voy a ser muy breve y que voy a ir haciendo solo un resumen, porque sé que sus señorías tienen muchísima tarea hoy en día, pero antes de acabar quiero resaltar dos actuaciones que en parte - no digo solamente, pero sí en parte - proceden del Defensor del Pueblo y que tienen o pueden tener una trascendencia importante. Tengo entendido que una de ellas la van a debatir sus señorías en un futuro inmediato y me refiero a la conocida como ley de segunda oportunidad - su nombre es ya muy indicativo -, que está en tramitación. Recordarán, sobre todo las personas que están en la Comisión Mixta, cómo discutimos en el año 2013 un informe del Defensor que se denominaba Crisis económica y deudores hipotecarios. Al final de este informe se recomendaba una ley de segunda oportunidad y así se llamaba porque esa denominación es muy similar a la de otros países. Esta ley existe en varios países de la Unión Europea, en la gran mayoría, y en Estados Unidos; como van a ver sus señorías en su debate, se abre una vía absolutamente nueva, importante, insólita, que no existía en la historia moderna y contemporánea de España, una vía para que aquellas personas y familias que se han endeudado por distintas circunstancias - no las podemos analizar en este momento - vean una luz al final, para que mediante un acuerdo judicial o extrajudicial con un mediador, vía también notario, sin coste, puedan llegar a un aplazamiento, a una quita, a pagar esa deuda o parte de ella dando la propiedad o algo del pequeño patrimonio que puedan tener y se vean liberados para siempre de la deuda y puedan volver a empezar. Es algo parecido a lo que le puede ocurrir a una empresa, pero ahora le puede suceder a una familia y a un particular. Nosotros damos enorme importancia a este camino que se abre, que se va abrir en un futuro inmediato y, aunque es posible que en el futuro haya que retocar algo esta ley y adaptarla a distintas circunstancias, es absolutamente insólito y nos alegramos muchísimo, porque, como decía al principio, es una vía de solución. No existía esta posibilidad y, al no existir, se podría conducir a la economía sumergida porque cualquier trabajo que una persona pudiera conseguir en esta situación supondría que su salario o sus ingresos fuesen retenidos automáticamente y entonces no tendría incentivo para buscar un trabajo. Sin embargo, ahora va a tener una salida en un plazo razonable, y eso nos parece importantísimo y nos alegramos mucho de ello. La segunda cuestión se refiere a la ampliación del denominado código de buenas prácticas para las entidades bancarias - es un código al que se adhieren voluntariamente, pero están todas las entidades bancarias - y se amplía con ocasión - lo verán ustedes en su momento - del Decreto-ley de 27 de febrero. Se detienen los desahucios hasta el 2017, cuestión absolutamente fundamental; se eliminan las cláusulas suelo en determinadas circunstancias, cláusulas muchas veces abusivas, y se permite la negociación de las deudas con las entidades bancarias: plazos, quitas, modo de pago. Era una ampliación necesaria y nuestra valoración es positiva. Entre los estudios que hemos realizado a lo largo de este tiempo, voy a destacar dos. Uno está relacionado con la infancia y la protección del menor. Se trata no solo de oír al niño, sino de escucharlo en los procedimientos de familia. Lo hemos hecho acompañados por fiscales y por personas expertas en esta materia no solo pertenecientes a la institución, sino de fuera de ella: psicólogos y otras personas. Además hemos hecho alegaciones o comentarios al proyecto de acogimiento familiar, al proyecto denominado ley de protección de la infancia, resaltando la importancia de la acogida familiar. Es mucho mejor, a nuestro juicio, que los menores estén en acogimiento familiar que en un centro, aunque sean centros que estén bien mantenidos y atendidos. Los niños están mucho mejor en un hogar, en una familia. Estas consideraciones las hemos hecho llegar al ministerio en su momento, cuando redactaba el proyecto de ley de protección de la infancia. El otro informe o documento elaborado en colaboración con los defensores autonómicos es el denominado: Urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud. Lo hemos hecho en 2014, si bien se concluyó ya en 2015. Nos parece interesante porque es un análisis general del sistema, aunque no hospital por hospital ya que no tenemos esa capacidad. A lo largo de dos años hemos colaborado con un grupo de trabajo de los hospitales y de las comunidades autónomas, más los defensores autonómicos, y tenemos una opinión de cómo están funcionando las urgencias, del aprecio que los españoles tienen hacia estos servicios y de su importancia. Parece mentira pero en el año 2013 hubo 26 millones de entradas por esos servicios. Esto no quiere decir que todas estas personas se quedarán en urgencias, pero hubo 26 millones de entradas por estos servicios. Nos hemos ocupado fundamentalmente de dos cosas: el personal que tienen - si es suficiente o no - y el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la información de los pacientes que entran acompañados o no por sus familiares en las urgencias hospitalarias, lo cual entra dentro de nuestras competencias. Como saben ustedes, por reconocimiento de estas Cortes Generales y a instancias de Naciones Unidas, ostentamos la capacidad de ser mecanismo nacional de prevención de la tortura y malos tratos. Por tanto, visitamos con frecuencia centros de internamiento de extranjeros. En España hemos visitado en el año 2014 sesenta y un centros acompañados por expertos de fuera de la institución: psiquiatras, psicólogos y médicos forenses. Yo misma he visitado doce centros de internamiento en el año 2014 en España y tres centros de internamiento en países de la Unión Europea - en las ciudades de Londres, París y Rotterdam - con la finalidad de observar su funcionamiento y si de esas visitas se podría derivar alguna recomendación para mejorar las condiciones de los nuestros. Le he hecho llegar al ministro del Interior recomendaciones, sobre todo, del mantenimiento de los centros y las infraestructuras y sobre la manera en que los internos pueden relacionarse con el consulado, los abogados o las ONG, fundamentalmente Cruz Roja o alguna similar. Han sido unas comparaciones que pueden resultar interesantes y mejorar nuestros centros. También entra dentro de nuestra labor ordinaria, aunque no en calidad de mecanismo de prevención, la visita a los centros de estancia temporal que hay fundamentalmente en Ceuta y Melilla. Son centros bien mantenidos por el personal funcionario, pero tienen una ocupación excesivamente alta. Sus señorías lo saben, lo han tratado y no voy a volver sobre la materia, pero tienen una ocupación excesivamente alta y es muy difícil mantener las mejores condiciones para la vida cotidiana de estas personas, familias y menores que están en los centros de estancia temporal. Voy a terminar ya, señor presidente, diciéndoles a sus señorías que comprendemos las dificultades que pueden tener las administraciones, los ayuntamientos y entidades locales, los organismos públicos, las consejerías o el Gobierno de la nación para contestar. A veces pueden decir: Otra vez la institución del Defensor del Pueblo nos pide que ampliemos, otra vez dice que la información no está completa, etcétera. Nosotros comprendemos las dificultades, sobre todo porque hay administraciones que no tienen mucha capacidad para dedicar a personas a estos menesteres, y lo entendemos, pero yo les recuerdo - por si lo transmiten sus señorías - que no es el Defensor o la Defensora quien se queja, que no es una cosa inventada o imaginada por la Defensora, sino que detrás de una queja hay una persona, y lo que hacemos es trasladar esas circunstancias a las administraciones. La queja está en la historia de los pueblos desde la antigüedad, pero ahora en algunas obras de teatro que están en este momento en exhibición volvemos a oír la queja. La queja está en Calderón, la queja está en Shakespeare, ahí ya se hablaba de la queja; en La Vida es Sueño dice Calderón: si tu queja es razonable, yo atenderé tu queja. Está en toda la literatura, no es un invento de la institución del Defensor del Pueblo. Yo comprendo las dificultades, pero nosotros no podemos hacer dejación de nuestras obligaciones, y tenemos que transmitir estas quejas y conseguir solucionar estos problemas. A veces notamos que hay un distanciamiento o una desafección - por decirlo en términos más suaves - con respecto a las personas que ostentamos un cargo público, pero es que puede haber motivos para ello. Si la queja existe, repito, tenemos que atenderla. Yo creo que es mejor que corrijamos nuestros errores, que revisemos nuestros criterios, porque este Estado social y democrático recogido en nuestra Constitución, y del que estoy segura que sus señorías están orgullosos, es el que permite las reformas; hay otros sistemas políticos que no permiten reforma alguna. Señor presidente, les agradezco mucho su atención a todas sus señorías y a la propia Comisión, que se ha ocupado mucho de estas cuestiones, y termino recordando - seguramente lo conocen - el informe del último trimestre del Banco de España, porque tiene unas connotaciones o hace un análisis esperanzador de los próximos tiempos. Yo no quiero terminar solamente con las quejas, quiero decir también que si España sigue una determinada senda - que se discutirá y se discute constantemente en esta casa -, gracias al esfuerzo de todos los españoles, podemos albergar esperanzas para un futuro mejor, un futuro más próspero, un futuro de salida de la crisis. Desde la institución del Defensor del Pueblo espero que podamos dar respuestas positivas y solucionar muchos de los problemas que cotidianamente llegan a aquella casa. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Becerril, por su presencia y por sus palabras. Vamos a comenzar, en turno de fijación de posiciones, las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
Gracias, señor presidente. La Defensora del Pueblo nos ha presentado hoy aquí el informe correspondiente al año 2014, un informe que como se ha dicho es muy similar cuantitativamente al del 2013, por el número de quejas ciudadanas. Valoramos en particular las mejoras en transparencia de la actividad de la institución, así como el incremento de las actuaciones de oficio y del número de recomendaciones hechas por la Defensora. Fue precisamente en la presentación en esta Cámara del informe 2013 cuando la Defensora del Pueblo nos decía textualmente que el informe mostraba una parte de la realidad. Pues bien, lo primero que tenemos que decir es que queda patente que la parte de la realidad que muestra el documento de la institución coincide, y mucho, con la realidad y las preocupaciones que hemos trasladado durante el último año los grupos parlamentarios de la oposición; una realidad que difiere mucho de la visión idílica que una y otra vez nos han dibujado el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya, y que demuestra, tal y como hemos dicho muchas veces, que las políticas que se vienen poniendo en práctica, sobre todo en el ámbito social, están siendo demoledoras para la mayoría de la población. En el informe de 2014 se distinguen claramente tres ámbitos principales - nosotros no hacemos exactamente la misma división que hacía la Defensora, pero es muy parecida -, que son los que suscitan más quejas y los que reflejan nítidamente cuál es la situación que están padeciendo millones de personas en el Estado español, y por otro lado, a quiénes favorecen realmente las políticas antisociales a nuestro juicio que se vienen llevando a cabo: el ámbito económico, que pone de manifiesto sobre todo los abusos incesantes de las entidades bancarias; el ámbito social, con todo lo que implica y lo que abarca, y donde se registran precisamente en este año 2014 un mayor número de quejas, y el ámbito de la seguridad y la justicia. Todo lo referente a los ministerios que se encargan de estas dos políticas fundamentales de todo Estado de derecho presenta un panorama desolador. Estos tres trazos gruesos son los que nos indican con claridad el panorama general, donde predominan efectivamente los abusos de las entidades bancarias y su falta de respeto por la legislación vigente, e incluso por lo dictado en sentencias judiciales como por ejemplo la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas. Es un panorama donde se demuestra una vez más que la legislación elaborada y puesta en marcha sobre deudores hipotecarios no solo es insuficiente, sino que se ha revelado inútil hasta ahora. Inútil se reveló en su momento, así como a lo largo de todo este tiempo, el código de buenas prácticas, que no deja de ser una declaración de intenciones. Poco efectiva también es la Ley Hipotecaria aprobada en 2013, entre otras, que no solo no ha impedido que siga creciendo el número de viviendas con las que se quedan las entidades bancarias, sino que ha fomentado la disminución de acuerdos entre hipotecados y entidades y de las daciones en pago. La ley de segunda oportunidad, en tramitación, en la que la propia Defensora parece ser que pone muchas esperanzas, tampoco va a ser la solución definitiva a una situación que mantiene el ritmo de ejecuciones hipotecarias exactamente igual que hace cinco años, casi ciento veinte al día, una cifra verdaderamente estremecedora que sin embargo aún no ha hecho reaccionar al Gobierno, ocho años después del comienzo de la crisis. En fin, todo lo relacionado con el ámbito de la vivienda - la Defensora así lo ha expresado en su intervención, y lo ponen de manifiesto las quejas y recomendaciones que figuran en su informe - indica que en este ámbito queda mucho por hacer, y que lo que se ha hecho, no se ha hecho nada bien. En el ámbito también económico, aunque evidentemente afecta a lo social - todo tiene su implicación social -, quisiéramos referirnos brevemente a los abusos de las grandes compañías eléctricas. Es un capítulo importante del informe de la Defensora, que ya ocupaba una buena parte también del informe del año anterior. El abuso de las eléctricas finalmente se traduce en una - no la única - de las causas del incremento de la pobreza energética en el Estado español; más de cuatro millones de personas en esta situación.
Señora Pérez, tiene usted que ir acabando.
Voy terminando, señor presidente. También, aunque derivado de este ámbito, quiero hacer mención a las recomendaciones y a las informaciones que la Defensora se ha visto obligada de nuevo a solicitar al ministerio sobre la fractura hidráulica. En el ámbito social quiero citar - permítamelo, señor presidente, porque es el que mayor número de quejas abarca - los obstáculos que existen en la actualidad en la legislación vigente para el acceso a rentas mínimas, y desde luego la situación extremadamente vulnerable en la que se encuentran también millones de niños en el Estado español. La nutrición infantil y la pobreza infantil también son objeto de valoración y de crítica - aunque a nuestro entender muy suave - por parte de la Defensora; la educación y la sanidad, ámbitos donde las quejas han aumentado, precisamente coincidiendo también con las que hemos hecho los grupos. Termino, señor presidente. En justicia y seguridad, justamente en un momento en el que más se necesita de estas políticas, es donde más se está retrocediendo. Hoy, con la aprobación definitiva de la ley de seguridad ciudadana, vamos a tener una nueva prueba de que se está retrocediendo en ámbitos de derechos fundamentales, que abarcan el ámbito de la justicia y la seguridad. Entendemos que queda mucho por hacer, y nos gustaría coincidir con al Defensora en su valoración de mejora de los datos del Banco de España, pero la realidad de la calle y la que viene dada a través de las quejas a la Defensora nos indica otra cosa muy diferente. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Pérez. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, recibimos hoy aquí en el Pleno las palabras de la Defensora del Pueblo a pocas semanas de haber conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, como autoridad catalana en relación con la prevención de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, y también degradantes. En nuestra civilización luchar por los derechos humanos es básico y fundamental. Pues bien la Defensora del Pueblo no tiene otro trabajo que recurrir ante el Tribunal Constitucional el trabajo del Síndic de Greuges. Por supuesto un Tribunal Constitucional formado por doce magistrados a sueldo político de los grandes partidos políticos que actúan de oficio. Es un recurso interpuesto por la Defensora del Pueblo que va lubricando los engranajes, puesto que ella es un brazo también en esta aventura del Estado español para recentralizar e incluso dinamitar el Estado compuesto que se construyó en el año 1978. La actitud de la Defensora del Pueblo responde, pese a sus buenas palabras, a una visión españolista, centralista, homogeneizadora, y quiere convertir al Síndic de Greuges en un florero. Quiere convertir al Síndic de Greuges en una institución folclórica sin capacidad - fíjense - para defender los derechos humanos. De hecho llueve sobre mojado. La Defensora del Pueblo - repito - es una pieza más. Recuerden también qué hizo el Defensor del Pueblo, que dinamitó, cual hooligan nacionalista, el Estatut de Autonomía, presentándolo ante otro Tribunal Constitucional formado por otros tantos magistrados a sueldo para que hicieran saltar por los aires el Estatuto de Autonomía de segunda generación, que era el que iniciaba los nuevos estatutos de autonomía que tenían que modernizar al Estado español, e incluso hubo estúpidos que se lo creyeron. Si de verdad la Defensora del Pueblo velara por los derechos de todos, incluso de los ciudadanos de Cataluña, daría cumplimiento al Estatuto de Autonomía, que está vigente desde hace nueve años y que debería haberse utilizado para firmar un convenio de reciprocidad en cuanto a las actuaciones con el Síndic de Greuges, pero no le ha apetecido, y los hechos hablan por sí solos. Mientras que la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura ha realizado 88 visitas a centros en donde están recluidas personas, es decir, lugares susceptibles de ser utilizados para vulnerar derechos, la Defensora del Pueblo ha hecho 16 visitas a estos centros en Cataluña y 52 en el conjunto del Estado español. Luego, no firmar un convenio que permita, por ejemplo, que el Síndic de Greuges visite el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona, que es aquello que debe hacerse, va contra la Convención contra la tortura. Usted, Defensora del Pueblo, ha recurrido pues la ley catalana que regula el Síndic de Greuges, pero -¡qué curioso!- no ha recurrido la ley española que enterró la jurisdicción universal. Fíjese, le preocupa poco que los asesinos queden impunes, que los fascistas, los jerarcas del franquismo, que todavía campan por aquí, no tengan que dar cuentas de sus atropellos, o todo aquello que había conformado esta voluntad de la sociedad española de avanzar en la persecución de los genocidas en todo el mundo, que aquí se enterró con la nueva ley que acababa con la jurisdicción universal, y que usted no recurrió, como tampoco creemos que vaya a recurrir el nuevo Código Penal ni la Ley Mordaza. Concluyendo, hemos leído detenidamente el informe de la Defensora del Pueblo, y fíjense en lo que hemos visto. Resulta que a lo máximo que llega sobre el respeto a la lengua catalana es a recordar a la Dirección General de la Policía en el País Valencià… [[Rumores]] País Valencià porque lo digo yo; cuando usted hable, diga Comunidad Valenciana. Que cada uno diga lo que le plazca, pero yo digo País Valencià. [[Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos]] Le recuerda que debe cumplirse la ley y que tiene que estar en las comisarías a disposición de la ciudadanía la documentación en catalán y en castellano. En cambio a los ayuntamientos catalanes les insta, pese a que no es su obligación legal, a rotular las señales de tráfico y de tránsito en castellano. De las trescientas actuaciones de oficio de la señora Becerril, ninguna - repito, ninguna - tiene nada que ver con las sistemáticas vulneraciones de los derechos lingüísticos por parte de funcionarios de la Administración General del Estado, policías y guardias civiles, en aeropuertos, comisarías y carreteras. Señora Becerril - no sé dónde está -, en catalán decimos…
Debe usted terminar.
… se le ve el ADN, se le ve la patita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. La Defensora del Pueblo no está presente en el hemiciclo. Está en las tribunas, pero no en el hemiciclo, como es la costumbre desde el principio. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]], tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Señora Defensora del Pueblo, saludo otra vez su presencia en esta Cámara. Quiero aprovechar estas primeras palabras para felicitar la actuación del Ararteko, cuyo mandato acaba en el día de hoy. Ha sido una gestión brillante. Creo que han tenido ustedes un nivel de colaboración relevante. El señor Lamarca lo ha hecho bien, ha ejercido las funciones de contrapoder o alternativas al poder que corresponden a una institución como la que usted representa desde una perspectiva neutral, neutralidad que con toda honestidad le tengo que decir que no siempre se percibe en sus memorias o en algunos aspectos más valorativos de sus memorias, aunque hay que reconocer que está haciendo usted un esfuerzo por atender los problemas más relevantes y los déficits democráticos más visibles del Estado español. Aquí nos encontramos con varios problemas. Es la primera memoria en la que no hace usted reflexiones manifiestamente ideológicas. Yo me acuerdo que en la memoria que se presentó en 2013 usted glosó la doctrina Parot o defendió su mantenimiento, incluso habiendo recaído ya sentencia del Tribunal de Estrasburgo declarándola ilegal. También hizo unas reflexiones de cómo se debería aplicar la doctrina Parot. Esas no son funciones para las que usted esté legitimada. Por otra parte tampoco le hemos oído decir nada sobre lo que está ocurriendo con defensorías del pueblo de las comunidades autónomas. Aquí hay un problema recurrente en los puntos de conexión. No sabemos hasta dónde llegan y cuáles deben ser las competencias de los defensores del pueblo autonómicos y las del Defensor del Pueblo del Estado español. No hay una especie de punto de conexión, como existe con las leyes, que determine cuál es el ámbito para el que están legitimados para actuar. Pero sin perjuicio de esto lo que está ocurriendo es algo más grave. Están desapareciendo defensorías del pueblo autonómicas. No le he oído ninguna reflexión sobre si le preocupa o le parece correcta esta actuación que dimana de la Ley de Reforma de las Administraciones Públicas, en definitiva de las reflexiones del CORA para evitar duplicidades, y parece que todas las duplicidades que sobran, a tenor de lo que se está observando empíricamente, son de ámbito autonómico. No hay ninguna duplicidad de ámbito estatal que parezca sobrar. Hay cinco defensores del pueblo que han desaparecido o están en trance de desaparecer, y se mantienen a duras penas - no sé si se va a poder mantener esta situación - los que tienen mayor proyección histórica, mayor tradición histórica, incluso mayor que la institución que usted misma representa, como el Ararteko, como el Síndic de Greuges y como el Justicia de Aragón. Cada vez que se actúa o se acomete una reforma vinculada al benemérito CORA se da un mordisco a la estructura de Estado autonómico. Luego tendremos ocasión de glosar, en un ejemplo paradigmático, la ley de protección civil, cuyas enmiendas de totalidad van a ser objeto de análisis posteriormente. Creo que usted tiene la obligación moral y ética, no sé si legal o estatutaria, de hacer reflexiones sobre esto que está ocurriendo en el ámbito del hecho autonómico, de los procesos autonómicos, y no solo de la eliminación de instituciones y estructuras en su totalidad de ámbito autonómico, sino de la degradación de las competencias a través de distintos procedimientos que dimanan, bien de la usurpación de la función legislativa cometida en esta legislatura mediante el abuso del real decreto-ley como forma natural y casi única de legislar, o bien desde la perspectiva de que cada norma, cada reforma estructural que es objeto de aprobación supone un rescate y una reducción de las competencias autonómicas, incluso de las ya transferidas, no de las pendientes de transferir. Desde esa perspectiva nos gustaría alguna reflexión - estas sí serían reflexiones ideológicas, pero para las que usted está legitimada, en tanto en cuanto hacen referencia a la configuración del bloque de constitucionalidad - que echamos de menos siempre en sus informes. Pues bien en este informe que estamos analizando hoy se aprecia un perfil ideológico más difuminado. Usted no puede prescindir de su ideología, y su equipo es plural también, ya que hay personas que tienen sensibilidades políticas diferentes. Me imagino que actuarán de forma razonablemente colegiada y podrán hacer elementos de síntesis, pero no termino de comprender - porque usted nunca se refiere a ello, y ya ha comparecido en varias ocasiones en esta Cámara - cuáles son los ámbitos de actuación de los defensores del pueblo autonómicos y cuáles son los ámbitos de la defensoría del pueblo que usted representa. Usted no puede intervenir razonablemente en temas que están ubicados en el ámbito autonómico, pero sí podría intervenir en temas de ámbito supraautonómico, de ámbito estatal. Pero esto no es así, hay una especie de interconexión y de penetración permanentes en competencias impropias o ajenas. Cuando usted interviene o demandan desde algunas comunidades autónomas su intervención debería quizá reenviarlas al Defensor del Pueblo de esa comunidad autónoma, si en esa existe, y al revés, cuando se trata de un problema de naturaleza supraautonómica evidentemente los defensores del pueblo, cuando se les denuncia esta situación, deberían a su vez reenviárselas a usted. Esos puntos de conexión, esa especie de ordenación entre las competencias de unos y de otros es lo que está de alguna forma perturbando también el funcionamiento de estas instituciones, que son tan importantes en un momento en donde está declinando gravemente el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, consagrado por la propia Constitución española, ley tras ley. Hoy vamos a tener tres oportunidades de analizar en qué términos está declinando, a través de los debates de las enmiendas que vienen del Senado de dos importantes normas: una parte del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo, que se ha desagregado - excentricidad donde las haya - del propio Código Penal, y la ley de seguridad ciudadana, sobre la cual me sorprende mucho que usted no haya podido percibir que la ley de seguridad ciudadana, mediante una sobredimensión del concepto de orden público y una desnaturalización absoluta del concepto de seguridad ciudadana, está limitando el contenido esencial de la práctica totalidad de los derechos fundamentales consagrados entre los artículo 14 a 29 de la Constitución. En cuanto a los temas que usted está tratando a través de recomendaciones su actuación quizá está siendo - si me permite la expresión y no quiero ser ofensivo - débil o lábil. Incluso la Administración de Justicia es más beligerante que la institución que usted representa en determinados ámbitos que usted ha citado. Con relación a las cláusulas suelo y a los preferentistas ya en la Administración de Justicia el 90 % de los pleitos referidos a las preferentes están siendo declarados fraudes o estafas, figuras delictivas con relevancia penal y que merecen además no solo la reparación de los afectados por estas maquinaciones financieras, sino que incluso se imponen las referidas sanciones o penas que pueden corresponder a verdaderos injustos penales; injustos penales que están siendo objeto también - como en tantas otras cosas en este contexto - de actuación mucho más beligerante que la suya por parte de la Administración de Justicia. De hecho se está produciendo un fenómeno curioso. La Administración de Justicia que nunca ha gozado en el Estado español en las estadísticas de un aprecio particularmente relevante por los ciudadanos, se está convirtiendo en la verdadera estructura de contrapoder mediante el afloramiento de causas de corrupción y la denuncia del derecho hipotecario, donde usted ha hecho una mención casi apologética de la ley de la segunda oportunidad. Es que hay que ir más allá y usted lo sabe, porque esto no sirve para solucionar un problema que está ubicado en la Ley Hipotecaria y en el Código Civil. La circunstancia que ha sido ya declarada - en este caso por el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de la Unión Europea - ilegal es el mantenimiento de los deudores hipotecarios de la deuda viva para ellos, concerniendo o comprometiendo todos sus bienes presentes o futuros. Reflexiones de esta naturaleza y cómo corregirlas es lo que esperan los ciudadanos seguramente de una actuación mucho más beligerante que la que usted está glosando, y solo haciendo reflexiones apologéticas de algunos instrumentos legales que ni siquiera llegan a lo que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en materia de derecho hipotecario español ha decidido: que es la práctica ilegalidad de esta conversión sin límite, de esta conversión en adcriptis a la deuda de los ciudadanos que han tenido la desgracia de no poder afrontar una deuda de carácter hipotecario. Se ha referido también a los servicios de urgencia y a la sobredimensión de los servicios de urgencia hospitalarios. ¿Cómo no se van a sobredimensionar los servicios de urgencia hospitalarios cuando, tras recientes reformas de nuestro sistema sanitario, para los extranjeros en situación irregular es el único procedimiento para acceder a la sanidad pública? Pues claro, pero denuncie la causa, no denuncie el efecto o la insuficiencia de medios en el sistema hospitalario. Denuncie que es por esta razón, que es el único sistema de acceso de los extranjeros en situación irregular para acceder a la sanidad. Proviene de algo dramático. Un país con dignidad, que cumpla con los requerimientos del artículo 9 de la Constitución y la garantía y el efecto motriz de las instituciones públicas para acabar con la desigualdad entre los ciudadanos, por lo menos tiene que acabar - si se considera democrático y digno - con el hambre, particularmente con el hambre en el ámbito infantil. Me alegro de sus invocaciones con respecto a la necesidad de mantener los comedores escolares abiertos a través de los procedimientos que sea para que por lo menos un niño pueda tener una comida decente o razonable al día. Pero fíjese el dramatismo de la situación que dimana de lo que estamos comentando. Ha hablado también del incumplimiento de la Ley de Dependencia. Aquí hay recurrentes interpelaciones sobre el incumplimiento de la Ley de Dependencia, que todavía no ha conseguido ni siquiera calificar como dependientes, y por tanto perceptores de los derechos subjetivos previstos en esta ley, llamados de ciudadanía - concepto inexistente en el derecho pero que ha causado gracia, por lo que se ve -, ni a los que tenían que haber sido calificados como dependientes en el primer año de vigencia tras la aprobación de la ley. Ni siquiera todos estos están calificados. Sea más beligerante, por favor, en la atención de estos problemas. Estamos hablando como institución de contrapoder de aquellas cuestiones que las administraciones, todas ellas, están gestionando mal o en las que actúan insuficientemente, y como son tantos los agujeros y los déficits democráticos, además con carácter creciente ley tras ley o real decreto-ley tras real decreto-ley, se le impone a usted una mayor beligerancia en sus actuaciones. Paso a los problemas oncológicos y los problemas hepáticos. Se está refiriendo seguramente a la hepatitis C y a la falta de acuerdo de tratamiento para enfermos que están muriendo cada día. Usted tiene que ser más enérgica y exigir no solo a través de recomendaciones, tiene que estar en una posición permanente de lucha para combatir algo que está provocando lo que raya en el homicidio institucional, pues la falta de disponibilidad presupuestaria para atender a estos enfermos está provocando que muchos vayan muriendo día tras día. En definitiva, este informe es mejor que el del año pasado, se lo tengo que reconocer, además no está desnaturalizado por reflexiones de naturaleza ideológica que no corresponden o para las que usted carece de legitimidad. Sin embargo, le falta lo que les ha faltado a otros anteriores: contundencia. Haga caso a Calderón, al que usted ha citado: si las quejas son razonables, atiéndalas, y no solo eso, haga todo lo posible para remover los problemas, normalmente normativos y de disponibilidad presupuestaria y económica, para resolverlos. Son problemas muy graves; todos los Estados democráticos tienen déficits, pero el Estado español empieza no ya a tener déficits, sino verdaderos agujeros negros. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Gracias también a la señora Becerril por la exposición que ha hecho de la memoria de sustitución. Yo también coincido en que es una memoria que tiene interesantes mejoras y le quiero agradecer la calidad de la información estadística que transmite, que permite hacerse una idea bastante exacta de las cuestiones de fondo de la situación del país. En este sentido creo que no son críticas que haya que dirigir ahora a su institución sino al funcionamiento generalizado de las instituciones, porque lo que este informe revela es lo que creo que se puede describir como un fallo generalizado de las administraciones públicas y las instituciones en España, también de la legislación que se hace en esta Cámara y de la acción de gobierno, y además señala un problema que aquí suele aparecer de forma recurrente pero al que quizás no le damos la suficiente importancia política que tiene en España, y me refiero a la tremenda inseguridad jurídica de la prolijidad y muchas veces deficiencia de las normas legales, que además son superabundantes, que tenemos en España y que crean en los ciudadanos sin duda alguna una sensación de indefensión completamente cierta. Vivimos en un país donde el acceso a derechos que están reconocidos en la legislación - incluso a derechos de tipo básico - se ve obstaculizado por toda una maraña de normas que en muchos casos terminan siendo objeto de quejas al Defensor del Pueblo, tras toda una tramitación que no ha conseguido resolver las cuestiones. Por ejemplo, me parece bastante grave - y habla de un fallo generalizado, de un fracaso institucional - el hecho de que las quejas desde el punto de vista de las cuestiones que las motivan sean básicamente las mismas desde el año 2012, al menos desde el primer informe que yo tuve ocasión de debatir aquí. Es decir, siguen apareciendo los problemas derivados de la política de vivienda y sobre todo la legislación sobre vivienda errónea, los desahucios y todos los problemas que van asociados a esa legislación, que es muy lesiva y muy contraria a los intereses legítimos y a veces a los derechos básicos de las personas afectadas por problemas de deudas sobrevenidas. Es decir, el fracaso - se ha dicho también aquí, me uno a esa reflexión, la comparto al cien por cien - de toda la legislación, o mejor dicho, de la no legislación, de las trabas y de la conversión de lo que tenían que ser leyes claras, obligatorias y vinculantes para todos los interesados en simples recomendaciones, como el código de buenas prácticas que se aprobó aquí para la banca. Otro ejemplo de los problemas de fondo que también tiene el país son las quejas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia. Es un ejemplo bastante claro de por qué tenemos un Estado que en algunas cosas como esta casi merecería ser calificado de Estado fallido. Es decir, se hace una buena Ley de Dependencia, pero como no se financia porque la responsabilidad de su aplicación corresponde en una gran parte a las comunidades autónomas y la situación de las diferentes comunidades autónomas desde el punto de vista financiero y desde sus decisiones políticas es de lo más heterogéneo, en la práctica y a la hora de la verdad la Ley de Dependencia se convierte en una causa de frustración, porque en muchas comunidades autónomas sencillamente no se aplica o se aplica de una manera tan cicatera y tan retrasada que muchas de las personas que aspiran con derecho a beneficiarse de esa ley en realidad se quedan sin recibir las atenciones mínimas que la Ley de Dependencia plantea como un derecho prácticamente de carácter básico para las personas afectadas. Otra cuestión que también centra las quejas de los ciudadanos tal y como nos transmite su informe es la pobreza. Me alegro de que haya insistido tanto en esta cuestión en su exposición porque el problema es sumamente grave. Es gravísimo que España sea un país que ha subido a los máximos ránquines de pobreza dentro de la Unión Europea, por encima de otros países - y lo digo siempre, creo que hay que recordarlo porque indica la pésima política de gestión de la crisis -, es decir que tengamos más pobreza infantil que países que han tenido que ser rescatados enteros, no solo su sistema bancario como el caso de España, que también fue rescatada, sino como Grecia o Portugal, indica una ausencia de política social, un fracaso de las instituciones y un mal reparto de las competencias verdaderamente trágico en muchas ocasiones para la gente que lo sufre y desde luego para el futuro del país, como también hemos dicho muchas veces. Aquí yo no he oído al menos negaciones expresas por parte del Gobierno con respecto a que exista el problema de la pobreza, sino solamente una respuesta absolutamente insuficiente e ineficaz. Pero es que hay comunidades autónomas en España donde en sus asambleas parlamentarias se niega desde los gobiernos autonómicos que existan problemas de pobreza, de malnutrición infantil, de imposibilidad de consumos energéticos básicos, etcétera, y eso es grave. Es grave en un país donde, efectivamente, determinado segmento social ha sufrido un empobrecimiento en picado y lo que se le responde es que sus problemas son imaginarios. Lógicamente acaban recurriendo al Defensor del Pueblo. Y aquí se produce otra paradoja que dice mucho de los fallos de nuestro Estado. Según he visto en la memoria, la mayor parte de las quejas que le llegan al Defensor del Pueblo nacional son consecuencia de malas actuaciones de administraciones autonómicas. Es normal, porque los problemas sobre los que esas administraciones autonómicas son competentes son precisamente los que causan las quejas, es decir, educación, dependencia, sanidad, vivienda, etcétera. Pero es que finalmente ocurre eso, la gente es ciudadana de un país donde las administraciones autonómicas tienen competencias que bien ejercen mal, están mal asumidas o están mal financiadas, y al final el pagano, el que queda frustrado en sus legítimas aspiraciones a vivir en un Estado decente, no digo ya en un Estado de bienestar de tipo nórdico, sino en un Estado decente, se encuentra con que nadie le da ninguna respuesta y esto acaba aquí. De hecho, también es curioso algo que es recurrente en todas las quejas que ustedes incluyen en su memoria: la imposibilidad de las administraciones de Justicia para hacer caso con la velocidad y la seguridad jurídica requeridas a las reclamaciones de los ciudadanos. Pero esto no es porque la Administración de Justicia sencillamente funcione mal, es porque al haber sido troceada en diecisiete sistemas distintos y no haber un verdadero sistema judicial que funcione adecuadamente en España, la gente encuentra que el último recurso que tiene, que es la justicia, está abandonada y no tiene medios; es decir, los juzgados están infradotados, la Administración de Justicia no tiene los medios necesarios para hacer frente al aluvión de demandas que caen, por ejemplo, por la Ley Hipotecaria y otras de ese estilo. Y esa es una indefensión de los ciudadanos sumamente grave, porque estamos hablando una vez más de un servicio especial como es la Administración de Justicia pero que además es un poder del Estado. Entonces tenemos un poder del Estado abandonado por una decisión que a mí no me parece inocente sino que creo que es deliberada, que es una política de vamos a debilitar a la Administración de Justicia precisamente para reforzar el poder de los Ejecutivos al poder tomar decisiones que en la práctica no pueden ser corregidas por los contrapoderes y contrapesos de un Estado de derecho bien organizado. Esto es lo que está ocurriendo constantemente, esto es lo que vemos en el fondo de la memoria, una Administración de Justicia abandonada que no puede cumplir, por tanto, sus funciones y que además fue empeorada en su capacidad de respuesta por las disparatadas tasas judiciales que todavía siguen por ahí circulando y coleando y que han sido reducidas pero no del todo eliminadas porque siguen todavía afectando nada menos que a las pymes, por poner un ejemplo. En fin, le quería decir a la Defensora del Pueblo, y con esto voy acabando, que también me ha parecido, como a algunos otros intervinientes, exagerada su satisfacción o alegría por lo de la ley de segunda oportunidad que el Gobierno ha anunciado. Esa ley fue presentada en esta tribuna en marzo de 2012, ya va para tres años. El Gobierno rechazó esa primera propuesta que hicimos nosotros y la de todos los grupos que después presentaron cosas análogas o distintas pero siempre con el mismo espíritu, y la que ha presentado el Gobierno es absolutamente insatisfactoria. Creo que no es función de la institución del Defensor del Pueblo alegrarse de que el Gobierno por fin reconozca que no había hecho absolutamente nada y que ahora va a hacer algo. Creo que tiene que ser algo bastante más crítico que un mero mecanismo de transmisión y de que reparte parabienes o recomendaciones o quejas a las diferentes instituciones. Hay un problema de fondo sumamente serio en España y se ve en todos estos informes de estos años. La crisis ha sacrificado a determinadas personas especialmente vulnerables, que son las que han pagado de una manera totalmente desproporcionada el costo de la crisis, y las instituciones no han sabido hacer un reparto más equitativo como es su obligación porque para eso existen. La consecuencia es que el Defensor del Pueblo, que es una institución que debería tener una actuación mucho más puntual y mucho más dirigida a corregir concretamente fallos o abusos o quejas motivadas, se convierte en una especie de gran escaparate de lo que es el problema de fondo, que es el fracaso de las instituciones democráticas en España. Tenemos una democracia de pésima calidad, que ha creado problemas sumamente graves en cosas tan sensibles y básicas como el crecimiento de la pobreza infantil, teniendo recursos para que esa pobreza no exista. También echo de menos, por ejemplo, que ustedes sean más críticos y, por tanto, transmitan mejor las inquietudes y problemas de la ciudadanía ante la extensión de los casos de corrupción y ante la falta de respuesta de los ayuntamientos a muchas peticiones absolutamente razonadas, lo cual indica un problema de escala, que ustedes también apuntan. Es algo verdaderamente increíble: se reconoce que los ayuntamientos en España en su mayoría son demasiado pequeños para responder incluso a las quejas de los vecinos. Pues algo habrá que hacer. No digo que lo hagan ustedes, es labor nuestra, pero quiero ponerlo sobre la mesa. Se reconoce que hay cantidad de competencias autonómicas que las administraciones autonómicas no ejercen o ejercen mal. Se reconoce que hay una fuente permanente de quejas sobre tres o cuatro cuestiones que en toda esta legislatura esta Cámara, debido a cómo ha actuado la mayoría parlamentaria, ha sido incapaz de resolver cuando podía haberlas resuelto. Estos son los problemas de fondo, y los problemas de fondo no son una serie de quejas que sin duda existirían en cualquier otro caso y en cualquier otro país, es que hay causas sistemáticas que tienen que ver con la pésima calidad de nuestra democracia que motivan lo que ya no son meras quejas, sino verdaderas protestas por indefensión, vulnerabilidad y abandono de la ciudadanía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora Defensora del Pueblo, una vez más abordamos un debate que, como ya dijimos en otras ocasiones, debería ser más amplio. La institución del Defensor del Pueblo ha de ser para la ciudadanía un recurso al que dirigirse y para ello debe dársele la importancia que a nuestro entender ha de tener. Decíamos el año pasado, señora Becerril, señorías, que la ciudadanía estaba desencantada con las instituciones y mantener casi en el ostracismo debates como este no ayuda a mejorar la visión que los ciudadanos tienen al respecto. Tampoco ayuda mucho ser muy complaciente con algunas de las cuestiones que se traen a esta Cámara como la ley de segunda oportunidad que usted ha señalado, porque verá usted que la ley de segunda oportunidad - y le invito a que venga al debate - algunas veces es más una ley de segunda penalidad. Señora Defensora, en general debemos reconocerle a usted y a su equipo el trabajo realizado por haber conseguido poner al día el mismo y por los esfuerzos que han hecho en la transparencia, pero ayer como hoy considera usted que la situación económica que vive el país condiciona parte de las quejas y reclamaciones que llegan a su defensoría. Y ayer como hoy le volvemos a decir que la pobreza de nuestro país, los dos millones de niños y de niñas que viven bajo el umbral de la misma lo están porque sus familias carecen de recursos y se encuentran al borde de la exclusión social. No lo están, señora Defensora, únicamente por cuestiones económicas, hay una parte muy importante, y aquí también se le ha señalado, de responsabilidad política. Usted ha señalado ahora mismo y en su informe cuestiones como las rentas mínimas, la dependencia y el cumplimiento de ambas, pero yo le señalo una más, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda trasladándolas a otra empresa privada, que está subiendo los alquileres y desahuciando a la gente de los municipios de Madrid de esas viviendas que en su momento fueron públicas. Por favor, recójalo también, señora Defensora. Señora Defensora, señorías, modificar el artículo 135 de la Constitución supuso para los trabajadores y trabajadoras de este país la pérdida de derechos laborales y sociales. Condicionar el Estado del bienestar y los derechos conquistados con tanto esfuerzo al pago de una deuda gestada en la especulación es simplemente vergonzoso. Los dos grupos mayoritarios de esta Cámara fueron los responsables de poner nuestra educación, sanidad o dependencia a los pies de los buitres que sobrevuelan los mercados. Recortes sociales, tasas judiciales injustas, desahucios, copagos y un largo etcétera que ustedes recogen en su informe como preocupación y queja de los ciudadanos y ciudadanas, son más que meras preocupaciones y mucho más que meras quejas. Señora Becerril, nos dice usted que les preocupa la situación de las urgencias hospitalarias, que a lo mejor sería necesaria una nueva especialidad médica al respecto. Nosotros le decimos que más que especialidad médica lo que es absolutamente urgente y necesario es tener más recursos humanos y técnicos, es decir, más inversión y menos recortes. Las decisiones políticas que se han tomado en materia sanitaria, copagos, privatización de servicios, la escasa o nula inversión pública tienen como consecuencia el descenso en la valoración de un sistema que fue de los mejores del mundo. Siguiendo en este campo, compartimos una vez más la preocupación que muestra la institución por la situación que viven los enfermos afectados por hepatitis C. Quiero decirles una cosa, señorías: estos enfermos no vienen protestando hace tres días, a raíz de los nuevos medicamentos; estos enfermos llevan protestando por la situación en la que se encuentran hace muchísimos años y no se les hacía el caso que afortunadamente ahora se les hace. Desde aquí mostramos una vez más nuestra solidaridad con los familiares y enfermos de hepatitis C, que pasadas las elecciones - han tenido esa decencia - han vuelto a encerrarse exigiendo su derecho a vivir dignamente. Por cierto, señora Becerril, ayer mismo en Comisión se volvió a rechazar una iniciativa destinada a que se tomasen medidas que acelerarían el proceso de dotar a los enfermos del medicamento que reclaman y que además tienen ya indicado. Le preocupa, y a mi grupo también, la violencia que se ejerce contra la infancia, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. De hecho así tuvo usted la oportunidad de demostrarlo en la comparecencia que tuvo en la subcomisión creada al efecto. Estará con mi grupo cuando manifestamos que hay otro tipo de violencia igualmente dañina sobre la que tenemos poder de actuación y que está directamente relacionada con las situaciones que viven los niños y las niñas cuando son desalojados de forma violenta de sus casas, sufren acoso en las escuelas o no pueden continuar sus estudios por problemas económicos, realidad también de hoy, señora Becerril. Señora Becerril, vuelve usted a hablarnos de los problemas de malnutrición de los niños y las niñas. Estamos de acuerdo en la búsqueda de soluciones e incluso en que puedan ser satisfactorias las actuaciones que se han realizado en los diversos territorios, pero los problemas estructurales que provocan esta situación permanecen y, lo que es peor, crecen. Los últimos datos que nos proporcionan Cáritas e Intermón Oxfam así lo confirman. Señora Defensora, la pobreza energética es una realidad que ustedes señalan como problema serio para muchas familias; nosotros también. Mi grupo lo ha manifestado aquí, desde esta tribuna, en numerosas ocasiones y el grupo mayoritario, el grupo que apoya al Gobierno y el propio Gobierno se han encargado de rechazarlo una y otra vez. La pobreza energética es una realidad que sufren las familias y el Gobierno demuestra que no tiene intención alguna de solucionarlo. Señorías, señora Becerril, la situación en Melilla sigue siendo preocupante, también en Ceuta. Las devoluciones en caliente son realidades que no gustan ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Los objetivos del milenio, aquellos por los que todos apostamos, son hoy azúcar diluido: diluido en los recortes, diluido en las actuaciones que están llevando a cabo, diluido en la falta de recursos para cooperación, diluido en políticas que podrían ser otras si se hubiera tenido voluntad política para que fueran otras. Señora Defensora, los estudiantes siguen teniendo problemas con el cobro de becas, tienen verdaderas dificultades para afrontar la subida de tasas y sufren los experimentos que el Ministerio de Educación realiza. El último, la modificación de grados y másteres, ha sacado a la calle a miles de estudiantes, sindicatos y docentes, a los que desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad porque creemos, señora Defensora, que los experimentos en cualquier ámbito deben hacerse con gaseosa, pero no con seres humanos. Termino una vez más con un tema en el que hace usted mucho hincapié en todos sus informes: las víctimas del terrorismo. Señora Becerril, lo primero que queremos manifestar es el respeto al Poder Judicial y a sus decisiones, que a nosotros en numerosas ocasiones no nos gustan, pero que debemos acatar porque son decisiones del Poder Judicial. No nos parece adecuado que se quiera intervenir en las mismas a través de mecanismos y subterfugios que, por mucho que a usted le plazcan, no son los correctos en un Estado de derecho. En segundo lugar, hay víctimas de otro tipo de violencias abominables, como la violencia machista, por poner un ejemplo, que no tienen el mismo tratamiento por parte de las administraciones. Y en último lugar, pero para nosotros no menos importante, están las víctimas de la dictadura franquista, esos miles de hombres y mujeres que siguen en las cunetas sin que los familiares sepan dónde se encuentran ni reciben ayuda alguna para su localización. Son ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de un delito, el de la desaparición forzosa, que sigue cometiéndose en tanto no aparezcan los cadáveres, un delito cuya investigación debería abordar el Estado de oficio. Le insto, señora Defensora, a que usted promueva precisamente que lo aborde. Es algo que no ocurre en ningún país, es algo incomprensible en un país que dice ser plenamente democrático en el siglo XXI. Finalizo - ahora sí - solicitando su intervención, tal y como ha hecho en los centros penitenciarios, para evitar actos represivos en las calles que recuerdan otros tiempos y solo hace falta estar ante un televisor para comprobar lo que le estoy diciendo. Estamos en un Estado de derecho y como tal debemos actuar. Las leyes mordaza, de las que ahora se va a hablar, no son el mejor reflejo de un Estado de derecho. Recojo, para finalizar ya - esta vez de verdad, señor presidente -, su cita a Calderón: la queja es razonable. Las quejas que acabamos de proferir aquí son razonables; recójanlas, señora Defensora del Pueblo. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora García Álvarez. Por el Grupo Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra la señora Sayós.
Muchas gracias, señora presidente. Antes de nada, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quiero dar nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a alguno de sus miembros en el accidente aéreo ocurrido anteayer. A veces damos mucho valor a ciertas cosas y en cambio no podemos controlar la vida. Y también quiero expresar nuestro más enérgico rechazo a los autores de esos tuits muy ofensivos, intolerables e indignantes, sin respeto alguno a las víctimas y a sus familias, cuyo contenido no tengo suficiente coraje para reproducir. En consecuencia, queremos denunciarlos y esperamos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con el cos dels Mossos dEsquadra de Cataluña actúen de forma contundente contra estas personas. La incitación al odio y a la xenofobia son delitos por buenos motivos. Nada de esto es libertad de expresión, ya que esta implica diálogo y ningún contenido de estos tuits puede considerarse libertad de expresión. Dicho esto, señora Defensora del Pueblo, gracias a usted y a su equipo por su trabajo. Señorías, cero-cero. A simple vista podría parecer el resultado de un partido de fútbol, pero no lo es. Les voy a contar por qué. En primer lugar, como no podía ser de otra manera en lo que a la institución se refiere, debo felicitar a la Defensora del Pueblo y a todo su equipo por el trabajo realizado y por el que realizan. Se lo agradecí en la Comisión y también se lo agradezco en sesión plenaria. También agradezco que algunas de las peticiones que le hice el año pasado hayan sido recogidas este año. Debo insistirle a la Defensora del Pueblo en que la institución a la que representa debe ser lo más independiente y ecuánime posible. Por ello, desde Convergència i Unió reiteramos e instamos una vez más a la creación de un protocolo que evite la arbitrariedad y la subjetividad de la institución a la hora de ejercer sus actuaciones. Lo manifestamos el año pasado e insistimos una vez más este año. En cuanto al presupuesto de 2014, en Comisión ya explicó el porqué de los pagos pendientes que constan en la ejecución del presupuesto, pero quiero hacerle una sugerencia en el capítulo primero. Es la siguiente: desarrollar la expresión «otro personal». Sé, nos consta y ha explicado hoy que ha puesto en marcha un nuevo servicio para consultar el estado de las quejas presentadas por los ciudadanos, incluso con acceso para personas con capacidades especiales. Lo celebro - ojalá el Gobierno hiciera lo mismo -, pero ante este comienzo hacia la transparencia pensamos que debería especificar la expresión «otro personal». Entrando en materia, en 2014 la Defensora del Pueblo ha abierto 23.964 expedientes. De estos datos debemos señalar que han aumentado ligeramente los expedientes de actuación de oficio y lo celebramos, pero no se puede relajar, señora Defensora. De los 23.186 expedientes de queja solo 1.813 proceden de Cataluña. Suponemos que ello se debe a la buena actividad que desempeña el Síndic de Greuges de Catalunya y, por ello, le debo agradecer su trabajo y su coordinación común. Quiero destacar que durante el año 2014 se han abierto ochenta expedientes de oficio al Ministerio del Interior y esto no es menor. Un año más vemos que la Administración General del Estado ha recibido más recomendaciones que las administraciones autonómicas, así como también ha recibido más sugerencias y recordatorios de deberes legales. A modo de ejemplo, quiero destacar entre estos últimos un recordatorio del 28 de enero de 2014 formulado a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia sobre el deber que incumbe a los poderes públicos de auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus actuaciones. Otro ejemplo: la gerencia territorial del Catastro de Segovia, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consta como una de las administraciones entorpecedora para con la institución del Defensor del Pueblo. Es importante señalarlo. Cuando el Gobierno nos presenta sus reformas para las administraciones públicas y las propuestas del informe elaborado por la CORA es bueno saber que más de la mitad de todas las quejas que recibe la Defensora del Pueblo corresponden a cuestiones de su propia Administración. Es el primer cero. Con respecto a la Administración de Justicia, continuamos teniendo el problema de las tasas judiciales durante 2014 por las cuales los ciudadanos han presentado quejas. La Defensora del Pueblo presentó recomendaciones al Ministerio de Justicia que aún no se han llevado a cabo. Este grupo parlamentario comparte plenamente el criterio de la Defensora del Pueblo al considerar que las tasas judiciales son extraordinariamente elevadas, pudiendo conllevar la vulneración del artículo 24 de la Constitución española. En mi intervención del año pasado ya puse de manifiesto las cuestiones de forma y de fondo para reprochar la imposición de estas tasas judiciales. Otro aspecto a tener en cuenta son las dilaciones de los procesos judiciales, generalmente debido a problemas estructurales, que conllevan el malestar de los ciudadanos y una mala imagen de la justicia. Así lo pone de manifiesto el informe de la Defensora del Pueblo. Finalmente, en lo que respecta al derecho del menor a ser escuchado, se recomendó al Ministerio de Justicia la conveniencia de que se adaptase la legislación europea a las posiciones de Naciones Unidas en esta materia, pero el Gobierno aún no ha reaccionado. Por otra parte, se ha hablado bastante de los centros penitenciarios, por lo que no voy a repetirme. En cuanto a la ciudadanía y la seguridad pública, queremos poner de relieve las numerosas quejas que afectan a los mecanismos del voto por correo de las personas que residen en el extranjero, tanto los CERA como los CER, afectando negativamente a su derecho de sufragio, es decir, no poder votar. Consideramos que el Gobierno debe actuar y hacer uso de las nuevas tecnologías no solo para solicitar el voto sino también para ejercitarlo. Con respecto a las becas, era sabido que el nuevo sistema de gestión, concesión y abono de becas aprobado por el Gobierno, consistente en la división de la ayuda en una cuantía fija y una cuantía variable, iba a provocar muchos problemas, especialmente con respecto a la cuantía variable. Pues bien, así ha sido, y se han presentado muchas quejas porque este sistema genera gran incertidumbre a los estudiantes sobre la cantidad total que van a recibir como ayuda. En lo que se refiere a sanidad, según el informe de la Defensora del Pueblo se han recibido quejas de los ciudadanos por denegación de autorización para el uso especial de medicamentos en investigación, por la aparición o no aprobación de nuevos medicamentos, especialmente para el tratamiento de enfermedades graves o raras, y por la dificultad al acceso de fármacos de última generación para la curación de la hepatitis C, pero muy especialmente las reiteradas denuncias del Real Decreto 16/2012 por las desigualdades que provoca. Este aspecto ya ha sido abordado por Convergència i Unió en múltiples ocasiones, es una demanda continuada. Por ello estamos de acuerdo con lo expuesto en el informe de la Defensora y pedimos al Gobierno que acate sus recomendaciones. También hay muchas quejas - no podría ser de otra manera - en materia de copago. Convergència i Unió ya viene diciendo desde hace tiempo que en el sistema de copago deberían crearse más tramos, y así lo recoge el mismo informe de la Defensora. Reiteramos nuestra voluntad de pedir a la Defensora una especial protección hacia las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad; a ver si de una vez por todas el Gobierno abandona definitivamente el discurso erróneo cuando dice que las personas con discapacidad están exentas de copago, porque en realidad no lo están. En cuanto a la política social, hoy la Defensora ya ha hecho una buena exposición respecto a la protección de menores, especialmente en menores en situación de malnutrición, y no es pequeña esta situación. Por eso Convergència i Unió insiste tanto en que el Gobierno también adopte medidas al respecto, pero querría resaltar dos aspectos más: primero, que los mayores defectos observados - dice el informe - son las demoras en la tramitación de las revisiones y la falta de accesibilidad de las personas con capacidades especiales y, segundo, es claro y notorio que el Gobierno no cumple con la Ley de la Dependencia. Lo que hace el Gobierno es trasladar toda la presión económica a las comunidades autónomas sin hacerse cargo de su parte de financiación, y ello no es de recibo porque a quien se perjudica es al ciudadano dependiente. No puedo pasar por alto de ninguna de las maneras una injusta sentencia del Tribunal Constitucional de 5 marzo de 2015. El anterior Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, presentó en 2010 un recurso de inconstitucionalidad porque consideró que la Ley del Parlament de Catalunya, que regula la institución del Síndic de Greuges, invadía competencias del Estado. En concreto, y en primer lugar, las competencias en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes asignadas al Síndic de Greuges no son de su competencia. En 2006 España rectificó el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes, y como el Tribunal Constitucional considera que dicho protocolo forma parte de la materia de relaciones internacionales, cuya competencia es estatal, en consecuencia considera que es competencia de la institución del Defensor del Pueblo y no del Síndic de Greuges. La sentencia limita las funciones del Síndic de Greuges a poder realizar entrevistas o a requerir la opinión del médico; y yo añado: ¡faltaría más! Esa es la interpretación misérrima que hace el Tribunal Constitucional con una lectura restrictiva del artículo 149.1.3 de la Constitución, y obvia lo realmente establecido en el artículo 17 del propio protocolo y su espíritu, y más cuando habla de delegación a entidades descentralizadas. Segundo, las competencias en materia de ámbito territorial del Síndic de Greuges con respecto a las competencias del Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional solo se limita a invocar la sentencia emitida con respecto al Estatut de Autonomía de Catalunya de 2010, pero añade que, una vez depurado el artículo 78 del Estatut, la supervisión del Síndic de Greuges sobre la Administración local y los organismos vinculados a ella no es exclusiva, por lo que no excluye a la del Defensor del Pueblo, pues es competente para supervisar cualquier Administración pública, ya sea estatal, autonómica o local. Curiosamente, en ningún caso la sentencia del Tribunal Constitucional habla de establecer convenios entre el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, tampoco habla del principio de subsidiariedad entre el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo ni del principio de proximidad en favor del Síndic de Greuges, ni invoca el principio de autonomía. Curioso. Pero es más curioso que el Tribunal Constitucional, en su fundamento tercero, apele al principio de voluntariedad en referencia a la inclusión del principio de cooperación entre el artículo 78 del estatut y …
Señora Sayós, tiene usted que terminar.
… el artículo 78 de la Ley del Síndic de Greuges - termino -, de manera que la previsión de la cooperación en el estatuto o en las normas autonómicas no impone nada al Estado, que puede actuar con plena libertad. Una vez más, inseguridad jurídica. Pues bien, el segundo cero va para el anterior Defensor del Pueblo y para el Tribunal Constitucional: cero-cero. Lamento esta sentencia, pero espero que la Defensora del Pueblo encuentre convenios de colaboración con el Síndic de Greuges, apelando ahora al principio de voluntariedad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Sayós. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Ángeles Álvarez. La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: En primer lugar, quisiera agradecer a la Defensora del Pueblo y a todo su equipo la gran labor que desarrollan y el informe que han presentado este año. Toda reclamación busca respuesta y buscar reparación, y el informe un año más nos indica que, en general, las administraciones han sido diligentes a la hora de ofrecer esa información que demanda la Defensora del Pueblo. Otra cosa es que muchas de las quejas encuentren respuestas que ni satisfagan ni reparen, y es sobre estas sobre las que quisiéramos llamar la atención, empezando por los asuntos relacionados con la Administración de Justicia. El informe señala, un año más, un gran número de quejas relacionadas con los asuntos de familia. La recomendación de la Defensora de hacer un examen individualizado del régimen de visitas a cada menor afectado cuando exista imputación de violencia de género debe ser atendida con premura para evitar situaciones traumáticas. Los niños y las niñas, los 40 niños y niñas que fueron asesinados en esas circunstancias por sus progenitores entre 2008 y 2013 y la denuncia de Naciones Unidas a España en el caso de Ángela González han puesto de manifiesto la necesidad de especializar a quienes toman decisiones que afectan a la vida y desarrollo de esos menores. En la mayoría de esos asesinatos fueron prejuicios sexistas sobre paternidad los que hicieron posible respuestas inadecuadas que llevaron a desenlaces fatales, respuestas erróneas de la Administración que desalientan a todas las víctimas y, por supuesto, a toda la sociedad. La descripción de la situación material de los juzgados que hace el informe es alarmante. La insuficiencia de medios lleva a retrasos e irracionalidad en los señalamientos, y se traduce en disfunciones que ponen en cuestión la eficacia de la justicia, sin que, como era previsible, la recaudación de tasas haya tenido ningún impacto positivo en la reducción de los déficits materiales y el hacinamiento, que comporta falta de seguridad de los asuntos en los juzgados. La lectura del informe, por tanto, deja claro que la situación de la justicia ha empeorado. Respecto de las recomendaciones y las quejas en esta materia, hemos echado en falta que el informe no relacione las dilaciones en los procedimientos con el hecho de que tengamos, por cada cien mil habitantes, la mitad de jueces que los países de nuestro entorno. En el catálogo de quejas, señorías, las hay muy preocupantes. Se ha hecho referencia a las cuestiones relacionadas con los enfermos de hepatitis C; pero negar tratamiento médico a enfermos de hepatitis C internos en centros penitenciarios es una temeridad sanitaria. El Gobierno debe atender la recomendación de la Defensora del Pueblo que indica, primero, que se les trate, porque la vida de esos presos depende de esa decisión; y, después, que se discutan cuáles son los aspectos competenciales entre la Administración penitenciaria y la Administración sanitaria. Uno de los aspectos más preocupantes es la referencia a lo que el informe ha denominado como falta de garantías de las resoluciones sancionadoras por parte de las delegaciones del Gobierno. Por cierto, la delegación de Madrid, con la señora Cifuentes a la cabeza, merece el premio a la represión de protestas vía sanción administrativa. ¿Qué respuestas obtienen estas recomendaciones del informe para que se respete la libertad de expresión y el derecho de reunión? El desprecio, con una reforma que cercena las libertades y dificulta la intervención de los jueces para dar garantías procesales. No hay un solo grupo en esta Cámara, a excepción del Grupo Popular, que tolere la embestida al artículo 21 de la Constitución que supone la tipificación como infracción administrativa de lo que ahora son faltas penales. Esas amplias facultades otorgadas a las delegaciones del Gobierno para limitar el ejercicio de derechos fundamentales será motivo de muchas quejas en los próximos informes, a menos que el conjunto de los grupos de esta Cámara, cuanto antes, cumplamos con nuestro compromiso de derogación. Es elogiable el esfuerzo de la institución por mejorar las condiciones de los presos españoles en el extranjero, así como su implicación para estar pendientes de la situación que se vive en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, donde cada día vemos intervenciones que vulneran los derechos humanos, falta de diligencia que impide el derecho de asistencia letrada y gestión del perímetro fronterizo con acciones de dudosa legalidad que contravienen, además, los convenios internacionales firmados por España. Esas violaciones reclaman algo más que la atención de la Defensora del Pueblo. Reclaman que el Gobierno actúe en la frontera, respetando y garantizando los derechos humanos. ¿Por qué el informe recoge quejas similares a las de años anteriores sobre los centros de internamiento de extranjeros? Sencillamente, porque las supuestas mejoras que venían de la mano del nuevo reglamento de funcionamiento, según el informe, no se aplican. Además, señorías, hace apenas quince días, el Tribunal Supremo anuló cuatro artículos del reglamento que regula el funcionamiento de los CIE; los dos primeros porque contradicen la Directiva europea 2008/115; el artículo 21.3 porque es contrario a la Ley de Extranjería, que no permite un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente de expulsión; y, finalmente, el artículo 55.2, en su párrafo primero, que permitía los registros personales, incluso con desnudo integral, porque excede de la propia Ley de Extranjería y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es necesario responder y repensar la viabilidad de este modelo de centros buscando regulaciones de la convivencia que incorpore la intervención social. Nos han preocupado, especialmente, las quejas relacionadas con las becas. Las becas deberían llevar al Gobierno a replantearse - como recomienda el informe - el actual sistema de pagos en dos tiempos. El sistema es un obstáculo que se ensaña con quien no tiene recursos aunque tenga capacidades. Estamos hablando de familias obligadas a solicitar préstamos; o peor aún, obligadas a tomar la terrible decisión de que sus hijos abandonen los estudios porque los ingresos de las becas a familias que no pueden acceder a crédito se realizan con retraso, muy avanzado ya el curso. En materia educativa, por lo tanto, las quejas relacionadas con estas cuestiones lo que ponen en evidencia es que tenemos malas leyes y malos procedimientos, que no solamente generan injusticia y desigualdad, sino que, además, están derrochando talento. Se ha hablado en la tribuna de dependencia. En materia de dependencia, los obstáculos son en realidad un entramado que se está convirtiendo en una auténtica estratagema para retrasar pagos e impedir el acceso definitivo a las prestaciones, y a eso se suma el impago de las rentas mínimas de inserción y la falta de atención a la desnutrición infantil, que resulta bochornosa. Administraciones - fíjense bien, señorías - como las de la Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia han quedado señaladas en el informe por concentrar la mayoría de quejas por el impago de prestaciones llamadas a evitar precisamente que se instalen bolsas de miseria en este país. No estaría de más que el informe fuese más incisivo a la hora de manifestar que, a pesar de que el desmantelamiento de la intervención social no se supla con una ayuda puntual o paliativa, estas terminan siendo necesarias y por eso es especialmente injusto que tengamos administraciones incapaces de gestionar y prever crédito suficiente porque esa falta de previsión castiga a quien es más vulnerable. Otra cuestión motivo de quejas justificadas ha sido el peaje de respaldo, la sustitución de contadores, la facturación eléctrica y la fractura hidráulica, que está generando inquietud en muchos pueblos de España. Cabe felicitarse por la contundencia del informe para que la energía solar no sea sometida a cánones, y a esa recomendación el Gobierno debería darle una respuesta política y no recurrir a argucias para mantener vivo un impuesto al autoconsumo eléctrico, que no es bueno para los ciudadanos, no es bueno para la economía, tampoco es bueno para el empleo y por supuesto no es bueno para el medio ambiente. Sencillamente, no es bueno. Un año más el acceso a la vivienda digna destaca a lo largo del informe y es preciso agradecer lo completo de la información. Se denuncian dos situaciones especialmente graves: la venta de viviendas de alquiler de titularidad pública del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fondos especulativos y los embargos de vivienda familiar habitual y única por deudas de escasa cuantía a la Seguridad Social. Esas prácticas agravan la situación personal y social para el acceso a la vivienda porque, en el primer caso, suponen una malversación de caudales públicos, como ya ha anunciado vía querella el Partido Socialista de Madrid, y, en el segundo, porque no resulta proporcionado un embargo por deudas de escasa cuantía cuando genera una necesidad que es obligado atender a través del sistema de servicios sociales. Para ir terminando, efectivamente no es asunto de este informe el conocido como Decreto-ley de segunda oportunidad, al que han hecho referencia todos los intervinientes hasta el momento, porque la Defensora y el Grupo Popular en la pasada Comisión celebraron - y hoy mismo ha vuelto a hacerlo - una norma de dudosa eficacia y, por tanto - insisto, aunque no sea motivo del análisis de este informe -, quisiera matizar algunas cuestiones. El desarrollo del decreto ha dejado claro que no hay segunda oportunidad, no evita la pérdida de la vivienda, no aumenta los mínimos inembargables actualmente, no incluye a los fiadores avalistas, no hay dación en pago, no hay eliminación de las cláusulas suelo - el 99 % de los afectados tendrá que continuar con los trámites judiciales -, no corrige los requisitos excesivos y acumulativos del código de buenas prácticas y la mayoría de los autónomos que tienen contraídas deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria no podrán beneficiarse…
Señora Álvarez, tiene que ir acabando. La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Voy terminando, presidente. No podrán beneficiarse al estar ambas exoneradas de quitas y moratorias. Por tanto, quizá ha habido una valoración precipitada y la supuesta oportunidad no evite que la institución del Defensor del Pueblo acumule en los próximos informes las quejas de un fracaso político. Termino, señorías. Este informe recoge recomendaciones vitales para el Estado de derecho que han sido desestimadas por el Gobierno. Nosotros creemos que es necesario dar mayor grado de satisfacción a las recomendaciones del informe y queremos pedir a la Defensora del Pueblo que siga siendo incisiva en la disección del funcionamiento de los servicios y las políticas públicas, que no dude en ser contundente en la defensa de los intereses de los ciudadanos, que rehúya de buscar exculpaciones y que juegue con autonomía y con autoridad el papel que los ciudadanos le reclaman. En esa tarea tiene todo el apoyo del Grupo Socialista. Por último, usted ha hecho referencias literarias. Yo le voy a hacer una filosófica: todo llanto es una queja, el llanto predice la queja, pero toda queja es también una acusación. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bertomeu.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora Defensora del Pueblo, tal como ya manifesté en la Comisión del pasado día 10 del presente, desde el Grupo Parlamentario Popular la felicitamos a usted y a sus adjuntos segunda y primero, al igual que al resto del equipo, funcionarios y personal de la institución, por el cumplimiento de su compromiso adquirido en la toma de posesión con la presentación, dentro del primer trimestre del año, del informe correspondiente al ejercicio anterior. Valoramos muy positivamente los cambios referentes a la forma de dirigirse a las administraciones y a los ciudadanos, logrando una mayor proximidad y eficacia. La puesta en marcha del portal de transparencia ha facilitado conocer todas las actividades que llevan a cabo desde la institución del Defensor del Pueblo. El que por primera vez se pueda tener conocimiento de los tiempos medios con que el Defensor del Pueblo responde a las administraciones y a los ciudadanos demuestra el interés en resolver los problemas dentro del plazo reglamentario al que el ciudadano pueda tener derecho. Las quejas presentadas durante el pasado año prácticamente vienen a ser las mismas que en 2013. Lo que sí es significativo es el número de actuaciones de oficio, con un aumento del 41 %, que junto a las recomendaciones, que también aumentan el 97,4 %, justifica el esfuerzo realizado por la institución del Defensor del Pueblo. Este esfuerzo llevado a cabo no ha sido en ningún caso por un aumento presupuestario, sino todo lo contrario. Durante su mandato el presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo ha tenido una baja aproximada al 8 %, una baja que, como usted nos indica, se corresponde al esfuerzo que también han hecho todos los ciudadanos y la mayoría de las administraciones públicas debido a las circunstancias que hemos tenido que sufrir en los últimos años. Según se desprende de la memoria, manifiestan que 217 de sus recomendaciones han sido admitidas, otras 166 ya están pendientes de respuesta y el resto, o sea, 84, han sido rechazadas. Entre las recomendaciones aceptadas se encuentran las relacionadas con las víctimas del terrorismo o la reforma fiscal en lo referente a la eliminación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para los casos de dación en pago. Nos manifiesta su reiterada recomendación para establecer un procedimiento de insolvencia independiente o la Ley de Segunda Oportunidad. Tal como le manifesté en la Comisión el pasado día 10, en esta Cámara se aprobó el decreto de segunda oportunidad, el cual mejorará la calidad de vida de las familias. Esto ha sido posible porque las reformas llevadas a cabo durante los tres últimos años han permitido que la situación actual haya mejorado y podamos hacer llegar este crecimiento a las familias. Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular es partidario del trámite como proyecto de ley de segunda oportunidad, con el fin de que no se vuelvan a reproducir los errores del pasado. Esta ley tendrá un triple efecto. Uno, el saneamiento de la economía. Ofrece una segunda oportunidad no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas lastradas por sus deudas, y amplía la protección social a los colectivos más vulnerables. Es importante asimismo la ampliación del código de buenas prácticas, que ha permitido 12.000 reestructuraciones - cancelar 12.000 lanzamientos - y 3.500 daciones en pago hasta ahora, de forma que prácticamente se dobla el número de unidades familiares que podrán beneficiarse. También lo es la suspensión de desahucios sobre viviendas, el no lanzamiento en principio hasta el año 2017. Nos indican igualmente en su informe que han sido aceptadas recomendaciones sobre iniciativas destinadas a conseguir un mejor conocimiento en los foros internacionales del daño causado por el terrorismo. Como usted manifiesta, señora Defensora, ni podemos ni debemos olvidar los actos terroristas cometidos por la organización ETA. Diversas medidas se han llevado a cabo en la presente legislatura en reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo. Con el fin de preservar la memoria de las víctimas y construir el relato de la verdad, se ha creado el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que tiene carácter nacional y cuyos objetivos son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas, construir la memoria, deslegitimar el terrorismo y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad, los derechos humanos y contra el terrorismo. Como siempre el Grupo Parlamentario Popular ha estado, está y estará siempre junto a las víctimas, quienes constituyen para este partido un auténtico referente ético y moral en la lucha por la libertad y la democracia. Entre las quejas están las relacionadas con la dilación en materia de justicia. Como usted manifestó, la carga de trabajo y los instrumentos de los que la Administración de Justicia dispone podrían ser las posibles causas. Los actuales sistemas electrónicos usados no facilitan la labor, sino todo lo contrario. Por ello, el Ministerio de Justicia ha presentado el calendario de medidas con las que se propone llegar al objetivo de una justicia sin papeles en enero de 2016. La introducción de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia pondrá en marcha una batería de medidas que podrían conducir a la definitiva modernización de la justicia; que a principios de 2016 desaparezca el papel de los juzgados será una medida que se hará realidad, estableciendo la obligatoriedad de la comunicación electrónica entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales. Otra de las medidas que será introducida en los próximos meses será la nueva sede judicial electrónica, a través de la cual cualquier persona inmersa en un proceso judicial podrá tener conocimiento de cómo van sus trámites con la justicia. También nos indican en su informe las quejas de 857 ciudadanos, que expresan al Defensor del Pueblo su insatisfacción ante decisiones judiciales concretas. Las quejas dan a conocer las preocupaciones, en este caso, sobre los procesos de familia en los que hay menores afectados y que han hecho tomar la decisión al Defensor del Pueblo de elaborar el estudio denominado La escucha y el interés superior del menor. Como ya indiqué, las Cortes Generales están tramitando el proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Esta reforma que incluye recomendaciones del Defensor del Pueblo modifica hasta doce leyes, entre ellas, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Uno de los principales objetivos es disponer de un nuevo marco de derechos y deberes y la especial atención a los menores más vulnerables. Por primera vez se fijan los deberes de los menores en el ámbito familiar, escolar y social. Se deja de considerarlos como sujetos pasivos y se establece una mayor protección a los menores más vulnerables, a los que se reconoce expresamente su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Asimismo, las leyes inciden en una mayor participación de los menores, a través del derecho a que sean oídos y escuchados. Otro de los objetivos es que se definen en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo, se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción. Con las reformas se van a primar soluciones a las familias, frente a las residenciales. Se establecen tres tipos de acogimiento: de urgencia, temporal y permanente. Por otra parte, se regulan por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta. La adopción abierta es otra novedad, para que el menor en adopción tenga la posibilidad de mantener algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica. El tercer objetivo es el refuerzo de la lucha contra la violencia hacia los menores, ya que por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género. Se va a reforzar la protección frente a los delitos como los abusos sexuales. De las recomendaciones formuladas al Ministerio de Sanidad con referencia a la aportación de los usuarios en el copago de medicamentos, el ministerio al igual que eliminó los copagos de transporte y otros, planteará a las comunidades autónomas suprimir el de los hospitales. De este modo no se exigirá a los pacientes que aporten nada por los medicamentos que se les dispensan en los hospitales. Una de las prioridades del Partido Popular ha sido garantizar el acceso de los españoles a la mejor sanidad posible. Gracias a las reformas, aproximadamente un millón de personas en paro y sus familias por primera vez no pagan sus medicinas. Con referencia a la hepatitis C, España se convierte en el primer país del mundo en garantizar el tratamiento con los nuevos medicamentos y se verán beneficiados alrededor de 52.000 pacientes. En servicios sociales el ministerio va a reforzar el apoyo integral a la familiar y la paternidad. Para ello ya han entrado en vigor medidas como la reforma fiscal, cuyas ayudas ya han solicitado más de 27.000 familias durante los primeros quince días de vigencia. Como ustedes conocen, en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se multiplican las ayudas para atender a las familias con hijos a cargo en situación de pobreza. No obstante, somos conscientes de que deben intensificar aún más los esfuerzos para ayudar a estas familias. Debemos recordar que España fue el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad entre 2007 y 2011, al igual que la pobreza que creció a mayor velocidad que en la Unión Europea. El riesgo de pobreza y de exclusión social aumentó un 13 % en la última legislatura socialista, cinco veces más que en la Unión Europea, al igual que la pobreza infantil creció en esta época tres veces más rápido que en la Unión Europea. Esos datos, según el Instituto Nacional de Estadística, manifiestan que los dos indicadores más importantes que utilizan en Europa para medir la desigualdad social - la ratio 80/20 y el coeficiente de Gini - se reducen por primera vez en los últimos cuatro años. El Gobierno ha hecho reformas estructurales para garantizar una mayor protección social y unos servicios públicos de calidad. La principal apuesta de este objetivo ha sido el empleo, como política fundamental contra la pobreza. La prioridad es la lucha contra la pobreza infantil. En 2014 se destinó a las comunidades autónomas un fondo de 17,4 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil. Agradecemos sus manifestaciones referentes al correcto comportamiento de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios en los centros de privación de libertad, los cuales cumplen con la legalidad y con los convenios en materia de derechos humanos, y compartimos su opinión de que hay acusaciones hacia los centros de internamiento y los funcionarios que responden a unas estrategias de la banda terrorista ETA. Otro de los asuntos que nos plantea son las prestaciones para personas con dependencia, tema muy importante en el cual el Gobierno ha dado viabilidad al sistema con una serie de reformas. Actualmente hay más beneficiarios con derecho a prestación, menos listas de espera y más servicios profesionales. En relación con la violencia de género, respecto a las visitas a los menores de los padres acusados de maltrato, saben que el Gobierno no escatima esfuerzos en este tema. Una muestra de ello la tenemos en los presupuestos de 2015, con un aumento del 6,86 % de la cuantía destinada a luchar contra la violencia de género. Se multiplica por tres la cuantía destinada a la sensibilización y se crea por primera vez una partida de un millón de euros para planes personalizados. Por otra parte la modificación del proyecto de ley orgánica del Código Penal, que se debatirá hoy mismo en esta Cámara y que entra en vigor próximamente, mejorará la respuesta penal en la que se establece expresamente la posibilidad de que la libertad vigilada pueda ser utilizada para prevenir la peligrosidad en delitos contra la violencia de género, mejorando al mismo tiempo la regulación del delito de trata de seres humanos y el de prostitución forzada. Señora Defensora del Pueblo, gracias por su informe de 2014. Como siempre el Grupo Parlamentario Popular lo valora muy positivamente, tendremos en cuenta sus recomendaciones y esperamos que continúe con este intenso trabajo tan positivo para los ciudadanos. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Bertomeu. Antes de entrar en el siguiente punto del orden del día y dado que hay votaciones de leyes orgánicas, voy a indicar como hora antes de la cual no habrá votaciones las cinco de la tarde; quizás sea más tarde, pero no antes de las cinco.
Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Este real decreto-ley va a ser presentado, por lo tanto tiene la palabra el señor ministro del Interior.
Señor presidente, señorías, permítanme en primer lugar, y en la medida en que en la sesión del martes por la tarde de este Pleno no pude estar presente aquí, en la Cámara, por estar presidiendo la sala de crisis constituida en el aeropuerto de El Prat de Barcelona con ocasión del trágico accidente de aviación, que todos conocemos, unirme públicamente desde la tribuna a la expresión de solidaridad y de dolor manifestados por el presidente del Congreso, así como al minuto de silencio que la Cámara guardó. Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara en nombre del Gobierno el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo del presente año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución. Este real decreto-ley entró en vigor, como saben sus señorías, el pasado 7 de marzo, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, como conocen sus señorías, durante los últimos días del mes de enero, buena parte del mes de febrero y del presente mes de marzo, sucesivos temporales de lluvia, nieve y fenómenos meteorológicos adversos de viento y mar han afectado a la práctica totalidad del territorio nacional y han provocado, entre otros efectos, inundaciones y desbordamientos en diferentes cuencas hidrográficas, determinando la declaración de situación de alerta en diferentes niveles y la activación de los correspondientes planes territoriales o especiales de protección civil en diversas comunidades autónomas. Mención especial requieren las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante el mes de febrero, los primeros días del presente mes de marzo y también en la actualidad - ayer mismo, como sabemos -, que, como les digo, están afectando de manera especial a la provincia de Zaragoza, alcanzando el río niveles desconocidos en los últimos veinte años y que se estima han anegado cerca de 20.000 hectáreas de terreno. [[La señora]] Señorías, desde el inicio de la riada de la que estamos hablando, en particular la del río Ebro, más de 500 personas fueron movilizadas para garantizar la seguridad de la población. En concreto, el lunes 2 marzo el número de personas movilizadas fue de 1.163, 450 de ellos eran efectivos de la Unidad Militar de Emergencia; además se utilizaron 350 vehículos de transporte, incluyendo helicópteros, embarcaciones neumáticas, autobuses, ambulancias, etcétera. Ayer mismo, como saben en la provincia de Zaragoza el alto caudal del río Huerva ha obligado a la evacuación preventiva de 75 personas de una residencia en Santa Fe y de unas 100 viviendas en Cadrete. Quiero resaltar a los efectos que la reacción del Gobierno ha sido proporcionada y adecuada a la situación creada, estando, como no puede ser de otra manera, en permanente coordinación con las comunidades autónomas afectadas, con sus autoridades y en particular con las de la Comunidad Autónoma de Aragón, dada la gravedad - insisto - de las inundaciones provocadas por la crecida del río Ebro, en particular aguas arriba de Zaragoza hasta la localidad de Novillas, aguas abajo hasta Pina de Ebro y el embalse de Mequinenza. Ya el 11 de febrero la vicepresidenta del Gobierno, todos los delegados de Gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y yo mismo tuvimos una reunión en Zaragoza. Estuvimos hablando - repito, 11 febrero - ya de esta cuestión y la vicepresidenta del Gobierno anunció públicamente en esa ocasión desde Zaragoza que el Gobierno estaba estudiando la promulgación de un real decreto-ley, que estoy presentando en estos momentos ante sus señorías para el trámite constitucionalmente previsto de eventual convalidación. Posteriormente, cuando se produjeron a finales del pasado mes de febrero y primeros días de este mes de marzo esas importantes avenidas del río Ebro, así como afectaciones en otras comunidades autónomas - en Navarra, etcétera -, pero todos sabemos que las más destacadas, que la zona más afectada fue la provincia de Zaragoza y en particular las zonas que les he comentado del río; entonces, el mismo 1 de marzo el secretario de Estado de Medio Ambiente estuvo allí. Yo también estuve el 2 de marzo en Zaragoza y tuve ocasión de reunirme con las autoridades y sobrevolar toda la zona para tener una mejor idea del impacto de esas avenidas, tanto aguas arriba de Zaragoza como aguas abajo. Estuvimos sobrevolando la localidad de Pina de Ebro porque en esos momentos se estaba evaluando si era necesaria o no la evacuación de la población, aunque finalmente por fortuna no fue necesaria. El 3 marzo la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estuvo visitando también las zonas afectadas y reuniéndose con los diferentes responsables. Y, por último, como saben sus señorías, el presidente de Gobierno el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó este presente real decreto-ley, el 6 de marzo, estuvo en Aragón con la presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y con otras autoridades para elaborar el real decreto-ley, teniendo conocimiento de primera mano de la evolución de los acontecimientos. Evidentemente, en todo momento ha estado en permanente comunicación con las autoridades del Gobierno de Aragón y con los ministros directamente afectados e implicados, que además nos habíamos desplazado hasta allí. Repito, el propio día que se aprobó el real decreto-ley el presidente acudió, como saben ustedes, a Aragón, a Zaragoza. Quiero resaltar que la aprobación del Consejo de Ministros el pasado 6 de marzo de este real decreto-ley se hizo incluso cuando todavía no se había podido, por razones obvias, llevar a cabo una estimación definitiva de los daños, dada la situación en la que se encontraban y se encuentran aún algunas de las zonas afectadas. El Consejo de Ministros lo aprobó en atención precisamente a la realidad de las consecuencias producidas y a la necesidad de restablecer lo antes posible el normal funcionamiento de los servicios públicos. Como decía, señorías, en cuanto a la justificación y necesidad de aprobar este real decreto-ley, los desastres naturales a los que me he referido han alterado significativamente la vida cotidiana de los ciudadanos y el normal funcionamiento de las comunicaciones, al tiempo que han causado elevados daños en infraestructuras de titularidad pública y también en no pocos de titularidad privada [[viviendas, garajes, instalaciones comerciales e industriales y explotaciones agrarias]] Por ello, como les decía, señor presidente, señorías, y en virtud de la habilitación establecida en el artículo 86 de la Constitución, el Consejo de Ministros ha aprobado este real decreto-ley con la finalidad de optar a un conjunto de medidas que tienen por objeto paliar los daños ocasionados a personas y bienes, tanto de titularidad pública - repito - como privada. En el momento de dictarse este real decreto-ley las previsiones meteorológicas no descartaban que en semanas posteriores pudieran repetirse episodios análogos, como por desgracia se está evidenciando. Precisamente por esta previsión, se contempla la posibilidad de que el Gobierno mediante real decreto pueda extender la aplicación de las medidas contenidas en este real decreto-ley a otros daños que en su caso puedan acaecer hasta el 31 de mayo del presente año; eso en lo que hace referencia al ámbito temporal de aplicación de este real decreto-ley. En lo relativo al ámbito geográfico de aplicación y en esta misma línea señalada anteriormente, dada la general afectación del territorio, no se ha determinado una lista cerrada de comunidades autónomas, remitiéndose el real decreto-ley, para la determinación de los términos municipales y núcleos de población a los que concretamente les serán de aplicación estas medidas, a una posterior orden del ministerio del Interior. Según el real decreto-ley, esa ley ministerial se promulgará - la estamos preparando como es evidente - a partir del 31 de marzo. En cuanto al contenido material de la norma que estoy presentándoles, aunque sigue la estructura de otras anteriores aprobadas en esta misma legislatura, el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero y el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, el presente real decreto-ley incluye algunas novedades que tienen por objeto atender las singularidades, las especificidades de las emergencias, como señalaré brevemente a continuación y de manera muy particular - insisto, no exclusiva ni excluyente, pero de manera muy particular, como es evidente -, que afectan a la provincia de Zaragoza por razón de las crecidas del río Ebro. En cuanto a las ayudas correspondientes si las analizamos por ministerios, comenzando por las ayudas ordinarias que corresponden al Ministerio del Interior y que están reguladas en el Real Decreto 307/2005, en las ayudas económicas directas debo distinguir dos tipos. En primer lugar están las previstas por daños personales, por daños materiales en viviendas y enseres, en explotaciones agrarias y en explotaciones industriales, mercantiles, marítimo-pesqueras, turísticas y de otro servicio. Quiero destacar una novedad especial que contiene este real decreto-ley respecto de otros anteriores, y que es en nuestra opinión, así como en la del Consejo de Ministros, muy útil para la finalidad que se pretende. De acuerdo el Ministerio del Interior con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha sustituido la habitual referencia al término establecimientos agrarios como destinatarios de las ayudas por daños por el concepto de explotaciones agrarias. Este concepto de explotaciones agrarias, frente al de establecimientos agrarios, es mucho más amplio y, junto con las modificaciones que incluye el artículo 2.4 del real decreto-ley, permitirá extender las ayudas a elementos esenciales de la explotación no asegurables, como son los caminos privados de las fincas o la pérdida de las capas cultivables del terreno que hubiesen sido arrastradas por el agua, tal como cita literalmente - ya lo saben - la norma que les estoy presentando para su eventual convalidación. Asimismo, cabe señalar la inclusión, como en anteriores reales decretos-leyes aprobados en esta legislatura, de una ayuda a los establecimientos comerciales para el pago de hasta el 7 % de la franquicia aplicable por el Consorcio de Compensación de Seguros hasta un importe máximo de 8.000 euros, medida que ha demostrado su eficacia en anteriores situaciones similares. De hecho, el único precedente fue en 2014, cuando se concedieron setenta y siete ayudas por un importe de aproximadamente 220.000 euros, mientras que en anteriores ocasiones y con aplicación directa del real decreto de ayudas ordinarias, el 307/2005, del Ministerio del Interior, sin las modificaciones de estos reales decretos-leyes, las ayudas concedidas a establecimientos habían sido muy escasas precisamente porque no contenían esta medida que ahora hemos incluido; me estoy refiriendo a la ayuda para el pago de hasta el 7 % de esa franquicia aplicada por el Consorcio de Compensación de Seguros. Una segunda novedad que contiene esta norma respecto de precedentes es que las ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, además de a las corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a esas situaciones de emergencia, como es el caso que afecta normalmente a los municipios y ayuntamientos [[retirada de nieves o lodos, el drenaje de agua o la retirada de animales muertos]], se contemplan de manera especial en esta norma. Se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, pero se flexibilizan los requisitos exigidos en dicho real decreto en los siguientes sentidos, con objeto de hacerlas más accesibles. Se amplía de un mes a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas. Todos aquellos que se consideren legitimados para pedirlas, frente al mes previsto ordinariamente, dispondrán en virtud de este real decreto-ley de un plazo de dos meses. Por otra parte, en el procedimiento para la concesión de las ayudas solicitadas por el Ministerio del Interior se reduce de los seis meses previstos con carácter ordinario a tres meses el plazo para resolver. Por tanto, se duplica el plazo para presentar las peticiones de ayudas y se reduce a la mitad el plazo para resolver los procedimientos correspondientes. También se flexibiliza la acreditación de la titularidad de los bienes e inmuebles dañados, admitiéndose como medio de prueba para acreditar la titularidad sobre bienes inmuebles cualquier documento que pueda demostrar el citado título de propiedad. Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con carácter de ampliables en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la partida correspondiente a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Desde enero hasta el 25 de este mes, es decir, hasta ayer, en el conjunto de las comunidades autónomas afectadas por las diferentes causas a las que antes aludía [[lluvias, nieve, vientos, temporales, avenidas, etcétera]], se han presentado un total de novecientas cuarenta y cinco peticiones para que sean tramitadas en las correspondientes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, en el ámbito específico de las competencias propias del Ministerio del Interior, que son las que hasta ahora he señalado. Si las desglosamos por comunidades autónomas, las peticiones presentadas hasta el día de ayer son las siguientes: noventa y tres en Aragón, seiscientas treinta y siete en Castilla y León, veinte en Cantabria, cincuenta y dos en el País Vasco, diez en Navarra, ciento doce en La Rioja, dieciocho en Andalucía, una en Asturias, una en Cataluña y una en Illes Balears. Señorías, a primera vista podría parecer que el número de solicitudes presentadas hasta la fecha no es muy elevado, pero permítanme que les diga que esto no debe extrañar por las siguientes razones. En primer lugar, aún no se ha podido acceder a todas las zonas afectadas por las inundaciones - he recordado la situación que ayer mismo hemos vivido - ni, en consecuencia, se pueden evaluar los daños; toda evaluación hasta el momento es meramente provisional. En segundo lugar, como les he dicho, el plazo de presentación de solicitudes que establece este real decreto-ley es de dos meses desde su entrada en vigor. Por tanto, como entró en vigor el 7 de marzo, hay de tiempo hasta el 7 de mayo; yo he hablado de las presentadas hasta ayer, 25 de marzo. Por último, como les digo, aún está por aprobarse - se establece que debe ser con posterioridad al 31 de marzo, y así se hará con carácter inmediato - la orden del Ministerio del Interior que desarrolla este real decreto-ley, concretando los núcleos poblacionales y municipios a los que afectan de manera especial estas ayudas. Además de las ayudas económicas directas a las que me acabo de referir sucintamente, el real decreto-ley contempla otras medidas de muy diversa índole, pero todas con el común objetivo - insisto - de intentar restablecer la normalidad paliando los daños producidos por esas situaciones. En la Dirección General de Tráfico se prevé la exención de las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducción o de circulación cuando se soliciten como consecuencia de estos siniestros. Por lo que respecta a otros ministerios, en concreto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en particular debido a las características de los daños causados en Aragón, también se han introducido medidas singulares. Así, este ministerio, el Magrama, prevé ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas con la siguiente novedad que quiero resaltar a sus señorías. Se conceden ayudas adicionales - enfatizo lo de adicionales - a titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que, teniendo pólizas de seguro en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados, hayan experimentado pérdidas superiores al 30 % de su producción. En particular, el artículo 9 del real decreto-ley desarrolla lo que les acabo de expresar sucintamente. Otra novedad muy especial que contiene en este ámbito el real decreto-ley es que el Consejo de Ministros podrá acordar casuísticamente, es decir, caso a caso, y mediante el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, la exención de la evaluación de impacto ambiental de aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones sujetas a dicha evaluación, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Las restantes ayudas, señorías, que suelen incluirse en este tipo de reales decretos-leyes y también, como es evidente, en el presente, son las relativas a los daños en el dominio público hidráulico, en el dominio público marítimo-terrestre y en infraestructuras rurales de uso general, tales como caminos naturales y vías verdes. Se faculta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico y las infraestructuras de uso general y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento los citados ámbitos en el real decreto-ley. Esto, evidentemente, va a agilizar mucho, como es obvio, que se puedan realizar los consiguientes trabajos para paliar los daños y, como digo, restablecer la normalidad lo antes posible. En cuanto a la actuación en particular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, destaco que en lo referente a las infraestructuras locales se prevé la financiación hasta en un 50 % de su coste de reparación; se podrán tramitar por el procedimiento de emergencia todas las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal, también de titularidad de las mancomunidades, de las comarcas y de la red viaria de las diputaciones provinciales y forales, los consejos insulares - consells insulars, estamos pensando lógicamente en las Illes Balears -, así como de las comunidades autónomas uniprovinciales. La especificación de estos entes territoriales locales ha sido a petición expresa de las comunidades autónomas afectadas, por tener alguno de ellos especial presencia institucional en su territorio. Por otra parte, señorías, se prevén también, como es normal, beneficios fiscales sobre diversos impuestos, en particular sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, con exención en las cuotas correspondientes al ejercicio 2015 para viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, etcétera. El impuesto sobre actividades económicas se reduce de manera proporcional al tiempo de paralización de la actividad para aquellas industrias, establecimientos mercantiles, etcétera, que hayan sido dañados y hayan tenido que ser objeto de realojamiento o de cierre temporal de la actividad. Insisto en que esto hace referencia al impuesto sobre actividades económicas. En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, quedan totalmente exentas del mismo las ayudas por daños personales. Por último, también se prevén medidas que afectan al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que, en particular, son medidas laborales y de Seguridad Social. Los despidos colectivos, las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada que tengan causa directa en los daños producidos por los acontecimientos catastróficos, así como por las pérdidas de actividad en el sector marítimo-pesquero, hostelería y hospedaje, tendrán la consideración de fuerza mayor, de tal suerte que el empresario quedará exonerado de abonar las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la suspensión del contrato motivada por los citados acontecimientos, y en el caso de extinción del contrato las indemnizaciones por despido correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial. Asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrán una moratoria de un año en el pago de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro. En cuanto al impacto económico, que se estima provisionalmente, como es evidente, las primeras estimaciones de los daños totales en los bienes tanto de titularidad pública como privada son de 106 millones de euros, de los cuales 100 aproximadamente corresponderían a bienes de titularidad pública y el resto a bienes de titularidad privada. Respecto a los bienes de titularidad pública - insisto en que de forma provisional - correspondería aproximadamente el 70 % a acciones a desarrollar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 30 % restante al Ministerio de Fomento. Los aproximadamente 6 millones de euros restantes que afectarían a bienes de titularidad pública-privada los gestionaría - insisto, siempre de forma provisional - el Ministerio del Interior en el ámbito de sus competencias y corresponderían a daños en viviendas y enseres - de momento los estimamos en torno a medio millón de euros -, establecimientos comerciales - una estimación provisional en torno a un millón de euros - y gastos de emergencia de corporaciones locales -3,5 millones de euros es la estimación provisional -. Todo ello es sin perjuicio de que exista una flexibilización de los requisitos habituales para su tramitación habitual, a la que ya antes me he referido: el doble de tiempo para presentar las peticiones y la mitad de tiempo para resolver los procedimientos, por tanto para dar respuesta a esas peticiones. Finalmente, señora presidenta, señorías, quisiera señalar que se crea una comisión interministerial - como, por otra parte, es habitual y necesario-para el seguimiento y la aplicación de todas las medidas contenidas en este real decreto-ley. Esta comisión interministerial antes del 30 de octubre del presente año deberá elaborar preceptivamente un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de todas las previsiones contenidas en esta norma. En definitiva - termino -, señora presidenta, señorías, este real decreto-ley refleja la voluntad inequívoca del Gobierno de responder con la máxima urgencia posible a los daños ocasionados de momento entre enero, febrero y marzo y a los que eventualmente pudieran ocurrir hasta el 31 de mayo por las citadas catástrofes naturales. Señorías, en virtud de lo que sumariamente acabo de exponer, pido el apoyo de esta Cámara para la convalidación de este Real Decreto-ley 2/2015 en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, voy a empezar diciendo que francamente en una legislatura en la que el Gobierno se ha empeñado en tantas ocasiones en que el real decreto ocupe el espacio que corresponde al proyecto de ley, cuando nos encontramos con un decreto que lo es, porque efectivamente atiende al requerimiento de urgencia y en este caso al hecho de decretar las ayudas a los daños producidos por estos temporales, es menester o me parece de ley saludarlo y, en ese sentido, anunciamos que amén del apoyo de mi formación, Geroa Bai, a este real decreto, lo haremos además en el sentido de que sea tramitado con la urgencia que la circunstancia requiere. He de señalar también que se dan dos características que quería subrayar de manera especial en los tres breves minutos que nos corresponden. Por un lado, el hecho de que efectivamente atenderá no solo a los daños que se han producido hasta el día 31 de marzo, sino que mira más allá, a lo que pueda venir y se pueda producir hasta el próximo mes de mayo, hasta el 31 de mayo. En este sentido, quiero señalar que si ya nos parecían escasos esos 100 millones de euros con los que se ha dotado al real decreto de manera global - lógicamente comprendemos el momento en el que estamos -, entendemos que habrá de ser revisada la cifra en caso de que efectivamente - y ojalá no sea así - en los próximos meses se produjeran estas circunstancias. Decía que es una cifra escasa, y quiero señalar que el Gobierno de Navarra - y en este sentido supongo que serán otros los entes autonómicos y municipales que necesiten verse implicados en estas ayudas de la misma manera - anunciaba que completará, en el caso de la comunidad, con 10 millones de euros la ayuda que proviene del real decreto. En la medida en que este es un real decreto multiministerial me dirijo a usted, aunque entiendo que no es de su competencia. Apuntaba el Gobierno de Navarra - y en ese sentido queremos sumarnos a esa petición - que las ayudas complementarias no graven como déficit, no computen en el caso de las cuentas forales, autonómicas o municipales como déficit. Entiendo que sería una medida complementaria a este real decreto que nos parece importante. Quiero recordar que en Navarra - no solo por la crecida del Ebro, sino también por la del Arga - se han generado daños importantes; se han visto afectados 50 municipios, 9.000 hectáreas, y en dos tercios de esta cantidad estamos hablando de tierra de cultivo. Señor ministro, ha aprovechado esta presentación - y voy terminando, señora presidenta - para hacer un relato pormenorizado de cómo actuó el Gobierno central en este caso, pero yo creo que ha desaprovechado la ocasión - y yo no quiero que lo hagamos en esta sesión - para echar la vista atrás y mirar hacia aquellas labores y trabajos que se podían haber llevado a cabo para no tanto, lógicamente, prevenir lo ocurrido, pero sí sus consecuencias. Me estoy refiriendo muy concretamente, en el caso del río Ebro, a lo que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro ha reconocido como un hecho que ha desmejorado notablemente lo que debían haber sido las causas estrictas de los temporales, como es el hecho de que el cauce del Ebro esté sobreelevado. La Confederación Hidrográfica del Ebro se escuda en la legislación medioambiental, que impide la limpieza de cauces, pero yo creo que esto no debe evitar que esta sea una de las tareas que se acometan. Repito, no siendo trabajo o asunto de su competencia, pero entendiendo que hoy es el portavoz de este real decreto, se lo trasmito para que así se lo traslade a la ministra del ramo. Gracias, presidenta.
Gracias, señora Barkos. Señor Salvador.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el pasado martes discutíamos en la Comisión de Agricultura la penúltima iniciativa de otras muchas que todos los grupos hemos ido presentando para preocuparnos y ocuparnos de los daños recurrentes en las crecidas del Ebro. UPN también ha presentado a lo largo de esta legislatura las suyas. Desde 2012, cuando incluimos una enmienda importante en la Ley 14/2012, hemos presentado numerosas iniciativas: preguntas escritas, peticiones de comparecencia, peticiones de informes a todas las administraciones afectadas. Presentamos una interpelación y una moción consecuencia de interpelación, que vimos el 23 de abril de 2013 y que se aprobó por esta Cámara. Presentamos enmiendas sucesivas a los presupuestos de 2014 y de 2015 para que se aumentara la consignación de ayudas para numerosas localidades afectadas por riadas anteriores. Y en el pasado debate sobre el estado de la Nación de 2015, la única propuesta de resolución que tenía mi grupo y que utilizamos en exclusiva iba dirigida precisamente al Gobierno, instándole a que, entre otras cosas, trajera lo que hoy estamos debatiendo, que es este real decreto de ayudas. Deberíamos sacar algunas conclusiones sobre este debate. Una, que aunque las crecidas son recurrentes y normales - lo hablábamos el otro día en la Comisión -, los daños no deberían de serlo, y menos aceptarlos como algo natural o normal. Segunda, que debiéramos desideologizar en la medida de lo posible el tratamiento de este problema para poderlo solucionar: las crecidas no son de derechas ni de izquierdas, tampoco limpiar el río lo es o elevar las motas, retranquearlas o compensar a los afectados. Tercera, que, como se dice en Pamplona, deberíamos dejar trabajar a los técnicos de todas las administraciones, que los hay, y muchos. Y cuarta, que debemos coordinar los esfuerzos de todos ellos y de todas las administraciones públicas para aplicar políticas, estrategias y medidas concretas en prevención, gestión eficaz del agua, compensación y ayudas integrales, si realmente queremos ser eficaces. Quiero poner en valor el real decreto-ley y, en todo caso, hacer dos apuntes. En primer lugar, me parece correcto que este real decreto contenga en el apartado 3, del artículo 1, la previsión de ampliar la cobertura a los daños que se produzcan hasta el 31 de mayo, porque ayer mismo hemos tenido nuevamente problemas en Navarra. En segundo lugar, y sin que sirva de precedente, coincido con la diputada de Geroa Bai en que sería importante que usted hablara con su colega Montoro para que los gastos a los que tienen que hacer frente las comunidades autónomas - en este caso, le hablo desde Navarra - no computen como déficit. En todo caso, por lo que respecta a Navarra, he de decir y defender que su Gobierno también ha actuado con celeridad, con rapidez, con cercanía hacia los afectados, autorizando todo aquello que la Confederación Hidrográfica del Ebro le solicitó, concediendo subvenciones, aprobando decretos, ejecutando proyectos propios y actuando a través de la sociedad pública GAN en aquello que le competía. Creo que somos capaces de hacerlo mejor, y desde luego sería conveniente unir esfuerzos para dar una respuesta definitiva, garantista y medioambientalmente respetuosa. Si queremos debatir sobre algunas cosas, lo podríamos hacer sobre si embalses como Itoiz han ayudado a evitar mayores daños, sobre por qué no somos capaces de optimizar el sobrante inmenso de agua, que cada año se desaprovecha por las crecidas normales del Ebro o sobre por qué algunos tienen un discurso sobre la gestión del Ebro pero cuando se enfrentan a los afectados o a los agricultores tienen otro completamente distinto. Termino, señorías, señor ministro, diciendo que aprobaremos esta convalidación y agradeciendo la labor de todas las personas, organizaciones y administraciones que han ayudado a minimizar los daños de estas crecidas y a controlar la situación. Muchas gracias.
Gracias, señor Salvador. Por el mismo grupo, señor Cuadra.
Señoras, señores, mientras estamos discutiendo este decreto-ley, en Navarra se están produciendo nuevamente inundaciones, hay cortes de carreteras y en algunas localidades el estado de prealerta ha sido dado. Estas inundaciones son las terceras de este año, en tan solo tres meses; las anteriores fueron fortísimas y dieron lugar a este decreto-ley, pero se suman, a su vez, a las que tuvimos en 2013, en 2007, en 2005, etcétera. Ya se ha dicho que las grandes lluvias y las inundaciones son inevitables pero se pueden paliar sus efectos, y para esto hacen falta políticas preventivas y planes precisos. Es necesario recordar aquí que la Unión Europea en 2007 aprobó una directiva de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, en la que se reclamaba que estos aprobaran planes de gestión precisos para hacer frente a las inundaciones. Han pasado ocho años y este plan es inexistente en el Estado español, lo que es una negligencia culposa. Se puede afirmar con total seguridad que, si estos planes hubieran existido, los daños que se hubieran ocasionado con estas inundaciones hubieran sido bastante menores. Ayer mismo, el Parlamento foral aprobó una resolución que reclamaba dos cosas: la primera, hacer una gestión integral del Ebro; y, la segunda, reclamar que este plan, que en su día la Unión Europea exigió, sea aprobado con la mayor celeridad, porque el plazo para hacerlo finaliza el 31 de diciembre; ocho años de negligencia. Los ríos son algo más que un cauce de agua. Son cauces, pero son también riberas y son llanuras de inundación. Así lo considera esta directiva, porque entiende que el tratamiento a dar a los mismos para prever estas inundaciones y sus daños debe pasar, sobre todo, por dar espacio al agua, por recuperar meandros, por recuperar bosques de ribera, por retranquear bastante las motas existentes y respetar las llanuras de inundación; no encauzar los ríos, sino liberarlos para que los daños sean menores en cualquier caso. Sin embargo, hoy en día, el agua, que es un bien escaso, se ha convertido en un negocio. Se hacen grandes pantanos, proyectos de trasvases; también hay proyectos para privatizar su gestión y estas riberas, estas llanuras de inundación, a su vez, son inundadas por explotaciones agropecuarias de todo tipo, explotaciones industriales, y se reconvierten también en suelos urbanizables y urbanos. Lo que hace falta es caminar en dirección contraria, porque si no, ocurre lo que ocurre y es que de vez en cuando, periódicamente, los ríos bajan con sus escrituras de propiedad bajo el brazo reclamando sus dominios y, entonces, se producen todos estos daños. Hacen falta políticas preventivas; no solo ayudas, que son completamente plausibles, como las que prevé este decreto-ley, sino estos tratamientos preventivos. En relación con las ayudas, hay que recordar que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. En julio del año pasado tuvimos unas fortísimas inundaciones en el norte de Navarra, en el Baztán, y allí se hizo la política de siempre; política de botas de caucho, chubasquero, promesas fáciles, palabras fáciles, pero todavía están por ver las ayudas que a los particulares y a las propias administraciones municipales se prometieron entonces y que no han llegado. Por lo tanto, hace falta que las ayudas sean mayores, bastante mayores. Las organizaciones agrarias han calificado las contenidas en este decreto-ley como totalmente insuficientes. Hace falta incrementar mucho estas ayudas; y hace falta, sobre todo - porque muchas inundaciones están ahí llamando a la puerta - que se cuente con una política preventiva, con una política hidráulica preventiva. En cualquier caso, Amaiur va a dar el voto favorable a este decreto-ley porque, aun cuando consideramos muy insuficientes y criticables estas ayudas, tienen que llegar a sus beneficiarios de la forma más rápida posible. Exigimos el incremento sustancial de las mismas y dotarnos de una política hidráulica asentada en los parámetros que he comentado.
Por el Grupo Vasco, señor Agirretxea.
Gracias, señora presidenta. Intervendré muy brevemente, porque creo que lo más importante ya se ha dicho y todos coincidimos en lo mismo, en la necesidad de la existencia de este o de otro real decreto que actúe urgentemente para paliar lo que las inundaciones han producido en muchas partes del norte del Estado español y, sobre todo, en las zonas de Aragón, de la Comunidad Foral de Navarra y en algunas partes de Euskadi, y también en otras. Este es un elemento casi recurrente o, mejor dicho, concurrente, porque todos los años tenemos alguna que otra inundación, alguna que otra catástrofe de esta índole y todos los años el Gobierno tiene que generar un real decreto de similares características. En este caso, creo que no son tan importantes los contenidos, porque al fin y al cabo son parecidos a los demás, sino que podríamos cuestionar si las cantidades económicas que el Gobierno precisa y aprecia en este real decreto son necesarias, son suficientes o son insuficientes, o la forma de pagarlas y organizarlas son las requeridas. Evidentemente, este real decreto contempla una serie de ayudas y hay una flexibilidad, pero también hay unos topes tanto en cantidades como en porcentajes. En un apartado del real decreto se dice que en caso de que los interesados hubiesen sido indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros, con aplicación de la franquicia prevista en diversos artículos, se podrá conceder una subvención de hasta el 7 % de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro y hasta un importe máximo de 8.000 euros. Puede ser un criterio arbitrario. No sé por qué tienen que ser 8.000 euros y una subvención del 7 %, porque seguramente cada caso requeriría una cantidad diferente ya que no todos los damnificados son iguales ni pasan por las mismas situaciones. El real decreto contempla 105 millones de euros de ayuda, de los cuales el Magrama, el Ministerio de Agricultura, tendría que desembolsar una cantidad de 70 millones; el Ministerio de Fomento, 30,5 millones, y el Ministerio del Interior, 5 millones. Esta es la distribución económica que hace este real decreto. No tengo nada en contra de lo que plantea el decreto, pero sí ciertas preguntas. Al hilo de lo que comentaba, ¿es suficiente este montante que ha decretado el Gobierno? ¿Por qué ha puesto esta cantidad? ¿Sobre la base de qué criterios? Porque quizá hace falta más. De la misma manera que ha concretado un plazo pero con una prorrogación o con una situación que deja abierta hasta mayo aunque hayan ocurrido ya las inundaciones, quizá económicamente también tendríamos que dejar un plazo abierto porque seguramente no lleguen a cubrirse todas las necesidades con el dinero que se destina a tal efecto. También es importante la coordinación con las comunidades autónomas afectadas, porque debido al trabajo que ha exigido la actuación - y el mismo real decreto lo contempla -, no se ha podido esperar a que salga un real decreto o a que el Gobierno actúe. Había que actuar y se han generado unos gastos, algunos de los cuales contempla este real decreto. No vamos a entrar en guerrillas políticas - porque no aportan nada en absoluto - sobre si no sé quién por no estar en no sé qué sitio ha aportado más o menos. Aquí hay que actuar, quien le corresponda y cuando le corresponda, y en su momento responder de las responsabilidades que a cada uno le atañen, tanto las administraciones afectadas a la hora de efectuar la labor que tenían que hacer, como en este caso la Administración General del Estado a la hora de sufragar esos gastos que se han generado. Acabo mi intervención con una cuestión. La naturaleza no tiene límites, no avisa, sino que actúa. Por el legado de la historia, cuando ocurren ciertas situaciones sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Por lo tanto, tendríamos que hacer un análisis más profundo sobre si estamos preparados para estas situaciones, si nuestros ríos o nuestros campos de cultivo están como deberían estar para responder a esos hechos que se producen cuando la naturaleza actúa, si nuestros ríos están mantenidos como debería ser, etcétera. Tan importante es la labor paliativa, que lo es - y en estos casos no hay otro remedio -, como la labor preventiva, que en muchos casos es la asignatura pendiente. Mi grupo apoyará este real decreto, como no podía ser de otra manera. Gracias.
Gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor ministro, desde el punto de vista de mi grupo, de Unión Progreso y Democracia, este decreto-ley es bastante completo en todos los elementos que debe abordar un decreto de estas características y, desde el punto de vista técnico, también nos parece que es correcto y que está bien hecho. Por lo tanto, vamos a votar a favor, por supuesto, en atención a los damnificados, para los cuales pedimos al Gobierno que prime el resarcimiento a todas las situaciones individuales que han producido las riadas y las inundaciones, y también agilidad a la hora de tramitarlo. Pero también queremos señalar en este trámite cómo los hechos ponen de manifiesto las limitaciones de la política del Gobierno. En primer lugar, han faltado políticas preventivas. Es algo que UPyD viene pidiendo desde hace tiempo. Hemos hablado desde hace años de la gestión adecuada de los excedentes. En segundo lugar, hemos repetido en numerosas ocasiones que son necesarias políticas hidráulicas integradas y con una visión nacional. Si es posible que un río como el Danubio se gestione de manera internacional y con la coordinación de distintos países, no puede ser que en un país como España la gestión de las cuencas no sea nacional y no esté integrada. Creemos que en esta mala gestión, en esta gestión no integrada, se encuentra la clave de muchas de esas políticas preventivas y también la clave para que no vuelva a ocurrir algo así. Muchas gracias.
Gracias, señora Lozano. Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sanz.
Señor ministro, señorías, quiero comenzar mi intervención recordando a las poblaciones que han sufrido y siguen sufriendo este temporal, tanto en las costas como en las diferentes cuencas hidrográficas del Estado. A estas horas - ya se ha dicho desde esta tribuna - la ribera del Ebro vuelve a crecer, el Ebro vuelve a sufrir una nueva crecida que amenaza con inundar de nuevo lo que ya se inundó hace muy pocos días. Ante eso, ustedes presentan este decreto para dar respuesta a lo que ha ocurrido, un decreto que ya les adelantamos que es absoluta y claramente insuficiente, que está muy lejos de representar una solución real a los problemas que ha generado esta avenida, y quizá - esperamos que no sea así porque ya se ha hablado en esta Cámara de eso y nosotros volveremos a hablar de ello - un decreto que no queremos que acabe y que salde en este Parlamento un debate necesario, que es el de plantear la necesidad de propuestas a medio y largo plazo que permitan desde otra óptica - porque esta no ha funcionado, señor ministro - garantizar y gestionar la convivencia con un río en un entorno fuertemente antropizado, como es el de la cuenca del Ebro. De todas estas cosas queremos hablar en nuestra intervención: de las medidas que contiene el decreto, de la gestión y de la descoordinación que ha habido a pesar de sus intervenciones y de las propuestas de futuro. Le digo que ha habido descoordinación, señor ministro, porque a los municipios afectados se les ha mareado con informaciones cambiantes sobre caudales en cortos espacios de tiempo. Ha habido momentos en los que los municipios han tenido que tomar decisiones para proteger a sus pueblos sin el asesoramiento oportuno. Eso no se puede permitir. Ahí hay claras responsabilidades, y más adelante hablaré de ello. Los municipios sí han estado a la altura y los vecinos de los municipios también. Por eso este real decreto no hace justicia, y entro ya en su contenido. Un decreto que es tacaño y cicatero, que debería implicar que el Estado, como responsable último que es, asumiese el cien por cien de los daños causados y de las medidas a poner en marcha. Decía que es cicatero con los municipios por lo siguiente: De entrada excluye - eso no lo ha comentado usted, señor ministro - de las ayudas todos los trabajos que hicieron los ayuntamientos con medios humanos propios que estuvieran contratados antes de lo que sucedió. Preguntas que yo le lanzo: ¿Quién va a realizar las tareas urgentes, sino el personal del ayuntamiento? ¿Quién va a pagar y quién va a hacerse cargo de las horas extras que implica este trabajo, de los materiales, de la maquinaria o del combustible? ¿Quién lo va a hacer? Porque ustedes han excluido eso del decreto. ¿Son ustedes conscientes de la situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos como para encima hacerles pagar el 50 % de un coste que es fruto de unas decisiones que no tienen que ver con su gestión? Hay más elementos en el contenido de este real decreto que nosotros queremos poner encima de la mesa. Vuelven ustedes a cerrar las puertas a la contratación de trabajadores desempleados. No solo eso, sino que además proponen utilizarlos de nuevo para trabajar gratis en las medidas de reparación. Nosotros no estamos en contra de los trabajos comunales, pero sería una excelente oportunidad para generar empleo. Con respecto a las explotaciones agrarias, le quiero lanzar dos preguntas iniciales. ¿Han actualizado ya los datos? Ustedes hablan de 20.000 hectáreas. La cifra, según los afectados, avanza ya a 45.000 hectáreas. Otra pregunta que les quiero hacer con respecto a las explotaciones agrarias: ¿Saben que este decreto excluye alrededor del 50 % de las explotaciones damnificadas si tenemos en cuenta el grado de penetración que tienen los seguros agrarios en el ámbito de la cuenca, que es condición sine qua non para acceder a la ayuda? Señorías, con respecto a los elementos afectados de las explotaciones agroganaderas que no sean asegurables, de los que ustedes hablaban antes, de nuevo se somete la posibilidad de ayuda solo a los titulares que dispongan de una póliza amparada en el Plan de seguros combinados. Es un criterio extraño porque, además de ceñirse a un 70 %, circunscribe el tope máximo lineal - ya se lo han dicho - a 8.000 euros. Ustedes saben que esto va a implicar que mucha gente, muchos damnificados vean muy poco reparado el daño real que se les ha generado en su medio de vida y, lo que es peor, tampoco arbitran medidas de créditos blancos ni otro tipo de medidas a ese nivel financiero para garantizar que la gente que lo ha perdido todo pueda empezar de nuevo. Sobre el impacto económico ya se ha hablado: 105,7 millones de euros, como bien ha dicho, para una buena parte del territorio español, si no para el territorio español en su conjunto. Ahí es nada, 106 millones de euros para Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña y alguna más que habrá que incorporar porque evidentemente va a haber más daños. Le quiero recordar, simplemente porque es necesario, por ejemplo, la cuenca de Guadalupe que también está atravesando un muy mal momento o las inclemencias que hubo en el sur, en febrero, en la costa. Señor ministro, 105 o 106 millones es algo irrisorio. De ellos, 43 millones son para el dominio público hidráulico por parte del Magrama, 30,6 millones para Fomento y 8,6 millones para carreteras. Aquí no aparece la consignación porque dicen que no están cuantificados los daños en las carreteras aragonesas, pero esperamos, señor ministro, que asuman ese gasto. Por fin, llegamos a la dotación de Interior donde consignan 5 millones de euros para todas las cosas. Esto es una broma, señorías. ¿A eso se circunscribe la estimación económica del compromiso del Gobierno con las personas directamente afectadas por el temporal en todo el país? ¿A eso se circunscribe ese compromiso? Dicen que lo han hecho en coordinación con las comunidades autónomas, pero le recuerdo que el ministerio es el responsable de la cuenca intercomunitaria del Ebro, en este caso. Dicen que lo han hecho en coordinación con las comunidades autónomas, las mismas comunidades autónomas que están reconociendo que esas cantidades son absolutamente insuficientes y que tienen que sacar dinero de donde no lo hay, señoría, para cumplimentar su dejadez. Pero aún hay más. ¿Piensan ustedes cubrir con 3,5 millones de euros todos los gastos que han hecho los ayuntamientos, con un millón todos los daños en los establecimientos comerciales y con medio millón todos los daños en viviendas y enseres? Señorías, nosotros creemos sinceramente que esto es absolutamente insuficiente y por eso esperamos que esa ampliación se dé en consideración a los daños reales y al volumen necesario de reparación. Responsabilidades. Es necesario pedir responsabilidades, pero no a los de abajo, como ha hecho la señora Rudi en el Gobierno de Aragón, no a los técnicos, sino hacia arriba. Queremos que aquí se depuren estas responsabilidades en esta gestión que consideramos que ha sido nefasta. Se lo dijimos en Aragón: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la CHE, mucho más desbordado que el río, tiene que dimitir, señor ministro. Trasmítaselo a la ministra de Agricultura. [[Aplausos]] Propuestas de futuro. En 2003 en Aragón una crecida similar nos llevó a redactar el Plan medioambiental del Ebro y Bajo Cinca, que fue aprobado hace diez años unánimemente por todos los grupos que estamos en la Cámara representados en Aragón, incluido el suyo. Esta última riada pone en evidencia lo que implica no haber hecho absolutamente nada, en el tramo aragonés en este caso, de las medidas que contenía ese plan. Son 87 medidas que eran absolutamente necesarias y que fueron elaboradas por técnicos y profesionales, y que contaban además con un consenso amplio en materia social. Es imprescindible que exista ese consenso a la hora de diseñar otras políticas en materia de gestión del dominio público hidráulico. Sin embargo, no se ha hecho nada y ha estado gobernando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, por mucho que luego discutan quién tiene más manchado de barro los zapatos en las fotos. Las crecidas son un fenómeno - ya se lo han dicho aquí - natural y recurrente. La Directiva europea de inundaciones también aprendió de unos sucesos ocurridos en 2002 y puso encima de la mesa que se tiene que trabajar con la naturaleza de los ríos y no en su contra. Por el contrario, aquí seguimos alentando otro tipo de políticas que siguen considerando que es necesario modificar y que es necesario intervenir artificialmente en el ancho y en la forma de los ríos, creando además una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de control, como se ha visto precisamente en este episodio de inundaciones. ¿Qué proponemos? Rápidamente. Aprobar y llevar a cabo el plan de gestión de riesgos de inundación con una visión integral, de cuenca; esto no puede hacerse parcelariamente, con parcelas administrativas separadas a nivel de comunidad, tenemos que hacerlo con una visión de cuenca, integral, y recuperando los contenidos de ese Plan medioambiental del Ebro que les decía en materia de prevención - fundamental -, protección y recuperación: la recuperación inmediata de las infraestructuras, hay que hacer otro método para indemnizar, los daños producidos en las tierras que laminan las avenidas tierras más abajo tienen que ser pagados de otro modo no por la vía de los seguros agrarios, hay que blindar los cascos urbanos, mejorar los mecanismos de información, los cauces de alivio, las áreas de inundación controlada, la permeabilización de infraestructuras, el retranqueo, la eliminación o construcción de nuevas motas, el replanteamiento de determinados usos del territorio, la reforestación con vegetación de ribera. Es necesario - acabo ya - definir con claridad, señor ministro, los límites del dominio público hidráulico y sus zonas asociadas, con el objetivo no solo de proteger dicho dominio sino también de evitar los riesgos que sufren las zonas contiguas. Desde los años sesenta hemos recortado y reducido el espacio del río a la mitad en el caso del Ebro, a la mitad. En segundo lugar hay apostar por una limpieza sostenible, eficaz y continuada y no por otras fórmulas que, además de ser ilegales - como ya se ha dicho aquí -, son más costosas y no solucionan el problema a la larga. Hoy lo importante y urgente es compensar y ayudar a los afectados y a las afectadas. Estamos plenamente de acuerdo y en eso creo que coincidiremos todos los grupos, pero su decreto, señor ministro, queda corto, muy corto en este sentido y además tiene mucho de propaganda.
Señor Sanz.
Acabo ya. Pero para nosotros no es menos importante la necesidad de reflexionar y actuar de otro modo para que esto no vuelva a ocurrir. Desde La Izquierda Plural se lo exigimos porque estamos hartos de que el Gobierno de turno solo se acuerde de Santa Bárbara cuando truena, señor ministro, mientras deja morir las soluciones que existen metidas en los cajones, y eso es algo absolutamente incomprensible. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Guillaumes. [[El señor]]
Señor presidente, señora ministra, señorías, hoy hablamos del real decreto-ley para reparar los daños causados por los temporales en enero, febrero y marzo de 2015. Aquí vendría una primera crítica. Luego me referiré a si no valdría la pena utilizar un real decreto, ante situaciones que están pasando en este mismo momento o que previsiblemente pueden pasar en el futuro, cuyo lapso temporal fuera más largo. He de decir - y estoy contento de poder decirlo porque no lo hago muy a menudo - que en este caso no hay ningún tipo de invasión competencial, la cuenca del Ebro es competencia del Estado. También me gusta decirlo porque seguramente en mis dos próximas intervenciones voy a tener que decir todo lo contrario; o sea, que no parezca algo que decimos por principio sino que cuando la invasión existe lo decimos y cuando no existe también nos gusta subrayarlo. Cosas que no nos gustan de este real decreto. Se excluyen, además explícitamente - y otro portavoz ya se ha referido a ello -, los gastos de personal, bomberos, policía local, protección civil, etcétera; es decir, los gastos de personal, que son por tanto de comunidades autónomas y de corporaciones locales. Injusto. Para las comunidades autónomas con competencias es injusto pero sobre todo lo es para las administraciones locales, que han hecho un sobreesfuerzo: sus policías locales, sus servicios de protección civil. Servicios que no les son propios, sobre los que no tienen competencias pero que tienen que prestar porque están al lado del ciudadano, son específicamente excluidos de la protección de este real decreto. Nos parece incorrecto. Se prevé la posibilidad de convenios con comunidades autónomas para coayudar a las mejoras. Esto está bien, pero luego, cuando pasamos al resto de elementos de coordinación, nos parece hasta cierto punto surrealista. La comisión que se dedica a coordinar con las comunidades autónomas todo el tema de las ayudas está formada íntegramente por altos funcionarios del Estado y por - alguien podría pensar que por los directores generales de Protección Civil de las comunidades autónomas, pues no - los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, todo lo que se tenga que coordinar se tendrá que hacer por persona interpuesta. Esto ya no es un tema de modelo de Estado, es un tema de pura racionalidad. ¿Cómo se puede hacer una cosa tan poco lógica como una comisión donde los que toman las decisiones no están representados sino que quien representa es alguien a quien se le comunicarán estas decisiones? Repito, no es modelo de Estado, es un tema ni más ni menos que de sentido común. Pero, en fin, si ustedes para estar más cómodos prefieren hablar con ustedes mismos, no nos parece lógico, pero allá ustedes. Muy propio de un modelo centralista de Estado. También podríamos alargar - lo he dicho antes - la duración del real decreto vistas las situaciones que están pasando en este mismo momento; por qué multiplicar la burocracia, multiplicar las decisiones administrativas cuando sabemos positivamente que un nuevo real decreto será necesario seguramente en el futuro. Esta sería otra crítica más. Dicho todo esto, no tenemos ninguna intención de poner palos en las ruedas a gente que está sufriendo y a esta gente se la va a ayudar con este real decreto; seguramente no de la mejor manera, no con la mejor coordinación, no con el mejor modelo, pero es un real decreto que va a ayudar a personas. Nuestra obligación desde esta tribuna, desde este hemiciclo, nuestro primer criterio ha de ser siempre servir a la gente, este es el criterio del Grupo Catalán y en este sentido no podemos oponernos, aun con sus limitaciones, al contenido del real decreto. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.
Gracias, señor presidente. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean en esta tribuna para expresar la solidaridad del Grupo Socialista con todos los afectados por las inundaciones del río Ebro, cuya situación sigue siendo a día de hoy muy difícil. Miles de personas, muchas familias, un número importante de pueblos de muchas comunidades autónomas están viviendo un auténtico drama. Una vez más - y ya son muchas en muy poco tiempo - han visto que sus economías, sus propios medios de subsistencia están en riesgo a causa de las crecidas, y también han percibido la falta de diligencia y de contundencia en la respuesta de las principales autoridades. Me gustaría poner en valor el enorme esfuerzo de todas aquellas personas que han trabajado y lo siguen haciendo para reducir los duros impactos de esta catástrofe. Como siempre, el trabajo abnegado de muchas personas nos recuerda que este es un país solidario que tiene su mayor capital en la calidad de sus ciudadanos. Y, señorías, desde el año 2003 el desbordamiento del río Ebro ha producido cuantiosos daños a los pueblos afectados por las inundaciones. Las crecidas se han repetido en el año 2007, en el año 2013 y en el año 2015 con consecuencias devastadoras. La gestión que los poderes públicos han llevado a cabo en estas dos últimas catástrofes ha sido manifiesta y objetivamente muy deficiente. Lamentamos, de verdad, tener que decirlo. Hubiésemos preferido por el bien de miles de personas que no fuese así, pero lo cierto es que se ha actuado mal y muy tarde, como los propios afectados nos han manifestado. No quiero extenderme más en una denuncia que ya hemos hecho patente en su momento. Hoy es el momento de hablar de las medidas aprobadas y asegurar que, por un lado, sean de una envergadura proporcional a la magnitud de la catástrofe y, por otro lado, que estas ayudas lleguen pronto, cuanto antes, a los afectados. Ese es el único objetivo de mi grupo: afrontar este debate para que las ayudas lleguen cuanto antes y además sean proporcionadas. Para no extenderme, solo un dato lo suficientemente expresivo de lo que ha sido esta catástrofe. El número de hectáreas de cultivo inundadas se aproxima a las 45.000 entre Aragón, La Rioja, Navarra, Euskadi y Castilla y León y representa - seguro que coincidirán conmigo - una catástrofe que exige ya no solo la solidaridad de todos, sino también un compromiso efectivo con los afectados por parte de los poderes públicos. Señorías, quiero ser muy clara, este real decreto no es la respuesta adecuada a la dimensión de la catástrofe. Los recursos que se destinan no se ajustan ni mucho menos a la realidad del impacto del desbordamiento. Para el Grupo Socialista la respuesta, por manifiestamente insuficiente, es cicatera. Además, la mayor parte de los recursos que aporta se destinan a reparar los daños en infraestructuras de titularidad estatal y una parte menor para las infraestructuras municipales y las explotaciones agrícolas y ganaderas cuyos titulares ven con escepticismo - y me quedo corta - la posibilidad de recibir en un breve plazo de tiempo las ayudas, cuando todavía tienen pendiente - y quiero subrayarlo - las percepciones que se les prometieron en el año 2013 por las inundaciones acaecidas ese año. Señor ministro, el Gobierno se equivoca. Ante unas catástrofes de estas características el compromiso de los poderes públicos debe ser el de atender todos los ámbitos afectados, pero la primera obligación política y moral debe estar con las personas y hoy no es así. Los recursos destinados no son ni por aproximación los necesarios y dejarán, señor ministro, sin la cobertura necesaria a muchas familias. Ustedes han optado por desoír las propuestas que, una vez que nosotros escuchamos a los afectados, les hicimos llegar, el Partido Socialista, con un plan integral de apoyo a los afectados e inversiones en las riberas. Eso es, sin duda, un error del Gobierno porque lo que nosotros pretendíamos era sumar esfuerzos y es un error que no sumen esfuerzos tanto como mejorar las respuestas. También desde las organizaciones agrarias se han reclamado una serie de actuaciones que tan solo han sido aceptadas parcialmente. Por citar algunas carencias muy llamativas, echamos en falta compromisos y convenios con las entidades bancarias para adecuar préstamos a interés cero y diferentes medidas relacionadas con la financiación que deben ponerse a disposición de agricultores y ganaderos. En este mismo terreno el Grupo Parlamentario Socialista considera que es imprescindible un plan de ayudas para compensar los daños en la agricultura y en la ganadería y un programa de créditos del ICO con un interés subvencionado. Ustedes tampoco han incorporado la llamada indemnización por el lucro cesante en las explotaciones de algunos cultivos y explotaciones ganaderas y en ningún caso se contempla, y sería crucial hacerlo para el porvenir de muchas pequeñas explotaciones y es de justicia atenderla, mi grupo parlamentario lo apoya sin ninguna duda. Por otra parte, y en el ámbito de la PAC, no han tenido en cuenta la necesidad de efectuar la declaración de la excepcionalidad para los cultivos y las zonas afectadas, lo que conllevaría a la ampliación del plazo de solicitud y el adelanto del cobro del 50 % de las ayudas. Ustedes han decidido no atender estas demandas que responden a la realidad de lo que miles de economías familiares necesitan para salir adelante. El Gobierno ha dado la espalda a lo que se ha demandado y a lo que nuestro grupo parlamentario respalda. Para finalizar esta sucinta enumeración quiero señalar que el Gobierno ha decidido que sea el Plan nacional de seguros agrarios el que se haga cargo de las enormes pérdidas de la agricultura y la ganadería, que además han sido recortados en un 30 % en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular, lo que sin duda no es la mejor noticia de cara a la gestión de las indemnizaciones. Señorías, señor ministro, la única manera efectiva que tenemos a nuestro alcance para combatir los daños de las catástrofes naturales es llevar a cabo las inversiones necesarias que puedan atenuarlos cuando no impedirlos. Todos sabemos que los recortes llevados a cabo por su Gobierno en las inversiones imprescindibles han sido determinantes para llegar a la situación actual. Es imprescindible, señor ministro, articular soluciones a medio plazo para luchar contra los efectos de las crecidas porque la situación actual es insostenible, y ya no solo porque se ponga en jaque el principal medio de vida de las zonas ribereñas, sino porque también pueden poner en peligro la vida de las personas. Para finalizar, he resumido las serias objeciones que mantenemos hacia los contenidos del real decreto, porque entendemos que no ofrece las respuestas necesarias y que es claramente insuficiente. Sin embargo, el único objetivo de mi grupo parlamentario es servir a los intereses de los afectados, a su economía y a su seguridad. Por ello, por responsabilidad y por compromiso con los afectados, votaremos que sí. Una vez dicho esto, me van a permitir que me dirija especialmente al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular para reclamarles un esfuerzo a favor del diálogo y que permitan que este real decreto se tramite como proyecto de ley. De este modo lograríamos que los afectados percibiesen de inmediato las ayudas y los beneficios previstos en el real decreto. Sin perjuicio de ello, además se incorporarían nuevas iniciativas que sin duda mejorarían claramente el alcance y los contenidos que hoy estamos debatiendo. Si acceden a ello, cuenten con la disposición del Grupo Socialista para trabajar lealmente mejorando las respuestas y aprobando entre todos un proyecto a la altura de la catástrofe que estamos viviendo. Si no lo hacen, si optan por rechazar nuestra mano, nuestro voto seguirá siendo afirmativo a la convalidación del real decreto-ley por lo que supone de apoyo - aunque creemos que este real decreto es cicatero - a los miles de familias afectadas, que son las que realmente nos importan, pero no lo duden, habrán perdido la oportunidad de mejorar la respuesta a la catástrofe y esto hoy se lo merecen miles de personas que reclaman soluciones y no parches. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Sumelzo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, quiero comenzar mi intervención dándole las gracias en unos momentos en los que evidentemente la situación en Aragón es complicada, es difícil tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, por esa buena noticia de ampliación del decreto, de los efectos de las avenidas hasta mayo de 2015. Decía usted que solicitaba el apoyo de la Cámara. Es evidente que muchos grupos políticos - incluso el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de ese discurso encendido, señora Sumelzo, que llevan haciendo muchos días - lo van a apoyar y lo van a apoyar porque es un buen decreto. No hay peor sordo que el que no quiere oír. El señor ministro lo ha explicado y, como yo no puedo explicarlo mejor, no lo voy a hacer. La palabra abierto significa que la cuantía es aproximada en un momento, señorías, en el que es dificilísimo evaluar los daños porque el agua sigue en el río. Es complicado, por lo que el Gobierno, con buen criterio, dice que esta es una cantidad inicial y a partir de ahí lo que haga falta. Se han planteado dudas sobre el decreto y, de verdad, o no lo han leído o no quieren saber cuál es la realidad. Insisto en que yo no lo voy a explicar porque lo ha hecho el ministro como no lo ha hecho nadie en esta tribuna - repasen ustedes los «Diarios de Sesiones» de los años 2003 y 2007 y verán que no hay ninguna intervención que tanto lo explique - cuando ha habido una crecida. Pero quiero hacerles alguna reflexión al hilo de lo que sucede en una situación como esta. ¿Qué esperan los ciudadanos cuando ocurre una tragedia de la magnitud de la que estamos hablando? La respuesta de las administraciones - lo explicaba el señor ministro - fue que los servicios de protección civil trabajaron rápidamente y duro y eso evitó que parte de los núcleos de población se inundaran. La respuesta de la Administración del Estado - lo ha detallado el señor ministro - fue: visita del ministro del Interior, visita de la ministra de Agricultura, el delegado del Gobierno estuvo al pie del cañón en Aragón mañana, tarde y noche, las presidentas y presidentes de las comunidades autónomas estuvieron al pie del cañón y el secretario de Estado estuvo al pie del cañón. En cuatro días sucedía todo esto y acababa con la visita del presidente del Gobierno de España, que anunciaba ese decreto del que hoy estamos hablando aquí. ¿Y qué sucedió que ustedes no quieren hablar de ello? ¿Cómo reaccionaban al día siguiente las comunidades autónomas de Navarra, de La Rioja y de Aragón? Decían: Hasta donde no llegue el Gobierno, el cien por cien de los daños los indemnizarán las comunidades autónomas. Por eso ayer en Aragón se convalidaba otro decreto y por eso lo han hecho La Rioja y Navarra, y es lo que ustedes deliberadamente hoy aquí han querido omitir. ¿Sabe por qué sucede todo esto? Porque nosotros tenemos un concepto de Estado. El Estado compuesto, el Estado autonómico significa, señorías, que al final todas las administraciones colaboran para solucionar los problemas de los ciudadanos. Entiendo que esto a ustedes les suene raro. ¿Sabe por qué? Cuando en el año 2003 se produjo una crecida del Ebro tan grave como esta, el señor Iglesias Ricou, presidente del Gobierno de Aragón - le sonará a usted, señora Sumelzo - no quiso recibir al ministro de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España para hablar y ver cómo solucionaban el problema. Esa es la forma en que ustedes entienden el Estado, esa es la realidad y ahí están las hemerotecas. [[Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben]]Entiendo que estas cosas molesten, pero es lo que hay y la verdad duele. Y ahora al día siguiente resulta que se ha puesto a trabajar Tragsa, se ha puesto a trabajar la empresa Sarga y han ido intentando reponer motas, arreglar carreteras y retirar cadáveres en situaciones dificilísimas, con el agradecimiento - hay que decirlo - de cada uno de los alcaldes de los municipios afectados. Hasta aquí lo sucedido. ¿Y cuál es la segunda cuestión que esperan los afectados en una crecida? Que la clase política esté a la altura de las circunstancias, señorías. Eso es lo que esperan. Si ustedes analizan lo que sucedió en los años 2003 y 2007... Por cierto, señora Sumelzo, las crecidas del Ebro no son de 2003. Si le sirve, César, el mejor general de toda la historia, se quedó atrapado en el Ebro y los de Huesca tuvieron que ir a salvarle. Fíjese lo que es la vida y lo que es la historia. [[Aplausos]] En cualquier caso, si ustedes analizan las hemerotecas se darán cuenta de que en las crecidas de 2003 y 2007 hubo poca crítica política y estábamos a tres meses de las elecciones. ¡Casualidad de la vida! A tres meses de las elecciones, si ustedes lo analizan, hubo muy poca crítica política. Solamente se estaba en desacuerdo con el dinero, que siempre es insuficiente. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el nuevo PSOE. En esta crisis ha cambiado el nuevo PSOE. Llegó el señor Sánchez para preocuparse por los afectados y hablar de descoordinación - hoy usted lo ha vuelto a repetir; he anotado sus palabras -, desgobierno e irresponsabilidad. Llamaron irresponsable a la señora García Tejerina. [[La señora Sumelzo Jordán hace signos negativos]] Sí, señora Sumelzo, ahí están las hemerotecas. Llamaron irresponsable a la señora García Tejerina por las declaraciones que había hecho. Eso es lo que ha cambiado. El señor Lambán certificaba una nueva forma de hacer política y, efectivamente, es una forma dantesca de hacer política. Se olvidan de la tragedia humana y solo van a por los votos y a desgastar al Partido Popular. Eso es lo que ha cambiado en esta crisis. [[Aplausos]] Ustedes metieron la proposición no de ley el 26 de febrero, cuando no se sabía qué iba a pasar en el río. El agua estaba en Castejón, pero ustedes ya lo daban por hecho. Ustedes se quejan de que este Gobierno ha sido lento con un decreto que ha hecho en seis días. Oiga, en la avenida de 2007 ustedes tardaron trece días. Lo hacemos en la mitad de tiempo, lo hacemos mejor y encima nos critican. No sé de dónde viene usted, señora Sumelzo. Aragón tiene mucha historia de agua y usted la debería conocer, porque para saber si una cosa se hace bien o mal hay que comparar. Han estado reclamando - y hoy lo ha vuelto a hacer - actuaciones en el río. Ahora el debate es si hay que dragar el río o no, si hay que abrir las motas o no, más zonas expansión, etcétera. Ese es el debate que tendría que haber, y lo habrá porque los presidentes de las comunidades autónomas ya lo han pedido. Pero para dragar el río Ebro hay un problema: zonas ZEPA, zonas LIC, sotos y galachos, etcétera. ¿Sabe cuál es el problema? Quien aprobó la normativa que blindaba el río fue el Partido Socialista en los años 2004-2008. Nos reclaman que hagamos algo cuando ustedes pusieron los medios para no hacerlo. ¿Cuántos metros de altura ha laminado Yesa a Itoiz? Alguien ha citado antes Itoiz. Un metro y medio. ¿Sabe quién paralizó el recrecimiento de Yesa? ¿Sabe usted que si Yesa hubiera estado recrecido a lo mejor hubiéramos frenado un metro más? ¿Quién paralizó esas obras? Lo sabe usted: el Partido Socialista. [[La señora Sumelzo Jordán: No, no]] Si la señora Narbona viniera aquí diría que sí. Diría: Yo paralicé las obras y con la aquiescencia del Partido Socialista de Aragón. Usted lo sabe. Usted nunca ha entendido la teoría de la causalidad. Debería estudiar un poquito a Aristóteles, porque está bien saber que toda causa tiene un efecto. Este es el problema. Ustedes piensan que han gobernado, que han hecho cosas y que eso no tiene un efecto. El problema de que no se puedan laminar más avenidas es que los embalses no están recrecidos. No voy a pasar por alto que usted ha seguido en estos días con la acidez. Pensaba que a raíz de las explicaciones del ministro usted iba a levantar un poco el pie del acelerador, pero ha seguido con la acidez. Durante varios días pidieron insistentemente que viniera Rajoy y bajara al barro. Sabe que yo soy también concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y he seguido muy interesadamente la crecida del Ebro. He visto a muchos alcaldes, alcaldes de barrio con los que he estado, igual que ha estado algún compañero suyo. El alcalde es la figura emblemática, la que tira. ¿Sabe a quién no he visto el fin de semana crítico, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo? ¿Sabe quién no estaba porque estaba de fin de semana? Juan Alberto Belloch Julbe. ¿Sabe a quién no vi el día 6, cuando vino el presidente del Gobierno de España para ver cómo solucionaba los problemas y se reunió con los alcaldes? Al alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch Julbe. Es que era puente en Zaragoza. Va siendo hora de que ustedes cambien de política, sean responsables y empiecen a resolver los problemas en lugar de ir a pescar votos. Muchas gracias. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Muchas gracias, señor Suárez Lamata.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Turno de fijación posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
Gracias, señor presidente. Señorías, las enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley no han servido para cambiar lo que en el proyecto significa un grave retroceso en la justicia y las libertades; así lo manifestamos cuando antes fue tramitado en el Congreso. El Gobierno ha hecho oídos sordos a todas las reflexiones críticas y fundamentadas que se han vertido desde diferentes ámbitos, fundamentalmente el judicial, sobre las modificaciones del Código Penal que se recogen en este proyecto, que hoy finaliza su tramitación, y se ha mantenido - el Gobierno - con el único apoyo de su grupo impertérrito a aprobar unas medidas basadas en algo tan negativo para la impartición de justicia como es el populismo. Han optado por incrementar el castigo penal y apartarse de profundizar en la finalidad primordial de la resocialización de las penas. Moción especial merece lo que eufemísticamente se denomina prisión permanente revisable, que no es ni más ni menos que la cadena perpetua, a lo que nos hemos opuesto frontalmente desde un principio, no ya cuando se tramitó en el Congreso sino cuando el Gobierno empezó a hablar de que tenía la pretensión de aplicar al Código Penal esta figura. Se apartan ustedes, por tanto, señorías del Partido Popular que apoyan esta propuesta, de lo que emana de la Constitución española en relación con la resocialización de las penas. Auguramos pues que esta ley que hoy se aprueba definitivamente contará con recursos constitucionales desde diferentes ámbitos y, esperamos que la resolución de los mismos, devuelva a nuestro Código Penal la cordura de impartir justicia desde la razón y no desde la irracionalidad de las emociones. Por eso, señorías, mantenemos nuestra posición en relación con estas modificaciones del Código Penal, porque entendemos que el Partido Popular incide en esa actitud represiva que está caracterizando a este Gobierno. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Fernández Davila. Señor Tardà.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy aquí se aprueba la reforma del Código Penal, una reforma acuñada desde el populismo punitivo de agravamiento constante de penas y cautivo del sensacionalismo de algunos medios de comunicación; una reforma que significa un retroceso en derechos y libertades y, que los republicanos rechazamos, porque incorpora la supresión de faltas, es decir, un endurecimiento del sistema penal, introduce la cadena perpetua e introduce reformas de las medidas de seguridad, que quedarán desvinculadas de la pena. En definitiva, pone en jaque la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión pacífica. De hecho, ustedes aprueban la vigesimosexta reforma del Código Penal en veinte años, pero desaprovechan la ocasión para abordar temas tan cruciales como el pleno derecho a la libertad de expresión despenalizando el delito de injurias a la Corona y el delito de ultraje a España. Tampoco aprovechan la ocasión para incorporar el derecho a la muerte digna y sin dolor. Tampoco son capaces de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco equiparan creyentes y no creyentes. Tampoco aprovechan la ocasión para castigar la muerte de animales en espectáculos públicos. Por supuesto, tampoco penalizan la banalización, la apología y el enaltecimiento del franquismo, el falangismo, el fascismo y el nazismo. Así pues, se trata de una reforma autoritaria, clasista y tramposa, a la que los republicanos catalanes votaremos en contra. Lo que se hace es incorporar una ley más a este tridente, que hoy se aprueba aquí, conformado por la reforma del Código Penal, las medidas antiterroristas y la ley mordaza; es decir, tres leyes que van a acogotar todavía más a los ciudadanos y a debilitar el Estado social y de derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Señora Enbeita, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, dicen los estudiosos del derecho que, en gran medida, la calidad democrática de un país se mide por el contenido de su derecho penal. En Amaiur compartimos, en principio, esta reflexión que, traída al caso, nos lleva a afirmar que el Estado español ha lapidado su escasa calidad democrática reforma tras reforma del Código Penal, porque esto, señorías, no ha empezado hoy. Esta semana hemos vuelto a comprobar que en el Estado español es muy fácil detener a la psicóloga que corrobora las denuncias de tortura e intenta curar las secuelas, pero parece ser muy difícil investigar, juzgar y condenar a las personas torturadoras. Es muy fácil criminalizar la solidaridad con los presos políticos y detener a sus familiares por pura venganza, pero deber ser muy difícil de entender que, mientras nos quede vida, llegaremos a nuestros familiares los lleven a donde los lleven. [[Pronuncia palabras en euskera]] Es muy fácil condenar a quien tiene que robar para subsistir, pero resulta muy difícil juzgar y condenar a los cargos públicos que saquean el dinero público para repartirlo entre los suyos, como hemos visto en Nafarroa, en Araba y en otro montón de sitios. Debe ser muy fácil juzgar y condenar por desórdenes públicos o por desobediencia a la trabajadora que protesta por el máximo despido de sus compañeras de trabajo, pero les debe resultar muy difícil juzgar y condenar a las empresas y a los bancos que, como en el caso de Miren Peña, empujan al abismo a las trabajadoras. Señorías, podríamos poner un millón de ejemplos más. En esencia, este su Código Penal. Es un Código Penal basado íntegramente en apuntalar esa España grande y libre al servicio de las élites económicas, pasando por encima de cualquiera que pretenda cambiarlo. Imposición y represión, señorías, imposición y represión, esa es la oferta que tienen para quienes no comparten su modelo de Estado o para quienes queremos libertad; en Euskal Herria sabemos mucho de esto, desafortunadamente, nos lo han enseñado muy bien. Para que esto funcione, tal y como ustedes quieren, parece que hace falta algo más que esta escandalosa reforma: hacen falta funcionarios que, con honrosas excepciones, por supuesto, en prisión, en comisaría o en los juzgados entiendan y apliquen la esencia de su Código Penal y, si no la entienden, van ustedes y se la explican. Para muestra, un botón: el Tribunal Supremo. Magistrados del Tribunal Supremo denunciaron presiones del Gobierno para no computar los años de prisión que los presos vascos habían cumplido en Francia, es decir, denunciaron presiones del Gobierno para no aplicar la legislación europea. Pasadas unas semanas desde esa denuncia, el Tribunal Supremo cambió de criterio y pasó olímpicamente de la legislación europea: total, que más da, solo eran etarras. Esa es la calidad democrática de su derecho penal, señorías. Parafraseando a Evaristo Páramos, un gran filósofo gallego afincado en Euskal Herria, me gustaría recordar que ustedes pretenden camuflar en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos, señorías; y yo añado: para los mismos, para su oligarquía. Para eso necesitan ese Código Penal, para seguir manteniendo su cortijo y para seguir manteniendo su «francocracia», como bien dijo mi compañero Sabino Cuadra. [[Finaliza su intervención en euskera, cuyo texto entrega al «Diario de Sesiones» en euskera y en castellano]] Baina alferrik ari zarete! Gaur, inoiz baino gehiago, Euskal presoen askatasuna eskatzen dugu. Elkartasuna ez da delitua. Etxean eta bizirik nahi ditugu. ¡No os saldréis con la vuestra! Hoy, más alto que nunca, reivindicamos la libertad de los presos políticos vascos. La solidaridad no es delito. Les queremos vivos y en casa. [[Una señora diputada: Y los asesinatos de ETA, ¿qué?]]
Gracias, señora Enbeita. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, agradezco su presencia. Le voy a ser sincero. No sé qué estamos debatiendo exactamente. Si usted lo conoce y tiene la intención de intervenir posteriormente para hacer una glosa de la norma, nos podrá arrojar, quizá, algo de luz. Vamos de excentricidad y extravagancia a otras excentricidades y extravagancias de mayor cuantía, por usar una expresión jurídica. Estamos en una norma a la que ustedes, en el Senado, han incorporado noventa enmiendas, nada menos. En relación con lo que salió de esta Cámara, ustedes se han autoenmendado en noventa aspectos; con lo cual se configura un Código Penal diferente del que se aprobó aquí. El que se aprobó aquí ya era complejo de entender porque fue fruto, primero - si se me permite la expresión - de un cierto engaño por su parte, señor ministro, en tanto en cuanto en su primera comparecencia, cuando fue nombrado ministro, nos aseguró a los portavoces que solo se iba a debatir el Código Penal que consignara materias que fueran susceptibles de ser consensuadas entre los grupos parlamentarios. No ha cumplido su palabra. Al final, presentó el Código Penal cuya enmienda de totalidad se había debatido un año y medio antes. Se recupera una norma que aparentemente, el humus erat, estaba ya amortizada y se inicia el interlegislativo mediante un procedimiento más digno de Houdini que de una institución parlamentaria. Ahí, en la ponencia, que fue muy breve, aparecían documentos, desaparecían documentos, se presentaban transacciones escritas o manuscritas, en donde hay que felicitar a las letradas de la Comisión de Justicia no solo por sus conocimientos jurídicos, sino por sus conocimientos y habilidades como documentalistas. Se presentaban las transacciones un minuto antes de tener que intervenir, sin conocer ni tener tiempo material para analizarlas y evaluarlas. Al final, nadie sabía muy bien qué es lo que prosperaba mediante esa confusión de documentos, de transacciones pretendidas, que eran siempre imposiciones de enmiendas con ese pretendido objeto de consenso, pero que eran sus enmiendas contra la opinión de los demás grupos parlamentarios. Y esto se agranda con esa atrofia que consiste en la modificación de la norma en su conjunto, mediante la aceptación o la incorporación de noventa enmiendas en el Senado, de su grupo parlamentario; lo cual configura un Código Penal diferente que no ha sido objeto de los filtros preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de los demás órganos consultivos que deben informar una norma que, en el Senado, se convierte en nueva - hay una especie de novación - mediante un procedimiento legislativo que se aleja mucho de los requerimientos del procedimiento del legislativo ordinario. No sé si utilizando la terminología en derecho administrativo estaríamos ante un supuesto de nulidad con efectos ex tunc de todo lo hecho hasta ahora. Desde luego, esto meritaría la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Constitucional solo por razones procedimentales, por razones de la perversión del procedimiento legislativo acometido. Pero es que, al final, uno no sabe más que lo que es más duro y más lesivo de conocer, que es que este Código Penal, al final, lo que acomete es una brutal expansión y un brutal endurecimiento del sistema de penas. No sé si usted ha leído la obra del marqués de Beccaria, fruto de la Ilustración, que inspira todavía los códigos penales más avanzados y más modernos, y donde se establece que el sentido de las penas consiste en el tratamiento y la resocialización de los delincuentes, y desvincula el sentido de las penas o el fundamento ontológico de las penas de la venganza, que era lo que consignaban las normas penales anteriores a Beccaria, tanto en el derecho germánico como en el derecho canónico, el derecho continental o el derecho latino o, en definitiva, el derecho romano. No ha debido de leerla porque aquí se incorporan normas como la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua - no andemos con eufemismos -, que desafortunadamente ha sido avalada, en otra operación excéntrica y extravagante donde las haya, en la separación de la regulación de los delitos de terrorismo de esta reforma del Código Penal, ubicándolos en una proposición de ley orgánica que ha sido objeto de negociación y de acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular; con lo cual el Partido Socialista Obrero Español también está avalando la prisión perpetua revisable, a pesar de que su portavoz, cuando se debatió el código, en otra paradoja o en otra excentricidad o extravagancia que no logramos comprender, hizo el alegato más duro - y más lúcido, seguramente - contra la cadena perpetua, que es de lo que estábamos hablando. No me diga que la cadena perpetua, como ha dicho usted en alguna declaración a los medios de comunicación, es algo diferente de la prisión permanente revisable que se ubica aquí, porque en aquellos países de Europa, donde está constitucionalizada la cadena perpetua, como es el caso de Alemania e Italia, estas cadenas perpetuas son revisables, pero son revisables en plazos temporales más cortos que los plazos de revisión que se prevén en este proyecto de ley de reforma del Código Penal de hace 25 años. Estamos hablando de una cifra -25 años - que hace que la legislación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere estas penas como degradantes, humillantes y contrarias a los requerimientos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque estamos hablando de una cadena perpetua en el sentido más estricto del término, porque además puede ser perpetua. La revisión obedece a criterios de absoluta discrecionalidad o arbitrismo judicial. Nadie puede garantizar que haya un elemento de rehabilitación de quien está sufriendo una pena de privación de libertad, porque todos hemos tirado ya la toalla, y ustedes también, respecto a que en las cárceles o en las prisiones se pueda rehabilitar a nadie, que permita que el cumplimiento de una prisión permanente revisable no sea una cadena perpetua, una privación de libertad de por vida. Lamento mucho la adhesión tácita del Partido Socialista a la proposición de ley reguladora de los delitos de terrorismo, y yo creo que el Partido Socialista lo va a terminar lamentando. Aunque no se utilice la alocución, luego debatiremos en la próxima ley, en la ley que regula el terrorismo no yihadista - todo el terrorismo se regula en la otra proposición de ley orgánica - esta materia, porque el endurecimiento lo es en todo. De lo que se puede comprender de esta norma que ha tenido esta peculiaridad en su tramitación tan singular es que en materia de conexidad de los delitos se impide la conexidad y la refundación a través de los sistemas de conexidad que se establecen de la refundición de las penas; lo cual provoca automáticamente, como sabe, señor ministro, un efecto de elongación o alargamiento de las penas, una primera previsión que establece una mayor dureza punitiva, una expansión del derecho punitivo para resolver problemas sociales. Ya le han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que no está el Código Penal llamado a resolver problemas sociales, está llamado a restablecer el sentido, la finalidad de las penas, que son las de prevención especial, las de prevención general y retribución en aquellos casos en que hay una conducta socialmente considerada reprochable por la inmensa generalidad de los ciudadanos. Pero no solo esto, sino que también ignoran los requerimientos de las decisiones marco del año 2008 en relación con el cómputo de las penas cuando parte de ellas han sido cumplidas en países extranjeros. Lo ignoran, y además con recurrencia, y se arriesgan a que las instituciones de la Unión Europea les reprochen su conducta e incluso les lleguen a sancionar, en tanto en cuanto no se produce el cómputo o si hay una disfuncionalidad en la interpretación de estas normas, en cuanto a la duración del cumplimiento de las penas cuando parte de ellas han sido cumplidas en el extranjero, entre algunos magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Por cierto, ya se acreditó la dudosa independencia del Tribunal Supremo, y lo digo con mucho cuidado. No me gusta ser belicoso en estas materias ni realizar imputaciones que no pueda probar, pero casualmente la mayoría denominada conservadora de los magistrados de la Sala segunda del Tribunal Supremo avalaron su criterio en materia de duración de cumplimiento de las penas, y la llamada minoría progresista de la Sala segunda del Tribunal Supremo decidió lo contrario. Esto nos da que pensar mucho sobre cuál es el sistema de provisión de las plazas del Tribunal Supremo, donde uno se encuentra con que ocurren las mismas alineaciones de fuerzas que en el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez ha sido previamente designado también - todos sus vocales - por el Congreso y por el Senado. Con relación a las medidas de seguridad, ha tenido usted el buen criterio - yo no sé si usted o su grupo parlamentario, alguien - de excluirlas sencillamente del texto, porque se basaban en un concepto absolutamente metajurídico como el de la peligrosidad e incumplían dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 61/1998 y la 36/1991, pero endurecen también la duración de la cancelación de los antecedentes penales, que se mantienen casi indefinidamente en el registro central de penados; endurecen igualmente las condiciones de excarcelación de los mayores de setenta años y mantienen o endurecen las condiciones de excarcelación de las personas que padecen dolencias de gravedad. En definitiva, todo lo que se consigna en este proyecto de ley orgánica del nuevo Código Penal, que espero o auguro - espero más que auguro - que va a tener poca duración en el tiempo - entre otras cosas va a sufrir recursos de inconstitucionalidad -, supone un endurecimiento del reproche punitivo. Usted ha glosado al penalista alemán Günther Jakobs, como lo he hecho yo. Lo que pasa es que parece que tenemos interpretaciones simétricamente contrarias usted y yo. Yo no sé qué parte de la obra de Jakobs ha leído usted o qué parte he leído yo, deben ser libros o normas diferentes. Yo creo que he leído todas sus obras, y nos advierte a los legisladores de que no articulemos el derecho penal desde la perspectiva ontológica del derecho penal del enemigo; ustedes están encriptados en esta posición, en crear un derecho penal del enemigo, no un derecho penal del ciudadano, que resuelva los conflictos sociales mediante la aplicación de una norma penal coherente, razonable y proporcional. No están jugando a esto. Yo sé que usted no me va a dar formalmente la razón, pero tengo la absoluta convicción, igual que la tengo de algunos de sus portavoces, de que comparte buena parte del argumentario que estoy realizando. Hay otras materias. En materia de los delitos de corrupción se ha avanzado poco. Era mucho más interesante una proposición no de ley que desafortunadamente no se pudo debatir el martes pasado, presentada por el Grupo Socialista, donde todavía se mejoraba mucho el reproche penal a la financiación ilegal de los partidos políticos, evitando la asimetría entre la sanción penal al partido político, que se corrompe y obtiene ilegalmente donaciones a cambio de una recompensa, y el corruptor. Se deberían endurecer los plazos de prescripción de los delitos de corrupción política, que se endurecen en las enmiendas. Se convierte en violadores a muchos niños, a muchos jóvenes, en tanto en cuanto se establece que las relaciones sexuales no consentidas son hasta los dieciséis años. Estamos elevando el número de potenciales violadores desde los trece años de la actualidad hasta los dieciséis. Trece años es una edad muy baja, yo lo comprendo, pero dieciséis es excesiva.
Señor Olabarría, debe concluir.
Estoy especulando sobre el aire, sobre lo que es muy difícil de determinar, porque ustedes han hecho un Código Penal que se ha debatido como se ha debatido, en una Comisión que ha durado una mañana, con una ponencia donde ni el mismísimo Houdini con su habilidad hubiese podido manejar tantos documentos, simultáneamente, sin saber lo que estábamos debatiendo ninguno de los ponentes en la ponencia. Después de esto ustedes cambian la norma entera con noventa enmiendas en el Senado. Por cierto, me tiene que explicar, señor ministro, por qué no han aceptado tampoco aquella que nos prometieron que nos iban a aceptar en relación al maltrato animal ubicando la alocución injustificado - yo creo que estamos hablando de determinada fiesta llamada nacional -. Con todo esto, usted comprenderá que votemos en contra de todas las enmiendas - se lo digo sin acritud y con el afecto que nos profesamos recíprocamente - que se han aprobado en el Senado con relación a esta importante - hubiera podido serlo, pero no lo va a ser por su escasa duración - norma que estamos terminando de aprobar en el día de hoy. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias señor Olabarría. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente para decir que mi grupo sigue sin apoyar este proyecto de modificación del Código Penal tras su paso por el Senado porque, aunque es verdad que se han introducido algunos pequeños retoques incluida alguna pequeña enmienda que presentamos nosotros, nos parece que el problema es de fondo y muy serio, y que todo lo que ha ocurrido con este Código Penal resume muy bien el espíritu de esta legislatura, que no compartimos en absoluto. Es decir, la tramitación ha sido, como se ha dicho, caótica, técnicamente mala, ni siquiera se prevé una vacatio legis suficiente para nada menos que la reforma del Código Penal, y sitúa a jueces, magistrados y abogados ante una situación imposible. Separan, dentro de la reforma del Código Penal, lo que tiene que ver con los delitos de terrorismo al hacer una ley orgánica aparte. Es un debate imposible y envenenado, además, por lo que está ocurriendo de fondo. Nosotros pensamos que con este Código Penal los ciudadanos quedan más desprotegidos que antes porque tienen menos garantías de tutela judicial, ya que las transgresiones, faltas y delitos son más castigadas - pero eso sucede en un Estado que a la vez está fallando en atender derechos básicos de los propios ciudadanos -, y quedan en un limbo legal cantidad de faltas que ahora quedan como sanciones en el terreno administrativo y, por tanto, sin tutela judicial. Francamente, no podemos compartir estas enmiendas y lamento, además, que hayan hecho ustedes - como en otras leyes fundamentales - un Código Penal en un Estado de derecho que va a durar lo que duren ustedes con mayoría absoluta, lo cual es muy mala noticia para el país porque una vez más - vuelvo a repetirlo - incrementa uno de los peores problemas y de los mayores defectos de nuestra democracia: la enorme inseguridad jurídica y la caducidad de las normas básicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
Gracias, señor presidente. Señorías, hoy es un día negro para los derechos civiles y las libertades públicas en nuestro país. Con razón le decían a César: cuídate de los idus de marzo. Más allá de los idus de marzo, esta fecha de finales de marzo significa un retroceso sin precedentes en la democracia española. El trípode autoritario de la reforma del Código Penal, de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Ciudadana - mejor llamada por la ciudadanía ley mordaza - significa un retroceso sin precedentes en derechos y libertades en nuestro país. Es la contrapartida del endurecimiento penal a la pérdida social. El Estado social y democrático de derecho sufre un tremendo retroceso en la sociedad del malestar, en la sociedad en que los recortes y las políticas de austeridad han supuesto más dolor para la sociedad española y, sobre todo, para los sectores más débiles de nuestro país. De manera preventiva, frente a la contestación al dolor, el Partido Popular sustituye el Estado social por un Estado penal; un Estado penal, como he dicho antes, en torno a la reforma del Código Penal, a la Ley Antiterrorista - que no es una ley antiyihadista - y, por otra parte, ante las medidas de la ley mordaza. Señorías, en estos momentos el Código Penal es lo contrario de lo que decía Bernaldo de Quirós: un Código Penal largo y difícil es una anomalía atávica. Pues bien, señorías, este Código Penal cuando vuelve del Senado es aún una mayor anomalía atávica: ilegible, desproporcionado, ambiguo y, por tanto, cargado de inseguridad jurídica. Además, es un código desproporcionado con respecto a los problemas y las necesidades de la sociedad española. Sustituimos hoy el Código Penal de la democracia - que no lo era tanto, no era el Código Penal de la democracia, era un Código Penal democrático pero restrictivo - por el Código Penal de la cadena perpetua. Dicen los clásicos que la cadena perpetua es la pena de muerte de los países civilizados. Pues nuestra cadena perpetua revisable es una cadena perpetua con pena de muerte revisable, es decir, con recochineo porque eso es lo que significa el revisar la cadena perpetua en nuestro texto legal. Pero esa medida, que es la más representativa de la reforma del Código Penal, viene unida a muchas otras que nos retrotraen al siglo XIX y principios del siglo XX. Señorías, la cadena perpetua fue abolida en España por Primo de Rivera, es decir ustedes están a la derecha de la dictablanda, a la derecha de Primo de Rivera. Esa es la propuesta principal de este Código Penal, pero hay otras medidas también muy regresivas. Por ejemplo la que tiene que ver con la respuesta al malestar ciudadano. Digamos que el Gobierno frente al malestar ciudadano ha puesto en marcha una cadena de medidas o unas medidas encadenadas. Frente a la desobediencia civil, frente al malestar en las calles la Ley de Seguridad Ciudadana; frente a la resistencia el Código Penal, y frente a la violencia la legislación antiterrorista. Esa es la escala del Gobierno, una escala desproporcionada, una escala penal y carcelaria que muestra como he dicho antes un retroceso en el Estado democrático. Y todo esto forma parte de lo que podríamos denominar la operación Gatopardo. El conde Salinas, en El Gatopardo, llega a decir una frase muy representativa: Hay que cambiar todo para que todo permanezca. Pues en ello estamos, señorías, cambiando todo para que todo permanezca. Cambiamos las políticas sociales para defender los beneficios empresariales y la preeminencia del mercado sobre los ciudadanos, del Estado del medioestar al Estado del malestar. Endurecemos las políticas penales, la Ley de Seguridad Ciudadana, la legislación antiterrorista, para enfrentar el malestar social y la discrepancia ciudadana. No hay ya, señorías, seguridad ciudadana, simplemente orden público. Y por otra parte también sustituimos el cambio político por el recambio de las élites. Eso es también la operación Gatopardo, evitar el cambio político cambiando únicamente las élites mediante política de diseño. Esa es la realidad de la operación Gatopardo que avanza inexorable en nuestro país, y de la cual forma parte esta medida del Código Penal a la que hoy asistimos; un día negro para la democracia española con un endurecimiento excesivo del Código Penal y una deriva autoritaria de nuestro país. [[La señora]] En relación con las enmiendas que vienen del Senado podríamos decir lo mismo de lo que dijimos con respecto al conjunto del Código Penal. En primer lugar, aumentan el pandemónium del Código Penal, las contradicciones, aumentan la inseguridad jurídica, la desproporción de las penas, todo ello aumenta en las transacciones y las enmiendas que vienen del Código Penal. Y por si no fuera suficiente también asistimos al creacionismo jurídico que el Partido Popular ha instalado ya en la vida política española, y es que el Senado ha legislado un nuevo epígrafe del Código Penal que no fue tratado en ninguno de los debates de la ponencia. Algunas de esas medidas vienen como todo un capítulo del Código Penal a ser discutidas en el Congreso, y por tanto desde el punto de vista de la forma son inaceptables también estos procedimientos. Pero además las medidas que vienen acentúan aún más todo el Código Penal represivo que hemos tratado de manera apresurada en el trámite de ponencia y en la Comisión, vienen enmiendas que tienen que ver con la desproporción en la respuesta, con el reproche penal, enmiendas que nosotros rechazaremos en su inmensa mayoría. No estamos con este Código Penal en absoluto, y lo que nos viene del Senado es una reedición corregida y ampliada de lo peor que decía Bernaldo de Quirós, de la anomalía atávica. Termino, señorías. Quiero decir que este Código Penal de mercado, este Código Penal de la austeridad en el que se sustituye el Estado social y democrático de derecho por un Estado de seguridad, por un Estado penal, no es definitivo. Los ciudadanos han limitado con la movilización ciudadana - frente a la Ley Mordaza - una parte de las medidas que pretendía el Gobierno del Partido Popular. Por tanto el Partido Popular no ha conseguido todos sus objetivos, algunos de ellos sí. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para la resistencia y la desobediencia a estas leyes. [[Aplausos]] Resistencia y desobediencia que van a hacer de ellas con toda seguridad leyes caducas, porque la violencia institucional y el dominio nunca han durado; las sociedades más duraderas son las sociedades del consenso. Díganselo si no a Julio César. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, esta reforma del Código Penal supone un importante paso atrás en nuestro sistema de justicia penal, supone una clara involución. No es el Código Penal de una sociedad moderna, no es la reforma que habríamos querido la mayor parte de los grupos de esta Cámara. Es una reforma a medida del Grupo Popular; es una reforma que no ha buscado consenso, no se buscó en el Congreso, pero tampoco se ha hecho en el Senado, lo que desde nuestro punto de vista es un grave error porque una reforma de ese calado, una reforma como ya hemos dicho en otras ocasiones que supone un cambio importante de paradigma en nuestro sistema penal necesitaba precisamente de ese consenso que hemos reclamado todos los grupos parlamentarios, y que en un momento determinado incluso el propio ministro en la Comisión nos dijo que sería así, que habría consenso, y que la reforma que se impulsaría solamente sería en aquellos aspectos en los que hubiera un amplio consenso. Finalmente eso no ha sido así, y de hecho lo hemos constatado también en el Senado. Además es una reforma que aparca principios básicos del derecho penal, por ejemplo el principio de intervención mínima. No es un Código Penal propio del siglo XXI, se aleja además de los parámetros de países europeos de nuestro entorno, y la introducción de la prisión permanente revisable - ya hemos insistido por parte de nuestro grupo parlamentario - entendemos que entra en contradicción con la Constitución española. En definitiva esta reforma se aleja y mucho del modelo de justicia penal que defiende Convergència i Unió. Creo que sería interesante además hacer una reflexión en torno a lo que significa el derecho penal. El derecho penal en una sociedad, entre otras muchas cosas, define también el modelo de una sociedad, el modelo de qué principios tiene esa sociedad; el Código Penal forma parte por lo tanto de ese modelo de sociedad que nosotros queremos. No se trata simplemente de un listado de conductas represoras hacia los ciudadanos, no se trata solamente de esto un código penal; un código penal está definiendo también qué modelo de sociedad queremos. Y en este caso creemos que esta profunda reforma del Código Penal define un modelo de sociedad que la mayor parte de grupos parlamentarios, en este caso evidentemente estoy hablando en nombre de Convergència i Unió, no queremos, es un modelo que se aleja de lo que defiende nuestro grupo parlamentario. Hoy estamos en el último trámite de este proyecto, y ya anunciamos que nuestro grupo parlamentario, en la misma línea de los anteriores debates y votaciones, tanto aquí como en el Senado, votará en contra, y votará en contra porque no compartimos los principios sobre los que se sustenta, y no hay nada de lo que se ha introducido en el Senado que nos haya hecho cambiar de opinión, más bien lo contrario, reafirma nuestro planteamiento inicial contrario a este proyecto. No compartimos las formas. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha hecho referencia a ello, a la manera atropellada en que se tramitó este proyecto aquí en el Congreso. Lo mismo sucedió en el Senado, en las distintas ponencias y comisiones, con papeles que circulaban constantemente en los últimos momentos, incluso antes de las votaciones. Y también quiero hacer una mención aquí expresa a las letradas de la Comisión que realizaron una magnífica labor, a pesar de las dificultades. Por tanto no compartimos la forma. Creemos que se tendría que haber producido un debate mucho más sosegado y compartido por todos, una profunda reflexión sobre qué modelo de justicia penal queremos, y cómo se materializa con esta reforma del Código Penal. Estamos a punto de aprobar, como decíamos, una reforma profunda, y decía también que en Convergència i Unió no estamos de acuerdo con esta reforma por motivos de forma y tampoco por motivos de fondo. Entendemos que limita derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la introducción de la prisión permanente revisable. Ya hemos dicho en otras ocasiones que aquí tendríamos que hablar claramente. No estamos ante una prisión permanente revisable, sino que estamos verdaderamente ante una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque no se establece un límite final. Efectivamente se habla de revisar, pero no sabemos cuándo terminará esa prisión permanente. Una persona podría estar años y años, indefinidamente, y no sabríamos hasta cuándo estaría cumpliendo esa cadena perpetua. Estamos también ante una reforma que agrava de manera importante las consecuencias penales del acto injusto. Hay un aumento generalizado y también desproporcionado de las penas. Entendemos también que en este caso nos alejamos, como ya decíamos al inicio de la intervención, del principio de proporcionalidad que debería presidir el establecimiento de las penas, y también creemos que con esta reforma es falso que se consiga una mayor justicia penal. Tampoco va a resolver los verdaderos problemas de la justicia, y ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Nosotros creemos que esta reforma lo único que va a hacer es llenar algunos titulares y dar cumplimiento en este caso al programa electoral del Partido Popular, pero realmente no va a resolver los problemas de la justicia penal. No aborda las verdaderas asignaturas pendientes para incrementar la eficacia de la justicia. En ese sentido - ya lo dijimos hace unos días - es importante recordar las palabras de la fiscal general del Estado, en su comparecencia en la Comisión de Justicia, donde nos dio unos datos muy importantes o reveladores. España ocupa el puesto número 33 en la Unión Europea en el índice de fiscales por población, y lo mismo sucede en el caso de funcionarios no fiscales de fiscalía. Es decir, estamos por debajo de la media europea. Por tanto teniendo en cuenta la importancia del papel del ministerio fiscal en la instrucción penal y en general en todo el procedimiento penal, y viendo que estamos en esos niveles alejados de Europa, ¿no creen que es un tema precisamente al que deberíamos dedicar esfuerzos? Este es un ejemplo claro de necesidad real de nuestro sistema penal. También podríamos hablar de la importante necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma profunda para agilizar nuestra justicia penal. Esas sí son verdaderas necesidades de nuestro sistema de justicia penal. Insisto en que desde Convergència i Unió creemos que esta reforma del Código Penal es electoralista, es una reforma populista, que lo único que persigue es endurecer las penas, incrementar las penas de manera injustificada, porque como bien saben ustedes nuestro Código Penal ya contempla unas penas muy elevadas si lo comparamos con el de países de nuestro entorno. Por tanto es una reforma absolutamente innecesaria. Regreso ya a la cuestión de la prisión permanente revisable o cadena perpetua. Convergència i Unió ha puesto especial énfasis en esta cuestión, porque nuestro grupo parlamentario está totalmente en contra de esta prisión, y además tenemos serias dudas respecto a su constitucionalidad, a la vez que creemos que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. En el marco normativo español y en nuestro sistema penal la prisión permanente revisable entraría en contradicción con el artículo 25.2 de la Constitución española, va en contra de la finalidad resocializadora de las penas, y además va contra la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos. En definitiva no voy a extenderme más en esta cuestión, pero insisto en que nuestro grupo parlamentario está totalmente en contra de ella. También queremos subrayar que durante la tramitación parlamentaria, en este caso en el Senado, nuestro grupo parlamentario presentó varias enmiendas. Algunas de ellas habrían mejorado de forma sustancial esta reforma e incomprensiblemente no han sido aceptadas por el Grupo Popular, lo mismo que ha sucedido con enmiendas que presentaron muchos grupos, que nosotros podríamos apoyar y suscribir, porque son coincidentes con las de nuestro grupo parlamentario. Voy a hacer especial mención a algunas de las cuestiones que entendemos que una reforma de este calado tendría que haber incorporado. Por ejemplo, teníamos que haber mejorado la tipificación de la xenofobia.
Señora Surroca, tiene que ir terminando.
Voy terminando. En este caso nuestro grupo parlamentario había presentado enmiendas, pero no han sido aceptadas. Digo lo mismo en cuanto a los casos de multirreincidencia en hurtos, a la supresión de las faltas y cómo se tramitaban después los casos de accidentes de circulación. En definitiva un largo listado de enmiendas de nuestro grupo parlamentario que han sido rechazadas por el Grupo Popular y que habrían mejorado sustancialmente el texto, pero la opción ha sido otra, la opción ha sido aprobar una reforma a medida del Grupo Popular, excluyendo las aportaciones de los demás grupos en un proyecto tan importante como era este. Por todo ello nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta reforma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aguilar.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, realizamos hoy en esta Cámara el último debate sobre la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, que si la unimos a la que en 2003 hizo también el Partido Popular cuando gobernaba, podemos decir que la derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia de 1995. [[Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia]], un código que tuvo un consenso muy amplio en esta Cámara y en todos los ámbitos, y que no solo acabó con el Código Penal del franquismo, sino que introdujo criterios y parámetros modernos sobre la función de la pena, y ustedes, señorías, señor ministro, lo han sustituido por un Código Penal partidista, partidario, el Código Penal del Partido Popular, que se asienta en bases profundamente reaccionarias y autoritarias, y que tiene de fondo un fuerte componente ideológico. Esta reforma que hoy va a aprobar solo el Grupo Parlamentario Popular, en un claro ejercicio abusivo de su mayoría absoluta, que por cierto no se corresponde con la mayoría social, la llevan a cabo no solo sin consenso, sino en contra de todos los grupos de la Cámara y de las opiniones públicamente expresadas, entre otras las que han manifestado sesenta catedráticos de derecho penal de treinta y tres universidades públicas españolas, ante la grave situación a la que ustedes están llevando la legislación sancionadora penal y administrativa en España. Es evidente que ustedes no escuchan, no oyen, y que solo imponen, una seña de identidad del Gobierno del Partido Popular. Esta es una reforma que pone al descubierto la forma de actuar de este Gobierno, y digo esto porque, señorías, el entonces ministro Gallardón llevó a la aprobación del Consejo de Ministros un anteproyecto que remitió a informe al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, y a la Fiscalía General, pero luego lo modificó radicalmente. Lo volvió a llevar al Consejo de Ministros y ya no fue objeto de informe. El señor Gallardón dimitió y llegó el señor Catalá, entretenido en este momento en una charla mucho más importante que lo relativo al Código Penal. [[Rumores]] En su primera comparecencia en esta Cámara anunció que acotaría la reforma, que esta reforma no sería tan amplia, y que propiciaría el diálogo. Le tengo que decir, señor ministro, que en esta Cámara usted aquel día en aquel momento faltó a la verdad, porque la reforma se quedó como estaba. Se ha sometido en el Parlamento a un procedimiento exprés, donde el diálogo por razones de plazo no ha tenido espacio, y además han buscado una triquiñuela, que es lo que vienen haciendo de manera habitual, para burlar los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes que afectan a derechos y libertades fundamentales, y es que el Grupo Parlamentario Popular presentó noventa enmiendas, cosa que también ha hecho en el Senado, y así no solo contaminó el trámite parlamentario y dificultó el trabajo de los grupos, sino que esquivó los informes del Consejo General, del Consejo de Estado, de la fiscalía, que era justamente lo que buscaba, lo que perseguía, lo que hace de manera habitual. Por eso tenemos que manifestarle que la actuación del Gobierno en relación con esta reforma del Código Penal constituye un evidente fraude de ley, y junto a ello tenemos que afirmar que estamos ante una reforma innecesaria. No hay ningún hecho objetivo que indique que esta reforma hiciera falta. Y también estamos ante una reforma injusta, donde queda de manifiesto la doble vara de medir del Partido Popular: mano dura con los trabajadores, con el marisqueo furtivo, que en el Senado han introducido, y mano tendida para los de arriba. Señor ministro, señorías del Grupo Popular, ustedes son insaciables, y no satisfechos con los recortes sociales que han llevado a cabo, con los que han generado desigualdad, pobreza y mucho sufrimiento, han decidido con sus reformas legales - el Código Penal una de ellas - llevar a efecto un recorte brutal en materia de derechos y libertades. Están practicando una política de derecha extrema con la que están castigando duramente a la mayoría de la ciudadanía. Dicho esto, si nos detenemos a analizar el fondo de su reforma, tiene unas claras señas de identidad: un incremento generalizado de las penas, que significa una elevación generalizada e injustificada de penas en los delitos ordinarios, que por cierto ni el ministro ni el Grupo Popular han sabido, querido o podido explicar. Y es que, señorías, nadie nunca en ningún lugar ha demostrado que el incremento de las penas privativas de libertad se traduzca en una mayor eficacia o eficiencia del sistema penal. De ahí que tengamos que señalar que estamos ante un claro ejemplo de populismo penal, que es lo que usted, señor ministro, ha practicado esta mañana, y un poquito de bochorno le tendría que dar. [[Aplausos]] Pero no han tenido bastante con el incremento injustificado e injustificable de penas, sino que han dado un paso más. Han ido más allá y han instaurado en esta reforma la prisión permanente revisable, que significa restaurar la cadena perpetua. La cadena perpetua es incompatible y choca frontalmente con los principios constitucionales de reeducación y reinserción del penado, así como con el mandato de determinación y certeza, toda vez que incorpora un elemento de imprevisibilidad. Ustedes lo saben perfectamente, pero les da igual, porque lo que están haciendo es ideología pura, cruda y dura. No pretendan justificarlo parapetándose o escondiéndose detrás de una interpretación sesgada e interesada de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o poniendo ejemplos de derecho comparado que nada tienen que ver con lo que ustedes han introducido en esta reforma del Código Penal. En la misma línea está la supuesta eliminación de las faltas; digo esto porque las más importantes se transforman en delitos leves, lo que agrava su consideración penal, y el resto van como infracciones en la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, con la que la ciudadanía tiene muchas menos garantías. Señor ministro, señorías, llegado este momento de mi intervención me gustaría llamar la atención sobre una cuestión esencial, a ver si pueden explicarla. El puño de hierro del Gobierno en lo relativo al endurecimiento de las penas y a la cadena perpetua - por cierto cuando teníamos en vigor una reforma que se formuló en 2010 en la que aparecen penas de hasta cuarenta años de cumplimiento íntegro; pero ustedes tenían que hacer ese populismo penal - se torna en guante de seda a la hora de abordar en esta reforma del Código Penal la lucha contra la corrupción. Estamos hablando del segundo problema para la ciudadanía, que genera el descrédito de la política y de quienes estamos en la vida pública al servicio de la ciudadanía, y que afecta al corazón de la democracia misma. Cuando la realidad requería una respuesta contundente, clara y firme en esta reforma, sorprendentemente la propuesta que hizo el Gobierno del Partido Popular fue no subir ninguna pena a los delitos de corrupción; incluso para el cohecho y la malversación las bajaban. Increíble, pero cierto. Señorías, eso era lo que pasaba. A lo largo de la tramitación parlamentaria se dieron cuenta de que era imposible e indecoroso mantenerse en esa posición. Si bien es verdad que han aceptado algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos parlamentarios de incremento de las penas, no es menos cierto que eso es manifiestamente insuficiente, y ustedes lo saben; desde luego lo es para mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista. Señor ministro, no han querido ni quieren que esta reforma sea un instrumento útil en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo claro es el de la financiación ilegal de los partidos políticos, uno de los comportamientos ilícitos más graves, porque altera las reglas de la democracia y la participación en condiciones de igualdad. La respuesta de la mayoría absoluta del Partido Popular es totalmente escandalosa, hasta tal punto que quien reciba o haga donaciones ilegales destinadas a partidos políticos no tendrá pena de cárcel, solo de multa. Para que haya prisión la donación ilegal tiene que ser superior a 500.000 euros o a 100.000 euros si el donante es extranjero. Ciertamente inexplicable, o a lo mejor en algunos papeles está la explicación, sin duda ustedes deben saberlo mucho mejor que el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara. Por este hecho deberían dar cuenta a las ciudadanas y a los ciudadanos, a los que también deberían explicar que no han recogido penas como la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio ni tampoco la prohibición de contratar con las administraciones públicas, así como que no han aceptado la tipificación del delito de enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios…
Señora Aguilar, tiene usted que terminar.
Voy terminando, señor presidente. La posición del Partido Popular deja mucho de desear y es difícil, muy difícil de explicar; ojalá lo hiciera ahora desde la tribuna el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En claro contraste con lo expresado, el Código Penal del Partido Popular persigue acabar con la protesta social manteniéndose la sanción penal para los huelguistas y negándose el Gobierno a derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que había sido demandado por los grupos parlamentarios y por los sindicatos. Hablamos, por cierto, de un tipo penal que no había sido aplicado hasta la llegada del Gobierno del Partido Popular. Si a todo lo hasta aquí expresado, si a todo lo hasta aquí expuesto, sumamos que los delitos contra el orden público van a criminalizar la disidencia y que en materia de libertad condicional volvemos al código franquista, podemos concluir que esta reforma del Código Penal del Partido Popular recorta derechos y libertades, restaura la cadena perpetua y endurece las penas, es decir, se aproximan con ella a un sistema autoritario muy alejado del sistema democrático que tenemos y que queremos preservar.
Señora Aguilar, tiene usted que terminar.
Termino, señor presidente. Además, no es contundente contra la corrupción. Pero no se preocupen, señorías del Grupo Parlamentario Popular, las derogaremos más pronto que tarde [[Aplausos]], porque este Gobierno…
Señora Aguilar, tiene usted que terminar. Ya ha dicho que lo va a derogar, así que terminamos.
Señor presidente, termino con una palabra. Este Gobierno comenzó su mandato mintiendo a los ciudadanos y ahora los ciudadanos han comenzado dándoles la espalda; están acabados. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Aguilar. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar mi intervención saludando y dando la bienvenida a esta Cámara a las entidades y asociaciones que nos acompañan, especialmente a familiares de víctimas del terrorismo y de víctimas de delitos que han conmocionado muy especialmente a la sociedad española en los últimos años. Bienvenidos. El Pleno del Congreso procede hoy a la aprobación definitiva de la reforma del Código Penal, una reforma que supone una amplia actualización, atenta a nuevos fenómenos y nuevas demandas sociales. A partir de su entrada en vigor el próximo 1 de julio tendremos un mejor y más ágil sistema penal, un sistema que adapta nuestras normas al marco jurídico internacional, que descongestiona la justicia penal al suprimir faltas de escasa entidad y que da respuesta penal en los términos que nos demandan los ciudadanos, es decir respuesta eficaz y proporcionada, a nuevas formas de delincuencia. Como aquí se ha recordado, la reforma ha tenido una larga tramitación con la oposición de la oposición, una oposición que insiste hasta el final en la caricatura de la reforma hablando de populismo punitivo, recorte de libertades y endurecimiento de penas, y una caricatura que la reforma desmiente con su sola lectura - algo que es evidente que algunos portavoces hoy no han hecho - y que acredita la nula voluntad de acuerdo con que los grupos de la oposición han afrontado los diferentes trámites parlamentarios. Basta el examen de la parte general para comprenderlo. Se introduce, en efecto, un nuevo esquema penológico, incorporando la prisión permanente revisable como pena máxima en el Código Penal, incorporación que cuenta - no tienen ustedes derecho a ignorarlo ni a pasarlo por alto - con el apoyo de dos tercios de los españoles, con el aval del Consejo de Estado, incluidos ilustres socialistas, y que respeta el artículo 3 del Tratado de Roma y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta materia. A ustedes les ha dado igual. Han puesto el énfasis en descalificar una pena destinada a delitos de excepcional gravedad, los más graves, los más repugnantes, los que mayor alarma social producen y mayor rechazo concitan: asesinatos de menores; asesinatos de personas con discapacidad; asesinatos con agresiones sexuales; asesinatos terroristas; magnicidios. Ustedes siguen hablando de penas degradantes y preceptos inconstitucionales, y tratan de descalificar la reforma, pero es una reforma que no renuncia a la reinserción del penado y que da respuesta a la seguridad que exigen los ciudadanos. Es una reforma que pone el énfasis en la justicia, porque justo es que conductas más graves conlleven más graves condenas. Es una reforma que está atenta a los ciudadanos y a su seguridad, para los que es incomprensible buena parte de los discursos que se han escuchado en esta Cámara. Creemos que ustedes se alejan de la sociedad con ese posicionamiento político, una sociedad que demandaba esta pena para determinadas conductas hace mucho tiempo. Además, creemos que se alejan de la verdad tratando de deformar el contenido de la ley. También en esta parte general se revisan diferentes instituciones jurídicas para hacer más flexible la justicia penal, para ofrecer más margen a los jueces, especialmente en la ejecución de penas menores y, en particular, con respecto a los autores de delitos que los hayan cometido por primera vez. Ustedes siguen encastillados en su caricatura, señores de la oposición, se siguen oponiendo a una reforma moderna que ha tratado de evitar automatismos y rigideces en la aplicación de la ley penal y, sobre todo, en la ejecución de las sentencias. Después del paso por el Senado, los artículos 48 y 84 abundan en esta sensibilidad. Así, el trastorno mental y la discapacidad intelectual deberán ser tenidas en cuenta en las prohibiciones de acudir a determinados lugares o residir en ellos, y se adopta en la reforma, por cierto, el término persona con discapacidad necesitada de especial protección, en vez del término incapaz. Hemos defendido y seguimos defendiendo esta reforma pensando no en la doctrina o la teoría académica, sino en las personas, en dar respuesta a sus demandas y en resolver sus problemas. Por tanto, es una reforma que pone el énfasis en la protección de personas y bienes, en sus derechos y libertades, en la protección de menores, la protección de las mujeres, una reforma para combatir sobre todo la corrupción y a los corruptos. A todo ello se han opuesto y se siguen oponiendo ustedes, con singular ardor el Partido Socialista, y escuchando poco, por cierto. El paso del proyecto de ley por el Senado ha permitido mejorar el texto remitido por el Congreso. La reforma permitirá afrontar con mayor eficacia la criminalidad reiterada o la multirreincidencia en delitos contra la propiedad o el patrimonio, delitos hasta ahora considerados de poca importancia económica, en muchos casos - en otros sí la tienen -, pero que generan grandes trastornos y sensaciones de profunda vulnerabilidad e inseguridad a sus víctimas. Se ha recuperado el límite de 400 euros para delimitar delitos menos graves y delitos leves, lo que aporta seguridad jurídica y precisión a la hora de incoar los procedimientos, y las condenas por delitos leves generarán antecedentes penales, algo que no sucedía con las faltas, y por tanto quedarán registrados. En el tipo penal del hurto, artículo 234, se incorpora como supuesto agravado la inutilización de dispositivos de alarma o seguridad y se da repuesta proporcionada, por la gravedad del hecho, a la preocupación que generan hurtos o robos cometidos en explotaciones agrícolas o ganaderas o perpetrados por organizaciones o grupos criminales dedicados a la comisión de delitos de esta naturaleza; a los culpables integrados en ellas se les aplicará una agravante específica prevista tanto para los hurtos como para el robo con fuerza en las cosas. También se ha ampliado el tipo agravado del artículo 242.2, de robo con violencia o intimidación cometido en casa habitada, a delitos cometidos en edificio o local abiertos al público. Se da así respuesta también a una demanda social evidente, especialmente clara en el caso de los comerciantes y de los 1,5 millones de trabajadores del sector comercial. En cuanto a la agravante de multirreincidencia, se incorpora a las modalidades agravadas del tipo de estafa, en el artículo 250, aplicables también a delitos de administración desleal y de apropiación indebida, del mismo modo que se hace para el hurto en el artículo 285.7. No hace falta que recalque, señorías, la trascendencia social de ganar en eficacia en la lucha penal frente a la multirreincidencia en este tipo de delitos. En relación con la especial protección de las personas, se incorporan nuevos tipos penales para perseguir las conductas contra la libertad, la dignidad y el respeto a las mujeres: tipos de matrimonio forzado, agravado en caso de menores; acecho u hostigamiento, configurado como delito contra la libertad; divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes e inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar penas o medidas cautelares y de seguridad. El nuevo texto del artículo 187 facilita la persecución de quienes se lucren explotando la prostitución de otra persona al enumerar supuestos en los que tal explotación se entenderá existente en todo caso, pero sin excluir residencia de explotación en supuestos distintos a los enunciados. Del mismo modo que se hizo con los tipos de los delitos de incitación al odio o a la violencia, que fueron reforzados para combatir y prevenir comportamientos racistas o xenófobos protegiendo a extranjeros y minorías, la discriminación por razón de género ha sido incorporada en los artículos 511 y 512, es decir, a las discriminaciones cometidas por funcionarios, profesionales o empresarios en el desempeño de su actividad. Creemos que este es un elemento importante en la lucha contra todo tipo de discriminación y, en particular, en la prevención de acciones discriminatorias que no estarían comprendidas en la referencia al sexo como fundamento de las mismas. Como antes he dicho, los menores también estarán mejor protegidos tras la reforma. Se tipifican los contactos a través de Internet para cometer delitos sexuales o mostrar material pornográfico y se prevé la retirada o bloqueo de páginas con estos contenidos o que utilicen a personas con discapacidad. Por último, en este apartado de protección de personas, tras el trámite en el Senado, en el artículo 550 se considerarán actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellos; y los condenados al amparo del artículo 607 por delitos de genocidio tampoco podrán llevar a cabo actividades relacionadas con el ámbito docente, como ya estaba previsto para los delitos de terrorismo y contra la libertad sexual. En la lucha contra la corrupción, debo recalcar que el conjunto de la reforma hará posible dar respuesta penal a los corruptos en los términos que demanda la sociedad; es decir, viendo el ingreso en prisión de los corruptos para el cumplimiento de sus penas, alejándolos de la política y de la Administración con penas de inhabilitación especial y logrando la devolución de lo ilegítimamente adquirido. Se trata de proteger a la sociedad de forma contundente frente a este fenómeno criminal; y también frente a la crítica de quienes no hicieron anda - y ustedes no hicieron nada - y ahora dicen que lo que se hace es insuficiente. Ustedes, cuando tuvieron ocasión, no hicieron nada en esta materia. [[Aplausos.-Un señor diputado: ¡Eso díselo al PP!-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben]]
Un momento, señor Barreda. Cuando ha intervenido la señora Aguilar ha habido silencio en todas las bancadas. Ruego el mismo silencio a la bancada socialista, por favor.
Gracias, presidente. En materia de lucha contra la corrupción, se han incrementado las penas y reforzado los tipos penales. Se produce un aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como ocurre en los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionarios públicos, en fraudes y sanciones ilegales y otros. En los delitos más graves, ahora se añade la imposición adicional - no alternativa, sino adicional - de otra pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Es decir, se impide que el condenado por el delito de corrupción pueda optar a un cargo público por elección. Así se ha hecho en el delito de cohecho, en la prevaricación de funcionario público o en el tráfico de influencias. Y se ha incorporado el delito de financiación ilegal de partidos que hasta ahora no existía. Ustedes sabrán por qué no lo incorporaron nunca. Hasta ahora no existía. Se mantiene, señores del PSOE, pese a su oposición a esto como a todo lo anterior, la responsabilidad penal de los partidos políticos. Falta que expliquen por qué se oponen a esa responsabilidad. [[Rumores]] El trámite en el Senado ha permitido incorporar los delitos de pago de sobornos entre los delitos de corrupción en los negocios. Se trata de tipificar las conductas de quienes abonen sobornos para obtener ventajas competitivas, tanto en el sector privado como mediante la corrupción de un agente público extranjero y tanto en beneficio propio como de terceros. Por último, en relación con el decomiso, instrumento clave para ese objetivo último de recuperar lo que los corruptos obtienen ilícitamente, se han incorporado dos nuevos artículos previstos en su momento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se recuperan por su carácter sustantivo para el Código Penal. Son los artículos que regulan el decomiso de los bienes, efectos y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado a partir de indicios relevantes y de determinadas presunciones. Todo ello, reitero, para lograr la recuperación de lo ilícitamente obtenido por los corruptos. No quiero terminar sin mencionar el apartado de la reforma que afronta nuevos tipos de delincuencia. En el Senado se ha mejorado la precisión de los tipos y la seguridad jurídica de los delitos contra la propiedad intelectual, lo mismo que supone para los delitos contra la salud pública la incorporación de la referencia al riesgo para la vida o la salud de las personas. Se ha tipificado el furtivismo de especies marisqueras-pesqueras en el artículo 335, y en otras materias, como lo relativo al abandono y maltrato animal, se tipifican nuevas conductas y se agravan las penas, se da nuevo tratamiento también a los incendios forestales para incrementar penas e introducir tipos agravados en respuesta a las conductas que más riesgo, daño o alarma social producen. Termino, señorías. Para todo ello, para esta reforma, pensando en las personas, pensando en los ciudadanos, reiteramos hoy la petición de respaldo a la Cámara. Sigue siendo incomprensible la oposición, en particular del PSOE, a una reforma que da respuesta a un extenso elenco de demandas sociales y que refuerza la capacidad de la justicia para hacer frente a nuevas formas de delincuencia. Tras año y medio de tramitación, ustedes siguen en la caricatura, la descalificación y el no porque no. Nosotros respaldaremos hoy una reforma al servicio de los ciudadanos que dé respuesta a lo que la sociedad española demanda de sus representantes políticos y de la justicia penal. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Barreda. Señor ministro de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo simplemente para hacer una consideración en torno al trabajo que se ha desarrollado en esta Cámara y en el Senado con relación al proyecto de ley de reforma del Código Penal. Como se ha puesto de manifiesto en el debate, buena parte de los contenidos de este proyecto tienen un impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la vida económica, en la defensa de los derechos. Por eso quiero agradecer a las asociaciones representativas de víctimas de delito, de víctimas del terrorismo, de defensa de la propiedad intelectual, de defensa de la naturaleza, del medio ambiente, de los creadores y de las actividades comerciales y la distribución el apoyo que nos han dado a todos para que esta reforma se adecue a las verdaderas demandas de la sociedad española. También quiero expresar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios, pues se han aprobado cuatrocientas enmiendas entre el trámite de Congreso y Senado, lo cual pone de manifiesto el intensísimo trabajo que se ha desarrollado; y también a los servicios de la Cámara, a los letrados y servicios técnicos, por el magnífico trabajo desarrollado. En última instancia, quiero poner de manifiesto lo que yo creo que es un sentimiento general. Contamos, a partir de la aprobación del Código Penal en esta Cámara, con un mejor instrumento para la defensa de los derechos y las libertades de la sociedad y de los ciudadanos, una adecuación a la respuesta contra nuevas formas delictivas para proteger mejor a los más necesitados, a los menores, a las víctimas de violencia de género, a los discapacitados, a todos aquellos que necesitan el mayor fortalecimiento del Estado de derecho. Por lo tanto, yo creo que hoy es un buen día para nuestro Estado de derecho y para nuestra democracia. Muchas gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro de Justicia. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. [[Número de expediente 121/000105]]
Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En primer lugar, por el Grupo Mixto, del que habrá varios intervinientes, tiene la palabra la señora Barkos.
Gracias, presidente. Efectivamente, nos devuelve la Cámara Alta este proyecto de ley que en nada, por cierto, y en este paso ha variado en lo sustancial. El grueso de los grupos de esta Cámara, Geroa Bai entre ellos, mantiene la misma posición que el pasado mes de octubre, cuando todos los grupos de la oposición presentamos enmiendas de devolución. Es cierto que aquel día no prosperó la devolución; era evidente, como lo es hoy que van a sacar adelante la ley. Pero hoy como entonces me gustaría dejar en el «Diario de Sesiones» la reflexión de que desde luego no asiste al grupo mayoritario, al Grupo Parlamentario Popular, la fuerza de la razón; sí, más bien, la fuerza de la mayoría absoluta que hoy convierten en mayoría absolutista. Quiero recordar que con esta aprobación de ley orgánica amplían el poder policial sin establecer mecanismos de control o supervisión. Constriñen el ejercicio de libertad de reunión pacífica, expresión e información, criminalizan el derecho legítimo a la manifestación. Han conseguido ser con esta ley no sé si el asombro del mundo pero sí desde luego el de todas aquellas organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Todas ellas nos piden, pero evidentemente por lo anteriormente señalado, que votemos que no, que es lo que vamos a hacer como Geroa Bai en el procedimiento de votación de ley orgánica. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Barkos. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, una ley de seguridad ciudadana debiera servir para proteger al ciudadano, al que quiere manifestarse, al que quiere ejercer su libertad de expresión, al que padece cualquier tipo de abuso, también un abuso policial. Una ley de seguridad ciudadana no debería servir para intimidarle, para impedir la protesta legítima contra los abusos o la corrupción. Una ley de seguridad ciudadana debería servir para proteger los derechos fundamentales de las personas: derecho de reunión pacífica, de expresión. Una ley de seguridad ciudadana no debería servir para recortar justamente esos derechos. Una ley de seguridad ciudadana debería servir para que los ciudadanos nos sintiéramos libres y seguros. Una ley de seguridad ciudadana no debería servir para sepultar la libertad bajo toneladas de coacciones, de prohibiciones, de multas, de castigo, de represión, en fin. Esta es una ley innecesaria e injusta, pero es sobre todo una ley inútil y breve, porque, aunque ustedes quieran vaciar las calles, silenciar la protesta, domesticar las manifestaciones, llegan tarde. Los gritos, la protesta, las manifestaciones han mutado, han cambiado de aspecto. Ahora son silenciosos, sutiles, implacables. Lo vimos el domingo pasado. Los gritos de indignación, la protesta legítima, las manifestaciones cargadas de razón han adoptado una forma sencilla, aparentemente inofensiva, pero letal. Con esta arma tan simple, un sobre y una papeleta, sepultaremos esta ley perversa y, con ella, su despótica mayoría absoluta, que hoy la hará posible. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Señora Pérez Fernández.
Gracias, presidente. Señorías, la ideología más reaccionaria y represora, la consagración de una democracia meramente formal y la vulneración de gran parte de los derechos y libertades ciudadanas más fundamentales adquieren hoy rango de ley en esta Cámara. Con la aprobación hoy mismo de la modificación del Código Penal por partida doble, la de Seguridad Ciudadana y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en trámite, se nos encamina definitivamente a un Estado policial donde el objetivo es silenciar y amordazar cualquier atisbo de crítica, denuncia, protesta o movilización social. De una sola embestida, que diría el ministro Wert, dan ustedes un paso de gigante para situarnos cada vez más lejos de los países más avanzados democráticamente y nos retrotraen con premeditación a tiempos en los que la población vivía permanentemente en estado de vigilancia y control. Esta, señorías, no es una opinión aislada del Bloque Nacionalista Galego. Además de la mayoría de los grupos de esta Cámara que ya nos hemos comprometido a derogarla en cuanto cambie la situación política, los pronunciamientos en contra de esta ley van desde todo tipo de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos hasta organismos internacionales como el Consejo de Europa y más recientemente la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que a través de cinco relatores especiales alerta de que supone una amenaza para los derechos y libertades de las personas. La política económica y social, o mejor dicho antisocial, que ha practicado sin escrúpulos este Gobierno y que ha supuesto el empobrecimiento y la exclusión social de millones de personas que además siguen soportando recortes brutales en aras a la contención del déficit, nos ha traído hasta aquí. La responsabilidad de esta situación es del Gobierno y lo que han hecho los ciudadanos ha sido reflejar su malestar y su rechazo a esas políticas austericidas por medio de la protesta social, por cierto, en la inmensa mayoría de las veces de forma pacífica y sin incidentes destacables. El Gobierno responde aumentando desproporcionadamente la potestad punitiva y sancionadora, ampliando las facultades de las Fuerzas de Seguridad y la discrecionalidad policial que solo generará mayor arbitrariedad e indefensión de los ciudadanos. Señorías, hemos hablado - termino, presidente - durante meses de esta ley y el Partido Popular prepotentemente no ha dado ni un paso atrás, tampoco en el Senado. Hoy finaliza el trámite para su aprobación, pero con ella…
Señora Pérez, tiene que terminar.
Termino. Pero con ella no termina la protesta ni la movilización ciudadana. Con ley o sin ella, a los ciudadanos les sigue acompañando la indignación, la razón y el sentido común, y eso, señorías, no lo pueden legislar ni ustedes ni nadie. Se lo digo más claro: Non nos calarán! Gracias presidente.
Gracias, señora Pérez. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, Salvador Allende y Víctor Jara pasaron a la historia como dos de las primeras víctimas mortales del neoliberalismo y desde entonces el neoliberalismo ha necesitado violencia y represión para imponerse. De hecho, hoy aquí se aprueban tres herramientas necesarias para el Gobierno español, a fin y efecto de dotar al Estado de los instrumentos represivos necesarios como son la ley mordaza, que ahora debatimos, el Código Penal y las nuevas medidas antiterroristas. El Gobierno sabe que cuando se niegan derechos y libertades a la ciudadanía y cuando se desguaza el Estado de bienestar, la sociedad se indigna, protesta y se revuelve y entonces es cuando se requiere retorcer el Estado democrático, limitando la libertad de expresión y la libertad de manifestación e institucionalizando el Estado policial. De hecho, con esta ley se va a dotar a la policía de poderes arbitrarios, limitando el Estado democrático, el Estado de derecho. Por ejemplo, dentro de esta perversa lógica neoliberal, en lugar de aprobar la dación en pago, lo que ocurre es que se legaliza la represión para aquellos que intentan impedir los desahucios y se criminaliza a las personas mientras se permite que los buitres especuladores continúen enriqueciéndose. De hecho, el Partido Popular no incumple su programa, ni tan solo traiciona su ideología. Esto hay que reconocerlo, porque solamente reconociéndolo sabremos el alcance de la magnitud de la tragedia. Ellos cumplen a pie juntillas con la biblia neoliberal, desplegando hoy aquí también leyes económicas, judiciales y represivas que forman parte de una misma lógica neoliberal. Pero no nos engañan, es una nueva estrategia del totalitarismo de siempre, del fascismo de siempre. Gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Señor Errekondo.
En Euskal Herria llevamos ya muchos años sufriendo las políticas represoras de los sucesivos Gobiernos españoles, y es que ahora el Gobierno ha decidido extenderlo al resto del Estado. Al Gobierno le molesta que la ciudadanía se manifieste, que la ciudadanía proteste y exprese cómo se siente después de haber sido despojada de sus derechos más básicos como el de la vivienda, como el de sanidad, como el de educación, como el de dependencia o como el de los servicios sociales, pero también por las reivindicaciones de sus derechos nacionales. Si actualmente este Gobierno se atreve a reventar y a atacar a porrazos manifestaciones pacíficas por la dignidad, por los derechos humanos, ¿a qué no se va a atrever después de aprobar esta reforma? Sepan las señorías del Partido Popular que no hay porrazo alguno que pueda con la dignidad de la gente. El Gobierno está inmerso en una espiral represora que parece no tener fin con medidas como esta reforma de la Ley de la Seguridad Ciudadana, del Código Penal o de la ley antiyihadista, y ha construido por tanto este entramado jurídico con el objetivo de expandir el miedo y amordazar a los ciudadanos con tal de preservar su modelo ultraliberal. Pero esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen también los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que declararon hace un mes con rotundidad - y lo digo literalmente - que las reformas de la Ley de la Seguridad Ciudadana, del Código Penal y antiyihadismo amenazan con violar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y además denuncian también - coincidiendo con la valoración de la mayoría de la sociedad - que esto probablemente es una respuesta a las numerosas manifestaciones que se están llevando a cabo. Por otro lado al Gobierno de la ultraderecha, al Partido Popular, le molesta que la ciudadanía conozca la verdad y conozca la realidad y por ello pretende violar los derechos fundamentales, además de los de manifestación y los de reunión, también los de opinión y los de expresión. Para ello aplican la conocida proclama de: La calle es mía y aquí mando yo. Además la aplican en tres plazos: criminalizar a los ciudadanos más comprometidos para expandir el miedo paralizante, ahogándolos en un mar de multas y finalmente amordazándolos para acallar la voz de la protesta de la gente. Y todo ello para que el Gobierno del Partido Popular pueda contar el relato a su modo, a su manera, tras una pantalla de plasma o disfrazado de Cáritas. Por ello han empezado ya a ejercer también esa represión contra los periodistas y los medios, algo que nosotros ya sufrimos hace muchos años en Euskal Herria con Egin, Egin Irratia, Egunkaria, etcétera, que tras padecer diez años de calvario, tortura y encarcelaciones finalmente fueron absueltos. En conclusión, aquí lo que hay es un Estado de derecho que se conforma con un Estado policial y que ante cualquier tipo de disidencia social o política su única respuesta es represión y más represión. Pero aquí no se equivoquen porque el Partido Popular está solo, está solo porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene los días contados y todos sabemos aquí que la totalidad de los partidos políticos de la oposición se han comprometido a derogarla a la primera oportunidad. Esperemos que así sea, por cierto. Ya acabando, señor Fernández Díaz, saque a su policía de las calles de Euskal Herria y de todas las calles del resto del Estado porque lo que tenemos claro es que solo desde una Euskal Herria soberana construiremos una sociedad de personas con plenos derechos civiles y políticos.
Muchas gracias, señor Errekondo. Por el Grupo Vasco [[PNV]] tiene la palabra el señor Olabarría.
Desde el escaño, no por falta de relevancia de la norma sino por falta de movilidad del diputado que les habla, quiero comentar, señor ministro, que esta ley empezó mal su tramitación. Conocimos dos teletipos o dos declaraciones particularmente desafortunadas realizadas por usted, una donde nos tildaba de ignorantes a todos los que manteníamos posiciones críticas con el contenido material de la norma y su fundamentación ontológica. Voy a dar menos relevancia a esta reflexión por su parte, puede ser que usted tenga el patrimonio de la verdad y que los demás, efectivamente, seamos unos ignorantes, estemos equivocados o no terminemos de ver la pertinencia de las medidas que aquí se articulan. La otra declaración, que desafortunadamente se ha consagrado en el Senado, es que al final lo que el Código Penal considera un delito - no sabemos en este momento qué ha pasado con el Código Penal dada la confusión que antes hemos glosado sobre la tramitación mediante noventa autoenmiendas que su grupo ha presentado al proyecto de Código Penal que ha salido de esta Cámara -, que es la deportación ilegal de extranjeros, ustedes lo legalicen no en el propio Código Penal sino en una ley diferente, en la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, donde, mediante una redacción un tanto perifrástica pero perfectamente comprensible, están legalizando lo que se denomina devolución en caliente. Cuando están legalizando la devolución en caliente, señor ministro, están acometiendo varias operaciones jurídicamente inadecuadas, inaceptables. Están contraviniendo el Convenio de Viena en relación con la facultad o el derecho que asiste a los que pueden ostentar la condición de refugiado, de perseguido político o asilado, la posibilidad de reivindicar en el momento de la penetración en el Estado español, penetración en el Estado español que no se entiende muy bien porque usted consagró un concepto metajurídico que nos llena de perturbación a todos, cual es el de la elasticidad de las fronteras. Es una expresión que usted utilizó en la Comisión en una de sus comparecencias. Sí, usted - se lo puedo reproducir porque tengo aquí el «Diario de Sesiones»- habló de la elasticidad de las fronteras. ¿Las de Ceuta y Melilla son elásticas? ¿Las de las demás naciones que configuran el Estado español, un Estado plurinacional, son elásticas también? Esto serviría para acometer otro tipo de debates que no son pertinentes en este momento. Al margen de esta circunstancia, se legaliza lo que constituye un delito penal en el Código Penal actualmente vigente, que es la deportación ilegal mediante la posibilidad de legalizar o de regularizar lo que se denomina devolución en caliente. Luego, se empezó mal en este ámbito, señor ministro, pero se continuó peor. Aquí se acometen tres operaciones que son constitucionalmente dudosas. No sé si esta ley va a ser objeto de la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad, pero casi con toda seguridad le puedo adelantar que sí. En primer lugar, la dimensión que se otorga al concepto de seguridad ciudadana, que se identifica con el concepto anacrónico de orden público. Yo no voy a utilizar la expresión orden público franquista como algunos diputados o portavoces han hecho pero podríamos estar hablando de un concepto similar al orden público franquista. La Constitución española, señor ministro, señor Conrado, se refiere a la seguridad ciudadana de forma instrumental en dos preceptos: en el artículo 16 y en el artículo 104. El artículo 104 no consagra derechos fundamentales, el 16 sí, pero en el 16 se explicita que la seguridad ciudadana es algo instrumental y vinculado al ejercicio de otros derechos fundamentales. En tanto en cuanto este proyecto de ley eleva el rango de la seguridad ciudadana al carácter de un derecho ontológicamente superior a los demás derechos fundamentales, desde ese momento se puede limitar de forma absolutamente discrecional por la autoridad gubernativa el ejercicio de cualquiera de los derechos comprendidos entre los artículos 14 a 29 de la Constitución, que son los que consagran derechos fundamentales. Mire si es profunda la perversión constitucional que se acomete con este proyecto: se eleva al rango ontológico y jurídico la seguridad ciudadana o el orden público hasta el punto de que sea un elemento condicionante del ejercicio de todos los derechos fundamentales, que son particularmente el de manifestación, el de libertad de expresión y participación libre en los asuntos públicos. La segunda perversión que no se ha corregido, señor ministro, sino que se ha empeorado en el Senado - yo no sé por qué el Senado tiene la propensión a empeorar los textos que emanan de esta Cámara -, la segunda operación que se acomete, decía, es el apoderamiento del espacio público. Apoderamiento del espacio público en tanto en cuanto el espacio público ya no es un espacio, como constitucionalmente está configurado, de interacción entre los ciudadanos desde una perspectiva de la tolerancia y el respeto entre sí, sino que el espacio público es un espacio en el cual los ciudadanos solo pueden hacer lo que la ley les permite realizar. Esa limitación del carácter de espacio público limitado o encorsetado por los requerimientos legales también es un elemento limitativo del ejercicio de los derechos fundamentales previstos en la propia Constitución española artículos 14 a 29. El espacio público ya no es un espacio de interacción, no es un espacio de relación, no es un espacio de los ciudadanos, es un espacio de las leyes donde solo se puede hacer aquello que las leyes permiten. En tercer lugar, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en tanto en cuanto se excluyen las faltas del Código Penal, privando a los justiciables, privando a los ciudadanos - le agradezco, señor ministro, que ilustre tanto al señor Conrado pero le puedo asegurar que el señor Conrado es un jurista muy fino que no necesita de particular ilustración en esta materia - de las garantías del proceso penal, proceso mucho más garantista que el proceso contencioso-administrativo. No me diga usted que no porque en este momento el 40 % de las faltas se convierten en delitos que pueden llegar a ser hasta delitos menos graves, no solo delitos menores. El 60 % de las faltas se van a convertir en infracciones administrativas cuya tramitación para quien quiera impugnarlas o quien considere que no ha incurrido en este tipo de injusto administrativo en este caso, tendrá que recurrir a un procedimiento administrativo donde hay que agotar la vía administrativa a través de los recursos de alzada o de revisión correspondientes y acudir a una jurisdicción menos garantista que la penal pero que además está sujeta a tasas judiciales como es la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde esa perspectiva nos encontramos también con un problema de relativización o limitación del derecho a la tutela judicial efectiva. No me queda tiempo para hablar de las conductas que se tipifican como infracciones administrativas que hacen referencia al derecho de manifestación fundamentalmente. Por ejemplo, cosas tan curiosas como manifestarse ocultando los aspectos físicos del manifestante, cosa que no está en la ley orgánica que prevé el derecho de manifestación y de reunión y otras múltiples limitaciones que podríamos ir glosando que acreditan las tres perversiones constitucionales que le he comentado. ¿En qué contexto se aprueba esta norma, señor ministro? En un contexto en donde la movilización ciudadana contra las normas que establecen reformas estructurales, aprovechando una calificación eufemística que ustedes suelen utilizar, están provocando, dados los recortes de los derechos, las privatizaciones y las limitaciones del sistema de libertades públicas y derechos fundamentales, movimientos de movilización social que a través de esta ley se pretenden limitar o se pretenden, por lo menos, controlar. Desde esa perspectiva, siendo este el fundamento filosófico de una ley de estas características, me quedo hasta con la anterior, con la del año 1992. No era una buena ley, ya fue calificada como la ley de la patada en la puerta, y tenía aspectos que fueron declarados parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero para reformar esta ley no podemos hacerla más lesiva del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas previstos en la Constitución. Además, es una ley contradictoria con convenios internacionales ratificados por el Estado español como el Convenio de Viena o como el Cuarto protocolo de la Carta Europea de Derechos Humanos en relación con los extranjeros. Lo que se está haciendo con los extranjeros en este momento es manifiestamente contradictorio con todos los tratados internacionales suscritos por el Estado español, señor ministro, y usted lo debería saber. Se está legalizando la devolución en caliente, se está legalizando en sus propios términos. Pero lo que se está haciendo también no solo con los extranjeros, sino con los ciudadanos españoles, es una limitación en donde, en virtud de actuaciones manifiestamente discrecionales, la Administración que tutela el orden público o la seguridad ciudadana, llámelo como quiera, puede limitar el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Desde luego para este recorrido, señor ministro, no hacía falta ningún tipo de reforma de la actividad sancionadora o la actividad punitiva de la Administración. ¿Qué es lo único que ha quedado razonablemente aceptable o bien en este proyecto de ley? Es el respeto a los títulos competenciales que corresponden a determinadas comunidades autónomas que tienen competencias integrales en materia de seguridad ciudadana y tienen policías integrales. Acabo, señor presidente. Aquí sí que ha habido parlamentarismo y ha habido posibilidades de consenso y se mantienen y se respetan las competencias de los Mossos dEsquadra, de la Ertzaintza y de las respectivas consejerías o departamentos de interior. No deberíamos pedir esto a cambio de nada. Esto debería ser un requerimiento de constitucionalidad y debería ser aceptado sin ninguna transacción a cambio. Esto se ha respetado. De lo demás, señor ministro, no han hecho una buena ley y no solo no han hecho una buena ley, sino que se ha empeorado en el Senado con la consagración de algunas de las perversiones que le he comentado. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Por fortuna no tengo problema de movilidad como el señor Olabarría, pero mi intervención va a ser breve y la haré desde el escaño. Señor ministro, le he oído a usted en esta Cámara presumir de que España no tiene problemas de seguridad pública notables y es algo que, por cierto, es meritorio en una sociedad que ha estado sometida a una crisis muy larga, muy profunda y en algunos segmentos sociales realmente brutal. Sin embargo, es verdad que la gente se ha comportado con un civismo que ojalá lo hubieran tenido en muchas ocasiones los que dirigen las instituciones. Ustedes traen aquí esta ley - es una cosa que nos hemos planteado otros portavoces de mi grupo - y si no tenemos problemas de seguridad ciudadana, si tenemos una criminalidad por debajo de la de otros países de nuestro en torno en mejor situación que nosotros, ¿para qué hace falta esta ley? ¿Es miedo a la ciudadanía? ¿Es una ley preventiva? ¿Es una ley previsora por si acaso esto se nos va de las manos? Porque esta ley pone en solfa libertades fundamentales. [[La señora]] No es ninguna broma lo que estamos hablando. También lo ha dicho el señor Olabarría - me uno a su reflexión - cuando hablaba de lo que ocurre, por ejemplo, con la devolución en caliente de extranjeros y ese tipo de cosas que aquí se intentan consagrar, por cierto con incumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por España hace muchos años. Más allá de eso, es que las propias enmiendas que se han aprobado en el Senado reconocen que esta ley incluye ataques a las libertades públicas y que, por tanto, hay que aplicarla de una manera - dicen, entre comillas - prudente. Se ha incorporado un nuevo párrafo al artículo 4.1 que dice lo siguiente: En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho a la huelga. Vamos a ver, ¿acaso es propio de un Estado de derecho, de una democracia, hacer una ley que la propia ley prevé que se tiene que aplicar de un modo favorable, porque nada menos que están poniendo en solfa los derechos de reunión, manifestación, expresión, información, libertad sindical y derecho a la huelga? Para decirlo brevemente, porque es un favor que le haríamos a alguien que nos esté escuchando, es que esta no es una ley democrática, es una ley autoritaria, es una ley que hubiera sido propia de un Estado en transición, con una semidemocracia, una dictablanda o como lo quieran llamar. No es una ley democrática y este es su principal problema, y esto es lo que hace absolutamente imposible apoyarla, no que haya cuestiones concretas, de detalle, que no compartamos. No es extraño que se la haya conocido popularmente como ley mordaza, porque es lo que es. En fin, será una ley, como la reforma del Código Penal con la que está relacionada, que crea inseguridad jurídica y durará lo que dure su mayoría absoluta, pero desde luego los esfuerzos que hacen ustedes para convertir esta democracia defectuosa en una oligarquía eficiente realmente dan miedo. Muchas gracias.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.
Gracias, señora presidenta. Señorías, culmina hoy la tramitación parlamentaria con la vuelta desde el Senado de una ley que sobre todo tiene una característica y es que es absolutamente innecesaria. No era necesario tramitar esta legislación. Tampoco es una ley querida por la población. Hay encuestas en las cuales la mayoría de la población deja negro sobre blanco, clarísimo, que no es una de las preocupaciones fundamentales. Los propios datos del ministerio en cuanto al número de manifestaciones y las poquísimas de ellas que terminan con incidentes también ponen de manifiesto que es una ley absolutamente innecesaria. De hecho, la tramitación de esta ley empieza en un momento dado de la legislatura en el cual la movilización ciudadana casi cerca el Parlamento, pero quien cercó el Parlamento fue el propio Ministerio del Interior con las vallas que colocó en su exterior. La situación ha evolucionado a lo largo de mucho tiempo y hoy en día la movilización ciudadana ha bajado muchísimo su intensidad, seguramente porque todos somos conscientes de que al final la verdadera fuerza y el verdadero poder está en las urnas, urnas que ya han dado un potente varapalo al Partido Popular, que se va a quedar solo hoy también en esta Cámara al defender esta ley. [[Rumores]] Sí, se va a quedar solo el Partido Popular. Es una fotografía la que se hace en solitario el Partido Popular defendiendo esta ley que se tendría que haber quedado perfectamente en el cajón, puesto que esa tremenda alarma con la que contemplaban el Gobierno y los poderes económicos la movilización ciudadana que se producía al principio de la legislatura se ha reconducido hacia aguas más tranquilas. No obstante, señor ministro, no piense usted que con la tramitación de esta ley va a terminar con la protesta social. La protesta va a continuar, aunque sea de formas mucho más imaginativas. Mire, a la plataforma No somos delitos se le ha ocurrido hacer incluso una campaña con hologramas para continuar la movilización. [[Muestra un cartel]] La movilización, señor ministro, continuará y la protesta continuará, quiera usted o no quiera, aunque el Gobierno apruebe hoy esta ley en el Congreso. Por nuestra parte mantenemos vivo con todos los grupos de la Cámara, excepto el Grupo Popular, nuestro compromiso de derogación de la ley en cuanto cambie, más pronto que tarde, la correlación de fuerzas en esta Cámara. En tanto en cuanto la ciudadanía nos dé fuerzas para estar en esta Cámara, nuestro voto estará a disposición de derogar esta ley. Discutimos hoy las enmiendas que vienen del Senado, algunas de ellas - ya lo comentaba el señor Martínez Gorriarán, que hablaba de la enmienda número 4- le dan el carácter definitivo a esta ley haciendo que la interpretación tenga que ser lo más favorable a la plena efectividad de derechos fundamentales. Si esa modificación la introduce el Senado es porque hay interpretaciones perversas en contra de los derechos y las libertades fundamentales. Introduce una enmienda al artículo 7, sobre el deber de colaboración personal de la policía administrativa, es decir, endurece el carácter de la ley. Introduce otra enmienda al artículo 15, eliminando la necesidad de autorización por parte de la autoridad para entrar en edificios y organismos públicos, un curioso endurecimiento del carácter de la ley. En el artículo 25 se hace una ampliación a los medios de transporte de las obligaciones derivadas de la ley. Y en los artículos que establecen las faltas muy graves, graves y leves se realizan una serie de correcciones técnicas que en ningún caso favorecen una interpretación más ligera de la ley, sino todo lo contrario. Prácticamente, solo introducen una enmienda favorable a la interpretación de la ley en la prescripción de las infracciones, que se recortan algo. Es el único elemento de no endurecimiento de esta ley. Incluso tienen que modificar la entrada en vigor porque, dada la accidentalidad con la que se ha tramitado la ley, finalmente se elimina la parte que excluye la entrada en vigor de algunos artículos y van a hacer que la ley entre en vigor para la mayoría de preceptos el 1 de julio y para uno, en el que me voy a detener, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Luego está la enmienda estrella, señor ministro, de este proyecto de ley, que es la disposición final primera: la aplicación de la excepcionalidad al régimen de Ceuta y Melilla, la legalización de las devoluciones en caliente, señor ministro, un auténtico esperpento en la tramitación legal. En primer lugar, porque el Gobierno, que es el promotor de esta modificación de la ley, no se atrevió a poner directamente la modificación en el proyecto de ley, sino que la trajo, a pesar de que el tema ya venía de largo y lo tenía previsto, a través de una enmienda del Grupo Popular el último día que se podían presentar enmiendas. Como el texto no era operativamente bueno, el propio Grupo Popular lo cambió en el proyecto que salió de esta Cámara para ir al Senado. Elaboraron otro texto con la presión incluso de muchas ONG, de organismos internacionales y hasta de la Iglesia católica y el Senado nos devuelve hoy otra vez una nueva redacción de esta enmienda para legalizar las devoluciones en caliente, devoluciones en caliente que tampoco son privativas y originarias de su Gobierno, sino que las han ejecutado también Gobiernos anteriores. Sin embargo, señor ministro, nada de todo lo que usted pretende solucionar con esa enmienda se resuelve con la redacción que viene del Senado; todo lo contrario. No entra en la cuestión de la ficción legal que supone su definición de operativo de frontera, la definición de frontera que aplican usted y las órdenes impartidas a la Guardia Civil. Las fronteras, señor ministro - se lo vuelvo a decir por enésima vez -, vienen reguladas en los tratados internacionales y en normas de obligado cumplimiento por el Estado español y no en las directrices y en las órdenes que se imparten a la Guardia Civil. Señor ministro, usted como Gobierno intenta legalizar en esta tramitación la burla completamente de los procedimientos establecidos en la Ley de Extranjería, procedimientos establecidos al amparo de la legislación internacional y de los tratados firmados con España. Es muy sencillo. Cuando se detecta a un extranjero en la línea fronteriza, se le tiene que someter a una serie de trámites a que obliga la ley y que esta enmienda no modifica. Se le tiene que trasladar a comisaría, se le tiene que identificar y luego se puede proceder a su devolución, pero en todo caso siempre la ley tiene que garantizar cuestiones fundamentales: la asistencia legal, el intérprete en su caso, el recurso ante una resolución que es contraria a sus intereses y en todo caso la tutela judicial. Pues bien, nada de todo esto exime a la Guardia Civil en esta redacción que se le da, sino todo lo contrario, introduce mayor confusión. Al final, deja usted todo en el conflicto entre la conciencia de la Guardia Civil, que tiene que cumplir con la normativa internacional - así se dice en esta enmienda -, y las órdenes que usted imparte desde su ministerio, y que son órdenes que contrarían el ordenamiento jurídico español y no van a encontrar cobertura en esta enmienda. Además, con la redacción que se le ha dado deja usted cuestiones sin resolver. ¿Qué va a pasar con los nadadores que no son detenidos en la línea fronteriza, que es lo que dice el texto de la ley? ¿O qué va a pasar con los inmigrantes que llegan hasta los peñones, hasta los islotes que son de soberanía nacional y que no forman parte de la línea? Ya han entrado en territorio nacional. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué decisiones van a tener que tomar los guardias civiles cuando se enfrenten a estas situaciones? Señor ministro, no soluciona usted nada con esta redacción de urgencia de última hora que le ha pretendido dar a la enmienda después de su paso por el Senado. En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a mantener su voto contrario, como no puede ser de otra forma y compartiéndolo con el resto de grupos parlamentarios, a este proyecto de ley. Una vez más vamos a hacer público nuestro compromiso total y absoluto de derogación de este proyecto de ley en cuanto la correlación de fuerzas en esta Cámara cambie, más pronto que tarde. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sixto. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Guillaumes.
Presidenta, señor ministro, señorías, poco hay que decir que no se haya dicho ya, porque ya ha salido prácticamente todo. Continúan ustedes en sus trece en cosas que ya les indicamos. Haré referencia a alguna que ya se ha dicho, a las que no se han dicho y a algunas que son de puro sentido común. Siguen ustedes sin interconectar las bases de datos internacionales con las policías integrales de las comunidades autónomas. El Estado español es el único Estado que - no sabemos por qué - tiene dos licencias de Interpol. Una podría usarse por los cuerpos estatales y otra por los cuerpos integrales autonómicos, pero ustedes insisten en mantener un modelo policial propio del siglo XX, por no decir del siglo XIX. Si una cosa marca la actuación de la delincuencia - sobre todo la organizada, pero toda - y el terrorismo es precisamente el uso de las nuevas tecnologías, pero ustedes mantienen aislada la información de la policía que está sobre el terreno con la que tiene actuaciones y contactos a nivel internacional. ¿Les parece lógico esto? A nosotros no. No han aceptado cosas de puro sentido común, como que la plastificación del documento nacional de identidad esté en Braille para que pueda ser inteligible para la población ciega. No les pusimos fecha límite ni condiciones para que fuera algo que algún día se hiciera, pero también dijeron que no. No entendemos el motivo. ¿Por qué esta cerrazón? Quizá sea una cerrazón ad hominem - en este caso, podríamos decir ad catalanos factiones - y simplemente se dice que no a enmiendas de sentido común quizá porque las presenta quien las presenta. Sanciones. Como ya se han mencionado, seré breve. Han mejorado algunas desorbitadas por actuaciones ligadas en el fondo a la libertad de expresión y de manifestación. Aún así consideramos que siguen siendo desproporcionadas. También decimos cosas desde el punto de vista de técnica policial. No somos solo garantistas, sino que también entendemos la necesidad de ejercer bien la seguridad. Por ejemplo, pedimos que se regulara el tema del rostro tapado en las manifestaciones. Cuando alguien va con un pasamontañas a una manifestación, señor ministro, piense mal. En este caso no hablamos de un tema garantista, sino de un tema de seguridad, e increíblemente ustedes continúan diciendo que no. No se entiende. Mención aparte merecen las devoluciones en caliente. Señor ministro, usted lo sabe mejor que yo. Una persona es sujeto de derechos, cuando entra en un país que se llama democracia: a pedir asilo político, derecho a recurso, atención, a un intérprete. Usted ha dicho - nos parece muy bien - que piensan montar ahí fuera una oficina para que la gente que quiera pedir asilo político, etcétera, lo pueda hacer. ¿Sabe qué pasa? Que esto no cambia absolutamente nada; la persona que entre en el territorio, con oficina o sin ella, continuará teniendo este derecho, que es el que ustedes les niegan. Al aceptar el curioso y ciertamente interesante concepto de frontera flexible ustedes reconocen que la línea de frontera está ya dentro del territorio español; dicho de otra manera, esta gente, incluso antes de llegar a las propias barreras, está en territorio español. No tiene sentido. No lo han dicho solo las ONG, ni grupos de defensa de los derechos humano sino la propia Iglesia católica: la democracia no es solo algo que se proclama, que se dice que se tiene, sino que se tiene que demostrar cada día con hechos, con actuaciones. Ustedes con este hecho, no reconociendo los derechos a unas personas como deberían de reconocérselos, como todo el mundo les está diciendo, no actúan en esta norma como una democracia. Nos gusta citarlo todo. Nos han aceptado una enmienda en el Senado y estamos agradecidos. Hace referencia a las competencias de las policías de puertos, aunque ustedes nos lo han hecho cambiar por policías administrativas, pero ya se entiende qué es - se lo agradecemos -; naturalmente esto no puede cambiar nuestra posición global, que casi por dignidad no puede ser otro que un voto en contra. En este sentido, así lo haremos. [[Termina su discurso pronunciando palabras en catalán]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Gracias, señora presidenta. Esta es la otra cara del debate que hemos tenido sobre el Código Penal, la cara administrativa. Aunque parezca paradójico, yo quería comenzar con un agradecimiento, casi con una felicitación al Gobierno y al Grupo Popular por su sinceridad, por su franqueza, por su frontalidad, porque efectivamente esta ley es exactamente lo que parece. No ha habido el más mínimo intento de disfrazarla o de disimular, es exactamente como la han percibido esas entidades ciudadanas a las que se referían mis compañeros que han intervenido, esas organizaciones de juristas, esas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos, porque a veces en las leyes para simplificar se crean caricaturas en la prensa o en la opinión pública. Pues bien, la ley parece calcada de la peor caricatura de las que se han hecho sobre una ley durante estos años. Si el señor ministro lo hubiera querido llamar ley mordaza nadie se habría extrañado absolutamente nada, porque estamos todos de acuerdo - soy el último en intervenir de la oposición -, todos tenemos la misma visión de la ley. No voy a insistir en un argumento que han reiterado mis compañeros, pero no existe ninguna razón objetiva para que el Gobierno impulse esta ley en este momento. No voy a citar al CIS - ha sido abundantemente señalado -, pero no hay una demanda ciudadana que requiera este tipo de ley, no hay lagunas en nuestra legislación que permitan que algunas de las prácticas que se definen como sanciones se escapen porque entran perfectamente en tipos existentes en el Código Penal; por tanto, lo que corresponde es preguntarse por qué y por qué ahora. ¿Por qué se reacciona ahora así? Porque esta es una ley reactiva, no es una ley preventiva. ¿Contra qué reacciona esta ley y por qué reacciona ahora? Como han dicho mis compañeros - lo diré con otras palabras -, reacciona contra un estado de opinión crítico, activamente critico, en contra de las políticas de recortes. Esta es la versión administrativa de la doctrina del shock. Trata de amedrentar para fijar las políticas de desmontaje del Estado del bienestar. Trata de neutralizar una respuesta ciudadana que ha sido - se ha dicho aquí y quiero insistir en ello - impecable. En un país en el que la clase media, la clase trabajadora, ha sufrido y está sufriendo lo que está sufriendo, debemos felicitarnos del altísimo grado de civismo de su respuesta ante las políticas del Gobierno y del tono de la protesta que ha recorrido esta sociedad. Por tanto, no ponga el foco, señor ministro, en esa ridícula minoría de violentos - ridícula en los dos sentidos, en el número y en su actitud -, porque esa es otra forma de deslegitimar las protestas. No cuela, porque todo el mundo sabe que las protestas en España han sido absolutamente pacíficas en su totalidad, y solo después de algunas manifestaciones es cuando se han producido incidentes, y además en muy pocas, como decía mi colega el señor Sixto. Por tanto, esta ley es un complemento lógico de las políticas de desmontaje del Estado social, de las que está haciendo bandera el Partido Popular en esta legislatura. Esto funciona muy engrasadamente: hay un recorte, hay una protesta, hay una neutralización de la protesta mediante las sanciones; hay nuevos recortes, hay una protesta más debilitada porque la gente tiene un temor lógico a que le pongan una multa disparatada, y así se va intentando desactivar la reacción ciudadana. Es la doctrina del shock, en su faceta administrativa. Las pruebas son fáciles de entender, señor ministro, porque son estadísticas oficiales. La señora Cifuentes multiplicó por nueve las multas en materia de reunión y manifestación entre 2011 y 2012, tras la entrada del Gobierno del Partido Popular. El resto de los delegados del Gobierno, como no tenían que hacer campaña de promoción personal como la señora Cifuentes, solo multiplicaron el número de sanciones por cinco. Fíjese que esto lo hicieron no con esta ley sino con las anteriores, de tal manera que ¿puede alguien imaginar lo que podría hacer el PP teniendo este misil tierra-tierra en las manos, con la concepción que tiene este Gobierno de las protestas? Por tanto, entiendo que esta máquina de masacrar pancarteros en la que se ha convertido la ley no les guste, porque tienen ustedes una concepción realmente extraña de lo que es la protesta ciudadana. Me gustaría decirle una cosa, señor ministro, para que se entienda la posición del Partido Popular. Cuando un ciudadano se levanta temprano en su casa, con los niños, con su familia, cuando se pone una camiseta verde o blanca o ninguna camiseta, cuando dobla una pancarta y se monta en un autobús en Puertollano o coge el metro de Vallecas para ir a protestar al centro de Madrid, todo el Estado tiene que ponerse al servicio de su derecho a gritar [[Aplausos]], nos guste o no nos guste lo que grite ese ciudadano. Todos los resortes del Estado, los de tráfico, los de sanidad, los de la policía, tienen que estar no en su contra, sino al servicio de esa persona que viene a gritar al centro de Madrid cosas que, a lo mejor, ni compartimos ni nos gustan. Esas enormes avenidas que hemos realizado durante tantos años para la democracia tienen que estar abiertas, expeditas, no solo para la gente que se manifiesta con obispos, señor ministro, sino también para manifestaciones sin bula y sin indulgencia plenaria, en esas en las que, sin obispos, el manifestante es un ciudadano sagrado y sus derechos son sagrados, y el Estado tiene que estar al servicio de ese derecho a protestar. Las bases ideológicas de la ley - se ha dicho - son desequilibrar el equilibrio libertad-seguridad; ustedes dan un manotazo a la balanza, se adscriben algo parecido - no quiero enfadar el profesor Olabarría - al concepto viejo de orden público, una especie de autorización genérica para terminar con las protestas, y crean elementos extraños, como esa idea de la tranquilidad ciudadana. El elemento preponderante aquí es el derecho, no la seguridad, ni mucho menos ese concepto extraño de la tranquilidad ciudadana. El elemento preponderante es el derecho, y al servicio de esos derechos debe estar la seguridad como un elemento puramente instrumental. El centro es el derecho fundamental a manifestarse o a reunirse. El centro no es la seguridad, sino un instrumento. Por tanto, la ideología que subyace en su ley es la del ciudadano obediente y sin protesta, un ciudadano que tiene la impresión de estar rodeado de una sociedad anárquica que le agrede absolutamente en cada circunstancia. Por eso se ha dicho, y se ha dicho también con el debate del Código Penal, que cada ambigüedad, cada generalidad, cada mala redacción en la ley al final es una puerta abierta a la arbitrariedad. ¿Usted cree, por ponerle un ejemplo, que es igual que juzgue el delegado del Gobierno que un juez cuándo se ha producido una falta de consideración con un policía? Pues claro que no, pero este tipo de norma, que trae al ámbito administrativo el castigo y la sanción, al final será interpretada por la misma Administración que está sufriendo la supuesta agresión. Esa ideología conservadora y temerosa, que ve como una especie de sociedad anárquica a su alrededor, se traduce en un sistema sancionador - no voy a insistir mucho - que tiene un eje esencial, quitar de en medio a los jueces. Ustedes dicen que con este sistema se castiga menos. No, no; con este sistema se castiga más, pero sobre todo se castiga con menos garantías. Parece que usted desearía tener un tribunal de orden público, y como no lo tiene dice: quito a los jueces del procedimiento y me traigo el derecho ciudadano al ámbito del ministerio. Esto significa que primero hay que recurrir, pagar un abogado y pagar las tasas judiciales si uno quiere ver su derecho protegido. Ustedes han hecho un batiburrillo de normas sancionadoras en las que se reflejan esos fantasmas, muy en la línea de la actualidad. Hay una cláusula top manta, una cláusula Greenpeace, una cláusula Femen, una cláusula okupa, una cláusula desahucio; jeringuillas, cundas, wikileaks, botellón. Decían en Comisión a sus compañeros - permítame la broma - que solo falta una cláusula pequeño Nicolás para tener completo el panorama de la actualidad de los últimos meses. [[Aplausos]] Quiero que usted y su grupo entiendan bien una cosa. ¿Quiere decir eso que nosotros consideramos que estas conductas no merecen sanción? No; algunas lo merecerán, pero tendrá que ser en vía penal con todas las garantías que debe tener un ciudadano, en vez de la manera en que se está haciendo. Hay una cierta hiperprotección de las fuerzas de seguridad. La ley dice que no se pueden tomar imágenes no solo de la Policía, tampoco de las autoridades; yo creo que la prensa debería reflexionar sobre estas circunstancias. Hay un riesgo de tener dos regímenes de intensidad en las sanciones según haya Policía integral o no la haya, y yo creo que eso puede crear dificultades en la aplicación. Vamos al Senado. Lo que viene del Senado es una prueba de su mala conciencia. No voy a insistir mucho porque ya ha explicado mi colega Sixto cómo nace esa extraña enmienda de la Ley de Extranjería, que evita el paso por el Consejo General del Poder Judicial. Usted tendrá que oír aquí lo que no quiso leer del Consejo General del Poder Judicial, aunque mande a casa a todos los inmigrantes, que es su manera de resolver este problema cuando se habla tema. Sabemos todos que ha habido un crecimiento exponencial de las personas que vienen de zonas de conflicto. El CETI de Melilla está al 80 % de personas que tienen origen sirio. La mitad de los sirios han pedido un estatuto de refugiados. Sabemos que hay un derecho incondicionado y asumido por España en los tratados internacionales para gestionar individualmente cada una de estas peticiones de refugio; además, al lado tenemos la presión - difícil de manejar, se lo reconocemos - de los inmigrantes por motivos económicos. Ustedes pretenden dotar de seguridad a las fuerzas de seguridad en el tratamiento de estas cuestiones. Estamos de acuerdo en que las fuerzas de seguridad tienen que tener elementos que les permita no estar pendientes, además de su difícil trabajo, de tener algún tipo de querella o demanda judicial. Ustedes crean un mecanismo, que es el que ustedes llaman rechazo en frontera pero que todos denominamos sencillamente devolución en caliente, que es un atajo y complica absolutamente la cuestión. Mire, esa figura, la llamemos como la llamemos usted y nosotros, no cabe en el derecho internacional. Como decía mi colega Sixto, esto es como el embarazo: se está embarazada o no se está embarazada. Lo que no se puede pretender es que se esté en España y se esté fuera de España; si se está dentro del territorio español hay que abrir un expediente individual, de expulsión o de asilo y refugio. La devolución en caliente o el rechazo en frontera es una simple vía, de hecho, sin procedimiento; con lo cual dejamos a las fuerzas de seguridad - es una de las cuestiones que más nos preocupa del Senado - al pie de los caballos con la redacción que se le ha dado.
Señor Sánchez Amor, acabó su tiempo.
Termino, señora presidenta. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio, pero ya le anuncio - lo han dicho otros compañeros - que será otra más de esas leyes que se ponen a la cola para su más inmediata derogación, porque la oposición está decidida a actuar en defensa de esa persona que se levanta temprano en Ciudad Rodrigo, que se pone una camiseta verde o blanca y que viene a Madrid a sentirse, sencillamente, ciudadano y no súbdito. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sánchez Amor. Por el Grupo Popular, señor Escobar.
Gracias, señora presidenta. El señor ministro del Interior nos acompaña en el importante debate de esta ley que traemos hoy aquí. En nombre del Grupo Popular quiero intervenir desde la certeza, desde la tranquilidad, señor Sánchez Amor, de que esta ley que hoy aprobamos es un avance para la convivencia. Supone el mejor compromiso con las libertades y con los derechos de todos los españoles, aparte de constituir un claro refuerzo de nuestra democracia. El Senado ha realizado además un buen trabajo que una vez más ha constituido el todos a una contra el Grupo Popular, también en el Senado. Desde la serenidad - no quiero perder ese tono - de la razón hemos comprobado cómo la izquierda, la oposición en conjunto, ha pasado del discurso de trinchera, del discurso de la camiseta, del discurso del holograma, como hemos visto aquí, al del simple agotamiento. Aquí no ha habido un argumento. La crítica a esta ley no se basa en razones, señorías, sino en sinrazones; se basa en etiquetas trasnochadas, en excusas ideológicas falsas. Quiero hacer una especial mención a los señores de Amaiur. Eran otros quienes reprimían, eran otros quienes amordazaban en las tierras españolas, eran otros quienes asesinaban. Esa es la verdadera mordaza que tendríamos que desterrar, señores de Amaiur. [[Aplausos]] Señores diputados, después de las pancartas, de las soflamas, de los argumentos que hemos escuchado, al final lo que queda, lo que va a quedar es una buena ley. Ustedes - me refiero fundamentalmente a ustedes, señores socialistas - deberían rendirse a la evidencia de que esta ley que vamos a aprobar es mucho mejor que la actual, y lo voy a argumentar. España va a ser más libre porque va a ser más segura. Señores de la izquierda, la única mordaza que nosotros planteamos es para la violencia. La violencia sí que debe tener mordaza; el castigo para el violento, la convivencia para todos. Esta ley protege, señorías, al manifestante, al que pasea, al huelguista pero también trabajador, al que protesta, al que escucha, al turista, al repartidor, al niño, al abuelo. Días pasados una legítima Marcha por la dignidad acabó con detenciones, por actuaciones violentas de unos pocos indignados. De eso hablamos, eso tenemos que tratar de evitar, y para eso tenemos que dotarnos los demócratas de mecanismos. Este proyecto, señores de CiU, obedece a un mandato parlamentario que ustedes mismos propusieron en julio de 2014. Esta ley es consecuencia, entre otras cosas, de ese mandato, de esa proposición que ustedes presentaron, y a todos ustedes les digo: más de ochenta enmiendas se han incorporado a este proyecto. Aparte de esas enmiendas del Grupo Socialista y de todos los grupos, contamos con informes favorables muy destacado; me refiero a uno, al del Consejo de Estado, que expresamente menciona que la ley establece un equilibrio apropiado entre los dos grandes principios: libertad y seguridad, seguridad y libertad. Eso es lo que dice el Consejo de Estado. [[Aplausos]] Además, la Cámara Alta - estamos hablando del debate de la Cámara Alta, de lo que viene del Senado - incorpora enmiendas a las que ustedes se van a oponer. Al representante de Izquierda Unida también parece que le resulta incómodo que hayamos incorporado a la ley enmiendas de Comisiones Obreras y de UGT, que dan como resultado que los capítulos 3 y 4 deban interpretarse y aplicarse del modo más favorable para derechos de reunión, de manifestación, para la libertad sindical y para el derecho de huelga. También van a votar en contra de eso. Me detengo en una enmienda en la que tenemos que hacer un punto de reflexión, la famosa de Ceuta y Melilla. Se la voy a leer; se lo voy a leer a los de la izquierda, a los de la derecha y a los del centro, y ustedes mismos juzguen. La enmienda, y consiguientemente lo que se ha incorporado en la ley, es la siguiente: Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. No acaba aquí. Hemos añadido: En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Añadimos - esto es inusual -: Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional. ¿Qué queda aquí? Claro que se tienen que proteger las fronteras. Se van a proteger las fronteras, como siempre se ha hecho, respetando la norma internacional. Aún hay un avance, que explicó aquí el ministro en el debate de la ley: que ya están en funcionamiento las oficinas a iniciativa del Ministerio del Interior, ya se han inaugurado en Ceuta y Melilla. Esto ha supuesto, entre otras cosas, que Naciones Unidas ya haya valorado esta medida. Esta es la realidad. ¿Qué problema hay con eso? ¿Que estamos defendiendo las fronteras? Mejor sería. Lo hacemos de manera respetuosa con los derechos humanos. ¿Qué problema tiene esta enmienda? Yo les pregunto qué problema hay. Es lo que hay que hacer, un ejercicio de democracia, como tiene que ser. Continúo con algunas cuestiones que me parece importante destacar. Del Partido Nacionalista Vasco - señor Esteban, que está aquí como único y aislado representante de su grupo - se han incorporado veintiséis enmiendas. En un esfuerzo dialéctico, habitual en el señor Olabarría, dice que en 1992 el Partido Nacionalista Vasco se abstiene en una ley francamente peor. En esta admitimos enmiendas, se incorporan al texto y al final el resultado es que el Partido Nacionalista Vasco vota en contra. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la técnica legislativa ni con la deontología, como diría el señor Olabarría. Eso tiene que ver con que esta ley es del Partido Popular, y a ustedes les da apuro o complejo votar con él. [[Aplausos.-El señor Esteban Bravo: … también me va a dar apuro?]]
Señor Esteban, por favor. Guarden silencio.
Todo esto lo estoy diciendo con el máximo respeto y cariño a todos los diputados, como corresponde en el Congreso. [[Rumores]] Voy a hacer una brevísima y final reflexión comparativa entre la ley de 1992 vigente, la del Partido Socialista, y la nuestra. Son veintitrés años de ley. Esto ya de por sí requiere que la ley actual incorpore toda la jurisprudencia, por ejemplo, que ha venido planteando que hay que proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Tiene que incorporarse en la ley la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos que hoy quedarían impunes tras la reforma del Código Penal; un ejemplo, un forcejeo en una manifestación hoy sería un delito de atentado. ¿Qué es más sensato, que ese forcejeo, en el caso de que se produzca, se sancione como infracción administrativa o que apliquemos una pena de prisión? Es mucho más sensato aplicar el régimen sancionador administrativo. Pues de eso estamos hablando, de aplicar la respuesta proporcionada a la infracción, a la violencia que se pueda cometer. Señores socialistas, pasamos - hay que recordarlo - de la ley de la patada en la puerta del Partido Socialista a la ley del domicilio protegido, que es la del Partido Popular; pasamos de las identificaciones indiscriminadas - once millones - del Partido Socialista a las identificaciones limitadas previstas en esta ley; pasamos de los cacheos masivos a los controles individuales y regulados en esta ley; pasamos de la libertad prestada a la libertad protegida, que es la que se asienta en esta ley. Señores socialistas, con el máximo cariño, nuestra marca hoy y siempre es la libertad; la suya todavía no la han encontrado, la nuestra la tenemos clara. Señorías - voy a acabar ya, señora presidenta -, preservar la convivencia; proteger el normal funcionamiento de las instituciones, del Congreso o de cualquier Parlamento; garantizar los servicios básicos de la comunidad de vecinos; asegurar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas no es ni de izquierdas ni de derechas, sino simplemente democrático. Eso es lo que estamos tratando de hacer, dotarnos de una ley, que es como se expresa la democracia, para que los derechos y las libertades de todos estén seguidamente garantizados. ¿Se protegen los derechos y libertades de todos mirando para otro lado, cuando hay actos violentos en nuestras calles? ¿Basta agitar la bandera del buenismo de despacho, cuando los actos vandálicos en los últimos años en España han ascendido a 46 millones de euros? ¿Dejamos sin respuesta - atentos a esto - a los más de mil casos de vandalismo aéreo que se han producido en España en los últimos años? ¿Dejamos sin respuesta que las manifestaciones - pacíficamente desarrolladas en su mayoría, pero excepcionalmente violentas en algunos casos - que han supuesto 1.400 heridos entre 2012 y 2014? ¿Dejamos sin respuesta a eso? Tienen que tener una respuesta proporcionada al Estado de derecho.
Señor Escobar.
Acabo ya, señora presidenta. Los ciudadanos nos piden, nos reclaman, que estas conductas se sancionen. Como última reflexión, esta ley - lo digo para los eruditos del derecho - mejora el control judicial, pero mejora el control judicial desde la lógica del Estado de derecho. Una conducta violenta tiene que tener una respuesta proporcionada a la infracción que se comete: lo más grave se sanciona con el Código Penal, lo más leve con la infracción administrativa. Todas esas respuestas tienen que tener la tutela judicial, la del Código Penal en la jurisdicción penal, y la sanción administrativa en la jurisdicción contencioso-administrativa. Ese discurso de que los jueces de lo contencioso son de peor condición que los de penal no lo doy por bueno. La jurisdicción funciona en bloque, y es la que va a tutelar los actos que de aquí se desprenden. Acabo definitivamente con dos agradecimientos. En primer lugar, quiero mostrar mi reconocimiento y felicitar al ministro del Interior, no porque esté aquí presente sino porque tanto él como el secretario de Estado en la tramitación de esta ley han seguido un ejemplo de humildad, de rigor y de diálogo para que en cada fase de la ley se fueran incorporando aquellas cuestiones que la mejoraban objetivamente. En segundo lugar, quiero agradecer - las críticas las encajo - a todas las organizaciones, asociaciones y universidades que han realizado aportaciones y que nos hayan permitido participar en debates, a veces duros, señor Sánchez Amor, pero siempre respetuosos.
Señor Escobar.
John Locke decía: «Donde no hay ley no hay libertad». Señorías, esta ley es ante todo una conquista de la libertad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Una vez que ha finalizado este largo trámite de este proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, quiero agradecer desde la discrepancia que finalmente haya llegado este día. Agradezco a los servicios de la Cámara, del Congreso y del Senado, y a todos los grupos parlamentarios - insisto, desde posiciones políticas muy diversas - que también hayan contribuido a esta ley, con la que han manifestado una coincidencia en que si llegan a tener los votos suficientes la derogarán. Tengo la absoluta convicción de que cuando entre en vigor esta ley, a partir del próximo primero de julio, se verá que queda garantizada efectivamente la libertad. Se define en esta ley, por primera vez y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el concepto de seguridad ciudadana como un bien jurídico que está al servicio del derecho fundamental de la libertad. Eso quiero que quede claro. Y se regulan por primera vez en esta ley cosas que hasta ahora no estaban reguladas: las redadas indiscriminadas por razón de etnia; la retención, esa figura entre la detención y la libertad que hasta ahora no estaba regulada; se regulan los cacheos, por tanto se incrementa la garantía de derechos fundamentales, muy importante por lo mismo. Y en última instancia, en relación con Ceuta y Melilla tengo que decir una cosa. No hay ningún Estado del mundo que renuncie a su derecho fundamental a proteger sus fronteras. Evidentemente que hay que proteger las fronteras respetando los derechos humanos -¡faltaría más!-, en Ceuta, en Melilla y en todo momento y en todo lugar. Por eso hemos incorporado en el Senado una garantía y una referencia explícita a que el derecho a garantizar nuestras fronteras se debe hacer en todo momento con pleno respeto a los convenios relativos a los derechos humanos suscritos por España. Quiero decir una cosa. Estamos en un momento en que la Unión Europea está pidiendo la securización de las fronteras exteriores ante la amenaza terrorista que tenemos. Y Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea también y son espacio Schengen. Ceuta y Melilla son la única frontera exterior que la Unión Europea tiene en África, y me quedo ahí. Todos ustedes saben la presión migratoria y la cantidad de refugiados que, con ocasión de la llamada Primavera Árabe y las guerras que se están produciendo en la zona, está habiendo en estos momentos. Esta enmienda a la Ley de Extranjería era necesaria para garantizar que la Guardia Civil, que tiene encomendada por ley la defensa de nuestro territorio, lo haga en condiciones de absoluta y plena seguridad jurídica. En estos momentos han votado ustedes que no - y tienen derecho a hacerlo pero yo tengo el deber de ponerlo de manifiesto porque estamos en el trámite de aprobación de las enmiendas del Senado - a que ese rechazo en frontera se haga con plena garantía de los derechos humanos y a que aquellas personas que consideran que tienen un derecho subjetivo a solicitar protección internacional, sea asilo o sea protección subsidiaria, puedan hacerlo en locales habilitados al efecto. Ustedes han votado en contra de eso; tienen todo el derecho pero creo sinceramente que conviene que la opinión pública - porque vivimos en un Estado democrático - sepa qué es lo que se está debatiendo y votando hoy. En última instancia, estoy convencido de que una vez entre en vigor la ley, la experiencia demostrará que efectivamente cuanta más seguridad hay más libertad, en este caso y con esta ley, que no toca para nada la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión. Y en todo caso - señora presidenta, termino -, desde la discrepancia pero diciendo lo que de verdad dice la ley y no otras cosas, les agradezco lo que han hecho, lo que han trabajado porque incluso desde la discusión surge la luz y, por contraposición a lo que muchos han dicho, surgirá la luz de la verdad de lo que dice esta ley una vez que entre en vigor a partir del próximo primero de julio. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. [[El señor Sixto Iglesias pide la palabra]] Sí, señor Sixto.
Han vuelto a abrir el debate sobre el fondo de las enmiendas que vienen del Senado.
Tiene usted un minuto para hablar de la enmienda a la que se ha referido el señor ministro.
Me referiré concretamente a la enmienda a la que ha hecho mención el señor ministro para decirle que en ningún caso le da seguridad jurídica a las actuaciones de la Guardia Civil. Las únicas actuaciones que puede emprender la Guardia Civil al amparo de la Ley de Extranjería y del Reglamento de Extranjería son: conducir inmediatamente a las personas que se encuentran en la frontera o en las inmediaciones de la frontera a las comisarías de la Policía Nacional, identificarlos y permitirles que puedan recurrir contra su inmediata expulsión. Ese es el procedimiento de expulsión que regula la ley. Cualquier otra interpretación que usted desde su ministerio intente amparar en este texto legal estará incumpliendo los tratados internacionales y la legislación firmada por España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sixto. [[El señor Olabarría Muñoz pide la palabra]] Sí, señor Olabarría, para referirse sola y exclusivamente a eso.
Sí, sobre esa enmienda a la que se ha referido el señor Sixto. Señor ministro, no se puede invocar el respeto a los convenios internacionales suscritos por España en relación con los extranjeros cuando se realiza una operación jurídica manifiestamente perversa, que es convertir un delito penal, como es la deportación ilegal, en algo legal o legalizado ex post, que es la devolución en caliente. Desde esa perspectiva, le recomiendo que se lo piense bien: o quiere respetar de verdad los requerimientos en materia de asilo del Convenio de Viena, del Convenio de Ginebra y del segundo protocolo del Convenio europeo en relación con el refugio y el asilo, o no. Las dos cosas simultáneamente son imposibles. Usted puede realizar las elucubraciones dialécticas que quiera pero lo que está…
Gracias, señor Olabarría. Acabó su tiempo. [[El señor Sánchez Amor pide la palabra]] Señor Sánchez Amor, ¿para lo mismo?
Sí, para lo mismo, señora presidenta. Ministro, gracias por sus palabras. Efectivamente, ha sido un debate del que ha podido salir la luz. En relación con el tema de la enmienda de la devolución en caliente, le reitero que nuestra preocupación es que las fuerzas de seguridad, que trabajan en dificilísimas condiciones en esa zona, tengan la seguridad jurídica suficiente para poder centrarse en su labor, que ya es suficientemente complicada, sin tener que estar pendientes de si tendrán una querella. El problema es que al citar la regulación internacional de esos derechos lo que se hace es poner en evidencia la contradicción de esa práctica de hecho que es la devolución en caliente con la existencia de los compromisos españoles con estos convenios internacionales. De ahí nuestra preocupación y entendemos que las críticas que se han hecho a esta redacción final en el Senado es precisamente que esa ambigüedad persiste y eso vuelve dejar a los pies de los caballos a las fuerzas de seguridad que están trabajando en condiciones muy difíciles, a las que enviamos nuestro reconocimiento.
Gracias, señor Sánchez Amor. Señor Escobar. [[Denegación]] Adelante, señor ministro.
Simplemente quiero decir que en estos momentos es obligación del Gobierno, de todo Gobierno de España que los agentes de la autoridad que tienen la misión de cumplir la ley, en este caso la Guardia Civil, que tiene encomendado por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado preservar que no entren ilegalmente en nuestro país personas ni mercancías - eso lo establece la Ley de 1986, como sabe, señoría, aprobada con Gobierno socialista -, no se encuentren en la situación en que se encuentran en estos momentos. Tenemos veinticinco guardias civiles imputados en Ceuta y Melilla, y es obligación del Gobierno - y entiendo que de todos - dotarles de la necesaria protección y seguridad jurídica para que, en plena concordancia con los convenios internacionales suscritos por España o de los que forma parte, puedan realizar la misión que tienen encomendada legalmente. Lo llevan haciendo así, como sabe usted, desde el año 2005. La única diferencia es que no se les había dado esta cobertura jurídica que ahora les damos nosotros. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. [[Número de expediente 121/000082]] - PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. [[Número de expediente 121/000083]]
Pasamos a continuación al debate conjunto, de acuerdo con la decisión de la Junta de Portavoces, de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por la que se modifica la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos y la Ley orgánica 2/1982, de 12 mayo, del Tribunal de Cuentas, y al mismo tiempo el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Salvador.
Muchas gracias, señora presidenta. Terminamos hoy la tramitación de los dos proyectos de ley que pretenden combatir la corrupción, el que afecta a altos cargos y el de financiación de los partidos; los ha descrito muy bien la presidenta. Este es un debate, señorías, obviamente muy recurrente en esta Cámara. Yo mismo y por tanto UPN hemos tenido muchas veces la oportunidad de fijar nuestras posturas y nuestras propuestas. Les resumo las más recientes: el 8 de octubre de 2013, ante una moción de Izquierda Unida; el día 10 de octubre de 2013, en el debate de una proposición de ley del PSOE de financiación de partidos políticos, y más recientemente el 27 de noviembre de 2014 y el 14 de enero de 2015, en los debates previos a estos dos proyectos de ley. Por tanto, me remito a ellos y no reproduciré los argumentos que utilicé en estas intervenciones. Pero permítanme tres apuntes brevísimos, casi esquemáticos. Primero, quiero mostrar nuestra relativa satisfacción por la aprobación de estos proyectos de ley porque repasando los antecedentes, los precedentes y los debates, es verdad que han cambiado las normas, han cambiado los controles y hay una mayor regulación, más rígida y más control del que había cuando debatíamos en 2013. Nuestra obligación entiendo que debe ser la de cambiar la ley porque es obvio que cambiar la condición humana es mucho más complicado. Segundo, creo que no debiéramos perder el tiempo arrojándonos reproches sobre corrupción, o sí. En todo caso, hagámoslo pero que esos reproches o esos debates no impidan que encontremos fórmulas útiles para combatir este fenómeno, para prevenirlo y para sancionar con dureza las conductas corruptas. Tercero, y último, en Unión del Pueblo Navarro vamos a mantener nuestras propuestas, las que hasta ahora no se han aceptado pero que creemos que pueden contribuir a combatir este fenómeno y que pasan: primero, por hacer cambios internos en el Reglamento del Congreso para sancionar a los diputados que falseen su declaración de bienes y rentas o presenten un perfil patrimonial falso. Segundo, por mantener la prohibición de todas las donaciones no solo de personas jurídicas, sino también físicas. Tercero, por seguir reclamando la reducción de las campañas electorales. Cuarto, por apoyar una gestión mejor del poder de los lobbies, de los grupos de presión. Quinto, por insistir en un debate sereno sobre nuevos mecanismos de denuncia de irregularidades en la Administración que ya existen en otros países y también en algunas regulaciones sectoriales en nuestro país. Sexto, por plantear, y nosotros lo seguiremos haciendo así, un sistema de elección de los jueces por jueces y no por políticos. En todo caso - termino, señora presidenta -, como decía, abogamos por no bajar la guardia contra la corrupción y, aunque saludamos los cambios que introducen estos proyectos, mantendremos nuestras iniciativas en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señor Salvador. Por el mismo grupo, la señora Fernández Davila.
Gracias, señora presidenta. Señorías, tres días después de que el juez Ruz haya dado por concluida la instrucción sobre lo que se conoce como caso Bárcenas, finaliza en esta Cámara el trámite parlamentario de los tres proyectos de ley que el Gobierno ha presentado como la gran panacea para luchar contra la corrupción. A la vista de estas nuevas leyes, entendemos que en un caso como el que acabo de mencionar las propuestas de personas a ser juzgadas, como propone el juez Ruz, serían exactamente las mismas porque las responsabilidades políticas de lo que es un evidente delito sigue, señorías, sin tener consideración de responsabilidad penal. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego ya ha dicho, cuando defendimos ante este Pleno nuestras enmiendas a estos dos proyectos de ley, que no eran más que humo, humo del Gobierno para tapar una gravísima situación. Señorías, si el Gobierno y el Partido Popular quieren luchar contra la corrupción, no solo tienen que aprobar unas leyes que poco aportan a la legislación actual, sino que tienen que actuar condenando las prácticas corruptas, actos ilícitos en algunos casos, faltas de ética en otros, de su propio partido y asumir las responsabilidades políticas que demandamos permanentemente, y dimitir; dimitir, señorías, algo fundamental y que parece que no entra en el diccionario del Partido Popular. Cuando este partido ante tanto escándalo de corrupción política - caja B, financiación ilegal y delito fiscal como se desprende de las conclusiones del juez Ruz y no hablemos de otros casos como, por ejemplo, la operación Púnica - asuma esas responsabilidades políticas y se efectúen las dimisiones de sus dirigentes correspondientes, por cierto, que son muchos - hasta el propio presidente del partido, señor Rajoy, que coincide con el presidente del Gobierno -, no podremos empezar, señorías, a creernos de verdad que el Gobierno, el Partido Popular y el grupo parlamentario que lo sustenta tienen interés e intención de acabar con esta vergonzosa lacra. Mientras tanto, mientas desde el Partido Popular no se asuman responsabilidades políticas por la gravísima corrupción que está en su partido con las dimisiones que correspondan, seguiremos diciendo que estos proyectos de ley que hoy se aprueban no son más que humo. Esperamos que ese humo no evite que la ciudadanía vea que el Partido Popular sea castigado como corresponde en las próximas elecciones.
Señora Fernández Davila, acabó su tiempo. Gracias, señora Fernández Davila. Señor Larreina.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos en el trámite final de una ley que forma parte de un paquete de medidas promovidas por el Gobierno que yo diría que tienen una finalidad meramente propagandística, de márquetin político, porque ninguna de ellas, y estas tampoco, van a la raíz del problema. Nuestro grupo, Amaiur, ha dicho en muchas ocasiones, y lo hemos repetido, que nuestro objetivo primordial en esta Cámara no es contribuir al perfeccionamiento de las leyes - por eso normalmente no entramos a los trámites de enmiendas parciales -, pero sí tenemos como objetivo plantear nuestras reflexiones y críticas sobre esas leyes por si las quieren tomar en cuenta y mejorar esa legislación, que en los casos de los que estamos hablando hoy afectan a derechos fundamentales de la ciudadanía. Vemos que no hay esa voluntad, sino que estamos, como decía antes, en operaciones de márquetin político. Se dice que hay que luchar contra la corrupción, que es un problema endémico y estructural del Estado español porque afecta al ámbito de las instituciones políticas, al ámbito de la economía, al ámbito de las organizaciones patronales y sindicales, al del deporte, a todos los ámbitos, y está perfectamente instaurada, hasta en el ámbito del fraude fiscal, que es uno de los más altos de toda la Unión Europea, lo que no deja de ser otra forma de corrupción. Frente a ese problema de fondo ustedes no están actuando en la raíz del problema, que es cambiar la cultura, y la cultura se cambia yendo por delante, dando ejemplo. El problema que tienen ustedes, y al final lo tenemos todos porque afecta al conjunto de la sociedad, es el de la falta de credibilidad. La ciudadanía podría decirle al Gobierno del Partido Popular: señor Rajoy, señores del Partido Popular, obras son amores y no buenas razones. Efectivamente, hay muy buenas razones en las leyes, en las explicaciones, en los planteamientos, en las propuestas, pero luego la realidad no sigue esas buenas razones. Ahora mismo - aquí se ha citado ya - en los juzgados hay muchas cosas encima de la mesa. Ante esas realidades, que son tristes realidades, no se está reaccionando con la contundencia, con la radicalidad que exigen esas situaciones. Ese es el principal problema que tiene el Estado español ahora mismo, la corrupción como problema endémico y la falta de reacción de sus dirigentes políticos ante ese problema endémico. Eso genera falta de credibilidad y que la gente en la calle piense: sí, hacen leyes, pero hecha la ley hecha la trampa, y al final habrá leyes y todo seguirá igual. Esta es una reflexión que hay que abordar con serenidad, con contundencia y con radicalidad. Si no somos radicales a la hora de rechazar la corrupción en el ámbito de la política, al final pierde toda credibilidad la política y están perdiendo credibilidad también ustedes como Estado. Amaiur desde esta tribuna ha dicho mucha veces que llevan camino de ser un Estado fallido desde el punto de vista político, económico y social, y este es uno de los elementos que puede contribuir de forma decisiva a ser ese Estado fallido. Ustedes dirán: y a ustedes que son independentistas vascos, ¿qué les preocupa, si se quieren marchar? Efectivamente, nosotros defendemos la soberanía para nuestro país, defendemos que nuestra ciudadanía pueda decidir si quiere o no ser independiente. Nosotros intentamos convencerles de que es mejor ser independientes dentro de esa Europa unida, pero, indudablemente, seamos o no seamos independientes, también nos afecta cualquier cosa que pase en el ámbito de la Unión Europea y nos afecta también lo que pasa en el ámbito del Estado español. Por eso, al mismo tiempo que reivindicamos la soberanía para nuestro país, precisamente para ser un país diferente, actuar de forma diferente y hacer política de otra forma, también les lanzamos ese reto, que sean radicales contra la corrupción, pero no con leyes, que las leyes muchas veces sirven para una cosa y la contraria, sino actuando con contundencia, con radicalidad ante los hechos que ahora mismo están encima de la mesa. La Ley de financiación de partidos políticos en su seno entraña una grave corrupción democrática cuando establece una serie de conceptos indeterminados que llevan a la ilegalización de partidos que han supuesto consecuencias muy graves para nuestro país. Todas esas leyes, como decía antes, son superfluas si no hay esa clara voluntad de cambiar la cultura política de todo el país. Muchas gracias.
Gracias, señor Larreina. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Gracias, señora vicepresidenta. Siguiendo la lógica del último orador del Grupo Popular, en estos momentos me correspondería decir que mi grupo va a votar no a estas leyes porque, según su lógica, ustedes no quieren votar conjuntamente en el mismo sentido que el Grupo Popular. No voy a negar, y en este caso más todavía, que el Grupo Popular quema con estos temas, pero también quiero dejar claro que el partido y el grupo al que represento son serios y hemos llegado a una serie de acuerdos, tal y como explicaré. La ley tiene una serie de avances que tampoco pueden darse por no tenidos en cuenta y es mejor que entren en el ordenamiento jurídico que no. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable, un sí no molto fanático, pero va a ser favorable. ¿Y por qué no molto fanático? Entre otras cosas, porque uno de los problemas principales, como ya señalé en el debate que hubo en esta Cámara antes de enviar el texto al Senado, que leyendo el título de las leyes debería ser abordado es el de la financiación de los partidos, así como todo lo que atañe al control de las finanzas de los partidos. Hemos logrado avances importantes y probablemente, después de que esta legislación entre en vigor, los partidos políticos serán entre todos los organismos e instituciones del Estado los que tengan un mayor control. Sin embargo, hemos dejado muchas dudas sobre la financiación, entre otras cosas, porque el recorte al que han llevado las decisiones del Gobierno en el ámbito de la financiación pública ha sido radical y al mismo tiempo este proyecto de ley lo que hace es cerrar en la práctica la financiación privada a los partidos políticos, no tanto a las fundaciones, pero desde luego sí de manera clara a los partidos políticos. Por tanto, ¿será este modelo suficiente para que los partidos políticos puedan desempeñar sus labores de manera adecuada, con la suficiente financiación? Tal como dije en mi anterior intervención, permítame que mantenga mis dudas. Eso lo aclararemos en unos años, pero, sinceramente, mi grupo político tiene serias dudas de que la parte que atañe a la financiación de los partidos políticos esté solucionada de manera permanente. En las enmiendas del Senado ha habido algunas cosas que se han mejorado. La verdad es que la mayoría son retoques gramaticales, pero hay algunas cosas que son de sustancia y que mejoran lo que teníamos, lo que se había enviado desde el Congreso. Se contempla de una manera más amplia el tema de las coaliciones permanentes entre partidos y la forma de fiscalizar los flujos monetarios entre ellos. Se prevén también las aportaciones a partidos políticos de aquellas personas que no sean militantes de estos pero que ocupen puestos de responsabilidad en la Administración en su nombre. Creo que era importante dotar de seguridad jurídica a la hora de movernos en periodo electoral, que la Junta Electoral diera a conocer a cada uno de los partidos políticos cuál es el límite, su tope de gasto electoral con antelación, porque cada uno de los partidos podía tener un cálculo aproximado, pero en estos momentos se ponen sanciones, y muy rigurosas. En el caso del techo electoral también. Insisto de pasada en que se produce una discriminación con respecto a los partidos que no se presentan en todo el territorio del Estado español porque su techo de gasto es menor que el margen que tienen el resto de partidos. Más allá de eso, es importante tener la seguridad jurídica de saber cuál es el límite de gasto, considerando que luego las sanciones a aplicar son muy importantes. Era importante también la referencia a la existencia de un patrimonio incautado. Así como se produjo la devolución a los sindicatos en su momento, todavía hay patrimonio incautado de algunos partidos políticos y esa deuda no ha sido saldada. Por tanto, está bien que se haga la mención que se hace en la ley. Creo que nos equivocamos al legislar innecesariamente - porque esto debería ser cuestión de los estatutos de cada partido político - que es necesario tener dieciocho años para formar parte de un partido político. La tradición en este país ha sido diferente. Normalmente desde los dieciséis años se solía permitir la afiliación y, en todo caso, no hay que mezclarlo con el derecho al voto. Eso viene fijado por la Constitución y por la Loreg, pero una cosa no tiene por que llevar a la otra. Esa es al menos mi opinión. Voy concluyendo, señora presidenta. En cualquier caso, creo que hay mejoras, sobre todo en el ámbito de la fiscalización y del control, que no se pueden obviar. Es mejor que estas sean introducidas que no mantener la legislación como hasta ahora. Hay temas que tendrá que verse en los próximos años si se han solucionado - yo personalmente lo dudo mucho - y quiero señalar algo que debe quedar claro. Supongo que nadie quiere lavar la cara a hechos que hayan podido suceder con la aprobación de esta ley. Desde luego, todo lo que hayan hecho unos u otros no queda anulado por la aprobación o el apoyo a esta norma en este momento. Muchas gracias.
Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no hay nadie. Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Señor Nuet.
Gracias, señora presidenta. En la sesión de hoy el Grupo Parlamentario Popular nos está sometiendo a una doble tortura parlamentaria. Por un lado, citando a mi compañero don Gaspar Llamazares, nos ha echado encima el trípode autoritario, que él decía que eran la ley mordaza, las modificaciones del Código Penal y la Ley Antiterrorista. Ahora, en la segunda parte de la sesión, nos echa encima el trípode del maquillaje contra la corrupción con las dos leyes que vamos a discutir ahora - por un lado, la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y, por otro lado, la ley del alto cargo - que, sumadas a la Ley de Transparencia que en su momento tramitó esta Cámara como iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, son tres iniciativas de maquillaje ante los debates de la transparencia y de la corrupción. El Partido Popular con esto va a hacer su campaña electoral. Cuando las campañas que se vayan acercando oiremos que el Partido Popular es el partido que más ha luchado en España contra la corrupción. Preparen sus oídos. Escucharán que el Partido Popular es el que más ha luchado en España contra la corrupción. También escucharemos que el Partido Popular es el que más ha hecho en España por la transparencia. Esas dos cosas las vamos a escuchar y se van a utilizar estas leyes, leyes que algunos grupos van a votar afirmativamente, para estructurar ese discurso. Evidentemente la realidad es otra. En primer lugar, el Partido Popular ha tenido muy mala suerte. Cuando se tramitó la Ley de Transparencia le estalló en sus narices el caso Bárcenas. ¿Se acuerdan? En el trámite parlamentario tuvo sus consecuencias. Y ahora que nos trae aquí estos dos proyectos de ley, el de financiación de partidos y el de la ley del alto cargo, nos hemos enterado hace unos días del auto del juez Ruz contra el Partido Popular por financiación ilegal. Sí, es mala suerte, pero son dos realidades. Quiero leer algunas frases de ese auto muy importantes y relacionadas - o deberían estarlo - con el proyecto de ley de financiación de partidos políticos que nos ocupa. Dice el juez que desde 1990 y hasta al menos 2008 el Partido Popular se benefició de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal. Dice también el magistrado y afirma que el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido a gastos generados en campañas electorales…
Señor Nuet, solamente era para recordarle que estamos en el debate de las enmiendas del Senado a dos leyes, no estamos en un debate sobre la Gürtel. Se lo digo porque abre usted debates en los que posiblemente otros quieran intervenir o el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Como no estamos en ese debate, le recuerdo - porque ya lleva suficiente tiempo hablando de otros temas - que tiene usted que hablar de las enmiendas del Senado a estos dos proyectos de ley, según dice nuestro propio Reglamento, no mi voluntad que en este caso no cuenta. Adelante, señor Nuet.
Gracias. He perdido unos segundos con su intervención, le pediría que al final los pudiese recuperar. Estoy hablando de financiación de partidos políticos y estamos discutiendo una ley de financiación de partidos políticos; no tenga ninguna duda de que estoy hablando de financiación de partidos políticos. Eso es lo que decía el auto, es una realidad. Hoy mismo leíamos en algunos medios que el Partido Popular pagó ayer 245.000 de fianza, y aparece una fotografía. A pesar de que el ministro Montoro nos quiera convencer de que esta es la sede de Cáritas, esta es la sede del Partido Popular. [[Aplausos]] Por tanto, esto es lo que estamos debatiendo y el contexto en el que lo estamos haciendo. Las enmiendas que vienen del Senado a las dos leyes no van a modificar las leyes sustancialmente, son prácticamente enmiendas técnicas. Van a seguir en la ley temas tan importantes como, por ejemplo, que las fundaciones seguirán siendo el coladero de la financiación ilegal de algunos partidos - sí, un poquito más restringidas, pero van a seguir en la ley, en su ley -; o por ejemplo, se van a consolidar en la ley las puertas giratorias y el hecho de que en este país hacer negocios y hacer política en muchas ocasiones es lo mismo; o por ejemplo, que las cajas B tal vez van a seguir funcionando y que se van a cobrar sobresueldos. De eso la ley no habla, porque la ley aprieta mucho - y nosotros en eso estamos de acuerdo - a los responsables de finanzas de los partidos, pero no dice nada cuando esos responsables de finanzas han manejado una caja B y han pagado obras y sobresueldos con dinero sucio, de eso no dice nada su ley. No podemos votar la ley de financiación por lo de las fundaciones y porque en el asunto de la elaboración de las listas electorales no da un paso adelante. Nosotros defendemos la obligatoriedad en los partidos de mecanismos de participación y de democracia para la elaboración de las listas electorales. Discutamos qué mecanismos, pero evidentemente la sociedad española exige en eso participación y democracia. Si hubiésemos hecho un buen debate, nos podríamos haber puesto de acuerdo en cómo se puede regular en los partidos la elaboración de las listas electorales, pero evidentemente los dedazos - que los hay en diversos partidos - no son la forma más adecuada. En segundo lugar, no podemos votar el proyecto de ley del alto cargo. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de legislar una serie de aspectos y no los legislamos, y no me refiero solo al tema de los lobbies, los aforamientos o los indultos, porque incluso le dijimos al Partido Popular que si alguno de estos temas no tenía cabida en la ley se tomase un compromiso político legislativo para su legislación, y eso no llegó. Por tanto, ni regulación de lobbies, ni regulación de aforamientos y de indultos hasta nueva noticia. Si, en cambio, falta de transparencia, falta de análisis de qué significa el concepto de investigación por corrupción - ya no utilizo el concepto de imputación por corrupción, pero sí el de investigación por corrupción, que, desde nuestro punto de vista, debería ser una situación para que tanto la elegibilidad como el desempeño del alto cargo fuesen revisados, y de eso no hay nada en la ley -; falta de que aparezca en la ley el reforzamiento de las incompatibilidades retributivas de los altos cargos, de eso no hay nada en la ley. Tampoco, por ejemplo, se flexibiliza el conflicto de intereses y que se refuercen las sanciones cuando se llega a una situación de estas. Me refiero a que la Oficina de Conflicto de Intereses sea independiente y no un organismo del Gobierno para juzgarse, a veces, a sí mismo. Me refiero a que las incompatibilidades y la dedicación exclusiva de los diputados y de los senadores estuviesen bien reguladas en la nueva ley de altos cargos. Y, finalmente, me refiero a que el papel de este Congreso fuese más importante. Acabo. Dicen las malas lenguas que los negocios se hacen en los palcos del Bernabéu o del Camp Nou. Es posible que eso sea así, pero, señoras y señores diputados, los negocios también se hacen en este país en el Consejo de Ministros y las leyes que hoy vamos a aprobar no lo impiden. Los negocios se hacen también escudándose en los estatutos de expresidentes. Con los estatutos de expresidentes también se hacen los negocios, a pesar de que intenten que eso no se discuta ni se conozca por la opinión pública. Por tanto, mucho maquillaje, pero hoy no damos un paso al frente con el tema de la anticorrupción. Su propaganda lo va a vender a los cuatro vientos, pero, por desgracia, la realidad es otra. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Nuet. Señora Surroca, por el Grupo de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señora presidenta. Convergència i Unió ya dijo en su momento, al inicio del debate en esta Cámara, que en los términos en los que estaba configurado este proyecto era un avance. Nos parecía un avance para conseguir una mayor transparencia en la regulación y funcionamiento de los partidos políticos, así como para asegurar un mayor control, especialmente en lo referente a la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Si lo analizamos debidamente, después de toda la tramitación parlamentaria, después de que se hayan incorporado una gran parte de las enmiendas que han presentado los distintos grupos - en este caso voy a poner especial énfasis en las enmiendas que se han incorporado, la mayor parte de ellas de nuestro grupo parlamentario, en forma de transaccionales que fueron aceptadas y acordadas con el Grupo Popular - la reforma no es suficiente pero entendemos que avanza en la dirección adecuada, y así lo dijimos en el debate que tuvimos en la Comisión Constitucional hace ya unas semanas. Se tiene que avanzar mucho más aún en ese control y en esa transparencia de la actividad de los partidos políticos, pero se avanza en la buena dirección. Por eso, gran parte de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario que han sido incorporadas, al igual que otras enmiendas coincidentes de otros grupos parlamentarios que quedaron incorporadas en la ponencia, mejoran el texto original del proyecto. En definitiva, nuestro grupo parlamentario presentó un conjunto de enmiendas. Una parte de ellas tenían que ver con la delimitación de competencias entre el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes. Otro grupo de enmiendas lo que pretendía era adaptar el proyecto a la realidad organizativa de los partidos, particularmente en aquellos casos en que concurrimos varios partidos a través de una coalición o confederación. Entendíamos que esto no quedaba debidamente regulado en el texto original del proyecto de ley. También presentamos un conjunto de enmiendas para modular de forma más proporcional y adecuada el régimen de infracciones y sanciones a los partidos políticos. Y otro bloque de enmiendas, que para nosotros es fundamental, tenía que ver con la adecuada financiación de los partidos políticos. Ya dijimos en su momento, y lo manifestamos otra vez, que creemos que es la gran asignatura pendiente. Tenemos que abrir un debate serio, riguroso y alejado de momentos electorales en el cual todos los grupos parlamentarios hablemos de forma pausada y con el debido rigor - insisto - con relación a esta cuestión, porque este proyecto no lo resuelve. Los partidos políticos, como elementos fundamentales de nuestro modelo democrático, necesitan la adecuada financiación y eso lo tenemos que abordar con seriedad, y este proyecto no lo ha hecho. Nuestro grupo parlamentario hizo propuestas que creemos que son, en este sentido, enriquecedoras. Por ejemplo, hablábamos de aportaciones participativas. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque entendíamos que era una manera de involucrar a los ciudadanos en los partidos políticos y a la vez de que los partidos políticos se abrieran a la sociedad. Estábamos hablando de fórmulas como, por ejemplo, el micromecenazgo. Todas estas cuestiones fueron rechazadas por el Grupo Popular y lo lamentamos, porque entendemos que eran y son cuestiones importantes que han quedado como asignaturas pendientes, entre otras, en este proyecto. Queremos destacar y poner en valor las distintas enmiendas transaccionales, con la participación de nuestro grupo parlamentario, que han quedado incorporadas en el texto que viene del Senado. Hay distintos aspectos que han mejorado de forma sustancial. Hay tres enmiendas transaccionales que tienen que ver precisamente con adaptar el texto a esa realidad de distintos partidos o grupos parlamentarios que estamos presentes en esta Cámara y a la que concurrimos de forma permanente a través de coaliciones o a través de federaciones de partidos, y esta realidad quedaba excluida del proyecto inicial. Gracias a enmiendas de nuestro grupo parlamentario esto ha quedado incorporado en el Senado. También creemos que ha sido importante la incorporación en el Senado de otra enmienda de nuestro grupo parlamentario que tiene que ver con la deuda histórica que está pendiente en relación con distintos partidos políticos. Esto ha sido incorporado en el Senado a través de una transaccional, que no se ajusta exactamente a la enmienda que nuestro grupo había presentado, pero entendemos que es un gesto importante y queremos ponerlo hoy aquí en valor. En definitiva, en relación con este proyecto de ley entendemos que es un avance importante, que en el Senado se han incorporado varias transaccionales y enmiendas presentadas por otros grupos que mejoran el texto inicial, el texto que salió de aquí del Congreso y, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente, tal y como ya anunció en esta Cámara en la anterior votación. En la misma línea que en la otra ocasión, vamos a votar a favor. En lo que se refiere al proyecto de altos cargos de la Administración General del Estado, del cual ha sido ponente mi compañero Jordi Jané, pero voy a hacer yo brevísimamente una mención por haberse acumulado los dos puntos, simplemente quiero decirles que también vamos a votar favorablemente, ya que entendemos que las enmiendas que se han incorporado provenientes del Senado van en la misma línea que nosotros ya defendimos en la anterior ocasión en esta Cámara. Queremos resaltar que esta normativa es para los altos cargos de la Administración General del Estado. No estamos, por lo tanto, ante una ley básica. Esta era una cuestión que preocupaba a nuestro grupo parlamentario y entendemos que ha quedado claramente delimitada, por eso también vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. Gracias.
Gracias, señora Surroca. Por el Grupo Socialista, señor Pradas.
Gracias, presidenta. Señorías, es muy difícil hablar de regeneración democrática en esta Cámara cuando uno de los interlocutores, en este caso un interlocutor cualificado como es el Partido Popular, está siendo acusado por un juez de ser partícipe a título lucrativo de un delito de financiación ilegal y de haber llevado al menos durante dieciocho años una contabilidad B, unas acusaciones que han hecho que tengan que depositar esta misma mañana, como bien ha dicho uno de mis antecesores, una fianza en el juzgado. Es muy difícil hablar de regeneración cuando uno de los organismos de mayor prestigio de este país, como es la Agencia Tributaria, ha estado entorpeciendo la labor de la justicia en la instrucción de un caso relacionado precisamente con la financiación de un partido, una institución que para colmo de males y de cinismo ha comparado a un partido acusado de financiación irregular con una institución como Cáritas. Es imposible llegar a acuerdos en materia de regeneración y de transparencia cuando de forma reiterada se da la espada a este Parlamento por parte del presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, que está siendo acusado de delitos e irregularidades tan graves. Por cierto, señorías, hoy mismo desde el Grupo Socialista hemos vuelto a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en esta Cámara. Señorías del Partido Popular, ¿con la que está cayendo ahí fuera, con la que les cayó encima el domingo, todavía siguen pensando que la gente va a conformarse con una faena de aliño retocando un par de leyes? Ya se lo comenté en la Comisión: si es así es que no nos hemos enterado de nada. Nosotros queríamos aprovechar la tramitación de estas dos leyes, la ley orgánica de actividad económica y financiera de los partidos políticos y la ley de altos cargos, así como la propia reforma del Código Penal que hemos visto antes, para lograr un acuerdo que enviara un mensaje claro a la sociedad, que está indignada con todos nosotros por numerosos casos de corrupción, pero el Grupo Popular ha preferido enrocarse y hacer como si el problema no existiera. Los casos de corrupción, la imagen de falta de transparencia, la percepción de los partidos como entes endogámicos nos afectan a todos. Sí, señorías, a todos. Sin embargo, el grupo que apoya al Gobierno, con su mayoría absoluta aquí y en el Senado, es el que tiene mayor responsabilidad a la hora de cambiar esta percepción, pero tampoco han querido hacerlo en la tramitación de estas dos leyes en el Senado. Les ha faltado ambición y van a malograr una oportunidad de oro para enviar a la sociedad un mensaje claro de compromiso para cambiar las cosas en este país. Los ciudadanos están cansados del y tú más, y nosotros, señorías, los políticos honrados, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, deberíamos ser los primeros interesados en cambiar esa imagen. En su tramitación en el Congreso ya votamos en contra del proyecto de ley de altos cargos y nos abstuvimos en la ley de financiación con la remota confianza - ingenua, diría yo - de que se incorporarían algunas de nuestras enmiendas en su tramitación en el Senado. En ambas Cámaras éramos conscientes de que muchas de nuestras propuestas no tenían encaje técnico en los textos que debatíamos, pero insistimos en que en un paquete tan ambicioso deberían haber tenido cabida estas aspiraciones o al menos haber dejado proyectado con credibilidad algunos compromisos. Les recuerdo que fue el propio presidente del Gobierno el que puso todas las esperanzas en este paquete legislativo, y el señor Rajoy una vez más no ha cumplido su palabra. Nos traen del Senado dos proyectos de ley tramitados deprisa y corriendo, tal vez para hacer frente al endiablado calendario electoral que se les venía encima, pero el domingo comprobaron en carne propia que a la ciudadanía no se la engaña con una cosmética legislativa. Ustedes no han querido hablar de puertas giratorias. ¿A ustedes les parece de recibo que mantengamos la posibilidad de que los responsables de sanidad de algunas comunidades autónomas aprovechen su cargo público para colocarse un par de años después en empresas del sector privado sanitario? No han querido hablar de modificar el sistema de designación por las Cortes Generales de los órganos constitucionales y reguladores para evitar su colonización por los partidos políticos y garantizar su independencia. ¿Les parece defendible que en solo una legislatura estén acabando con el prestigio de la Agencia Tributaria con la utilización partidista a la que están sometiéndola con el caso Bárcenas? No han querido hablar de modificar la legislación de contratos del sector público para acabar con la corruptela habitual de los contratos fraccionados, que permiten su adjudicación por procedimientos negociados y sin publicidad, que están aflorando también en muchos casos de corrupción. No han querido hablar de atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos relacionados con la corrupción cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos para que sean rápidamente enjuiciados y puedan determinarse cuanto antes sus responsabilidades. No han querido acabar con la opacidad de las amnistías tributarias, levantando el secreto por infracciones tributarias superiores a 30.000 euros. No han querido profundizar de forma intensa en la forma de abrir las organizaciones de los partidos políticos a la sociedad contribuyendo a una mayor democracia interna. Estos son solo algunos ejemplos de temas que el Grupo Socialista, a través de nuestras enmiendas y de la negociación política de las leyes, ha considerado esenciales y no han querido llegar a un acuerdo. Se lo dijimos en varias ocasiones, se lo dijo el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en el debate general sobre corrupción en el que se convirtió la toma en consideración de estas dos leyes, en el debate sobre el estado de la Nación, en el Congreso, en el Senado y en las propias comisiones. Los ciudadanos nos demandan pasar de las palabras a los hechos para romper la espiral de desafección política, no solamente con los partidos políticos y con lo que llaman la clase política, sino con las propias instituciones, con el propio Estado democrático. Ese es el peligro al que nos enfrentamos. Y por el momento - no me es grato decirlo - no hemos sabido estar a la altura. Le repito que no es el momento de operaciones cosméticas en relación con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. No es el momento de posponer decisiones fundamentales en esta materia a leyes posteriores. No es el momento de dejar que la justicia haga su tarea mientras los legisladores nos desayunamos cada día con un nuevo escándalo sin hacer nada. Es el momento de actuar de forma decidida. Nos queda poco tiempo, señorías. Llegados a este punto, la cuestión no es si dos leyes, junto con las modificaciones a las que hacía usted referencia del Código Penal, mejoran el régimen vigente. Lo hacen, no se lo voy a negar, la cuestión es si lo hacen de forma suficiente para el momento crítico en que nos encontramos. Los socialistas entendemos que no. Hoy termina la posibilidad que hemos mantenido abierta de recoger nuestras propuestas en alguno de los tres textos. Ese ha sido nuestro propósito y se ha visto frustrado. Por todo lo dicho y porque nadie entendería que apoyáramos a un Gobierno que ni comparece ni asume responsabilidades cuando la justicia ha constatado la financiación ilegal durante al menos dieciocho años del partido que lo sustenta, el Grupo Socialista va a votar en contra de estos dos proyectos de ley. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, finaliza hoy la tramitación parlamentaria de dos proyectos legislativos muy importantes para nuestra democracia, dos proyectos legislativos que forman parte del Plan de regeneración y lucha contra la corrupción impulsado por el Gobierno, el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial en la lucha contra la corrupción política. Y es verdad que algunos no comparten ni este camino ni esta visión. Es más, creo que ni siquiera les importa, porque más que corregir esa desafección lo que en realidad pretenden es aprovecharse de ella, en una clara estrategia para intentar alcanzar el poder. Pero la mejora y el fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia no pasa por ese objetivo ni por esa estrategia. Regenerar la democracia no puede pasar por sustituir el sistema ni por romper los principios de nuestro Estado de derecho ni desde luego por la ruptura o destrucción de un modelo que nos está permitiendo gozar de un sistema de derechos y libertades de los más avanzados del mundo. Fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y eso es precisamente lo que hacemos con estas leyes. Con la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establecemos los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la Administración General del Estado. Garantizamos que el ejercicio de esa actividad, además, se realice con las máximas condiciones de transparencia, de control de legalidad y de publicidad en sus declaraciones, reforzando la Oficina de Conflictos de Intereses. Además, reforzamos - que no se diga otra cosa - las limitaciones de la denominada puerta giratoria, lo que pasa es que lo hacemos huyendo de criterios populistas, que terminarían conduciendo poco menos que a la muerte civil de quienes hayan ostentado un puesto de responsabilidad en el Gobierno. Las limitaciones en la vuelta a la actividad privada del alto cargo deben existir, pero entendemos que esa incompatibilidad debe quedar circunscrita a los dos años posteriores a su cese. Rigor sí, señorías, pero también proporcionalidad. En todo caso, esta será una ley que va a aportar mucho a la calidad institucional y mucha transparencia a la realidad de nuestros altos cargos. La segunda de las leyes es la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos. Una ley que nos afecta a todos porque todos hemos sido elegidos en listas de partidos con representación en esta Cámara. Una ley de autoexigencia que responde a los principios de ejemplaridad, transparencia y austeridad, que son los principios que deben regir en el futuro la vida de los partidos y que ha sido mejorada con las enmiendas del Senado que hoy aprobamos y que como ya se ha dicho por alguno de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra van a definir mejor algunos aspectos de la ley para evitar dudas interpretativas. Son esos principios los que justifican, entre otras medidas, que a partir de ahora van a quedar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos; que van a quedar prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos para separar con carácter definitivo el mundo de la política del mundo de los negocios y van a quedar también limitadas las donaciones de personas físicas a los partidos en la cantidad de 50.000 euros, ni más ni menos que la mitad de lo que hasta ahora venía recogido en la legislación. De otro lado, vamos a reforzar los mecanismos de fiscalización de las fundaciones vinculadas a los partidos. Es una ley, decía, de autoexigencia, pero también de austeridad y ejemplaridad. Ya sé que el ajuste en estos años ha sido muy duro y que la financiación pública de los partidos se ha reducido ni más ni menos que en un 40 %. Pero, señorías, si en estos años hemos venido pidiendo esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos era lógico que nosotros, los partidos políticos, fuésemos los primeros en ajustarnos, fuésemos los primeros en ser ejemplares. Por eso en esta ley no solo consolidamos esa reducción de un 40 % de la financiación pública en los partidos, sino que además rebajamos en un 20 % más la subvención por mailing y hemos unido la financiación pública de los partidos en el futuro, no al IPC ni al producto interior bruto, sino a un parámetro mucho más justo, la financiación de los partidos a partir de ahora va a quedar ligada a la evolución del gasto social en los Presupuestos Generales del Estado. También hemos incrementado los deberes de rendición de cuentas con la creación de la figura del responsable económico y financiero de los partidos y hemos tipificado de manera muy severa las infracciones en las que puede incurrir un partido y sus correspondientes sanciones, que por su gravedad pueden alcanzar la calificación del nuevo tipo penal de financiación ilegal que hemos introducido en la reforma del Código Penal. Con relación al funcionamiento interno de los partidos hemos ampliado el contenido mínimo de los estatutos, que deberán recoger tanto el procedimiento de elección de los órganos de gobierno, dirección y representación de forma que garantice la participación de todos los afiliados en dichos procedimientos como los procedimientos de defensa de los derechos de los afiliados y del régimen sancionador, que garantizarán siempre la audiencia previa de afiliado, salvo en dos supuestos: la suspensión temporal de afiliación de aquellos incursos en un procedimiento penal por delitos de corrupción cuando se haya dictado un auto de apertura de juicio oral, suspensión que se convertirá en expulsión definitiva si tras el juicio recayese sentencia condenatoria. Lo hacemos, señorías, porque entendemos que la corrupción es incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político. Sobre este tema y sobre la base de lo que se ha dicho querría hacer una reflexión. Señorías, la corrupción supone siempre una quiebra de los principios cívicos, éticos y legales de toda sociedad, pero cuando tiene naturaleza política tiene además otro componente, supone la quiebra del principio de confianza que es la base de la democracia representativa. Por eso desde aquí tenemos que librar contra ella una lucha sin cuartel, abrir una etapa de intransigencia contra los comportamientos corruptos e irregulares que minan el crédito de la política y que tanto daño han hecho a la confianza en el sistema y las instituciones, y eso es precisamente lo que hacemos con esta reforma. Señorías, fortalecer el sistema y dignificar la política sin duda pasa por despreciar y combatir a los corruptos, pero también pasa por respetar los más elementales principios del Estado de derecho. Se corrompen las personas, no las siglas. Si creemos en el Estado de derecho, no extendamos nunca la responsabilidad más allá de quien la tiene, del daño responden los culpables, nunca los inocentes. [[Aplausos]] Por eso, también me parece tan reprochable como improcedente que algunos hayan utilizado su turno para sembrar sombras de sospecha, lanzar juicios de valor interesado y dictar sentencias condenatorias anticipadas, confundiendo voluntariamente un auto de instrucción con una sentencia, confundiendo lo que solo está acreditado indiciariamente con la prueba, porque, entonces, señorías, ¿para qué necesitaríamos juicios? [[Aplausos]] Indiciariamente, eso es lo que dice el auto del juez Ruz. ¿Qué ganaría yo además ahora hablando de otros casos de corrupción que les afectan? ¿Qué ganaría yo hablando de Fitonovo, de los cursos de formación, de que les han detenido esta semana a dos delegados de la Junta? Sobre todo, ¿qué ganarían los ciudadanos? ¿Qué ganaríamos convirtiendo un debate de propuestas en un cruce de reproches? No ganaríamos nada, señorías. Aquí se habla mucho de regeneración, pues desde esta tribuna también hay que hablar a favor de la regeneración, mirando al futuro, que es la tarea que nos corresponde como legisladores. No nos equivoquemos, no se trata de utilizar la corrupción contra el adversario, se trata de combatir la corrupción para acabar con los corruptos, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. [[Aplausos]] Señorías, a nosotros nos corresponde valorar la actualidad, por supuesto, y de forma crítica, y legislar; juzgar y condenar no nos corresponde a nosotros. Eso, en un Estado de derecho, le corresponde a los tribunales de Justicia. Pero igual que afirmo esto, también debe quedar clara una cosa: la responsabilidad de dar una respuesta contundente a este clima de desafección y desconfianza no es de la justicia, es y era fundamentalmente nuestra. Creo que lo hemos hecho. Algunos piensan que no hemos estado a la altura; yo creo, señor Pradas, que sí hemos estado a la altura y que con estas reformas los comportamientos corruptos van a ser más difíciles, se van a descubrir con mayor rapidez, se van a castigar con mayor dureza y vamos a tener nuevos instrumentos para que los corruptos devuelvan lo que han robado, que es lo que también nos piden los ciudadanos. Hemos estado trabajando durante todas las Navidades durante dos meses en ponencia; ha habido cinco sesiones de ponencia. Creo que todos los grupos, a pesar de los discursos que han hecho esta mañana, han contribuido también al texto de esta ley. No creo equivocarme si afirmo que en estas leyes hay más de consenso que de disenso. Por tanto, quiero terminar en positivo. Quiero terminar agradeciendo el trabajo de todos los ponentes, del señor Esteban, de la señora Surroca, también del señor Sixto, que ha contribuido en esta ley, del señor Pradas, del señor Serrano - a quien quiero mandar un saludo muy cariñoso deseándole que se recupere lo antes posible - y por supuesto, a mis compañeros, el señor Gómez de la Serna, el señor Vera y el señor Floriano, que me han permitido hoy defender en su nombre estos proyectos de ley. Quiero reconocer a todos, también a los letrados, sus trabajos y sus contribuciones porque esta ley es suya, aunque al final en una posición inexplicable algunos no la vayan a votar. Ya sé que la coyuntura influye, fíjese si influye que la mayor parte de sus objeciones no guardan relación con el contenido de esta ley; fíjese si influye la coyuntura, que han pasado, de manera rocambolesca algunos, de cerca del sí a la abstención y hoy a votar en contra. Señorías, yo no puedo cambiar su estrategia política, y bien que lo lamento, como tampoco ninguno de nosotros podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es cumplir con nuestra obligación y es legislar de cara al futuro para que determinados comportamientos que se hayan podido producir en el pasado no se vuelvan a reproducir nunca. Señorías - y con esto termino -, el mensaje que queremos trasladar a los ciudadanos es que les hemos escuchado, que hemos reaccionado y que en estos proyectos legislativos está nuestra respuesta y nuestra voluntad. Nuestra respuesta desde el compromiso con la transparencia y la ejemplaridad en el ejercicio de la actividad política y también nuestra voluntad para que la corrupción desaparezca en el futuro de la lista de prioridades del Gobierno porque entre todos hayamos conseguido que haya desaparecido también de la lista de preocupaciones de los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Bermúdez de Castro. - PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. [[Número de expediente 122/000189]]
Pasamos a las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. En primer lugar, en turno de fijación, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos.
Gracias, presidenta. Lo haré desde el escaño. Nos devuelven del Senado una proposición de le ley que viene como fue, con el 70 % de la Cámara, que tuvieron muy a gala defender en tribuna. He de decir que con ese 70 % siguen, y me resulta preocupante. Un 70 % de la Cámara apoyando el debate en disyuntiva - contra esto en su momento ya planteamos nuestra posición en contra - entre libertad o seguridad, un 70 %, me parece un auténtico exceso. Por el contrario, un 70 % de la Cámara dando por válido este texto como herramienta contra la violencia, en este caso la violencia yihadista, me parece absolutamente un fracaso. El Gobierno ha conseguido atraer al Grupo Parlamentario Socialista a lo que entendemos una falacia en el debate sobre si es antes la seguridad que la libertad, y ha conseguido, incluso, que hoy vuelva a votar por la restauración de la cadena perpetua. Entendemos que son estos datos igualmente importantes para mantener la posición de aquel momento, en el caso de Geroa Bai el no a la ley orgánica. En fin, es un despropósito que, lejos de afianzar mecanismos de seguridad, ataca claramente elementos de libertad. Votaremos, insisto, que no al procedimiento. Gracias.
Gracias, señora Barkos. Por el mismo grupo, señor Salvador.
Gracias, señora presidenta. Finalizamos la tramitación de este proyecto de ley que tiene origen en un acuerdo político entre el Partido Socialista y el Partido Popular en materia antiterrorista. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, saludó el acuerdo desde el principio, lo hemos secundado y firmamos la proposición de ley subsiguiente que contiene las modificaciones al Código Penal en materia de antiterrorismo que incorpora ese acuerdo. Lo cierto, señorías, es que nos enfrentamos a nuevas formas de terrorismo; terrorismo entendido como violencia selectiva con el fin de alterar la realidad política - y de eso sabemos mucho en España -, un terrorismo con medios más sofisticados, con capacidad global de actuar, capacidad de crear estados de alarma y de crispación, con una seductora capacidad de adoctrinar y con una narrativa que debemos rebatir. Por tanto, señorías, una amenaza real, global, común y compartida. Así pues, tiene toda la lógica que busquemos adaptar los medios para combatirlo y tiene todo el sentido hacerlo unidos si queremos que el terror no nos gane ninguna batalla. Es verdad que otros, ahora lo acabamos de escuchar, no quieren que hagamos absolutamente nada. Este puede ser un buen paso, pero debemos alcanzar otros acuerdos para elaborar estrategias, poner en marcha acciones concretas de prevención, de represión penal, de capacitación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de respuesta, tanto en España como fuera, y debemos hacerlo juntos. Quiero agradecer en especial la disposición de los firmantes por haber entendido que la contranarrativa frente a estos fenómenos de violencia con fines políticos es también muy importante. Por eso, hemos trabajado y hemos incorporado una inhabilitación especial para que los que quieren adoctrinar, captar, radicalizar o pervertir los sagrados fines de la docencia no lo puedan hacer. Finalmente, debemos aprovechar también nuestra participación en los distintos foros que ya están funcionando para afrontar esta amenaza: el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Foro Global contra el Terrorismo, los programas de apoyo a víctimas y estrategia sectorial y regional de la Unión Europea, la coalición internacional contra Daesh o los distintos comités de la OSCE y del Consejo Europeo. Señorías, termino. Ojalá este acuerdo no sea una excepción, sino que sea un ladrillo más de un edificio común en el que todos podamos aportar soluciones frente a esta que es una de las mayores amenazas que tenemos en nuestra civilización.
Gracias, señor Salvador. Señor Baldoví.
Lo haré desde el escaño. Esta legislatura se encamina hacia su recta final y ustedes, el Partido Popular, solo pueden enseñar un exiguo, un triste balance en el apartado de los grandes consensos o de los pactos de Estado. Esta reforma infame e innecesaria, con el único respaldo del PSOE - respaldo delirante por otra parte porque van a derogar lo que hoy aprobarán en la próxima legislatura -, se ha legislado para contentar los instintos más primarios en lugar de legislar con la inteligencia o con la razón. Insisto, ¿alguien cree que, por instaurar la cadena perpetua, los terroristas renunciarán a sus intenciones? ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos hacer? ¿Castigar o evitar? ¿Queremos evitar los atentados? Dotemos de medios a la investigación, invirtamos en prevención en los barrios marginales o aumentemos la dotación de los cuerpos de seguridad destinados a controlar estas células. Esta reforma es innecesaria porque el marco jurídico vigente en materia penal antiterrorista es de los más amplios y severos de Europa occidental. Esta reforma es la constatación patente de su fracaso a la hora de conseguir consensos amplios. Si querían pactos de Estado, como ya dije, podían haber comenzado por pactos que está esperando la población; pactos por la educación, por la pobreza, por la dación en pago y no por convertir en terroristas a las personas que osen protestar contra las estructuras del Estado, amedrentarles con acusaciones de terrorismo para que eviten las protestas ciudadanas. Acabo. Hoy votaremos no y esperaremos impacientes a la próxima legislatura para que algunos enmienden lo que hoy votarán a favor. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Baldoví. Señora Fernández Davila.
También lo haré desde el escaño, señora presidenta. Señorías, vuelve del Senado esta proposición de ley orgánica tal y como salió del Congreso, manteniendo aquellos aspectos que suscitaron el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego. Permanece en el artículo 573 una definición del delito de terrorismo que se aparta de la que se recoge en todos los convenios internacionales; una definición ambigua, indiscriminada, que permite en este asunto una aplicación punitiva según la política que desee ejercer el Poder Ejecutivo de turno; una definición que va contra la libertad en general y, de manera particular, contra la libertad de expresión. Seguimos manteniendo que esta proposición de ley orgánica es completamente innecesaria porque en la legislación española existen actualmente, y concretamente en el Código Penal, medidas suficientes para actuar en este tipo de delitos. Por supuesto, señorías, la cadena perpetua forma parte también de esta propuesta que hoy se aprueba y en la que el Bloque Nacionalista Galego se vuelve a ratificar en su posición en contra. Señorías, somos conscientes de los peligros que representa el terrorismo denominado internacional o yihadista, pero también somos conscientes de que con estas medidas no se les puede hacer frente. Miremos al mundo y seamos conscientes de que para acabar con ese terrorismo es necesario acabar primero con las situaciones de guerra, inestabilidad, pobreza y opresión de una parte importante del planeta. Es, por lo tanto, señorías, mucho más necesario redoblar, multiplicar los esfuerzos diplomáticos que permitan acuerdos con los Estados en conflicto para poder alcanzar la paz, una paz imprescindible para que después en este mundo en el que vivimos no nos sintamos amenazados. Por eso, señorías, nos ratificamos en nuestra posición contraria a esta propuesta de ley y lamentamos los acuerdos alcanzados.
Gracias, señora Fernández Davila. Señor Tardà.
Gracias, señora presidenta. «Todo el que proteste será un criminal [[…]] Cualquiera que se resista un terrorista será». No sé si ustedes recuerdan o conocieron alguna vez este fragmento de una canción de La Polla Records, que creo que refleja perfectamente lo alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista con estas medidas. Porque, como bien recuerda Amnistía Internacional, el respeto a los derechos humanos no es un obstáculo para la seguridad; al contrario, es el camino para lograrla. Lo que es inaceptable es que se violen los derechos humanos en una supuesta lucha contra el terrorismo, porque ustedes, Partido Socialista y Partido Popular, no admiten de entrada discutir las causas de este terrorismo; un terrorismo que no existiría si la población mundial tuviera asegurada la alimentación, la vivienda, el acceso al agua y la educación. Por supuesto que nos asquea el yihadismo y que hay que combatirlo. Esto es evidente y nadie lo pone en duda, pero también tienen que tener en cuenta lo reflejado por el relator de Naciones Unidas, que dice que solamente puede existir el concepto de terrorismo cuando existe intencionalidad, propósito y sus ejecutantes son declarados así por las convenciones y los protocolos internacionales. Lo que hacen ustedes hoy aquí es legalizar un concepto expansivo del terrorismo porque lo que plantean es precisamente asociar terrorismo a delito grave contra la vida, la libertad, el patrimonio, los recursos naturales, etcétera, todo ello con una finalidad, la de subvertir el orden constitucional. Los catalanes sabemos qué es lo que nos están diciendo…
Señor Tardà.
… y, además de que sabemos lo que nos están diciendo, nos preguntamos en manos de quién estará decidir la finalidad de estos actos. Por tanto, vamos a votar en contra de estas medidas pactadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular.
Gracias, señor Tardà. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que para refutar esta proposición de ley orgánica se puede citar a La Polla Records e incluso se puede citar a Tomás Moro, cuando afirmaba que concedería la presunción de inocencia al propio diablo si tuviera fundamento la condición de esa presunción de inocencia. Se está convergiendo en una dirección contraria a las reflexiones lúcidas de Tomás Moro y además con la connivencia del Partido Socialista en una proposición de ley orgánica que nos llama poderosamente la atención en tanto en cuanto no deja de constituir un aval a la prisión permanente revisable, que con tanta fiereza y con tanta lucidez han criticado. En materia de derecho penal, en lo que va a quedar en esta legislatura del derecho penal, uno tiene grandes dificultades para ubicarse metodológica y sistemáticamente. Ya hemos explicado lo que ha ocurrido con el Código Penal, cómo ha sido refundido o reconfigurado en el Senado a través de noventa enmiendas del Grupo Popular que han cambiado la norma, que viene aquí sin pasar los filtros preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etcétera. [[El señor]] Con esto pasa algo parecido también. Nos encontramos con que los delitos de terrorismo, no solo de terrorismo yihadista - hay que hacer esta reflexión conceptual porque lo contrario puede conducir al error -, se desubican, se separan del Código Penal y se articulan en virtud de un pretendido pacto - vamos a llamarle de Estado si se quiere - entre el Partido Popular y el Partido Socialista en una norma diferente, en una proposición de ley orgánica en la que el Partido Socialista abdica de sus convicciones más profundas en materia de derecho penal y acepta la aplicación de la prisión permanente revisable, de la cadena perpetua en definitiva, como antes he explicado. En definitiva, se fundamenta sobre una concepción inconstitucional de la represión y del reproche penal al fenómeno terrorista, puesto que la condena perpetua o la cadena perpetua, como han reconocido portavoces del Grupo Socialista e incluso los propios ministros de Justicia e Interior aquí presentes, no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico, pero es que la prisión permanente revisable es la cadena perpetua, dados los plazos de revisión de las penas impuestas: veinticinco años, más de lo que considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no contradice las previsiones de las llamadas penas degradantes, crueles y por lo tanto contrarias a la normativa comunitaria. Nos llama la atención esto y también que se haya asumido por los dos partidos que han suscrito este pacto una concepción del delito de terrorismo manifiestamente errónea, como el propio señor Serrano - cuya recuperación pronta yo también deseo - ha reconocido expresamente. Cuando se define, señor presidente, el delito de terrorismo se tiene que definir en sus propios términos; es un delito autónomo, es un delito que se define por sí mismo y se define bien cuando se habla de que es aquel delito que perturba el orden constitucional o el funcionamiento ordinario de las instituciones públicas estatales o europeas. Pero cuando se incorpora esta definición del delito de terrorismo a una serie de tipos delictivos que tienen su tipificación específica y su nomen iuris específico se complica terriblemente la definición del concepto y se provoca un problema de inseguridad jurídica para la interpretación, para la exégesis de la norma que el propio señor Serrano reconoció. Por lo tanto, se me antoja muy difícil comprender cómo se puede llegar a haber firmado un pacto de estas características en donde la propia definición del concepto del delito de terrorismo resulta tan perturbadora y tan difícil de interpretar. Estamos haciendo lo contrario de lo recomendado por el Parlamento Europeo. Señor ministro, usted sabe que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución con fecha 2 de marzo de este año indicando que la forma de afrontar el terrorismo yihadista - vamos a centrarnos en él aunque se refieran ustedes a todos los fenómenos terroristas existentes - no consiste en la expansión del derecho penal, en el incremento del reproche penal, sino en mecanismos de integración, en mecanismos de cohesión, en mecanismos de respeto a la multiculturalidad, en mecanismos de respeto religioso a otras confesiones religiosas. Desde esa perspectiva, no es la estigmatización el mejor elemento, desde una perspectiva incluso penal o represiva, para acabar con este fenómeno terrorista, pero nos encontramos con disfunciones de naturaleza técnico-jurídica con una mala definición del concepto de terrorismo y con una adhesión del Partido Socialista un tanto anómala y excéntrica a la prisión permanente revisable, que algún día tendrán que explicar por qué lo han hecho, me imagino que por razones electorales, como ocurre con mucha frecuencia en esta Cámara. En definitiva, nos encontramos con un derecho penal donde, para analizar los tipos delictivos del Código Penal - cuya tramitación se ha culminado esta mañana, señor presidente - tenemos que recurrir, en primer lugar, a esta proposición de ley orgánica que regula todos los delitos de terrorismo; delitos de terrorismo que, por cierto, incurren en las deficiencias que cuatro relatores de Naciones Unidas han definido como contrarias a los convenios internacionales suscritos por el Estado español y a la propia carta de creación de Naciones Unidas. Cuando son tipos evanescentes, son tipos difusos, son tipos mal concebidos técnicamente, el delito de terrorismo se basa en reflexiones apologéticas - cuando se regula la apología es un tipo absolutamente difuso muy difícil de interpretar en términos jurídicos -, lo cual está provocando un problema, que es la incoación de sumarios o de diligencias penales que al final provocan la puesta en libertad de todos los encausados. Cuando se establece como parte del delito el enaltecimiento, sobre todo en el ámbito del terrorismo yihadista, nos encontramos con otro problema diferente, que es lo que se denomina como autoformación, autopreparación mediante la criminalización de actividades que se pueden considerar ordinarias, no criminalizables por su propia naturaleza, el acceso a determinadas páginas web donde teóricamente se forman, determinados viajes a determinados lugares donde existen o pueden existir eventualmente conflictos o eventualidades de formación o posibilidades de formación. Desde esa perspectiva, no hay nada que sea salvable en esta proposición de ley orgánica firmada por dos partidos políticos más que la preterición de requerimientos de derechos humanos, tanto los configurados por la Declaración Universal de Derechos Humanos como por recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas en relación con la tipificación y al principio de legalidad en materia de definición de determinados aspectos de los delitos de terrorismo y un problema criminógeno que usted conoce, señor ministro, que es el siguiente. En cuanto a la pena, para los terroristas yihadistas carece de relevancia la dimensión de la misma, incluso la prisión perpetua porque ya han descontado su inmolación. Desde esa perspectiva, los fines de la pena, que son los de prevención especial, los de la prevención general y la retribución, carece de relevancia para ellos, no va a disuadirles de la comisión de los delitos, como todos sabemos. Para este tipo de terrorismo específico se lo menciono. ¿Qué va a ocurrir? Que personas que colaboran en la comisión de estos delitos, como los colaboradores o los que realizan reflexiones apologéticas o enaltecen, van a sufrir mayores condenas que los comitentes del delito que ya han descontado su inmolación a la hora de cometer el delito; se lo han comentado muchas personas conocedoras de este fenómeno. ¿Y este fenómeno cómo se corrige? Este fenómeno se corrige - y con esto acabo, señor presidente - con la consideración de algunas de las recomendaciones de la Comisión del 11 de marzo, a la que tuve el honor de pertenecer. En la Comisión del 11 de marzo, en relación con los atentados en determinadas estaciones de tren de Madrid donde murieron más de 100 personas, se indicó que son elementos vinculados a la inteligencia, a la prevención, a la eficiencia de la actuación policial los que pueden servir para reprimir esta especial fenomenología delictiva a la que se denomina terrorismo yihadista. Y hasta qué punto es verdad esto que en esta Comisión se pudo comprobar lo siguiente. Los terroristas que cometieron los atentados obtenían los explosivos - Goma 2 en aquella época porque ya ETA estaba utilizando Titadine - en minas de caolín abandonadas en Asturias; minas de caolín que estaban protegidas por un perro sin dientes, había que sobrepasar sencillamente una barrera para obtenerla. Los que les proporcionaron los explosivos a los terroristas que cometieron estos atentados eran confidentes de la Policía, del comisario general de la Policía de Asturias, y estos confidentes de la Policía proporcionaron a los terroristas, a cambio de dinero y a cambio de substancias estupefacientes porque eran antiguos mineros traficantes de drogas, los explosivos que utilizaron para la comisión de estos atentados. Fíjese hasta qué punto falló la inteligencia, la prevención, la consideración de la dimensión y la profundidad del problema y los mecanismos adecuados, lo demás, el incremento de la pena, el incremento del reproche penal, la incorporación de la prisión permanente revisable, de la cadena perpetua, va a tener escasa eficiencia. Si no se articulan mejor los mecanismos preventivos basados en la inteligencia, basados en la identificación de los peligros realmente concernientes al Estado español y a todos los demás, nada se va a poder hacer con el Código Penal o con una proposición de ley orgánica de estas características. Es lo de siempre, no está la normativa punitiva llamada a resolver problemas sociales, hay otras medidas y otros mecanismos, unos de carácter social, otros de carácter preventivo, otros de carácter policial, otros de los servicios de información. En definitiva, es otro acto fallido que nos coloca en una situación y en un problema, desde una perspectiva hermenéutica, señor ministro, muy complicada. Yo no sé qué es lo que queda vivo del Código Penal en este momento…
Señor Olabarría, tiene usted que terminar.
Sí, acabo ya, señor presidente. … pero tampoco sé si este apéndice tan importante del Código Penal - es el único país del mundo donde los delitos de terrorismo se regulan en norma separada del Código Penal - va a servir para la represión y para la prevención de un fenómeno creciente y que a todos nos preocupa. Vamos a pensarlo y vamos a pensarlo entre todos, porque aquí la propensión a la unilateralidad es un peligro también.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. También seré breve. Antes lo he comentado cuando hablábamos de la reforma del Código Penal, pero ahora es el momento de comentarlo más a fondo. Esta es una de las propuestas legislativas más extravagantes y estrafalarias que se pueden concebir: sacar de la reforma del Código Penal una cuestión esencial en un Código Penal, como es la penalización del terrorismo, y presentarla aparte para que las cosas se vean como si no tuvieran nada que ver y luego traer unas enmiendas del Senado que poco añadido sustancial hacen. Es verdad que hay una cierta novedad, y es que han añadido ustedes la solución al problema de la jurisdicción universal, que nuestro propio grupo planteó como enmienda durante su trámite en Comisión y después en el Pleno, pero lo demás queda exactamente igual. Incluso el propio nombre es un fraude, un fraude desde el punto de vista político, porque esto está pensado por la amenaza yihadista, que evidentemente es también - evidentemente o no, no lo sé, a veces ya uno no sabe lo que son evidencias - una de las principales amenazas, una de las más peligrosas que tiene a día de hoy el mundo en su conjunto, los países no solo democráticos sino meramente las sociedades civilizadas, y todo esto se elude en el fondo de la cuestión y se presenta algo que no añade prácticamente nada a la reforma que ya se hizo en el año 2010 y a otras reformas que ha habido después sobre la base de acuerdos europeos. Por lo tanto, solo se puede calificar de propaganda, propaganda porque aquí no hay nada: ni se aumentan ni hay un compromiso de mejora de medios materiales para algo fundamental en la prevención de un fenómeno como el terrorismo yihadista, que es el espionaje, la inteligencia, para decirlo con el nombre más técnico, ni más medios humanos; o sea, que no hay ninguna previsión de algo que sería esencial, que es completar las plantillas que han sido tan castigadas durante la crisis por los recortes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pero que son esenciales para que haya prevención también dentro de España ante un tipo de terrorismo difuso de una enorme dificultad de prevención. No hay financiación por lo tanto, ni medios humanos ni medios materiales. Lo que hay es que sobra propaganda, es una completa incoherencia desde el punto de vista jurídico, porque es una reforma del Código Penal que está fuera de la reforma del Código Penal que hoy mismo se va a votar y que se ha tramitado paralelamente, lo cual es algo, como digo, absolutamente absurdo, por no decir…, bueno, lo voy a decir: es aberrante, porque es evidentemente una maniobra oscurantista para que no se sepa exactamente qué es lo que se está aprobando. Y desde luego no es un pacto de Estado, dejémonos de cuentos. Es un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que antes ha estado muy indignado con la reforma del Código Penal precisamente por lo mismo que va a aprobar ahora aquí, que es introducir una serie de penas con una enorme indeterminación jurídica. El aspecto de chapuza legislativa, de inseguridad jurídica, de introducir figuras y previsiones que no tienen ninguna definición en términos penales es otro de los aspectos de esta reforma. Realmente es una tomadura de pelo. De aquí no va a salir nada que mejore la seguridad frente a la amenaza del yihadismo, no va a salir nada que mejore - quitando un par de cositas - la jurisdicción universal, que mejore el Estado de derecho respecto al terrorismo, y lo que sí hay es una operación de rimbombancia propagandística, de que no se preocupe usted, duerma tranquilo, que nosotros nos ocupamos, que es realmente preocupante, porque cuando se hacen estas afirmaciones sin ninguna voluntad de tomar medidas preventivas lo único que puede ocurrir es que todo salga muy mal. En fin, no podemos apoyar, como ya dijimos en su trámite anterior, esta ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
Gracias, señor presidente. Señorías, culminamos hoy un día negro para la democracia, para los derechos civiles y para las libertades públicas. Culminamos la legislación de excepción en la que hemos discutido la llamada ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, el Código Penal o código grillete y ahora tenemos en nuestras manos la llamada ley antiterrorista o ley antiyihadista, que no es realmente una ley antiyihadista. En este país, por desgracia, tuvimos una experiencia dramática de atentado terrorista yihadista y supimos aprender de esa experiencia dotándonos, tanto en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito policial, como en el propio Código Penal, de un arsenal que sigue siendo útil y además es ejemplo para otros países que tienen hoy esos problemas. De hecho, en estos momentos el Poder Judicial, nuestros fiscales y nuestra policía están deteniendo a lobos solitarios, están deteniendo también a personas que se entrenan fuera de nuestro país, están deteniendo a terroristas o posibles terroristas, del llamado terrorismo yihadista, sin ningún tipo de problemas y con arsenal penal suficiente para ello. ¿De qué se trata, pues, señorías, si no es una ley antiyihadista en materia terrorista ni antiterrorista? Se trata de una ley simbólica que pretende sustituir la seguridad social por la seguridad penal. De eso se trata con esta ley antiterrorista, que es inocua para los verdaderos terroristas y sin embargo pone en marcha el paroxismo penal para los no terroristas. Porque lo más grave de esta ley, aparte de la prisión permanente revisable, eufemismo de la cadena perpetua, es la definición de terrorismo. Cuando se considera terrorismo alterar la paz social, cuando se considera terrorismo forzar u obligar al poder público a hacer o a dejar de hacer una determinada cuestión, se está poniendo encima de la mesa el carácter terrorista de la resistencia, de la disidencia o de la movilización: de Gamonal, de los escraches, de todo tipo de iniciativas que a lo largo de la legislatura ha visto el Partido Popular con preocupación y que hoy intenta atajar mediante el paroxismo penal, que no es otra cosa esta ley antiterrorista que forma parte, como he dicho antes, del trípode: ley de seguridad ciudadana, del Código Penal y, en la escala mayor, la ley antiterrorista, inocua para los terroristas, pero que incorpora al terrorismo figuras muy diferentes de movilización social, de intervención social y de todo tipo de movilización que ve con preocupación el Partido Popular y que intenta atajar no a través de la cohesión social, no a través de la reinserción en el ámbito penal, sino fundamentalmente a través de la represión como estamos viendo hoy en esta reforma de la ley antiterrorista. ¿Cómo viene la ley del Senado? Creo que después del paroxismo solo cabe la paranoia y del Senado viene la paranoia, señorías. Es verdad que una de las enmiendas tiene que ver con la persecución internacional y nos felicitamos de que tapen un agujero, pero es que, por ejemplo, en la otra enmienda, cuando en el Código Penal tenemos la figura de lo que se llama cómplice y colaboración con banda armada, ustedes introducen, entre cómplice y colaboración con banda armada, la colaboración con individuo armado, señorías. ¿Qué significa esto? ¿Qué le da a un juez para luchar contra el terrorismo? Nada, no le da nada. Esta ley - vuelvo a repetir - no da nada a los jueces, a los policías o a los fiscales para luchar contra el terrorismo. Le da al Partido Popular una medida de populismo penal, una legislación simbólica que sustituye la inseguridad social de los ciudadanos ante la crisis. No sé lo que le da al partenaire, no lo sé ni voy a entrar en ello, pero creo que nada, porque, en definitiva - y termino - esta ley lo que pretende también es legitimar la prisión permanente revisable o la cadena perpetua; cadena perpetua que, reitero, es la fórmula civilizada de la pena de muerte. Nosotros somos más civilizados aún y civilizamos la pena de muerte mediante la cadena perpetua y la civilizamos aún más revisándola, pero con eso no la reblandecemos, al contrario, la endurecemos porque convertimos la cadena perpetua en una cadena perpetua interminable. Esa es la realidad de lo que ha puesto encima de la mesa el Grupo Parlamentario Popular, contradictoria con la reinserción social que dice la Constitución y también contraria a lo que podemos denominar un tratamiento de los ciudadanos, independientemente del delito que hayan cometido, que respete sus derechos fundamentales. La cadena perpetua no respeta los derechos fundamentales, es un trato degradante, es una forma de tortura y por tanto no se puede incorporar ni en respeto de la Constitución ni en respeto del derecho internacional. Por todas estas razones vamos a votar en contra de las enmiendas y mantenemos también nuestra posición contraria al trípode de excepción: a la ley de seguridad, al Código Penal y a ley antiterrorista, que en nuestra opinión significa una deriva autoritaria en nuestro país que no podrá sanar - no podrá sanar - los recortes sociales. A la sociedad se la consigue convencer mediante el diálogo y mediante el consenso y no mediante el dominio ni mediante la represión. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
Señor presidente, señor ministro de Justicia, señor ministro del Interior, señorías, llega hoy a la fase final la aprobación de una proposición de ley de gestación desafortunada, porque el título de esta proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal es un título que va dirigido a la lucha contra el terrorismo, y siempre Convergència i Unió, en todas las legislaturas, en todos los debates y en todas las normativas específicas de lucha contra el terrorismo, hemos contribuido activamente. Detestamos cualquier forma de terrorismo, detestamos cualquier utilización de la violencia, de la intimidación y de los métodos terroristas para conseguir sea cual sea la finalidad. Siempre Convergència i Unió, en todas las comisiones, en todas las legislaturas, siempre de manera activa, hemos estado en contra del terrorismo y siempre hemos advertido - lo hicimos ya en la Comisión del 11-M, lo hemos hecho en la Comisión de Interior y en la de Justicia - de los riesgos que conlleva esa nueva forma de terrorismo internacional y que, ante esos riesgos, máximo consenso, máxima unidad de todos los demócratas, de todos los que estamos en contra del terrorismo. Por tanto, ante esta premisa que siempre ha aplicado Convergència i Unió, lamentablemente debemos censurar la forma en que se ha gestado esta reforma legislativa. Se ha gestado de manera acelerada y de manera bipartidista. Se gestó - veo aquí al ministro de Justicia y al ministro del Interior - en una reunión - no es para criticar porque no la voy a criticar, es para constatar - con los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular y con los responsables de ambos grupos - veo al señor Trevín - de la Comisión de Interior y de la Comisión de Justicia y los propios ministros, en la que se solemniza un principio de acuerdo. A partir de ese momento se nos llama al resto de fuerzas parlamentarias. Es lícito que se pueda hacer de esta forma, pero no es el mejor sistema si se quiere alcanzar un acuerdo global, un acuerdo de consenso, no un acuerdo bipartidista como se reflejará hoy en la votación final de esta ley, que debería haber sido una votación unánime de todos aquellos que estamos directamente en contra del terrorismo. En cambio, lamentablemente, las formas en que se ha gestado el acuerdo no han sido las apropiadas. Además de las formas, hay aspectos del contenido que hacen también discutible la reforma que hoy vamos a aprobar, porque estábamos preparados desde un punto de vista de normativa penal. Hicimos una reforma del Código Penal en el año 2010, yo fui ponente de esa reforma, y recuerdo perfectamente cómo en la misma ya incorporamos la decisión marco de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo, tanto en su versión inicial del año 2003 como después en la reforma que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2008, y esa reforma que culminó en el año 2008 ya la incorporamos en la reforma penal del año 2010. Hoy lo que se pretende es vender con un gran título que ahora sí que vamos a estar preparados, pero, señor ministro de Justicia, elementos de preparación los tenemos, y el señor ministro del Interior sabe perfectamente el esfuerzo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas con competencias en la materia, realizan un gran esfuerzo - y lo quiero reconocer - en la lucha contra el terrorismo y contra las nuevas amenazas. Por tanto, no vamos a trasladar hoy que gracias a esta reforma a partir de ahora sí que vamos a atajar esas nuevas formas de terrorismo, porque teníamos ya los instrumentos. Aun así estamos de acuerdo en algunos aspectos de esta nueva normativa. Por ejemplo, compartimos el nuevo artículo 578, que en su apartado 2 viene a tipificar como terrorismo aquellas acciones que tienden a difundir el terrorismo a través de servicios o contenidos accesibles al público, medios de comunicación, Internet, comunicaciones electrónicas o uso de tecnologías de la información. Difunden el terrorismo a través de esos medios. De acuerdo, consideremos eso terrorismo, pero no podemos considerar que comete delito de terrorismo, como sí va a hacer el nuevo artículo 575.2, aquel que navega por Internet, aquel que acceda, aunque sea de manera habitual, a ciertos servicios de comunicación abiertos al público, a contenidos que están en Internet, a servicios de comunicaciones electrónicas abiertas, es decir, que por el mero hecho de navegar ya se vaya a tipificar a esa persona usuaria de Internet como posible autor de un delito de terrorismo. Por tanto, quien difunde, sí; quien meramente navega, no. Debemos, pues, ser escrupulosos cuando definimos el contenido de los tipos penales. Entendemos que esta reforma tan precipitada no ha llegado al contenido preciso de lo que deberíamos entender en todo caso como delito de terrorismo. De la misma manera, señor presidente, señorías, no podemos compartir de ninguna forma el artículo 573. Es un artículo según el cual a determinados delitos - por suerte hemos eliminado ya los desórdenes públicos - les atribuimos un concepto de delito de terrorismo si persiguen determinadas finalidades y en cambio se nos niega que eso sea así siempre que se utilicen medios violentos. Hay terrorismo cuando hay violencia, cuando hay terror, cuando se utilizan medios violentos. Nosotros en nuestra enmienda les decíamos que aceptábamos el texto si introducían esa cautela de que hay terrorismo cuando se utilizan esos medios violentos. Incluso el señor Serrano - que hoy está ausente del debate - se comprometió con el Grupo de Convergència i Unió porque entendió esta reforma y entendió esas posibilidades que podían quedar abiertas y se nos dijo que en el Senado buscarían un marco de acuerdo. Nosotros también lo habíamos pedido en el último debate que tuvimos en el Congreso, pedíamos que se rectificara ese aspecto en el Senado, y lamentablemente ese aspecto no se ha modificado. Como tampoco se ha modificado otro aspecto al que hacían referencia el señor Olabarría, el señor Llamazares, casi todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Hoy ya no hay interpretación distinta posible, hoy se aprueba el Código Penal, la última reforma del Código Penal, con la prisión permanente revisable como pena máxima. Pues bien, cuando en esta reforma de hoy se alude en el 573 bis 1.1.ª a la pena máxima establecida en el Código Penal, ya no nos cabe ninguna duda: estamos aplicando también en esta ley la prisión permanente revisable, que entendemos - lo ha dicho ya la señora Surroca, que ha intervenido en el debate del Código Penal - que no tiene un encaje en los principios de reinserción que marca la Constitución, entendemos que no tiene un encaje en la propia seguridad jurídica establecer que la pena es una remisión. Los delitos exigen establecer en cada delito la pena aplicable, no remitirnos a cuál será la pena máxima en cada momento, eso no es seguridad jurídica, esto es legislar mal. Aquí el Partido Socialista ha caído en una enorme contradicción. El mismo día que en que están diciendo no a la prisión permanente revisable van a decir sí a una reforma en tema terrorista que nos llevaría también a esa prisión permanente revisable. Entendemos que esta es una grave contradicción que tampoco podemos admitir desde Convergència i Unió. Por tanto, lamentamos las formas, lamentamos que se haya gestado desde ese bipartidismo inicial y no buscando el acuerdo con todos, lamentamos determinados contenidos de la futura reforma. Tampoco nos agrada el artículo 577.3 cuando introduce la posibilidad de cometer un delito de colaboración con una organización o grupo terrorista de forma culposa o a título de imprudencia. Entendemos que esto encaja mal en este tipo de delitos. Creemos que esta reforma debería haberse aprobado de manera distinta desde la Comisión de Justicia, no con lectura única, no directamente en el Pleno, no con el trámite de urgencia, no con esas formas aceleradas, sino haberlo hecho con mayor serenidad, buscando un mayor consenso y buscando - con esto termino, señor presidente - la seguridad jurídica. Fíjense, en un mismo día, señor ministro de Justicia, aprobamos dos leyes orgánicas, dos, que modifican una misma norma, el Código Penal, con lo cual aquel que quiera ver cuál es el Código Penal va a tener que hacer un puzzle, ir buscando: para estos delitos hay esta ley orgánica, para estos otros, toda esta, y al final, el resto, lo que no hemos modificado. Es una forma chapucera de legislar. Por tanto, también pedimos rigor, seguridad jurídica y ser absolutamente buscadores del consenso cuando de lo que se trata es de legislar en materia de terrorismo. Nosotros no lo podemos compartir y nos vamos a abstener en la votación final de esta proposición de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Jané. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.
Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, debate hoy definitivamente este Congreso la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de delitos de terrorismo. Su origen fue el acuerdo para afianzar la unidad de las fuerzas políticas españolas en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente el yihadista. El Partido Socialista Obrero Español, al que represento en esta tribuna, propuso dicho pacto al Gobierno. Nos felicitamos por que lo haya aceptado y lo agradecemos, como también agradecemos a Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro que se hayan sumado al mismo colaborando en su redacción final. Por lo dicho, a nadie resultará extraño que anuncie el voto afirmativo de mi grupo a esta proposición de ley. Además, señorías, lo hacemos por otras tres razones, porque los atentados terroristas yihadistas son un peligro real y cierto para España, porque era necesario y urgente una nueva legislación para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo yihadista y porque la lucha contra el terrorismo ha sido siempre desde 1978 para el PSOE una cuestión de Estado. El terrorismo yihadista constituye un problema real y cierto para España y para el mundo de hoy. Nadie, nadie con un mínimo de sensatez puede negarlo. El jefe del Gobierno francés, Manuel Valls, lo resumió con precisión la pasada semana. La cuestión no es si habrá atentados en Europa, sino cuándo y dónde. Nuestros ciudadanos tienen derecho a su seguridad y el Estado la responsabilidad de garantizarla en su propio territorio y, al tiempo, está obligado a trabajar por la búsqueda de una respuesta global cooperando con la Unión Europea y con la ONU ante las amenazas y las actuaciones de los yihadistas en cualquier lugar del mundo, un mundo, señorías, que es cada vez más pequeño. Lo demuestra el hecho de que un atentado en Túnez se nos vuelve espanto y dolor próximo cuando siega la vida de españoles como recientemente ha sucedido. Una vez más tuvimos la constatación de que el terrorismo es el peor enemigo de la democracia y las libertades. Era eso lo que perseguía la acción yihadista en el país donde se inició la Primavera Árabe: acabar con la democracia y las libertades en una nación ribereña de nuestro Mediterráneo. Es necesario y urgente una nueva legislación para hacer frente a las nuevas formas de los terroristas yihadistas, algunas muy recientes como demuestra el hecho de que hasta 2012 el 80 % de la captación de nuevos adeptos se llevaba a cabo en las prisiones y centros de culto y aledaños, pero desde entonces hasta hoy el 80 % de los procesos de captación se produce en Internet y en las redes sociales. La batalla contra el yihadismo no solo tiene lugar sobre el terreno, sino que también se libra en el ciberespacio. Se ha vuelto planetario, más aún. Además, como nos indican los expertos Fernando Reinares y Carolina García Calvo, se está corroborando la tendencia tanto a una españolización del fenómeno yihadista como a la eclosión de un yihadismo autóctono bien diferente del conocido hasta el año 2012. En él participan sobre todo varones, pero con una presencia de mujeres cada vez más significativa. Se trata además de personas inmersas en entramados yihadistas que ya no solo reclutan y trasladan a Siria e Irak a individuos dispuestos a incorporarse al Estado Islámico, sino que están acumulando también capacidades operativas, a la vez que incitan a ejecutar actos terroristas en territorio español. Todo ello exige nuevas respuestas. Esto es lo primero que aporta esta proposición de ley: una modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a cuyo apoyo y discusión se convocó al conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias. Es fundamental que esta proposición de ley orgánica tenga el mayor apoyo posible. Con ella se podrá condenar como terrorismo el autoadiestramiento o el adoctrinamiento, la actuación individual de los llamados lobos solitarios, el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella, cualquier actividad económica con la intención consciente de financiar delitos terroristas y la consulta habitual de páginas yihadistas con la finalidad, repito, con la finalidad de incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o proseguir sus fines, y en ningún caso, en ninguno, condenar a nadie que no haya realizado una actividad con intencionalidad terrorista, según la definición del Tribunal Supremo. Nada que ver por tanto con algunas interpretaciones surrealistas oídas hoy en este hemiciclo. Estas medidas las están demandando expertos policiales y responsables judiciales. Sentencias como las de las operaciones Duna y Nova, con decenas de acusados absueltos de pertenecer a organizaciones terroristas yihadistas, pusieron de manifiesto las limitaciones de los actuales instrumentos legales para responder con eficacia al nuevo terrorismo. La eficaz legislación española contra grapos y etarras no lo es en la misma medida contra el yihadismo actual. Los socialistas sabemos que los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror son la eficacia de los servicios policiales, la actuación firme de jueces y tribunales, la cooperación internacional y normas legislativas para facilitar la persecución y condena de terroristas. Hoy con esta proposición de ley afrontamos la responsabilidad que esta Cámara tiene en dicho combate. Además, este acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo contiene otros ambiciosos objetivos. Nos compromete con las víctimas, con su memoria, nos compromete a dotar de los medios necesarios a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia, nos compromete con las nuevas formas de radicalismo, especialmente las que promueven la xenofobia, y nos compromete a promover conjuntamente iniciativas dirigidas a fomentar la cooperación internacional y especialmente a que la Unión Europea avance en la persecución y castigo de las acciones terroristas, también en la prevención. Recientemente los veintiocho ministros de Educación de la Unión Europea se comprometían a ello. El propio comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Unión ha celebrado este compromiso político y ha avanzado que preparará una propuesta este año para que la inclusión, la diversidad y los valores cívicos estén en el centro de las nuevas prioridades en educación y formación, con el fin de combatir la radicalización. Atento al dato, señor Wert, debe corregir y volver a la Educación para la Ciudadanía. Por último, señorías, votaremos sí a esta norma porque para el PSOE la lucha contra el terrorismo ha sido desde 1978 una cuestión de Estado, cuando nos correspondieron responsabilidades de Gobierno y ahora, cuando estamos en la oposición. Como dijo Pedro Sánchez, presidente de mi grupo parlamentario, en la firma del acuerdo que alumbró este texto: Durante los últimos veintisiete años los socialistas siempre hemos antepuesto la necesaria unidad contra el terrorismo a cualquier consideración partidista. Siempre hemos dado prioridad al acuerdo de los demócratas para responder con eficacia a quienes se valen del terror, a aquellos que por medio de la violencia quieren destruir nuestra convivencia y acabar con nuestras libertades. Hoy como siempre el compromiso del Partido Socialista Obrero Español está con la libertad y la seguridad de los ciudadanos, que merecen que los políticos sepamos estar a la altura de las responsabilidades que ellos nos han encomendado. Fin de la cita, como diría el presidente del Gobierno. [[Risas]] El Partido Socialista Obrero Español, señorías, sigue donde siempre ha estado, con criterio, pero también con coherencia con lo acordado contra el terrorismo. Lo demostramos con el Pacto de Madrid en 1987, con el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y con el Pacto por las libertades y contra el terrorismo de 2000, cuando fuimos Gobierno liderando los pactos, cuando estuvimos en la oposición siendo leales al liderazgo gubernamental, y ni tan siquiera nos hicieron cambiar de opinión las deslealtades y ataques sufridos en esta materia cuando gobernábamos por parte del Partido Popular, el mismo que hoy sustenta al Gobierno. Los socialistas, señorías, no cambiamos nuestro principios y además estamos orgullosos de ello. ¿Cómo no vamos a estarlo si cuando el Estado de derecho derrotó a ETA, con el apoyo y sufrimiento de la inmensa mayoría de los españoles y de sus instituciones, era presidente del Gobierno el señor Zapatero y ministro del Interior el señor Rubalcaba? Estamos ante una cuestión de Estado, ante nuevas medidas de seguridad que preservan los derechos y libertades de todos los españoles, que son muy conscientes de la crueldad y dureza del terrorismo, tanto a nivel interno como en su dimensión exterior. Por eso, señorías, nuestra ciudadanía no entendería fácilmente que una gran mayoría de las fuerzas políticas que la representan no seamos capaces de acordar medidas que proporcionen mejores instrumentos a los que combaten el terrorismo yihadista, a la vez que nos homologan con el resto de Europa y dan respuesta a la recomendación de la ONU sobre el compromiso necesario para combatir y prevenir el yihadismo. Finalizo, señorías. Si el PSOE fuera una fuerza oportunista, si jugáramos solo a quedar bien o constituyéramos un partido tertulia, seguramente no votaríamos a favor, pero no somos ninguna de las tres cosas. Somos una fuerza política seria, responsable y sobre todo un partido de Gobierno, del próximo Gobierno para ser más exactos. Con esa seriedad y con ese compromiso votaremos a favor. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Trevín. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castillo.
Señorías, hace apenas una semana el terror yihadista ha vuelto a golpear a las puertas de Europa. El atentado de Túnez ha sumado, desgraciadamente, dos nuevas víctimas españolas. Sean, pues, mis primeras palabras de recuerdo a las víctimas mortales del atentado y de solidaridad y cariño para sus familiares, para los de este atentado y para los de todos los atentados en España y en el mundo. A todos ellos les debemos el máximo acierto en el debate de esta proposición de ley. Por eso, señorías, me gustaría comenzar recordándoles que mientras hablamos, mientras tramitamos esta proposición de ley el yihadismo sigue asesinando. Mientras seguimos discutiendo sobre si el incremento de las penas o la introducción de dos nuevos tipos penales supone perder cuotas de libertad o limitan derechos humanos, los terroristas siguen matando. Mientras algunos se empeñan en criticar la celeridad con la que se aborda esta reforma, el yihadismo continúa sembrando el terror, y este debería ser el debate, un debate sobre el fondo y no sobre las formas, porque no estamos ante una cuestión de procedimientos, sino de voluntades, de si se quiere o no se quiere, y para esto no hace falta darle más vueltas. Sin embargo, algunos siguen empeñados en dar vueltas y revueltas, en buscar excusas, que no argumentos ni razones, para tratar de justificar su rechazo a esta proposición de ley. Así, por un lado, hay quien nos quiere convencer de que ya está todo hecho y bien hecho, que esta reforma es propaganda. Nos dicen que el actual Código Penal es ya lo suficientemente duro y amplio como para ser un instrumento efectivo en la lucha antiterrorista, también contra el yihadismo asesino. Quien opina de esta manera, que España no necesita más cambios legislativos, debe considerar que cuando en septiembre de 2014 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el pasado mes de diciembre el Parlamento Europeo aprobaron recomendaciones sobre esta materia, estas debían ser aplicadas por otros países, pero no por España. Desgraciadamente, por mucho que la experiencia de la lucha contra el terrorismo en España nos haya permitido contar con una legislación penal eficaz en la respuesta al terrorismo protagonizado por bandas armadas, lo cierto es que esta regulación no es aplicable con igual efectividad al terrorismo yihadista. Señorías, España es el país europeo que tras sufrir uno de los peores atentados yihadistas -192 muertos y más de 1.500 heridos en los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004-, ha registrado más operaciones policiales contra terroristas islamistas en los últimos diez años. Con la experiencia que tenemos en España, que desgraciadamente es mucha, es fácil entender que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detienen, pero los jueces no siempre pueden procesar a quienes pretenden cometer delitos terroristas, es precisamente porque no existe un tipo penal adecuado ni un soporte legal que lo haga posible. Lo cierto es que este cesto tiene agujeros, agujeros por los que se cuelan quienes pretenden imponer el terror a nuestra sociedad, y esto es lo que queremos resolver, que con los cambios adecuados en nuestra legislación penal podamos atender a esas necesidades, facilitando en definitiva que esa labor de investigación y prevención sea realmente efectiva, que con todas las garantías, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, seamos capaces de reforzar aún más las acciones contra las amenazas terroristas. Con este empeño es con el que los ministerios del Interior y de Justicia han venido trabajando durante meses en las reformas legislativas necesarias para hacer frente a las peculiaridades del fenómeno yihadista, contando para ello con la opinión de expertos y, por supuesto, con el asesoramiento de los mejores especialistas en materia de lucha antiterrorista. No hemos venido aquí a aventurar tipos penales ni a realizar experimentos. Lo que hemos traído aquí no es fruto de la elucubración, es fruto de un trabajo de campo policial y de una profunda reflexión jurisprudencial. Las conclusiones de este intenso trabajo es que, además de retocar, mejorar y pulir, también era necesario dotar a nuestros jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para vencer al terrorismo de signo yihadista. También se ha esgrimido como excusa para no estar en el pacto ni suscribir esta propuesta de reforma, que con la misma nos proponemos endurecer las penas. Es cierto. Con esta reforma del Código Penal pretendemos en algunos casos endurecer el castigo máximo previsto o que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les sea siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal. Nos parece totalmente acertado, proporcionado y responsable, aunque algunos traten desde el oportunismo de tachar a esta como una reforma cruel o de la venganza. La única crueldad que hay es la de los terroristas cuando asesinan, torturan o muestran un video de cómo queman viva a una persona para aterrorizar a la población. La única crueldad es la de los yihadistas, que ya han asesinado a más de 200 españoles en todo el mundo. Esa es nuestra gran preocupación y también debería ser la de todos. No acaban aquí las excusas que hoy hemos podido escuchar en esta sesión. Algunos grupos consideran también que deben rechazar esta proposición porque incorpora nuevas figuras penales y prevé medidas que entienden inconstitucionales, que perjudican los derechos humanos y limitan las libertades. La principal razón que esgrimen para mostrar su disconformidad es que consideran que garantizar la seguridad de los ciudadanos es atacar la libertad. Señorías, la lucha contra el terror es la forma más clara de luchar a favor de la democracia y de la libertad. Les pido que reflexionen sobre ello, entre otras cosas, porque estoy seguro de que la inmensa mayoría de la sociedad - también la que a ustedes les votan - piensa que ante la creciente amenaza terrorista es necesario reforzar la seguridad. Porque la inseguridad no garantiza en absoluto la libertad, sino todo lo contrario; la seguridad es condición necesaria para la libertad y no es posible la democracia sin libertad. Así, dirigiéndome a quienes bajo la excusa de los derechos humanos y libertades fundamentales rechazan esta reforma, les recordaré que los actos de terrorismo sí tienen como blanco esos valores fundamentales que constituyen el núcleo de nuestra civilización: la libertad - en particular, la libertad de expresión -, el pluralismo, la democracia, la tolerancia y la dignidad humana. Por ello, la barbarie que representa el terrorismo exige reforzar las acciones preventivas ante el desafío de la sinrazón y la violencia, porque son los ciudadanos y no los terroristas los que tienen derecho a vivir libres de temor, cualesquiera que sean sus opiniones o creencias. Lo que debe preocuparnos no es el respeto a la libertad de los asesinos, sino el respeto a los derechos de los ciudadanos, que exige la defensa de la libertad contra el terror. Apoyen, pues, una reforma que lo que persigue es defender nuestros valores comunes de convivencia y proteger a todas las personas de cualquier acto violento basado en motivos étnicos o religiosos o en el racismo. Esto también significa luchar contra los enemigos de nuestros valores. Apoyen una reforma que Europa considera que es un ejemplo a seguir, como vino a destacar la pasada semana en esta misma Cámara el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, elogiando el histórico pacto de Estado para luchar contra el terrorismo yihadista al que hemos llegado. Como señaló en su comparecencia, es muy importante la imagen y la proyección internacional que de este acuerdo se va a trasladar, mostrándose convencido de que va a tener eco en Europa. Así, mientras algunas fuerzas minoritarias aquí representadas no hacen más que criticar este pacto, Europa reacciona ante la amenaza global del terrorismo yihadista anunciando más medidas de seguridad y nuevas leyes, poniendo esta reforma como modelo de referencia a seguir por su firmeza y eficacia a la hora de abordar una estrategia global contra esta lacra. Por este motivo, el presidente del Consejo Europeo acaba de designar a España como ponente del futuro pacto que suscribirá próximamente entre todos los países de la Unión para combatir la amenaza yihadista a nivel internacional. Antes de finalizar les quiero indicar que hemos incorporado una corrección técnica en esta proposición de ley rectificando un error de numeración en un artículo. Me gustaría terminar reiterando nuestro llamamiento a la unidad, una unidad contra el terrorismo que, sin perjudicar a nadie, nos beneficia a todos, a los demócratas y a la sociedad en su conjunto; una unidad que no debe limitarse a pronunciar un rechazo unánime al terrorismo, sino que debe ir más allá. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos pretendido desde un principio que este sea un proyecto compartido, alejado de cualquier planteamiento de exclusión, sin que nadie tenga por ello que renunciar a su identidad o a su discurso. Una iniciativa que nace como resultado de unos ejercicios de diálogo, de consenso y de unidad frente al terrorismo, como lo demuestra el hecho de haber incorporado al texto de esta iniciativa propuestas que han realizado algunos grupos de la Cámara. Una iniciativa que parte con el acuerdo del 78 % en el Congreso y del 92 % en el Senado; un apoyo que sin embargo nos gustaría que fuese compartido por todas las fuerzas democráticas de esta Cámara. Señorías, reflexionen sobre ello. Creo sinceramente, desde el más absoluto respeto, que no hay excusas para dar la espalda a los ciudadanos en un tema tan grave y sensible como el que hoy tratamos. El recuerdo de las víctimas debe constituir un sólido nexo para no olvidar nunca que nuestra obligación frente a esas víctimas y frente a la sociedad española es hacer más grande nuestra capacidad de acuerdo y de entendimiento. Por ello, les pido ahora que hagan ese esfuerzo. Estamos a tiempo de lanzar juntos un mensaje a la sociedad que reafirme que nuestro Estado de derecho funciona y que seguirá actuando como garante de los derechos fundamentales y libertades de las personas y, con ello, contra el terrorismo venga de donde venga. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Castillo.
Debate de totalidad del proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
Muchas gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Como sin duda conocen, en la ley vigente, la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, se estableció un primer y positivo marco normativo de actuación para la protección civil en España. La ley vigente ha sido complementada por numerosas disposiciones reglamentarias posteriores, algunas tan importantes como la norma básica de protección civil o la norma básica de autoprotección, al tiempo que se han elaborado diferentes directrices básicas de planificación y planes de emergencia sobre riesgos específicos. [[La señora]] Además, hay que recordar que esta norma, la vigente ley de 1985, es anterior al actual desarrollo de nuestro modelo de Estado autonómico en materia de protección civil y anterior al ingreso de España en la Unión Europea, por lo que luego sucintamente comentaré. Es evidente que la evolución de los posibles riesgos y de los medios a emplear, así como los cambios producidos en el enfoque y en la organización de los servicios de protección civil, aconsejan realizar una actualización del marco jurídico de esta materia que ponga el énfasis en la prevención, así como en la integración, coordinación y eficiencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Señorías, este proyecto tiene como objetivo reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil ante emergencias y catástrofes y, al mismo tiempo, posibilitar el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y en la Unión Europea, a la vez que actualizar y ordenar el marco jurídico disperso que tenemos en esta materia. Se da además un salto cualitativo de primer orden para consolidar el funcionamiento de un sistema nacional, respetando, como no puede ser de otra manera, la delimitación competencial vigente entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales - está claro que cuando hablo de Estado lo hago en el sentido del artículo 149 de la Constitución -. Por ello, señorías, podemos decir que pasamos de disponer de una ley como la vigente, la de 1985 - una buena ley, pero que necesita, tras treinta años, una profunda actualización, una ley que definía por primera vez la política de protección civil en nuestro país -, a tramitar un proyecto de ley que, junto a contener por primera vez en nuestro país la definición de la política de protección civil, va a regular los instrumentos adecuados para poder implementarla, instrumentos que son, precisamente, los que se integran en el Sistema Nacional de Protección Civil. Dar este salto cualitativo ha sido posible porque, durante los treinta años de vigencia - hasta ahora, todavía - de la ley de 1985, se ha producido un gran desarrollo normativo en la materia, tanto en el ámbito de las disposiciones reglamentarias estatales como en el ámbito autonómico. Ha aparecido, al mismo tiempo, una actividad propia en ese ámbito en la Unión Europea, así como nuevos medios, nuevos instrumentos para la gestión de las políticas públicas, como son las estrategias, sin olvidar, por supuesto, la importante labor de los voluntarios en este ámbito. Señorías, permítanme que me centre, sumariamente, en el contenido material del proyecto. El proyecto, en su título I, define la protección civil tal como ha sido descrita por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. Este es el artículo 1 del proyecto de ley, literalmente - insisto - la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque, como sus señorías saben, no existe en la Constitución una referencia expresa a la protección civil, lo cual nos da una idea de cómo ha evolucionado la sociedad en este ámbito, y por lo mismo también he aludido a estos treinta años transcurridos entre la vigente ley y la actual del año 2015. Únicamente el artículo 30.4 de la Constitución establece que, mediante ley, se podrán regular los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Por ello, como sabemos, ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha ido perfilando en el tiempo el concepto y el reparto competencial en este ámbito, atribuyendo al Estado las competencias normativa y ejecutiva en lo referente a la aplicación de los estados de alarma, excepción y sitio, el alcance supraautonómico de la emergencia y, en tercer lugar, la necesidad de una coordinación nacional debido a los efectos o a la naturaleza del riesgo. Esto es lo que ha definido la jurisprudencia constitucional. El proyecto de ley establece los principios que regirán todas las actuaciones del sistema nacional en la materia: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia y participación, que son puntos clave de referencia para su estructuración lógica. También recoge el proyecto de ley las prioridades de actuación de los poderes públicos en la protección de los ciudadanos, como la de canalizar su participación directa o a través de organizaciones, posibilitar que estén informados sobre los riesgos que les puedan afectar, la manera de prevenirlos y de autoprotegerse y, si se produjera la emergencia, ser atendidos y socorridos en el marco del ordenamiento jurídico y de las disponibilidades de medios existentes. Igualmente, quiero destacar, señorías, que en el artículo 3 del proyecto de ley se define el Sistema Nacional de Protección Civil como integrador de la actividad de protección civil de todas las administraciones públicas, con pleno respeto a sus competencias en la materia, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente. Se regula la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil y, de manera muy particular, se concretan las actuaciones del sistema nacional. Estas actuaciones se centran en la anticipación, la prevención de riesgos, la planificación, la respuesta inmediata a las emergencias, la recuperación - diré algo sobre esto después -, la evaluación e inspección del sistema; y, asimismo, se regulan las emergencias de interés nacional. Señorías, me parece muy importante también destacar - y estoy seguro de que compartirán conmigo que es relevante esta incorporación en el proyecto de ley - la creación de un Fondo de prevención de emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior, dotado con cargo a los créditos que anualmente se consignen al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para financiar, en el ámbito de la Administración General del Estado, actividades preventivas. Precisamente porque hoy hemos presentado para su eventual convalidación el real decreto-ley por las inundaciones y otras catástrofes naturales producidas - como saben sus señorías - desde principio de año, quiero aclarar que estas son medidas de reparación; son créditos que se financian con cargo al Fondo de contingencia. Aquí estamos hablando de un Fondo de prevención de emergencias, con la finalidad de desarrollar actividades preventivas, tales como análisis de peligrosidad, mapas de riesgo de protección civil, programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos o de educación en los centros escolares. Paralelamente también quiero destacarles, señorías, que se regula la Red de alerta nacional de protección civil, gestionada por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias en la materia, como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades para que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante una situación como la que motiva la activación de la red. En el ámbito de la recuperación, quiero destacar que para la adopción de las medidas de recuperación - sería el equivalente de lo que hemos hecho esta mañana con la presentación de ese real decreto-ley -, se prevé que el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior, y solicitado, en todo caso, por las administraciones públicas interesadas, pueda acordar declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así como determinar, mediante la adopción de ese acuerdo, qué medidas son las aplicables dentro de las establecidas en el proyecto de ley que les estoy presentando en estos momentos a sus señorías. Todo ello quiero aclararlo sin perjuicio de las que exijan expresamente reserva de ley, como es el caso de las exenciones y bonificaciones tanto en materia fiscal como en materia de Seguridad Social. Para entendernos y dicho de otra manera - si me lo permiten -, frente al habitual procedimiento que hasta ahora venimos utilizando, de un real decreto-ley que contempla todas las medidas necesarias para hacer frente a los daños causados por unos eventos naturales o de otro tipo, lo que se prevé a partir de ahora, si es aprobado el proyecto de ley, es que, a solicitud de la Administración pública competente y previo acuerdo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, en el ámbito de este proyecto de ley, por acuerdo de Consejo de Ministros, ya se determinan qué ayudas son las que se destinan a paliar esos daños que se han producido en la Administración o administraciones públicas afectadas y que, a su vez, han debido solicitar esa declaración; de tal manera que el mecanismo es mucho más rápido. Insisto, con la excepción - como he señalado - de aquellas ayudas que normalmente - como es el caso que hemos presentado hoy - se adoptan y que afectan a bonificaciones fiscales o a la Seguridad Social. En ese caso, no puede ser un acuerdo de Consejo de Ministros sobre la base de este proyecto de ley - en su caso ley - porque tienen, insisto, expresa reserva legal. En cuanto a las emergencias de interés nacional, quiero poner de manifiesto que son estrictamente las que recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De tal suerte que son emergencias de interés nacional, y así se señala expresamente en la ley: Uno, las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, que es la reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Dos, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones públicas diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan, además, una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Y tres, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. El caso más emblemático y que recoge, como saben sus señorías, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son los desastres nucleares. Aludo a continuación, porque me parece absolutamente justo y necesario, a los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil, al cual se dedica el título III del proyecto de ley. Quiero aquí comenzar por decir que el proyecto de ley recoge de manera muy especial que los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal en esta materia. A esos efectos se subraya en el proyecto de ley la importancia de la formación y de la labor que desarrolla la Escuela Nacional de Protección Civil, regulando con rango legal por primera vez sus funciones, entre las que se destacan las de formar al personal en este ámbito de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas, en colaboración con los centros de formación de protección civil que puedan tener otras administraciones públicas y siempre - insisto - bajo el principio de cooperación y colaboración. El título IV alude a algunos instrumentos del sistema. Quiero destacar, por razones obvias, la Unidad Militar de Emergencias, cuya intervención será solicitada por el ministro del Interior y ordenada por el ministro de Defensa, así como la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las acciones de protección civil. Voy terminando ya, señorías, aludiendo a que también se recoge en el proyecto de ley nuestra relación con el Mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Conviene recordar que en el año 1985, cuando se aprobó la vigente ley, no nos habíamos incorporado a la entonces Comunidad Económica Europea, ni había sido creado ese mecanismo. Hoy es necesario ya llevar al marco legal lo que de facto se viene realizando, pero sin la adecuada cobertura legal. Por tanto, en el título correspondiente resalto la regulación que se efectúa de ese Mecanismo de protección civil para la Unión Europea, tanto para aportar nuestros medios cuando sean precisos como para recibir los de otros países, si estos fueran necesarios y solicitados. Este hecho dota a nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, si me lo permiten, de un plus de capacidad, tal como el entrenamiento para nuestros recursos cuando salen fuera de nuestras fronteras y la seguridad de contar con el apoyo internacional si se necesita. Todo eso es digno de tenerse en cuenta y, por eso, lo destaco en estos momentos. Concluyo ya, señora presidente, señorías, resumiéndoles las principales novedades contenidas en el proyecto. En primer lugar, como he señalado al principio de mi intervención, se pasa de la vigente Ley de Protección Civil a disponer de una ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de una ley que define la política de protección civil a diseñar el sistema para llevar a cabo esa política. En segundo lugar, se define por primera vez la protección civil, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. En tercer lugar, se regula la estrategia del sistema. En cuarto lugar, se regulan instrumentos existentes que no estaban regulados como son la Red nacional de información, la Red de alerta nacional y se crea a su vez, como les señalaba anteriormente, el Fondo de prevención de riesgos. En quinto lugar, se regulan con rango de ley las emergencias de interés nacional y se establecen con precisión las competencias de la Administración General del Estado en esos supuestos de emergencia nacional. Y por último, pero no por ello menos importante, se resalta la participación y formación del voluntariado. Me permito recordar antes de terminar, señorías, que en España hay en torno a 25.000 voluntarios de Protección Civil, en sentido estricto, integrados en unas 2.000 agrupaciones y asociaciones dedicadas a esta labor. He querido enfatizar que hablamos en sentido estricto de 25.000 voluntarios de Protección Civil aproximadamente, porque si hablamos en sentido amplio hay otros voluntarios muy significativos, como los integrantes de la Remer, la Red radio de emergencia, unos 4.000, así como otras entidades y asociaciones, que no necesito glosar en la tribuna por razones obvias, como son Cruz Roja o diversas ONG con un número importantísimo de voluntarios colaboradores en esas situaciones. En definitiva, señorías, este proyecto supone un importante avance en la sistematización de una materia tan sensible y tan actual para los ciudadanos como es al protección civil y que va a permitir dotar a nuestro país, si es aprobado, de uno de los sistemas de protección civil mejor ordenados y más avanzados de la actualidad. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. A esta ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad. En primer lugar, tiene la palabra la autora de la enmienda del Grupo Mixto, señora Jordà, que va a ser la única interviniente del citado grupo.
Gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, están ustedes empeñados en imponer su visión nacionalista y centralista del Estado y pretenden laminar una vez más las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinándolo a los dictados del Gobierno del Estado. No es la primera vez que se lo digo, pero solo dan motivos para que sigamos haciéndolo: sigan ustedes con su hoja de ruta para desmantelar nuestra autonomía, que nosotros - tengo que decírselo una vez más - continuaremos también con nuestra hoja de ruta particular hacia la independencia de nuestro país. Sus políticas, señorías, no tienen correlación con los discursos que a veces nos hacen creer, por ejemplo, sus discursos de catalanizar España, ni de entender a los catalanes, que a veces también nos lo quieren hacer creer cuando dicen que entienden a los catalanes. La verdad es que no; ustedes lo que hacen es seguir siendo unos nacionalistas centralistas. De hecho, personalmente creo que ustedes no lo pueden evitar. Esta ley, señor ministro, es un ejemplo más, entre muchos, en lo que llevamos de legislatura. Siguen intentando una y otra vez imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica que es heterogénea. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil es solo un nuevo ejemplo en un plan para desguazar el sistema autonómico. Nuevamente obvian la singularidad catalana. La Generalitat de Catalunya tiene competencias absolutamente exclusivas en materia de protección civil desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. Dicha competencia, además, ha sido incluso avalada por su sacrosanto Tribunal Constitucional. Sin embargo, pretenden centralizar los recursos humanos y materiales de las comunidades autónomas, amparándose en la necesidad de coordinación, que en realidad quiere decir homogeneización e igualdad, que en realidad quiere decir centralismo. No todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias. Además - aunque no nos sorprende, tengo que decirlo -, pretenden fiscalizar la actuación de la Generalitat de Catalunya en materia de protección civil. Ese es su concepto de coordinación. Cuando ustedes dicen coordinación, lo que quieren es fiscalizar; pretenden que la Comisión Nacional de Protección Civil, además de homologar con posterioridad los planes autonómicos, también realice un control previo. Por ello introducen un requerimiento previo a la información. Confían tan poco en las comunidades autónomas que necesitan fiscalizarlas, como si el Gobierno español del Partido Popular no necesitara fiscalización. Pues bien, por mucho que lo pretendan, señor ministro, Cataluña seguirá desarrollando sus propias políticas en materia de protección civil, diga lo que diga la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Jordà. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
Señora presidenta, señorías. Señor ministro, ha sido muy ilustrativa su exposición y ha dicho algunas cosas que son verdad. No lo digo porque resulte excepcional que lo que usted dice sea verdad, pero en este caso ha dicho algunas verdades. Efectivamente, no hay ninguna referencia constitucional a la protección civil en la Constitución, por tanto, en el Título VIII no se produce una distribución de competencias específicas en esta materia, pero sí se hace en el ámbito de los estatutos de autonomía, señor ministro. Se lo ha dicho la señora Jordà y se lo digo yo. El Estatuto de Autonomía del País Vasco concede competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de protección de la seguridad de las personas y los bienes; competencias exclusivas. La Ley 2/1985, de 21 de enero, que derogan ahora, llegó a respetar este título habilitante de las competencias autonómicas del País Vasco que hace referencia no solo a la actuación de un cuerpo integral de policía, a la Ertzaintza, sino a las competencias en materia de protección civil de un departamento del gobierno vasco, el departamento de Interior. Sin embargo ¿con qué nos encontramos aquí? Usted no lo ha dicho, señor ministro, pero nos encontramos con otro hijo del CORA, del bendito CORA. Cada vez se parece más al Corán que al CORA. Y todos los hijos del CORA, o todas las reformas estructurales que dimanan del CORA producen un mordisco relevante a la estructura autonómica del Estado. En este caso no podía ser de otra manera, porque, para empezar, en la exposición de motivos se introduce sutilmente una amplificación de las competencias del Estado que no estaban previstas en la Ley del año 1985, pero que, por mor de la modernidad, ha llegado a decir, y de la actualización necesaria de esta ley, se incorporan ahora. La exposición de motivos, en su número 2, establece que a los procesos ya consolidados del ciclo de la emergencia, previsión, prevención, planificación, intervención y recuperación se incorpora el de la coordinación. Cuando ustedes utilizan la palabra coordinación, todos entendemos a qué se están refiriendo. Coordinación significa vulneración de las competencias autonómicas donde están reconocidas. Coordinación, en definitiva, supone lo que explicitamos en nuestra enmienda de totalidad, señor ministro, que es una proyección amplificatoria in extenso de las competencias que le corresponden. No vamos a refutarle la declaración del estado de alarma y de sitio que le corresponden a usted - siempre esperamos que se haga un uso prudente y restrictivo de estas facultades gubernamentales -, pero no ocurre así en las de protección civil. Ya la ley de 1985 atribuía al Estado competencias en materia de protección civil en esos ámbitos, menos en el de la coordinación, que es una novedad que ustedes incorporan ahora en las emergencias de carácter supraautonómico o en las emergencias de carácter nacional. Ahora, mediante este mecanismo de la coordinación, ustedes penetran en todas las posibilidades de actuación en el ámbito de la configuración de los mecanismos de protección civil, todos ellos, mediante la incorporación de los recursos humanos y materiales que corresponden a su exclusiva competencia, vaciando de forma correlativa las competencias autonómicas hasta ahora respetadas por la Ley de 1985 en materia de protección de la seguridad de las personas y de los bienes. Pero no queda aquí la cosa - otro perfil de las hijas del CORA, que van mordiendo el estado autonómico mediante un proceso de recentralización que cada vez nos preocupa más, hasta el punto que algunos grupos parlamentarios estamos pensando en mecanismos de coordinación entre nosotros para resistir la permanente recentralización o rescate de competencias -, sino que ustedes, en la exposición de motivos, ya establecen que la intervención operativa del Estado se centra, sobre todo, conforme a la doctrina constitucional. No me hable de una doctrina constitucional uniforme, señor ministro; aquí no dice la verdad, porque la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, primero es corta y luego es fluctuante. No siempre ha dicho las mismas cosas el Tribunal Constitucional. En los casos de emergencia de interés nacional, además, se deben reforzar las facultades directivas y de coordinación del Ministerio del Interior y el deber de colaboración de todas las administraciones que cuenten con recursos movilizables. A su vez, la ley impone al Estado la obligación de poner a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales los recursos humanos y materiales necesarios. La expresión relevante aquí es que la intervención operativa del Estado no se vincula a su habilitación competencial, sino que se adecua - y esta es la expresión que nos preocupa, señor ministro - a la eventualidad de que incluso en competencias no propias, mediante la utilización de la expresión «sobre todo» - no en todos los casos ni en todas las ocasiones ni en todas las emergencias, cualquiera que sea su naturaleza, autonómica, supraautonómica o nacional -, ustedes pueden intervenir mediante un mecanismo que podríamos denominar de actuación absolutamente discrecional. En relación con las definiciones de lo que debemos entender, y que antes era objeto de regulación estatal o autonómica en virtud de títulos habilitantes que están en leyes propias y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional - que para estas definiciones también habilitaba a las comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia -, ustedes, en el artículo 2 del proyecto de ley, lo definen todo. Definen el concepto de peligro, definen el concepto de vulnerabilidad, definen el concepto de amenaza. Lo definen en exclusiva, no admiten que esas definiciones alternativamente puedan ser acometidas por la normativa autonómica. Definen el concepto de riesgo, definen el concepto de emergencia de protección civil, definen el concepto de catástrofe y definen el concepto de servicios esenciales. Se atribuyen la definición de los servicios esenciales para la penetración competencial en cualquier tipo de emergencia, cualquiera que sea su naturaleza o ámbito, ya sea autonómico, supraautonómico - donde la competencia sí les correspondería en virtud de la jurisprudencia constitucional - o nacional. Por cierto, el concepto nacional resulta un tanto deletéreo y no sería malo concretarlo un poco mejor. Seguimos analizando el proyecto de ley y seguimos con las definiciones; las definiciones del Título II en relación con la anticipación Me imagino que sería fácil que concertasemos entre usted y yo la noción de que la anticipación se podrá hacer en el ámbito autonómico, en el caso de emergencias autonómicas, o en el ámbito estatal, en el caso de las emergencias supraautonómicas o nacionales. Pues no es así. Ustedes crean la Red Nacional de Información sobre Protección Civil donde también, de forma exhaustiva y expropiando las competencias autonómicas, lo definen todo. Definen la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, la configuran, la crean; definen la recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a la información sobre los riesgos de emergencia, cualquiera que sea la naturaleza de la emergencia, vulnerando y vaciando las competencias autonómicas absolutamente, asegurando el intercambio de información en todas las actuaciones de este título. Una red que contendrá nada menos que un Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil; los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de Protección Civil - prescinden de las competencias autonómicas en estas materias también -; el riesgo informatizado de los planes de Protección Civil, que los integrarán en todos los términos que en la reglamentación se establezca; se habilita la reglamentación para amplificar la competencia del Estado, por si no fuera suficiente la expoliación competencial que se realiza en la propia ley; los catálogos de recursos movilizables; el registro nacional único de datos sobre emergencias y catástrofes - una cláusula abierta por si no fuera necesario o suficiente lo anterior para comprometer la competencia autonómica - y cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de las emergencias. ¿Qué más quiere que le diga en cuanto al respeto de los títulos competenciales que, teóricamente, ustedes vinculan a la jurisprudencia constitucional? Jurisprudencia constitucional que en estos términos - le voy a decir otra verdad, señor ministro - no existe, no le habilita a usted para llegar a un nivel de regulación tan pormenorizado y tan expoliador de las competencias autonómicas, por lo menos en el ámbito de las emergencias autonómicas. Por si fuera poco, hay un fondo de prevención de emergencias, que está muy bien, pero donde no solo se crea el fondo, las disponibilidades presupuestarias - lo cual no es malo y podríamos hablar también del concierto económico y de cómo se articulan los flujos financieros en relación con la creación de este fondo -, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en el ámbito del fondo de prevención de emergencias definen los análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo; los mapas de riesgos de Protección Civil; los programas de sensibilización e información preventiva de los ciudadanos y los programas de educación para la prevención en centros escolares, una materia educativa que han ubicado aquí pero que pertenece a una competencia en materia de educación, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas respetando las bases. No sé si a este precepto le van a conferir un carácter de precepto básico pero tendría que hacerse así, y aún sería discutible que la competencia fuera de ustedes en materia educativa y en otras actividades de análogo carácter. Otra vez una cláusula abierta. Por si la pormenorización expoliadora de competencias no fuera suficiente, se habla de otras actividades con carácter general que se determinen, me imagino que reglamentariamente. Por todo lo anterior tenemos alguna dudas conceptuales sobre aspectos filosóficos del proyecto de ley, señor ministro. No sé por qué se tiene que regular de forma tan reglamentista la autoprotección. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo en que la autoprotección tiene un componente de espontaneidad y que la autoprotección, dada la naturaleza de las emergencias y su imprevisibilidad, tiene que posibilitar o legitimar a los ciudadanos a que actúen como consideren conveniente cuando no hay mecanismos de actuación pública para poder preservar su seguridad, sus bienes o su vida? Estamos otra vez con esta propensión reglamentista de todo lo que acontece en la vida. Ya lo hemos visto antes en el proyecto de ley de seguridad ciudadana. De todas formas, con usted prefiero hablar de un proyecto de ley de estas características que de uno como el que hemos debatido anteriormente, el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Le veo más reconocible como la persona a la que yo considero con un perfil democrático indubitado, que a veces ha manifestado históricamente una cierta proclividad a la flexibilidad intelectual para poder consensuar con otros grupos. No sé qué ha pasado en esta legislatura; puede ser una transmutación de carácter religioso o de carácter ideológico o lo que fuere, pero es que no consensúa con nadie. Es tan claro que en este proyecto de ley se están vulnerando títulos competenciales que no estando en la Constitución sí están en el bloque de constitucionalidad, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que yo le pediría que algunas de las numerosas enmiendas que le vamos a presentar sean objeto de la debida consideración. Pero no tome esta petición como suelen hacer en su grupo parlamentario, a beneficio de inventario. Cuando les pedimos que tengan la debida consideración no es para que nos consuelen cuando nos digan que no son admisibles - me imagino que es porque está en la naturaleza de las cosas - ninguna de las enmiendas que les presentamos, sino que intentemos negociar cómo se pueden integrar no desde la perspectiva de una absorción autonómica de todas las competencias en materia de Protección Civil, sino viendo cómo se pueden consensuar estas competencias en materia de protección civil con aquellas que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Estatuto de Autonomía de Euskadi y en algunos otros de la nueva o de la vieja generación están previstas como competencias propias de las comunidades autónomas. Si no llegamos a un punto de consenso en esto vamos a tener problemas en la aprobación de este proyecto de ley. Lo tendrán que aprobar con sus propios votos o quizá con los de algún otro grupo parlamentario - siempre hay gente que se apunta a estas cosas, señor ministro -, pero cuando estamos hablando de temas que afectan al bloque de constitucionalidad, yo le agradecería que escuche nuestras reflexiones y las tome en consideración porque, en materia de protección civil, en un país que, sin solución de continuidad, pasa de las inundaciones a los incendios, nos tenemos que comprometer todos en el ámbito institucional y más incluso en el ámbito personal. Si no lo hacemos así, si no se hace desde esa perspectiva, las disfuncionalidades operativas que esto puede provocar van a hacer que en el ámbito de la protección civil se sigan produciendo catástrofes como las que usted ha glosado esta mañana y otras de signo contrario o de otra naturaleza cuando llegue el verano y el calor que no van a poder ser atendidas debidamente como requiere el ordenamiento jurídico, pero sobre todo como requiere la seguridad y la vida de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.
Gracias, señora presidenta. El proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil no representa ningún salto cualitativo respecto de la vigente ley. Es un proyecto que se centra más en la seguridad que en la coordinación, que es la base de la protección civil, dejando al margen aspectos que hoy en día se consideran fundamentales y que ya están siendo incorporados a las normativas de Protección Civil de muchos países de nuestro entorno, entre ellos Francia, Portugal o Italia. Por otro lado, si la Ley 2/1985, de Protección Civil, tenía la pretensión de adaptar el marco normativo de actuación para la protección civil al entonces reciente Estado autonómico, como se recoge en la exposición de motivos, este proyecto de ley, con enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario, significa una recentralización, invadiendo competencias autonómicas y municipales, como ya han dicho los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por tanto, estamos ante un proyecto de ley que no representa un cambio sustancial en el sistema de Protección Civil ni supone una mejora cualitativa del mismo, ni tampoco resulta útil para dar respuesta a las nuevas necesidades en este ámbito, ni mejora los instrumentos de coordinación entre los propios departamentos estatales que actualmente intervienen en las actuaciones para la protección civil, sino que evidencia el nulo respeto que el actual Gobierno tiene hacia las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas serían algunas de las cuestiones en las que se plasma la ausencia de mecanismos de coordinación, así como la inclusión de aspectos relevantes que podrían mejorar el sistema. Actualmente, las competencias de Protección Civil se comparten en cinco ministerios distintos y en las comunidades autónomas, que también cuentan con sus propios departamentos de seguridad y protección civil. En la actuación de Protección Civil actúan Presidencia del Gobierno; Ministerio de Administraciones Públicas; Ministerio de Defensa, del que proceden las unidades militares de emergencia; y Ministerio de Fomento, en la cuestión de la seguridad marítima. Una estructura estatal tan atomizada hace que las acciones de Protección Civil se dupliquen en muchos casos y se diluyan en el caos competencial. Este proyecto de ley no solo no plantea un nuevo modelo, sino que ni siquiera resuelve ese caos competencial desde el ámbito de la competencia estatal. Además, para realizar las funciones de Protección Civil se precisa de la coordinación con varios organismos técnicos de la Administración General del Estado, que tienen sus competencias definidas en el análisis de riesgos pero que lo realizan desde una óptica que no puede coincidir exactamente con las necesidades de la protección civil. En cuanto al contenido del proyecto de ley, no se entiende cómo no se ha recurrido a las definiciones adoptadas internacionalmente en el seno de la estrategia para la reducción del riesgo de desastres para los términos más comunes en la gestión del riesgo; por el contrario, las definiciones utilizadas no son las más acertadas y a lo largo del texto no siempre se usan correctamente. En todo el texto no hay ninguna mención a la Red de emergencia, que ha sido siempre una red de información compuesta por voluntarios muy fuerte y muy vinculada a Protección Civil, trabajando de forma altruista desde los inicios de esta última. Tampoco hay referencia alguna a los voluntarios de Protección Civil, que son los que forman las agrupaciones en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ni con una nueva ley del voluntariado, con la que hubiese resultado interesante establecer algún tipo de relación. Dicen que en la Escuela Nacional de Protección Civil se forma a estos voluntarios, entonces, ¿por qué se les ignora, señor ministro? Otro punto a destacar es la escasa importancia que se da en este proyecto a la protección del medio ambiente; solo se refiere a la protección de los ciudadanos, de sus bienes; en algún caso se habla de la protección de infraestructuras críticas, pero no se menciona la protección al medio ambiente. Esto resulta chocante cuando en las últimas normativas europeas y nacionales el tema del medio ambiente y el cambio climático es recurrente como, por ejemplo, el objetivo de la Directiva de inundaciones. El objetivo de esta directiva - cito - es crear un marco común que permita evaluar y reducir en la Unión Europea los riesgos de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, los bienes y las actividades económicas. Esta ley, que podría aportar novedades tecnológicas para un mejor conocimiento y gestión del riesgo, no presenta ni una sola medida relacionada con este tema. Sirva como ejemplo lo que ocurre en Francia con su Ley de modernización de la seguridad civil que, en su artículo 9, establece que un decreto fijará las reglas y normas técnicas, permitiendo asegurar la interoperabilidad de las redes de comunicación radioeléctricas y de los sistemas de información de los servicios públicos que concurren en las misiones de seguridad civil. Por otro lado, tampoco se marcan las pautas de cara al futuro para unificar códigos de señales para todo el territorio nacional en los distintos riesgos: presas, maremotos, nucleares… Tampoco se aborda nada sobre el uso de las redes sociales, que en Estados Unidos se han visto de gran utilidad en las últimas grandes emergencias. En la gestión de las emergencias y en su relación con la Red Nacional de Emergencias cabe el desarrollo de modelos de datos y estándares internacionales para su manejo. Otro aspecto relevante en el proyecto de ley que sin duda merece una valoración positiva es el capítulo dedicado al Fondo de prevención; sin embargo, no solo no aclara cómo se va a financiar sino que genera una contradicción importante ya que en otro apartado del texto se dice que esta ley no genera gastos. Por último, merece especial atención la invasión competencial que mediante esta reforma se pretende. Lejos de adaptar el marco normativo al desarrollo del Estado de las autonomías, el proyecto de ley pretende desapoderar a aquellas comunidades que por falta de actividad del Gobierno en la materia han ido desarrollando una política de protección civil de forma autónoma. A partir de ahora, con la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias al mal llamado Sistema Nacional de Protección Civil, el Estado pasará a tener a su disposición un instrumento con capacidad para centralizar el mando político de la gestión de emergencias a partir de la introducción del concepto emergencia de interés nacional, que desarrolla el artículo 28 del proyecto de ley. De este modo, una vez declarada la emergencia de interés nacional, el mando de las operaciones recaerá en el Estado, lo cual implicará una disfunción en términos de gestión, ya que al menos en Cataluña todos los cuerpos operativos que intervienen - bomberos, policías, sanitarios, protección civil - dependen de la Generalitat. Sumado a ello, es cuando menos discutible que la Unidad Militar de Emergencias asuma la dirección operativa en caso de una emergencia de interés nacional, cuando la dirección operativa debería recaer en un órgano de dirección ejecutiva de carácter técnico-político y no militar, señor ministro. Este proyecto de ley evidencia el nulo respeto que el actual Gobierno de España tiene a las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de este país. El principio de subsidiariedad, concepto básico al establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones, es fundamental para aplicarlo a la protección civil dada la intervención inmediata y desde la proximidad territorial ante cualquier situación de crisis. Por otra parte, es evidente la inexistencia de competencias exclusivas en materia de protección civil en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, el Estatut de Autonomia de Catalunya, en su artículo 132 sobre emergencias y protección civil, apunta que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y a la seguridad civil, así como la dirección y la coordinación de los servicios de Protección Civil, que incluyen los de prevención y extinción de incendio, sin perjuicio de las facultades de los gobiernos locales en esta materia, respetando lo que establece el Estado, en ejercicio de sus competencias, en materia de seguridad pública. Asimismo, en los casos relativos a emergencias y protección civil de alcance superior a Cataluña, la Generalitat promoverá mecanismos de colaboración con otras comunidades autónomas y con el Estado. La intencionada ambigüedad de la redacción de este proyecto de ley y las evidentes contradicciones con las competencias municipales y de las comunidades autónomas van en contra de la doctrina constitucional, que define la protección civil como una competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas, dependiendo en todo caso de que la emergencia concreta corresponda al interés supraautonómico, que el propio Tribunal Constitucional define con tres aspectos; en primer lugar, cuando entre en juego la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio; en segundo lugar, cuando el carácter supraterritorial de la emergencia exija la coordinación de elementos distintos de los autonómicos; y, en tercer lugar, cuando la envergadura de la emergencia requiera una dirección estatal. Es evidente que el Tribunal Constitucional defiende la intervención del Estado en materia de protección civil, pero acotando los motivos de la intervención, al tiempo que protege las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Por otro lado, sorprende la nula referencia a las competencias municipales y de los alcaldes en materia de protección civil, que ya estaban recogidas en la Ley 2/1985 de Protección Civil y en la Ley reguladora de las bases del régimen local. De la misma manera, resulta sorprendente que los delegados del Gobierno puedan instar al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional, menospreciando las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a los municipios. Por el contrario, a juicio de nuestro grupo parlamentario, la nueva ley del Sistema Nacional de Protección Civil debería aportar coherencia y elementos complementarios al conjunto de los sistemas autonómicos; en ningún caso debería suponer su relegación a un rol accesorio, y menos teniendo en cuenta que en ausencia de cualquier actuación por parte del Estado en esta materia han desarrollado una potente política de protección civil. Por los motivos expuestos, mi grupo parlamentario plantea, señor ministro, la devolución del texto al Gobierno para una reconsideración profunda en aras de acabar con ese ánimo recentralizador del Estado, que también se plasma en este proyecto de ley, elaborando un texto que aporte de verdad toda la experiencia que el Estado ha ido acumulando en los últimos treinta años. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sixto. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Guillaumes.
Presidenta, ministra, señorías, el ministro ha dicho que no estamos ante una ley recentralizadora. Utilizando una frase muy original, ha dicho: como no podía ser de otra manera, frase nunca oída en esta Cámara. Pues, como no podía ser de otra manera, señor ministro, es, como le han dicho, una ley absolutamente recentralizadora. Yo lo haré con una imagen muy de protección civil: recentralizadora por tierra, por mar y por aire. Por tierra, o sea, hablando de competencias estrictas, lo encontramos en el artículo 4, cuando se crea una estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil incidiendo en todas las competencias autonómicas, más allá de las emergencias declaradas de interés nacional, ya que se pretende establecer una línea común de los recursos disponibles de cada comunidad autónoma y la evaluación de estos, sin tener en cuenta que no todas las comunidades - y se lo ha dicho otro portavoz - tienen las mismas competencias ni los mismos cuerpos. Cataluña tiene competencia en materia de seguridad pública - artículo 164 del estatut - y competencia exclusiva en protección civil - artículo 132 del estatut -, y obvia las inversiones que las diferentes comunidades autónomas hacen en protección civil y que sus riesgos son muy dispares. También la ataca por mar, en este caso nos referiremos a navegación tanto en la red como en Internet como en la acumulación de datos. Se prevé la creación de la red nacional de información sobre protección civil y la red de alerta nacional de protección civil - sus artículos 8 y 12-. Se trata de dos nuevos instrumentos estatales que, para nutrirse, su información solo procede de las comunidades autónomas; o sea, están duplicando estructuras. ¿No se trataba de lo contrario? Pues aquí, en ese artículo, ustedes no hacen otra cosa que duplicar estructuras en lugar de fortalecer las que ya existen, que sería mucho más práctico. Y esta normativa también significa un ataque por aire, entendiendo por tal lo que se respira, o sea, los recursos, la planificación, ya que la Comisión Nacional de Protección Civil pretende ahora que en los planes autonómicos - se lo ha dicho el señor Olabarría -, en lugar de la homologación posterior, ex post, que es lo que existe actualmente, haya un nuevo sistema de fiscalización previa, o sea de desconfianza en lo que hará la comunidad autónoma por parte de un organismo estatal hecho ad hoc, impidiendo o, como mínimo, vigilando la potestad de planificación, de organización y de decisión de los Gobiernos autonómicos. Por tanto, señor ministro, por tierra en competencias, por mar en cuanto a información, por aire en cuanto a planificación y recursos, esta es una ley fuertemente recentralizadora de la competencia de protección civil de las comunidades autónomas. Quieren convertir nuestras direcciones generales, nuestras secretarías generales de Protección Civil, en puros negociados del Gobierno central, fiscalizados desde sus recursos, sus posibilidades de financiación, sus posibilidades de planificación, etcétera. De hecho, nadie ha dicho que las comunidades lo hayan hecho mal. Al contrario, normalmente se cita la protección civil como un ejemplo claro de lo que funciona mejor cuando la Administración se acerca a la gente, cuando la Administración se acerca al administrado. Pero se ve que se podría decir, haciendo perífrasis de una frase británica sobre la Administración: ¿Desde cuándo la eficacia es un criterio? ¿Desde cuándo la lógica es un criterio para su Gobierno? No parece que sea este el caso, sino más bien el modelo jacobino centralizador. Ustedes tienen un problema en este modelo y, como decimos en catalán, facin-sho mirar, señora ministra, porque este problema empieza a ser grande. No nos extraña. Hoy hemos visto dos leyes profundamente descentralizadoras en las que el Estado español inventa el concepto de negociado. Ustedes conocen este concepto que luego mal hemos copiado algunas otras administraciones. Inventaron el concepto de negociado que quiere decir que antes de empezar ya tienen negociado lo que van a hacer. Eso es, ni más ni menos, lo que están haciendo con esta ley: obviar las competencias de un modelo de éxito, como es el de las comunidades autónomas en materia de protección civil. En coherencia con todo esto, presentamos una enmienda a la totalidad con la esperanza de que las cosas vuelvan a un curso normal que, en este caso, señor ministro, usted me reconocerá que es un curso de éxito que nunca debería haberse abandonado. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Gracias, señorías.
Gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señora presidenta. Brevemente, porque mi grupo no ha presentado enmienda de totalidad a esta ley… [[El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra]]
Un momento, señor Martínez Gorriarán. Parece ser que el ministro quiere intervenir.
Señora presidenta, por cortesía parlamentaria, habiendo cuatro enmendantes de totalidad, les quería contestar, pero tampoco quiero…
Le recuerdo al señor ministro que si les contesta, habrá debate y, por tanto, le daré la palabra a quien me lo pida.
Perdón…
Qué usted abre debate para contestarles y que, por tanto, yo les daré la palabra a los intervinientes de los cuatro grupos, si así me lo solicitan. Adelante, señor ministro.
Soy consciente de ello, pero…
No, señor ministro, si tiene usted todo el derecho. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Señorías, repito que subo a la tribuna porque me parece que es obligado y de cortesía parlamentaria que yo, desde el Gobierno, en cuyo nombre he presentado hoy el proyecto de ley, conteste a esas enmiendas de totalidad. Quiero referirme, en primer lugar, a una cuestión que ha sido transversal, con mayor o menor intensidad, a los cuatro enmendantes, y es la supuesta invasión de competencias autonómicas en materia de protección civil y de gestión de emergencias y, en coherencia con ello también, la existencia de una presunta o supuesta vocación recentralizadora por parte del Gobierno y en este caso por parte del Ministerio del Interior. Como yo me he leído - como es mi obligación, evidentemente - los textos que habían presentado en sus enmiendas de totalidad, traigo algunas cuestiones preparadas porque era lógico esperar que ustedes fueran a defender, con unos u otros argumentos, lo que habían presentado en los textos escritos de esas enmiendas. En primer lugar, todos los enmendantes, insisto, con más o menos intensidad y con más o menos competencia, han expresado que el proyecto de ley vulnera las competencias autonómicas en materia de protección civil alegando los preceptos que tienen en sus respectivos estatutos de autonomía. En particular, se ha referido el señor Guillaumes al artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye una competencia exclusiva a la comunidad autónoma. Otros enmendantes, como digo, sin ser tan precisos en cuanto al artículo del estatuto, como el señor Olabarría o la señora Jordà, se han referido a ello o, in genere, el representante de La Izquierda Plural, el señor Sixto. Quiero recordar, señorías, que se está ignorando el carácter equívoco que desde el propio artículo 149 de la Constitución y, por mimetismo con ella, en los estatutos de autonomía de primera o de segunda generación tiene el término exclusivo, predicado en buena parte de sus competencias. Y así lo ha destacado el Tribunal Constitucional en numerosísimas sentencias al declarar que el adjetivo exclusivo se utiliza tanto en el texto de la Constitución como en el de los estatutos de autonomía con un sentido marcadamente equívoco; lo ha dicho el Tribunal Constitucional reiteradamente. Basta también la simple lectura de ese precepto constitucional o de los preceptos estatutarios que califican como exclusivas ciertas competencias para advertir que la exclusividad lo es sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Estado o, en su caso, a las comunidades autónomas en la materia de que se trate. En términos del Tribunal Constitucional, el alcance de la exclusividad difiere notablemente en función de la materia de que se trate. Como fácilmente se infiere, señorías, la afirmación del carácter exclusivo de una competencia estatal sobre una materia, sin perjuicio de la que sobre esa misma materia corresponde a las comunidades autónomas, en realidad es con perjuicio de la materia de la competencia presuntamente exclusiva. Y si me permiten una referencia de carácter político que muchos de los aquí presentes conocen, la Constitución está llena de sin perjuicios y eso es debido al trabajo de un ponente constitucional, precisamente al señor Miquel Roca - y lo digo con todo respeto y con todo reconocimiento a su trabajo -, porque sin duda gracias a esos sin perjuicios se pudo aprobar con consenso la Constitución y desde la convicción de que después el poder constituido y el Tribunal Constitucional irían delimitando las respectivas competencias. Por tanto, no utilicemos la exclusividad contenida en los estatutos porque eso es hacer trampas en el solitario, por decirlo, si me permiten, en términos coloquiales. Permítanme que les recuerde también que hemos de tener presente que la técnica de la exclusividad, entendida en su sentido estricto - esto es, como atribución a una única instancia, sea estatal o autonómica, de todas las funciones públicas sobre una determinada materia o sector -, es una técnica que puede considerarse excepcional en nuestro sistema general de distribución competencial, y esta afirmación es aplicable en una materia como de la que estamos hablando: protección civil. ¿O alguien piensa - hablando ya no solo desde un punto de vista jurídico o político sino también desde un punto de vista real - lo que puede suceder cuando estamos ante una emergencia de carácter nacional o ante una emergencia que inicialmente es de carácter estrictamente autonómico pero que por su propia naturaleza evoluciona y después se convierte en una emergencia de interés nacional? A algunos que han hablado desde grupos parlamentarios de Cataluña puedo recordarles, por ejemplo, cómo en los dramáticos incendios forestales que se produjeron en julio de 2012 en comarcas gironinas - yo viví aquello cuando estaba preparado el plan de evacuación de Figueras, por ejemplo - costó que se pidiera la participación de la Unidad Militar de Emergencias. Como decía, yo lo viví porque estaba allí, en el puesto de mando avanzado - vine de Nicosia, donde estaba participando en el Consejo Europeo informal de comienzo de la Presidencia pro tempore de Chipre en la Unión Europea - y vi a los alcaldes de la zona cómo suspiraban aliviados cuando vieron llegar a la Unidad Militar de Emergencias, que les proporcionaba a sus ciudadanos y a ellos mismos tranquilidad y seguridad. Evidentemente, no se activó la Unidad Militar de Emergencias hasta que se aplicó el protocolo establecido, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña y a instancia de la Generalitat de Catalunya. No se puso en marcha dicho instrumento, la Unidad Militar de Emergencias, que es fundamental a la hora de hacer frente a las catástrofes o situaciones de emergencia que se crean en nuestro país. Ahora mismo lo estamos viendo con ocasión de las inundaciones que se han producido a primeros de marzo especialmente en la zona de la provincia de Zaragoza, donde han participado 450 efectivos, medios humanos de la Unidad Militar de Emergencias e innumerables medios materiales. Hemos visto de qué manera han contribuido para salvar a las personas y bienes en una situación de emergencia. Conviene que hablemos de lo que estamos hablando. Señor Guillaumes, ¿usted cree, por ejemplo, que si se hace un plan relativo a la eventualidad de que se produzca un tsunami en una determinada zona de España, lo vamos a limitar al territorio estricto de esa provincia o de esa comunidad autónoma, o por el contrario hay que prever las consecuencias que pueden suceder, con los pies en la tierra y no pensando en otras cosas? Después, evidentemente, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, el ordenamiento jurídico - para eso diseñamos un Sistema Nacional de Protección Civil - nos dirá en cada momento quién debe intervenir, qué instancia o poder público es el que tiene la competencia, quién coordina, etcétera. Pero tenemos que tener diseñados esos planes de protección ante eventualidades porque, si se producen, evidentemente no van a venir los ciudadanos que ven sus personas o sus bienes en riesgo a decir que nosotros no tenemos competencia o que la competencia es del otro o es de aquel. Yo pido, por favor, un poco de sensatez cuando estamos hablando de esta cuestión, en la que no se pretende para nada - para nada - invadir las competencias de nadie, sino, por el contrario, estructurar, vertebrar un Sistema Nacional de Protección Civil. Precisamente hablamos de un sistema nacional porque hay poderes públicos, como las comunidades autónomas, que tienen competencias muy precisas en materia de protección civil, pero el Estado también tiene las suyas y cuando la dimensión de la emergencia sea temporal o de otras características y lo exija y se convierta en una emergencia de interés nacional, hemos de ser capaces de vertebrar todos los medios y todas las capacidades que tenemos cada una de las administraciones y poderes públicos. De esto se trata, en definitiva, señorías, y no de una vocación recentralizadora, ni de establecer prejuicios en relación con una materia que, se lo digo con toda sinceridad, no la hay por ningún sitio. Además, les debo decir con todo respeto pero con toda claridad que difícilmente se puede sostener desde esta tribuna que este proyecto invade competencias atribuidas a las comunidades autónomas cuando el texto que hoy he presentado ha sido ampliamente discutido y consensuado con las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Nacional de Protección Civil durante un año y medio; señorías, durante un año y medio. A lo mejor los que tienen que coordinarse internamente son algunos de ustedes. Durante un año y medio en la Comisión Nacional de Protección Civil se ha estado discutiendo este proyecto y se han asumido muchas observaciones que han planteado las comunidades autónomas. La colaboración y la coordinación entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas ha sido muy fluida y el proyecto que hoy les presento es el resultado del entendimiento, insisto, entre las diferentes administraciones implicadas en el ámbito de la Comisión Nacional de Protección Civil y mediante otros canales que - repito - a lo largo de año y medio han estado funcionando desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior con los interlocutores correspondientes de las comunidades autónomas. Por tanto, lejos de elaborarse a espaldas de las comunidades autónomas, el texto incorpora, como les he dicho, muchas de las observaciones y muy acertadas - por eso las hemos incorporado, ¡faltaría más!- que nos han formulado en el seno de la Comisión Nacional de Protección Civil representantes muy cualificados de las comunidades autónomas con competencias en la materia, que son prácticamente todas. Como ustedes saben, en la Comisión Nacional de Protección Civil precisamente están representados - conviene recordarlo - los consejeros de las comunidades autónomas cuya actuación se añade a los trabajos preparatorios que llevan a cabo previamente los técnicos en la materia. No hay - lo repito, y me atrevo a sostenerlo con absoluta rotundidad una vez más - un solo aspecto de este proyecto de ley en que resulte alterada la competencia de las comunidades autónomas en materia de protección civil. Respetamos de manera escrupulosa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y desde este punto de vista, aunque solo sea brevemente, no puedo dejar de hacer referencia a que ha sido precisamente esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha ido perfilando el concepto y el reparto, la delimitación competencial en este ámbito a lo largo del tiempo, con especial referencia a dos sentencias: una del año 1984, la 123, y otra posterior, del año 1991. El Alto Tribunal reconoce al Estado la competencia normativa, disponiendo e instrumentando técnicas de coordinación - señor Olabarría, el Alto Tribunal - y la competencia ejecutiva, asumiendo las tareas de dirección en todas las emergencias que sean de interés nacional. En esas es donde se establece la competencia de coordinación, señoría. Es de todo punto lógico que el Estado tenga que disponer de un sistema previo y de una estructura y unos medios ya organizados para el supuesto de que acontezca una situación de emergencia nacional, ya que, de lo contrario, difícilmente se puede improvisar una respuesta ante una amenaza, ante un riesgo de esas características. El presente proyecto de ley - afirmo nuevamente con toda rotundidad - no habilita al Estado en absoluto - exartículo 149 de la Constitución - como erróneamente se ha afirmado, para asumir como competencia exclusiva la dirección ejecutiva de la coordinación y la unidad de mando en las emergencias que no sean declaradas de interés nacional. Únicamente podría hacerlo cuando por su evolución previsible precise una coordinación nacional debido a los efectos o a la naturaleza del riesgo, y ello previa declaración, en todo caso formal, de esa emergencia como de interés nacional. Ya me he referido a la visión centralizadora y homogeneizadora que supuestamente subyace en el proyecto de ley. Simplemente debo reiterar que la protección civil, señorías, es un sector en donde la acción administrativa y política exige una implicación de todas las administraciones afectadas, con todos los recursos disponibles, en pro del objetivo común de gran trascendencia, que es dar respuesta - insisto - a esa situación de amenaza y de emergencia que se ha producido. La jurisprudencia constitucional precisamente atribuye al Estado la potestad normativa para configurar un sistema que podría denominarse básico de protección civil en el ámbito nacional. Dicho de otra forma, si el sistema nacional no estuviera así configurado, realmente se sustraería al Estado poder ejercer una competencia que el Tribunal Constitucional reiteradamente le ha reconocido. Lo que algunas de sus señorías han calificado como un proyecto centralizador y en sus enmiendas escritas extensivo y homogenizador, no es si no la configuración de un sistema básico de protección civil basado en la coordinación, la cooperación y el respeto muto a las competencias propias de cada Administración pública. Debo decir que en lo relativo a las redes se sigue un modelo similar al que tiene establecido el Mecanismo europeo de protección civil con respecto a los Estados miembros de la Unión Europea, gestionado por un sistema de comunicación e información de emergencias con el que se podrían conectar en el futuro las redes nacionales, si procediera. El Grupo de La Izquierda Plural ha resaltado que este proyecto no representa un salto cualitativo con respecto a la vigente ley. Por economía de tiempo - creo que le contesté en la presentación del proyecto de ley -, solo quiero recordar en todo caso que en lo que se concreta ese salto cualitativo, en mi opinión, obviamente respetando la suya, por supuesto, es en consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil que la ley vigente trataba de poner en funcionamiento con una herramienta que es el sistema nacional. No se podía regular porque no existía en el año 1985 y ahora, treinta años después, sí existe pero necesita su regulación para que sea operativo. El señor Sixto también ha dicho en defensa de la enmienda de totalidad que no hacemos referencia a los voluntarios de Protección Civil. Lo cierto es que el Grupo de Esquerra Republicana y el Grupo de La Izquierda Plural tienen conceptos antitéticos al respecto, porque mientras Esquerra Republicana dice en su enmienda que el Gobierno deja en manos de los voluntarios toda la protección civil, el señor Sixto desde La Izquierda Plural dice todo lo contrario. Creo que situarnos en medio de estas dos posiciones, de La Izquierda Plural y de Esquerra Republicana, en esta materia seguramente es la virtud de este proyecto de ley. [[Rumores]]
Un momento, señor ministro. Por favor, ruego guarden silencio porque si no es imposible para los portavoces de los distintos grupos seguir lo que les está contestando el señor ministro. Así que, por favor, señoras y señores diputados, guarden silencio. Continúe.
Gracias, señora presidenta. El artículo 17 del proyecto de ley incluye a los voluntarios de Protección Civil dentro de los servicios de intervención y asistencia en emergencias en la materia. Incluso la disposición adicional primera del proyecto de ley dice que los poderes públicos promoverán la participación y la debida formación de los voluntarios en apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil. Dicho eso, también le digo que si se supera el trámite de totalidad, por supuesto que estamos abiertos a que en el trámite de ponencia y debate en Comisión podamos intensificar la referencia a los voluntarios de Protección Civil. Le puedo asegurar que ahí sin ninguna dificultad nos vamos a encontrar porque yo reconozco, como no puede ser de otra manera, la importantísima función que desarrollan en el Sistema Nacional de Protección Civil los voluntarios en la materia. El señor Sixto ha dicho también que hay una nula referencia a competencias municipales. Le quiero recordar, señor Sixto, que las competencias a los municipios y a los alcaldes en esta materia ya se disponen en la Ley reguladora de las bases de régimen local, la Ley 7/1985, concretamente en su artículo 13. Además, hay una disposición adicional, la novena, que también hace una expresa referencia a las competencias de los alcaldes en esta materia y en algo no menor, como es precisamente en los procedimientos sancionadores. Por tanto, quede claro que no solo hay un respeto, sino que hay una específica referencia, como no puede ser de otra manera, a las competencias de las entidades locales y concretamente de los municipios. [[El señor]] En cuanto a lo que el señor Sixto ha comentado de que damos escasa importancia al medio ambiente, solo recordarle lo que dice la vigente Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, que se ocupa extensamente de los daños que pueden producirse contra el medio ambiente por actividades humanas, como señala el propio artículo 1 de esa ley. Este proyecto de ley que estoy defendiendo alude a que cuando se trate de daños medioambientales producidos por causas naturales pueden preverse por acuerdo del Consejo de Ministros, en los términos que antes comentaba en la presentación del proyecto de ley, actividades de reforestación o de restauración medioambiental junto a las restantes medidas necesarias. En definitiva - y termino, señoría, aunque podría ser más amplio, pero por razones obvias no quiero ni debo extenderme -, creo sinceramente que no están justificadas ni jurídica ni políticamente las críticas que se han hecho a este proyecto de ley desde la perspectiva del respeto a la delimitación competencial en la materia y desde la existencia de una presunta vocación recentralizadora que en absoluto existe. Lo que existe, eso sí, es una vocación clara de poder optimizar de manera racional, adecuada y debidamente regulada todas las capacidades que existen en el Estado, en el ámbito de los diferentes poderes públicos, para hacer frente a cada una de las situaciones de emergencia a las que nos podamos ver abocados en un futuro, que nadie deseamos, pero a las que inevitablemente - y en estos días lo estamos viendo de manera muy especial - antes o después todos los países nos tenemos que enfrentar. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. El señor ministro del Interior ha hecho, con todo derecho y legitimidad, un turno en contra. Por tanto, cada uno de los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad tienen cinco minutos para contestar. Señor Olabarría.
Muchas gracias, señor presidente. Tras las explicaciones del ministro, ahora sí que estoy perplejo. Me gustaría que conste en el «Diario de Sesiones» con claridad esta profunda innovación al derecho constitucional español del ministro, incorporando al concepto de competencia exclusiva la noción de equívoca. Señor ministro, si las competencias exclusivas son equívocas, a tenor de lo previsto por el Tribunal Constitucional, usted podría reivindicar las treinta y nueve que son exclusivas y que están previstas como tales por el Estatuto de Autonomía de Gernika, pero admítame la reciprocidad. Yo podría reivindicar desde el Gobierno vasco, por ejemplo, las competencias sobre el Banco de España, porque también las estatales son equívocas. Cuando usted establece la expresión equivocidad para penetrar en ámbitos competenciales impropios, que están consagrados por títulos específicos, por preceptos como el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika - que sí se lo he citado -, no me cite la equivocidad o el carácter equívoco de las competencias autonómicas, porque las estatales tienen el mismo carácter equívoco, y entonces entraríamos en una especie de discurso de intercambio de competencias entre unos y otros que podría acabar en una suerte de caos, de puzle muy complejo de articular. Señor ministro, se lo pido seriamente, se lo pido con el rigor jurídico intelectual del que soy capaz, vamos a intentar no realizar reflexiones metajurídicas o juegos de palabras que nos pueden llevar a un puzle en la articulación territorial del Estado, que bastante compleja es como para que con estas menciones y calificativos la compliquemos todavía más. Si son equívocos y ustedes reivindican la competencia en materia de protección civil de Euskadi, que corresponde a Euskadi y está regulada por una ley vasca, yo voy a reivindicar por el carácter equívoco de las competencias en materia de política monetaria las competencias del Banco de España para la Comunidad Autónoma vasca. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Señor Sixto.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, no se trata de prejuicios. Ni mi grupo parlamentario ni los grupos parlamentarios que le hemos presentado enmiendas a la totalidad lo hacemos por prejuicios; lo hacemos para defender los derechos competenciales de las diversas comunidades autónomas. En el caso de mi grupo parlamentario, de La Izquierda Plural, en el que está Iniciativa per Catalunya, es además porque Iniciativa per Catalunya ha tenido experiencia de Gobierno en este tema y es profunda conocedora de los temas de protección civil, porque los ha desarrollado durante mucho tiempo desde el Gobierno de Cataluña. Por tanto, no se trata de prejuicios. El señor Olabarría se lo acaba de decir. Usted ha dedicado buena parte de su intervención a ponderar o a delimitar el concepto de exclusividad. La exclusividad es lo que es y cuando el legislador lo pone en el texto quiere decir lo que quiere decir. Durante treinta años la protección civil se ha desarrollado por algunas comunidades autónomas de una forma muy profunda, muy sentida y muy elaborada. Usted ha dicho ahora que este texto legal ha estado en una mesa de negociación con el resto de comunidades autónomas, pues, señor ministro, no ha estado el tiempo suficiente de negociación con el resto de comunidades autónomas y la prueba es todas las enmiendas de totalidad que se le están presentando hoy en la Cámara. Desde luego, mi grupo espera y siempre desea que a la hora de trabajar en los textos legales, en ponencia y después en Comisión, se puedan introducir las mejoras necesarias que veremos mediante enmiendas parciales el resto de grupos. Así lo ha trasladado usted en su intervención, aunque, lamentablemente, nos hemos encontrado ya demasiadas veces con que la voluntad de diálogo del Partido Popular se acaba bastante pronto en las ponencias. Termino diciendo - en su intervención lo ha manifestado también - que al final de lo que se trata es de regular la intervención del Estado, en una cuestión tan sensible como es la protección civil, que de coordinar, que es lo que nosotros recomendaríamos, que se coordinase más y se tratase de regular menos. Usted ha dicho que la Unidad Militar de Emergencias es vista por los alcaldes en determinados momentos como un gran alivio. No lo dudo, pero también se han producido determinados casos en los cuales la intervención de la Unidad Militar de Emergencias no ha servido para mejorar la gestión de las emergencias en las cuales estaba, por la sencilla razón de que no estaban enterados de todos los asuntos que tenían que llevar o simplemente del entorno en el cual se tenían que mover y por eso es importante que las autoridades de cada comunidad autónoma estén al frente de las emergencias que se declaren, sobre todo por una sencilla razón, señor ministro, porque - refrésqueme la memoria y refrésquesela a la Cámara - ¿cuántas veces se ha declarado una emergencia de protección civil de carácter nacional durante los treinta años que lleva en vigor la vigente ley? Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sixto. Señor Guillaumes.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, no sé si en alguna emergencia en Cataluña alguien se ha dirigido a ustedes como Estado diciendo: por favor, ayúdeme. Supongo que eso implicaba que algo debía estar haciendo mal la Generalitat. Es un feo argumento, muy feo, pero no voy a criticar a la Unidad Militar de Emergencias porque me parecen unos magníficos profesionales, como también lo son los de la Generalitat. Solo voy a emplear treinta segundos para aclarar su argumento. Competencia exclusiva de la Generalitat. Ustedes en la ley definen los riesgos exclusivamente. O sea, los riesgos serán definidos por su ley, no podrán ser definidos a partir de este momento por una normativa autonómica. ¿Esto es básico? Planificación. La planificación tendrá que estar sometida a control ex ante, es decir, será vigilada antes de que se haga. ¿Eso es básico? Formación. ¿La formación? ¿Que ustedes se metan en la formación es básico? Información. La información se centraliza. ¿Eso es básico? Definición de recursos. En la definición de recursos a partir de este momento interviene el Estado. ¿Eso es básico? ¿Eso es coordinación? Decirnos a qué hora tienen que entrar y a qué hora tienen que salir el director general de Protección Civil y sus funcionarios no es precisamente básico. Usted - antes lo ha dicho un portavoz - nos ha pedido sensatez. En Cataluña, los agentes forestales dependen de la Generalitat; la policía de seguridad, una policía integral, depende de la Generalitat; la Dirección General de Protección Civil depende de la Generalitat; los bomberos dependen de la Generalitat; los bomberos voluntarios dependen de la Generalitat; el voluntariado de Protección Civil depende de la Generalitat. Si hay una emergencia dentro del territorio - se entiende - de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿puedo hacerle una pregunta tonta? ¿Qué hacen ustedes allí cuando todos y cada uno de los organismos que tienen que intervenir dependen de la Generalitat? ¿Y usted nos pide sensatez? Contésteme a esta pregunta, porque debo haber cometido algún error que se me escapa. Creo que el ejemplo es lo suficientemente claro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Guillaumes. [[El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra]] Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señor Guillaumes, la pregunta la ha calificado usted de tonta, no yo. Tengo la sensación de que usted no ha entendido el proyecto de ley en absoluto; si no, no hubiera pronunciado las palabras que ha dicho aquí. Si usted entendiera y hubiera estudiado el proyecto de ley, le digo sinceramente y con todo respeto que no hubiera dicho lo que ha dicho aquí. Así de claro. Por otra parte, el hecho de que se requieran o soliciten medios adicionales cuando se produce una emergencia, que desde el ámbito autonómico la dirige la comunidad autónoma a través de la autoridad política correspondiente, no quiere decir que lo estén haciendo mal. Existe también un mecanismo europeo de protección civil y los Estados nos pedimos continuamente ayuda. Por ejemplo, cuando hay incendios forestales países muy avanzados de Europa piden hidroaviones a otros países, nos los piden a nosotros y nosotros pedimos a otros. No es porque lo estemos haciendo mal, sino porque cuando se producen estas situaciones de emergencia normalmente las capacidades que tenemos son limitadas. La solidaridad interterritorial a nivel europeo funciona y, lógicamente, debe funcionar también a nivel nacional. Señoría, usted ha calificado la pregunta de tonta, yo no; pero ante una pregunta tonta, la mejor respuesta es el silencio. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones respecto a este proyecto de ley, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia el señor Martínez Gorriarán.
Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque creemos que introduce algunas mejoras respecto a la normativa precedente, pero hemos detectado también que tiene bastantes deficiencias y presentaremos enmiendas parciales durante su tramitación. Gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Le agradezco su concisión y brevedad. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Grande.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición en este debate de totalidad sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Señor ministro, yo sí me he estudiado la ley. Antes de que usted interviniera esta tarde extensamente tenía algunas certezas y unas poquitas dudas. Después de su intervención, señor ministro, tengo alguna certeza y muchísimas dudas. Las cuatro enmiendas a la totalidad registradas por los grupos parlamentarios se fundan esencialmente en razones competenciales. El Grupo Parlamentario Socialista constata en el marco del régimen jurídico vigente y, sobre todo, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mencionada reiteradamente esta tarde - fundamentalmente en las sentencias 123/1984 y 133/1990- la existencia de competencias propias del Estado en materia de protección civil fundadas en los conceptos de seguridad pública, catástrofes de carácter supraterritorial y de interés nacional. Pero también existen las competencias de las comunidades autónomas que han asumido en sus estatutos de autonomía la protección civil como competencia exclusiva. Por tanto, estamos ante un supuesto claro - y, además, no puede ser de otra manera - de competencias concurrentes. Dice expresamente la sentencia 123/1984 que en la materia específica de la protección civil se producen competencias concurrentes, cuya distribución es necesario diseñar. En nuestra opinión es esta ley la oportunidad de hacer ese diseño necesario para la distribución de las competencias en materia de protección civil. Señorías, más consenso, más diálogo y menos peleas. Sin embargo, esta certeza en cuanto a las competencias no nos impide apreciar - y así nos lo comentan buena parte de los expertos y de las comunidades autónomas con las que hemos hablado - que existe cierta vocación recentralizadora en este proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales, como por ejemplo el hecho de que no se haya plasmado un órgano de cooperación política entre administraciones al estilo de una conferencia sectorial, algo que sí sucede en muchas otras competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, como sanidad o educación, o incluso en competencias concurrentes, como la de cultura. También hemos apreciado que se han reforzado las funciones de las autoridades de la Administración General del Estado en materia de protección civil y quizás no se han delimitado bien las competencias autonómicas en la materia. En definitiva, no se trata - y menos por parte de mi grupo - de poner el acento en tensar la cuerda desde uno u otro extremo para afirmar las competencias estatales negando las autonómicas, o a la inversa; se trata de hacer un esfuerzo para poner el acento en la necesidad de cooperación entre todas las administraciones. En ninguna materia como en esta es visible la necesidad de cooperación y correcta articulación del ejercicio de sus funciones por parte de las administraciones competentes e incluso con organizaciones y ciudadanos; por ello tenemos que hacer un esfuerzo de consenso por esta protección de la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, estas apreciaciones no son suficientes para que votemos a favor de las enmiendas a la totalidad que hoy debatimos. Creemos que es conveniente actualizar la Ley de Protección Civil de 1985 reconociéndole aspectos nuevos e importantes, como el régimen de la Unidad Militar de Emergencias, el Fondo de prevención, el régimen de ayudas en materia de catástrofes naturales y algunos otros equivalentes. Dicho esto, el Grupo Socialista también es consciente de que el proyecto de ley presenta otros déficits, y les mencionaré muy brevemente algunos. Por ejemplo, no entendemos muy bien por qué el Gobierno y el Partido Popular han empezado la casa por el tejado en una ley de esta importancia, que está íntimamente ligada a otras modificaciones legales que parece que no se van a tramitar o se van hacer al margen de este texto de ley. [[Rumores]]
Perdón, señora Grande. Por favor, ruego silencio para que se oiga a la oradora. [[Pausa]] Continúe, por favor.
Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de seguridad nacional que ustedes se comprometieron a tramitar en esta legislatura y que por el momento duerme el sueño de los justos; o en la Ley del tercer sector y del voluntariado, que ya ha entrado en esta Cámara, en la que cuando se habla de voluntarios de protección civil nos remite a esta ley, en la cual por cierto y en nuestra opinión el papel de los voluntarios se recoge de manera absolutamente insuficiente. Por último, en este proyecto de ley la protección civil se articula en torno a un sistema de deberes que se describen exhaustivamente y, en nuestra opinión, no se contempla en ningún momento una perspectiva fundamental, como es la relativa a los derechos de los ciudadanos en cuanto a información, protección y participación. Les anuncio que presentaremos enmiendas parciales en este sentido. Por todo ello creemos necesario - y vamos a votar en consecuencia - proceder a la modificación de la legislación nacional en materia de protección civil para sustituir, mejorar y modernizar la Ley del año 1985, pero también les anuncio que si el Gobierno y el Partido Popular no son capaces de hacer un ejercicio de generosidad suficiente para el consenso en estos y otros temas, no podremos llegar a un acuerdo final en esta ley a pesar de nuestra predisposición al diálogo y al acuerdo en un texto cuyo fin primordial es proteger ante las catástrofes la seguridad de los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Grande. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, últimamente hablamos y debatimos mucho sobre cuestiones de regeneración democrática. En algunos aspectos disentimos, como es lógico, pero me atrevería a decir que en muchos otros coincidimos, como por ejemplo en la necesidad de que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la política y en los políticos. Todos sabemos que una de las cuestiones que más demandan los ciudadanos de nosotros es que lleguemos a más pactos y a más acuerdos. En ocasiones reconozco que es complicado, dada la diferencia de ideologías y de principios. Sin embargo, hoy, con este proyecto de ley, todos deberíamos formularnos una pregunta: ¿Tiene algún sentido que no nos pongamos de acuerdo en un tema tan esencial como el de la protección civil, cuyo objetivo es la protección de las personas y los bienes ante los distintos tipos de amenazas y catástrofes? La respuesta de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, es clara: No tiene ningún sentido, porque no hay nada más importante que la vida de las personas. Cuando hablamos de amenazas y de catástrofes deberíamos no pensar en las fronteras, deberíamos no pensar en colores políticos. La protección de derechos tan esenciales como el derecho a la vida y a la integridad física en un momento de grave riesgo, en una emergencia, debería hacer que dejáramos a un lado todas nuestras diferencias. Por ello, no logro entender la presentación de estas enmiendas a la totalidad, que son de devolución sin texto alternativo. Solo se me ocurren dos motivos que realmente lo justifiquen: que les guste escuchar las concisas explicaciones del ministro o que algunos grupos de esta Cámara consideren que hacer oposición, y más si es año electoral, consiste en oponerse a todo, sin distinción, lo cual resulta no solo triste sino también decepcionante, además de opuesto al entendimiento que nos demandan los ciudadanos. Como bien ha dicho el ministro, este es un proyecto de ley que responde principalmente a la necesidad de actualizar la legislación vigente, que tiene ya treinta años, no rompiendo con ella, porque ha dado muy buen resultado, sino incorporando la legislación europea en la materia y algunas normas que se habían desarrollado reglamentariamente. Su objetivo es establecer un sistema nacional de protección civil que asegure la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas en esta materia. Su último fin no es otro que poder afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse en beneficio de los afectados, y para ello se definen y regulan las seis fases o actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil - la anticipación, la prevención, la planificación, la respuesta inmediata, la recuperación y la evaluación y seguimiento del sistema para un funcionamiento eficaz - y se crean nuevos instrumentos cuyo fin es mejorar el sistema, como la red nacional de información sobre protección civil, la red de alerta nacional de protección civil o el fondo de prevención de emergencias. Además, se establecen las competencias de los órganos de la Administración General del Estado, en que por supuesto prevalece el Ministerio del Interior, aunque bien es cierto que no es el único departamento implicado: también se reconoce, por ejemplo, el papel de las delegaciones del Gobierno, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Unidad Militar de Emergencia. Esto, señor Sixto, es debido a la naturaleza transversal de la protección civil. [[Rumores]]
Perdón, señora Hoyo, no la puede oír ni el señor Sixto ni nadie si sigue este runrún. Por favor, ruego silencio. [[Pausa]] Continúe.
El Gobierno y concretamente el Ministerio del Interior llevan trabajando en este proyecto de ley desde el principio de la legislatura. Se han incorporado muchas cuestiones planteadas por las distintas comunidades autónomas en el seno de la Comisión Nacional de Protección Civil y por la Federación Española de Municipios y Provincias, dentro de la comisión de Administración local. Se ha hecho un importante esfuerzo para conseguir el máximo consenso, y se ha conseguido, no quedando ninguna diferencia técnica respecto a lo esencial. Este hecho, el que ninguna consejería de ninguna comunidad autónoma haya expresado reparos técnicos esenciales, sumado a que han justificado sus enmiendas con la misma retórica de siempre y sin concretar, es lo único que nos hace pensar que son enmiendas artificiales, ya que no tienen ningún fundamento. La crítica principal ha sido la invasión competencial. Al respecto quisiera decir, como bien ha explicado el ministro, que el proyecto de ley respeta escrupulosamente la amplia competencia autonómica en esta materia. Como se ha dicho, el Tribunal Constitucional es el que, a través de dos sentencias, ha perfilado el reparto competencial, unas competencias concurrentes donde el Estado tiene competencias en las emergencias de interés nacional, concretamente en tres supuestos: cuando se declara un Estado de alarma, excepción y sitio, cuando las emergencias afectan a varias comunidades autónomas o cuando las emergencias, por sus dimensiones, exigen una dirección nacional. La competencia del Estado en esta materia tiene sus límites, igual que lo tienen las competencias de las comunidades autónomas, dado que la protección civil es una política de seguridad pública. Por tanto, el Estado tiene competencias de tipo normativo y ejecutivo. Es lógico que el Estado deba estar preparado para afrontar una situación de emergencia nacional y, para ello, necesite disponer previamente de un sistema completo, una estructura y los medios adecuados. El artículo 3.2 del proyecto de ley recoge, en mi opinión de forma muy adecuada, los principios que deben regir las actuaciones del sistema de protección civil: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia y participación. Podría extenderme más, pero no lo voy a hacer porque el ministro ya ha explicado muy bien el proyecto de ley y ya ha dado respuesta a las distintas cuestiones planteadas. Sin embargo, no quisiera terminar sin agradecerle al Grupo Socialista su posición y su voluntad de llegar a acuerdos y contribuir para mejorar esta ley. Quiero reiterar la voluntad de mi grupo parlamentario y del Gobierno de mano tendida, de llegar a acuerdos. Somos ambiciosos respecto a la búsqueda de consensos en esta materia, y nos gustaría que saliera un texto apoyado por la mayoría de los grupos parlamentarios. Por ello, a los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, quisiera pedirles dos cosas; por una parte, que sus aportaciones las conviertan en enmiendas parciales y, por otra, y dado el tema que trata este proyecto de ley, que tengan sen on, sentit comú o, como se dice en nuestra tierra, señor Sixto, trellat; sentido común. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Hoyo.
El último punto del orden del día es la propuesta de la Comisión de Defensa de la creación de una subcomisión para el estudio del modelo de la reserva militar voluntaria. ¿Puedo entender que se aprueba por asentimiento? [[Asentimiento]] Pues así se hace. En unos minutos empezaremos a votar. [[Pausa]]
Vamos a comenzar las votaciones. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Hay tres votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 3 votos telemáticos, 320; a favor, 316 más 3 votos telemáticos, 319; abstenciones, 1.
Queda convalidado el real decreto-ley. Se ha pedido por varios grupos la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley. Eso es lo que vamos a votar ahora. Han sido emitidos tres votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 3 votos telemáticos, 321; a favor, 140; en contra, 178 más 3 votos telemáticos, 181.
No se tramitará como proyecto de ley.
En primer lugar, proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En primer lugar, votación separada de las enmiendas a los apartados del Artículo Único: veintiocho, ochenta, ochenta y tres bis [[nuevo]], cien, ciento cuatro, ciento dieciséis, ciento veinte bis [[nuevo]], ciento sesenta y nueve bis [[nuevo]], doscientos veintisiete, doscientos veintiocho, doscientos treinta y dos, doscientos treinta y seis, doscientos treinta y ocho, doscientos cincuenta y tres, doscientos cincuenta y cuatro y doscientos sesenta [[nuevo]]; a la disposición adicional tercera; a la disposición adicional cuarta [[ahora tercera]]; a la disposición derogatoria única; y a la disposición final cuarta [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 274; en contra, 19; abstenciones, 20.
Quedan aprobadas. Enmiendas a los apartados ciento cuarenta y nueve y ciento ochenta y nueve del artículo único. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor 181; en contra, 20; abstenciones, 111.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al proyecto de ley. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 179; en contra, 129; abstenciones, 5.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Hay cuatro votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 4 votos telemáticos, 321; a favor, 178 más 3 votos telemáticos, 181; en contra, 137 más 1 voto telemático, 138; abstenciones, 2.
Queda aprobado el proyecto de ley. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. [[Número de expediente 121/000105]]
Proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Votación de enmiendas. En primer lugar, enmienda al artículo 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 292; en contra, 5; abstenciones, 16.
Queda aprobada. Enmiendas a los artículos 6 y 38. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 290; en contra, 19; abstenciones, 4.
Quedan aprobadas. Enmienda al artículo 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 189; en contra, 120; abstenciones, 4.
Queda aprobada. Enmiendas al artículo 36 y a la disposición final quinta [[antes cuarta]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 179; en contra, 119; abstenciones, 14.
Quedan aprobadas. Enmiendas a la disposición final primera [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 177; en contra, 134, abstenciones, 1.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al proyecto de ley. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 179; en contra, 119; abstenciones, 14.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Hay 4 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 4 votos telemáticos, 322; a favor, 178 más 3 votos telemáticos, 181; en contra, 139 más 1 voto telemático, 140; abstenciones, 1.
Queda aprobado el proyecto de ley. - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICOFINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. [[Numero de expediente 121/000082]]
Enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por la que se modifica la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos; y la ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Votación separada de las enmiendas. En primer lugar, enmienda al apartado tres del artículo primero. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 206; en contra, 99; abstenciones, 6.
Queda aprobada. Enmienda a la disposición adicional tercera [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 309; abstenciones, 3.
Queda aprobada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 207; en contra, 2; abstenciones, 103.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto del proyecto de Ley de orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos; y la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, por tener el mismo carácter orgánico. Hay cuatro votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 4 votos telemáticos, 322; a favor, 194 más 3 votos telemáticos, 197; en contra, 121 más 1 voto telemático, 122; abstenciones, 3.
Queda aprobado el proyecto de ley. - PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. [[Número de expediente 121/000083]]
Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Se votan conjuntamente, en bloque, todas las enmiendas del Senado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 195; en contra, 21; abstenciones, 101.
Quedan aprobadas esas enmiendas. - PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. [[Número de expediente 122/000189]]
Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Se votan conjuntamente, en bloque, las enmiendas del Senado. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 275; en contra, 20; abstenciones, 15.
Quedan aprobadas.
Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Ha habido cuatro votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 4 votos telemáticos, 321; a favor, 279 más 4 votos telemáticos, 283; en contra, 24; abstenciones, 14.
Queda aprobada.
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley del sistema nacional de protección civil, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] y Grupo Mixto, señora Jordà. Hay cuatro votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 4 votos telemáticos, 321; a favor, 34; en contra, 282 más 4 votos telemáticos, 286; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas.
Se ha solicitado la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación de este proyecto de ley. Han sido emitidos cuatro votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309 más 4 votos telemáticos, 313; a favor, 133 más 1 voto telemático, 134; en contra, 174 más 3 votos telemáticos, 177; abstenciones, 2.
No se tramitará como proyecto de ley. Se levanta la sesión. Eran las siete y quince minutos de la tarde.