Se abre la sesión. Como asunto previo, quiero decirles que esta Presidencia debe informar al Pleno de que se ha recibido un escrito, por mí mismo, del presidente de las Cortes de Aragón solicitando el aplazamiento del debate de la proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil. Por ello, se ha excluido este punto del orden del día.
Asimismo, y según lo acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno que la interpelación del Grupo Vasco, PNV, que figura en el orden del día como punto 27, sea debatida en primer lugar, pasando a debatirse en último lugar la interpelación urgente del Grupo Mixto [[señor Tardà]], que figura como punto 25 del orden del día. [[Asentamiento]] Quiero decirles que hoy la sesión durará bastante, porque veremos todo el orden del día establecido para el martes y no dejaremos nada para el miércoles. Por tanto, pueden suponer que, aunque hayamos excluido el punto I, durará bastante.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, por la que se regula el embargo o suspensión del comercio de armas con Estados invasores u ocupantes de territorios o Estados. Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, señor presidente. Señorías, desde diciembre del año 2014 contamos con un nuevo instrumento internacional para luchar contra la proliferación del comercio de armas, concretamente con el Tratado internacional sobre el comercio de armas, que nuestro país, España, ha ratificado. En España no hay ninguna duda de que en los últimos años ha mejorado la información sobre el comercio de armas, pero también hay que decir que la Comisión interministerial que evalúa y filtra las exportaciones españolas de armas a otros países está adscrita al Ministerio de Economía. En el caso de Suecia, y siguiendo otros ejemplos internacionales, una comisión de parecidas características cuenta en ese país con la opinión previa de una comisión parlamentaria plural antes de la toma de decisiones. No estaría mal que tuviésemos en España un mecanismo parecido para que el Congreso y el Senado evaluaran previamente los informes sobre exportación de armas a otros países. Hay que señalar que, por ejemplo, solo en el primer semestre del año 2014, España exportó armas a países en conflicto donde podrían estar violándose los derechos humanos y cometiéndose atrocidades, según señala el informe también conocido como Secretos que matan y que firman varias organizaciones no gubernamentales de prestigio: Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la pau. Uno de estos ejemplos sería la exportación de armas españolas a Arabia Saudí, y lo digo solo a título de muestra, porque podríamos hablar de otros países como Colombia, Israel, etcétera. Concretamente Arabia Saudí es el segundo importador de armas de España, al que ya solo en ese primer semestre exportamos armas por valor de 240 millones de euros. Hoy son una realidad los informes de distintas organizaciones internacionales que hablan de bajas civiles y evidencia de violaciones de derechos humanos en los bombardeos que Arabia Saudí está perpetrando sobre la población civil de Yemen frente a la coalición militar que lidera. Hay también informes que apuntan a que parte de las armas que Arabia Saudí recibe de España las está revendiendo o reentregando a la llamada oposición siria. Por tanto, hay armamento español que acaba participando en el conflicto sirio a través de un tercer país, que en este caso es Arabia Saudí, un país que - según los datos de 2014- es el mayor importador de material de defensa del mundo, y esto es algo que nos preocupa. España es también, según datos del año 2014, el séptimo productor mundial de armas y, de forma meteórica, en los últimos años ha ido creciendo la exportación de armas por parte de España: en 2003-2004 exportamos 400 millones de euros y en 2013 llegamos a la cifra de 4.000 millones de euros. Por tanto, en diez años hemos multiplicado por mil la capacidad exportadora de armamento por parte de nuestro país. Es una realidad que cerca de medio millón de personas mueren cada año en el mundo como fruto de la utilización de armas de fuego en guerras, en conflictos o asesinados por bandas criminales. No sabemos si nuestro ministro, don Pedro Morenés, es la persona que tiene todas las capacidades para discernir, escoger y decidir qué países deben ser objeto de exportación por parte de España. Evidentemente su pasado como consejero y directivo de varias empresas del sector armamentístico no debería influir, pero sin duda influye en su toma de decisiones. Esta norma que hoy presentamos aquí pretende reforzar el papel internacional de España y su compromiso por la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. La invasión y la ocupación de un territorio establecen una violencia sin par sobre sus habitantes originarios y hay que hacer frente a ello. La norma es un paso más en pos de la neutralidad porque si no se hace nada más podría suponer el apoyo de facto del statu quo generado por un Estado invasor y ocupante, que vendría a respaldar el derecho a la fuerza, en lugar del derecho internacional, que es lo que hoy nos tiene aquí en este debate. Quiero hacer tres afirmaciones: La primera es que uno de los posibles instrumentos de intervención utilizados en muchos momentos de la historia es el embargo de armamento a los sujetos que hayan provocado un conflicto; la segunda es que por conflicto internacional se puede entender toda clase de alteración violenta y coercitiva sobre la legalidad internacional, y la tercera es que los Estados pueden y deben ejercer, sobre la base de su soberanía, medidas políticas, económicas y militares y otras que muestren su apoyo al derecho internacional y afecten al Estado que haya cometido una violación grave en la convivencia y el derecho internacional. En algunos artículos hacemos propuestas muy concretas, por ejemplo el artículo 3 se refiere al embargo o suspensión del comercio de armas. Dice textualmente: Cuando se produzca una invasión de un territorio por parte de un Estado y haya una ocupación, el Gobierno suspenderá toda clase de comercio y transacción de armas con el Estado invasor y ocupante. Asimismo revisará individualmente, y en su caso suspenderá, cada una de las transacciones de bienes y servicios considerados de doble uso. Como antes decía, anualmente este Congreso, en Comisión, estudia y debate el informe anual de comercio de armas que nos presenta el Gobierno, pero no es suficiente, señoras y señores diputados. Cuando ese informe llega a manos de los diputados, la decisión del Gobierno ya está tomada, no es posible repensarla. Hoy evidentemente, ante un escenario internacional incierto, en el cual aparecen y surgen nuevos conflictos día tras día, sería necesaria la opinión de este Congreso, la opinión del Senado de forma previa a las decisiones del Gobierno y, por tanto, eso también es algo que de alguna forma estamos solicitando. Este es el proyecto de ley que hoy nos trae aquí. Pedimos el voto favorable para que España sea de forma reforzada un actor en el escenario internacional, buscando siempre la paz a los conflictos, el diálogo y las salidas negociadas, de modo que realmente no tengamos que llorar los muertos que se provocan en demasiadas guerras. Hoy, señoras y señores diputados, es mi última intervención en esta Cámara. Como algunos de ustedes saben, he sido elegido diputado en el Parlamento de Cataluña y en los próximos días me voy a incorporar a esa Cámara. Quiero decirles a todos los que están aquí y a los que nos escuchan que ha sido un placer y un honor trabajar con ustedes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Nuet. En su despedida le deseo lo mejor. Ha sido un gran parlamentario y lo seguirá siendo en el Parlament de Catalunya. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Mixto el señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, a lo largo de estos últimos años hemos criticado la inmoralidad de los distintos Gobiernos que han apostado por la industria del armamento; de hecho, es quizás el sector más subvencionado por parte de los distintos Gobiernos españoles. Año tras año comprobamos, a través del informe que presenta el mismo Gobierno, cómo se venden armas a países que violan de forma sistemática los derechos humanos o a regiones donde la paz pende de un hilo, armas españolas para reprimir primaveras árabes o para cometer crímenes de guerra en Palestina. La Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y los derechos humanos quedan supeditados, pues, a los intereses económicos de la industria militar española. Permitan que centre el debate en el Estado de Marruecos, potencia ocupante de la República Árabe Saharaui Democrática, teniendo en cuenta además que tiene todo el sentido decir esto en el Parlamento español atendiendo a las responsabilidades históricas del Estado español en toda la problemática generada en la descolonización; de hecho, la violación de los derechos humanos por parte de la potencia ocupante es constante y evidente. Voy a ponerles dos ejemplos. [[Muestra una fotografía de Hassanna Aalia]] Primer ejemplo, Hassanna Aalia es un activista saharaui que ha sido detenido en el Estado español y que no debería ser extraditado. Repito, no debería ser extraditado, aun cuando el Gobierno español ya en su momento denegó su asilo, razón por la cual ahora ha sido detenido y pende del Estado español la responsabilidad de no extraditarlo porque, si lo extraditan, esta persona será torturada y sus derechos civiles serán vulnerados. Pero bien, no es solamente este caso. Les voy a hablar de otro caso, les voy a hablar de Alí Aarrass. Es un ciudadano nacido en Melilla [[Muestra una fotografía de Alí Aarrass]] que fue detenido a instancias de la Audiencia Nacional y del magistrado Baltasar Garzón pero que en su momento no fue juzgado, y no solamente no fue juzgado, sino que además su caso fue archivado. Repito, su caso fue archivado. Al cabo de un tiempo, dos años, el Gobierno marroquí instó al Gobierno español a que lo extraditara y el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero lo extraditó, aun cuando Amnistía Internacional ya avisó en aquellos momentos de que era una gran irresponsabilidad puesto que sería torturado. Pues bien, Amnistía Internacional y el mismo relator para la tortura de Naciones Unidas ya han denunciado que esta persona ha sido sistemáticamente torturada. Es más, ahora está en huelga de hambre, una nueva huelga de hambre que ya dura cuarenta y seis días. Yo creo que, al hilo de la iniciativa parlamentaria que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural, tiene todo el sentido que hoy también expandamos este debate sobre las consecuencias que conlleva la venta de armas a Estados que vulneran los derechos humanos o bien que utilizan estas armas para consolidar o blindar situaciones de poder. El Estado español debe comprometerse con los derechos humanos a nivel internacional y no ser cómplice de violaciones, bien sean a nivel personal - los casos de Hassanna Aalia y Alí Aarrass son muy pertinentes hoy aquí - o bien vendiendo armas, repito, a Estados que sostienen ocupaciones territoriales o reprimen pueblos. Así pues, ya les anunciamos que, aun cuando la legislatura ya periclita, vamos a pedir la comparecencia de los ministros de Justicia y del Interior a fin y efecto de poder debatir aquí y de manera urgente los casos de los ciudadanos Hassanna Aalia y Alí Aarrass. Creo que no podemos cerrar los ojos, no podemos mantener esta hipocresía tan evidente ante situaciones que deberían escandalizarnos y no pasarlas tangencialmente como si no vinieran a cuento. Así pues, repito, solidaridad con Alí Aarrass y con Hassanna Aalia. Les recuerdo que hoy en muchas ciudades del Estado español hay concentraciones de apoyo a este activista saharaui, así como de denuncia de la situación de Alí Aarrass. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Tiene ahora la palabra el señor Serrano, del Grupo Mixto.
No hace falta ser antimilitarista para apoyar esta proposición de La Izquierda Plural. Basta con ser consciente de lo que suele ocurrir en países que firman en principio acuerdos internacionales en este sentido pero que luego no los incardinan en su propia legislación interna. Todos sabemos que en cualquier país de escala menor en el concierto internacional su industria armamentística no tiene suficiente mercado interno y que si mantiene tal industria es con vistas a la exportación. Su justificación ya se sabe, más aún en épocas de crisis y de paro elevado: la creación y el sostenimiento de puestos de trabajo. Pero no hace falta llegar a plantearse desde ya la necesidad de un mundo totalmente desmilitarizado para entender y explicar la necesidad de un sistema económico de pleno y digno empleo, de un sistema económico donde el empleo no se base en la fabricación de artilugios de matar más y más seguro, de un sistema económico cuyas necesidades de equilibrio entre demografía y recursos globales no se basen en el histórico y multisecular recurso a las guerras ni a las hambrunas, pestes y enfermedades que a menudo son sus secuelas. Justificación económica, por otra parte, que resulta más flagrante en su perfidia cuando hay Gobiernos que no tienen reparo en incluir entre sus ministros a personas con intereses en la industria de armas. Hay y debe haber otras áreas en que crear empleo, un empleo basado en la paz. Con esta filosofía propuso Geroa Bay una enmienda parcial a los presupuestos planteando la transferencia de la partida destinada a I+D+i militar a la pequeña y mediana empresa, que estas sí son las que sostienen el peso del empleo, para que ese empleo sea más productivo y más cualificado. Por supuesto, nos la rechazaron dominados por la mentalidad del si vis pacem para bellum, conocido aforismo de un imperio, el romano, que basó su paz en el militarismo, la invasión de territorios y la apropiación por la fuerza de sus suelos y de sus fuentes de riqueza. Cualquier país, europeo o no, puede intentar vender semejantes justificaciones en torno al empleo entre su ciudadanía, pero no es una justificación válida en sociedades maduras y pacíficas. No desde luego en Navarra, donde la filosofía del si vis pacem para bellum nos hace sufrir la presencia activa de un polígono de tiro y campo de maniobras con fuego real como el de las Bardenas, en cuyos alrededores se han producido ya accidentes graves que por casualidad no han llegado a convertirse en tragedia pero que en cualquier momento pudieran serlo, y donde dentro de pocos días se van a practicar maniobras militares de gran intensidad precisamente para ensayos, entre otras cosas, de invasión de territorios por parte de la OTAN, allá donde esta considere de su interés intervenir, y no siempre, como bien sabemos, por intereses de la paz. Desmantelen de una vez el polígono de tiro de las Bardenas. Cualquier país, europeo o no, puede intentar vender justificaciones económicas, tanto más si no tiene reparos en colocar como ministros de defensa a industriales de las armas. De ahí la necesidad de una ley como esta, y más en este Estado español, que garantice por lo menos que los acuerdos internacionales firmados se integren en la legislación interna, que ningún Gobierno pueda vender ni facilitar armas a quienes invadan u ocupen territorios ajenas a su soberanía, ni siquiera en el caso de que el Gobierno tenga como ministros de defensa a fabricantes de armas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Serrano. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] tiene la palabra el señor Esteban.
Muchas gracias, señor presidente. Como veo que aquí cada uno está hablando de su propio libro, sacando temas que poco tienen que ver con lo que dice la proposición de ley que se nos presenta, voy a intentar centrarme en su contenido y en su sentido o no y si es posible. Vayan por delante algunas cosas para dejarlas claras, porque el señor Nuet, que es quien ha presentado la propuesta, ha centrado sus críticas y parece en gran parte iba dirigida, por ejemplo, a Arabia Saudí. Quiero dejar claro cuál es la posición de nuestro grupo respecto al caso de Ali Alnimr, al de Raif Badawi y a otras acciones que haya podido tener y que está teniendo y a la propia esencia del Estado saudí. Nosotros hemos presentado al Gobierno proposiciones no de ley y preguntas en este sentido, y hacemos un llamamiento a todos los grupos de esta Cámara para que, en la medida que podamos, presionemos al Gobierno de Arabia Saudí para que no se cometan las barbaridades de los castigos, en un caso ejecución directa con Ali Alnimr, una persona que fue detenida con apenas diecisiete años simplemente por participar manifestaciones y por defender el derecho a la democracia a través de Internet, y por lo mismo en este último caso de Raif Badawi, por defender una reflexión sobre el valor de la democracia, la condena a latigazos, pena pecuniaria, etcétera. En eso deberíamos empujar todos. Dicho esto, vamos a la proposición de ley, a su contenido. Yo creo que está teñida de buena voluntad de arriba abajo, eso no lo dudo, señor Nuet, pero sí me llaman la atención algunas cosas. Usted lo ha presentado diciendo que cuando ocurran violaciones graves del derecho internacional aquí estará esta proposición de ley, que va a hacer que España tome una postura defensora de la legalidad internacional y de los derechos humanos. A mí lo que me parece impresionante de la proposición de ley es la defensa que hace de la integridad estatal, en principio. En segundo lugar, ¿de qué habla? Es muy cortita, artículo 3: 'Cuando se produzca una invasión de un territorio por parte de un Estado y haya una ocupación, el Gobierno suspenderá toda clase de comercio y transacción de armas con el Estado invasor y ocupante'. Es decir, invasión del territorio y que haya una ocupación. De hecho, está en el título de la proposición de ley: invasores u ocupantes de territorios o Estados. No estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de un caso concreto. No solo eso, sino que la redacción es tan confusa como que en el artículo 2 dice: 'A los efectos de esta ley, se entiende por ocupación el ejercicio por medio de la fuerza de la permanencia en un territorio diferente al propio por parte de un Estado'. Y añade: 'Lo dispuesto en el párrafo anterior incluye el desplazamiento de población tanto originaria como de población del Estado invasor al del territorio invadido'. Qué quiere decir, ¿que para que se ponga en práctica la proposición de ley hace falta además que haya un desplazamiento de población, o que se produce un desplazamiento de población y ni siquiera se ha invadido el Estado? ¿Esto cómo es? Vamos a los casos concretos, porque desgraciadamente - y ojalá pudiera hacerse, señor Nuet - es imposible que esto funcione como un cuadro matemático: cuando se produce este movimiento, esto y esto, lo que hay que hacer es esto otro, porque la casuística es múltiple, muy variada y con muchos matices, y me temo que buscar una fórmula jurídica precisa para la toma de decisiones es prácticamente imposible. ¿Entonces qué hacemos, señor Nuet? Usted es muy filorruso, me lo confesará, porque quizás antes era más filosoviético, pero también ha seguido siendo filorruso en esta Cámara en todas sus intervenciones. ¿Qué hacemos entonces? Como se ha invadido Crimea o se ha invadido el este de Ucrania - y hay datos de que también hay tropas rusas -, hay que paralizar el comercio de armas con Rusia. Sin embargo, con Estados Unidos no. Pero, fíjese, Estados Unidos aparentemente no ha invadido pero está bombardeando territorios de otros países; está bombardeando pero no está ocupando. ¿Usted cree que no debería juzgarse? Lo digo porque lo ha presentado como: cuando se violen los derechos humanos, etcétera. No, usted habla aquí de cuando se invada un territorio y cuando se produzcan en ese caso desplazamientos de población. No sé si hace falta el desplazamiento de población o no, no está nada claro tal y como lo han redactado ustedes. Si no hiciera falta, con el caso de Crimea ya tendrían un ejemplo muy claro, y si hiciera falta desplazamiento de la población, se ha producido en el caso del este de Ucrania, no hace falta irnos a ejemplos del Medio Oriente. Ya sé que usted igual estaría pensando en algunos casos. Sin embargo, fíjese, por bombardeos - que últimamente parece la opción militar de muchos países - en un país tercero pero sin ocupar físicamente el terreno esto sería inaplicable, tal y como ustedes lo han presentado. ¿Qué ocurre si la ocupación por fuerza está avalada por Naciones Unidas para proteger a la población? Porque Naciones Unidas no aparece por ninguna parte en su proposición. ¿Qué ocurre si hay una invasión por la fuerza para proteger a la población? Y aunque no se dé ese caso, le voy a poner un ejemplo de hace unos cuantos años que usted tiene que conocer perfectamente, el caso de los jemeres rojos. Ya sabemos que luego había mucha geopolítica y tensiones antes, primero una cierta amistad con Vietnam y luego una enemistad, pero al hecho de que Vietnam invada Camboya y acabe con el genocidio que estaban haciendo sobre su población los jemeres rojos, ¿también a eso sería aplicable? Pues quizás haría falta un examen más detallado de qué es lo que estaba sucediendo. Tiene más sentido reflexionar sobre cada caso, tener muy claro que nuestra norma y nuestro norte tienen que ser los derechos humanos y la protección de vidas y, a partir de ahí, tomar la decisión en un caso o en otro. Insisto, la casuística es enorme. ¿Qué hacemos con Estados que reprimen a su propia población? ¿Hay invasión del territorio? No. Esto tampoco serviría para parar la venta de armas, tal y como ustedes lo han presentado. Además, ¿quién mide que hay una represión? ¿Quién mide qué es legítima una cosa u otra? ¿Qué pasa si hay una revolución? ¿Cómo tendríamos que actuar? ¿Por ejemplo, como actuaron los aliados bloqueando el suministro de armas a la República y así, con la no intervención, ayudando indirectamente a los franquistas, aunque teóricamente estaban a favor de la legalidad? ¿Habría que hacer eso? Señor Nuet, es que la casuística es tan complicada y tan diferente y tan llena de matices que me temo que, por mucho que haya buena voluntad - que no se la niego - en la presentación de esta iniciativa es imposible regular con una fórmula jurídica matemática algo como esto. Evidentemente, mi grupo no se va a oponer a la toma en consideración pero, tal y como está presentada y redactada, no le vemos ninguna utilidad para el fin que se quiere obtener, que es la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, debe ser por mi bisoñez por lo que venía a este debate pensando que íbamos a tratar del embargo o suspensión del comercio de armas con Estados invasores u ocupantes de territorios o de Estados. Como ya ha apuntado alguno de mis colegas con anterioridad, aquí cada uno viene a hablar de lo suyo. Se habla de derechos humanos y de muchas cosas, pero aquí tenemos una proposición de ley y yo, en nombre de mi grupo, voy a tratar de hablar de ella señalando, en la línea de lo que ya ha apuntado el representante del PNV, las deficiencias jurídicas pero también poniendo en evidencia la falacia, cuando no falsedad, de algunos de los argumentos utilizados por el señor Nuet, representante de La Izquierda Plural. Lo diré de una manera sencilla, clara y directa: esta proposición de ley, si se convirtiese en ley, haría que nuestro país se cargase directamente el derecho de injerencia humanitaria y el deber de proteger, cuestiones hoy en día fundamentales en el derecho internacional para garantizar la paz y la seguridad. Después de muchas décadas de aprobarse la Carta de Naciones Unidas se aceptó que el derecho de no injerencia tenía limitaciones, una de ellas, la grave violación de derechos humanos, derecho de injerencia por razones humanitarias. Otra de ellas es precisamente uno de los temas que ustedes tratan en esta proposición de ley, exactamente en el artículo 2, párrafo segundo, el deber de proteger a la población civil de los supuestos de violaciones graves, de delitos contra la humanidad. Si uno coge la redacción del artículo 1, de lo que se entiende por invasión, a ustedes se les ha olvidado algo en esto de la invasión tal y como la definen, porque como no la relacionan con la legalidad internacional - por cierto, legalidad internacional que hemos convertido en legalidad interna -, al no poner algo así como: a los efectos de esta ley, se entiende por invasión la entrada de un territorio, etcétera, en condiciones ilegales o en contra de la legalidad internacional, al no añadir ese pequeño detalle y al generalizarlo a cualquier tipo de actuación en otro país - ya se les ha dicho -, se cargan nada más y nada menos que la Carta de Naciones Unidas, que regula específicamente las operaciones de intervención para garantizar la paz y seguridad, y añado: y posteriormente se ha incorporado el derecho de injerencia por razón humanitaria y el deber de proteger. Ustedes lo omiten. Vayamos al tema de la ocupación. Lo mismo. Se entiende por ocupación el ejercicio por medio de la fuerza de la permanencia en un territorio diferente al propio por parte de un Estado. Todas las operaciones de reconstrucción de la paz, de mantenimiento de la paz y de establecimiento de la paz se hacen, efectivamente, con consentimiento de las partes beligerantes. Pero hay un tipo de operaciones, que son las de imposición de la paz, que se hacen obviamente en contra de la voluntad de las partes. Estas operaciones de imposición de la paz en ocasiones son muy importantes porque gracias a ellas se detienen conflictos, se evitan genocidios. ¿O es que cree usted que se interviene con operaciones de imposición de la paz en aquellos regímenes dictatoriales genocidas a los que la comunidad internacional ha decidido sancionar con la aquiescencia de dichos regímenes? Es obvio que se hace en contra de su voluntad. Pero nada de eso recogen ustedes. El embargo o suspensión del comercio de armas no es lo mismo que la producción. El señor Nuet ha dicho que España es la séptima potencia productora de armas en el mundo, pero ha omitido decirnos en qué posición estamos respecto del comercio internacional de armas, y no estamos ni en la séptima ni en la octava ni en la décima. ¿Sabe usted quién es el primer cliente de la industria de defensa norteamericana? Es el Gobierno norteamericano, no es la exportación de armas, es el propio Gobierno norteamericano. Lo que trato de decir es que el embargo o suspensión del comercio de armas, como usted ha señalado en su exposición, ya está regulado en este país, pero de lo que se trata es de la aplicabilidad. ¿Sabe lo que ocurre con la aplicabilidad del embargo o comercio de armas en el mundo global? Que o se hace por decisión mayoritaria o unánime de la comunidad internacional o no es eficaz. ¿Quiere un ejemplo de lo primero, de que si se hace con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional es eficaz? Se trata del embargo de armas que se adoptó por la comunidad internacional contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, y funcionó. ¿Sabe lo que ocurre cuando se hace de forma unilateral? Que hay otros países que, al no sentirse afectados por esas decisiones legales nacionales, siguen exportando armas. Es lo que sigue alimentando en este momento la guerra en Siria, por citar uno de los ejemplos. En conclusión, en un mundo global, este tipo de iniciativas legales tienen que ser resultado no de proposiciones unilaterales voluntaristas - sin lugar a dudas, con muy buena fe, pero con muy mal resultado -, sino de grandes acuerdos de la comunidad internacional para que sean eficaces; lo demás, es un brindis al sol. Y concluyo diciendo: ¿saben ustedes quiénes son los mejores aliados de esas industrias de defensa perversas que se dedican a alimentar las guerras en los países del tercer mundo? Las propuestas voluntaristas sin ninguna eficacia real. Ese es el caso de esta proposición de ley, lo que evidentemente conduce a que nuestro grupo no pueda apoyarla. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, en primer lugar tiene la palabra la señora Castellanos.
Señor presidente, señorías, vaya por delante que desde Unió Democràtica de Catalunya siempre estaremos a favor de hablar y de dialogar; más aún cuando la finalidad de este diálogo sea el respeto de los derechos humanos. Dicho esto, puesto que los derechos humanos forman parte fundamental en la exposición de motivos de esta iniciativa, nos preguntamos, aun pudiendo estar de acuerdo con su contenido, si realmente es necesaria, o si lo es tal y como está formulada. Sobre todo porque nos encontramos en un terreno en el que ya existe un amplio corpus legislativo a nivel internacional y porque después de la entrada en vigor, en diciembre de 2014, del Tratado sobre el comercio de armas, entramos en una situación que supera a los órganos de control tanto regionales como nacionales. Gracias al Tratado de la ONU, los Estados no podrán transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o facilitar su comisión. El tratado fija además estrictos sistemas de control que quedan enmarcados dentro de la legislación internacional y regulan un comercio que durante décadas había carecido de control alguno. No cabe duda de que el comercio de armas ha provocado y provoca sufrimiento, millones de víctimas, y que durante años la regulación de este comercio internacional no bastaba para contener los conflictos y las violaciones de los derechos humanos. El problema, ante este carácter globalizado de los conflictos y la producción de armas, es que los organismos de control realmente resultan insuficientes. Aquí radica principalmente la importancia del Tratado de Naciones Unidas, puesto que aplicado de forma eficaz puede contribuir sin duda a transformar la manera de funcionar del comercio de armas. De ahí nuestro escepticismo ante esta proposición de ley, redactada antes de la aprobación del Tratado sobre comercio de armas y que se centra en un aspecto muy concreto cual es el del embargo o suspensión por los Estados invasores u ocupantes. Su exposición de motivos se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados firmados por España en este sentido, su obligación lógica de cumplirlos. Sin embargo no nos parece que esta ley que nos propone el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sea necesaria para reforzar el compromiso de España para la defensa de los derechos humanos puesto que el Tratado de la ONU, ratificado por España el 2 de abril de 2014, ya hace referencia a ellos en sus artículos 6 y 7. Es más, la propia Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior en materia de defensa y de doble uso, que el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió votó favorablemente, ya prevé en su artículo 8 la denegación de las solicitudes de autorización, suspensión y revocación de las autorizaciones de comercio de armas cuando existan indicios racionales de que en materia de defensa los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional. En todo caso, quizá haya llegado el momento de revisar la legislación de que disponemos, adecuarla al Tratado de la ONU y a la nueva situación mundial, antes que añadir una nueva ley que no creemos que sea necesaria en los términos presentados. Desde Unió Democràtica de Catalunya estamos dispuestos a sentarnos y a dialogar sobre la posible necesidad de revisar la legislación española en materia de comercio de armas. Estamos dispuestos a revisar la Ley 53/2007 para adecuarla al marco legal actual tras la aprobación del Tratado de la ONU, o la posición común 2008/944/PESC, del Consejo de Europa, de 8 de diciembre de 2008. Pero por lo que se refiere a la proposición de ley que ahora mismo estamos debatiendo, las diputadas y los diputados de Unió optaremos por la abstención. Gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Castellano. Señor Xuclà.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Nuet, usted en su exposición nos ha hablado básicamente de la parlamentarización del debate sobre el comercio de armas, no exactamente de los tres artículos que componen esta proposición de ley. Como también han hecho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, voy a intentar ceñirme a la propuesta que vamos a votar, no sin antes decirle que la parlamentarización del debate sobre el comercio de armas ha mejorado mucho en estos últimos años. Ya me gustaría que en otros ámbitos tuviéramos el control que tenemos en los dos debates anuales en la Comisión de Defensa, iniciativas que empezaron con distintas proposiciones no de ley que presentó nuestro colega Carles Campuzano en la legislatura 1996-2000, a partir de propuestas de la cátedra Unesco per la pau, de la Universidad de Barcelona, de los señores Vicenç Fisas y Raül Romeva, y que ahora son una realidad. Usted nos ha propuesto el modelo de Suecia; el modelo de Estados Unidos sobre el control de venta de armamento también es un modelo más exigente. Si algo tendríamos que mejorar en los debates anuales es que el Gobierno nos informa de las derogaciones pero no hay transparencia sobre la motivación de las mismas a algunos países en los que evidentemente hay violación de los derechos humanos. Lo que usted nos plantea es algo absolutamente distinto, es la prohibición de la venta de armas a los países que patrocinan o impulsan una ocupación. Esto, como muy bien se ha dicho, invita a la reflexión y a la casuística, primero, porque después de la desgraciada experiencia de las guerras de los Balcanes en los años noventa se desarrolló en derecho internacional un concepto, el derecho de injerencia, que cristalizó el año 2005 en derecho internacional a partir de las resoluciones de Naciones Unidas que dan cobertura a la obligación de proteger, y en la obligación de proteger, a veces también bajo mandato de Naciones Unidas y de la legalidad internacional, se han dado casos en los que las operaciones de mantenimiento o de imposición de la paz han requerido esta ocupación que a nosotros, en principio, nos parece la última de las posibilidades, porque la invasión de Irak nos dio una buena lección sobre los errores que más de diez años después aún estamos cosechando. También es cierto que en el redactado estricto, especialmente en el redactado de la definición de ocupación del artículo 2, ustedes o quien escribió esta propuesta quizá estaban pensando en Palestina, aunque el señor Tardà ha pensado que hablaban de Marruecos y del Sáhara. Por cierto, el próximo 20 de noviembre se van a cumplir cuarenta años, además de la muerte del dictador, de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del estatus de potencia colonial de retirada en el Sáhara, en un conflicto aún por resolver. En cualquier caso, señor Nuet, le tengo que reconocer el atrevimiento de la propuesta, porque seguramente hay un par de embajadas que está no inquietas, pero sí siguiendo con atención esta proposición de ley, una es la embajada de la Federación Rusa, porque esta proposición de ley debe concernir bastante a la política exterior rusa respecto a Crimea, a Donbass y respecto a los conflictos congelados, a Osetia del Sur, a Abjasia, a Transnistria, en Moldavia, o también indirectamente a Nagorno Karabaj a través de las bases rusas en Armenia. Estamos hablando de ocupaciones de territorios, y ya sé que los franceses dejaron de vender unos buques a Rusia a partir del conflicto de Crimea y que se los vendieron a otro país sudamericano, por lo que seguramente algún otro país debe seguir esta proposición de ley también con interés. Coincido con otros portavoces que dicen que la casuística nos llevaría a una legislación más precisa sobre el particular. Voy terminando, señor presidente. Señor Nuet, usted ha dicho que esta es su última intervención. Le quiero agradecer en nombre propio y del Grupo Parlamentario de Convergència, y creo que también de Unió, los años que hemos compartido. Quiero decirle que usted es un profesional, tanto cuando nos hemos puesto de acuerdo como cuando hemos discrepado. Muchas veces usted y yo no pensamos exactamente lo mismo, pero en lo personal le deseo lo mejor a usted y a su familia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Nuet, permítame que empiece casi por su final. Yo también me voy, también abandono esta Cámara después de varias legislaturas. Ha sido un honor y una satisfacción haber sido diputado por mi circunscripción durante todas estas legislaturas. Permítanme también que agradezca a los servicios de la Cámara, a todos sus funcionarios y trabajadores, el buen trabajo que han hecho y lo cómodo que me han hecho sentir cuando he tenido necesidad de ellos. Cuando leí esta proposición de ley albergué ciertas esperanzas y pensé que se trataba de una proposición con un calado indudable, porque para hablar de ese tema con todas las aristas, todos los aspectos y la casuística que tiene indudablemente hace falta ser un buen conocedor - no dudo que lo sea - y trabajar muy en serio sobre un aspecto que afecta no solamente a nuestro país sino a otros países y, dentro del nuestro, a muchos sectores, a mucha industria, a muchos trabajadores y a muchas personas que comparten con ustedes, como yo puedo compartir, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y evitar por todos los medios que el tráfico de armas sirva para ocasionar pérdidas de vidas y deterioro de convivencias. En su exposición se ha referido usted a un tema que trataremos casi seguro la próxima semana, cuando se convoque la próxima Comisión de Defensa, donde cada grupo ha hecho sus propuestas respecto a cómo tiene que ser el control de la venta de armas a terceros países por parte del Gobierno y de la industria española. Me gustaría que por una vez el Grupo Popular tuviera la intención de llegar a acuerdos y me imagino que en las propuestas que se hagan podremos definir en qué medida somos capaces de abrigar una plena transparencia en ese comercio y de tener una buena sintonía con la Jimddu, con la junta interministerial, que es la que lleva a cabo todas las autorizaciones. Pero eso hay que verlo en esa Comisión y me gustaría que llegáramos a un acuerdo porque creo que lo que usted ha planteado y en esos términos es interesante. Volviendo a la proposición de ley, coincido con lo que han dicho algunos de mis predecesores, por ejemplo, el señor Esteban, porque la casuística que han puesto encima de la mesa es cierta y esta proposición de ley no la resuelve. Pero aún me ha preocupado más otra cosa y es que en una disposición adicional segunda se dice que esto se aplique a todo lo que ha pasado desde que se constituyeron Naciones Unidas. ¿Usted sabe lo que significa revisar todo eso? Uno se queda un poco sorprendido, porque poner el contador a cero diciendo que todo lo que ha pasado en este planeta desde que se constituyeron Naciones Unidas va a ser revisado permítame que le diga que es un poco exagerado y una pretensión que creo que está fuera del alcance de todos nosotros. Con independencia de que hay otra cosa acerca de la que también es cierto que se ponen en duda. Hablamos de la retroactividad o irretroactividad de las leyes y una ley de estas características es una ley cuyos efectos retroactivos no van a ser aceptados en ningún sitio, y por eso esa disposición creo que es nula de pleno derecho y no creo que tenga ninguna virtualidad. Por ello, creo que esta proposición de ley viene muy bien para motivar este debate, para que los grupos vayamos fijando posiciones con respecto a lo que tiene que ser o cómo puede producirse el comercio de armas, pero no creo que los términos que constan en esta proposición de ley sean los más adecuados para hacer frente a esas necesidades y a esa voluntad que ustedes ponen de manifiesto. Nosotros nos vamos a abstener, porque entendemos que la buena voluntad que ustedes ponen o el buen fondo que ustedes tienen a la hora de plantearla no tienen nada que ver con el texto de los artículos que ustedes proponen, con la brevedad de estos artículos, con su concisión - que a veces dicen que es lo mejor, pero aquí hacen falta muchas más cosas que poner encima de la mesa para hacer frente a la casuística - y, desde luego, hay otra cosa de la que me imagino que usted será consciente: esto va a durar dos telediarios, porque usted se va y se irá al Parlamento de Cataluña, yo me iré a mi casa, pero muchos de estos señores querrán repetir y serán los que verán el año próximo o en la legislatura próxima que esto se pueda discutir, siempre y cuando algún grupo lo plantee, porque, con independencia de que el Partido Popular vaya a decir que no - me imagino -, como ha hecho en casi cien de las proposiciones de ley que se han planteado en esta legislatura, de las cuales me parece que se han aprobado seis, porque eran iniciativa suya o de otros grupos con los que estaban de acuerdo pero muy poco, es decir, seis, como comprenderá, en este tema su futuro creo que no es muy prometedor. Siento que se pueda producir así, pero creo que habrá que esperar a una nueva legislatura, en donde los diputados y diputadas que nos sucedan continúen con nuestra sensibilización sobre este problema y busquen las fórmulas más adecuadas contando con todos los aspectos que rodean todo el comercio de armas que existe en España y en otros países. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Morlán. Tengo que decir que he recibido con tristeza su comunicado de que abandona este Congreso. Han sido muchos años de trabajar juntos, cada uno en su grupo, y de colaborar en muchos temas. De verdad y de corazón, le deseo lo mejor. Muchas gracias, señor Morlán. [[Aplausos]] Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fabra.
Gracias, señor presidente. Señor Nuet, España cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso. La Ley Orgánica 3/1992 introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico los delitos e infracciones administrativas en materia de contrabando para el material de defensa y de doble uso, en los mismos términos en los que más tarde fue recogido en la Ley Orgánica 12/1995 y modificada por la Ley Orgánica 6/2011. En lo que se refiere a la legislación específica del control de comercio exterior de este tipo de material, a comienzos de 2008 entró en vigor la Ley 53/2007, desarrollada por el reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado el mismo año en el que entraba en vigor la citada ley. Dicho reglamento ha sido objeto de sucesivas modificaciones, la última de las cuales se produjo en agosto del año pasado con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 679/2014 para introducir los cambios necesarios en la regulación de este tipo de exportaciones, con el propósito de completar y desarrollar lo establecido en la normativa comunitaria, así como para adecuar nuestra normativa a la firma y ratificación por España del Tratado de comercio de armas aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Precisamente, el artículo 7.1 c) de dicho real decreto aplica lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado relativo a las transferencias prohibidas y a los parámetros utilizados en la evaluación de exportaciones. España aplicó lo dispuesto en estos artículos de manera provisional antes de la entrada en vigor del tratado, que no se produjo sino hasta que se depositó el quincuagésimo instrumento de ratificación y transcurridos los noventa días previstos en su artículo 22. Con ello, señorías, fuimos el primer país del mundo en recoger explícita y literalmente en su legislación nacional la regla de oro del tratado, que, como su señorías conocen, prohíbe autorizar transferencias de armas para cometer atrocidades. De acuerdo con la normativa vigente, todas las solicitudes de operaciones de transferencia de material de defensa y de doble uso son objeto de un minucioso análisis, caso por caso, previo informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso, la Jimddu. Precisamente, el objeto primordial de dicho análisis es impedir que se pueda producir exportación de material de defensa a destinos que no cumplan los ocho criterios de la posición común 2008/944, por la que se definen las normas comunes por las que se rige el control de las exportaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, así como los criterios del documento OSCE sobre las armas pequeñas y ligeras, entre otras importantes resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como es bien conocido, el sistema español de control asume plenamente los compromisos adquiridos por España en el seno de los principales foros internacionales de control y no proliferación, como son el Arreglo de Wassenaar, el Comité Zangger, el régimen de control de la tecnología de misiles, el Grupo de suministradores nucleares y también el Grupo Australia. La Jimddu, conformada, como bien sabe el señor Nuet, por representantes de los ministerios de Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Interior e Industria, se reúne periódicamente para informar, repito, con carácter preceptivo y vinculante, cada solicitud de transferencia cuya autorización corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio con arreglo a los ocho criterios de los que acabamos de hablar. De todo ello se informa con detalle a esta Cámara a través de la Comisión de Defensa - la última comparecencia, si no recuerdo mal, se produjo el pasado 10 de junio -, y quiero recordar que por parte del Gobierno comparece el secretario de Estado de Comercio. Lo digo por las alusiones que algún portavoz de algún grupo parlamentario ha hecho al ministro de Defensa. Aprovecho para recordar que entre sus responsabilidades no se encuentra la autorización de la venta de material de defensa ni la negociación de tratados de este tipo. Dos semanas antes de esa comparecencia, se había remitido a esta Cámara el informe de estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondiente al año 2014, en el que se hace un análisis exhaustivo de las transferencias realizadas en este ejercicio, así como un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones presentadas por los grupos parlamentarios en octubre de 2013. Por cierto, aprovecho para recordar que era prácticamente total. Señor presidente, señorías, es bien sabido y reconocido por todos los grupos parlamentarios - se ha hecho hoy en esta Cámara -, también por las organizaciones no gubernamentales, a las que mi grupo también quiere agradecer el valioso y útil trabajo que vienen desarrollando en esta materia, que contamos con un marco jurídico y unas prácticas de transparencia e información que nos sitúan entre las más avanzados del mundo. España participa activamente en todos los foros internacionales y adopta con rigor y diligencia los compromisos adquiridos en los mismos y se mantiene en el consenso europeo respecto a los criterios de control de la exportación, sin que haya mantenido nunca una posición divergente respecto a la que mantiene el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Nuestro país, señorías, exige la autorización de la exportación y el registro de operadores de doble uso y nuestra legislación ya establece con total contundencia que deben ser denegadas - y cito textualmente - cuando existan indicios racionales de que los materiales pueden ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al debido respeto y a la dignidad inherente al ser humano con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Además, nuestra legislación vigente exige que para determinar la existencia de esos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes emitidos por organismos internacionales en los que participa España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizadores y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas, las más actualizadas descritas en la guía del usuario del código de buena conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Señorías, obviamente nuestra legislación vigente obliga a la denegación de solicitudes de exportación cuando se contravengan las limitaciones del derecho internacional. Nos encontramos entre los países que con más rapidez y detalle ofrecen de forma transparente información detallada sobre este tipo de transacciones, como es reconocido, insisto, por todos los grupos parlamentarios y también por las organizaciones no gubernamentales. España cuenta con órganos de control que con no poca frecuencia son los primeros en reaccionar, incluso preventivamente, como ha sucedido cuando se detecta algún tipo de conflictividad que haga desaconsejable la autorización de exportaciones de material de defensa y de doble uso español. Muestra de ello es que en algún caso incluso nos hemos llegado a adelantar a las decisiones de la Unión Europea en la adopción de estas medidas cautelares. Todo esto es algo que parece ignorar la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural, en cuya exposición de motivos y la relación de antecedentes sorprendentemente olvida nuestro marco legislativo y recurre a fray Bartolomé de las Casas. Señorías, sin duda De las Casas fue un precursor del derecho internacional moderno, un firme defensor de los derechos humanos, pero no hace falta irse tan lejos para confirmar que ya contamos con un marco legal que conforma un sistema de control de las transferencias en material de defensa y de doble uso avanzado y coherente con nuestros compromisos internacionales y con nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea. Señorías, la aplicación unilateral del sistema de sanción automática que recoge el artículo 3 de la proposición de ley, injustificada a la luz del derecho internacional, aparte de que podría ser interpretada por el Estado afectado como un acto hostil o de represalia, cabría entenderse, al no tener respaldo jurídico internacional, como una vulneración de tratados internacionales vigentes y dar lugar a las correspondientes consecuencias y responsabilidades, como también ha señalado el portavoz de UPyD en su intervención. En este sentido, señorías, la iniciativa que hoy debatimos en nada considera mi grupo que podría contribuir a mejorar nuestro sistema de control, que como digo es muy avanzado, como ha querido demostrar esta diputada lo largo de su intervención. Por ello mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición no de ley, no sin antes desearles mucha suerte a los diputados que, como yo, no concurrirán a las próximas elecciones y mucho acierto a los que se queden en estos escaños. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Fabra. Le agradezco sus últimas palabras. Estoy convencido de que, sea cual sea su destino, será un futuro brillante.
Pasamos al punto II del orden del día, proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Presentamos esta proposición no de ley instando al Gobierno al incremento del salario mínimo interprofesional y lo hacemos semanas antes de que el Gobierno deba tomar la decisión que va a marcar el salario mínimo para el año que viene. Por tanto, es una proposición no de ley con todo el sentido procesal, porque es bueno que discutamos de ello ahora, a inicios del mes de octubre y al final del periodo de sesiones. Seguramente cuando el Gobierno apruebe el salario mínimo para el año 2016 esta Cámara estará ya disuelta. Presentamos esta proposición no de ley convencidos de que el incremento del salario mínimo forma parte de una política de empleo para impulsar una recuperación justa, sostenida y sostenible. Hemos defendido ya desde hace un cierto tiempo en la Cámara que el periodo de la devaluación salarial, que fue imprescindible para hacer frente a la crisis, debe finalizar. De hecho, en la negociación colectiva, después del acuerdo de los interlocutores sociales, las partes interesadas - empresarios y trabajadores - ya se están moviendo en esa dirección de incremento de los salarios, de manera moderada, pero marcando el fin de esa devaluación salarial. Estamos convencidos además de que los costes de la crisis se distribuyeron mal, los costes de la crisis se cargaron a los trabajadores por la vía de la destrucción del empleo y por la vía de las congelaciones y las rebajas salariales, pero creemos que en un momento de recuperación de la economía tenemos que esforzarnos por distribuir mejor ese crecimiento. En esa lógica tiene sentido plantear el incremento del salario mínimo y además hacerlo en el horizonte que planteamos en esa iniciativa. Sabemos que España - y la OCDE nos lo viene recordando de manera reiterada - ha sido uno de los Estados de la Unión Europea donde más se han incrementado las desigualdades durante la crisis. Por tanto, tiene sentido que, cuando nos confrontamos al problema de la desigualdad, optemos por concentrar nuestro esfuerzo para reducirla por la vía del empleo y de los salarios, en un contexto en el que el peso de las rentas salariales sobre el conjunto de la renta del Estado español en los últimos años - y también antes de la crisis - iba perdiendo peso en favor del resto de las rentas. Es bueno recordar que el 57 % de los hogares viven en unidades familiares con ingresos inferiores a 1.100 euros. Esa es la realidad en la que se debe entender esta iniciativa, convencidos - en una cuestión que siempre es objeto de debate académico y político - de que aumentos moderados del salario mínimo no afectan al empleo, sino que pueden estimular las inversiones de las empresas en formación de sus trabajadores y en inversión tecnológica para mejorar la productividad de esas empresas. Es más, hay quienes defienden que incrementos de los salarios y del salario mínimo también pueden contribuir a frenar el proceso de emigración de los trabajadores más cualificados y a ser menos atractivos para trabajadores que aspiren a encontrar sueldos de menor nivel, teniendo en cuenta que el cambio de modelo productivo, que debe ser consustancial a la salida de la crisis, exige también poner el acento en las mejoras salariales, en la capacidad de competir ofreciendo bienes y servicios de calidad, y no compitiendo en salarios bajos. Bajo esta lógica también hemos de entender esta iniciativa, siendo conscientes de que el salario mínimo existente en España no resiste comparación con los salarios mínimos de los Estados de nuestro entorno. El porcentaje de riqueza del Estado español no justifica que el salario mínimo en España sea inferior casi en un cien por cien a los salarios mínimos de otros países. Hoy el salario mínimo está en los 648 euros al mes en catorce pagas, 757 euros en doce pagas. En los supuestos de hogares constituidos por dos personas, es una cuantía que está por debajo del umbral de la pobreza y lleva congelada prácticamente desde el año 2011. Es evidente que esta medida, la del aumento del salario mínimo interprofesional, en el conjunto de medidas para luchar contra las desigualdades y en el conjunto de medidas para trabajar para la mejora del sistema productivo, es una más. Esta no es ni mucho menos la medida mágica que pueda hacer frente a esos dos objetivos, pero en esa lógica nos parece que es una medida absolutamente imprescindible. La propuesta en concreto que les planteamos las diputadas y los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya es la de alcanzar en un periodo de cuatro años una cuantía del salario mínimo interprofesional equivalente al 60 % del salario medio. En las cifras de hoy eso implicaría un salario de alrededor unos 1.000 euros al mes. Insisto en lo que les decía hace unos instantes, que incrementos moderados del salario mínimo en un proceso paulatino del tiempo no son contrarios a la creación de empleo o al mantenimiento del mismo y que incrementos del salario mínimo pueden ser imprescindibles en la mejora de la productividad y en los esfuerzos de las empresas en las inversiones en formación de sus trabajadores y en inversión en tecnología. Además estamos convencidos de que los mandatos constitucionales del artículo 35, el derecho a una remuneración suficiente, hoy no se cumplen con ese salario mínimo tan bajo y vergonzante en nuestro entorno y que la demanda de una economía decente, en una sociedad que queremos decente, exige abrir el camino de la mejora del salario mínimo interprofesional. Esta es la posición de Convergència Democràtica y nos gustaría que en ella nos acompañase el conjunto de los grupos de la Cámara. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Campuzano. Se han presentado a esta proposición no de ley dos enmiendas. En primer lugar y para su defensa por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
Gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario contempla con buenos ojos que se haya presentado esta proposición no de ley para aumentar el salario mínimo interprofesional, y lo hace porque no hace mucho, poco antes del verano, nosotros presentábamos una enmienda para mejorar también una proposición no de ley que ya buscaba aumentar el salario mínimo interprofesional. Es decir, coincidimos en el fondo de la cuestión, en que, por razones que se han indicado aquí de carácter económico pero también de justicia social, hace falta corregir, aumentándolo, el salario mínimo interprofesional para compensar el coste injusto, desigualmente injusto en su aplicación, de la crisis económica, y porque además hay tres posibles causas económicas que se podrían argumentar para oponerse a esta solicitud de aumento del salario mínimo interprofesional que caen por su peso. Una de las causas económicas por las cuales aumentar el salario mínimo interprofesional se puede convertir en un arma perjudicial sería que generase inflación, porque todos sabemos que la inflación termina perjudicando la estabilidad de una economía. No es el caso de la economía española, donde sabemos que si tenemos un problema no es el de inflación, sino el de deflación, o sea, precios por debajo del incremento del cero por ciento. Por cierto, ese aumento del salario mínimo interprofesional no tendría una significación, en todo caso la tendría saludable, porque curiosamente las políticas que se están lanzando desde los Gobiernos de países como Francia o Alemania o desde otros de la Unión Europea o desde el Fondo Monetario Internacional sostienen como argumento que una ligera inflación controlada estimula la demanda del consumo y por consiguiente la producción. Por ahí no hay problema. Respecto del paro, ya se ha apuntado que una de las causas por las que el aumento del salario mínimo interprofesional podría ser perjudicial económicamente es que, al aumentar los costes laborales, eso retrajese la contratación. Como ya se ha apuntado, la experiencia demuestra que eso no es sí. Lo que no se ha dicho por mi colega Carles Campuzano es que la razón de que eso no es así es porque económicamente hay que evaluar si el aumento de costes laborales termina siendo asumido por el aumento de la demanda o del consumo que se genera porque hay más capacidad de compra, ya que cuando eso es así el empresario sigue contratando a pesar de que se hayan aumentado el salario mínimo interprofesional y los costes laborales. [[La señora]] La tercera causa sería pérdida de competitividad respecto de las exportaciones. Pues bien, a este respecto tengo que decir que más del 80 % de las exportaciones españolas van a nuestros socios europeos, y en los países de los principales socios europeos a los que van las exportaciones españolas, por ejemplo del sector de la automoción, etcétera, como Francia o Alemania, los salarios mínimos interprofesionales, como ya se ha señalado - cuando los tienen, porque Alemania no los tenía -, han aumentado mucho más que los nuestros durante todo el periodo de la crisis. Luego no hay razones económicas para no enfrentar un aumento del salario mínimo interprofesional que además cumpla una función de justicia social. La única pega que ponemos a la proposición no de ley del Grupo de Convergència i de Unió es que es imprecisa. Yo no sé si lo hace porque ya sabe que esto va a tener un pobre recorrido efectivo y es más una cuestión testimonial. Nosotros sí cuantificábamos. Exactamente, nuestra enmienda pedía un aumento del salario mínimo interprofesional del 5 %, porque creíamos que era asumible económicamente con los criterios que les he explicado. La proposición que se nos trae se queda alicorta, primero porque no cuantifica, dice esto genérico de que debe tenderse al 60 % de la media en cuatro años. Dentro de cuatro años nadie sabe dónde va a estar la economía española. Voy concluyendo, señora presidenta. En segundo lugar, pone una condicional de negociación. No. El salario mínimo interprofesional no se negocia, se establece por el Gobierno o por el Parlamento y se aplica. La negociación colectiva debe hacerse a partir del salario mínimo interprofesional para mejorarlo. No se puede dejar a la negociación de las partes porque los empresarios tratarían de bajar el salario mínimo interprofesional y los sindicatos de subirlo. Por último, señor Campuzano, en cuanto a su aplicación a cuatro años, ¿de verdad cree que esto tiene sentido a estas alturas con la que está cayendo? Aprovechemos la recuperación económica para aplicarla en 2016. Muchas gracias.
Gracias, señor Calduch. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestro grupo va a dar su apoyo a esta proposición no de ley de Convergència i de Unió para mejorar el salario mínimo, entre otras cosas porque venimos pleiteando por eso durante toda la legislatura, en algunas ocasiones en solitario o casi en solitario, entre otras razones, porque detrás de esa congelación del salario mínimo está la aparición de nuevas bolsas de pobreza, lo que se viene a denominar trabajadores pobres, es decir, gente que trabaja y que no alcanza los niveles de la pobreza, entre otras cosas, porque, en contra de lo que se dice, eso no va bien a la economía. A la economía española hace mucho tiempo que le pasa lo que les pasa a otros países, que cuando uno tiene algún tipo de producto, alguna cosa en exceso y fácilmente, se llame petróleo barato o se llamen trabajadores baratos, la economía se vuelve ociosa. Eso es lo que le ha pasado también a nuestra economía. Por lo tanto, nuestro acuerdo es en ese sentido, que además va literalmente al objetivo de conseguir el cumplimiento de la Carta Social Europea en el sentido de que la cuantía del salario mínimo debe ser el 60 % del salario medio. De todas maneras, déjenme que les diga que estoy francamente sorprendido con la proposición del Grupo de Convèrgencia i de Unió. En un momento determinado me ha parecido ver al señor Carles Campuzano con la imagen de san Pablo cayéndose del caballo camino de Damasco, porque que a estas alturas de la vida, al final de la legislatura, con lo que ha llegado a votar y defender el Grupo de Convergència i de Unió en esta Cámara, descubran el impacto negativo en términos sociales y económicos de la congelación del salario mínimo es lo más parecido a una conversión. No obstante, nunca es tarde si la dicha es buena, siempre y cuando sea sincera y, por lo tanto, siempre y cuando sea sincera esa conversión y el abandono de la teología de la depreciación salarial como factor competitivo, porque, no lo olvidemos, el salario mínimo y su congelación no es una cosa aislada, no es una seta suelta en medio del campo. Forma parte de una estrategia global durante esta legislatura, impulsada por el Gobierno del Partido Popular y apoyada entusiásticamente por el Grupo de Convergència i de Unió. Es la estrategia de buscar la depreciación salarial, y no como un factor coyuntural sino como un factor estructural. Ese ha sido uno de los pilares de las políticas de ajuste durísimo que ha tenido este Gobierno con el voto de Convergència i de Unió. No es que para abordar la crisis el conjunto de las rentas se tuvieran que acomodar y circunstancial y coyunturalmente los salarios debieran crecer menos que la inflación, que era una hipótesis. No. Eso estuvo al alcance de este país, por ejemplo, con el pacto de rentas que a principios del año 2012 firmaron organizaciones sindicales y empresariales, que fue menospreciado y machacado por el Gobierno del señor Rajoy, y, como alternativa, una reforma laboral que está detrás de ese proceso de degradación de los salarios. La degradación del salario mínimo interprofesional es solo una parte de la ofensiva contra los salarios. Tiene mucho que ver con una estrategia que consiste en aprovechar las crisis económicas para imponer disciplina a los trabajadores en forma de ajuste, no solo en sus salarios sino en sus condiciones de trabajo, y no para imponerlas coyunturalmente, sino para imponerlas estructuralmente. Lo que en estos momentos está deteriorando más el salario de los trabajadores no es solo la congelación del salario mínimo para las categorías más bajas, que sin duda está afectando de manera muy negativa. Es una reforma laboral que ha tenido como objetivo destruir la capacidad de los trabajadores para negociar libremente sus condiciones de trabajo, maniatándoles en ese derecho. Es un intento clarísimamente de situar a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales y a sus instrumentos de la negociación colectiva en peores condiciones de las que tenían antes de la reforma laboral. Cuatro torpedos lanzó la reforma laboral del Partido Popular y de Convergència i de Unió contra la negociación colectiva: la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, entre ellas el salario, a través del artículo 41, unilateralmente por parte de las empresas; la posibilidad de descolgarse unilateralmente de lo firmado por un convenio colectivo, sin tener que acudir a la negociación colectiva; la primacía del convenio de empresas sobre el convenio sectorial, como un elemento de externalización productiva, que facilita la externalización productiva hasta extremos exagerados y las estrategias de dumping social entre empresas; y por último la desaparición de la ultraactividad de los convenios y la caída de la vigencia, que ha provocado, entre otras cosas, un descenso del nivel de cobertura de la negociación colectiva a escasamente el 50 %. Esos son los cuatro torpedos y eso está detrás de la caída de los salarios, porque en definitiva se está produciendo un fenómeno en el que trabajador que pierde su empleo, cuando encuentra uno nuevo, lo hace en unas condiciones infinitamente peores, en algunos casos incluso con niveles del 30 % menos del salario que tenía. En ese sentido, verdaderamente se debería abordar una política contra esa congelación estructural de los salarios a favor de los trabajadores, de sus derechos y de su dignidad, y a favor de la economía de este país. La economía de este país no va a salir de la opción de sectores poco cualificados mientras continúe teniendo algo que es tan disponible para las empresas, mano de obra abundante, precarizada y barata, que es como el petróleo barato, que termina haciendo a la economía ociosa y, por tanto, no hay ningún interés en proceder a un cambio en el modelo productivo. Bienvenida sea esa caída del caballo que, por cierto, no lo es; no es una caída del caballo. El ejemplo que mejor define el comportamiento de hoy de Convergència i de Unió es algo que conocemos muy bien en Cataluña, es lo que llamamos la bajada del tren en la última estación. Es la típica cultura pujolina, pujoliana o pujolista, que consiste en que cuando el tren está a punto de estrellarse siempre hay alguien - Pujol o quienes han aprendido de él - que en la última estación se bajan y dejan que el tren se estrelle. Pues bien, esas dos cosas, que son las que define en este momento esta proposición no de ley, no impiden que, como compartimos ese objetivo, lo vayamos apoyar. Ahora bien, la apoyamos con una enmienda, que supone que la congelación del salario mínimo va acompañada de la congelación del Iprem, que afecta al acceso a rentas y subsidios asistenciales de un volumen muy importante de la población. Por tanto, hemos presentado esa enmienda. Por cierto, puestos a hacer cosas que están en manos de Convergència i de Unió - al menos de momento - no estaría de más, señor Campuzano, que le recomendara a sus socios del Gobierno catalán que también mejoraran y no congelaran - lo tienen congelado desde 2011-...
Señor Coscubiela, tiene usted que acabar.
... el indicador de rentas de suficiencia de Cataluña, no sea que dé usted consejos a los otros y no se los aplique a sí mismo. En todo caso, ya sé lo que tendré que proponer pronto en el Parlament de Catalunya, porque, como ustedes saben - no hace falta que lloren por mí, total solo he estado aquí cuatro años -, yo también me despido. Espero que se quede alguien para abrir las luces en la próxima legislatura. En todo caso, les continuaré siguiendo, no sin nostalgia, no sin melancolía, desde mi responsabilidad en el Parlament de Catalunya. Espero que no se haya hecho usted mucho daño al caer del caballo camino de Damasco. Bienvenido a su conversión teológica. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Coscubiela. Señor Coscubiela, efectivamente, ha estado usted cuatro años, pero cuatro años muy intensos. [[Risas]] Le deseo que tenga usted suerte en su futuro en el Parlamento catalán y que su sentido común se note también allí. Gracias, señor Coscubiela. [[Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa se santigua.-Risas.-Rumores]] Por favor... Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Urbina.
Señora presidenta, señorías, Amaiur ha fijado nuestra posición en relación con este tema en diversas ocasiones y ya hemos dicho que para nosotros resulta más apropiado, cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, hablar del salario mínimo digno y que este se ejerza como tal aproximándose al 60 % del salario medio al que hace referencia la Carta Social Europea. En parte la proposición no de ley que hoy se plantea se aproxima a esa dirección, por eso Amaiur votará a favor de la misma, a pesar de que no compartamos la exposición de motivos que se realiza en dicha PNL. A la gente hay que hablarle claro, y esta proposición no lo hace. En este sentido, ha sido muy interesante la intervención del diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ya que ha situado, entre otras cuestiones, por qué nos encontramos en este momento en la cuota de salario mínimo interprofesional en la que nos hallamos. No es casual que sea la mitad de la cuota que convendría para poder decir que existe un salario mínimo digno. Esto es consecuencia de las políticas del Gobierno - del Gobierno actual pero también de los pasados - que han priorizado otro tipo de intereses que no eran los de las personas. Se han aplicado políticas económicas y fiscales cuyo objetivo era priorizar los intereses de grandes élites económicas, de banqueros, de empresas de armamento; como decía, toda una élite económica lejos de los intereses de las personas. Se ha empoderado a estas élites económicas, a cuya sombra se ha legislado y se sigue legislando en la actualidad en el sentido al que ya he hecho referencia, en políticas económicas y fiscales. Estas son las verdaderas razones de por qué nos encontramos, como decía, con un salario mínimo interprofesional que es la mitad de lo que debería considerarse digno, que está muy lejos de los porcentajes que existen en la Unión Europea. Esto tiene mucho que ver también con la democracia, con el déficit democrático del Estado español. Gobernantes y élites políticas siguen intentando mantener el actual statu quo que es el que les permite salvaguardar estos intereses económicos y políticos. Ahí está la verdadera razón de este tipo de políticas y de que, a día de hoy, el salario mínimo interprofesional - entre otras cuestiones sociales - esté como esté; y todo esto, además, frente a los intereses de la ciudadanía, de las personas. Mientras no se cambie este estado de las cosas, seguirá habiendo las mismas prioridades, la realidad seguirá siendo la misma. Ahí está la ruptura que hay que hacer también en este ámbito. En Euskal Herria esto se traduce, en nuestra opinión, en soberanía para nuestro pueblo; soberanía en la que sean las personas las que estén empoderadas, y no las élites económicas, para poder decidir y adoptar todas aquellas medidas que las personas, pensando en sus intereses, consideren convenientes, entre otras cuestiones, para adoptar un salario mínimo digno como no puede ser de otra manera ya que, como planteaba anteriormente, el statu quo, el estado de las cosas, los gobernantes de un color o de otro siguen intentando responder a otro tipo de intereses que no son los de las personas. Mientras esto no cambie, todo seguirá igual. En todo caso, la propuesta de Convergència señala la dirección que defiende Amaiur de un salario mínimo digno para las personas. Muchas gracias.
Gracias, señor Urbina. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
Muchas gracias, señora presidenta. Estamos asistiendo a numerosos plenos en los que activos importantes del parlamentarismo histórico y nuevo del Estado se están despidiendo. Algunos lo haremos dentro de poco. Lo siento porque son activos relevantes, son personas que han aportado mucho a la política del Estado; y desde una perspectiva de la preocupación, o basada en la preocupación, los nuevos, los que lleguen en la próxima legislatura, van a obligar a las presidencias, a quien la sustituya a usted, a una gestión probablemente más difícil que la que se ha podido realizar hasta ahora. Este es un pequeño desahogo que me he permitido de forma preambular, señora presidenta. En relación con la iniciativa presentada por el señor Campuzano, el señor Coscubiela ha hecho una invocación a una especie de conversión sauliana, y no es así. El señor Campuzano ha presentado esta misma iniciativa en tres ocasiones, que yo recuerde, por lo menos; quizá se deba al sentimiento o al sentido agnóstico de las posiciones del señor Coscubiela y de su partido. No, no es el señor Campuzano una persona que no sea proclive a incrementar un salario mínimo interprofesional que en el Estado español raya en lo que podríamos considerar una cantidad casi vergonzante o vergonzosa. El salario mínimo en el Estado español es de 648 euros al mes; en Alemania, 1.473 euros al mes; en Francia, 1.458 euros al mes; en Bélgica, 1.502 euros al mes; en el Reino Unido, 1.379 euros al mes; en Irlanda, 1.426 euros al mes; en Luxemburgo, 1.923 euros al mes, etcétera. Estamos hablando del salario mínimo de los países más desarrollados, más cohesionados, donde las desigualdades sociales son menores. Tenemos que tener en consideración la denuncia que con relación al Estado español ha realizado recientemente la OCDE diciendo que es el país donde las desigualdades se están produciendo de forma más intensa; desigualdades que hacen también referencia a la brecha salarial, a la deflación salarial, a la devaluación salarial en virtud de la cual tiene relevancia la reforma laboral aprobada en 2012, que ha producido la posibilidad de desengancharse de las cláusulas retributivas de los convenios colectivos de forma unilateral por parte del empresario, la devaluación de la negociación colectiva laboral, la posibilidad de que las cláusulas salariales sean ajustadas a requerimientos in peius de las empresas, etcétera. Desde luego, esta reforma laboral ha contribuido de modo muy notable a una devaluación también del salario mínimo interprofesional y ha consolidado un modelo productivo que no es el de los países de nuestro entorno económico, los más prósperos, los que tienen menos desigualdades, con salarios más elevados y con un salario mínimo interprofesional también más elevado. El señor Campuzano lo ha explicado bien. Un incremento moderado, un incremento pactado del salario mínimo interprofesional no tiene efectos negativos en materia de empleo; sin embargo, un salario mínimo interprofesional decente tiene efectos en materia de empleo porque ya no son pocos los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional sino muchos. Son muchos los trabajadores de alta cualificación profesional que perciben el salario mínimo interprofesional, particularmente jóvenes de alta cualificación profesional. Esto provoca la existencia de un salario mínimo interprofesional bajo, desinterés en las inversiones a corto, a medio y a largo plazo en la formación profesional y en la mejora de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como en todo aquello que contribuye a fortalecer los elementos que pueden hacer que nuestra economía sea más competitiva. Por otra parte, están los requerimientos que están vinculados o derivan de la propia Constitución, y ya se ha citado el artículo 35 y la suficiencia de los salarios. El salario mínimo interprofesional del Estado español de una familia constituida por una sola persona, raya en el umbral de la pobreza con 648 euros al mes, como ya hemos comentado, tal y como está definido el umbral de la pobreza por Eurostat; pero ya en una familia constituida por más de una persona está por debajo del umbral de la pobreza. Desde esa perspectiva, estamos incumpliendo el requerimiento del artículo 35 y la suficiencia que predica respecto a las retribuciones este precepto de la Constitución. Además existe otro requerimiento, que es el de la Carta Social Europea, también citada por el señor Campuzano, que establece que el salario mínimo interprofesional no puede ser inferior al 60 % de los salarios medios del Estado o de un país. Es claro que el salario mínimo interprofesional en el Estado español, 648 euros al mes...
Señor Olabarría.
Sí, acabo ya, señora presidenta. ... es notablemente inferior a estos requerimientos de la Carta Social Europea. La invocación que se hace a que sean los interlocutores sociales de forma progresiva los que incrementen el salario mínimo interprofesional es razonable. Es jurídicamente razonable porque son los interlocutores sociales los que tienen que pactar ese tipo de cláusulas dentro del contenido normativo de los convenios colectivos. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción, que es un requerimiento de justicia social, de crecimiento económico y se ajusta a las tesis - con esto acabo, señora presidenta - del recientemente nombrado Premio Nobel de Economía, el señor Deaton - keynesiano donde los haya -, que establece que las políticas de austeridad, de empobrecimiento salarial, de deflación salarial, son contradictorias con la riqueza, con el crecimiento y con la competitividad.
Señor Olabarría, acabó su tiempo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez Barahona.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Campuzano, durante esta legislatura también el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado con reiteración distintas iniciativas parlamentarias instando al incremento del salario mínimo interprofesional en nuestro país y a la recuperación progresiva de la capacidad adquisitiva; además, para lograr ese objetivo establecido en la Carta Social Europea. En resumen: la pretensión es claramente la de dignificar este salario mínimo interprofesional y por supuesto cumplir nuestros compromisos como país. La proposición que presenta el Grupo de Convergència Democràtica de Catalunya incide y abunda en estas propuestas, por eso ya avanzo que nuestro grupo también la va a apoyar. A lo largo de lo que está siendo el desarrollo de esta proposición no de ley se están exponiendo argumentos que nosotros ciertamente compartimos; son también reiterados porque durante la legislatura en muchas ocasiones los hemos esgrimido. Seguimos considerando importante dejar manifiestamente claro que el salario mínimo interprofesional en España no alcanza las condiciones mínimas de subsistencia de los trabajadores y de sus familias. Esta no es solo una afirmación del Grupo Socialista o de los grupos de la oposición, sino que lo evidencian todos los datos e informes disponibles que abordan y evalúan la realidad de los salarios mínimos europeos. No incidiré en datos, porque los tenemos en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley y se han puesto de manifiesto en este debate, pero el salario mínimo interprofesional de nuestro país se encuentra muy por debajo de ese objetivo europeo al que también hemos hecho referencia. El Comité de derechos sociales del Consejo de Europa, que es el órgano encargado de verificar si los Estados miembros cumplen las obligaciones derivadas de la Carta Social Europea, que evidentemente España ha suscrito, en su informe, hecho público en enero de 2015, deja clara constancia de que nuestro país, entre otros incumplimientos, se aleja de dicho objetivo europeo. La enorme brecha entre el salario mínimo interprofesional español y el de los países más desarrollados de Europa que disponen de él - el señor Campuzano hacía referencia a que hay una brecha en torno al cien por cien - desde luego no se corresponde con la distancia que podemos mantener en materia de desarrollo económico y de producto interior bruto per cápita, es decir conforme al nivel de riqueza de España. El salario mínimo interprofesional podría y tiene que ser sensiblemente superior simplemente para converger con los niveles homologables a los de nuestros vecinos y socios europeos. Es una cuestión de voluntad política. Tanto en años de bonanza económica como en años de dura crisis, con Gobiernos del Partido Socialista el salario mínimo interprofesional ha subido. En diciembre de 2003 el salario mínimo interprofesional estaba en 460 euros mensuales y en 2011 el PSOE lo dejó en 641 euros/mes, es decir 181 euros más; en siete años subió casi un 40 %. En años de bonanza económica, con Gobiernos del Partido Popular, el salario mínimo interprofesional apenas sube y en años de crisis consolida su pérdida de poder adquisitivo; son datos. Aznar se encontró un salario mínimo en 390 euros/mes y, tras su autodenominado y complaciente milagro económico, lo dejó en 460 euros; es decir, en dos legislaturas, ocho años, lo subió en 70 euros. Rajoy lo primero que hizo fue congelarlo y para 2015 lo incrementó en 3 euros, un 0,5 %; es voluntad política y es ideología, no es crisis. De hecho, la congelación que practica ese neoliberalismo que está en el ADN del Gobierno del Partido Popular está repercutiendo negativamente no solo en la garantía de suficiencia y distribución de la riqueza que reclaman los artículos 35.1 y 131 de la Constitución, a la que también se ha hecho referencia, sino en la retribución mínima por trabajar; además resulta especialmente grave y bochornoso en un momento en que se incrementan los beneficios empresariales y la retribución de los ejecutivos, en tanto que nuestros jóvenes y los trabajadores que demandan un empleo logran contratos cada vez más precarios y peor pagados. De hecho, la congelación también tiene efectos directos en los ingresos del sistema de Seguridad Social, al ser este salario el indicativo del incremento de las bases mínimas, como todos ustedes saben, con efectos en la proyección de la vida laboral de los trabajadores y en la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social, cuestión que a mi grupo preocupa sobremanera. Señorías, la subida del salario mínimo y, en sentido más amplio, el incremento de las rentas salariales en nuestro país - el señor Coscubiela ha hecho referencia a ello específicamente - se debe hacer por justicia y por economía...
Señora Rodríguez Barahona.
Sí. ... para cerrar y revertir la profunda de desigualdad que se ha abierto en la sociedad española. Hay algo más, y con esto acabo, señora presidenta. La subida del salario mínimo interprofesional tiene que hacerse también con diálogo, con diálogo social real y útil. El Gobierno ha ignorado e ignora sistemáticamente la importancia del principio fundamental de consulta y participación de los interlocutores sociales reduciéndolo a un mero trámite que cubre el expediente. No se ha realizado un proceso que garantice la plena consulta y la participación de los interlocutores sociales en condiciones de igualdad, preceptivo con carácter previo a la aprobación por el Gobierno del salario mínimo interprofesional; por tanto, el Gobierno de Rajoy ha vulnerado, ha incumplido - otro incumplimiento más - el artículo 4.2 del Convenio 131...
Señora Rodríguez Barahona, tiene que acabar.
Gracias. Sí, termino ahora mismo, presidenta.
No, acabe.
... de la Organización Internacional del Trabajo sobre fijación de salarios mínimos, como lo han reclamado las confederaciones sindicales de UGT y de Comisiones Obreras en la denuncia presentada ante dicho organismo internacional en el presente ejercicio 2015. Señoras y señores diputados, señora presidenta, el Gobierno que salga de las urnas el próximo día 20 de diciembre será el que deberá establecer el salario mínimo para 2016, y deberá hacerlo respetando además en todo momento...
Señora Rodríguez Barahona.
... ese principio de consulta y participación de los interlocutores sociales.
Lo siento, pero tiene que finalizar.
Sí, ya está. Se lo aseguro, el Gobierno socialista lo hará. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rodríguez Barahona. Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Popular. Señor Gallego. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Campuzano, señores de Convergència, Cataluña no ha quebrado porque el Gobierno de España está ofreciendo un soporte financiero multimillonario a un tipo de interés cero. [[Aplausos]] Standard and Poor's acaba de rebajar nuevamente la calificación crediticia de la deuda catalana a la categoría de bono basura. Estos son dos datos. Que Convergència i de Unió venga aquí a dar lecciones de política económica me parece grotesco. La situación económica a la que han llevado a Cataluña sus compañeros no es precisamente para dar lecciones aquí de economía. En cambio, la política del Partido Popular ha dado buenos resultados; ahí están los indicadores, ahí está la calle y ahí está la opinión de todos los organismos internacionales. [[Risas]] La demagogia y las risitas no crean empleo y tampoco lo crea que determinados señores se dediquen a trabajar en exclusiva para romper un país en dos porque ustedes gobernar, lo que se dice gobernar, no es que gobiernen mucho en Cataluña. En relación con su propuesta, quiero hacer algunas reflexiones porque he visto bastantes inexactitudes en el texto de la misma. En primer lugar, el hecho de que el salario mínimo tenga que alcanzar un determinado porcentaje es una recomendación que proviene de la Carta de Derechos Sociales pero no es una obligación impuesta por dicha carta. En segundo lugar, no confunda porque está hablando del salario mínimo interprofesional como si afectara al conjunto de los salarios, y esto no afecta a más de 150.000 personas en este país, que son muchas desde luego pero que no llegan ni al 1 % de los 17 millones de cotizantes de nuestro país. Una reflexión: si el Gobierno elevara el salario mínimo interprofesional en 300 euros más o menos, que es lo que he calculado que sería para llegar al 60 %, ¿no se violentaría la moderación salarial que se ha venido pactando entre patronal y sindicatos durante los últimos años? Los sindicatos son los primeros que han apostado por la moderación salarial, igual que los empresarios. Su propuesta se carga directamente esa negociación entre patronal y sindicatos, porque esto de que el Gobierno sustituya la filosofía de las empresas y de los sindicatos no parece razonable. Me hago una pregunta: ¿usted cree que si encareciéramos el coste de la mano de obra a las pequeñas empresas en torno a un 40 % ellas contratarían a más personas? Si vamos a la panadería de la esquina y le decimos a la señora que contrate a un señor pero que le va a costar un 40 % más, ¿va a tener muchos incentivos para contratar a más personas? ¿Usted ha hablado con las empresas? Porque la opinión de las pequeñas empresas va justo en el sentido contrario. Por tanto, lo que usted está proponiendo va en contra de los intereses de aquellos que van a contratar a personas. En este país todavía hay mucha gente que debe ser contratada, aun tenemos una cifra de desempleo muy elevada, y eso es precisamente lo que hay que resolver; no estamos en una fase en la que se pueda subir ese salario mínimo interprofesional del orden de 300 euros como propone usted, porque ir al 60 % del salario medio supondría más o menos esa cifra. En segundo lugar, incrementar los salarios sin tener en cuenta la productividad no se hace en ningún país del mundo; sin tener en cuenta el contexto de la economía en general ni tener en cuenta la inflación, no se hace en ningún país del mundo. ¿Vamos a subirlo en un tanto por ciento porque un día lo hemos visto aquí, independientemente de cuánto suba el coste de la vida y la inflación en este país? Insisto, no parece razonable. Si se llevara a la práctica esta propuesta de ustedes, ¿cuántas empresas tratarían de reducir la jornada laboral de sus trabajadores? ¿Habría o no habría esa tentación? ¿Habría la tentación de reducir el salario a las categorías laborales de mayor rango? ¿Habría o no habría? Las empresas, si ven que su coste en mano de obra aumenta un 30 % o un 40 %, ¿no repercutirían esa subida de sus costes fijos en sus productos? ¿No acabaríamos pagando todos los clientes de España esa subida? Lo que usted está proponiendo no es que cree empleo, lo destruye. Estoy convencido de que su propuesta es bienintencionada, queda muy bien; en Twitter le aplaudirán a usted y a mí no, dirán que Convergència i de Unió y el resto de partidos quieren subir el salario mínimo y los del PP, que son muy malos - malosos ellos - dicen que no. Hay que hacer un análisis un poco más en profundidad en vez de este de paso corto y raso que creo que busca el titular, que es muy sugerente políticamente pero que desde luego no es positivo para nuestra economía. Hay muchas dudas. En cuanto a la formación, a los más jóvenes, ¿esto les incentivaría a seguir en el proceso de formación? Yo creo que no. Hay debate, no está tan claro y hay muchos especialistas que dicen lo contrario. Por tanto, votaremos en contra. Si me permite la señora presidenta, aprovecharé estos quince segundos para despedirme de todos ustedes. Han sido ocho años como diputado en esta Cámara, hoy seguramente es la última vez que suba a hablar y quiero reconocer el trabajo de todas sus señorías de todos los partidos políticos. He visto que el trabajo de estos últimos años ha sido, como norma general, concienzudo, profesional, muchas veces injustamente infravalorado. Especialmente a mis compañeros de partido quisiera agradecerles tantas horas de trabajo y manifestarles el cariño que les tengo a casi todos ellos porque hemos trabajado codo con codo en muchos temas. Nos une la búsqueda del interés general de nuestro país y la unidad de España, que es una de las cosas que voy a defender en el Parlament de Catalunya y allá donde me lleve la vida. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gallego. Me comentaba antes el presidente Posada que el día va de despedidas. La verdad es que sí, y yo lo siento de corazón; siento todas las que se han producido antes, porque creo - como decía muy bien el señor Olabarría - que la experiencia también es un grado, y partir de cero puede ser muy complicado. En cualquier caso, mi compañero, el señor Gallego, al que le tengo un especial cariño porque ha demostrado sentido común, capacidad de trabajo y capacidad de sacrificio, se va a otro Parlamento, al Parlamento catalán, que necesita muchísimo sentido común, y si se lo he deseado al señor Coscubiela, imagínese, señor Gallego, cómo se lo deseo a usted. [[Aplausos]] Señor Campuzano, solo y exclusivamente para decir sí o no a las enmiendas.
Desde el sentido común que se practica también en el Parlament de Catalunya...
Sí o no a las enmiendas, señor Campuzano.
Desde el sentido común, aceptamos la enmienda del señor Coscubiela y no aceptamos la enmienda de UPyD. Gracias, señora presidenta, desde el sentido común. [[Aplausos]]
Muchas gracias, pero hágalo siempre con sentido común. - DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y DEL SEÑOR BALDOVÍ, RELATIVA A REVERTIR LOS GRAVES EFECTOS QUE ESTÁN CAUSANDO LAS DIFERENTES POLÍTICAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, POR MEDIO DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL, QUE DEPENDE DEL GRUPO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES [[SEPI]] [[Número de expediente 162/001260]]
Pasamos a la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y de La Izquierda Plural y del señor Baldoví, relativa a revertir los graves efectos que están causando las diferentes políticas puestas en marcha por el Gobierno de la nación, por medio del Real Decreto-ley 20/2012, así como de las medidas restrictivas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el sector público empresarial que depende del Grupo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI. Para su presentación, en primer lugar, por el Grupo Socialista, señora Blanquer.
Gracias, presidenta. Señorías, la iniciativa que hoy presentamos persigue contrarrestar los efectos que para el sector público empresarial dependiente de la SEPI han tenido las medidas restrictivas puestas en marcha por el Gobierno desde 2012. Con esta iniciativa queremos, además, atender las demandas que nos han hecho llegar los representantes de FITAG-UGT, MCA-UGT y Comisiones Obreras de Industria, algunos de los cuales nos acompañan en la tribuna y aprovecho, en nombre del Grupo Socialista, para saludarles y darles la bienvenida. Señorías, como saben, la SEPI gestiona el sector público empresarial estatal que engloba dieciséis compañías participadas de forma directa y mayoritaria, cuya plantilla en 2014 se situó en cerca de 73.000 personas, 7.449 menos que en 2012; profesionales que pertenecen a compañías de ámbitos sectoriales dispares: servicio postal, comunicación, construcción naval, sector agrario y medioambiental, alimentación, energía nuclear y minería, entre otros. Además, posee participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien; compañías y participaciones dispares que deben ser gestionadas atendiendo el interés público y que deben combinar los objetivos de ser rentables desde el punto de vista económico y social; dos objetivos que en muchos casos entran en conflicto y que para ser atendidos el grupo cuenta con un margen suficiente de autonomía para ser gestionados de manera eficiente. Pero esta gestión eficiente deseable ha brillado por su ausencia. El Gobierno no ha cumplido ni en el plano económico ni en el social. El Gobierno ha impuesto medidas que han afectado de manera importante la estructura organizativa de muchas de las empresas dependientes de la SEPI, sin tener en cuenta criterios racionales de actuación que aseguren su proyección futura. Unas medidas como las restricciones del Decreto-ley 20/2012 y las contempladas en las sucesivas leyes de presupuestos, que suponen la congelación salarial, la congelación de la promoción interna, la nula reposición de plantillas, la ralentización y paralización de inversiones o el intervencionismo político en la alta dirección de sus empresas; o las decisiones no guiadas por criterios profesionales que han supuesto un intervencionismo político en la alta dirección de algunas de las empresas participadas. Unas medidas que han tenido como efectos más destacados, entre otros, la descapitalización del factor humano, el envejecimiento de plantillas, la relajación de las medidas de prevención de riesgos, la incertidumbre sobre la viabilidad futura de algunas empresas, así como el debilitamiento de su capacidad para acceder a nuevas oportunidades de negocio. En realidad, el Gobierno ha renunciado a gestionar de manera óptima y rigurosa los recursos que realmente contribuyen a la creación de riqueza, depositando todos sus esfuerzos en precarizar las relaciones laborales, aportando inestabilidad e incertidumbre a las plantillas. Y mientras el discurso oficial del ministro Soria habla de fortalecer la industria, con esta forma de proceder lo único que han conseguido es debilitar aún más empresas industriales que son de vital importancia en sus respectivas zonas de enclave, en términos de aportación al valor añadido bruto industrial y a la generación de empleo; zonas a las que el Gobierno ignora y no tiene en cuenta. No es de extrañar que el peso de la industria en el PIB continúe decreciendo en el ejercicio 2014, según los últimos datos que revisa la contabilidad nacional publicada por el INE. Somos conscientes de que a estas alturas de legislatura, a la que apenas le quedan decisiones de calado, poca cosa podemos pedirle al Gobierno del Partido Popular, que desde el principio ha renunciado a desarrollar y ejecutar una política industrial estratégica a medio y largo plazo compartida con las comunidades autónomas, con los agentes económicos y sociales y con todos los grupos políticos representados en esta Cámara; una renuncia a una estrategia industrial compartida y consensuada con Bruselas. La agenda del Gobierno presentada en el último tramo de 2014, sin objetivos cuantificables previos, se evidencia como un mero recurso propagandístico y reflejo de un proyecto con fecha de caducidad; la misma fecha de caducidad que la del Gobierno del Partido Popular: diciembre de 2015. Solo tenemos que ver el informe de seguimiento para comprobarlo. Dicen que la mayoría de las medidas las han culminado prácticamente en tan solo un año, pero en realidad los problemas se mantienen y los retos para el sector industrial, después de tanto recorte en inversión, infraestructuras y capital humano, aún son mayores. Señorías, es necesario buscar caminos de encuentro y pactos para alcanzar una acción estratégica que nos permita superar políticas cortoplacistas profundamente erróneas vía reducción de salarios y que debilitan la confianza y la credibilidad en el futuro. Necesitamos planes de acción realistas y consensuados en un clima de diálogo social. Las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular solo han provocado la judicialización de las relaciones laborales, la indefensión y merma de garantías jurídicas generadas en la parte social y el establecimiento de una organización empresarial pública poco propicia a su consolidación como generadora de riqueza económica y de empleo digno y seguro. Frente a este tipo de políticas, con esta iniciativa instamos a adoptar medidas que garanticen la estabilidad y la eficiencia del sector público empresarial, reforzando sus estructuras organizativas, mejorando su gestión, su capacidad de competir tecnológicamente con plantillas bien dimensionadas, evitando el actual deterioro de las condiciones de trabajo, velando por la seguridad y prevención de riesgos hacia las personas y el medio ambiente. Apostamos por potenciar las capacidades que puede ofrecer nuestro personal altamente cualificado, desarrollando productos de alto valor añadido en un contexto internacional y en un marco de competencia global muy exigente. Asimismo, pretendemos la adopción de medidas extraordinarias de renovación de plantillas para evitar que se vea comprometida la capacidad de acceder a nuevas oportunidades de negocio por parte de las empresas públicas, una pretensión que ya hemos reflejado durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Pero, señorías, la legislatura está agotada y el Gobierno y sus políticas también. Y en un contexto en el que el país continúa dependiendo de factores externos que le hacen muy vulnerables, y con un Gobierno que mira hacia otro lado, nos preguntamos: ¿para qué tanto esfuerzo y sacrificio por parte de los trabajadores, para terminar la legislatura con más déficit, con más deuda, con un nivel de paro mayor o similar y con los derechos de los trabajadores recortados? Tendremos que esperar un nuevo Gobierno abierto al diálogo social, al consenso, que apueste por la ciencia, por la innovación, por el desarrollo de la capacidad tecnológica, por la calidad, por el diseño, por la formación especializada y la revalorización del capital humano como verdaderos motores del crecimiento.
Señora Blanquer, su tiempo ha finalizado.
Termino. Un Gobierno que, confío, lidere próximamente el Partido Socialista. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Blanquer. En relación con el mismo punto, por La Izquierda Plural, señor Centella. [[Rumores]] Señorías, guarden silencio, por favor. Si tienen que mantener conversaciones, háganlo fuera.
Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna a defender una proposición no de ley, sin mucha esperanza de convencerles, señoras y señores del Grupo Popular. A estas alturas de la legislatura no va a caer uno en la ingenuidad de que los argumentos les vayan a convencer a ustedes de nada. Sin embargo, esta iniciativa tiene un objetivo claro, aprovechando nuestra última posibilidad de cupo, y es ponerles en evidencia. Poner en evidencia su política, claramente contraria a los intereses de la mayoría; poner en evidencia cómo ustedes han hecho dejación de la capacidad de gobierno de defender nuestra propia soberanía, y plantear un objetivo que es el que queremos poner sobre la mesa aquí hoy, el de desbloquear una situación que está lastrando lo que nos queda de sector público industrial. Ustedes, que tanto defienden - se les llena la boca de decirlo en sus discursos - la libre empresa y la competitividad, sin embargo, cuando gestionan el sector público empresarial lo hacen de una forma totalmente contraria, de la forma más burocrática posible y antieconómica. Ustedes cogen empresas rentables y con beneficios y luego las atan de pies y manos para que no puedan competir en ese libre mercado que tanto les gusta. El Gobierno, reduciendo plantilla, evitando la posibilidad de renovación de las plantillas y aplicando recortes a las inversiones, no hace ni más ni menos que imposibilitar que estas empresas puedan competir en el mercado. Han impedido un relevo generacional que es propio de cualquier empresa. Su política de recortes en general para este país ha sido un verdadero desastre, pero para estas empresas es simplemente suicida. No pueden ustedes aplicar el recorte a una empresa que necesita inversiones para poder competir. Ustedes, por otra parte, en esta legislatura han degradado la negociación colectiva en todos los ámbitos de la vida laboral; han matado la posibilidad de una negociación colectiva real. Por tanto, nos encontramos con empresas que, sin inversiones, con plantilla reducida y sin renovación, ustedes quieren que sean competitivas y que tengan capacidad de producción. Ustedes saben que se pierden contratos simplemente porque no tienen esa capacidad de producción que se necesitaría con inversiones y con plantilla adecuada. Pero además, ustedes están jugando con la seguridad de los trabajadores y también - como en el caso de El Cabril - con la seguridad de la población en general. Ustedes saben que esto es así, no les estamos descubriendo nada nuevo, pero lo hacen por algo, lo hacen simple y llanamente - y es lo que denunciamos en esta intervención - porque han entregado nuestra soberanía económica a la troika, la han puesto en manos de quienes están decidiendo por ustedes y por todos nosotros que España no puede tener una industria competitiva, que España tiene que jugar un papel subsidiario y que no puede tener capacidad de generar economía productiva, que es lo que hace falta para una salida de la crisis real, social y en beneficio de la mayoría. Por tanto, cuando nuestro grupo presenta esta proposición lo hace en el sentido de resaltar que su política no es que haya fracasado, porque sí consigue los objetivos que ustedes quieren que consiga, que es poner nuestra economía de una forma dependiente de otras economías, pero queremos poner de manifiesto que hace falta un nuevo modelo de país, que por este camino cada vez tendremos menos capacidad productiva, menos empleo de calidad, menos posibilidades de que nuestros jóvenes puedan trabajar en este país en aquello que han estudiado y para lo que se han capacitado. Ustedes están vendiendo la soberanía a manos extranjeras, por mucho que un día se envuelvan en la bandera roja, amarilla y roja. Por tanto, nuestra proposición trata de incardinarse en ese nuevo modelo de país que hace falta, un modelo de economía productiva y basada en la negociación colectiva, que, por cierto, ustedes dicen que han hecho en otros sectores de la industria, pero cuando les llega el propio sector industrial miran para otro lado. Nada más que contradicciones, repito, que no es nada nuevo para ustedes, excepto ese objetivo que tienen de acabar con la economía productiva española. La señora Merkel estará muy contenta con su política. Lástima que no vote el día 20 de diciembre, si no seguramente tendrían un voto más. Pero la realidad es que ustedes dejarán el Gobierno el 21 de diciembre con este país en peores condiciones de producir. Es evidente, como les decía al principio, que tenemos poca esperanza de que asuman esta proposición no de ley, pero sí queremos ponerla en evidencia, que sea un compromiso de futuro, que futuros Gobiernos la tengan en cuenta. Hoy vamos a defenderla tres grupos que espero que podamos formar parte en la próxima legislatura de mayorías más amplias que puedan cambiar lo que aquí se está haciendo, que puedan hacer, como se ha dicho ya antes por el anterior portavoz, que se cumplan siete propuestas que plantea nuestra proposición no de ley, para que haya un sector público potente, poderoso, que dé trabajo y economía a este país, que es lo que hace falta, lo que debemos defender. Por eso, hay que garantizar la estabilidad - a uno le podría dar hasta vergüenza tener que repetir esto en la tribuna - y la eficiencia del sector público empresarial. ¿Saben lo que significa eso? Lo contrario de lo que han conseguido. Hay que potenciar el papel que juegan estas empresas para que puedan competir en un marco de competencia global que ya de por sí sabemos que es difícil. ¿Les suena eso a algo? Es lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Hay que facilitar que se pueda afrontar el relevo generacional, eso que da esperanza a los jóvenes, eso que les puede dar un futuro mínimamente de trabajo en su propio país y no tener que emigrar como están haciendo. Y, por último, hay que velar también por la seguridad y prevención de riesgos laborales y de toda la población. Como saben, son propuestas que a uno le tendría que dar vergüenza repetir a estas alturas del siglo XXI, pero ponen en evidencia que su Gobierno no solamente ha ido en el sentido contrario a la mayoría social de este país, sino que va a entregar el día 20 un país en peores condiciones que las que se encontraron hace cuatro años. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Centella. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. [[La señora]] En este día de despedidas, lo que puedo decir es que yo soy de los que no saben si van a repetir o no porque no dependerá de mí sino de las primarias de mi partido y de los ciudadanos en todo caso. También quiero decir, por si es mi última intervención, que he tenido la suerte de compartir escaño y el honor de compartir amistad con muchísimos parlamentarios, de los cuales he aprendido mucho, lo cual espero que, si vuelvo, me sirva. Muchas gracias. Lo digo de corazón, a pesar de las diferencias que he mantenido con muchos. [[Aplausos]] Paso a la proposición. Las empresas públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales han visto cómo se ha producido un vertiginoso proceso privatizador en las dos últimas décadas, desde el año 1996 a 2014. Un total de ochenta empresas vinculadas al sector público han sido privatizadas total o parcialmente, sobre todo por Gobiernos del Partido Popular, pero también en algunos casos por Gobiernos del Partido Socialista - Gas Natural, Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera o Red Eléctrica son nombres que están en la cabeza de todos -, mientras que en las empresas que aún permanecen dentro del grupo se está ejecutando un plan con el objetivo claro de degradar las empresas en todos los sentidos y a todos los niveles. Un ejemplo claro de la voluntad de este Gobierno para mantener esta mala salud de las empresas ha sido su actuación en la empresa Correos. Solamente un dato: 14.000 despedidos en cinco años, cuando a veces se ha visto que la necesidad de esta empresa no era despedir, sino justamente la contraria. Recordemos por ejemplo el conflicto de Majadahonda. La actuación de este Gobierno ha mostrado una radical predisposición en este sentido. La congelación de la promoción interna, la congelación salarial, el envejecimiento de las plantillas, la paralización de las inversiones, la ausencia de diálogo con los trabajadores y la judicialización de las relaciones laborales han provocado que estas empresas tengan dificultad para competir, una descapitalización y una descualificación del factor humano de las empresas, que no exista el necesario relevo generacional o el aumento del malestar y la conflictividad de las plantillas. En definitiva, en muchos casos, con su actuación o con su inacción, el Gobierno ha puesto en peligro la propia supervivencia de algunas de estas empresas. Por eso, Compromís ha firmado esta proposición no de ley, porque entendemos que pide cosas sensatas y de sentido común: que se garantice la estabilidad y la eficiencia de las empresas vinculadas a la SEPI; que se tomen decisiones estratégicas; que se defina un modelo concreto y no como hizo en su comparecencia el presidente de SEPI, don Ramón Aguirre, que habló de cambio de modelo pero no definió ninguno; que se hagan las inversiones necesarias para que se asegure la competitividad de estas empresas y su continuidad; que se restituya la seguridad jurídica; que se asegure el relevo generacional y la tasa de reposición; que se acometa un efectivo diálogo social y se haga funcionar de manera efectiva la comisión de seguimiento de la negociación colectiva. En definitiva, cambiar el rumbo de la SEPI. Espero que en la próxima legislatura, cuando exista una nueva aritmética electoral, se puedan cumplir algunos de los objetivos manifestados en esta proposición no de ley. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Baloví. A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que en turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Azpiazu.
Gracias, señora presidenta. Muy brevemente desde el escaño quiero fijar la posición del Grupo Vasco en relación con esta iniciativa. Vaya por delante la intención de nuestro grupo de votar favorablemente esta iniciativa, pero tengo que decir con todo el cariño del mundo que no entiendo cuál es su contenido en detalle. Es cierto que el sector público empresarial que está en manos de SEPI tiene que ser gestionado de una forma eficiente y profesional y hay que hacerlo bien, pero desde esta iniciativa creo que se plantean cuestiones generales en las que es muy difícil estar en contra, pero en las que es muy difícil avanzar un poco. Creo que falta concreción. Se tenía que haber planteado a qué sectores está afectando, en qué empresas, cuáles son los problemas que se derivan del real decreto, cuáles son los problemas que se han derivado para estas empresas en base a los Presupuestos Generales del Estado, etcétera. Seguro que los que han propuesto esta iniciativa la conocen con todo el detalle, pero no nos la han explicado de manera suficiente para que sepamos qué es lo que hay detrás de esto que nos quieren trasladar. Creo que es una materia suficientemente importante como para plantear en la próxima legislatura iniciativas para poner al sector público estatal en situación de competir a nivel global y que se resuelvan los problemas que de forma genérica se manifiestan aquí - el envejecimiento de las plantillas o que no se paralicen las inversiones -. Creo que son cuestiones que habrá que tratar y sobre las que habrá que avanzar, pero sinceramente creo que habrá que hacerlo con datos, con un conocimiento, al menos por parte de nuestro grupo, más detallado, en el que nos gustaría participar, porque insisto en que, sabiendo que es importante la cuestión, no alcanzamos a entenderlo en toda su dimensión en este momento. No obstante, como he comentado, vamos a votar favorablemente la iniciativa pensando sobre todo en que tenemos que seguir trabajando sobre estas cuestiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
Muchas gracias, señora presidenta. En la línea de la intervención que ha tenido el representante del Grupo Vasco, nuestro grupo parlamentario también cree que se ha perdido la oportunidad de haber precisado más y de una manera mucho más concreta y rigurosa esta proposición no de ley, que en este caso, además, va avalada por varios grupos parlamentarios, lo cual le da, de entrada, un poder de relevancia política y legal mayor. Tal vez, el hecho de que se tramite en el último momento y con la perspectiva de que podía quedar más en un gesto simbólico que en algo que pudiese tener más recorrido parlamentario, haya hecho que se quede en un planteamiento de cuestiones muy generales que, por otro lado, tal y como se formula en el texto, no veo por qué tendría que quedar reducida a las empresas del sector público vinculadas a la SEPI, puesto que muchos de los temas que se intentan paliar en esta proposición no de ley serían aplicables a otras muchas empresas públicas no necesariamente vinculadas a la SEPI. En todo caso, nuestro grupo parlamentario no se va a oponer, la va a apoyar. Creemos que, como se ha dicho ya, esto debería ser retomado en la próxima legislatura, máxime si como esperan algunos de los grupos parlamentarios que avalan esta proposición no de ley tuvieran responsabilidad de gobierno, con mayor motivo. Lo digo porque no sea cosa que cuando llegue ese escenario posible nos encontremos con que lo que ahora se presenta con énfasis y apoyo de varios grupos parlamentarios, duerma el sueño de los justos. En este caso no sería justo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo de Convergència i de Unió, tiene la palabra la señora Sayós.
Gracias, presidenta. Anuncio que el Grupo Parlamentario de Convergència Democràtica va a votar a favor de esta iniciativa y también Unió Democràtica, pero no sin más, sino por diferentes aspectos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, es cierto que las cifras macroeconómicas de la economía española muestran un cierto crecimiento así como una reactivación en la creación de empleo, como bien dice siempre el Gobierno. Pero también es evidente que en estos años de crisis se ha avanzado poco o casi nada en la transformación del modelo productivo. Por ejemplo, se está creciendo porque el petróleo es más barato o, al menos, el barril de compra es más barato. Se está creciendo porque el euro se ha devaluado, por decirlo de alguna manera, con respecto al dólar, y esto abre la posibilidad de la exportación. Se está creciendo porque el Banco Central Europe está facilitando a la economía la liquidez necesaria. Y se está creciendo porque también en España los salarios son más bajos. Pero debemos tener en cuenta que estas circunstancias coyunturales, al menos de estos dos o tres últimos años, no van a ser perpetuas. Por ejemplo, sin ir más lejos, los salarios no pueden continuar bajando, porque pueden acarrear problemas mucho más serios, no solo para las familias sino también para la estructura de un país, como han puesto de manifiesto en este debate muchos portavoces. Lo que ayudará a salir de verdad de la crisis es dar prioridad en la transformación del modelo productivo, invertir en competitividad, invertir en innovación, etcétera. Para eso es necesario hacerlo en toda la extensión que conforma la palabra economía, tanto en el sector privado como en el sector público. Normalmente, estas empresas están más centradas en el procedimiento que en la orientación de los resultados. En el caso de esta proposición no de ley que hoy se debate, es evidente que se pide al Gobierno poner más atención a la SEPI desde la perspectiva de la competitividad, y eso requiere más inversión y más creación de empleo. Estamos de acuerdo en que estas empresas públicas son estratégicas para España; incluso me atrevo a decir que son estructurales por la actividad que desarrollan y para garantizar el suministro e independencia energética. Ahora bien, la demanda de mejorar la competitividad del sector público empresarial debe ir aparejada a la demanda de valorar si tiene sentido que todas las participaciones que hoy tiene la SEPI continúen siendo públicas. En este sentido también se expone en la proposición no de ley al referirse a la reposición de puestos de trabajo por envejecimiento de sus plantillas o a los problemas que conlleva la no inversión o la poca inversión en estas empresas públicas, puesto que todo ello conlleva a una disminución de su competitividad y pueder afectar a su viabilidad futura. Así, se deben recuperar los principios de eficiencia y eficacia, transparencia, rendimiento de cuentas e incluso evaluación de los resultados. Finalmente, una sugerencia, que ya es casi un clásico por parte de quien les habla, que también se recoge en esta proposición no de ley y que no voy a perder la oportunidad de repetir, y es seguridad jurídica, seguridad jurídica y más seguridad jurídica. Lo repetiré tantas veces como sea necesario. Hoy se pide seguridad jurídica en la aplicación de la normativa del sector público en lo que afecta a sociedades mercantiles. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Sayós. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moraleja.
Presidenta, señorías, intervengo en esta iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario Popular y tengo que adelantarles que estamos sorprendidos, en primer lugar, por la presentación conjunta de una iniciativa en la que me imagino que no todos los firmantes estarán del todo cómodos - escuchándolos hoy parece que se han olvidado de algunas cosas que han pasado en la legislatura pasada - y sorprendidos, en segundo lugar, por el momento de su presentación. En todo caso, estamos en uno de los últimos plenos de esta legislatura y supongo que la próxima convocatoria de las elecciones generales puede explicarlo todo. Empiezan ustedes hablando de revertir los graves efectos que están causando las diferentes políticas puestas en marcha por el Gobierno de la nación por medio del Real Decreto-ley 20/2012, así como las medidas restrictivas de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado para el sector público empresarial. Este es el primer párrafo de su iniciativa y, claro, con este comienzo poco podemos fiar al desenlace. Este decreto-ley y la Ley General de Presupuestos, junto con otras muchas de las reformas que se han llevado a cabo por este Gobierno y con el apoyo de este hemiciclo, forman parte del paquete más importante de reformas que nunca jamás se ha llevado a cabo en esta Cámara; reformas que no eran un fin en sí mismo, como se han hartado ustedes de decir durante todo este tiempo. No, no era un fin sino un medio; sí, un medio para que este país no fuese rescatado y fuésemos capaces entre todos los españoles de salir de la mayor crisis, la más dura de los últimos 50 años. Por tanto, señorías, el planteamiento inicial no es compartido. Gracias a estas y a muchas otras reformas estamos saliendo, con sufrimiento, de una crisis en la que parte de ustedes aquí presentes nos metieron. Si el punto de partida no es compartido, tampoco lo es el momento, porque, a todas luces, esta proposición no de ley es extemporánea. Parece que la tuviesen ustedes guardada en la nevera y que aprovechando los minutos de descuento la presentan. Ustedes han criticado estas y otras medidas antes de ser aprobadas, durante su aprobación y todos y cada uno de los días de esta legislatura. En todo caso, si hay un momento menos oportuno es el presente, pues ahora ya todos hemos comprobado que no era este Gobierno el equivocado cuando las proponía; ahora todos hemos comprobado que eran las medidas que necesitábamos y, gracias a ellas, todo ha ido como tenía que ir. Gracias a estas medidas y a otras muchas hemos enderezado el rumbo de un país que ustedes dejaron en la bancarrota y al borde del precipicio. Por supuesto, el sector público empresarial también ha mejorado y eso que la situación de partida era evitar un rescate como el que habían sufrido otros países europeos y, sobre todo, dejar el país mucho mejor de lo que nos lo encontramos. Créanme que nuestro sector público empresarial también nos ha ocupado y preocupado. Puedo decirles que pueden ustedes estar tranquilos ya que la SEPI tiene una situación mucho mejor que hace cuatro años, cuando comenzamos esta legislatura. El año próximo comenzará con una tesorería de 589 millones de euros, lo que permitirá al grupo SEPI continuar siendo el promotor de la política industrial del Estado y todo ello sin coste alguno para los ciudadanos, lo digo claro, sin coste alguno para los ciudadanos. El endeudamiento se sitúa en 728 millones, lo que representa tan solo el 5,65 % del activo total y el último dato de resultado consolidado es de 171 millones de euros, con una cifra de negocio neta que se sitúa en los 4.827 millones de euros, un 13 % superior a lo previsto en el ejercicio inmediatamente anterior y que continúa la línea de incremento constante en estos cuatro ejercicios. Creo sinceramente, señorías, que estas cifras ponen de manifiesto su estabilidad actual y su proyección de futuro y son gracias a los aspectos positivos que presenta la gestión del grupo SEPI, tales como los señalados en esta iniciativa: apuesta por la inversión en I+D, apertura a mercados internacionales y la diversificación. Por lo que se refiere a la formación, aspecto mencionado por ustedes en el punto segundo de la proposición no de ley, procede señalar que la SEPI y sus empresas han considerado durante todos estos años como un aspecto fundamental la cualificación de sus trabajadores, destinando tanto la matriz como sus empresas considerables recursos a la formación y cualificación profesional, orientados a la formación permanente del personal en las áreas de trabajo que tienen asignadas, teniendo en cuenta también su desarrollo profesional. Créanme que no es casualidad que estos y otros aspectos coloquen a la SEPI en la vanguardia nacional e internacional en distintos sectores. En relación con la seguridad laboral, permítanme que me extienda un poco más. La SEPI es una entidad de derecho público cuyas actividades, al igual que las de sus empresas, se ajustan al ordenamiento jurídico privado, civil, mercantil y laboral y, por tanto, con consentimiento pleno a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. Es más, para favorecer la seguridad y la salud laboral el Gobierno aprobó la Estrategia española de seguridad en el trabajo 2015-2020, que tiene como objetivos generales promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto a todos los trabajadores por igual, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que se concreta en los objetivos específicos primero y segundo de mejora de la eficiencia de las inversiones dedicadas...
Señora Moraleja, tendría que ir terminando.
... a potenciar las actuaciones públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, etcétera. En consecuencia, señorías, la prevención de riesgos laborales ya constituye una de las políticas desarrolladas por el Gobierno a través de un amplio conjunto de medidas que se recogen en la legislación vigente. También tenemos el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo el cual, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley, es el órgano científico-técnico especializado que tiene como misión el análisis y el estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, señorías, si ustedes conocen alguna situación preocupante deberían denunciarla porque nosotros contamos con suficientes instrumentos para poner solución. Si no lo hacen, podríamos pensar que a algunos de ustedes les gusta más tirar la piedra y esconder la mano. En definitiva, señorías, no compartimos su iniciativa ni en el fondo ni en la forma. Creemos que es el momento concreto de la legislatura el motivo último de la misma, por eso, muchas de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho lo mismo, está poco desarrollada y poco clara. Hemos explicado que todas las medidas que se habían propuesto...
Señora Moraleja, tiene que terminar.
... fueron muy importantes y ahora estamos viendo sus efectos positivos en la recuperación económica. Este grupo empresarial lo cogimos con muchas deudas y muchos problemas y hoy, después de años de gestión eficiente, dejamos un grupo mucho mejor estructurado, con el futuro asegurado y puntero en muchos de los sectores en los que está presente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Moraleja.
A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el balance de la política de empleo en la X Legislatura. Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Simancas.
Gracias, señora presidenta. Señorías, presentamos la moción consecuencia de la interpelación que se debatió hace quince días en este Pleno sobre el balance de las políticas de empleo del Gobierno en esta legislatura. No podemos pretender que en los setenta días de vigencia del presente Gobierno se rectifiquen todas las medidas que han ocasionado el balance extraordinariamente negativo de tales políticas de empleo que, entiendo, logramos demostrar en el debate del pasado día 30 de septiembre, ni está en la voluntad del grupo parlamentario que apoya al Gobierno ni sería además materialmente posible ya. Sí podemos reclamar, no obstante, la adopción de al menos tres decisiones útiles. Primero, el reconocimiento de que tenemos un grave problema de paro, de precariedad laboral y de baja protección al desempleo; al menos, reconozcámoslo. Primera medida. Segunda medida, la derogación inmediata de la reforma laboral que ha ocasionado en buena medida este balance tan decepcionante en la gestión del primer problema de los españoles. En tercer lugar, la inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, dado que el Gobierno se niega a retirarlo, de una serie de medidas que podrían paliar a corto plazo los daños más graves. El reconocimiento del problema, señorías, es condición previa para articular cualquier solución por limitada que sea. Resulta sorprendente, me atrevería a decir incluso irritante, que el Gobierno y el Partido Popular se empeñen en un discurso complaciente y triunfalista sobre una materia - el paro, la precariedad, la pobreza laboral - que tanto sufrimiento ocasiona a millones de españoles. Se lo acaba de decir la OCDE: España triplica la media de paro de los países más desarrollados del planeta. España duplica la media de paro de la zona euro. España tiene el record de paro juvenil en la OCDE. Lo ha dicho la OCDE y hacer sonar la trompetería de la propaganda con este panorama es francamente irritante, insisto, señorías. Se lo ha dicho la OCDE, se lo dice la Comisión Europea, la OIT, la oposición y los españoles que sufren. Hay más paro, hay menos ocupación, hay más porcentaje de trabajo temporal, hay más trabajo a tiempo parcial involuntario, hay más horas extraordinarias que se trabajan y no se reconocen, hay más explotación laboral y hay más parados sin protección pública. Pueden utilizar las cifras como quieran, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, pueden ustedes llevarse las estadísticas a Guantánamo y torturarlas allí, pero seguirán diciendo lo mismo: hay más paro, más explotación laboral y menos atención a los parados en este país. Reconozcámoslo al menos para que podamos afrontar medidas urgentes en orden a su resolución. Segunda solicitud: deroguen la reforma laboral. Ha sido un fracaso. A esto sí les da tiempo, a derogar la reforma laboral sí les da tiempo. Ha sido un fracaso muy dañino para la sociedad española. Dijeron que traería menos despidos y los despidos se multiplicaron; dijeron que traería más estabilidad a los empleos en nuestro país y hoy tenemos más precariedad, más temporalidad, más trabajo a tiempo parcial que nunca; dijeron que fortalecería los derechos de los trabajadores y han quebrado las relaciones de poder en el seno de la empresa, dándole todo el poder a una parte, a la parte empresarial, y así están los trabajos, así están los salarios de precarios en este país. ¿No se dan cuenta de que la estrategia de multiplicar los contratos al precio de disparar la precariedad y la explotación no ayuda a los españoles a encontrar buenos empleos? Si así no se engaña a nadie. ¿No son conscientes de que un millón de contratos cada mes no equivale a un millón de buenos empleos, de empleos dignos cada mes? Si no engañan a nadie con estas estadísticas. ¿No van a admitir nunca que un contrato a tiempo parcial involuntario de menos de una semana porque se cobra menos de 200 euros no es un empleo? ¿Que contrato no es igual a empleo, que cualquier contrato no es un empleo digno que merezca ese nombre? Señorías, por favor, reconozcan ustedes al menos el problema para que podamos poner las bases de la solución. Hagan ustedes algo digno con la reforma laboral indigna: deróguenla. Última cuestión. A estas alturas del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya sabemos todos, desde Bruselas a Barbate, que este proyecto es en buena medida papel mojado; tan tramposo como inservible. Sabemos también que no lo van a retirar, no van a reconocer su error lo diga quien lo diga, aunque lo diga el señor Moscovici, que un día es autoridad europea si les da la razón, y otro día es ese socialista francés si no les da la razón a ustedes. No van a rectificar, lo sabemos. Por eso les estamos pidiendo que al menos en materia de empleo introduzcan de aquí a la semana que viene una docena de medidas que, si bien no resolverán el grave problema de empleo que padecemos, al menos alumbrarán la esperanza de hacerlo más llevadero. Algunos ejemplos. Recuperemos los niveles de inversión en políticas activas de empleo que teníamos en 2011, por lo menos esos niveles para ayudar a la empleabilidad de nuestros parados. Dotemos sendos planes para ayudar a encontrar empleo a los parados con más dificultades, a los más vulnerables, a los mayores de cuarenta y cinco y de cincuenta años, a los parados de más larga duración. Dotemos sendos planes de empleo para los sectores sociales más vulnerables, las mujeres, a las que tenemos que llevar al menos a las tasas de actividad media de Europa, y a los jóvenes, que están demandando efectividad a ese inoperante y millonario programa de garantía juvenil que tienen ustedes pendiente por ahí. Modifiquemos las condiciones de acceso y los recursos del programa de activación para el empleo en diálogo con los interlocutores sociales para que no se quede este también en agua de borrajas. Reforcemos la Inspección de Trabajo para combatir la explotación laboral. Modernicemos los servicios públicos de empleo para que sirvan para algo, aparte de para repartir pocas prestaciones. Y recuperemos los 3.000 orientadores y promotores de empleo que despidieron ustedes nada más llegar al Gobierno. Y, finalmente, tratemos con dignidad - con la dignidad que se merecen - a nuestros parados, señorías: 42 % de parados registrados sin protección pública; 72 % de parados EPA sin prestación pública; 3,7 millones de parados en este país sin protección pública, y muchos de los que reciben prestación, la reciben en unas condiciones precarias. Ampliemos urgentemente la protección por desempleo a todos los parados sin renta y con responsabilidades familiares. Elevemos al menos la protección al desempleo a los porcentajes sobre paro registrado que dejamos los socialistas en el año 2011: 70 %. Señorías, somos escépticos en torno a sus capacidades y voluntades de rectificación aunque esta conlleve beneficios para la mayoría de los españoles. Sin embargo, tengan la completa seguridad de que la rectificación, si no la hacen ustedes, la haremos nosotros en setenta días. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Simancas. Para la defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Simancas, mi grupo parlamentario ha presentado una única enmienda, que hace referencia a uno de los pedimentos del apartado 3 de su moción. Cuando solicitan duplicar los recursos económicos destinados a políticas activas, nosotros intentamos que se haga previo reconocimiento de las competencias que las comunidades autónomas poseen en el ámbito de las políticas activas que están siendo troceadas y rescatadas sutilmente por la Administración General del Estado en diversas normas que usted y yo hemos podido debatir. Si nos acepta la enmienda, estaríamos en la tesitura de aceptar la moción en sus propios términos. Evidentemente, los datos estadísticos que usted menciona son ciertos. Se sobrevalora demasiado, señora presidenta, la eficiencia de las políticas de empleabilidad o de empleo del Gobierno del Estado, porque los datos no lo acreditan así. Si se falsean los datos o si estos se manipulan y no se computa a efectos del incremento de los empleados el descenso de la población activa, de 753.000 personas, evidentemente los datos pueden resultar aparentemente favorables, pero no lo son. De facto, lo que estamos acreditando es la pérdida de 305.000 empleos en una legislatura en relación y como referencia de 2011. Si analizamos la tasa de temporalidad - del 25,1 % la del Estado español -, estamos duplicando o triplicando la tasa de temporalidad de los países de la Unión Europea y de los países de la OCDE; en este caso, triplicándolas, con el agravante de que el 64 % de esta temporalidad no es voluntaria, no es asumida voluntariamente por los que son contratados, sino que tienen que asumir contratos en ocasiones de un día de duración, de unas horas de duración o de un mes de duración; contratos absolutamente precarios que no meritan ni siquiera la calificación de contratos generadores o generatrices de empleo. En relación con la situación de la población activa femenina, el problema es particularmente preocupante. Estamos en porcentajes del 54,7 % de la población activa femenina empleada, cuando la Agenda 2020 establece un porcentaje mínimo del 74 % al que hay que converger y llegar. Ustedes lo piden y a nosotros nos parece de justicia, incluso desde una perspectiva de género, llegar a este porcentaje que está asumido por la Agenda 2020. En materia de desempleo juvenil, hasta los veinticinco años, nos encontramos con la dramática situación de que el 50 % de los jóvenes de menos de veinticinco años que quieren trabajar no pueden hacerlo, ni siquiera en condiciones absolutamente precarias, ni siquiera subempleados o con esos sucedáneos de la contratación laboral que son las becas y otros procedimientos de acceso al mercado de trabajo. Nos encontramos con 5.143.221 personas desempleadas, de las cuales más de la mitad no están cubiertas por la prestación o el subsidio de desempleo. Nos encontramos con que el desempleo de larga duración supera el 64 % del total de desempleados. Todas las medidas propuestas por el Grupo Socialista nos parecen pertinentes con la enmienda que nosotros hemos presentado, sobre todo aquellas específicas que persiguen fundamentalmente potenciar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables desde la perspectiva del desempleo, los mayores de cuarenta y cinco años, y en este segmento de edad, los mayores de cincuenta y cinco años que han agotado la protección por desempleo, las personas de más de cincuenta años que han perdido el empleo y que requieren cualificación profesional o recualificación profesional; el empleo para mujeres con una financiación suficiente para alcanzar el objetivo del 74 % previsto en el objetivo Europa 2020; la ejecución inmediata de los recursos destinados al desarrollo efectivo del programa de garantía juvenil. Todavía no sé yo, y no sé si lo sabe usted, señor Simancas, cuál es el porcentaje de los fondos destinados al Reino de España en materia del plan de garantía juvenil que está siendo objeto de ejecución y desarrollo. Nos tememos lo peor en el ámbito del porcentaje de ejecución de este programa europeo -; incrementar programas de activación del empleo, fracasado desde su implantación por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; incrementar los recursos económicos destinados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no solo para combatir la explotación laboral, sino para intentar aflorar la economía sumergida, que es uno de los elementos que de alguna forma está impidiendo la generación de un empleo y de un desarrollo económico de calidad en el ámbito del Estado español; la modernización de los servicios públicos de empleo, con la salvaguarda de las competencias autonómicas en este ámbito, cuestión que nos parece particularmente importante...
Señor Olabarría, tendría que ir terminando.
... la recuperación de los 3.000 orientadores que intentaban algo muy importante y que nosotros aplaudimos al Grupo Popular en su día, que es buscar la trazabilidad casi personal de los desempleados mediante orientadores de empleo que casi personalmente les ayudaran a buscar empleo y que han sido despedidos; y todas las demás medidas que están concebidas o configuradas de forma muy razonable y que estamos en condiciones de aprobar, señora presidenta, todo ello condicionado a la aceptación de la enmienda que antes he comentado y que he glosado que hemos presentado.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la interpelación sobre políticas de empleo del último Pleno confirmó una vez más que el PP llegó al Gobierno mintiendo también en este tema y que lo abandona de la misma manera. Lo que fueron promesas de creación de empleo se convirtieron primero en un incentivo a la destrucción masiva de puestos de trabajo y ahora en la precarización del empleo que se está creando. Lo que fueron promesas de reducción de la temporalidad se han convertido en políticas que incentivan aún más el empleo temporal. Tenemos además la generalización del empleo a tiempo parcial, que castiga especialmente a las mujeres y que se ha convertido, además de en un mecanismo de precarización, en una herramienta de políticas patriarcales de una derecha machista hasta el tuétano que quiere a la mujer en una determinada posición de subalternidad en el centro de trabajo y en la vida. Esos son algunos de los aspectos destacados. Las promesas de empleo para los jóvenes se han convertido en campañas de márquetin que, como en determinados platos de determinados restaurantes, ocupa más espacio el nombre del plato que el plato propiamente dicho, no hay nada después. Las políticas de empleo han sido especialmente erráticas en materia de políticas activas: deterioro grave de los servicios públicos de empleo con reducción de las plantillas del SEPE y políticas de centralización, de castigo a las comunidades autónomas literalmente; privatización de los servicios públicos de empleo que, desgraciadamente, comenzaron con su legalización a partir de la reforma laboral de Zapatero en 2010 pero que se han puesto en marcha especialmente en beneficio de agencias privadas de colocación y de las ETT durante esta legislatura. La ministra Báñez, además, ha pasado de criticar y rechazar los incentivos a la contratación - recuerden, el 8 de marzo de 2012, cuando presentó la reforma laboral -, de criticarlos como una manera de distribuir mal los recursos y de tirar el dinero, a distribuir bonificaciones cada vez que necesitaba poner en marcha una campaña electoral o alguna campaña de márquetin para hacer ver que hacía alguna cosa. En esta legislatura se ha pasado de las bonificaciones a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo a las exenciones de cotizaciones con todo tipo de tarifas planas; por cierto, eso es la evidencia de que el Partido Popular y el Gobierno pagan sus campañas de autobombo a costa del dinero de los pensionistas actuales y de los futuros, y así ya se puede gastar. El autoemprendimiento en manos del Partido Popular ha sido una manera de convertir a los autónomos en autoexplotadores de sí mismos, insertados en una cadena de subcontratación absolutamente precarizadora. Y la más salvaje de las políticas del PP en materia de empleo es la que afecta a las prestaciones por desempleo. Ya lo ha dicho el señor Simancas: solo 58 de cada 100 personas paradas reciben en estos momentos prestación y más de la mitad solo asistencial y, por si fuera poco, el Gobierno Rajoy ha aplicado un acoso sistemático a las personas paradas mayores de cincuenta años con una reducción de sus derechos, de sus prestaciones, y con una reducción de las expectativas de poderse jubilar anticipadamente. Hemos dicho en algún momento que parece un acoso y que se quiere llevar a esas personas a un callejón sin salida. Pero lo más grave de esta legislatura ha sido el oportunismo con que se ha comportado el Gobierno. Ha aprovechado la crisis para imponer disciplina laboral y salarial, para desequilibrar las relaciones laborales en beneficio del capital y en detrimento de los trabajadores. Situaciones como la de los trabajadores de la empresa Valeo de Martorelles, en riesgo de cierre de puestos de trabajo, de traslado, o situaciones como la de las mujeres, mayoritariamente de Carrefour, que ven cómo se les modifican sus condiciones de trabajo y se les afecta su vida personal y familiar, son posibles gracias a una reforma laboral votada por el Partido Popular y Convergència i Unió. Un deterioro hasta extremos absolutos de la capacidad de negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo tiene mucho que ver con esa voluntad de deteriorar y desequilibrar las relaciones laborales, que es la política del Partido Popular. Por eso nuestro grupo comparte la opinión de las organizaciones sindicales y de algunos grupos de esta Cámara - Grupo Socialista y La Izquierda Plural, sin duda - de que es imprescindible que la próxima legislatura se inicie claramente con un proceso de marcha atrás de la reforma laboral, aunque sería bueno que nos pusiéramos todos de acuerdo en qué significa eso. Nuestro grupo quiere dejar bien claro que eso significa no solo derogar la reforma laboral de 2012 sino también una buena parte de la reforma laboral del año 2010 que el Gobierno Zapatero, por las cosas que pasaron en su momento, dedicó a hacer de sherpa y ponerla en el último escalón, en el campamento de ataque. Esto también tiene que reformarse y, si me piden mi opinión como conocedor de la materia, les diré que incluso algunos aspectos de la reforma de 1994, buscando mecanismos de precarización y especialmente utilización de los autónomos sería una buena oportunidad para hacerlo. Espero que los que estén en la Cámara en su momento sepan encontrar el camino para conseguirlo. En todo caso, déjenme que les diga que nuestras dos enmiendas van orientadas fundamentalmente a reforzar la moción presentada por el Grupo Socialista, que compartimos, en dos líneas: condicionar e impedir la privatización de los servicios públicos de empleo, que no quiere decir impedir la colaboración con entidades externas, siempre y cuando sean sin ánimo de lucro, porque el empleo es un derecho no una mercancía y no podemos incorporar elementos de negocio en ese proceso porque entonces...
Señor Coscubiela, tiene que terminar.
Termino. Entonces, se produce la selección adversa de riesgos y esas empresas actúan solo sobre aquel empleo que es más fácil colocar a aquellos trabajadores que viven inmersos en dificultades. Y, en segundo lugar, un aspecto importante es que las prestaciones de desempleo en su alta de regulación han llegado al límite de sus posibilidades. Hay que pensar claramente en la creación de una renta mínima garantizada de ciudadanía, como han planteado las organizaciones sindicales. Y yo creo que como el Grupo Socialista ha presentado su programa de máximos, nosotros vamos a proponer que el nuestro incorpore esas dos cuestiones también y, por supuesto, derogar una parte de la reforma laboral de 2010. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Coscubiela. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto veo que van a compartir el tiempo, por lo que, en primer lugar, tiene la palabra el señor Serrano.
Las señorías de la mayoría están orgullosas del balance de su legislatura en cuanto a creación de empleo. Se les llena la boca - repetidas veces lo hemos oído - con datos estadísticos sobre afiliaciones a la Seguridad Social y sobre el ritmo de crecimiento de empleos, incluso indefinidos, como índice y signo de superación de la crisis. Yo no les niego que estén ustedes superando su crisis, la crisis económica de las élites a quienes ustedes representan y cuyos intereses favorecen con su política. Pero si analizamos y cruzamos los datos de sus estadísticas, queda en evidencia - por poner un solo ejemplo, no puedo detenerme más - que el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social no se corresponde con un aumento paralelo, ni mucho menos, de los ingresos de esa Seguridad Social, lo que indica a las claras algo que ustedes nunca comentan: que esas afiliaciones corresponden a empleos mal pagados y de escasa cotización, por tanto. Están ustedes creando una clase trabajadora de nuevo cuño; de muy viejo cuño, en realidad, pero que ya parecía lejana en el tiempo en países desarrollados; una clase trabajadora nuevamente pobre que no puede asegurarse un futuro digno y estable, que solo puede subvenir - y con dificultades - a sus necesidades del día a día. Basta comparar los salarios mínimos y la media de los salarios reales con los de la mayoría de los países de la Unión Europea, como hemos oído hoy mismo en este foro por activa y por pasiva; comparaciones que ustedes nunca realizan. Cuando ustedes se refieren a que están superando la crisis, se refieren a la crisis de los suyos, no a la de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Es peor aún; dicho en términos de teoría económica, están aprovechándose exitosamente - eso sí - de la crisis económica que estalló en 2007 para implantar su modelo de sociedad, el modelo basado en desigualdades cada vez más profundas, el modelo basado en una élite capaz de enriquecerse libremente, liberalmente, liberalísimamente, sin cortapisas ni regulaciones sociales, pero eso sí esquilmando los recursos públicos para el rescate de sus imprevisiones privadas, utilizando al Estado como recaudador de fondos para esos rescates a costa de eliminar servicios públicos, de hacer de los servicios públicos negocios privados que no funcionan como servicios, y que sustituyen el modelo de empleo estable y digno por su modelo precario de bajísimos salarios, empleo sustituible en cualquier momento y sin ninguna preocupación por la calidad ni por las condiciones ni dignidad del trabajo ni por la remuneraciones ni por la formación profesional de la mayoría de las gentes trabajadoras.
Muchas gracias, señor Serrano. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.
Gracias, señora presidenta. Cuatro años de desesperanza. Cuatro años donde se han eliminado todas las políticas de empleo de este país. En Canarias, donde teníamos un nivel de paro 6 o 7 puntos superior a la media nacional, el Partido Popular se cargó el Plan de empleo de infraestructura educativa, plan de formación profesional específico, por ineficiente. Pues bien, según el informe que han publicado hace unos meses, resulta que la mayor eficiencia en la gestión de los recursos de empleo y formación la ha tenido Canarias, y ustedes en los presupuestos del Estado han votado en contra del Plan de empleo de Canarias, cuando lo único que pedíamos era su mantenimiento hasta alcanzar la media nacional. En Canarias tenemos el paro juvenil más alto de la Unión Europea, y en un periódico poco sospechoso, como es ABC [[Muestra un artículo de periódico]], se publica hace dos días que los fondos para la formación de jóvenes desempleados caen a la mitad. Dice el propio periódico: Las trabas del nuevo sistema son una barrera infranqueable. Señorías, como decía el señor Olabarría, no tenemos planes de empleo específicos para la tipología de la problemática laboral de cada comunidad autónoma - totalmente distinta en cada territorio -, ni hay respeto competencial por parte del Estado hacia los aspectos relacionados con el paro y con las políticas activas de empleo. Por último, Europa se preocupa por el empleo, por el paro juvenil, y elabora un Plan Juncker cuya prioridad es el empleo, pero este Gobierno no termina de aclarar cómo va a gestionar dicho plan ni cuáles son sus prioridades, sino que lo ve como un plan de infraestructuras eléctrica y de comunicaciones y no como un plan de empleo. Señores del PP, tienen que reconocer que en estos cuatro años hemos salvado Bankia, hemos salvado a la banca, hemos salvado a las grandes empresas de este país, pero hemos dejado tirados a miles de jóvenes sin esperanza, que se habían formado porque se lo habíamos dicho, y a mucha gente que ha pasado la frontera de los cincuenta años. El otro día en un programa de televisión me preguntaba una persona: ¿Qué van a hacer ustedes en el Congreso para que yo pueda trabajar, cotizar y al final tener una pensión? Eso es lo que les pregunto yo a ustedes, señores del Partido Popular. Por nuestra parte, vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Calduch.
Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Socialista nos presenta una moción, consecuencia de interpelación urgente, cuyo título hace referencia a un balance de la política de empleo durante esta legislatura, pero nuestro grupo parlamentario no se puede quedar limitado a esta legislatura, porque la problemática del paro y del desempleo se inicia mucho antes de la misma. Se pueden dar datos de todo tipo - hay estadísticas para todos los gustos -; yo daré una sola cifra con respecto al comienzo de la crisis, que es cuando se empieza verdaderamente a provocar el desempleo que las políticas tanto del Gobierno Socialista como del Popular no han conseguido resolver. Respecto del empleo que había al comienzo de la crisis, y con relación a la situación actual, todavía hay 2 millones de personas que no han logrado recuperar el empleo. [[La señora]] Esa es la realidad, y después podemos disfrazarla de lo que queramos, porque el proceso de destrucción de empleo no ha sido lineal, sino que ha experimentado altos y bajos. Naturalmente ya hemos escuchado en varias ocasiones al Gobierno defender el esfuerzo que se ha hecho para recuperar parte del empleo, aprovechando la recuperación económica, que sin lugar a dudas ha sido fruto, no solo pero también, de las políticas económicas del Gobierno. La realidad que tenemos que asumir todos los grupos parlamentarios de esta Cámara es que todavía hay 2 millones de personas que en 2008 tenían empleo y que hoy no lo han recuperado, porque había aproximadamente 19 millones de personas empleadas y hoy hay 17 millones. A partir de ahí podemos entrar también en el debate de si se ha hecho más o menos contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial, y las cifras a veces encubren realidades. Por ejemplo, los contratos a tiempo parcial han subido de 2.038.000 a 2.514.000, pero a veces los datos de las afiliaciones ocultan que en muchos casos algunas de estas personas con contratos a tiempo parcial tienen varios contratos a tiempo parcial y computan como si fueran varias personas en la afiliación a la Seguridad Social. Pondré un sector que es característico de este fenómeno, el de las empleadas de hogar. [[El señor]] Las hemos pasado al régimen general de la Seguridad Social, quitando la excepcionalidad que tenían, pero lo cierto es que en este momento una empleada de hogar que esté contratada por tres personas diferentes con contratos a tiempo parcial, cotizando cada una de ellas la parte que le corresponda en la Seguridad Social, aparece en las estadísticas como si fueran tres contratados a tiempo parcial distintos cuando es la misma persona. ¿De qué se trata por tanto? Creo que podemos estar de acuerdo en dos cosas, la primera es que el problema del paro no se ha resuelto, ni con las políticas laborales del Gobierno Socialista ni con las políticas laborales del Gobierno del Partido Popular, o al menos no se ha resuelto al nivel de la gravedad del problema que tenemos en este país y que ya se ha resaltado, que es notablemente distinto y superior al de otros países. Y segundo, ya se ha apuntado por el portavoz socialista que a estas alturas todos sabemos que técnicamente todavía los presupuestos se pueden corregir en el Senado, pero en política no hay milagros, si se han tumbado 4.300 enmiendas en el Congreso, ¿realmente ustedes creen que con esta moción van a lograr que cambie la posición del Partido Popular y del Gobierno? Es obvio que no. Eso tiene otra lectura, que estamos en periodo electoral y que el Partido Socialista quiere mostrar lo que podría hacer si llegase al Gobierno. Eso está bien pero aceptarán que nuestro grupo parlamentario no entre a su juego electoral. Tampoco vamos a negar lo que hay de evidente y de cierto en esta moción. Por consiguiente, si tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, elegimos no elegir. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió tiene en primer lugar la palabra el señor Picó.
Gracias, señor presidente. Hablaré desde el escaño. La iniciativa formulada por el Grupo Socialista es una enmienda a la totalidad en toda regla y es legítimo que el Partido Socialista haga una enmienda a la totalidad a la política de empleo desarrollada por el Gobierno. La valoración general de Unió en relación con las políticas de empleo no es buena, y lo digo porque si una cosa hemos reclamado desde el inicio de esta legislatura es un plan de choque para la creación de empleo, empleo para jóvenes, empleo para mayores de cuarenta y cinco años, lucha contra el paro de largo plazo, capacitación, políticas activas, entre otras medidas. Y a pesar de las iniciativas formuladas tanto en el Pleno como las diferentes comisiones, poco se ha hecho en este sentido. Creemos que el Gobierno, con la disminución de transferencias a las comunidades autónomas con competencias en materia de políticas activas de empleo, con políticas recentralizadoras o con unos presupuestos generales que no tienen como principal objetivo la creación de empleo, no ha utilizado todos los mecanismos que tiene a su alcance para luchar contra el principal problema económico y social que hemos tenido a lo largo de esta legislatura y que tenemos aún ahora, por mucho que alguien nos quiera hacer creer lo contrario. Somos, por tanto, críticos con la política de empleo del Gobierno sin lugar dudas, pero, pudiendo compartir algunas de las medidas que nos propone el Partido Socialista en su iniciativa, especialmente en relación con el punto tres, también debo decirles que son más aspiraciones que realidades, señor Simancas. Usted mismo en su intervención ha reconocido que son más que nada aspiraciones porque tienen poco margen temporal para llevarlas a cabo. Por tanto, desde esta perspectiva Unió se va a abstener. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Picó. Señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Acaba la legislatura y difícilmente los datos pueden invitar a nadie, ni al propio Gobierno, a ser eufórico respecto a la situación de empleo. Desde este punto de vista, al margen de las consideraciones concretas de la moción que nos ha defendido el señor Simancas, está bien que esta tarde terminemos la legislatura debatiendo a fondo sobre las cuestiones del empleo. Seguramente, con independencia de que nos sentemos en estos escaños, se va a hablar de empleo y va a tocar revisar a fondo las medidas que se han adoptado durante esta legislatura. Desde el punto de vista de la revisión de las medidas adoptadas, es evidente que algunas de las que conformaron las reformas laborales aprobadas en estas legislaturas merecen una revisión, ciertamente; pero también es verdad que nos equivocaríamos, y mucho, en términos de empleo y de competitividad del tejido empresarial, si no entendiéramos que un mercado de trabajo en una economía abierta, con empresas competitivas, necesita ser también flexible. Por tanto, por mucho que nos empeñemos en revisar algunas cuestiones, estoy seguro de que los hechos, el sentido común de los Gobiernos y la capacidad de acuerdo entre los interlocutores sociales van a hacer que algunas de las reformas que se han promovido en esta legislatura se consoliden en el tiempo. No habrá sido esta la única vez que eso habrá pasado al discutir sobre empleo en la política española. A veces se predica desde la oposición aquello que difícilmente se puede practicar cuando se gobierna porque va en contra de las necesidades reales de la economía y de las empresas. En segundo lugar, seguramente en la próxima legislatura habrá que abordar reformas que en esta no se han abordado; por ejemplo, la simplificación contractual, cuestión de la que el Gobierno se ha vanagloriado en algunos momentos pero que no se ha abordado, o el avance hacia un modelo de indemnización del despido inspirado en el fondo de capitalización existente en Austria o Italia, precisamente para combatir de manera más radical la alta temporalidad que nuestro mercado de trabajo continúa padeciendo. Habrá que abordar cuestiones tan serias como las que hemos debatido esta misma tarde a propuesta de Convergència, como es el incremento del salario mínimo interprofesional, precisamente para luchar contra la desigualdad y para revertir un modelo de crecimiento no basado en salarios bajos ni compitiendo con los países de las economías emergentes sino compitiendo en servicios y en bienes de valor añadido; habrá que abordar una reforma de la protección por desempleo para hacer frente al desempleo de larga duración en un momento en que nuestro sistema de protección social no da respuesta a esa necesidad; y habrá que tomarse en serio la gran asignatura pendiente de este Gobierno, que son las políticas activas de empleo, precisamente porque un mercado de trabajo flexible como el que exige una economía integrada a escala global, para ser justos debe ir acompañada de poderosas políticas de empleo. Quedan cuestiones pendientes. No es el tiempo de la euforia, sino de respuestas más serias que las que se han dado en esta legislatura. Gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas. La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente. Estamos en un debate que, como se suele decir, es un déjà vu. Terminan la legislatura, señores socialistas, como terminaron la anterior, con la negación y el error. Negaron la crisis y erraron. Niegan la recuperación y vuelven a errar, sobre todo porque se empeñan en negar la esperanza a los españoles. Yo me pregunto por qué. Ustedes solo piensan en la política de sus propios intereses y hay que pensar en las personas. Hay algo que es incuestionable: con el PSOE vamos a la ruina, al paro, a la inestabilidad y a la desconfianza; con el Partido Popular, al crecimiento, al empleo, a la estabilidad y a la confianza. Lean ustedes y escuchen a cualquier analista nacional o internacional de los organismos que se dedican a la materia, también a la OCDE, pero oigan todo, escuchen y entiendan, que es algo más que oír y escuchar. Con ustedes el paro crecía al 7,8 %. En este momento el paro se reduce al 8,13 %. Es incuestionable. Con ustedes la tasa de paro subió del 8,6 % al 22,9 % y la de los jóvenes del 18,8 % al 48,6 %, veinte puntos. Con ustedes, de 2008 a 2011 se destruyeron 2,7 millones de empleos - está en las estadísticas -; con ustedes hubo 3,5 millones de parados en los tres últimos años de la legislatura. Con este Gobierno, entre los años 2014 y 2015 se ha creado un millón de puestos de trabajo, se pongan como se pongan. Hay 376.000 parados menos que al inicio de la legislatura, la más dura por cierto y más difícil después del desastre que nos dejó el señor Zapatero, y de esos 376.000, 105.000 han sido mujeres y 51.000 jóvenes. En su última legislatura, señores socialistas - digo socialistas entre comillas, y después me referiré a ello -, los hogares sin ingresos aumentaron en 250.000, y en los dos últimos años de este Gobierno han bajado en 260.000. Subir y bajar es completamente diferente. Siempre tenemos que arreglar lo que ustedes destrozan, señores socialistas, y los datos lo demuestran: PSOE igual a pobreza y paro; Partido Popular igual a crecimiento y empleo. Es una ecuación que saben hasta los niños que están en la educación básica. El 92 % de todos los empleos creados han sido a tiempo completo. Hablan ustedes de calidad. El 75 % son empleos indefinidos en España. ¿Es suficiente? No, claro que no, pero es que en 2011 era el 74 % y estaban ustedes gobernando. En 2007, en plena bonanza, era el 69 % la tasa de empleo indefinido. Sean ustedes razonables, reconózcanlo, porque tendrán más credibilidad. Para confirmarlo hay unos datos que no les oigo a ustedes decir: Andalucía, 35 % de temporalidad; Madrid, 15,3 % de temporalidad. En 2011 la contratación indefinida caía al 30 % y hoy crece al 16 %. Caer y crecer son líneas divergentes. Ustedes y nosotros somos divergentes en lo más importante, en la primera política social, que es la de creación de empleo y empleo de calidad. Hablan ustedes de empleo precario, pero qué flaca memoria. Ustedes hicieron de la temporalidad la perpetuidad. Ustedes encadenaban con sus normativas uno y otro y otro empleo temporal y no pasaba nada. Eso se ha terminado con este Gobierno. Ustedes tenían a los becarios sin protección social y este Gobierno les ha dado protección social, y hoy los empresarios cotizan a la Seguridad Social por los becarios. Ustedes hablan de derechos sociales, pero yo ya era diputada y recuerdo una huelga general y que el único contrato en España que no ha tenido cobertura social fue un contrato hecho por un Gobierno socialista. Tengan ustedes memoria, señorías. Ustedes tienen un discurso en la oposición y otro muy diferente en el Gobierno. El PSOE se olvidó hace muchísimo de la ese de socialista, de la o de obrero y de la e de España. Pueden dar datos, pero Eurostat, que yo creo que es europeo - no tiene nada que ver con el Gobierno de España -, dice que España es el país con más creación de empleo de la zona euro, el segundo país con más creación de empleo indefinido en este momento, y que el empleo temporal sobre el empleo total creado es el 35,4 %. Pero es que la media de la Unión Europea es del 37,1 % y la de la zona euro del 43 %. Con todos estos datos ustedes siguen empeñados en derogar la reforma laboral. Es una verdadera obsesión, un déjà vu. Simplemente porque no la han hecho ustedes, aunque lo intentaron en 2010. Por cierto, hoy ha dicho el señor Coscubiela que había que derogarla. No. Él no quiere derogar la de 2010. Pero ustedes la hicieron, y se quedaron en la exposición de motivos - no fueron capaces de ir más allá -, a ver si colaba con la exposición de motivos en la Unión Europea, que no coló. Pero ahora ya vemos, ese asesor económico que dio dos horas de lecciones de economía al señor Zapatero va diciendo, donde le quieren oír y en privado, que de derogar la reforma laboral si llegan ustedes a gobernar, nada de nada. Señorías, los españoles no se merecen una oposición que les mienta. Ustedes dejaron España como un solar. Recesión, paro creciente y hasta 3,5 millones de parados en sus últimos tres años. Irresponsabilidad e incapacidad, señorías. No les voy a decir cómo solucionaron los problemas en la crisis de 2010, congelando las pensiones de los pensionistas y hurtándoles dinero de su propia hucha. Si hiciésemos todo lo que ustedes proponen, volveríamos adonde estábamos al inicio de la legislatura, a un solar. Iríamos a un déficit excesivo, a una bajada de la confianza y a un paro creciente con las medidas que ustedes proponen hoy. No solo no las vamos a aprobar, como ha dicho el representante de UPyD, porque sean extemporáneas y se vaya a acabar la legislatura. No, señorías. No las vamos a aprobar porque iríamos otra vez al desastre. España no se puede permitir un retroceso en su crecimiento y en la creación de empleo. Con la reforma laboral se ha conseguido frenar la destrucción de empleo y empezar a crearlo en tasas de crecimiento económico nunca conocidas. Con el uno por ciento se ha creado empleo. Ahora se está creando empleo a la vez que hay crecimiento económico. La reforma laboral, la reforma del sector financiero son claves para la estabilidad y la confianza de este país, pilares de una recuperación sólida y estable que reconocen todos los organismos internacionales. Señorías, y termino, señor presidente, los cimientos están bien anclados. El edificio ya empieza a rebasar la cota cero. Ha empezado a crecer el edificio. ¿Qué queda mucho por construir? Claro, hay que levantar una gran torre. Hay que seguir avanzando. Queda mucho por hacer. Hay que levantar el resto del edificio, y lo más importante, hay que dotarlo de bienestar en su interior. Y ahí nos podemos encontrar. El señor Campuzano...
Señora Álvarez-Arenas, tiene que terminar. La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente. El señor Campuzano ha enunciado muchas cosas que se pueden trabajar, que son las que rellenarían ese edificio que hay que levantar. ¡Claro que sí! Y habrá que hacerlas en la próxima legislatura. Pero no podemos ni eliminar ese crecimiento del edificio, ni acabar y socavar esos cimientos que se han puesto sólidamente para conseguir que dure por mucho tiempo. Señorías, ustedes lo saben y por eso van diciendo con la boca chica y no en público que de derogar la reforma laboral nada de nada. Por eso, señorías, y ustedes lo saben, porque vamos por el buen camino, porque España se merece ese futuro sólido de un edificio alto y confortable, es por lo que les convocamos a todos a un proyecto ilusionante. Convocamos a todos los españoles a conseguir 20 millones de empleos y que lo hagamos todos juntos a partir de este momento. Muchas gracias, señor presidente, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas. Señor Simancas, ¿acepta alguna enmienda?
Aceptamos la enmienda del Grupo Vasco. Únicamente esa.
Muchas gracias, señor Simancas. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN LA PRESENTE SITUACIÓN DE RECOGIDA DE REFUGIADOS. [[Número de expediente 173/000229]]
Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados. Para su defensa tiene la palabra el señor Sixto.
Muchas gracias, señor presidente. Esta moción que defiendo es consecuencia de la interpelación al Gobierno en la persona del ministro del Interior que tuvo lugar el pasado miércoles 30 de septiembre. El día anterior, la Cámara aprobó una proposición no de ley, dentro del cupo del Grupo Parlamentario Socialista, que hablaba del asilo y de la migración. Era una proposición no de ley que aprobamos por unanimidad todos los grupos de la Cámara en un debate que dejó bien claras las diferencias políticas que existían y que existen respecto a esta cuestión entre los diversos grupos de la Cámara, pero también dejó bien claras la voluntad de consenso y la voluntad de entendimiento de absolutamente todos los grupos aquí representados para que el Gobierno impulse una mejora política en el tratamiento del asilo. En esta línea, en la interpelación que se discutió al día siguiente mi grupo parlamentario trató de plantear al Gobierno la concreción de esa voluntad demostrada, de ese cambio cierto que se ha producido en la política de asilo del Gobierno del Partido Popular, que de una política que se oponía radicalmente, por ejemplo, a la cuestión de las cuotas de asilados de la que se hablaba desde la Unión Europea ha pasado a una política - en la que se encuentra ahora - de asumir los acuerdos que se alcancen en la Unión Europea. En esa línea lo que planteábamos al Gobierno era concretar medidas específicas a desarrollar y establecer unos plazos para desarrollar esas medidas y tratar de que el Gobierno pusiese negro sobre blanco sus compromisos a la luz del acuerdo unánime del día anterior. Esa misma tarde de la interpelación, aquí, en sede parlamentaria, y a instancias de dos grupos parlamentarios, del Grupo Mixto, concretamente de Amaiur, y del Grupo de La Izquierda Plural, hicimos una jornada en uno de los salones de la casa, a la cual invitamos a miembros de diversas organizaciones muy plurales y de muy diverso signo, incluso filosófico-religioso, pero dedicadas específicamente en sus actividades a la atención a los migrantes y algunas además específicamente a la atención a los refugiados. Fue una jornada muy interesante. Allí hubo miembros de esta Cámara de prácticamente todos los grupos parlamentarios, e incluso algunos intervinieron en defensa de algunas de las cuestiones que allí se habían planteado. La verdad es que lo que nos plantearon los representantes de la sociedad civil, que han tenido el papel fundamental a la hora de hacer que el Gobierno vire en su política y que todos los grupos parlamentarios tengamos este problema como uno de los principales de nuestra agenda política, fue muy interesante. Pusieron de manifiesto las limitaciones, de las que todos éramos conscientes, del acuerdo alcanzado el día anterior de forma unánime en esta Cámara y nos plantearon algunas buenas propuestas a la luz de su experiencia y de su trabajo para que fueran sometidas a la consideración de la Cámara. Por parte de mi grupo parlamentario se puso a disposición de estas ONG, de estas entidades, la oportunidad de esta moción que hoy se plantea al Pleno de la Cámara. La verdad es que los doce puntos o las doce propuestas de las que se compone, más que nuestras, son de ellos, son de estas entidades que están en el día a día trabajando en la atención a los inmigrantes y en atención a las personas asiladas. Ya digo que estas propuestas de acuerdo no son lanzadas como una propuesta de máximos de nadie frente a nada. En la defensa de la PNL unánime mi grupo parlamentario dijo que entendíamos que aquello era un punto de partida y no un punto de llegada. Esto pretende ser un punto de continuación del punto décimo de aquella PNL que decía que hay que continuar en el camino del diálogo y en el camino del consenso. En ese sentido, planteamos estas doce propuestas que ustedes, señorías, estoy seguro que conocen. Si hubiera que sintetizarlas en una, la primera y la más importante sería implementar todas las medidas necesarias para habilitar las vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho al asilo en España. Ese primer punto contempla todos los demás, en los cuales hay cuestiones tan específicas como que a las delegaciones diplomáticas se les den determinadas instrucciones, que se trasladen asilados con mayor velocidad de la que se están trasladando desde Ceuta y Melilla a la Península o que se implemente un plan específico de ayuda para las embarcaciones en peligro en el Mediterráneo, más allá de las medidas que se estaban implementando hasta la fecha por parte de una Unión Europea que ve a los inmigrantes y a los asilados con rechazo y no como los tendrían que ver, como un compromiso ineludible de ayuda humanitaria, además consagrado en los tratados que dan sentido a la propia Unión Europea. Señorías, estos doce puntos no son los doce puntos de mi grupo parlamentario, son los doce puntos que las ONG y las entidades trasladan a la Cámara para la consideración de los grupos; no se tienen que ver como un ataque por parte de nadie contra nadie, sino como una continuación del debate que ya tuvimos y como la plasmación de la firme voluntad del conjunto de grupos de la Cámara de mantener una posición clara de apoyo a las personas que vienen a nuestro país huyendo de conflictos armados, exactamente igual que ha pasado en otros momentos de la historia de nuestro país. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Convergència i de Unió a esta moción. Es una enmienda de adición que complementa y mejora la moción, puntualiza determinadas cuestiones que compartimos en relación con la estructura territorial del Estado, con la estructura autonómica, por lo que vamos a aceptarla. Quiero dedicar los últimos segundos de la que puede ser mi última intervención en el Pleno, ya que todos tenemos que pasar por las urnas que nos colocarán a cada uno en nuestro sitio, para decir que ha sido un auténtico placer y un honor defender a las 96.237 personas que votaron la candidatura de Esquerra Unida-Els Verds en las elecciones del 20 de noviembre del año 2011. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sixto. Se ha presentado una enmienda a esta moción por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió que va a defender el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, hace unos pocos días tuvimos ocasión de debatir a fondo la crisis de refugiados que está viviendo Europa. Hubo un pronunciamiento de la Cámara que gozó del apoyo de todos los grupos parlamentarios, un consenso espléndido, pero ya dijimos en aquella discusión que en el debate sobre la gestión de la crisis del refugio necesariamente teníamos que tener también una visión crítica, crítica respecto a cómo Europa ha abordado y está abordando esta crisis y crítica también con la política de asilo del Gobierno de España. Desde esa lógica, nos pareció oportuno y legítimo - faltaría más - que La Izquierda Plural plantease hace unos días una interpelación y hoy esta correspondiente moción. Aprovechamos que estamos en el uso de la palabra en la tribuna para trasladar a la Cámara la preocupación por la lentitud con la que Europa - y también el Gobierno del Estado español - está haciendo frente a la situación que se vive en Hungría, en Croacia, en los Balcanes, en Grecia. El invierno se acerca y las medidas que debían de haberse adoptado hace tiempo no terminan de llegar. Se han movilizado las comunidades autónomas - en nuestro caso, el Gobierno catalán ha creado un operativo de acogida que está en marcha -, se ha movilizado la sociedad civil, se ha movilizado el mundo municipal, pero lo cierto es que la situación de los refugiados continúa siendo más o menos la que había hace unas cuantas semanas. Por tanto, primer motivo de preocupación. Segundo motivo de preocupación, las patatas calientes que afectan más directamente al Gobierno español y que no están vinculadas a esta crisis, singularmente la situación en Ceuta y Melilla, continúan siendo impresentables en términos del cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos y específicamente en materia de protección internacional para las personas asiladas. Esto es así no solo por la situación que vive el CETI de Melilla, con más de 1.500 personas alojadas en un centro que tiene capacidad para unas 500 personas, sino por la situación anómala de los refugiados sirios que están en la frontera de Marruecos con Melilla, y ya no digamos por la situación de posibles peticionarios de asilo procedentes de los países africanos, de los países subsaharianos. La situación, insisto, en Ceuta y Melilla es singularmente grave y está Cámara no puede permanecer ajena a la misma. Por tanto, bienvenida esta iniciativa porque nos permite poner de manifiesto, compartiendo el consenso de hace unos días, elementos que la Cámara no puede obviar. Sería muy extraño que, contentos y satisfechos por los consensos, no fuésemos capaces de expresar cuestiones que nos preocupan. En segundo lugar, las enmiendas que Convergència Democràtica ha trasladado a esta moción - que el señor Sixto ha aceptado y mi grupo le agradece - pretenden, en primer lugar, recordar que está pendiente el desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley de Asilo. Es una disposición adicional no menor porque fue lo que justificó, entre otras cuestiones, el voto de Convergència i Unió a la reforma de la Ley de Asilo, un acuerdo que alcanzó Mercè Pigem con el anterior Gobierno socialista que permitía que los programas de acogida de los refugiados fuesen gestionados por las comunidades autónomas. Es razonable que sea así en la medida en que estas son las competentes en la materia. En segundo lugar, deben garantizarse los recursos suficientes para que las comunidades autónomas hagan frente a sus responsabilidades en materia de acogida. Y en tercer lugar, ha de impulsarse la máxima transparencia en los fondos europeos, elemento preocupante porque deberíamos preguntarnos cómo ha gastado hasta ahora España los recursos recibidos de la Unión Europea en políticas de acogida de refugiados y asilados. Finalmente - y con ello termino, señor presidente -, planteamos que los traslados desde los CETI de Melilla a la Península se hagan también de común acuerdo con las comunidades autónomas. Son enmiendas que creo que mejoran el texto de La Izquierda Plural y que esperamos puedan contar con el apoyo de la mayoría. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, queremos agradecer al grupo proponente, a La Izquierda Plural, no solamente haber presentado esta moción, sino también la gestión que ha hecho de la misma incorporando las aportaciones de diferentes grupos, pero sobre todo de entidades, de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el día a día haciendo frente a esta emergencia humanitaria no solamente ahora sino desde hace muchos años. Hace dos semanas se aprobó en esta Cámara una proposición que, si bien era un primer paso, tenía importantes carencias. Esas carencias hoy se pueden subsanar gracias a la incorporación de las doce medidas que se proponen en la moción presentada. En ella está todo lo que faltaba en la anterior y que denunciamos hace dos semanas. Con respecto a esta crisis, no estamos ante una crisis de refugiados, estamos ante la crisis de Europa. Como decía recientemente el profesor Javier de Lucas, estamos a cinco minutos del Waterloo moral, jurídico y político de la Unión Europea, de la derrota de todos los ideales por los cuales se construyó. Los Estados europeos y los ciudadanos tenemos un contrato con las personas refugiadas a través de la Convención de Ginebra, nosotros no hemos cumplido nuestra parte del contrato y esto hiere mortalmente el proyecto europeo. Porque, señorías, no hablamos de una obligación solidaria y ética, que también, sino que hablamos de una obligación jurídica, obligación europea, estatal, internacional, que hasta el día de hoy no se está cumpliendo ni en la Unión Europea ni en el Estado español. ¿Por qué personas que tienen derecho de protección internacional se han tenido que jugar la vida, muchos de ellos perdiéndola, hasta llegar a Europa cuando tienen ese derecho internacional reconocido? Señorías, las propuestas realizadas hoy son esenciales para resolver de manera rápida la problemática generada no tanto por la llegada de refugiados a Europa, sino por la falta de medidas hoy en día tanto en el Estado como en la Unión Europea. Hablando de este asunto, insisto, me gustaría traer a colación dos temas. El primero de ellos es la situación que se está viviendo en la ciudad de Melilla. No hace falta mirar a Hungría, hay ahora, en este momento, 1.500 solicitantes de asilo en el CETI de Melilla; un tercio de esos solicitantes son menores que están hacinados en un centro construido para 500 personas. La mayoría de ellos están separados de sus familias, que se encuentran en la ciudad marroquí de Nador, al otro lado de la valla. La única manera que tienen de acceder a la oficina de asilo instalada en la frontera es pagando a mafias parapoliciales. ¿Por qué hasta ahora no se ha solucionado este asunto? ¿Por qué no han respondido desde el Gobierno a la solicitud realizada por CEAR de facilitar visados en el Consulado de Nador? No se ha respondido porque no hay un interés del Gobierno en resolver esta situación. Se prefiere que sean esas mafias las que estén cruzando a menores y a solicitantes de asilo hasta la oficina. De igual forma, y a colación de la dificultad que tiene el solicitar asilo en el Estado español - recordemos que es uno de los Estados de la Unión Europea donde más difícil es solicitar asilo -, queremos denunciar el caso de Hassana Aalia, un activista saharaui que ha solicitado asilo en el Estado español porque en Marruecos ha sido condenado a cadena perpetua en un juicio injusto o sin garantías y cuya vida, de ser trasladado a Marruecos, estaría en grave peligro. Pues bien, el Gobierno no solamente rechazó esta solicitud de asilo, sino que la semana pasada fue detenido en la ciudad de Burgos y se le entregó por parte de los agentes policiales una orden de expulsión en 48 horas, sin tener en cuenta la medida cautelar, inexistente a día de hoy, de un juez de la Audiencia Nacional diciendo que hasta que se resuelva judicialmente este asunto no puede ser expulsado. Por ello la sociedad vasca, las instituciones del País Vasco, lugar en donde reside, han solicitado al Gobierno que acceda a conceder el asilo a esta persona. Por ello, una vez más, traemos a esta Cámara esa solicitud, que por sentido común el Gobierno acceda a conceder asilo, independientemente del procedimiento judicial en curso, a Hassana Aalia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señor presidente. Uno de los actos más satisfactorios de esta legislatura fue sin duda alguna conseguir la unanimidad que recayó sobre la proposición no de ley aprobada el pasado 29 de septiembre en relación con la materia que estamos debatiendo en el día de hoy. Todos los grupos nos comprometimos con una serie de medidas que constituían, y así constaba en la propia proposición, un punto de partida y no un broche de cierre. Tenemos que ir buscando el broche de cierre en un poliedro que se está complicando en sus dimensiones cuantitativas y cualitativas. Mire, señor presidente: Estados Unidos está bombardeando al Estado Islámico. La Federación Rusa está bombardeando a los rebeldes democráticos al régimen de El Assad. Turquía está bombardeando a los turcos. En este poliedro en donde nadie sabe quién está bombardeando a quién ni por qué razones - razones bastardas y espurias en la generalidad de las ocasiones -, nos encontramos con que esta crisis humanitaria va a adquirir unas dimensiones difícilmente controlables o difícilmente gestionables. Y desde esa perspectiva, nos complacen las aportaciones de los grupos con los que tuvimos ocasión de departir la misma tarde en que se aprobó esta proposición no de ley y de las cuales dimanan la mayoría de las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: implementar medidas necesarias para habilitar vías legales y seguras que garanticen el derecho de asilo en España. Me imagino que atendiendo a los requerimientos del Convenio de Ginebra, convenio ratificado por el Estado español y que forma parte del ordenamiento jurídico español, requerimientos que no siempre son atendidos, como el señor Sixto sabe perfectamente. Aprobar de forma urgente el desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, norma reglamentaria pendiente desde hace seis años, cuestión que no es baladí, sobre todo en una materia de esta dimensión y de este dramatismo. Comprometerse en el aumento de la ayuda oficial al desarrollo. Ha habido algún avance presupuestario pero insuficiente, dadas las dimensiones y el carácter dramático del fenómeno que estamos afrontando. Dar las instrucciones oportunas a consulados y embajadas para facilitar la tramitación y concesión de visados humanitarios y trabajar en flexibilizar los requisitos para los solicitantes en países en guerra. Es indignante la actitud de algunos consulados y embajadas renuentes y refractarias a la concesión de visados en situaciones tan dramáticas como las que estamos analizando. Garantizar en todos los caso el traslado urgente e inmediato a la Península de los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentren en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esto es un tanto paradójico con la legalización que se acaba de realizar en la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de la devolución en caliente. Aquí estamos jugando en un terreno, señor Sixto, terriblemente resbaladizo, donde los impulsos buenistas que se consignan en esta proposición no de ley contradicen absolutamente no solo actos concretos administrativos de la Administración española, sino normas que estamos positivizando e incorporando a nuestro ordenamiento jurídico absolutamente contradictorias con el buenismo y con el carácter bienintencionado de esta proposición no de ley. El señor Campuzano hacía una invocación a la coherencia. Vamos a hacer una invocación a la coherencia y vamos a cerrar bien el broche, ajustándonos a los requerimientos del ordenamiento jurídico y del carácter solidario y humanitario del que presumen o del que se jactan todos los grupos parlamentarios que suscribieron la proposición no de ley de referencia. Desarrollar nuevas actuaciones específicas destinadas a refugiados menores no acompañados y mujeres vulnerables, facilitando además los mecanismos para la reagrupación familiar. Señor Sixto, usted y yo no nos vamos a engañar, estamos en la misma Comisión y estamos tratando este problema sistemáticamente: la reagrupación familiar de facto ha desaparecido, no del ordenamiento jurídico español, sino de la práctica de las autoridades españolas. Desde esta perspectiva, vamos a intentar no solo consensuar, que no es malo, estos puntos que usted propone con tanta pertinencia y que pueden constituir un paso más para el cierre del broche, porque la realidad es que el cierre del broche está muy abierto todavía, está muy lejano en las actitudes y en las normas, algunas de las cuales tendremos que derogar. Desde esa perspectiva, ojalá el consenso, que es un valor superior en el ámbito del tratamiento de problemas de esta dimensión, siga primando y siga gravitando sobre esta Cámara, pero también tienen que primar y gravitar nuestras leyes sobre las actuaciones de la Administración y la regulación adecuada y conforme a los tratados internacionales suscritos por el Estado español y los requerimientos humanitarios y de justicia material más elementales. Desde esa perspectiva, el buenismo es bueno, el voluntarismo es bueno, es un avance, pero solo eso también. Por último, quiero terminar diciendo que estamos en un trámite de despedidas que le sugeriría que lo prohíba, señor presidente, porque provoca desolación. [[Risas]] Si se van a seguir despidiendo de esta Cámara algunos de los mejores diputados con los que hemos convivido hasta este momento, no sé quien le sustituya a usted qué va a tener qué gestionar ni cómo va a poder hacerlo. Evite la melancolía y la depresión que este trámite de despedidas está provocándonos, por lo menos a algunos que conocemos a las personas que se están despidiendo, muchos de los cuales son los mejores. Gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Olabarría, pero no estoy de acuerdo con usted. A mí me parece muy bien que se despidan los compañeros que han estado tantos años con nosotros y lo siento, me produce tristeza, pero me da alegría porque estoy seguro de que vendrán otros que serán mejores que nosotros. Así es la vida. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. La moción que hace La Izquierda Plural nos parece muy bien y creemos que además profundiza o detalla algunas cuestiones que no estaban del todo recogidas en la proposición no de ley que consensuamos todos los grupos en el último Pleno y, en ese sentido, la vamos a apoyar, aunque sí quiero decir que algunas cosas nos dejan un tanto perplejos. Quiero ver qué tipo de enmiendas han negociado ustedes con Convergència Democràtica porque la idea de convertir la acogida de refugiados e incluso el paso a la Península de los refugiados acogidos en los CETI de Ceuta y Melilla en materia de negociación entre comunidades autónomas y el Estado no sé qué diablos tiene que ver con el problema de los refugiados. Me parece que es cambiar completamente el foco de la cuestión. ¿Cuál es el problema, los refugiados o las competencias insaciables de las comunidades autónomas, que ahora, por lo visto, también tienen que tener competencia en materia de asilo político o por lo menos de su gestión? Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que uno de los problemas más graves que ha habido para la mala política de acogida de la Unión Europea respecto a los refugiados ha sido algo tan evidente como el nacionalismo de los Estados. Ha habido casos extremos, como el de Hungría y otros países, sobre todo del Este, pero tampoco otros países de tradición de asilo político secular han estado a la altura del desafío. Eso ha sido un problema, una Unión Europea como ente político un tanto ambiguo o indeterminado que no ha podido sobreponerse a ese tipo de políticas gubernamentales egoístas, lo que a su vez ha creado unos problemas que también han servido sobre todo para divulgar la xenofobia, el rechazo a los refugiados y la suspicacia hacia ellos. Si me quieren convencer de que lo que pasa es que las comunidades autónomas en España se van a pelear entre ellas por una política más generosa de inclusión, permítanme que me ría porque sería la primera vez. Si lo que quieren decirme es que está garantizado que las transferencias fiscales del Estado a las comunidades autónomas van a servir a objetivos finalistas, sería la primera vez, no estaría mal, porque hasta ahora no ha ocurrido jamás. Esto nos deja un tanto perplejos porque además, como le digo, es algo tan raro como decir que vamos a solucionar el problema de que todos los niños coman y vamos a acabar preocupándonos del problema de las distribuidoras de alimentos infantiles. No, son cosas que no tienen nada que ver, que tendrían que estar separadas. Una cosa es que las comunidades autónomas, en el uso de las competencias estatutarias y constitucionales que tienen, acojan o propongan al Estado diferentes políticas y otra cosa es que se conviertan en materia de negociación. Ahí no estamos de acuerdo. De todas maneras, como le digo, nuestra intención sigue siendo la de apoyar esta moción y queremos ver qué tipo de enmiendas han aprobado porque, insisto, desvirtúa el tema, cambia el foco y el problema no son las comunidades autónomas españolas, son los refugiados que vienen a Europa buscando algo a lo que tienen derecho y, desde luego, cambiar una cosa por la otra me parece inenarrable, la verdad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.
Gracias, señor presidente. Señor Sixto, he tenido oportunidad de leer la interpelación que plantearon el miércoles día 30. No pude asistir en aquel momento por culpa de un virus batallador, pero desde casa he querido reflexionar sobre el contenido. La interpelación que ustedes plantearon me pareció de mucha calidad, una interpelación que planteaba muchísimas preguntas, y creo que esta es una tarea que nos corresponde como grupos parlamentarios: preguntar ante una situación sobre la que no tenemos los datos y que aparece con mucha incertidumbre, como es el caso de los refugiados. Pero cuando leí la moción tuve la sensación - y ahora lo digo en primera persona - de que estábamos ante un déjà vu, y entonces no entendí muy bien. Me explico. El día 29 todos los grupos de esta Cámara, dejando a un lado un trozo importante de lo que cada uno tenía asumido y planteado como política de inmigración, fuimos capaces de hacerlo para encontrarnos en un punto - me acuerdo que dije aquí que debía ser un punto de partida -, un marco que nos permitiría operar y dar una imagen a los ciudadanos de solidez, de coherencia y, sobre todo, de ejemplo para que este acuerdo fuera en cascada hasta llegar a cada uno de los territorios. Entendí que este era el sentido, que no era la mía, la tuya o aquella, no hubiéramos hecho esta, pero teníamos que llegar a un acuerdo, y el acuerdo creo que valió la pena. Cuando he visto la moción, insisto, hay una buena parte que vimos ya y que se incorpora, como el tema de los menores o como el tema del primer punto, que también figura en el acuerdo que hicimos. Por lo tanto, lo que veo es una repetición bien hecha con muchas concreciones, pero, permítame, de hoy para mañana las cosas no pueden haber cambiado mucho. Yo entendería esto en una sesión de control, entenderíamos todo esto en caso de continuar la legislatura, con controles al Gobierno para saber cómo funciona, pero en estos momentos pensamos que quizá no es lo más adecuado. ¿Por qué razón? Si el objetivo principal era darnos un mensaje a nosotros mismos y a la ciudadanía de que somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan importante, tan estratégico y tan humano como este, ¿cómo al día siguiente podemos romper esto? Fíjese usted, para poder llegar a aquel acuerdo tuvimos reuniones, llamadas telefónicas, un texto, un segundo texto, una tercera versión, una cuarta versión...No fue fácil. Las entidades a las que usted aludía también fueron consultadas y me parece que hoy no estamos dando el mensaje, sino un metamensaje que esconde detrás una posición distinta, y a mí me parece que esto hay que dejarlo sedimentar, ni que sea algo más de veinticuatro horas. [[La señora]] Señor Sixto, a mi grupo le hubiera gustado una llamada y supongo que al resto de los grupos también: creemos que faltan dos o tres elementos que son fundamentales y hay que volver a plantearlos. Y ponernos de acuerdo, pero usted no ha pedido la participación. Usted ha utilizado legítimamente un mecanismo parlamentario - legítimamente, tiene todo el derecho - para plantear aquello a lo que no pudimos llegar el día anterior. No podemos estar empezando todo cada día y, al contrario de lo que decía el señor Olabarría, el acuerdo era realmente un punto de partida, no cerraba, pero a un punto de partida hay que darle algo más de veinticuatro horas y, sobre todo, reivindicar el consenso necesario de todos los grupos. El Grupo Socialista le hubiera agradecido que nos dijera ¿qué vais a hacer, cómo lo podemos mejorar? Faltó esto y ante este vacío, permítame, creo que aquello que tiene más valor hoy es el acuerdo firmado por todos, porque es de todos, porque tiene que ir en cadena hasta el territorio y a las entidades, porque nos vincula, además de toda la lucha que hemos de seguir haciendo en este tema, que es fundamental: demasiado en juego, sobre todo vidas. Voy acabando ya. Señor Sixto, nos hubiera gustado este encuentro, este espacio de consenso, pero lo hemos estado pensando bien y nos vamos a abstener. Creemos que es lo que hoy toca y creemos que esto es lo correcto. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Esteve. Por el Grupo Popular, señor Castillo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, con la participación de todos los grupos parlamentarios, el pasado 29 de septiembre pudimos llegar a un importante acuerdo que sentó las bases de un pacto de Estado sobre la crisis de los refugiados, apuntando en esa posición común propuestas ante el terrible drama humanitario que Europa tiene en estos momentos. Es evidente que sentadas las cuestiones básicas era y es necesario seguir trabajando desde el consenso para encontrar las mejores soluciones que nos permitan afrontar la grave crisis migratoria que estamos padeciendo. Por ello, me alegra que la moción que debatimos reconozca que la interpelación del pasado día 30 pusiera de manifiesto la firme voluntad del Gobierno de trabajar en la línea de consenso establecida por la proposición no de ley aprobada tan solo un día antes. Sin embargo, a pesar de este convencimiento y de las extensas explicaciones que ofreció el señor ministro del Interior en respuesta a su interpelación, ustedes se han empeñado en presentar esta moción, una moción que viene a pedir al Gobierno que haga aquello en lo que ya está trabajando; que no viene sino a reiterar en gran parte aquellas medidas que compartimos todos los grupos parlamentarios y que expresamos con la aprobación unánime de la proposición no de ley; una moción, en definitiva, que no consigue aportar iniciativas, cuestiones o soluciones nuevas a las ya ofrecidas y que tampoco ha permitido dejar un mínimo margen al Gobierno para avanzar en las propuestas aprobadas tan solo hace dos semanas, porque, señorías, cuando hablamos de medidas eficaces para responder a los complejos y urgentes desafíos que se plantean actualmente en el ámbito de la crisis de los refugiados no podemos seguir aplicando el retrovisor ni poner la marcha en punto muerto, que es lo que hacen ustedes con su iniciativa. Tengo escaso tiempo para entrar con detalle en el fondo de la cuestión. En todo caso, me van permitir que haga una serie de consideraciones comenzando por una cuestión meramente terminológica o, como diría el señor Olabarría con la precisión que le caracteriza, una cuestión de orden anfibológico, concretamente la referida al título de la moción, que trata, según su encabezado, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados. Creo que la palabra adecuada no es la de recogida, sino la de acogimiento de refugiados, pues no se trata de recoger sino de acoger, de recibir e integrar a quienes se ven obligados a huir de sus hogares y buscan refugio para escapar de la violencia. Como en el planteamiento del título de la moción vienen a preguntar por las medidas que piensa adoptar el Gobierno, me permitirá que continúe dando respuesta a esa pregunta inicial. El Gobierno, como bien saben, a través del grupo interministerial y con la participación de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades especializadas en la atención e integración de los refugiados, está trabajando activamente y desde hace meses en la gestión de esta crisis. Lo está haciendo reforzando los medios humanos y materiales de la Oficina de Asilo y Refugio, aumentando la dotación presupuestaria en materia de protección internacional un 105 % y multiplicando los esfuerzos para dar una respuesta efectiva a las miles de personas que necesitan ser atendidas. Esto ha permitido que tan solo en este año - y les cito datos de los primeros nueve meses - España haya tramitado en torno a las 10.000 demandas de asilo, de las cuales 4.000 son provenientes de Siria. La estimación a final de año, como adelantó en la interpelación el ministro del Interior, es que estaremos en torno a las 18.000 demandas de asilo en España, al margen de los programas de reubicación comunitaria. Señor Sixto, el tiempo no me permite entrar con más detalle en las propuestas relacionadas en la moción que hoy ha defendido, pero es indudable que estas o están ya en marcha o han sido ya solicitadas con suficiente claridad al Gobierno por todos los grupos parlamentarios de la Cámara a través de la aprobación unánime de la proposición no de ley. Por lo expuesto, consideramos que esta moción, independientemente de su buena fe, no resulta oportuna sino oportunista y precipitada, por lo que el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyarla. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Castillo. Señor Sixto, para la aceptación o rechazo de las enmiendas.
Aceptamos la enmienda, ya lo he dicho en mi intervención. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Sixto. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ANTE LAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA, PARTICULARIZADO EN EL CASO DE LA TALIDOMIDA. [[Número de expediente 173/000230]]
Pasamos, pues, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la justicia, particularizado en el caso de la talidomida. Para su presentación tiene la palabra la señora Ciuró.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, subo hoy a la tribuna para tomar la palabra en la segunda parte de la interpelación que abrimos hace un par de semanas en este Pleno en defensa de las personas víctimas de la talidomida. El día de la interpelación explicamos cómo habían sufrido estas personas una cierta negligencia - una grave negligencia diríamos nosotros - por parte del Ministerio de Sanidad de todos los tiempos, porque a pesar de que dictaminó en el año 1961 que el medicamento que contenía la talidomida causaba gravísimas malformaciones en los fetos y por tanto consecuencias y secuelas para toda la vida, en España se siguió comercializando. Tenemos constancia de que no fue hasta el año 1985 cuando una orden ministerial decía que convenía prescribir la talidomida o los medicamentos que contuviesen talidomida con mucha precaución. Por tanto, es lógico pensar que hasta el año 1985 era posible que en el Estado español se vendiesen medicamentos para paliar las náuseas de las mujeres embarazadas que contenían talidomida, un medicamento que la farmacéutica Grünenthal, a los dos años de la comercialización de este fármaco, detectó que causaba estas graves malformaciones. La lucha de las víctimas de la talidomida ha sido muy larga, ha sido una lucha sin cuartel en defensa de unos derechos legítimos y para resarcirse en cierta forma de los efectos de un medicamento que tomaron sus madres gestantes, para lo cual necesitaban que el Estado los amparase. Han visto cómo por parte de la farmacéutica no ha habido la receptividad necesaria. Han visto cómo otros países europeos establecían medidas en su apoyo y que en el Estado español se hacían cosas pero eran tibias. Hay que reconocer el Real Decreto de 2010, que abrió un campo de resarcimiento a las víctimas nacidas hasta el año 1965, pero que se ha demostrado que quedó muy corto. De hecho, el Instituto Carlos III, que era el que diagnosticaba y hacía las pruebas necesarias para poder determinar si la persona afectada era víctima o no de la talidomida, cerró el protocolo hace ya bastantes años. Por tanto, hoy en día no hay ninguna asistencia para que las personas que piensen que pueden ser víctimas de esta afectación puedan recurrir a la sanidad para que les reconozca y les ampare en una reclamación del todo legítima. Hoy subo a la tribuna, como decía, para defender la moción que presenta mi grupo y con la satisfacción de haber transaccionado un texto. Quiero agradecer a los dos grupos, al Grupo Socialista y al Grupo Popular, el esfuerzo que han hecho para poder llegar a un texto de consenso, un texto de consenso que en lo esencial a mi grupo le satisface y que da una esperanza a las víctimas. ¿Qué es para nuestro grupo lo esencial? Que se permite evaluar y de nuevo abrir la posibilidad de ver el alcance del Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, que hemos convenido que quedó corto, y abrir así la esperanza a más personas afectadas que pudiesen ser víctimas de la talidomida, nacidas más allá del periodo que englobaba este real decreto, que es desde 1960 a 1965. Es posible que ahora, gracias a esta transaccional, personas se que se puedan sentir víctimas de la talidomida puedan recurrir a que se abra este protocolo de evaluación y, además, que como consecuencia del análisis de la aplicación del real decreto y de los protocolos que en su día estableció el Carlos III para determinar qué personas eran víctimas del fármaco, puedan acogerse a los derechos que amparaban a las víctimas que fueron reconocidas desde 1960 hasta 1965. En aquel momento fueron solo 24 las personas que se pudieron acoger y muchas personas afectadas en el Estado español consideraron que era injusto, que había pruebas que las amparaban para determinar que el periodo de afectación había sido más amplio, es decir, víctimas que habían nacido con anterioridad a 1960 y con posterioridad a 1965 y que quedaban fuera de este real decreto. Por tanto, abrimos hoy una puerta a la esperanza para estas víctimas. Además, no es menor el compromiso al que se ha llegado para apoyar a las víctimas en la reclamación a la farmacéutica alemana. Creo que sentir el calor y el apoyo en su reclamación al laboratorio alemán es positivo y que con ello se puede avanzar. La sensación de que no estarán solas gracias a esta moción se trasladará a las víctimas y pienso que es un buen final de legislatura conseguir que haya un gran consenso alrededor de esta moción. Espero que se apruebe por todos los grupos esta transaccional, porque al final, si bien no es lo que nuestro grupo pretendía, sí hay que ser conscientes de que lo mejor es enemigo de lo bueno, y lo que hemos conseguido hoy es bueno y, si es bueno y es positivo, es al final por lo que trabajamos todos y cada uno de nosotros en esta Cámara: conseguir que las víctimas se sientan amparadas, abrir el real decreto a nuevas valoraciones, poder establecer unos protocolos a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para fijar las pautas a seguir a fin de determinar estas posibles nuevas víctimas. Todo esto constituye un mensaje de esperanza para estas personas que tanto tiempo han estado esperando una respuesta positiva. Agradezco de nuevo los esfuerzos de los grupos que han presentado enmiendas. No ha sido fácil; tampoco ha sido difícil porque la buena voluntad ha imperado en la negociación. Sirva este agradecimiento de mi grupo a los grupos que van a dar apoyo a esta moción, que esperemos que sean todos los de la Cámara. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Ciuró. Efectivamente, se han presentado dos enmiendas. Para la defensa de la del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Martín.
Gracias, presidenta. Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la moción presentada por el Grupo de Convergència i de Unió. Nuestra posición será favorable, no lo duden. Traslado mi saludo a las personas integradas en la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España que, aunque no estén presentes, nos informaron de la problemática que sufrían. Hace pocos días, el ministro Alonso en esta tribuna decía textualmente: Efectivamente, el grave desastre de los efectos que causó la talidomida mientras se administró a mujeres embarazadas es una indignidad para el mundo. Y decía también: Una indignidad que tendría que asumir muy especialmente la empresa Grünenthal, que no advirtió de los efectos secundarios que el medicamento podría producir en el feto, ni las administraciones supieron identificar los efectos adversos ni controlar la administración masiva del medicamento. El Grupo Socialista comparte con todos los grupos la preocupación por la injusticia cometida con todas aquellas personas que se vieron afectadas, no reconocidas y despreciadas ahora por una sentencia que respetamos pero que no compartimos. La injusticia es difícilmente reparable, pero nuestra labor es intentar buscar soluciones para todos aquellos a los que la justicia no ha tratado bien, porque no es justo que se argumente una prescripción administrativa ni es justo que los damnificados tengan que asumir que la reclamación de sus lesiones provocadas han prescrito. Las malformaciones no prescriben, señorías, y es justo que les aportemos una solución. El Estado debe sentirse solidario con la injusticia y debe ser el que aporte soluciones a los afectados, damnificados muchos de ellos, no reconocidos y no indemnizados como debería corresponder. Según la Sociedad Española de Pediatría, se han calculado entre 1.500 y 3.000 recién nacidos con malformaciones muy diversas, muchos - el 40 %- fallecieron el primer año de vida, después solo 24 han recibido compensación económica por la aplicación del Real Decreto de 2010 y son 184 los que reconoce la asociación que los representa. No podemos tolerar que la empresa productora Grünenthal reconozca e indemnice a los afectados de otros países y que los ciudadanos españoles que sufren los mismos daños no sean reconocidos e indemnizados. Ya se ha argumentado en esta tribuna la evolución de esta indigna historia. Desde 1955 hasta 2015 no han sido muchos los acontecimientos producidos. Desde 1955 hasta 2010, nada, hasta que se aprueba el Real Decreto 1006 de 5 de agosto. Fue sin duda un paso importante, pero que ha demostrado ser insuficiente. Conviene, pues, realizar la revisión de este decreto, evaluar su aplicación y rectificar. Señorías, hay que rectificar porque el daño causado es irreparable y la aplicación del decreto puede que no haya sido lo que se pretendía. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que complementaba la presentada por el Grupo Catalán. Nos parece imprescindible que sea el ministerio el mediador con la empresa fabricante de talidomida para que asuma su responsabilidad como en el resto de los países, ni más ni menos, como en el resto. Nos parece importante la evaluación del Real Decreto 1006/2010 y la revisión del protocolo aplicado en el Instituto Carlos III, esto es, revisarlo para modificarlo lo antes posible, si es que es esa la conclusión. Entendemos que se debe aplicar la exención de aportación farmacéutica ambulatoria a las personas afectadas, los ya identificados y los que se vayan reconociendo. Por último, creemos que la creación de una unidad estatal de diagnóstico puede ser el instrumento adecuado para determinar con rigor un diagnóstico claro de los posibles afectados, decisión que depende del consejo interterritorial, por supuesto. Era nuestro deseo que las aportaciones de los diferentes grupos hicieran que la moción pudiera ser aprobada por unanimidad de todos los grupos. Hemos elaborado un texto consensuado que aprobaremos espero que todos. Los daños causados por la talidomida no han prescrito, señorías. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Martín. Señor Mingo, por el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que estoy muy satisfecho, porque nos ha costado trabajo, pero hemos llegado a una transaccional. La enmienda que había presentado mi grupo tenía un objetivo muy claro, que era mejorar la atención de los pacientes y de los afectados por la talidomida y también atender a sus familiares. El objetivo no podía ser otro. Las características más importantes de la enmienda que ha presentado mi grupo son, primero, que creo que es una enmienda constructiva, porque reconoce lo que los distintos Gobiernos han hecho, y se han producido avances desde el año 2010. En segundo lugar, tenemos que mejorar lo que se ha hecho, y hay demandas por parte de los afectados y tenemos que dar cuenta de ello. En tercer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, además de ser constructiva y de tener en cuenta las necesidades de este grupo de afectados, tenía sin lugar a dudas un espíritu de acuerdo, porque si lo hacemos todos juntos, todos los grupos parlamentarios, creo que nos habremos puesto de acuerdo y habremos conseguido un objetivo de unidad que queremos trasladar no solamente a los afectados sino a la sociedad en general. Creo que en materia de política es importante el consenso y en materia de política sanitaria, muchísimo más. Como decía la portavoz de CiU, que tiene la responsabilidad de la iniciativa, lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso me decía mi profesor de cirugía hace tantos años. Lo comparto. Quiero agradecer a doña Guadalupe la enmienda tan estupenda que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. Para dejar constancia en el Parlamento, hemos cerrado un acuerdo que quieren los grupos políticos, que quiere el ministerio, que quiere la proponente y que quieren los afectados. Eso es intrínsecamente bueno y para que quede constancia quiero leerles la enmienda transaccional. El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad con las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación como consecuencia de la ingestión de talidomida por la madre gestante e insta al Gobierno a: 1. Seguir apoyando a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación y apoyo solidario a las personas afectadas establecidas en el Real Decreto 1006/2010. 2. Solicitar al laboratorio Grünenthal, responsable de atentado contra la salud de la humanidad, que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España como lo ha hecho en el resto de los países, sin sentencia judicial. Así damos cumplimiento al posicionamiento unánime que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aceptaron en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia. 3. Proponer ante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea la armonización de las indemnizaciones a los afectados por parte de la empresa, de forma que no haya discriminación en la compensación por razones de nacionalidad. 4. Continuar mejorando la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para mejorar las prestaciones que se proporciona a las víctimas de la talidomida. 5. Evaluar la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, y ha sido comentado por otros participantes que me han precedido en el uso de la palabra. 6. Proponer a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que queden exentos de la aportación de farmacia. 7. Evaluar las propuestas - también lo han comentado los distintos grupos parlamentarios -, avanzar en la aplicación de la directiva de sanidad transfronteriza para que los afectados puedan acceder a cualquier unidad de tratamiento de la Unión Europea y, por último, para no pasarme del tiempo, realizar un estudio de investigación y de epidemiología que tan importante va a ser para los afectados, y lo que es más importante aún, tan trascendente puede ser para todos aquellos ciudadanos que puedan en un futuro tener patologías de estas características. Señorías, mis felicidades a todos los grupos. Estoy satisfecho. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Mingo. Turno de fijación de posiciones. Grupo Mixto, señor Errekondo.
Seguimos escuchando palabras bonitas, pero, en cuanto a resultados, habrá que preguntar directamente a los afectados. El Estado español y su Gobierno están enfermos y tienen condenada a la sociedad a un estado de malestar continuo. Esa es la realidad. La mayoría absolutista del Partido Popular nos ha mostrado sus verdaderas entrañas durante estos cuatro años, impunidad y corrupción hasta la médula, un Gobierno clasista y totalitario que no entiende de responsabilidad universal ni de derechos y que ha desmantelado los servicios sociales y la atención a la dependencia, que ha lanzado, además, sin ningún pudor, a las personas más necesitadas y vulnerables a la exclusión social y a la marginación. Esa es la realidad. Tal y como mi compañero Urbina en el debate anterior sobre el salario mínimo interprofesional ha declarado, también vale lo que ha manifestado, y es que este problema también es consecuencia de las políticas que aplica el Gobierno del Partido Popular en beneficio de la gran empresa y de la banca y en perjuicio precisamente de las personas. Nosotros decimos que la solución viene precisamente de dar la vuelta a ese modelo social y político y empoderar de una vez por todas a la ciudadanía para que sea ella quien decida sobre todas las cuestiones. Sobre la talidomida tenemos dos hechos palpables, uno, que la empresa alemana Grünenthal ha sido culpable, y así ha sido demostrado, y, además, que la responsabilidad del Estado español, por desidia durante todos estos años, también es evidente. Pero el sufrimiento que continúan padeciendo las personas víctimas de la talidomida es doble, porque, por un lado, están sufriendo las consecuencias de los empresarios sin escrúpulos y, por otro, también, lo que quizá resulta más grave, padecen la desidia y la negligencia de políticos irresponsables, como por ejemplo de parlamentarios del Partido Popular, pues después de oír estas lindas palabras, podemos ver que también figuran en la proposición no de ley que se aprobó en la legislatura pasada y que contiene de manera muy interesante cuestiones muy claras, porque recoge las demandas principales de los demandantes. Por ejemplo - por dar tres detalles - el Gobierno reconoce perfectamente cuáles son los contenidos de las reivindicaciones de 2009. Me imagino que significa que este Gobierno también los conoce desde hace al menos cuatro años. También declara que no existe en España un censo oficial, ya que durante cincuenta años a sus problemas específicos se unió el abandono por los poderes públicos. La tercera quizás es la más interesante de todas: España no puede seguir siendo el único país insensible ante una demanda de reparación y de compensación justa y legítima por mucho tiempo que haya pasado. Pues bien, este es el resultado. Estamos donde estamos, porque hace dos semanas las declaraciones del ministro de Sanidad y Servicios Sociales llamaron la atención cuando declaró que el ministro va a continuar colaborando como hasta ahora con las víctimas de la talidomida. ¿Eso quiere decir cero compromisos e infinita desvergüenza y cinismo? Es lo que ha habido hasta ahora. Otro ejemplo es el de los parlamentarios del Grupo Socialista, que tras un primer paso dado con el Real Decreto 1006/2010 parece que cambió el aire y se olvidaron de lo demás. Quizá nos convenga a todos escuchar qué es lo que verdaderamente sienten las personas afectadas por la talidomida. Esto es lo que declaran: No hemos alcanzado a nivel institucional ni una mínima parte de nuestras reivindicaciones; lo que sí nos ha permitido es conocer y catalogar a cada persona y grupo parlamentario en función de su compromiso, de su palabra y de su acción. Y continúa diciendo: Todos - se refiere sobre todo a las dos bancadas principales - sin excepción nos han engañado a sabiendas de lo que estaban haciendo; tal vez la más rastrera, miserable y ruin de las actitudes - cierro comillas -. Esto es literalmente lo que declaran ellos. En consecuencia, a día de hoy existe indiferencia, soberbia y cinismo de responsables políticos y, por otro lado, miles de víctimas de talidomida vejadas y abandonadas que continúan sufriendo tras sesenta años sin haber recibido el más mínimo reconocimiento ni reparación del Estado español. Voy acabando. Repetimos que el Estado está enfermo y que los trucados presupuestos generales de 2016 de este Grupo Popular nos deparan un futuro negro, principalmente en los servicios sociales para las personas más vulnerables y necesitadas. Confiemos en las personas, porque estamos seguros de que la respuesta de la gente hará que entre la luz y aire fresco; de la gente honrada, ya que - por suerte es la mayoría - no se resigna y se va a enfrentar. Estamos seguros de que vencerá este futuro negro, empezando por las elecciones del 20 de diciembre, echando al Gobierno.
Señor Errekondo, finalice.
En segundo lugar, obligará al futuro gobierno a establecer ese mínimo Estado de bienestar que garantice la vida digna. Todo ello nos hace ver las cosas con más claridad desde Euskal Herria. Es necesaria la soberanía para empoderar a las personas y colocarlas en la centralidad de la política para garantizar la justicia social.
Señor Errekondo, acabó su tiempo.
Ese es el camino. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo seré breve; seguramente no consumiré ni el tiempo, por una sencilla razón, porque creo que la parte más importante de esta petición se ha desarrollado cuando la proponente de Convergència la ha expuesto. Yo me pregunto: ¿ha tenido que ser una moción consecuencia de interpelación de Convergència a final de legislatura la que haya activado cualquier medida para solucionar el problema de la talidomida en España? Es decir, ¿dónde se ha estado hasta ahora? Yo creo que evidentemente está muy bien la transacción, están muy bien las palabras que se han dicho, pero ¿qué pasa, que si no hubiera habido esta moción el Gobierno y el Partido Popular no se habrían dado por enterados de que había un enorme problema de personas afectadas por la talidomida desde los años sesenta? Esto me da mucho que pensar. No voy a empezar a explicar, como otros han hecho, todos los antecedentes [[qué ocurrió con la talidomida, la medicina, lo que se prohibió, los laboratorios Grünenthal, todas las consecuencias, las malformaciones, las mujeres embarazadas]], todo el relato, porque todos lo conocemos, nadie lo discute. No hay dudas de qué es lo que produjo, quién lo produjo y a consecuencia de qué esas personas tienen las malformaciones; y, sobre todo, porque todos conocemos las experiencias vitales de las personas que lo padecieron, porque nos han visitado a todos, porque han estado con todos, nos han explicado los problemas que tienen, que tuvieron en su día, siguen teniendo y que muchos compañeros - por decirlo abiertamente - de padecimiento están sufriendo muchísimo, aunque otros no porque no llegaron a contarlo dado que murieron. Por lo tanto, una de las cuestiones principales - que agradezco a la proponente de la moción - es que vale para la visibilización, porque cada equis tiempo aparece una moción, una proposición no de ley o algo parecido que permite visibilizar la situación de estas personas. Estaba totalmente de acuerdo con la propuesta original presentada por Convergència, tanto que iba a votar a favor de ella en sus términos, pero ahora tengo una duda. Evidentemente, reconozco la necesidad de una transacción y de un consenso pero - el señor Mingo ha dicho que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno y se suele decir que mejor algo que nada -, desgraciadamente, tengo la experiencia de algunos años en el Congreso para saber que a veces ese algo después es nada. ¿Qué debemos hacer para que ese algo que ponemos todos en común no se convierta después en nada? Es como cuando todos coinciden en quién tiene que ser el tercer premio en un concurso, no coinciden en el primero ni en el segundo pero sí en el tercero. En este caso puede ser que ese algo que todos tenemos en común no comprometa a nada, nadie se sienta obligado a hacer nada específico y al final se quede en agua de borrajas. Evidentemente, mi grupo apoyará lo que ha propuesto pero me parece que compromisos de verdad... Porque, ¿qué es seguir apoyando a las víctimas de la talidomida? Es una frase maravillosa, seguir apoyando, pero cuando llega la hora de redactar lo que es apoyar, no aparece nada. Por tanto, por supuesto que estoy de acuerdo en seguir apoyándolas; estaría dispuesto a que se determinara cómo compensar a esas personas y - tal y como se dice - a que se reconociera por el Ministerio de Sanidad y en nombre del Estado español el grave error histórico cometido por no proceder a la diligente retirada del mercado de los fármacos, tal y como decía la propuesta original. Estamos de acuerdo en que habría que hacer algo más que lo que se está haciendo con estas personas. Todos hemos oído el relato, las vivencias de estas personas y creo que se merecen que de una vez por todas el gobierno de turno asuma la responsabilidad que le corresponde como representante del Estado español que hizo lo que hizo en su momento...
Señor Agirretxea, agotó su tiempo.
Por lo tanto, debe asumir esa consecuencia. Mi grupo apoyará el texto que salga pero que conste que nos hubiera gustado que se llegara a un acuerdo de mayor compromiso y menos palabras. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, seré breve pues, cuando se habla de necesidad, de justicia y de reparación, la dilación y la inacción no son admisibles. En España, las víctimas de la talidomida no tienen ningún tipo de indemnización, sí en Reino Unido, en Alemania, Suecia o Portugal. En Reino Unido, de hecho, se ha creado un fondo para ayudarles; en Alemania tienen derecho a una pensión vitalicia. Estas diferencias afectan a la igualdad de trato y de derechos de todos los europeos. A finales del mes de septiembre salió un fallo del Tribunal Supremo que supuso un mazazo a las reclamaciones de las víctimas de la talidomida. El fallo sobre la talidomida arrojaba la sospecha de que jugar con la vida de las personas no tenía ningún tipo de consecuencias. Llevan más de cincuenta años de lucha, la mayoría de ellos en democracia, y con buena voluntad no se soluciona un problema durante tanto tiempo irresoluto. Con esta propuesta que hoy votamos realmente se inicia un camino, pero tras todo este tiempo no se soluciona un problema que ellos van arrastrando. Vamos a votar a favor de esta propuesta - lo decimos desde ya -, pero voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando hace unas semanas salió el fallo, el Partido Popular dijo que sería legal pero no justo y el PSOE pidió que se reconociese la situación injusta de las víctimas de la talidomida y se reparasen las consecuencias. Eso está muy bien. En el Senado, de 264 senadores - he estado contando -, 153 son del PP, 66 son del PSOE y 13 son de CiU, por lo que tienen más que mayoría de sobra para que en este trámite parlamentario de los presupuestos que está finalizando ahora - al igual que cuando nos vino la legislación del tercer sector introdujeron una serie de ayudas concretas - den un contenido a este buenismo, den un contenido económico, den una solución efectiva a las víctimas de la talidomida. [[El señor]] Para finalizar, lo voy a resumir de forma muy sencilla. Esto no va de hablar con la empresa farmacéutica para que la misma se haga cargo de las cosas, no. El Estado es el que tiene que pagar a las personas que están afectadas por la enfermedad la cantidad que se supone que se ha de pagar y el que ha de litigar con la farmacéutica. De esta forma daremos realmente una solución a un problema que se lleva arrastrando desde hace más de cincuenta años. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Lleonart. Grupo de Izquierda Unida, Izquierda Plural. Señora Castaño, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Nuevamente se aborda desde esta tribuna el debate en relación con la talidomida. Este asunto, como ustedes saben, ha sido objeto de discusión en diversas ocasiones tanto en Comisión como en Pleno y a iniciativa de distintos grupos parlamentarios. Llega hoy el debate de la mano de la moción presentada por el Grupo de Convergència i d´Unió, y lo hace después de que conozcamos la sentencia del Tribunal Supremo que, como ustedes también saben, deja sin indemnización a las víctimas de la talidomida por considerar que ha prescrito el tiempo que tenían para reclamar a la empresa farmacéutica. Es una sentencia que, evidentemente, no compartimos; en cambio, compartimos y hacemos nuestras la perplejidad, la rabia y la indignación del colectivo de personas afectadas ante esta sentencia que, evidentemente, al igual que nosotros, consideran injusta. Eso hace que, al referirnos a esta sentencia, al igual que el grupo proponente, hablemos de las injusticias de la justicia. Las personas afectadas, hijos e hijas de mujeres embarazadas, principalmente en los años cincuenta y sesenta, pero también con posterioridad, consumieron un fármaco confiadas en que aparentemente era seguro e inocuo pero que, lejos de ser así, ocasionó, como ustedes saben, graves malformaciones a sus hijos e hijas. Hubo bebés víctimas de esa gran catástrofe mundial que fueron creciendo y que en el caso de España debieron enfrentarse a los problemas y dificultades derivados de su situación y que tuvieron y tienen que superar las dificultades de la vida diaria contando única o principalmente con el apoyo de su círculo más cercano, porque hasta 2009 o 2010, cincuenta años después de los primeros casos - ahí es nada -, el Estado español no adoptó medidas que, aunque fueron claramente insuficientes, supusieron el primer reconocimiento a estas personas. Fueron víctimas de una compañía, Grünenthal, que estaba mucho más preocupada por vender el producto y obtener beneficios para su comercialización que por estudiar sus efectos; víctimas de una compañía que comercializó un producto que se reveló como altamente peligroso y que fue dispensado de una manera irresponsable; víctimas de una farmacéutica que aún hoy se niega a reconocer y reparar el daño causado. Existe responsabilidad por tanto de la farmacéutica alemana; responsabilidad de Grünenthal por lo sucedido en su momento y por forzar a las víctimas a un largo proceso judicial añadiendo aún más dolor. Debe haber exigencia evidentemente al laboratorio Grünenthal, para que cumpla con su deber e indemnice de una manera justa a las víctimas al margen de las sentencias judiciales; ello porque, haciendo mías en este momento las palabras del presidente de la Asociación de víctimas de la talidomida, los tribunales españoles no han desestimado la demanda porque no se haya hecho prueba del daño devastador que causó entonces a los bebés - cosa que dan por cierta - sino, simplemente, porque consideran que hemos demandado tarde. Existe responsabilidad de la farmacéutica, pero también del Estado español. Un Estado democrático, un Estado sensible a los intereses y necesidades de sus ciudadanos, no puede, no debe escudarse en la farmacéutica. El Estado falló; no protegió a sus ciudadanos; no puso los medios adecuados para que no siguiera administrándose, una vez que se conocían las consecuencias de la talidomida. Toleró el silencio que rodeó a las personas que sufrieron las consecuencias de la talidomida y las olvidó durante años. Nosotros vamos a dar apoyo por este motivo a la iniciativa presentada; pensábamos darlo en origen y lo vamos a dar también en este caso con las transacciones que se han planteado. Pese a lo que se ha dicho anteriormente, después de la intervención del señor Mingo no podemos por menos que repetir que, evidentemente, no es lógico dejar transcurrir cuatro años, habida cuenta de la mayoría absoluta del Partido Popular; toda esta iniciativa la podía haber desarrollado desde el primer momento si tan interesante y necesaria la encontraba. En todo caso, para finalizar quiero recordar - ya se ha hecho referencia en algunas intervenciones - a la Asociación de víctimas de la talidomida en España; quiero hacerlo para agradecer su trabajo, su constancia. Son un ejemplo de esa buena gente de este país que pelea, lucha cada día y no está dispuesta a que se olvide su historia; no consiente que la sociedad mire para otro lado ni permite que el Estado se encoja de hombros. A ellos, muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Castaño. Se ha presentado una enmienda transaccional que es la que se va a someter a votación, señorías.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño para manifestar nuestra satisfacción. Adelanto ya que vamos a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto de ley. Quiero hacer referencia de manera explícita a la importancia que tiene que en el Senado se recoja también a las rederas como personas trabajadoras del mar para ser protegidas por esta ley. Aunque estaban recogidos los rederos, no es exactamente lo mismo. Si tenemos interés, señorías, en hacer referencia a este colectivo de mujeres que trabajan en la confección de redes para luego faenar en el mar es porque en Galicia tenemos una experiencia muy notable del importante trabajo de este colectivo de mujeres y deseábamos que su actividad fuese reconocida dentro de la de trabajadoras del mar, para que tuvieran derecho a la Seguridad Social, al desempleo, etcétera. Además ese trabajo que ha hecho este colectivo de mujeres rederas ha obligado a que hicieran un grandísimo esfuerzo asociativo para constituirse en una cooperativa que hiciera posible que fueran efectivos estos reconocimientos. Si queremos señalarlo es porque, si bien en este momento se recoge a este colectivo de mujeres rederas como personas a proteger por la ley que hoy vamos a aprobar, es fundamental manifestar que este colectivo aún sigue teniendo problemas. Una vez superada esa situación de no reconocimiento como actividad laboral de trabajadoras del mar, hoy sufren problemas de intrusismo y de economía sumergida, y de ello proceden las dificultades que tienen para hacer frente a esos pagos y gastos para la regularización de este colectivo. Por eso, señorías, nos alegramos enormemente de este reconocimiento en la ley que hoy se aprueba, pero no dejamos de señalar que los problemas continúan y que esperamos que en el futuro se solucionen. Gracias. [[Rumores]]
Muchas gracias, señora Fernández. Por favor, señorías, guarden silencio. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.
Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente todas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley en el Senado, incluidas las del Grupo Popular, respecto a las cuales tenemos la intuición de que el Grupo Popular, en contra de un acto propio, va a votar desfavorablemente. Son enmiendas que dimanan de una transacción con nuestro grupo parlamentario y pretenden ubicar en el ámbito de protección del régimen especial de los trabajadores y trabajadoras del mar a unos colectivos constituidos exclusivamente por mujeres que trabajan en el puerto, que no trabajan en el mar. Esto lo hacemos en un día como el de hoy, que tiene un especial significado, un especial simbolismo para las mujeres, cuando vamos a proclamar, a realizar, en forma de declaración institucional, una afirmación de empoderamiento de las niñas y, por ende, de las mujeres. Es el peor día para preterir, para marginar a mujeres, que no son muchas, que trabajan con gran sacrifico, que no están encuadradas laboralmente, que cobran a la parte, pero cuyas relaciones son laborales y, por tanto, tienen - esto es derecho necesario absoluto - que estar protegidas por este régimen especial de la Seguridad Social, el régimen de protección de las trabajadoras del mar, no solo por su condición de mujeres sino por su condición de mujeres históricamente marginadas, por su condición de mujeres que han estado parcialmente marginadas en virtud de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado y de las cuales el Grupo Popular va a abdicar o a las cuales va a renunciar. Repito, es el peor día para una renuncia de estas características cuando esta Cámara va a realizar una declaración institucional relativa al empoderamiento de las mujeres. Estamos castigando a mujeres; estamos castigando a mujeres que trabajan en condiciones de toxicidad extrema, de penosidad, en condiciones ambientales verdaderamente penosas, aparte de que no están encuadradas laboralmente, no cobran su retribución de forma ordinaria sino a la parte, como se cobra en las actividades extractivas pesqueras, pero cuyas relaciones son laborales y no son objeto de protección. Nos llama poderosamente la atención ese cambio, por eso queremos oír al portavoz del Grupo Popular cuáles son las razones justificativas de la retirada de enmiendas del propio Grupo Popular; queremos oír si se va a producir esta retirada de sus enmiendas en un día como hoy - además afecta a los puertos vascos, a los puertos gallegos, a los puertos del Cantábrico fundamentalmente -, en el que por fin hemos resuelto una querella histórica, un problema histórico, una disfunción histórica, un agravio histórico que afecta fundamentalmente a mujeres, el día que esta Cámara simultáneamente proclama mediante un acto institucional el empoderamiento de las mujeres. Esperemos que no ocurra y que el Grupo Popular sea congruente con lo que ha aprobado en el Senado y se mantenga la ubicación de las nescatillas, de las empacadoras y de las rederas dentro del ámbito de protección no del régimen de autónomos, sino incluso - nos atreveríamos a decir - de un régimen en el que la protección tiene mayor intensidad, del régimen general. Se va a argumentar probablemente que el Instituto Social de la Marina refuta o tiene una opinión contraria a la ubicación de este colectivo en este régimen especial de protección de las trabajadoras y los trabajadores del mar, pero no es cierto. Poseo un documento en el cual el Instituto Social de la Marina acredita que no solo piensa que deben ser objeto de protección a través del régimen de autónomos y del grupo 3, como se prevé en la enmienda transada, sino que deberían ser objeto de protección con un mayor grado de intensidad en el régimen general de la Seguridad Social. Señor presidente, estamos particularmente interesados - aunque pueda parecer una paradoja lo que le voy a decir - en votar las enmiendas aprobadas en el Senado por el Grupo Popular transadas por nuestro grupo parlamentario. [[El señor]] Hay otros problemas de naturaleza competencial en este proyecto de ley que han justificado la presentación de enmiendas relativas a la propia naturaleza del Instituto Social de la Marina, que es una suerte de microcosmos de toda la Seguridad Social, donde se realizan prestaciones, donde se realiza formación profesional y actos de promoción del empleo, algunos incardinados en las políticas activas ya transferidas a Euskadi. No han sido objeto de consideración; no vamos a enfatizar mucho la defensa de estas enmiendas que no han sido objeto de consideración pero sí las que lo han sido. Repito, en un día como hoy, en el que vamos a proceder institucionalmente a declarar un acto de empoderamiento de las mujeres, sobre todo deberíamos realizar actos de empoderamiento de las mujeres más vulnerables, de las que laboralmente están en peores condiciones, de las que históricamente han sido agraviadas mediante un ordenamiento jurídico que con ellas ha sido particularmente injusto. El tema se ha arreglado en el Senado. Solo espero, señor presidente - con esto acabo mis palabras -, que el tema no se destruya en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
Gracias, presidente. El proyecto de ley que viene ya enmendado del Senado sobre las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero ha sido uno de los pocos proyectos de ley que se negoció en Comisión con la participación de todos los grupos parlamentarios; hubo voluntad de aceptar enmiendas que mejoraban el texto original y, por tanto, salió del Congreso con un amplio respaldo de los distintos grupos parlamentarios. Se han hecho modificaciones en el Senado que mejoran algunos aspectos y se han seguido manteniendo, como no podíamos esperar, al margen algunas de las enmiendas que propuso nuestro grupo parlamentario. Sin embargo, como ya se ha señalado, nuestro grupo se felicita de que este proyecto de ley, ahora de regreso del Senado, se haya mejorado en algunos aspectos, aunque obviamente no es la ley perfecta que cualquier grupo parlamentario desearía porque sería su ley. Va a recibir el respaldo de nuestro grupo parlamentario. Creemos - ya lo dijimos en su momento y lo reiteramos - que ese debería haber sido el proceder del grupo mayoritario, del Grupo del Partido Popular, que en este caso demostró voluntad de hacer una ley que mejorase a un sector de los trabajadores, porque, por su especial singularidad en la propia actividad laboral que realizan, por el riesgo que asumen y por la diversidad de casos de actividad laboral que se regulan en dicho proyecto, requería la actualización de una vieja ley que ya duraba más de veinte años. Nuestro grupo parlamentario contribuyó a ello y respaldaremos en este momento su tramitación actual. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.
Gracias, presidente. Señorías, estamos en la recta final del show legislativo al que el Gobierno del señor Rajoy, con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Popular, ha sometido al Congreso de los Diputados y al Senado en esta legislatura. Un show que ha comportado que se estén tramitando en los últimos cinco meses casi cuarenta proyectos de ley; que hayan traído a debate algunas reformas legislativas por cuarta o quinta vez en estos meses a este Congreso de los Diputados; o como en el punto que estamos debatiendo, que estemos derogando leyes o normas de los años sesenta y setenta por el procedimiento de urgencia, cuando hemos tenido toda la legislatura para un debate riguroso, sereno y con tiempo suficiente. Este proyecto de ley afecta a personas y familias que se ganan la vida en el mar. Por eso, no entendemos la actitud y poca sensibilidad del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno y, por eso, en la tramitación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, nuestro grupo planteó diferentes enmiendas, la mayoría de las cuales no fueron recogidas por el Partido Popular. No entendemos, y por lo tanto interrogamos, cómo se puede justificar que los prácticos de puerto o los prácticos de empresas que realizan labores de loading master o capitanes de carga y descarga en plataformas petroleras, por ejemplo, queden excluidos de la aplicación de este proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que muchas de las refinerías tienen como trabajadores a personal titulado marítimo que realizan las labores de atraque y ensamblaje a conductos que no se encuentran en el puerto, sino en muelles flotantes o estableciendo las conexiones a conductos fuera del servicio portuario. Por eso, no entendemos que siendo trabajadores del mar queden excluidos de la aplicación de este proyecto de ley. Lo mismo sucede con trabajadores que realizan actividades de observador pesquero y de seguridad a bordo de un buque... [[Rumores]]
Perdón, señor Pérez Moya. Por favor, ruego silencio. Continúe.
... en barcos pesqueros o mercantes igual que el resto de tripulantes; o lo que sucede también con los estibadores, no se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, en su sentencia del 15 de abril de 2003 consideró que si los trabajadores realizan trabajos de estiba y desestiba en la actividad portuaria, su encuadramiento en el régimen especial no puede condicionarse a circunstancia alguna derivada de la empresa en la que presten servicios y no sean contemplados como trabajadores del sector marítimo-pesquero. Señores del Grupo Popular, ¿cómo lo justifican? Este es uno de los principales déficits que tiene este proyecto de ley, y permítanme que les diga que uno tiene la percepción arbitraria a la hora de decir esto sí o esto no. Es que no se entiende desde el punto de vista más racional. Como les decía antes, estamos derogando leyes o normas de los años sesenta y setenta y lo que no se entiende es cómo no se afina más en la definición de cuáles son las categorías de empleos que hay que incorporar al sector marítimo-pesquero, y he puesto como ejemplo el de los prácticos de puerto porque creo que es inapelable. Los trabajos que se realizan en el ámbito marítimo-pesquero hoy no son los mismos que había en los años sesenta o setenta. Por todo esto, nuestro grupo planteó diferentes enmiendas pensando en toda esa gente que trabaja en el mar y que ustedes no han querido aceptar. Hemos planteado enmiendas de ampliación de la protección social a colectivos que han sido excluidos. Hemos propuesto ampliar la protección a los familiares beneficiarios hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, tal y como ya se regula hoy en el artículo 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos e incluye el cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. Hemos presentado también enmiendas que han planteado la regulación legal de la incompatibilidad de pensiones y que las condiciones del derecho a las prestaciones sea la misma que la hoy vigente en el régimen general y en el régimen de autónomos. Hemos planteado enmiendas para evitar que una técnica legislativa pueda comportar la pérdida de un derecho o que eviten equívocos con la regulación legal ya vigente en lo que afecta a incompatibilidades de pensiones, derechos a las prestaciones y subsidios por maternidad. También hemos presentado enmiendas para reconocer a los trabajadores del mar que trabajan por cuenta ajena los mismos derechos que tienen los trabajadores del régimen general en materia de prestación por desempleo. De la misma manera, hemos planteado reconocer a los trabajadores del mar por cuenta propia los mismos derechos que tienen los trabajadores del régimen de autónomos en materia de prestación por cese de actividad. Asimismo, hemos presentado enmiendas para garantizar la participación de las cofradías de pescadores en los órganos de participación en la gestión del Instituto Social de la Marina. En definitiva, señorías, hemos pretendido hacer efectivo el derecho legal de ser trabajadores del mar en el siglo XXI. Por eso, hemos presentado enmiendas pensando en las personas y en las familias que viven del mar y, sinceramente, no entendemos que la mayoría de ellas no hayan sido aceptadas. Por todo ello, no podemos votar a favor, aun reconociendo que se han producido mejoras. Los portavoces que han intervenido anteriormente han hecho una clara defensa del reconocimiento de la mujer en las labores del mar, pero desde nuestro grupo consideramos insuficientes dichas mejoras. Votaremos a favor de las enmiendas que vienen del Senado, pero insisto en que el conjunto del texto nos parece insuficiente. Por eso, repito, no podemos votar a favor. Termino. Por suerte se acaba el show legislativo y con el año nuevo se incorporará a este Parlamento una nueva forma de entender la política legislativa que tenga en cuenta la pluralidad real del Parlamento y de la ciudadanía. Un parlamento sin mayorías absolutas, que haga política legislativa desde el rigor de los argumentos y del debate, así como desde las propuestas de los diferentes grupos buscando la complicidad, el pacto y el consenso si fuera posible. Una nueva forma de política que recupere la credibilidad de esta institución ante los ciudadanos, credibilidad laminada en esta legislatura por el abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular, mayoría que a buen seguro será derribada con el voto de los ciudadanos, de gente como los trabajadores del mar, que hoy, con la aprobación del proyecto de ley que viene del Senado, verán cómo son discriminados - unos sí, otros no - en función del capricho de la mayoría absoluta del Partido Popular. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Pérez Moya. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño simplemente para felicitar al señor Olabarría y al Grupo Vasco porque finalmente en este proyecto de ley se recoge de manera expresa el reconocimiento a la protección social de las neskatillas y empacadoras. Esta es una cuestión que el Partido Nacionalista Vasco viene planteando desde hace tiempo, respecto de la que incluso se habían asumido compromisos por distintas mayorías que no se conseguían trasladar a los textos legislativos, y, finalmente, en este proyecto de ley, esas trabajadoras que responden singularmente al tejido productivo de la pesca en Euskadi van a tener garantizada la protección social. Tampoco es menor el hecho de que no solo se les incluya en el régimen de protección de la Seguridad Social, sino que expresamente se les reconozca la necesidad de coeficientes reductores específicos. Por tanto, se reconoce que dichas actividades profesionales implican un esfuerzo que hace difícil que estas personas puedan llegar a la edad ordinaria de jubilación. Solo eso justificaría la satisfacción de Convergència Democràtica respecto a este trámite con relación a un proyecto de ley que ya aprobamos en Comisión. Por tanto, hoy reiteramos que nos parece que va en la dirección adecuada, aunque evidentemente quedan cuestiones pendientes. Una de estas cuestiones sería la que planteó Convergència Democràtica, fruto de la inspiración de nuestro colega, el señor Pàramo, diputado por la demarcación de Girona y exalcalde de Rosas - importante puerto pesquero en Cataluña -, respecto a reconocer las especificidades que afectan a la pesca en la zona mediterránea. A menudo, en el tratamiento legal de las políticas de pesca, y también en las políticas de protección social, la mirada legislativa, la mirada de la política, está centrada en la zona del Cantábrico, pero con frecuencia las necesidades de los pescadores del Mediterráneo son distintas. Ahí, inspirados - insisto - por el señor Pàramo, planteamos una enmienda que no fue incorporada, pero sí existió algún tipo de compromiso por parte del grupo de la mayoría de dar respuesta a través de proposiciones no de ley a esa cuestión. Insistiremos en ello. En cualquier caso, hoy las enmiendas del Senado van a contar con el apoyo de Convergència Democràtica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rumí.
Gracias, presidente. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición respecto a las enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley. Adelanto ya nuestra posición de apoyo a estas enmiendas, pero es un apoyo que necesita una explicación. Señorías, es preciso decir que esta ley, que era necesaria y que apoyamos - como ya se ha dicho aquí - en esta Cámara, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, podía y debía haber sido más ambiciosa y haber solucionado algunos problemas que han quedado de nuevo en la ambigüedad. Es cierto que ha sido un proyecto con un alto grado de consenso, y lo ha sido porque esta ley era necesaria y así ha sido entendido por todos los grupos de esta Cámara. Esta ley tenía y tiene como objetivo clarificar cuestiones de la Seguridad Social, de los pescadores y marinos. La ley en su conjunto es buena, pero hay algunos aspectos que han quedado sin aclarar y que se han derivado a estudios posteriores. Esto se podía haber evitado, señorías, si se hubiese afrontado antes y no al final de la legislatura, lo que ha hecho que las prisas del Gobierno no permitieran mejorarla entre todos. Esta ley afecta a sectores muy importantes para la economía de España, con mucha tradición en muchas de nuestras comunidades autónomas, sectores que han sufrido en los últimos años de manera cruenta la crisis y además hay que añadir el sufrimiento y las condiciones complicadas en las que desarrollan su trabajo: la dureza de las condiciones a bordo, el aislamiento de las tripulaciones, a veces pasan muy largos periodos de tiempo alejados de sus hogares, elevadas tasas de siniestralidad, inclemencias del tiempo que les impiden salir a pescar o que producen que vuelvan sin conseguir capturas, teniendo sin embargo que continuar pagando la Seguridad Social y todos los impuestos. Todas estas razones y muchas más, señorías, junto a las de ampliar las condiciones sociales de estos trabajadores, eran más que suficientes para tratar de mejorarlas con esta ley. A lo largo de la tramitación exprés de esta ley hemos defendido algunos aspectos muy importantes para el sector, como la inclusión en el periodo de contabilidad de las cotizaciones de aquellos que han estado embarcados muchos meses, alejados de las familias... [[Rumores]]
Perdón, señora Rumí. Por favor, no hagan grupos. Continúe.
... por enfermedades o a causa de accidentes. Se podrían haber resuelto otras carencias, pero la premura del Gobierno lo ha hecho imposible. Señorías, era una buena ocasión que se ha desaprovechado para completar esta iniciativa que ha demostrado que cuando el Gobierno ha querido se ha podido, y desde luego ha sido gracias a la disponibilidad y la disposición de todos los grupos parlamentarios por hacer posible un acuerdo en torno a este proyecto. Un proyecto de ley que regula la protección social de los trabajadores del sector marítimo pesquero. Este proyecto de ley se tenía que haber abordado mucho tiempo antes, tanto en términos de integrar la legislación dispersa como para modernizar o para actualizar la protección social, incorporando a sectores profesionales que no estaban incluidos. Pero, señorías, ha faltado más diálogo, ha faltado más tiempo; diálogo con los grupos parlamentarios, con los sectores afectados, y también que hubiese formado parte del diálogo social, pero esto no ha podido ser porque su tramitación se ha hecho en los últimos días de la legislatura que está a punto de terminar. El Pacto de Toledo recomendaba avanzar hacia dos regímenes, el de cuenta ajena y el de cuenta propia, y no se ha avanzado en la plena integración del régimen de los trabajadores del mar, como así nos mandataba el propio Pacto de Toledo. Señorías, se hará en la próxima legislatura y se hará con otro Gobierno. También me gustaría decir que el voto favorable del Grupo Socialista lo es por sentido de la responsabilidad, porque para nosotros el compromiso con los ciudadanos es la única opción, es nuestra prioridad, y esta excepción no ha sido la regla de la legislatura. El diálogo con el Gobierno y la aún mayoría en este Congreso no ha existido en modo alguno, porque el diálogo y la voluntad de acuerdo no han sido los carriles sobre los que ha circulado el tren del Ejecutivo y del Partido Popular en estos cuatro años de Gobierno, muy al contrario. Han confundido la legitimidad que les concedieron las urnas con la imposición y hasta con el ejercicio sistemático de la arrogancia desde una posición de poder. Y es de lamentar que las grandes reformas de la Seguridad Social las hayan hecho solo con sus votos, que todas las grandes reformas que se han hecho de la Seguridad Social se hayan hecho solo con sus votos. El Pacto de Toledo se ha llevado en esta legislatura sin acuerdo y sin consenso; en la próxima, el resto de los grupos parlamentarios tenemos el compromiso de volver a recuperar todas esas reformas y, por tanto, recuperar todos esos derechos. Ustedes, señores del Grupo Popular, han dado sobradas cuentas de que no creen en el diálogo, de que carecen de disposición para el acuerdo, y permítanme que les diga que así les va y así les va a ir el próximo 20 de diciembre, porque los ciudadanos conocen el uso - mejor, el mal uso - que ustedes le han dado a la confianza que les concedieron en las pasadas elecciones, y esto se va a ver muy pronto. Les anticipo que con una nueva mayoría liderada por el Partido Socialista volverá a esta Cámara el entendimiento y el diálogo, y ustedes, ya desde la oposición, tendrán que decidir si siguen instalados en la política de la confrontación o se regeneran y toman otro camino, el de la moderación. España necesita un cambio de políticas, pero también un cambio de actitudes. Necesita más espacio para el acuerdo y desterrar democráticamente la crispación como modo de entender y practicar la política. Señorías, eso será bueno para España y por ello será bueno para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rumí. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Díez.
El Gobierno, con este proyecto de ley al que se han referido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, lo que en realidad ha pretendido hacer y quiere conseguir poniendo fin hoy a todo el trámite parlamentario es profundizar en un compromiso social con todos los trabajadores del mar, sean hombres, sean mujeres, sean citados expresamente o no lo sean, con todo el sector marítimo-pesquero de España [[Aplausos]], y quiere mejorar y ampliar las condiciones sociales de todo este amplio colectivo. De hecho, esta ley no llega tarde, señora Rumí. Si ha llegado tarde es porque ustedes durante ocho años no modificaron nada sobre todo lo que afectaba a este importante colectivo. No llega tarde. [[Aplausos]] Además, es curioso que nos digan que llega tarde y que la tramitamos con mucha prisa. Yo les dije ya en la Comisión con competencia legislativa plena que, cuando se trata de mejorar y profundizar en cuestiones sociales, para este Gobierno todas las prisas que tenga son pocas, todas las prisas han sido pocas, y se ha aprobado porque era un compromiso de este Gobierno conseguir estas mejoras sociales que ustedes fueron incapaces tan siquiera de plantear. Les voy a recordar muy brevemente los objetivos que persigue este proyecto de ley que dentro de poco será una ley. Se considera novedad incluir en estos colectivos al personal de investigación, a los observadores de pesca, al personal de seguridad. Todos ellos desarrollan sus funciones a bordo de embarcaciones. También incluye a los buceadores profesionales, que hasta ahora no lo estaban; como se ha dicho aquí, a los rederos y rederas, a los prácticos del puerto, al personal de las plataformas fijas y un largo etcétera. Aquí hago una pequeña introducción a una cuestión que han planteado el portavoz del PNV y otros. El hecho de que no se cite directamente a uno de estos colectivos no quiere decir que no estén ya - porque lo están, y me refiero a las neskatillas y empacadoras - en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. Están desde el inicio, desde su origen. Solo hay que consultar las órdenes ministeriales que cada año se publican, donde se fijan las bases de cotización para todos estos colectivos, y ahí se citan expresamente. Ahora bien, como dije hace un momento, estoy convencido de que habrá fórmulas - el Gobierno también sabrá encontrarlas - para conseguir pulir o matizar alguna de estas cuestiones que sus señorías han planteado en las enmiendas que fueron debatidas durante todo el trámite de aprobación de esta ley. Pero digamos las cosas claras. El Grupo Parlamentario Popular planteó en el Senado, en el Pleno del día 29 de septiembre, una enmienda transaccional donde se pretendía incluir a las neskatillas y empacadoras para la provincia de Vizcaya, que es donde se considera que está representado este colectivo, y fue precisamente su grupo quien se negó a tramitar esa enmienda transaccional. Por tanto, la voluntad política existía en el Gobierno y en el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Fueron otros los que no aceptaron la transacción. He escuchado también algunas afirmaciones que contrastan, por decirlo suavemente, con algunos de los calificativos que durante el trámite que celebramos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el pasado mes de agosto pude escuchar. Y para que mi memoria no me traicione, las voy a citar expresamente. Figuran así en el 'Diario de Sesiones' las afirmaciones siguientes: valoramos el planteamiento que nos ha hecho el Grupo Popular proponiendo la asunción de algunas enmiendas. Hoy nos ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural que no entienden la actitud del Grupo Parlamentario Popular. Otra afirmación de aquel momento: el Grupo Popular y singularmente sus ponentes han hecho un esfuerzo de incorporación de enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Mi grupo así lo valora y esa actitud nos va a llevar a apoyar finalmente el proyecto de ley. Lo decía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió. Y desde el Grupo Socialista se nos decía - era la señora López i Chamosa, que antes no ha intervenido -: esta es una ley que no es mala, que en su conjunto y con matices es buena. Ahora nos han dicho que había que haberla aprobado mucho tiempo antes. Otra afirmación: solo la voluntad de los diputados del Grupo Parlamentario Popular va a hacer que podamos votar esta ley. Y hoy nos han dicho que teníamos muchas prisas desde el Gobierno. En fin, yo creo que este cambio de actitud o estos contrastes solo pueden obedecer, probablemente, a esos vientos preelectorales que están ya soplando y que han barrido esas afirmaciones del mes de agosto. Yo estoy seguro de que, aunque yo las he recordado aquí y ustedes no las hayan querido citar, siguen pensando lo mismo que dijeron en Comisión. Durante su paso por el Senado - también se ha referido a ello la señora Fernández Davila - se ha mejorado, y algunas de las enmiendas se refieren a la inclusión del término rederas. Nosotros dijimos en Comisión que no era necesario, que en el género rederos estaban incluidos ambos, masculino y femenino, pero yo me alegro personalmente de que se haya incluido el término rederas porque son muchas las mujeres - es el colectivo más numeroso dentro de esta profesión - que trabajan en condiciones muy duras todos los días del año. Voy a ir finalizando, señor presidente. Yo no me voy a despedir - se han despedido otros muchos -, me despedirán otros en todo caso, pero yo no me voy a despedir. [[Aplausos]] No sé si recordarán sus señorías cómo comenzaba esta legislatura que está a punto de finalizar. Comenzaba el primer Pleno ordinario de hace cuatro años con una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que tuve el honor de defender. Era el primer punto del orden del día. Se trataba de un asunto relacionado con el sector pesquero e instábamos al Gobierno a conseguir un mejor acuerdo de pesca con Marruecos, que el Gobierno socialista había sido incapaz de conseguir. Ahora que estamos terminando esta legislatura, también es el sector marítimo-pesquero quien nos ocupa. ¿Casualidad? No lo sé. Lo que sí sé es que durante toda la legislatura han sido muchos los asuntos legislativos y muchas las acciones del Gobierno las que han puesto en valor el compromiso con este sector tan importante social y económicamente en nuestra España, en todas las comunidades de España. En definitiva, los problemas y preocupaciones de todas las gentes de la mar en España han sido y seguirán siendo una prioridad para este grupo parlamentario y para este Gobierno. Ahora sí finalizo, señor presidente. Señorías, el grado de participación en el período de consultas de todo este proyecto de ley ha sido muy amplio, dígase lo que se diga. El grado de consenso ha sido muy razonable, dígase lo que se diga. El número de enmiendas al articulado fue muy reducido. No hubo enmiendas a la totalidad. Ha habido una voluntad - que he tratado de recordar - de llegar a acuerdos, y así se consiguieron debido a esa actitud que hemos buscado desde el Grupo Popular de alcanzar consensos, eso que tanto les gusta a ustedes decir de que el Grupo Popular no es amigo de los consensos. Se han alcanzado importantes consensos en esta ley. Hemos tenido que rechazar algunas enmiendas que no procedían o que contravenían alguna reglamentación. Se ha facilitado a todos los ponentes la información que requirieron con prisas o sin prisas, pero se les ha facilitado toda y cada una de la información precisa para comprender por qué se aceptaban o rechazaban sus enmiendas. Hemos compartido y creo que compartimos mayoritariamente el contenido y los objetivos de esta ley. Por todo ello, señorías, me van a permitir que, una vez más, y esta vez la última, les pida un claro apoyo a este proyecto de ley, no sin antes agradecer a mis compañeras de escaño, ponentes también en este proyecto de ley, doña Carolina España y doña María Jesús Susinos, el trabajo que han desarrollado conjuntamente conmigo en esta ley. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos.-El señor Olabarría Muñoz pide la palabra]]
Muchas gracias, señor García Díez. Señor Olabarría.
Al amparo del artículo 73 del Reglamento, señor presidente, por haber sido contradicho por el portavoz del Grupo Popular.
No me parece que sea este el momento para empezar... Si considera que ha sido aludido en alguna cosa personal, dígalo. Tiene un minuto.
Quiero poner de manifiesto la contradicción en la que ha incurrido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular indicando que el hecho de que no se cite expresamente a las empacadoras, rederas y neskatillas no supone desprotección con cargo al proyecto de ley que estamos terminando de debatir en este momento. Sí se les cita, se les cita en virtud de una enmienda presentada por ustedes. Están consignadas expresamente. Solo les pedimos una cosa, que no voten en contra de sus propias enmiendas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Señor García Díez.
Señor Olabarría, ya le he explicado que nosotros ofrecimos un pacto a través de una enmienda transaccional en el Senado y fue su grupo quien no quiso transaccionar, el único grupo porque los demás la firmaron. Por favor, no me diga lo que acaba de decir sobre la protección porque usted sabe perfectamente que con los interlocutores sociales este Gobierno lo que tenía era un compromiso de no tocar para nada los coeficientes reductores, y esta ley no los toca para nada. Por lo tanto, no me diga que nosotros somos los que vamos a votar en contra de lo que ustedes quieren que votemos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. En sustitución de doña Angelina Costa, pregunto a don Mateo Luna Alcaide si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo.
En sustitución de don José Antonio Viera Chacón, pregunto a doña María Luisa Sánchez Trancoso si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo.
Don Mateo Luna y doña María Luisa Sánchez Trancoso han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. [[Aplausos]]
Por el secretario primero se va a proceder a la lectura de la Declaración institucional firmada por todos los grupos con motivo del Día Internacional de la Niña.
Con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebró el pasado 11 de octubre, se ha hecho llegar a la Presidencia una Declaración institucional firmada por todos los grupos políticos. La declaración dice: Este Parlamento hace un llamamiento a la comunidad internacional para poner los derechos de las niñas en el centro de las agendas políticas y darles mayores oportunidades de participación en los centros de decisión. Asimismo, se solicita que se garantice su acceso, de al menos tres años, a una educación secundaria de calidad, gratuita y universal. Invertir en las niñas es inteligente y el beneficio de su empoderamiento no es solo una cuestión de derechos. Desde hace dos años este Parlamento viene reiterando su apoyo a las causas de las niñas, tales como la erradicación del matrimonio temprano forzado, que tuvo su reflejo en la resolución que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 17 de noviembre de 2014. Hoy recordamos que existen otras causas de vulnerabilidad, entre las que se encuentra la mutilación genital femenina, el embarazo preadolescente o cualquier otra manifestación de violencia contra ellas de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy más que nunca este Parlamento apoya la participación de las niñas en las decisiones que afecten a sus vidas y que permitirán darles una oportunidad de tener un futuro más digno. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor secretario.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural por la que se regula el embargo o suspensión del comercio de armas con Estados invasores u ocupantes de territorios o Estados. Hay un voto emitido telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 1 voto telemático, 328; a favor, 22; en contra, 185; abstenciones, 120 más 1 voto telemático, 121.
No se toma en consideración.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional. Incorpora una enmienda de La Izquierda Plural. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 174; abstenciones, 1.
Queda rechazada. - DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y DEL SEÑOR BALDOVÍ, RELATIVA A REVERTIR LOS GRAVES EFECTOS QUE ESTÁN CAUSANDO LAS DIFERENTES POLÍTICAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, POR MEDIO DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL, QUE DEPENDE DEL GRUPO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI. [[Número de expediente 162/001260]]
Proposición no de ley del Grupo Socialista, de La Izquierda Plural y del señor Baldoví relativa a revertir los graves efectos que están causando las diferentes políticas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación por medio del Real Decreto-Ley 20/2012, así como de las medidas restrictivas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el sector público empresarial que depende del grupo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 151; en contra, 173; abstenciones, 2.
Queda rechazada.
Moción del Grupo Socialista sobre el balance de la política de empleo en la X legislatura. Se ha incorporado una enmienda del Grupo Vasco, PNV. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 131; en contra, 176; abstenciones, 20.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN LA PRESENTE SITUACIÓN DE RECOGIDA DE REFUGIADOS. [[Número de expediente 173/000229]]
Moción de La Izquierda Plural sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados. Se incorpora una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 41; en contra, 175; abstenciones, 111.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ANTE LAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA, PARTICULARIZADO EN EL CASO DE LA TALIDOMIDA. [[Número de expediente 173/000230]]
Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la justicia, particularizado en el caso de la talidomida. Se vota en los términos de una enmienda transaccional. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 319; abstenciones, 8.
Queda aprobada. [[Aplausos]]
Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. En primer lugar, enmiendas al artículo 4, en lo relativo al apartado 1, letra f). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 326; abstenciones, 1.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo 4, en lo relativo al apartado 1, letras h) e i). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 174; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Enmiendas al artículo 10.1.2.º, letra c), en lo relativo a la expresión nescatillas y empacadoras. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 175; abstenciones, 2.
Quedan rechazadas. Resto de enmiendas al artículo 10.1.2.º, letra c). Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dijo
Quedan aprobadas por unanimidad. Enmiendas a la disposición adicional cuarta [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 3.
Quedan rechazadas. Resto de enmiendas al proyecto de ley. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 325; abstenciones, 2.
Quedan aprobadas. Se suspende la sesión. Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.