Se abre la sesión. Señorías, con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Pedro María Azpiazu Uriarte pregunto a doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea si jura o promete acatar la Constitución.
Por imperativo legal, sí, prometo.
En sustitución de don José María Lassalle Ruiz pregunto a don Diego Movellán Lombilla si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro. [[Aplausos]]
Doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea y don Diego Movellán Lombilla han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. [[Aplausos]]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día consistente en la permuta del orden del debate de los puntos 29, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y 31, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que el punto 31 se debatiría en primer lugar y el punto 29 en último lugar. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobada la citada modificación.
Comenzamos con el primer punto del orden del día. Quiero dar la bienvenida a la delegación del Parlamento de Canarias, encabezada por el presidente de las islas Canarias y por la presidenta del Parlamento. Bienvenidos, señorías. [[Aplausos]] Iniciamos el debate de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Nos acompañan dos representantes del Parlamento de Canarias que integran la delegación que va a defender la propuesta y a quienes doy también la bienvenida en nombre de toda la Cámara, don José Miguel Ruano León y don Iñaki Álvaro Lavandera. Tiene la palabra en primer término don José Miguel Ruano León. [[Rumores]] Ruego silencio, señorías.
Señora presidenta, señorías, me corresponde en nombre del Parlamento de Canarias, como portavoz del Grupo Nacionalista Canario -[[Coalición Canaria-PNC]] realizar esta presentación ante la Cámara con el propósito de que por sus señorías se tome en consideración la propuesta de Estatuto de Autonomía de Canarias que aprobamos en el archipiélago, tras un largo proceso, al final de la pasada legislatura autonómica, el 24 de marzo de 2015. La propuesta partía de un periodo previo de participación ciudadana en la fase gubernamental. Fue avalada, entonces, por dos grupos parlamentarios, el Nacionalista Canario y el Socialista, que representaban tres quintos de la mayoría del Parlamento canario, treinta y seis escaños. Señorías, cuando la propuesta de reforma de estatuto fue aprobada, en Canarias no fue posible un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular por razones políticas de entonces que no vienen al caso. Lo cierto es que en el día de hoy sí estamos en condiciones de manifestar y agradecer la disposición del Partido Popular de Canarias de sumarse a un nuevo estatuto de autonomía para el archipiélago, acuerdo que se ha ido perfilando en varias reuniones recientes mantenidas a través del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Esperamos también que se puedan sumar otros grupos, especialmente nuestro socio en las elecciones europeas, el Partido Nacionalista Vasco, además de Nueva Canarias y aquellos partidos de nueva creación que hoy tienen presencia en las Cortes y en el Parlamento de Canarias. Nosotros queremos estar en el Estado, y en él queremos tener herramientas suficientes para desarrollar nuestro gobierno en un marco cómodo, para ejercer nuestras competencias, para hacerlo con suficiencia, para dar desarrollo económico y social a la población del archipiélago. ¿Es suficiente el Estatuto del año 1982, con una reforma pequeña, parcial, el año 1996? ¿Es suficiente aquel marco estatutario para el nuevo escenario político, económico y social de siglo XXI? Para nosotros la respuesta es no. No es un marco suficiente y debemos aspirar a más. Nuestra propuesta es movernos, desde la responsabilidad, en un marco que permita el acuerdo y lo hacemos mejorando el autogobierno y el encaje de Canarias en España como una nacionalidad singular, diferenciada, lejana e insular, que tiene hoy reconocimiento expreso en el derecho primario de la Unión Europea, artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, como región ultraperiférica de la Unión, junto a Madeira, Azores y los territorios franceses de ultramar. Ese encaje, señorías, esa diferencia existe desde que Canarias se incorpora a la Corona de Castilla en el siglo XV. Hasta el siglo XVIII, en Canarias existían rasgos diferenciadores de la metrópoli castellana: participación en el monopolio comercial con las colonias americanas, en la fiscalidad especial que siempre ha tenido y en el sistema monetario diferenciado que tuvo hasta finales del siglo XVIII. Es en la primera mitad del siglo XIX cuando tiene lugar un proceso uniformizador, letal para la economía isleña, hasta que llega el decreto de Bravo Murillo de 1852, con los puertos francos. Y es más tarde, con la Ley de Puertos Francos de 1900, la creación de los cabildos en 1912 y hasta finales del siglo XX con la propia Constitución española, la transición democrática y la aprobación del Estatuto de 1982 cuando hubo un tratamiento especial, pero no hubo respuesta al encaje de Canarias en España hasta el momento del estatuto. Estamos, por tanto, ejerciendo una responsabilidad para el futuro de Canarias en el medio y largo plazo. Estamos en condiciones de promover, de trabajar, de impulsar un nuevo estatuto para un periodo de entre veinte y veinticinco años más, y que sirva como herramienta eficaz para situar a Canarias en las mayores cotas de desarrollo económico y social; un archipiélago atlántico, plataforma de las políticas europeas y españolas hacia África, en el que el autogobierno nos permita ejercer el liderazgo en el Atlántico medio, junto a otros archipiélagos de la Macaronesia, fomentando la competitividad de nuestra economía en la globalización, garantizando la sostenibilidad ambiental y la cohesión social de una población de más de 2 millones de personas. Para ello, el nuevo estatuto será una herramienta que parte de lo que somos: un solo pueblo asentado en un archipiélago, territorio terrestre y territorio marítimo que conforman una tierra única, sin perjuicio de los convenios internacionales y del dominio estatal sobre el mar territorial. Este reconocimiento a nuestra realidad exige, como ya ocurre en la acción de la Unión Europea hacia Canarias, la modulación de las políticas y actuaciones del Estado en materia de transportes, de telecomunicaciones, de mercado interior, de energía, de medio ambiente, de puertos, de aeropuertos, de inmigración, de fiscalidad, de comercio exterior y de cooperación al desarrollo. Señorías, Canarias es, sin duda, un territorio diferente, singular, y en ello reside su derecho a alcanzar las mismas cotas de bienestar que el resto de las comunidades autónomas. Con ese espíritu también proponemos un marco nuevo de derechos y libertades públicas de la ciudadanía, como corresponde a los estatutos de segunda generación. En materia electoral sentamos bases estatutarias, rebajando topes y propiciando cambios que ayuden al estudio de una reforma por ley canaria, desde la conjugación en una única Cámara de la población y el territorio sobre la base del equilibrio y la solidaridad. En el régimen de aforamientos estaremos a lo que se decida en el marco global de España, si bien nuestra propuesta no protege a los parlamentarios, sino la función legislativa, como ya ocurre con la función jurisdiccional en el aforamiento de jueces y magistrados. Señorías, desde el siglo XV, con la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, Canarias cuenta con un régimen económico y fiscal diferenciado. Reconocido por la Constitución en su disposición adicional tercera, la doctrina del Tribunal Constitucional lo ha interpretado solo como una garantía de procedimiento. Hasta tanto se actualice el texto constitucional, en el estatuto debemos garantizar que el proceso de reforma y actualización del REF tenga las garantías institucionales suficientes mediante acuerdo con el Estado. El nuevo estatuto canario pretende ser la norma institucional básica para el autogobierno de nuestro archipiélago atlántico, que reconozca nuestros hechos diferenciales, nuestra identidad singular y que nos facilite la convivencia en el conjunto de los pueblos de España. Por eso, del debate y votación en esta Cámara esperamos que sea tomado en consideración y que, desde el diálogo, podamos enriquecerlo y mejorarlo a lo largo de la tramitación posterior, para conseguir un estatuto que todos podamos defender y apoyar y que se convierta en una herramienta útil para el desarrollo de Canarias dentro del marco constitucional español. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Iñaki Álvaro Lavandera.
Buenas tardes, señora presidenta, señorías, medios de comunicación, y permítanme también un especial saludo a la delegación que nos acompaña desde Canarias representando tanto al Gobierno, con su presidente y su vicepresidenta al frente, como a su Parlamento, encabezado por su presidenta y acompañada también por la Mesa de la Cámara, entre otros miembros del Parlamento. Intervengo en nombre del Partido Socialista de Canarias-PSOE, un partido que ha defendido con firmeza y convicción la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Lo hicimos con ocasión del proyecto de modificación de 2006 y también en 2015, cuando el Parlamento de Canarias aprobó la iniciativa que hoy debatimos. Ya en 2014, desde el Gobierno de Canarias los socialistas impulsamos la reforma que luego mejoramos, completamos y perfeccionamos en el Parlamento. Nuestra visión de la reforma ha sido preservar la comunidad autónoma como la representación del pueblo canario, del interés general autonómico y la garantía de igualdad de derechos de todos los ciudadanos de las islas en el acceso a los servicios públicos. Y, una vez más, estamos aquí hoy para defender la reforma del Estatuto de Canarias, una reforma que implica una ambiciosa actualización de nuestra norma constituyente para afrontar con garantías el futuro de nuestra tierra. Han transcurrido diez años desde que Canarias comenzase el proceso de reforma de su estatuto; diez años en los que hemos visto cómo otras comunidades han ido reformando los suyos. Baleares, Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y Extremadura cuentan todas con estatutos de última generación, una legítima aspiración de Canarias. Por tanto, lo primero que quiero pedir es que no se niegue a Canarias lo que ya se ha dado a otros territorios. Y ello no por deseo de imitación alguna, sino - como trataré de exponer - por la voluntad de fortalecer el desarrollo autonómico de Canarias y poner al día su ordenamiento. Por estos diez años, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible hoy, un día histórico para Canarias, que podamos proponer este texto, y quiero tener un especial recuerdo para mi antecesor, recientemente fallecido, quien defendiera en esta misma tribuna hace nueve años, en nombre de mi grupo político, la necesidad de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el compañero Juan Carlos Alemán Santana. [[Aplausos]] Una década que ha servido para traer aquí un texto que comprenda mejor nuestras singularidades, propias de un territorio alejado, fragmentado en islas, en la ultraperiferia de Europa y en el Atlántico medio; un texto que entienda mejor nuestras aspiraciones y que contribuya a ser un activo para el conjunto de España y de Europa en el área geopolítica en el que se inserta nuestro Archipiélago; un texto que pretende por encima de todo mejorar la calidad de vida de la gente que vive en Canarias, al margen de cual sea la isla en que resida. Señorías, estamos ante uno de los mayores retos de Canarias: la necesidad de contar con un estatuto que responda mejor a nuestros problemas, que reconozca con mayor intensidad nuestras propias peculiaridades, que pretende mejorar el desarrollo de nuestro sistema constitucional y que corrige también las insuficiencias de nuestras instituciones autonómicas. Por todo ello, y con el principal objetivo de alcanzar un mayor desarrollo económico y una mayor y mejor cohesión social en nuestras islas, reivindicamos ampliar nuestras competencias y proponemos también un nuevo catálogo de derechos para nuestros ciudadanos y ciudadanas, con el fin de robustecer la protección social en nuestra comunidad autónoma en los ámbitos de la salud, de la educación, de la igualdad, de la familia, en el acceso a la vivienda, en el ámbito laboral o en el derecho a una renta garantizada de ciudadanía, entre otros. También proponemos un estatuto más democrático, un estatuto que establece las bases que posibilitan un sistema electoral en el que todas las sensibilidades políticas en Canarias puedan sentirse cómodas y que legitime en mayor medida la representación de la ciudadanía; que contribuya a superar uno de los escollos históricos insulares: la cohesión política de las islas; que pueda poner en paralelo el proyecto autonómico con la base de representación que ha de sustentarse en el Parlamento. Un estatuto que incorpora al edificio constitucional de nuestro país el reconocimiento a nuestras singularidades, que no es otra cosa que el reconocimiento a nuestra realidad física como territorio, a nuestras barreras estructurales, a nuestra lejanía e insularidad; por tanto, hablamos de un tratamiento justo por parte del conjunto del Estado. Un estatuto que también amplía y mejora nuestra capacidad de autogobierno y que propone una nueva cobertura jurídica que refuerce nuestro histórico y singular régimen económico y fiscal. Señorías, no pedimos nada que no nos hayan dado ya las instituciones europeas. No pedimos nada que no sea respetuoso con nuestro ordenamiento jurídico, con la Constitución española. Es un estatuto que otorga nuevas herramientas al Gobierno de Canarias para ser más eficaz en su tarea: nuevas competencias, la posibilidad de dictar decretos-leyes o de disolver el Parlamento de Canarias y convocar elecciones. Un estatuto que prácticamente elimina el discutido aforamiento de los parlamentarios, limitando sus efectos a aquellos supuestos derivados del ejercicio de su función como tales; es decir, a lo que voten en el Parlamento. Un estatuto cuyas próximas modificaciones deberán someterse a la voluntad del pueblo canario, que deberá refrendar el texto en las urnas. En definitiva, un texto con el que se identifiquen los canarios, en el que podrán encontrar la ilusión de un pueblo por mejorar su gobernanza, por reforzar sus instituciones, por acercar la toma de decisiones sobre elementos estratégicos para un archipiélago como el canario, cuya realidad insular condiciona el día a día de sus habitantes y su propia naturaleza. Es un estatuto que podrán compartir en mayor o menor medida, pero que estoy seguro de que acabarán comprendiendo que detrás de todas y cada una de nuestras aspiraciones políticas hay una realidad de compromiso con todas y todos los que vivimos en Canarias y con lo que significa Canarias. Termino, señorías, con un ruego, un ruego al entendimiento, una esperanza para el éxito en esta segunda oportunidad de tramitación de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Volver a fracasar sería para Canarias frustrante, por lo que no puedo hacer otra cosa que pedirles que den lo mejor de sí para acordar, para poner a Canarias por encima de las siglas y de las diferencias políticas, para no perder otra década. Ya hemos dedicado demasiado tiempo y esfuerzo y no debemos desaprovechar esta oportunidad. Algunos podrán ver la actual configuración de esta Cámara como una dificultad. Permítanme que desde el Grupo Parlamentario Socialista canario, desde el Partido Socialista en Canarias, lo contemplemos como una oportunidad, una oportunidad para que otras fuerzas políticas que ahora tienen representación en el Parlamento de Canarias o en esta Cámara y que no la tienen en ese Parlamento se sumen a la construcción de nuestra autonomía. Un Congreso sin mayorías absolutas debe ser una oportunidad y no un obstáculo para el entendimiento; una oportunidad para la política del diálogo, una oportunidad para hacer grandes cosas por su país, y esta es una de ellas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe. [[Rumores]] Silencio, señorías.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Una afectuosa y cordial bienvenida a la amplia y nutrida representación del Parlamento de Canarias que hoy nos acompaña y también un saludo a los representantes del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, que está desarrollando, en nuestra opinión, un trabajo interesante en esa nuestra tierra. Cinco minutos no es mucho tiempo para hablar del Estatuto de Autonomía de Canarias y por eso voy a tratar de ser sintético y destacar los aspectos que nos parecen más relevantes. Nueva Canarias - debo adelantarlo ya - va a apoyar, como no puede ser de otra manera, esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, y lo hacemos porque entendemos que tiene claros elementos superadores de lo que implica el estatuto actual, desde el punto de vista del incremento del autogobierno, desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestro Régimen Económico y Fiscal, desde el punto de vista de la inclusión de un amplio capítulo de derechos y deberes que creemos que es novedoso y de todo punto relevante y desde el punto de vista de la definición de nuestro territorio. Sepan ustedes que el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996 define el territorio de Canarias como un conjunto de islas y algunos islotes sostenidos sobre el éter, o bien sobre la materia oscura, si a alguien le gusta la astronomía. Esto es poco razonable. Y aquí se habla de la necesidad de definir el mar canario, porque el mar canario forma parte ineludible de nuestro territorio, y se habla de utilizar un procedimiento, el desarrollo de líneas de base rectas para establecer los contornos de ese mar y delimitar todo lo que haya que delimitar después. Si esto hubiese estado resuelto ya, a lo mejor no hubiésemos tenido que sufrir lo que sufrimos con la famosa manía de realizar prospecciones petrolíferas en Canarias a pesar de haber tenido a la inmensa mayoría de la sociedad canaria en contra. Pero también es verdad - ya se dijo - que este estatuto llega aquí diez años después del anterior; diez años son muchos años, una pérdida de oportunidad respecto de las numerosas comunidades autónomas que aprovecharon aquello que vino en denominarse estatuto de segunda generación. Y esta pérdida de oportunidad no se produjo como consecuencia de un profundísimo debate y de una discrepancia tremenda sobre los contenidos generales del estatuto, desgraciadamente se produjo porque hubo una propuesta de retirada de ese estatuto en el año 2007 por parte, en aquel momento, de Coalición Canaria y del Partido Popular, y la razón, desde luego, no fue la que les he comentado, la razón, mucho me temo, fue el temor a que se produjese en este proceso una reforma del sistema electoral canario. Porque es verdad que la razón que se argumentaba era que efectivamente no es razonable - y yo lo defiendo - que este Congreso de los Diputados desarrolle un sistema electoral que en realidad está previsto que sea producto de una ley del Parlamento de Canarias. Nadie mejor que yo entiende eso. El problema está en que lleva treinta y cuatro años la definición de un sistema electoral canario en una disposición transitoria en el Estatuto de Autonomía de Canarias; treinta y cuatro años parece tener que ver menos con la transitoriedad y más con la eternidad, con la eternidad de un proceso que no acabaría nunca, porque realmente no hay voluntad de corregir el anómalo sistema electoral canario en la medida en que esto hubiese sido necesario. De hecho, desde la retirada en el año 2007 hasta ahora sigue estando en la disposición transitoria, como continúa estando en esta propuesta de estatuto. Es cierto que en los inaceptables límites que se producen, las barreras de acceso al Parlamento de Canarias situadas - escuchen bien - en un 30 % insular y un 6 % en el conjunto de la comunidad, se han trasladado a un 15 % insular y un 3 % en el ámbito de la comunidad canaria. Hombre, un 15 % en la circunscripción electoral básica que es la isla es, como mínimo, una especie de exotismo de difícil superación si ustedes lo piensan bien. Y tampoco es razonable que el 83 % de la población decida el 50 % de los parlamentarios y el 17 % de la población decida el otro 50 %. Esto debe ser corregido y nosotros tenemos que aprovechar - porque no nos creemos la voluntad de resolverlo en Canarias - la oportunidad y tratar de resolverlo aquí. Es necesario sentar las bases de un sistema electoral justo, democrático; es necesario mejorar la calidad democrática en Canarias y para eso la primera piedra de toque no cabe ninguna duda de que es esta. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. Mi patria no es el mundo; / mi patria no es Europa; / mi patria es de un almendro / la dulce, fresca, inolvidable sombra. / Mi espíritu es isleño / como las patrias costas, / donde la mar se estrella / en espumas rompiéndose y en notas. Señor presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidenta, señora presidenta del Parlamento de Canarias, diputados canarios y resto de la delegación, Canarias es un archipiélago atlántico. Así empieza, en su artículo 1, el nuevo estatuto de autonomía y sobre eso gira todo este nuevo estatuto. En el año 1972 se aprobó la Ley de Régimen Económico y Fiscal; en el año 1978 los diputados canarios que estaban aquí introdujeron en la Constitución ese régimen económico y fiscal; en el año 1982 se aprueba nuestro estatuto de autonomía, y en el año 1997, en el Tratado de Amsterdam, se reconoce la condición de ultraperificidad de Canarias, que estaría ya en el año 2009 en el Tratado de Lisboa, en lo que se conoce como la Constitución Europea. Reconocer la diferencia geográfica, territorial y cultural y garantizar nuestras singularidades es igualarnos al resto de los españoles y europeos, y ahora nuestra ambición es que cuando se reforme la Constitución de este país esa condición de ultraperificidad esté en la nueva Constitución española. Para nosotros el tema del territorio es muy importante, definir el archipiélago como un solo pueblo, una tierra que está unida por el mar. Así, en el artículo 4 hablamos del ámbito espacial de la comunidad autónoma integrado por el mar, siete islas y por fin se reconoce la condición de isla a la Graciosa, que antes estaba considerada como territorio insular. Este estatuto actualizado a los de última generación, que recoge ya la doctrina del Tribunal Constitucional, es un compromiso con el autogobierno y las singularidades de Canarias; con nuevas competencias, unas con dedicación exclusiva y otras compartidas, competencias tan importantes para los canarios como las costas, como el transporte marítimo, como el servicio aéreo interinsular, como la inspección pesquera, como la sanidad exterior, como el control fitosanitario, y eso lo saben los palmeros de nuestros puertos y aeropuertos, así como la participación en la gestión de los puertos y aeropuertos y las materias de telecomunicaciones y espacio radioeléctrico. En este estatuto reconocemos derechos esenciales de los ciudadanos y obligamos a las instituciones a promocionarlos y a defenderlos. Hablamos de igualdad, hablamos de lucha contra la violencia de género, hablamos de derechos de los menores y de los mayores, hablamos de memoria histórica, hablamos también de testamento vital, hablamos de educación y vivienda, y de derecho a una renta de ciudadanía. Con este estatuto claro que blindamos nuestros derechos económicos y fiscales, pero también blindamos - mucho más importante - los derechos de la ciudadanía de nuestra tierra. Por todo ello, hoy pedimos el apoyo de todos los grupos a la toma en consideración. No estamos defendiendo hoy un texto de estatuto, estamos defendiendo que empiece la toma en consideración y que todos los grupos puedan hacer las aportaciones que puedan enriquecerlo y que al final este estatuto salga adelante con el mayor consenso, con el apoyo del Partido Popular y con el del Partido Socialista pero también con la incorporación de las nuevas fuerzas políticas. Antes de finalizar quisiera recordar a personas que han sido vitales para llegar hoy hasta aquí: a Manolo Hermoso, que consiguió el reconocimiento de ultraperificidad; a Victoriano Ríos y a Juan Manuel García Ramos - que hoy está aquí -, que lucharon por el reconocimiento de nuestras aguas y el concepto del canario como atlántico fronterizo, y a Adán Martín, que inició e impulsó este nuevo estatuto para nuestra tierra. Termino como empecé, con el mar, el mar que nos define y nos hace isla, que nos separa y aleja del continente y, por tanto, es el origen de nuestro incontestable hecho diferencial: la doble insularidad y la lejanía. Termino con los versos eternos de nuestro poeta del mar, Pedro García Cabrera: No soy de una ciudad. / Pertenezco a la mar. / Cunas de agua, / sonajeros de islas, / peninos de rumores / y compás de gaviotas. / Esto es la herencia / de mi sangre en vilo. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, felicitar a la delegación del Parlamento de Canarias, que nos acaba de presentar la propuesta de reforma de su estatuto, aprobado hace ya treinta y cinco años, allá por el año 1982. Estatuto de los años ochenta del siglo pasado que ha coadyuvado en el proceso modernizador de la sociedad canaria y que ahora se propone actualizar a los nuevos retos y necesidades de este siglo XXI; siglo que se caracteriza por la eclosión de un mundo con una nueva economía global, en el que, de manera paradójica, resurge el factor local como elemento de competitividad. El eje de la nueva economía global son las regiones especializadas e inteligentes y por ello se dice que la paradoja de la globalización económica es que fortalece lo local, fortalece las comunidades locales, hace viable - como se dice - a los pequeños jugadores, la ciudad y las regiones son los espacios protagonistas del encuentro entre lo local y lo global, por eso se habla de lo 'glocal'. Y precisamente por ello se requieren estrategias locales regionales especializadas, posiciones regionalizadas próximas desde estrategias propias y diferenciadas. Los nuevos espacios económicos en un mundo económicamente globalizado son plataformas competitivas interdependientes, jugando un nuevo decálogo global y local, y en el que este factor último juega la diferencia. Nuevos espacios generadores a su vez de redes, un nuevo mundo de nuevos jugadores, de nuevas alianzas cooperativas y competitivas a la vez. Por eso se habla de las relaciones 'coopetitivas'. En definitiva, cada región debe buscar su propio espacio económico para competir y para desde él colaborar. Por ello, se hace preciso reparar, una vez más, que los países líderes en desarrollo humano y competitividad, con respuestas propias y diferenciadas son países altamente descentralizados, con esquemas cuasi confederales, con espacios regionalizados con sus marcos institucionales propios y con políticas y estrategias públicas regionales estables, con capacidades no recortadas. Nueva estrategia global que reclama también que las comunidades regionales, los nuevos jugadores, trabajen en red, como decía, conectadas a la vanguardia del conocimiento pero asentadas en sus espacios originarios. Sin olvidarnos de la necesidad de estrategias y compromisos compartidos entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo para la erradicación de la pobreza, para afrontar el cambio climático y para la sostenibilidad del planeta. Por ello, en la nueva economía global que nos viene los pequeños jugadores son una de sus claves y, en este sentido, es consecuente que Canarias demande un nuevo marco político para posicionarse en esta nueva economía de forma más competitiva, para potenciar estrategias propias y diferenciadas que le ayuden a convertirse en una región especializada en el marco de esta nueva economía global. También por ello Canarias nos propone dotarse de un nuevo estatuto político que le permita afrontar con garantías y desde sus peculiaridades los nuevos retos que la interpelan; un nuevo estatuto que no instaura un nuevo y particular régimen político-institucional, sino que lo actualiza, porque si algo ha caracterizado a las islas Canarias, como pone de manifiesto la exposición de motivos, ha sido su identidad singular, con manifestación en un régimen normativo, administrativo, institucional, económico y fiscal particular, motivado principalmente por sus circunstancias geográficas de lejanía e insularidad, además de la circunstancia histórica de su tardía incorporación a la Corona de Castilla de una realidad física y cultural absolutamente diversa a aquella corona; realidad de lejanía e insularidad a la que más recientemente se le ha añadido su condición ultraperiférica reconocida por los tratados de la Unión. Circunstancias todas estas que no solo han determinado una realidad político-institucional y económica singular, sino que también ha generado otra peculiaridad del Archipiélago y de sus gentes, como es ser el eslabón con América, además de haber generado una estrecha relación con la realidad europea y, más modernamente, con el norte áfrico-atlántico, tan vital en nuestros días para los intereses europeos y occidentales de toda índole. En definitiva, la propuesta que hoy nos presenta la delegación del Parlamento de Canarias para reformar su Estatuto de Autonomía tiene como objetivo reforzar su autogobierno para afrontar los retos inmediatos y futuros a los que se enfrenta la sociedad canaria en un mundo de economía global, a la par de consolidar su Estado del bienestar, dotándose para ello de unas instituciones administrativas que permitan una participación más activa de la ciudadanía y que hagan efectivos más acabadamente los principios de transparencia y eficacia; siendo también hitos relevantes de la propuesta la ampliación de su acervo competencial, la consolidación de su régimen económico y fiscal particular, y muy singularmente la nueva delimitación de su ámbito espacial sobre el que proyectar su autogobierno, en el que se incluye como novedad importante el mar comprendido entre las islas del Archipiélago al modo de aguas interiores. El mar interior ha sido un elemento de separación como barrera física natural, pero a la vez un elemento de autorrepresentación del Archipiélago, ya que se autovisualiza como unidad a través de los hilvanes de su mar comprendido entre sus islas, un elemento simbólico y competencial de primer orden. Solo me queda ya, para finalizar, manifestar que nuestro grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de la propuesta del nuevo Estatuto de Canarias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
Presidenta, miembros de la Mesa, señorías, miembros del Gobierno de Canarias que han venido a exponer este Estatuto de Autonomía, presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidenta del Gobierno de Canarias y demás parlamentarios del Parlamento de Canarias que están hoy presentes, Ciudadanos sí quiere un texto que represente a todos los canarios, pero, repito, a todos los canarios. Hay que decirles que este texto fue aprobado justo antes de la convocatoria de nuevas elecciones. El señor Lavandera ha hablado de que es un texto que parte de la democracia, que parte del diálogo, y hay que decirles que este texto solo fue apoyado por los miembros del Gobierno, es decir, por el Partido Socialista y por Coalición Canaria, con lo cual diálogo, lo que viene siendo diálogo, permítanme que lo dude. También nos parece que es una especie de copia y pega de algunos estatutos de autonomía que ha habido, inclusive nos recuerda en muchos aspectos al Estatuto catalán antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un estatuto de máximos, que incluso pretende en ocasiones la desaparición del Estado de las islas, que además prevé que se asuman competencias del Estado por la propia comunidad autónoma. Creemos que es un texto desfasado, que choca con los aspectos incluso de la posible reforma constitucional que todos creemos que necesita nuestra Constitución. Además, no defiende mis derechos, no defiende los derechos de todos los canarios, por ejemplo, cuando sitúa la reforma de la Ley Electoral en una disposición transitoria. Algo tan importante como la Ley Electoral, como mínimo, debería estar en el articulado. Pero para que sus señorías entiendan de qué estamos hablando con la reforma de la Ley Electoral, les diré que no solo esta redacción es confusa, sino que las barreras electorales de Canarias, como bien ha citado el señor Quevedo, se encuentran en un 30 % insular y un 6 % regional. A todas luces, como comprenderán, no hay ningún sistema electoral de este país que tenga esas barreras electorales. Además, tiene una proporcionalidad de voto incomprensible. Por ejemplo, en Canarias, 17,1 la compensación del voto; la siguiente más desproporcionada del resto del país es un 3,8, que es la del Congreso de los Diputados. Como comprenderán, parece que hay canarios de una clase y de otra, porque la compensación del voto no tiene ningún tipo de justificación. El 13 % de los votos canarios de las pasadas autonómicas se quedaron en la papelera o en el mar, porque hay más de 113.000 votos de canarios que no están representados en el Parlamento de Canarias. Y ya como dato curioso les diré que incluso el sistema democrático de Tanzania, el sistema electoral de Tanzania es más proporcionado que el de Canarias, cosa que nos debería hacer reflexionar. En Canarias está gobernando la tercera fuerza en votos, que por el sistema electoral es la primera fuerza en escaños. Son las reglas del juego, las entendemos, pero creemos que es un dato que deberían conocer todos. Hay unas cosas que nosotros planteábamos, y aquí están los señores de la plataforma de Demócratas para el Cambio, a la cual nos hemos suscrito con este acuerdo. Creemos que es imprescindible que antes de 2019 se bajen las barreras electorales y se mejore la proporcionalidad pensando en todos los canarios, porque nosotros sí queremos que se represente a todos los canarios y no solo a algunos, y lo dice una persona de una isla pequeña, como llaman algunos a la isla de La Palma. Administración de la justicia. Tal como está redactado, disculpen que nos parezca un poco disparate, porque al final para nosotros el Poder Judicial es uno, no muchos consejos autonómicos diferentes. Lo que está claro es que en este texto no se refleja, o no conocen la sentencia del Tribunal Constitucional o directamente no la quieren aplicar, una de dos. Por un lado, hablan de aforamiento en la actividad parlamentaria. Entiendan que nosotros no podamos apoyar de ninguna manera esta medida, ya que creemos que la figura del aforado hoy no tiene ningún tipo de razón de ser. Por otro lado, dicta una justicia ad hoc. Cualquiera diría que existe algún tipo de miedo de que puedan empezar a circular o a pasar algún tipo de autoridades por la justicia canaria y que necesiten que se acote o que se busque el poder determinado para controlar esos procesos judiciales. Esperamos que solamente sea una suposición y que no sea esa la voluntad que se persigue con este texto. Se habla de competencias, más competencias para Canarias; competencias que además se pretenden blindar incluso por encima de los derechos de la Constitución y las competencias del Estado. No se tienen en cuenta tampoco competencias de derecho comunitario y además se vulnera la autoridad local y las competencias locales. No sé yo si los ayuntamientos de las islas han apoyado este punto en concreto. Pero para hablar de competencias, para que sus señorías también lo entiendan, vamos a hablar de competencias que sí se tienen en el Gobierno de Canarias y que se están gestionando mal. Por ejemplo, la sanidad. La mayoría de los canarios, más del 80 % de los canarios, cree que su sanidad no es buena, que es ineficiente. Por supuesto que todos entendemos - nosotros así lo recogimos en nuestro programa electoral - que en Canarias, por ser un territorio fragmentado, los servicios básicos cuestan un 17 % más, y eso hay que reconocerlo, pero de ahí a que haya una mala gestión hay una diferencia abismal. Tenemos además, señorías, el récord en listas de espera de sanidad. Estos son los datos. La media española es de 89 días, la canaria 175 días. Pero es más, les voy a contar un caso práctico. Hace tres días, el pasado sábado, en mi isla, en la isla de La Palma, una paisana que estaba por allí, con lágrimas en los ojos me dijo que llevaba un año esperando por una operación quirúrgica de urgencia. Se le pasaron incluso ya las pruebas de la anestesia; se las tiene que volver a hacer. ¿Realmente creen que se trata de más competencias o se trata de que empecemos a trabajar para que las que tengamos las administremos bien? Vamos a pasar a la educación. La semana pasada, además, salía el informe PISA. Nuestra compañera Marta, que lleva educación - no está en el Congreso - nos avisaba de que iba a salir el informe. Sorpresa, los datos de Canarias los peores del país. Simplemente quiero decirles que, por ejemplo, en matemáticas España está en 486 y Canarias tiene una valoración de 452. No quiero pensar que los niños canarios no tengamos las mismas aptitudes o que los canarios no tengamos la misma capacidad educativa. Quizá es que se está haciendo mal; quizá el fondo no es reclamar más y más competencias, sino empezar a saber administrar las que tenemos. Porque lo que no tiene sentido es que tengamos la tasa de abandono escolar mayor del país y además, vinculada con la educación, la tasa de embarazos en adolescentes mayor del país también. Señorías, creo que el tema no va de más competencias sino de administrarse mejor. Hablamos de que este texto pretende empezar a ser una pequeña constitución y hay un dato en los presupuestos autonómicos que además nos es sustancialmente atractivo. Los presupuestos para política exterior del Gobierno de Canarias aumentan un 32 %, los de I+D+i desaparecen, no hay partida. Claro que sí, sobre todo reforzando la autonomía y la imagen en el exterior y pensando en todos los canarios, claro que sí. Se habla de las aguas marinas, de las aguas canarias. Este es un tema que tendremos que debatir en profundidad y ahí sí que nos tendrán a nosotros porque no tiene sentido que entre las islas haya aguas internacionales, pero tal y como está redactado hoy, señorías, va en contra de tratados internacionales como los de la ONU. Se pone de ejemplo a Cabo Verde; quiero decirles que Cabo Verde es un país, no es un archipiélago de un país, con lo cual tiene una catalogación de aguas territoriales que sí está reconocida. [[Rumores]]
Un segundo, señoría. Señorías, guarden silencio. Es imposible desde aquí escuchar a la oradora.
Gracias, presidenta. Compartimos - claro que sí, lo hemos dicho - que a Canarias se le mantenga el reconocimiento de región ultraperiférica de Europa, que se siga defendiendo el régimen económico fiscal de las islas. Ahí nos van a tener en Bruselas defendiéndolo porque es lo que somos, una región ultraperiférica de Europa, y defendiendo todos los intereses de los canarios que al estar en los tratados europeos, señorías, no solo se defiende aquí sino que, sobre todo, se tiene que pelear en Bruselas. Estos días, además, se hablaba - y alguno de los proponentes lo decía en distintas entrevistas - de que tenía que haber diálogo, que esperaba que todos los partidos apoyasen este texto. Yo quiero decir que llevamos un año pidiendo que el Gobierno de Canarias nos reciba para hablar de Canarias, para hablar de qué necesita Canarias y nosotros poder aplicarlo aquí. Sin más dilación, señor presidente del Gobierno de Canarias, el pasado viernes volvimos a registrar en Presidencia del Gobierno de Canarias una petición para encontrarnos, para reunirnos, para vernos, para hablar de lo que nos preocupa que no es otra cosa que Canarias. ¿O será que no quieren hablar con nosotros? ¿Acaso yo no soy canaria igual que el resto? ¿Acaso no puedo defender a las islas igual que el resto? Hay una cosa que no entiendo y es cómo el Partido Socialista pudo apoyar este texto cuando se reclama más nacionalismo y más diferencia del resto de comunidades autónomas y del país, cosas curiosas. Un texto que quiere más nacionalismo, que quiere más fractura, que quiere más desigualdad o, lo que es lo mismo, que quiere menos Canarias para los canarios es imposible que salga adelante porque no tenemos que elegir entre ser canarios o ser españoles, señores, ni tampoco ser europeos; lo podemos ser todo a la vez. Y eso es lo que nosotros defendemos. Ciudadanos por supuesto que quiere un texto para todos los canarios y en el cual se escuche a todos los canarios y que nos represente a todos, a los de las islas grandes, a los que somos de las islas pequeñas también y a los que son de los islotes que aquí se consideran como islas y que nosotros creemos que, como mínimo, deberían tener una consideración de municipio y no como algo aparte. Nosotros estamos aquí para trabajar por Canarias, lo hemos hecho desde el día uno y, señor presidente y señora vicepresidenta del Gobierno de Canarias, estamos dispuestos a trabajar por Canarias. Le hemos pedido innumerables veces sentarnos a hablar por los canarios. Lamentablemente, pensar más en política y menos en los canarios significa que no quieren que Canarias salga adelante. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
Presidenta, presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidenta, presidenta del Parlamento, portavoces del Parlamento de Canarias, diputados, sociedad civil canaria, buenas tardes a todos y todas. Se nos presenta hoy un Estatuto de Canarias después de que en plena Transición, en el año 1982, se promulgara el texto que hoy se pretende modificar aquí, redactado por un grupo de representantes de la oligarquía isleña que, ante la incipiente democracia española, se preocuparon más por mantener sus cuotas de poder que por reivindicar entonces una Canarias para su pueblo y para su gente. Eso es lo que hicieron en las Cañadas, en el llamado Pacto de las Cañadas, amarrar su dominio con un sistema electoral vergonzoso que nos sitúa como el sistema electoral más antidemocrático del mundo, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Decía Secundino Delgado - instigador incansable de nuestra conciencia nacional - que el cacique en el archipiélago canario era una especie de papa y que cada una de las islas era su particular Estado Vaticano. Lo dijo hace un siglo y, desgraciadamente, sigue teniendo razón, sigue siendo cierta esta afirmación. La sociología del poder en nuestro Archipiélago tiene esos mimbres de autocracia y va dibujando en cada una de nuestras siete tierras una amalgama de pintorescos aprovechados y abusadores que se creen que las instituciones son de ellos y que pueden hacer lo que les da la gana. Les digo esto porque de puño y letra de esa gente viene firmada esta propuesta de estatuto. Son exactamente los mismos, los mismos que han agitado insistentemente la división entre los canarios, los mismos del pleito insular como herramienta para su rédito personal, los del divide y vencerás, los del todo vale con tal de mantenerse en el poder. Una prueba irrefutable de esto que les digo es que en el texto que hoy se nos presenta no se habla de una reforma electoral como resultado de un proceso constituyente en el Archipiélago y ya no les digo - porque no es cierto - sobre que se blinden los derechos esenciales de los canarios en nuestra tierra, y les voy a dar cifras porque las cifras, elocuentes como siempre, hablan por sí solas. En Canarias tenemos los sueldos y las pensiones más bajos de todo el Estado, 3.000 euros por debajo de la media anual. Uno de los más elevados índices de paro, 26 % en este momento, cerca de 290.000 personas buscan trabajo y no lo encuentran. Una tasa de paro juvenil por encima, cómo no, de la media estatal, 46 %. Tenemos también el mayor número de parados de larga duración, prácticamente la mitad de las personas que no tienen empleo en las islas. Tenemos una cifra insostenible de población que percibe una nómina por debajo del salario mínimo. Qué pena que no esté aquí la ministra de Empleo, señora Báñez. A ver si alguien del PP le transmite que en Canarias el 37,2 % de nuestra población activa percibe una nómina por debajo del salario mínimo. Dirán ellos que es porque tienen un contrato de media jornada, pero todos sabemos que los contratos de media jornada lo único medio que tienen es el sueldo. Por si estos datos fueran poco, en una población canaria de 2.100.000 personas, 598.000 paisanos y paisanas están en riesgo de pobreza; 724.000 isleños pasan muchas dificultades para llegar a fin de mes; 1.400.000 declaran no estar en disposición de afrontar ningún gasto imprevisto, y casi la misma cantidad no se puede permitir irse de vacaciones. Fíjense, somos un destino turístico de éxito internacional - este año 14 millones de turistas, que han dejado 17.000 millones de euros - y, sin embargo, más de la mitad de nuestra población no puede siquiera irse un par de días de vacaciones. Esa es la Canarias que nos ha legado el proyecto político de sus oligarquías, sostenidas siempre sobre las miserias de las luchas insularistas y por el doloroso reguero de la desigualdad social que se vive en nuestra tierra. Este es el país que deja Coalición Canaria y su socio - ahora el PSOE, después el PP - después de veinticinco años en el Gobierno de Canarias, un cuarto de siglo. Señorías, Coalición Canaria más que un partido es un consejo de administración que comercia con nuestra tierra, con nuestra naturaleza, con nuestra cultura y con nuestra gente. A pesar de que su portavoz, algunas veces de manera muy empalagosa y falaz, quiera hacer ver lo contrario, esa es la realidad de Canarias; y la realidad es que llevan veinticinco años y son responsables tras veinticinco años. [[Aplausos]] Para la minoría que ellos representan, siempre son los beneficios; para la inmensa mayoría de la población de Canarias es la explotación, es la precariedad y es la pobreza. Este estatuto nos fija como prioridad el desarrollo de una de nuestras grandes fortalezas: las energías renovables. Tenemos las mejores condiciones para ello, podemos desarrollarlas todas: eólica, hidráulica, solar y geotérmica. Dicen reputados expertos internacionales que somos la Arabia Saudí de las energías limpias, pero en este proyecto de estatuto que hoy se nos presenta no se fija esa prioridad. Tenemos también un suelo bondadoso por el que caminar hacia esa necesaria, imprescindible soberanía alimentaria. Estas dos son cuestiones de supervivencia para Canarias y lo son porque solo si logramos conquistar mayores cotas de soberanía lograremos dejar atrás las hondas cadenas de la colonialidad. Se llama así, señorías, colonialidad. Economía dependiente, desestructuración social, esas son las cadenas de nuestro pueblo; unas cadenas que nos han convertido, desde que tenemos registro, en la tierra más desigual de toda España. Señor Alvaro Lavandera, compañero del PSOE, no queremos un catálogo de derechos que sea un catálogo de intenciones, queremos hechos. Este estatuto que nos presentan hoy no es un estatuto para todos y para todas. No aparece ni una sola vez la accesibilidad universal en ninguno de sus 201 artículos o disposiciones, no se centra en los problemas reales de la gente. Nos han escuchado decir hasta la saciedad que la pobreza mata y en este estatuto no se hace una mísera mención a la situación de emergencia social que sufre la ciudadanía de Canarias y que hemos esbozado en unos pocos datos. Qué decirles de la perspectiva de género; tampoco se desarrolla. Y no habrá igualdad real hasta que asimilemos que la lucha contra la violencia machista y su prevención es un tema de máxima prioridad en todos los ámbitos, en todos los foros. Con este estatuto hablan de nuestro REF, nuestro fuero. Pues bien, con este estatuto no vamos a tener un REF que reactive el sector primario, que esté orientado a la creación de empleo, a los servicios públicos; al contrario, dibujan ustedes un REF para que se sigan enriqueciendo esas pequeñas minorías de grandes empresarios que, en definitiva, es para quien - y eso lo digo por boca de nuestro presidente, señor Clavijo - se gobierna en Canarias. Y repito, repito y enfatizo: No se potencian los recursos que posee nuestra tierra para producir energías limpias y productos alimenticios de primera necesidad, que son dos ámbitos claves para alcanzar un desarrollo más sostenible, para crear empleo digno y de calidad, y para avanzar hacia una sociedad más justa. Señorías, este no es nuestro estatuto, no puede serlo. Nuestro estatuto tiene que ser el texto de todas las canarias y de todos los canarios; debe imperar la afinidad archipielágica en lugar de las luchas entre islas. Nuestro estatuto no puede ni debe dejar a nadie atrás; debe blindar nuestros servicios públicos, luchar contra la violencia machista y luchar también por la accesibilidad universal, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, sin olvidar cuestiones claves como la restauración de nuestro patrimonio natural y cultural, tan abandonados. Permítanme ahora presumir un poco. Seguro que muchos de ustedes no lo saben, pero somos el territorio con mayor biodiversidad de toda Europa. Esa es la Canarias que queremos, una Canarias de todos y de todas, una tierra justa y capaz, sí, de aprender de su pasado para construir un futuro de igualdad. Queremos una Canarias centrada en el respeto a los derechos de su gente, una Canarias verde, sostenible, más autosuficiente, donde el desarrollo económico esté ligado al derecho al trabajo y al trabajo con derecho, donde los beneficios no tengan que marcharse fuera y no sea toma el dinero y corre. Y, sobre todo, queremos una Comunidad Autónoma de Canarias que nunca más sea el trastero de nadie, sino un territorio cohesionado, moderno, democrático, libre y pacífico. Por eso, vamos a votar que no a la toma en consideración de esta propuesta. Queremos que el estatuto vuelva a las instituciones donde reside la soberanía del pueblo canario, y que allí crezca como parte de un proceso constituyente, legitimado por la mayoría social. Solo entonces debe debatirse su contenido en este Congreso y, luego, aprobarse por la vía de un referéndum ciudadano vinculante. Eso es democracia real. Eso, señorías. [[Aplausos]] Termino, presidenta. Canarias necesita un texto mucho mejor que este. Merecemos una Constitución autonómica en la que haya participado activamente nuestra gente, no este simulacro de democracia. Señorías, créanlo, Canarias se merece un estatuto de siete estrellas, y este no lo es. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.
Señora presidenta, señorías, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a esta amplia delegación de Canarias, a su presidente y a su vicepresidente del Gobierno, a la presidenta del Parlamento de Canarias y al conjunto de los miembros de la Mesa, también a los presidentes de cabildos y parlamentarios de cada una de las fuerzas políticas que nos brindan el honor de asistir a este debate, que no sé si es un debate histórico - no lo sé -, porque eso fue lo que se dijo hace exactamente diez años, que iba a ser un debate histórico pero, desgraciadamente, diez años después, estamos en el mismo debate. Si hoy tenemos este debate en esta Cámara creo que es justo reconocer que ha sido gracias al Partido Socialista, que fue capaz de desbloquear la democracia. Es justo reconocer esto porque las fuerzas políticas que no participaron en el Parlamento de Canarias hoy tienen la posibilidad de asumir, de participar, de sumarse a un marco de convivencia que para nosotros es fundamental e importante. Nosotros no pretendemos que sea nuestro estatuto de autonomía - ese es el error -; queremos que sea el estatuto de todos los canarios, no el nuestro. No queremos imponer nuestro modelo, nunca lo hemos hecho, y tampoco lo vamos a hacer hoy en esta Cámara. Se trata de tomar en consideración un texto. Lo que se quiere de una Cámara como la que estamos en estos momentos, sin mayorías absolutas, es que haya esa obligación de dialogar, que el diálogo se imponga, que tengamos la capacidad de escucharnos los unos a los otros, que tengamos la capacidad de conocer, más allá de esa demagogia y de esos titulares, más allá de todo eso - que queda muy bien para un titular de un periódico pero que no resuelve los problemas de los ciudadanos -, más allá de todo esto, cuál es su propuesta de modelo para nuestra comunidad, cuál es el marco de convivencia para nuestra comunidad. Porque los que están en el no están persiguiendo hoy que el Estatuto de Canarias, que hoy tiene 65 artículos, no tenga la posibilidad de tener 200 artículos. Eso es lo que están defendiendo hoy, porque lo que discutimos hoy no es que ustedes aprueben un estatuto, sino que lo tomen en consideración, para que, a partir de ese momento, se abra de verdad el diálogo, la conversación, esa cooperación de la que tenemos que hablar entre todos. Estoy convencido de que a los más de 2 millones de canarios les importa poco este debate. Voy a huir de esa fase de demagogia de hablar en nombre de los 2 millones de canarios, pero si hay muchos canarios que hoy no están siguiendo este debate es responsabilidad fundamentalmente de la clase política y de los grupos políticos. Porque los socialistas hoy somos tal y como éramos en 1982 y en 2007: defendemos las mismas ideas, los mismos proyectos, la misma visión de Canarias - y digo: la misma visión de Canarias -. ¿A ver si es tan complicado en Canarias hablar de Canarias?, ¿es tan complicado hablar de eso? Hoy, tenemos la oportunidad de hablarles a las fuerzas políticas, especialmente de Podemos y de Ciudadanos, de Canarias; de saber cuál es el proyecto que defiende cada uno. Nosotros lo hemos defendido siempre. Somos el único partido en esta democracia española que votó sí a la Constitución, por lo tanto, pido que nadie de ejemplo de constitucionalidad. Somos la única fuerza política en esta Cámara que votó sí a la Constitución. Hemos votado sí a todos los estatutos de autonomía, a todos; también a las reformas. A todos hemos votado sí, porque lo que queremos es compartirlo; porque creemos profundamente en el Estado autonómico. ¿Y saben por qué creemos en el Estado autonómico? Porque nuestro Estado autonómico ha sido el instrumento más importante para consolidar el Estado del bienestar. [[Aplausos]] Es el que ha permitido desarrollar derechos como la educación, la sanidad, los servicios sociales. ¡Claro que queremos más competencias! ¡Pero no es un problema de competencias, es un problema de recursos! [[Aplausos]] Ese el problema, porque han estado los últimos cinco años recortando, recortando y recortando en sanidad y en educación, especialmente. Por eso no es un problema de competencias. ¡Claro que queremos más competencias, estaría bueno! Pero no hay ninguna comunidad en España más singular que la Canaria. Claro que tenemos que asumir más competencias. Es que somos la única comunidad que tiene un reconocimiento expreso en la Unión Europea, la única. Por lo tanto, claro que nos queremos asemejar a los estatutos de segunda generación. Ya lo defendíamos en el año 2007 y en el año 2002. Por supuesto que sí. Subo hoy a esta tribuna - y antes que yo lo han hecho compañeros como Manolo Fajardo, Néstor Padrón, Jerónimo Saavedra, Juan Fernando López Aguilar, María Dolores Pelayo o, entre otros, Pepe Segura - ¿para qué? Para defender un proyecto común que queremos compartir con el conjunto de la sociedad canaria. No queremos imponer nuestro modelo, no queremos imponerlo. Por eso, estamos defendiendo este estatuto que es bueno para Canarias. Sin duda alguna, es bueno para Canarias, y sería bueno que todos nos incorporásemos a ese debate y a ese diálogo. Porque, ¿cuál es la alternativa?, ¿volver al año 1982? Solo para reformar el sistema electoral de Canarias, solamente por eso, ya hay que reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias; aunque solo fuera por eso. ¡Pues claro que estamos denunciando el sistema actual! Si ese sistema actual lo aplicáramos en este Congreso, todas las fuerzas políticas nacionalistas, incluso las confluencias de Podemos, no tendrían ninguna representación en este Congreso. No es de racionalidad democrática que la tercera fuerza política en votos sea la primera en escaños. Claro, es difícil que esas cosas la gente las entienda y que lo pueden explicar. Esas cosas las queremos cambiar y las queremos cambiar en el estatuto, porque no hay ninguna ley electoral en Canarias. Solo está en el estatuto, y es a través del estatuto donde tenemos que cambiar, fundamentalmente, las barreras electorales. Lo hicimos en el año 1982 y lo hicimos en el año 1996; apoyamos la reforma de 1996 aunque no estuviéramos de acuerdo con los topes electorales. Recuerdo que en lo que se refiere a los topes electorales una enmienda del Partido Popular y de Coalición Canaria fue la que elevó los topes del 20 % al 30 % y del 5 % al 15 %; la misma enmienda que presentaron, precisamente, en 2007. Incrementaron de una forma vergonzante los topes electorales. ¿Saben cuál es nuestro modelo del sistema electoral? - Lo hemos propuesto más de una vez -. Yo no conozco el resto de los modelos. Eso sí, la demagogia y esas cosas que suelen utilizar muchas veces desde esta tribuna sí las conozco, pero no tenemos la concreción de cuál es ese modelo. Estamos aquí diciendo claramente que no es el estatuto que hubiéramos preferido. Ahora, estamos convencidos de que es el estatuto que podemos compartir con otras fuerzas políticas. Espero, de verdad, que lo que pase a partir de ahora sea que el estatuto se tome en consideración, porque va a haber votos suficientes para que eso sea así; espero, de verdad, no volver a vivir la experiencia de 2007; espero, de verdad, que las fuerzas políticas que en 2007 tomaron la decisión de retirar este estatuto, muy parecido al que estamos discutiendo hoy Partido Popular y Coalición Canaria, no se atrevan a hacer lo mismo cuando iniciemos el periodo de ponencia. Espero que no sea así por dignidad política. Porque prevaleció más en aquella ocasión blindar el sistema electoral canario que nuestro régimen económico y fiscal. Prevalecieron más las tácticas partidistas y de poder de algunas fuerzas políticas que el que Canarias tuviera más competencias y que estuviera hoy equiparada a los estatutos de segunda generación, que es la aspiración que tenemos como pueblo. Por eso vamos a votar que sí, para que podamos discutir, para que Ciudadanos que no tiene representación en el Parlamento de Canarias pueda discutir y aportar su proyecto de Canarias en este Parlamento, para que Podemos pueda aportar su proyecto. Por eso vamos a votar que sí y sería fundamental que el Partido Popular asumiera la responsabilidad que tiene de influir en esa política en Canarias - también en España - para intentar avanzar y conseguir que sea el estatuto de la mayoría de los canarios, de la mayoría de los canarios. Decía antes que hemos votado sí a todos los estatutos de autonomía en España y a todas las reformas. ¿Qué más razón que esa para seguir apostando por el Estado autonómico en este país, que tanto bueno ha traído a nuestros ciudadanos? Por eso vamos a seguir apostando por él. Quiero acabar mi intervención con unas palabras, porque quiero citar especialmente a un compañero de Canarias, el primer presidente de nuestra comunidad autónoma, porque lo que decía hace ya más de veinte años tiene mucho que ver con lo que está pasando en la política de Canarias. A veces me cuesta entender y creer que sea tan difícil hablar en Canarias de Canarias, que esto sea tan difícil que alguien entienda que no se puede construir región de una isla contra otra; no se puede construir región desde la desconfianza, no es posible construir Canarias así. Nosotros siempre, siempre, hemos creído que Canarias es posible. Lo hemos defendido siempre, en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, en Gran Canaria, en El Hierro o en La Gomera, siempre, con la misma visión de Canarias, con los mismos proyectos, con las mismas ideas, con los mismos valores y lo vamos a seguir defendiendo en el futuro, que a nadie le quede ninguna duda. Señora presidenta, acabaré con las palabras con las que el empezó el líder de mi partido en Canarias, Jerónimo Saavedra, en su primer debate de investidura como presidente del Gobierno de Canarias y que expresan lo que debe ser una visión de Canarias. Dice así: siempre he creído que Canarias es posible, que por ello la solidaridad no es una palabra hueca, sino que ha de ser el ejercicio diario, permanente de un canario para con otro, de nuestras islas entre sí. Porque Canarias es posible entre todos con mucho ejercicio permanente de equilibrio, comprensión, sensibilidad, imaginación y esfuerzo. Señorías, esta misma visión que tenía Jerónimo Saavedra veinte años atrás es la misma que tenemos los socialistas canarios hoy en día. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Matos Mascareño.
Señora presidenta, señorías, permítanme que comience mi intervención, como ya lo han hecho los otros portavoces, saludando y dando la bienvenida a los representantes del Gobierno y del Parlamento de Canarias: a su presidente, Fernando Clavijo; a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y al resto de los miembros del Gobierno, de la Mesa y portavoces del Parlamento. También permítanme que lo haga, particularmente, con mis compañeros de organización política, Asier Antona, presidente de mi partido y de mi grupo parlamentario, y los diputados y senadores que lo acompañan y, cómo no, con los diputados autonómicos que hoy han defendido esta propuesta, José Miguel Ruano, Iñaki Álvaro Lavandera. Sed bienvenidos y os digo que sabéis que contáis con todo nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro afecto. Señor Álvaro Lavandera, quiero unirme a las palabras, al reconocimiento y al recuerdo del socialista Juan Carlos Alemán, al cual desde luego me sumo. Sería una injusticia no hacerlo y quiero que conste en el Diario de Sesiones. [[Aplausos]] Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Vamos a votar a favor, a pesar de que en su tramitación en el Parlamento de Canarias esta reforma no contó con nuestra participación ni con nuestro apoyo. Los estatutos de autonomía forman parte del bloque constitucional y, como la Constitución, un estatuto no es una norma cualquiera más, no es una norma que afecte solamente a un colectivo de nuestra sociedad o a un ámbito de la vida de nuestros ciudadanos; los estatutos de autonomía regulan y se ocupan de la convivencia de los ciudadanos en el ámbito de su territorio; reconocen y protegen los derechos y libertades constitucionales y su forma particular de gobernarse, de relacionarse con las instituciones - algunas, como los cabildos insulares, que son distintas a las del resto del Estado - y también la forma de relacionarse las instituciones entre sí. Un estatuto de autonomía, al igual que una constitución, no debe ser un proyecto político de un solo grupo político, ni siquiera de una sola mayoría parlamentaria; un estatuto de autonomía debe ser un proyecto político común de todos los ciudadanos y de toda la sociedad - o al menos de la gran mayoría de ella - donde todos los ciudadanos quepan y se sientan cómodos. Por ello, cuando se acomete la redacción de un estatuto de autonomía, o simplemente su reforma, se debe tener el mismo espíritu con el cual abordar una reforma constitucional; se debe tener el convencimiento de la necesidad de la reforma; se debe saber de antemano adonde se va y se tiene que tener completamente interiorizado que los textos que plasmen los objetivos que se planteen obligatoriamente tienen que ser consensuados; en definitiva, predisposición al acuerdo en los objetivos compartidos y la existencia de un inequívoco clima de consenso. Y en el período en que se tramitó la presente reforma en nuestro Archipiélago, no es que existiera un mínimo clima de consenso entre los partidos políticos mayoritarios en el Parlamento o en las Cortes Generales, es que era absolutamente todo lo contrario: entre 2011 y 2015, la situación política y el clima político eran de un enfrentamiento brutal entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación, entre Coalición Canaria y también el Partido Socialista y el Partido Popular; una situación, un clima político absolutamente irrespirable. En mayo del 2011 el Partido Popular había ganado las elecciones en Canarias pero sin mayoría absoluta, y un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista aupó a la presidencia del Gobierno a Paulino Rivero Baute; y Paulino Rivero, entre las distintas posibilidades que pudo elegir para enmarcar su acción política, optó por el enfrentamiento. Entre todos los modelos posibles, eligió convertirse en nuestro particular Artur Mas. No solo intentó impedir, obstaculizar y obstruir todas y cada una de las reformas que posibilitaron que Canarias, igual que el resto de España, terminara con la recesión económica y la destrucción masiva de puestos de trabajo y volviera al crecimiento y a la creación de empleo, sino que no dudó en convocar, desde el propio Gobierno de Canarias, manifestaciones y movilizaciones contra el Gobierno de la nación, alentadas por su televisión pública, y anunciar continuamente demandas contra el Gobierno ante los tribunales, incluso ante la Organización de Naciones Unidas. Como he dicho, era un clima irrespirable. Y el momento elegido tampoco tuvo desperdicio, pues esta reforma estatutaria, como ya se ha recordado, se aprobó el 25 de marzo de 2015, es decir, a dos meses de elegir un nuevo Parlamento - elecciones en las que Coalición Canaria ya había decidido sustituir a Paulino Rivero y el Partido Socialista había promovido a la que fue diputada de estas Cortes, Patricia Hernández, que también se encuentra entre nosotros -, y a tan solo siete meses de que se disolvieran las Cortes obligatoriamente y se convocaran nuevas elecciones. Es decir, Paulino Rivero decidió que el Parlamento de Canarias aprobara una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía en la que el nuevo Parlamento que se eligiera, unas semanas después, con otros dirigentes políticos, otras nuevas organizaciones políticas y otros diputados, no tuvieran nada que ver con la propuesta y, que esa reforma, se tramitara por unas nuevas Cortes Generales con otras mayorías, otras organizaciones políticas y otros diputados que no hubieran participado en su redacción. Sin duda, la decisión del momento es una decisión política insuperable. Tras la llegada de Fernando Clavijo a la Presidencia del Gobierno ha cambiado radicalmente la posición del Gobierno de Canarias, también con el Partido Socialista, frente al Gobierno de la nación. Ahora se busca el diálogo, se busca el entendimiento, se busca el acuerdo, se busca en definitiva alcanzar consensos. Ese consenso es lo que hemos alcanzado en las últimas semanas, en las negociaciones que ha llevado el Partido Popular de Canarias con representantes del Gobierno de Canarias y también con la Secretaría de Estado de Administración Territorial. Hoy el estatuto que se presenta se ha basado en acuerdos, en limar todos aquellos visos que pudiera tener de inconstitucionalidad cualquiera de sus normas, lo que ha permitido llegar a un acuerdo para la toma en consideración y que los demás grupos políticos puedan hacer las aportaciones que quieran. Señora portavoz de Ciudadanos, los acuerdos a los que se ha llegado con Coalición Canaria y con el Gobierno de Canarias cumplen escrupulosamente todos los criterios del Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010, y la invito a que se sume para limar todas aquellas cuestiones que usted vea. No me voy a meter en el tema porque ya han hablado de las competencias nuevas, pero sí me voy a referir a algunas intervenciones. El estatuto que va a salir de esta Cámara no va a tener nada de inconstitucional, absolutamente nada de inconstitucional. Segundo, cuando se habla aquí de la sanidad, de la educación, de listas de espera, no se está hablando del estatuto; eso es un problema de gestión, no es un problema estatutario. Y en cuanto a hablar de los islotes y equipararlos a municipios - en islotes como Roca del Este, Roca del Oeste o Lobos -, no creo que se pueda tener capacidad para hacer un municipio. Señor Franquis, usted ha dicho que Partido Socialista es el único que ha votado todos los estatutos. Es verdad, ha votado todos los estatutos y, en algunos de ellos, se ha equivocado y es la causa de muchísimos de los problemas que tenemos. Para nosotros el Estado de las autonomías consagrado en la Constitución es, sin duda, uno de los mayores aciertos de la Constitución. El Estatuto de 1982 fue un magnífico estatuto. La Constitución no es solo la norma que acaba definitivamente con la dictadura y consagra el régimen de libertades y derechos políticos y sociales equiparables a las democracias más avanzadas y más justas del mundo; la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía que a su amparo se aprueban y desarrollan establecen un sistema territorial del que podemos sentirnos orgullosos. ¿Es mejorable? Sin duda alguna, pero nos podemos sentir orgullosos, porque ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, progreso social y de crecimiento económico de nuestra historia. Cuesta encontrar un país con un periodo de cuarenta años tan fructíferos. Pienso que todavía no hemos valorado y reconocido suficientemente a los líderes políticos elegidos por los ciudadanos que coincidieron en la Legislatura constituyente de 1977, ni tampoco lo hemos hecho lo suficiente con los ponentes de la Constitución. Sé que la mayoría de esta Cámara comparte esta última valoración y también sé y sabemos que hoy aquí se sientan en sus escaños diputados que no piensan lo mismo. Sabemos que hay diputados que piensan que Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo o los ponentes Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura, Miquel Roca e incluso - sí, incluso - Dolores Ibarruri eran políticos mediocres al servicio del capital y continuadores del franquismo. Y sé que todos sabemos que hay diputados que piensan que la libertad y la democracia la han traído ellos. Señorías, termino. Frente a ellos, los que a la transición, a nuestra Constitución, a los estatutos de autonomía les reconocemos un valor esencial en nuestra convivencia, en nuestro progreso social, político y económico, debemos mantener o, si quieren, recuperar el consenso de entonces. Les animo a tramitar estas enmiendas estatutarias para que podamos aprobarlo en su día con el mayor respaldo y consenso posible. Les garantizo que el Grupo Parlamentario Popular tiene toda la predisposición para ello. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Continuamos con los puntos II y III del orden del día relativos a la toma en consideración de la proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco PNV y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1; y al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la citada iniciativa. Les informo de que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se someterán a votación sin debate previo.
Pasamos a continuación al punto IV. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al cambio climático. Para la presentación de la iniciativa y para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Bajo Prieto.
Gracias, señora presidenta. El 30 de noviembre del pasado año el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el seno de la Cumbre de París su intención de elaborar una ley cambio climático, anuncio que reiteraron en la pasada Cumbre de Marrakech tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El Grupo Popular trae esta proposición no de ley para su debate en el Pleno por la importancia, la trascendencia y la repercusión que dicha iniciativa tendrá en nuestro modelo económico, productivo y de desarrollo. La voluntad de todos los grupos parlamentarios en que esta iniciativa salga adelante quedó patente en la última sesión de la Comisión de Cambio Climático, y hoy vuelve a quedar patente con la presentación conjunta de una enmienda de consenso por los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Compromís y Popular. Señorías, apelo a que este espíritu de consenso, que fue aplaudido por todos los sectores implicados, impere una vez más en este debate y apoyen esta iniciativa el resto de las fuerzas políticas que están aquí presentes. Ahora bien, me gustaría señalar que me he quedado un poco sorprendida cuando he visto que el texto de la enmienda de consenso, en el que hemos trabajado los grupos firmantes, algún grupo parlamentario lo ha presentado como iniciativa propia. Señorías, estamos en el momento idóneo para elaborar una ley de cambio climático y transición energética porque tenemos un marco internacional, el Acuerdo de París, un acuerdo que cubre casi el 99 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y que es jurídicamente vinculante. Todos los países nos hemos comprometido a presentar nuestros compromisos de lucha contra el calentamiento global y, lo más importante, a poner en marcha políticas y medidas para cumplirlos. Y tenemos el acuerdo de la Unión Europea, en materia de clima y energía, para el año 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40 %, conseguir el 26 % en las energías renovables en el consumo energético y un 27 % de mejora de la eficiencia energética - que ahora se propone elevar al 30 % de forma vinculante - y el objetivo de un 15 % en interconexiones eléctricas. Y, a nivel nacional, tenemos el compromiso del Gobierno en la lucha contra el cambio climático. España cuenta con la experiencia de una política efectiva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene el objetivo de avanzar en la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. Hemos cumplido con el primer periodo de compromisos del protocolo de Kioto 2008-2012, estamos en la senda para cumplir con el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto, que abarca desde el año 2013 a 2020, y se trabaja para contar con el marco adecuado que nos permita un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima a medio y largo plazo en el marco del Acuerdo de París. Y lo más importante, señorías, se ha hecho del medio ambiente un aliado del desarrollo económico y social de nuestro país; se ha involucrado a todos los sectores de la economía en la lucha contra el cambio climático, lo que ha contribuido a que se reduzcan las emisiones en nuestro país a través de las medidas contempladas en la hoja de ruta 2020, que estima reducciones de más de 50 millones de toneladas CO2 equivalentes hasta 2020; se ha impulsado un nuevo modelo de desarrollo bajo en emisiones con iniciativas como los Proyectos Clima, los planes de impulso al medio ambiente, el registro de la huella de carbono, que además han favorecido la creación de empleo; se ha avanzado en materia de fiscalidad ambiental y, en el sector de los gases fluorados, se han reducido las emisiones 6 millones de toneladas en el año 2015 y, por primera vez, la sociedad española se siente implicada en la lucha contra el cambio climático gracias a la campaña 'Un millón de compromisos por el clima'; se han logrado grandes avances, pero debemos consolidar los logros en los que se ha estado trabajando en los últimos y avanzar en los nuevos retos que nos marcan París y el marco comunitario, sobre la experiencia ya adquirida. Señorías, nos encontramos, por tanto, en un momento crucial para posicionarnos en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos definir un marco a medio y a largo plazo para garantizar una transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono, que es lo que nos exige París. Igualmente importante es que la futura ley establezca la coherencia necesaria en los distintos ámbitos competenciales, ya que solo una norma de tal rango nos puede permitir desarrollar medidas transversales y sectoriales, respetando el ámbito competencial de cada administración, que nos faciliten cumplir con los objetivos de España ante la Unión Europea y Naciones Unidas. No hay que olvidar que los esfuerzos de reducción en los sectores difusos, que es uno de los mayores retos que tiene nuestro país, afectan a sectores como transporte, vivienda, agricultura, residuos, ciudades, así como a todo el sector industrial no incluido en el comercio de derechos de emisión y otros sectores que reciben un fuerte impacto de los efectos del cambio climático, como la salud, el turismo o la seguridad nacional. Señorías, el objetivo de la ley de cambio climático y transición energética debe ser facilitar que España cumpla con sus compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y energía, eficiencia energética y participación de energías renovables, a la vez que se promueve la competitividad del país, y promover actuaciones con mayor capacidad para alcanzar los compromisos al menor coste posible, de manera que la política energética y de cambio climático favorezca la actividad económica, la competitividad, el empleo y asegure la sostenibilidad financiera de los sistemas energéticos. Estoy segura de que el Gobierno, para la elaboración del proyecto de ley, va a plantear un proceso abierto y participativo, en el que se va a requerir una acción concertada de todos los departamentos ministeriales, administraciones públicas y el resto de niveles de la Administración regional y local, proceso en el que también se va a asegurar la participación de los actores relevantes en materia de lucha contra el cambio climático, tales como la comunidad científica, el mundo académico, el sector empresarial y las ONG. Señorías, es una ley que requiere del diálogo y del compromiso de todos los interesados, especialmente de todos los grupos políticos, porque no puede ni debe ser una ley individualista ni de corto recorrido. Por ello, una vez más apelo al compromiso que sé que todos tenemos en la lucha contra el cambio climático para que apoyemos esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí.
Buenas tardes, señorías. Hace unos días, cuando esta Cámara ratificó el Acuerdo de París, en mi intervención cité al arquitecto Norman Foster, y lo hice porque en una entrevista reciente dijo, al ser preguntado sobre si existía la posibilidad de revertir la situación de calentamiento global que vivía nuestro planeta, que lo que no nos podíamos permitir era no empezar a intentarlo; pensé que lo que el otro día hicimos aquí era sin duda empezar a intentarlo y así se lo dije a la ministra y a la portavoz del Partido Popular. Hoy ustedes empiezan a intentarlo de nuevo y eso es bueno; seguramente eso es bueno, pero lo digo - permítanme que se lo diga así, señorías - con cierto escepticismo, porque el texto que hoy traen a esta Cámara es muy parecido a otro texto que trajeron el año 2012, en el que ustedes prometían grandes medidas para evitar el calentamiento global y para la reducción de emisiones de CO2 desde España hacia el planeta. Eso era verba, eso era lo que pretendían hacer en el año 2012, pero cuando uno mira el facta, lo que ustedes han hecho hasta hoy, realmente no nos cuadra. Me parece que son dos líneas discursivas distintas lo que ustedes dicen y lo que ustedes han hecho en este país con un Gobierno con mayoría absoluta en esta Cámara. Desde que ustedes trajeron esta proposición no de ley a esta Cámara en el año 2012 lo que han hecho ha sido aprobar el famoso impuesto al sol, que no facilita precisamente la implantación de energías renovables y autoconsumo en este país; lo que han hecho ustedes desde 2012 ha sido retrasar la implantación de directivas europeas que busquen la eficiencia energética en empresas y en privados de este país; lo que han hecho ustedes desde 2012 hasta hoy ha sido utilizar impuestos que deberían dedicarse a mejorar la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático para gastarlos en otras cosas, como es el caso del impuesto de los gases fluorados. Eso es lo que han hecho ustedes, eso es el facta desde 2012 hasta hoy. Por eso lo miramos con cierto escepticismo y les pedimos - en ese sentido van nuestras enmiendas - que si ustedes no quieren trabajar para mejorar la situación de cambio climático en el planeta, como mínimo dejen trabajar a aquellas administraciones que no solo dicen que hacen, sino que hacen cosas, como es el caso de la Generalitat de Catalunya. Por ello, pediría al portavoz del Grupo Popular que aceptara nuestras enmiendas, porque creemos que es importante dejar trabajar a aquellos que sí creen en la lucha contra el cambio climático como una forma real de cambiar la situación y de mejorar el planeta. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
Intervendré desde el escaño, señora presidenta, y casi de manera telegráfica. Muchas gracias. En primer lugar, doy por defendida la enmienda de Foro Asturias. En segundo lugar, anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa del Grupo Popular que pretende impulsar una ley de transición energética y cambio climático, de la misma manera que Unión del Pueblo Navarro ya ha presentado en esta Cámara una proposición no de ley en la Comisión de Exteriores para el apoyo de esta Casa al acuerdo de París. Me referiré a tres ideas exprés en menos de dos minutos. La primera es que nosotros creemos que la transición energética a un modelo menos contaminante, más respetuoso con el medio ambiente y que aproveche las fuentes de generación más limpias no tiene alternativa, o al menos no tiene otra alternativa mejor. Podemos discutir, pero creo que no llegaríamos a ninguna otra conclusión, porque, efectivamente, el cambio climático provoca desertización y, por tanto, problemas con el agua y, por tanto, hambre, conflicto y guerra, y así podemos entrar en un bucle que deberíamos impedir. La segunda idea es que si compartimos los objetivos también deberíamos intentar compartir las estrategias. Deberíamos intentar entre todos reducir las emisiones, promover una mayor participación de las renovables en el mix energético, incrementar la eficiencia a menor coste y aprovechar el momento y la necesidad de esta transición para favorecer a una industria como la española, que ha sido pionera en el mundo y que es competitiva y generadora de empleo. La tercera y última idea es que nos equivocaríamos si etiquetáramos las tecnologías de generación, si creyéramos que hay unas tecnologías de derechas y otras de izquierdas. Yo creo que eso sería un gravísimo error. No deberíamos llenar de prejuicios ideológicos un debate que lo mejor que podemos hacer es objetivar, racionalizar y trabajar todos en común. Termino con un deseo. Unión del Pueblo Navarro espera que esta sea una materia - aparte de otras que puedan ser consensuadas o en las que podamos llegar a acuerdos de Estado - en la que al final podamos llegar entre todos a un acuerdo y nos sintamos orgullosos de la representación que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
Señora presidenta, señorías, en cuestiones urgentes y que afectan a toda la sociedad hemos de ir todos a una. El cambio climático es un reto global y de supervivencia para nuestro planeta. En Compromís hemos apoyado la enmienda que se ha presentado a la proposición no de ley del Grupo Popular, porque queremos demostrar que las fuerzas políticas en su conjunto somos capaces de lograr un consenso y dialogar para tener un posicionamiento común. Por ello, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Sin embargo, entendemos que ese texto es simplemente un requerimiento que se hace al Gobierno para que, sin más dilación, ponga en marcha un proyecto de ley, y creemos que lo que se dice en esa proposición no de ley no es suficiente, porque ante el reto que supone la lucha contra el cambio climático hemos de hacer mucho más. El Estado español ha de trabajar por una propuesta más ambiciosa que la actualmente marcada por la Unión Europea. Hemos de cumplir con los objetivos fijados por el Acuerdo de París y hemos de limitar el aumento de la temperatura global del planeta a un grado y medio. Además, es necesario crear un nuevo modelo productivo que esté basado en el impulso de una transición ecológica que especialmente ponga énfasis en la eficiencia energética. Hemos de comprender que la eficiencia energética y las medidas de adaptación al cambio climático implican un compromiso con el medioambiente, con la sostenibilidad y, además, contienen importantes yacimientos de empleo y capacidad de activación económica. Además, hemos de abrirnos al fomento del autoconsumo energético y deberíamos plantearnos que se vaya reconociendo como un derecho más de nueva generación de la ciudadanía. Por otra parte, es necesario que se supere la desconfianza que hasta ahora, en este aspecto y en otros muchos, estamos viendo que desde las formaciones de la derecha se vierte hacia el Estado de las autonomías. Hay que entender de una vez que esto es un Estado complejo; no es un Estado más autonomías, sino un Estado de las autonomías. Es todo un entramado institucional que, en una materia tan transversal como esta, ha de actuar coordinadamente y, al mismo tiempo, cada uno desde sus respectivas competencias. En el caso del País Valenciano, por ejemplo, nosotros contamos con la primera Conselleria de Cambio Climático de todo el Estado, y algunos de los puntos a los que se alude en esa proposición no de ley, por ejemplo el relativo a la economía circular de los residuos, ya los estamos poniendo en marcha desde el Gobierno del Botánico. Por tanto, me gustaría insistir en que no se vea esta proposición, que apoyamos, como un intento de recentralización, sino al contrario, de confianza en todas las instancias institucionales de nuestro Estado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
Señora presidenta, señores diputados, buenas tardes. En primer lugar, quisiera decir que hemos suscrito la transaccional que la mayoría de esta Cámara ha aceptado y que, por tanto, retiramos la enmienda, porque entendemos que nuestras propuestas quedan reflejadas en esta transaccional que ha alcanzado un gran consenso. Señorías, detener el cambio climático es uno de los mayores retos que tiene ante sí la humanidad, quizá uno de los mayores retos de su historia. La amenaza es seria, apremiante y crece conforme pasa el tiempo sin que hagamos nada por cambiar esta tendencia. El futuro de nuestro planeta y el de nuestro país depende de un compromiso mundial basado en dos premisas: reducir los gases de efecto invernadero y mantener por debajo de 2 grados centígrados la temperatura media global con respecto a la época preindustrial. Señorías, el cambio climático está sucediendo, ocurre ante nuestros ojos, y aunque paráramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, los ya arrojados a la atmósfera están produciendo los fenómenos climáticos extremos que venimos observando. Lo hemos podido comprobar estos días pasados, con funestas consecuencias, en las inundaciones de Málaga. El aumento del nivel de los mares amenaza nuestras costas; sequías y desertificación se unen para arruinar nuestra agricultura; la acidificación de los océanos supone una amenaza para nuestro sector pesquero. Y estos son solo algunos ejemplos. España, nuestro país, por su posición geográfica dentro de la cuenca mediterránea, es uno de los países de Europa más expuestos a las consecuencias del cambio climático. Nuestros ecosistemas y nuestra economía, que en gran medida depende de ellos, están en grave riesgo de sufrir daños irreversibles e irreparables. El cambio climático compromete la salud de nuestros ciudadanos, su prosperidad y su seguridad y supone la mayor amenaza a la que nos enfrentamos como nación. Algunas comunidades autónomas ya han avanzado en leyes de cambio climático, pero una comunidad por sí sola no puede hacerle frente, como tampoco lo puede hacer un ayuntamiento ni un país. No es un problema de tamaño, de potencia económica o de ejércitos; no se puede afrontar de una manera individualizada un problema planetario que tiene su origen en la actividad humana y en un desarrollo económico basado en los combustibles fósiles como fuente de energía. Para ello hemos firmado el Acuerdo de París, para dar una respuesta global, pero también debemos dar una respuesta nacional, sin menoscabo de la autonomía y competencia de las distintas administraciones. El calentamiento global no entiende de divisiones administrativas ni de transferencias ni de países ni de autonomías. Por ello, es necesario un marco normativo que articule, vertebre, dé sentido y dote económicamente las políticas de adaptación y mitigación que necesariamente hay que poner en marcha. Necesitamos una ley de cambio climático y transición energética; así lo entiende Ciudadanos y así lo hemos demandado y firmado en el acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Popular, concretamente el punto 19. Ha de ser una ley entendida como el principio de lo que debe ser un nuevo modelo de desarrollo social y económico, que apueste por las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética. Ciudadanos está comprometido con esta causa y así lo ha plasmado en todos los acuerdos que ha firmado tanto en la anterior legislatura, con el Partido Socialista, como en esta. España, por su altísima exposición y riesgo, debe ser un actor comprometido y uno de los líderes dentro de Europa en la lucha contra el cambio climático. Debemos liderar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de energías limpias, pero para ello debemos ir por el camino correcto. No parece ser un buen camino que España aparezca como el país peor situado de toda Europa en cuanto a desarrollo de energías limpias, según el índice de acción climática. Nuestro país ha bajado nada más y nada menos que doce puestos, pasando del veintinueve al cuarenta y uno el año pasado. La razón hay que encontrarla en que se ha revertido el apoyo a las energías renovables. Los países que encabezan estos puestos son Dinamarca, Reino Unido y Suecia. No parece ser tampoco un buen camino que seamos el país de Europa que más ha aumentado la emisión de CO2 en los últimos veinticinco años, concretamente un 18 %, incrementándose incluso en 2015 en un 4 %, frente a la tendencia generalizada del resto de Europa de una disminución de en torno a un 23 %. No parecen tampoco un buen camino medidas como el impuesto al sol, que penaliza una energía limpia y barata en la que fuimos líderes y referentes internacionales. Somos el país del sol y, sin embargo, en 2014, países que no se caracterizan precisamente por ser muy soleados, como Alemania y Gran Bretaña, instalaron cada uno de ellos más de 2.000 megavatios de fotovoltaica en red, mientras que en España solo instalamos 7 megavatios, repito, 7 megavatios. Señorías, necesitamos convicción, necesitamos decisión, necesitamos valentía, necesitamos liderazgo, en definitiva, necesitamos voluntad política. ¿Están ustedes dispuestos a asumir estos retos? Ciudadanos sí lo está. Sabemos lo que se debe hacer, sabemos que es necesario poner en marcha normas e incentivos adecuados para reducir las emisiones de CO2, generar nuevos empleos y nuevas empresas. El año 2015 ha sido el más cálido para la tierra desde que comenzaron los registros climáticos hace 136 años. El aumento de las temperaturas previsto en los próximos años...
Señoría, tiene que terminar. Muchas gracias.
... con especial incidencia en el sur de Europa, tendrá consecuencias catastróficas para nuestro país. Me detendré solamente en dos ejemplos. El turismo, que aporta el 11 % de nuestro PIB nacional y el 13 % del empleo, se vería muy afectado por un aumento del nivel del mar, con retroceso de la franja costera, que es la que recibe el 80 % del turismo del país y donde reside el 30 % de nuestra población. Además, tendría efectos decisivos sobre la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente recoge 30.000 muertes por contaminación en el año 2015. La contaminación ha generado gastos a las distintas administraciones por 35.000 millones de euros. Nosotros podemos elegir; las generaciones futuras no tendrán esta opción. Debemos apostar por un modelo de economía y sociedad en el que los países puedan crecer y prosperar sin poner en peligro el planeta. Se trata de poder disociar crecimiento económico y producción de energía del aumento de la emisión de CO2, y para ello, hay que apostar decididamente por la eficiencia energética y las energías renovables. Esperamos que la anunciada ley de cambio climático y transición energética nazca fruto de un gran consenso, que sea valiente y asumible para todos y que sirva para garantizar un planeta mejor y un futuro mejor. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, hemos firmado junto con otras fuerzas políticas un texto transaccional que consideramos que debe ser la base de esta futura ley de transición energética y cambio climático y retiramos, por tanto, nuestra enmienda. Pero no puedo resistir la tentación de comentar el texto, la iniciativa que el Partido Popular trae hoy aquí, llena de palabras bonitas, de convencionalismos que sin duda responden al interés político de no quedarse fuera de una dirección irreversible que ya están marcando los acuerdos de París. Debo decirle al Grupo Popular que se les ha ido un poco la mano en la parte del autobombo; hay que tener muy poca vergüenza o muy poca memoria para escribir literalmente que España ha asumido objetivos ambiciosos en la reducción de emisiones o que ha estado en primera línea de la lucha internacional contra el cambio climático. La única razón por la que España ha reducido sus emisiones ha sido la desaceleración económica producida por la crisis. Las emisiones han vuelto a aumentar en 2015 y lo han hecho de la mano de la generación energética. Permítanme recordar algunas de las medidas que adoptó el anterior Gobierno en la lucha contra el cambio climático: fin de las ayudas a las renovables, decreto de autoconsumo, promoción de las prospecciones petrolíferas en Canarias y en el Mediterráneo, promoción del fracking e inversiones desmesuradas, costosas e innecesarias de las infraestructuras gasísticas. Ninguna, absolutamente ninguna de estas medidas estaba justificada desde el punto de vista económico, de competitividad o de seguridad energética, únicamente respondían a los intereses de las compañías energéticas. Partiendo de este punto, consideramos más necesaria que nunca esta ley de transición energética y de cambio climático. ¿Y saben qué? Que el proceso de elaboración de esta ley va a poner a cada uno en su sitio y veremos hasta dónde están dispuestas sus señorías a llevar a la realidad las declaraciones de intenciones que hoy estamos escuchando. Hay tres cuestiones que van a ser claves para definir la utilidad y el éxito de esta ley. La primera son los objetivos. Ustedes dan por buenos los objetivos de la Unión Europea y saben tan bien como yo que son insuficientes para llegar a los acuerdos de París. Nuestra propuesta es que estos objetivos sean mucho más ambiciosos de acuerdo con la potencialidad y la capacidad que España tiene en renovables y en eficiencia. Esto, señorías, es liderazgo climático. En segundo lugar, no vamos a consentir que utilicen el discurso verde de la transición energética para perpetuar los privilegios del viejo modelo energético, sucio, injusto, especulador y diseñado para proteger los intereses del oligopolio. No vamos a desaprovechar el potencial transformador de la transición energética para construir un nuevo modelo limpio, justo y democrático, en el que la energía sea considerada un derecho. El debate ya no es si renovables sí o renovables no - esta lucha ya la hemos ganado los ecologistas -, el debate es en manos de quién ponemos las renovables, si en manos de la gente o en manos del oligopolio. En tercer lugar, tomarse en serio la lucha contra el cambio climático supone acometer en profundidad y con coherencia una transformación del modelo productivo. Esto incluye un plan para la industria, la gran olvidada del Gobierno, que ni siquiera tiene una secretaría de Estado, pero también un plan para el transporte y para la movilidad - que seguramente incluya restricción de tráfico en las grandes ciudades como Madrid -, así como para la agricultura y la gestión de residuos. Este plan ambicioso de inversión, de transformación, de adaptación está muy lejos de la operación de maquillaje verde que hoy nos traen aquí. La sociedad está harta de discursos institucionales políticamente correctos, vacíos de contenidos y de propuestas. Lo hemos visto demasiadas veces y como feminista y como ecologista sé de lo que hablan. Pongan recursos para la lucha contra el cambio climático, demuestren que tienen voluntad política para cambiar el rumbo de la política energética y climática de este país. Señorías, el cambio climático es ya la violación masiva más grande de la historia y es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, pero es también una gran oportunidad para crear empleo, para relocalizar y repensar la economía justo en un momento en el que nuestro sistema económico, basado en el crecimiento ilimitado, es incapaz de dar respuesta a los retos sociales y ecológicos del siglo XXI. Los países que entiendan esto van a asumir el liderazgo internacional en una nueva geopolítica que está surgiendo de la lucha contra el cambio climático. Quienes usen el cambio climático como palanca de transformación van a ser capaces de abordar, de afrontar las consecuencias con mucha más solvencia y con un coste menor social, económico y medioambiental. Señorías, ambición, liderazgo, justicia climática, voluntad política, recursos, participación y un nuevo modelo energético limpio, justo y democrático con y para la gente. Sin estas claves la ley que proponen de transición energética y cambio climático será, simple y llanamente, papel mojado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor García Mira.
Boas tardes. Moitas grazas, presidenta. [[Comienza su intervención en gallego]] Dicho esto, entro en materia y paso a valorar los muchos motivos por los que es necesaria una ley de cambio climático, una ley que facilite un cambio de modelo hacia una sociedad más sostenible y menos dependiente del carbono. España debe realizar una transición energética que suponga dejar atrás el consumo basado en la quema de combustibles fósiles con una apuesta firme por el consumo de energía renovable, acorde con los planteamientos globales contenidos en los acuerdos de París recientemente refrendados en esta Cámara. Es, por tanto, necesario disponer de un marco jurídico que favorezca la reducción de la alta dependencia energética del exterior, que permita cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones, que facilite la adopción de medidas para adaptarse al cambio climático y para mitigar sus impactos. En eso, España necesita hoy situarse seriamente en el compromiso y la responsabilidad de cumplir con las directivas europeas de reducción de emisiones para los horizontes de 2020, 2030 y 2050. Siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático, apenas se han puesto en marcha medidas para adaptarnos a un escenario cada vez más probable, caracterizado por una pérdida sensible de los recursos hídricos, un aumento de desertización y una subida del nivel del mar, que requiere un análisis profundo de la complejidad que plantearían estos escenarios y de sus impactos, implementando medidas de adaptación y mitigación. Damos por tanto la bienvenida al Partido Popular que hasta no hace mucho asociaba el cambio climático - y, precisamente en este aspecto de la subida del nivel del mar, en palabras de su portavoz el señor Rafael Hernando - a una profecía maya. Pues sí, bienvenida sea esta iniciativa en un contexto en el que ninguna medida ha sido adoptada para cumplir con la directiva de ahorro y eficiencia energética o donde el frenazo de la energía renovable es tan manifiesto como espectacular. El cambio climático y los impactos que de él se derivan constituyen uno de los retos globales más importantes que nuestra sociedad debe afrontar. La reducción de estos impactos constituye un objetivo para el que es necesario diseñar procesos adecuados que permitan identificar, por un lado, las trayectorias socioeconómicas y los programas de actuación más apropiados para mitigar el riesgo de nuestros ecosistemas, identificar las políticas y también la combinación de políticas, dada la transversalidad de los asuntos climáticos, a poner en marcha, así como identificar los estilos de gobernanza para gestionar y afrontar la exposición a la vulnerabilidad. El cambio climático es un problema global que afecta transversalmente a la economía, a la salud, a la seguridad, a la gestión, al acceso al agua, a la construcción, a la movilidad o a la alimentación, entre otras, por cuanto se deriva de cambios en variables climáticas como la temperatura, las lluvias, el nivel del mar y el aumento en la frecuencia o intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones u olas de calor que ponen en riesgo a las personas y a los ecosistemas. En vigor desde hace un mes, el Acuerdo de París supone la aprobación de algunas líneas de actuación que han de servir de guía para la puesta en marcha de políticas públicas de reducción de emisiones y políticas de prevención de estrategias adecuadas en las zonas más vulnerables. Reconoce también el acuerdo la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas, los océanos, la protección de la biodiversidad y la justicia climática, que hemos tenido ocasión de ver defender con vehemencia a Francia en la Cumbre de Marrakech de la mano de la señora Ségolène Royal. Tres dimensiones del Acuerdo de París son claves. En primer lugar, la educación, la formación, la sensibilización y la participación pública, con acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles. En segundo lugar, el compromiso a todos los niveles de gobierno con los diversos actores de acuerdo a la legislación nacional. Finalmente, la necesidad de explorar y adoptar estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles. Este horizonte exige establecer un conjunto de objetivos a alcanzar a nivel nacional en un marco normativo integral que instrumente las acciones y disposiciones a adoptar. Se hace necesario contribuir a la toma de conciencia de la urgencia del cambio ambiental, y en eso España debe dar una respuesta institucional clara. Somos conscientes de las dificultades que entraña un cambio de modelo económico y de un sistema y un estilo de vida consecuente, pero tenemos la responsabilidad y el deber de afrontar este reto con proyectos de innovación social y económica que den respuesta al cambio climático, mediante la facilitación y el impulso de economías sostenibles. En conclusión, el Grupo Socialista se suma a la promoción desde esta Cámara de una ley de cambio climático, al igual que ya lo hizo desde la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, en un contexto de unanimidad con la propuesta presentada y refrendada por la mayoría de los partidos de esta Cámara, con una ley que cumpla con los compromisos internacionales, que promueva la implementación de políticas reductoras de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía, que mejore la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura en sumideros de CO2, que promueva una política de movilidad en transporte sostenible y que garantice un sistema de gestión de la información de público acceso. En definitiva, una ley de cambio climático que promueva un modelo de crecimiento verde, sustentado en un modelo que considere el crecimiento como un modelo fundamental, pero con un nivel incrementado de coeficiencia en nuestros sistemas productivos y de consumo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Intervengo muy brevemente. El Grupo Popular trae a la Cámara una proposición no de ley, con el objetivo de impulsar una ley de transición energética y cambio climático con una serie de condiciones y consideraciones que esta Cámara deberá tomar en cuenta. Estas condiciones y consideraciones, a tenor de lo expuesto tanto en la parte preliminar como en la dispositiva, requieren, por lo menos, de matizaciones y de una exposición más detallada en cuanto a algunas premisas que mi grupo entiende que no están especificadas en su totalidad, sobre todo en materia de desarrollo y ámbito competencial. Así y todo, los pasos de concienciación y generación de políticas activas, que en materia de cambio climático hemos dado todos, son importantes sin duda alguna. Con más o menos altibajos y con diferentes sensibilidades hacia el problema, desde la cumbre de Kioto hemos adquirido no solo conciencia sino también compromiso. Sin duda, este es un tema que nos atañe a todos. Rajendra Pachauri, un experto en cambio climático, decía que en este momento la ciencia no deja ninguna opción para la inacción. Tiene toda la razón, porque ya llegados a esta situación o nos movemos o no habrá solución. El cambio climático supone un reto global y, por tanto, compartido, ante el que entre otros Euskadi, país al que yo represento, asume su cuota de responsabilidad con un compromiso profundo y eficiente. Ya en el año 2002 fue adoptada la Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible 2002-2020, que limitaba las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la capacidad de sumidero. La estrategia actual y hasta 2050, mucho más ambiciosa, fija inicialmente un objetivo de reducción para el año 2030 del 40 % de la emisión de gases de efecto invernadero, y para 2050 una reducción de emisiones de hasta el 80 %. Por lo tanto, en 2030 un 40 %, y en 2050 un 80 %. Ese es el reto que asumimos desde Euskadi. Esta nueva estrategia para el cambio climático responde, asimismo, a una demanda de la sociedad vasca, cuyo 72 % considera que la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación son unas cuestiones urgentes e inmediatas. Euskadi cuenta con una economía competitiva baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos derivada de la consolidación de una política de cambio climático basada en el conocimiento, que ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrecen a la innovación y al desarrollo tecnológico. Ello ha sido posible gracias a algo tan importante como es la corresponsabilidad, la corresponsabilidad de todos los agentes de la sociedad vasca, impulsados por la acción ejemplarizante de la Administración pública que ha tomado medidas en todos los ámbitos, aunque ahora no los vamos a desarrollar, porque, si no, tendríamos que alargar esta intervención y me queda muy poco tiempo. Les citaré algunas: apostando por un modelo energético bajo en carbono, caminando hacia un transporte sin emisiones, incrementando la eficacia y la eficiencia en la resiliencia del territorio, aumentando la resiliencia del medio rural, aumentando la resiliencia del sector primario y reduciendo sus emisiones, reduciendo la generación de residuos urbanos y anticipándonos a los riesgos, impulsando la innovación y comprometiendo a la Administración pública a que sea responsable, ejemplar y referente en el cambio climático. Ante lo que nos propone el Grupo Popular hoy, nos preocupan algunas cuestiones que se plantean en esta proposición no de ley, aunque los objetivos últimos sean compartidos y ratificados por todos. Señores del Grupo Popular, ¿a qué se refieren cuando ustedes en el segundo punto de la parte dispositiva solicitan 'un marco institucional único que dote de agilidad y coherencia...'? El Estado tiene la capacidad de marcar las bases de las leyes básicas, pero el ámbito competencial en esta materia también ha de ser respetado. ¿Con cooperación? Sí. ¿Con coordinación? Quizá también, pero con imposición, no. El interviniente del Grupo Socialista también hacía una especie de canto a la necesidad de un único criterio, pero aquí las jerarquías siempre parece que son Gobierno central y después están las autonomías con una verticalidad en la cual hay una madre superiora y los demás son monjes que obedecen a lo que dice el de arriba. Pues no. En este caso el ámbito competencial es de quien es, no solo para ejecutar, sino también para decidir. Nos podemos poner todos estupendos pensando que si hacemos que la Comisión sea permanente, tal y como se pide, hacemos más por la lucha contra el cambio climático. A nosotros nos parece que no se trata de dotar de más rango a la Comisión. Ya hay suficientes comisiones, subcomisiones y subsubcomisiones, y parece que si creamos estos elementos hacemos más. Yo creo que hay tarea para comprometerse más que suficiente. Se requiere esfuerzo, respeto al ámbito competencial y compromiso político y presupuestario. Lo demás son palabras. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Gracias, señora presidenta. Bona tarda, diputadas y diputados. [[Continúa su intervención en catalán.-Aplausos]] Entrando en el tema que nos toca, les confieso que subo a esta tribuna con un cierto malestar. Empiezo a estar un poco perplejo, confuso al proponerse de nuevo, otra vez, lo que en la Comisión aprobamos por unanimidad, con un esfuerzo de llegar a un acuerdo común. Todos los grupos así lo hicimos y se aprobó por unanimidad. ¿Qué se ha de hacer mejor para no repetirnos y retrasar las decisiones? Lo más normal sería que una vez llegada al Gobierno la proposición no de ley sobre el tema que nos ocupa, este, el Gobierno, remitiese a esta Cámara un proyecto de ley a más tardar dentro de tres meses. Entonces la Comisión de Cambio Climático, una vez decidamos que sea legislativa - que así lo espero -, nombra una ponencia y a trabajar. Bien, pues no es así y esto nos deja perplejos en este constante ir y venir de proposiciones que no tienen desde el Gobierno una respuesta ni rápida ni clara. La verdad es que venimos a trabajar. Es cierto lo que yo digo porque mucho éxito entre los diputados no tiene hoy esta proposición no de ley, ni por parte de los diputados proponentes, cosa bastante interesante que, vuelvo a decir, no sé si es la norma parlamentaria habitual pero es extraño. [[Rumores]] Pero, bueno, aprovechando esta situación, ya que estamos aquí, en aquellos temas que nos ha costado consensuar... [[Rumores]]
Señoría, un momento. [[Rumores]] Un segundo.
Pocos pero chillones. Como decía, como nos ha costado transaccionar, explicaré los puntos que no hemos podido acordar. Con esta ley, que ha de ser una ley de bases, tendríamos que perseguir al menos cinco objetivos. En primer lugar, conseguir que se reduzcan tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. Es cierto, pero por todo ello se han de destinar las dotaciones presupuestarias adecuadas en una memoria económica adjunta a la ley; si no hay dinero, solo hay buenas palabras y llevamos años con el tema. En segundo lugar, reforzar las diferentes estrategias y planes que se están elaborando y que se han elaborado, y en las comunidades autónomas se ha avanzado, y mucho, en este tema. En tercer lugar, promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación, que no subordinación - hay gente que confunde coordinar con subordinar -, del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como el fomento y la participación de la ciudadanía. En cuarto lugar, fomentar la investigación y la implementación de nuevas tecnologías, en las que la universidad es clave. Y, finalmente, visualizar todo esto con una participación activa en el mundo, tanto en proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales sobre el cambio climático. Y no está de más remarcar que la competencia sobre la protección del medio ambiente se configura como una competencia compartida en la que corresponde al Estado español la determinación de la normativa básica y esta normativa básica no puede tener una extensión tal que impida a la Generalitat de Catalunya y a las comunidades autónomas que así lo consideren el establecimiento de políticas propias en este ámbito, y menos aún si se vacían de contenido sus competencias. Si bien es cierto que los cambios son necesarios y traspasan las fronteras, no es menos cierto que solo será posible actuar con eficacia si sabemos quién ha de hacer cada cosa y en cada momento y qué responsabilidades hemos de asumir. Muchos de los que ayer negaban el cambio climático han visto la luz - es cierto que hace muy poco -. Ahora existen resistencias importantes, tenemos argumentos para contrastar todo tipo de dudas y convencer, pero lo que no nos queda es tiempo. Pongámonos a trabajar. Medio ambiente y república. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto a la señora Bajo Prieto si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Mantengo la que tenemos viva, la que hemos pactado todos los grupos. Las demás, no.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y A LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. [[Número de expediente 162/000001]]
Pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la reforma laboral y a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Señora presidenta, señorías, esta iniciativa que les presento pretende derogar el conjunto de normas laborales que el PP ha impuesto unilateralmente durante los cinco últimos años y que han ocasionado el recorte de derechos y el empobrecimiento, a nuestro juicio, de la mayoría de los trabajadores españoles. Pretendemos sustituir tales normas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acordado tanto en el ámbito social como en el ámbito político, que recupere derechos, calidad, estabilidad y salarios dignos para el empleo en nuestro país. Este es el objetivo, pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo; pasar de una economía débil y frágil a una economía más sólida y competitiva, porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación, la modernización, y las que cuidan a sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios. No estamos de acuerdo, señorías, con quienes sostienen que la reforma laboral del PP fracasó, porque no es así exactamente. La reforma laboral del PP ha fracasado para quienes reclamamos buenos empleos para los trabajadores españoles, para quienes nunca aceptaremos un contrato de tres días o de tres horas como un empleo justo y aceptable, para quienes nunca consideraremos los 2,50 euros por habitación hecha como un salario justo y aceptable. Pero la reforma del PP ha tenido éxito para los que no piensan así, para los que piensan distinto; para los que defienden un modelo de competitividad basado en los contratos precarios, en la devaluación salarial y en el recorte de los derechos de los trabajadores; para estos la reforma laboral ha sido un éxito. Los autores, los beneficiarios de la reforma laboral del PP, a nuestro juicio, aprovecharon la crisis para dar la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo y para pasar así de un mercado laboral regulado a la desregulación y la ley del más fuerte, que siempre es la ley del empresario; del equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa a todo el poder para el patrón; de la negociación colectiva y garantista de las condiciones de trabajo a la negociación precaria empresa a empresa, trabajador a trabajador; del reparto más o menos equilibrado de las rentas generadas al abuso de los beneficios empresariales sobre las rentas del trabajo; de los buenos empleos a los empleos precarios; de los salarios dignos a los salarios no tan dignos; del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que ya no protege de la pobreza ni de la marginalidad social. El PP celebra el balance de la reforma laboral cada día, sin embargo, la mayoría de los trabajadores cada día sufren y lamentan el balance de la reforma laboral. Basten cuatro datos para explicar por qué. Hoy tenemos 380.000 parados más de larga duración que hace cinco años; hoy tenemos 350.000 empleos menos indefinidos a tiempo completo que hace cinco años, hoy tenemos 6 millones de trabajadores con salarios por debajo de 650 euros, hoy tenemos un millón de parados menos con cobertura pública que hace cinco años. Este es el balance de la reforma laboral del PP para la mayoría de los trabajadores españoles: más paro de larga duración, más precariedad laboral, más pobreza laboral. Por cierto, le diría a la señora ministra de Empleo, si estuviera, que la mejor manera de evitar los horarios irracionales en el trabajo pasa precisamente por derogar la reforma laboral [[Aplausos]], porque la reforma laboral se estableció precisamente para facilitar que los empresarios fijaran de una manera unilateral las jornadas laborales que quisieran, con los horarios que quisieran y con los salarios que quisieran. Que la señora ministra explique su propuesta de horarios felices a los miles de jóvenes y menos jóvenes explotados con jornadas interminables y salarios de miseria, merced precisamente a su reforma laboral, que se lo explique a ellos. No obstante, queremos aclarar que el Grupo Socialista no busca derogar todas las normas laborales vigentes de un plumazo. Queremos identificar el conjunto de las normas que han empobrecido injustamente a los trabajadores, sustituirlos por una regulación nueva y justa mediante un acuerdo social y político a plasmar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos y garantice buenos empleos. ¿Cuáles son estos aspectos más dañinos? Los tienen sus señorías en la cabeza con seguridad, el debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas; la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas para los derechos de los trabajadores; la descausalización de contratos y de despidos; los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios que facilitan la explotación laboral; la discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente; la eliminación del subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años y el recorte de la cobertura al desempleo. Esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que derogar, señorías. ¿Y por qué hay que cambiarlo? Por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que refuerce la negociación colectiva en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo; que simplifique la planta de contratos y asegure que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial, sin fraudes y sin explotación; que eleve progresivamente los salarios mínimos; que trabaje por la igualdad real entre mujeres y hombres; que convierta por fin las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a jóvenes y a parados de larga duración a encontrar un empleo digno y que recupere el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, elevando también en su conjunto la cobertura del desempleo, pasando del 54 % actual al 70 % al menos, que fue donde lo dejamos en 2011. Esto y más, lo que acordemos fruto del diálogo social y político. Quiero agradecer en estos segundos finales sus enmiendas a los demás grupos. Vamos a aceptar la precisión que nos hace en su primera enmienda Podemos para salvar aquello que debe salvarse en materia de conciliación de la reforma laboral. Hemos incorporado en una enmienda transaccional argumentos interesantes de Ciudadanos en relación con la aplicación de las sentencias europeas, algunos argumentos interesantes también del señor Campuzano sobre la mejora de los recursos para las políticas activas de empleo, una transacción que espero que tenga acuerdo de la Cámara. Del Partido Popular no podemos aceptar su enmienda porque va en sentido contrario de la intención de esta iniciativa. Termino, señorías. Si la X Legislatura fue la legislatura de la reforma laboral para la precarización de los empleos, queremos que esta nueva legislatura sea la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores para los buenos empleos y los salarios dignos. Esta y no otra es la finalidad de esta iniciativa para la que les pido su apoyo. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Campuzano i Canadés.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Simancas, mi grupo le agradece la actitud que ha tenido en la negociación de las enmiendas, pero hoy no podremos apoyarles. Tampoco rechazaremos su iniciativa. Nos parece que el reto en materia de empleo en esta legislatura más que en el terreno de la derogación se sitúa en el reto de ser capaces de construir unas nuevas relaciones laborales adaptadas a la nueva economía, adaptadas a los cambios profundos que la globalización está provocando en nuestro sistema productivo y que va a provocar con mayor intensidad en los próximos tiempos, adaptadas a los cambios que están provocando y que van a provocar en el futuro las disrupciones tecnológicas y en una sociedad y en una economía que en los últimos cuarenta años ha sido incapaz de conseguir el pleno empleo y que cuando miramos con perspectiva los objetivos de esta legislatura consideramos que es un éxito alcanzar un desempleo del 12 %. Además, ha sido una legislatura en la que ha aparecido con mucha fuerza la demanda de un empleo de calidad. Quiere decir que el empleo sea capaz de dignificar a las personas, que las dote de autonomía personal y que las permita vivir con su salario, pero que además el empleo ayude a la competitividad de nuestras empresas. Estos son los retos que tenemos y esos retos que tenemos no los podemos abordar desde la nostalgia con las regulaciones anteriores a 2008, anteriores a la crisis. El reto que tenemos y que tiene especialmente el Partido Socialista es el de ofrecer una propuesta que sea capaz de dar respuesta a esas cuestiones sin estar anclados en esta nostalgia del pasado y no dejarse acomplejar por quienes desde su izquierda pretenden anclarles en reglas que ya no pueden funcionar en los tiempos que hoy vivimos. Ahí la posición de los diputados del Partit Demòcrata Català va a ser una acción propositiva como hemos practicado siempre en esta Cámara, también llegando a acuerdos con ustedes en tiempos difíciles en esta materia, convencidos de que lo que necesitamos son reglas modernas para un tiempo que ha cambiado, no instalarnos en la nostalgia del pasado. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Eskerrik asko presidente andrea. Arratsalde on guztioi. Subimos nuevamente a esta tribuna para decir que no a la reforma laboral que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular, pero para decir también que no a la anterior reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno en ese caso o en ese momento el Partido Socialista Obrero Español porque siempre, y podríamos echar la vista todavía más atrás y ver todas las reformas laborales que ha habido en el Estado español, lo que nos hemos encontrado ha sido más inestabilidad laboral, más precariedad y peores condiciones en el puesto de trabajo. Esa ha sido la tónica desde que arrancaron las reformas laborales para con los y las trabajadoras. Pero la última reforma laboral al menos sí nos enseña tres aspectos: el primero es que se puede tener empleo y ser pobre de solemnidad, que se puede cronificar la pobreza, que se puede condenar a la cadena perpetua de la pobreza a millones y millones de personas, haciendo el trabajo compatible con la necesidad de tener ayudas sociales para poder tener una vida siquiera mínimamente digna; el segundo es que las mujeres vuelven a ser expulsadas del mercado laboral o relegadas a los puestos de peor categoría para volver así a agilizar el mercado laboral sobre la base de la exclusión de un sector que pelea con justicia por su igualdad de derechos; y el tercero es que condena a los jóvenes al exilio o a la semiesclavitud o directamente a la esclavitud. Nos hablan de que ha creado empleo, pero habría que decir qué tipo de empleo. Si de cada empleo digno se generan tres empleos indignos, la estadística crece, pero la miseria se multiplica. Y nosotros, diciendo todo esto, vamos a señalar que apoyaremos la propuesta, pero también decimos con claridad que no nos parece que la solución venga por la generación de un nuevo estatuto del trabajador. Creemos que existen espacios autónomos de lucha, que el marco vasco de relaciones laborales es un magnífico espacio autónomo de lucha de clases, porque precisamente, frente a las necesidades que impulsa el FMI cuando dice que recomienda otra reforma laboral que haga contratos indefinidos atractivos para el empresario, mayor seguridad jurídica a las empresas en el despido y mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo, nosotros queremos seguir reivindicando las treinta y cinco horas, las cláusulas sociales y las condiciones de trabajo digno para los y las vascas.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Casi cinco años después de aprobar la reforma laboral cabe preguntarse si verdaderamente ha sido útil para alguien. ¿Para el país? ¿Para los trabajadores? El Partido Popular siempre habla y saca pecho de la creación de empleo, bien entendido que para ellos un empleo puede serlo de seis horas a la semana o dos días a la semana, y para eso tienen las estadísticas, que a veces son tan dúctiles y tan maleables. Para ser justos, habría que comparar estas cifras de creación de empleo con otras que a mi modo de entender son mucho más fiables, el número total de horas trabajadas. Y aquí el algodón no engaña, las horas totales trabajadas son sensiblemente inferiores a las horas que se trabajaban cuando se aprobó la reforma laboral, como acreditan las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Un segundo marcador que tampoco miente es la recaudación de la Seguridad Social. Ha seguido bajando inexorablemente y de manera acelerada año tras año. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se han dejado de ingresar más de 15.000 millones entre 2012 y 2015, y la hucha de las pensiones lo refleja de manera clarísima, evidente. Solo en 2016 el Gobierno ha retirado 19.000 millones. De los 66.000 millones que se encontró, a los 15.000 millones que deja ahora en la actualidad. Y por último, aún nos quedaría un tercer indicador, la aparición de los llamados trabajadores pobres, el número de trabajadores pobres no ha dejado de incrementarse. Por tanto, aunque el presidente y la ministra intenten sacar pecho con la creación de empleo, las cifras son contundentes y no engañan. Hay personas empleadas, sí, pero sus empleos son de peor calidad, a tiempo parcial, con remuneraciones más bajas, lo que explica sus reiteradas extracciones de la caja de las pensiones y la aparición del fenómeno de los trabajadores pobres. Por tanto, su reforma laboral no ha servido ni a los intereses del país ni a los intereses de los ciudadanos. Moltes gràcies. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Presidenta, señorías, en 2012 un amigo que ahora se ha convertido en un reputado comentarista político y también en un profesor muy bueno, Pablo Simón, escribía un artículo que simboliza y explica muy bien lo que han sido las relaciones laborales en este país en los últimos treinta años. El artículo se llamaba La terraza. En la terraza estaban los temporales, los jóvenes en su mayoría, muchas mujeres, también mayores de cuarenta y cinco años, sufriendo a la intemperie de la crisis, la nieve, el frío, y miraban hacia dentro y allí, en el cobijo del hogar, cerca del fuego, estaban aquellos pocos que habían tenido la suerte de conseguir un contrato indefinido. Además del paro estructural masivo que hemos sufrido en este país durante décadas, el elefante en la habitación de los problemas de nuestro mercado laboral es lo que conocemos como la dualidad. Los de la terraza son trabajadores pobres que tienen contratos que empiezan el lunes y terminan el viernes, son trabajadores en los que nadie invierte para mejorar su capital humano, son trabajadores que no acumulan derechos para el paro o para la jubilación, son trabajadores que no pueden tomar decisiones fundamentales como tener hijos, son trabajadores que, en definitiva, no tienen otra alternativa que seguir viviendo en la terraza. Señor Simancas, permítame que le conceda una cosa, y es que realmente usted es muy buen diagnosticador, sobre todo de los problemas de los demás, porque es verdad que ustedes, siguiendo su criterio, hicieron una reforma laboral antes de la del Partido Popular, en la que también se recortaban algunos derechos. ¿O es que quitar fuerza a la negociación colectiva o reducir las indemnizaciones es malo cuando lo hace el Partido Popular y es bueno cuando lo hace el Partido Socialista? Es un buen diagnosticador, señor Simancas, porque explica muy bien que hace mucho frío en la terraza, que se está muy mal ahí fuera, pero todavía no he escuchado ningún mecanismo, ninguna idea nueva para permitir a los que están fuera, a la intemperie, acceder a la estabilidad, al calor de la casa que ofrece un contrato permanente. [[Aplausos]] El problema de la dualidad, señor Simancas, por mucho que usted quiera ganar puntos con los sindicatos o los votantes de Podemos, no es un problema que venga de ayer. Déjeme que se lo diga claramente. Desde el año 1984, en que el Partido Socialista implementó los contratos temporales, la temporalidad ha sido esencialmente la vía de ajuste fundamental de la economía española. Cuando venían las crisis, se expulsaba a la calle de forma masiva a los temporales - lo hemos vivido muy claramente en los últimos tiempos - y cuando viene el tiempo de la recuperación se van reincorporando los precarios al mercado laboral. Hoy, nueve de cada diez contratos son precarios temporales. [[Muestra dos documentos donde se lee '18 % Tasa media de paro', uno con el logo del Partido Popular y otro con el del Partido Socialista]] No se sorprenda, estos son los datos de paro del Partido Popular y del Partido Socialista de media en los años que han estado en el Gobierno. [[Aplausos]] No sé muy bien para qué sirve la derogación porque si es para volver al modelo anterior de Zapatero con un 20 % o un 25 % de paro, probablemente no es la solución. Honestamente, creo que hay modelos mucho mejores en los que podrían fijarse y que además son cercanos a su partido, ¿o es que Renzi, por ejemplo, es también un neocon del Ibex cuando defiende el contrato único en Italia para acabar con la discriminación de los temporales? ¿O es que Macron es un opresor capitalista cuando propone un complemento salarial para las familias más vulnerables exactamente con el mismo diseño que propone Ciudadanos? Los problemas de los que están en la terraza, señor Simancas, se solucionan reduciendo las barreras de entrada a la casa, no aumentándolas, como proponen ustedes, para que los que están fuera puedan acceder al calor de la casa. La buena noticia es que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abren una ventana de oportunidad para acabar con esa discriminación injusta que sufren los temporales. Las sentencias lo dicen muy claramente. Leo: La mera naturaleza del contrato temporal no puede constituir una razón objetiva para justificar la desigualdad de trato. En otras palabras, dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos por tener un contrato distinto. Nos lo dice Europa. No lo dice Ciudadanos, lo dice Europa también ahora. Ahora que la ministra Báñez ha decidido incorporar las ideas reformistas de Ciudadanos y algunas de sus políticas, como las políticas activas hacia el perfilado y la orientación, como las cuestiones de la mochila austriaca, el complemento salarial para jóvenes, la racionalización de horarios o la extensión de los permisos de paternidad, sería estupendo que también incorporara las ideas de Ciudadanos respecto al contrato único. Es evidente que el contrato único no va a solucionar todos los problemas. Tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en innovación, tenemos que transformar el modelo productivo. Si no, seguiremos siendo un desastre en cuestiones de desempleo. Pero entre tanto podemos hacer mucho, señor Simancas, y no vía ese camino, para ofrecer una entrada a la casa a aquellos que se han quedado fuera. En esta línea de mirar al futuro y no al pasado hemos propuesto una enmienda que probablemente no se va a incorporar en su totalidad y por tanto no podremos votar a favor de su propuesta. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
Boas tardes, presidenta, boas tardes a todos y a todas. Decía una gran dirigente del siglo XX que veníamos aquí, a la política, a hablar de la vida. Hoy hablamos de la vida, hablamos de las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres de este país. Claro que sí, de la vida, de sus derechos, de todas y de todos nosotros. Señores y señoras del Partido Socialista, a pesar de que no nos acepten el total de nuestras enmiendas vamos a apoyar esta iniciativa, justamente porque entendemos que por lo menos contribuiremos a combatir una parte del mal que se tiene causado en nuestro país. Pero si me permiten tenemos que señalar o tenemos que recordar... [[Rumores]]
Un segundo, señora Díaz. Señorías, guarde silencio, por favor. [[Pausa]] Adelante.
Pero si me permiten tenemos que recordar y hacer un ligero repaso por la historia de nuestro derecho laboral. Señor Simancas, no podemos sufrir de amnesia, ni mucho menos nos pueden hacer creer o padecer esa amnesia. Podríamos hablar de todas y de cada una de las reformas laborales con las que ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, un total de cincuenta y dos en treinta y un años, han finiquitado con el derecho laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Podríamos recordar el año 1984. ¿Recuerdan ustedes, con Felipe González, cuando incorporó la descausalización de los contratos temporales? Desde entonces a hoy nuestro mercado laboral es dual y desde entonces unos y otros han sido auténticos talibanes de la precariedad. [[Aplausos]] Muy rápidamente. El año 1984, el año 1992, el año 1994, la legalización de las ETT, de las agencias de colocación, un millón de recortes, de reformas que siempre golpearon a la clase trabajadora de nuestro país. Unos y otros siempre nos han mentido al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nos han mentido y han hecho reformas bajo una premisa falsa. Nos decían que hacían estas reformas para crear empleo y ustedes saben, como todos nosotros, que desde las instituciones laborales no se puede crear empleo. Solamente desde la economía productiva podemos cambiar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esto es justamente lo que nos habría gustado, que en lugar de la historia de cincuenta y dos reformas laborales nos hubieran traído aquí cincuenta y dos reformas del modelo productivo de nuestro país para poder tener empleo de calidad, economía real y vida decente para los trabajadores de nuestro pueblo. [[Aplausos]] Podemos afirmar con rotundidad que ustedes, sobre todo el Partido Popular, parecen defender el modelo de Bangladesh o el modelo de Eurovegas. Claro que sí, lo afirmamos con rotundidad. Y volvemos a la premisa falsa. Nos decían, y por fin fuimos capaces de conseguir ver la verdad - lo acaba de decir la señora ministra Báñez, la gran ausente hoy, se ve que está muy interesada por el debate -, que hacían las reformas laborales de 2010 y de 2012 para crear empleo. Les recomiendo que lean un informe, el balance del Banco de España del primer trimestre. Ahí nos dice el Banco de España alto y claro que la reforma laboral del Partido Popular no se hizo para crear empleo sino para devaluar los salarios, que se hizo para bajar los salarios a las clases trabajadoras de nuestro país. Por fin la señora Báñez consiguió hacernos real esta gran verdad. Tenemos que hablar de lo que pasa en el mercado laboral, cuáles son sus características, muy rápidamente. Es un mercado insuficiente, es un mercado excluyente; excluye a casi el 50 % de los jóvenes, excluye a las mujeres, excluye a los mayores de cuarenta y cinco años. Es un mercado precarizado; el 92 % de los contratos son temporales. Es un mercado, además, en el que el gran promedio de las empresas son pymes. Señores y señoras del Partido Popular, ¿cómo nos pueden hablar de contratos, de convenios de empresa en esta estructura empresarial? Es un mercado laboral absolutamente envejecido, masculinizado y con esto y sobre esto es sobre lo que tenemos que cambiar la realidad de nuestro pueblo. Lo peor es que en este contexto llegó el Partido Popular y acabó con todos y cada uno de nuestros derechos. Podríamos decir, como se dice en el propio derecho laboral, que hicieron desaparecer el tan manido carácter tuitivo del derecho laboral. Para los hombres y mujeres del Partido Popular, después de la última reforma laboral, un empleador es lo mismo que un trabajador y ustedes saben, como yo, que no hay nada más injusto que hacer iguales a los que son radicalmente desiguales. [[Aplausos]] Por eso nosotros a ustedes, a los hombres y mujeres del Partido Popular, también del Partido Socialista y también de Ciudadanos - los constitucionalistas - les hacemos una pregunta. ¿Dónde queda el Estado social? ¿Dónde queda el frontispicio del artículo 1.1 de la Constitución Española? ¿Están hablando ustedes de esto que se habla en el ius del liberalismo que es justamente el Estado postsocial? ¿Están defendiendo en realidad que desaparezca el derecho laboral y pase a ser parte de una pequeña amalgama de la economía? Nosotros decimos que no y además, señores y señoras del Partido Popular, han laminado nuestros derechos, han acabado con los sindicatos de clase. Critican mucho a Esperanza Aguirre pero siempre van detrás de ella. Esperanza Aguirre dijo: Caerán los sindicatos igual que cayó el muro de Berlín. Y seguía ella: Este es exactamente el objetivo de la reforma laboral del Partido Popular. Esta es la verdad oculta de la reforma del Partido Popular, junto con la demolición de todos y cada uno de nuestros derechos: artículo 39, artículo 40 y artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Pueden hacer con nosotros exactamente lo que les de la gana. [[Aplausos]]
Señora Díaz, tiene que terminar.
Y nosotros decimos que nos negamos, que vamos a defender a la clase trabajadora aquí, en el hemiciclo, pero también en la calle porque los derechos se luchan, se pelean y se conquistan aquí - insisto - pero también fuera de esta institución. [[Aplausos]] No queremos derechos demediados, queremos vida digna y una clase trabajadora decente. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Camps Devesa.
Gracias, señora presidenta. Señorías, haciendo una pequeña parte de historia, acabamos la pasada legislatura - la que es conocida como la breve - con un debate respecto de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, en ese caso a instancia del Grupo Podemos. Comenzamos prácticamente esta legislatura con un debate similar, en este caso solo la derogación de la reforma de 2012. Entonces y ahora me ha parecido a mi más un debate sobre la primacía política de la izquierda - de la oposición de izquierdas, en realidad - que sobre las actuaciones a llevar a cabo. Por eso, entonces y ahora se puso y se pone más énfasis en la derogación que en la construcción. Parece ser que soy más de oposición o soy más de izquierdas cuanto más pido derogar las leyes hechas con anterioridad. Podemos pedía derogar dos reformas laborales, la de 2010 y la de 2012; ustedes, los socialistas, solo la que no hicieron, obviamente. Parece que no importan los resultados, solamente quién la hizo; si la hizo el Partido Popular es un error. ¿No han pensado, señorías, por un momento que en algo - no en todo pero en algo - podíamos estar acertados? Todos nos podemos equivocar y nadie acierta en todo, pero pretender lo contrario es lo mismo que creer estar en posesión de la verdad absoluta, lo que es un riesgo para la democracia. Señorías, su propuesta no incluía alternativa, es política - permítanme la expresión - de tierra quemada. Que volvamos con carácter inmediato a la legislación de 2010 o a la de 1980 no es la solución; sin lugar a dudas, no. Deberían dejar la competición entre ustedes por parecer más o menos de izquierdas y deberían pensar más en los parados españoles [[Aplausos]] porque, señorías, el debate real, la cuestión de fondo - en palabras del señor Campuzano al que me gusta tantas veces citar - es cómo hacemos compatible el papel tuitivo del derecho del trabajo con la capacidad de competir por parte de nuestras empresas en la economía global o, lo que es lo mismo, acabar con la dualidad en nuestro mercado de trabajo, con la volatilidad en el empleo, con la ausencia de flexibilidad y de competitividad, rasgos endémicos y permanentes en el deficiente funcionamiento histórico de nuestro mercado laboral que, junto a una rígida legislación, siempre empujó a ajustar en los momentos de crisis el coste laboral a través de despidos, en lugar de convertir el despido en la última opción posible. Esto lo sabe muy bien el grupo proponente que, ante la necesidad de cambiar la realidad, sufre - como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo Podemos - una especie de amnesia temporal, selectiva y colectiva. No recuerdan ustedes nada con anterioridad al 2011, no recuerdan que gobernando ustedes el paro subió del 9 % al 24 %, no recuerdan que el incremento de la desigualdad en nuestro país se debe principalmente a la destrucción masiva de empleo entre los años 2008 y 2011, no recuerdan que la tasa de pobreza aumentó especialmente en nuestro país en esos años y hoy ya está bajando. Señorías, no recuerdan o no quieren recordar. No les pedimos que renuncien al resultado de sus políticas, como todos, creo, unos aciertan y otros hierran. Negaron una crisis que existía - es verdad -, tomaron medidas tarde - también -, fíjense, hicieron una reforma laboral en 2010 y se destruían aun así 1.400 empleos diarios en 2011. Entran ustedes en contradicción consigo mismos, son sus propias actuaciones las que ponen claramente de manifiesto que una acción en todo o en parte adecuada puede o no tener consecuencias positivas inmediatas. Pero no pretendan cargar los resultados negativos de sus políticas a los que han dado la vuelta a la situación. Ustedes retuercen los números y estadísticas hasta límites insospechados sin ningún rubor. Dicen que el balance de la reforma de 2012 es desolador. Entonces, ¿cómo definirían ustedes la situación del mercado de trabajo en España que dejaron en 2011? Antes caía la afiliación a la Seguridad Social a un ritmo del 2 % y ahora crece a un ritmo del 3,4 %. Hoy hay 632.536 parados registrados menos que en diciembre de 2011. El paro crecía al 12,4 % en 2011 y hoy cae a un ritmo del 10,9 %. El porcentaje de trabajadores con carácter indefinido es del 74 %, 6 puntos más que al inicio de la crisis, y no quieran hacer categoría de lo que no lo es, solo el 0,87 % - escuchen bien, señorías - de los ocupados tiene un empleo de menos de un mes. Señorías, los convenios tienen efectos para los mismos trabajadores, prácticamente, 10.300.000 frente a 10.600.000 que lo tenían en el momento en que se hizo la reforma laboral. Hoy, señorías, ya no hace falta crecer por encima del 2,5 % para crear empleo y, por primera vez, España crea empleo indefinido desde prácticamente el inicio de la recuperación. Señorías, derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo, es anular el marco de relaciones laborales que ha permitido a España pasar de generar la mitad del paro de Europa a crear la mitad del empleo de la zona euro. La reforma laboral funciona, y lo hace gracias al esfuerzo y trabajo de todos. Quien la quiera cambiar que diga exactamente qué quiere y demuestre que la alternativa es mejor. No vale cualquier cambio. Dejémonos de demagogias y trampas y apostemos por lo real y lo eficaz, por los españoles y por nuestro futuro. Señorías, hoy en España hay más empleo estable y de calidad pero sabemos que no está todo hecho, queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay muchos españoles que quieren trabajar y no pueden. Hay que lanzarles un mensaje de esperanza y de confianza. Nadie puede quedarse fuera de la recuperación y esta tiene que llegar a todas las familias. Por todo ello, anuncio el voto negativo de mi grupo a esta proposición acabando, si me permite la presidenta, con una cita, que dice: No he de apartarme del camino real, aunque haya sido recorrido con frecuencia, pues no desdeño la verdad porque sea vieja conocida de muchos ni me seducen las novedades engañosas, cualquiera que sea el atractivo de su frescura juvenil. Prefiero cabalgar la parda mula del buen sentido que el purasangre de la imaginación desenfrenada. Claudio Sánchez-Albornoz, presidente de la República en el exilio, premio Príncipe de Asturias en la democracia, del preámbulo de su libro España, un enigma histórico. Señorías, les aconsejo su lectura. Muchas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] el señor Barandiaran Benito.
Señora presidenta, señores diputados, señor Simancas, sabe usted que esta no era la PNL que esperábamos, no era esta la proposición que creemos que debería haber presentado un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Sabe usted también - le consta - que en su momento la reforma laboral fue uno de los principales motivos de oposición o de divergencia de mi grupo, el Grupo Vasco, con el Partido Popular, a pesar de las beneficiosas consecuencias que, tal y como nos ha contado, la ministra de Empleo parecían tan triunfalistas como surrealistas al final. También quiero recordar que no ha existido una sino dos reformas laborales; una, del año 2012, del Partido Popular y otra de 2011, del partido en el que usted milita, señor Simancas. No estaríamos en cualquier caso hablando de la necesidad de una reforma laboral si no fuera como consecuencia de advertir sobre sus efectos. Respecto de esa cuestión, señor Simancas, debo señalar que en nuestra opinión la principal causa del fracaso de todas las reformas laborales es la descausalización del contrato de trabajo. A nuestro juicio, otros efectos serían la falta de causa del contrato de trabajo, la de la difuminación de las causas de despido, de su indemnización y también, en el mismo camino, la desregulación de la negociación colectiva. Hasta tal punto es necesaria esa reforma que basta con comprobar hoy en día que es casi irrelevante concertar un contrato de trabajo que sea bien indefinido, temporal, formativo o una beca porque la diferencia no está en la causa del contrato ni en el contenido de las funciones que se vayan a desempeñar; la diferencia - y es lo triste - hoy estriba únicamente en la indemnización porque cuando se extinga materialmente no necesita aludir a una causa del despido porque tampoco el contrato es causal. Entendemos por ello que a su propuesta le hubiera sigo exigible, es decir, hubiéramos preferido, un contenido que propusiera impulsar medidas concretas sobre las que pudiéramos tener algún tipo de posicionamiento, por ejemplo, sobre la necesidad de concreción de las causas de extinción de trabajo por encima de las actualmente reconocidas o sobre el respeto al principio de igualdad en las indemnizaciones o sobre el impulso de la eficacia en la negociación colectiva y la eficacia de la ultraactividad más allá del año que actualmente recogen. Asimismo, deberíamos poder posicionarnos sobre otras medidas relativas al empleo juvenil, a los contratos en prácticas, al tratamiento de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, es decir, otras muchas. Otras medidas que a nosotros nos preocupan - y usted lo sabe - son las relativas al orden competencial. Nos gustaría que la normativa laboral se pudiera modificar para reconocer la posibilidad de un marco laboral propio en Euskadi y se materializase el traspaso de competencias que continuamos exigiendo que se efectúe y que, como señalamos, sigue pendiente desde el Estatuto de Gernika. Sin embargo, la proposición actual no hace referencia a ninguna de esas cuestiones. Entendemos, por el contrario, que es una proposición no de ley que pretende impulsar la actuación del Ejecutivo en una dirección determinada, por lo que convendría que fuera una herramienta útil en el sentido de que señale medidas concretas cuya adopción proponen. No obstante, estamos dispuestos a colaborar en ese camino y también a colaborar en la derogación de muchos de los efectos de la reforma laboral a través de propuestas solventes, ampliamente consensuadas y negociadas con los interlocutores sociales y, además, que vayan dirigidas a recuperar garantías que nunca debieron desaparecer de la regulación del contrato de trabajo. No estaremos dispuestos a colaborar, en cambio, respecto de aquellas que estén amparadas en la unilateralidad ni sustentadas en modelos que intentan dar soluciones aparentes y superficiales a problemas complejos como - lo siento, así lo pensamos - el del contrato único o el de flexiseguridad sin seguridad jurídica u otros similares. Por ello, le animo simplemente a perfeccionar su iniciativa y a concretar alguna de las medidas que llevaría asociada esta derogación de la reforma laboral transformadas en propuestas concretas como alternativa. A ese efecto estoy seguro que en ese camino podremos coincidir en muchas de ellas. Entendemos y compartimos que debe haber una crítica a la acción de Gobierno en materia de legislación laboral que conduzca a reclamar el cambio de algunas decisiones legislativas adoptadas al calor de una mayoría absoluta que hoy ya no existe. Compartimos igualmente que resulta necesario impulsar la modificación del Estatuto de los Trabajadores tanto en las facetas señaladas como en otras que seguramente el debate y el intercambio de pareceres pueden dejar ver. Pero, repetimos, no deben de ser ni inconcretas ni irrealizables. No deben de ser ni genéricas ni regresivas y ni pueden ni deben ser oportunistas porque serían demagógicas, deben aportar soluciones y alternativas. No obstante, entendemos su intención, entendemos su propósito y coincidimos con él. Por eso dirigiremos nuestra posición a un apoyo crítico, pero apoyo a la iniciativa presentada porque, por su parte, tampoco queremos imaginar que el no apoyo pueda ser interpretado como apoyo a otras iniciativas con las que ya discrepamos mucho más seriamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
Buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Socialista nos trae una proposición de ley para la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Empezamos por la segunda petición, un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es correcto siempre y cuando se hayan derogado las dos reformas laborales, la que hizo en su momento el Partido Socialista y la reforma del Partido Popular, que ha sido, sin duda, el golpe más duro a los derechos laborales de los trabajadores en los últimos treinta años. ¿Y por qué pedimos la derogación que algunos no entienden y piensan que es volver al pasado? Por dos razones. En primer lugar, porque es la vía más rápida para que las clases trabajadoras puedan recuperar los derechos laborales perdidos. En segundo lugar, porque al mismo tiempo es tener mejores condiciones de negociación durante el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que puede ser largo. Dicho esto, apoyaremos la solicitud de derogar la reforma laboral del Partido Popular por muchas razones, entre las que destaco las siguientes. Primero porque es posible, estaba en los programas electorales de diferentes partidos que hoy podemos configurar una alternativa en política sociolaboral si somos fieles a nuestros votantes. El Partido Popular se puede quedar de nuevo solo junto a sus acólitos de Ciudadanos. En segundo lugar, porque si es bien cierto que la reforma es aplaudida por los dirigentes de ciertas instituciones, particularmente el Fondo Monetario Internacional que aún pide más sangre, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que conocemos como la troika, también es cierto que no hay economista honesto que no afirme que las causas de la profunda crisis de 2008 no eran ni el mercado laboral ni la legislación laboral. Por tanto, las razones por las cuales la primera ley y sucesivas leyes no estuvieron destinadas a atacar las verdaderas causas de la crisis son razones puramente ideológicas, puramente neoliberales, no nos engañemos. Se escogió rescatar los bancos y no atacar a las verdaderas causas de la crisis: la codicia del sistema financiero y un modelo productivo primordialmente especulativo. Así lo que se atacó fueron los derechos sociales y laborales de los más débiles con unas reformas impuestas sin ningún diálogo social. De hecho, las organizaciones obreras hicimos dos huelgas generales y centenares de manifestaciones a las que hicieron oídos sordos. Nunca pretendieron el diálogo ni potenciar la negociación colectiva ni la flexiseguridad que ustedes dicen. Se pretendía dar herramientas a los empleadores para imponer la ley de o lo tomas o lo dejas. La ley de mira a tu alrededor el paro que hay y los currículos que tengo. Esta era su finalidad. De hecho, los dos primeros años de su reforma laboral, como reconocía la ministra el otro día, siguieron destruyendo ocupación porque las empresas aprovecharon el regalo de una legislación tan beneficiosa para sus intereses como esta reforma laboral para renovar sus plantillas despidiendo a aquellas personas menos dóciles, menos útiles por su edad, por su formación o por su salud que son los parados de larga duración que tenemos en el día de hoy. La reforma tampoco ha traído una subida sustancial de la ocupación. Continúa en unos índices de paro inaceptables, 19,2 %, que hacen que el Reino de España cinco años después del Gobierno del Partido Popular, cinco años después, sea subcampeón de Europa en paro. Solo tiene más paro Grecia con un 23,4 %. Estos son los datos. O dicho de otra manera, de los 16 millones de parados que hay en la Unión Europea, 4 millones son ciudadanos del Estado español. También el Reino de España encabeza ránquines en paro juvenil, en fuga de talento de jóvenes muy valorados en países como Canadá o Alemania y en economías de alto valor añadido. Tampoco hay aumento de la productividad y la prueba está en las múltiples ayudas a costa de la Seguridad Social que ha tenido que hacer el Gobierno para ayudar a las empresas en forma de bonificaciones de todo tipo. La competitividad de las empresas y el ligero aumento de la ocupación vuelven a estar relacionados con los bajos salarios y la precariedad. Pan para hoy y hambre para mañana. Las reformas nos han traído la devaluación salarial; se calcula que los salarios han bajado más del 30 % respecto a la etapa anterior a la crisis. Han aumentado los llamados trabajadores pobres; más del 13 % de los trabajadores y trabajadoras están en la pobreza y en peligro de exclusión, a pesar de tener empleo. Dicho con otras cifras, los salarios ya solo representan el 47,2 % del PIB; es decir, que en relación con la riqueza que cada año es capaz de generar la economía española desde el comienzo de la crisis las rentas salariales han perdido 2,8 puntos del PIB, unos 28.000 millones de euros. Por el contrario, los beneficios empresariales han ganado 0,9 puntos, unos 9.000 millones de euros. O sea, la reforma no ha hecho más que hundir la economía de los trabajadores y las trabajadoras, estrangulando al mismo tiempo sus posibilidades de consumo. Hay que derogarla también porque, aparte de bajar salarios, ha regalado al reino de España otro subcampeonato, el de ser el segundo Estado europeo con mayor índice de temporalidad, por detrás del Polonia - me refiero a la del centro de Europa -.
Señoría, tiene que terminar.
Sí, acabo ya. También continúa la brecha salarial entre hombres y mujeres. Podría seguir con la lista, que es interminable, pero me hacen acabar. Podría también dar muchos argumentos, pero creo que con lo dicho ya queda claro. Mientras construimos nuestra república, durante y después, siempre vamos a combatir por un marco de relaciones laborales mucho más justo que este. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Pregunto al señor Simancas Simancas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Estamos preparando una transaccional que vamos a entregar al letrado en unos segundos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias.
Señorías, a continuación vamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el futuro de las autopistas de peaje. Y, después del debate de esta moción, incluiremos el debate sobre el dictamen de la Comisión de asuntos exteriores sobre los estatutos del Banco Asiático para inversiones en infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. Tiene la palabra para defender la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el futuro de las autopistas, la señora Jordà i Roura.
Molt bona tarda. Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, la moción que hoy presentamos en esta Cámara no está sujeta a ningún tipo de interpretación; al contrario. Después de interpelar al ministro de Fomento hace apenas quince días aquí, en sede parlamentaria, y no despejarnos ninguna de nuestras dudas, pero acertando nosotros que ustedes acabarían rescatando las radiales de Madrid, igual que hicieron con los bancos - que también los rescataron -, igual que hicieron con el Castor, igual que hicieron con el túnel del Pertús, hoy insistimos al Gobierno español y lo instamos a tres compromisos muy claros. El primero, no ampliar en ningún caso las concesiones de la AP-2 y de la AP-7. El segundo, no ampliar en ningún caso las tarifas y los precios de los peajes de la AP-7 y la AP-2 hasta la finalización de su concesión. Y, tercero, no autorizar la construcción en Cataluña de ningún nuevo peaje en las autopistas de titularidad estatal. De hecho, durante la precampaña de las elecciones del 26 de junio, la actual presidenta del Congreso y en aquel momento titular de Fomento, la señora Pastor, dijo textualmente que con el PP la AP-7 quedaría definitivamente libre de peajes. Pocas semanas después, esta afirmación fue ratificada también en Cataluña por el portavoz popular Rafael Hernando. El caso es que ya ha empezado la cuenta atrás para que finalice la concesión de la AP-7. En poco más de tres años, Abertis tendrá que librar al Estado español, titular de la autopista, el tramo de Tarragona a Alicante y, dos años después, la parte del norte de Tarragona hasta la frontera con el Estado francés. Y, a la vez también, de la AP-2, el tramo que va desde el enlace de la AP-2 hasta Zaragoza. Les catalanes i els catalans hace muchos años que estamos pagando la concepción ideológica del Estado. Me voy a explicar: un modelo ideológico absolutamente centralista y absolutamente radial. Y lo estamos pagando en dos conceptos: en dinero y en calidad de vida. En calidad de vida porque los tres tramos de autopista con más intensidad de todo el Estado están en Cataluña y también porque, a la vez, es una autopista catalana la que soporta más circulación de vehículos pesados. Y lo estamos pagando también - como decía - en dinero porque Cataluña paga los peajes más caros de todo el Estado con un coste de 23 céntimos el kilómetro, cuando en el resto de España el kilómetro se paga en estos momentos a 14 céntimos de media. Además, porque estamos pagando reiteradas veces autopistas que ya han sido pagadas; repito, ya han sido pagadas, y no solo pagadas, sino amortizadas varias veces. Con todo este argumentario, señorías, la pregunta al ministro De la Serna fue clara y a la vez concisa. La pregunta era directa: ¿nos puede afirmar que la concesión no se va a ampliar? Para los republicanos catalanes la interpelación al ministro de Fomento era no solo necesaria, sino también urgente. [[Rumores]]
Un segundo, señoría. [[Pausa]] Puede continuar.
Gracias presidenta. En Cataluña preocupa que el tiempo haga buenos los rumores que nos llegan: la posibilidad de que la finalización de las autopistas catalanas de peaje dependa del rescate de las autopistas radiales de Madrid. Fíjense, en Cataluña, que somos poquitos pero diversos, pues también somos visionarios, y resulta que sí, que hoy nos levantábamos con los titulares de los periódicos diciendo que se rescataban las radiales de Madrid. Hablando en plata, que puede ser que alguien hubiera tenido la brillante idea de que la quiebra de las autopistas radiales madrileñas las pagáramos los catalanes. ¿Puede ser? Pues, es posible, ¿verdad? ¿La fórmula? Fácil: ampliando la concesión de los peajes de la AP-7 y de la AP-2, no hay más. Y sin olvidar que durante el Gobierno de Aznar se licitaron y se adjudicaron quince autopistas, de las cuales hoy, señorías, nueve - nueve de las quince - ya han quebrado. En definitiva, la ciudadanía catalana está cansada; la ciudadanía en Cataluña está cansadísima de pagar. Llevamos cincuenta años pagando autopistas en Cataluña porque el Gobierno español no hizo las autovías gratuitas que sí hizo en Madrid. Basta; basta ya, no queremos pagar más. Lo puedo decir más alto, yo diría que más claro no. Dejen que acabe con dos ejemplos. Primero, el tramo de la AP-7 entre Molins de Rei y Martorell - son dos poblaciones catalanas - ya lo hemos pagado ochenta veces; no una ni dos ni tres, ochenta veces; ochenta veces la inversión real que se hizo en su momento. Y, en segundo lugar, las autopistas de peaje, fíjense, recaudaron en el año 2014 un total de 1.722 millones de euros, de los cuales 967, es decir el 56 %, se recaudaron ¿dónde? En Cataluña. Esto es un auténtico agravio entre ciudadanos, fruto única y exclusivamente, y así debo decirlo, de la ineficiencia y la ineficacia española. Pongamos fin de una vez por todas - y termino - a aquella política que ustedes llevan tanto a la práctica y que no nos gusta en absoluto: la política que socializa siempre las pérdidas, que las pérdidas las paguemos entre todos, y que privatiza para unos cuantos, para los suyos, los beneficios. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, antes de nada y para seguir en una línea que se ha abierto antes en este hemiciclo, yo también quiero manifestar mi solidaridad con aquellos que intentan ejercer su libertad de expresión, y me refiero a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana, que se les ha impedido manifestarla de forma pacífica y libre por parte de unos sedicentes antifascistas que trataban, como les digo, de impedírselo físicamente. Vamos a lo que vamos. Efectivamente, estoy de acuerdo con la representante de Esquerra Republicana: la ciudadanía catalana está cansada de pagar. Yo, como ciudadano catalán, estoy harto de pagar peajes, de pagar los peajes de las autopistas de titularidad estatal y los peajes de las autopistas de titularidad de la Generalitat de Catalunya. Hay que decirlo todo, digamos la verdad entera, porque usted cuenta algo que es cierto, pero es la mitad de la verdad. Nosotros constatamos, en línea con su moción, que efectivamente vivimos una situación de inequidad. En España hay una serie de autovías cuyo mantenimiento asume el Estado y hay una serie de autopistas de peaje que el usuario paga, y, como les digo, algunas de estas autopistas de peaje - solo en Cataluña 600 kilómetros de peaje, lo cual es una barbaridad - son de titularidad estatal, que proceden de los años setenta y que una vez se amortizó su construcción se ha seguido pagando el peaje para su mantenimiento, y hay otras de titularidad de la Generalitat, que también nos cuestan dinero y nos cuestan prácticamente el doble. Cuando usted da cifras sobre el coste del kilómetro de peaje, que ciertamente es una barbaridad, también se le olvida añadir que el peaje de las autopistas de titularidad de la Generalitat es aproximadamente el doble que los otros. En cualquier caso, insisto, eso no quita que no tenga razón en la parte que afirma, que la tiene. Pero cuando se establecen comparaciones con las autovías de alta calidad que existen en muchas zonas de España y que son gratis, y cuyo mantenimiento corre a cargo del erario, se olvida de que muchas de estas autovías fueron construidas con fondos europeos y que esos fondos europeos estaban supeditados a una serie de condiciones que naturalmente se cumplían en esas zonas y no se cumplían en otras, como es nuestra querida Cataluña. En esas zonas se cumplía que su producto interior bruto per cápita estaba por debajo de la media europea y de la media española. Esos fondos iban dirigidos al desarrollo y a la promoción de zonas deprimidas. ¿Les parece a ustedes mal? Porque a mí me parece bien. Por tanto, miremos menos el supuesto agravio, porque está bien que con fondos europeos se pudieran instalar infraestructuras importantes en España en zonas deprimidas y que eso ayudara a su desarrollo. Eso está bien; lo que está mal es que los catalanes tengamos que estar pagando, pagando y pagando por los peajes. Recordemos que en Cataluña ya existían autopistas de peaje desde los años setenta. Recuerdo a mis padres pagando peaje cuando yo tenía siete años, pero es que las formaciones políticas que ustedes representan y que gobiernan en Cataluña, y también el Partido Socialista cuando el señor Maragall era presidente de la Generalitat, han ido renovando las concesiones, de modo que si en el caso de las autopistas de titularidad estatal dentro de cinco años se acabarán las concesiones, en el caso de las autopistas de titularidad autonómica vamos a estar pagando hasta el año 2039, así que si yo estoy todavía vivo habré estado desde los siete años hasta los setenta y ocho - eso en el caso de que no se renueven más - pagando peajes por ir a Vilassar de Mar, a 25 kilómetros de Barcelona. Hay una situación, efectivamente, de inequidad. Los 470 kilómetros de peaje estatal, repito, en cinco años terminarán, pero la Generalitat implantó peajes hasta el año 1998; en concreto, en ese año, que es el último, el de la C-32, mientras que el último que implantó el Estado fue en el año 1978. La Generalitat pudo haber optado, cuando existió la Generalitat - en 1978 no existía -, por una red de autovías libres...
Señor Girauta, tiene que terminar.
... cuyo coste habría sido... Bueno, si tengo que terminar les diré que vamos a votarles a favor siempre y cuando admitan - que supongo que lo harán - nuestra enmienda sobre su tercer punto para rechazar la política de infraestructuras - estoy seguro de que estarán de acuerdo - llevada a cabo por los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista - pero en concreto del Partido Popular, del señor Aznar y del señor Álvarez-Cascos - que resulta que de pronto representan una carga de 5.000 millones sobre nuestras espaldas que ni esperábamos ni imaginábamos - o quizá sí - pero que en todo caso suponen un verdadero abuso del concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración...
Señor Girauta, tiene que terminar.
Acabo ya, presidenta, muchas gracias. ... y un ejemplo del capitalismo de amiguetes. No aceptamos que este sea el fin y el cierre de este asunto, no podemos asumir estos 5.000 millones y, desde luego, si es así, las responsabilidades tendrán que depurarse. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alonso Cantorné.
Señora presidenta, gracias. Ayer en La 1 desayunamos churro y pasta, el churro de las radiales y la pasta que habremos de pagar por ello. El regalito proviene de una enmienda a los presupuestos del año 2011 que los amigos del Majèstic colaron en un paquete de correos. La moción sobre la AP-7 y la AP-2 es hablar de la N-340 y la N-240, que siguen sin desdoblarse. Por cierto, señores del Gobierno - o me he de girar hacia usted, señora presidenta -, ¿para cuándo el desdoblamiento que tenía que estar en marcha en 2016 entre Altafulla y La Pobla de Montornés? ¿Saben de dónde vengo? De Altafulla, que no es un pueblo de la Galia sino de la Costa Dorada, del Baix Gaià, del Tarragonès, donde, junto al resto de alcaldes y alcaldesas, firmamos en su momento un pacto que se llama el Pacto de Barà. Seguro que les suena Barà porque es patrimonio de la humanidad; por cierto, para acceder te juegas la vida. No es un tema de historia, porque no lo es - aunque nos podríamos remontar desde la Vía Augusta al corredor parado del Mediterráneo -, es un tema de actualidad, de personas que están movilizadas, que cortan y han cortado carreteras para reivindicar una movilidad más segura. El desdoblamiento de Tarragona hasta Altafulla vino precedido de cinco muertes y más de un año de cortes de carretera. Las últimas modificaciones en la zona del Mèdol, también patrimonio de la humanidad, se produjeron a raíz de un accidente donde dos mujeres y sus dos hijos menores perdieron la vida. Apenas 300 metros separan un accidente del otro y varios años de lucha. En los cortes de tráfico, en especial los de las Terres de l'Ebre, la gente nos dice: No nos falléis. Y, señorías, no pienso fallarles. Ustedes y yo somos su esperanza de que la situación se arregle. A pesar de todo, imagínense, confían en el sistema. Puedo nombrar a Pilar, a Mario, a Nuria, a Gaucho, de Les Cases d'Alcanar, al Llorens o al Recio, o a los alcaldes y alcaldesas como Martí, Montserrat, Pere, Jordi, Inma, Ramón, Joan, Ferrán, Eduard, Félix, o a los transportistas, que juntos hacemos piña por una causa justa, que es la de evitar muertes. También es un problema económico. Muchos de ustedes conocen la Costa Dorada, y ahora que la vicepresidenta tiene despacho en Barcelona se puede acercar a vernos o el ministro Méndez de Vigo podría aprovechar y venir a saludar a su prima, que es concejal de nuestro grupo municipal y así poder ver in situ el problema del Camp de Tarragona y l'Ebre. La zona se ha convertido en un monocultivo turístico por falta de inversiones en infraestructuras que ahogan a la petroquímica, al puerto y al sector productivo. El turismo es un motor fundamental de nuestra economía, turismo que algunos quieren de casino, pero otros apostamos por el deportivo, el cultural, el gastronómico y el de familia. Familias de muchos lugares de España y de Europa que vienen en coche y se mueven por nuestras comarcas en vehículo porque el tren, ya lo dijimos el otro día, es una tortura. Ellos y los que vivimos o trabajamos en la zona convivimos con los atascos y el peligro. La única solución que se les ocurre es expulsar a los camiones, y el problema no son los camiones sino el modelo. Ser diputado en Madrid me ha hecho comprender que el conflicto también existe en Aragón con la AP-2, en Andalucía con la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, en La Rioja con la A-68, en Valencia o en otros sitios, y yo no tendré ningún lapsus, en la C-32 en Cataluña. No es un problema de territorio sino, como dijo nuestro president Pasqual Maragall, es del 3 %. Parece que la mano invisible del mercado la dirija una excavadora, que el mapa de las vías de alta capacidad lo han dibujado los comisionistas y no los expertos, no se ha hecho para favorecer la movilidad ni para tejer una red intermodal entre los pueblos de España, sino para favorecer al capitalismo de amigotes, a ser posible regado con Vega Sicilia y pidiendo, eso sí, un jamón, por favor. No se puede seguir así; la fiesta se ha acabado. Al lado de una carretera bacheada, llena de rotondas, peligrosa, contaminante, tenemos vías vacías, que se ha pagado varias veces su precio y con demasiada sangre. Nosotros somos gente de plazas y de calles, como yo, tenemos propuestas y les emplazamos a trabajar por un modelo integrado que estudie el ejemplo de Austria. No me refiero a la victoria de los ecosocialistas ante la extrema derecha xenófoba, sino a su modelo de mantenimiento de la red de vías de alta capacidad. Eliminemos las cabinas de peaje, construyamos sobre un diálogo con la gente soberana, hagamos frente a la siniestralidad, pongamos caras al sufrimiento y seguro que construiremos un país de países más libres, también de peajes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
Gracias, presidenta. Hace varios años surgió en Cataluña un movimiento que se negaba a pagar peajes. Cuando preguntaron a uno de ellos dijo que se quería sublevar ante una noticia que había escuchado en una radio minutos antes, esa noticia decía que el Ministerio de Fomento pensaba equilibrar las cuentas deficitarias de las autopistas de peaje de Madrid con otras autopistas de peaje en Cataluña. Creemos sinceramente que esa noticia está de actualidad hoy. El lunes el ministro hizo unas declaraciones en las que decía que todos los españoles vamos a pagar 5.000 millones de euros por el desastre de la gestión del Gobierno popular en las infraestructuras. Esta indignación que mostraba un ciudadano catalán por que se pudieran pagar las autopistas de peaje catalanas con dinero de Cataluña también es una indignación que tienen todos los españoles. Ayer muchos españoles sintieron indignación al escuchar al ministro de Fomento decir que todos los españoles vamos a pagar 5.000 millones de euros que cuesta el rescate de las radiales de Madrid y de las autopistas de peaje. Si escuchan lo que se puede hacer con 5.000 millones seguro que la indignación sube de nivel: más de cien hospitales, más de 1.500 colegios, más de un millón de personas podrían cobrar durante un año los 400 euros que tanta falta le hacen para vivir. Y los ciudadanos quieren conocer a los responsables de este desastre. Pues bien, si echamos la vista atrás, veremos con claridad que el culpable es el Gobierno del Partido Popular durante la época del señor Aznar. Su obsesión por cortar cintas de inauguración y placas con su nombre - eso sí, con dinero de todos los españoles - le llevó a inflar las cifras del tráfico que iba a circular por esas vías de Madrid y de otras zonas de España, y cuyo coste de construcción se incrementó considerablemente por el precio de las expropiaciones. Una previsión de 387 millones se incrementó hasta superar los 2.217. ¿Hay alguien que pueda hacer las cuentas tan mal? ¿Hay alguien que pueda gestionar tan mal los recursos de todos los españoles? Es algo que también tenemos que agradecer al Gobierno de Aznar, gracias a una Ley del Suelo según la cual todo el suelo era potencialmente urbanizable. Eso hizo que las expropiaciones se incrementaran considerablemente. El Gobierno de Aznar empezó con aquello de que España va bien y se ha convertido en una película de terror para los ciudadanos de este país cuyas consecuencias seguimos sufriendo. Permítanme repetir algunas perlas que los responsables del PP dijeron en sus inauguraciones. Aznar las calificaba de 'nuevos hitos'. Decía también: ... 'se seguirán cumpliendo sin sobresaltos ni estrangulamientos'. Y me pregunto: ¿Cómo calificaría el señor Aznar el desastre que hemos conocido estos días? Seguramente el ministro Rafael Catalá nos dio una pista de ello al decir hace muy pocos meses que iba a ser un buen negocio, pero aquí terminan las declaraciones. ¿Para quién iba a ser un buen negocio? Para las empresas concesionarias pero no para los españoles que vamos a tenerlo que pagar con los recursos de todos. 'Una apuesta clara del Gobierno que muchas generaciones tendrán que valorar y agradecer.' Eso decía Gallardón. Y yo me digo que lo único que van a agradecer las generaciones futuras es tener que pagar muchos miles de millones que van a tener que recortar de sanidad, educación y otros servicios que son imprescindibles. Cuando una autopista de peaje tiene beneficios estos van para las empresas concesionarias y cuando tienen pérdidas las pagamos todos los españoles, y eso lo queremos cambiar. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña en la que pedimos que se deje de hacer política con el dinero que se gasta en infraestructuras; política partidista que ha hecho el Partido Popular y que nos ha llevado a un desastre. Pedimos que se cambie la actual ley que permite que cuando quiebra una autopista de peaje la paguemos todos los españoles. Creemos que es de justicia y que este país no se puede permitir ni un día más una gestión que se cargue sobre las espaldas de los españoles. Hemos visto cómo con el Partido Popular primero quebraron los bancos y lo pagamos todos los españoles, después quebraron las familias y lo pagaron las familias españolas, y ahora vemos cómo quiebran las autopistas de peaje y lo vamos a volver a pagar los españoles. Esa es la herencia que va a dejar a este país el Gobierno del Partido Popular. Por eso nos pondremos de acuerdo con Esquerra Republicana, pero no para que no se prorroguen las concesiones en las autopistas catalanas, no queremos que ningún español pague ni un euro más del que tiene que pagar cuando se termine el plazo de estas autopistas. No queremos prórrogas en ninguna autopista de España. Además, creemos que tenemos que hablar de las infraestructuras sin hacernos trampa, de todas las infraestructuras de España. Tenemos que decidir cuáles son las prioritarias, cómo se pagan, cómo conseguimos hacer cohesión territorial y cómo conseguimos que todos los españoles, y lo dice un extremeño, tengamos igualdad de oportunidades para desarrollarnos. Pensemos en ello, pensemos en hacer política con la vista puesta en todos los ciudadanos, en los catalanes, en los extremeños, en los andaluces, y pensemos que los desastres del Partido Popular no se pueden cargar ni una vez más, ni un día más, ni un minuto más sobre las espaldas de los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Roca Mas.
Muchas gracias, señora presidenta. [[Rumores]]
¡Silencio, por favor!
Debatimos una moción de Esquerra Republicana sobre peajes y me viene a la cabeza mi primer recuerdo político, que se remonta a la tierna edad de siete años. En aquel entonces tuve que ir con mis padres al Registro Civil a cambiarme el nombre porque un señor que salía en las monedas por la gracia de Dios no quería que me llamara Jordi. Doy las gracias a mis padres por que no me inculcaran ni el rencor ni el odio. Unos años más tarde - otro recuerdo político -, ya un poco más mayor, en segundo de BUP, cuando hice mi matrícula me preguntaron en qué idioma quería estudiar. Cogí mi opción y tuve que hacer nueve de diez asignaturas en el otro idioma porque un señor, que no saldrá en las monedas, quería eliminar todo lo que significa España de Cataluña. Doy las gracias a mis padres por no haberme inculcado ni el odio ni el rencor. [[Aplausos]] No lo hicieron no porque seamos una familia con un abuelo en cada bando de la Guerra Civil, sino porque somos una familia decente. Al revés que el separatismo que, cuando habla de peajes - dentro de sus dos objetivos, que son: concentrar todo el poder y eliminar todo lo que significa España de Cataluña -, remueve las bajas pasiones de la gente con un mensaje tan fácil como falso y perverso: que los catalanes pagamos peajes porque en el resto de España nadie paga nada. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que, después de treinta y cinco años, durante los cuales desde un despacho de la Generalitat de Catalunya se influía para perpetuarnos todas las concesiones de peaje a los catalanes, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha ampliado, en una época de crisis salvaje, ni una sola concesión de autopistas de peaje. Esa es la realidad. La realidad es que de todos los kilómetros de peaje que tiene el Gobierno de España en España solo el 18 % - más o menos la población - están en Cataluña. La verdad es que el 50 % de las subvenciones a peajes del Gobierno de España vienen a Cataluña. Es la doble cara de Esquerra Republicana cuando habla de peajes. Es verdad que todos nos hemos equivocado en las previsiones de tráfico, en todas las comunidades autónomas, pero Esquerra, con una cara critica unos rescates y con la otra oculta que se tuvo que rescatar con el FLA de todos los españoles la Vic-Ripoll por 400 millones de euros. [[Aplausos]] Es la doble cara de Esquerra, que con una cara promueve una manifestación en los peajes para no pagar y luego perpetúa y renueva concesiones de peajes en un despacho de la Generalitat. Es la doble cara de Esquerra Republicana, que con una cara critica las autovías en Madrid y con la otra obligó al Gobierno Zapatero, a cambio de no aprobarle los presupuestos, a parar el cuarto cinturón en Barcelona. Es la doble cara de Esquerra Republicana, que con una cara denuncia que los ciudadanos de Rubí pagan 2.000 euros por un peaje y con la otra cara oculta que es un peaje de la Generalitat de Catalunya. Señores separatistas de Cataluña que pagan peajes, les han engañado. Háganse del PP que les irá mucho mejor. [[Aplausos.-Risas]] Y es que Esquerra Republicana, como en tantas otras cosas, tiene dos caras, la dura y la más dura. Sus mentiras han conseguido que mucha gente hable de peajes sin tener toda la información, que mucha gente culpe al Gobierno de España de los peajes de la Generalitat. Incluso han conseguido que sus mentiras lleven a muchos catalanes a creer que el Gobierno que más deuda tiene, que más impuestos cobra, que más radares tiene y que tiene los peajes más caros de Europa, de repente, por arte de magia, iba a pasar de ser el peor Gobierno autonómico de España a ser el mejor Gobierno del mundo. Vienen tiempos complejos, sus mentiras no van a ninguna parte. La globalización y los avances tecnológicos nos plantean retos increíbles. No es momento de engendrar odios ni rencores. Es momento de hablar, de buscar soluciones entre todos, que es lo que nos han dicho los ciudadanos. El Gobierno de España tiene que llegar a soluciones, pero no puede hacerlo en solitario y necesita la participación de todos y también del Gobierno de la Generalitat. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bel Accensi. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Gracias, presidenta. Requiero la atención de los diputados del Partido Popular porque habrán oído a su compañero y pensarán que van a votar en contra de la propuesta de Esquerra Republicana. [[Aplausos]] Sepan que van a votar a favor; aunque les parezca mentira después de la intervención de su compañero, van a votar a favor. Tiene estas cosas, van a votar a favor con una enmienda transaccionada con ustedes. Es el doble discurso. [[Aplausos]] Este discurso que hacen aquí les quedará bien, pero no tiene ninguna credibilidad. Cuando ustedes votan a favor - enmiendan y votan a favor -, pierden absolutamente toda la credibilidad. Les podría hacer la enumeración - esto le valdría también al señor Girauta - de los agravios comparativos entre autopistas y concesiones. Tendríamos que ver cuántas concesiones ha ampliado la Generalitat de Catalunya: muy pocas; cuántas concesiones ha ampliado el Estado: muchas; cuántas mochilas quedarán por pagar en estas autopistas, la A-7 y la A-2, por parte del Estado al final de la concesión, porque van a quedar unos cuantos miles de millones, ¿o esto no cuenta? Dice: La Generalitat tenía la opción de hacer autovías libres de peajes. Muy bien. ¿Y cómo las pagamos? ¿Estamos infrafinanciados, o no lo estamos? La situación es así de sencilla. Por tanto, ante estos discursos y los votos contrarios, quedan en evidencia. [[Aplausos]] Pueden decir lo que quieran, pero si estuvieran tan convencidos, votarían en contra, pero votan a favor. ¿Saben por qué votan a favor? Porque tienen mala conciencia, porque no saben cómo presentarse en Cataluña después de votar esto. [[Aplausos]] En todo caso, tendremos muchísimas ocasiones de hablar del déficit de infraestructuras en Cataluña y por qué el Estado, la anterior ministra y el ministro actual - veremos qué hace -, todavía no se ha dignado a finalizar el desdoblamiento de la N-340 con la correspondiente A-7. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. [[Rumores]] Silencio, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como me pronuncié ante una iniciativa similar planteada por otro grupo parlamentario en la última sesión de la Comisión de Fomento, relativa a la autopista del Atlántico, en Galicia, rechazo esta moción cuyo contenido merecería alguna credibilidad si fuera simultánea a otra simétrica referida a las autopistas de peaje de competencia de la Generalitat de Catalunya que no me consta que los diputados autonómicos de Esquerra Republicana hayan presentado en el Parlament. Por tanto, si lo que se pretende esta tarde es limitar al Estado en una materia en la que la Generalitat, según ERC, aspira a ser Estado, no es aceptable siquiera bajo un principio de supuesta reciprocidad. Asimismo, esta iniciativa contraviene los pliegos de adjudicación de las concesiones cuyo funcionamiento económico se basa en las garantías del equilibrio económico al que están sometidos los peajes. Las propuestas defendidas por la diputada señora Jordà i Roura ignoran este principio, pero en esta tribuna defendemos que España es un Estado de derecho en el que la ley está para ser cumplida, los derechos para ser ejercidos, los contratos para ser cumplidos y, cuando hay discrepancias, están los tribunales de Justicia para resolver. Finalmente, es importante señalar que también la política de construcción de infraestructuras del transporte debe estar basada en los mandatos constitucionales de igualdad, solidaridad y equilibrio territorial. Durante décadas, el imprescindible impulso a la construcción de infraestructuras necesitó complementar la sacrificada aportación de todos los españoles vía impuestos con los recursos procedentes de la financiación a través de las concesiones explotadas en régimen de peaje; es decir, por sí mismo el Estado nunca hubiera podido afrontar los sucesivos planes de modernización de la red viaria. Renunciar al valor añadido de la iniciativa privada hubiera supuesto también el abandono del crecimiento y dotación de nuevas y mejores infraestructuras en Cataluña y en el resto de España, lo cual es absolutamente contrario al interés general antes, ahora y después. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Señora presidenta, voy a intervenir desde el escaño, ya que voy a ser breve. La moción, como ustedes saben, aborda tres cuestiones: la de no prorrogar la concesión, la de no aumentar los precios durante el tiempo de vigencia y la de no construir nuevas vías de peaje en el ámbito de Cataluña. Lo cierto es que a nosotros estas cuestiones no nos resultan del todo ajenas, pero sí un tanto diferentes, puesto que tenemos nuestra propia experiencia. Como saben sus señorías, la Comunidad Autónoma del País Vasco, y no solo ella, sino su territorio histórico, las diputaciones forales, es competente en materia de construcción y mantenimiento de carreteras, y tenemos nuestra propia red de peaje. También por ello precisamente hemos podido desarrollar unas políticas propias que nos han conducido a un modelo determinado basado en unos parámetros y condicionantes determinados. Euskadi es un territorio, ustedes lo saben, que no solo es montañoso, sino además muy dificultoso para construir, y eso implica unos costes de construcción... [[Rumores]]
Un segundo, señor Barandiaran. Señorías, son una falta de respeto absoluto al orador las conversaciones que están manteniendo a lo largo de toda la tarde, pero estos últimos minutos del Pleno resultan insoportables a quien está en el Pleno, así que les ruego que, si quieren hablar entre ustedes, abandonen el salón de plenos. Adelante, señor Barandiaran.
Muchas gracias, señora presidenta. Decía que en Euskadi y gracias a las competencias de que disponemos, tenemos nuestras políticas propias, y en materia de vías de alta ocupación también las ejercemos con unas características determinadas producto de las características físicas y geográficas del país, puesto que somos una zona de paso de tráfico internacional muy intenso, y por tanto con unos costes de mantenimiento específicos. Por eso tenemos una tarificación de uso en las carreteras que es también nuestra propia política. Eso nos hace dudar de la oportunidad de pronunciarnos sobre la conveniencia o no de determinados parámetros que no responden a nuestras propias políticas. Nuestro modelo es propio, no vamos a hacer ningún comentario sobre otros modelos que pueden ser de aplicación, pero sí vamos a aprovechar este pequeño paso por este asunto para hacer una nueva reivindicación. También a nosotros nos quedan pendientes determinadas concesiones que no han sido revertidas aún, en concreto de la AP-68 y un trozo de la AP-1 en el ámbito del País Vasco, que también reivindicaríamos al ministro si estuviera presente, pero lo haremos al Gobierno en su momento. Lo queremos hacer y lo mantenemos porque creemos que gestionándolo nosotros lo haremos mejor. Esperamos que eso ocurra en un tiempo próximo.
Muchas gracias. Pregunto a la señora Jordà i Roura si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Estábamos acabando de firmar. Pues sí, vamos a hacer una transaccional, aunque parezca mentira, con el Partido Popular, con Podemos y con el PDC.
Muchas gracias.
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre estatutos del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, vamos a abrir un turno de tres minutos para que los grupos fijen su posición y el dictamen se someterá a votación por asentimiento con el resto de las votaciones previstas para hoy. Se va a hacer la intervención desde los escaños. Ruego silencio, señorías. Es el último punto del orden del día. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, brevemente intervengo en nombre del Partit Demòcrata para anunciar nuestro voto afirmativo. Creo que algún día tendremos que votar también los convenios internacionales uno a uno. Queremos poner de manifiesto que este es un convenio firmado por parte del Gobierno español el 29 de junio del año 2015. Eso nos indica que hay una larga lista de convenios comprometidos por parte del Ejecutivo que aún no han pasado por el debate y la consideración de la Comisión de Asuntos Exteriores y del Pleno del Congreso y del Senado. Dentro de las competencias del Ejecutivo tiene la capacidad de firmar, pero también está dentro de las competencias del Parlamento la capacidad de conocer e incluso de enmendar los convenios internacionales. En segundo lugar, quiero destacar que este convenio internacional fue firmado en una decisión estratégica del Gobierno español que compartimos, aunque sea, si se me permite, desde un punto de vista descriptivo y no valorativo, excéntrica respecto a las líneas de actuación clásicas de la política exterior: la apuesta por un banco de desarrollo de infraestructuras en Asia. Esta es la ventana de oportunidades de futuro en un continente que está creciendo. Cuando se firmó, en el mes de junio del año pasado, se hizo en determinado contexto, después del resultado de las elecciones americanas y del anuncio del presidente electo de Estados Unidos de su deseo de romper el Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Asia. Ello aún proporciona mayores oportunidades para Europa y, entre ellas, también las posibilidades de la economía europea. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.
Gracias, señora presidenta. En la medida en que se ha ido desplazando el centro de gravedad económico del Océano Atlántico al Pacífico también ha ido aumentando su importancia el gran actor asiático, el gigante, la República Popular China que, como saben, lleva varios años despertando. En menor medida también Rusia, pero digamos que su ascenso no ha sido tan espectacular como el experimentado por la República Popular China. Llegados a este punto de la historia, señorías, resulta que nos encontramos ahora mismo en la zona de Asía-Pacífico con dos modelos de desarrollo en pugna: por un lado, el modelo norteamericano y, por otro lado, el modelo chino. Yo diría que el primero está en franca decadencia mientras que el segundo va tomando cada vez mayores y mejores posiciones. En el plano comercial, por un lado, Estados Unidos ha anunciado ya que renuncia al espacio APEC, así como a negociar el llamado tratado TPP. Pese a las declaraciones que hizo Obama en la reciente Cumbre de Lima, lo cierto es que el presidente Trump ya advirtió que iba a renunciar a estos espacios y con ello, seguramente, a pagar el canon de la pax americana en el Pacífico, al menos el canon comercial porque el canon militar quedará ahora como el único pilar de la hegemonía norteamericana. Respecto al plano financiero, también hay dos modelos en pugna. Por un lado, aquel modelo nacido de Bretton Woods, el que de alguna forma se trasladó a Asia con el Banco Asiático de Desarrollo, un banco que han venido controlando hasta la fecha Estados Unidos y Japón, versus los modelos que han venido naciendo en el tercer mundo y para los cuales China es un claro referente. Ha ocurrido, señorías, que en este nuevo papel protagónico que va tomando China cuando anunció la creación de este banco, el Gobierno norteamericano pidió a sus socios que no se incorporaran a esta iniciativa. Digamos que flaca fuerza o flaca capacidad de convicción tuvieron los norteamericanos puesto que sus socios más importantes, tanto en Europa como en la región, anunciaron prestos su adhesión al programa que presentaba la República Popular China. Llegados ya al punto donde toca hablar de España, basta decir que la ausencia tradicional de nuestro país en la región ha sido flagrante. Bien es verdad que no es nuestra zona natural de desenvolvimiento, pero la verdad es que España ha tenido un papel cuando menos cercano a cero en estas últimas décadas. Es cierto que alguien en el Gobierno ha tenido la intuición de que debemos incorporarnos a esta iniciativa puesto que otros socios europeos lo estaban haciendo. Seguramente los intereses de las empresas constructoras de España han tenido también un peso muy importante en esta decisión. Nosotros, como grupo parlamentario, señorías, vamos a votar a favor; creemos que este nuevo modelo que se está imponiendo puede ser también fructífero y está por ver su evolución. Pero queremos advertir sobre la necesidad de acompañar esta medida con otras dos medidas; dos medidas que tienen que ver con el reforzamiento del campo multilateral. En primer lugar, los compromisos...
Tiene que terminar, señoría.
Sí, diez segundos, presidenta. En primer lugar, lo que tiene que ver con los compromisos en materia medioambiental y el Acuerdo de París, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos - a los derechos humanos -, que tienen que ser universales y para los cuales nuestro grupo ha venido promoviendo el instrumento vinculante de trasnacionales y derechos humanos. Muchas gracias, señorías. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Gracias, presidenta. Como decía el compañero Xuclà, se trata del primero de una larga serie de tratados y convenios que vendrán por el hecho de que habiendo estado el Gobierno en funciones, no han podido tramitarse parlamentariamente. Se trata de una nueva entidad financiera internacional de desarrollo, en este caso, como se ha señalado, no occidental, que no tiene su origen en los acuerdos de Bretton Woods como otras que operan en Asia, sino que es una iniciativa china. Como decía el colega Guijarro, una iniciativa que suscitó algunas adhesiones inmediatas en la zona y algunas reticencias por parte de Estados Unidos, que se han visto superadas por una presencia masiva de los países miembros de la Unión Europea e incluso de países de la órbita americana como Australia o Corea. Yo evitaría hacer una interpretación simplista de que por el hecho de que sea una iniciativa china y haya reticencias americanas de repente se convierte en una enorme prueba de progreso para la humanidad. Alguna interpretación de este tipo hemos visto recientemente en esta Cámara con lo analizado sobre el acuerdo con Canadá. En cualquier caso, apoyamos la iniciativa y apoyamos la participación española porque un desarrollo armónico de toda la economía mundial, y especialmente el desarrollo de las zonas con menos actividad económica, ayudarán a una economía más activa y, también, competitiva - la economía asiática - no por el dumping social, no por el dumping ambiental, sino realmente por el efecto multiplicador que puedan tener las infraestructuras que se financien por este banco. Por tanto, apoyamos la iniciativa porque creemos que puede conducir a un equilibrio mundial más equilibrado y más justo. Pero le pedimos al Gobierno que sea especialmente vigilante con las cláusulas sociales y ambientales de los proyectos que se financien con cargo a los fondos de este banco, porque nos tememos que esa presencia masiva de China no garantiza inicialmente una excesiva sensibilidad ambiental. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bernabé Pérez. [[Rumores]] Silencio, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La nueva línea marcada en la política exterior fija claramente que a partir de ahora deben regir criterios de colaboración y nunca de confrontación. A partir de este razonamiento son tres las razones que llevan al Grupo Parlamentario Popular a defender el voto a favor de la ratificación de este tratado. En primer lugar, porque un país de la importancia de España siempre debe estar representado adecuadamente en las instituciones financieras multilaterales de relevancia y es indudable que esta institución, dotada con un capital fundacional de 100.000 millones de dólares estadounidenses y que promueve la conectividad e infraestructuras entre Europa y Asia recuperando el concepto de la ruta de la seda y los intercambios de mercancías entre Oriente y Occidente, exige que España esté presente en este organismo. En segundo lugar, porque son varias y muy importantes las empresas españolas de obras públicas que ya están implantadas y trabajando con éxito en Asia y en Oceanía. Estando presentes en el Banco Asiático de Inversión es indudable que tendremos más capacidad de acción para respaldar su trabajo, que podrán optar con mayores garantías a ganar concursos y licitaciones públicas y, asimismo, podremos darles mejores condiciones de financiación para el desarrollo cotidiano de su actividad. Finalmente, por el hecho fundamental de que ser miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras supone formar parte del órgano de Gobierno de esta institución - en concreto, de su junta de gobernadores -, así como de disponer de una serie de votos adicionales a los que inicialmente nos corresponderían. Huelga comentar que de no ratificar el tratado, señorías, España se vería fuera y en el caso de pretender en un futuro formar parte de esta institución, no tendría más remedio que ponerse en lista de espera, no tendría ningún derecho a suscribir ningún tipo de capital social mínimo como sí lo tiene en la actualidad y, desde luego, carecería de los derechos políticos que hemos mencionado. Por todo ello, defendemos la suscripción de este tratado en apoyo a lo que ya hizo nuestro Gobierno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor Maura, adelante.
Gracias, presidenta. Vamos a aprobar, por lo que han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la participación de nuestro país, España, en el Banco Asiático de Inversión. La aprobación de estos estatutos debería suponer el primer paso para facilitar el crecimiento de la economía, para atraer más inversión en la región y para ayudar a hacer el sistema de gobierno económico global más justo, más equitativo y más eficaz. España no se puede quedar atrás. Los intereses para nuestro país, como país inversionista en esta entidad, podrían encontrarse entre los siguientes. Desde luego, la de atraer más negocio para las empresas españolas en la región, aprovechando el liderazgo de nuestras empresas en el ámbito de las infraestructuras y satisfaciendo a su vez la necesidad de infraestructuras de que adolece el continente asiático actualmente. Pero no quiero dejar de instar a España en esta intervención a que, como miembro participante de esta institución, sea vigilante ante eventuales casos de corruptelas en los proyectos, en la transparencia de los mismos y su vinculación con la exigencia de respeto a los derechos humanos, entre los que deberíamos incluir también la vigilancia de las condiciones laborales de las personas afectadas, sin olvidar en absoluto, en cuanto al repertorio de las cautelas, el relativo a los estándares medioambientales, en los que el primer actor de este banco, que es, recordémoslo China, tanto tiene que mejorar desde ahora. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Señorías, ocupen sus asientos porque va a comenzar la votación. Votamos, en primer lugar, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 234 más 2 votos telemáticos, 236; en contra, 97; abstenciones, 8.
Queda aprobada.
Procedemos a continuación a votar la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 2 votos telemáticos, 343; a favor, 340 más 2 votos telemáticos, 342; abstenciones, 1.
Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la aprobación de la Cámara de la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 340 más 2 votos telemáticos, 342.
Queda aprobado.
Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer término, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al cambio climático. La vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 318; abstenciones, 22.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y A LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. [[Número de expediente 162/000001]]
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la derogación de la reforma laboral y a la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Grupo Vasco, PNV. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 168; en contra, 131; abstenciones, 42.
Queda aprobada. [[Aplausos]]
Pasamos, a continuación, a votar la moción consecuencia de interpelación. Votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el futuro de las autopistas de peaje. Lo votaremos en los términos de la enmienda transaccional. [[El señor Girauta Vidal pide la palabra]] Sí, señor Girauta.
No tenemos claro si ha sido aceptada nuestra enmienda o no para condenar la socialización de las pérdidas de las radiales.
Los servicios de la Cámara, como sabe, han recibido la enmienda transaccional y en esos términos se votará. Muchas gracias. [[Rumores.-Pausa]] Señorías, he pedido a los servicios de la Cámara el texto de la enmienda transaccional del expediente 173/000004 y en esos términos se va a comenzar la votación. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; en contra, 1.
Queda aprobada. [[Rumores.-Aplausos.-Risas]] Señorías, guarden silencio.
Vamos a votar, a continuación, el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores correspondiente a los estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. ¿Acuerda la Cámara la aprobación por asentimiento del dictamen? [[Asentimiento]] Queda aprobado. Se suspende la sesión. Eran las ocho y diez minutos de la noche.