Señorías, se reanuda la sesión. Tramitación directa y en lectura única del Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. Para presentar el convenio y en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Señor presidente, señorías, decía Jefferson que no hay mayor talento que no usar dos palabras cuando basta solo una. El 8 de julio respondí a una pregunta que rezaba: ¿en qué beneficia a España la firma de este protocolo? Contesté que había tres tipos de razones: aumentar nuestra seguridad, reforzar nuestro anclaje con los Estados Unidos y traer bienestar y empleo a la zona cercana a la base. Ese es exactamente el hilo conductor, el hilo argumental que voy a seguir. En materia de seguridad - se ha dicho muchas veces en esta Cámara - es probable que lo que está ocurriendo en la vecindad sur sea la amenaza más seria que España ha tenido y tiene en muchísimos años. No voy a hacer una historia de los conflictos que allí se han producido; sí me van a permitir esbozar algunas líneas de lo que ya ha ocurrido solo en cuanto a la importancia que tiene para lo que está ocurriendo y para lo que puede ocurrir. Como sus señorías saben, los movimientos yihadistas, los movimientos terroristas empezaron hace mucho tiempo en Argelia, donde se produjo una guerra que duró más de diez años y que provocó más de 200.000 muertos. De los barros, de los lodos de aquella guerra surgió el llamado Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que después de diversas mutaciones cambió y vino a ser lo que hoy se conoce como Al Qaeda del Magreb. En Túnez, después de la revolución que estalló en Sidi Bou Said, se produjeron distintas elecciones y se aprobó una constitución que fue la mayor esperanza de las primaveras árabes. Fue ratificada en un acto al que asistió el entonces príncipe de Asturias para dar a entender el interés que España tenía en la evolución de Túnez en particular y del Magreb en general. En Túnez, como ustedes saben, a pesar de tener la historia de éxito más importante en esta saga, se han producido dos atentados muy importantes: el atentado en el Bardo, en el que murieron dos compatriotas nuestros, y el atentado de hace muy pocos días en un hotel de Susa, en el que murieron 38 occidentales, por fortuna, ninguno español. En Egipto, la situación tampoco es sencilla. Después de la revolución de la plaza de Tahir que acabó con Mubarak, se celebraron unas elecciones que ganaron los Hermanos Musulmanes y entronizaron en el poder a Morsi, periodo que fue interrumpido por un golpe militar que trajo al poder, ratificado luego con elecciones, al general Al-Sisi. En Egipto en estos momentos hay también un grupo armado en el Sinaí filial de Al Qaeda que amenaza las fronteras entre Israel y Egipto y Egipto y Gaza. Mali es más problemático todavía desde el punto de vista de los intereses españoles. El norte de Mali, conocido como Azawad, fue tierra de nadie desde el año 2000 y ese vacío fue aprovechado a partir de 2010 y 2011 por grupos terroristas que, entre otras cosas, secuestraron, como ustedes recordarán, a dos compatriotas nuestros. España en estos momentos participa en la misión de entrenamiento de las fuerzas de Mali con 122 soldados. Somos los primeros contribuyentes en esa operación. Participamos también en la República Centroafricana en colaboración con otros países europeos, singularmente con Francia. Lo más preocupante que nos trae hoy a esta casa es el tema de Libia. Después de la caída de Gadafi, se producen una serie de enfrentamientos armados entre las tres regiones que componen Libia, pobladas cada una de ellas por más de seis o siete grupos étnicos, que se han organizado en distintas facciones. En este momento se calcula que hay 1.500 grupos armados que tienen a su disposición 20 millones de armas para una población de solo 6 millones. La situación política de Libia, en la que está teniendo una intervención muy importante nuestro compatriota Bernardino de León, que es hoy el enviado del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, es extraordinariamente confusa: tiene dos parlamentos y dos gobiernos; un Parlamento en Trípoli de corte islamista, cuyo mandato caducó hace ya algún tiempo, y otro Parlamento en Tobruk, salido de unas elecciones generales anuladas posteriormente por el Tribunal Supremo. Se está intentando por todos los medios la formación de un gobierno de unidad nacional que estuviese a su vez legitimado para enviar una petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - en donde nosotros nos sentamos - para autorizar una intervención al amparo del capítulo VII que nos permitiese, en una primera fase, destruir los barcos que se dedican al tráfico de personas y que han producido las tragedias que ustedes conocen, así como la destrucción de las instalaciones en tierra que les sirven para preparar sus operaciones. Esto todavía no ha ocurrido y en estos momentos Libia sigue siendo un Estado fallido que está sirviendo de base para estas mafias que se dedican al tráfico de personas a las que me he referido antes y que solo el año pasado llevaron hasta a 170.000 personas a las costas italianas. En cualquier caso, cito la situación de Libia porque aquí se produjo el hecho del que trae causa la discusión sobre el despliegue temporal antes, permanente después, de una misión de los Estados Unidos; cito la situación de Libia por esa razón y porque lo más peligroso que le podría ocurrir a España es que Libia se convirtiese en una especie de Afganistán con petróleo, en una plataforma de exportación del terrorismo a todo el norte de África y Oriente Medio. Saben ustedes, señorías, que una desestabilización del norte de África se traduciría en un corredor yihadista que iría desde el Atlántico hasta el Índico, donde empalmaría con Al-Shabaab, el grupo que opera en Somalia y que también secuestró a dos ciudadanos españoles, y se extendería por el sur hasta enlazar con Boko Haram, en Nigeria. No se me ocurre ninguna amenaza mayor para nuestro país que la que resultaría de un hecho de estas características. Pero si imaginar es relativamente fácil, comprobarlo es todavía más. Saben ustedes que desde allí se han producido ataques a intereses occidentales en todas partes: desde el atentado a Charlie Hebdo, el 7 de enero, y a un mercado kosher en el que murieron bastantes personas, al hotel Corinthia o al asesinato y decapitación de 21 egipcios coptos en Libia, una serie de horrores que nosotros tenemos que evitar. Insisto y concluyo este apartado diciendo que los intereses de España están directamente afectados por lo que ocurra en el norte de África y que, por tanto, acabar con esa amenaza está en el interés de todo el mundo, está en el interés de occidente, pero desde luego está en el interés de España. Estamos hablando aquí de intereses nacionales. El segundo de los pilares sobre los que baso mi intervención es el eje trasatlántico. Estoy seguro de que no coincidiré con el enmendante que ha presentado la enmienda a la totalidad sobre mi planteamiento, pero, en todo caso, es el mío. Nosotros creemos que la política exterior de España, si quiere transitar con facilidad por lo que han sido sus ejes tradicionales, debe tener dos anclajes firmes: la Unión Europea - Europa - y los Estados Unidos de América. No se trata de reproducir aquí una vieja discusión de hace unos años de si a España le interesa más una Europa atlántica que una Europa continental. Lo que este Gobierno quiere y lo que este grupo parlamentario quiere es una España fuerte en una Europa fuerte y con una fuerte alianza con los Estados Unidos. Insisto en que desde el punto de vista de la seguridad nuestra relación con los Estados Unidos es la más importante en estos momentos, tanto desde un punto de vista multilateral, la pertenencia a organizaciones conjuntas, especialmente la Alianza Atlántica, como desde el punto de vista de las relaciones bilaterales; relaciones bilaterales que se plasmaron desde el punto de vista de la defensa en el Convenio de 1988 firmado por el Gobierno del entonces presidente Felipe González, que ha sido enmendado dos veces, en 2002 y 2012, a plena satisfacción de los dos grupos mayoritarios de esta Cámara. Llego al análisis concreto de la realidad concreta, que diría Gramsci, de lo que estamos estudiando aquí. El 11 de septiembre de 2012, fecha icónica donde las haya, se produce un atentado en el Consulado americano de Bengasi que cuesta la vida al embajador de los Estados Unidos en aquel país. Los Estados Unidos nos piden una autorización para un despliegue temporal de sus fuerzas con las que hacer frente a las amenazas que vienen del otro lado del Mediterráneo, autorización que es aprobada por el Consejo de Ministros el 19 de abril de 2013 para 500 infantes, 6 aeronaves de transporte y 2 aeronaves de repostaje. El 7 de marzo, un año después, se prorroga el despliegue temporal autorizado en los términos a los que me he referido y se aprovecha para aumentar el número de efectivos autorizados a 850 infantes de marina y 17 aeronaves. Llegamos así a lo que ahora nos importa y es atender a la solicitud de aumentar las fuerzas desplegadas allí, en primer lugar, y en segundo lugar, convertir en permanente lo que hasta entonces había sido temporal. Quiero decir, señorías, que a este Gobierno le produce - estoy seguro de que al enmendante no - una gran satisfacción que lo que era temporal se convierta en permanente, porque los Estados Unidos estuvieron barajando la posibilidad de establecer esa fuerza de despliegue rápido en un país que no era España, con lo cual nuestra posición en la defensa de Europa y en la defensa de la Alianza Atlántica se hubiese visto minorada. Lo que estamos discutiendo aquí, por tanto, son dos cosas: en primer lugar, un aumento de las fuerzas desplegadas hasta más de 2.000 militares y 500 civiles, 2.500 para ser exactos, y 26 aeronaves; y en segundo lugar estamos estableciendo, como he dicho anteriormente, el carácter permanente de este despliegue. La tercera pata de mi intervención es la que se refiere a los intereses económicos y fundamentalmente del empleo en la zona. No voy a entrar demasiado en este tema porque eso forma parte de un acuerdo de entendimiento que no es lo que estamos discutiendo aquí. Puedo explicarlo si lo desean, pero entenderán que es una discusión colateral y que lo que aquí estamos discutiendo y lo que estas Cortes tienen que aprobar es el protocolo al que me he referido anteriormente. Como tuve ocasión de decir en aquella respuesta - y luego volveré sobre el tema, si es que consideran necesario que nos dediquemos a discutir cuestiones colaterales desviándonos de lo que es la cuestión central -, se prevé una inversión de unos 29 millones de dólares que necesariamente se traducirá en más riqueza y más empleo en la zona, como expresamente consta en el memorándum de defensa que negociaron nuestro Ministerio de Defensa y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Termino solicitando a la Cámara la aprobación del texto que aquí hemos presentado, insistiendo en que, en primer lugar, me parece capital desde el punto de vista de la seguridad de España y de la defensa de los intereses de España; en segundo lugar, en que es vital para reforzar el anclaje bilateral con Estados Unidos en una materia que a todos nos afecta, y en tercer lugar, en cuanto que solo puede traer beneficios en términos de riqueza y empleo a la zona adyacente. Quedo completamente a su disposición. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.
Señor presidente, señorías, señor ministro, usted nos ha planteado el panorama de cómo se desarrolla la expansión del terrorismo integrista en el norte de África. Es una descripción que no hace ni más ni menos que confirmar la realidad que nosotros vamos a plantear en este debate. Y es que años después de haberse iniciado una política de combatir el terrorismo mediante la guerra, hoy el norte de África no es más seguro ni hay menos terrorismo que cuando se inició esta política; al contrario, hoy es más inseguro y hoy hay más terrorismo. La realidad es que el objetivo que se buscaba no era acabar con el terrorismo, como luego trataré de explicar. Siempre es interesante debatir con usted porque tenemos la impresión de que estamos debatiendo con un aplicado funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, y en este debate usted ha hecho una alusión a un elemento paradigmático que, además, no es casualidad. Usted nos ha puesto como elemento fundamental de su argumentación la situación de Libia. Escuchándole me ha parecido que ha habido cosas en las que al menos el lenguaje no era el adecuado. Usted hablaba de la caída de Gadafi como si el señor Gadafi - el Gadafi que era amigo de algunos, no nuestro, porque no le recibimos cuando vino a Madrid - se hubiera caído un día de la cama y hubiera desaparecido. Usted citaba a Libia como un Estado fallido, como si eso hubiese sido una casualidad. Pero no ha dicho nada de cómo se llegó a esa situación. No ha dicho nada de una guerra que denunciamos desde esta tribuna y que dijimos que iba a provocar lo que luego provocó. Le dijimos que la guerra de Libia iba a traer un Estado fallido y que intentar derrocar a su amigo Gadafi de esa manera iba a provocar más terrorismo. Ustedes dijeron que no, que iban a llevar la libertad y la seguridad a Libia; lo dijeron desde esta tribuna para justificar lo que estaba ocurriendo allí. Hoy usted viene a plantear como bombero lo que ustedes hicieron como pirómanos. Es verdad que Libia hoy es un Estado fallido, pero son ustedes los responsables. Aunque fallido del todo no lo es, porque el petróleo no es fallido, el petróleo está en las manos. Por tanto, todo lo que había detrás de esa política no era ni más ni menos que apoderarse de los recursos naturales del norte de África. No era una política de seguridad, sino una política de apropiación de los recursos naturales de una zona del planeta. Por todo ello, nuestra enmienda a la totalidad es una enmienda a toda una política de seguridad. Aunque ha hecho bien su argumentación, usted no viene hoy a defender un tratado concreto, sino toda una política de seguridad sometida a intereses ajenos a nuestro país, y por eso le considero un aplicado funcionario del Departamento de Estado. Es una estrategia que está en el marco de la estructura militar más agresiva que ha conocido la historia de la humanidad, la OTAN. Es una política llamada de seguridad que no nos hace más seguros ni más libres y que no defiende la soberanía nacional. Por lo tanto, no es una política de seguridad. Partimos, como usted lo ha hecho, de una realidad. Se lo he dicho. Podemos tomar una fecha cualquiera, como la del 11 de septiembre, que vino a cambiar una dinámica. Si nos ponemos en su propia lógica, cuando ese día se declara la guerra al terrorismo integrista aumentan los conflictos bélicos en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia. Han pasado años y ya podemos hacer balance. Esos territorios hoy no son más seguros, hoy no son más libres, hoy el mundo no está más tranquilo, hoy no hay menos terroristas. Por tanto, habrá que plantearse para qué y por qué. Evidentemente, el objetivo era, ni más ni menos, dominar los recursos naturales de esa zona del planeta y ponerlos al servicio de las multinacionales, y eso sí se ha cumplido. Sí se han cumplido los objetivos, pero no los objetivos que decían los Gobiernos sino los que se ocultaban tras todas estas agresiones. Ustedes - repito - han provocado un incendio. ¿Quién provocó que Libia sea un Estado fallido? ¿A quién provocaba el vacío? ¿Quién ha provocado la situación de Siria? Ustedes ahora vienen como bomberos, pero no como bomberos con una manguera de agua sino con más agresión, y nos plantean como solución lo que ya hemos visto que ha fallado. Este es el contexto que hoy discutimos. Efectivamente, están cumpliendo sus objetivos pero, en paralelo, ha aumentado el número de víctimas colaterales, ha aumentado el militarismo, ha aumentado la inseguridad y han provocado que hoy haya, desgraciadamente, más base social para el terrorismo que la que había hace unos años. Usted sabe que este no es el camino correcto, lo sabe usted o sus jefes, pero lo siguen manteniendo porque, realmente, el objetivo es otro: asegurar el dominio del norte de África para que el petróleo funcione. Lo que les interesa del norte de África no son las personas, sino los intereses económicos y el petróleo. Frente a las agresiones y frente a la guerra, hay otra política: la negociación. El acuerdo que se ha alcanzado entre Estados Unidos e Irán va a ser más eficaz en la lucha contra el terrorismo que todas las bombas que ustedes han lanzado sobre Irak. Ese es el camino. Ese acuerdo va a hacer más por la paz que todas las bombas y todas las agresiones militares en las que ustedes han participado estos años. Hay otro camino, como el de modificar el papel de Naciones Unidas. ¿Para cuándo esa reforma? ¿Para cuándo la desaparición de ese anacrónico derecho de veto? ¿Cuándo se va a activar el papel de Naciones Unidas en la resolución de los conflictos? ¿Para cuándo la disolución de la OTAN como instrumento de agresión militar y su sustitución por un nuevo orden internacional que trabaje por que las riquezas naturales sirvan para que los pueblos más pobres se desarrollen? El terrorismo tiene dos grandes caldos de cultivo: uno, la miseria y la pobreza, que curiosamente se sufre en territorios ricos en recursos naturales; dos, sus agresiones militares. La realidad es que la desesperación y las bombas de la OTAN han creado más terroristas que todas las páginas web o que todos los discursos incendiarios que se puedan lanzar. ¿Para cuándo una sola vara de medir para los grupos armados? Porque tenemos grupos armados que pasan de ser terroristas a ser luchadores por la libertad o, viceversa, en razón de los intereses que defiendan, como en Libia, Siria y otros sitios, grupos que han pasado de ser luchadores por la libertad, amparados y financiados, a ser terroristas cuando ya no cumplían los fines que interesaban a la propia OTAN. ¿Para cuándo una sola vara de medir en las relaciones internacionales? ¿Cuándo se va a decir claramente que hay países amigos, muy amigos, que alientan el terrorismo, que facilitan armas y que financian grupos terroristas y que luego son buenos clientes o buenos amigos? Como decía, este es el contexto en el que hoy está enfocado el debate que se nos trae aquí para ampliar la capacidad militar de la base de Morón, y no para defender la seguridad nacional. Evidentemente, Libia es un Estado fallido. Ustedes han creado en Libia un Estado fallido que hay que resolver. No lo van a resolver de esta manera porque no lo han resuelto a estas alturas. Eso sí, seguirán controlando y asegurándose de que el petróleo llegue a su sitio. ¿Para cuándo tendremos realmente una política de seguridad mundial frente al terrorismo? ¿Para cuándo realmente activaremos Naciones Unidas? Ese es el debate que tenemos que hacer aquí. ¿Van a mejorar la situación de nuestro país? Ni mucho menos. Ustedes van a sustituir una foto tristemente famosa - se lo decía la semana pasada -, la foto de Las Azores, por una foto mucho más colectiva, mucho más tristemente colectiva, que es la foto de este hemiciclo votando a favor de este tratado. A partir de mañana la foto de Las Azores será sustituida en el subconsciente de miles de personas de todo el mundo por la foto de este Parlamento haciendo de la base de Morón un instrumento de agresión. Y serán ustedes - todos los que voten a favor - responsables de esa foto. Nuestro grupo no estará en esa foto, no estuvo en la foto de Las Azores ni tampoco estará en esta foto. [[Rumores]] Por lo tanto, ustedes hoy aquí no vienen a defender la paz, vienen a defender la guerra. Ustedes aquí no vienen a hacer un mundo más seguro, vienen a hacer un mundo, una España y una Andalucía más inseguros, más en peligro y serán responsables quienes dentro de unas horas voten a favor. Ustedes sacan al final la zanahoria y nos vienen a hablar en tono menor de los beneficios que puede comportar para la zona. La verdad es que la zanahoria ya se ha agotado, es verdad que hasta ahora les ha funcionado pero ya no. Usted lo que ha dicho aquí no lo puede decir en Morón porque ya lo conocen. Lo que ha dicho en esta tribuna sobre los beneficios que va a reportar para la zona no lo puede decir allí. Nosotros sí podemos decir que la realidad hoy es que en la base de Morón hay una situación laboral de conflicto que ha puesto en evidencia cómo la soberanía nacional es pisoteada, cómo la soberanía nacional en la base de Morón no es la española, es otra soberanía nacional, cómo se utilizan marines frente a los piquetes de huelga, y el Gobierno español calla, y donde el empleo no crece, sino que disminuye. Aumentan los marines y disminuyen los trabajadores españoles. Esos beneficios que usted hoy señala - y que no se votan aunque hubo un ministro que se comprometió a debatir en el tratado este tema, que no fue usted, pero no lo ha hecho - se traducen en la realidad de que cuando los trabajadores se reunieron hace unos días con la empresa concesionaria les vino a decir que el tema no va con ellos. Es una empresa que, evidentemente, no es española y no está sujeta al derecho laboral español a pesar de ser territorio español y todo eso no lo resuelve este tratado. No lo resuelve porque no lo puede resolver porque es un tratado de sumisión, no de igual a igual. Es un tratado neocolonial no es un tratado de derecho internacional propio del siglo XXI. Por tanto, la realidad es que sigue habiendo ERE, sigue habiendo despedidos y los contratos que se han hecho son de personal que no vienen a cubrir los puestos de forma permanente sino que solamente son cerca de noventa contratos - mucho menos de los despedidos - y que son totalmente insuficientes. Eso sí, los propios trabajadores han valorado en unas 1.500 las horas extraordinarias que tienen que realizar hasta el mes de abril para poder asumir el nuevo trabajo. Por tanto, a estas alturas ninguna de las partes da garantías a los trabajadores españoles de que algo tan simple como aplicar la legislación laboral española se pueda hacer, algo tan simple como para que tengan los mismos derechos que tienen otros trabajadores y mira que han sido recortados por su Gobierno. Ni siquiera a ese nivel se llega en la base de Morón, así que la plantilla actual de Morón sigue temerosa de un futuro incierto ya que nuestro Gobierno sigue sin ser claro en esta defensa y evidentemente no lo puede ser porque el tratado no se lo permite. Así, como le decía, nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad a esta parte pero que lo es a toda su política de seguridad. Me gustaría que al menos reconociese que Gadafi no se cayó del caballo, que la guerra fue provocada, que no se llevó la seguridad a Libia, que ese Estado fallido que hoy es Libia tiene responsables y que, por tanto, tenemos que apagar el fuego que ustedes han creado. Y ahí estaríamos nosotros, en apagar el fuego con mangueras de agua, no con mangueras de gasolina, que provocarían más fuego. Hay que realizar una conferencia internacional para la seguridad del norte de África, una conferencia internacional que resuelva el problema del terrorismo y en la que de igual a igual se pongan encima de la mesa los recursos naturales - el petróleo y el gas - para ver cómo se acaba con las situaciones de miseria que se dan en esos países. Hay que acabar con la inseguridad que provoca un Estado agresor como el de Israel, que también influye, y hay que acabar con la situación de Siria. Todo eso habría que ponerlo encima de la mesa en una conferencia internacional de paz, no en la mesa de la OTAN, y esa es nuestra propuesta, nuestra alternativa: ir a la cooperación internacional en el marco de Naciones Unidas en una gran conferencia de paz que sirva para el desarrollo de los pueblos del norte de África, porque eso es lo que les hace falta, desarrollo, y no bombas. Y de camino, si conseguimos que la base de Morón sea una base de solidaridad y que en lugar de mandar marines a esos territorios mande médicos, algo habremos ganado. Efectivamente hay que mantener las bases, pero para que sean bases de paz y de solidaridad que envíen médicos, maestros y cooperantes, y no bombas y marines. Esa es, señor ministro - señor representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos -, nuestra propuesta. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Centella. Pasamos entonces a las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño porque la sesión es muy larga y creo que esto se puede resumir rápidamente en dos palabras. Nuestro voto va a ser favorable, a pesar de que el asunto de las bases americanas en España es de infausto recuerdo, no solo en el inicio, para los nacionalistas vascos sino para los republicanos en general, porque fue precisamente de esta manera cuando en el año 1953 los americanos dieron el primer paso para incluir en la sociedad internacional al régimen franquista, hecho corroborado después con la visita del presidente Eisenhower, que fue recibido en Torrejón por el dictador Franco. Aquellos pactos de Madrid son de infausto recuerdo, pero lo cierto es que la OTAN era un instrumento necesario en el momento en el que existía el telón de acero y vuelve a ser un instrumento necesario para la defensa del mundo occidental porque sigue habiendo desafíos importantes. Me gustaría entrar, aunque nos llevaría horas, a debatir sobre Oriente Medio, sobre el norte de África, etcétera, pero desde luego no comparto el análisis simplista del señor Centella de buenos, buenos y malos, malos, porque estamos hablando de intervenciones en Libia. Intervenciones a medias en Libia, ya que quizá el problema en Libia fue que la intervención se produjo a medias. En Siria ni siquiera se ha intervenido, incluso habiendo una crisis humanitaria como la que se ha ocasionado. Es complicado todo esto, no es tan sencillo, pero lo que sí es verdad, lo que sí es cierto es que hay un peligro evidente y mucho más incontrolable que lo que podía suponer la posible amenaza del bloque oriental en su momento, etcétera, porque adopta otras formas, porque este es un mundo más abierto y porque lo cierto es que las fuerzas de la OTAN sin el paraguas logístico y técnico de Estados Unidos no son realmente operativas. En diferentes operaciones se ha puesto de manifiesto que el que ha tenido que poner el paraguas técnico-militar ha sido Estados Unidos. Por tanto, nuestro grupo ve con toda lógica que puedan mantenerse estas bases y se siga colaborando en este sentido. Por mi parte, nada más. El tema es lo suficiente claro y nítido como para no tener que debatirlo con más profundidad.
Muchas gracias, señor Esteban. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
Gracias, presidente. Señorías, voy a comenzar haciendo una defensa de la presencia de las bases estadounidenses en nuestro país porque - y creo que está bastante fuera de discusión - son fundamentales para la defensa española pero también para la defensa europea. Abstraernos del debate de fondo desde visiones - no quiero ser irrespetuosa pero quizá un poco fuera de hora - es obviar que si no existieran esas bases americanas en España probablemente tendríamos que aumentar el gasto de defensa español, señor Centella, y tendríamos que aumentar el gasto de defensa europeo. Vamos a tratar de centrar los debates en la realidad, en los hechos y en los datos en la medida de lo posible, dentro de que cada uno luego tengamos nuestras ideas y nuestras políticas al respecto. La realidad es que el refuerzo de la presencia norteamericana en la base de Morón también ocurrió con Rota por haber aumentado su valor estratégico debido a la inestabilidad en el Magreb. Esto lo ha explicado el ministro con mayor profusión, por lo que no me voy a detener mucho en hablar de las primaveras árabes, los inviernos islamistas y particularmente de la situación de Libia, que se ha convertido en un Estado fallido que es el inicio geográfico de un magma islamista que se extiende por El Sahel, por el África subsahariana, por Oriente Próximo. El ministro ha hecho ese recorrido geográfico y creo que no es necesario insistir en él, pero si nos planteamos para quién supone una amenaza mayor esa - valga la redundancia - amenaza islamista, sin duda nuestro país es uno de los países muy próximos a ese Magreb inestable. Y negar esto es sencillamente cerrar los ojos ante lo que supone una amenaza que tampoco trata exactamente de ricos y pobres porque le quiero recordar que Bin Laden era el hijo de una multimillonaria familia saudí. Por desgracia, las cosas son más complejas, ojalá fueran tan sencillas pero por desgracia son más complejas. Quiero traer aquí a colación unas palabras del que fue secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, que dijo en junio de 2011: Los futuros líderes políticos estadounidenses, aquellos que no vivieron la Guerra Fría, pueden empezar a ser renuentes a sufragar a Europa el mantenimiento de la seguridad en sus alrededores vía OTAN. Subrayaba él que precisamente la necesidad de esa presencia se debe en gran parte - y creo que debemos ser conscientes de ello - a la inexistencia de una política de defensa europea digna de tal nombre y el ejemplo de Libia vuelve a servir. Alemania en su día se abstuvo de aquella intervención - que fue probablemente una intervención a medias, como ha señalado el señor Esteban - y sin embargo en Mali por ejemplo Francia llevó la iniciativa. Es obvio que si tuviéramos una mayor coordinación y una mayor integración de la política europea de defensa podríamos plantearnos otra política respecto a la presencia norteamericana, pero a día de hoy eso es sencillamente impensable. Lo que nos gustaría haber escuchado en este debate de boca de nuestro Gobierno es cuál es la política española y la estrategia española respecto a esa amenaza islamista y respecto a la inestabilidad en el cercanísimo norte de África en general y cómo se incardina en esa política y en esa estrategia este protocolo de enmienda, sin embargo lo que hemos escuchado es cómo se incardina dentro de la política y la estrategia norteamericana. Sin duda esos intereses estratégicos, esas amenazas y esos riesgos son compartidos, pero nos gustaría haber visto este protocolo en el conjunto de la política de seguridad de nuestro país y de la política de seguridad europea. Pensamos desde luego que debates apresurados, debates exprés como este, no contribuyen a que el ciudadano español sea consciente de cuál es la magnitud de esa amenaza, la magnitud de ese riesgo y de por qué es necesario reforzar nuestra seguridad frente a ese mundo cambiante y frente a ese auge del islamismo. Creemos que esa visión nacional, esa visión global, podría suscitar un amplio consenso, como también lo podría suscitar este protocolo, y sin embargo - a menudo de manera azarosa y atropellada - se va reaccionando a las necesidades de otras políticas, en este caso de la política norteamericana, sin integrarlos nunca en una visión conjunta, global y a largo plazo - esto es fundamental, a largo plazo - de la seguridad nacional. Por lo tanto, defendemos el aumento de esta presencia de Estados Unidos, pero lamentamos que obedezca a objetivos estratégicos y a necesidades planteadas por otro país en los que el nuestro no ha llevado la iniciativa. Creo que esos intereses estratégicos compartidos hubieran sido cruciales en esta negociación, pero lamentablemente la sensación que nos da es que España en esto ha jugado al ping-pong en vez de jugar al ajedrez, cosa que también es habitual en la política exterior. También está ligado a abordar en profundidad, como decía, los debates estratégicos y de seguridad, con visión de largo plazo y con el ánimo de que el ciudadano medio realmente comprenda cuál es esa visión de país. Habría otro posible enfoque para esta negociación y para el planteamiento que ha hecho el ministro, que es el de las viejas y famosas contrapartidas, es decir, si no se hablaba en términos de intereses estratégicos compartidos y dentro de esa visión a largo plazo, las contrapartidas que tiene. A nuestro juicio es un análisis o un enfoque más inmediato y más de corto plazo, pero indudablemente también tiene interés para la gente que vive en la zona. Sin embargo, usted ha considerado que eso queda fuera de este debate; a nosotros nos gustaría que quedara dentro. Ya sabemos que forma parte de los acuerdos de entendimiento y no del protocolo en sí, pero como grupo parlamentario nos hubiera gustado tener conocimiento de esos acuerdos de entendimiento; ya sé que otros grupos lo han tenido - probablemente nosotros no estamos a la altura -, pero lo que sabemos de esos acuerdos de entendimiento es lo que usted ha dicho en prensa. Usted ha dicho en prensa que hay una inversión prevista de 26 millones de euros - lo ha vuelto a decir aquí - y que necesariamente - esto lo he leído entrecomillado - eso tendrá que traducirse en empleo. A nosotros nos parece que esa necesidad no existe, sino - por decirlo con palabras de Jacques Monod - que probablemente hay más azar que necesidad en que esos 26 millones de euros se vayan a traducir en empleo. En primer lugar, porque no es un compromiso vinculante jurídicamente que se logre esa inversión de 26 millones; lo que hay es una declaración del Pentágono respecto a proyectos de infraestructuras que se estima que podrán traducirse en una inversión de esa cantidad, es decir, la cifra es estimativa y el compromiso es vago. Pero, en segundo lugar, Estados Unidos - insisto, por lo que sabemos por la prensa - se ha comprometido a contratar empresas y personal español cuando le sea posible y siempre de acuerdo con leyes y regulaciones estadounidenses; es decir, en absoluto hay una relación causa-efecto entre la inversión y el empleo que se podría derivar directamente de esa inversión y, dado que en numerosas bases norteamericanas por el mundo - también ocurre aquí - esa contratación tiene lugar a través de subcontratas que están dando numerosos problemas - le supongo al tanto de un artículo muy extenso que se publicó en The New Yorker hace unos meses respecto a los problemas que esas subcontratas provocan en las bases -, lo cierto es que lo que tenemos es la vaga promesa de que habrá alguna inversión y algún empleo, pero nos gustaría que, puesto que la presencia estadounidense va a aumentar, esos empleos también aumentaran. Y lo que ha ocurrido en estos últimos años, mientras esta presencia era temporal y se iba renovando cuando correspondía, es que, a pesar de que aumentaba la carga de trabajo, han aumentado los despidos, y eso es lo que nos parece muy preocupante. Nos parece muy preocupante que ese aumento de la inversión, de la presencia y del trabajo no vaya acompañado de un aumento de contrataciones de personal español. Señor ministro, echamos en falta una mayor audacia - no sé si llamarlo así - en la negociación bien desde el punto de vista estratégico bien desde el punto de vista de las contrapartidas. No nos han dado ninguna explicación de cómo ha sido esta negociación; no tenemos la certeza de que se haya dado una visión de largo plazo ni tampoco de corto plazo. Vamos a apoyar este protocolo estrictamente porque pensamos que es bueno para nuestro país que se refuercen esos lazos de alianza con Estados Unidos, pero tengo que decirle que nos han puesto muy difícil lo que para nosotros hubiera sido fácil. Hubiera sido muy fácil contar con este grupo parlamentario, transmitirle esa información, explicar los detalles de la negociación, y probablemente hubiéramos apoyado con entusiasmo, o por lo menos con más información, este protocolo. Nos han puesto difícil lo que era fácil, pero, a pesar de eso, lo haremos por responsabilidad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Lozano. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, ayer por la mañana en el debate de nueve a dos de la tarde sobre el Consejo Europeo, que básicamente versó sobre Grecia, el presidente del Gobierno también señaló otro punto del orden del día del primero de los dos consejos europeos que se han celebrado durante el mes de junio, sobre la política de seguridad y defensa europea y sobre la insuficiencia de la política de seguridad europea. Seguramente tendríamos que definir una política de seguridad mucho más contundente y perfilada sobre muchos aspectos, pero hoy por hoy la política de seguridad de los europeos está estrechamente vinculada a la Alianza Atlántica, al vínculo trasatlántico y a la cooperación con Estados Unidos, con el que compartimos estratégicamente algunas visiones y discrepamos de otras. Por ejemplo, la aproximación de Estados Unidos al conflicto de Ucrania y la solución que planteó Estados Unidos es distinta - yo creo que afortunadamente - de la respuesta que plantó la Unión Europea y también el Gobierno español. En todo caso, señorías, lo que hoy nos ocupa es la importancia de una base con gran valor geoestratégico en el sur del Mediterráneo para hacer frente a escenarios de inestabilidad en África, especialmente en el norte. Hoy, señorías - creo que es bueno recordarlo -, además de estar discutiendo una enmienda a la totalidad sobre un modelo alternativo o sobre el señor Gadafi también podríamos estar discutiendo si esta base está en España o si está en Italia, porque ese es un escenario posible en la recta final de la negociación. Esta es una base que al final ha quedado asentada en España pero con otra alternativa que era la base de Sigonella, en el sur de Italia, y también con otra base que interactúa con la española en Rumania, Kogalniceanu. Señorías, yo creo que debemos hacer una valoración positiva en interés de la seguridad en el sur de Europa de esa cooperación entre aliados por una causa común ante una amenaza común, que tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad de una base con un escenario de posible potencial incremento de las tropas norteamericanas en caso de inestabilidad en el norte de África o en la zona del Sahel. Estados Unidos empezó a definir una estrategia en el Mediterráneo después del atentado en su embajada en Libia el 11 de septiembre del año 2012 que, entre otros, costó la vida del embajador Chris Stevens. Pero bien es cierto, señorías, que para los países ribereños del Mediterráneo esta es una preocupación que nos viene más de lejos y creo que es bueno traer a colación en este debate que la base de Morón no es solo una base de contingencia, en caso de que tenga que activarse, sino que la base de Morón ha servido desde el año 2012 para el envío de fuerzas norteamericanas aliadas en Sudán del Sur, en operaciones en Libia y en operaciones en Liberia ante la crisis del ébola. Y en dos de los tres casos también esta misión ha servido para la evacuación de españoles. Creo, pues, que debemos situar el debate en los justos términos porque no estamos discutiendo sobre el señor Gadafi o sobre la oportunidad o inoportunidad del eje Londres-París respecto a Libia - sea dicho de paso -, seguramente una de las veces que la diplomacia francesa, que es una diplomacia prudente y sofisticada, dejó de ser prudente y sofisticada. Lo que hoy nos ocupa es una base que ha sido operativa en intervenciones humanitarias en Sudán del Sur, en Siria, en Liberia y que tiene como objetivos asistencia médica, transporte de combate logístico y, en su caso, evacuación de tropas y de civiles que estén bajo el fuego. Este es el marco en el que discutimos y debemos posicionarnos a favor o en contra. Nosotros nos vamos a posicionar a favor porque esta es una base que da estabilidad y seguridad a los aliados, a los países del sur de Europa, a España, a los intereses de Estados Unidos y a los intereses comunes de una alianza de largo recorrido. Señorías, tengo aquí las actas de la firma del Convenio del día 17 de junio en el Departamento de Estado que al final fue entre el deputy secretary general y el secretario general Ignacio Ibáñez, porque el señor John Kerry, por un pequeño accidente de bicicleta - no tan pequeño, según el señor ministro -, no pudo venir a España y firmar esta enmienda al protocolo. He recogido las actas del Departamento de Estado simplemente porque reflejan el gran consenso que hay entre las dos partes y esta colaboración que viene de lejos. Es bueno que este debate se traslade al Parlamento en dos términos: en primer lugar, en el término de profundizar el debate sobre tratados internacionales en la Comisión y en el Pleno. Hoy algún grupo puede decir que el debate es insuficiente y que la información es insuficiente, pero seamos un poco honestos con nosotros mismos, porque en la inmensa mayoría de los casos los tratados internacionales pasan con un debate liviano - si me permiten la expresión - en Comisión y Pleno. Y no hago crítica ni referencia a este tratado, sino a otros tratados que en otros parlamentos tienen un debate intenso y profundo. Un segundo aspecto al que ya se han referido otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y sobre el que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió no va a hacer una referencia muy extensa, es el del impacto económico. Señorías, al final parece ser que es muy fácil acceder a los datos sobre el impacto económico. La propia Embajada de Estados Unidos ha hecho público - lo tengo pero no quiero hacer de vocero de la Embajada de Estados Unidos - los ciento cuatro puestos de trabajo fijos, los eventuales, el impacto económico de 6,5 o 7 millones de euros en el último año. Si quieren podemos tener este debate, sobre el cual hay información suficiente y en el que deberíamos discutir si un Gobierno, cuando traslada una comunicación al Parlamento y un proyecto de enmienda a un protocolo, debe trasladar también las cifras del impacto económico sobre la zona concreta, en este caso en Morón, Andalucía. Apoyamos todo lo que sea luchar contra la precariedad laboral y reforzar un impacto positivo sobre las economías locales. Los elementos de debate existen, pero creo que este es un elemento de discusión de otro trámite parlamentario, de otro momento procedimental que no sea el de ratificación de una enmienda a un protocolo internacional. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió va a votar favorablemente, convencidos de que esta es una renovación de una alianza de largo recorrido, de interés común y de causa común. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
Señor presidente, señorías, señor ministro de Asuntos Exteriores, el protocolo de enmienda para el que se nos solicita apoyo se inserta en el Convenio de cooperación con Estados Unidos de 1989, como saben perfectamente, cuando era presidente de Gobierno Felipe González y ministro de Asuntos Exteriores Fernández Ordóñez, sustituyendo a los anteriores convenios, empezando por el Convenio franquista de 1953 que se había firmado con un desequilibrio absoluto en las posiciones de ambas partes. Estados Unidos dominaba el convenio. España cedía territorios, esencialmente bases, a cambio de contraprestaciones económicas en una especie de alquiler del territorio y, desde luego, una dudosísima soberanía española sobre ese territorio. Estados Unidos no era un aliado; era una relación muy curiosa la de tener bases en un territorio sin ser aliado, cosa que solamente a lo largo de la historia se ha compartido con las islas Sheychelles y con Guantánamo. Pero era así esa situación; era un contrato más en la lógica del derecho privado que del derecho público; una auténtica anomalía que desaparece definitivamente con el Convenio de 1989, no solo por la desnuclearización absoluta de las bases norteamericanas - de las bases que dejan de ser norteamericanas para pasar a ser españolas -, sino porque desciende el número de estas bases en España y, por lo tanto, España y Estados Unidos se colocan en una situación de igualdad soberana en cuanto a que ya eran aliados sólidos en el seno de la Alianza Atlántica, en el seno de la OTAN. Desde entonces, en estas bases - que no son americanas, son españolas - las últimas decisiones, en los casos en los que sea necesario, en casos especiales, de crisis, se toman por España, por las autoridades españolas, y cuando hay una misión o una acción que no sea de objetivos bilaterales o multilaterales, como dice el artículo 2 del convenio, las autoridades españolas deciden autorizar o no esa acción. Así que el Convenio de 1989, donde se introduce este protocolo - conviene señalarlo claramente -, se hizo por razones de conveniencia en la política exterior y de seguridad de España, no por razones económicas o de contraprestaciones económicas. Este Tercer Protocolo de Enmienda - referido a un aumento de personal militar norteamericano de la base de Morón de la Frontera, así como de aeronaves - convierte a Morón en la base principal de Africom, del mando sobre África, y la dota de una importancia estratégica sustancial para las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en África y Oriente Próximo, pero no varían los parámetros del Convenio de 1989, no los cambia, no los transforma, aunque, evidentemente, la naturaleza cualitativamente diversa de esa base está ahí. En un momento en el que ha cambiado el contexto de la seguridad global - el Consejo Europeo del 18 de mayo decía que había cambiado dramáticamente -, para nosotros la razón fundamental para aceptar el texto de este protocolo es que sirve para aumentar la seguridad de los ciudadanos españoles, no solo de los ciudadanos norteamericanos, sino de los ciudadanos españoles y de los aliados, como dice el preámbulo de este texto, y no aumenta el riesgo por el hecho de que eso se produzca. Los atentados terroristas no necesitan pretextos para producirse. Compartimos los objetivos que se explican en ese preámbulo, acciones para situaciones de crisis, efectivamente, en el área mediterránea y de Medio Oriente. El sentido de la petición de los Estados Unidos de aumentar esa dotación - lo ha explicado el señor ministro -, efectivamente, es una amenaza esencialmente de carácter terrorista vinculada a lo que está pasando en el norte de África, en el Sahel, en Oriente Medio; un terrorismo de cuyos métodos abominables hemos tenido trágicos ejemplos en lugares muy distintos como París, Túnez, Ottawa, no muy lejos de la situación actual. La entidad de la amenaza es tan grande que los dos máximos líderes de los dos partidos mayoritarios de esta Cámara, recientemente, han firmado un convenio antiterrorista contra de yihadismo radical. De ahí la importancia política que le damos a este objetivo que tiene este Tercer Protocolo de Enmienda con toda claridad. Por tanto, el mayor peso estratégico que adquiere Morón - también ha pasado con la base de Rota -, en la coyuntura histórica que vivimos aporta más seguridad y no menos a nuestro país. Cuando hay equipos de mayor poder militar que los que las Fuerzas Armadas españolas poseen es positivo, no negativo; nos aporta eficacia y capacidad disuasoria o de reacción inmediata, nos aportan adiestramiento y vinculación mayor con Africom. Naturalmente, esto no sería posible si no hubiera un fondo político de coincidencia, de convergencia con los valores democráticos que defendemos ambos países y con los objetivos propios de la política exterior; política exterior que es diversa - Estados Unidos tiene su política exterior y España la suya - pero que no es incompatible. Eso es lo que hace que este convenio tenga todo el sentido con las modificaciones sucesivas que se produjeron hasta este Tercer Protocolo de Enmienda. En este momento, en la coyuntura geoestratégica que vivimos, es especialmente apropiado compartir ese uso con Estados Unidos de unas bases militares españolas, cuando la doctrina, por así decirlo, de los líderes estadounidenses y de la OTAN ha evolucionado. La política exterior de la Administración Obama ha mostrado una mayor cercanía con el multilateralismo. No cabe duda de que es distinta de la política de la Administración Bush, que nos llevó a la nefasta guerra de Irak, con la colaboración lamentable del entonces Gobierno español. Obama es diferente a Bush; en la política norteamericana actual hay una sujeción al derecho internacional, hay un respeto a las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son cambios claros. También hay que decir que esta doctrina de la política de defensa de Obama es una política de descenso en el intervencionismo bélico y de presencia de tropas norteamericanas - caso de Irak, caso de Afganistán, caso de Libia -, ha mostrado una preocupación por la desnuclearización, que es una de las bases del Convenio de 1989, que, como es sabido, acaba de dar sus frutos en el acuerdo histórico con Irán. Por otra parte, las decisiones últimas de la OTAN están mas orientadas al flanco este que al flanco sur, y esta es una forma de compensar esa deriva evidente de la OTAN claramente en este momento, que está más preocupada por la crisis de Ucrania y por la supuesta amenaza de Rusia que por las amenazas que provienen del área del Mediterráneo. También podríamos incluir en esta coyuntura geoestratégica esa mirada de Estados Unidos hacia el Pacífico, hacia Asia más que hacia Europa. Por tanto, hay más razones para fortalecer la relación transatlántica - a mí me gustaría más bien hablar de la relación o del espacio euroatlántico - con este protocolo que se extiende a Europa y que lo hace compatible con la Política europea de Seguridad y Defensa. No digamos que la desarrolla necesariamente, pero desde luego la hace compatible con esa política europea. Todos estos argumentos están en la base de nuestro voto favorable, pero desde luego no la forma en que se ha realizado esta negociación, sin contar con nadie, sin contar con este grupo parlamentario. El Gobierno de Estados Unidos ha tenido siempre más interés en que supiéramos el desarrollo de las negociaciones que el propio Gobierno de España; craso error porque hubiera fortalecido la posición del Gobierno en temas de cooperación industrial o tecnológica, en los que queda mucho por hacer, o incluso en los temas laborales, a los que me voy a referir porque es otro punto de insatisfacción: la situación de los trabajadores españoles en la base de Morón. En los últimos años, como le dijo el otro día a usted nuestro compañero don Miguel Ángel Heredia, en Morón, y también en Rota, a medida que aumenta el número de los militares americanos disminuyen los trabajadores españoles, despedidos o no sustituidos. En la base de Morón ha habido hasta tres ERE en los últimos tiempos, que siempre han sido anulados por los tribunales por improcedentes, y no queremos un cuarto ERE, no queremos que el personal militar de Estados Unidos reemplace al personal civil español. Lo hemos venido diciendo toda la legislatura en el Congreso, en el Senado, en el Ministerio de Defensa, al propio Gobierno de Estados Unidos. El resultado es que el Gobierno español ha sido incapaz de alcanzar un compromiso con el Gobierno de Estados Unidos para que esa dinámica perversa finalice. No ha conseguido garantías del Gobierno norteamericano, salvo este MOU que, como se ha dicho, es un MOU de intenciones, de inversiones de 29 millones y de contratar a empresas y a trabajadores españoles que, aunque es mejor que nada, desde luego es insuficiente para las reivindicaciones de los trabajadores. El comité de empresa de los trabajadores españoles de la base de Morón ha señalado que este Tercer Protocolo de Enmienda tiene que dar estabilidad laboral a la plantilla para incrementar las contrataciones o para readmitir empleados despedidos. Nosotros volvemos a exigirle al Gobierno un compromiso para defender los intereses de los trabajadores y le pedimos que se implique de verdad en ese objetivo, para el cual vamos a estar absolutamente vigilantes desde el Partido Socialista. Y, desde luego, cambiará la situación si nosotros encabezamos el Gobierno de España después de las próximas elecciones generales. Para terminar, señor presidente, quiero decir que el Grupo Socialista va a apoyar la adopción de este protocolo, y sin perjuicio de las insatisfacciones que le he señalado, creemos que cumple los objetivos que interesan a España y a Estados Unidos, fortalece nuestra seguridad ante amenazas emergentes; incrementa la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas; nos da más capacidad de reacción ante crisis de carácter militar o humanitaria, es el caso por ejemplo de la crisis del ébola, y produce, por tanto, un efecto disuasorio mayor preventivo a una escalada; estrecha la convergencia con la política de seguridad de Estados Unidos, manteniendo en todo caso la soberanía del Estado español para decidir autónoma y absolutamente su política exterior y de defensa, y coincide, por último, con los objetivos que se han fijado consensuadamente en la estrategia de seguridad nacional española y con la vigente estrategia de seguridad europea. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López Garrido. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Tarno.
Gracias, señor presidente. Lo que venimos a aprobar aquí hoy lo ha explicado muy bien el señor ministro, es el Tercer Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, no venimos a otra cosa, aunque cuando escuchaba a algunos intervinientes, parecía que estuviéramos hablando de todo menos de este convenio. El Protocolo de Enmienda es un convenio que, como ustedes saben, se firmó en diciembre de 1988, fue revisado en abril de 2002 de manera profunda y en octubre de 2012, en que se ampliaba la capacidad de la base de Rota. Desde el año 2012, el Gobierno de los Estados Unidos viene solicitando despliegues temporales de infantes de marina y aeronaves para garantizar la seguridad en el norte y en el oeste de África; igualmente lo solicitó en marzo de 2014, autorizándose de nuevo por el Gobierno de España. Atendiendo a esta situación de inestabilidad internacional, era lógico y preciso enmendar el convenio, porque había que convertir lo que habían sido hasta este momento autorizaciones temporales en definitivas y de esa manera profundizar en la garantía de la seguridad de nuestro país, del Reino de España y de nuestros aliados occidentales. Con este protocolo, que, como decía el ministro y yo mismo, nos alegramos de que se haya convertido en definitivo, lo que estamos haciendo es profundizar en más de sesenta años de relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América que, evidentemente, han traído enormes beneficios para España y el pueblo español. Estamos garantizando y profundizando en la seguridad de los españoles y también, por qué no, garantizando el bienestar de los entornos de Morón y de Rota. ¿Qué es lo que de verdad estamos aprobando aquí hoy? Apenas un preámbulo y cinco artículos de un convenio ya vigente, que además es enormemente importante para alguna de las cuestiones de las que ustedes no han hablado, como las cuestiones laborales. No se ha modificado nada en este asunto, la regulación del personal civil en las bases de Morón y de Rota viene de otros convenios. Lo que vamos a autorizar es elevar el nivel total de personal autorizado en la base aérea de Morón de la Frontera, pasando a ser de 2.200 militares y 500 civiles. En segundo lugar, se incorporan las fuerzas de respuesta de crisis al cuadro de las unidades que alberga la citada base aérea. Dicha fuerza cuenta con un total de 21 aeronaves de transporte, reabastecimiento y apoyo operativo, y su actividad principal consiste en la ejecución de operaciones de respuesta de crisis. En tercer lugar, el anejo segundo del apartado tercero del convenio se refiere a los niveles máximos de personal y medios aéreos adicionales que con carácter temporal Estados Unidos podrá destacar en la base aérea de Morón de la Frontera para respuesta de crisis consistente en 800 militares y 14 aeronaves. En esto consiste este Protocolo de Enmienda del convenio, no consiste en nada más ni en nada menos, en profundizar nuestras relaciones con los Estados Unidos y en profundizar nuestra garantía de seguridad en situaciones enormemente complicadas y difíciles que ustedes han contado muy bien aquí. En los convenios vigentes viene reglado y regulado el modelo de utilización de bases y las relaciones del personal laboral y de contratistas españoles. Nada ha cambiado, todo sigue exactamente igual. Hay posiciones muy llamativas. El señor Centella lo simplifica todo en buenos y malos, en todo. Hoy son las bases y ayer era Grecia. Ellos siempre dan carnés de buenos y carnés de malos. Por cierto, en Grecia hay cuatro bases de la OTAN y no tienen ningún interés en modificarlas. Incluso están hablando de añadir una más. El presupuesto de Defensa de Grecia, no de médicos ni de esos que usted quiere, es del 2,2 % del PIB. El presupuesto de Defensa de España es del 0,9 % del PIB. Es para que nos situemos algunos. Ayer decíamos una cosa y hoy decimos otra. Señorías, el primero que está interesado en la defensa de los trabajadores de la base de Morón, como de todos los trabajadores de este país, es el Gobierno de España. El primero que hace políticas en defensa del trabajo en este país somos nosotros, el Gobierno y el grupo que lo sustenta. Ustedes se preocupan hoy por los trabajadores de la base de Morón y yo también, pero no hoy, desde que se puso en marcha el primer ERE con un Gobierno socialista y auspiciado por socialistas que, por cierto, es el inicio de todo el problema laboral en la base aérea de Morón, y no vamos a hablar de ERE, porque a lo mejor en vez de hablar aquí tendríamos que hablar en un juzgado. No vamos a hablar de ERE. [[La señora Pozuelo Meño: Di cuál]] Donde se han visto muchos de esos ERE y la ilegalidad de esos ERE. [[La señora Pozuelo Meño: Donde se ha archivado]] Donde se han visto. [[Rumores]]
Por favor, ruego silencio.
No hay más interés en este Gobierno que garantizar el empleo en la base de Morón. Los ministerios de Defensa y de Exteriores han trabajado con el Gobierno de los Estados Unidos para expresarle la preocupación del Gobierno y del partido que lo sustenta sobre la situación laboral de los trabajadores de la base aérea de Morón, como en su día lo hicimos también con la base de Rota. La mayor garantía para el empleo en la base de Morón es la firma de este protocolo porque, como algún diputado ha explicado aquí, se ha planteado que estas fuerzas que se van a destinar a Morón podían haberse destinado a otro país de la Unión Europa. Si hubiera pasado eso, no se garantiza el empleo. Aquí sí se va a garantizar el empleo que todos defendemos de la base de Morón con más militares con más aeronaves y con la presión del Gobierno español. Por cierto, hay algunos que quieren cerrar las bases y mantener el empleo y no sé cómo se puede hacer. Hay algunos que una vez al año van de romería a la base de Morón pidiendo empleo y que cierren las bases. Es absolutamente difícil. Decía un viejo profesor mío que sorber y soplar a la vez es enormemente difícil. Este convenio es necesario e imprescindible, garantiza nuestra seguridad y profundiza en relaciones bilaterales de un socio estratégico para nuestro país. Por tanto, agradezco a los grupos políticos que lo van a apoyar su responsabilidad. Tengan ustedes la certeza de que desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno vamos a ser los primeros en la defensa de los puestos de trabajo en Morón, pero insisto en que aquí estamos hablando de un protocolo de enmienda esencial para la seguridad en Europa y en nuestro país, que sigue profundizando en las relaciones entre España y Estados Unidos y que consideramos que es un buen acuerdo. Muchas gracias. [[Aplausos.-El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil, pide la palabra]]
Muchas gracias, señor Tarno. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Señor presidente, voy a intervenir, en primer lugar, porque el debate es importante y, en segundo lugar, porque tengo un enorme respeto al Parlamento y creo que es en el Parlamento donde se tienen que debatir estas cuestiones. Señor Centella, gracias por el tono de su intervención. La primera aclaración es que, como usted conoce, no soy funcionario ni aplicado ni no aplicado del Departamento de Estado. Sí me gradué en Harvard, soy alférez del Ejército del Aire y soy funcionario de este país, técnico fiscal del Estado para más señas. En segundo lugar, Libia no se desestabilizó, sea cual sea mi opinión sobre la intervención francobritánica, en el momento en que Gadafi cayó. Libia ha sido siempre un Estado muy frágil, un Estado fallido, y desde luego Gadafi no era un modelo ni de institucionalización ni de respeto a los derechos y las libertades. Como nota optimista le diré que Libia ofrece todas las condiciones para alcanzar una pronta paz. Libia tiene unos recursos energéticos que le permiten unos recursos económicos y un desarrollo de un Estado del bienestar importante y no estaba hasta hace muy poco azotada por los conflictos sectarios que existen en otros países. Es verdad que hoy está Daesh, pero no tiene una división sectaria entre chiíes y suníes como existe en otros países que también están sujetos al conflicto. En tercer lugar, tiene usted un error de percepción. Los Estados Unidos son autosuficientes en materia de energía y dentro de muy poco tiempo serán excedentarios en materia de energía. Eso determina que los Estados Unidos van a perder el interés que tenían en Oriente Medio y en el norte de África, al menos el interés derivado de la necesidad de aprovisionamiento energético. Podrán mantenerlo por otras razones, pero desde luego no por esa. Es a la Unión Europea a la que le interesa que haya estabilidad en el norte de África para que el norte de África y el Oriente Medio puedan convertirse en fuentes duraderas de suministro energético. El principal interés de la Unión Europea es en estos momentos reducir su dependencia energética de Rusia para aumentar su margen de maniobra geopolítico. El siguiente error de percepción es que ya que el control del petróleo no está en las empresas multinacionales. El 90 % de las empresas que controlan las reservas de gas y de petróleo son ahora estatales, no multinacionales. Irán. No sé si me lo ha dicho como reproche, porque usted sabe cuál ha sido la postura de este Gobierno sobre Irán desde el primer momento. Estuve en Irán mucho antes del acuerdo de Semana Santa. El ministro de Asuntos Exteriores visitó España después del acuerdo provisional de Semana Santa, siendo el nuestro el primer país que visitaba después de ese acuerdo. Nos hemos entrevistado el presidente del Gobierno y yo varias veces con el presidente Rouhaní y, como usted sabe, nosotros presidimos el comité de sanciones a Irán. Para más información le diré que hemos acordado ya para las primeras fechas de septiembre una visita a Irán de tres ministros del Gobierno para evaluar la situación en aquel país. No tengo nada que decir sobre la pobreza. Lo he dicho alguna vez en Comisión y lo digo ahora. En la última entrevista que tuve con Shimon Peres me explicó que el verdadero problema de Egipto - pero el razonamiento es extrapolable a cualquier otro país - es que cuando se produjo la Revolución de los Coroneles en 1952 había 20 millones de egipcios y hoy hay 95 millones con la misma agua y los mismos recursos. Y donde hay pobreza y no hay provisión de servicios esenciales, esos servicios son provistos por organizaciones religiosas que, a cambio, piden una disciplina que muchas veces se traduce en disciplina militar. Lo ha dicho el señor López Garrido, y yo coincido con él: estamos hablando de seguridad de España; de seguridad de los aliados también, pero fundamentalmente de seguridad de España. No tengo que recordarle - la ex ministra de Exteriores lo conoce muy bien - que cuando yo llegué al ministerio teníamos dos personas secuestradas en Mali, que tuvimos luego dos personas secuestradas en Somalia-Kenia, que hemos tenidos dos españoles muertos en Túnez y que podemos ser objeto de amenaza de un atentado terrorista en cualquier momento. Respecto a Daesh, quiero ser muy claro. Con Daesh no cabe ninguna otra fórmula más que una solución militar. Con Daesh no cabe negociación de ningún tipo ni en Libia ni en Siria ni en Irak. Existe solo una posibilidad, que es eliminarlos físicamente. Habla usted de la soberanía y me cita a Grecia. Harían bien en entender que en el mundo en que vivimos el concepto de soberanía no es el concepto de Westfalia. Lo que hemos hecho para la integración en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica es compartir soberanía, ceder soberanía a cambio de seguridad. Hablar de soberanía en términos absolutos es un disparate. Cuando el Gobierno griego aludió a la soberanía del pueblo griego, que había dado un mandato de referéndum, era no entender que, además del pueblo griego, había otras dieciocho democracias que tenían algo que decir, sobre todo cuando se estaban discutiendo cuestiones conjuntas que a todos afectaban. Señor Esteban, quisiera agradecerle su voto y su intervención. Quisiera puntualizar, como tendremos ocasión de hacerlo posteriormente, que el Convenio de 1953, que era desequilibrado, como ha recordado López Garrido, fue un primer atisbo de apertura al exterior, porque el siguiente fue en 1959, con el Plan de estabilización, Fondo Monetario y Banco Mundial. Señor Xuclà, gracias por su voto. No esperaba otra cosa, dada la constante defensa del occidentalismo de Convergència i Unió, ahora Convergència. Espero que eso continúe en el futuro. El señor López Garrido ha hecho algunas observaciones interesantes sobre el Convenio de 1899, el restablecimiento de la soberanía española y el carácter equilibrado del convenio. Se ha referido al artículo 2, cosa que yo suscribo. Simplemente le quiero decir, señor López Garrido, que no es verdad que no hayamos hablado con su grupo. El ministro de Defensa y yo hemos hablado con distintos interlocutores del Grupo Socialista en todo momento, y lo digo con este énfasis porque si he querido que algo caracterizase a la política del Ministerio de Asuntos Exteriores de este Gobierno ha sido la información, el consenso, si era posible, la transparencia y el diálogo entre todos los grupos parlamentarios, pero especialmente entre los dos grupos parlamentarios más importantes. Y tiene usted razón - es una observación aguda - en que este convenio viene en un momento en que Estados Unidos está mirando, de un lado, a Asia-Pacifico y, de otro lado, podía tener la tentación de mirar notablemente hacia el Este, fundamentalmente por lo que está ocurriendo en Ucrania. Viene a equilibrar este tema y, por eso, señora Lozano, hemos jugado al ajedrez en Libia. Fuimos los primeros en convocar en Madrid una conferencia sobre Libia; en segundo lugar, estuvimos en el grupo de Nueva York; en tercer lugar, hicimos en Barcelona una Conferencia sobre Vecindad Sur. Señora Lozano, nosotros tenemos una política exterior, una política de defensa en todos los temas, y en este, de una sola pieza y muy coherente. Está en la estrategia de acción exterior, que usted puede consultar. Formamos parte de la coalición en contra del terrorismo, que ha sido avalada por el convenio firmado por los dos grandes grupos que esta Cámara, al que se ha referido el señor López Garrido. Y como tales, participamos en las operaciones militares: estamos en Irak, como consecuencia de la petición del Gobierno Al Arabi; formamos parte del grupo contra la financiación que preside Bahrein; formamos parte del grupo contra luchadores extranjeros y dentro de poco tendremos en Madrid una conferencia internacional sobre ese tema. Y además de la coalición, hemos tenido la política de favorecer el diálogo intercultural e interreligioso, como usted sabe: seguimos formando parte de la Alianza de Civilizaciones que puso en marcha el Gobierno anterior, formamos parte del Centro del diálogo interreligioso e intercultural de Viena, estamos favoreciendo el diálogo en esas mismas materias llevado a cabo por la Universidad de Al-Azhar y el día 22 nos reuniremos en Barcelona, a iniciativa de la Unión para el Mediterráneo, para hablar de diálogo entre las dos grandes ramas del Islam, suní y chií, que es exactamente lo que hay que hacer. Formamos parte, además, de ese grupo de países - habiendo llevado la iniciativa con Marruecos - que intentamos resolver los conflictos por medios pacíficos. Por eso hemos iniciado, desarrollado e impulsado un grupo que se llama Mediación en el Mediterráneo. Lo ha dicho ya el señor Xuclà, la información que ustedes tienen sobre el tema laboral es exhaustiva. No hay que leer la prensa, lo que hay que leer es el propio memorando de entendimiento que está aquí que contiene declaraciones muy claras en lo que se refiere a alistamiento de operaciones, de interoperabilidad, de inversiones y disposiciones relativas. Lo de los 29 millones no es que lo diga yo, es que lo dice el acuerdo. El Acuerdo conjunto de entendimiento, que ustedes conocen, tiene varios párrafos que hacen especial incidencia en los temas a los que se ha referido el señor Tarno. Dice: Algunos programas podrían incluir oportunidades para la participación de observadores de las Fuerzas Armadas españolas, etcétera. El departamento de Defensa de Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el Ministerio de Defensa de España para desarrollar propuestas para la ubicación de otras organizaciones españolas, etcétera. Dice: Los Estados Unidos pretenden utilizar material, trabajadores y equipo español para proyectos y obras, siempre que sea posible. Y dice, finalmente: Nuestras naciones prevén que la concertación del tercer protocolo que permite [[...]] tendrá un impacto positivo en la economía andaluza similar a los beneficios logrados en Rota. Insisto, no es este Acuerdo conjunto de entendimiento el objeto de esta discusión, pero puesto que lo han preguntado, me ha parecido de elemental cortesía hacer algunos comentarios. Está toda la información, está completa y si quieren ustedes que haya una discusión específica sobre este tema, les sugeriría que llamasen al ministro de Defensa y debatiesen sobre este tema. Lo que quiero decir hoy es que lo que estamos discutiendo es suficientemente importante en sí mismo como para que no desviemos la atención a temas colaterales que también lo son pero que no son el objeto de la discusión que hoy tenemos. Coincido con el señor Tarno en que si a alguien le han preocupado las cuestiones de empleo en general y las cuestiones de empleo en particular en la base de Morón ha sido a este Gobierno. Por eso, hemos exigido que en el protocolo se desarrollase un Acuerdo de entendimiento, que es la única fórmula jurídica posible, señor López Garrido, no hay otra fórmula más que Acuerdo de entendimiento. Por supuesto, estaremos vigilantes - porque si a alguien le importa a nosotros por lo menos tanto como a ustedes - para que eso se traduzca en beneficios, en materia de riqueza, crecimiento y empleo. Termino dando las gracias al representante del Grupo Popular, que ha explicado y ha complementado mucho mejor de lo que podría haberlo hecho yo los aspectos de Morón, porque lleva siguiéndolos - me consta - durante muchísimo tiempo y han sido muchas las horas que hemos debatido sobre un tema que a él le parece absolutamente vital y prioritario desde el punto de vista político. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Doy ahora la palabra, en primer lugar, al señor Centella por cinco minutos. A continuación del señor Centella, los portavoces que han intervenido y que me pidan la palabra tendrán también su turno de réplica. Tiene la palabra, señor Centella.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, claro que Gadafi no era ningún modelo, pero no fuimos nosotros los que le dimos la llave de la ciudad de Madrid. Ni éramos nosotros los que visitábamos la jaima cuando venía a La Moncloa, no éramos nosotros. Fuimos el único grupo que no asistió cuando se le otorgó la llave de Madrid. Por tanto, no me diga usted que no era ningún modelo. El problema es que lo que hay hoy en Libia no es mejor que lo que había antes [[El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil: Sí, es mejor]], y claro que nosotros no apoyábamos al señor Gadafi y claro que había otros métodos y otros mecanismos. El problema es que ustedes han hecho de pirómanos y ahora no son capaces de hacer de bomberos. En segundo lugar, que los Estados Unidos sean autosuficientes para su abastecimiento de petróleo no quiere decir que el petróleo no sea un gran negocio en estos momentos; ese no es el argumento. El petróleo hoy es un gran negocio y el hecho de que se trate de empresas estatales no quiere decir que no sean multinacionales, porque el concepto de multinacional, señor ministro, es un concepto de la economía global. Por tanto, es verdad que el objetivo está en las riquezas naturales del planeta, y que ese es el objetivo de las intervenciones. Por otra parte, no le he puesto Irán como reproche; al contrario, lo he puesto como ejemplo. Y claro que no es igual el señor Bush que el presidente Obama, sin ser el presidente Obama un ejemplo, como se ha demostrado en varias ocasiones, pero la verdad es que la foto de las Azores hoy es sustituida por la foto de este Parlamento. También es verdad que hoy Andalucía es más insegura que lo era antes de la aprobación de este tratado, porque el concepto de soberanía no es algo teórico sino algo muy concreto y muy palpable, como le dije antes. El concepto de soberanía implica que se aplique la legislación española en el territorio español, eso es soberanía, y que no manden los marines frente a un piquete de huelga de trabajadores españoles. Eso es soberanía, que se pueda aplicar la legislación española en territorio español, que no tengan que enterarse de quiénes se van a ver afectados por un ERE mirando documentación de Estados Unidos. Ese es el concepto de soberanía porque, no nos engañemos, no son bases españolas; son bases que están en territorio español y en las que no hay plena soberanía española, y esa es la realidad. El acuerdo que nos trae hoy aquí no garantiza más seguridad porque no va en la línea de hacer más seguro el planeta. Y por supuesto que hay que combatir al Estado Islámico, pero no hay que actuar primero de pirómanos para luego tener que hacer de bomberos. Evidentemente, el señor Bin Laden no era un paria de la tierra, pero el ejército de Bin Laden sí era de parias. Ese es el problema: por qué se alimenta, por qué surge y cómo hay que combatir en estos momentos al Estado Islámico. Por eso planteamos la celebración de una conferencia internacional, para ver cómo se da solución global a un problema no solamente militar, pero mientras Naciones Unidas no juegue su papel, no habrá solución; mientras no se produzca una reforma en profundidad de Naciones Unidas, ustedes mandarán tropas de la OTAN donde quieran mandarlas, pero lo único que conseguirán es que cada vez haya más terroristas y más bases para el Estado Islámico o como se pueda llamar en otro momento. Hace poco tiempo el enemigo a abatir era Al Qaeda y hoy es otro. Por tanto, seguimos planteando la propuesta de ir hacia la paz en una gran conferencia de seguridad y en un minuto diré, gracias a la benevolencia del presidente, que el tema de los trabajadores no es colateral. Por cierto, señor Tarno, no vamos de romería; vamos en manifestación para exigir el desmantelamiento de la base y su transformación, como les he vuelto a plantear. Queremos empleo de calidad en Morón y queremos que la base se transforme y lo que usted plantea, señor ministro, no garantiza ni inversiones ni empleo. Mister Marshall volverá a pasar por Morón, pero esta vez no va a tener banderitas, como en otras ocasiones, sino a la gente de Morón protestando porque ya saben hacia dónde va mister Marshall; ya no les vale el engaño de otras ocasiones. Por eso le he dicho que podemos hacer el señor Tarno y yo un debate en Morón sobre el tema, porque allí el comité de empresa y los trabajadores saben muy bien a qué nos estamos refiriendo. Promesas vagas, las mínimas. ¿Alguien cree que en estos momentos se van a invertir 29 millones de euros en crear empleo? Nosotros no nos lo creemos porque la práctica es que, cuando se han ido prorrogando los acuerdos - que, por cierto, cuando vino aquí el primero ya dijimos que esto era un preámbulo para luego consolidarlo y se nos dijo desde esta tribuna que eso no era así -, no han servido para crear empleo; al contrario, ha disminuido el empleo. Los trabajadores tenían la esperanza al menos de que este convenio se aprovechase para algo realmente ejecutivo, no para hacer promesas sino para ofrecer realidades. Y hoy usted aquí no ha venido a ofrecer ninguna realidad. El señor Tarno mañana volverá a Sevilla y no explicará ninguna realidad, solamente hará promesas vagas. Pero la legislación laboral española no se aplicará en Morón como no se ha venido aplicando y el conflicto de Morón seguirá cada vez peor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Centella. ¿Portavoces que quieren intervenir? [[Pausa]] ¿Señor Esteban? [[Denegación.-La señora Lozano Domingo pide la palabra]] Señora Lozano, tiene cinco minutos.
Gracias, presidente. Intervendré muy brevemente, solo para contestar a tres de sus afirmaciones. Me dice usted que llame al ministro de Defensa, pero ya tengo experiencia acumulada esta legislatura como para decirle que es un hombre bastante remiso a devolver las llamadas - al menos las de este grupo parlamentario - y que por lo tanto esa opción no la tenemos. Ya sé que no es su responsabilidad, solo le informo. En segundo lugar, me hablan usted y el señor Xuclà de la información que está disponible en la web. No le hablo de la información que necesita este grupo parlamentario para posicionarse. Hemos tenido reuniones con la Embajada de Estados Unidos, a propósito de la base de Morón. Hemos tenido reuniones con el comité de empresa de Morón, que nos ha informado sobre la situación de los trabajadores. Y, en esa sucesión de reuniones, creemos que hubiera sido lógico haber tenido una reunión con el Gobierno para que nos hubiera dado su punto de vista. No es una cuestión de tener la información en sí, es una cuestión de la relación institucional que debe haber entre un Gobierno y un grupo parlamentario, y la prueba de que nuestra información es buena es que los párrafos que usted ha leído de ese memorándum de entendimiento coinciden con lo que yo he dicho, no expresan un compromiso concreto de empleo sino un compromiso genérico, una intención y unos planes. La información que tenemos es buena; lo que echaba en falta y le pedía es que hubieran manejado este asunto con otro tipo de relación institucional en la que este grupo parlamentario hubiera podido escuchar el punto de vista del Gobierno con una mayor cercanía. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Lozano. [[El señor López Garrido pide la palabra]]
Me quería referir a una afirmación muy contundente que ha hecho usted en su intervención, señor ministro, sobre que el terrorismo de Daesh, el terrorismo en general, solo tiene una solución militar, exclusivamente una solución militar y nada más que una solución militar. Creo que esa es una visión muy simplista del asunto, me parece que es una cuestión estratégica de fondo en la lucha contra el terrorismo, que en estos momentos claramente es la mayor amenaza no solamente para la seguridad occidental, de Europa, sino también para la seguridad mundial. Es un asunto mucho más complejo. Las razones del terrorismo del Estado Islámico, que en estos momentos ocupa la mitad de Siria prácticamente y un tercio de Iraq, tienen orígenes profundos que tienen que ver con la enorme pobreza y la desigualdad, con las relaciones complejísimas que hay en muchos países con Estados fallidos, que son incapaces de controlar estos movimientos. Por ejemplo, en el caso concreto de Iraq es absolutamente fundamental favorecer una política de alianzas en el interior de Iraq, porque en el fondo de todo esto hay una lucha, una guerra civil árabe entre chiíes y suníes. Por tanto, creo que sería simplista y no nos llevaría a mucho resolver el tema simplemente diciendo que solo existe una solución militar para el terrorismo. Creo que hay que trabajar mucho más en direcciones políticas, no solo en la parte militar. Estoy de acuerdo en que es imprescindible la acción militar, pero también hace falta una acción política que en estos momentos estoy echando en falta en la coalición que se ha formado contra el Estado Islámico, en donde hay toda una serie de decisiones de carácter estrictamente militar pero no una estrategia política de largo alcance claramente definida, sin la cual será muy difícil acabar con este problema y para el que desde luego hay que tener mucha paciencia porque es de mucho recorrido. Por último, señor ministro, me preocupa el grado de desconexión o de falta de comunicación que existe en este Gobierno. Usted nos dice que hablemos con el ministro de Defensa para esta cuestión. No sé si no hay buena comunicación entre ustedes, pero esta es una posición del Gobierno, no del ministro de Exteriores ni del ministro de Defensa. Forma parte del convenio con los Estados Unidos y de este protocolo ese componente laboral, ese memorándum, que es del Gobierno en su conjunto, no de un ministerio. Nos dicen que hablemos con el Ministerio de Defensa, que es el mensaje que trasladaron el otro día como respuesta a una pregunta que le hizo Miguel Ángel Heredia y a otra de hoy. Lo hemos observado en otras ocasiones: en el proyecto de ley sobre el Código Penal Militar, el Ministerio de Defensa tiene una dirección y el Ministerio del Interior tiene otra distinta y contradictoria. Necesitan coordinarse, señor ministro. A ver si para este final de legislatura de una vez se coordinan y ofrecen posiciones integradas, que serán mucho más eficaces por parte del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López Garrido. Señor Tarno.
Gracias, señor presidente. La coordinación la tendrá que hacer también desde su grupo parlamentario. He asistido a varias reuniones con senadores y diputados de su partido en el Ministerio de Defensa - no a una ni a dos ni a tres -, donde hemos hablado de este asunto, del MOU, así como de las relaciones laborales en Morón, con el señor ministro y miembros de su gabinete. A lo mejor si se coordinase con sus compañeros senadores y diputados, a lo mejor no hacía usted estas afirmaciones que están fuera de lugar porque son irreales. La parte sustancial del Tercer Protocolo de Enmienda de este convenio es del año 1988 y del año 2002, de la cual no se ha modificado nada. Da la sensación - y tiene razón el señor ministro - de que a lo mejor el debate tendría que haber sido sobre otro documento, sobre el MOU - algunos lo quieren hacer -. Estamos dispuestos a hacerlo, igual que sobre cualquier otro tipo de cuestión, pero la Cámara está profundamente de acuerdo con este tercer protocolo porque van a votarlo mayoritariamente. Vuelvo a insistir en que no son ustedes garantes - ninguno o muchos de los que hablan aquí - del derecho al trabajo en España. ¡Pero si para lo que han estado trabajando en España durante años ha sido para crear desempleo y ruina en este país! [[Rumores]] El mismo interés que están demostrando por las relaciones laborales en la base área de Morón lo podían haber tenido también en los últimos cuatro años de Gobierno con todos los españoles, a los que condenaron al paro y a la miseria. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Tarno. Señor ministro.
Intervengo desde el escaño y con absoluta brevedad. Señor Centella, Libia está mucho mejor que con Gadafi. Hay elecciones y hay Parlamento; probablemente demasiadas elecciones y demasiados parlamentos, pero con Gadafi no había ninguno. Segundo, que el petróleo tiene aspectos mercantiles es evidente. El maná fue en el desierto y gratuito, pero de eso hace muchos años y no se ha repetido. Tercero, me habla de cómo se autorizan las intervenciones españolas. Con este Gobierno, según figura en la Ley de Acción Exterior y en la estrategia de acción exterior, se necesitan tres cosas: una, un paraguas internacional - por lo cual vaya revisando el tema de la foto de las Azores -; dos, una autorización del Gobierno y, tres, un debate en este Parlamento, que es lo que estamos haciendo. Más apertura, más transparencia y más diálogo, imposible. Es verdad que ustedes no estuvieron en las fotos con Gadafi - tenían otras fotos en sus hemerotecas de una calidad democrática más o menos similar -, pero cada uno tendrá que responder de sus actos, los pasados y los presentes. Señora Lozano, lo único que he dicho es que si quieren una comparecencia específica sobre la cuestión laboral, yo la hago encantado. Me parece más práctico que venga el ministro de Defensa, que es el que la ha hecho, por aquello que decía Azaña: que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. Yo estoy dispuesto a venir y a hacerlo, pero el interlocutor es el ministro de Defensa, con el que me llevo muy bien. Señor López Garrido, que me hable usted de descoordinación cuando me dice que no hemos hablado con el Grupo Socialista... Pregunte en el Grupo Socialista si hemos hablado. Se lo han contado, porque yo se lo he contado por teléfono a las personas con las que he estado hablando. No sé el grado de información que le han transmitido pero, créame, bastantes problemas tengo yo con coordinarme en el Gobierno y con este grupo parlamentario como para tutelar la coordinación que ustedes hagan. Pero, en fin, en su caso ha sido manifiestamente mejorable. [[Aplausos]] No tengo mucho más que hacer más que agradecer la intervención del señor Tarno y repetir que si ustedes quieren que venga a una comparecencia sosegada sobre este tema o sobre los temas de empleo y riqueza, yo vengo. Si quieren que vengamos los dos - nos llevamos magníficamente -, venimos los dos; si quieren que venga él solo, que venga él solo. Nosotros, como se dice en México, siempre a la orden. [[Aplausos]]
Vamos a pasar al siguiente punto, pero antes quiero decirles que en el orden del día hay algunos temas de carácter orgánico y, por tanto, tengo que establecer una hora de votación. Las votaciones no serán antes de las cinco de la tarde; temo que sean un poco después, pero no antes de las cinco en ningún caso.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como Mobile World Capital para el periodo 2019-2023. Para la presentación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en nombre del Gobierno para solicitar ante esta Cámara la convalidación del real decreto-ley, adoptado en Consejo de Ministros el pasado día 26 de junio, en virtud del cual se aprueban determinadas medidas para consolidar la celebración de la Mobile World Capital en Barcelona, en Cataluña, en España. [[La señora]] Es verdad que hace solamente cuarenta y ocho horas, afortunadamente, la empresa responsable de la organización de este evento sobre las telecomunicaciones a nivel mundial, la GSMA, ya adoptó en su reunión celebrada en Shanghái la decisión para que Barcelona siga acogiendo, al menos hasta 2023 - por tanto, cinco años adicionales al momento en que tenía prevista su finalización, 2018- de este evento. En todo caso, quiero decir que esta decisión ha sido gracias a muchos factores, pero sobre todo a que el conjunto de las instituciones que hemos estado desde el principio detrás de este objetivo, que son el Ayuntamiento de Barcelona, la Feria de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, hemos ido todos de la mano, hemos ido unidos, poniéndose de manifiesto una vez más que cuando las instituciones vamos juntas, cuando vamos unidas, cuando aunamos esfuerzos siempre ganamos todos, como en este caso en que gana Barcelona, gana Cataluña, gana España, gana el sector de las telecomunicaciones por cuanto este es el elemento más importante que en esta materia se celebra cada año en nuestro país y, por todo ello, gana la economía española. Solamente en la edición del año 2014 la World Mobile Congress en Barcelona movió algo más de 436 millones de euros, que fueron directamente a la economía de la ciudad de Barcelona. Por Barcelona solo para participar o asistir a este evento pasaron algo más de 94.000 personas de unos 200 países distintos. Al tratarse, como antes les decía, de uno de los eventos que en esta materia se celebran con mayor importancia en el mundo cada año esto no es solo bueno desde el punto de vista de la riqueza que genera en Barcelona y Cataluña, sino también desde el punto de vista de lo que supone para el sector de las telecomunicaciones. En este sector están ocurriendo muchas cosas de manera muy rápida. Se han producido muchos cambios, muchas transformaciones, muchas modificaciones a lo largo de los últimos años a un ritmo geométrico, pero ahora la gran novedad es que esos cambios se producen a un ritmo exponencial. Cada día serán más importantes los cambios que en esta materia se produzcan y, dentro de esos cambios, un evento de esta naturaleza ayuda a consolidar el trabajo y el notorio esfuerzo que están haciendo las empresas de telecomunicaciones en España y todas las startups que en economía digital están apareciendo y consolidándose en España. Por eso, esta es una buena ocasión para que el Congreso de los Diputados dé el apoyo por unanimidad a este real decreto-ley que, insisto, pone de manifiesto y demuestra una vez más que cuando las instituciones en España vamos de la mano, trabajamos unidas y vamos todos a una al mismo objetivo, siempre salimos ganando. Esto es lo que hemos hecho de la mano el Ayuntamiento de Barcelona, la Feria de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
Gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente vamos a votar a favor de este real decreto que acaba de presentar el ministro; de hecho, forma parte de lo que ya está protocolarizado, no se trata de algo que esté fuera de la hoja de ruta de aquello que ha significado este gran triunfo, un triunfo que no ha sido fácil ya que ha habido muchos competidores. Los primeros trabajos se hicieron cuando - perdonen la petulancia - Esquerra Republicana estaba en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, junto a otras fuerzas políticas, a fin y efecto de llegar hasta el nacimiento en el año 2010 de lo que se ha demostrado que ha sido un gran éxito, es decir, el Mobile World Congress, y hay que poner en valor cómo fue de dura la competencia, fíjense que se tuvo que competir contra treinta ciudades y que en el tramo final competimos contra París, Munich y Milán. De hecho, no niego las palabras del ministro pero también quiero poner en valor - y perdonen, pero no hay ni un solo atisbo de chovinismo - la capacidad por parte de la sociedad catalana y de la sociedad barcelonesa de intuir, de vislumbrar dónde debían focalizarse muchas energías atendiendo a la modernidad y a la posibilidad que ofrecía todo lo que se pretendía implementar a fin y efecto de convertir a Cataluña, a Barcelona, en un hub logístico en relación con las nuevas tecnologías. Esto ha sido así y las cosas se habrán hecho bien cuando, a pesar de que hubo intentos lógicos por parte de algunas ciudades de coger el relevo a Barcelona, hemos sido capaces - y el ministro lo ha anunciado con satisfacción - de consolidar el proyecto en Cataluña para los próximos años. Es cierto que el impacto económico es extraordinario - hablamos de 3.500 millones a lo largo estos años -, pero también es cierto que hay cuestiones que todavía deben ser parte de lo alcanzado o de lo que debería alcanzarse en los próximos tiempos. Hay que conseguir que afecte al tejido industrial y también es importante concretar cuáles son las nuevas oportunidades de negocio; es decir, que todo aquello que se desprende del congreso y de considerar a Barcelona la capital del móvil tiene que repercutir en la consolidación de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. No deberíamos considerar que es un gran evento que llegó y que va pasando; hay que consolidarlo y eso significa arraigarlo en el tejido industrial catalán. Esto también tiene relación con las lealtades institucionales. No puede ser que algunas empresas relacionadas con las nuevas tecnologías que están instaladas en Cataluña, en Barcelona, en paralelo a todo lo que se está haciendo para convertir a Barcelona - repito - en el hub europeo y mundial en relación con las nuevas tecnologías, se estén deslocalizando, incluso dentro del mismo Estado español; no tiene demasiado sentido. Y algunas de esas empresas - lo hemos vivido estos últimos meses en Barcelona y en Hospitalet de Llobregat - incluso conformadas por otras empresas que han tenido una relación, si no de privilegio, sí una relación un tanto exquisita con las administraciones. Aquí hay un cierto contrasentido, una cierta contradicción, lo que no significa que no pueda ser resuelta; todas las contradicciones han nacido para ser resueltas, pero existe este problema. Hay retos y objetivos a alcanzar, y antes hacía relación a algunos de ellos, pero es verdad que algunos no deberían ser demasiado difíciles. Hay que socializar ante la ciudadanía barcelonesa y catalana lo que significa este evento y hay que intentar crear puestos de trabajo de calidad porque precisamente es un sector que genera puestos de calidad, lo que genera inteligencia y capacidades estratégicas para el futuro inmediato, y también permite atraer talento e inversión extranjera. Es importante que todo esto se socialice en la medida en que todavía hoy hay que conseguir - seria estúpido no reconocer que todavía no se ha hecho demasiado y aquí tienen mucha responsabilidad las instituciones catalanas y el mismo Ayuntamiento de Barcelona - que la ciudadanía barcelonesa lo sienta muy suyo y a la vez vea los beneficios inmediatos de todo ello; es decir, hay que mirar a los ciudadanos. En definitiva, señor ministro, aquí cada uno aprovecha lo que puede y usted, ante un éxito como es Barcelona, capital mundial del móvil, aprovecha para decir que unidos mejor y que todo ello es fruto de esta unidad. El discurso podría hacerse al revés: lo hemos hecho, a pesar de las dificultades - más o menos - habidas en este tema, porque aunque debo reconocer que menos en este tema, podríamos exponerle un listado de cuestiones en las que no se ha tenido demasiada colaboración, demasiada lealtad por parte del Gobierno español, desde las políticas relacionadas con las infraestructuras - y no me remitiré solo al corredor mediterráneo, también relacionadas con la financiación de Cataluña - hasta, por ejemplo, el eterno debate sobre cómo afecta a la economía catalana, y por ende al tema que nos ocupa hoy, todo aquello relacionado con el puerto de Barcelona y sus infraestructuras no ejecutadas o el eterno debate sobre los peajes de las autopistas. Pero en este caso no nos duelen prendas, lo que hay que hacer es dar apoyo a este real decreto que presenta el ministro de Industria y vamos a votarlo favorablemente. Muchas gracias.
Gracias, señor Tardà. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señora presidenta. Mi grupo también votará a favor de este real decreto-ley por dos razones. La primera es tan extraordinaria que quiero destacarla. Me parece que es el primer real decreto-ley con sentido de esta legislatura y justificado constitucionalmente; es decir, que efectivamente contiene solo una medida, porque quiero recordar que hubo otro en octubre de 2012 que contenía veintinueve cambios legales. Esto no es más que la firma de un convenio que tenía los requisitos de urgencia y necesidad, por lo que vamos a apoyarlo, y también, por supuesto, porque estamos de acuerdo en que se celebre en Barcelona el evento Mobile World Capital. Pero, como ha habido una reflexión al respecto, me gustaría abundar en el asunto. No es verdad que Barcelona sea la capital mundial del móvil, ya nos gustaría; sencillamente, si se firma este convenio y se prolongan sus condiciones es precisamente porque ni Barcelona, ni ningún otro lugar de España, ni en general de Europa, es la capital mundial del móvil. Insisto, ya nos gustaría; precisamente porque hay que asegurar condiciones especialmente favorables hay que hacer convenios que resulten atractivos para la organización de este tipo de eventos. Lo demás es una visión de paletos de estas cosas. Es decir, ni Barcelona es la capital mundial del móvil, ni España es la capital mundial de la telefonía móvil ni nada que se le parezca; sencillamente, ofrecemos condiciones interesantes con la colaboración de varias administraciones y para retener un evento como este se hacen este tipo de convenios. Verlo de otra manera sería desde luego un autoengaño bastante patético. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural dará apoyo a la ratificación de los acuerdos para la renovación de la designación de Barcelona como capital mundial de la telefonía móvil para el periodo 2019-2023. El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona con la Asociación mundial de operadores de telefonía móvil, que se conoce como GSMA - asociación mundial que agrupa a más de 800 operadores de telefonía móvil del mundo, empresas punteras en las telecomunicaciones -, permite a la ciudad de Barcelona ser la capital mundial de la telefonía móvil y sede del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que popularmente conocemos como Mobile World Congress. Con la declaración de Barcelona como Mobile World Capital, hasta el año 2023 Barcelona no es solo la sede oficial del mencionado congreso, sino que además es la sede de toda una serie de actuaciones y proyectos paralelos para impulsar proyectos y empresas de movilidad tecnológica a lo largo de todo el año. Es evidente que el congreso de telefonía móvil ofrece una oportunidad a las empresas españolas, abriendo multitud de posibilidades de competir y exportar iniciativas empresariales que han sido exitosas. Es igualmente cierto que el impacto positivo de la Barcelona Mobile World Capital se ha visto aumentado año a año. En la edición del congreso de 2014 se cifraron los ingresos en unos cuatro cientos millones de euros, 12.300 puestos de trabajo temporales, 30 millones de euros de recaudación y más de 93.000 visitantes. Un efecto colateral de la permanencia del congreso de la telefonía móvil en Barcelona y en Cataluña es que en Cataluña, según datos oficiales, el número de trabajadores dedicados a las tecnologías de la información y la comunicación ha aumentado un 12,7 % desde 2011 y la cantidad de empresas relacionadas con el sector se ha incrementado un 13 % en este mismo periodo. Es evidente, y ha hecho referencia a ello el ministro Soria, que el acuerdo ha sido posible por el compromiso de todas las administraciones; la cooperación institucional - insisto - es, ha sido y ha de continuar siendo clave en esos proyectos que son tan importantes para la economía española. La Fundación Barcelona Mobile World Capital, que es la que aglutina todo el movimiento que se genera alrededor del congreso de telefonía móvil, está participada por la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Es evidente que esta fundación, el desarrollo del congreso y las actividades paralelas han de tener un factor claro de control y transparencia. El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural comparte la mayoría de los objetivos de la Fundación Mobile World Capital, pero dudamos de algunos aspectos que hasta ahora han estado presentes en el desarrollo del congreso, como la falta de objetivos públicos de la fundación y la insuficiente transparencia en la gestión - no olvidemos que la fundación se nutre de fondos públicos -, la precariedad del empleo generado o el hecho de ser un banco de pruebas de los intereses privados, sin retornos claros para el conjunto de la ciudadanía. No hay que dejar de lado el hecho - no anecdótico - de que los salarios del equipo directivo de la fundación se doblaron entre 2012 y 2013, de 277.409 euros pasaron a 581.899 euros; en los tiempos que corren no es baladí el comentario y no es baladí la información. Es evidente que el Mobile tiene un impacto presupuestario. Cada Administración que participa de la concertación, de la cooperación institucional, aportará 5 millones de euros al año, 15 millones de euros que, por cinco años que estamos hablando, serían 75 millones de euros. Pero es que además la celebración del congreso mundial de móviles cuenta con una serie de exenciones fiscales al ser considerado un evento de interés público; el propio ministro Soria lo afirmó en su día. El Mobile se acoge al régimen fiscal reservado a entidades sin ánimo de lucro y cuenta actualmente con exenciones fiscales que van desde el 15 % en el impuesto de sociedades e IRPF hasta el 95 % en el impuesto sobre actividades económicas. Hay, por tanto, un esfuerzo de la sociedad española, del conjunto de la ciudadanía, de la Administración pública española y, en consecuencia, tienen que revertir necesariamente los rendimientos del congreso en el conjunto de la ciudadanía. Según el real decreto, no hay impacto de género. Simplemente un matiz; aunque matiz, importante. Hay que asegurar la calidad de los puestos de trabajo creados, porque la mayoría son precarios, temporales y feminizados; el 90 % de las azafatas son mujeres, mientras que los cargos más importantes de las empresas son hombres. El impacto de género en todo caso tendría que reflejarse en una mejora de las condiciones de trabajo de todo el mundo, de los hombres y de las mujeres también. Compartimos los objetivos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando hizo referencia a la redistribución de los beneficios que el Mobile genera. Una vez asegurada la continuidad del congreso y la capitalidad de Barcelona, ahora se abre un reto igualmente importante, que es mejorar y ampliar el impacto económico y social de este gran evento en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Es necesario que el Mobile sirva para redistribuir mejor la riqueza que genera al conjunto de la ciudad y entorno metropolitano y para desarrollar una industria local vinculada a las nuevas tecnologías móviles que tenga aplicaciones más sociales, más ambientales y más sostenibles. Sería muy conveniente que a través de estos compromisos se reforzaran las relaciones y los trabajos de las empresas del sector y nuestras universidades para desarrollar proyectos de innovación. En este sentido la experiencia vivida en la ciudad de Barcelona respecto al 22@ sería un ejemplo con sus luces y sus sombras. Pero también las administraciones han de cumplir sus compromisos y no solo los compromisos económicos relacionados directamente con el congreso o la capitalidad de Barcelona de la telefonía móvil, sino aquellos compromisos que afectan indirectamente al desarrollo y a la calidad del congreso. La movilidad de las personas y el buen funcionamiento del transporte público es una de las mejoras que continuamente plantean los organizadores del Mobile World Congress. La semana del congreso pone en jaque la operatividad del transporte público y los accesos a Barcelona, especialmente en el entorno del certamen. Hay que recordar que en la deuda del convenio del Mobile firmado en 2011 se incluye la apuesta en marcha para 2016 de la línea 9 del metro del aeropuerto a la feria, además de otras mejoras referentes al transporte público tanto de metro como de bus. Una actividad como el Mobile precisa de transporte público, pero el resto de actividades de la metrópolis barcelonesa lo necesitan cada día, por lo que debería recuperarse el nivel de inversión que hacía el Estado en 2011, aumentarse esa aportación, además de invertir en cercanías los 4.000 millones comprometidos de los que solo se ha ejecutado un 13 %. En definitiva - y voy acabando, señorías -, La Izquierda Plural está de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2015 para la capitalidad mundial de Barcelona en telefonía móvil y los compromisos correspondientes para el periodo 2019-2023. Como lo consideramos importante para Barcelona y su área metropolitana entendemos que hay que aprovechar la durabilidad, hasta 2023, para generar sinergias entre el sector público y el privado que potencien la industria española de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también para redistribuir los rendimientos, la riqueza que genera el Mobile World Congress y la capitalidad de Barcelona en beneficio del conjunto de la ciudadanía de Barcelona y su área metropolitana; que hay que aprovechar para desarrollar un nuevo modelo de gestión más transparente, con mayor control público, que genere empleo de calidad, que estimule la participación del sector universitario en el desarrollo del conocimiento y la experimentación de las tecnologías de la comunicación y de la información, y que hay que aprovechar también para reforzar la cooperación institucional y el cumplimiento de aquellos compromisos que el Estado tiene adquiridos en la financiación del transporte público de Barcelona...
Señor Pérez Moya.
Acabo, señora presidenta. ... y su área metropolitana o en relación con la inversión en las infraestructuras ferroviarias pendientes, todo ello en beneficio del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, de la industria española y, sobre todo, de los más de tres millones y medio de ciudadanos y ciudadanas que viven en Barcelona y su área metropolitana. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Pérez Moya. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, en primer lugar, señor Picó.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, con este real decreto-ley el Gobierno del Estado ratifica el protocolo suscrito conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, con el Ayuntamiento de Barcelona y la Mobile World Capital Foundation para la renovación de la designación de la ciudad de Barcelona como Mobile World Capital para el periodo 2019-2023. El pasado mes de marzo una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, defendida por la señora Riera reclamaba del Gobierno su compromiso para ampliar más allá de 2018 el Mobile World Congress en Barcelona. Con este real decreto-ley se cumple este mandato. Señorías, este real decreto-ley pone de manifiesto, primero, que es un ejemplo de buen trabajo, de colaboración entre los distintos niveles administrativos - lo decía el señor ministro -: el Gobierno del Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. Cuando las tres administraciones trabajan conjuntamente se crean sinergias que nos sitúan en el mapa mundial. Y no quiero dejar de citar también el importante papel de la Fira de Barcelona, con su director, don Agustín Cordón. En segundo lugar, es un ejemplo de buen trabajo entre diferentes fuerzas políticas. Se inició con el Gobierno socialista, continuó con el Gobierno del Partido Popular, Convergència i Unió lo ha liderado siempre en Cataluña y también en el ayuntamiento y ahora, a pesar de las dificultades iniciales, el nuevo consistorio también se ha sumado al proyecto. El anterior alcalde de Barcelona, don Xavier Trias, y todo su equipo también sumaron, y en ese sentido quiero recordar a la segunda teniente de alcalde, doña Sònia Recasens, de mi partido, que presentó una propuesta para mantener tanto el congreso del móvil como la capitalidad mundial hasta 2023. Con este real decreto-ley las tres administraciones dan apoyo decidido a la ampliación hasta 2023 del Mobile World Congress. Por tanto, es una buena noticia sin lugar a dudas. Podemos hablar de diferentes perspectivas de esta capitalidad de Barcelona. Desde la perspectiva de las cifras, como decía el señor ministro, ha habido más de 94.000 asistentes, más de 2.000 exhibidores y se calcula que el evento ha generado más de 436 millones de euros y la creación de más de 12.000 empleos. La actividad de la Mobile World Capital, su vitalidad a través de los proyectos que impulsa y desarrolla, ponen de manifiesto tanto la capacidad innovadora existente como el alcance y la dimensión de la transformación tecnológica que actualmente vivimos y que nos obliga a actuar y a ser capaces de anticiparnos a esa revolución. También podemos hablar desde la perspectiva de los grandes lanzamientos de productos o de las conferencias de los CEO de las empresas más innovadoras, pero lo más importante de todo es que con la capitalidad de Barcelona en el Mobile World Congress se crea un hub de innovación y conocimiento móvil digital, lo que contribuye a tener un nuevo relato industrial con la dinamización del ecosistema de emprendedores, de startups de base móvil y digital, la atracción de talento y capital humano - cosa muy importante -, la creación de valor y como motor para el desarrollo y la internacionalización del conjunto del tejido empresarial del territorio. Señor Pérez Moya, usted sabe bien que existe en Barcelona un tejido tecnológico porque se ha promovido mucho desde el Ayuntamiento de Barcelona y desde la Generalitat de Catalunya, y con este real decreto, con la capitalidad, se consolida y crece mucho más sin lugar a dudas. No podemos dudar de que la economía digital hoy constituye un eje principal de la transformación económica, con impactos directos en el sector industrial y en el sector servicios, pero es importante decir que también constituye un eje de transformación social, con impactos de tipo cultural, educativo, formativo, sanitario o de comunicación, en los que el principal riesgo a evitar es la llamada brecha digital. Por tanto, no solo tiene impactos económicos, sino también sociales, de transformación social, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con este real decreto damos continuación, hasta 2023, a la posibilidad de tener todo esto en Barcelona. Es una buena decisión. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Picó. Señora Riera.
Presidenta, señorías, hoy en este Pleno debatimos y convalidamos este real decreto. Ayer mismo nos llegaba la magnífica noticia que confirmaba la continuidad de Mobile hasta 2023, algo de lo que nos alegramos sinceramente. Felicitamos a todos los que lo han hecho posible, gracias al trabajo de estos últimos años, a la convicción del activo que representaba el Mobile y al respaldo y trabajo realizados en estos años por el que ha sido hasta ahora alcalde de Barcelona, Javier Trías, y por su equipo, por el Ministerio de Industria y la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y por la Generalitat de Cataluña. Es un ejemplo de trabajo realizado con una gran complicidad, compromiso, respeto y coordinación, compartiendo un objetivo común, que era y es el éxito y consolidación de lo que representa el Mobile. Pero todo ello no hubiese sido posible sin la participación, el compromiso y la determinación desde el minuto cero de un cuarto actor, la Fira de Barcelona, con su director general a la cabeza, Agustín Cordón, que ha jugado un papel determinante en estos años, al realizar un trabajo excepcional año tras año con ocasión del congreso y días tras día a través del impulso de la actividad de la Mobile World Capital. Este trabajo conjunto, señorías, es el que ha permitido impulsar y consolidar la actividad, el prestigio y el reconocimiento de la Mobile World Capital y el que ha generado la confianza y la credibilidad necesarias para que la GSMA pudiese renovar el evento en Barcelona hasta 2023. La renovación y la continuidad constituyen una gran oportunidad y obligan a todas las Administraciones. Por ello, el real decreto que hoy convalidamos tiene para nosotros mucha relevancia, pues responde a este compromiso y al apoyo al que me refería. En Convergència nos sentimos, y yo personalmente como portavoz de Telecomunicaciones, muy orgullosos de haber creído desde el primer momento en este proyecto y de haber participado en su impulso y consolidación. Nos sentimos parte de ello y compartimos el éxito. Hemos creído en el papel de las telecomunicaciones en la transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Hemos creído en el papel que juega el sector privado, pero también en la necesaria participación pública como impulsora del cambio. En este sentido, el Mobile ha sido y es un buen ejemplo de colaboración público-privada. Hace pocas semanas aprobamos mayoritariamente en este Pleno una moción presentada por mi Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió en la que, entre otros aspectos, reiterábamos el compromiso con la Mobile World Capital y el apoyo a la actividad y a los proyectos impulsados por la fundación. Presidenta, señorías, señor ministro, estamos viviendo un proceso de cambio que tiene gran parte de su razón de ser en Internet, en la movilidad y en la transformación digital, y Europa lo ha entendido así. La economía digital está impulsando una transformación económica y social que es transversal y estructural, que afecta a todos los sectores y que está cambiando de forma disruptiva la forma en la que colaboramos, en la que trabajamos, en la que nos relacionamos y compartimos información, impulsando nuevas actividades económicas y nuevas formas de relacionarnos. Por ello, es estrictamente necesario no solo impulsar políticas como la agenda digital y medidas que encaminen este proceso de cambio y ayuden a nuestras empresas y a nuestra sociedad a adaptarse a estos cambios, sino también apoyar y reforzar todos aquellos instrumentos que contribuyan al desarrollo tecnológico y al impulso de la economía digital. Hoy, señorías, uno de estos instrumentos es la Mobile World Capital y el Mobile World Congress, que es su máxima expresión. La Mobile World Capital está creando - como decía también el portavoz d'Unió Democràtica - un ecosistema con un elevadísimo valor innovador y tecnológico a través de las startups de base móvil y digital que se generan y de la tecnología que se desarrolla y llega a múltiples sectores económicos y a la sociedad. Es un dinamizador del ecosistema de emprendedores a través de la atracción de programas de aceleración digital que llegan de todo el mundo y que atraen talento y capital. Se persigue la creación de un hub de innovación y de conocimiento móvil digital y tener también un nuevo relato industrial. Para ello, señorías, el mejor evento anual, como es el congreso, nos permite visualizar la potencia de esta transformación y muestra la velocidad, la profundidad y el alcance de la transformación digital y de las oportunidades que genera a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto de nuestra economía. Nuestra economía, señorías, señor ministro, presidenta - voy terminando -, mira al cambio, mira al valor añadido y mira hacia una nueva competitividad basada en la innovación. En este proceso de crecimiento económico y social, instrumentos como el que representa la Mobile juegan un papel determinante y muestra, a través de los proyectos que se impulsan la capacidad innovadora existente y el alcance y la dimensión de la transformación tecnológica que vivimos. Como ya dije en su momento, nuestra firme apuesta de Convergència Democràtica de Catalunya por la economía digital, por sumarnos a esta transformación nos lleva a valorar muy positivamente la convalidación de este real decreto-ley que refuerza y consolida el activo que representa la Mobile World Capital y nos reafirma en nuestro firme compromiso inicial por consolidar la excelencia y el valor que representa. Si he de visualizar este compromiso y esta determinación en una persona, lo haré en el hasta ahora alcalde de Barcelona Xavier Trias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Riera. Por el Grupo Socialista, señora Muñoz.
Gracias, presidenta. Lo primero que debemos hacer hoy es felicitar a Barcelona, felicitar y felicitarnos a todas las instituciones y a las fuerzas políticas que desde el inicio hemos contribuido a que Barcelona sea la capital mundial del móvil. La ciudad de Barcelona acogerá el congreso mundial del móvil y la capitalidad hasta el año 2023. Antes de ayer el GSMA, la asociación del GSM hizo pública su decisión por unanimidad de ampliar el contrato de Barcelona hasta esa fecha. Barcelona sigue teniendo ambas cuestiones, las dos patas: el congreso mundial y la capitalidad mundial del móvil, lo que es una buena noticia. Empleo, innovación, conexión redes, contactos, oportunidades, empresas, ingresos, visitas, reconocimiento, serían etiquetas que pondría a esta noticia. Que Barcelona sea capital mundial del móvil tiene beneficios para la ciudad, la consolidación de Barcelona ligada a la marca innovación y la generación de empleo y oportunidades. Barcelona es considerada una ciudad innovadora, de hecho consiguió el reconocimiento mundial al ser la E-commerce Capital en 2014 y esto genera más soporte a la ciudad: por ejemplo, ingresos de fondos europeos y ayuda para inversiones. Tener la marca innovación ayuda para ser capital del móvil y celebrar el congreso mundial. Además, Barcelona capital del móvil contribuye a la generación de empleo y de oportunidades y daré alguno de los datos del impacto económico de la capitalidad. De la propia celebración del móvil que el último año tuvo 93.000 visitantes o un impacto económico anual de 450 millones de euros, la creación de 6.000 puestos de trabajo anuales o la ocupación hotelera del cien por cien. Desde el inicio el concepto de Barcelona capital del móvil y de la fundación no ha sido solo organizar el congreso mundial u organizar un evento, sino que impulsa toda una serie de proyectos para generar empleo, para generar tejido empresarial TIC y oportunidades en la ciudad y en el entorno de Barcelona, como pueden ser el Centro Mundial del Móvil que hay en la plaza de Cataluña que tiene 7.000 visitantes cada semana o los programas que hay de emprendimiento e innovación, desde el MS Startup con unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados destinadas a nuevos proyectos sobre tecnología, eventos para el ecosistema móvil o para conectar acciones e inversiones para nuevos proyectos. Asimismo, en el ámbito educativo hay un programa en el que durante el último curso escolar participaron 11.000 estudiantes de la ciudad. Estos datos avalan los impactos económicos positivos, pero es cierto que hay que profundizar en acciones relativas a la gestión de la fundación para que generen más oportunidades en todas las personas. He de decir que en el Grupo Socialista nos sentimos especialmente orgullosos y orgullosas de que Barcelona siga siendo capital mundial del móvil, porque este proyecto tiene padre y madre socialistas, o padre y madre de Gobiernos de izquierdas. Déjenme rectificar, el proyecto tiene tres progenitores, y es que Barcelona ejerce la capitalidad mundial desde 2006, momento en el que el alcalde Clos, el president Maragall y el presidente Zapatero consiguieron este hecho, y en 2011 el proyecto, liderado por el alcalde Hereu, por el president Montilla y por el presidente Zapatero, ganó la capitalidad. Además, en ese momento ganamos ante ciudades tan importantes como Munich, París y Milán. Cierto es que en ese momento hubo consenso entre todas las fuerzas políticas y que los Gobiernos han continuado, a pesar de los cambios políticos, apoyando este hecho. Además nos sentimos identificados con otro hecho, y es que celebramos el éxito de esta cuestión por suponer un magnífico ejemplo de colaboración entre las instituciones. Sería un buen ejemplo de aplicación práctica del federalismo: el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado remando cada uno desde sus competencias hacia hechos comunes. De hecho, me ha alegrado oír en este debate a un ministro del Partido Popular hablar de que gana Barcelona, gana Cataluña y gana España, e incluso al señor Tardà valorar que todas las administraciones han contribuido hasta cierto punto. Nosotros nunca hemos tenido dudas sobre esta cuestión, sobre el hecho de que la capital mundial del móvil tenía que seguir estando en Barcelona. De hecho, si se hubiera dejado de apostar claramente por el Mobile podríamos haber visto huir el congreso hacia Milán, una ciudad que compite por el liderazgo económico con Barcelona en el Mediterráneo, y sería muy difícil explicar en Barcelona y en el entorno metropolitano de la provincia, donde hay un 19 % de desempleo, que nos permitíamos el lujo de despreciar una inyección económica de 440 millones en un año. Tuvimos y tenemos muy claro el modelo para la ciudad de Barcelona, un modelo claramente socialdemócrata: apostar por generar riqueza y oportunidades y conseguir ingresos para las administraciones públicas en aras de la redistribución y la justicia social. Y si alguien tiene dudas por su inexperiencia institucional o por la falta de información de la verdadera dimensión de la capital mundial del móvil, tengo que decir que una vez más hemos trabajado por el consenso entre todas las fuerzas políticas y para que haya una gran apuesta y un gran soporte con relación a la continuidad de la candidatura que hemos conseguido. En este sentido, el día 3 de junio, después de las elecciones y antes de la toma de posesión de la nueva alcaldesa, se produjo un apoyo público de seis de los grupos municipales del ayuntamiento de Barcelona - todos menos las CUP - a favor de la candidatura, al dar un mensaje nítido hacia el exterior de apoyo transversal de todas las fuerzas políticas y de la ciudad a este hecho, y antes de ayer se confirmó la continuidad del proyecto. En Barcelona durante el último año 41.000 personas trabajaban en el sector TIC y durante este mismo periodo se ha producido un incremento del 15 % del número de empleos en el sector; el doble, por ejemplo, que en el sector turístico, en consecuencia, una diversificación económica y un aumento de los sectores más competitivos configuran el modelo de la ciudad, que tiene como resultado acciones como 22@ o la Fundación Barcelona Capital Mundial de la Telefonía Móvil. Respecto al decreto, es evidente que apoyamos y creíamos en la necesidad de que fuera un decreto-ley el que regulara esta cuestión por la necesidad de rapidez y por la seguridad jurídica que exigía el acuerdo. Para acabar, quiero expresar que el Grupo Socialista va a votar afirmativamente el real decreto, que supone un apoyo a Barcelona como capital mundial del móvil. Espero un soporte mayoritario, si puede ser unánime, del Congreso hacia este decreto, que es la forma más clara de avalar el proyecto y de seguir consiguiendo apoyos transversales a proyectos que significan empleos competitivos, dado que la Barcelona Capital del Móvil supone ingresos a la zona, oportunidades laborales y extensión de la tecnología y, por tanto, más oportunidades y empleo de calidad para la ciudadanía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Esteller.
Gracias, señora presidenta. Quiero empezar como han empezado algunos grupos que me han precedido en el uso de la palabra, felicitándonos por haber conseguido la renovación del Mobile para los años 2019 a 2023, lo que supone un gran reto y un reconocimiento al esfuerzo de cooperación institucional entre el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Fira de Barcelona y las empresas privadas. Es la mejor muestra de la fuerza que tenemos como país cuando trabajamos todos juntos. Esta es la mejor fuerza, por lo tanto, hemos de continuar trabajando en todas las empresas que sean necesarias a la hora de fortalecer nuestro país y de posicionarnos en un mundo muy competitivo, donde las ciudades tienen mucho peso y donde las decisiones que se toman son muy importantes y de una enorme trascendencia. Por eso, señora Muñoz, le agradecería que no politice el Mobile porque es un éxito de las instituciones, al margen del partido que en aquel momento está en el Gobierno. Se olvida de la iniciativa privada y se olvida de la Feria, y es muy importante fortalecer a las instituciones, al margen del partido que en aquel momento está. Es un tema de todos que es lo que nos da fuerza en la competencia de las ciudades de todo el mundo. El real decreto-ley que hoy sustanciamos refuerza el compromiso del Gobierno de España con Barcelona y pone de relieve la importancia de la Barcelona Mobile en el marco de la colaboración y la relevancia institucional de nuestro país. Era necesario este real decreto-ley por varias razones, por un lado la seguridad jurídica, para ratificar los acuerdos de la relación de la renovación y luego también por las características de la extensión del agreement cuya firma se autoriza en este real decreto, dado que esta renovación comprende determinados aspectos presupuestarios, procedimentales y de relación con otras administraciones públicas y muy complejos. La seguridad jurídica es determinante y esta fuerza ha sido muy necesaria a la hora de consolidar y renovar el Mobile. Por ello es muy importante también el apoyo que esta Cámara está ofreciendo a esta renovación. Permítame que destaque el éxito que ya se ha comentado aquí de las diez ediciones del Mobile Congress, que se celebra en Barcelona desde el año 2006 y se ha convertido en un evento de las telecomunicaciones y de la economía digital de los más importantes de Europa y del mundo. Tiene una gran trascendencia, no solo desde el punto de vista del desarrollo de las telecomunicaciones, de las tecnologías y de la sociedad de la información, sino también desde el punto de vista turístico y de la imagen de España hacia el exterior, al asociarla con atributos de nuestro país como pueden ser la tecnología y la movilidad. Es un activo al servicio del desarrollo tecnológico y digital, con un importante impacto económico y social. Prueba de ello es el creciente número de congresistas, altos directivos y profesionales cualificados, que proceden de más de 200 países que impulsan la tecnología del futuro y que acuden a Barcelona para hacer negocio o contemplar los últimos avances en materia de economía digital, así como el número de empresas que van a exponer los adelantos tecnológicos. En su última edición, en marzo de 2015, reunió a más de 94.000 visitantes de 200 países y más de 2.000 compañías exhibieron sus productos, consolidándose como la mayor feria mundial de tecnología móvil. Las cifras y los ingresos se han mencionado aquí, pero no quiero dejar de destacar los 436 millones de ingresos de 2015, que han tenido un importante impacto económico, y el importe acumulado desde el año 2006 suma 2.500 millones de euros y 60.000 puestos de trabajos temporales. Esto tiene un enorme calado para una ciudad porque no solamente es una parte de la economía la que se beneficia, se beneficia el tejido de la ciudad como taxistas, restaurantes, bares... Este impacto es importantísimo, tanto es así que hasta el actual Gobierno de Barcelona ha cambiado de opinión, ya que inicialmente rechazaban el Mobile porque no lo consideraban un evento adecuado, pero han cambiado de opinión, lo que se agradece y se celebra porque nos ha dado la fuerza necesaria para conseguir esta renovación. Por lo tanto, quiero destacar que la Barcelona Mobile World Capital tiene un importante efecto arrastre para toda la economía española porque está transformando los modelos de negocio y ofrece la oportunidad a las empresas españolas de aprovechar la potencia de la innovación y la tecnología. Cuando hablamos de economía digital, no solamente nos referimos a un sector, sino al modelo productivo que incorpora la economía digital, que es la que hace que se pueda ser mucho más competitivo, la que consigue que podamos competir más. Los estudios oficiales competentes dicen que la economía digital crecerá un 216 % en España. Por lo tanto, el Mobile es un gran instrumento para aprovechar su potencial, fomentar la transformación social y la mejora de vida de los ciudadanos a través del emprendimiento, la educación, la salud y las ciudades inteligentes, y también para posicionar a Barcelona como un referente de movilidad. Como ya se ha comentado, la ciudad acoge cada vez a más emprendedores y startups locales e internacionales que dinamizan el ecosistema de emprendedores, el sistema de startup móvil y digital y contribuye a dar un valor al conjunto de las empresas. Esta transformación obliga a actuar. Decía que era un gran reto, pero hemos de dar un paso adelante, porque es muy importante posicionar a Barcelona, Cataluña y España en el mapa internacional como un único e innovador ecosistema emprendedor. Hemos de conseguir que arraigue; hemos de intentar facilitar y promover que el tejido empresarial emprendedor digital arraigue y crezca en Barcelona, atrayendo y reteniendo talento, y para eso hemos de fortalecer nuestro cosmopolitismo y abandonar algunos localismos que hoy en día arraigan también en la sociedad. Por lo tanto, hemos de fortalecer el cosmopolitismo que siempre ha tenido Barcelona, abandonar el localismo y algunas barreras que están impidiendo que ciertas instituciones o empresas vengan a nuestra ciudad, que tiene un punto estratégico en el sur de Europa. Por eso, es muy importante llevar a cabo todas estas cuestiones: potenciar la transferencia y valoración tecnológica, atraer a los mejores programas de aceleración para potenciar la llegada de nuevos emprendedores, nuevo talento, inversiones de todo el mundo y ofrecer la oportunidad a universitarios y profesionales de incorporarse a los proyectos empresariales. Han comentado que son muy importantes las infraestructuras, y por supuesto que lo son, pero me gustaría decirle, señor Tardà, que usted permanentemente tiene una serie de tópicos y, aunque cambie la realidad, los mantiene: porque habla del puerto, cuando se están ejecutando las obras del puerto que nunca se habían hecho; habla de infraestructuras que se están llevando a cabo. Por tanto, le agradecería que influyera en la Generalitat para que se construyera la línea 9, que está paralizada y que tan necesaria e importante es para la movilidad del entorno metropolitano. Las obras se están ejecutando, el Gobierno de España tiene un compromiso con Barcelona desde el punto de vista de tecnológico y de las infraestructuras, como se está demostrando a lo largo de esta legislatura. Quiero acabar como he empezado, poniendo en valor el trabajo y la complicidad de todas las instituciones, de la empresas privadas, del modelo de colaboración público-privado, que ha permitido a la Barcelona World Capital liderar la capitalidad mundial del móvil y que es un ejemplo de colaboración empresarial con las instituciones en la ciudad de Barcelona. Esto es el claro ejemplo de que cuando trabajamos juntos, juntos sumamos esfuerzos y podemos atraer grandes cosas por España, por Cataluña y en este en caso también por Barcelona. [[Aplausos]]
Gracias, señora Esteller.
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Hay algún grupo que quiera intervenir? [[Pausa]] Señor Nuet, por el Grupo de La Izquierda Plural.
Gracias, presidenta. Para seguir con la correcta tradición que hemos instaurado en esta legislatura de no banalizar los convenios y tratados internacionales, mi grupo anuncia que va a votar favorablemente los cuatro convenios. Quería destacar muy brevemente el Tratado de Marrakech, que facilita el acceso a las obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual y con otras dificultades. Mi grupo está convencido de que es un avance muy importante, es un pequeño paso para que personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades vean normalizado su acceso a la vida normal que tienen otras personas que no tienen esas discapacidades. Por lo tanto, es un convenio importante para un colectivo social de nuestro país que necesita noticias como esta. Por favor, les pido que este convenio no pase desapercibido porque es una gota de agua en medio del desierto. Muchas gracias.
Gracias, señor Nuet. ¿Otros grupos que quieran intervenir? Por Convergència, señor Xuclà.
Muchas gracias, señora presidenta. Deseo intervenir, en nombre del Grupo de Convergència i de Unió, también con relación al Tratado de Marrakech, porque es un tratado relevante sobre el cual se requiere que veinte Estados miembros depositen la firma. Es un tratado del 27 de junio del año 2013; estamos en el mes de julio del año 2015; es evidente, señorías, que no hemos sido los primeros, pero es muy destacable y es un muy buen instrumento. Permítanme que lea, brevemente, solo un párrafo del preámbulo. Cito: Conscientes de los desafíos perjudiciales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso que limitan su libertad de expresión, incluida la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole en pie de igualdad con otros mediante toda forma de comunicación de su elección, así como su goce del derecho a la educación y la oportunidad de llevar a cabo investigaciones. - Fin de la cita -. Señorías, con esta breve referencia ya vemos que el Tratado de Marrakech es un buen instrumento de inclusión social, de equidad, de igualdad de oportunidades también para las personas ciegas. En ese sentido, señorías, les quiero recordar que en la anterior legislatura avanzamos a través de la reforma de la Ley Electoral en el voto secreto para invidentes. Hasta la reforma de la anterior legislatura, el voto para invidentes se realizaba a través de persona de confianza que les ayudaba a escoger la papeleta. La publicación de papeletas en braille fue un gran avance de la anterior legislatura, pero de aquella reforma, que va en la línea de la sensibilidad que expresa la votación de este tratado, quedó pendiente la garantía del voto secreto para invidentes también en las elecciones municipales. Recientemente, hemos afrontado unas elecciones municipales y el mandato de la reforma de la Ley Electoral no se pudo aplicar en el voto para las elecciones municipales. Señorías, hemos avanzado en estos extremos; este tratado internacional es un buen instrumento para el acceso de las personas invidentes a las producciones literarias, pero además quiero aprovechar para recordar algunas asignaturas pendientes que espero que se puedan afrontar en el futuro. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Xuclà. Señora Jiménez, del Grupo Socialista. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Como es habitual, mi grupo parlamentario va a votar a favor de los cuatros convenios internacionales que hoy se someten a debate pero, como ha hecho ya el señor Xuclà, quisiera detenerme brevemente, por la trascendencia que tiene, en uno de ellos, en el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a un texto impreso. Es un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que facilita a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultades para acceder a un texto impreso el acceso a las obras publicadas. Lo que se pretende es dotar de naturaleza legal a la síntesis de voz, que realiza una transformación del contenido textual a formato audio y evitar que se generen conflictos legales, por considerarse la salida audio una transformación de la obra original. En definitiva, se pretende hacer compatibles los derechos de propiedad intelectual con los derechos de las personas con discapacidad visual o ciega que, en el caso de España, producirá sobre todo efecto en el intercambio transfronterizo, dado que la Ley de Propiedad Intelectual ya contempla que las personas con discapacidad utilicen sin autorización obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual en determinadas condiciones. Nos alegra constatar con las organizaciones más relevantes, sobre todo la ONCE y el Cermi, que han sido España y Portugal los dos países que han apoyado más firmemente esta propuesta. Quisiera también expresar mi satisfacción por que hayamos podido traer, antes de que se inicie el nuevo periodo de sesiones, la petición formal que nos hizo el Cermi a la Comisión de Asuntos Exteriores para que incluyéramos cuanto antes en el orden del día este importante convenio. Por tanto, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a los cuatro convenios, pero, sobre todo, queremos mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que hoy aprobemos este convenio tan importante para las personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad visual. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Jiménez. Grupo Popular. [[Denegación]]
Pasamos al siguiente punto, enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.
Gracias, señora presidenta. Es mi primer contacto con esta ley tan relevante ya que no se encuentra entre nosotros doña Isabel Sánchez Robles porque está trabajando en otra institución. Voy a intentar ser receptor de algunas de sus argumentaciones que me parecen interesantes en relación con esta ley. [[Veo que el señor ministro acude, y se lo agradezco]] Esta ley, en primer lugar, tiene cosas novedosas que vamos a poner de relieve. El Senado ha introducido a través de tres disposiciones finales nuevas - décima, undécima y duodécima - algo que me resulta particularmente relevante en los casos en que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en el artículo 175 para privar la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia a quienes hayan sido condenados por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio cuando la víctima sea el causante de la prestación. Me parece muy bien esta aportación del Senado, señor ministro. También lo relaciona con las clases pasivas ya que para la protección de esta misma contingencia se prevé la privación de las prestaciones de muerte y supervivencia. Nos parece igualmente relevante la creación del registro central de delincuentes sexuales. Señor ministro, dicho registro no debería ser incompatible con los registros ya existentes en aquellas comunidades autónomas que poseen competencias policiales y policías integrales que las desarrollan. Se podrían coordinar y compatibilizar los datos de estos registros porque es importante la gestión y el conocimiento de los delincuentes sexuales en tanto en cuanto estamos hablando de una patología social de gran relevancia que conviene preventivamente reprimir desde el conocimiento de cuáles son desde el registro de los mismos. Dicho esto, señor ministro, nos encontramos hoy con una ley terriblemente compleja desde la perspectiva de las fuentes normativas que la legitiman. Unas fuentes son de derecho internacional público, otras son de derecho internacional privado, estamos hablando de convenios internacionales, el Convenio de protección de los derechos del niño, el convenio que se ha incorporado en el Senado de protección de los menores y adolescentes en este caso de ámbito europeo, el Convenio de La Haya en materia de adopción internacional y otros convenios que legitiman a estas Cortes Generales para regular estas materias en tanto en cuanto constituyen competencias del Estado. Junto a esto, nos encontramos con la última legislación específica de protección del menor de 1996, que es una legislación que posibilita la atribución de competencias al Estado - en aquellos aspectos que podemos considerar orgánicos por desarrollar derechos fundamentales y el interés superior del menor, evidentemente, es un derecho fundamental que debe ser objeto de desarrollo por una ley orgánica, y no vamos a negar la competencia del Estado en la regulación de estas materias -, pero también hay otras que hacen referencia al acogimiento, a las situaciones en las que se desagrega la protección de los menores como distintas situaciones de filiación, el acogimiento, la adopción, la guarda, particularmente la tutela, y otras que pueden ser objeto de regulación por una razón que usted conoce perfectamente, señor ministro, que es la existencia de derechos civiles propios o de ámbito autonómico diferentes a las previsiones en materia de filiación y de estas situaciones vinculadas a la protección del menor y del adolescente diferentes a las previstas en el Código Civil español. Existe un Código Civil recién aprobado por el Parlamento vasco y que va a entrar en vigor en enero en el que estas situaciones vinculadas a la tutela, a la guarda, a la curatela, a las situaciones de acogimiento y a los mecanismos de adopción no tienen la misma regulación que las homónimas en el Código Civil español. Además, existe un Código Civil en Aragón, que también tiene previsiones específicas y diferenciadas en esta materia, existe un Código Civil valenciano y otro catalán, que también tienen sus peculiaridades en este ámbito. Desde esa perspectiva, se echa de menos un respeto, una adecuación de los mecanismos que se prevén en este proyecto de ley, en relación con aquello en que se desagregan las situaciones de filiación parental, filoparental, que están recogidas en códigos civiles diferentes al Código Civil español. Observamos que hay problemas de configuración normativa complejos, que posibilitan asimetrías competenciales que deben ser objeto de respeto en materia de protección de los menores, por ejemplo. Esta es una competencia foral en Euskadi, que también la conoce usted muy bien. Existen instituciones tutelares de protección de los menores, cuyas competencias no están bien recogidas en este importante proyecto de ley. Es más, hay una especie de recuperación o de rescate parcial del Estado de estas competencias en materia de tutela de menores, a través de los centros de protección de menores. En materia de adopción internacional, también han utilizado ustedes las previsiones del Convenio de La Haya, regulador de la adopción internacional, para potenciar las competencias estatales en una competencia que ha sido ejercida autonómicamente; en el caso de Euskadi, a través de las instituciones forales competentes en materia de adopción; y no solo competentes en materia de adopción, sino competentes en materia de seguimiento de la adopción. Esto nos lleva a un debate filosófico y conceptual al que no voy a dedicar mucho tiempo, pero me gustaría saber por qué un padre o una madre adoptantes tienen que acreditar su idoneidad para ser madre o padre y no lo tiene que hacer una madre o un padre biológicos. Y por qué un padre o una madre adoptantes tienen que ser objeto de seguimiento de su buen hacer, en relación con el cuidado y la educación de los menores adoptados, y no se exigen similares requerimientos a las madres o a los padres biológicos. Pero esto es casi un debate de naturaleza metafísica o antropológica muy complejo para articular en una ley, que, por otra parte, está bien articulada en términos generales, señor ministro. Nosotros no presentamos enmienda de totalidad y nos abstuvimos originariamente en Comisión, aunque terminamos votando que sí. Las enmiendas que nos aporta el Senado son enmiendas correctas, sobre todo estas novedades que hacen referencia a la privación de las prestaciones de muerte y supervivencia cuando se cometen homicidios por parte de los que hubieran podido ser, eventualmente, beneficiarios de este tipo de prestaciones de la Seguridad Social. Aquí, quizá, se echa de menos un poco más de beligerancia e incorporar a la comisión de delitos dolosos de homicidio, también delitos de malos tratos, delitos de coacciones o delitos de lesiones, que también nos legitimarían para privar del disfrute o de la percepción de la condición de beneficiario de prestaciones de muerte y supervivencia. Vincular al delito de homicidio solamente está privación de derecho nos parece insuficiente. Además, hay una serie de reajustes a numerosas leyes de las que hemos aprobado en esta legislatura, que ha sido tan fecunda en el ámbito legislativo y tan irregular. Si me permiten, se han producido elementos de degradación en la forma de legislar que hemos denunciado en más de una ocasión y nos preocupa. Esta ley se tiene que ajustar a los requerimientos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los requerimientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los requerimientos de las reformas de la Ley del Menor, a los requerimientos de nuevos convenios, como el Convenio europeo de protección de los menores y de los adolescentes. En definitiva, cuando se legisla de forma desordenada, las remisiones legales también son igualmente desordenadas y hacen que la interpretación, la labor hermenéutica de las leyes, se complique para los operadores jurídicos notablemente. En todo caso, estamos ante una buena ley. A nosotros nos lo parece, sin perjuicio de que haya algunos títulos competenciales que deberíamos depurar un poco mejor en los ámbitos que le he comentado, señor ministro, como protección de menores, tutela de menores, atención a menores extranjeros - también hay un ajuste a la legislación de extranjería en relación con menores extranjeros que han ingresado irregularmente en el Estado español -, así como en materia de adopción internacional, en donde ustedes, de forma un tanto exorbitante, se atribuyen competencias que hasta ahora no les correspondían y que eran ejercidas con exclusividad por las instituciones forales o las comunidades autónomas en su caso. Sin perjuicio de estos problemas, estamos ante una buena ley, a la que - ya para acabar, señora presidenta - quizá le faltaría la incorporación de una santa vez - si se me permite la expresión - de políticas natalistas. En el Estado español hay una ausencia, una orfandad, de políticas natalistas con las que llevamos conviviendo, y que están provocando un problema serio en relación con el sostenimiento del sistema público de pensiones, que es la inversión de la pirámide poblacional desde una perspectiva demográfica. Todo lo que han hecho ustedes en materia de políticas natalistas es algo llamativo, casi, si me permite la expresión, chusco, como es potenciar la natalidad a través de la generación de unos complementos de pensiones de naturaleza contributiva - o lo que definen ustedes como naturaleza contributiva - a las personas jubiladas, a las madres jubiladas que tengan dos o más hijos. No sé si usted considera correcto potenciar la natalidad en el segmento de edad superior a los sesenta y cinco años o no sería más propio potenciar la natalidad en aquel segmento poblacional que en los países donde existen políticas natalistas bien configuradas suele ser entre los dieciséis y los cuarenta años, o entre los dieciséis y los treinta y seis o treinta y siete. Es decir, hay distintas referencias en el derecho comparado.
Señor Olabarría.
Sí, acabo ya, señora presidenta. Se puede potenciar la natalidad, pero esta previsión, con este fumus electoralista de fomentar o potenciar la natalidad a través de complementos de pensiones a las personas jubiladas nos parece, primero, una oportunidad perdida que tiene un claro fumus electoralista...
Señor Olabarría.
Aquí, en esta ley, podríamos haber hecho cosas mejores respecto de esta materia. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
Gracias, presidenta. En el trámite previo, nuestro grupo parlamentario apoyó esta ley porque, como dijimos entonces, nos parecía una ley necesaria y una ley general y globalmente positiva tras la incorporación de las enmiendas del conjunto de los grupos que se fueron incorporando, por lo que nuestro voto fue favorable en aquel momento. La verdad es que la mayor parte de las enmiendas - salvo la que voy a señalar a continuación -, prácticamente todas las enmiendas que ha incorporado el Senado, como suele ser habitual, son enmiendas que no cambian lo sustancial. Por tanto, el conjunto de esta ley nos sigue mereciendo la misma valoración positiva, a excepción de una enmienda sobre la que quiero llamar la atención al Grupo Parlamentario Popular, y particularmente al ministro, porque no hemos encontrado ninguna explicación de carácter político que la justifique. Me estoy refiriendo a la enmienda a la disposición final quinta, que suprime dos apartados de la ley y que, en definitiva, suprime la protección a los miembros de las familias numerosas. Lo que dice el párrafo que se suprime es que tendrán la misma consideración a la protección de familias numerosas que los hijos aquellas personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. Los menores que habiendo estado en algunas de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar conservarán la condición de hijos en los términos establecidos en el artículo 3 de la presente ley. No sé por qué en el Senado han suprimido esa protección; lo he preguntado y nadie hasta el momento presente me ha podido dar una explicación. Me han dicho que ha sido un error, espero que sea así. Ya que nuestro grupo ha llamado la atención sobre dicho error, hemos pedido la votación separada y que se subsane en el trámite de votación porque no entendíamos qué argumento podría haber para dejar desprotegidos a estas personas y a este colectivo. Por lo demás, y respecto de las enmiendas que se han presentado y que vienen aprobadas del Senado contarán con la votación favorable de mi grupo parlamentario. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señora Díez. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.
Señora presidenta, señor ministro, señorías, ya en el debate de totalidad expusimos el planteamiento de que estábamos ante una oportunidad perdida en cuanto a afrontar la protección de los niños, niñas y adolescentes desde una visión absolutamente integral. Seguimos pensando que se ha perdido esa oportunidad, si bien hay que reconocer que el paso por el Senado ha mejorado el texto que aprobó este Congreso en el debate del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En ese sentido, valoramos la introducción de diferentes enmiendas planteadas por nuestro grupo que permiten al menor, por ejemplo, la posibilidad de presentar denuncias al Comité de los Derechos del Niño en defensa y garantía de sus derechos. Asimismo, valoramos que se haya dado prioridad al acogimiento familiar en detrimento del residencial. Del mismo modo aprobamos la introducción de una enmienda en la que se dice que los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones similares, velando al máximo por el superior interés del menor; o que se establezcan medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes en caso de acogimiento residencial al acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación y a las redes sociales. Nos parece bien también que el niño, niña y adolescente tenga derecho a acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos una vez alcanzada la mayoría de edad. Igualmente aprobamos que se añada una disposición final nueva de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de modificarla al efecto de declarar la inembargabilidad de las prestaciones económicas reconocidas en dicha ley, salvo en el caso de la pensión de alimentos. De este modo, efectivamente, se preserva el interés de los niños, de las niñas y adolescentes a los que la persona en situación de dependencia pudiera deber alimentos. Sin embargo, no vemos del todo claro la modificación que se lleva a cabo de la Ley General de Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Con esa modificación se priva de la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia a quien es condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio cuando la víctima sea la causante de la prestación. Creemos que este no es el lugar para regular este tipo de casuística, a pesar de pretender ser un ejercicio para reforzar la lucha contra la violencia de género y garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables. En definitiva, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no entendemos que se lleve a cabo en la tramitación de una ley de infancia. Lamentamos que no hayan aceptado enmiendas que para este grupo eran necesarias para tratar cuestiones realmente importantes en relación con los niños, niñas y adolescentes. No entendemos el empeño del Gobierno en mantener un capítulo dedicado a regular los deberes del menor y, en cambio, a no reforzar sus derechos. Por otra parte, tampoco entendemos que no vean la necesidad de contar con educadores y sociólogos en casos de acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. No podemos entender tampoco que no acepten una enmienda que hemos presentado que iba en la dirección de afirmar que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento válido equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no pueda ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad. El pasaporte no debe ser cuestionado. La redacción final es insuficiente para nuestro grupo parlamentario. Tampoco entendemos que no hayan aceptado introducir en el texto de esta ley que los menores extranjeros que reúnan las circunstancias previstas en los programas de preparación para la vida independiente tengan derecho a residencia legal en España. Al no añadirse esto, quedarán sin residencia legal al pasar a ser extutelados, y se les dejará en la calle. Al menos eso es lo que se desprende de la redacción final del texto. Ya dijimos en el debate del dictamen que celebrábamos que se haya decidido a aceptar que la presente ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas para dictar la legislación civil atribuidas al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución española, pero sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles o de los derechos civiles forales allí donde existan. Por otra parte, también valoramos que se respeten las competencias exclusivas que poseen las comunidades autónomas sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, no podemos entender por qué no han aceptado introducir la misma salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas que ya disponen de derecho civil propio en materia de persona, familia y protección a la infancia y a la adolescencia y a la juventud para dictar normas procedimentales especiales que se deriven de las particularidades de su derecho sustantivo en estas materias. De la misma manera, tampoco compartimos la traslación al desarrollo reglamentario de los criterios de adopción internacional, endureciéndolos e invadiendo competencias de las comunidades autónomas que tienen un modelo que funciona francamente bien. Seguimos pensando que la creación de un registro central de delincuentes sexuales es un error garrafal. Por último, es una irresponsabilidad establecer que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento del gasto público ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Está claro que este proyecto de ley conlleva un aumento del gasto en lo que se refiere a dotaciones, retribuciones y gastos de personal. Esto contrasta con la evolución de las dotaciones destinadas en los Presupuestos Generales del Estado, a la dotación a la infancia y a las familias, las cuales se han visto reducidas a la mitad desde 2011. Por tanto, creer que podrá llevarse a cabo la aplicación de una ley como esta sin aumentar las dotaciones presupuestarias es pecar de ingenuidad o creer desde el principio que no podrá aplicarse. A pesar del texto que viene del Senado, de los cambios positivos, de las mejoras introducidas y de la aceptación de enmiendas, por los planteamientos que hemos ido cuestionando y no compartiendo la redacción que se nos propone, nosotros no votaremos a favor del texto enviado por el Senado. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Por el Grupo de Convergència i de Unió, señor Campuzano.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió termina el trámite parlamentario de este proyecto de ley y de entrada quiero remarcar, y no es menor, a pesar del voto en contra de Convergència i de Unió Democràtica al proyecto de ley, el esfuerzo que los ponentes del Grupo Popular han hecho durante la tramitación parlamentaria de incorporar enmiendas de los distintos grupos. Lamentablemente, ese diálogo que ha sido positivo en muchos aspectos no lo ha sido en aquellas razones que llevaron a la presentación de nuestras enmiendas a la totalidad y, por tanto, difícilmente podemos apoyar ese texto. El Senado ha incorporado algunas mejoras respecto a aquello propuesto por el Congreso de los Diputados. No es menor el derecho a presentar denuncias al Comité de los Derechos del Niño como enmienda incorporada. Se ha reforzado el acogimiento familiar frente al acogimiento institucional. Hay un mandato a las administraciones públicas a desarrollar planes específicos en esta materia y se refuerza la idea de que para los menores hasta seis años la opción de las familias es mejor que la opción residencial. Se incorporan cuestiones no directamente vinculadas al proyecto de ley. Hay un mandato sobre el impacto de familia en toda la legislación. Nos parece una aportación importante, pero advertimos de que si la consecuencia práctica es la misma con aquello que sucede con los impactos de género, estaremos simplemente ante una pura formalidad que no sirve para que efectivamente podamos conocer el impacto que nuestra legislación tiene en determinadas políticas públicas o en determinados ámbitos. Esta misma semana en el Pacto de Toledo analizábamos los impactos de género de las reformas de pensiones y se ponía de manifiesto que los impactos de género no están funcionando como mandatos a la hora de elaborar nuestras legislaciones. Ojalá esa incorporación que se hace en materia de familia tenga un contenido sustantivo. Compartimos el reforzamiento de la lucha contra la violencia de género con la exclusión de las prestaciones de supervivencia a los responsables de asesinatos dolosos de sus parejas. Hechas estas consideraciones, que, insisto, son positivas, decía que aquello que motivó las enmiendas a la totalidad de Convergència i Unió no ha sido resuelto durante el trámite parlamentario e incluso en el trámite del Senado se ha empeorado el tratamiento del proyecto de ley a la cuestión de la adopción internacional. Ha empeorado en la medida en que no solo el Estado entra en competencias de ámbito autonómico hasta la fecha, sino que además el mandato a un desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de las previsiones de la ley, tanto en el registro de reclamaciones como en todos los procedimientos de adopción, deja sin ningún tipo de margen de actuación a los gobiernos autonómicos. El Gobierno catalán desde los tiempos de nuestra colega la señora Tarruella ha desarrollado una verdadera estructura de Estado para poder construir, en colaboración con la Administración General del Estado y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, una política pública de adopción internacional que ha funcionado de manera correcta y adecuada, pero la opción del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular liquida el modelo catalán de adopciones internacionales. Señorías, en los debates parlamentarios que hemos tenido hasta ahora ni el señor ministro ni la secretaria de Estado ni la directora general ni las ponentes del Grupo Parlamentario Popular nos han dado ninguna razón que podamos entender. Cuando han intentado formular esas consideraciones, han apelado a la Ley de Acción Exterior; ley que choca frontalmente con toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece muy claramente que, en aquellas materias en las que son competentes, las comunidades autónomas pueden tener acción exterior. El carácter exclusivo de la política exterior del Estado no impide que, en aquellas materias en que son competentes, las autonomías puedan desarrollar sus propias políticas. En este sentido, la Ley de Acción Exterior, junto con este proyecto de ley que vamos a aprobar, supone finiquitar un modelo de éxito en Cataluña y va a perjudicar gravemente el desarrollo de las políticas de adopción internacional en nuestro país. Me atrevo a decir que es un retroceso a antes de 1960, cuando en pleno franquismo se aceptó la vigencia del derecho civil catalán en materia de adopción, que ampliamos y desarrollamos en los años ochenta y noventa sobre la base de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aquello que en 1960 el franquismo aceptó y que durante la democracia hemos ampliado hoy la mayoría del Partido Popular lo va a liquidar. Señorías, estamos frente a una verdadera reforma constitucional introducida a través de esta materia en concreto y a través de este proyecto de ley. Eso, señorías, nos lleva a rechazar frontalmente un proyecto de ley del que podríamos compartir otros muchos aspectos. Asimismo, el proyecto de ley mantiene en la mayoría de los artículos el carácter de norma estatal básica. En Cataluña en los últimos años hemos hecho un desarrollo sólido, potente y amplio del derecho civil catalán propio de Cataluña, pero ahí también el Grupo Popular ha optado por una interpretación lo más restrictiva posible o, desde el otro punto de vista, lo más intrusiva posible del carácter básico de esta normativa. Eso va a generar incertidumbre ante los tribunales en el supuesto de que la regulación estatal y la regulación del derecho civil catalán sean distintas. Desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos, si hubieran determinado el carácter no básico de los artículos que desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió les hemos planteado durante esta tramitación, hubiesen dado más seguridad a los ciudadanos y a todos los operadores jurídicos. Además, hay otras dos cuestiones. Una la ha planteado la señora Díez. Mi grupo no acaba de entender la supresión de esa referencia que se hace a las familias numerosas. Sería bueno que la señora Montesinos nos lo aclarase en el debate. De entrada, hemos pedido también votación separada de esta previsión. El proyecto de ley tampoco resuelve las cuestiones más delicadas que existen en nuestra política de infancia, como es el tratamiento de los menores extranjeros no documentados. Las enmiendas de Convergència i Unió han recogido en su literalidad la sentencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que establecen que el documento legal que aporte un menor extranjero, su pasaporte, es un documento plenamente válido en el Estado español. El Tribunal Supremo lo ha establecido en una sentencia inequívoca y, además, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Gobierno que adopte esta posición. En el texto finalmente incorporado en el Senado volvemos a situar en un terreno de arbitrariedad por parte de la Administración la determinación de la edad de la persona en cuestión y se mantiene la opción por las pruebas físicas, que tienen un margen de error suficientemente considerable como para poner en riesgo la consideración o no de un joven como menor de edad, con todas las consecuencias que eso tiene en términos de protección y de su documentación efectiva en el Estado español. Hemos perdido una oportunidad en esta materia. Finalmente, el proyecto de ley, que es importante y que actualiza la normativa, que incorpora por primera vez en el ámbito estatal la cuestión de los menores en riesgo, en desamparo, que responde a las convenciones internacionales, que se inspira en legislaciones como la catalana, un proyecto de ley que - insisto - ojalá hubiésemos podido votar, no aborda - no podía abordarlo ni en su propia consideración, pero ahí sí que hay un debe del Gobierno - el principal problema que tenemos en materia de infancia, que es la lacra de la pobreza infantil.
Señor Campuzano, tiene que finalizar.
Termino, señora presidenta. El Gobierno ha renunciado en esta legislatura a convertir la lucha contra la pobreza infantil en una prioridad de Estado. Es un grave error que pagarán las futuras generaciones. Es una pena que termine la legislatura sin haber abordado esa cuestión como se merece. Muchas gracias.
Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, el señor Sahuquillo.
Señora presidenta, señorías, con el debate de las enmiendas incorporadas en el Senado terminamos la tramitación del proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, cuya parte orgánica no ha vuelto al Congreso por no haber sido modificada en la Cámara Alta. El Grupo Parlamentario Socialista comparte las líneas generales de estos proyectos, cuyo origen se encuentra en los anteproyectos elaborados en la etapa socialista, así como en las recomendaciones de la Comisión de estudio del Senado sobre la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, cuyo informe se aprobó por una unanimidad el 22 noviembre 2010, y en las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de los operadores jurídicos, especialmente del ministerio fiscal, que nos exigía una actualización de la legislación para afrontar los desafíos a la protección de la infancia; por las indicaciones de los foros de cooperación interautonómica, que demandaron esta iniciativa a la Administración General del Estado; por las continuas aportaciones de los colegios profesionales, de trabajadores sociales, de educadores sociales, de psicólogos, además de la petición de las asociaciones de familias de acogida y adopción y, sobre todo, por la insistencia de las ONG en defensa de los derechos de los niños y las niñas, tales como Unicef, Save the Children, la Plataforma de Infancia, entre otras, que diariamente han constatado esta necesidad. Hay algunas cuestiones en las que nos hubiera gustado ver mayores avances. Después de casi cuatro años, que es el tiempo que ha tardado en aprobarse esta ley, cabría esperar por quienes legislamos un mayor compromiso con la infancia. En concreto, por citar algunos aspectos, mi grupo echa en falta los siguientes. Primero, una mayor apuesta por lo público. Segundo, refuerzo de la red de servicios sociales públicos, que está llamada a desempeñar un intenso trabajo para su desarrollo y cumplimiento; en especial, impulso del papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales. Tercero, definir con mayor concreción la composición de los equipos profesionales que deben intervenir en las diferentes situaciones relacionadas con la protección de la infancia. Cuarto, más y mejores medidas de apoyo a las familias acogedoras. Quinto, un mayor esfuerzo con colectivos, como los menores extranjeros no acompañados y con los jóvenes extutelados. Y sexto y último, que es lo que nos preocupa, es que las dos leyes incorporan unas disposiciones finales que señalan que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento del gasto público ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no es aconsejable aprobar un texto que avance en la protección de la infancia que contenga unas disposiciones finales en estos términos, pues, de ser así, podemos afirmar que nos devuelve a la casilla de salida, que es un esperpento, no es serio ni justo. Les recuerdo que en el informe de los letrados de las Cortes Generales sobre esta cuestión de no incremento del gasto público aconsejaron la supresión de estas disposiciones finales, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, pues manifestaron que el alto consejo consultivo dice expresamente que es obvio que este anteproyecto sí tiene impacto económico. De modo que esta previsión, carente, por otra parte, de contenido normativo - seguían insistiendo - debe eliminarse. Señores diputados y diputadas del Partido Popular, no es posible avanzar en la protección de la infancia sin que se movilicen los recursos necesarios. Para que esta ley no se quede en papel mojado, desde nuestro punto de vista, son imprescindibles, entre otras, las siguientes cuestiones: reforzar los servicios sociales dotándolos del personal cualificado y de los medios materiales necesarios; mejorar los centros de acogimiento residencial; conseguir que los centros para menores con trastornos de conducta ofrezcan todas las garantías que la nueva regulación impone; mejorar el apoyo y la atención a las familias acogedoras para que pueda hacerse realidad uno de los objetivos esenciales, que es evitar la institucionalización de los menores; introducir mejoras en los procedimientos de adopción, incluso hay que tener en cuenta que se va a incrementar el trabajo de los juzgados y del ministerio fiscal, por lo que también deberían ser reforzados. Todo ello, insistimos, requiere incrementar los recursos. No tengan ustedes la más mínima duda. No es posible legislar sin dotar convenientemente para hacer efectivo lo que con lo legislado se pretende conseguir. [[El señor]] Señorías, las modificaciones introducidas en el Senado son numerosas, es lo que aquí estamos viendo y que hoy vamos a votar. Algunas son tan solo correcciones o mejoras técnicas, también hay otras que son fruto de las transacciones con distintos grupos políticos y, por tanto, resultado de la negociación y del acuerdo, lo cual merece ser valorado positivamente, si bien es cierto que no contienen avances sustanciales. Por último, hay un grupo de modificaciones incorporadas mediante la aprobación de enmiendas del Grupo Popular del Senado cuyo objetivo es regular cuestiones que, por su enorme importancia, deberían haber sido abordadas de otra manera. Citaré tan solo dos. Primero, declarar la inembargabilidad de las prestaciones de dependencia con la excepción de la deuda del impago de alimentos a hijos. Nos parece positivo. Fíjense, señorías, si nos parece positivo que a principios de esta legislatura que ahora finaliza se debatió una proposición de ley presentada por nuestro grupo con la misma finalidad, aunque un poco más completa y amplia, que, por cierto, resultó rechazada por los votos del Grupo Parlamentario Popular. No sabemos la causa del cambio de criterio, pero bienvenido sea, aunque les recomiendo que relean el 'Diario de Sesiones' y comprueben los pobres argumentos que ustedes utilizaron para decirnos no a lo que ahora dicen sí. La segunda, una cuestión que nos parece destacable, es la modificación de las prestaciones de muerte y supervivencia cuando la víctima de un delito de homicidio fuera el sujeto causante. Por supuesto, también la compartimos. Pero modificaciones de este calibre, señorías, no se deben introducir de este modo, al final de la legislatura, mediante una enmienda en el Senado en el último momento. Desgraciadamente, esto no está ocurriendo solo con esta ley, pues llevan ustedes un tiempo que, aprovechando cualquier modificación legislativa, lo están haciendo. Deberían haber traído estos asuntos a la Cámara Baja mediante un proyecto de ley, dando la oportunidad a los grupos parlamentarios, esa posibilidad de estudiarlos como se merecen, de debatir, de enmendar. En definitiva, como diría el señor Rajoy, de hacer las cosas como Dios manda. Por responsabilidad, nuestro grupo ni ha obstaculizado ni ha dilatado ni ha comprometido la aprobación de esta ley. Por el contrario, el Grupo Parlamentario Popular, con su mayoría absoluta, durante la legislatura actual ha echado por tierra cualquier propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que comprometiese tramitar esta ley con carácter preferente, ya que nosotros sí sabemos de la importancia de la misma. Apoyaremos estas modificaciones, pero, reitero, no podremos evitar decirles que nos parece que no es la mejor forma de llevarlas a cabo. Termino, señorías, volviendo a la preocupante cuestión de la disposición sobre el no incremento de gasto público. Permítanme señalar que las medidas que incorporamos harán todavía más necesario que se tengan que aumentar los recursos destinados a la infancia y que, por consiguiente, tendrán que ser las comunidades autónomas las que implementen sus partidas presupuestarias para ello. En definitiva, bienvenida sea esta ley. Compartimos el diagnóstico, los objetivos, los fines y las medidas a abordar, aunque las formas no nos parecen las más adecuadas. Y, sobre todo, tenemos que decir que el Gobierno y el grupo parlamentario que le apoya y tiene la mayoría absoluta - ustedes, el Grupo Popular - ha sido poco ambicioso y nada valiente, porque si hay una política que merece movilizar recursos, señor ministro, esa es la política de la protección a la infancia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sahuquillo. Grupo Parlamentario Popular. Señora Montesinos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, me van a permitir que en primer lugar dé la bienvenida a las entidades sociales del tercer sector que trabajan con la infancia y con la adolescencia, a los académicos, a los directores generales de comunidades autónomas que nos acompañan esta mañana y que han sido parte fundamental de lo que hoy culmina en su recorrido parlamentario. En los inicios ellos, junto con el ministro Alonso, la exministra Mato, la secretaria de Estado, la directora general y los cargos públicos que nos acompañan hicieron posible que esta Cámara pudiera debatir y aprobar este texto. Por tanto, mi bienvenida, la del Grupo Parlamentario Popular, y nuestro enorme agradecimiento hacia ellos. [[Aplausos]] En esta línea, en la misma línea en que iniciaron ustedes el trámite de este proyecto de ley, una línea basada en el consenso, en el diálogo, en las aportaciones, iniciamos nosotros nuestra andadura en esta Cámara. De hecho, así lo han venido reconociendo muchos de los portavoces, no solamente en esta intervención sino en las intervenciones anteriores. Fruto de ese diálogo, de ese consenso y de ese trabajo en común se aprobaron en el Congreso ciento cincuenta enmiendas en sus propios términos, es decir, tal cual las propuso la oposición; se transaccionaron cuarenta y en el Senado se incorporaron treinta y cuatro enmiendas en sus propios términos y se transaccionaron otras once. Es verdad, y lo decía la señora Díez, que ha habido un error que por nuestra parte en absoluto sabíamos ni creo que lo supiera el resto de los grupos hasta esta misma mañana porque en nuestra voluntad en ningún caso estaba esa supresión, error que el Grupo Parlamentario Popular garantiza que se va a subsanar. Pues bien, gracias a esta reforma, a la reforma que hoy culmina su proceso, los niños y niñas van a tener muchas más opciones, más oportunidades de futuro. Es una reforma que se viene a sumar a aquellas iniciativas que por parte del Gobierno se han puesto en marcha y que vienen a responder a las palabras que desde el Grupo Parlamentario de CiU o desde el Socialista se han venido pronunciando. No es cierto que el Gobierno haya mirado para otro lado en el tema de la pobreza infantil. Muy al contrario: el Gobierno asumió desde el primer momento un compromiso que no fue asumido por el Gobierno socialista, porque desgraciadamente fue en su periodo donde más aumentaron la pobreza y las desigualdades. Todo lo contrario, este Gobierno se arremangó y se puso a trabajar precisamente en beneficio de la infancia y de las familias. Prueba de ello es el reconocimiento que la Unión Europea ha hecho de las medidas que se han adoptado, medidas como el II Plan nacional de infancia y adolescencia; el Plan de inclusión social; el Plan integral de apoyo a la familia; la estrategia de juventud; las líneas presupuestarias, ayudas económicas y fondos que se han destinado a las familias que están en riesgo y a los niños; la reforma fiscal, que ha permitido que 106.000 familias se beneficien y que se creen los cheques familiares; la reforma laboral, que ha permitido que se cree empleo, que es la mejor y más grata política social porque dignifica a las personas cuando encuentran empleo; esos 3.000 millones de euros que, no nos olvidemos, se pusieron en circulación para que se pudiera pagar a todas aquellas entidades - muchas de las cuales hoy están aquí presentes - a las que se les debía dinero por parte de la Administración; a ese Fondo social para ocho comunidades autónomas que lo necesitaban; a la subvención del IRPF, etcétera. Son muchas, muchísimas, las medidas. Por tanto, podrán decir cosas de este Gobierno, pero no pueden negar el compromiso social que este Gobierno puso en práctica desde el minuto uno en que empezó a trabajar. Señorías, se ha dicho esta mañana también que esta reforma se basa en una ley que ya inició el Partido Socialista, incluso se ha llegado a decir que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han tardado cuatro años en ponerla en marcha. Ustedes gobernaron siete años, porque les recuerdo que disolvieron la Cámara antes de agotar la legislatura para no tener que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que deberían de haber beneficiado a las familias y a la infancia. Pues bien, dicen que ustedes presentaron ese proyecto de ley, pero no es así; este proyecto de ley se aprobó solamente en primera vuelta en el Consejo de Ministros porque ustedes lo presentaron en julio de 2011. Además, no hacía referencia ni a la violencia de género ni a las familias numerosas ni al derecho y el interés superior del menor. Y no solo eso, sino que ustedes han criticado de una forma absolutamente vehemente que no se recoja en el texto una referencia expresa a la parte presupuestaria. Les quiero recordar que se copió literalmente - eso sí, se les copio literalmente de su proyecto de ley - lo que hace referencia a la parte presupuestaria. Es más, le leo lo que decían ustedes al comienzo sobre el impacto presupuestario: Por lo dicho en el apartado 3.2, impacto económico general, las modificaciones introducidas por este anteproyecto no llevan consigo la necesidad de nuevas dotaciones presupuestarias de las que ya se están destinando a la protección a la infancia en estos momentos. Y no termino de leer porque va todo en la misma línea y el tiempo apremia. Por tanto, me duele enormemente el discurso del Partido Socialista. Nos ha sorprendido a lo largo de toda la tramitación que se hayan ido absteniendo en cada uno de los procesos, cuando nosotros entendíamos que habiendo trabajado, aunque hubiera sido al final y en el último minuto, justo antes de disolver las Cámaras - cosa que no ha hecho este Gobierno, que lo lleva haciendo desde hace cuatro años -, sin embargo, no han trasladado ese compromiso que dicen tener al resultado de las votaciones. En cualquier caso, no les voy a negar que interés han tenido, que a lo largo de este proceso hemos incorporado muchas de sus sugerencias y que lamentablemente en su momento ustedes no consultaron - como se ha hecho en esta ocasión - ni a expertos ni a entidades sociales de infancia ni al Consejo de Estado. Lo hicieron única y exclusivamente con las comunidades autónomas. Otra diferencia sustancial. El portavoz de Convergència i d´Unió hacía referencia a que desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario que lo sustenta estamos haciendo una invasión competencial en la protección de menores y de que no respetamos su Derecho Civil. Lo llevamos discutiendo a lo largo de todo el trámite parlamentario y creo que ha quedado claro que no es así, que hay un respeto absoluto a las comunidades autónomas. Lo que lamento es ese discurso - y se lo digo con todo el cariño - absolutamente trasnochado de los nacionalistas, porque están anteponiendo un discurso nacionalista al interés superior del menor, y creo que esto es mucho más grande. Es una ley de la que sé que todos nos sentimos muy orgullosos de haber participado, pero es una ley en la que deberíamos haber antepuesto otras cosas antes que esos supuestos que, según ustedes dicen, hemos invadido competencialmente. Desde luego no es así, porque la igualdad la consagra - y usted lo sabe bien - la Constitución española en su artículo 14. Decía que ignorábamos el Derecho Civil de algunas comunidades autónomas, y no es así. El reconocimiento de competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de Derecho Civil por parte de sus estatutos no enerva en ningún caso la competencia del Estado, como establece el artículo 149 de la Constitución española. En cuanto a la referencia a la Ley de Adopción Internacional, la decisión de autorizar las adopciones en los diferentes países de origen, así como la función de acreditar a las entidades colaboradoras, queda reflejada en el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala los preceptos de esta ley contra los argumentos que usted ha utilizado en materia de Asuntos Exteriores. Por la escasez de tiempo no me puedo detener en leérsela, pero se la haré llegar para su conocimiento. En cualquier caso, el proyecto de ley establece cauces de participación de las comunidades autónomas, y así se lo hemos venido manifestando. En definitiva, quería dejar claro que la reforma es absolutamente respetuosa con las comunidades autónomas, que no es retrógrada ni liquidadora ni pretende invadir competencias que no le son propias; todo lo contrario. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado respaldan la regulación que contempla la reforma en esas competencias. Por otra parte, y como el tiempo escasea, me gustaría recordar muy rápidamente una serie de novedades que incorpora el texto, como son que España es el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó Naciones Unidas; que además por primera vez se define como de alcance estatal la situación de riesgo del menor, así como la declaración de desamparo, etcétera. Es un texto que se ha enriquecido, como decía al comienzo, con el trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. Me van a permitir que haga un pequeño pero reconocido homenaje a las compañeras Blanca Puyuelo y Maite Martín, que me han acompañado en este proceso, porque para nosotras tres ha sido un orgullo y una satisfacción enorme haber participado; pero también quería extenderlo a otras dos personas del Grupo Parlamentario Popular. Una es Carmen Quintanilla, que en su momento trabajó en dos de las enmiendas que se presentaron en el Congreso relativas a la trata, sobre las que ya me extendí en la anterior intervención. Y del trámite del Senado quiero destacar una enmienda - aunque me gustaría entretenerme en destacar las dos -, la ya conocida como enmienda Castillo. Pues bien, esta enmienda se empezó a trabajar en el Congreso y al final se aprobó en el Senado. Todo lo que dicen algunos sobre que esa enmienda se ha aprobado en el Senado en el último minuto y por la puerta falsa porque el Gobierno todo lo hace al final, es rigurosamente falso. Parece mentira que a estas alturas ni tan siquiera sepa usted lo que se debate y se aprueba en el Congreso. Precisamente esta enmienda está basada en una proposición no de ley que presentó mi compañero el señor Castillo y que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia, y la enmienda es literal. Nosotros la hemos mejorado en el trámite y la hemos presentado, pero su grupo votó a favor en ese momento. Así que no es verdad que vamos al límite del tiempo, sino todo lo contrario. Este Gobierno, de forma muy pausada pero desde luego con mucha vehemencia, convencimiento y seguridad, lo que ha hecho ha sido dar respuesta a los problemas que ustedes, durante su etapa, nos generaron. [[Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos]] No quiero olvidarme de recordar cuál es el motivo de esta enmienda: que los hijos de víctima mortal de violencia de género puedan percibir, a partir de la entrada en vigor de esta ley...
Señoría.
Voy terminando, presidente. ... una pensión equivalente a la de orfandad absoluta y que desde luego el asesino no perciba ninguna. Y, ¡fíjese qué cosas!, esto es ahora cuando entra en vigor; antes no lo habíamos visto así. Otra enmienda importante es la que introduce en el texto normativo el impacto de familia o que las prestaciones por dependencia no sean embargables. Claro que sí. Es una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular de la que todos nos sentimos absolutamente orgullosos. En definitiva, quiero agradecer, como hice al comienzo, la participación del Gobierno, de las entidades, de los académicos, de todos los grupos parlamentarios, que, a pesar de nuestras diferencias, hemos aportado y enriquecido el texto. Me hubiera gustado que el voto hubiese sido favorable a lo largo de este trámite. Hay formas y formas de entender las cosas. Unos piensan que los principios nacionalistas están por encima, otros que estamos en periodo electoral y otros que es la mejor forma de hacerlo. En cualquier caso, les doy las gracias a todos. Hoy es un gran día para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para la infancia en general, para los que trabajan con ellos y para todos aquellos que nos sentimos orgullos del trabajo realizado. Muchas gracias. [[Aplausos.-El señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alonso Aranegui, pide la palabra]]
Gracias, señora Montesinos. ¿Quiere intervenir, señor ministro? Sabe que se arriesga a reabrir el debate.
Espero no arriesgarme a nada, señor presidente. Muchas gracias. Sin ánimo de reabrir el debate, intervengo brevísimamente porque quiero reconocer el trabajo que se ha hecho en esta Cámara, también el que viene del Senado, así como la disposición de todos los grupos parlamentarios, su vocación de diálogo y de buscar puntos de encuentro. Se ve en las enmiendas aceptadas y en las numerosas transacciones que han protagonizado, que han mejorado el proyecto que había remitido el Gobierno a las Cortes, de lo cual yo me siento particularmente orgulloso y se lo quiero reconocer a todas sus señorías. Pero esta es una legislación que nos sitúa en la vanguardia y que, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, constituye un hito y una magnífica noticia para los niños, las niñas y los adolescentes españoles; legislación que se venía fraguando ya desde hace tiempo y que es consecuencia de mucho conocimiento acumulado, de mucha experiencia, del trabajo de la sociedad civil, de las entidades que están hoy aquí acompañándonos y que trabajan día a día y que, por tanto, son protagonistas de toda esta producción legislativa que hemos podido culminar. Naturalmente también no solamente del Gobierno en el que participo yo ahora sino del Gobierno anterior, que ya comenzó estos trabajos y de la ministra que me precedió, Ana Mato, de las comunidades autónomas y de tanta gente. Por tanto, a todos ellos, muchas gracias. Estamos muy satisfechos de haber podido culminar esta labor legislativa. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro.
Pasamos al punto relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, dictamen relativo a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, no les extrañará que manifieste aquello que ya conocen. Los republicanos catalanes defendemos el derecho a decidir, razón por la cual - lo conocen perfectamente - vamos a ejercer este derecho dentro de pocas semanas. Si defendemos el derecho a decidir de todos los pueblos, de todas las naciones del actual Estado español, no les extrañará que para nosotros el problema no sea si el recurso de inconstitucionalidad debe ser previo o post. Nosotros negamos la existencia de esta posibilidad en la medida en que entendemos que los distintos pueblos tienen derecho a decidir, a decidirlo todo democráticamente en sus propios parlamentos. Además, hemos sido víctimas de un Tribunal Constitucional partidista, vendido - repito, vendido - políticamente a los dos grandes partidos españoles, un Tribunal Constitucional corrupto en sus funciones, puesto que las funciones de un tribunal constitucional, sobre todo la principal, es su propia imparcialidad. No hace falta que nos remitamos a la historia reciente de los últimos años y a todo aquello que ocurrió alrededor del proceso estatutario catalán de segunda generación. De hecho, de la profunda estupidez política de los dos grandes partidos políticos españoles de desprecio a la voluntad del pueblo de Cataluña, expresada democráticamente en su Parlamento - y en el caso catalán, después, incluso en estas mismas Cortes - y luego, sobre todo, plebiscitado en referéndum en Cataluña, deviene buena parte de lo que ahora tenemos en nuestro país. Próximamente ustedes tendrán la oportunidad de comprobarlo, si es que la ciudadanía catalana así lo desea, puesto que es evidente que todo mandato democrático, para serlo, debe ser acuñado en las urnas. De manera que no esperamos nada del Tribunal Constitucional a favor de la imparcialidad y de la misma democracia. Así pues, enmendamos, a la totalidad por supuesto, estas dos iniciativas que vienen del Partido Socialista y del Partido Popular. Como prueba del algodón de hasta qué punto ustedes tienen alguna voluntad de enmienda - aun cuando en todo aquello que afecta a buena parte de la ciudadanía ya no tienen remedio -, el próximo debate será si optan por aceptar la voluntad democrática, en caso de que se dé, del pueblo de Cataluña u optan por reprimirnos evidentemente con el Tribunal Constitucional y con todo lo que haga falta. Esta es la disyuntiva que tendrán en los próximos meses. Este será el problema de los demócratas españoles, ustedes tendrán que mirarse al espejo y preguntarse: respetamos o no la voluntad de Cataluña. Como prueba del algodón se nos ocurrió hacer algunas enmiendas y traerlas aquí a ver si realmente son más o menos sinceros reconociendo las tropelías que se han hecho. Por ejemplo, la enmienda número 13 pueden aprobarla a fin y efecto de quede claro que los magistrados que tengan carné de un sindicato o de un partido político no pueden ejercer sus funciones en el Tribunal Constitucional, atendiendo al hecho del gran escándalo que se produjo - y que todavía se está produciendo - cuando magistrados se ufanaban de haber sido incluso diputados del Partido Popular o el mismo caso del presidente del Tribunal Constitucional, afiliado al Partido Popular. Hoy tienen la oportunidad de enviar un mensaje a la ciudadanía de propósito de enmienda. Hemos vivido otras cuestiones muy vergonzantes. Es inaceptable que a la hora de calcular el quórum de los magistrados se tenga en cuenta a aquellos que ya deberían haber sido renovados. También aquellas páginas tan negras que vivimos durante el proceso estatutario catalán cuando los magistrados elegidos por el Senado no eran renovados porque no se ponían de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Por qué ahora no afirman que los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que ser elegidos por el Senado lo serán por parte de las comunidades autónomas de acuerdo con el 151, por ejemplo? Sería un señuelo de propósito de enmienda. Ha habido espectáculos por activa y por pasiva, magistrados difuntos cuyas vacantes no se cubrían. Es también inaceptable que un Gobierno autonómico solo esté legitimado a interponer un recurso si afecta al ámbito de su autonomía. ¿Pero no habíamos quedado en que todas las instituciones territoriales eran Estado? Pues esto es jugar con ventaja. La historia de los Gobiernos españoles es jugar siempre con ventajismo y este ventajismo tiene un instrumento, que es el Tribunal Constitucional. Por no hablar del artículo 84, aquel que afecta a la interposición del conflicto de competencia positivo. Resulta que una ley autonómica queda paralizada por el recurso interpuesto por el Gobierno central pero al revés esto no funciona. Ocurre en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el caso del Gobierno catalán, una ley que grava las entidades financieras, que hubiera supuesto casi 200 millones de euros por ingresos que podrían ir directamente a las políticas sociales, queda paralizada porque así lo quiere no el TC sino porque así lo quiere el Gobierno de turno. Esto es jugar con ventaja. [[El señor]] Una Administración funcional, diligente y moderna debería garantizar los recursos económicos suficientes para que el Tribunal Constitucional fuera - repito - muy rentable en sus trabajos y pudiera casar las contradicciones. Pero que el Gobierno central tenga todos los ases y las comunidades autónomas estén a expensas de la voluntad de los Gobiernos que utilizan esta institución para frenar la legislación de las comunidades autónomas es inaceptable. Les recuerdo que hemos pedido votación separada de la enmienda número 13, que quizá es la más llamativa y la que, de alguna manera, podría mostrar una cierta voluntad en contra de esta corrupción - porque corrupción es el hecho de que un magistrado supedite sus funciones sagradas en beneficio de su carné -; así pues, esta enmienda la sometemos a votación y tienen posibilidad de votarla. Aun así, ya les digo que no vamos a tener ningún miedo a su Tribunal Constitucional porque es de parte y vendido. El derecho a decidir de los pueblos es mucho más potente que sus argucias para impedir que los pueblos puedan decidir su futuro. De manera que me remito a la voluntad democrática que expresaremos los catalanes dentro de pocas semanas. Ustedes pregúntense, como demócratas, qué piensan hacer y cómo quieren actuar, si como demócratas o como otra cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Que esperan los grupos proponentes de sus iniciativas? ¿Qué efectos políticos beneficiosos piensan que pueden ocurrir de impulsar ahora, en el tramo final de esta legislatura, resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad? Desde luego, esta iniciativa choca mucho con lo que se enseñaba, allá por los tiempos de la transición, en las facultades de Derecho; y choca mucho con cómo, desde algunos movimientos políticos, interpretábamos la Constitución, pero incluso el propio Tribunal Constitucional. A la hora de definir los estatutos de autonomía, que todos sabemos que son una ley orgánica, si cogen ustedes los manuales de los años ochenta leerán que son unas leyes orgánicas cualificadas, especiales, porque, entre otras cosas, el Tribunal Constitucional - y así lo recogía la doctrina - afirmaba que la Constitución española era una Constitución incompleta, especialmente incompleta en su título VIII, que necesitaba un desarrollo posterior, una interpretación concreta de lo que decía. Ese desarrollo se logra a través, como no puede ser de otra manera, de un pacto político, al igual que lo es la Constitución, pero un pacto político centrado en cada una de las comunidades autónomas. Ese pacto político complementa la Constitución y la interpreta y de ahí surge el concepto del bloque de constitucionalidad y de ahí surge el concepto de que el parámetro para medir la constitucionalidad no es únicamente la Constitución, sino también los estatutos de autonomía. Sí, ya sé, señor Serrano - veo que está tomando notas - que el otro día en la Comisión hizo una exposición kelseniana de una Constitución. Bien, sí, tenemos la Constitución como parámetro, como cumbre en la pirámide del ordenamiento jurídico, y el resto de las normas tienen que estar ordenadas. De acuerdo, pero, ¿qué pasa si nos encontramos con una constitución incompleta, como es el caso de la española? Si alguien lee el título VIII de la Constitución no tiene ni idea que cómo son las autonomías en España, ni idea ni siquiera de cuántas son, ni de cómo se han conformado ni de qué competencias tiene cada una, ni de cómo hay que interpretar el 148 y el 149, que aparecen en una serie de competencias en los propios estatutos de autonomía. Todos creíamos, pensábamos, queríamos interpretar que las bases constitucionales no solo están en la Constitución sino en los estatutos de autonomía. Por tanto, lo que ustedes van a abordar no es mera cuestión técnica, sino que están entrando en las bases del sistema, exactamente en los rudimentos, en los fundamentos del sistema y esto atañe a política de fondo; no son cuatro retoques y cuatro tonterías, sino que entran en la cuestión fundacional, lo que, desde luego, añade dificultades a posibles acuerdos futuros. En la Constitución no se habla de recurso previo en ninguna parte, en ninguna; ya me dirán si en el 161 o el 162 se dice algo. No se dice absolutamente nada de nada. Es más, tal es así que cuando se arbitra esta posibilidad a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hasta 1985 - en que se acaba con esta posibilidad de recurso por supresión de la ley, por derogación de la ley - no se presentan recursos contra los estatutos de autonomía. El quid de la cuestión, el porqué se retira es por el ataque a los presupuestos por parte de la oposición, pero todo el mundo entiende que hay un pacto político, que se está llegando a acuerdos, que están entrando en vigor los estatutos de autonomía y que no se puede poner en cuestión y dejándolo en manos de doce personas aquello que ha sido decidido por parte de los representantes políticos y refrendado por la ciudadanía. Esa más, les voy a recordar lo que dice el preámbulo de la Ley de derogación del recurso previo de inconstitucionalidad impulsada por el Gobierno de Felipe González: 'Efectivamente, el Título IX de la Constitución ordena, a través del Tribunal Constitucional, un sistema de control legislativo 'a posteriori' y de carácter no suspensivo, ajeno a todo control previo, cuya aceptación, al exceder de las garantías constitucionales, no tiene otro fundamento que la propia Ley Orgánica que lo regula'. Y sigue diciendo: 'Pero la configuración del recurso previo de inconstitucionalidad puede suponer una grave fisura en este equilibrado sistema de relaciones con incidencia negativa por el Poder Legislativo y del Tribunal Constitucional'. Y continúa: 'Puede incidirse así, y de forma negativa, en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye sin limitaciones a las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional, por su parte, órgano jurisdiccional, y, por tanto, alejado de los avatares políticos de la práctica parlamentaria -¡qué tiempos, el año 1985!-, se ve lanzado a una función que no responde al sistema de relación de poderes que la Constitución establece'. Esto dice el preámbulo de la Ley de 1985. Ustedes hablan ahora de intentar evitar la frustración porque parece ser que el gran detonante ha sido el Estatuto de Cataluña. Aquí la frustración, ¿quién la provoca? ¿La provocan los catalanes y el Parlamento catalán aprobando un estatuto que luego es aprobado por las Cortes Generales y que luego es refrendado por el pueblo? ¿O la provocan cincuenta diputados, sesenta o los que fueran, del Partido Popular, que recurren ese estatuto y que frente a otro estatuto como es el de Andalucía, que recoge muchas de las cláusulas del catalán, no presentan ningún recurso? ¿Quién es el que frustra aquí los acuerdos políticos? ¿Quién es el que provoca inseguridad jurídica? ¿Quién es el que causa frustración? Ustedes mismos provocan esa supuesta zozobra y vienen ahora a poner el parche de recurso previo de inconstitucionalidad. Oigan, simplemente no recurran; no recurran, porque lo que están haciendo es dificultar el acuerdo político. Y todo para que al final quede en manos de doce personas, doce personas que han sido designadas ¿cómo, por todas las partes? No, por los hasta ahora - no sé qué pasará en el futuro - dos grandes partidos políticos de la Cámara; ustedes los nombran y ustedes deciden; y ustedes presionan, claro que sí; ustedes influyen, y los medios de comunicación también. ¿Quién va a poder poner además ese recurso? Ustedes nada más, las grandes formaciones parlamentarias de la Cámara. ¿Creen ustedes que esto es desequilibrado? ¿Creen ustedes verdaderamente que esto va a dar más seguridad jurídica y más estabilidad al sistema político? Están cavando otra zanja más ante un tiempo que supuestamente se abre - el propio Partido Socialista está afirmando que quiere buscar un acuerdo dentro de una reforma constitucional -, están cavando una zanja más, poniendo una dificultad más a ese posible acuerdo. Siguen cayendo en el concepto de subordinación que subyace también en otros artículos de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desde su inicio. Porque si nosotros vamos el artículo 161, encontraremos que si se pone un recurso contra las leyes, ¿establece la suspensión de las leyes de comunidades autónomas la Constitución? No. Dice en el punto 2, cuando ya no habla de las leyes, sino de disposiciones y de resoluciones, que el Gobierno podrá impugnar y entonces la impugnación producirá la suspensión. ¿Qué hacen ustedes en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Extender también para las leyes esa medida, cosa que no aparece - y si no parece será por algo - en la Constitución, y además lo hacen de manera desequilibrada, porque mientras el Gobierno puede hacerlo, las comunidades autónomas quedan indefensas y no pueden hacer lo mismo a la recíproca con las leyes de las Cortes. Lo mismo quieren aplicar ustedes a los estatutos de autonomía, quieren hacer lo mismo, un concepto de subordinación. Sinceramente, no sé qué pretenden con esto, no sé qué pretenden cambiando las bases del sistema, no sé qué pretenden dificultando los acuerdos políticos; no sé qué pretenden impidiendo que parágrafos no muy definitorios sino de interpretación variada que deliberadamente tiene la Constitución puedan ser interpretados, acordados políticamente y luego no puestos en cuestión por nadie, ni por cincuenta parlamentarios ni por doce jueces del Tribunal Constitucional, y las cosas puedan marchar correctamente. ¿Por qué ponen al Poder Judicial o a la fuerza de una mayoría minoritaria por encima de los acuerdos plurales? No lo puedo entender, ni por parte de unos ni por parte de otros, y menos en el momento en el que estamos y menos aún de parte de aquellos que hablan de reformas constitucionales y de acuerdos plurales. Evidentemente, votaremos a favor de las enmiendas del resto de los grupos y nos opondremos a este cambio que se pretende realizar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esteban. Queda clara su posición. Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, señor presidente. Vamos a defender las enmiendas de nuestro grupo intentando de nuevo en la Cámara entrar en el fondo del debate que nos ocupa. Para nosotros es muy sencillo, tiene que ver con la interpretación distinta sobre la Constitución española, la plurinacionalidad de España y su carácter o no federal. Por tanto, esta iniciativa del Partido Popular y del Partido Socialista nos dibuja una determinada visión y una determinada interpretación constitucional. Para nosotros está claro que los estatutos de autonomía forman parte del bloque constitucional no solo porque así lo interpretamos sino porque creemos que incluso para los padres de la Constitución ese era su punto de vista. Hacer o no hacer esa interpretación decanta la moneda hacia la cara o hacia la cruz. La cruz evidentemente significa entender, como se nos dijo en la Comisión, que la Constitución está por encima de los estatutos de autonomía, cosa con la que estaríamos de acuerdo, pero una cosa es que la Constitución esté por encima de los estatutos de autonomía y otra muy distinta es que los aplaste, que es la interpretación que hace el Partido Popular. A nosotros no nos extraña que el PP haga esa interpretación porque es su modelo de Estado, su modelo de España, pero sí nos extraña que en esa interpretación participe el Partido Socialista, que va a usar en su precampaña y campaña electoral la bandera de la reforma constitucional. Propuesta positiva, pero pregunto: ¿No estamos ya marcando las cartas del debate de la reforma constitucional diciendo aquí que va a haber un doble recurso previo y posterior, un doble filtro constitucional a los estatutos de autonomía? ¿No estamos marcando esa posible reforma constitucional diciendo que no va a ser federal, que no va a ser federalizante y que evidentemente que no va a entender a España como un ente plurinacional? Pues sí, porque en este caso, afirmando que va a haber ese doble recurso de inconstitucionalidad, estamos diciendo que los estatutos de autonomía van a tener un doble filtro, que la capacidad legislativa de los parlamentos autónomos, pero también que la capacidad legislativa del Congreso y del Senado, va a estar controlada por un Tribunal Constitucional y por un sistema constitucional y parlamentario basado en el bipartidismo y en la visión centralista de España. Por tanto, lo estamos diciendo todo. Estamos prometiendo que tal vez con la reforma constitucional puede abrirse la puerta del diálogo para casos como el de Cataluña y el de Euskadi, pero, al mismo tiempo, en la práctica estamos votando y estamos trabajando para dejar sentado, atado y bien atado todo lo contrario: que aquí no se va a mover nada que el Partido Popular no permita y que el Partido Socialista vaya a rueda, con perdón, de esa intencionalidad política. Por tanto, estamos cometiendo un error de futuro; estamos cometiendo un error de futuro en un momento de coyuntura política de nuestro país, de elecciones catalanas el 27 de septiembre que, quieran o no quieran las Cámaras, y esta Cámara, va a iniciar un proceso constituyente para nuestro país, Cataluña. Queremos y deseamos que a este lado del Ebro haya diálogo porque nosotros sí defendemos que sin diálogo, sin negociación y sin entendimiento no es posible. Evidentemente no estamos por ninguna vía unilateral que no lleva a ningún lugar y solo el diálogo y el entendimiento nos permiten ser un pueblo libre. Pero ustedes nos están contestando a un debate que va a llegar, nos contestan hoy con esta iniciativa parlamentaria y nos dicen ya lo que va a pasar, lo que van a opinar y lo que van a decir, aunque tal vez en campaña electoral eso lo van a dejar abierto, pero, repito, con esta votación y con estos hechos interpretamos que lo tienen ya decidido y cerrado a derecha y a izquierda de esta Cámara parlamentaria. Por tanto, es muy sencillo. Hay que respetar el espíritu abierto de la Constitución; si no, España no tiene futuro tal y como la entendemos hoy y como hoy existe. Para los que sí creemos en el futuro de España - y se lo digo desde Cataluña, si se me permite -, o España entiende que tiene que moverse o se va a mover todo, pero no en la dirección de seguir teniendo un proyecto colectivo. Evidentemente queremos, sí, una interpretación federalizante y plurinacional del texto constitucional y de nuestro proyecto de convivencia común, porque o es así o no será. Por tanto, dialoguemos sobre esa base y votemos y aprobemos cosas que puedan ir en esa línea, pero no cerrando puertas a lo que va a venir. Finalmente, diré para acabar que los estatutos de autonomía son Estado. Por tanto, si son Estado, merecen respeto y también que el Estado entienda que, al ser Estado, no pueden tener mecanismos de estas características por los que deban demostrar su inocencia. Sí, ustedes van a votar que los estatutos de autonomía deben demostrar su inocencia. El Partido Popular cree que son culpables y, por tanto, deben demostrar su inocencia. No; son inocentes porque somos Estado. O los concebimos así o el futuro va a ser muy negro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nuet. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, en primer lugar, tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señor presidente. Señorías, abordamos hoy este debate porque el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han llegado a un acuerdo para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad a las propuestas de estatutos de autonomía y sus reformas. Es un acuerdo que desde nuestro punto de vista implica un reconocimiento. Reconocen el Partido Popular y el Partido Socialista que el actual modelo no funciona y que se han hecho mal las cosas. Es cierto. No lo dicen explícitamente, pero es evidente que no impulsarían la recuperación del recurso previo si las cosas funcionaran bien. Por lo tanto, ustedes están reconociendo que el actual modelo no es válido, pero, si me permiten, les diré que nuevamente se equivocan. Se equivocan porque refuerzan el choque de legitimidades entre el Legislativo y el Tribunal Constitucional. Convierten al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara; se ha dicho reiteradamente y de forma insistente en este debate. Judicializan un debate estrictamente político e insisto en que todo ello es un grave error, porque no resuelve la cuestión de fondo. Estamos ante un problema político. Por otra parte, debemos recordar también - ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra - que el Tribunal Constitucional ha estado y está muy cuestionado. Es un tribunal excesivamente politizado con magistrados recusados y con sustituciones que no llegan. Lo ha desglosado claramente y de forma pormenorizada el señor Tardà cuando me ha precedido en el uso de la palabra. Hoy el Partido Popular y el Partido Socialista impulsan nuevamente este mecanismo del recurso previo. Ambos cuando han estado en la oposición, como también ha dicho algún otro portavoz, han utilizado al Tribunal Constitucional a su antojo para obstruir o dilatar determinadas leyes; solamente tenemos que recordar la Ley Orgánica de Educación o la reforma del aborto. En el fondo ambos han jugado políticamente con el Tribunal Constitucional. Ahora tenemos la sensación - yo diría incluso la certeza - de que vuelven a hacer exactamente lo mismo, recuperando el recurso previo. Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en si tenemos que recuperar o no el recurso previo, sino que hay otra cuestión de fondo, que es el debate sobre el papel del Tribunal Constitucional. Es necesario convertirlo en un auténtico tribunal independiente, y para ello deberíamos resolver muchas cuestiones - también lo ha apuntado algún otro portavoz -, como el modelo de elección de los magistrados, su sustitución y un largo etcétera. Pensamos que se debe garantizar la interpretación de las fuerzas políticas del marco constitucional y que los ciudadanos han votado en referéndum; me estoy refiriendo especialmente a aquellos estatutos de autonomía por la vía del 151. Por tanto, el camino sería modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para excluir tanto el recurso previo como el posterior recurso de inconstitucionalidad de los proyectos de estatuto y sus reformas, especialmente los aprobados por la vía del 151. Pero ustedes, con este acuerdo, hacen absolutamente lo contrario: mantienen el doble filtro, el doble veto, el anterior y el posterior. Saben que la declaración de inconstitucionalidad sobre una ley nunca es una cuestión inocua sino que tiene consecuencias, y en el caso de los estatutos que van por la vía del 151 las consecuencias pueden ser especialmente traumáticas. Insisto en que el Estatuto de Autonomía de Cataluña es el claro ejemplo de esa frustración que puede provocar la injerencia del Tribunal Constitucional. Con la recuperación del recurso previo estamos restando poder al Legislativo y permitimos que los magistrados del Tribunal Constitucional tomen decisiones relevantes políticamente, cuando ese no es su papel. Insistimos en que ese no es el camino. Además, no se equivoquen, el problema no es un estatuto u otro, el problema es que ustedes, señores del PP y, por la parte que le corresponde al Partido Socialista, no han querido ni quieren reconocer y afrontar la realidad de Cataluña. En Cataluña existe un problema que cada día se está haciendo mayor y que no vamos a resolver recuperando el recurso previo ni tampoco manteniendo el recurso de inconstitucionalidad. El problema no es parar los pies a un estatuto ambicioso que pide mayor autogobierno, el problema es que ustedes no han sabido escuchar lo que una gran mayoría de la sociedad catalana les está y les estaba pidiendo en aquel momento. Dieron un portazo al estatuto, dieron un portazo al pacto fiscal, dieron un portazo también a la consulta legal y acordada. Pero a pesar de todo, desde Unió continuamos apostando y apostaremos por el diálogo. La política es diálogo...
Señora Surroca, tiene que terminar.
Sí, señor presidente. Voy terminando. No nos cansaremos de insistir en ello. Ese es el camino, el del diálogo y el de la política en mayúsculas. Con esta propuesta, en la que se han puesto de acuerdo Grupo Popular y Grupo Socialista, no vamos a resolver el problema de fondo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, voy a empezar haciendo una consideración de carácter histórico y después terminaré haciendo referencia al proyecto de ley en concreto que vamos a votar. Los tribunales constitucionales nacieron en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Justo después de la Primera Guerra Mundial, en los años veinte y treinta, se teorizó que, más allá del poder del Legislativo y más allá del poder soberano de la elección popular, debía haber un tribunal que temperara, presentando unos ciertos prejuicios o reservas a la actividad de Parlamento. Señorías, en términos históricos, es bueno conocer el punto de inicio de los tribunales constitucionales, este contrapeso de justicia constitucional que evalúa aquello aprobado por los parlamentos, y es por eso que en distintas sociedades democráticas no existen tribunales constitucionales. Ya sé que esta ley no va sobre la supresión o no del Tribunal Constitucional, pero es bueno recordar el origen de los tribunales constitucionales en los años veinte y treinta. En segundo lugar, creo que el señor Esteban leyendo la exposición de motivos de la Ley del año 1985 impulsada por el Gobierno del Partido Socialista que anulaba el recurso previo de constitucionalidad, nos ha dado elementos más que suficientes para poner de relieve la incoherencia como mínimo del Grupo Socialista en este momento al final de la legislatura de pacto político entre el PP y el PSOE para dar respuesta al debate territorial a partir del recurso previo de constitucionalidad. Señorías, estamos ante un momento en el que la oportunidad política es muy relevante y ustedes con este acuerdo entre el partido de la mayoría y el primer partido de la oposición envían un mensaje muy evidente a la sociedad y al sistema de autogobierno y a las propuestas de modificación de la Constitución que el grupo de la oposición plantea. La oportunidad política es mínima, por no decir que no existe en estos momentos, porque ustedes tienen que entender perfectamente que podemos tener un debate político de jerarquía normativa, pero también en Cataluña y en el conjunto de España se está produciendo un debate de oportunidad política. Señorías, esta no es la mejor contribución para resolver los debates presentes. Ustedes recuerdan perfectamente que desde el año 1978 nunca una ley refrendada por la ciudadanía había tenido un recurso posterior, como así se produjo a través del recurso contra el estatuto en el año 2006, con sentencia del día 9 de julio del año 2010. Ustedes me dirán que de acuerdo con el principio de jerarquía normativa - Kelsen - la última palabra es del Tribunal Constitucional. Señorías, hay una consideración como mínimo de tensión de legitimidades entre aquello votado por la ciudadanía después de la aprobación por parte de las Cortes y la decisión por referéndum y la decisión posterior de un Tribunal Constitucional que además - y esto va en la línea con algunas enmiendas que vamos a apoyar - tenía magistrados con los mandatos claramente caducados. Acabamos de aprobar una reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para que sus miembros a los cinco años cesen y no se pueda prorrogar su mandado de ninguna forma como en el pasado. En cambio, en la sentencia del año 2010 fue especialmente extraordinario el caso de magistrados fuera de plazo. Termino, señorías. Señor Esteban - que se ha reincorporado al hemiciclo -, le agradezco muchísimo que haya leído la exposición de motivos del año 1985 porque pone de relieve una incoherencia extraordinaria entre el planteamiento del Partido Socialista en aquel momento y una reforma a final de legislatura que para nada contribuye a entender lo que está pasado. Señorías, creo que deberán entender las respuestas políticas, porque al final la política tiene que encontrar respuestas, y las respuestas de unidad política que se están formulando en Cataluña son una respuesta a la sordera extraordinaria que supone esta reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Xuclà. Entramos ahora en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Gracias, presidente. Señorías, verdaderamente el que estamos teniendo esta mañana es un debate muy interesante en términos políticos desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario. Es verdad que se ha abordado desde distintas perspectivas y que se ha hecho mucho hincapié en cuestiones que se planteaban como jurídicas. Es cierto que es un debate con un alto contenido jurídico, porque muchas de sus señorías han hablado de las interpretaciones de las leyes, de cómo interpretan los tribunales o no las cosas - ustedes mismos han hecho interpretaciones -, pero yo creo que esta no es una cuestión - permítanme la expresión - de interpretación jurídica sino de interpretación de debate político, pero político con mayúsculas. En este sentido, quiero contestar a algunas cuestiones para plantear el debate en términos políticos. Se ha dicho, por ejemplo - y en esto estoy completamente de acuerdo -, que hay momentos en los que se debe percibir, notar, hacer público el propósito de la enmienda, y creo que este es un momento en el que todos vamos a hacer público nuestro propósito de la enmienda. Efectivamente, nos vamos a enmendar, vamos a enmendar una decisión que tomaron las Cortes hace treinta años. En aquel momento se tomó la decisión de derogar los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes orgánicas, que eran muchas más - quiero recordar que era sobre todas las leyes orgánicas -, entre las que estaban los estatutos de autonomía. Pues bien, a la vista de lo acontecido desde entonces, este Pleno del Congreso de los Diputados, estas Cortes Generales, se enmiendan a sí mismas, y lo hacen como se hacen estas cosas en política y en democracia, porque se aprecian los resultados de las leyes, y es que las leyes se modifican a la luz de sus resultados. En 1985 el legislador quiso resolver un problema. Había muchísimos recursos previos de inconstitucionalidad de todas o prácticamente todas las leyes orgánicas, lo cual era malo para la construcción de la democracia en aquellos momentos. Pero la consecuencia, derogar todos los recursos de inconstitucionalidad, pues también ha sido negativo, y por eso hay propósito de la enmienda y hay enmienda, y nos enmendamos e introducimos el recurso previo de inconstitucionalidad, si así lo quiere la mayoría, para los estatutos de autonomía. Por cierto, he escuchado decir aquí que los estatutos de autonomía son Estado y bloque constitucional. Pues no, las comunidades autónomas son Estado y los estatutos de autonomía forman parte del bloque de constitucionalidad, pero no son el bloque constitucional. Eso significaría que están en el mismo nivel que la Constitución, y no están en el mismo nivel, no, no están en el mismo nivel ni aunque ustedes consideren que España es un Estado plurinacional o federal, federalizante han dicho. No, ni federal. Alguien ha dicho también que no hay tribunales constitucionales en muchas democracias del mundo. Bueno, no se llaman constitucionales, pero cumplen esa función, y vamos a poner el ejemplo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si todos los legisladores de los Estados federales y la legislación federal tuvieran el mismo rango que la federación, es decir, que los Estados Unidos, cada uno de los Estados federales legislaría y no habría nadie por encima que les pudiera corregir. Pues se acaba de corregir una de las últimas sentencias en relación con el matrimonio gay. La Corte Suprema ha dictado una sentencia y se acabó; todos los Estados federales que habían legislado al respecto prohibiendo los matrimonios gays se han tenido que achantar, porque la Corte Suprema ha dicho que es constitucional y, como es constitucional, se aplica en todos los Estados Unidos de América. [[La señora]] Pues bien, apliquemos esto mismo a España, que también es una democracia, con un alto grado de descentralización política y con un Tribunal Constitucional que lo que hace es sencillamente proclamar que las leyes son constitucionales. Se ha dicho aquí por varios intervinientes que ahora que estamos todos con esto del espíritu del acuerdo, con el espíritu de la reforma de la Constitución, con la necesidad del encuentro, pues claro, tiene que haber acuerdos, al máximo, pero, señorías, dentro de la ley. La Constitución se puede cambiar - naturalmente que sí -, no son las tablas sagradas de la ley; ahora bien, la cambiamos aquí. Se propone aquí y la votan todos los españoles. No se cambia la Constitución con estatutos de autonomía que se votan en una parte de España. No, no, así no se cambia la Constitución; ya pueden tener el espíritu que quieran pero no se cambia así la Constitución. No puede haber estatutos que cambien la Constitución, que tengan letra de estatuto y cuerpo de Constitución. No puede ser. ¿Que hay que encontrar acuerdos y ampliarlos para que todos convivamos estupendamente en España y todos nos sintamos cómodos? Sí, pero solo puede haber comodidad democrática dentro de las leyes, porque lo demás no es comodidad democrática, es otra cosa. De eso estamos hablando, exactamente de eso. También propósito de la enmienda, sigo con lo mismo. Alguien decía: ustedes se enmiendan ahora a ustedes mismos porque aquello que hicieron... Sí, es una enmienda, lo he dicho al principio, pero ¿no tendríamos que hacer esto? Alguien decía: quieren cambiar, no tendrían que hacer esto. Señorías, no tendríamos que hacer esto si hubiera habido en España lealtad constitucional. Si hubiera habido lealtad constitucional no tendríamos que estar haciendo esto, porque no habría habido nadie que hubiera querido cambiar la Constitución desde una comunidad autónoma y desde un Estatuto de Autonomía. Si hubiera habido lealtad constitucional, que es lo propio de las democracias serias y consistentes hay cosas que no habría que hacer. A lo mejor el legislador en 1985 pensó que habría lealtad constitucional y que nadie utilizaría los estatutos para aquello que no estaban previstos, pero como realmente se han utilizado para aquello que no estaba previsto, tenemos que enmendarnos y corregirnos. ¿Para qué? Para que la democracia funcione bien y que todo lo que se haga se haga dentro de la democracia, es decir, dentro de la Constitución. Decía el señor Esteban - y creo que también el representante no sé si de Convergència o de Unió - que había que leer el preámbulo de la ley de 1985 que derogó el recurso previo de inconstitucionalidad. Es verdad, está muy bien leído, pero hay que leer el preámbulo y, ya que nos ponemos a leer y a hacer un poquito de hemeroteca, leamos el preámbulo y el debate, porque Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco votaron en contra de la derogación, querían mantener los recursos previos de inconstitucionalidad. Les animo a que lean el 'Diario de Sesiones'. También ellos se han corregido a sí mismos. Si es lo propio, corregirse a sí mismos, hacer propósito de la enmienda. Bueno, vale, y enmendarse. Pero como ustedes mismos lo han leído aquí y lo han planteado como una cuestión importante, les recuerdo que en ese momento ustedes querían mantener los recursos previos de inconstitucionalidad y además decían que era muy bueno mantenerlos, que estaban dentro del espíritu de la Constitución y que además eso les daba - según el espíritu de la Constitución que ustedes decían en aquel debate - capacidad a las fuerzas minoritarias. Eso se produjo hace treinta años. Por último, hay una cuestión que también se ha planteado en varios momentos durante el debate, la frustración; se ha dicho desde distintas perspectivas. Alguien se preguntaba incluso quién frustra. Quien promete lo que no puede dar, a sabiendas, frustra a los ciudadanos, y frustraron a los ciudadanos quienes prometieron un estatuto en Cataluña que se sabía que era inconstitucional, y lo llevaron, porque así está en la ley, a referéndum de los ciudadanos sabiendo que era inconstitucional y que cambiaba la Constitución por la puerta de atrás. Eso es lo que frustra y no que se recurra y que se imponga la ley, la Constitución. Es el caso de Grecia, señorías, que está tan reciente. En eso estamos de acuerdo. ¿Quién frustra a los griegos? Quien plantea un referéndum preguntando sobre cuestiones que no afectan solo a los griegos sino a todos los europeos. Ayer nos pusimos de acuerdo - mayoritariamente de acuerdo, no unánimemente - en que lo que frustraba a los griegos es que Syriza, Tsipras, planteara un referéndum sobre una cuestión a la que no podían contestar solo los griegos, porque era una cuestión que nos afectaba a todos los europeos. Eso, desde mi punto de vista, es lo que genera la frustración a los ciudadanos, cuando se promete algo que se sabe que no se puede dar porque no está en manos de quien lo promete, no es una cuestión de que te guste más o menos, sino que no está en la mano de quien te lo promete. Eso es lo frustrante, lo verdaderamente frustrante y lo que tenemos que atajar. Si este recurso previo de inconstitucionalidad hubiera estado vivo o si hubiera habido lealtad constitucional, algunas frustraciones, algunos problemas de división, que nos afectan a todos, al margen de la parte en la que uno se encuentre desde un punto de vista ideológico - porque aquello que genera frustración a la ciudadanía, ruptura y separación es malo para la democracia, sea cual sea la posición en la que te encuentres -, nos hubiéramos podido ahorrar. Como la lealtad constitucional no se puede obligar, regular o legislar, legislemos, recuperemos este recurso previo de inconstitucionalidad para lo importante, para hacer leyes, para que todas ellas sean constitucionales y para evitar males mayores al conjunto de los ciudadanos. Termino con una referencia a la número 13 de Esquerra Republicana, en el sentido de que nuestro grupo parlamentario, lo mismo que hizo en Comisión, la votará favorablemente, porque nos parece bien que los miembros del Tribunal Constitucional no tengan carné ni de partido ni de sindicato. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora Díez. Por el Grupo Socialista, señor Serrano.
Gracias, señora presidenta. Después de este torrente, espero ser capaz de contestar en diez minutos a las cuestiones que se han formulado. Lo tengo difícil, entre otras cosas porque no me gusta repetirme, y es la tercera ocasión que en un plazo de quince días tengo que intervenir sobre ello y además con los mismos interlocutores, lo cual por otra parte facilita algunas cosas. Primera cuestión: ¿por qué esta iniciativa? Hablo obviamente en nombre del Grupo Socialista, aunque es verdad que coincidimos con el Grupo Popular. Lo dije abiertamente el primer día que hicimos un debate de totalidad sobre ella, y lo reconocí, a nuestro juicio el proceso que se siguió desde el comienzo hasta el final en torno al Estatut de Catalunya fue un camino de desatinos, un largo camino en el que se sumaron desatinos de toda índole, y que acabó, como se ha recordado por más de uno de los intervinientes, con el recurso de una norma jurídica del Estado después de que se hubiese pronunciado sobre ella una parte de la ciudadanía. Esta iniciativa, como ustedes saben, se planteó a finales de 2013. Lo digo porque hay que tener en la cabeza esta fecha para evitar el riesgo de hacer juicios de intención - según mi opinión - absolutamente exagerados, por decirlo suavemente, en relación con que su finalidad es poner fin a no se sabe qué, porque, entre otras cosas, que yo sepa, no hay en perspectiva en ninguna parte del país - y desde luego no la hay en Cataluña - una reforma del Estatut de Catalunya. Hay otras cosas, hay problemas muy serios, respuestas muy serias, otras menos serias - depende de cómo se juzguen -, pero lo que no hay es una reforma del Estatuto de Autonomía en perspectiva. Por tanto, no es Cataluña el objetivo, es evitar la reproducción de desatinos, porque cuando se acaban produciendo y tienen una cierta gravedad, el riesgo es que acaben en lo que Azaña llamó una deformidad orgánica, y al menos a esto mi grupo no quiere contribuir. Hay un segundo conjunto de reflexiones que quería hacer. Señor Esteban, tiene razón. Lo comparto con usted: los estatutos de autonomía forman parte del bloque de la constitucionalidad y sirven, en consecuencia, para completar, precisar, incluso interpretar, lo que la Constitución dice - lo que la Constitución dice -, en el sentido de que primero está la Constitución y después los estatutos, y esa cadencia temporal impone el respeto a dos principios elementales que aprendimos usted y yo - yo hace muchos más años que usted - cuando estudiábamos: el principio de legalidad y el principio de jerarquía normativa. Por cierto, también sabe usted igual que yo que en el bloque de la constitucionalidad la doctrina comúnmente entiende que no están solo la Constitución y los estatutos de autonomía, sino también las leyes orgánicas que, entre otras cosas, cumplen respecto del título I de la Constitución la misma función que los estatutos cumplen en el conjunto de la Constitución y, específicamente, en el titulo VIII. Estas precisiones tienen algún sentido. Por ejemplo, también en relación con algo que ha formulado el señor Xuclà - aunque no está en este momento en el hemiciclo - sobre la historia de los tribunales constitucionales entre los años veinte y treinta. Se le ha olvidado añadir algo importante que usted sabe, señor Esteban, que es que entre los años veinte y treinta hay un cambio de fondo muy importante en el mundo del derecho, ya que es entonces cuando la Constitución deja de ser algo etéreo para convertirse en norma jurídica con mayúsculas; de ahí la teorización del Tribunal Constitucional en algunos Estados europeos. Pero es porque la constitución se convierte en norma jurídica, cosa que hasta entonces no funcionaba. Nosotros tenemos todavía algunas normas que no responden a ese carácter de norma, pero la Constitución como tal sí lo tiene. El debate, sin embargo, ha tenido una deriva que es importante, porque lo deja sin salida. Supongamos que nos convencen al Grupo Socialista y al Grupo Popular y votamos en contra de esta iniciativa; juguemos a ello. No desaparecería por ello el control de constitucionalidad de los estatutos. No, no, seguiría existiendo; seguiría existiendo en los términos en que hoy está establecido. Es decir, cincuenta diputados o cincuenta senadores podrían interponer un recurso. Lo que nosotros queremos con esta iniciativa es tratar de dañar lo menos posible - y si es posible nada - el principio de seguridad jurídica del que están llamados a disfrutar los ciudadanos de un territorio, de una parte de una comunidad que se dotan, manifestándose mediante el voto, de una norma jurídica clave para su convivencia: el estatuto. Pero, insisto, si esto lo dejásemos caer, el control de constitucionalidad se mantendría y nosotros creemos que es preferible hacerlo ex ante en vez de ex post. Le dije el otro día - y lo reitero - que al Grupo Socialista y también al Grupo Popular, por lo que yo he hablado con ellos - no le estoy echando en cara nada -, nos gustaría todavía poder reflexionar sobre alguna posibilidad que evitase el doble recurso, al menos el atribuido al mismo sujeto. Pero no hemos tenido oportunidad de hacerlo. Me gustaría plantear un par de cosas para terminar. Señor Esteban - me dirijo a usted porque ha sido el que más incisivamente lo ha planteado -, no le tengo que recordar que en el reino de la libertad, es decir, donde la libertad se juridifica, que es en el sacro santo principio de la autonomía de la voluntad, dos mil años de derecho que han extendido su influencia por todos los rincones del mundo consagran que los pactos - si usted quiere lo digo de otra forma, los contratos - pueden ser declarados nulos cuando violan la ley. Los pactos; todos. Y lo pueden declarar por aparición de un tercero, público o privado, o pueden ser declarados nulos incluso porque una de las partes lo alegue. Esta es la vieja teoría del consentimiento viciado, el objeto ilícito o la causa inexistente o ilícita también. Pues esto funciona. Por último, señor Tardà, me imagino que ha tenido - sabe, además, que me gusta hablar con usted - algún papel en uno de los fenómenos más singulares de esta última semana. Me gusta mucho el cine, aparte de la literatura o la historia de la literatura, como comentábamos hace una hora. Hemos tenido un macguffin, que se inventó Hitchcock, fantástico. Prácticamente no he visto una reflexión en un medio de comunicación sobre el sentido o no de optar por un recurso previo o uno posterior. Ahora, lo que sí ha generado páginas es si el PP y el PSOE habían sumado votos para impedir que se aceptase una enmienda por completo razonable que, como usted ha dicho, era la prueba del algodón. No, el Grupo Socialista cuando conoció el fenómeno que usted quiere atajar, saltó de inmediato, fue el grupo que saltó y planteó que no era posible que un magistrado del Tribunal Constitucional mantuviese la militancia en un partido, para decirlo en términos más duros que la afiliación. No pudimos discutir algunos términos, tampoco voy a echarle en cara otras historias. Esto es lo que ha atraído la atención, aun sin ser el tema del debate porque esta proposición solo tenía un objetivo. Le aseguro que el Grupo Socialista tiene propuestas que formular en relación con la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional - claro que las tiene - pero no las ha traído aquí porque esto tenía un único objetivo, entre otras cosas porque es verdad que esto lo hicimos a mitad de legislatura, no en el periodo agónico final, pero se está discutiendo cuando se está discutiendo. Como era nuestro objetivo único sacar adelante el contenido que hemos pactado, le dijimos en la Comisión hace una semana que votábamos en contra. Trataremos de encontrar espacios, señor Tardà, para pactar, de cara a la tramitación de esta proposición en el Senado, una enmienda en relación con elementos que, como la mujer del César, no solo aseguren sino que transmitan la imagen de imparcialidad, que se tiene y que se debe aparentar. Esto no es solo un reclamo histórico, sino que lo exigen los ordenamientos modernos y, en concreto, el ordenamiento europeo, es decir, que hay que ser imparcial y también aparentarlo, y estamos dispuestos a discutirlo en los próximos días. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Serrano. Por el Grupo Popular, señora Cortés.
Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tomo la palabra por tercera vez sobre esta cuestión, presentó esta iniciativa porque entiende que un recurso previo de inconstitucionalidad aporta mayor seguridad jurídica, eficacia y sencillez, puesto que no se busca una declaración de nulidad alguna, sino que se pretende detectar cualquier acto del legislador que sea inconstitucional, de manera que las Cortes puedan modificarlo y subsanarlo antes de que entre en vigor. Como se hace antes de que entre en vigor, eso evita problemas irresolubles provocados por una norma declarada con posterioridad inconstitucional y así tampoco se crea una laguna en el tejido normativo puesto que no entra a formar parte de ese ordenamiento jurídico. ¿La ventaja? Que como se hace antes de que entre en vigor, eso no es un inconveniente; al revés, aporta mayor seguridad y mayor sencillez para el ordenamiento, como decía hace un momento. Respecto a las enmiendas que los portavoces hoy han defendido aquí - que ya lo hicieron también en Comisión y que son las mismas que presentaron a la totalidad, con lo que los argumentos ya podrían ser conocidos -, me da la sensación de que podríamos dividirlas o separarlas en dos bloques de argumentos. El primero de ellos hace referencia al hecho de que pretenden negar la legitimidad del Tribunal Constitucional para controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía. El portavoz del Grupo Socialista hacía referencia a esos principios que rigen nuestro sistema y que también estudié, como son el de legalidad y el de jerarquía normativa. Por lo tanto, todas las normas están sujetas a la Constitución y el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por esa constitucionalidad. Es verdad que forman parte del bloque de constitucionalidad - también lo dije en el debate que tuvimos en Pleno, lo dije en Comisión y sabía que iba a tener que volver a repetirlo, pero no tengo inconveniente y lo repetiré cuantas veces haga falta - en tanto en cuanto sean constitucionales, pero no antes ni de otra manera. Es verdad, se ha dicho desde esta tribuna, que la Constitución no habla del recurso previo de inconstitucionalidad ni para permitirlo ni para prohibirlo, y es verdad que la Constitución no es una norma cerrada, lógicamente, para que bajo su marco pueda gobernar cualquier formación política. Por eso, hay normas de desarrollo en las que se incluyen preceptos y previsiones que la Constitución no incorpora, como puede ser el recurso previo de inconstitucionalidad. De manera que no lo recoge pero tampoco lo prohíbe. Puedo entender que eso no les guste o que no les guste el artículo 161 de la Constitución, que su deseo sea cambiarlo y que las cosas sean de otra manera, pero nuestro sistema, el sistema que la Constitución de 1978 configuró y que nos ha dado el mayor periodo de democracia de nuestra historia es así, así es ese sistema y la verdad es que negar la evidencia no tiene ningún sentido. No les gusta el Tribunal Constitucional y entienden que un problema político no debería ser resuelto por el mismo, pero entiendo que para algunos de los portavoces lo que se está produciendo en Cataluña sea un problema político; lo entiendo e incluso puedo compartirlo. Se está produciendo un problema - y algunos de los portavoces también lo han señalado -, que puede que dentro de unos meses vaya en otra dirección, porque hay fuerzas políticas que están promoviendo la separación de una comunidad autónoma del resto de España. ¡Si yo entiendo que eso sea un problema político y que se vaya en la dirección de esa separación! Y entiendo que para alguna de las fuerzas nacionalistas eso también sea un problema, porque el primer resultado de este problema se ha producido en una separación, y no precisamente de la comunidad autónoma, sino de alguna formación política. Entiendo que eso para ustedes sea un problema, pero el Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario, no pertenece al orden jurisdiccional ordinario, es un tribunal que tiene una faceta jurisdiccional porque utiliza procedimientos jurisdiccionales, pero es también un tribunal político porque, en el fondo, la Constitución es su parámetro para enjuiciar las demás normas y, al final, la Constitución es un pacto político entre las distintas formaciones. Es curioso cómo muchas veces algunos portavoces hacen referencia a la letra de la ley para decir que el recurso previo no está en la Constitución; y nos fijamos en la letra de la ley para lo que nos interesa, porque si en los años ochenta los manuales de Derecho Constitucional decían una cosa, hoy esos manuales dicen otra. Yo también estudié Derecho y antes de llegar a esta Cámara he estado casi veinte años enseñando Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho, y créanme que los manuales de Derecho Constitucional que yo empecé leyendo no tienen nada que ver con los de ahora; ha habido una evolución. Si les gusta la letra de la ley porque la Constitución no recoge el recurso previo, ¿que diríamos de la letra de la ley, en cuanto al reparto de competencias que dice la Constitución o que defendía en los años ochenta? Hemos evolucionado, pero no puede ser que evolucionemos para lo que nos interesa y no para lo que no nos interesa. El segundo bloque de argumentos a que han hecho referencia los portavoces consiste en insistir en distinguir o en diferenciar, de nuevo, los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del 151 y 143. En la sesión de Pleno anterior me esforcé en explicar que no había tal diferencia; lo que ocurre es que como insisten e insisten en esa afirmación, yo también voy a intentar explicarles los diferentes motivos por los que creo que eso no es así. Esos preceptos, el 151 y el 143, supusieron una diversidad de vías de acceso a la autonomía - lo dije también -, lo que provocó la existencia de distintos procesos para elaborar los estatutos de autonomía y distintos ritmos para asumir competencias. Eso es todo. Los preceptos 151 y 143 son derecho transitorio, señorías, porque la diferencia estuvo en el inicio. Hoy todos los estatutos son iguales, todos están sometidos a la Constitución y todos están sujetos al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Seguramente, comparten el extendido equívoco de que la Constitución configuraba dos tipos de comunidades autónomas cuando en realidad lo que la Constitución establece son dos ritmos distintos que culminan en un solo tipo de comunidad. Ese gran error, señorías, les lleva a presentar enmiendas tan sorprendentes como, por ejemplo, pretender que los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado sean elegidos entre los candidatos presentados por las comunidades autónomas del 151. Muy bien, son cuatro comunidades autónomas, y el resto, las del 143, nada, no tenemos nada que decir. Por tanto, señorías, quieren o pretenden ser diferentes pero, además, pretenden ser mejores que las demás, porque los candidatos que proponga mi comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Aragón, no tienen por qué ser peores candidatos que los propuestos por una comunidad autónoma del 151. No es justo ni solidario para todas las comunidades autónomas. [[Aplausos]] Se hace referencia, asimismo, a la elección de los candidatos. Yo no sé qué harán algunas formaciones políticas a la hora de que las comunidades autónomas o aquellas instituciones que tengan potestad para nombrar o decidir determinados cargos designen a sus candidatos, pero les puedo asegurar que en el Grupo Parlamentario Popular, cuando tenemos que nombrar un candidato nos fijamos en su solvencia y en su trayectoria profesional y confiamos plenamente en que, una vez elegidos, van a desarrollar su trabajo con absoluta y total independencia, porque no los elegimos para que sigan nuestras instrucciones, los elegimos porque confiamos, como digo, en esa solvencia que les da su carrera profesional y su trayectoria. En cuanto a presión sobre los candidatos, en esta formación, señorías nunca. No sé lo que harán o pensarán hacer otras, pero desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular presión, ninguna. Fíjese qué contradicción o qué paradoja también cuando encontramos una enmienda con la que se pretende que cualquier Gobierno autonómico esté legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad aunque salga fuera de su ámbito de autonomía, de manera que, unos senadores y unos diputados que velan por le interés general no pueden interponer o recurrir un recurso de autonomía, en cambio, una autonomía sí que puede recurrir una ley estatal o una norma de otra comunidad autónoma porque es interés general. Entonces, los estatutos de autonomía ¿qué son? ¿Intereses particulares para que no podamos recurrirlos? Señorías, como digo, un poco de congruencia. Mantener esa distinción es un empeño constante de las fuerzas nacionalistas porque seguramente en eso se centra su verdadera razón de existir, al menos desde el punto de vista político. Es una diferencia que desde el inicio de nuestra democracia se han empeñado en mantener. Empezaron con los llamados hechos diferenciales que no aparecen en la Constitución y que tampoco se pusieron encima de la mesa desde la primera fase del proceso autonómico, sino allá por los años noventa, cuando se produjo a lo mejor - digo solo a lo mejor - un acercamiento, que no igualación, en las competencias que tenían las comunidades autónomas del 143 a las del 151. Los hechos diferenciales fueron el criterio para distinguir entre esas comunidades. ¿Qué ocurrió? Que esos hechos diferenciales - lengua, cultura, sistemas o derechos forales o civiles de algunas comunidades autónomas, o el régimen económico y fiscal de otras - estaban en la Constitución, en la que encontraban su propio límite. Por tanto, no servían ya para distinguirlo y había que buscar otra cosa, había que ir un poquito más allá. Y en ese momento encontramos la vía de la identidad, las llamadas señas de identidad, que abren todo un abanico de posibilidades reales o imaginarias, que se basan en reconstruir un pasado histórico que legitime esa pretensión diferenciadora y la voluntad de hacerlo. Si tienen voluntad diferenciadora, no voy a objetar nada, allá cada cual con lo que quiera ser, pero, créanme que uno no es más o menos diferente porque lo diga una norma escrita o porque lo diga una ley. Pero acudir a argumentos históricos para justificar necesidades presentes, eso sí que puede conducir a esas comunidades a terrenos problemáticos e inciertos, porque pasar de los hechos diferenciales a las señas de identidad lleva inevitablemente al uso de argumentos históricos, y al final a que esos argumentos históricos actúen como legitimadores de esos requerimientos o de esas pretendidas diferenciaciones. Y déjenme que les diga una cosa, señorías, nuestra Constitución actual y lo que de ella se deriva se fundamenta en la legitimidad democrática, y esa y no otra es su legitimidad, porque ni la historia ni la tradición son fuentes de legitimidad política en el constitucionalismo democrático. La voluntad política de los ciudadanos, actualizada y expresada como electorado en las urnas, nunca podrá ser suplantada por una voluntad histórica de unas generaciones pasadas que ya están desaparecidas. Termino, señorías, dando las gracias a los compañeros diputados de la ponencia, al señor Bermúdez de Castro, al señor Gómez de la Serna, especialmente al señor Serrano, con el que ha sido un placer, un orgullo y un honor trabajar. Y quiero decir, señorías, que miedo a nuestro Tribunal Constitucional, ninguno; al revés, confianza en que es una garantía de que el sistema democrático español se mantenga. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Cortés.
Pasamos al dictamen relativo a la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto no solamente hablarán los que han planteado enmiendas, sino el conjunto de los que quieran fijar posición. En primer lugar, el señor Salvador.
Gracias, señora presidenta. Quisiera agradecer, en primer lugar, a mi partido la confianza y también la libertad que me ha dado para defender unos principios a través de nuestras enmiendas, con las que hemos querido, primero, afirmar nuestra creencia en que la ley de 2010 es inconstitucional y quererla cambiar, aunque por ahora no haya sido posible. Segundo, por mostrar nuestra íntima convicción de que abortar a un ser humano no puede ser a la vez un derecho humano, y seguimos pensando igual. Y, tercero, reivindicar que toda vida importa y que cada ser humano abortado muestra el fracaso de nuestro Estado llamado del bienestar. Es verdad que hemos confirmado que tampoco van a prosperar nuestras enmiendas en este trámite y que no se va a producir el cambio deseado por UPN en la ley de Zapatero. Por tanto, la presión que podemos hacer con ellas debe servir para hacer algo positivo y eso, señorías, es lo que hemos hecho con su retirada: obtener algo positivo, obtener un compromiso en firme tanto del Gobierno como del Grupo Parlamentario Popular, que además exigiremos que se materialice en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo un proyecto específico de ayudas a las futuras madres que empezaremos a negociar, si es posible, la semana que viene con el Ministerio de Sanidad, inmediatamente, comprometiendo más recursos económicos y sociales destinados a la prevención, a la protección y al apoyo de todas las mujeres que pasan por ese duro trance. Esta, señoría, es la buena noticia y lo más positivo de este debate. No les oculto que otras razones motivan igualmente la decisión de no reproducir el debate que tuvimos en Comisión. Primero, la posibilidad remota - lo sé - de prejuzgar una decisión del Tribunal Constitucional contraria al espíritu de nuestra posición original, o incluso de impedir una próxima decisión del Tribunal Constitucional que nosotros reclamamos sea inmediata. Segundo, en UPN defendemos, en temas de conciencia, libertad de voto. ¿Para qué? Para que nadie tenga problemas en expresar su opinión libre sobre este tema sin los rigores de las disciplinas de partido y sin que sea juzgado por ello, por su opinión, ni para bien ni para mal. Y tercero, en todo caso no deja de sorprenderme el interés de una gran parte de la izquierda por servirse de este debate solo como un arma arrojadiza contra el Partido Popular en un juego con el que demuestra que no entiende las dimensiones del mismo y en el que nosotros, señorías, no vamos a participar ni a facilitar. Termino, señora presidenta. Confío, señorías, y lo digo de todo corazón, que este compromiso que asumen el grupo parlamentario y el Gobierno se traduzca finalmente en un proyecto, en unas ayudas, en un apoyo del que todos nos podamos sentir orgullosos, con el que reafirmemos nuestra defensa de la vida, de la mujer y de la libertad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Salvador. Por el mismo Grupo, tiene la palabra la señora Fernández.
Gracias, señora presidenta. Subo a esta tribuna para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego que tienen por objeto mantener el texto que en este asunto se plantea en la Ley de salud sexual y reproductiva del año 2010 y lo hacemos, señorías, porque nos parece que es lo correcto. Además, a la vista de la realidad que se desprende de lo acontecido tras la puesta en vigor de esta ley en el año 2010 en relación con aquellas jóvenes de dieciséis y diecisiete años que han necesitado interrumpir un embarazo y a la vista de que esas jóvenes en más de un 90 % acudieron acompañadas de sus progenitores y en el caso de ese escaso 10 % que no fueron acompañadas estaba debidamente justificado, como se ha acreditado en diferentes ocasiones por las dificultades o problemas en la convivencia familiar, el Bloque Nacionalista Galego entiende que lo que se va a hacer esta mañana aprobando esta ley por el grupo mayoritario de la Cámara es realmente un acto de grave injusticia. Decimos que es un acto de grave injusticia porque desprotege a estas menores que ya no cuentan con la protección de sus progenitores. Aunque la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular deja en manos de la justicia resolver ese asunto de desprotección, lo hace de tal manera que la menor quedará total y absolutamente desprotegida en caso de necesitar interrumpir un embarazo. Nos atrevemos a decir, señorías, señora presidenta, que esta ley es arbitraria porque no responde ni a una necesidad social ni a una demanda mayoritaria de la sociedad y que se intenta dar respuesta a una minoría minoritaria y no porque el grupo mayoritario que hace la propuesta, el Grupo Popular, crea que es justa y razonable, sino porque lo que intenta es un mero ejercicio de oportunismo electoral.
Señora Fernández.
Señorías, hoy se va a aprobar una ley injusta para las jóvenes menores del Estado español. Gracias. [[Rumores]]
Gracias, señora Fernández. [[Rumores]] Señor Tardà. ¡Por favor, silencio!
Señorías, hemos presentado una enmienda que tiene como objeto una defensa a ultranza de la ley del año 2010 porque fue una ley de consenso y si no fue de máximo consenso, fue porque la derecha no quiso pactar nada. De manera que defensa a ultranza de la ley de 2010, pero recordándoles que fue una ley de consenso, razón por la cual nosotros, los republicanos, tuvimos que renunciar a una serie de demandas que creemos que hay que plantear en la próxima legislatura si hay una correlación de fuerzas distinta. Me refiero a la interrupción del embarazo dentro de las veintidós semanas, eliminar el plazo de veintidós semanas si existe peligro grave de salud para la persona embarazada o riesgos incompatibles con una vida digna del feto, modificar el Código Penal para suprimir el artículo 145, el que penaliza el aborto, y un conjunto de medidas a las cuales tuvimos que renunciar en el proceso de diálogo con otras fuerzas políticas que dio lugar a la ley de 2010. Por ejemplo, muy importante, todo aquello que garantiza el acceso universal y gratuito a los anticonceptivos de última generación, incluyendo también los de emergencia. Es decir, consenso y defensa a ultranza de la ley de 2010, razón por la cual hemos enmendado esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que pretende sabotear y dinamitar una ley que homologaba la legislación española a la media de las legislaciones europeas. Sin embargo, quiero recordarles que, el día en que gobiernen otros y en caso de que gobernase la socialdemocracia, la ley de 2010 también se tiene que debatir no solamente para blindarla, sino para introducir quizás otras posiciones que en su momento no tuvieron suficiente mayoría, pero que en los próximos años pueden tenerla para garantizar mucho mejor los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Gracias.
Gracias, señor Tardà. Señora Enbeita.
Gracias, señora presidenta. Señorías, llegados a este punto, no sabemos ya ni qué decir sobre este tema. Está todo dicho. Hemos argumentado, hemos reivindicado nuestra libertad para decidir y parece que no ha servido para nada. El Grupo Parlamentario Popular sigue en sus trece y al final lo han conseguido. Felicidades, a partir de hoy las mujeres seremos menos libres para decidir sobre nuestros cuerpos. La excusa de la edad les ha venido muy bien para su chantaje emocional sobre las desprotegidas, pero ustedes mismos con esta ley, lejos de proteger a las mujeres más jóvenes, limitan sus decisiones. Ser madre a los dieciséis años será libre como hasta ahora, pero decidir no serlo ya no será una elección tan libre. Dijimos en el debate anterior que la mayoría de las menores abortaban con el permiso y, en muchos casos, en compañía de los padres. Entonces nos preguntaron que cuál era el problema. Pues ese es justo el problema, que las que no lo hacen, las que deciden interrumpir el embarazo sin hablar con sus padres o sus tutores legales, normalmente tienen razones de peso. Esta ley, lejos de ayudarlas, las dejará solas ante el peligro, porque justo ellas, las más vulnerables, lo tendrán mucho más difícil. En los casos de violencia familiar, violencia machista, religiosidad extrema o padres separados las jóvenes quedarán sin protección alguna y la decisión de interrumpir o no su embarazo quedará en manos de terceras personas. Pero ¿qué más da? A algunas siempre les quedarán las clínicas privadas o Londres o Biarritz y el resto nos buscaremos la vida. Ustedes querían reformar la Ley del Aborto. No pudieron hacerlo a golpe y porrazo, y parece que intentan reformarla poquito a poco. Hoy rascan un poquito con la edad y mañana rascarán no se sabe dónde; así hasta salirse con la suya. ¿No se han planteado la educación sexual como instrumento para evitar embarazos no deseados? No, eso no. Para la educación, la Lomce y para las mujeres, restricciones. En serio, con esta ley no evitarán que las jóvenes sigan experimentando, aprendiendo o disfrutando de su sexualidad. Tampoco evitarán las consecuencias no deseadas de esas prácticas sexuales. Lo único que conseguirán es que, como hasta no hace tanto, nos tengamos que organizar entre nosotras para que las interrupciones de embarazo se hagan siempre con garantías sanitarias y conseguirán culpabilizar y criminalizar a las chicas que decidan interrumpir su embarazo. Como mujeres que somos, nos dan un motivo más para seguir en la pelea, porque esta ley se opone a nuestra libertad. Seguro que nuestra rabia o nuestra tristeza se compensa con la alegría de exministros, ciertas jerarquías eclesiásticas y demás. ¡Cómo no! Con la iglesia hemos topado. Pero no importa, seguiremos disfrutando de nuestro sexo, de ser mujeres, de nuestro embarazo, de nuestro no embarazo, de nuestras vidas y de nuestra libertad. Por mucho que ustedes se empeñen, nuestra libertad nos pertenece y nuestro cuerpo también. [[Termina su intervención en euskera]]
Gracias, señora Enbeita. Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], señor Agirretxea.
Gracias, señora presidenta. Lo ha dicho algún que otro compañero o compañera, es que ya no tenemos mucho que decir. Todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho tantas veces que parecería repetitivo, pero no por ello vamos a cambiar de discurso. Volvemos otra vez al debate en esta Cámara, un debate que pasó por el Pleno como proposición de ley, con sus debates de totalidad; que pasó por Comisión, donde presentamos las enmiendas parciales; que pasa otra vez por el Pleno, y que luego irá al Senado. Cuántas vueltas ha dado una modificación como la que ha sufrido este ley para poder sacarla adelante teniendo una mayoría absoluta como la que tiene el Partido Popular. ¿Qué es lo que propone? Una modificación, como todos sabemos, de la ley vigente en dos apartados concretos: en el tema del permiso o la notificación, que ese es el caballo de batalla por el que el Partido Popular ha peleado en esta segunda fase de la legislatura, porque en la primera fase de la legislatura peleó con otro caballo de batalla mucho más obtuso, duro, retrogrado, pero que al final no llegó aquí; ellos sabrán por qué. De todas formas, lo que sí podemos decir es que la modificación que el Partido Popular ha presentado es innecesaria, perjudicial y de consumo interno. Digo esto porque nuestras enmiendas fueron parciales, no presentamos enmienda de totalidad porque considerábamos que nuestro texto alternativo era la ley vigente; no hacía falta presentar un texto alternativo porque ya existe: le ley que está en vigor. En Comisión presentamos las enmiendas, que en el fondo significaban volver a los dos artículos que se quieren suprimir con esta modificación. Como ha dicho el compañero Joan Tardà, al debate de la anterior ley, la que está en vigor actualmente, cada uno fue con su libro, cada uno fuimos con lo nuestro, pero se llegó a un consenso básico e importante y fruto de ello fue la ley que tenemos en vigor. Y todo el mundo se dejó pelos en la gatera; yo creo que lo importante fue precisamente eso. Ahora planteamos otra vez que se tiene que mantener la ley tal cual está, por eso no incidimos en otra serie de enmiendas. Otros grupos lo han hecho, tienen toda la libertad del mundo para incluir enmiendas que, aunque no hayan sido aprobadas, plantean - digamos - ideales de su propio partido. Nosotros no hemos querido hacer eso; nuestro planteamiento ha sido: llegamos a un consenso, ese es el consenso necesario y vamos a mantenerlo. El objetivo de nuestras enmiendas es volver a lo que se aprobó. El Partido Popular ha planteado el tema de la autorización o el consentimiento. Creen que va a ser beneficioso para la ley, pero yo creo que es clarísimamente perjudicial. ¿En qué menores está pensando el Partido Popular cuando quiere aprobar esta modificación? ¿En menores que no tienen ningún problema? ¿En menores que tienen un entorno social amable, cariñoso? ¿En los menores que tienen una relación fluida con sus padres? Cuando hicimos esta ley e incluimos este precepto, que decía exactamente que no hacía falta ese consentimiento, pensamos en las personas que desgraciadamente no viven ese entorno porque tienen problemas de violencia intrafamiliar. ¿A quién va a pedir permiso una mujer que quede embarazada de su propio padre? ¿A quién va a pedir permiso para poder abortar? ¿A quién va a pedir permiso una mujer de una etnia concreta o de una religión concreta, en cuya familia es tabú realizar este tipo de cosas? El Estado, independientemente de creencias, independientemente de tradiciones, tiene que garantizar seguridad jurídica y seguridad sanitaria, que es de lo que se trata. No es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta que alguien a los dieciséis años aborte o no aborte, con permiso o sin permiso de su padre, sino de cómo debe hacerlo ella. Si ella puede hacerlo, lo tendrá que hacer con todas las garantías porque lo que nos va a pasar es que esa persona que por las razones que fueran se siente en la necesidad de abortar, lo hará. ¿Ustedes creen que porque el Partido Popular ahora ha decidido que tendrá que informar a su padre esa persona lo hará? Pues no, y lo que hará es hacerlo fuera de la ley, perjudicará todavía más. Hemos dado los datos muchísimas veces. Solo el 3,6 % de los abortos son de menores y de ellos el 0,44 ha sido sin consentimiento ni información. Evidentemente, no entendemos semejante modificación para estos datos cuando verdaderamente vemos que con esta ley que tenemos ha descendido el número de abortos y, lo que es más importante, los que se han dado se han dado dentro de la ley y se han dado con seguridad jurídica, con seguridad sanitaria. Ya sé que ustedes le hacen muy poco caso a algunos informes. Amnistía Internacional hoy mismo ha emitido una nota en la que precisamente pone de manifiesto que la exigencia del consentimiento de los padres o tutores legales de las menores implicará muy probablemente un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida. Asimismo, podría colocar a las menores que pueden ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostentan la patria potestad en una situación de especial indefensión. Además, Amnistía Internacional en su informe considera que el proyecto de ley que ustedes pretenden aprobar es discriminatoria, tal y como han indicado diversos organismos internacionales. Evidentemente, hay muchas formas de discriminación, pero el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también mostraron preocupación hace poco por esta reforma del aborto. Incluso dice Amnistia Internacional que es una medida contraria a las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha instado al Gobierno a que retire este proyecto de ley. Ya sé que ustedes a Amnistía Internacional no le hacen caso, no en esto, sino que no le hacen caso nunca en nada que tenga que ver con libertades, que tenga que ver con derechos de esta índole, pero nosotros reiteramos la defensa de nuestras enmiendas, enmiendas que dicen que lo que ustedes quieren sustituir no debe ser sustituido y que debe mantenerse la ley tal cual está porque lo que nos importa es la protección jurídica y sanitaria de las personas, que no voy a entrar a valorar por qué abortan o dejan de abortar porque ese no es el debate de hoy y ustedes lo saben además. No es ese el debate porque el Partido Popular, y me alegro - lo voy a decir sinceramente - ha tomado la posición que ha tomado. Es decir, en estos momentos el Partido Popular cuestiona si con dieciséis se puede abortar sin permiso o con permiso, pero no cuestiona que en el Estado español las mujeres puedan abortar. Eso es algo que al fin y al cabo da la razón a los que participamos en el consenso. Ustedes dirán que están pendientes de un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y si el Constitucional dice que esta ley es constitucional? Ustedes le darán valor pero es que sus argumentos no tenían nada que ver con la Constitución ni con la constitucionalidad, eran de otra índole, y si no leamos en el 'Diario de Sesiones' la intervención de su compañera Sandra Moneo hace cuatro años. Nada decía de la Constitución, hablaba de otra serie de cuestiones. Por lo tanto, en este sentido creo que ustedes aceptan que en España el aborto se despenalice y cuestionan algo respecto a lo cual nosotros estamos en contra, el tema de la edad. Por lo tanto, señora presidenta, acabo diciendo que nosotros mantenemos la defensa de nuestras enmiendas y que, evidentemente, vamos a votar en contra de esta modificación del proyecto de ley. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Agirretxea. Por Unión Progreso i Democracia, señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señora presidenta. Mi grupo también va a votar en contra de este cambio de la ley por razones que, como los demás grupos, hemos expuesto en el Pleno - en el debate de totalidad -, en Comisión y ahora de nuevo. Bueno, habrá que hacer el esfuerzo de repetirlo cuantas veces sea necesario tratando de añadir alguna cosa a las que ya se han dicho. Básicamente, la fundamental, es que es una reforma legal completamente innecesaria que, como también se ha dicho, rompe un consenso al que costó llegar. Y eso, como también les he dicho otras veces - no sé si a ustedes les impresiona mucho o poco; yo creo que nada - es muy grave; es muy grave en una democracia digna de ese nombre ir contra consensos en leyes que tienen que ver con derechos básicos o con cuestiones de conciencia, como es la interrupción del embarazo. Cuando se ha conseguido un amplio consenso alrededor de la ley actual, en la que podremos estar de acuerdo al cien por cien o con reservas en determinadas cuestiones pero que satisface los requisitos básicos, plantear la reforma, como ustedes lo hicieron, como una cuestión de política interna de partido y con un pretendido efecto electoral es algo profundamente ilegítimo y además grave, y hay que decirlo así. Porque la suya no es una cuestión técnica, sino que se trata de cambiar algo de la ley después de que renunciaran a un cambio más ambicioso que retiró en su momento el señor Gallardón por razones que nunca han acabado de explicar. Pero no se puede ir así por la vida; lo mismo que no se puede cambiar la Constitución con nocturnidad y alevosía, como se hizo en otra ocasión por razones fiscales, no se puede cambiar una ley fundamental por razones de cálculo electoral y además, como pasa siempre, desviadas, porque resulta que ni siquiera su propio electorado pedía el cambio de esta ley. Se lo hemos dicho muchas veces: las leyes que tienen que ver con cuestiones éticas, justamente por eso, no se pueden inspirar en una ética privada de ningún tipo. Es decir, la ética pública no puede ser la derivación de una corriente confesional o de otra. Las leyes lo que tienen que hacer es lo que también les hemos dicho muchas veces: ofrecer seguridad jurídica y permitir que una decisión como la de interrumpir el embarazo se dé en las mejores condiciones sanitarias y jurídicas. Es difícil decir algo original sobre esta cuestión porque resulta todo bastante claro y prístino para todo el mundo, menos para ustedes. Mi grupo propondría - si eso ayudara algo a reconstruir o a ampliar el debate en su momento - una ley de plazos pura donde quede claro, dentro de un plazo determinado, que el aborto depende exclusivamente de la decisión de la madre gestante y que a partir de ahí es ilegal, con las excepciones sanitarias que en cualquier caso fueran convenientes. Lo que no se puede es hacer un debate restrictivo puramente de partido y además no retirar esta proposición de ley cuando ven que han conseguido algo que también tiene bastante mérito - eso es cierto -: poner de acuerdo a toda la oposición - cosa que no suele ocurrir la mayor parte de las veces - en que esta reforma es ilegítima, no nos conduce a nada, aumenta la tensión, es electoralista y, como consecuencia, vuelve a uno de los problemas originarios de este periodo histórico: deslegitima la democracia. Porque hay gente que considera que sus derechos se ven amenazados sin ninguna razón salvo que a ustedes les ha parecido interesante y les ha parecido una operación original plantear esta reforma. Se ha dicho también - y no lo voy a reiterar - que la excepción que se contempla relativa al permiso paterno se basa en realidades sociales que solamente alguien instalado en el negacionismo puede negar, y es que existe marginación, exclusión social, que somos una sociedad muy compleja donde existen grupos sociales dentro de la sociedad que consideran el aborto un tabú y donde se producen además fenómenos de violencia, de violación, de embarazos preadolescentes no deseados, etcétera. Por tanto, hacer una especie de reforma legal pensada solo para una clase media que vive en un mundo sin graves tensiones, ni de tipo moral, ni sexual, ni físico, no deja de ser una de esas ingenuidades que se acaban pagando caras. Por todo esto, mantenemos nuestras enmiendas, que son de supresión. No hemos propuesto tampoco un texto alternativo porque no nos parece procedente actuar así en un tema tan serio como este, aunque por supuesto consideramos que los grupos que lo han hecho tienen todo el derecho del mundo a proceder de esta manera, y les pedimos que por todos los motivos ya expuestos retiren y supriman esta reforma legal. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez Gorriarán. La Izquierda Plural. Señora De las Heras.
Gracias, presidenta. Señorías, conviene en primer lugar recordar que la movilización de las organizaciones y asociaciones de mujeres y de la mayoría social de este país impidieron en primera instancia el intento del Gobierno de aprobar su verdadera ley del aborto, una ley que nos retrotraía a años pretéritos y oscuros de carácter predemocrático, donde no existía el más mínimo reconocimiento en cuanto a derechos sexuales y reproductivos o de interrupción voluntaria del embarazo, y marcaba unos supuestos aún más restrictivos que los que la propia Ley del Aborto del año 1985 contemplaba, socavando de manera intolerable los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad hasta tal punto que los hacía imposibles. Un borrador de ley - su verdadera ley - que despertó todas las alarmas dentro y fuera de nuestras fronteras por su sesgo claramente religioso y reaccionario con el que se ponía en peligro la salud y la vida de las mujeres ante la imposibilidad de practicarse un aborto legal y seguro. Una ley que contravenía todos los tratados y resoluciones internacionales de protección de los derechos humanos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Una ley, su verdadera ley, que les costó un ministro y que tuvieron que retirar ante la mayoría social que, ya entonces, le dejó bien claro en las calles y en las instituciones su firme y contundente rechazo. Eso es lo que ha ocurrido y hoy conviene recordarlo porque esa, su verdadera ley del aborto, se llevó por delante al ministro Gallardón y les ha traído y llevado durante prácticamente toda la legislatura, sacando a la luz un debate superado en la sociedad española del siglo XXI y provocando un problema allí donde no existía. Y toda vez que no han podido servir a los intereses de los sectores más reaccionarios y dogmáticos, ahora, en el último minuto de la legislatura, nos vemos abocadas a esta reforma absolutamente innecesaria de la Ley vigente de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, con la que ustedes pretenden aplacar el descontento causado en sus filas a costa de poner en peligro la salud y la vida de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años en situación de riesgo y de las mujeres más vulnerables. Y lo hacen además de la manera más despreciable, obviando y eludiendo informes que avalen una modificación de este calado y utilizando la mentira como principal argumento. No hay más que ir - es muy fácil, es pública - a la página web del Partido Popular y ver los motivos que ustedes explican a sus militantes y simpatizantes para justificar esta reforma y el porqué no llevaron a cabo la otra. Lo dicen - cito textualmente - de esta manera: El Gobierno buscará una solución para aquellas situaciones más indeseables y que suscitan un mayor consenso, como es la posibilidad de que las niñas de dieciséis años puedan abortar sin conocimiento de sus padres. Mienten, mienten de forma descarada e intencionada porque la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo - que hoy se modifica en su artículo 13.4- no dice en ningún caso que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres; al contrario, era una exigencia para poder interrumpir sus embarazos. Solo estaban exentas - se ha dicho hasta la saciedad - las que hasta ahora demostraran graves conflictos, como pueden ser malos tratos o abusos. Y es precisamente contra esas jóvenes, las que mayor protección necesitan, contra las que ahora arremeten esgrimiendo sus prejuicios de carácter ideológico, reaccionario y retrógrado, vulnerando además sus derechos y abocándolas a un aborto ilegal e inseguro. Hoy consuman este despropósito imponiendo en el poco tiempo que les queda su mayoría absoluta y a sabiendas de que no cuentan con la mayoría social que les avale. Durante toda la legislatura el Partido Popular no ha hecho otra cosa que no fuera tomar medidas de carácter político y legislativo tendentes a profundizar en la brecha de desigualdad y en la discriminación contra las mujeres. Y no se lo decimos nosotras desde La Izquierda Plural, se lo han dicho desde Naciones Unidas. Aquí es donde cabe preguntarse, señorías, frente al empeño y el esfuerzo que ha hecho este Gobierno durante toda la legislatura para socavar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y sobre su cuerpo de manera libre y responsable, que lo ha hecho además utilizando el argumento hipócrita de que se está reforzando la protección del derecho a la vida así como el de las mujeres menores, cabe preguntarse, como digo, qué es lo que ha hecho para combatir y erradicar la discriminación y la violencia machista que cercena la vida de decenas de mujeres cada año en nuestro país, qué recursos y empeño ha puesto para garantizar la vida y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia machista, que siguen estando en una grave situación de miedo e indefensión por falta de recursos sociales y económicos a la hora de afrontar la separación o el divorcio. Porque - lo sabemos todas y todos - ya estamos al final de la legislatura y el Gobierno no ha demostrado con hechos constatables, no con palabras ni buenas intenciones, ninguna intención de hacer frente a esta lacra que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Pero - sí, esto sí - han apurado hasta el último minuto para llevar a cabo esta reforma legislativa que hacen en contra de las mujeres más jóvenes y vulnerables, sin escuchar las propuestas de la mayoría de los grupos de la oposición ni de la sociedad, aludiendo a un consenso sin ningún consenso, de la manera más ruin y por un puñado de votos, esperando que la situación se les torne favorable para llevar a cabo su verdadera reforma con la que piensan acabar con el derecho de las mujeres a decidir sin cortapisas, sin tutelas sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Pero el Gobierno - se lo tengo que decir claramente - no ha considerado en sus planes que la mayoría social de este país respeta este derecho de las mujeres frente a una minoría ultraconservadora y reaccionaria que cohabita y habita en el seno del Partido Popular. Simplemente no conocen esa realidad, la ignoran. El Partido Popular no quiere reconocer - y esto es así - que los años de esfuerzos, de luchas, de movilizaciones de las mujeres en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo no van a caer en vano, aun a pesar de que hoy se vaya a dar un paso atrás con esta nefasta modificación de la ley que perpetran hoy, porque en cuanto cambie la correlación de fuerzas - y lo hemos dicho muchos en esta Cámara - la ley de 2010 volverá a respetarse y a desarrollarse íntegramente, y desde ahí seguiremos avanzando. [[Aplausos]]
Gracias, señora De las Heras. Por el Grupo de Convergència i de Unió, en primer lugar, la señora Tarruella.
Gracias, señora presidenta. En representación de las diputadas y de los diputados de Unió Democràtica de Catalunya voy a hacer la defensa de nuestro posicionamiento ante esta proposición de ley. Como ustedes muy bien saben, ya que estos días hemos estado hablando reiteradamente de este tema, los diputados y las diputadas de Unió Democràtica no presentamos enmienda a la totalidad y tampoco presentamos ninguna enmienda al articulado de esta ley. No lo hicimos desde la convicción y desde la coherencia. Nosotros, los diputados y las diputadas de Unió, en la anterior legislatura votamos en contra de esta ley. Lo hicimos convencidos de que tenía artículos inconstitucionales, artículos que diputados del Partido Popular recurrieron al Tribunal Constitucional; por cierto, han pasado ya cinco años y todavía no ha emitido su fallo. Nosotros nos opusimos a la ley vigente, además de por el convencimiento que tenemos sobre su inconstitucionalidad, por algunos aspectos que creemos equivocados; uno de estos aspectos, que además socialmente fue muy criticado, es el que con esta modificación se quiere corregir ahora: que no constara la autorización de los padres para las menores de dieciséis y diecisiete años en los casos de interrupción del embarazo. Por ese convencimiento de que ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto y de que es en estos momentos cuando más necesita estar acompañada, cuando más necesita el apoyo de sus familiares más directos, sobre todo si es una menor, es por lo que pensamos que pocas decisiones se pueden tomar en esta vida y en esas edades que tengan más trascendencia que la de interrumpir ese embarazo. Durante el trámite en Comisión, no quisimos entrar a discutir las enmiendas del resto de los grupos de la oposición. Nos abstuvimos - y nos vamos a abstener - globalmente a todas ellas, considerando que el motivo de la proposición de ley era únicamente añadir ese consentimiento paterno para las menores, porque, como he dicho antes, tampoco queríamos entrar en ningún otro aspecto hasta no conocer el fallo del Tribunal Constitucional. Porque, señorías, una cosa sí me gustaría destacar. Se puede estar a favor del aborto o en contra, pero estoy segura de que todos coincidimos en que es muy duro y difícil para una mujer enfrentarse a ese momento. Aquí parece que estamos olvidando ese aspecto cuando desde algunos partidos políticos se está utilizando este delicado tema como un arma electoral y de desgaste político del adversario. Al Partido Popular ya le ha costado la dimisión de un ministro y abrir un debate como este ahora, al final de legislatura, sin esperar a los recursos presentados por sus propios diputados, a nosotros tampoco nos parece de recibo. Es, por lo tanto, por coherencia, esa coherencia política que mantenemos desde el año 2010, y hasta saber el fallo de ese Tribunal Constitucional, que las diputadas y diputados de Unió seguiremos defendiendo nuestra postura. Como he anunciado ya, nos vamos a abstener y no vamos a discutir las enmiendas de los grupos, algunas de las cuales nos gustan más y otras quizá menos, pero no queremos entrar en ello y solamente vamos a apoyar esa parte que echábamos de menos en esta ley que es el consentimiento paterno para las menores. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Gracias, señora Tarruella. Por el mismo grupo, señora Ciuró.
Muchas gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna para hablar en nombre de los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya que, como bien saben, tenemos libertad de voto en estas cuestiones. En este sentido, quiero decir que algunos consideran que son cuestiones de moral y de orden público, de religiosidad incluso; otros tenemos otra opinión, lo que nos motiva a no tener un voto unánime. Sí que quiero defender las enmiendas que algunos diputados y diputadas de Convergència Democràtica hemos presentado y antes referirme a que de nuevo debatimos aquí, en el Pleno, la modificación de la ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo, en este caso de las jóvenes de dieciséis o diecisiete años. No puede dejar de referirme a esta modificación sino como reforma de consolación a la que se ha abrazado el Partido Popular después de haber tenido que retirar el proyecto de ley Gallardón. Aquel proyecto de ley puso de manifiesto cómo ni la voracidad en el uso de la mayoría absoluta pudo conseguir su tramitación, y no solo acabó retirado el proyecto sino que además acabó retirado el ministro: contestación en la calle, contestación de la oposición y contestación en sus propias filas. Creo, sinceramente, que fue una cuestión que no pudo tratarse ni peor ni más frívolamente. Quiero defender las enmiendas que hemos presentado con tres consideraciones objetivas. La primera consideración objetiva que querría poner encima de la mesa es que ustedes, en la exposición de motivos del proyecto presentado, dicen que la Ley 2/2010 impide a los padres y tutores cumplir con su obligación legal de proteger y de velar por las menores en ejercicio de la patria potestad. Lo sostienen sobre la base de que ahora, en este momento, las jóvenes no precisan el consentimiento parental para la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado. Cierto que no se precisa consentimiento, pero sí se requiere que estén informados. Si la relación se desarrolla de forma positiva y adecuada, como es el caso de prácticamente el 90 % de las jóvenes, estas no solo informan a sus padres o tutores de la situación sino que acuden acompañadas a la hora de proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo. Es decir, las jóvenes ya cuentan con sus padres o tutores de forma mayoritaria. Por lo tanto, no es cierto que la ley impida el ejercicio de la patria potestad y ello es objetivamente cierto porque el día a día así lo avala. Señorías del Partido Popular, creo que estarán de acuerdo en el hecho de que poder ejercer la patria potestad no depende de las leyes, depende de la responsabilidad de quien ostenta el derecho, y por muchas leyes que aprueben jamás conseguirán que siempre se ejerza el derecho-obligación de la patria potestad de forma adecuada y responsable. Otro aspecto que quiero defender con la mayor objetividad posible es algo que a Convergència Democràtica nos parece muy importante y que aún no ha salido a colación en el seno de este debate. Ustedes equiparan en este proyecto de ley a menores de dieciséis o diecisiete años a mujeres con capacidad legal modificada, cuando se trata de dos cuestiones distintas. Ser una joven de dieciséis o diecisiete años no tiene nada que ver con presentar alguna disfuncionalidad cognitiva o intelectual. Considerar este aspecto equiparable es no conocer la realidad de las mujeres con capacidad legal modificada. Señorías, la incapacitación conlleva la privación del ejercicio de derechos, por lo que debe producirse con sumo cuidado, en un juicio voluntario, con todas las garantías legales para conseguir una adecuada sentencia. Estas sentencias deberían ser auténticos trajes a medida - con la delimitación de la extensión de la incapacitación motivada fundadamente, puesto que afecta al libre desarrollo de la personalidad - y el Partido Popular lo despacha con extrema frivolidad. Así y tal como resulta del literal de la ley una mujer incapacitada, por ejemplo, para la administración patrimonial es, sin ninguna otra consideración, una mujer con capacidad legal modificada, ergo es una mujer que no puede decidir interrumpir o no un embarazo, por muy mayor de edad que sea. Esto no tiene ningún sentido. Señorías, del Partido Popular atención y cautela con lo que se refiere al derecho del libre desarrollo de la personalidad en lo que se refiere a la capacidad legal modificada y, en general, en todo lo que se refiere a derechos y libertades de las personas. Cuando son manipulados por ustedes corren el peligro de quedar vacíos de contenido. [[El señor]] Finalmente, objetividad también, porque su reforma legal no protege de forma suficiente a las menores desamparadas. ¿Quiénes son las menores desamparadas? Las que no pueden contar con sus padres o tutores. ¿Por qué motivos están desamparadas? Diversos, porque no tienen padres, porque no ejercen estos la patria potestad por estar incapacitados a su vez, toxicomanías, víctimas de violencia familiar, padres en prisión, padres con convicciones religiosas muy fuertes que rechazan de plano el aborto en sí mismo y, por tanto, obligan a proseguir sí o sí con un embarazo no deseado. Ante este panorama, ¿cuál es el efecto del desamparo? Sin duda, la vulnerabilidad de estas menores, el interés jurídico a proteger, a nuestro entender. Ustedes dicen que son una minoría, cierto; escasamente un 10 % alegan que no pueden acudir acompañadas de sus padres o tutores a la interrupción de un embarazo no deseado. No atender a estas menores vulnerables más que remitiéndolas a la autorización administrativa que se despacha en menos de 24 horas o a la judicial es darles la espalda, que deberían ser el bien jurídico a proteger. ¿Acaso pueden asegurar que la correspondiente sentencia autorizando la interrupción se dictará dentro de los plazos legales que la Ley 2/2010 contempla? ¿Lo pueden asegurar? ¿Qué creen ustedes que harán estas menores ante este frío panorama administrativo? Si su decisión es interrumpir el embarazo, no dudarán, conseguirán su cometido aunque con ello pongan en riesgo su propia salud y, probablemente, sin acompañamiento clínico ni psicológico, solo el que le puede prestar la Administración que esté mejor organizada al respecto. Señor presidente, señorías del Partido Popular, ¿de verdad quedan tranquilos con confiar en que se emita a tiempo una resolución por parte de la autoridad competente? ¿No significa esto para ustedes desentenderse de las menores, pero con la conciencia tranquila? ¿De verdad no creen que más que tomar la decisión lo importante son las consecuencias de esa decisión tomada? Que cada uno responda a estas cuestiones...
Señoría, tiene que concluir.
... según su leal saber y entender, pero considero que el derecho debe estar para proteger a los más débiles y tengo la sensación de que llevan legislando sistemáticamente en el sentido contrario durante toda la legislatura. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Ciuró. Grupo Parlamentario Socialista, señora Álvarez tiene la palabra. La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, están hoy los medios de comunicación atentos para conocer cuántos diputados y diputadas conservadores van a romper la disciplina de voto. Espero que esa anécdota no les distraiga de lo que de verdad importa y es que lo que el Partido Popular va a romper hoy aquí es la vida de cientos de jóvenes a quienes se les privará a decidir sobre su maternidad [[Aplausos]], sin darles ni garantías jurídicas ni procesales para defender sus intereses. Es lamentable que el ministro haya abandonado el hemiciclo, que haya venido a celebrar y a festejar la Ley de la Infancia y haya huido cuando le toca el turno a una ley que reprime a las mujeres. [[Aplausos]] Señorías, dice su escuetísima exposición de motivos que esta ley - cito, y abro comillas - suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas sin informar siquiera a sus progenitores. - Cierro comillas -. Les tengo que decir que una exposición de motivos no sirve para mentir; no es el lugar adecuado. Verán, si ese es el motivo esta ley que nos traen no es pertinente, porque el problema no existe. La Ley del Aborto actual ya garantiza que los tutores legales tengan esa información. El artículo 13 que pretenden derogar es de una factura jurídica impecable. El texto que ustedes eliminan se compone de tres párrafos, donde se reconoce que el consentimiento le corresponde a la mujer joven embarazada; garantiza que los padres tengan conocimiento de las circunstancias, pero protege la seguridad a aquellas que tienen riesgo, y estos quedan perfectamente acotados en la ley. Se excepciona de hacer esa comunicación, para salvaguardar a las jóvenes en peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o a aquellas en situación de desarraigo o desamparo; como decía, las salvaguarda y las protege evitando que informen si ello supone exponerlas a coacciones o violencia. Con su reforma, ustedes eliminan ese sistema de protección y, por tanto, las condenan a una maternidad impuesta o a un aborto inseguro. Señorías, su contrarreforma es innecesaria. ¿Qué problema viene a solucionar? Miren, nueve de cada diez adolescentes interrumpieron el embarazo acompañadas de sus progenitores y, ¿saben por qué? Porque la mayoría de las familias españolas son familias empáticas con sus hijas y respetuosas con sus decisiones. Pero no todas las familias lo son o pueden serlo. Muchas jóvenes viven circunstancias de vulnerabilidad, de desestructuración o violencia intrafamiliar y su reforma las desampara. La traslación de datos de los informes de las clínicas de ACAI nos dicen que, cada año, unas 500 mujeres jóvenes con embarazos no deseados estarán expuestas a este tipo de situaciones. Es a esas a las que afectará esta reforma de manera temeraria. Esas jóvenes pueden donar un órgano, pueden decidir ser madres, pero no pueden decidir no serlo; y no pueden decidirlo porque con su modificación ustedes eliminan la presunción de que esas jóvenes gozan de madurez y, por lo tanto, las equiparan a las personas incapaces. Además, han legislado ustedes de tal suerte que su norma no permite amparo legal a las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Se lo voy a explicar. La literalidad de su ley habla de que el Código Civil - y cito - servirá para resolver respecto de los conflictos en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales. Sin embargo, no dice nada de los conflictos o discrepancias entre la menor y sus representantes. Eso supone desproteger absolutamente los intereses de las mujeres de dieciséis y diecisiete años. En realidad, con la aprobación de su ley hay tres normas que concurren en el desarrollo de las acciones que la menor puede emprender si desea interrumpir el embarazo y hubiese oposición de sus tutores legales. El Código Civil, que ustedes citan en su norma, pero también la Ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y dependencia, que hemos visto aquí hace apenas unos minutos, y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El artículo 163 del Código Civil y el 9 de la Ley de Protección de la Infancia prevén que, para que un menor pueda proteger y defender sus intereses, podrá solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial. La tercera desarrolla plazos y otras cuestiones de tipo procesal. Pues bien, ustedes han legislado al margen de este supuesto de aborto, dejando sin amparo legal a las vulnerables. Entro en el detalle: en el caso de que hubiese oposición de los progenitores y la menor buscase defender sus intereses exigiendo el nombramiento de un defensor judicial, deben saber que la ley no estipula plazo para la habilitación y aceptación del cargo de ese defensor judicial. En la materia que nos ocupa, el cumplimiento de un plazo reducido para dar inmediatez a las resoluciones es fundamental, puesto que de lo contrario se coloca a la mujer en una situación irreversible, ya que superaría el plazo legal para una interrupción voluntaria del embarazo. A esto hay que añadir los plazos en que el secretario judicial estudia si procede la habilitación, el ulterior nombramiento del defensor judicial y los plazos del procedimiento mismo. Si ustedes hubiesen tenido vocación de salvaguardar la seguridad de las menores en riesgo de violencia, deberían haber previsto que estas situaciones necesitan plazos específicos, ya que el itinerario de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria estipula plazos de resolución que suponen la práctica imposibilidad de realizar el aborto en las catorce semanas que estipula la ley. Todas estas normas que les he citado son de aplicación para la defensa de los intereses de las mujeres no emancipadas; el problema es que ustedes han legislado a cachos y ahora no les cuadran las diferentes normas. El problema es que han traído a esta Cámara leyes inconexas, sin haber previsto el sistema procesal para el supuesto de aborto autorizado por un juez y, al no introducir plazo, impiden de facto que las menores puedan defender sus intereses de manera efectiva cuando estos sean contrarios a los de sus tutores legales. El iter procesal que incorporan estas leyes impide aquello que la ley garantiza, porque su ley no prohíbe el aborto a las menores -¿se han dado cuenta, no?-, sino que lo que hacen es condicionar a que los tutores autoricen y, si posteriormente si hubiese discrepancias, el camino procesal vulnera las garantías jurídicas para que puedan defender sus intereses, ya que no queda asegurado que se pueda resolver en tiempo, lo que supone la imposibilidad de interrumpir el embarazo en el plazo que la ley permite. Por tanto, el laberinto elimina las garantías procesales y deja sin amparo a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años en materia de derechos reproductivos. Voy a pedirle a la señora González Vázquez que cuando suba aquí explique qué solución van a dar ustedes, por ejemplo, a una menor con un progenitor que considere que ese embarazo es una deshonra. Señorías, esos seres existen y generalmente son violentos. ¿De verdad creen ustedes que es lógico reclamar el requerimiento de un tercero para acceder a un aborto legal cuando ese tercero puede ser el victimario? Señorías, por mucho título eufemístico que pongan ustedes a esta ley, la misma no persigue proteger a las mujeres jóvenes, sino que obstaculiza su normal desarrollo, las abandona y las ataca. No se puede legislar para obligar a las mujeres jóvenes a asumir las consecuencias de las decisiones que van a tomar otros por ellas. Imponer a una joven una maternidad impuesta perjudica a largo plazo la calidad de su vida, ya que una maternidad prematura, y más si es impuesta, es un obstáculo para su desarrollo. ¿Creen, de verdad, que se puede imponer a una joven algo tan trascendental como ser madre? Porque de eso es de lo que estamos discutiendo hoy aquí y no de si los padres deben o no saberlo. Los padres ya lo saben, y ahora les daré los datos. Su política sanitaria en materia de derechos sexuales y reproductivos vive de espaldas a la realidad, ataca derechos, pero no soluciona problemas. [[Aplausos]] ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el 40 % de las jóvenes que mantienen relaciones sexuales no utilizan métodos anticonceptivos, pero ustedes han dedicado toda la legislatura al ataque y la confusión y, ni un solo esfuerzo, a prevenir los embarazos no deseados. [[Aplausos]] Ese es su principal problema. Todos los grupos han manifestado lo innecesario de esta reforma. Mi compañera y ponente de la ley, la diputada Susana Ros, ya marcó nuestra posición: un no rotundo a la reforma y un no a cualquier enmienda que le suponga algún tipo de bondad, por lo que no hay mejora posible de esta ley salvo la supresión. Voy terminando, señorías. Con esta reforma han evitado tener que formular un nuevo proyecto de ley con los informes preceptivos. No tienen en consideración ni las consecuencias inmediatas ni las consecuencias futuras para esas jóvenes. Por eso vamos a hacer todo lo necesario para defender la ley vigente, que está dando buenos resultados. Está reduciendo el número de abortos, está comprometiendo a la sanidad pública con los derechos de las mujeres, ha dado seguridad jurídica y ha establecido las bases de la prevención de embarazos no deseados, pero sobre todo ha sido especialmente cuidadosa con la protección de las jóvenes vulnerables, a las que ustedes ahora ponen en una situación límite. Les voy a hacer una última anotación. Se lo dicen las asociaciones de mujeres que tienen ustedes ahí arriba esta tarde - dos puntos, comillas -: 'Esta guerra que ustedes han emprendido contra los derechos de las mujeres no la van a ganar, no la van a ganar' [[Aplausos]] Porque el compromiso de los socialistas siempre ha sido claro, nosotros devolveremos los derechos a las mujeres si el Partido Popular se atreve a quitárselos. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Gracias, señora Álvarez. Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora González Vázquez, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, me corresponde intervenir una vez más para cerrar este punto e informar sobre la decisión tomada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en relación con el texto final que se presenta hoy a este Pleno, de la proposición de ley que nuestro grupo parlamentario trajo en su día a esta Cámara y que hoy termina su tramitación en el Congreso de los Diputados. Quisiera, en primer lugar, agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios en la presentación de sus enmiendas, tanto parciales como a la totalidad, puesto que han servido para un debate fructífero en el que se han aclarado muchas cuestiones esenciales en un debate que posiblemente es uno de los más importantes retos que, desde el punto de vista ético, se plantea hoy cualquier Gobierno y cualquier sociedad. Durante estos meses de tramitación, hemos visto además cómo la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Montón, abandonaba esta Cámara al ser designada consejera de Sanidad Universal y Salud Pública en la Comunidad Valenciana. Desde aquí quiero desearle lo mejor en su nuevo cometido, que seguro desempeñará con la misma pasión y tenacidad con la que ocupó la portavocía de Igualdad en esta Cámara, y le deseo lo mejor a su sucesora, que acaba de estrenarse su cometido. Asimismo, quiero agradecer muy sincera y cariñosamente el trabajo desempeñado por mis dos compañeras coponentes en esta proposición de ley, las diputadas Beatriz Escudero y María Jesús Bonilla, en nombre de las cuales también tomo la palabra hoy. Es el cuarto debate que mantenemos sobre la proposición de ley y, por ello, hoy corresponde resumir la actividad realizada y las lecciones aprendidas durante la tramitación. Este grupo parlamentario, junto con el Gobierno de España, tomó la decisión de modificar la legislación actual en materia de aborto para reincorporar el consentimiento de los progenitores cuando se trata de una interrupción voluntaria del embarazo a una menor de edad, es decir, una niña, una menor de 16 o 17 años. Las razones las hemos explicado aquí y en otros foros de manera pormenorizada. Es imprescindible devolver a padres y madres la capacidad de apoyar a sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas, además de contar, señora Álvarez, con la seguridad de que conocen el estado de gestación en el que se encuentran, puesto que su legislación permite que en estos casos se produzca un aborto sin el conocimiento de los progenitores de la menor, y que estas menores tomen conjuntamente con sus progenitores la decisión más adecuada en relación con su embarazo, sea esta la que sea. Este había sido el punto más controvertido y que había provocado mayor rechazo y alarma en la sociedad española de la legislación aprobada en el año 2010 por el Gobierno socialista. Según una encuesta de El País de junio del año 2009, un 56 % de los votantes del Partido Socialista se oponía a que las menores de dieciséis y diecisiete años pudiesen abortar sin consentimiento o conocimiento de sus progenitores. Varios destacados dirigentes del PSOE, lamento señor Barreda, tener que mencionarlo nuevamente aquí, entre ellos usted, don Alfonso Guerra, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra y don José Bono [[Rumores]] se mostraron públicamente en desacuerdo y con alguno de los mencionados he tenido incluso la oportunidad de recordar su discrepancia en días pasados. Ellos sí, señora Álvarez, se preguntaban por la falta de garantías de la ley que se aprobó en 2010, puesto que el artículo 13.4, les recuerdo, permite a las menores que aleguen cualquier tipo de conflicto para no informar ni siquiera a sus progenitores. Al respecto, señor Agirretxea, me gustaría recordarle que su enmienda en su momento fue modificada y alterada sustancialmente con esta incorporación de esta última frase que la convierte en algo completamente distinto - creo yo - a lo que usted deseaba en su momento cuando incorporó esta modificación a la Ley Orgánica 2/2010. No es necesario explicar por qué la minoría de edad tiene un tratamiento legal diferente tanto civil como penalmente. La minoría de edad protege jurídicamente a personas que no han alcanzado la madurez psicológica precisa para calibrar el alcance de algunas actuaciones o para tomar determinadas decisiones sin el apoyo preciso. Consideramos incoherente y también doloroso que las menores españolas de dieciséis y diecisiete años puedan encontrarse desprotegidas a la hora de decidir si continúan o no con su embarazo y creemos firmemente que la mejor protección para ellas, el mejor consejo y el mejor apoyo lo encuentran, señora Ciuró, en más del 90 % de los casos en sus familias, en sus padres y en sus madres, tal y como evidencia el hecho de que lo hacen con el consentimiento de sus progenitores, que son los que ejercen la patria potestad, de acuerdo con nuestro Código Civil. Quisiera destacar este argumento, puesto que se evidencia que se ha legislado para una minoría muy pequeña. La ley asumió, como dije en su momento, las situaciones excepcionales de padres violentos o abusivos como si fuesen la totalidad de los progenitores españoles, impidiéndoles formalmente ejercer la patria potestad en uno de los momentos más complicados de su vida y la vida de sus hijas adolescentes, eludiendo su obligación como padres - establecida en nuestra Constitución en sus artículos 27 y 39 y en el artículo 154 del Código Civil -, la obligación de velar por sus hijos no emancipados, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Señora Álvarez, sí quiero recordarle que el Código Civil contempla soluciones a aquellos ejemplos de menores que puedan encontrarse en situaciones como las que usted ha mencionado en su intervención anterior. Quiero ser muy clara con una cuestión, puesto que sé que es un tema que preocupa a muchos votantes del Partido Popular, a muchos ciudadanos y ciudadanas españoles y a algunos diputados y diputadas que lo eran ya en el año 2010. [[Rumores.- Varias señoras diputadas pronuncian palabras que no se perciben]]
Por favor, señorías, guarden silencio. Guarden el mismo silencio que ha habido hasta ahora lleno de respeto a quien interviene.
Gracias, señor presidente. Quiero ser muy clara porque sé que esta cuestión preocupa a mucha gente, como decía, a muchos votantes del Partido Popular, a muchas ciudadanas y ciudadanos españoles, a muchas madres y muchos padres, a algunas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Popular que lo eran ya en el año 2010, y es que con esta proposición de ley orgánica no estamos validando el resto de las cuestiones que fueron objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, sino que seguimos manteniendo nuestras dudas con respecto a su constitucionalidad. Por lo tanto, mantenemos nuestro recurso, puesto que ni podemos ni queremos retirarlo. Consideramos absolutamente imprescindible que el alto tribunal se pronuncie en relación con todas ellas, porque somos responsables, cumplimos con nuestras obligaciones y esperamos que los demás lo hagan también. [[Aplausos]] Con este imprescindible y necesario pronunciamiento podremos, por fin, construir sobre una base sólida una respuesta legislativa en la que buscaremos el mayor consenso posible, incluso en las filas de aquellos grupos hoy contrarios a nuestra proposición de ley en los que, como he mencionado anteriormente, personas muy relevantes y destacadas mostraron en su día su disconformidad con el punto que hoy pretendemos modificar. Por ello, no hemos querido durante la tramitación de las enmiendas parciales pronunciarnos sobre ninguna de ellas, para que sea el propio Tribunal Constitucional el que siente doctrina; ni sobre las enmiendas que recogían los puntos de nuestro recurso de inconstitucionalidad ni sobre aquellas otras que los diferentes grupos parlamentarios han presentado para modificar el texto de nuestra proposición o incluso de la legislación vigente. [[Rumores]] Quiero aprovechar también esta ocasión para decir nuevamente que las enmiendas presentadas han sido muy significativas. ¿Por qué? Porque han puesto de manifiesto con toda claridad que en la legislación española actualmente en vigor el aborto no es un derecho de las mujeres. [[Aplausos]] Tanto desde La Izquierda Plural como desde Esquerra Republicana de Catalunya en sus enmiendas a la totalidad y en sus enmiendas parciales se ha pretendido incluir en el texto, en su artículo 1, la expresión 'el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo', prueba evidente de que hasta ahora en nuestra legislación ese derecho no existe, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en sucesivas sentencias relativas a la búsqueda del equilibrio entre los derechos de la mujer y la protección del no nacido. Como ya hemos dicho también en esta tribuna, la Ley orgánica 2/2010 fue extremadamente cuidadosa a la hora de describir esta cuestión, escapando a esta definición que no utiliza en ningún momento. El aborto, señorías, en nuestro sistema sería un derecho de las mujeres si hubiesen prosperado las enmiendas a la totalidad o parciales de Esquerra Republicana o de La Izquierda Plural y eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir hoy. [[Rumores]] Ya terminando quiero referirme en concreto a la intervención del señor Salvador, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, agradeciéndole que comparta con el Grupo Parlamentario Popular la preocupación por las madres, las mujeres embarazadas y los niños y niñas, que serán objeto de una atención especial por parte del Gobierno y por parte del Grupo Parlamentario Popular en la etapa final de la legislatura, tal y como ha ocurrido en el resto de la legislatura y tal y como se ha visto hace unas horas en esta misma Cámara con la infancia, que por primera vez en la historia reciente de España cuenta con una legislación avanzada que establece el principio del interés superior del menor como prioridad absoluta de la función del Gobierno, tal como acaba de poner de manifiesto la diputada doña Macarena Montesinos en su intervención hace unas horas. También quiero agradecer a la portavoz de Unió Democràtica de Catalunya, la señora Tarruella, que haya defendido con claridad la posición de su partido que, como el Partido Popular, considera que debe existir una clarificación en torno a este asunto que dé lugar al mayor acuerdo posible. Ha defendido, como nosotros, que la cuestión de las menores de dieciséis y diecisiete años en relación con el aborto era algo que debíamos modificar de manera inmediata. Como ustedes saben bien, las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables.
Señoría, tiene que terminar.
Termino, presidente. Es nuestra intención esperar por su pronunciamiento con el objetivo de solventar, de la mejor manera posible, una cuestión que preocupa mucho a una gran parte de la población de nuestro país y, muy particularmente, a los votantes del Partido Popular. Por ahora, queremos llevar adelante la reforma de este punto, el de las menores de dieciséis y diecisiete años, que es el que más preocupación ha causado a la sociedad española en su conjunto. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. [[Aplausos.-El señor Barreda Fontes pide la palabra]]
Muchas gracias, señora Gónzález Vázquez. Señor Barreda, me imagino que por alusiones. Tiene un minuto.
Efectivamente. Como reiteradamente se han recordado unas declaraciones que, efectivamente, hice en su momento, las quiero recordar en su literalidad. Dije en aquella ocasión: Si mi hija tuviera que abortar, a mí me gustaría que me lo dijera para poder acompañarla. Pero también me he acordado ahora, al escuchar a la portavoz del Grupo Popular, y sobre todo al resto de los parlamentarios que han intervenido en el debate, de lo que dijo una vez Keynes cuando le reprocharon que había cambiado de opinión o que había matizado una opinión porque le habían convencido los argumentos. Dijo: Cuando cambia la realidad y cambian las circunstancias y me convencen nuevos argumentos, yo cambio de posición. Y preguntó: ¿Usted qué hace, caballero? Yo he cambiado de posición porque me han convencido los argumentos que he escuchado en otras ocasiones en este Pleno sobre este asunto. Muchas gracias. [[Aplausos.-Rumores.-La señora González Vázquez pide la palabra]]
Muchas gracias, señor Barreda. Señora González Vázquez, tiene también un minuto. [[Rumores]] Señorías, por favor.
Simplemente es para agradecer la intervención del señor Barreda y que haya afirmado lo que hemos comentado en algún momento con relación a sus palabras. Es frecuente, en algunos grupos parlamentarios más que en otros, cambiar de posición; declarar una cosa y, después, hacer la contraria. Muchas gracias. [[Aplausos.-Rumores.-Protestas]]
Muchas gracias, señora González Vázquez. [[Rumores]] Señorías, guarden silencio y abandonen la sala, si no quieren permanecer en el escaño, lo más rápido posible. - PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO [[PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO]] [[Número de expediente 121/000159]]
Siguiente punto del orden del día. Dictamen de la Comisión del proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento, procedente del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo. Para defender en el Pleno las enmiendas formuladas a esta iniciativa, que también tiene el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
Gracias, señor presidente. Defendemos las enmiendas presentadas a este proyecto de ley con los mismos argumentos que manifestamos cuando nos opusimos a la convalidación del real decreto que sustenta el proyecto, el Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo. Señorías, después de estar muy atentos, en concreto, a la intervención de la señora Barreiro Álvarez, diputada del Grupo Popular, en el debate de totalidad que tuvo este proyecto de ley hace aproximadamente ocho días, hemos de decir que las razones que tenemos para mantener nuestras enmiendas permanecen, incluso con mayor énfasis si cabe, primero, porque estamos hablando de un suplemento de crédito que se hace a través de un real decreto-ley y que no es la primera vez que se hace. Desde que gobierna el Partido Popular anualmente se aprueba un real decreto-ley, en el que se establecen una serie de suplementos de crédito para pagar determinados compromisos que tiene el Ministerio de Defensa. Es decir, por lo que se dice desde el ministerio cuando defiende estos reales decretos y, además, por la continuidad de la aprobación de los mismos, significa que el Gobierno encubre realmente los presupuestos que anualmente hace del Ministerio de Defensa, para decirle a la ciudadanía que el Gobierno reduce gastos en el Ministerio de Defensa, gastos militares. Esto no es así, porque anualmente se le están incrementando a este ministerio cantidades parecidas a las del año 2015, que en esta ocasión son más de 856 millones, como acaba de exponer el presidente de la Cámara. Por lo tanto, podemos decir que estamos en contra del real decreto, en la medida en que el Gobierno encubre la realidad de los presupuestos de este ministerio tratando de decirle a la ciudadanía que reduce gastos en un ministerio en el que, efectivamente, en una situación de grave crisis económica como la que vivimos, todos los ciudadanos entienden que deben reducirse. La señora Barreiro Álvarez, a la que he hecho referencia anteriormente, el otro día argumentaba, para tratar de convencernos de que no estamos en una posición justa en relación con este asunto, la cuestión del empleo y la necesidad que el Gobierno tiene de pagar y de cumplir con estos compromisos por la generación de sesenta mil puestos de trabajo, etcétera. Además, tuvo ocasión de hacer referencia a determinados lugares del Estado español donde existe industria armamentista. Concretamente, nombró a Ferrol. No quiero perder la ocasión, señorías, para decir que, si la portavoz del Grupo Popular se refiere a Ferrol, se referirá a Navantia. En ese caso, quiero decir que los trabajadores de Navantia-Fene, concretamente en la comarca de Ferrol, llevan años esperando carga de trabajo para poder trabajar. O sea, que es total y absolutamente falso lo que aquí se decía. Es más, hay dos fragatas comprometidas por el Gobierno para decir, en campaña electoral, que va a haber empleo y carga de trabajo en este astillero, y eso no ocurre año tras año. Y qué decir, señorías, de la fábrica de armas de Santa Bárbara en A Coruña, que ya cerró hace unos cuantos años llevándose por delante cientos de puestos de trabajo. Por lo tanto, no tengo claro, señorías, que este compromiso de gasto del Gobierno - que se aprobó, en su momento, en el real decreto-ley, y hoy en el proyecto de ley que se va a aprobar - sea un gasto destinado a empleo en el Estado español. Desde luego, en lo que a Galicia se refiere no hay puestos de trabajo que en este momento dependan de la bonanza que tenga el Gobierno en pagar deudas o compromisos adquiridos. Lamentaríamos que esa defensa del empleo del Grupo Popular hace unos días en esta Cámara se refiera a empleos generados fuera del Estado, que si bien es importante que la gente trabaje en todo el planeta, desde luego, en un momento de crisis y desempleo como el que existe en el Estado español no sería lo más adecuado. En definitiva, señorías, mantenemos nuestra posición en defensa de nuestras enmiendas y en contra de este proyecto de ley, manifestando que los trabajadores de Navantia Fene siguen esperando carga de trabajo, a pesar de que el Gobierno en campañas electorales sucesivas les prometa que va a haber actividad económica en los astilleros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
Muchas gracias, presidente. Señorías, esto más que una tramitación de un proyecto de ley pasará a la historia del parlamentarismo español como el manual de instrucciones de cómo blanquear un real decreto que tiene visos de inconstitucionalidad y, por tanto, de ilegalidad. El manual de instrucciones dirá: primero, se aprueba el real decreto con el crédito extraordinario, como cada año desde 2012, de 800 millones de euros en este caso; segundo, se acepta tramitarlo como proyecto de ley para evitar un nuevo recurso de inconstitucionalidad como el que ya presentamos varios grupos el año pasado; tercero, no se acepta ninguna enmienda de la oposición para asegurar que en el decreto, tal y como se aprobó, convertido en proyecto de ley, se salva hasta la última coma, porque si hubieran tenido el más mínimo interés en que las aportaciones de la oposición se hubieran incorporado a ese decreto habrían aceptado alguna enmienda, pero nada, cero absoluto; cuarto, se concluye aquí el debate sin tener en cuenta, sin escuchar, sin oír lo que es un clamor no solo en España - en esta Cámara de todos los grupos parlamentarios -, sino en Europa, lo que están haciendo todos los Gobiernos europeos, empezando por el alemán - que es la referencia de este Gobierno para muchos otros asuntos -, que es auditar los programas de armamento. ¿Por qué? Porque el mundo de la defensa es un mundo especialmente opaco, un mundo que se presta especialmente al fraude, al abuso y la malversación de fondos públicos, por eso conviene una auditoría externa - como ha hecho Alemania, con KPMG y otras auditoras - que asegure, como hemos pedido en distintas iniciativas y en las enmiendas de las que han hecho caso omiso, que los programas son los adecuados para la defensa española, que el gasto es el adecuado y, sobre todo, que se hace bien, que es lo que la opacidad del Ministerio de Defensa impide controlar a esta Cámara. Cuando terminan ustedes el procedimiento que han llevado a cabo, tienen su real decreto blanqueado, se aseguran de que el Constitucional no lo pueda tirar, pero siguen haciendo la misma política de defensa y la misma política presupuestaria, que es la política que por otro lado el Tribunal de Cuentas en numerosas ocasiones ha echado atrás en otros capítulos del presupuesto de Defensa, como es el de las misiones internacionales. Por tanto, hoy harán su pantomima, blanquearán este real decreto, pero seguirán provocando la misma inquietud a la industria. Empezaron aprobando los créditos extraordinarios por este procedimiento para darle tranquilidad a la industria y han conseguido darle intranquilidad, porque el procedimiento presupuestario está en cuestión - lo está estudiando el Tribunal Constitucional -, porque todos los grupos de esta Cámara nos hemos opuesto y porque ustedes no van a gobernar eternamente. Por tanto, la industria está temiendo que estos programas de armamento, que tienen una planificación de hasta el año 2030, cuando cambie el Gobierno y deje de gobernar el Partido Popular, no puedan continuar como lo han hecho hasta ahora. Queriendo hacerle el favor a la industria en la persona de su principal lobbista en esta Cámara, que es el ministro Morenés, han acabado causándole un grave perjuicio a la industria. Esta es la política de industria armamentística del Partido Popular, esta es la política de defensa y este es el manual de instrucciones de cómo se blanquea un real decreto, para lo cual desde luego no cuenten con mi grupo, porque no votaremos a favor del mismo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora Lozano. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sanz tiene la palabra.
Señorías, vuelve hoy de la Comisión de Presupuestos a este Pleno, en una tramitación exprés que tiene más que ver con una coartada legal que con un debate - ya le han explicado desde esta tribuna a la representante del Partido Popular los motivos -, la ley que autoriza el pago de la factura anual de armamento por valor en este caso, en lo que afecta estrictamente a los PEA, de 846 millones de euros a cargo de deuda pública. [[La señora]] A pesar de lo torticero del procedimiento, desde La Izquierda Plural queremos aprovechar para poner sobre la mesa qué creemos que debería hacer el Gobierno a la hora de abordar el futuro de los programas especiales de armamento, que es sin duda el núcleo central de este debate. Creemos que es conveniente hacerlo respondiéndonos a varias cuestiones. Las primeras tienen que ver con cuestiones formales. Primera cuestión, ¿es o no es correcto, desde el punto de vista de la planificación, del buen Gobierno, de la transparencia, del derecho a la información, incluso desde la legalidad, el hecho de que estos gastos no aparezcan reflejados en los Presupuestos Generales del Estado y no hayan aparecido reflejados ninguno de los años de la presente legislatura? Segunda cuestión, el hecho de que no estén consignados en los Presupuestos Generales del Estado, ¿cómo tiene que interpretarse por parte de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara y de la ciudadanía, que está viéndolo fuera? Y también queremos saber si eso implica o no que se estén falseando permanentemente las cuentas públicas del Estado. Tercera cuestión, ¿es esta forma la correcta de abordar un debate de estas dimensiones en apenas una semana? Acabamos el Pleno en el que se votó a la totalidad, se convocó ponencia, se firmó el informe de ponencia esa misma tarde y al día siguiente, hace una semana, se convocó la Comisión de Presupuestos para ventilarse de un plumazo las enmiendas que hoy se traen aquí a este Pleno. Es absolutamente vergonzoso y por ello preguntamos, ¿esta es la forma correcta de abordar este debate o para el Gobierno del Partido Popular es una simple y burda instrumentalización del trámite de convalidación del real decreto como proyecto de ley para curarse en salud, sin más ánimo que el de disfrazar otro decretazo más en aras de darle seguridad jurídica? Es importante que todos demos respuesta a estas preguntas, porque por lo menos para nuestro grupo, para La Izquierda Plural, la forma en democracia es importantísima, y estamos cansados de ver cómo ustedes utilizan la mayoría absoluta, señorías del Partido Popular, retorciendo el trámite legislativo hasta límites insospechados y ahormando el ordenamiento jurídico a sus intereses hasta niveles más que peligrosos. Las formas que han empleado para imponer el pago de la factura anual de los programas de armamento responden a esas preguntas por sí solas. Durante 2012, 2013 y 2014 destinaron extrapresupuestariamente y por decreto la friolera de 3.543,76 millones de euros a financiar la compra de armamento a través de estos programas. A esta cifra le sumamos lo que hoy estamos debatiendo aquí, solo en lo que respecta a armamento 846 millones de euros, sumando a lo largo de la legislatura un total de 4.390 millones de euros, que nunca fueron abordados en el debate presupuestario y que se han pagado recurriendo a deuda pública. Esta cifra, según sus datos, equivale nada más y nada menos que al 76 % de todo el presupuesto de defensa de este año. Y el incremento que suponen los 846 millones de euros al presupuesto de defensa es de un 15 %. Todas estas reflexiones que tienen que ver con lo formal nos llevan a las cuestiones de fondo, que son las que situamos en las enmiendas que hoy defiendo desde esta tribuna. Son cuestiones políticas, señorías, porque aquí estamos para hacer política, como la oportunidad o no de este gasto, en una de las legislaturas más duras de la historia de nuestro país. En una legislatura caracterizada por la austeridad y por los recortes, desde La Izquierda Plural queríamos poner sobre la mesa si esta era o no una prioridad de Estado, si debería o no haber sido pagado esto antes que otras cosas. Evidentemente, el Partido Popular ha negado esta posibilidad. Igualmente, queríamos debatir sobre la idoneidad de los materiales que adquirimos y sobre si realmente estos materiales van a ser útiles para garantizar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, que está absolutamente colapsada económicamente precisamente porque tiene que acometer este tipo de gastos. En esta misma dirección, y algo que consideramos igual o más importante, exigíamos un debate profundo sobre nuestra política de defensa, que permitiese determinar con claridad meridiana si necesitamos o no para la satisfacción de ese modelo de defensa este tipo de materiales. Pues bien, ninguna de esas cuestiones ha sido posible. Es evidente que nuestro grupo no comparte su política de defensa ni de acción exterior. Esta mañana, durante el debate sobre el convenio de cooperación con Estados Unidos en materia de defensa - concretamente para el uso de las bases de Morón y Rota - ha quedado meridianamente claro. Ustedes siguen aferrados a un modelo de política de defensa al dictado de la OTAN; hoy ha quedado meridianamente claro, negro sobre blanco en esta tribuna. Es un modelo que se ha demostrado fracasado, un modelo que se basa en la doctrina del miedo, en la escalada bélica y en el rearme, y ese modelo no hace otra cosa sino entrañar más violencia y más inseguridad. Es un modelo de defensa que consolida, además radicalmente, un modelo económico condicionado precisamente a este tipo de industria. Nuestro grupo considera imprescindible un debate abierto y sosegado sobre estos asuntos, y para hacerlo necesitamos, primero, estudiar cuáles son nuestros compromisos, qué gastos tenemos y qué compromisos tenemos contraídos, auditarlos, auditar la deuda, reestructurarla si es necesario y sobre todo prescindir de aquellas cuestiones que no sean útiles para la defensa española, que las hay; y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios profesionales de las Fuerzas Armadas. Creemos que hay que evitar las hipotecas en materia militar, a pesar de que este Gobierno camine en dirección contraria y esta legislatura haya incrementado incluso los compromisos en la materia. Y lo creemos porque condicionan otro tipo de políticas que son vitales a nuestro juicio para una salida correcta de la crisis, en la que aún estamos sumidos; por ejemplo, las políticas de investigación y desarrollo. Señorías, esas políticas han de servir para, como dice el señor Montoro, actuar de palanca en el impulso de un nuevo modelo productivo radicalmente responsable en lo social, que es lo que necesita realmente nuestro país y la ciudadanía de nuestro Estado. Por eso, proponíamos también que se analizasen los créditos que desde el Ministerio de Industria se conceden a estas empresas para la producción de estos materiales; se conceden a cargo de políticas de I+D+i. Es importante saber cuántos de estos créditos se han devuelto, es importante saber cuántos millones hemos adelantado a estas empresas para producirlos. Creo recordar que en el debate de los presupuestos de este año el secretario de Estado hablaba de poco más de un centenar de millones los que habían retornado a las arcas públicas del Estado; creo recordar que eran 147 millones. Pues bien, queremos saber exactamente en qué estado están estos créditos. En este apartado, como ya ha hecho alguna portavoz previamente, quiero hacer especial hincapié en el empleo. Cuando hablamos de la reconversión de esta I+D+i, que ahora mismo está enfocada y potenciada en lo militar, hacia su faceta civil, no estamos hablando de otra cosa que de la reconversión de la industria, del mantenimiento y el incremento del empleo. Por lo tanto, ahórrense ese tipo de argumentos, por favor, porque no estamos hablando de eso. Por supuesto que somos conscientes de que es un debate complejo, de que tiene que ser un proceso gradual, paulatino, que tiene que implicar muchos conciertos, pero evidentemente hay que empezar a caminar en esa dirección, porque estamos hablando de la política a medio y largo plazo de este país, de la misma manera que estas deudas nos hipotecan a medio y largo plazo, y, por tanto, ese es el debate político de fondo que tenemos que abordar. Hablamos de fortalecer lo que ya está empezado. En España ya hay empresas del sector que están impulsando líneas para el diseño de estaciones meteorológicas, de estructuras flotantes y buques de instalación y apoyo a parques eólicos marinos, por ejemplo; y no pasa nada, estamos hablando de profundizar en esa lógica de reconversión. Señorías, hablamos de adelantarnos a algo que necesariamente, e incluso por supervivencia, va a tener que acabar pasando. Hay experiencias previas en Estados que en tiempos de posconflicto tuvieron que reconvertir su industria, que estaba muy centrada en lo militar. Estudiemos, aprendamos, hablemos de política. Adelantémonos, pues, e impulsemos este camino, y hagámoslo ya. Eso es de lo que mi grupo quería hablar, huyendo de cortoplacismos, de exigencias debidas sin previo debate y sin ningún tipo de control que nos van a condicionar las próximas décadas, porque consideramos que eso es el grueso de este debate - y no otro -, de lo formal, pero sobre todo del fondo de la política.
Señor Sanz, tiene que ir terminando.
Acabo ya. A pesar de la tramitación exprés, este debate ha permitido hablar mínimamente de política. Las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural están encima de la mesa para defender estas posiciones y, por lo tanto, les pido el voto favorable para las mismas. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Guillaumes.
Gracias, presidenta. Señorías, esta intervención va a ser común tanto para Convergència como para Unió Democràtica. Hablo yo, pero el mérito y el trabajo es del señor Barberà y del señor Xuclà, que son quienes han trabajado la ley, y creo que es importante hacerlo constar. Cuando llega el calor, vuelve el día de la marmota; el día de la marmota del famoso crédito extraordinario y, entre otras cosas - un año fue especialmente escandaloso, tuvo que subir aquí el señor Campuzano porque básicamente el crédito balón que nos presentaban tenía un montón de elementos de servicios sociales -, globalmente estamos hablando de los planes especiales de armamento con algún añadido, efectivamente, sobre la crisis del ébola, etcétera. Creemos que se ha roto el principio presupuestario que dice que todas las cosas que tiene que gastar una determinada administración tienen que estar previstas en el presupuesto. Estamos hablando de un crédito extraordinario que se aprueba sistemáticamente cada año; estamos hablando también de romper el principio de real decreto, porque se habla de urgente necesidad cuando se aprueba un real decreto. Aquí todos sabemos lo que es un oxímoron, ¿cómo puede haber urgente necesidad con algo que está planificado a más de treinta años? ¿Dónde está la urgente necesidad? Aquí se rompen los dos principios: no se prevé en el presupuesto y no es un real decreto. Finalmente, nos lo presentan como proyecto de ley y violan un tercer principio, absurdo, me atrevo a decir porque no se pueden aprobar cosas de manifiesto imposible cumplimiento. Esto también es un principio legislativo básico. El Gobierno del Partido Popular ha hecho un real decreto, ya han gastado el dinero, ya han pagado y ahora nos hacen aprobar un proyecto de ley para que se aprueben estos gastos. Estamos aprobando algo de manifiesto imposible cumplimiento porque, de hecho, este dinero ya se ha gastado. Yo propongo a los diputados de la Cámara un ejercicio intelectual político interesante: que aprueben nuestras enmiendas. Solo por un motivo, a ver qué pasa. Si ahora resulta que aprueban nuestras enmiendas, cuando ustedes ya han pagado a los proveedores que preveía el real decreto, a ver qué pasa. Estamos en una situación que yo calificaría, sin que sea una imagen metafórica, de surrealista. A mí esto me recuerda dos anécdotas. La primera, en la época de la república, en Cataluña, en el pleno de un ayuntamiento importante - no era un ayuntamiento pequeño -, votaron la existencia o no de Dios. No sé, yo personalmente no sé si Dios existe o no, pero si existe me imagino que se debió inmutar muy poco por la opinión del citado ayuntamiento. Por cierto, no les diré cómo acabó la votación. Pues estamos aprobando algo similar, algo que simplemente no se puede cumplir. Efectivamente, estamos en una dinámica kafkiana. El pobre señor K, cuando se encuentra en la absurdidad absoluta del castillo de Kafka, donde todo es burocracia y nada es lógica, intenta adaptar su lógica a la situación y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos presentado un paquete de enmiendas que dicen en qué nos gastaríamos este dinero - necesidades muy concretas y nada demagógicas - si verdaderamente pudiéramos disponer de él libremente, que no es el caso. Aplicamos la lógica de K y ustedes aplican la lógica del castillo, la lógica del absurdo. [[El señor]] Y todo, ¿para qué? Porque este despropósito tiene que tener una motivación. En nuestra opinión, para algo que consideramos un error muy grave: ustedes quieren dar la impresión de que el presupuesto de defensa tiene un monto que en realidad no tiene. Lo hacen a través de varias vías, de este crédito extraordinario, a través de la famosa partida ampliable para misiones en el exterior, cuando todo el mundo sabe positivamente que el año que viene estaremos en Centroáfrica y en Líbano. No digo que la partida no sea ampliable, sino que podría ser mucho más realista. No, la dejan ampliable y abierta para que luego el presupuesto de defensa se pueda disparar igual que con los créditos ampliables. Y se equivocan, porque esto ha calado, la gente en la calle ya sabe que el presupuesto de defensa que aprueba este Parlamento no es el real, ya lo saben, pero como no tienen información real y fehaciente de cuál es este presupuesto, entonces es peor, porque donde no hay información aparece el rumor. Con su técnica de intentar continuar diciendo que el Estado español tiene el porcentaje de defensa sobre el PIB menor de Europa, solo superior al de Luxemburgo, y como todo el mundo sabe que esto no es así, se lo inventan. He oído auténticas barbaridades - y las he tenido que desmentir - sobre cuál era el presupuesto real en defensa del Estado español. Es un error para todos, pero sobre todo para ustedes, para el Gobierno popular, porque donde no hay información llega el rumor y el rumor, señores, no tiene límite. El oscurantismo es una mala técnica. Esto lo aprendieron hasta las dictaduras. Mi padre siempre me contaba la anécdota de que cuando se cometió el primer atentado del Grapo, en el que mataron a unos oficiales de la Guardia Civil, la primera reacción del Gobierno franquista fue negarlo, decir que no había pasado nada, que aquello no había existido. No habían pasado cuarenta y ocho horas y el rumor en todo el Estado español era que habían asesinado a cuatro gobernadores civiles. Esto es lo que pasa cuando se oculta la información, que el rumor hace mucho más daño. Sin querer comparar una cosa con la otra, el error es exactamente el mismo, están generando un error ocultando la información. Además, de la manera más absurda y surrealista posible, haciéndonos votar hoy una ley de imposible cumplimiento. Señorías, estoy rellenito, gordito, y la ley de la gravedad - tan alta como es en este planeta - me molesta un poco y no sé si podría pedirles una proposición de ley que rebaje un poco la ley de la gravedad - ya que parece que se pueden aprobar cosas imposibles - para que la gente con mi condición y yo podamos ir más cómodos. La lógica es la misma, la del ayuntamiento votando la existencia de Dios, la del señor K en el castillo y la de ustedes aprobando una cosa que si ahora modificáramos sería de absoluto incumplimiento. Por desgracia, el surrealismo forma parte de la política, pero no debería. ¿Verdad que no debería? Pues es todo. Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a la hora de afrontar la intervención en el día de hoy, la verdad es que uno no sabe qué camino tomar. Llevamos cuatro reales decretos-leyes, este real decreto-ley transformado en proyecto de ley con tres debates, 4.500 millones de euros en créditos extraordinarios para los PEA, anuncios reiterados y cumplimiento de esos anuncios en el sentido de que tanto por nuestra parte como por la de otros grupos se va a plantear un recurso de inconstitucionalidad porque esto es inadmisible, comentarios como que este proyecto de ley es innecesario, inútil y esperpéntico, y ahora, de acuerdo con el portavoz de Convergència, que es kafkiano. En todos los años que llevo en esta casa, en este Parlamento - y mire que llevo años -, no he visto una norma que haya aglutinado tal número de calificativos como los que he oído, así como la inutilidad de lo que estamos haciendo. Es inútil. Nos encontramos con un proyecto de ley que deriva de un real decreto-ley, un real decreto-ley que ha sido aprobado por el Gobierno y el Grupo Popular en esta Cámara y que es de obligado cumplimento porque lo que está diciendo es: miren, como tengo unos compromisos con unas empresas, lo que hago es pagar a través de ese crédito los compromisos que tengo con esas empresas. Una vez que esto se ha hecho así - yo me imagino que cuando se aprueba el real decreto-ley es porque ya está la obligación y la necesidad de hacer frente a esos pagos -, vienen ustedes y dicen: vamos a tramitarlo como proyecto de ley, así pongo un escudo en torno al real decreto-ley para que, en caso de recurso ante el Tribunal Constitucional, este vea que el Gobierno se ha arrepentido y lo ha transformado en una norma que puede ser aceptada y que puede parar cualquier tipo de nulidad de estos reales decretos-leyes, el anterior del año pasado y el de este año. ¿Y qué hacemos? Estamos viendo las enmiendas que hemos presentado y, por mi parte, no habría ningún inconveniente en apoyar las que han presentado otros grupos, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a decir que estoy de acuerdo con las enmiendas que plantean los grupos parlamentarios en esta Cámara si, en el hipotético caso de que se aprobaran, serían incumplibles? ¿Vamos a decirles a las empresas que estamos todos de acuerdo y que deben devolver el dinero que han cobrado por ese real decreto-ley? ¿Cómo se come eso? Por eso digo que cuando afrontas este tipo de debates te entra la melancolía, porque te preguntas ¿para qué?, ¿hacia dónde vamos?, ¿a cumplir unos objetivos, unos compromisos de pago por unos programas? Nosotros estamos de acuerdo en que se paguen los programas, que no haya ninguna duda. También le digo otra cosa: en dos años paralizamos el pago de los programas y dedicamos ese dinero a otras políticas que hubo que llevar a cabo en ese momento. Ustedes están dispuestos a pagar 4.500 millones de euros en cuatro años para unos PEA que ustedes han reprogramado y han acordado con la industria y han presentado ante esta Cámara como la mejor fórmula para seguir construyendo, para seguir fabricando material militar, material que, por cierto, no sabemos para qué sirve. Lo único que le decimos es que a día de hoy no se puede corregir lo que se ha hecho con la aprobación de este real decreto-ley, puesto que estamos con un proyecto de ley sobre el que ustedes aceptan que se planteen enmiendas y, por lo que vemos, dentro de un mes o dentro de muy poco tiempo va a haber unos presupuestos en esta Cámara. Así pues, hagan una cosa, normalicen el funcionamiento de estos créditos e incluyan estos recursos en los presupuestos como una partida presupuestaria más, como hacen en cualquier otro capítulo del presupuesto. Aprovechen la opción de que tienen el presupuesto encima de la mesa e inclúyanlo. Clarifiquen el presupuesto del Ministerio de Defensa, den cumplimiento a las previsiones que ustedes políticamente crean y luego veremos si son compatibles o no con lo que podamos hacer. Pero en principio transparencia y claridad, que es de lo que ustedes vienen presumiendo durante toda la legislatura, cuando aquí es todo opaco. Recuerdo que en la primera intervención del secretario de Estado en la Comisión de Defensa le dijimos que para el Grupo Socialista la política de defensa siempre ha sido una política de consenso, de acuerdo y de entendimiento, porque pensábamos que era una política de Estado. Ustedes han hecho todo lo contrario. Han intentado siempre que la política de defensa fuera la suya; no la de los partidos, no la del acuerdo, sino la de ustedes. Les hemos planteado ver cómo estaban dimensionados los programas especiales, analizarlos, estudiarlos y profundizar en su funcionamiento, pero tampoco han querido. Ahora nos vienen con fórmulas que indudablemente no tienen nada que ver con el buen funcionamiento presupuestario de unas inversiones importantes que tiene que hacer este país para llevar a cabo su política de defensa. La enmienda que sometemos a votación no incide en el contenido del proyecto de ley, porque todo el material militar está relacionado con sus importes y presumimos que todo el mundo lo habrá cobrado. Presumimos que los 6 millones del Plan general de municionamiento - que yo no sé qué plan es ese, que ha aparecido ahora así, a bote pronto - también estarán gastados. Asimismo, presumimos que los cuatro millones y pico que hay para las actuaciones en el Gómez Ulla, para la adaptación de las instalaciones para casos de ébola, también estarán gastados. Entonces, pongamos un poco de orden en la casa. Cojamos el presupuesto y veamos qué es lo que hay que incluir en él para hacer frente a esos problemas, veamos si lo que estamos planteando en el Ministerio de Defensa, la política de defensa, tiene que ver con las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y con el tipo de defensa que necesitamos. Veamos qué correlación hay entre el material que se compra y la política de defensa que se quiere llevar a cabo, es decir, veamos una serie de aspectos que ustedes se han negado a discutir durante todo este proceso. Por ello, nosotros seguimos planteando nuestra enmienda, que habla más del futuro, de lo que tiene que ser la política de defensa, e intentemos corregir que la fórmula del real decreto se siga manteniendo en los próximos tiempos. Me gustaría que ustedes reconocieran que aquí se han equivocado, pero no creo que eso suceda. Me gustaría que aceptaran alguno de estos planteamientos, pero tampoco lo van a hacer, y me imagino que cuando esto llegue al Senado pasará también de la manera más rápida para que no tengamos ningún problema a la vuelta. Me gustaría que de una vez por todas el Grupo Popular fijara cuál es su política de defensa y lo hiciera con el resto de los grupos, porque todos tenemos derecho a que nuestras aportaciones en política de defensa sean no digo que fundamentales, pero sí suficientes para que en este país tengamos una política de defensa que obedezca al interés de todos y no al interés de un partido político. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias señor Morlán. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco PNV, señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente desde el escaño. La posición del Partido Nacionalista Vasco no difiere en absoluto de la que mantuvimos la semana pasada. Somos muy críticos tanto con el contenido como con la forma. Cuando hablamos de la forma, nos referimos a que no se puede plantear este sistema de créditos extraordinarios cuando estamos hablando de cantidades tan grandes, cantidades que ya existen y que se conocen de antemano y cuando hay unas personas pendientes de esos pagos. Esto no es como si de repente hubiera habido un incendio y hubiera que adecuar un crédito extraordinario, no. Estas eran partidas conocidas perfectamente, lo cual hace sospechar bastante de la forma de elaborar los presupuestos en el Ministerio de Defensa. También aprovechamos esta intervención para solicitar formalmente al Gobierno que diga cuál es y cuánto es el presupuesto del Ministerio de Defensa y en qué se gasta ese presupuesto, porque cuando se utilizan estos sistemas y estas formas de trocear, lo primero que se nos ocurre es que lo que se quiere es ocultar, esconder y trufar, como si no hubiera juego limpio en el asunto. Si no hay nada que ocultar, inclúyanlo en los Presupuestos Generales del Estado. Las partidas son conocidas y los pedidos están planteados desde hace mucho tiempo. Como ha dicho el compañero Morlán, si hay reprogramaciones y novedades, como el municionamiento - que no sabemos lo que es -, plantéenoslas como tales, aunque creemos que este no es el sistema. Voy terminando. Una diputada del Grupo Popular, para criticar el sistema que la Generalitat de Catalunya utiliza, decía: ¿Tienen ustedes problemas en sanidad? Si en vez de abrir embajadas por el mundo utilizaran ese dinero para sanidad, seguro que les iría mejor. Si empezamos a hacer demagogia de esa índole, también podríamos hacerla sobre defensa. Pero es que ayer otro diputado del Grupo Popular subió a la tribuna y para otro tema utilizó la misma metáfora y, como utilizó la misma metáfora, yo voy a preguntar lo siguiente: ¿Saben ustedes cuántas vacunas se pueden comprar con el dinero de este misil que vale 150 millones de euros y que no sé a quién vamos a disparar? Gracias.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Barreiro.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, si me permiten, como hoy es el día de la patrona de la Armada española, quiero mandar una felicitación a todos los hombres y mujeres que navegan y que se sienten protegidos por su patrona en este día de celebración, ya que por primera vez en veinte años no puedo compartir con ellos esta jornada. [[Aplausos]] Les mando mis felicitaciones a todos los componentes de la Armada española. Dicho esto, no quisiera entrar en el bucle en el que hemos entrado en este debate, porque hemos entrado en bucle. Hemos hecho una serie de apreciaciones, hemos vuelto a hablar del blanqueo, de los trámites peligrosos y de la ocultación. Se ha filosofado desde esta tribuna, se ha hablado de melancolía y de municionamiento, que no es nada más que comprar munición para que las Fuerzas Armadas estén al día y puedan preservar la seguridad nacional y estar en las misiones de paz de las que tanto nos gusta hablar. Lo digo porque es una palabra muy complicada, pero su contenido es muy sencillo. Estoy convencida de que los esfuerzos estériles conducen a la melancolía y yo puedo ser cualquier cosa menos melancólica. Por tanto, no voy a intentar convencerles nuevamente a todos ustedes del interés de este proyecto de ley, porque creo que es un esfuerzo estéril y no quiero llegar a la melancolía. Voy a ser pragmática. En su intervención, señor Morlán, usted empezó con un pragmatismo que me gustó mucho y dije: ahí nos vamos a encontrar el Grupo Socialista y el Grupo Popular, con ese pragmatismo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pagar. Estamos hablando de cumplir nuestras obligaciones. Estamos hablando de un sector estratégico que se llama de la defensa y por eso acumula tanta polémica. A lo mejor, si no se llamase de la defensa sino de otra manera no estaríamos hablando de ello. Como aquí se ha hablado de Dios, se ha hablado de la República y se ha hablado de todo, si me permiten, voy a hacer algo más sencillo que es leer algo de otros. Dicen que el sector de seguridad y defensa factura en la Unión Europea casi 100.000 millones de euros; que en España hay 800 empresas en el ámbito civil y militar que facturan más de 10.000 millones de euros, lo que representa un poco menos del 1 % del PIB; que el 12 % de esa facturación se dedica a I+D+i; que este sector ha contribuido de forma significativa al desarrollo de los campos de la aeronáutica naval y comunicaciones, siendo una de las pocas áreas de la industria española de alta intensidad tecnológica con presencia internacional; y que un importante factor de preocupación son los recortes que se vienen manifestando en el presupuesto del Ministerio de Defensa en los últimos años para los planes especiales de armamento. [[Muestra un documento]] Esto está sacado de un documento, que se llama Informe sobre la situación y perspectivas en el sector de la defensa y seguridad, hecho por UGT y Comisiones Obreras. Por tanto, en este vanguardista debate que tenemos, el Grupo Parlamentario Popular apoya este informe elaborado por Comisiones Obreras y UGT, que ideológicamente están más de su parte que de la nuestra. ¿Por qué? Porque al final han tenido que bajar a la arena y decir que la industria de la defensa es un sector estratégico que ocupa a 40.000 personas en España, al que se le encargan trabajos absolutamente necesarios para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra intervención en misiones de paz y para mantener la seguridad nacional, y que hay que dar estabilidad económica a sus empresas porque también se dedican a I+D+i. Ahora hay que pagar. Podemos discutir todo lo que ustedes quieran y yo no les voy a convencer de si es extrapresupuestario o presupuestario o de si hay blanqueo. Oigo mucho aquí la palabra blanqueo por parte de una diputada que tiene un poco de fijación con ella; no sé por qué, alguna cuestión debe tener con esto del blanqueo. Aquí no se oculta nada. Si no, no estaríamos aquí, no estaríamos en esta tribuna, no se tramitarían las cosas, no se publicarían en el Boletín Oficial del Estado ni estaría aquí el ministro dando explicaciones. Otra cosa es que ustedes quieran mantener un debate sobre lo que necesitan las Fuerzas Armadas, sobre lo que necesitan nuestros hombres y mujeres cuando están fuera defendiendo la seguridad nacional, defendiendo a aquellas personas que viajan de una manera inhumana en barcos que acaban siendo sus sepulcros. De eso es de lo que estamos hablando. Por tanto, este proyecto de ley transmite seguridad y tranquilidad a 40.000 trabajadores españoles, a 150 empresas que invierten en alta tecnología y a cientos de miles de expatriados que cruzan los mares en pos de un mundo nuevo y bueno y para los que sin embargo el mar es su auténtico ataúd. De eso estamos hablando hoy y por eso les pido el apoyo para este proyecto de ley. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Barreiro.
Dictamen correspondiente al proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Para la presentación de las enmiendas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Calduch.
Nuestro grupo parlamentario ha apoyado desde el principio la tramitación de este proyecto de ley orgánica, porque coincidía con un planteamiento que siempre ha tenido, y es que el fraude fiscal hay que perseguirlo por muchas razones. En primer lugar, porque reduce la disponibilidad de los recursos financieros del Estado y, por tanto, la capacidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que es el objetivo de la recaudación fiscal. En segundo lugar, porque es una demostración palmaria de la insolidaridad de los defraudadores con el resto de la sociedad a la que pertenecen, gracias a la cual se benefician, incluso para lucrarse. El proyecto de ley introduce un elemento importante que siempre hemos reclamado, el de la publicidad de los defraudadores, que la sociedad sepa quiénes la traicionan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que lo hacen con un criterio egoísta, unilateral y para beneficiarse a costa de las necesidades insatisfechas de sus conciudadanos. Este planteamiento fue la razón por la que nos opusimos a las enmiendas a la totalidad, pensando - tal vez ingenuamente - que en la tramitación del proyecto de ley el Partido Popular y el Gobierno estarían dispuestos a aceptar enmiendas que mejorasen el contenido del proyecto de ley orgánica. Por eso presentamos una enmienda que tiene mucho que ver con el último apartado del articulado, con el punto 3 del artículo 2, si no recuerdo mal, en virtud del cual el Partido Popular y el Gobierno planteaban en su proyecto que si el defraudador con sentencia todavía no firme cumplía con sus obligaciones económicas podía quedar exento de figurar en la publicidad de la lista de los defraudadores. Aquello nos sorprendió, porque pensábamos que de lo que se trataba era, además de la posible pena por el delito fiscal cometido, de añadir una sanción - que no pena - adicional, cual era la de que la sociedad conociese quiénes la estaban traicionando fiscalmente. Nuestra enmienda no coincidía tampoco con los términos planteados por La Izquierda Plural ni por el Partido Socialista, porque ellos apoyaban que, en cualquier caso, se satisficiese o no la deuda que se tenía con Hacienda, siguiesen figurando como defraudadores. Ya sostuve en la defensa de nuestra posición en contra de las enmiendas a la totalidad que eso era tanto como estimular a que el defraudador, dado que la pena penal y la pena social las iba a tener que asumir fuese cual fuese su conducta, no tendría ningún estímulo para resarcir económicamente el daño que había causado a la sociedad, no al Estado. Por eso propusimos una enmienda en la que plantemos mantener la publicidad de los defraudadores, pero añadiendo que el que resarciera figurase como redimido en su conducta de defraudación a efectos puramente económicos, no penales, y que se dejara constancia de ello. No se ha aceptado la enmienda, y espero que el Partido Popular, aunque tengo serias dudas, pueda enmendar este error en el trámite del Senado. Seguimos sosteniendo el mismo argumento, pero ahora añadimos que el planteamiento de esa publicidad de los defraudadores no es solo por razones de sanción social, sino también por razones de seguridad mercantil. Los ciudadanos tienen derecho a saber con quién contratan y si la que es su parte contractual desde el punto de vista económico o mercantil es fiable o no. Luego no es solamente la sanción social, que por sí misma ya justificaría la publicidad, es además un instrumento de garantía de la relación mercantil. Por esa misma razón, añadir a quien ha defraudado, en la lista de defraudadores, el elemento de que ha cumplido con su parte económica puede que no resarza la parte de sanción social, pero desde luego contribuiría, y mucho, a dar garantía a la seguridad mercantil. Lamentablemente, repito, no se ha tomado en consideración nuestra enmienda, y ese es el motivo - ya lo anuncio aquí - por el cual nuestro grupo parlamentario se abstendrá en este proyecto de ley. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Calduch. Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
Gracias, señor presidente. Culmina hoy en la Cámara la tramitación de un breve proyecto de ley que tiene más exposición de motivos que parte dispositiva. Aún así, a pesar de su brevedad, es una ley manifiestamente mejorable, por lo que mi grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas pretendiendo tres cuestiones muy concretas. En primer lugar, pretendemos que los deudores cuyos nombres sean publicados cuando tienen sentencia firme no sean solamente los que han causado un perjuicio a la Hacienda Pública, sino también los que se lo han causado a la Seguridad Social; es una cuestión muy básica. En segundo lugar, pedimos que se completen los datos que se dan de las personas que figuran en las sentencias. En tercer lugar, planteamos, en la enmienda con la que tenemos algo de controversia con el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la supresión de esa especie de salvación postcondena o previa a la sentencia definitiva, mediante la cual si la persona pagaba se vería liberada de ver su nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado como defraudador. Mi grupo parlamentario entiende que una vez que se ha producido el hecho la ciudadanía tiene que tener el derecho a conocer a las personas que han procedido contra la Hacienda pública. Si se resarce a la Hacienda Pública en el ínterin, será una cuestión que podrá añadirse o dejar de añadirse; eso es secundario. En todo caso, lo que no puede ser es lo que permite el proyecto de ley que trae el Gobierno y es que quien tenga vergüenza y dinero pueda acabar pagando a destiempo y se vea liberado de la pena de ver su nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esto es algo que no comparte mi grupo parlamentario. Entendemos que el proyecto se tendría que modificar. Además, como dijo mi compañero, Joan Coscubiela, en el debate de totalidad, entendemos que es un proyecto de ley que llega muy tarde a esta Cámara. Llega solamente para salvar las promesas electorales que hizo el presidente del Gobierno en el debate de investidura y en otros debates posteriores, en los cuales se ha ido desgranando la voluntad del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de proceder a publicar la lista de las personas que defraudan a Hacienda, pero una vez más vemos que las medidas concretas que trae el Gobierno a esta Cámara son medidas que llegan muy tarde, cuando ya estamos prácticamente en el tiempo de descuento de esta legislatura, cuando las Cámaras ya deberían estar disueltas y las elecciones convocadas. Además, llega de una forma inapropiada que permite que los que tienen dinero se acaben escapando. Por este motivo, mi grupo parlamentario mantiene vivas las enmiendas para su votación en la Cámara y anuncia que no votará favorablemente este texto legal si se mantiene con las deficiencias que hemos tratado de corregir con nuestras enmiendas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sixto. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Picó.
Señorías, a pesar de ser consciente de que en el orden del día solo se cita que debemos debatir y votar el dictamen de la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas sobre este proyecto de ley orgánica, permítanme hacer unas breves referencias también al proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, primero, por la relación del objeto y, segundo, por su tramitación parlamentaria paralela. Afrontábamos estos dos proyectos de ley, la orgánica y la ordinaria, desde la necesidad de asegurar tres principios básicos: primero, preservar los derechos del contribuyente; segundo, aplicar el principio de seguridad jurídica en los procedimientos tributarios y, tercero, reducir la litigiosidad en el sistema tributario. Pero debo decirles que la reforma de la Ley general tributaria no cumple ninguno de estos principios. Es una reforma que contiene medidas que limitan los derechos del contribuyente, reconocidos en el estatuto del contribuyente, que otorgan un poder a la Administración tributaria que desde nuestra perspectiva es excesivamente desproporcionado en detrimento del propio contribuyente y de su defensa, que limitan sobre todo los derechos de aquellos contribuyentes con menor poder económico, como pueden ser pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y ciudadanos, y todo ello en detrimento de la seguridad jurídica, la igualdad y la defensa de los derechos del contribuyente. No voy a extenderme sobre las explicaciones que dí en Comisión - a ello me remito - pero son importantes los cambios que contiene el proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, como por ejemplo la introducción de un nuevo supuesto de infracción tributaria de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, el nuevo régimen de imprescriptibilidad de los plazos de la Administración tributaria en el procedimiento de comprobación e inspección, importantes cambios en relación con las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en los supuestos de delito contra la Hacienda pública o el régimen de publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, que se prevé que se aplique a las deudas y sanciones que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa. Fíjense, señorías, es bastante exótico. Son medidas que articulan un poder excesivamente discrecional de la Administración tributaria, que no garantizan suficientemente los derechos de los contribuyentes frente a la Hacienda pública, especialmente para sujetos como las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, etcétera. De aprobarse tal y como nos propone el Gobierno - porque va a salir igual que entró -, creará inseguridad jurídica y desigualdad en la relación administrado-Administración. Nuestro voto en la Comisión en contra del proyecto de ley fue rotundo y explícito. Este texto, importante, ha pasado por esta Cámara como un respiro, sin pena ni gloria, pero sus consecuencias darán que hablar. ¿Volverá a esta Cámara tras su paso por el Senado? Yo aventuro que no será así; es una impresión. En cuanto al proyecto de ley orgánica, es una de las medidas más anunciadas por el Gobierno - sobre todo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - a lo largo de la presente legislatura. En el tramo final de la legislatura el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la inclusión de un nuevo artículo, el artículo 235 bis. El objeto del proyecto de ley - y creo que todos podemos estar de acuerdo - no puede ser más que el efecto disuasorio de las conductas de evasión fiscal. Este es el verdadero objeto de la iniciativa. ¿Qué enmiendas hemos planteado y mantenemos en este trámite? Primero, el ordenamiento interno debería establecer que sea el juez quien, en función de las circunstancias y de los agravantes o atenuantes apreciados en cada caso particular, decida publicar o no los datos de la sentencia, ya que con esa modificación no se pierde la finalidad de ejemplificación de la publicidad. En este sentido, sería importante hacer una analogía con lo que previene el reglamento de procedimiento del Tribunal Europeo. Un segundo aspecto que debemos mencionar es la cancelación de antecedentes penales. La publicación de las sentencias condenatorias no puede frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente prevista en el artículo 25 de la Constitución, por lo que de adoptarse como pena, como parece hacerlo el proyecto de ley, deberían establecerse las medidas necesarias para que, una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la condena se eliminasen también del lugar en el que hayan sido publicados. No lo previene así el proyecto de ley orgánica. Tercero. De acuerdo con el informe del Consejo Fiscal, de la exposición de motivos del mismo proyecto de ley se deduce que la finalidad perseguida en relación con la publicidad de determinada información de las sentencias condenatorias en materia fiscal debe coincidir y coincide plenamente con los fines de la pena de prevención general. Por ello, entendemos que alguna prevención debe realizarse en el vigente sistema de penas al supuesto de la publicación de los datos personales. Creemos que esta enmienda también debería ser aprobada. Asimismo, debo decirles que de nuevo en el trámite en Comisión ninguna enmienda fue aprobada por parte del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, en el debate de totalidad reclamaba que la adopción de estas medidas tanto en la Ley General Tributaria como en la Ley orgánica no debería ser asumida únicamente desde una perspectiva partidista, sino negociada con un amplio consenso político. Debo decirles que en la tramitación parlamentaria estas dos leyes ni han sido negociadas ni han sido consensuadas. Parece que la tramitación exprés de final de legislatura exige ahora más que nunca aprobar leyes únicamente con los votos del Grupo Popular. Es así como ustedes lo han elegido. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Picó. Para la defensa también de las enmiendas, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.
Gracias, presidente. Señorías, por el título de este proyecto de ley orgánica que debatimos hoy podríamos entender que todo aquel sobre el que se dicta una sentencia condenatoria por fraude fiscal va a ver su nombre y sus datos publicados para conocimiento de todos los ciudadanos y que de esa forma se podría disuadir a los defraudadores. Sin embargo, el título esconde una segunda parte, como ya se ha dicho aquí, porque esta ley también incluye la posibilidad de que aquellos defraudadores que cuenten con suficientes recursos puedan evitar la publicidad de sus datos si pagan el daño que han causado a la Hacienda pública solo unos minutos antes de que su sentencia sea firme. Cuando ya se han agotado todas las posibilidades de recurso y prácticamente se sabe que la sentencia va a ser firme, pagan y evitan que se publiquen sus datos, por tanto, se puede comprar el silencio de Hacienda. Cuando el ministro Montoro presentó esta ley y la modificación de la Ley General Tributaria dijo literalmente que estas modificaciones ponen a los potenciales defraudadores y deudores ante la posibilidad de que sus prácticas insolidarias sean conocidas por el conjunto de los ciudadanos, pero no nos contó que muchos defraudadores podrían comprar el silencio de Hacienda. Esta posibilidad se incluye en la ley orgánica, pero lo curioso es que se incluyó después de que el Consejo Fiscal informara el anteproyecto; se lo ocultó también al Consejo Fiscal. Por tanto, las grandes corporaciones, los grandes defraudadores ya saben que solo tienen que dejar alguna reserva en sus cuentas, porque si son descubiertos y hay una sentencia firme, pagan y sus datos quedan ocultos. Como decía Woody Allen: Me gusta cuidar mi futuro, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Eso es lo que está haciendo el Gobierno con algunos ciudadanos, no con todos, porque a muchos les ha embargado su futuro, les ha quitado muchas esperanzas. Hay que decirle al señor Montoro que a muchos ciudadanos se les han recortado muchos derechos, sí recortado; no es autoridad, es recorte, porque muchos jóvenes han visto que su futuro ha cambiado al no poder estudiar por los recortes en becas. Muchos han visto cómo se les han recortado sus sueldos, cómo se les ha congelado el salario mínimo durante dos años, cosa que nunca se había hecho, y otros también han visto cómo se ha recortado el presupuesto en dependencia, y eso va a afectar especialmente al futuro de muchas mujeres, que son las que se encargan de cuidar a los mayores. Estamos viendo además, para más inri, cómo el Gobierno intenta tapar la boca a todas estas personas a las que se les recortan los derechos para que no se atrevan a protestar aprobando la ley mordaza. Mientras ha frustrado el futuro a muchas personas, a otras les ha cuidado mucho el presente y el futuro; como he dicho, en materia de fraude fiscal, a los que pueden comprar su opacidad los está protegiendo ahora y en el futuro. ¿Verdad que esta ley incluye un punto que supone esto? ¿Verdad que ustedes han sido los únicos que han votado en contra de que se suprima esta posibilidad? Por eso, me pregunto: ¿Por qué no quieren que se conozca a todos los defraudadores? Eso es lo que tienen que explicar aquí cuando salgan, y déjense del y tú más, como vienen haciendo en este tema. ¿Por qué se oponen a que la sociedad los conozca? No está aquí la señora Asian, pero le quiero decir que debo de estar hecha de la misma pasta que mi compañero Pedro Saura porque voy a hablar de la amnistía fiscal de 2012, pues creo que forma parte de la política fiscal del Gobierno y de su particular forma de luchar contra el fraude fiscal. Se están resistiendo a publicar esos nombres, los de las personas que se acogieron a esa vergonzosa amnistía fiscal y que blanquearon su dinero al módico precio del 3 %, y, sí, han conseguido favorecer a personas muy cercanas al Partido Popular. Esos nombres - el de Bárcenas, Rodrigo Rato, etcétera - se han conocido por motivos desde luego ajenos al deseo del Gobierno, pero ¿a quién más está ocultando el señor Montoro? Hasta que no se conozcan esos nombres la sombra de la sospecha está sobre el Partido Popular, ya lo dicen cargos orgánicos del Partido Popular. Tienen la sospecha sobre ustedes, así que tienen la posibilidad de publicarlos y de que esa sospecha, si no son culpables, se disuada. Además, con la aprobación de estas leyes, como la Ley General Tributaria, han conseguido que, si alguna vez un Gobierno incauto vuelve a aprobar una amnistía fiscal, no se conozcan sus nombres. Eso lo han incluido en la Ley General Tributaria y solo el Grupo Popular ha apoyado esta postura; todos los grupos han votado a favor de la enmienda que presentamos para que se incluyera ese punto: si en un futuro hay otra amnistía fiscal, se debe saber que sus nombres se van a conocer, porque solo tendremos garantía de que no volverá a repetirse una actuación tan vergonzosa si los nombres se publican, si en el futuro se sabe que se van a publicar si hay algo parecido a una amnistía fiscal. Si eso no se hace, no se contribuye a crear conciencia fiscal porque los ciudadanos no entienden que mientras a unos se les persiga a otros se les ayude a ocultarse. Este proyecto de ley y el de reforma de la Ley General Tributaria fueron presentados como los dos proyectos que culminan el empeño del Gobierno para luchar contra el fraude fiscal. Ningún Gobierno que quiera luchar contra el fraude fiscal reduce un año tras otro los medios que tiene la Agencia Tributaria para luchar contra el mismo, porque han reducido un año tras otro el presupuesto de la agencia y el personal que se dedica a la lucha contra el fraude. Realmente, la lucha contra el fraude nunca fue una prioridad del Gobierno del Partido Popular, y eso se ve mirando los Presupuestos Generales del Estado. Año a año se ve cómo los objetivos de la lucha contra el fraude son muy pequeños, son inferiores en algunos casos al año anterior. Recaudan un poco más y sacan pecho. Pero no saquen mucho pecho, porque ustedes no han subido espectacularmente la recaudación por fraude fiscal, claro que no. Ha subido en los cuatro años algo más de un 10 %; va teniendo una subida sostenida, como venía pasando con el Gobierno del Partido Socialista, así que no tiren cohetes. Estamos llegando ya al final de la legislatura y han empezado la campaña electoral; tienen que consolidar el modelo de país que se propusieron. Les voy a decir una cosa, no vamos a salir fortalecidos de esta crisis; de esta crisis este país va a salir malherido porque el modelo de país que nos va a quedar va a ser más desigual, con menos derechos sociales y eso no beneficia a nadie, tampoco al desarrollo económico, como bien se explicó aquí ayer. Gracias a la política fiscal, a la inexistencia, prácticamente, de una política industrial y a los recortes muchas personas van a tardar muchos años en recuperarse, mientras que las grandes corporaciones y las grandes fortunas se han visto favorecidas estos años de crisis con la gestión que ha hecho de ella el Partido Popular. Termino ya. Este proyecto de ley orgánica se aprobará, como tantos otros, con los únicos votos favorables del Grupo Parlamentario Popular. Tendremos que esperar a las próximas elecciones para poder conocer el nombre de todos los defraudadores y para que tengamos una política fiscal y tributaria realmente progresiva. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Vázquez. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Seré breve por razones de economía procesal. El tema está debatido con brillantez por los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, pero quiero manifestar que estamos de acuerdo con el contenido sustancial de este proyecto de ley orgánica porque está avalado, fundamentalmente, por el artículo 120 de la Constitución que establece la publicidad de los actos procesales, de los actos jurisdiccionales, incluida la emisión de la sentencia dictada. También por el derecho comparado, por el cual las sentencias no solo se dictan sino que se dictan además datos de más entidad que los que posibilita publicar este proyecto de ley orgánica en el Boletín Oficial del Estado y no solo la parte condenada y los datos personales del defraudador fiscal condenado. Por cierto, no solo los defraudadores fiscales son los que son objeto de publicación sino también de otros delitos como el levantamiento de bienes, insolvencias punibles, etcétera, así como las partes, los responsables civiles, etcétera. Este proyecto de ley está también avalado por las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto por sus artículos 230 y 235 bis - que se reforma mediante un 235 ter - y el 250. Sin embargo, es verdad lo que algún portavoz ha comentado de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido algunas reservas en relación con la publicación de algunos datos de las sentencias penales cuando estas afectan al honor o a la intimidad de los condenados y ha establecido la necesidad de ponderar los bienes en conflicto en este caso, el honor a la intimidad de los condenados por un caso de delito fiscal o por cualquier otro delito y la publicidad y oralidad que caracterizan el proceso penal. Desde esa perspectiva, el Tribunal Constitucional ha venido concluyendo a la postre que el derecho a la intimidad y al honor no son derechos absolutos sino que son derechos de configuración legal. Si son derechos de configuración legal entonces tenemos que aplicar lo previsto en el artículo 31 de la Constitución. ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es la obligación de todos los ciudadanos a contribuir a los gastos generales del Estado y a la redistribución de la riqueza. Desde esa perspectiva, señor presidente, en un derecho de configuración legal este debe ser un valor hegemónico, un valor superior a otros concernidos como eventualmente pueden ser el derecho a la intimidad o el derecho al honor y, por lo tanto, nos parece razonable que se configure un sistema de publicación de los datos personales de los que han cometido delitos de defraudación fiscal u otros delitos como las insolvencias punibles o alzamiento de bienes. Esto está previsto - a pesar de que el señor Picó ha manifestado algunas dudas de las que yo, con la amistad que nos une, tengo que discrepar - en la nueva Ley General Tributaria reformada en el año 2003, en su artículo 95, donde se establece la punidad también de determinadas infracciones a las obligaciones tributarias de los ciudadanos. No todas, tiene razón el señor Picó; los grandes defraudadores quedan libres, a tenor de los requerimientos del artículo 95 de la última reforma de la Ley General Tributaria de 2003. En este proyecto de ley orgánica se corrige esta laguna y todos los defraudadores fiscales van a ser objeto de publicación de sus datos personales, con las consignaciones y limitaciones que se establecen; así se producirá la identificación de los responsables civiles mediante una publicación a través de edicto del secretario del juzgado donde se ha producido la condena de estos datos. Nos parece suficiente, señor presidente. También nos parece que la posibilidad de exonerar de esta publicación - ya lo ha comentado la portavoz del Grupo Socialista y otros portavoces - a aquellos que antes de que adquiera firmeza la sentencia reparen el daño causado es cuando menos discutible, en tanto en cuanto parece que estamos condonando lo que constituye un quebranto para el honor, la dignidad y la intimidad de las personas a aquellos que tienen capacidades económicas suficientes para poder compensar lo defraudado antes de la firmeza de la sentencia. En todo caso, esto nos parece un avance, desde la perspectiva que hemos comentado. Es un elemento de disuasión, de prevención del delito fiscal. Es muy difícil en una sociedad como en la que vivimos y con las bolsas de fraude tributario existentes oponerse a una medida de estas características. Nuestra discrepancia fundamental - y con esto acabo, señor presidente - gravitaría sobre la naturaleza de la medida que estamos articulando. ¿Es una pena o no es una pena? Las características de la pena son la limitación de derechos o la afectación a los derechos de los ciudadanos desde la búsqueda de dos principios, el principio de prevención general y el principio de prevención especial. Va a ser muy difícil convencer a mi grupo parlamentario - como ha sido muy difícil convencer al Consejo Fiscal, que ha dictaminado negativamente en relación con la no categorización como pena de esta medida - de que no estamos ante una pena y de que lo que se pretende no es prevenir especialmente la comisión de este delito ni prevenir con carácter general la comisión de delitos de carácter económico o fiscal. Es una pena, por lo que sería muy dudosa la aplicación retroactiva que en el proyecto de ley se contempla, porque una pena no puede aplicarse retroactivamente si establece derechos menos favorables para el reo. No obstante, estas reflexiones que estamos haciendo son un tanto delicatessen, un tanto bizantinas, a la altura de la legislatura en la que nos encontramos. Este modesto avance, quizás mal configurado conceptualmente como avance, para prevenir y disuadir a los defraudadores fiscales de que lo sigan haciendo mediante la pena accesoria consistente en publicar sus datos personales en el Boletín Oficial del Estado, nos parece pertinente. Es más, nos parece muy poco razonable oponerse a una medida de estas características, que queremos creer que no tiene solo una finalidad cosmética y de lavar determinadas responsabilidades que a determinado partido político en materia de defraudación fiscal le pueden afectar. Nos parece que puede ser un buen elemento para disuadir a los que tengan la tentación de defraudar fiscalmente de hacerlo. No siempre conseguiremos que el fraude fiscal desaparezca, pero medidas de esta naturaleza, señor presidente, ayudan a que se pueda conseguir. ¿Es una pena o no es una pena? Es una discusión casi bizantina. Es una pena y no se puede aplicar retroactivamente. En todo caso, vamos a apoyar la totalidad del proyecto de ley porque nos parece que la medida, en términos generales, puede resultar fructífera para que los ciudadanos se vean concernidos por el requerimiento del artículo 31 de la Constitución: todos deben contribuir, en virtud de sus recursos, a sufragar las cargas del Estado y a la redistribución por este procedimiento de la riqueza. Desde esta perspectiva, este es el valor superior en un derecho de configuración legal, como hemos comentado ya, al que vamos a conferir relevancia para fundamentar nuestro voto positivo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Amor.
Señor presidente, señoras y señores diputados, voy a proceder a la defensa de este proyecto de ley que hoy viene a la Cámara y que trata simplemente de adicionar a la Ley Orgánica del Poder Judicial un artículo, el 235 bis. Intentaré ser breve al tratarse de la modificación de una ley de un solo artículo, a lo que se une también lo tardío de la hora y que se trata del último punto del orden del día. Esta modificación viene dada y se interconexiona de alguna manera con la aprobación de la modificación parcial de la Ley General Tributaria aprobada esta semana por el Congreso, en la que se excepciona la reserva legal de los datos tributarios obrantes en la Administración tributaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, y solamente con carácter restrictivo para publicar las listas de morosos con la Hacienda pública que reúnan un requisito cuantitativo de que sean morosos en más de un millón de euros y que no hubiesen sido pagados en plazo de pago voluntario. Ahora, se adiciona el 235 bis que viene a cerrar las modificaciones derivadas de la reforma de la Ley General Tributaria y que tiene como objetivo la lucha contra el fraude fiscal, profundizando en la transparencia de las actuaciones de las administraciones públicas con la publicación de las sentencias condenatorias por delito fiscal. Esta modificación viene a cerrar la reforma fiscal iniciada el año pasado por las modificaciones del IRPF y del impuesto sobre sociedades, del IVA, de los impuestos especiales y del impuesto sobre la electricidad, dando así coherencia a la ley y a la reforma de la Ley General Tributaria. No tendría ningún sentido publicar la lista de los grandes deudores y no hacer pública la lista de los grandes defraudadores condenados por sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública. Decíamos anteriormente que este proyecto consta de un artículo, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. Hay algún sector doctrinal que se pregunta si la posible afectación de los eventuales derechos en conflicto está constitucionalmente justificada dado que la publicidad de la sentencia condenatoria podría suponer un gravamen para la persona condenada al ser susceptible de afectar a derechos fundamentales de protección reforzada como son el honor, la intimidad y la protección de datos, todos ellos consagrados en el artículo 18 de nuestra Constitución. Consideramos que esto no es así porque esta publicidad cumple con funciones de información, de lucha contra el fraude fiscal y es un elemento preventivo y educativo dirigido a fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nuestra opinión se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2015, que recoge que en la interpretación de las normas legales, cuando estas incorporen sus propias opciones de política legislativa, los tribunales deben respetar, salvo que incluyan elementos de inconstitucionalidad, los juicios que el legislador haya efectuado sobre la proporcionalidad de aquellas opciones. La conjugación entre el artículo 31 de la Constitución y los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen del artículo 18, logran en el proyecto de ley un cierto equilibrio entre el fin propuesto y las medidas para conseguirlo, entre el interés general del artículo 31 y el privado. El proyecto de ley opta por hacer primar el interés general pero, eso sí, con ciertas cautelas, que paso a indicar. La primera, que la publicidad no recae sobre toda condena penal, sino solo las referidas al fraude fiscal, al alzamiento de bienes y a la insolvencia punible cuando tengan como perjudicado a la Hacienda pública. La segunda cautela la establece el Tribunal Constitucional, que exige que la cesión de datos personales solo pueda tener lugar o por el consentimiento del afectado o por una previsión legal específica, lo que reafirma y ratifica el principio de reserva legal de los datos tributarios del artículo 95 de la Ley General Tributaria. Esta reserva legal también está consagrada en la jurisprudencia... [[Rumores]]
Perdón, señor diputado. Por favor, es preciso un cierto silencio para escuchar al orador. Continúe, por favor.
Gracias, señor presidente. Reserva legal que también existe en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando dice que la protección de datos de carácter personal no es una prerrogativa de carácter absoluto, pero esas limitaciones deben estar reconocidas por ley. La publicación de las sentencias es, por tanto, proporcionada al fin que se persigue, ya que solamente se publican sentencias firmes; solo se publica además el nombre del condenado, el responsable civil, el delito por el que se condena y la pena que se le impone. En definitiva, es una publicación en extracto de los datos esenciales de la condena, de la sentencia, publicados por orden del secretario judicial, que al final da fe pública del contenido de la misma. En el análisis de si la publicidad puede lesionar derechos del afectado, hay que determinar si la divulgación cumple con los requisitos de veracidad en la información, requisito este que es constitucional, y relevancia pública de la información. En cuanto al primero, se cumpliría la veracidad, ya que se publican datos limitados extraídos de una sentencia, y esta per se es un derecho, una verdad jurídica formal. El Consejo de Estado en su informe al proyecto de ley dice que no existen razones que justifiquen la necesidad de publicación, subordinando el derecho a la intimidad a los fines generales, pero en contra de esta opinión del Consejo de Estado está la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, que dice que la publicación es evidente que no tiene carácter sancionador, sin perjuicio de reconocer que puede afectar a los derechos individuales de los afectados, que, sin embargo, deben ceder cuando entran en conflicto con intereses generales cuando estos tienen reconocimiento constitucional. Esta modificación se va a aplicar a las sentencias que se dicten tras la entrada en vigor de la modificación que se trae a esta Cámara, lo cual consagra una retroactividad media, y que se cumplan las cautelas impuestas, los requisitos formales impuestos por el legislador. No se trata pues de una medida sancionadora y, por tanto, no le es de aplicación el artículo 9.3 de la Constitución. El carácter orgánico deriva de ser una excepción a la norma reguladora de la publicidad de las sentencias, establecido en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y para ajustarse a otra ley orgánica, que es la de Protección de Datos. Esta última, la Ley Orgánica de Protección de Datos, consagra estos como derechos fundamentales y comprende cualquier dato de tipo personal, íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar en sus derechos, sean o no fundamentales. Termino, señorías. Coincidiremos todos en que el fraude a la Hacienda pública es una auténtica lacra social y que corresponde al Gobierno velar por la equidad y la justicia fiscal. Solo así es posible garantizar la sostenibilidad de los gastos y servicios públicos. Y solo así se puede rebajar la factura a los contribuyentes. No voy a detenerme en el detalle de todas las medidas que ha adoptado este Gobierno para luchar contra el fraude fiscal, desde la ley 7/2012, la llamada Ley Antifraude, la obligación de declarar bienes en el extranjero, el famoso modelo 720, hasta los acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria recientemente firmados. Los resultados hablan por sí mismos: 40.000 millones de euros aflorados en lo que llevamos de legislatura, una cifra nunca antes conocida; 5.000 millones más en seis meses menos que en la anterior legislatura de Gobierno socialista, en una fase que era expansiva de la economía, hasta el desastre final de Zapatero. Por poner estos datos en términos relativos, es una cantidad que permite financiar las prestaciones por desempleo más el gasto estatal en educación, sanidad y cultura de todo un año. Señorías, esto es lo que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular pretenden con esta ley, que todos los ciudadanos y empresas paguen lo que les corresponde y que lo hagan en el momento que les corresponde. Y aquellos que desprecian las leyes, aquellos que eluden la obligación cívica de contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, aquellos que se ríen y se aprovechan de los 20 millones de contribuyentes, que sepan que sus actos serán públicamente conocidos y tendrán que asumir, además de la sanción económica o judicial, el reproche social y profesional. Termino ya. Con la esperanza de que esto sirva para que recapaciten y cumplan como el resto de los españoles con sus obligaciones tributarias, pagando todos disminuiremos el esfuerzo fiscal individual y tendremos un Estado moderno, un Estado sostenible y un Estado avanzado socialmente. En definitiva, como dice nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. [[Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!]]
Muchas gracias, señor López-Amor. En dos minutos comienzan las votaciones. [[Pausa]]
Vamos a comenzar las votaciones, que son relativamente largas. Por tanto, pido atención y paciencia. Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. Vamos a votar la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 17; en contra, 305 más 2 votos telemáticos, 307; abstenciones, 2.
Queda rechazada.
Ahora vamos a la votación de conjunto de este Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 302 más 2 votos telemáticos, 304; en contra, 16; abstenciones, 5.
Queda aprobado.
Convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como 'Mobile World Capital' para el periodo 2019-2023. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 317 más 2 votos telemáticos, 319; en contra, 1.
Queda aprobado. ¿Algún grupo quiere que se tramite como proyecto de ley? El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Sometemos a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 18; en contra, 298 más 2 votos telemáticos, 300; abstenciones, 1.
No va a tramitarse como proyecto de ley.
Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Uno de los convenios es el Tratado de Marrakech y para ser testigos de nuestra decisión están presentes representantes de la ONCE, a los que saludo afectuosamente. ¿Estos convenios pueden aprobarse por asentimiento? [[Asentimiento]] Quedan aprobados. [[Aplausos]]
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo primero, apartado tres. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 118.
Quedan aprobadas por unanimidad. Enmiendas a la disposición final décima [[nueva]], a la disposición final undécima [[nueva]], a la disposición final decimotercera [[nueva]], a la disposición final decimocuarta [[nueva]], a la disposición final decimoquinta [[antes novena]] y a las disposiciones finales decimoquinta a vigesimoprimera. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 305; abstenciones, 14.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo primero, apartado siete, en lo relativo a la modificación del artículo 12.4 de la Ley Orgánica 1/1996. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 300; en contra, 16; abstenciones, 3.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo primero, apartado siete, en lo relativo a la modificación del artículo 12.7 de la Ley Orgánica 1/1996. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
Quedan aprobadas por unanimidad. Enmiendas al artículo primero, apartado ocho, en lo relativo a la modificación del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 1/1996. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 306; abstenciones, 12.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo primero, apartado ocho, en lo relativo a la modificación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 208; abstenciones, 111.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo segundo, apartado once bis [[nuevo]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 205; en contra, 99; abstenciones, 13.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo segundo, apartado veinticuatro. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 314; en contra, 4.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo tercero, apartados cuatro y siete. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 285; en contra, 18; abstenciones, 13.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo tercero, apartado ocho. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 285; en contra, 29; abstenciones, 3.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo tercero, apartados nueve y veinte bis [[nuevo]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 288; en contra, 16; abstenciones, 13.
Quedan aprobadas. Enmiendas al artículo tercero, apartado veintitrés. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 302; en contra, 3; abstenciones, 12.
Quedan aprobadas. Enmienda a la disposición final quinta, en lo relativo a la supresión de su apartado uno, referido a la modificación del artículo 2.4 de la Ley 40/2003. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 13; en contra, 297; abstenciones, 8.
Queda rechazada. Resto de la enmienda a la disposición final quinta. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 309; en contra, 4; abstenciones, 2.
Queda aprobada. Enmienda a la disposición final duodécima [[nueva]], en lo relativo a la mención a los artículos 42.7 y 43 bis en el texto de la disposición adicional que se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 126; en contra, 179; abstenciones, 12.
Queda rechazada. Resto de la enmienda a la disposición final duodécima [[nueva]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 305; abstenciones, 12.
Queda aprobada. Enmiendas a la disposición final decimoséptima [[antes undécima]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 205; en contra, 11; abstenciones, 102.
Quedan aprobadas. Resto de enmiendas al proyecto de ley. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, 1.
Quedan aprobadas.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica del estatuto de autonomía o de su modificación. Empezamos con las enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, enmienda 13 a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 44; en contra, 179; abstenciones, 101.
Queda rechazada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 37; en contra, 282; abstenciones, 3.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Vasco, PNV. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 35; en contra, 286.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas de La Izquierda Plural. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 33; en contra, 287.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i de Unió. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 32; en contra, 286; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Votación del dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 284; en contra, 39.
Queda aprobado.
Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica por tener este carácter, para la cual se han emitido dos votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 285 más 2 votos telemáticos, 287; en contra, 37.
Queda aprobada.
Votamos ahora las enmiendas a la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, votamos la enmienda número 9, de la señora Fernández Davila. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 129; en contra, 183; abstenciones, 11.
Queda rechazada. Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, enmienda 59. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 286; abstenciones, 20.
Queda rechazada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 26, en contra, 286; abstenciones, 11.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Vasco [[EAJ-PNV]] Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, 6.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 131; en contra, 182; abstenciones, 6.
Quedan rechazadas. Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmiendas 5 y 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 26; en contra, 286; abstenciones, 11.
Quedan rechazadas. Enmiendas 7 y 8. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 131; en contra, 182; abstenciones, 11.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència y de Unió. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 8; en contra, 295; abstenciones, 15.
Quedan rechazadas. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, 6.
Quedan rechazadas. Votación del dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 180; en contra, 140; abstenciones, 3.
Queda aprobado.
Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica, precisamente por su carácter orgánico. Hay 2 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 184 más dos votos telemáticos, 186; en contra, 136; abstenciones, 4.
Queda aprobada. - PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO. [[Número de expediente 121/000159]]
Proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito de un número determinado de euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. Empezamos con las enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, enmienda número 12. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 41; en contra, 180; abstenciones, 101.
Queda rechazada. Enmienda 13, de la señora Fernández Davila. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 194; abstenciones, 110.
Queda rechazada. Enmienda 14. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 23; en contra, 180; abstenciones, 120.
Queda rechazada. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 103.
Quedan rechazadas. Enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural. Comenzamos con las enmiendas 6, 7, 8 y 10. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 33; en contra, 180; abstenciones, 104.
Quedan rechazadas. Enmienda 9. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 14; en contra, 191; abstenciones, 112.
Queda rechazada. Enmienda 11. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 15; en contra, 177; abstenciones, 123.
Queda rechazada. Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 28; en contra, 178; abstenciones, 111.
Quedan rechazadas. Enmienda 18, del Grupo Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 132; en contra, 179; abstenciones, 5.
Queda rechazada. Votación del dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 180; en contra, 143.
Queda aprobado el dictamen.
Proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 118; en contra, 180; abstenciones, 20.
Queda rechazada. Enmiendas de Izquierda Plural. En primer lugar, enmienda 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 3.
Queda rechazada. Enmienda 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 115; en contra, 201; abstenciones, 1.
Queda rechazada. Enmienda 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 24.
Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió. En primer lugar, enmienda 10. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 137; en contra, 180.
Queda rechazada. Enmienda 11. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 18; en contra, 294; abstenciones, 3.
Queda rechazada. Enmienda 12. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 24; en contra, 181; abstenciones, 112.
Queda rechazada. Enmienda 13. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 24; en contra, 278; abstenciones, 14.
Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmiendas 6 y 9. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 114; en contra, 180; abstenciones, 24.
Quedan rechazadas. Enmiendas 7 y 8. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 180.
Quedan rechazadas. Votación del dictamen de la Comisión. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 184; en contra, 106; abstenciones, 29.
Queda aprobado.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica, por su carácter orgánico, y para el que se han emitido dos votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 180 más 2 votos telemáticos, 182; en contra, 105; abstenciones, 33.
Queda aprobado. Se levanta la sesión. Eran las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.