Se abre la sesión. Esta Presidencia debe informar al Pleno de que se ha recibido un escrito de la Presidencia del Parlamento de Cataluña solicitando el aplazamiento del debate de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas, debiendo por ello excluirse el primer punto del orden del día.
Comenzamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, orgánica sobre transparencia y racionalización del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración General del Estado y los restantes cargos públicos electos. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra la señora Díez.
Muchas gracias, presidente. Sometemos a debate y consideración de la Cámara, como ha señalado el presidente, una proposición de ley orgánica que tiene por objeto establecer un sistema retributivo para los cargos públicos electos y para aquellos cargos públicos que han sido designados por los que a su vez han sido elegidos por los ciudadanos. Estoy segura de que todos compartimos - lo digo sinceramente, no lo digo como una cuestión meramente de dialéctica - el objetivo de jerarquizar y hacer transparentes los salarios públicos. Me parece que es un objetivo compartido por la Cámara y un objetivo, si me permiten la expresión, de primero de democracia: que los cargos electos tengan unos salarios que sean conocidos por los ciudadanos, que sean, por tanto, transparentes; que haya una jerarquización de esas retribuciones públicas, esto es, que quien tiene atribuidas constitucionalmente más responsabilidades tenga una retribución mayor que el que menos atribución de responsabilidad constitucional tiene, y que todas esas retribuciones sean transparentes, accesibles para el conjunto de los ciudadanos, que de una manera sencilla y de una mirada pueda ver exactamente cuál es la situación de la retribuciones públicas del conjunto de los responsables políticos. Un régimen retributivo de cargos públicos electivos, así como de cargos de libre designación en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático y debería estar regulada de una forma justa, transparente y racional. No es la primera vez que sometemos esta cuestión a debate de la Cámara. En el año 2012, a través de una proposición no de ley, esta portavoz que les habla trató este mismo asunto, sin ningún éxito en el momento de la votación, pero fue una reflexión, como decía al principio, y no quiero ser ingenua, compartida por la inmensa mayoría de la Cámara. También se sometió una proposición no de ley similar a esta, con este mismo objetivo, en la Asamblea de Madrid, y tampoco tuvo éxito a la hora de ser aprobada. Pero el objetivo, si no lo compartimos, lo deberíamos compartir todos: que quien tenga más responsabilidades atribuidas tenga el mayor de los salarios y quien tenga menos tenga, por tanto, menor salario; para que no nos encontremos en una situación como la actual, en la que el presidente del Gobierno de España está en el puesto número 264 de la lista de retribuciones por cargos electos; es decir, hay 263 responsables políticos, directivos de empresas públicas, funcionarios, alcaldes o concejales que tienen una retribución muy por encima de la del presidente del Gobierno. Ahora no es el momento - estamos en una toma en consideración - de discutir sobre la retribución que tiene que tener el presidente del Gobierno de España y sobre la de todos los demás, de arriba abajo. En algún momento deberemos abordarla, y lo deberemos hacer con absoluta transparencia y poniendo su salario, el de todos, en relación con la situación económica del país y con los salarios de la Administración del Estado, con los sueldos de los funcionarios que nosotros mismos hemos establecido. La situación de jerarquización que existe en la Administración pública yo diría que es muy notable y muy positiva, pero no hemos sido capaces de establecer una jerarquización igual de lógica e igual de razonable para el conjunto de los salarios públicos. Esta situación no se puede mantener. Debemos establecer esta jerarquía, esta racionalización, y, a la vez, debemos establecer un régimen estricto de incompatibilidades, un sistema transparente de percepciones que evite desde todo punto de vista, porque lo prohíba, cualquier tipo de sobresueldos y que, por lo tanto, permita que todos los ciudadanos conozcan en todo momento cuál es la situación de los cargos electos y de los cargos públicos. Ante la falta de regulación legal a nivel nacional sobre la materia, como les decía al inicio, las retribuciones establecen actualmente unas diferencias que resultan poco racionales e incomprensibles para el ciudadano. Ha podido enterarse a través de la nueva página web de transparencia, pero resulta irracional e incomprensible. En esta página recientemente abierta de transparencia del Gobierno nos encontramos, por ejemplo, que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales gana un poquito menos que el sueldo que se ha establecido a sí mismo el jefe del Estado. El jefe del Estado, al que hace pocas fechas se ha bajado el sueldo un 20 % o un 30 %, se ha establecido para sí mismo un sueldo un poquito superior al del presidente de la SEPI. Yo no es que piense que el presidente de la SEPI gana mucho o poco - esa es una cuestión que tendríamos que debatir -, pero lo que no me parece razonable es que gane casi cuatro veces más que el presidente del Gobierno de la nación. Me parece que es una cosa absolutamente irracional. Como les decía al principio, el señor presidente del Gobierno está en este momento en el puesto 264, pero por delante de él no está solamente el presidente de la SEPI; están el alcalde de Barcelona, el alcalde de Zaragoza, el alcalde de Madrid, el alcalde de Alcalá de Henares, el alcalde de Alcobendas, el alcalde de Las Rozas, el alcalde de Pozuelo de Alarcón, el alcalde de Leganés y muchos concejales de muchos de esos ayuntamientos. En algún momento tendremos que establecer entre todos cuánto tiene que ganar el primero para establecer también cuánto tiene que ganar el último. Lo tendremos que establecer entre todos y no resultará lógico - porque a nadie le resulta lógico - que esta situación permanezca durante más tiempo, porque no solamente son esos órganos. Si analizamos otros órganos constitucionales, podemos observar que idénticas disfunciones se producen - según los Presupuestos Generales del Estado -, por ejemplo, con el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que gana como un 40 % más que el presidente del Gobierno, o con su presidente que gana como un 45 % más que el presiente del Gobierno. Señorías, no cabe ninguna duda de que las remuneraciones de los representantes o cargos políticos tienen que ser lo suficientemente atractivas como para atraer el talento hacia la función pública y prestigiar de esa manera la importante labor que realizan los representantes públicos, pero también es cierto que a los mismos ha de exigírseles la necesaria diligencia y profesionalidad y, sobre todo, la máxima transparencia y la adecuación de sus retribuciones a la situación económica general del país, dando en propia persona ejemplo respecto a los esfuerzos y privaciones que se exigen a los administrados. Por otra parte, tampoco les estamos planteando en esta iniciativa legislativa algo completamente anómalo si nos fijamos en lo que ocurre en nuestro entorno, en los países europeos. En los países de nuestro entorno tienen una ley nacional. Por citar solo tres ejemplos, existe una ley nacional en Francia; existe una ley nacional, respecto de la jerarquización, retribuciones y transparencia de sus representantes políticos en el Reino Unido y existe una ley nacional que reúne estas mismas condiciones y responde a estos mismos objetivos también en Alemania. Son tres países con distinto modelo de Estado, pero los tres tienen leyes nacionales que regulan esta situación. Ciertamente, además, en los tres hay dos leyes nacionales, una que regula las retribuciones de los cargos, llamemos, nacionales y otra que regula las retribuciones de los otros estadios de la Administración: autonómico - general, en su caso - o municipal. Existen leyes nacionales que son de aplicación a todo el mundo; leyes que pretenden que se rijan por principios de jerarquía - como decía al principio - en razón de la función constitucionalmente asignada, proporcional respecto del resto de los sueldos del sector público y transparencia. Insisto, a nuestro juicio, la transparencia es la clave de bóveda de toda esta cuestión. Muchas de las disfunciones, de las críticas, de la separación que hay entre los ciudadanos y la política tienen que ver no solamente con comportamientos inadecuados de los políticos - en muchos casos, por supuesto, con comportamientos delictivos más que inadecuados de los políticos - sino, en otros casos, con un empecinamiento en la falta de transparencia, con un empecinamiento en no regular y en no racionalizar el sistema público, con un empecinamiento en mantener todos los vicios del pasado y en no hacer las cosas bien para que los ciudadanos tengan el control sobre la política, sobre los políticos y sobre las instituciones políticas. Eso es la regeneración de la política, eso es la regeneración de la democracia: devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre sus políticos y sobre sus instituciones democráticas. Para eso una ley de estas características es absolutamente imprescindible. Dentro de la proposición de ley, nuestro grupo parlamentario - porque es el trámite, no podemos hacerlo de otra manera - ha establecido grupos de retribuciones. Ha comparado los de nivel 1 con los del nivel x que corresponden en la Administración General del Estado; hemos multiplicado, hemos hecho una propuesta de a cuánto debiera ascender el sueldo máximo, en este caso del presidente del Gobierno, poniéndolo en relación con el salario mínimo interprofesional. Todo esto es lo que es absolutamente discutible y mejorable, por supuesto, dentro del trámite de la reforma de la ley. De todo esto podemos discutir, pero lo que hoy sometemos a su consideración - y quiero insistir en ello - es que se dé luz verde a este trámite, que realmente la Cámara se ponga a trabajar sobre la necesidad de tener una ley de estas características, que nos parezcamos, insisto, a los países de nuestro entorno en aquello que es positivo, en aquello que es ejemplar, que seamos transparentes y que en este sentido demos un ejemplo, un mensaje al conjunto de los ciudadanos. Además, entre los países de nuestro entorno hay algún ejemplo que quiero destacar y que, aunque no lo especificamos en el texto de la ley, está recogido en el espíritu de la misma y que quiero someter a su consideración siquiera para realizar una consideración complementaria. Les citaba antes tres países con modelo de Estado diferente que han hecho este ejercicio democrático, básico, de racionalizar y dar publicidad al salario de sus cargos públicos, de sus cargos electos y de sus instituciones. Inglaterra es un caso sobre el que quiero llamar la atención de sus señorías. En Reino Unido en el año 2010, precisamente para reaccionar ante un escándalo del Parlamento inglés, se creo un órgano, una comisión, la Autoridad Independiente de Estándares Parlamentarios, que desde ese momento es la responsable de la regulación y pago de las dietas y desde el año 2011 de la asignación del salario y sus incrementos a los parlamentarios, una comisión independiente que decide y nos pone el sueldo a todos nosotros y que lo hace con un criterio de objetividad, de racionalidad, de jerarquía y en función de cómo están pagados los responsables de la Administración pública, los funcionarios públicos, y de cuál es la situación económica del país, para que el sueldo de sus cargos electos responda a una situación que es la situación del país y de los ciudadanos a los que representan. Eso que en este caso es aplicable a los diputados, a los responsables electos, esa misma idea de comisión o autoridad independiente de fijación de retribuciones puede ser igualmente extrapolable a los salarios de los miembros del Gobierno y altos cargos. Como les decía, la idea de fondo es que las decisiones concernientes a las retribuciones de cargos políticos electos o nombrados no dependa de su sola voluntad o del órgano político, de suerte que se garantice que las retribuciones sean razonables y públicas. Como les decía, esto sucedió en Reino Unido en el año 2011 como respuesta al escándalo de los parlamentarios para dar transparencia, dar rigor y para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y democráticas. Señorías, esto es lo que fundamentalmente sometemos a su consideración, una proposición de ley orgánica sobre racionalización de sueldos del sector público institucional, que garantice que los sueldos de las personas sometidas a esta ley se regirán por los principios de jerarquía en razón de la función constitucionalmente asignada, proporcionalidad respecto al resto de sueldos del sector público y transparencia de todas las percepciones, siendo estas de acceso público, accesibles directamente para todos los ciudadanos. Como decía, señorías, no se puede regenerar la democracia si no les devolvemos a los ciudadanos el control sobre la política y sobre sus instituciones políticas. La transparencia, el rigor, la jerarquía, la responsabilidad, también en los salarios públicos, es una de las necesidades más urgentes. Ya sé que la reforma de la Administración pública en su conjunto, que las reformas institucionales y democráticas que tenemos pendientes no se acaban con la aprobación de esta ley, pero es un buen paso, es un buen inicio y les animo a todos ustedes a sumarse. Gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Díez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño. Me parece bien que se planteen este tipo de iniciativas, sobre todo desde un punto de vista al que hemos estado acostumbrados durante estos últimos años en esta Cámara, esto es, a criticar absolutamente cualquier aspecto relacionado con lo institucional en el sentido de que fuera superfluo, excesivo y un agravio comparativo. Desde luego, es indudable que por circunstancias diferentes y por una evolución en muchos casos mediatizada por el temor a comunicar a la opinión pública determinadas actualizaciones retributivas en algunos ámbitos institucionales hemos llegado al pequeño caos existente. Eso es innegable y quiero entender que esta propuesta que hace UPyD está planteada no en el sentido de que el presidente del Gobierno está ganando lo que debería ganar, sino de que su retribución debe actualizarse a tenor de los baremos europeos y a partir de ahí, por ser el cargo más relevante del Estado - digamos que el jefe del Estado estaría excluido de la Administración -, desde abajo se irían ordenando otros cargos. Eso no nos parece mal. Tenemos el ejemplo que ha dado antes de los doscientos cuarenta y tantos cargos, muchas veces desconocidos y que por características de su trabajo no están sometidos a la crítica política del día a día. Tienen unas retribuciones mucho más grandes, sobre todo frente a las responsabilidades que tienen que adoptar el presidente del Gobierno o los ministros. Aclarar esto, hacerlo didácticamente y poner la retribución del Consejo de Gobierno en unos niveles europeos me parece correcto. Es un tema perfectamente discutible en esta Cámara. Aplaudo que no haya intentado entrar en materia de comunidades autónomas, puesto que, tal y como está la legislación, esta Cámara no podría entrar a regular eso a través de esa ley. Sí lo hace en materia municipal y tengo que recordarle que en la última modificación de la ley básica municipal el tema de las retribuciones de los ayuntamientos ya se contemplaba. Tengo que decir que desde la visión de mi grupo, aunque no está contemplado en la ley, en relación con las competencias forales en materia municipal para el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra no deberían ser obligatorios esos límites que se ponen en la ley. Este es otro ámbito de discusión, pero quiero decir que eso más o menos está fijado en esa ley y veo que respetan el ámbito autonómico. Hay otra serie de asuntos que, sinceramente, no acabo de ver. No sé si esa clasificación en esos grupos es la más adecuada, pero no me parece que para las labores políticas encaje muy bien el artículo 5, que habla de los criterios que permitan la evaluación del desempeño de los cargos sujetos a esta ley y que articulen los conceptos retributivos variables en función de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Esto para una empresa puede estar muy bien, pero, sinceramente, a mi modo de ver en el ámbito político tienen que medirlo después en los ciudadanos. No podemos decir después de un debate sobre el estado de la Nación: mira, Mariano, que has estado muy mal y te bajamos de horquilla, te pasamos al grupo 2. Pues no. Será el cargo institucional el que no ocupa, pero esto de medir la conducta profesional y el rendimiento es algo muy relativo en política. Me puede corregir algún otro portavoz si lo conoce de manera más concreta, pero la incompatibilidad de retribución por dietas en aquellos consejos en los que se está presente en función de que uno ocupa un cargo público ya está contemplada por ley. Desde luego, en algunos ámbitos autonómicos lo está y, si no estuviera, me parece bien que fuera así. ¿Solucionamos bien el asunto con una remuneración fija bruta cuando la misma propuesta que ustedes hacen está abierta a dietas, incentivos, etcétera? Pues no sé si verdaderamente esta sería la solución ideal o hay que contemplar que no cabe ningún tipo de dieta, sino que hay una retribución y punto. No dice eso el texto de su norma. Es más, yo creo que incluso en esta Cámara se podría hacer este trabajo, no dentro de la ley porque esta Cámara es soberana, pero también se podría hacer ese trabajo y hablar de unas retribuciones en pack. Nos dejaríamos de estas especulaciones, muchas de ellas basadas en datos no correctos que se hacen en los medios de comunicación de ciento en viento. No estoy de acuerdo con que se aproveche el viaje para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y ampliar las incompatibilidades. Yo algunas incompatibilidades las veo claras en el ámbito de los diputados y de los senadores, pero por ejemplo el acta de concejal con la de diputado o senador depende de qué estemos hablando: no es lo mismo el alcalde de una gran ciudad que el alcalde de un pequeño pueblo; no es lo mismo el concejal, que un concejal delegado de área, etcétera, en una de estas grandes ciudades. Por lo tanto, si se quiere hacer algo, se debería hacer. Mi grupo no se va a oponer a que esto se tramite en la Cámara - insisto - dentro de la materia competencial, que es de Cortes Generales, y sin entrar en el ámbito de los Gobiernos autonómicos. Me parece bien que se ordene, que se haga una labor didáctica, ahora bien, creo que deberíamos centrarnos únicamente en esto y no entrar en otros ámbitos como el de la Loreg. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que nos propone Unión Progreso y Democracia, y lo vamos a hacer porque queremos dar respuesta a la pregunta principal, para nosotros, del debate que tenemos entre manos: ¿existe en España un marco de referencia claro desde el punto de vista del sistema retributivo, sí o no? No existe, señoras diputadas y señores diputados, existen distintos marcos de referencia, incluso podríamos decir distintas prácticas retributivas que no están armonizadas, incluso algunas de estas prácticas no son ni siquiera legales, pero se practican. Lo que necesitamos en nuestro país es un marco, un marco global, un marco justo, adecuado a los tiempos que vivimos, y ese marco podríamos crearlo a partir de un proyecto de ley parecido posiblemente al que se nos propone. Por tanto, sí, vamos a votar a favor de la toma en consideración. El desarrollo legislativo podrá permitir el debate político adecuado para hacer un buen proyecto de ley, para hacer una buena ley, y ponernos de acuerdo y saber cuando criticamos que un alcalde cobra demasiado en relación con quién lo hacemos: ¿con el alcalde de al lado?, ¿con el presidente del Gobierno?, ¿con el director o el gerente de una empresa pública? No lo sabemos, depende de cómo se quiera ver, porque no hay un marco de referencia global. En muchas ocasiones eso permite que se produzcan situaciones abusivas, eso y la falta de transparencia, porque la falta de transparencia precisamente es uno de los elementos clave para que se puedan producir abusos en el sistema retributivo público de nuestro país. Nosotros decimos sí a un marco que sea objetivo, que sea coherente, que sea equitativo, que sea transparente, que sea adecuado a las responsabilidades tanto por rendimiento como por dedicación, porque lo que tenemos en este momento son prácticas basadas: en primer lugar, en la opacidad. En muchos ayuntamientos ustedes saben que muchos concejales se tienen que pelear para que se conozca, para que sea público qué cobra el equipo de gobierno, y estoy hablando de sitios donde a veces nosotros podemos estar en la oposición y a veces en el gobierno, pero la práctica democrática obliga a que esa información sea pública, se conozca, sea transparente. Si hay transparencia es mucho más difícil que se produzca el abuso; si no hay transparencia, casi con toda seguridad se va a producir el abuso. En segundo lugar, hoy tenemos un marco desproporcionado, hay cargos públicos, hay funcionarios que cobran demasiado y posiblemente muchos, miles de funcionarios que cobran demasiado poco. Por tanto, hay que establecer un marco global para saber cuándo y cuál es la desproporción. Duplicidad, sí, hay duplicidad y por supuesto hay abusos, los dos grandes abusos que en los últimos tiempos hemos conocido: sobresueldos y puertas giratorias; sobresueldos y puertas giratorias que en este país las leyes del Partido Popular, pretendidamente por la transparencia y a favor también del control de los altos cargos, no han controlado. Hoy no tenemos un mejor control de los sobresueldos, hoy no tenemos un mayor control de las puertas giratorias. Esta proposición de ley es absolutamente necesaria para conseguirlo. Digámoslo sin ninguna demagogia: hay que invertir dinero en la democracia. La democracia no es algo que pueda darse sin inversión, sin dinero, sin dedicar presupuestos públicos al funcionamiento democrático, pero, precisamente, para poder invertir más dinero en democracia, ese dinero debe ser escrutado por la opinión pública, debe haber plena transparencia, debe haber plena rendición de cuentas para que se sepa que ese dinero está bien invertido y, por tanto, para dar cuenta de por qué estamos gastando dinero en cargos públicos y en funcionarios públicos. Esto es algo que debemos dejar muy claro. Lo decía antes, nuestro grupo parlamentario ha presentado en esta Cámara distintas iniciativas, por ejemplo a favor de la dedicación exclusiva de senadores y diputados, que han sido rechazadas por el grupo mayoritario de esta Cámara. El debate no es sobre si los diputados y senadores tienen que cobrar más o tienen que cobrar menos. Por supuesto tienen que cobrar de forma suficiente. El tema es que si tienen dedicación exclusiva, se tienen que dedicar exclusivamente y eso en este momento no ocurre, no ocurre y se permite una flexibilización en la compatibilización de trabajos y de sueldos que desde nuestro punto de vista no debería darse. Evidentemente, diputados y senadores deben cobrar suficientemente, porque, si no, solo se van a dedicar a la política aquellos que tengan patrimonio y aquellos que tengan mucho dinero, pero estos sueldos y esa dedicación también deben escrutados públicamente y deben ser claros y transparentes. En consecuencia, sí a la dedicación exclusiva, sí a una ley de altos cargos que merezca ese nombre, señoras y señores diputados del Partido Popular, porque la ley que ustedes hicieron lleva el nombre de altos cargos, pero no ha servido para un mayor control y una mayor transparencia de los altos cargos de este país, y por eso seguimos con los problemas de la anterior legislatura. Las iniciativas del Partido Popular no han venido a poner luz y taquígrafos sobre los altos cargos de nuestro país. Finalmente - y acabo con esto -, debe ser una ley que merezca el nombre de tal ley de transparencia - la ley que ustedes aprobaron no es una ley de transparencia, es su ley de transparencia -, porque este debate con transparencia, con luz y taquígrafos, funciona de otra manera. Sin transparencia lo que hay son sobres y sobresueldos. Esa es su política. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Nuet. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley que hoy presenta Unión Progreso y Democracia abre un debate necesario en relación con la racionalización de las retribuciones de los miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración General del Estado y también de determinados cargos electos. Por ello ya anuncio que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de su toma en consideración, aunque discrepemos en el fondo de alguna de las propuestas concretas que desarrollan a lo largo del texto que nos han presentado hoy aquí. De hecho, a lo largo de la exposición de motivos e incluso en el propio articulado que presentan, incluyen algunos aspectos que son propios de ámbitos de otras administraciones. Por ejemplo, todo aquello que hace referencia a la Administración local - ha hecho mención a ello el portavoz del Partido Nacionalista Vasco - ya fue regulado recientemente aquí en el Congreso y además ha sido objeto de impugnación, porque se entiende que ha invadido competencias que son propias del ámbito local. En la exposición de motivos también se hace referencia a cuestiones que son propias de las comunidades autónomas. Concretamente, esta proposición de ley pretende regular, como decíamos, la retribución de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y cargos públicos electos. Se establecerían unos grupos de clasificación para todos estos cargos públicos según los organismos a los cuales pertenecieran, de manera que un cargo público de una entidad o grupo inferior no pueda percibir un salario bruto anual mayor que el del grupo superior. La clasificación incluye tanto a miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado como a miembros electos de las corporaciones locales, diputaciones y otras instituciones representativas, como el Consejo General del Poder Judicial u órganos constitucionales del Estado. Se prevén ocho grupos de clasificación en el texto que nos aportan y los importes de las retribuciones de cada uno se tendrían que determinar reglamentariamente. Ya he dicho al inicio de nuestra intervención que no vamos a valorar - porque tampoco es hoy el trámite pertinente - cada una de las medidas que nos proponen en su texto articulado. Ahora bien, compartimos el espíritu general de esta proposición de ley, porque entendemos que es necesario abordar este debate, pero hay que hacerlo de forma rigurosa, sin invadir competencias de otras administraciones y huyendo del oportunismo político, y en determinados momentos nos ha dado la sensación de que la exposición de motivos no iba precisamente en esta dirección. A pesar de ello, insisto, creemos que es un debate necesario. Podemos poner ejemplos de que en Cataluña se está avanzando en ese sentido de ir hacia una mayor racionalización en el sistema de retribución tanto de los miembros del Gobierno como de altos cargos de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Así, le podemos poner como ejemplo que en Cataluña las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica se determinan anualmente en la ley de presupuestos. Por lo que hace referencia al personal directivo del sector público, se han establecido por ley, en una disposición adicional que recientemente fue aprobada en la Ley de medidas para 2014, los criterios legales del régimen retributivo de este personal, que son los que debe tener en cuenta el Gobierno en la elaboración de los decretos que regulen esas retribuciones. Además, en el marco del plan de reforma de la Administración de la Generalitat de Catalunya, se contienen una serie de objetivos que van en la línea de la proposición que hoy defiende Unión Progreso y Democracia. El plan que está impulsando la Generalitat tiene como objetivo construir y consolidar modelos organizativos y procedimientos que aseguren unos valores como son los de eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, innovación, flexibilidad y participación, junto con los de sujeción al ordenamiento jurídico, profesionalidad e imparcialidad. El Gobierno de la Generalitat está elaborando también una clasificación de las entidades del sector público de acuerdo con determinados criterios legales. Entendemos que ese trabajo que está realizando la Generalitat de Catalunya avanza en la línea que se está valorando en esta propuesta que hoy defienden. Por tanto, ya anuncio que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta toma en consideración, si bien hay varios aspectos, a nuestro juicio fundamentales, insistimos, a tener en cuenta. En primer lugar, está la necesidad de respetar las competencias, en este caso del ámbito local - recordemos nuevamente que tenemos una ley que ya ha sido impugnada, porque consideramos que invade competencias de las corporaciones locales -. En segundo lugar, debe hacerse un debate riguroso huyendo del oportunismo político. Creemos que el texto que nos presentan tampoco aborda una cuestión fundamental como es la retribución justa. Ustedes hablan en todo momento de racionalizar el sistema retributivo, pero en un sistema democrático como el nuestro es fundamental hablar con valentía de ese concepto de la retribución justa tanto para los miembros del Gobierno como para los altos cargos de la Administración General del Estado y también para los demás cargos electos. Ustedes hacen también referencia a otras cuestiones en esa proposición. Por ejemplo, aluden al régimen de incompatibilidades, en este caso de diputados y senadores. Es un tema importante que tenemos oportunidad de abordar en la ponencia que está abierta de reforma del Reglamento del Congreso, junto con otras muchas cuestiones que nuestro grupo parlamentario puso sobre la mesa a través de una propuesta de resolución que fue debatida y aprobada en el reciente debate sobre el estado de la Nación. Tenemos una oportunidad importante para avanzar en la mejora del régimen de incompatibilidades. Es importante abordar esa cuestión y tenemos la oportunidad de hacerlo, repito, en la ponencia del Reglamento del Congreso, al igual que se haría respecto del régimen de retribuciones de determinados cargos electos, al que ustedes también hacen referencia. Por ejemplo, en la mencionada ponencia en relación con el Reglamento del Congreso, es una de las cuestiones que también se podrían debatir. Lamentamos que en el caso del proyecto de ley de altos cargos de la Administración General del Estado no se haya sido más ambicioso por parte del Gobierno, en este caso por parte del Grupo Popular, y se haya avanzado en algunas de las cuestiones que ustedes plantean hoy aquí mediante esta propuesta. Finalmente, quiero destacar que nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa con esa salvedad, en caso de que prosperara, de que tendríamos que tener en cuenta cuáles son los ámbitos competenciales de cada Administración. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Batet.
Gracias, presidente. Señorías, la proposición de ley de Unión Progreso y Democracia parte de dos realidades desde nuestro punto de vista incontestables y constatables, por un lado, la falta de objetividad, previsibilidad y proporcionalidad entre las retribuciones de los altos cargos de la Administración General del Estado y otros empleados o servidores públicos; por otro, el desprestigio de lo que la propia proponente de la iniciativa llama clase política, con una nomenclatura que a nosotros nos ha chocado, porque no hace más que profundizar en la pretendida separación de la sociedad civil con las personas que ocupamos puestos políticos, alimentando una concepción que en realidad es precisamente lo que se quiere combatir. Como decíamos, estas dos realidades son innegables y, cómo no, compartimos con UPyD, y seguro que con el resto de los grupos parlamentarios de la Cámara, el anhelo de adoptar medidas que contribuyan a que vayan desapareciendo de nuestro panorama social. Ahora bien, pretender que la objetividad y la proporcionalidad de los sueldos se logre con el establecimiento de ocho grupos salariales y que ello además redunde en la dignificación y un fortalecimiento de la política es, desde nuestro punto de vista, cuando menos ingenuo, e intentaré explicar los motivos que me conducen a hacer esta valoración. En primer lugar, los grupos establecidos lo son en función de una retribución fija - tal y como se determina en el artículo 4 de la proposición de ley -, pero a esta parte fija se le permite añadir conceptos variables, asistencias e indemnizaciones. Señorías, el problema es que en las leyes de presupuestos anuales, las que aprobamos cada año desde hace mucho tiempo, ya se determina esa cuantía fija por grupo retributivo y por tanto ya es transparente, ya es público, ya es conocido ese sueldo, pero a este se le añaden complementos, y es precisamente en esa segunda partida donde está la madre del cordero, porque es la que permite y ampara las diferencias salariales tan globales aun habiendo aprobado ya alguna regulación al respecto, como apuntaba el señor Esteban. Además - hay que saberlo y por eso lo quiero destacar en esta intervención -, las diferencias no solo están entre las distintas categorías o los distintos altos cargos, sino que entre estos altos cargos también hay diferencias, porque, dependiendo del ministerio al que se pertenece, puede haber cuantías variadas. En segundo lugar, como objetivo de la proposición de ley, se establece también marcar unas retribuciones máximas y fijas a los entes locales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido señala que la política retributiva de un ayuntamiento o una diputación cae de lleno en el ámbito autoorganizativo de estos entes locales, que es precisamente el embrión primero de su autonomía política. Esa es la razón por la que tanto en los proyectos legislativos anteriores como en la recientemente tramitada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local no se hayan incluido tablas específicas o de retribuciones máximas, ya que el camino a seguir tendría que ser el de la negociación, el del diálogo, el del acuerdo por tanto con la Federación Española de Municipios y Provincias. En tercer lugar, en este mismo sentido hay algunas otras regulaciones que, desde una vocación omnicomprensiva que intuyo - creo que no me equivoco en esa valoración - que es la voluntad del grupo proponente, deberíamos plantearnos que no caben tampoco en esta proposición de ley - y de hecho no están -, porque se sabe que el instrumento no se adapta a la regulación de estas otras cuestiones. Me refiero básicamente - como ya se ha dicho por otros intervinientes - a la Administración autonómica y a los Gobiernos autonómicos o también a la regulación del Poder Legislativo, de esta Cámara y del Senado, de las Cortes Generales. Lo cierto es que, efectivamente, en un Estado descentralizado y con división de poderes, el elemento negociador, la búsqueda del diálogo y por tanto del acuerdo para alcanzar una regulación transversal, que es realmente lo que se está proponiendo con esta iniciativa, es lo esencial, y la ley no nos sirve como instrumento para llegar a ese objetivo. En cuarto lugar y de manera destacada, a efectos de la lejanía de la ciudadanía de la política y de su desconfianza, desde mi punto de vista no podemos caer en la ingenuidad de pensar que todos los problemas se arreglan recortando, homologando o incluso suprimiendo sueldos, porque la cuestión medular sigue sin tratarse. ¿Y cuál es la cuestión medular? Pues la utilidad de los políticos y de las administraciones públicas que son dirigidas por estos políticos a la ciudadanía, a los ciudadanos. Por tanto, lo que nos tenemos que preguntar es por los elementos esenciales: el sueldo en concepto de qué se da y en retribución de qué labor. Por ello, desde nuestro punto de vista esta proposición de ley no es el instrumento más adecuado para abordar las dos realidades incontestables de las que parte el grupo proponente. De hecho esta proposición de ley es el apéndice de lo que debería ser la cuestión principal, que es la reforma en profundidad de las administraciones públicas para hacerlas operativas, para hacerlas abiertas y eficaces y solo después de hacer esto poder tratar la cuestión de los sueldos y del equilibrio y de la proporcionalidad de estos sueldos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que actualmente las administraciones españolas necesitan una transformación similar a la que tuvo lugar en los años ochenta, cuando adaptaron a la democracia unas estructuras ancladas en principios autoritarios. La crisis económica, los cambios políticos, los cambios sociales, tecnológicos e incluso las políticas destructivas del Partido Popular motivan la necesidad y la urgencia de ese esfuerzo transformador. El Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, sin rechazar este intento de homologación y limitación salarial - de hecho votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley -, apuesta por ir mucho más allá y trabajar en un modelo de reforma de toda la Administración pública y del Gobierno que la dirige sobre unas bases que al menos deberían incluir los siguientes aspectos. En primer lugar, es necesaria la rendición de cuentas. Debemos transformar el modo en que se planifican, se implantan y se evalúan las políticas y los programas públicos estableciendo mapas de objetivos variables e indicadores que garanticen el seguimiento continuo y permitan a los políticos, a los gestores y a los ciudadanos en general valorar la eficacia y el impacto de cada actuación pública y de los resultados de la implantación de esa acción pública. En segundo lugar, hay que introducir un cambio del método de presupuestación modificando el actual el sistema de presupuesto por programas. Seguramente funcionaría mejor implantar un presupuesto basado en los objetivos marcados por cada órgano gestor, sin arrastrar cuantías de un año a otro de forma automática. Eso nos ayudaría sin duda a terminar con el incrementalismo ineficiente de los presupuestos públicos y a establecer prioridades de acción que, examinadas, merezcan recursos públicos para ponerse en marcha. En tercer lugar, se trata de un cambio radical en el modelo de recursos humanos. Aquellos que creemos en lo público, porque es lo de todos, apostamos claramente por revalorizar y fortalecer la Administración, y ello no puede hacerse sin empleados públicos bien seleccionados, eficientes pero sobre todo motivados. En cuarto lugar, hay que contar con una organización administrativa renovada, sin miedo a plantearnos algunos debates en profundidad, como por ejemplo si el modelo tradicional del ministerio, que ha permanecido inalterable desde el siglo XIX, es el que mejor encaja con nuestro Estado descentralizado. En quinto lugar, hay que proceder a un análisis riguroso de la externalización. Para ello se debería elaborar un catálogo con los servicios públicos que directamente satisfagan derechos básicos de los ciudadanos para prohibir esa externalización, la de los derechos básicos para los ciudadanos, y que paralelamente, en los casos en que se produjera - porque así se valorara como el mejor instrumento -, hubiera una continua evaluación de esa externalización, que no se quedara únicamente con el momento de la decisión, sino que tuviera una continuidad en su evaluación. En materia de transparencia, la Ley de Transparencia, aprobada durante esta legislatura, es claramente insuficiente. El portal de transparencia, el instrumento encargado de proporcionar publicidad activa, se ha limitado en realidad a poner a disposición de los ciudadanos fundamentalmente información que ya era pública. El principal objetivo que debería perseguir una ley de transparencia es que los poderes públicos ofrecieran información completa, veraz y entendible para los ciudadanos. Por eso fuimos firmes defensores de configurar el órgano que debe controlar el cumplimiento de este objetivo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de manera bien distinta para que fuese un órgano independiente y vinculado directamente con las Cortes Generales. Finalmente, deberíamos debatir en profundidad sobre la ética pública. La corrupción política se ha situado en los últimos tiempos en el centro del hartazgo de la ciudadanía, de una sociedad golpeada por la crisis económica y los recortes en los servicios públicos. En este sentido, junto a las medidas punitivas y preventivas, frente a las conductas de los protagonistas de la corrupción - no es ahora el momento de debatir sobre ello -, desde nuestro punto de vista es preciso articular una estrategia en la que la Administración pública y sus empleados jueguen también un papel central en la prevención y en el control de la corrupción. Pues bien, solo después de abordar esta reforma integral y ambiciosa, tantas veces prometida por el actual Gobierno e incumplida las mismas veces, tendría verdadero sentido tratar del salario de los altos cargos y de los miembros del Gobierno…
Señora Batet, debe usted terminar.
Termino, señor presidente. Como decía, solo entonces tendría sentido tratar del salario de los altos cargos y de los miembros del Gobierno, que efectivamente necesitan de grandes dosis de sensatez, realidad y proporcionalidad. La toma en consideración de la proposición de ley nos permite al menos apuntar las cuestiones estructurales, pero en el caso de que se produjera su admisión a trámite pensamos que no sería muy positivo quedarnos con el tejado, señorías, porque, aunque sea lo más vistoso, sin cimientos, puede quedarse en pura apariencia. La reforma del sector público en este país sigue pendiente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Batet. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
Gracias, señor presidente. Señora Díez, he de reconocerle que últimamente está usted mejor en la tribuna que en los textos que presenta a la Cámara y yo me congratulo por ello, pero no tengo más remedio que referirme al contenido de la proposición de ley orgánica que ha presentado. Decía un importante politólogo norteamericano al que llamaban el Sabio de Baltimore, Mencken, que siempre hay una solución fácil para un problema político complejo y que esa solución suele ser siempre clara, siempre plausible y siempre es equivocada. Eso es lo que le pasa a la proposición de ley que ustedes presentan a la Cámara. Creo que la historia está llena de ocurrencias, de soluciones ingeniosas y, muchas veces, soluciones que parecen la panacea y soluciones de todos los problemas acaban desembocando en chapuzas importantes que generan más problemas de los que pretenden solucionar. Con todo el respeto, señora Díez, creo que en el texto que nos presentan nos traen algo que se parece bastante a un ejercicio de arbitrismo político puro y duro. No tiene ninguna profundidad. Si quiere que hablemos en serio de este problema, lo hacemos y hablamos en serio, porque es verdad - le voy a reconocer que eso es así - que tenemos un problema de coherencia entre las retribuciones. Tiene usted razón, todos tenemos razón en este sentido y no es de recibo que los subsecretarios ganen más que el presidente del Gobierno o que los ministros. Por lo menos, es un hecho muy chocante, pero detectar el problema es una cosa, diagnosticarlo bien es otra - y creo que ustedes lo diagnostican mal - y luego hay que hacer el tratamiento, la posología, que en este caso, en mi opinión, mata al enfermo. Voy a intentar explicar por qué a mí me parece que la solución que ustedes plantean es realmente desastrosa para el sector público español, para la Función pública española y para la política española. Déjeme que empiece por la exposición de motivos y que le haga una crítica general al lenguaje que utilizan ustedes en la misma. Para regenerar la política hay que empezar por regenerar el lenguaje político que utilizamos. Tenemos que respetar el oficio al que nos dedicamos, tenemos que respetarnos a nosotros como políticos y tenemos que respetar también el texto y el hecho de que sea una proposición de ley. No se puede utilizar en una exposición de motivos el mismo lenguaje que utilizamos en una tertulia de televisión, no se puede. Se ha referido a ello la señora Batet con anterioridad. Ustedes utilizan reiteradamente, por ejemplo, con carácter un poco despectivo y fuera de lugar realmente, la expresión de clase política y la ligan a expresiones como la de una oligarquía privilegiada donde la corrupción, el nepotismo y el amiguismo son moneda corriente en España. Esa no es la verdad política de este país. Ese es un problema de este país, pero esa no es la verdad política de lo que hacemos aquí todos los días. Ustedes llevan tres años con este discurso empeñados en que los españoles crean que esa y no otra es la verdad política de este país y, claro, al final, le han hecho ustedes, entre otros, el trabajo sucio a otros que en este momento les están echando a ustedes de la pista electoral. Segunda cuestión. La regeneración comienza por respetar la verdad. No se puede hablar de opacidad de los sueldos públicos y reconocer en el propio texto que esto surge de los datos arrojados por la Ley de Transparencia y por el portal de la transparencia. Aclárense ustedes, porque no tiene mucho sentido que su propuesta surja de los datos arrojados por el portal de la transparencia, que por primera vez se ha creado en la historia de la democracia española, y que al mismo tiempo digan que el problema de los salarios públicos es la opacidad y la falta de transparencia. Algo falla en ese razonamiento suyo. Tercera cuestión de la exposición de motivos. Ustedes dedican más de la mitad de la misma a hablar de retribuciones de diputados y de senadores, a los que, sin embargo, luego no se les aplica ni un solo artículo del texto articulado, una disposición final, sí, para establecer la incompatibilidad en mandato representativo y la prohibición de que cobren algún tipo de salario por el cargo que desempeñan en su partido, pero poca cosa ya. Yo comprendo - perdónenme la expresión - que atizar a diputados y senadores tiene su efecto, pero es profundamente injusto. Déjeme que le diga desde esta tribuna que un diputado español gana la tercera parte que un diputado italiano, la mitad que un francés, la mitad que un inglés, la mitad que un alemán, y la mitad que un sueco, por poner algún ejemplo. Todos ellos además perciben eso que usted llama despectivamente sobresueldos en el texto, y que muchas veces no son sino dietas, por ejemplo, dietas por alejamiento: un alemán 4.000; un inglés 2.000; un italiano 4.000; un sueco 1.000, es decir, usted critica y pone de ejemplo sistemas comparados que retribuyen mucho mejor, tanto el salario base como los complementos o las dietas que puedan percibir los diputados y los senadores españoles. En cuanto al texto articulado, primera cuestión - lo ha señalado también algún compañero en su intervención previa -, la proposición de ley es dudosamente constitucional. En mi opinión vulnera claramente los artículos 140 y 141 de la Constitución española, porque no respeta la autonomía local ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista financiero, ni de ayuntamientos ni de diputaciones. De la misma manera vulnera la autonomía del Banco de España. Segunda cuestión, establece una serie de bloques salariales iguales para desempeños y responsabilidades muy diferentes. Pretende uniformar lo que no es uniformable, en nuestra opinión, y le voy a dar algún ejemplo, como el de los concejales. Ustedes establecen que para los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes los concejales, todos, cobrarán un sueldo del grupo 7, es decir, lo mismo que el secretario general del Banco de España o los vocales del Poder Judicial. Los ayuntamientos de más de 1.000 habitantes, entre 1.000 y 500.000, cobrarán grupo 8, es decir, lo que un subdelegado del Gobierno. Yo le hago alguna pregunta: ¿cómo vamos a obligar a los ayuntamientos de 1.000 habitantes o de 2.000 habitantes a que paguen a sus concejales sueldos como el del subdelegado del Gobierno si a lo mejor están en dificultades financieras? Le hago otra pregunta: ¿cree usted razonable, equitativo y normal que un concejal de Bilbao, que tiene 350.000 habitantes, cobre lo mismo que un concejal de Otxandio, que tiene 1.100 habitantes? ¿O que un concejal de Murcia cobre igual que uno de Pliego? ¿O que un concejal de Valladolid cobre lo mismo que uno de Castronuño? ¿Cree usted que las dificultades, la intensidad del trabajo, la dificultad, son las mismas en Otxandio que en Bilbao? ¿Lo cree usted? ¿Cómo es posible que deban cobrar lo mismo, porque a ustedes se les ocurre, un concejal de Getaria que el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa que, además de dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es responsable entre otras cosas de la lucha antiterrorista en esa provincia? ¿Cómo es posible comparar magnitudes que no tienen nada que ver entre sí? Creo que así no se puede legislar, esto es arbitrismo puro, esto aparentemente es muy ordenado, es muy jacobino, está muy bien, pero es un disparate, porque luego no se adapta a la realidad. [[Aplausos]] Otro ejemplo: los embajadores, todos iguales, grupo 6. Digo yo que no será lo mismo el embajador en Haití que el embajador en Estados Unidos; no será lo mismo el embajador en Jamaica que el embajador en Rusia. Las embajadas pueden ser, si se ordenan, embajadas de primera, de segunda, de tercera. Hay una cosa que se llama el escalafón del cuerpo diplomático y hay otra cosa que se llama la carrera diplomática, que consiste en que los funcionarios del servicio exterior van ascendiendo, empiezan por embajadas menos importantes y culminan su carrera en embajadas más importantes. En el caso del Poder Judicial con la uniformización ustedes vulnerarían directamente la capacidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial de informar la propuesta de retribuciones que hace el Gobierno todos los años. Además encargan en su texto - algo que me parece de ciencia ficción - a la Dirección General de Función Pública, del Ministerio de Hacienda, el control de los salarios de jueces y magistrados. Esto como poco vulnera la división de poderes, pero es que en todo caso debería ser la Dirección General de Costes de Personal. Es un desconocimiento sideral de la Administración lo que ustedes están proponiendo. Tercera consideración, no se puede proponer el mismo sueldo cuando la capacitación que se exige para un puesto es distinta que para otro, es decir, cuando se exige una especial capacitación técnica, por ejemplo, para el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, de la CNMV o del Banco de España no es la misma que la capacitación que se requiere a un concejal. ¿Por qué? Porque cuando se requiere una capacitación técnica especial hay que tener en cuenta el nivel retributivo medio del sector en el que opera esa institución, para atraer un mínimo de talento y un mínimo de capacidad al sector público. Tampoco se tiene en cuenta si los altos cargos tienen residencia oficial o no, como el presidente del Gobierno, delegados del Gobierno, embajadores y delegados, ni si tienen o no gastos de representación. Por último, el déficit más importante de su proposición, en mi opinión, es que ustedes no incluyen las cuantías para cada grupo. No sabemos lo que cobrarían los altos cargos del grupo 1, ni del 2, ni del 3, ni del 8 por supuesto. ¿Cómo pretenden que se embarque Gobierno alguno en una propuesta retributiva de esta magnitud sin conocer el coste? ¿Se han molestado ustedes en valorar económicamente esta proposición o es que eso les da igual? Esta proposición solo tendría dos vías para jerarquizar los salarios: o subir los sueldos del presidente del Gobierno y de los ministros o bajar el sueldo de todos los demás. Pero no sabemos lo que ustedes proponen. Si lo que proponen es que, en estos momentos en que las familias españolas tienen dificultades para llegar a fin de mes, nosotros, como Gobierno de España y como Grupo Parlamentario Popular, aprobemos una subida salarial del Gobierno en pleno y una subida salarial para diputados y senadores, ya le adelanto que no cuenten con nosotros para este escándalo, porque sería un auténtico escándalo. [[Aplausos]] Nosotros hemos aprobado la Ley de Transparencia…
Señor Gómez de la Serna, debe usted terminar.
… y ustedes han votado en contra - acabo ya, un segundo -. Estamos tramitando la ley del estatuto del alto cargo, y ustedes han votado en contra. Nuestra prioridad en este momento, señorías, como en toda la legislatura, es luchar contra la grave crisis económica, crear empleo, y mantener el Estado del bienestar, y no subir el sueldo ni a diputados, ni a senadores, ni al presidente, ni a los ministros. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre exclusiones sanitarias en España tras el Real Decreto-ley 16/2012. Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Llamazares.
Gracias, señor presidente. Señorías, en el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, cuando se cumplen ya dos años y medio del Real Decreto funesto 16/2012, creemos que ha llegado el momento de proponer a la Cámara que lo derogue, que derogue un decreto que pretendía un objetivo: no era tanto la política de austeridad ante la crisis, sino que pretendía, aprovechándose de la crisis, cambiar el modelo sanitario; de un modelo sanitario con el derecho a la salud reconocido como derecho a la ciudadanía a un modelo sanitario de seguro, de asegurados e inseguros. Y hay que decir, pública y claramente, que ese modelo, señorías, ese objetivo oculto en el Real Decreto 16/2012, dos años y medio después, ha fracasado. Ha fracasado por la resistencia de los ciudadanos, por el desacuerdo de los profesionales sanitarios, y también por la impericia, por no decir impotencia, por la falta de dirección política del propio Gobierno español, del Ministerio de Sanidad, que ha cambiado de ministro, pero no ha cambiado de dirección. Señorías, dos años y medio después, fracasado el modelo de seguro, un modelo de involución frente al modelo sanitario universal, ha llegado el momento de reconocerlo y de recuperar para los ciudadanos el derecho a la sanidad pública. Ese es el objetivo de esta iniciativa parlamentaria. El proyecto del Gobierno ha fracasado. No hay más que ver que, después de este modelo de asegurados e inseguros, en nuestro país se ha excluido a un millón de personas de la atención sanitaria y sin embargo los asegurados al margen del sistema público apenas llegan a quinientos. No hay ningún modelo de seguro público-privado en Europa en el que el sistema público mantenga la cobertura de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y el sistema de seguro, el que pretende competir con el sistema público, tenga una cobertura tan baja. [[La señora]] Eso significa que el modelo ha fracasado. Pero aunque ha fracasado el modelo, las víctimas y los efectos colaterales existen. Las víctimas del Real Decreto 16/2012 son, en primer lugar, los inmigrantes que en nuestro país carecen de papeles, pero no solamente ellos. Son los ciudadanos españoles emigrantes en países extranjeros que se han quedado sin cobertura sanitaria al cabo de tres meses, pero no solamente ellos. Son los pensionistas y los enfermos crónicos que hoy, por mor de los copagos, no retiran sus recetas, no obtienen los fármacos que necesitan, y terminan agravando su situación de salud e ingresando por urgencias o en peores condiciones. Pero son también, señorías, aquellos ciudadanos que se ven atrapados en las consecuencias de los recortes que han provocado un incremento de las listas de espera entre el 20 y el 40 %. De esos ciudadanos, una parte importante recurre a la asistencia privada precisamente por inasistencia pública. Todos estos son ciudadanos víctimas del frustrado intento de modelo de seguro por parte del Gobierno, que como digo ha tenido víctimas. Pero ha tenido también efectos colaterales que queremos denunciar en el día de hoy. Señorías, el Gobierno proponía una alternativa de mayor sostenibilidad y de mayor coherencia entre las comunidades autónomas. Poco menos que el Gobierno se planteaba endulzar el amargo mensaje del aseguramiento con una mayor sostenibilidad, y por otra parte con una mayor equidad del sistema sanitario público. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno ha introducido dos nuevos agentes en el sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas estaban como entidades que realizaban el servicio sanitario, y ahora el Gobierno ha introducido al Ministerio de Hacienda como vigilante del gasto, y por otra parte, al Ministerio de Empleo como intérprete del aseguramiento. Es el Ministerio de Empleo quien dice quién está asegurado, quién lo está a medias, y quién no lo está en absoluto, a tal punto que en estos momentos existen efectos colaterales como consecuencia de esa pluralidad - en nuestra opinión excesiva - de agentes en el sistema sanitario. Así, no solamente se ha excluido a los inmigrantes sin papeles, sino que inmigrantes con papeles en estos momentos no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, sus ascendientes no tienen derecho a la asistencia sanitaria, o por ejemplo - como decía la Comunidad de Madrid recientemente -, los niños transeúntes, y que ha tenido finalmente que sanar esa interpretación abusiva que excluía a colectivos que no excluía la ley. Pero no solamente eso, señorías, en hospitales de este país se está negando la atención a embarazadas o se les está pasando una factura; en hospitales de este país se está pasando factura también a menores. Eso es lo que está ocurriendo, porque aquí cada uno interpreta al Ministerio de Empleo o al Ministerio de Sanidad o a la comunidad de referencia como le parece.
Señor Llamazares, tiene que finalizar.
Termino, señora presidenta. Señorías, estas víctimas, también con estos efectos colaterales, claman la derogación del Real Decreto 16/2012. Nosotros creemos que se debe derogar, pero en la medida en que se va derogando el real decreto, también hay que aclarar al Ministerio de Empleo, al Ministerio de Sanidad, y a las comunidades autónomas que la cobertura del sistema sigue siendo una amplia cobertura, y no que cada uno puede interpretarla a su interés. Señorías, esa es la propuesta, propuesta que tiene que ver con el intento de aseguramiento fracasado, con el mantenimiento del sistema sanitario público, y con la derogación del Real Decreto 16/2012. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Llamazares. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, señora Martín González.
Muchas gracias, presidenta. No es la primera que se debate sobre este contenido. Ha habido diferentes iniciativas en Pleno y en Comisión, y el Grupo Parlamentario Popular nunca las ha aceptado. Hoy con el debate de esta proposición no de ley confiamos en que el Grupo Parlamentario Popular no mire para otro lado. El Grupo Socialista siempre ha defendido el principio de universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestra postura no se ha modificado desde que se aprobara la Ley General de Sanidad, cuando estábamos en el Gobierno, en los primeros años de la democracia. El Gobierno del Partido Popular ha roto este principio irrenunciable. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, las consecuencias que ha traído la aplicación del Real Decreto 16/2012 han sido las previstas y meditadas con alevosía, pero no solo han sido estas, ya que muchas consecuencias sobrevenidas han afectado a colectivos no previstos inicialmente por los responsables del Ministerio de Sanidad, y estas consecuencias sobrevenidas no son precisamente efectos colaterales mínimos. Se han quedado sin cobertura sanitaria ciudadanos de diferentes colectivos - ya se han nombrado - que lo sufren calladamente, ciudadanos que si antes tenían garantizada la atención, ahora ven con miedo que la pérdida de la salud puede llevarles a un callejón sin salida. Nos gustaría pensar que ya se habrán dado cuenta de que hay casi 900.000 personas que han perdido la tarjeta sanitaria, han perdido el derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, que era universal. Suponemos que ya saben que hay mujeres embarazadas y niños a los que se les está negando la atención, porque han perdido su permiso de trabajo o no, su permiso de residencia o no, o simplemente porque sus padres, inmigrantes, se han quedado en paro y han perdido los derechos añadidos. Ya deberían saber que algunos ciudadanos no acuden a los servicios de urgencia porque se les hace firmar un documento que da pavor, en el que se comprometen a abonar la atención sanitaria. Queremos pensar que ya conocen el fracaso de la medida inventada de ese convenio de atención sanitaria, si se paga. ¿Cuántos convenios se han firmado? Nos lo podrían decir. Y, señorías, ya se habrán enterado de que hay españoles retornados que tiene que tramitar el reconocimiento de sus derechos como españoles, algo insólito, y sabrán también que nuestros hijos o no hijos pierden el derecho a la atención a los tres meses de estar fuera. ¿De eso se han enterado o todavía no? Siempre han mirado para otro lado y han negado las consecuencias de su decreto. No quieren evaluar el daño producido para no enfrentarse a la cara oscura de la realidad. No quieren escuchar la voz de colectivos que sí han elaborado estos informes. El más reciente es el realizado por Médicos del Mundo y la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública, en el que se recoge que las más afectadas han sido las mujeres más desprotegidas: mujeres inmigrantes, mujeres en exclusión social, mujeres víctimas de malos tratos, ellas y sus hijos. Si el ministro sigue revisando las decisiones del equipo anterior de su ministerio deseamos que también revise los efectos de este decreto. Compartimos la propuesta del Grupo de La Izquierda Plural. En el primer punto se propone la recuperación de la universalidad, que nunca debió perderse y que siempre hemos defendido. Estamos de acuerdo con el contenido de los demás puntos, especialmente de forma genérica con la derogación de este decreto, si bien hemos elaborado una enmienda para que se incluya la reposición inmediata y urgente del derecho a la atención sanitaria a todos los ciudadanos españoles que retornan a nuestro país después de una estancia en el extranjero, por estudios, por trabajo o simplemente por rehacer su vida en nuestro país. Queremos que el término exclusión sanitaria desaparezca de nuestro vocabulario de una vez. Ningún ciudadano con residencia en nuestro país debió perder nunca un derecho fundamental, como es el derecho a la salud. Ustedes rompieron el principio de universalidad y ustedes deben reponerlo; si no lo hacen los ciudadanos saben perfectamente que en esto no somos iguales. Desde luego cuando el Partido Socialista llegue al Gobierno derogará sin ninguna duda este decreto, tal y como nos hemos comprometido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Martín. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, para los que estáis aquí, muchísimas gracias por las muestras de afecto que me habéis dedicado todos estos días. Tengo un corazón así de grande. Gracias. [[Aplausos]] Y ahora sigo para vosotros. [[Risas]] Esta mañana todos los partidos hemos firmado un compromiso con la sanidad universal, y vosotros no estabais. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la salud para todas las personas, de que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud. En abril de 2014 seis relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales, y en enero de 2014 el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea. Sin embargo habéis seguido adelante con el real decreto-ley, que atenta contra la Constitución, contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, además del drama social que está ocasionando el hecho de que a las personas más vulnerables les sea negada la asistencia sanitaria: a los menores, a las embarazadas, a los crónicos. En estos dos años el Ministerio de Sanidad ha retirado 873.000 tarjetas sanitarias; el miedo a la factura, la sensación de exclusión lleva a mujeres embarazadas y niños a renunciar a acudir a la asistencia sanitaria pública por miedo y desconocimiento interesado de la Administración, que no aclara ni se aclara. Sin embargo el PP sigue impasible. Claro que vamos a votar a favor de la propuesta, porque tenemos un compromiso, un compromiso con la sanidad universal, con las personas. Muchas gracias.
Gracias, señor Baldoví. Bienvenido. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Quevedo.
Gracias, señora presidenta, y saludos, Baldo. Bienvenido. Los nacionalistas canarios vamos a apoyar una vez más una proposición no de ley, en este caso defendida por La Izquierda Plural, que tiene que ver con una cuestión que nos preocupa extraordinariamente. En el Estado español se ha producido un retroceso gigantesco en una materia que debería ser un derecho fundamental. Vuelvo a recordar que en la Constitución española el derecho a la asistencia sanitaria no está dentro de los derechos fundamentales, sino probablemente entre los derechos conquistados, en su artículo 43. Fue una transformación de la sociedad española la asociada a aquella Ley General de Sanidad, que vino a reconocer que el largo periplo hasta el reconocimiento a la gente del derecho a ser asistida en sus problemas de salud había sido una etapa superada. Habíamos pasado de la etapa de la brutalidad, de la injusticia, de la desigualdad, a reconocer que la gente tenía derecho a ser atendida en sus problemas de salud porque esto formaba parte de la esencia de la naturaleza humana, de la dignidad humana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo que he dado algunas clases sobre salud pública en la Universidad de Canarias les explicaba a mis alumnos que este es uno de esos derechos que se ha conquistado, y fíjense ustedes en lo que ha ocurrido: el Partido Popular ha aprovechado la crisis para excluir del sistema sanitario a los más débiles en vez de ayudarlos. [[Protestas]] Este es un asunto que hay que corregir. Tienen ustedes un millón de personas que ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria [[Rumores]] El principio de la asistencia sanitaria universal se lo han liquidado ustedes con un real decreto, como se ha explicado aquí, y ya sé que tienen la técnica goebbeliana de decir lo contrario de lo que ocurre a ver si hay suerte, pero les puedo garantizar que este es un asunto por el que ustedes deben ser castigados electoralmente, y nosotros ayudaremos todo lo que podamos. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Quevedo. Por el mismo grupo, señora Pérez.
Gracias, presidenta. Efectivamente, señorías, tal y como se ha dicho, mucho y mal se ha hablado esta mañana del Real Decreto 16/2012 en el acto organizado, y en el que han intervenido varias organizaciones sociales, y la totalidad de la oposición parlamentaria; una oposición parlamentaria que en reiteradas ocasiones ha pedido en esta Cámara la derogación de ese real decreto que va ya no solo en contra de los derechos sanitarios, sino que es un ataque en toda regla a los derechos humanos por parte de este Gobierno. Y esto no lo dice el BNG, lo han dicho distintos organismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas que han advertido a este Gobierno de las graves consecuencias de la reforma sanitaria que ha llevado a cabo, y que afecta a la población más vulnerable y desprotegida. El Real Decreto 16/2012 ha acabado con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía, y ha introducido un modelo de aseguramiento que nos conduce a un sistema sanitario en el que los ricos pueden obtener la atención de los seguros privados, por cierto subvencionados con fondos públicos, y el resto de la población queda en manos de un sistema público descapitalizado, tipo beneficencia. Ha sido el propio Gobierno el que ha cuantificado en cerca de 900.000 las tarjetas de personas extranjeras residentes en España que han sido dadas de baja con la llegada del real decreto, y efectivamente tal y como se recoge en la iniciativa de La Izquierda Plural, que vamos a apoyar, no todos son inmigrantes no regularizados, la exclusión sanitaria afecta también a los hijos mayores de veintiséis años, y a los ascendientes de los ciudadanos comunitarios que ejercen una actividad. Cada vez son más las personas que recurren a las ONG en busca de ayudas, porque se les ha privado del derecho a un acceso normalizado a la sanidad pública en condiciones iguales al resto de la población, personas a las que se les pone delante un compromiso de pago antes de atenderlas en urgencias, o mujeres embarazadas a quienes se les niega el acceso…
Señora Pérez.
Termino, presidenta. … al seguimiento del embarazo y el posparto. En definitiva, un auténtico despropósito y un retroceso de más de tres décadas en el acceso universal a la sanidad que nosotros no apoyaremos nunca. Gracias, presidenta.
Gracias, señora Pérez. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
Gracias, señora presidenta. Una vez más subimos a esta tribuna a hablar de un tema y a pedir lo mismo todos los partidos, menos el Partido Popular, por medio de iniciativas de diferente índole, pero en el fondo lo que queremos es que se derogue el Decreto 16/2012, que tantos quebraderos de cabeza nos está dando, y tan pocos beneficios ha traído, primero, porque es una injusticia, porque ha alterado principios establecidos como base y pilar de un Estado social, como la universalidad de los servicios sanitarios públicos como consecuencia del derecho a la salud, del derecho a la salud que no tiene nada ver con las cotizaciones a la Seguridad Social, eso es otra historia; y segundo, porque es un caos administrativo que, lejos de solucionar lo que pretendía, ha generado confusión, desesperación y nada de ahorro. Como decía en otra intervención, al hilo de este mismo tema que no hace mucho y con esta misma temática se nos planteaba en esta misma Cámara, en mi grupo entendemos la protección de la salud como un derecho universal incuestionable, no como una consecuencia de la cotización a la Seguridad Social. Nosotros hemos defendido y vamos a defender esta universalidad en el derecho a la salud dentro del marco de nuestra capacidad normativa, por ejemplo, en Euskadi, en consonancia con los pilares esenciales que sustentan el modelo social. Pero decíamos desde el comienzo que el principio de salud universal es inalterable. No se puede privar a nadie de ese derecho universal. Por eso - y vuelvo a Euskadi -, si la vergüenza no les vence a algunos, me gustaría que ustedes también pudieran tomar medidas de esta índole. En Euskadi nadie - y cuando digo nadie es nadie -, independientemente de sus papeles, de su situación laboral, de su procedencia, de su precariedad o de si es multimillonario, se queda sin atención sanitaria pública. Como es sabido, el Gobierno del Estado a través del mencionado Real Decreto 16/2012 privó de la condición de asegurado o beneficiario del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, entre ellas a las de procedencia extranjera sin permiso legal de residencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló finalmente la atención sanitaria a este colectivo en la Comunidad Autónoma de Euskadi porque se negó a cumplirlo. Así que hay ciertos elementos que hay que acreditar y, una vez certificados los requisitos y, en su caso, obtenido el reconocimiento, el ciudadano o ciudadana recibirá de Euskadi un título identificativo: la tarjeta individual sanitaria, personal e intransferible. El resto, los que no cumplan eso, será atendido para urgencias y problemas de salud pública, pero nadie se va a quedar fuera porque creemos que no se puede mantener esa situación. Es más, esta es una medida que el Gobierno vasco ha tomado sobre la base de su responsabilidad para hacer frente a la injusticia que este real decreto genera. Y en este sentido, y como grupo que en esta materia lo ha tenido claro desde el principio, está la propuesta de resolución que el año pasado - hace un año exactamente - mi grupo presentó. En ella instábamos al Gobierno a que derogara el real decreto con el objetivo, por una parte, de restaurar el ámbito competencial de que disponen las comunidades autónomas en materia sanitaria y que la Administración General del Estado invade por medio de este real decreto, y por otra, para mantener el principio de universalidad que citaba anteriormente y ofrecer la asistencia sanitaria gratuita y con todas las garantías a todas las personas que se encuentran en el Estado, independientemente de su origen, nacionalidad o situación legal. Por último deseo señalar que este Gobierno y sus medidas en materia sanitaria no van a pasar a la historia precisamente como las más avanzadas ni como las más acertadas, como se indica en la exposición de motivos de la iniciativa que ha presentado La Izquierda Plural. El Consejo de Europa también ha advertido de que estas decisiones son contrarias al derecho europeo y que los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria independientemente de su lugar de residencia. Porque se empieza por estos temas de la asistencia sanitaria y después se entra en un juego muy peligroso, como pasar a cuestionar, por ejemplo, la RGI, como lo está haciendo el alcalde Maroto en Vitoria, generando una crispación y una fractura en la sociedad cuando no la había, y todo por un puñado de votos nada más, poniendo en cuestión bases fundamentales que ya estaban establecidas en la sociedad. Creo que las consecuencias de este tipo de actuaciones son muy peligrosas.
Señor Agirretxea, acabó su tiempo.
Porque, ¿qué creen que nos debe caracterizar - y acabo - como sociedad democrática avanzada, señores del Partido Popular? Tenemos la suerte de ser ricos, y cuando digo la suerte de ser ricos es por comparación con otros para los que la asistencia sanitaria es un lujo que no se pueden permitir. ¿Qué ganamos nosotros no prestando asistencia sanitaria a quien lo necesita? Porque no estamos hablando de multimillonarios que se pueden pagar una mutua propia o un seguro privado; estamos hablando de gente que necesita ser atendida. Además, ¿en qué se ha notado esa medida? Porque tampoco han venido el ministro de Hacienda ni el ministro de Sanidad a decirnos: con estas medidas hemos ahorrado esto, hemos avanzado esto y, por tanto, ha sido rentable la decisión. Porque no ha sido posible demostrar ni la rentabilidad, palabra que en temas sanitarios no nos gusta mucho. Pero aun aceptando ese posible concepto, tampoco hemos conseguido nada.
Señor Agirretxea.
Acabo, señora presidenta. En consecuencia, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley de La Izquierda Plural, como siempre lo hemos hecho en esta materia.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia también va a apoyar la iniciativa presentada por el señor Llamazares en nombre de su grupo parlamentario. A mí me pasa como al resto de colegas que han tomado la palabra antes de esta intervención. He perdido la cuenta, no sé calcular cuántas veces hemos traído a debate de la Cámara la petición de derogación del Real Decreto 16/2012. He perdido la cuenta de las veces que todos los grupos parlamentarios le hemos exigido o pedido al Grupo Parlamentario Popular que retire el real decreto a la luz de sus consecuencias. Recuerdo perfectamente el día que debatimos este real decreto. Recuerdo perfectamente que el día que lo debatimos le dijo esta diputada a la ministra en aquel momento, señora Mato, que yo no creía en su maldad, que no creía que estuvieran proponiendo y aprobando este real decreto para hacer daño a la gente, para causar el daño que hoy están causando, y que, a la vista de las consecuencias, esta parlamentaria - ingenuamente, demostrado está - creía que el Gobierno rectificaría. Pues no, no solamente no ha rectificado, sino que se empecina en mantener un real decreto que no ha hecho sino daño a los ciudadanos, daño al sistema público sanitario y daño a la universalización porque la ha derogado, ha sido un ataque mortal a la universalización del sistema sanitario en España. Hoy sé que era el objetivo. Entonces ingenuamente creía que era simplemente un error, que era torpeza, incapacidad. Hoy sabemos que era un objetivo que se perseguía desde el Grupo Popular y desde el Gobierno y que se ha conseguido. Aquí se han dado las cifras, pero seguramente son cifras incompletas. El señor Llamazares hablaba de un millón de personas que han salido del sistema público, sí, porque han sustituido ustedes la universalidad por el aseguramiento y hay muy pocas personas que hayan podido entrar en el sistema de aseguramiento. Han expulsado ustedes del sistema a los que llaman sin papeles, y es que no les dan los papeles y les quitan los derechos. Ustedes no son nadie para quitar los derechos a los ciudadanos, no pueden aprobar un real decreto que quite a los ciudadanos derechos que están reconocidos no solamente por la legislación española, por la Constitución española, sino por la legislación europea. Ustedes han atacado los derechos más básicos de los ciudadanos, particularmente de los ciudadanos que están en situación de mayor desprotección, que es en lo que tiene que actuar el Estado, justamente para eso. Su impiedad, la impiedad de su Gobierno, de la forma en la que actúan, ha dejado tiradas a más de un millón de personas. Ha dejado tiradas a las personas que más sufren y además - lo decía el señor Agirretxea ahora mismo - ni siquiera se han ahorrado nada. Es verdad que hablando de sanidad, de servicios básicos, hablar de dinero es una contradicción, pero es que ni siquiera eso, porque cada vez que se nos presenta un estudio de las consecuencias que ha tenido este real decreto, además de las consecuencias negativas para la gente que han dejado ustedes en la cuneta - no es que les hayan dejado en la cuneta, es que les han tirado a la cuneta, es que estaban en el sistema y ustedes les han expulsado de él -, nos está saliendo a todos muy caro. Cada vez hay más organizaciones profesionales que nos informan de lo que está costando lo que ustedes están haciendo, y es que aquellos ciudadanos que no entran por la vía directa en el sistema público y que podrían recibir asistencia sanitaria más cercana, terminan yendo a urgencias con una enfermedad grave, a veces habiéndosela contagiado a muchos de sus conciudadanos - porque saben ustedes que los virus no piden papeles para pasar de uno a otro -, y terminan en urgencias. El coste de la factura es mucho mayor, pero fíjense que lo del coste es lo que menos nos tendría que importar. El coste en relación con los derechos humanos, con la gente que se ha quedado tirada, con la degradación de la calidad de nuestro sistema sanitario gracias al empecinamiento y a la forma de gobernar de ustedes es un coste absolutamente inasumible para el sistema democrático español, sí, para la democracia española. Pregúntense ustedes, señores del Partido Popular, por qué será que en esta cuestión todos los grupos políticos estamos de acuerdo; por qué será que la Comisión Europea - nosotros no mandamos allí, por lo menos este grupo parlamentario no tiene nada que opinar allí, no mandamos en la Comisión Europea -, por qué será que las instituciones europeas también han informado en contra de esta decisión y han llamado la atención a España para que actúe, …
Señora Díez.
Sí, termino. … para que derogue este real decreto que tanto daño está haciendo al sistema sanitario público y particularmente, que es lo que nos importa, a millones de nuestros conciudadanos, a millones de personas que viven en España, que están en España y que tienen derecho - derecho - a ser atendidas por el sistema público. Gracias, presidenta.
Gracias, señora Díez. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Picó.
Gracias, señora presidenta. Señorías, creo que no va a sorprender a nadie que diga que mi grupo va a apoyar la proposición no de ley formulada. Vamos a hacerlo por muchos motivos y ninguno de ellos es nuevo porque son motivos que se han puesto de manifiesto de forma reiterada en los debates que se han mantenido en este Pleno, también en la Comisión de Sanidad y supongo que seguramente en los futuros debates que continuaremos teniendo en lo que resta de legislatura. Uno de los motivos por los que queremos apoyar esta proposición no de ley es porque insta al Gobierno a volver al sistema sanitario universal que teníamos antes de abril de 2012, con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que de forma unilateral - y con esto quiero decir sin consensuar, sin hablar con los grupos parlamentarios, sin hablar con las entidades científicas, es decir, sin hablar con nadie - se nos presentó aquí sin darnos la oportunidad de tramitarlo como proyecto de ley urgente, si es que así lo querían ustedes, pero como proyecto de ley, como les pedimos reiteradamente también muchos grupos, entre ellos el nuestro, imponiéndonoslo por esa mayoría absoluta del Partido Popular, aunque de forma legítima, sin lugar a dudas. Como digo, ahora la proposición no de ley aboga por derogar algunos de los artículos que consideramos importantes de este real decreto-ley, artículos que el Parlament de Catalunya y también la Generalitat han recurrido, iniciándose un proceso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no hacemos más que reivindicar y pedir lo que desde el primer día estamos diciendo: volver a la universalidad del sistema. Quitar derechos de ciudadanía, como el acceso a la sanidad, ni es posible ni, desde nuestro punto de vista, es constitucional. Se ha hablado aquí del artículo 43 de la Constitución, y es que restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho de la ciudadanía al acceso universal a la asistencia sanitaria es hacer cumplir lo previsto en ese artículo, como un reflejo que reconoce el pleno respeto de los derechos en el ámbito de la atención sanitaria. Esa decisión de cambio de régimen también contraviene los acuerdos parlamentarios que hemos alcanzado en esta Cámara. Recuerdo que el último de ellos, alcanzado en el seno de la subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario que estudia las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad, contenía, entre otras recomendaciones, la preservación de la universalidad en el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios públicos. Ese informe se aprobó y ese informe contenía esa recomendación. El señor Agirretxea también nos hablaba de organismos internacionales en relación con el acuerdo que adoptó el Consejo de Europa, y yo quiero recordarles que también la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ponía de manifiesto que era inaceptable la falta de tratamiento para migrantes pobres indocumentados. Señor Llamazares, compartimos la proposición no de ley, compartimos el retorno al sistema universal de la asistencia sanitaria superando el sistema de aseguración y compartimos la necesidad de derogar los correspondientes artículos del real decreto-ley. Asimismo, compartimos la necesidad de resolver aquellos problemas y casos puntuales a los que también se refiere su proposición no de ley. En aplicación del cambio del régimen, con el tiempo nos hemos encontrado con exclusiones de grupos y de ciudadanos que no pueden acceder a la prestación sanitaria. Uno de esos colectivos es el de aquellas personas que han obtenido el permiso de residencia después del 24 de abril de 2012, que en determinados casos no tienen acceso a la sanidad pública; por ejemplo, ascendientes que han llegado a España por reagrupación familiar con una persona con nacionalidad española no tienen posibilidad de ser atendidos por el sistema público de salud y tampoco en el caso de no superar el límite de renta establecido en 100.000 euros. Es un tema muy particular pero que está afectando a personas y, por tanto, es importante. Este es el sentido de los puntos 3, 4 y 5 de su proposición no de ley. Además, son supuestos que están obteniendo pronunciamientos judiciales favorables, razón de más para cambiarlo. Su proposición no de ley pone de manifiesto situaciones en las que las políticas de gestión de flujos migratorios no están suficientemente ajustadas y coordinadas con las políticas públicas sanitarias, y al revés. La forma en que se llevó a cabo la reforma del sistema, vía real decreto-ley, sin tramitación parlamentaria, con urgencia, siendo modificado posteriormente también de forma urgente, ha llevado a estas situaciones que yo creo que no son queridas por nadie. Para finalizar. Pocos podíamos pensar que nos veríamos en la situación de defender a estas alturas el principio de universalidad del sistema sanitario, pero en esta tesitura nos encontramos. Muchas gracias.
Gracias, señor Picó. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Angulo.
Señora presidenta. Una vez más abordamos una iniciativa cuyo objetivo es hacer calar una argumentación que pretende crear confusión y que no es verídica. Es una iniciativa percha que pretende una vez más utilizar un discurso demagógico, lleno de palabras en algunos casos muy gruesas, para intentar simplemente obtener algún tipo de rédito político. Porque lo cierto es que nuestro sistema sanitario es hoy, gracias al Gobierno del Partido Popular, más sostenible, más universal y más equitativo. El Real decreto 16/2012 es precisamente el marco jurídico que da garantía de cobertura y de protección universal de la salud a todos los españoles y residentes. Nadie se queda sin asistencia, vivan en el País Vasco o vivan en Extremadura. Eso se lo aseguro yo. Es el real decreto que ha introducido mayor equidad en el acceso a las prestaciones. Por mucho que ustedes se empeñen en ocultarlo, ha sido precisamente este Gobierno el que ha extendido ese derecho a muchos españoles incorporando a personas que durante décadas estuvieron excluidas. Porque el Gobierno socialista negó ese derecho a miles de ciudadanos, y lo que es peor, les quitó expresamente la tarjeta sanitaria a personas muy desfavorecidas: a los parados de larga duración que no cobraban ningún tipo de prestación. Ustedes, que acusan al Gobierno de negar la asistencia sanitaria a extranjeros, cosa que tampoco es cierta, ¿cómo le pudieron negar ese derecho a miles de españoles, muchos de los cuales carecían de los más mínimos recursos? Incluso el Defensor del Pueblo les reclamó durante años que cumplieran con el reto de universalizar la sanidad. Miles de personas sin paraguas sanitario en España. ¿Dónde estaba toda la oposición mientras el anterior Gobierno privaba de asistencia sanitaria a miles de personas, muchas de ellas sin recursos? ¿No les importaban a ustedes esas personas? ¿Por qué no les importaba a ustedes que los grandes directivos de las empresas del IBEX que se jubilaban con indemnizaciones millonarias no tuvieran que pagar los medicamentos, mientras que los parados sin prestaciones tenían que pagar el 40 % de los medicamentos? [[Aplausos]] Eso es lo que ha regularizado el Gobierno del Partido Popular. Y, sobre todo, lo que se pretendió con este real decreto es poner fin a situaciones irregulares que se estaban produciendo en España. Porque precisamente esa sanidad pública española, de la que ustedes en demasiadas ocasiones hablan mal, es excelente y por eso eran muchos los ciudadanos, sobre todo de países de la Unión Europea, que se desplazaban a España para recibir tratamiento médico, y lo recibían simplemente por estar empadronados, ciudadanos muchas veces con un alto poder adquisitivo que tenían dinero para vivir en España durante meses esperando a operarse o a recibir el tratamiento, eso sí, gratis, ya que lo pagábamos todos los españoles porque luego no se les facturaba. Es decir, que incluso esos españoles a los que se les denegaba la tarjeta sanitaria, personas paradas que no tenían ninguna prestación, con sus impuestos pagaban la asistencia sanitaria a esos 700.000 extranjeros, a lo mejor muchos de ellos con muchísimo dinero, que debían estar cubiertos por sus países y sus seguros. Esa es su universalidad y esa es su igualdad. Pues para eso no cuenten con el Partido Popular; para defender el fraude a costa del dinero de los españoles no cuenten con el Partido Popular. Además ustedes dan cifras sobre tarjetas sanitarias - eso sí, cada portavoz ha dado una, incluso la señora Díez ya ha dicho millones -, cuando lo cierto es que hoy en España hay 751.000 tarjetas más que en el año 2011. Eso es prueba evidente de que había muchos ciudadanos que no tenían tarjeta sanitaria y que hoy sí la tienen. Para ocultar esa desigualdad que se mantuvo por la izquierda durante años ahora pretenden crear confusión, porque lo cierto es que los extranjeros con actividad autorizados a vivir en España ascienden a la condición de asegurados en los mismos términos que lo hace un ciudadano español. En nuestro país los extranjeros en situación irregular tienen la atención sanitaria más amplia de la Unión Europea. Por lo tanto, no confundan ni manipulen, porque eso es también lo que pretende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Lo cierto es que todos los españoles retornados, todos, tienen garantizada la asistencia sanitaria en nuestro país desde el primer día que regresan a España. Por lo tanto, no podemos aceptar su proposición no de ley porque ustedes juegan con las palabras y manipulan. Lo que ha hecho este Gobierno es extender la asistencia sanitaria a miles de españoles, muchos de ellos sin recursos, a quienes la izquierda se la negaba, y acabar con un fraude que estaba poniendo en peligro la sanidad pública española. [[Aplausos]] Este Gobierno ha hecho muchas reformas, nunca han sido fáciles, pero eran necesarias, y siempre lo ha hecho bajo una premisa, la de defender el Estado del bienestar, ese que el anterior Gobierno puso en peligro, y los ciudadanos lo están viendo. Lo que yo sí me haría mirar si fuera miembro de algún grupo de la oposición que se erige en el más humano, el más social, en lo más de lo más, y utiliza palabras muy gruesas contra los miembros del Grupo Parlamentario Popular, es por qué incluso con estos mensajes demagógicos y populistas los ciudadanos están dejando de apoyarles a ustedes; eso sí que me lo haría yo mirar. [[Aplausos]]
Gracias, señora Angulo. Señor Llamazares, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, ¿la acepta usted o no?
Sí, señora presidenta, acepto la enmienda.
De acuerdo, muchísimas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], RELATIVA AL FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. [[Número de expediente 162/000575]]
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Vasco, PNV, relativa al fomento del empleo juvenil. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señora presidenta. Uno no puede siempre presumir de las reflexiones que hacen sus propios hijos, pero ayer una de las mías, que era reprochada paradójicamente por seguir estudiando, por estudiar más, comentó que lo hacía - tras el reproche de una de sus hermanas - porque quería ser feliz en el futuro y para serlo necesitaba trabajar. Pues mire, señora presidenta, en este momento convivimos con una situación de infelicidad que afecta a 1.700.000 jóvenes del Estado español; situación de infelicidad que no deriva precisamente de la posesión de una concepción presbiteriana o luterana del trabajo, no, sencillamente es que no pueden emanciparse ni tienen expectativas de vida. Son un 1.700.000 jóvenes que no tienen trabajo, quieren tenerlo y no pueden incorporarse al mercado de trabajo. No siempre son los mismos 1.700.000 jóvenes - son datos del propio ministerio cerrados en enero de 2015-, porque una de las características del desempleo juvenil es que es un desempleo rotatorio, unos jóvenes van sustituyéndose a otros; cuando acaban los contratos temporales del primero es sustituido por un segundo para evitar la consolidación de esos trabajadores con contratos temporales en la empresa, y lo mismo ocurre con los que tienen contratos formativos o los que son objeto de incorporación al mercado de trabajo a través de las becas, que ni siquiera tienen protección por contingencias comunes de la Seguridad Social. Esto es un drama que nos lleva a otra reflexión política, señora presidenta. A mi grupo le llama poderosamente la atención que se esté enfatizando y focalizando tanto la campaña electoral del Partido Popular sobre la pretendida mejora del desempleo o el crecimiento del empleo. En el ámbito del empleo juvenil, que afecta a los menores de veinticinco años de forma muy grave y casi cronificada a los que están en la franja de edad entre los veinticinco y treinta años, no se ha mejorado en absoluto desde el inicio de la crisis económica. Seguimos conviviendo con este dramático porcentaje del 23 % de desempleados jóvenes que quieren acceder a un empleo y no pueden hacerlo, y por esta razón, señora presidenta, son infelices. En otros lugares donde la situación del desempleo es mejor no es objeto de utilización electoralista o no se utiliza la pequeña mejora del desempleo para obtener réditos electorales. Esto ocurre en el Estado español exclusivamente y por el Gobierno del Partido Popular. En otros lugares del Estado español, en la Comunidad Autónoma vasca, en Euskadi, la situación del desempleo juvenil es mejor y el número de desempleados jóvenes menores de 25 años o menores de 30 años es exactamente la mitad de la media del Estado español. El desempleo en Euskadi es del 14 % cuando en el Estado español es del 24,5 %. Por tanto, señora presidenta, en nuestra opinión tiene un punto de inmoralidad política utilizar la pretendida mejora de la situación del desempleo para obtener réditos electorales. Desde luego, el lehendakari de Euskadi no lo hace y es muy cauto a la hora de valorar también la mejora del desempleo en esta comunidad, en Euskadi. Desde esa perspectiva queríamos también poner de relieve que se están haciendo cosas mal, que no sirven - y de ahí viene el sentido de la autoenmienda que hemos presentado a esta proposición de ley - prácticamente ninguna de las normas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en relación con la mejora del empleo de los jóvenes menores de 25 años o los que están en la franja entre 25 y 30 años; ni la tarifa plana, ni la garantía juvenil, ni la estrategia de empleo para los años 2014 a 2016, ni ninguno de los planes aprobados por el Gobierno del Estado español en relación con el empleo de los jóvenes, porque el porcentaje de desempleados jóvenes sigue igual, sigue en términos porcentuales en los mismos términos con los que llevamos conviviendo desde los años 2010 y 2011. Esto es un drama y es una situación insoportable desde una perspectiva de la dignidad y de la humanidad que debe caracterizar la política de las administraciones públicas. Desde esa perspectiva, vamos a comentarles algunas de las medidas que nosotros preconizamos para mejorar las políticas de empleo que afectan al segmento joven de los desempleados, que es el sector en este momento más vulnerable desde la perspectiva del desempleo. En primer lugar, una medida sería fomentar las fórmulas de incorporación de personas en calidad de socios trabajadores o socios de trabajo a las cooperativas o a las sociedades laborales. La economía social tiene una larga tradición en Euskadi, pero le tengo que decir que la economía social como concepto desde el inicio de la crisis económica no ha perdido en términos macroeconómicos un solo puesto de trabajo. Luego estas fórmulas societarias son especialmente útiles para los jóvenes que pretenden buscar una fórmula de autoempleo de carácter colectivo en forma cooperativa. En segundo lugar, el problema de los jóvenes fundamentalmente es que les avale alguien un crédito o les proporcione financiación, sobre todo financiación en el ámbito del capital circulante. Un joven necesita capital para manejarse a la hora de establecer un autoempleo o crear una empresa o una microempresa o una sociedad cooperativa mediante el apoyo claro e inequívoco de las sociedades de garantía recíproca, que deberían extender también a este ámbito de actuación sus actividades. En tercer lugar, impulsar créditos de formación certificable de duración variable. El subdirector general de la OIT, el señor José Manuel Salazar-Xirinachs, ha estado recientemente en Euskadi y ha llegado a decir que está impresionado por el buen funcionamiento de las medidas de empleo y de apoyo al empleo juvenil en Euskadi y está muy decepcionado con las que están aplicando en el Estado español, muy decepcionado. Aquí tengo las reflexiones del señor Salazar-Xirinachs. Por tanto, impulsar créditos de formación certificable de duración variable que conlleven la mejora de la cualificación profesional, flexibilizar el acceso a la formación estableciendo una mayor oferta de formación a distancia - los jóvenes son muy hábiles para manejar fórmulas telemáticas para formarse a distancia, para formarse incluso desde su propio domicilio - y ampliar el reconocimiento de la experiencia laboral y de los aprendizajes informales. Poco o nada se ha hecho en este ámbito que nos recomienda la propia OIT, que es fundamental para proporcionar cualificación profesional relevante y reconocible, reglada para aquellos que no han podido o no han querido estudiar o no han tenido la oportunidad de hacerlo. Posibilitar la formación, pero desde la perspectiva de la formación, copiar de verdad, si me permiten la expresión, de una santa vez, la formación dual tal como está concebida en países como Alemania, Suiza o Austria, donde está funcionando bien, y no utilizar esa perversión de la reforma laboral del año 2012, en virtud de la cual los jóvenes, a través de los contratos formativos, no van a formarse, sino a realizar actividades ordinarias de la empresa, que lo pueden hacer, según lo que prevé la reforma laboral, hasta en un 80 %.
Señor Olabarría.
Voy acabando, señora presidenta. Adaptar las competencias requeridas por las empresas en el ámbito de las TIC. Articular mecanismos que posibiliten la puesta a disposición de los jóvenes de capital circulante, fundamental para la puesta en funcionamiento de un negocio, de una actividad. Y utilizar algo que ha sido menospreciado secularmente en el Estado español, que es la utilización, mediante lo que podría ser una especie de perspectiva especial del envejecimiento activo de los prejubilados o jubilados seniors pero que tienen una gran cualificación en aquel ámbito que los jóvenes, que pueden estar muy especializados en determinadas destrezas, no manejan, como es el acceso a los mercados, el acceso al crédito, la gestión empresarial o los mecanismos de gestión empresarial. ¿En qué se basa nuestra enmienda? Se basa en que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social probablemente en este Gobierno es el más jacobino y el más centralizador, hasta el punto de que ha pervertido la noción de competencial tal como está prevista en la Constitución española, basada en el principio dispositivo. Se ha vulnerado el principio dispositivo. Las competencias autonómicas en materia de ejecución de la legislación laboral y en materia de ejecución de las políticas activas de empleo están subordinadas, cosa que es constitucionalmente imposible, a la gestión, control y verificación de su aplicación por las comunidades autónomas, por el Estado en forma de examen. Eso es vulnerar el concepto de autonomía, el principio dispositivo desde esa perspectiva.
Señor Olabarría.
Y no solo desde esa perspectiva, porque tampoco las medidas que se han articulado han servido para nada en el ámbito del empleo juvenil. Esa es la razón por la que presentamos esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias, señor Olabarría. Hay una serie de enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. Escuchando ciertos discursos triunfalistas del Gobierno, ya en clave preelectoral, puede haber ciudadanos que nos escuchen que piensen que qué necesidad hay de iniciativas contra el desempleo juvenil si el problema ya está solucionado. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Por eso esos discursos triunfalistas, más que engañar a la gente, enfadan a la gente. Hay que recordar que hoy la tasa de paro en España es del 23,4 % y en la Unión Europea del 10 %, es decir, nuestra tasa de paro más que duplica la de nuestros socios europeos. Hay que recordar que en determinadas comunidades como Andalucía no es que duplique, es que triplica la de nuestros socios europeos, y este problema es todavía más grave en el caso de los jóvenes, con una tasa de paro superior al 50 %. Por no recordar que a día de hoy hay más de medio millón de afiliados menos que cuando se inició la legislatura - no hemos recuperado los niveles de empleo del inicio de la legislatura - o tres millones menos de afiliados que cuando comenzó la crisis. Por tanto, bienvenidas estas iniciativas para solucionar un problema que está lejos de haberse solucionado. Nuestra objeción a esta iniciativa del PNV es que, dada la gravedad de estas cifras, nos proponen unas medidas de poco calado que pueden lograr una mejora marginal de la situación existente, pero se quedan muy cortas para la gravedad del problema que intentan solucionar. Cuando uno está muy enfermo, a veces necesita una operación, no puede curar esa grave enfermedad simplemente con aspirinas. Por otro lado, estas medidas de no mucho calado se mezclan con una autoenmienda que entra en temas competenciales, en un tratamiento bilateral entre la comunidad autónoma vasca y el Estado que, como saben, no coincide precisamente con nuestro ideario. Por eso, lo que nosotros planteamos con nuestras enmiendas es una propuesta más ambiciosa, alternativa, basada en las medidas que Unión Progreso y Democracia defiende para nuestro mercado de trabajo. Nuestra propuesta estrella, como saben, es el contrato único indefinido con indemnización creciente. Porque nuestros jóvenes están condenados o bien al paro o bien a una concatenación de contratos temporales de pocas semanas o meses de duración, que se van concatenando, se van repitiendo, pero nunca saliendo de esa trampa de la temporalidad. Por eso nosotros proponemos que todos los contratos sean indefinidos. Nos dirán: pero es que nunca salen del contrato temporal porque el indefinido tiene una indemnización más alta. Pues pongamos un indefinido con indemnización creciente, que empiece con catorce días por año trabajado - en el 92 % de los casos supondría una mejora - y, a partir de ahí, que vaya aumentando. Eso daría a nuestros jóvenes posibilidad de formación en el empleo y posibilidad de tener un plan de futuro para sus vidas. Eso también nos permitiría ahorrarnos los 4.000 millones de euros que hoy dedicamos a incentivar el empleo indefinido, porque, primero, precarizamos el empleo y, luego, damos incentivos a ver si alguien firma un contrato indefinido. Con esos miles de millones que nos ahorraríamos en bonificaciones al empleo indefinido podríamos mejorar la formación de nuestros parados, especialmente necesaria para nuestros jóvenes. Entretanto se aplican estas medidas de fondo, hemos propuesto a menudo en la Cámara otras medidas; evitar el abuso de figuras contractuales como el contrato en prácticas, el contrato en formación o las becas, que se utilizan para lograr mano de obra barata, a menudo formada, pero barata; reforzar el Plan de garantía juvenil, para que cubra a los menores de treinta años - muchos de nuestros jóvenes parados están en esa franja de edad - o poner en marcha una verdadera ley de segunda oportunidad, no la descafeinada que discutiremos el jueves en la Cámara, para que los jóvenes que emprendan, si fracasan en su primer proyecto, tengan posibilidades de repetir. Como ven, son medidas de fondo, no aspirinas, sino la operación que necesita nuestro mercado de trabajo, sobre todo en el caso de los jóvenes. Medidas que buscan terminar con esa disyuntiva infernal en que hoy están nuestros jóvenes, que en más de la mitad de los casos están parados y sin recibir formación y la otra mitad está en unos empleos precarios, sin poder salir de la trampa de la temporalidad. Si el grupo proponente acepta nuestras enmiendas, por supuesto votaríamos favorablemente. Si no lo hace, nos abstendremos, porque consideramos que sus medidas se quedan muy cortas para un problema de inmensa gravedad social como es el paro y sobre todo el paro juvenil que padecemos en nuestro país. Gracias, presidenta.
Gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, señor Girela.
Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista apoya la proposición que plantea el Grupo Vasco, aunque hemos presentado dos enmiendas de adición al texto. Ciertamente, como enuncia su exposición de motivos, la tasa de paro juvenil es alarmante, ya que se sitúa en más del doble de la tasa de paro general, tal y como reflejan los datos de la última encuesta de población activa, y peor si los comparamos con la media de países de la Unión Europea, que es de 20 puntos por encima. Desde 2011 hasta ahora esta tasa de paro se ha incrementado 7 puntos en nuestro país. Es cierto que ha decrecido muy débilmente durante 2014, al igual que la tasa de actividad también ha descendido, lo que provoca, como bien exponen en su proposición, que los jóvenes emigren o abandonen la búsqueda de empleo ante el desánimo y la frustración, que son circunstancias a tener muy en cuenta dada su edad. Las medidas que propone su señoría en la presente iniciativa deben ser bien acogidas, e igualmente algunas son de interés para otros grupos de edad. No obstante, el tránsito a un empleo estable de calidad cada vez se hace mucho más difícil. Si atendemos a los datos de afiliación del pasado mes de febrero observaremos que, del total de afiliados menores de veinticinco años con contrato indefinido o temporal, más del 65 % están contratados en precario y ni un 15 % tiene un contrato formativo o en prácticas. Del total de contratos indefinidos del pasado mes de febrero solo el 10 % correspondió a menores de veinticinco años. Son los jóvenes, junto a los trabajadores de mayor edad, los que sufren de forma más clara las consecuencias de la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP. Una reforma que precariza el empleo, que da un poder unilateral al empresario para fijar salarios, para fijar jornadas y que consagra un despido libre y sin derechos. Ese contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores, que se le suponía como el gran hallazgo de la vigente reforma laboral, permite el despido libre y sin derechos durante el primer año. La movilidad exterior - o emprendedores en el exterior, como así lo describen miembros de este Gobierno - muestra la total ausencia de sensibilidad para con nuestros jóvenes, que recurren a salir de nuestro país para formarse o buscar empleo y que además, como injusto premio, se les retira la prestación por desempleo si salen más de noventa días. El desarrollo de la garantía juvenil presenta muchas dudas desde el momento en que la Administración central se reservó el 50 % de los fondos europeos, en detrimento de las comunidades autónomas, que asumen las competencias en políticas activas de empleo. Se ha reservado el Gobierno central la mitad de los fondos para un programa que, a fecha de hoy, reúne poco más de 20.000 inscritos. El grave problema del empleo juvenil en España se extiende hasta los treinta años; este programa atiende a los menores de veinticinco. Señorías, debemos de ser mucho más ambiciosos. En Andalucía, un gobierno socialista está impulsando programas e iniciativas de cooperación social y comunitaria como es el Emple@Joven, destinado a menores de treinta años. Con esta medida, los ayuntamientos, a coste cero, ponen proyectos de utilidad social que permitan a los beneficiarios, especialmente a los parados de larga duración, adquirir una experiencia profesional. Estas iniciativas también van ligadas al desarrollo comunitario con proyectos de orden asistencial, de atención a la dependencia, protección del medio ambiente, promoción de actividades turísticas, deporte o desarrollo cultural, entre otros, lo que garantiza que haya iniciativas de emprendimiento en el ámbito local. Igualmente se están impulsando becas para proyectos de investigación y desarrollo con compromiso de al menos un 20 % de contratación. A mi grupo le parece una buena propuesta que en esta PNL se cuente con entidades de voluntariado integradas por senior, que en nuestro país desde hace años están involucradas en la cooperación técnica con la gestión empresarial. El emprendimiento no consiste solo, de forma exclusiva, en sentarse en un banco y observar a ver qué quiere la gente. Señorías, nuestros jóvenes no pueden esperar; hablen con ellos, con los de nuestros barrios, con los de nuestros pueblos y se darán cuenta de que cuantas medidas se impulsen desde lo público, en cooperación con el sector privado, han de ser anunciadas y puestas a su disposición con total proximidad. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Girela. Por el Grupo Popular, para defender sus enmiendas, señor Pastor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Vasco sobre empleo juvenil, que contiene la que, al parecer, es la receta de este grupo para solucionar uno de los principales problemas que afectan a nuestro país que es, sin duda, la falta de oportunidades de los más jóvenes. A esta proposición no de ley hemos presentado una enmienda con un espíritu constructivo ya que estamos convencidos de la importancia del problema, como así lo ha manifestado reiteradamente tanto nuestro Gobierno como nuestro grupo parlamentario. Creemos que se pueden alcanzar acuerdos sobre la base del texto que plantea la proposición; al menos lo creíamos, ya que muchas de las medidas que en la misma se anuncian están en marcha, están ejecutadas o están ejecutándose. Sin embargo, nos hemos encontrado con una autoenmienda presentada por el grupo proponente que echa esta asunción por tierra y que nos invita a aprobar una serie de medidas y luego a volver a tomarlas todas en consideración. Quizá la explicación sea que se pretende salvar la cara frente a una proposición no de ley que tiene dos años de antigüedad y que consta de siete medidas, de las cuales seis están ya implementadas. En definitiva, parecería como si, en materia de empleo juvenil, ustedes tuvieran una receta que no es válida si es la misma receta que está implementando el Partido Popular. Tanto es así, que en los puntos de su proposición no de ley, en primer lugar, ustedes nos proponen, entre otras cosas, incentivar la incorporación de los jóvenes en la economía cooperativa, social y laboral, algo que aparece en la estrategia de emprendimiento y empleo joven y que está desarrollado en la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y a la creación de empleo, con bonificaciones de 800 euros al año para la incorporación de jóvenes a la economía social o de 1.650 para contratos de menores de treinta años en situación de exclusión social. En el segundo punto proponen el fomento de las sociedades de garantía recíproca, en un enunciado que roza de forma tan escandalosa la literalidad de la medida número 43 de la estrategia que presentó el Gobierno un mes antes del registro de esta iniciativa que cualquiera diría que se trata de un plagio y que, por otro lado, está ya solventada con la Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que contó, por cierto, con el voto favorable de su grupo. En tercer lugar, nos hablan del impulso de los créditos de formación certificable, de la ampliación del reconocimiento de la experiencia laboral y de los aprendizajes informales, punto con el que estamos de acuerdo; de hecho, la enmienda que presentamos incorpora este punto e incluso la referencia a las competencias que corresponden a las comunidades autónomas en esta materia. En su cuarto punto nos invitan a desarrollar la formación en alternancia, lo que todos los demás conocemos como formación profesional dual y que ya está implementándose; de hecho, está poniéndose en marcha por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas de forma progresiva. En su quinto punto nos invitan a adaptar las competencias requeridas por las empresas en el ámbito de las TIC, en otro caso que resulta extraordinariamente llamativo de coincidencia literal con la medida número 21 de la estrategia - página número 80-, que es el texto que nosotros incorporamos en nuestra enmienda. En sexto lugar, articular mecanismos para disponer de capital circulante para la puesta en marcha de actividades empresariales, algo que aparece referido también en la mencionada estrategia de emprendimiento y empleo joven y que además se ha desarrollado en multitud de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para solucionar los problemas del sistema financiero, entre ellas, de nuevo, la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que fue aprobada con un amplio consenso y que contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Catalán, donde se incluyen, entre otras cosas, mecanismos como el crowdfunding. En séptimo lugar, hacen referencia a la utilización de los activos de gran experiencia o seniors para que puedan asesorar y colaborar con los jóvenes emprendedores, una medida a la que nosotros plantemos una enmienda de mejora técnica y que entendemos que debería formar parte de las conclusiones de la subcomisión de empleo joven, que ha terminado recientemente sus trabajos en la Cámara. Tras toda esta batería de enmiendas, que la mayoría están ya ejecutadas o en ejecución, nos plantean un punto nuevo, el octavo, en el que nos invitan a replantearnos la totalidad de todo lo anterior. Con esto es imposible que nosotros estemos de acuerdo. Señorías, en materia de empleo joven queda mucho por hacer, pero a la vista de lo señalado, también se ha hecho mucho. Se ha impulsado el acceso de los jóvenes al mercado laboral con la reforma laboral, con la ley de emprendedores y con la estrategia de emprendimiento y empleo joven; se ha mejorado la financiación de los proyectos para los emprendedores con leyes como las que he mencionado; se ha mejorado la formación de los jóvenes para luchar contra el abandono escolar temprano, que es una de las lacras que afectan a nuestro sistema, introduciendo la formación profesional y reformando el sistema de educación en España. Obviamente, los resultados no llegan de la noche a la mañana pero, como diría el presidente del Gobierno, hemos dejado de caer y estamos empezando a subir. El paro en los menores de veinticinco años ha descendido en un 13 % desde enero de 2011. En enero de este año hubo más de 11.000 contratos de formación y aprendizaje y más de 5.500 contratos en prácticas, lo que supone un incremento de más del 36 % con respecto al año anterior. La recuperación de nuestra economía es ya un hecho, señor Olabarría, no porque lo diga este humilde portavoz, sino porque lo afirman, entre otros, la Agrupación de sociedades laborales vascas, que en el diario Expansión del pasado día 5 de marzo afirmaban que la crisis ha quedado atrás y que la recuperación es un hecho. Señorías, trabajemos para que esa recuperación llegue al mayor número de jóvenes posibles y dejemos la tribuna del Congreso para hacer campaña en otros lugares, como ha planteado el Grupo Socialista. Y quiero dar un último dato. Nos ha dicho que la situación de infelicidad del paro afectaba a 1.700.000 jóvenes, un dato que me ha llamado la atención, porque la EPA del cuarto trimestre de 2014 - que yo sepa es la última disponible - indica que los menores desempleados en situación de paro son 813.700. La diferencia es notable, casi de un millón. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Pastor. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto, señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. Ayer leí un tuit de Andreu Buenafuente que hablaba sobre la posible bajada del IVA cultural anunciada por el Gobierno. Me pareció interesante y gracioso. Decía: un pequeño paso para la cultura, un gran paso para la campaña electoral. Este tuit viene al caso porque esta semana vi una película hecha aquí, Perdiendo el norte, protagonizada por jóvenes actores, que cuenta de manera agridulce la situación de nuestra juventud y cuánto se parecen los problemas de los emigrantes jóvenes de ahora a los de los que partieron en los años sesenta. Por eso saludamos iniciativas con propuestas concretas de mejora de la situación, aunque creemos que estamos ante un problema de modelo. Es positivo apostar por el cooperativismo no solo a través de la creación de nuevas empresas, sino también recuperando por parte de los trabajadores empresas que están a punto de cerrar mediante el apoyo institucional para reconvertir un cierre en una cooperativa. Es positivo afrontar la necesidad de una mejor formación en el caso de los trabajadores de la construcción. En este caso, debería reorientarse, a nuestro entender, hacia la rehabilitación de las viviendas y las energías renovables que no deja crecer el Gobierno, y eso que lo mandata la Unión Europea. El problema requiere un cambio de modelo que no mire hacia otro lado cuando se contrata a gente sin derechos, confundiéndolos con autónomos; un modelo que tenga claro que no se puede apostar por la explotación y la semiesclavitud como solución al desempleo; un modelo que tenga claro que juventud no tiene por qué ser igual a alta cualificación y salarios bajos. Los jóvenes no pueden seguir siendo la mano de obra barata y cualificada de la que se aprovechan algunas empresas porque necesitan acceder a su primer empleo. Es un drama que nuestros jóvenes dejen a sus familias y amigos para encontrar su primer empleo como camareros en Berlín, Amsterdam o Londres; si queremos que nuestros jóvenes dejen de ser camareros de Europa tendremos que cambiar de modelo. Compromís Equo, por tanto, votará a favor de esta propuesta concreta. Para los jóvenes, la crisis sigue sin quedar atrás, sigue quedando muy delante. Muchas gracias, señora presidenta.
Por el mismo grupo, señora Oramas.
Gracias, señora presidenta. Hay un poema de un poeta canario llamado Pedro Lezcano que se titula La maleta y que está clavado en el corazón de todo isleño. Es un poema largo que les recomiendo que lean. Yo solo les voy a leer una estrofa que dice: «Ya tengo la maleta, / una maleta grande, de madera: / la que mi abuelo se llevó a La Habana, / mi padre a Venezuela.» Digo esto porque la semana pasada estuve hablando con un taxista en Tenerife, al que conozco de mi época de alcaldesa, el cual me decía con los ojos rayados que él y su mujer estuvieron varios años en Venezuela, que se fue con catorce años y luego regresó a Canarias y se compró el taxi porque quería que sus hijos estudiaran y tuvieran la oportunidad que él y su mujer no tuvieron. Tiene un hijo y una hija; el hijo es físico y la hija ha estudiado Magisterio. Me decía con los ojos rayados que lo que más le dolía era cuando por la noche el hijo, con veintinueve años, cogía el taxi para sacarse unas perras después de lo que le había costado y lo que habían luchado y soñado su mujer y él. Este es nuestro país. Yo estuve en Berlín y vi a chicos canarios trabajando malamente, aunque por lo menos aprendiendo un idioma, que en Canarias es casi una carrera. Hoy el PNV trae esta iniciativa, quizá la fuerza política que más sabe de empleo juvenil, de formación, y ahí tenemos los datos, quizá por el entramado industrial, pero también por una política de formación profesional muy interesante en el País Vasco y la más europea, con unas propuestas interesantes. Yo quiero decir una cosa, y es que no puede ser que el Plan de garantía juvenil no incluya a la gente entre veinticinco y treinta años. ¿Por qué? Porque terminaron su carrera universitaria con veinticinco años durante la crisis y no han tenido oportunidad, a lo mejor en otro periodo normal sí. En este periodo de crisis necesitamos que estén los de veinticinco y treinta años y las políticas activas de empleo tienen que estar adaptadas a cada territorio. El problema que tenemos de paro juvenil en Canarias no es el mismo que en Galicia o en el País Vasco. Nosotros tenemos problemas de formación. En Canarias se crea empleo y viene gente de fuera a cubrir esos puestos de trabajo. Esa única política de empleo juvenil centralizado es un error, el tema formativo hay que adaptarlo a las necesidades del paro juvenil que hay en cada territorio. En ese sentido, aplaudimos con entusiasmo esta propuesta de una fuerza política que tiene experiencia en este tema y que debe ser un ejemplo para este país y para la ministra de Empleo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Oramas. Por el mismo grupo, señor Larreina, ¿va a intervenir? [[Denegación]] De acuerdo. Gracias. Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural. Señor Garzón.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo valora positivamente la proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Son una serie de medidas con las que no podemos estar en desacuerdo ya que es obvio que pueden tener una incidencia positiva, pero disentimos del enfoque, porque si una PNL conlleva los elogios del Partido Popular no precisa lo suficiente para ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es estructural. Nos enfrentamos a la necesidad de ir más allá de estas medidas que vamos a votar a favor, pero nos encontramos ante una necesaria reforma estructural. Conocemos perfectamente la situación del paro juvenil - muchos lo hemos padecido en carne propia -, está por encima de otros sectores de la sociedad, pero la solución no puede ser solo sectorial, no puede haber un plan solo de empleo juvenil porque las razones por las que los jóvenes están en paro son las mismas por las que las personas mayores también lo están. Por lo tanto, hace falta un plan de empleo público de estímulo económico que permita resolver ese problema de demanda agregada que existe y que está obstruyendo la necesaria absorción en el mercado de trabajo. Dicho de otra forma, aunque generáramos todos los planes de empleo para la formación de los jóvenes, para incrementar su ya evidente cualificación para niveles extraordinarios, y aunque les pusiéramos acompañando a gente con notable experiencia en el mercado laboral, seguiríamos sin ser absorbidos por una estructura productiva que es ineficiente para esa tarea. El enfoque tiene que ser otro, a nuestro juicio, sin perjuicio de que, insisto, estas propuestas sean positivas, pero necesitamos una medida de más fondo, con más pretensiones. Nuestra propuesta y propuestas internacionales, como la del trabajo garantizado, sí van a la raíz del problema. Se trata en última instancia de entender que la oferta privada de trabajo, o la demanda de trabajo según el enfoque, es incapaz de generar empleos privados en un momento de recesión con un apalancamiento financiero importante. Eso nos lleva a la necesidad de entender que es el Estado y la Administración pública, con financiación suficiente, la que tiene que ser el motor de la creación de empleo público, que a su vez genere suficiente actividad económica para crear empleo privado, tanto en los sectores juveniles como en los no juveniles. El enfoque es desacertado o no suficientemente adecuado pero, en última instancia, punto por punto, vamos a votarlo favorablemente, como no puede ser de otra forma, pero insistimos en que nuestro grupo considera que incluso aunque se aprobase y se pusiese en marcha no sería suficiente para resolver un problema que tiene un hondo calado, que es la estructura productiva, la falta de demanda agregada, y ambas cuestiones solo pueden ser resueltas por una actividad decidida del Estado por la vía de un plan de estímulo público financiado adecuadamente después de una reforma fiscal ampliamente progresiva y si fuera necesario, ojalá pudiera ser así, el Banco Central Europeo debería ser el que respaldase la financiación precisa para ese plan. Si esto fuera un plan de empleo a nivel europeo mucho más ambicioso que el conocido como Plan Juncker, estaríamos en mejores condiciones y todas estas medidas que vamos a votar a favor serían complemento necesario de la medida más adecuada. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Garzón. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Campuzano.
Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] va a votar a favor de esta iniciativa del señor Olabarría y del GrupoVasco. Coincidimos con el diagnóstico que hace de la cuestión y con las propuestas que nos plantea. Usted se centra fundamentalmente en aspectos de financiación y de formación. El portavoz del Grupo Popular ha venido a decir que el Gobierno ya lo está haciendo, pero ciertamente, si uno mira los impactos de las políticas que el Gobierno ha hecho en estos dos aspectos concretos, en financiación y en formación, podríamos ser críticos en relación con su eficacia. En este sentido, la reiteración que hacía el señor Olabarría sobre la conveniencia de profundizar en esa dirección y las referencias que hacía a la experiencia del País Vasco justificarían plenamente también el apoyo del Grupo Popular a esta iniciativa, o también la referencia específica que hace a la economía social como un factor que podría ayudar efectivamente a la generación de empleo. Ciertamente - y el señor Garzón lo planteaba en su intervención hace muy pocos minutos -, tenemos un alto nivel de desempleo juvenil en la medida en que tenemos un alto nivel de desempleo en general, pero hay otros países, como Francia y Alemania, en los que el nivel de desempleo juvenil es inferior al porcentaje que en España representa el desempleo juvenil en relación con el conjunto del desempleo, y en otros países, por ejemplo el Reino Unido y Suecia, el desempleo juvenil es superior al desempleo general. Eso nos indica que junto con el crecimiento económico y la creación de empleo en general, que ayudarían a disminuir el desempleo juvenil, en nuestro modelo hay cuestiones específicas que forman parte de la patología, más allá del modelo de crecimiento económico y del modelo productivo: fracaso escolar, sobrecualificación, falta de políticas de orientación laboral, falta de políticas específicas eficaces de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. No es por casualidad que en el caso español el desempleo juvenil represente 2.5 puntos respecto al total del desempleo. Los países que tienen menos fracaso escolar, mejor formación profesional, mejores procesos de orientación de los jóvenes hacia el sistema productivo, mejores mecanismos de integración en el mercado laboral tienen tasas de desempleo juveniles que representan 1.5 puntos respecto a la tasa de desempleo general. Por lo tanto, sí se necesitan políticas específicas en esta materia porque simplemente con el crecimiento económico, sea público o sea privado, continuaremos teniendo un desempleo juvenil más elevado. Va a finalizar la legislatura y tenemos la sensación de que el gran instrumento que Europa ha construido en esta materia y que el Gobierno deber ía implementar, que es la garantía juvenil, terminará en una enorme frustración, y el riesgo de esta frustración de la garantía juvenil tiene que ver al menos con dos cuestiones. Una, de nuevo España gasta los recursos de la política para luchar contra el desempleo de los jóvenes no en aquello que es estructural, como la formación profesional, la orientación laboral o la integración en el mercado de trabajo - lo que explica nuestra mayor tasa de desempleo juvenil -, sino en subvencionar la creación de empleo de manera generalizada. Esa no es una política útil; nos lo han dicho los expertos, nos lo ha dicho Fedea, nos lo dijo un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, lo aprobó este Congreso en la pasada legislatura: estamos gastando dinero en subvencionar la contratación que a menudo se haría igualmente sin esas subvenciones. Estamos malgastando recursos y no invirtiendo la garantía juvenil en aquello que es estructural. Pero además, señorías, a pesar de que se han logrado algunos progresos en relación con el avance por parte de la Unión Europea sobre esos recursos de la garantía juvenil - la Unión Europea finalmente va a avanzar un 30 %-, lo cierto es que para muchas comunidades autónomas, aquellas más castigadas por la política de austeridad que ha impuesto el Gobierno, habrá dificultades para gastar esos recursos, con lo cual, junto con el hecho que mencionaba la señora Oramas de que los jóvenes entre veinticinco y treinta años quedan excluidos del sistema, junto con este gasto excesivo en bonificaciones, junto a las dificultades para que los jóvenes se inscriban en las páginas web de la garantía juvenil - difícil y complicado -, quizás por desgracia terminemos esta legislatura sin haber gastado los recursos de la garantía juvenil y sin haber dado un vuelco a los problemas de fondo que tenemos en esta materia. Será una enorme pena, una enorme decepción y una enorme irresponsabilidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Campuzano. Señor Olabarría, sobre las tres enmiendas presentadas, ¿cuál es su criterio?
Aceptamos en sus propios términos la presentada por el Grupo Socialista. No aceptamos la de UPyD, no termina de convencernos la figura del contrato único, y nos llama la atención que con la coincidencia que ha manifestado el portavoz del Partido Popular no nos voten la proposición, por lo que no la podemos aceptar.
Señor Olabarría, no se va a abrir debate. Gracias.
Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Sanidad sobre situación, desarrollo y perspectivas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Para su defensa, tiene la palabra la señora Carcedo.
Muchas gracias, señora presidenta. Me habría gustado que hubiese estado presente el ministro en el día de hoy porque me interesaría darle un consejo - un consejo de una persona que le aprecia de verdad -, y es que, como dice el dicho popular, quien bien te quiere te hará llorar. Tengo la impresión de que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene colaboradores que le quieren demasiado y, en ese afán de complacencia con los resultados de la legislatura, están yendo de tropiezo en tropiezo y colocando al ministerio en una situación bastante delicada. A mí me parece muy loable que los colaboradores de un ministerio, los altos cargos, se crean eso del giro social y se hayan puesto manos a la obra para revertir situaciones que condujeron a este país a un aumento gravísimo de la situación de riesgo de pobreza y desigualdad. A mí me parece, insisto, muy interesante y muy loable que se pongan a la tarea. Desde que en el verano de 2014 se anuncia la agenda social del Gobierno y el giro social, no solamente los altos cargos, sino muchos ciudadanos y muchos políticos nos creímos esa promesa y estábamos esperando esas medidas que supusiesen ese giro social. A mí me alegraría que la dependencia estuviese en otra situación diferente a la que está. Pues bien, los responsables del Ministerio de Sanidad se ponen a la tarea, pero yo creo que equivocaron el método y están en un juego virtual de intentar encajar cifras en una aritmética incomprensible para el conjunto de los humanos, al menos para la aritmética oficial. No acabamos de entender esas cifras, que yo sinceramente creo que son de buena voluntad, pero hay algunas de ellas colgadas en el ministerio que son de delito. Por ejemplo, cuando quieren demostrar que la financiación de la dependencia es superior a la de 2011 y que no se produjeron recortes, se les ocurre colgar en el ministerio una información diciendo que la dependencia se financia por la Ley de la Dependencia - en fin - y por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. O sea, dicen que la financiación de la Administración General del Estado incluye tanto los Presupuestos Generales del Estado como los presupuestos de las comunidades autónomas; que en el ejercicio de su responsabilidad, en la definición de su autonomía, en la elaboración del presupuesto, en el cumplimiento de sus responsabilidades, destinan a la financiación de la dependencia lo establecido en la Ley de la Dependencia y en la Ley de Financiación Autonómica de 2011 y lo cuelgan en el ministerio, en un organismo oficial. Retrasan la publicación de los datos no se sabe por qué, los publican y cuando los publican es absolutamente ilegible lo que allí recogen. Dicen que reducen las listas de espera, pero también que a la vez que hay más personas atendidas hay menos listas de espera. Por tanto, no entendemos nada porque de las listas finales no encaja ninguna. No sabemos a qué se refiere, honestamente. No conformes con esto, envían una carta a las comunidades autónomas solicitando que les remitan los casos que tengan aunque no estén incluidos en el procedimiento oficial de la dependencia, que les remitan los datos porque así ya los van incorporando al sistema. Así no me extraña que no hubieran publicado los datos. Yo le dije al señor ministro que me fiaba de su palabra cuando me dijo que son casi 7.000 personas más las atendidas en 2014 que en 2011, pero después, si lo verificas, te das cuenta de que esos datos no pasaron por el SAAD, no pasaron por el sistema oficial, que esas personas no tienen resolución porque algunas comunidades autónomas picaron y les mandaron los datos de 9.500 personas de atención a la dependencia de una sola comunidad autónoma que no pasaron por el SAAD, no pasaron por el registro oficial y no tienen resolución. Es todo así, pero por esta vía, por mucho que intenten hacer ingeniería financiera, si encargan hacer esa ingeniera financiera a alguien que no tiene licenciatura en ingeniería ni en contabilidad, difícilmente pueden salir los números. Digamos que nos situamos en el mundo virtual, pero es que en el mundo real los dependientes no están atendidos, los cuidadores informales tienen recortada la cuantía, no tienen Seguridad Social, etcétera. El problema es que la realidad de la dependencia está como está por más que intenten engañar desde un organismo oficial. Lo que aquí estoy diciendo es muy duro, porque lo mínimo que se tiene que exigir a un organismo público es que tenga un sistema de información fiable, riguroso, transparente, fidedigno y que responda a la realidad. [[Aplausos]] Lo que estamos viendo es de verdad enojoso, sobre todo para un país que yo considero como un país de democracia avanzada. La realidad es la que es y los datos, por más que se intente enmascararlos y casarlos, no es posible que encajen porque no encajan. Lo que nosotros les proponemos en esta moción es que no hacen falta ni ingenierías ni licenciaturas ni másteres en ingenierías contables, sino simple y sencillamente aprender a dar al clic del sistema word, al clic de deshacer y empiecen a deshacer todo lo que vinieron haciendo en esta legislatura.
Señora Carcedo, se ha acabado su tiempo. Vaya resumiendo.
Lo que propongo del clic de deshacer tiene que ver con el Real Decreto 20/2012, tiene que ver con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local para garantizar la supervivencia de los servicios sociales públicos y no lo que su portavoz en Andalucía, por cierto con responsabilidad en servicios sociales, propuso en el debate de ayer.
Señora Carcedo, no estamos en Andalucía.
No, digo que no, disculpe.
Señora Carcedo, no me abra debates.
Al igual que tuvo usted como ex alto cargo de la materia. Simplemente, diré que hay tres enmiendas - ya adelanto la posición - presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] Dos de ellas no las puedo aceptar, y la que hacen al punto 6 sí se la puedo aceptar como adición porque explica mejor lo que yo les propongo para que pongan en marcha el grado 1 de moderados en el 2015. Muchas gracias [[Aplausos]]
Gracias, señora Carcedo. Efectivamente hay tres enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] Señor Campuzano.
Gracias, señora presidenta. Señora Carcedo, su iniciativa tiene aspectos interesantes y coincidentes con las posiciones que Convergència i Unió ha mantenido durante esta legislatura en relación con las cuestiones de la dependencia, especialmente en el rechazo de las reformas legales que el Gobierno ha introducido en esta materia. Por tanto en buena parte de las cuestiones que usted apunta podría encontrar el apoyo de Convergència i Unió. Pero es cierto que en esta materia mantenemos desde hace tiempo algunas discrepancias; discrepancias que en su momento llevaron a que Convergència i Unió, junto con el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] y Nafarroa Bai rechazásemos la Ley de la Dependencia. Entendíamos que había un problema grave de invasión competencial y que había un problema grave de ausencia de modelo de financiación suficiente para garantizar un desarrollo efectivo del sistema. En esta moción, las enmiendas que le plantea Convergència i Unió pretenden evitar que se caiga de nuevo en mayor centralismo en esta materia. Mi grupo está muy convencido de que uno de los problemas que tiene el sistema de atención de la dependencia es que parte de la premisa falsa de que uniformizar una política garantiza buenos servicios para las personas, una efectiva igualdad y un ejercicio real de esos derechos. Nos parece que es un planteamiento equivocado y la Ley de la Dependencia así lo demuestra. De lo que se trata es de dar recursos y libertad para que las comunidades autónomas garanticen los derechos, y las leyes del Estado deben reconocer los derechos pero debe reservarse margen para que las políticas autonómicas se adapten a su realidad y den respuesta a problemas concretos o a opciones de modelos distintos. Y eso, señora Carcedo, es una cuestión de opción política. En Cataluña podemos desear tener un modelo de atención a la dependencia distinto del que se plantea en el conjunto del Estado y, en el ejercicio de las competencias estatutarias que tenemos en materia de servicios sociales, poder ejercerlo. No que se nos imponga por una legislación estatal un determinado modelo. Además, en términos de financiación de esta política, mi grupo viene insistiendo desde hace tiempo en que la financiación del Estado debe estar asociada a los costes reales de los servicios que se prestan en el marco del sistema de atención a la dependencia. Y ni el nivel mínimo que hoy el Estado continúa financiando en esta materia; ni el denominado nivel acordado, que el Partido Popular ha suprimido; ni en una ni otra cantidad, lo que el Estado transfería tenía que ver con lo que efectivamente costaba una plaza de residencia, una plaza en un centro de día, unas horas de atención domiciliaria en el hogar, por citar los tres grandes programas que existen alrededor de la atención a la dependencia. Y eso lleva a que en las comunidades autónomas como Cataluña - seguramente algo parecido puede pasar en Madrid o en el País Valenciano -, donde los costes de vida son más altos, donde los sueldos son superiores, los costes de estos servicios cubren aún menos, a través de la subvención del Estado, la cobertura del mismo. Pero además, si pretendemos que el copago sea centralizado va a ser mucho peor para los dependientes de Cataluña, donde seguramente la aplicación de un copago único para toda España va a implicar que los dependientes de Cataluña deban pagar más, con lo cual se produce aquel absurdo de que comparativamente, los ricos de las regiones más pobres terminan siendo mejor tratados que los pobres de las regiones o de los territorios más ricos. Por tanto, revisemos el copago, garanticemos que el copago no impida que nadie pueda acceder al sistema de dependencia, pero no caigamos en el error de uniformizar. Garanticemos la financiación del sistema de atención de la dependencia, actuemos en razón de los costes reales de los servicios que se prestan y, finalmente, señora presidenta, seamos capaces de hacer aquello que Convergència i Unió viene reclamando desde hace cinco o seis años: acordemos esta materia, demos a esta cuestión una estabilidad que efectivamente nos permita generar, frente al gran reto de la atención de larga duración de las personas mayores, un espacio de sostenibilidad y tranquilidad, de desarrollo de un sector que, junto con la atención de derechos y personas, puede y debe ser también un sector generador de empleo. Esa sería nuestra posición. La señora Carcedo no puede aceptar todas nuestras enmiendas y Convergència i Unió se abstendrá en esta moción. Muchas gracias.
Gracias, señor Campuzano. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto y en primer lugar, tiene la palabra la señora Pérez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente, como ha dicho la propia ponente, el Real Decreto-ley 20/2012 en el caso de la dependencia fue la norma que supuso el desmoronamiento de la Ley 39/2006, que con muchas dificultades ya venía funcionando desde 2007. Las modificaciones hechas por este Gobierno a la propia Ley de Dependencia, pero sobre todo la reducción de la financiación pública, nos ha llevado prácticamente al colapso de la aplicación de una normativa que ya desde su nacimiento planteó numerosos problemas en cuanto a la parte que correspondería financiar a cada Administración. [[El señor]] Hemos pasado de 1.498 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 a los 1.177 millones de 2015, casi un 30 % menos, y hemos pasado asimismo a que en estos momentos sean las comunidades autónomas las que estén asumiendo cerca del 63 % del coste de las prestaciones y los propios usuarios el 20 %. El calendario de implantación también se ha modificado y las personas que debían entrar en el sistema en el año 2013 todavía están sin atender. Suman 300.000 personas en estos momentos, a las que hay que añadir las nuevas solicitudes que se vayan realizando hasta el mes de julio. El Gobierno rebajó la cuantía de las ayudas económicas a las cuidadoras - más del 90 % son mujeres - y dejó de pagar su cotización a la Seguridad Social, una Seguridad Social que ellas no pueden asumir. La evaluación se simplificó a tres grados y algunas familias vieron cómo el grado de dependencia variaba de un día para el otro y cómo su prestación se reducía sin previo aviso. Desde 2012 más de 100.000 dependientes, señorías, han fallecido sin recibir la prestación que tenían reconocida. La escandalosa lista de espera se ha reducido, pero no porque se haya atendido a las personas sino porque han fallecido. A los dependientes y a sus familias no les ha llegado la recuperación de la que nos habla el Partido Popular todos los días, y en este panorama desolador general el caso de Galiza es absolutamente dramático; con una de las poblaciones más envejecidas de todo el Estado y una dispersión de la población que encarece y mucho los servicios, son menos de la mitad de los dependientes reconocidos los que están percibiendo una prestación efectiva, y de la otra mitad son miles los abandonados, no a su suerte sino a su desgracia, engrosando cada vez en mayor medida los datos de exclusión y marginación social en un país en el que su presidente se jacta cada día de ser el campeón del cumplimiento del déficit. Termino, señora presidenta. La Ley de Dependencia ha sido derogada ya de facto. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa, aunque creemos que las enmiendas del Grupo Catalán la enriquecerían. Apoyaremos esta iniciativa y todas las que vengan en este sentido porque entendemos que hay que atender los problemas de las personas. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Pérez. También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Errekondo.
Lo sabemos todos, los sangrantes recortes de este Gobierno del Partido Popular arrastran el Estado del bienestar a su desmantelamiento y a las personas dentro del colectivo de dependencia a la exclusión social. Cualquier sociedad avanzada entiende que el dinero destinado a la dependencia no es gasto sino que es una inversión y generadora de empleo de calidad. Sin embargo, este Gobierno aplica las políticas en el sentido contrario porque invierte en servicios públicos 70.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea de los Quince o la supresión del nivel acordado y los recortes en el nivel mínimo y las percepciones económicas dentro del entorno familiar han supuesto para las comunidades autónomas un agujero de más de 2.000 millones de euros cuando las comunidades autónomas son las que financian más del 65 % del sistema. En el año 2015, sin ir más lejos, el Sistema de atención a la dependencia ha sufrido la pérdida de 140 beneficiarios cada día y a pesar de ello hoy hay una lista de espera de 176.000 beneficiarios a los que habría que añadir los 117.000 beneficiarios que han fallecido mientras estaban en las listas esperando a ser atendidos. Habría que añadir también, si se cumplen las previsiones previstas, a los 314.000 beneficiarios moderados. Sin embargo, no vemos que esto último se haya recogido en los presupuestos de 2015, será casualidad posiblemente. Por tanto, está claro que en Euskal Herria entendemos de una manera muy distinta lo que son los servicios sociales y lo que es la atención a la dependencia. De una cosa estamos muy convencidos y es que el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no es la persona más adecuada para dirigir los servicios sociales cuando ha sido imputado por repartir millones de euros de los vitorianos a empresarios amigos. Y es que en Gipuzkoa, o en Euskal Herria, lo tenemos muy claro y es no aplicar los recortes contra sus 26.000 ciudadanos en situación de dependencia, aunque para ello tenga que aportar 10 millones de euros que se ahorra el Estado. Tampoco aplica la incompatibilidad de las percepciones y los servicios y además ha continuado incorporando al servicio a las personas en situación de dependencia moderada. Por ejemplo, este mismo presupuesto de 2015 dedica el 48 % de todo su presupuesto a las políticas sociales y, más aún, en los próximos tres años va a invertir en el caso de Guipuzcoa 29 millones de euros para atender a los 1.200 beneficiarios nuevos, lo que revertirá en un beneficio de 72 millones de euros y en la creación de 741 puestos de trabajo. Por tanto, Gipuzkoa tiene claras sus prioridades, que es defender a sus ciudadanos, al contrario de lo que hace el Gobierno del Partido Popular, que condena a las mujeres a ser cuidadoras y psicólogas necesarias del hogar. Nosotros desde allí ya estamos construyendo la nueva sociedad vasca porque, a pesar de este Gobierno, hay un camino que es la vía vasca. [[Pronuncia palabras en euskera]]
Muchas gracias, señor Errekondo. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Socialista por varias razones. El señor Campuzano ya ha comentado que nosotros siempre observamos con reserva la aprobación de esta ley a la que le atribuimos por la época en que se aprobó un cierto perfil electoralista, era obvio, y donde la identificación del derecho que se consagraba no era un derecho de Seguridad Social dimanante del artículo 41 de la Constitución, sino uno de estos llamados derechos de ciudadanía. Espero que alguien antes de que acabe la legislatura me explique qué es este concepto anfibológico de derechos de ciudadanía como si algún derecho no fuera de la ciudadanía, bueno los derechos de los animales, pero también podríamos entrar en debate más semántico que jurídico. Además porque se superponían las competencias de esta ley a las competencias autonómicas, esas exclusivas en materia de asistencia social, y ya porque en la memoria económica cuando se aprobó la ley se veía que era metafísicamente imposible cumplir con sus requerimientos, cosa que ha ocurrido después. Señor presidente, aprobada la ley, todas estas reflexiones ya carecen de sentido y lo que hay que hacer es la obviedad que el parlamentario responsable debe hacer: exigir su cumplimiento, que es lo que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, en sus propios términos y evitar estas perversiones o desviaciones presupuestarias que se están produciendo, de forma y manera que algo que tiene que ser financiado por mitades, al 50 %, por la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, y el copago de particulares en este momento esté siendo financiado prácticamente en su totalidad o por los ciudadanos beneficiarios o por las comunidades autónomas, el 100 % en Euskadi por las diputaciones forales vascas y el 20 % por el Estado. Es una desviación y una perversión de la ley que hay que poner de manifiesto, en tanto en cuanto la Administración General del Estado está incumpliendo sus obligaciones legales, no sus compromisos voluntaristas, morales o vinculados a la justicia social, sus obligaciones legales. Tampoco se está calificando, en ese régimen de tracto sucesivo de calificación de los dependientes, con el calendario previsto en la ley. Por eso el pedimento relativo a que en el año 2015 tienen que estar calificados todos los dependientes de grado I, dependientes moderados, se nos antoja una utopía, dado como están las cosas y dadas las consignaciones presupuestarias que hemos visto, pero es una obligación legal que deberíamos cumplir. El incumplimiento de las obligaciones legales parece que en algunos ámbitos carece de consecuencia alguna; en otros, las consecuencias son extraordinariamente gravosas y coercitivas. En estos, vinculados a materias sociales, a asistencia social o a bienestar social, es más laxa la actitud del Gobierno a la hora de exigir el cumplimiento. Por último, la última perversión que se pretende corregir y que nosotros apoyamos es el impedimento de la profesionalización de familiares en relación con el cuidado de los dependientes, desvinculándose de la vinculación contractual, que consistía sencillamente en asimilarles al alta en la Seguridad Social. En definitiva, en asimilarles a profesionales a los propios familiares, seguramente los que mayores destrezas, conocimiento y empatía pueden generar para atender a un dependiente, profesionalizarles y cubrir las cuotas de la Seguridad Social que resulten necesarias para una actividad que también en el contenido de la ley se considera como una actividad profesional, justamente profesional y legítimamente profesional y que también ha sido objeto de retroceso en este ámbito. La Ley de la Dependencia - como ha sido comentado por la portavoz del BNG, del Grupo Mixto - está de facto derogada. Era muy difícil de aplicar - nosotros lo advertimos en su momento -, pero de facto está derogada, se está incumpliendo de una forma tan alarmante que podemos considerar que está ya amortizada políticamente, pero estamos a tiempo. Nosotros no prescindimos de la posibilidad de que se pueda regenerar y se pueda recuperar, pero se puede recuperar siempre que se atienda a los requerimientos de la moción presentada por el Grupo Socialista, de las enmiendas de naturaleza competencial y de otra naturaleza del señor Campuzano y de lo que todos reivindiquemos, que por lo menos se aplique la ley en sus propios términos. No pedimos nada más, que se aplique en sus propios términos. Mal aquel gobierno y mal aquella institución parlamentaria que tiene que reclamar sencillamente el cumplimiento de la ley. Alguna patología política, que habrá que identificar, está ocurriendo en este país en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Nuestro grupo va a apoyar esta moción, como suele pasar, no porque estemos al cien por cien de acuerdo con todo lo que propone, pero sí porque coincidimos en el fondo del asunto y también por alguna otra cosa que se ha dicho aquí. Efectivamente, la Ley de Dependencia fue una ley llena de buenas intenciones, una ley que tocaba una deficiencia del Estado del bienestar en España, pero que soslayó, ignoró, por completo dos cuestiones fundamentales: una, la estructura competencial del Estado, por lo tanto, quiénes y cómo se iban a encargar de aplicar esta legislación; y dos, qué podría pasar cuando, como ocurrió al muy poco tiempo, se desató una crisis económica y financiera de una profundidad inusitada. Por tanto, como pasa con las cosas que son muy bien intencionadas, es una ley cuya consecuencia ha sido frustración, desafección de la ciudadanía y crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque cuando la desatención de la Ley de Dependencia afecta a 270.000 personas en general y, más en concreto, a los del primer escalón en cantidades muy grandes - estamos hablando de 167.869 personas que esperan a recibir ayuda y, mientras tanto, se van muriendo; esto es lo que está ocurriendo y es tremendo - nos remite a otros desastres de gestión de la crisis de nuestra democracia, que no solo se pueden imputar al actual Gobierno, sino también al anterior. No se pueden hacer leyes que no tienen previsto un sistema de financiación, que ignoran la equidad en su aplicación y que, en realidad, están buscando el brillo, el lucimiento del Gobierno de turno, desentendiéndose y llevando al paroxismo uno de los cánceres de la democracia, que es el cortoplacismo, por la aplicación de una ley que despertó, con razón, muchas expectativas, pero que resultó ser otra burbuja legislativa más, una burbuja asistencial, una burbuja de tipo bienestar que no tenía detrás la sustancia, la solidez que debería haber tenido. No obstante, la vamos a apoyar, porque estamos de acuerdo en lo que propone, pero no queremos pasar por alto un problema de fondo que hay que atender. El haber pasado a las comunidades autónomas, como ya hacía la propia ley, la responsabilidad principal de su aplicación ha llevado prácticamente, como ha dicho el señor Olabarría, a su derogación práctica, puesto que las comunidades autónomas tienen tales diferencias de financiación, de deuda, de capacidad de inversión, que es completamente imposible conseguir una aplicación eficaz, máxime cuando en cuatro años se ha reducido la aportación del Estado en un 27 %, que es exactamente lo que ha ocurrido. En resumidas cuentas, mi grupo piensa que sería más interesante que fueran los ayuntamientos y no las comunidades autónomas las que se encargaran de la dependencia y de asistencias similares, siempre y cuando tuvieran la escala y la capacidad suficiente. Pero de momento, y a la espera de un debate más extenso, dejemos el voto a favor de esta moción y esperemos, aunque con poca esperanza, que haya algún día un debate serio sobre cómo las carencias de nuestro modelo de Estado frustran e impiden el desarrollo de leyes llenas de buena intención, como ha sido el caso. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
Gracias, señor presidente. Quiero que hoy mis primeras palabras en este hemiciclo sean para estas dos mujeres asesinadas por el terrorismo machista pocos días después de celebrar el Día Internacional de la Mujer. [[Aplausos]] Señorías, en el Pleno en el que se debatió la interpelación que da pie a la moción de hoy hubo un más que interesante cruce de datos. Hoy también se ha producido el cruce de datos. El señor ministro ofreció en aquel Pleno una serie de datos aparentemente nuevos a la ponente, a la señora Carcedo, que también ha defendido hoy la moción. La ponente, lógicamente - usted, señora Carcedo -, al no conocer exactamente esos datos, se los dio por buenos. Fue usted en exceso bondadosa. Menos mal que hoy ha corregido, porque efectivamente esos datos no son buenos. Y no lo dice esta disputada que está aquí, que también lo podría decir, ni su grupo parlamentario, sino que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene a decir que se utilizan datos absolutamente maquillados para tener una triunfalista visión de cómo está la marcha del sistema en este momento. Lo han dicho anteriores portavoces también: La Ley de Dependencia, desgraciadamente, es prácticamente una ley derogada. Ya nos gustaría a nosotros, que la votamos a favor, que no fuera así, pero esa es la situación. Dice esta misma asociación, como también han mencionado numerosos portavoces y usted misma, que la reducción de la lista de espera en 2014 se debe, en su totalidad, al fallecimiento de las personas que deberían haber sido atendidas. Continúan diciendo que en 2014 el sistema ha perdido 8.122 beneficiarios, siendo por tanto el primer año desde la aprobación de la ley que se cierra con saldos interanuales negativos en número de beneficiarios; el primer año, a pesar de la crisis. Además, es el año en el que dicen algunos del Gobierno que están saliendo no solo de la crisis, sino que se ha recuperado esa ley. Dicen también que el que las personas desaparezcan de las listas de espera solo puede ser por tres razones: por cuestiones de índole administrativa, es decir, que en un momento no se cumpla con los trámites administrativos; por revisión de grado, situación que ustedes saben que se está produciendo en numerosas comunidades autónomas, casualmente donde gobierna el Partido Popular mayoritariamente o, lo más habitual, lo que ya hemos mencionado: fallecimiento del titular. Será coincidencia, pero entre los datos que se dan de las listas de espera a 31 de diciembre de 2013 y los datos que se dan para 2014 hay una reducción de 42.501 personas, prácticamente los mismos que los que se dan en función de esas tres cuestiones que acabo de mencionar. Porque ninguna persona aparece siendo atendida, por lo tanto al limbo no han ido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han dado estos datos y que además desde el Gobierno no se quieren reconocer. Voy a terminar mi intervención, porque ya no me queda mucho tiempo, con alguna otra cuestión. La primera es que resulta patético y frustrante para muchas familias, como ya ha dicho también algún otro interviniente, la ausencia de recursos y prestaciones públicas; familias mayoritariamente sin recursos y que no tienen forma alguna de llevar a sus pacientes, a sus familiares hacia la iniciativa privada y que se tienen que ver atendidos, como ese caso tan conocido que apareció en los medios, por los hermanos y no atendidos por las administraciones públicas como debería haber sido atendido. Por lo tanto, consideramos que todos estos recortes de derechos, todos estos recortes de recursos llevan inexorablemente a la pérdida de salud de quien está tratando con estos familiares y, por lo tanto, también al aumento de gasto, en otro ámbito, pero al aumento de gasto. Señorías del Partido Popular, deberían ustedes ya tener conciencia absoluta de que las políticas neoliberales enferman y no ahorran absolutamente nada; enferman a los pacientes, enferman a los familiares y no ahorran nada. Es verdad entonces lo que dijo en su momento la señora Mato, cuando afirmó el 25 de junio de 2012: La Ley de Dependencia es inviable. Ustedes desde el primer momento han considerado la Ley de Dependencia inviable y no han hecho nada por mantenerla y desarrollarla. Sin embargo, el señor Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado y ahora candidato en Andalucía, decía: He conseguido - he conseguido - salvar el sistema de atención a las personas con dependencia. ¿Sabe lo que le dicen estos gerentes, esta asociación? Que miente, que se columpia. Y no se puede además personalizar, porque supongo que no sería un ente aparte del Gobierno. ¿Y sabe quién dijo la verdad también, probablemente la única verdad que ha dicho? El señor Rajoy en la última entrevista que se le hizo en 2011, antes de ser elegido: Mi prioridad, las pensiones; a partir de ahí, habrá que recortar todo. En dependencia lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda. Insisto, es la única verdad que ha dicho a lo largo del tiempo que lleva gobernando este país. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora García Álvarez. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montesinos.
Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera, porque si aprobáramos esta iniciativa lo que estaríamos haciendo sería desmantelar el sistema de la dependencia. Además, estaríamos traicionando el acuerdo de mejoras del sistema que se aprobó, no solamente con las comunidades autónomas, sino con todo el Consejo Territorial de la Dependencia. Este acuerdo se basa en una evaluación que ustedes tenían que haber hecho a los tres años de vigencia de la ley y que no hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes sí que nos tenían acostumbrados de forma torticera, poco fiable y nada rigurosa a modificar las cifras. Ustedes, sí, no este Gobierno. [[Aplausos]] En este Gobierno no le está mal aconsejando al ministro nadie. [[Aplausos]] El ministro está en todo momento utilizando las cifras que corresponden, las cifras que son reales, absolutamente fiables y rigurosas. Además, estamos hablando de un Gobierno, el Gobierno socialista, en el que la transparencia y el rigor no se encuentran ni se encontraron entre sus señas de identidad. Redujeron en el año 2011, entre otras cosas - después de escucharle aquí este discurso parece mentira -, 234 millones para la dependencia. [[Rumores]] ¿Y fruto de esa evaluación qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo que ya todos los españoles saben: diecisiete sistemas diferentes, 400.000 dependientes más, 2.700 millones de gastos más, 300.000 personas en lista de espera, mucho dinero perdiéndose en el laberinto burocrático, una deuda de 1.034 millones de euros en la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares y además el Tribunal de Cuentas en la valoración de los años 2007 a 2011 les sacó a ustedes los colores, porque cerca de 25.000 expedientes estaban duplicados, de los cuales la mitad de ellos correspondían a personas ya fallecidas que seguían cobrando la prestación. Este Gobierno lo resolvió y recuperó 39 millones de euros más para la dependencia. Los datos no están en ningún caso maquillados, como ustedes han dicho, y desde luego, señora Carcedo, lo que es de lógica matemática es que si se reducen las listas de espera es que se están incorporando más personas al sistema, lo ponga usted como lo ponga y lo trate usted de disfrazar como lo trate de disfrazar. Pero en ese momento en el que, según ustedes, jugábamos en la Champions League, en ese momento en el que, según ustedes, era la mejor época de bonanza económica y de esplendor, cuando gobernaba el Partido Socialista, en esa época a la que Pedro Sánchez quiere volver y rememorar lo vivido, en esa época había las 300.000 personas que yo le he dicho en lista de espera. Por contra, hoy hay un Gobierno absolutamente real, un Gobierno que se ajusta a las necesidades de la sociedad española, un Gobierno que ha pedido un esfuerzo al pueblo español y que junto con el pueblo español ha sabido garantizar el sistema de la dependencia. Hoy hay 745.720 personas más beneficiadas, se han incorporado más de 300.000 personas al sistema desde enero de 2012. Me gustaría que ustedes se alegraran de esta cifra, porque esta cifra tiene nombres y apellidos, y se corresponde con personas que hoy se están beneficiando. Cerca del 40 % de los actuales beneficiarios se han incorporado esta legislatura. Por tanto, basta ya de difamar y de falsear los datos diciendo que todo se debe a aquellos que han fallecido. No, ha habido un 40 % de incorporados en estos tres años de legislatura. [[Aplausos]] Se ha reducido la lista de espera en un 52 %. La cifra de afiliados a la Seguridad Social de profesionales de servicios sociales ha alcanzado esta legislatura más de 357.000 altas y se ha priorizado el trabajo profesional frente a las prestaciones. Por contra, tenemos la otra cara de la moneda, aquella que no nos gusta, en aquellos sitios o comunidades autónomas donde todavía gobierna el Partido Socialista, en Andalucía. [[Rumores.-Protestas]] Por ejemplo, allí desgraciadamente el 34 % de las personas todavía están en lista de espera esperando percibir la prestación [[Protestas]] y se pierden 35.000 dependientes mientras en el resto de las comunidades autónomas se van incorporando. [[Protestas]] Esa es la realidad de un Gobierno socialista, esa y no otra. [[Protestas.-Aplausos]] Ustedes hablaban de que parece mentira que en la página web esté colgado que se está financiando a través de dos leyes. Claro, si lo hicieron ustedes, si eso es un acuerdo del año 2009, Gobierno Zapatero, fueron ustedes los responsables de que se hiciera así [[Rumores.-Protestas]], no fue otro, no nos lo hemos inventado nosotros ahora ni mucho menos. Por tanto, ajústense a la realidad. En el año 2009 las comunidades autónomas pidieron que se financiara y se llegó a un acuerdo. [[Protestas]] Sí, ya sé que a ustedes les molesta, porque no hay cosa que más les duela que al final las responsabilidades sean de un Gobierno anterior. En cualquier caso, se financia a través de esos dos y este Gobierno cumple, porque debemos recordar a todos los presentes y los que no lo están en este momento, pero que nos están escuchando, que la dependencia se comparte entre las comunidades autónomas y el Gobierno, es decir, que el 50 % le corresponde al Gobierno y el otro 50 % a la comunidad autónoma. El Gobierno cumple. Hay comunidades autónomas, como la de Andalucía, que no están cumpliendo y, por tanto, no se están incorporando más personas al sistema. [[Protestas]] Esa es la realidad palpable y no otra. [[Aplausos]] Además, desde 2011 a 2013, señorías, 11.000 millones de euros para la dependencia. Con este Gobierno - dicho por el Tribunal de Cuentas, no por Macarena Montesinos, un dato veraz y real - se han incorporado 81 millones de euros más que en el año 2011. Voy terminando. Administración local. Usted ha dicho que la ley estaba perjudicando. No es verdad. Lo que está haciendo es garantizar el servicio público a los ciudadanos y la financiación del mismo a los ayuntamientos que hasta ahora prestaban servicio y no recibían la financiación correspondiente. Grado I. Por supuesto que sí, el ministro lo dijo, lo ratificó y también que nosotros cumplimos las leyes, porque otros gobiernos y otros grupos parlamentarios probablemente no. En cualquier caso, señorías, el Gobierno marcó las líneas rojas, es decir, que no se suprimiera ninguna prestación o servicio - así se hizo - y que las personas con renta más baja no tuvieran que aportar. Hoy el Gobierno ha garantizado el sistema. Ha configurado un sistema más justo, solidario y transparente, que garantiza la calidad, la equidad y la sostenibilidad simplificando la normativa, el proceso de valoración, mejorando el catálogo de servicios y prestaciones, aumentando la calidad de la atención, el número de servicios profesionales y reforzando la atención a los menores de tres años. En definitiva, ustedes habían abocado el sistema a la más absoluta quiebra y hoy el sistema de la dependencia no solo es sostenible, sino que está garantizado gracias al esfuerzo de todos los españoles y a la eficacia de este Gobierno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Montesinos. Señora Carcedo, como hay varias enmiendas, le pregunto cuál es su decisión con respecto a las mismas.
Señor presidente, ya anuncié en mi intervención que no puedo aceptar dos de las enmiendas y sí en cambio la relativa al punto número 6. Y si me permite, solo quiero informar a la señora Montesinos que de la Ley de la Dependencia se hicieron varias evaluaciones, entre ellas una por el organismo oficial de evaluaciones…
Señora Carcedo, este no es el turno.
Por la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
Solo doy algún tiempo si hay una alusión directa y personal, pero para las opiniones no es momento. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR BOSCH]], SOBRE RECORTES ECONÓMICOS A REALIZAR EN EL PODER POLÍTICO Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. [[Número de expediente 173/000199]]
Pasamos a la siguiente moción, que será la última que debatamos esta tarde. Es una moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre recortes económicos a realizar en el poder político y transparencia en el gasto público. Tiene la palabra el señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, ¿algunos de ustedes podrían decirme cuál es la cantidad máxima que se pagó con dinero público a un cargo de la Administración General del Estado por una comida en el pasado año? ¿Algunos de ustedes podrían decirme cuál es la cantidad mínima y máxima que se ha pagado a un funcionario o a un cargo de la Administración General del Estado, con dinero público evidentemente, por alojarse en un hotel? De poder responder o no a esta pregunta depende que uno pueda evaluar el grado de transparencia de una administración y no solamente eso, sino también la verdadera posibilidad de controlar el gasto público, porque es en la opacidad donde germinan y crecen los despilfarros y las corrupciones. Voy a poner un ejemplo. En la pasada legislatura, en plena crisis, hubo una ministra que se alojó en un hotel que costaba 1.200 euros cada noche. Señorías, las tarjetas Bankia, los viajes, por ejemplo, del expresidente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Dívar, y muchos otros casos pusieron de manifiesto la existencia de abusos y de despilfarros con el dinero de todos, por lo que entendemos que la mejor y única manera de evitarlo es que el gasto sea público, es decir, que sea conocido y esto es lo que hoy reclamamos con nuestra iniciativa, que ustedes deberán votar a favor o en contra. Por otro lado, reclamamos que se aclare de una vez por todas el concepto de dietas, dietas que cobran los cargos de la Administración General del Estado. ¿Qué es lo que postulamos nosotros? Muy fácil. Nosotros postulamos que se defina claramente qué es una dieta, que vaya vinculada a una factura, que tenga un tope máximo y que esté avalada por la institución que la paga, es decir, que no se puedan pagar dietas genéricas de 120 euros al día, por ejemplo, sino que la institución pague la comida o la cena estableciendo un tope máximo por ella. También les reclamamos que hoy se posicionen sobre la supresión de los coches oficiales, excepto en los casos - repito, excepto en los casos, que no necesariamente tienen que ser pocos - que por razones de seguridad se entienda y se comprenda que estas personas deben utilizar un coche oficial. Y además les reclamamos que hoy aquí se pronuncien ustedes sobre los viajes en clase business, la Administración de una vez por todas tiene que tomar la decisión de comprar solamente billetes de viaje en clase turista. También reclamamos que se presente un proyecto de ley para reglamentar los espacios públicos y los espacios privados. En este sentido venimos cuestionando desde hace muchos años que existan residencias, por ejemplo, de verano para los miembros de algunos ministerios, básicamente del Ministerio de Defensa, pero también de otros ministerios como el Ministerio de Sanidad. Este es un privilegio que hoy en día no tiene ningún sentido que se mantenga. Finalmente, también reclamamos revisar los conceptos - y esto a ustedes y a mí mismo nos atañe de forma directa - por los que se retribuye a los diputados y diputadas, con el fin de garantizar que la indemnización por ejercicio de su función responda efectivamente a los gastos ocasionados con motivo del cargo. Estos son los puntos que contiene nuestra iniciativa parlamentaria que vamos a proponer que se puedan votar de forma separada, a fin y efecto de que ustedes tengan la oportunidad de discernir qué es aquello con lo que comulgan y qué es aquello con lo que disienten. Hemos leído con mucho interés la enmienda del Grupo Socialista y debo decirles que para nosotros, y sin faltar al respecto, esta enmienda no dice nada, y quiero que se me entienda, cuando digo que no dice nada es porque a nuestro entender no dice nada sustancial, puesto que habla solamente de promover todas las medidas necesarias, y hoy no descender a un segundo o a un tercer nivel de concreción no es de recibo. Por eso no vamos a aceptar la única enmienda que se ha presentado, la de los compañeros del Grupo Socialista, y sí les pediría con toda humildad que cuando suban a la tribuna nos digan claramente si quieren suprimir los coches oficiales, sí o no; si quieren acabar con los billetes business, sí o no; si quieren que se hagan públicos los gastos de las tarjetas de crédito, sí o no; y si consideran que hay que acabar con los privilegios que tienen algunos ministerios en relación con ciertas dependencias de verano, sí o no. Esta es nuestra iniciativa parlamentaria y esperamos que ustedes sean receptivos a estas propuestas, razón por la cual vamos a pedir que se voten los siete puntos que contiene nuestra moción de forma separada a fin y efecto de que ustedes tengan la oportunidad de matizar, si lo creen conveniente, la orientación de su voto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Como muy bien ha dicho el propio señor Tardà, hay una enmienda formulada por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Tardà. Permítame unas consideraciones generales que tienen bastante que ver con lo que dijo su compañero el señor Bosch en la presentación de la interpelación. Comienza a ser un clásico y comienza uno a estar cansado de ver que muchos oradores se suben a esta tribuna mostrando una gran preocupación por el desapego de los ciudadanos y por la distancia que hay del trabajo de la Cámara a la opinión pública y, al mismo tiempo que suben para preocuparse por eso, al final alimentan cuidadosamente ese estado de opinión aportando algunas capas más de populismo a este tipo de cuestiones. No sé si es más la preocupación por la distancia o las ganas de sumarse a ese estado de opinión que tanto criticamos. Lo he dicho alguna vez - y se me ha respondido duramente -, a veces es preferible la gente que desde fuera rodea el Congreso que la gente que desde dentro viene a socavar los elementos de nuestro sistema político como en ocasiones se hace aquí, dejando fuera mucha honradez intelectual, porque este clima de opinión del que tanto nos quejamos, del desapego, en muchas de sus manifestaciones no es tan espontáneo como a veces se pretende. Ese clima de opinión crítico se alimenta, se cuida y se recarga con todo tipo de informaciones no siempre inocentes. Por ejemplo, hace un par de días leí una noticia con un titular en el que aparecía en términos escandalosos el dinero que se gastaba este Congreso en el cuidado de sus coches oficiales, un asunto que no es un asunto de Estado pero que provocaba un titular alarmista sobre el dinero que se gastaba en el lavado de los coches oficiales. Cuando uno hace la cuenta del dinero que gastaba el Congreso, al final le salía la «astronómica» cantidad de 19 euros por mes y por coche, es decir, un lavado por mes y por coche. Sin embargo, el titular daba una impresión de que aquí había un gasto absolutamente desproporcionado. Por tanto, no todo ese clima de desapego es un clima espontáneo. Se alimenta y desgraciadamente a veces también se alimenta desde aquí, desde la Cámara. No quiero decirle que su iniciativa no sea sincera, pero creo, señor Tardà, que tampoco es ingenua, y no lo es por la oportunidad y no lo es por el contenido. En cuanto a la oportunidad, porque Esquerra Republicana de Catalunya ha sido un partido de Gobierno. Esquerra no es un minúsculo grupo antisistema, de tal manera que - si me permite la broma - le diré que seguramente será este asunto de los coches oficiales la única estructura de Estado que ustedes no quieren imitar del Estado español, porque ERC, como partido de Gobierno, ha tenido coches oficiales. Ha tenido coches oficiales aquí en esta Cámara cuando ustedes tenían grupo propio, y no renunció a ello, y ha tenido coches oficiales por sus responsabilidades de Gobierno en el Govern catalán y en el Parlamento catalán. Por cierto, algunos de los casos alrededor de los cuales usted decía que se inició un cierto escándalo también afectaron a una persona de su partido. Me refiero al coste que tuvo el arreglo del coche del señor Benach, del Parlamento de Cataluña. Por tanto, me extraña mucho que ustedes, desde una posición de izquierdas y desde una posición de partido que ha gobernado, traigan aquí este tipo de discurso, pero es su derecho y yo se lo acepto. El problema no es el coche. El problema es el uso que se hace del coche. Yo he sido vicepresidente de una comunidad autónoma, como el señor Carod-Rovira, y a mí no se me ocurrió utilizar el coche oficial para ir a hacer una entrevista a Perpiñán de esas que no pueden salir en las agendas públicas de las que tanto reclamamos que existan. Por tanto, yo ignoro si los cargos públicos de ERC han tenido tarjetas o viviendas oficiales, pero le recuerdo que cuando hubo un cierto escándalo por esos gastos del señor Benach en su coche, ERC dijo que ese tipo de argumentación era propio de los medios de la derecha española y que ese tema de los coches era un argumento que había construido el españolismo más rancio. Me da tristeza ver a un partido de izquierdas viniendo aquí a plantear un argumento que hace solo tres años era un argumento del españolismo reaccionario de derechas. No sé si este tema de los coches oficiales es de izquierdas o derechas, es nacionalista o es españolista. A mí me parece que es la máxima pereza argumental posible. Este tema de los coches oficiales es el grado cero de la política. Para no salir de Cataluña ¿usted recuerda lo que decía el señor Pujol? Cuando un político no sabe qué decir propone una carretera. Pues ahora cuando un político no sabe qué decir al final acaba hablando de coches oficiales. Voy a su contenido. Ya se lo dijo el ministro Montoro, este es un asunto en el que el máximo ahorro supone una escala en términos comparativos absolutamente pequeña, pero el hecho de que sea un asunto de una escala pequeña no autoriza un tratamiento frívolo del tema. Estos temas que a veces son simbólicos merecen una reflexión y merecen propuestas más articuladas y menos de trazo grueso, como las que ustedes nos traen aquí, señor Tardà, porque las suyas son de trazo grueso. Pero quiero dejar muy clara una cosa: absoluta coincidencia con ustedes en el tema de la transparencia. Podemos diferir en si los coches tienen que ser por seguridad o por eficiencia, pero coincidimos con ustedes en que haya una máxima transparencia para un público conocimiento del uso de todos estos medios. Desde ese punto de vista cuenta usted con nuestro apoyo más incondicional. Lo que no podemos aceptar es este tipo de no justificación de por qué unos medios tienen que tener como motivo la seguridad y no la eficiencia, por ejemplo. ¿Usted sabe que su partido en el Senado ha enmendado el proyecto de ley de altos cargos para decir que los coches de altos cargos se utilicen no solo por seguridad sino también por eficiencia? ¿Por qué ERC propone en el Senado que los coches oficiales lo sean también por eficiencia y aquí solo por seguridad? Lo que les pido es que sean ustedes consecuentes con su carácter de partido - que a mí me parece serio - de izquierdas e institucional y que no jueguen a alimentar desde esta tribuna un tipo de discurso que lo que está fomentando es el desapego del que tanto decimos quejarnos. Por tanto, en esa adecuación de los medios a los fines, nos tienen ustedes completamente a su disposición. En la utilización de una regulación transparente y, como decimos en la enmienda - que no es que no diga nada, señor Tardà, y cito -, para garantizar y reforzar la aplicación de los principios de transparencia, austeridad y eficiencia, tanto en las Cortes como en la Administración General del Estado, en ese tipo de planteamientos nos tienen con ustedes y en la transparencia absoluta, también, pero creo que hay que tener mucho cuidado con el tipo de discurso que se hace aquí, con el tipo de argumentación que se utiliza e incluso con el tipo de vocabulario, porque vamos a acabar nosotros aquí llamándonos unos a otros casta, y yo creo que nosotros no merecemos eso, aunque haya quien esté promoviendo ese tipo de lenguaje fuera de nosotros. ¿Sabe usted, señor Tardà, por qué le digo esto?
Señor Sánchez Amor, debe usted terminar.
Termino, señor presidente. Yo necesito quince años de estar subiendo y bajando de esta tribuna, quince años de estar yendo a mi provincia y volviendo, quince años de estar yendo a reuniones y actos para ganar lo que gana alguien que me llama a mí casta, por un informe secreto hecho en dos meses y del que ni siquiera sabemos su contenido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez Amor. Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.
Intervengo muy brevemente, señor presidente, porque esto es un déjà vu tantas y tantas veces durante esta legislatura y la pasada. Es una más - siento que quien la haya defendido haya sido mi amigo Joan Tardà - de apuntarse a lo políticamente correcto, a la campaña de lo fácil, a sacar el látigo y fustigarnos todos con lo malísimos que somos. Ciertamente, por una parte, es una moción absolutamente deslavazada. Se podían coger estas hojas concretas del rábano, pero podrían haberse cogido otras perfectamente. Mañana podemos hacer un concurso para ver quién saca otra de este tipo. Por otra parte, creo que se afirman cosas que no tienen mucho sentido, porque supongo que en el fondo lo que se pretende es un ahorro a las arcas del Estado, y no sé si en algunos de los casos que se presentan aquí se está pensando en eso o simplemente en la imagen y en el paripé. ¿Por qué tienen que suprimirse todos los coches oficiales del Gobierno, salvo aquellos que deban mantenerse por razones de seguridad? Cualquier empresa, no hace falta que sea una gran empresa, puede tener vehículos porque lo considera necesario. ¿Por qué el Gobierno va a tener que suprimir esto, si para determinados servicios, entre cómo los tenga que atender, el tiempo que se pueda perder y los gastos que se ocasionen, quizás acabe perdiendo más dinero? ¿Por qué únicamente por razones de seguridad? ¿Porque queda muy bien decir que se supriman los coches oficiales? Creo que habría que hacer todas estas cosas con más rigor. Digo lo mismo con respecto a los viajes. Alguno se sorprendería sabiendo que los billetes en clase turista - en comparación con el tipo de billetes que solemos tener los diputados, en que muchas veces los cambios son de un momento para otro, son billetes abiertos - son más caros, porque esas plazas se venden más fácilmente, y después de los acuerdos institucionales a los que se llega, esas plazas son más caras. Muy bien. Quedará muy bonito, muy popular o muy en la corriente de lo que se pide ahora, pero ciertamente esa medida no ayudaría a la Administración, a las instituciones, a las arcas del Estado ni a que el presupuesto fuera menor. En cuanto al gasto detallado de tarjetas de crédito, etcétera, lo hemos pedido hace poco. El Gobierno vasco también ha contestado a una pregunta que le han formulado recientemente. Yo todavía estoy esperando a que el Gobierno español me dé la respuesta, espero que llegue cuánto antes y ya veremos si a partir de ahí tenemos que tomar alguna medida o no. En cuanto a las indemnizaciones por ejercicio de la función, me da igual, podemos buscar una fórmula en que sea un montante equis, pero lo que creo que todos deberíamos tener en cuenta en esta Cámara, claramente y sin complejos, sin intentar aprovechar olas populistas sin ningún sentido, es algo de lo que estábamos hablando también en el primer debate de la sesión de hoy: hay que homologarse con Europa. Sorprendentemente, en algunos casos, la primera conclusión que habría que sacar es que determinados cargos institucionales, empezando por el presidente del Gobierno, no están lo suficientemente remunerados. No hagamos demagogia con todas estas cosas. He visto a muchas formaciones jugar con esto y también a algunos de los grandes grupos, que así empezaron durante legislaturas pasadas, pero ya es hora de hablar claro, de hablar con sensatez, de verdaderamente llevar adelante políticas de austeridad respecto de aquello que es justo, lógico y normal, pero también, en otros ámbitos, es hora de homologarnos a Europa y de no hacer demagogia de todo esto. Siento que hayan sido mi amigo Joan Tardà y Esquerra quienes hayan presentado esto, pero, de verdad, Joan, no tiene ni pies ni cabeza.
Muchas gracias, señor Esteban. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente para decir que nosotros, en cambio, estamos muy contentos de que el señor Tardà, con el que no tenemos demasiadas ocasiones de coincidir, proponga cosas con las que nuestro grupo no solo está de acuerdo sino que las practica. Lo primero que quiero decir es que la transparencia - lo he dicho en otras ocasiones - no es obligatoria ni está prohibida, luego, si no está prohibida, se puede practicar, y el que no la practica es porque no quiere. Como hay muchos que no la quieren practicar en esta Cámara - con un grave perjuicio general para el prestigio de la política y la democracia -, estamos de acuerdo con mociones que la conviertan en prácticas reguladas. Además, como nuestro grupo, por alguna razón que se me escapa, no tiene coche oficial - por lo visto lo tienen todos y el nuestro no, no sé por qué; deben de pensar que a nosotros no nos hace falta, lo cual es verdad, pero a ustedes tampoco -, nos parece bien que se regule algo que efectivamente debería de entrar en la órbita de la seguridad. Hay más cuestiones que no ha planteado aquí Esquerra, pero que también nos parecen interesantes y que estaría bien recoger en el futuro, como subvenciones a viviendas para diputados que no se presentan por Madrid, pero que ya tienen vivienda en Madrid, lo que evidentemente es un abuso, además de muchas otras. En definitiva, como son cuestiones que nuestro grupo practica y además hemos pedido que se incluyan en numerosas ocasiones, aunque nos parezca que esto se debería haber planteado de una manera más extensa, más detallada y más técnicamente correcta, vamos a votar a favor muy a gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. Hoy es la segunda ocasión en este Pleno en que debatimos sobre estos temas: antes, en una proposición de ley de Unión Progreso y Democracia sobre las retribuciones de los cargos públicos y de los cargos electos y, ahora, en esta moción de Esquerra Republicana de Catalunya sobre los medios que utilizan los cargos públicos y también los cargos electos. En primer lugar, creo que no estamos haciendo un buen debate, que es un tema verdaderamente serio, y en las dos iniciativas, el debate parlamentario, bajo mi humilde punto de vista, no ha estado a la altura. Parece como si no nos estuviésemos tomando en serio el tema. [[Rumores]] Es verdad, a la proposición de ley que ha propuesto antes UPyD o a la moción que ha propuesto Esquerra Republicana de Catalunya les podríamos añadir más cosas, las podríamos mejorar, ¿pero saben cuál es el problema? [[Continúan los rumores]] Que esta Cámara, en los últimos años, ha tenido momentos legislativos en los que hemos debatido…
Perdón, señor Nuet. ¡Por favor, ruego silencio para que se oiga al señor Nuet! Continúe.
Les decía que en esta Cámara hemos tenido momentos legislativos en los que hemos debatido leyes, hemos debatido proyectos que hablaban de estos temas y el resultado final ha sido decepcionante. Por tanto, tenemos un problema, señoras y señores diputados, que en las ocasiones en que tuvimos, en comisiones parlamentarias y en plenario, la capacidad de legislar, la capacidad de regular, lo hicimos de forma defectuosa bajo nuestro punto de vista y por tanto vienen ahora proposiciones de ley y mociones que siguen ahondando en este debate, porque resulta que no lo hemos resuelto o al menos hay una percepción muy importante de la opinión pública de nuestro país que cree que el debate no lo hemos resuelto de forma satisfactoria. En consecuencia, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, a pesar de que redactaríamos posiblemente una moción en términos parecidos, pero, si pudiésemos, lo haríamos de forma más amplia y precisa, pero no huimos del debate, del debate no huimos: el debate es necesario, debe marcar una posición política y por tanto creemos que es un error decir que la moción podría ser mejor o que es una actitud, podríamos decir, demagógica. No, señores, en la calle este tema no es un debate demagógico, es un debate real. La gente nos pregunta y a la gente le preocupa y ante ello hay que tomar iniciativas y, como Congreso de los Diputados, deberíamos tomar iniciativas en este tema y hacer mejores leyes, mejores mociones, por supuesto que sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que afectan a esta Cámara y también al Senado, sí, como los coches oficiales, porque hay grupos parlamentarios que los usan y grupos parlamentarios que no los usan. No digo que los grupos parlamentarios que los usen lo estén haciendo mal. No estoy haciendo esta crítica en absoluto, pero es un asunto que deberíamos discutir y regular y posiblemente llegar a un acuerdo. En este momento resulta que no, que hay criterios distintos ante un mismo hecho. Por supuesto, con el tema de las retribuciones de los diputados y senadores, ¿ustedes no llegan a la misma conclusión que nosotros, que en la forma en que se denominan los conceptos que tenemos en nuestra nómina inducen al error y a la confusión? Pues nosotros creemos que sí, porque muchos ciudadanos que han tenido acceso a nuestras nóminas, cuando ven los conceptos retributivos, confunden muchas cosas, por ejemplo, que haya diputados que cobran una asignación para poder vivir, para tener alojamiento, cuando resulta que tienen casa en Madrid. Es un concepto que a lo mejor deberíamos consignar en la nómina de forma distinta y no permitir que siga existiendo esa denominación que induce a mucha gente cuando la lee a creer que hay algunos diputados que se están embolsando un dinero que no les pertenece. Repito, no estoy haciendo en absoluto demagogia, en absoluto, no lo acepto. Lo que digo es que ese concepto es mejorable respecto a su regulación y respecto a su conceptualización y que es un error huir de hacerlo. Eso es un error. Hay que hacerlo y hay que mejorarlo. Después, por supuesto, el transporte, las dietas, los espacios y los medios públicos, el portal de transparencia, son temas mejorables, señoras y señores diputados. Por tanto, mejoremos este tema, lo podemos hacer y votemos a favor de esta moción.
Muchas gracias, señor Nuet. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Tardà, leí muy atentamente el debate de la interpelación de la que es consecuencia la moción que debatimos hoy y que ustedes nos han presentado. Debo decirle que del título podía deducirse un contenido que obligara al Gobierno realmente a introducir medidas de calado en materia de transparencia y de reducción del gasto de la Administración General del Estado. En el primer caso, en el último debate de política general - por tomar un ejemplo - muchos grupos parlamentarios planteamos propuestas concretas en materia de transparencia, en materia de regeneración y de calidad democrática. En el caso de mi grupo parlamentario, propusimos medidas muy concretas, desde la creación del registro de los denominados lobbies hasta el impulso de una reforma de la Ley del Régimen Electoral para favorecer una mejor conexión entre los cargos electos y la ciudadanía, entre otras propuestas. También conoce el señor Tardà todas las medidas que se han adoptado en Cataluña, principalmente con la aprobación de una de las leyes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno más exigentes de todo el Estado y que actualmente se está desarrollando, o por ejemplo con el Plan de reforma de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público. Una buena muestra de ello es que la Generalitat obtuvo el año pasado, en el año 2014, la primera posición y la máxima puntuación en el índice de transparencia de las comunidades autónomas que elabora la ONG Transparencia Internacional. Recientemente también el Parlament de Catalunya ha acordado la supresión de dietas o indemnizaciones a los altos cargos de la Generalitat por su participación en consejos de administración y otros órganos colegiados de gobierno o apoyo a organismos y entidades de derecho público. Por ello, conociendo todo lo que se ha hecho en Cataluña en materia de transparencia, las propuestas que nos han traído hoy en su moción podrían haber sido otras, sinceramente. Señor Tardà, si tenía la intención de abordar la reducción del gasto en la Administración General del Estado, cabía perfectamente asumir una reclamación reiterada de todos los grupos catalanes - también de ustedes - que siempre hemos defendido, como es la supresión del Ministerio de Cultura atendiendo al ámbito competencial que corresponde a Cataluña, o la reducción a mínimos indispensables de las estructurales administrativas periféricas de la Administración General del Estado, que ejercen competencias transferidas a las comunidades autónomas, como es el caso de cultura, pero también de sanidad, asistencia social o comercio interior, entre otras. Podríamos llamarlo coloquialmente una CORA contraria a la que ha puesto en marcha el actual Gobierno del Partido Popular con esos impulsos recentralizadores. Esto es lo que esperábamos encontrar en su propuesta de moción que hoy debatimos, medidas de calado de transparencia, medidas de calado de reducción de la Administración General del Estado y, señor Tardà, sintiéndolo mucho, no ha sido así. Por ello hoy nos abstendremos. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Picó. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gallego.
Muchas gracias, señor presidente. Señores de Esquerra, con la presentación de esta moción ustedes han batido todos los récords de populismo, no se puede ser más demagogo. Esta moción es un perfecto tratado de electoralismo de saldo. Lo ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo me sumo a esa valoración y desde luego esa opinión también la compartimos con otros grupos políticos. La literatura se la voy a dejar a ustedes. Yo solamente les voy a dar datos en esta intervención, diez datos que hacen referencia a la transparencia y a la eficiencia en el control del gasto público en España. Señorías, los diputados españoles somos los que menos cobramos de Europa. Lo pueden comprobar con una sencilla entrada en Internet. El presupuesto de esta Cámara ha bajado en los últimos tres años en 7,5 millones de euros. Es bastante más bajo que el coste del Parlamento francés, italiano o de Gran Bretaña. Las reformas que hemos impulsado en las administraciones públicas españolas han supuesto un ahorro de gastos corrientes de más de 18.000 millones de euros. Señorías, hay un 30 % menos de coches oficiales en este país si los comparamos con la cifra de 2011. En 2011 había 921 coches oficiales, ahora hay 652. [[Rumores]]
Perdón, señor Gallego. Ruego silencio. Continúe.
Se ha puesto en marcha el portal de transparencia para que cualquier ciudadano pueda analizar y ver los gastos de la Administración General del Estado. No hay tarjetas de crédito en la Administración del Estado, se lo volvemos a decir, a ver si se enteran: no hay, el gasto en tarjetas de crédito en la Administración General del Estado es cero. Se vuelven a equivocar en su presentación de la moción. Se ha creado la Oficina de control presupuestario que depende de esta Cámara. Se han limitado todos los sueldos de la Administración. Todos los altos cargos del Gobierno están obligados a hacer declaraciones tributarias de bienes y actividades. Todos los gastos en dietas y en representación de la Administración General del Estado están absolutamente fiscalizados por la Intervención. Pregúntele a cualquier funcionario del Estado. Señor Tardà, si alguien ha apostado por la transparencia y el control del dinero público en este país, ha sido el Partido Popular. Además, señor Tardà, usted no es nadie para dar lecciones de ética a nadie. Usted no tiene autoridad moral para dar lecciones de austeridad, atendiendo a que ustedes han aprobado un presupuesto en Cataluña que también recoge algunas perlas y que recoge algunas cuestiones que no hablan muy bien precisamente del control del gasto y de la austeridad. Le voy a poner algunos ejemplos, ya que a usted le gusta hablar de sueldos. El presidente de la Generalitat de Catalunya gana casi el doble que el presidente del Gobierno de España. Esto es un dato y ha votado a favor Esquerra Republicana. Cataluña es ahora mismo el Gobierno autonómico con más consejerías, con más consejeros, que, por cierto, ganan entre el 60 y el 90 % más que los ministros en España. Otro dato. Destinan 19,7 millones de euros a política internacional. Dicen que van a abrir cincuenta nuevas embajadas aun sabiendo que no tienen la competencia. Eso es lo que dice exactamente La Vanguardia. [[Rumores]] Cincuenta nuevas embajadas aun no teniendo la competencia. El Parlamento de Cataluña tiene 26 diputados más que el Parlamento andaluz, aun teniendo un millón menos de habitantes. TV3 tiene más empleados que Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta juntas. [[Rumores]] El director de TV3 también gana más del doble que el presidente del Gobierno. El presidente de TV3 hoy gana el doble de lo que gana el presidente Rajoy, otro ejemplo de austeridad que ha contado con el apoyo y con el respaldo presupuestario de Esquerra Republicana hace escasas semanas. Se han gastado 11,5 millones para la creación de la Agencia Tributaria propia y de la Agencia catalana de la Seguridad Social que son claramente ilegales, ya se lo han dicho, pero da igual, ustedes se gastan 11,5 millones en ese concepto. Se han gastado además 13 millones de euros en la consulta del 9-N, consulta que no ha servido para nada, 13 millones de euros, mientras Cataluña sigue siendo la segunda comunidad autónoma en gasto sanitario per capita. El Gobierno de la Generalitat se ha gastado 1,5 millones en dietas en el año 2014. Señor Picó, no es cierto que en Cataluña no se paguen dietas, porque se están pagando dietas. Siguen destinando 550 millones de euros al año para consejos comarcales, una administración con escasísimas competencias pero con innumerables militantes de Esquerra Republicana presentes en ella. Además, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con los impuestos más altos de España. Por tanto, señor Tardà, insisto, lecciones, ni una. En consecuencia, nosotros no daremos el visto bueno a esta iniciativa porque proviene de quien proviene y desde luego está cargada de demagogia, electoralismo y populismo. Gracias. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Señor Tardà, aunque usted lo ha dejado muy claro, le pregunto a efectos formales: ¿votaremos punto por punto su moción? [[Asentimiento]] Muchas gracias, señor Tardà. En unos minutos vamos a votar. [[Pausa]] Señorías, voy a dar la palabra al señor Baldoví, que me la ha pedido.
Muchas gracias, señor presidente. Aunque ya lo he dicho al principio, en mi primera intervención, quería reiterar - ahora que estamos todos - las gracias a todos, porque me he sentido muy querido y muy apreciado en esta Cámara, a pesar de las diferencias. A los doctores que se lanzaron, que se abalanzaron más bien, hacia mí, a Pilar Grande, a Carmen Montón, a José Martínez, y a la ministra Ana Pastor; quiero dar las gracias también al presidente del Gobierno y al presidente del Congreso, que se interesaron por mí por la tarde; y a todos los diputados y a todas las diputadas y a todo el personal de esta casa. Digo que soy afortunado, porque me he sentido querido. Estoy ya bien, y con toda mi educación, pero con toda mi contundencia, voy a seguir haciendo lo mejor que sepa la oposición que he desarrollado hasta ahora. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señorías, quiero comunicarles que el jueves próximo, cuando veamos los puntos por la mañana, y dado que parece que hay un acuerdo entre los grupos, el punto 33, que se refiere al proyecto de ley del sector de hidrocarburos, se verá después del punto 30. Lo digo para que lo sepan sus señorías.
Vamos ahora con las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia orgánica sobre transparencia y racionalización del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración General del Estado, y los restantes cargos públicos electos. Han sido emitidos seis votos telemáticos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302 más 6 votos telemáticos, 308; a favor, 133 más 1 voto telemático, 134; en contra, 164 más 5 votos telemáticos, 169; abstenciones, 5.
No se toma en consideración.
Proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural sobre exclusiones sanitarias en España tras el Real Decreto-ley 16/2012. Se incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 139; en contra, 161; abstenciones, 2.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], RELATIVA AL FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. [[Número de expediente 162/000575]]
Proposición no de ley del Grupo Vasco, PNV, relativa al fomento del empleo juvenil. Incorpora una autoenmienda del propio grupo y una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 133; en contra, 165; abstenciones, 4.
Queda rechazada.
Moción del Grupo Socialista al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre situación, desarrollo y perspectivas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Se ha incorporado la enmienda del Grupo Catalán al punto 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 124; en contra, 164; abstenciones, 14.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR BOSCH]], SOBRE RECORTES ECONÓMICOS A REALIZAR EN EL PODER POLÍTICO Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. [[Número de expediente 173/000199]]
Moción del Grupo Mixto, señor Bosch, sobre recortes económicos a realizar en el poder político y transparencia en el gasto público. Se vota en sus propios términos. Tiene siete puntos, por lo cual votaremos cada uno por separado. Punto número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 21; en contra, 165; abstenciones, 117.
Queda rechazado. Punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 117; en contra, 164; abstenciones, 22.
Queda rechazado. Punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 126; en contra, 165; abstenciones, 12.
Queda rechazado. Punto 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 17.
Queda rechazado. Punto 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 20; en contra, 165; abstenciones, 118.
Queda rechazado. Punto 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 118.
Queda rechazado. Punto 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 121; en contra, 165; abstenciones, 16.
Queda rechazado. Se suspende la sesión. Eran las ocho y quince minutos de la noche.