Buenos días, señorías. Continuamos la sesión plenaria. Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy presentamos ante esta Cámara, para someterlo a su convalidación, el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado día 5 de octubre. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su presentación de los fondos Next Generation ante el Parlamento Europeo hace un poco más de un año dijo que el lanzamiento de estos fondos, tras el sufrimiento que nos había traídola pandemia de la COVID-19, quería representar una nueva Bauhaus para Europa, marcando así el inicio de una nueva forma de vivir juntos más inclusiva, más sostenible e incluso más hermosa. Señalaba la presidenta de la Comisión al hablar de los objetivos de estos fondos - palabras que hago mías - que los mismos no deberían limitarse a impulsar la reactivación de una economía seriamente castigada por la pandemia, sino que habían de buscar que esta reactivación impulsará una Europa más sostenible social y ambientalmente mediante el desarrollo de la economía circular y de la innovación. Más aún, señalaba Von der Leyen que estos fondos ambicionan convertirse en un nuevo proyecto cultural para Europa. Un nuevo proyecto cultural - permito apuntar - concebido de la misma forma que la Bauhaus en la Alemania de la República de Weimar, es decir, que no se limitó a crear nuevas formas de construcción de edificios o de diseños artísticos, sino que impulsó propuestas sobre cómo se podría mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos en una sociedad cambiante; una sociedad en la que, al igual que ocurre en nuestro tiempo, aparecían nuevas oportunidades, pero en la que surgían nuevos riesgos y también incertidumbres. Ciertamente, la vivienda y la edificación han estado en el corazón de la organización y de la evolución de las sociedades desde que los humanos nos transformamos en ciudadanos con la aparición de las primeras ciudades en los albores de la historia. Así, ya en nuestro tiempo la consideración del derecho a una vivienda digna y a un entorno urbano sostenible han sido jalones fundamentales en la configuración de los derechos humanos y sociales, como ya se recogió en nuestra Constitución y como se proclama en los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas. En nuestro ámbito, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla el despliegue de la agenda urbana española como una de las diez políticas palanca fundamentales y dentro de su capítulo de inversiones prevé el Programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con una inversión total de 6820 millones de euros, que se convertirá, por lo tanto, en el segundo con mayor dotación de los veinte componentes previstos. Pero para lograr estos objetivos deseados,sabemos que no es suficiente con una dotación económica importante. Sabemos que las inversiones en sistemas ineficientes solo llevan a la disipación de los recursos y a la frustración de las expectativas creadas. Por ello, es esencial la realización previa de un cuidadoso diagnóstico de la situación, así como la identificación y eliminación de los cuellos de botella que hasta ahora han impedido o limitado el desarrollo de los distintos planes y programas de rehabilitación edificatoria. Ese afán de eliminar los obstáculos existentes es el objetivo fundamental del real decreto-ley que se somete ahora a la convalidación parlamentaria. El diagnóstico es conocido. Según los datos del último censo de población y de vivienda del Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de los edificios residenciales de España se construyeron con anterioridad a la aprobación del primer Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, en 1980. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y a cerca de 10 millones de viviendas principales. En el mismo sentido, los datos de los que disponemos en relación con el certificado de eficiencia energética de los edificios nos indican que más del 80 % de los edificios obtienen muy bajas calificaciones tanto en emisiones como en consumo energético. Todo ello nos da una clara idea del largo trecho a recorrer en eficiencia y ahorro energético en el ámbito de la edificación, y debemos recordar que la eficiencia energética en la edificación está considerada en todos los estudios como un elemento crucial para lograr el reto asumido por la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Y si el logro de la eficiencia energética aparece como el principal objetivo de la rehabilitación edificatoria, no podemos olvidarnos de otras cuestiones igualmente imperativas en este ámbito, como son las relativas a la accesibilidad. Sirva como ejemplo de ello que en el año 2020 el 35,1 % de los pisos en venta en España carecían de ascensor y que la eliminación de las barreras arquitectónicas sigue siendo una asignatura pendiente en muchos barrios de las ciudades españolas. No Menos importante es lo referente a la regeneración de entornos urbanos degradados y la facilitación del desarrollo de carriles y circuitos para bicicletas y otros medios de transporte saludables y no contaminantes, otro vector en el que queremos avanzar en este impulso de la actividad de la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También, el apoyo a la progresiva digitalización de los edificios y de los entornos urbanos. Así, los edificios y las ciudades se están convirtiendo en todo el mundo en punta de lanza en la carrera por la implantación de las redes 5G y por el desarrollo de modelos de inteligencia artificial aplicada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas; la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios va hoy de la mano de la innovación. Por lo tanto, existe un amplio consenso internacional sobre la relevancia de las políticas de rehabilitación de edificios y ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para cumplir los objetivos de ahorro energético y para propiciar una espiral de innovación en las tecnologías de información y comunicaciones. Pero debemos y podemos preguntarnos los motivos por los que la rehabilitación ha tenido hasta ahora en España un recorrido muy limitado a pesar de los esfuerzos e incentivos que se han venido lanzando desde sucesivos gobiernos y desde distintas administraciones públicas. Así, se ha estimado que la tasa media de rehabilitación efectiva de nuestro parque de viviendas está entre ocho y diez veces por debajo de la media de esta actividad en los países de nuestro entorno. Entre las causas de este retraso aparecen lo que podríamos denominar cuellos de botella legales, que - como decía antes - han venido estrangulando en los últimos años el desarrollo de las actividades de rehabilitación. La remoción de algunos de esos cuellos de botella de la legislación vigente es precisamente el objetivo del presente real decreto-ley. Somos conscientes de que hay otros factores limitantes para el desarrollo de las actividades de rehabilitación, factores que se sitúan también en el ámbito de actuación de las comunidades autónomas y de los municipios. Por ello, desde aquí me gustaría llamar a todas las administraciones para que, desde sus respectivas competencias, adopten también las medidas y actuaciones necesarias para que los fondos destinados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a programas de rehabilitación residencial alcancen finalmente los objetivos deseados. En cuanto al real decreto-ley, y para entrar en el contenido, quiero decir que este se estructura en un único título, con cuatro artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales. Paso a describirles ahora con más detalle su contenido. Entre las regulaciones legales que se ven afectadas por el presente real decreto-ley, la más relevante es la relativa a la fiscalidad aplicable, tanto mediante la introducción de determinados incentivos para favorecer las inversiones en este ámbito como mediante la remoción de algunas previsiones que las obstaculizan. Todo ello sin que obviamente se proceda a la creación de nuevos tributos o se altere la configuración esencial de los ya existentes, y promulgados por la urgente necesidad de las disposiciones ya adoptadas, como es el caso del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, para que estos programas puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad posible. Para ello, destinamos inicialmente 450 millones de euros. Así, por lo que se refiere a los incentivos, el real decreto-ley establece unas deducciones en la cuota íntegra estatal del IRPF por obras para la mejora en la eficiencia energética de viviendas, deducciones que serán crecientes según el ahorro energético que se acredite. En lo referente a la remoción de previsiones que han obstaculizado estas inversiones, se viene a establecer que no se integrarán en la base imponible de este impuesto las ayudas que se reciban en aplicación del real decreto antes citado o de otros anteriores que igualmente contempla la concesión de ayudas públicas con esta finalidad. En particular, se introducen tres deducciones. La primera, deducción del 20 % por actuaciones que reduzcan un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. La segunda, deducción del 40 % por actuaciones que reduzcan un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en vivienda habitual. Y, la tercera, la deducción del 60 % por actuaciones que reduzcan un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación, alcanzando las letras A o B en edificios residenciales. Estas bonificaciones llegan respectivamente hasta un máximo de 5000, 7500 y 15000 euros por vivienda. También se establece la no integración en la base imponible de las ayudas recibidas, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 920/2014, destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. Además de los incentivos fiscales, el real decreto-ley viene a modificar otras dos leyes básicas, eliminando algunas rigideces que se han mostrado como un claro limitante para la ejecución de actuaciones de rehabilitación en vivienda y edificios. Así, en primer lugar, se modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal, Ley 49/1960, para facilitar la adopción de los acuerdos necesarios para la realización de actuaciones u obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio, acuerdos que a partir de ahora precisarán solo del voto favorable de la mayoría de los propietarios. Esta misma mayoría pasa a ser igualmente la exigible para la solicitud de ayudas, subvenciones o préstamos destinados a la realización de obras con esta finalidad. En segundo lugar, se modifica el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con el fin de reforzar ciertas facultades de las comunidades de propietarios,dotándolas de plena capacidad jurídica para las operaciones crediticias que realicen en este ámbito, removiendo así uno de los elementos que venía dificultando la obtención de créditos bancarios para la realización de estas actuaciones por parte de las comunidades de propietarios. Por último, se crea una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de préstamos para este tipo de obras. A través de esta línea de avales se ofrecerá cobertura para que las entidades de crédito puedan ofrecer financiación en forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta quince años. A esa línea de avales podrán acceder los propietarios o comunidades de propietarios que vayan a acometer obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas o edificios. A través de esta nueva línea ICO se podrán conceder avales por un importe de hasta 1100 millones de euros para favorecer, como decía, el acceso a la financiación necesaria para el desarrollo de estas actuaciones. Concluyo ya, señorías. En suma, mediante el real decreto-ley se establecen estímulos fiscales para los contribuyentes que realicen obras de rehabilitación para la mejora energética de sus viviendas, se facilita la adopción de acuerdos y la capacidad para solicitar ayudas y préstamos por las comunidades de propietarios, y se establece, además, una línea de avales específica para facilitar la concesión de préstamos finalistas por las entidades crediticias. Todas estas medidas despejaran el camino para el efectivo despliegue de las ayudas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios, un despliegue que no solo tendrá unos efectos directos sobre el confort y la calidad de vida de los ciudadanos afectados y sobre los correspondientes ahorros energéticos, sino que también generará una serie de efectos inducidos de la mayor importancia en los próximos años. Así, la rehabilitación edificatoria está llamada a constituirse en una de las principales fuentes de empleo de distinta cualificación. Por otra parte, la prioridad dada al ahorro energético y la innovación fomentarán el desarrollo de un ecosistema de startups enfocadas hacia el desarrollo y aplicación a edificios y ciudades de fuentes de energías renovables y también de aplicaciones de inteligencia artificial. En otro orden de cosas, el avance hacia edificaciones, barrios y ciudades tendentes a una huella de carbono cero apuntalará la imagen de los destinos turísticos españoles como destinos sostenibles, ayudando a su relanzamiento tras la pandemia. En fin, estamos al principio de un camino prometedor. La rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en nuestras viviendas y ciudades serán un factor decisivo para la implantación en los próximos años de esa nueva cultura, de esa nueva forma de vivir que, como decía la presidenta de la Comisión Europea, queremos que sea más inclusiva, más sostenible e incluso más hermosa. Por todo ello, señorías, tras exponer la situación y ratificar las necesidades y la urgencia que exige la Constitución, solicitó a la Cámara el voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
Señor presidente, señorías, nosotros apoyaremos la convalidación de este real decreto porque lo vemos muy interesante y necesario para el reto de la eficiencia energética; no obstante, también apoyaremos su tramitación como proyecto de ley porque queremos intentar que se incorporen algunas cuestiones como las que voy a plantear. El deterioro arquitectónico y la falta de eficiencia energética del parque inmobiliario en las provincias despobladas son muy superiores a la media del país, tanto en pequeñas ciudades como en los núcleos rurales; por el contrario, la rehabilitación de viviendas en sus parques inmobiliarios está muy por debajo de la media del país. En consecuencia, de estos dos procesos se puede identificar una auténtica brecha socioterritorial en calidad y confort de las viviendas y en su eficiencia energética entre los pequeños municipios - según el INE, aquellos con menos de 2000 habitantes - y las ciudades de las áreas urbanas de las provincias más dinámicas, una brecha socio territorial que es necesario cerrar incentivando especialmente en estas áreas la rehabilitación, la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad para las personas mayores. Por eso,planteamos dos observaciones, entre las muchas que podríamos hacer. Por un lado, si el objetivo es rehabilitar y mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario, no parece adecuado que la desgravación fiscal que estas inversiones contemplan solo alcance a las categorías de vivienda habitual o el alquiler. Creemos que para este objetivo es imprescindible mejorar también la eficiencia energética de las viviendas que podríamos calificar de ocupación frecuente, es decir,viviendas que no son habituales, pero que en muchos municipios no turísticos de menos de 2000 habitantes son la mayoría. Este real decreto debería apoyar con las mismas ventajas fiscales a estos propietarios, arrendatarios o usuarios. Esta es una cuestión que nunca hemos abordado en el censo, pero el censo de población no contempla de manera adecuada los usos reales de las viviendas en los núcleos rurales, en especial este referido a la ocupación frecuente, que no es vivienda habitual y, sinembargo, es la modalidad que ha venido rehabilitando y está manteniendo buena parte del parque inmobiliario de los pequeños municipios. En segundo lugar, para luchar contra la despoblación de este desequilibrio territorial pedimos que se aplique un programa específico más ambicioso, con mayores fondos y avales, que contemple la rehabilitación, pero también la creación de vivienda nueva y un parque inmobiliario de vivienda en alquiler...
Señoría, debe ir finalizando, por favor.
... que, por otro lado, debería ir acompañado de un programa de regeneración urbana, curiosamente destinado también al espacio urbano rural, de forma que haga más atractiva la vida en estos pequeños municipios,también por la calidad espacial de su espacio público. Muchas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El tema de la vivienda viene siendo una constante en los debates que se mantienen en esta Cámara y la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también forma parte de la preocupación política por un tema crucial para nuestra sociedad, al que la Constitución española también le dedica atención específica. El texto aprobado por el Consejo de Ministros tiene aspectos positivos por cuanto abre un abanico de oportunidades para los sectores económicos y colegios profesionales implicados en la transformación y mejora del parque inmobiliario. Señorías, hablaba en su intervención la señora Sánchez Jiménez de la eficiencia energética. Sin embargo, las medidas que al respecto plantea el Ejecutivo son cicateras si se comparan con el extraordinario esfuerzo presupuestario realizado por países europeos homólogos a España, que han multiplicado varias veces su capacidad inversora y para captar mano de obra y fomentar el empleo también reducen a las constructoras los costes laborales y las cargas fiscales. Prueba de la insuficiencia de las medidas contenidas en esta norma es que están pensadas para desarrollar en cinco años, cuando el parque inmobiliario envejece a un ritmo anual próximo al 2 %, mientras la rehabilitación edificatoria afecta solo al 0,12 % del mismo, con lo que se está desperdiciando un potencial sectorial y de empleo, que, además, va en detrimento de la economía de las familias españolas, que históricamente han depositado su capacidad de ahorro en la vivienda. Asimismo, viene al caso señalar el peligro del intervencionismo con el que se amenaza en el próximo proyecto de ley de la vivienda, que ya ha despertado recelo y temor por lo que tiene de inseguridad jurídica y dudas para los grandes inversores. Me abstendré en la convalidación de este real decreto-ley. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, el pasado 14 de septiembre en este Pleno, en una moción debatida, tuve ocasión de urgir al Gobierno a hacer un decreto que tenía que regular las ayudas de rehabilitación y de vivienda social incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Hay que decir que el Gobierno hizo su tarea y el pasado 5 de octubre, en el mismo Consejo de Ministros en que aprobó este decreto-ley que hoy convalidamos - porque doy por hecho que lo vamos a convalidar -, aprobó el decreto que regulaba los programas distintos de estas dos materias, que podrán ser peores o mejores, pero hay que reconocer que el Gobierno - el nuevo equipo - ha hecho su tarea. Ahora, las comunidades autónomas son las que tienen la pelota en su tejado y la verdad es que tienen que actuar con diligencia, porque, como ya dije también - y recuerdo muy bien de mi época de consejero -, se tardan meses en hacer los decretos de desarrollo, y Cantabria era de las comunidades que primero los hacía. A pesar de todo, llevaba mucho tiempo. Y también, ya puestos a poner tareas, creo que deberían ustedes cerrar el plan vigente para que pueda estar en vigor el día 1 de enero y, además, que las ayudas que puedan hacer las propias comunidades autónomas, el Estado y las que vengan de Europa sean compatibles y estén coordinadas. Y para finalizar, no me canso de repetir que la construcción constituye el motor principal de la economía; es el mejor multiplicador de la inversión y el empleo. Hay miles de pequeños empresarios y de autónomos fundamentalmente en nuestro tejido productivo. Es lo que mejor sabemos hacer en España y, paradójicamente, no hay en estos momentos mano de obra cualificada porque no se ha renovado en estos años y estamos teniendo que echar mano - y no llega - a la inmigración. Yo creo que estas medidas que vienen servirán para invertir esta tendencia y, además, para aumentar los sueldos de los trabajadores, porque yo creo que ese es el mejor incentivo posible para que nuestros jóvenes se quieran incorporar a este sector. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días, señor presidente. Señoras y señores diputados, como dice la exposición de motivos de este real decreto-ley: tiene por objeto adoptar medidas para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, con la intención de perseguir la renovación del parque inmobiliario, que se considera fundamental para alcanzar un objetivo, la neutralidad climática de aquí al año 2050. También hay que señalar que lo determinante de la existencia de este real decreto-ley es concentrar un alto volumen de recursos para dicho cometido y en el marco de un nuevo instrumento de recuperación, que es el Next Generation de la Unión Europea, regulado en el Real Decreto-ley 36/2020. Para ello, el real decreto-ley impulsa diferentes medidas para incrementar de manera exponencial la actividad de rehabilitación a fin de multiplicar por diez en la presente década la cifra actual de cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, debiendo por tanto incrementar el ritmo de rehabilitación hasta aproximarlo a la cifra de trescientas mil rehabilitaciones de vivienda al año, lo cual parece un objetivo bastante ambicioso. A dicho fin, lo que hace es proponer diferentes medidas legales a las que ya ha hecho referencia la señora ministra en su resumen, pero que comentaré a efectos de precisar algunas cuestiones. La primera es que modifica la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas introduciendo deducciones temporales por las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de esas viviendas. Nada que señalar al respecto estando de acuerdo con ello. Ahora bien, sí conviene precisar que en este contexto y en esta materia son competentes las diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra; por lo tanto, habrá que llegar a algún grado de implementación en forma de acuerdo y, en su caso, teniendo en cuenta tanto la Ley 12/2002, del Concierto Económico, como la Ley 28/1990, del Convenio Económico de Navarra. También contempla una segunda más que interesante medida, que es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios para promover las reformas y mejoras estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de los edificios o la implantación de fuentes de energía renovable y para solicitar ayudas o'financiación para estas obras. Nada que decir al respecto estando de acuerdo. Eso sí, conviene hacer una pequeña advertencia en esta cuestión, y es que no siempre que se adoptan esas decisiones por esas mayorías se deja de colocar a algunos de los ocupantes de esas comunidades en situaciones harto difíciles. Convendría compaginar la facilidad con la que se va a situar a las comunidades de vecinos para adoptar estas decisiones con las ayudas para aquellos vecinos que, no obstante, no vayan a poder hacer frente a esas obligaciones. La tercera es una modificación de la Ley de suelo, a fin de reforzar las facultades de las comunidades de propietarios y poder asumir responsabilidades también, con lo cual estamos de acuerdo. Y la cuarta es posiblemente la decisión más oportuna y acertada, que es establecer una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. ¿Y por qué? Porque no solo no es infrecuente, sino todo lo contrario que muchas comunidades de propietarios o, mejor dicho, muchos propietarios englobados en comunidades puedan tomar decisiones de no hacer frente a esas obras como consecuencia de no poder solicitar estos créditos de forma mancomunada, de forma solidaria, porque hasta ahora las entidades de crédito no concedían ese tipo de créditos si no existía alguien que lo avalara y nadie avala a una comunidad de propietarios. Esta decisión, por tanto, introduce una cuña en esa situación y entendemos que es de forma acertada. Además, el real decreto-ley sigue a continuación justificando de alguna manera la pertinencia de su urgencia desde el punto de vista del artículo 86 de la Constitución española mencionando tres motivos diferentes, de los cuales, con todo el respeto, creemos que solo el tercero - basta con uno de ellos -, relativo a la urgencia de poner en marcha estas ayudas del Next Generation, de alguna manera justifica la posibilidad de entender cómo urgente esta decisión. Finalmente, solo quiero hacer mención a otra cuestión que también es recurrente, y es la de los títulos competenciales. Como hemos visto, son varias las materias aludidas y, desde luego, parece lógico que pueda hacer el Estado frente aludiendo a los títulos competenciales de Hacienda general, legislación civil o los de planificación de actividad económica mencionados en los apartados 14.ª 8.ay 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, o incluso en materia de avales, un poco forzado, el 149.1.25.ª, en materia del régimen minero y energético, curiosamente. Pero resulta que otras, como siempre, nos parecen excesivas, como son las relativas a los apartados 18.ª, 23.ay 149.1.1.ª también, que son los de bases del régimen jurídico y procedimiento administrativo común, porque en todas ellas volvemos a la misma práctica de siempre, a títulos competenciales de carácter horizontal que se utilizan para justificar la intervención del Estado en títulos concretos respecto de los que ya son competentes las comunidades autónomas. Señora ministra, Gobierno en general, dejen de utilizar esta inaceptable rutina centralizadora y respeten las competencias de las comunidades autónomas en aquello en lo que aún les están permitiendo actuar. Muchas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
Gracias, presidente. Buenos días, señora ministra. Señorías, el Gobierno trae para la convalidación por este Pleno el Real Decreto-ley 19/2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de octubre y que tiene por objeto una serie de modificaciones legales de manera urgente, como reza su título, para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya les anuncio que el voto de mi grupo, Ciudadanos, será afirmativo, pero es verdad que ese voto afirmativo no significa que el contenido del decreto nos convenza del todo. Consideramos que es una regulación adecuada, pero ni es todo lo que está ni está todo lo que es. De hecho, igualmente, votaremos sí a la tramitación de este decreto como un proyecto de ley por el trámite de urgencia, porque entendemos que desde mi grupo podemos introducir mejoras para ampliar esa regulación. En primer lugar, déjenme decirles que ya nos parece extraño de entrada que la materia regulada por este decreto se haga precisamente mediante la fórmula de un decreto. Nos lo parece, porque el texto es prácticamente una copia, palabra por palabra, del hito correspondiente del anexo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; un documento que fue aprobado y remitido en primavera, en el mes de abril, a la Comisión Europea y en el que ya se hacía constar la extraordinaria y urgente necesidad de una medida que ha terminado probándose, como he dicho, este mes de octubre, seis meses después. Parece lógico que con esa regulación de extraordinaria y urgente necesidad hubiéramos visto que la misma veía la luz, por ejemplo,en el mes de junio. Es realmente una muestra más del uso impropio e inadecuado que creemos que este Gobierno hace del real decreto-ley, algo que hemos denunciado hasta la saciedad. En cualquier caso, más allá de lo anterior, sí nos parece que la regulación a convalidar hoy esté en la línea adecuada. Hay cuestiones como la modificación del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para permitir a las comunidades de propietarios actuar en el mercado para operaciones de rehabilitación de los edificios, que hace tiempo que venimos reclamando desde Ciudadanos; como llevamos también tiempo insistiendo en la necesidad de incentivos fiscales y regulatorios correctos para fomentar la rehabilitación de vivienda. En este sentido, creemos que se podría haber sido algo más ambicioso y echamos en falta, eso sí, instrumentos para complementar la inversión de quienes carezcan de capital necesario para acometer una labor de rehabilitación. Nos da la impresión de estar en una regulación más bien de mínimos para cubrir el expediente ante la Comisión, en lugar de ser una norma integral que impulse la renovación de la totalidad del parque edificatorio en España. Este decreto, por otro lado, solo aborda la tercera de las líneas de actuación contenidas en el componente del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales, el que se refiere a la creación de un entorno favorable a la actividad. Creemos que los incentivos fiscales y créditos están muy bien, pero no son suficientes en muchos casos, especialmente en aquellos entornos económicamente más desfavorables que no se pueden permitir desembolsos iniciales de este tipo de inversiones y que, además, suelen ser quienes más necesidad tienen de mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Para estos colectivos tener una casa mal aislada o un sistema de calefacción desfasado puede marcarla diferencia entre llegar o no llegar a final de mes, sobre todo con la tensión en los precios energéticos que estamos viendo que el Gobierno no es capaz de controlar. Las otras dos líneas con la concesión de subvenciones directas a la renovación de edificios se han puesto en marcha con el Real Decreto 853/2021, aprobado precisamente el mismo día que el decreto-ley que se trata de convalidar, y resulta sorprendente que no haya previsión específica para la renovación de viviendas de hogares de renta baja o muy baja, que son quienes más lo podrían necesitar, especialmente si se tiene en cuenta que la norma sí tiene especial consideración por renovaciones en el ámbito del alquiler social. Ya hemos expresado nuestra convicción de que los fondos europeos son una oportunidad inigualable para dinamizar el sector de la rehabilitación de viviendas, haciendo que nuestro parque inmobiliario sea más respetuoso con el medio ambiente,reduzca sus emisiones y el consumo de energía, que sea más accesible para personas con movilidad reducida y personas mayores o con niños, que esté mejor aislado de ruidos del exterior o tenga mejores calidades estructurales. Pero para eso debemos reducir sustancialmente las emisiones de nuestro sector residencial. Y ante ello, resulta que tenemos un parque de edificios donde el 97 % de los existentes son ineficientes y necesitan ser actualizados a estándares homologados en cuanto a objetivos energéticos y medioambientales de la Unión Europea. Ello requiere medidas decididas y eficaces para agilizar y simplificar el trámite de petición, concesión y transferencia de las ayudas directas a la rehabilitación. Y nos preocupa que se deje en manos de las administraciones públicas la posibilidad de poner o no en marcha las ventanillas únicas reguladas en este Decreto 853/2021, por el riesgo que concurre de que el propósito común a todo el parque de edificios no se materialice con éxito por igual en toda España. Por último, creemos que no debe desaprovechar la oportunidad de dar un impulso en este tema a las energías renovables, poniendo en marcha un plan nacional de aprovechamiento solar para edificios públicos y privados en colaboración con comunidades autónomas y corporaciones locales, con el objetivo precisamente de promover y facilitar la instalación de placas fotovoltaicas en todas las superficies que así lo permitan y donde resulten eficientes. Para terminar, entendemos que es oportuno volver - y así lo haremos - con iniciativas rechazadas anteriormente - por ejemplo, con ocasión de la tramitación de la Ley de Cambio Climático - que creemos que son interesantes y muy beneficiosas,tales como la creación de las hipotecas de eficiencia energética. Sin perjuicio de ello, nuestro voto será afirmativo, pero esperamos más de este Gobierno en sus políticas de rehabilitación de viviendas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Señora ministra, este real decreto-ley busca promover la rehabilitación de viviendas introduciendo la posibilidad de deducciones en el IRPF de la inversión realizada para lograr una mayor eficiencia energética, bien reduciendo la demanda de calefacción y refrigeración o bien optando por energías renovables. El objetivo lo compartimos, por eso votaremos a favor, aunque nos preocupan algunos aspectos. En primer lugar, una consideración general que ya hemos escuchado aquí sobre si era realmente necesario utilizar el mecanismo del real decreto-ley en esta materia, con un abuso evidente por parte del Gobierno de la apelación a la justificación de extraordinaria y urgente necesidad. La segunda se refiere a la extensión en el tiempo de la medida, pues establece que podrán deducirse cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del real decreto-ley - es decir, el 6 de octubre -, sin embargo, no se atiende al ejercicio fiscal del IRPF que se refiere a todo el año 2021. Así, podrán generarse desigualdades que no parecen justificadas entre quienes realizaron estas obras a comienzos de año y quienes lo hagan a finales, cuando nos parece que el objetivo debe ser fomentar la rehabilitación y la eficiencia energética. Y en tercer lugar, queremos destacar que el acceso a la deducción sólo será efectiva para quien pueda hacer el desembolso previo para lo que se habilitan, es verdad, avales al crédito. Por eso, creemos necesario que se incrementen los fondos para las ayudas a la rehabilitación...
Señoría, debe terminar.
... para que la población que tenga más dificultades para disponer de esos fondos, o incluso cumplir los criterios de los avales, pueda también hacerlo. Obrigado.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
Gracias, presidente. Ministra, en nuestro grupo vamos a votar a favor del decreto y, a la vez, vamos a trabajar para mejorarlo en su tramitación. Estamos de acuerdo en que partimos de un parque de vivienda envejecido y mal conservado y que los datos derehabilitación anuales son malos porque, mientras los países de nuestro entorno rehabilitaban, en nuestro país había muchos fondos que especulaban, y eso ha retrasado los procesos de rehabilitación. No obstante, nosotros vamos a plantear dos o tres temas que nos parecen muy importantes en la tramitación. En primer lugar - y se ha dicho aquí -, la desigualdad territorial; pero no solo en términos de los distintos territorios, sino también del impacto desigual territorial ambiental; estoy hablando de las islas de calor y, unido a ello, estoy hablando de los barrios o los espacios con mayor vulnerabilidad social o de rentas bajas, que hay que contemplarlo uniendo los proyectos de los dos decretos. Nosotros pensamos que los cuellos de botella - y no se habla ni en este decreto ni en el anterior, en este no se puede - se pueden producir en los ayuntamientos y a lo que hay que tender es, en realidad, a la descentralización de las comunidades autónomas para con ellos, que tienen una parte de responsabilidad muy importante. Por tanto, no se ha producido en la mayoría de las ocasiones los segundos procesos de descentralización hacia los ayuntamientos, y eso será fundamental para el éxito de los planes de rehabilitación. Muchas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor del Bel Accensi.
Muchas gracias, presidente. Señora ministra, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y también su tramitación. Votaremos favorablemente porque las cuatro medidas que ustedes plantean las compartimos: los incentivos fiscales - de los cuales voy a hablar después -, la modificación de la Ley del suelo, la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal, y la línea de avales. Son necesarios para fomentar la rehabilitación, pero ustedes son plenamente conscientes que no son suficientes y están trabajando también en otras medidas, que van a tener nuestro apoyo. En todo caso, más allá de que estas medidas son mejorables y las vamos a intentar mejorar, yo quisiera poner de relieve una situación asimétrica, que no le compete tanto a usted, señora ministra, como al conjunto de su Gobierno y,especialmente, a la ministra de Hacienda. Hoy nos traen aquí unas medidas de incentivos fiscales; crean unas deducciones nuevas al IRPF. A lo largo de los últimos meses o los últimos años, hemos visto que el Gobierno, a veces amparándose en informes de la AIReF - que pide ex post, pero nunca ex ante -, elimina algunos incentivos fiscales, ya sean deducciones o ya sean reducciones de la base imponible, como ha pasado con los planes de pensiones, con el argumento de que esto beneficia a los deciles medios o altos de renta, y que algunos incentivos fiscales que no benefician a los primeros deciles de renta no tienen sentido y no son óptimos. Yo quisiera que también hicieran un análisis de a qué deciles de renta van a beneficiar estos incentivos fiscales, porque ya le aseguro que no va a ser a los primeros tramos de renta que, en muchos casos, no son ni propietarios, porque no tienen capacidad de ser propietarios. Por tanto, el argumento debe ser el mismo; los fundamentos para crear un incentivo fiscal o eliminar el incentivo fiscal deberían ser los mismos. Ustedes hace tiempo que están haciendo parches en el ámbito tributario. La ministra dice que habrá una reforma integral, pero, mientras no exista la reforma integral, ustedes no son coherentes con el mantenimiento de estos beneficios fiscales. No tiene ningún sentido que estén suprimiendo otra vez en los Presupuestos Generales del Estado las deducciones de los planes de pensiones, que, en muchos casos, afectan a autónomos, y ahora pongan este nuevo incentivo fiscal; por no hablar de la deducción por adquisición de vivienda, que también sería otra cuestión. Muchísimas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
Bon dia, buenos días, señora ministra. Una cuestión previa. Los diputados catalanes hoy tenemos un motivo de alegría saludando la inminente publicación del nuevo decreto de renovables de la Generalitat de Catalunya, primer paso en la hoja de ruta de la transición energética en Cataluña, con el objetivo conocido de 50 % de renovables a 2030 y neutralidad para 2050. Salve y así sea. [[Aplausos]] Impulsar la eficiencia energética es un pilar básico para poder alcanzar los objetivos de descarbonización en 2030, aunque a nadie se le escapa que queda mucho pero que mucho camino que recorrer en este ámbito. El parque edificado es el responsable de más de un tercio de las emisiones de CO2 y en el Estado español la cosa no pinta bien. A modo de ejemplo y según el estudio de la Fundación Renovables, el 97 % de los edificios construidos no cumplen las exigencias de eficiencia energética en vigor y más del 70 % del parque edificado dispone de certificación inferior a la calificación C. Son datos que no coinciden exactamente con los que ha dado la señora ministra, pero son igualmente indicadores de extrema gravedad. En resumen, ya nos podemos poner las pilas y más aún en el contexto actual, con un incremento insostenible de los precios de la electricidad. Lo dijimos en el debate del jueves pasado cuando tuvimos el placer de dedicar casi un monográfico al ámbito energético. Una de las soluciones para contener la crisis de los precios eléctricos es, precisamente, apostar por la mejora de la eficiencia energética porque la energía más verde y más económica es, precisamente, la que no se consume. Además, es evidente - y me permitirán decir que es un hit de Esquerra Republicana de Catalunya - que apostar por más renovables es hacerlo en autoconsumo y sobre el terreno, porque, como decía un buen amigo, cada retraso en tramitarlo es un día más de luz un poco más cara. Volviendo al texto, este real decreto es un primer paso para promover medidas que incentiven la rehabilitación edificatoria. He de decir que nos sabe a poco y por eso nuestro ánimo enmendante querrá que se tramite como proyecto de ley. Creemos que, de nuevo y ya van demasiadas ocasiones perdidas, dejan ustedes escapar una oportunidad para avanzar a mayor velocidad hacia los objetivos marcados. A nadie se le debería escapar que impulsar la rehabilitación energética es una magnífica oportunidad para bajar la factura de la luz, sí, pero también para crear miles de puestos de trabajo cualificados. Si lo tenemos tan claro, debiéramos apostar por ello. Bajando al detalle, incluye diversos incentivos fiscales a modo de deducciones del IRPF por cantidades satisfechas en obras que tengan como objetivo mejorar la eficiencia energética, estipulando tres categorías según la mejora energética a alcanzar. Esto puede ser una buena medida para ayudar a muchas comunidades de propietarios a que tomen la decisión para aprobar las obras de rehabilitación energética. También modifican ustedes la Ley de Propiedad Horizontal para dar cabida a una reivindicación tan lógica como que las decisiones dejen de tomarse por unanimidad; propuesta que, por cierto, estaba incluida en una proposición no de ley que Esquerra trajo a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace pocas semanas y que su grupo no apoyó. Nos lo tomaremos como una reconsideración de su grupo. También nos parece - y perdóneme la franqueza - que se lían ustedes con la fórmula empleada para contabilizar las mayorías, imponiendo una limitación de nueve mensualidades difícilmente justificada. Enmendamos en este sentido. Qué vamos a decir, vemos mucho más clara la actual reforma de la legislación catalana, concretamente, la del libro cinquè del Codi civil, que podrían ustedes tomar como ejemplo. No han podido o no han querido ir más allá, por eso les pediremos que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley. Creemos que sería muy positivo que se introdujera medidas como ya han establecido en Italia con los conocidos ecobonos, créditos fiscales por importe de inversión de renovación que se puede transferir a inversiones o el modelo EuroPACE de desarrollo coparticipativo del proceso de rehabilitación. Aunque las medidas no pueden quedarse ahí, es imprescindible, es nuestra obligación garantizar que lleguen a todo el mundo y a usted, señora ministra, no hay que recordárselo, es imprescindible empoderar a las entidades locales, en este como en cualquier tema de impacto ambiental, porque la transición ecológica, la transición energética será local o no será. [[Aplausos]] Sabemos que la rehabilitación es una buena solución para hacer frente a la pobreza energética y para garantizar una vivienda digna. Este tipo de medidas excluyen a los más vulnerables. Hay muchas barreras de acceso como la financiación, la propiedad, el reconocimiento y un largo etcétera que el Gobierno no debería ignorar si realmente cree en una transición energética justa que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
Bon dia, presidente. Buenos días, señorías. Una cuestión previa. Hoy estamos hablando aquí de vivienda y quisiera recordar a todos los hermanos canarios que, posiblemente, en este momento se están quedando sin su vivienda. [[Aplausos]] Señora ministra, como tantas veces nos advirtió la ciencia, el cambio climático es ya una realidad que está mostrando sus efectos. Ya han vaticinado que en la zona mediterránea es donde más se está acelerando el calentamiento global; una realidad que hasta los más escépticos ya no pueden negar, aunque algunos se esfuercen en hacerlo. El reciente informe del IPCC se suma a una evidencia teórica y práctica que hace imposible mirar a otra dirección. Necesitamos actuar ya, 2022 debe ser el año del cambio de paradigma. Este real decreto que hoy nos ocupa muestra que este Gobierno de coalición progresista lo ha entendido; ha entendido que la realidad que vivimos requiere acción y no solo teórica. Este Gobierno de coalición sabe muy bien que el ecologismo no puede limitarse a eslóganes o a pines en las solapas; el ecologismo que nos ocupa va de propuestas reales. Este complicado contexto medioambiental se suma también a una complicada situación económica, la crisis económica derivada de la pandemia mundial que ha asolado a todos los países. Pese a esto, los fondos europeos y los planes de reestructuración nos permiten ser optimistas, ya que nos abren una ventana de oportunidad que ayudará a que se siga recuperando nuestra economía, y a la vez reconstruir el futuro país que queremos, que no es más que el país que demanda la ciudadanía. Nuestros jóvenes así lo han exigido en las calles. Un país en el que vivimos de prestado, no es ninguna propiedad, y nuestra obligación es cuidarlo para las generaciones venideras. Un país que debe transitar hacia una economía verde y sostenible, siempre bajo el sostén de la justicia social. De nada servirán los fondos europeos si los dejamos a merced de las grandes empresas y multinacionales. Estos fondos deben estar sujetos al interés general, al beneficio de todas y todos, y este real decreto va en esa línea, posando la vista en la compleja realidad de nuestro parque de vivienda, un parque de vivienda significativamente envejecido en relación con otros países de nuestro entorno. Como explicaba la ministra, la mitad de nuestros edificios residenciales son anteriores a 1980, por lo tanto construidos sin ningún tipo de normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Por esto es imprescindible la adaptación de estos edificios, sobre todo en lo referente a la eficiencia energética, lo que también ayudará a frenar la crisis climática y contribuirá a la necesaria transición energética de nuestro país. Es el momento de iniciar un plan estratégico de rehabilitación de viviendas para adaptarlas a los nuevos tiempos y hacerlas más eficientes y sostenibles. Desde Unidos Podemos vamos a apoyar este decreto por diversas razones. Porque supone un paso para reducir las consecuencias del cambio climático. Porque promueve el ahorro energético de las familias, no solo a corto, sino también a largo plazo. Porque además de contribuir a disminuir el coste familiar energético, ayuda a las familias a afrontar la rehabilitación asumiendo parte de este coste. Porque contribuye a impulsar un sector que necesitamos que crezca en nuestro país, el ligado a las energías renovables, que va a hacer más sostenibles nuestras infraestructuras y viviendas, un sector que debe ser motor de cambio, y a su vez clave en la diversificación de nuestra economía, y siempre bajo la mirada de la justicia social. Porque va a contribuir a revitalizar muchas pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, esas empresas que fueron abandonadas por el pelotazo urbanístico del señor Aznar; un pelotazo que enriqueció a unos pocos mientras las pequeñas y medianas empresas eran las que trabajan con márgenes minúsculos de beneficios. Sin olvidar que esta campaña para rejuvenecer nuestro parque de vivienda también generará una cantidad importante de empleo. Además, señorías, en un territorio finito, en un planeta finito, nuestra filosofía debe ser la mejora y la reforma de las viviendas. Con decretos como el que se presenta hoy, estamos mostrando que hay otras formas de hacer política, que el camino que seguimos es radicalmente diferente al que siguió el Partido Popular con las políticas austericidio en la crisis estafa de 2008, que salvó al sector bancario a costa de hundir a las familias, destruir tejido económico y dejar en la calle a millares de trabajadores. Bien al contrario, con estas medidas estamos protegiendo y ayudando a las familias, apostando por las pequeñas y medianas empresas y creando empleo, además de combatir el cambio climático. Seguimos el proceso para poner a todos los sectores al servicio de la ciudadanía y de una transición energética justa, generando riqueza para todas, para todos,para un país que mira al futuro con total justicia social. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta. [[Aplausos]]
Con la venia, presidente. Señorías, buenos días. Buenos días, señora ministra. Hola, me llamo Ángel, tengo setenta y cuatro años y estoy jubilado. Vivo con mi esposa en Segovia, en una casa que compramos hace cuarenta años. Percibo una pensión de tan solo ochocientos noventa euros mensuales, gracias a mis cuarenta años como autónomo de un comercio minorista. Perdí todos mis ahorros en la estafa piramidal de Fórum Filatélico. Mi pensión, el único ingreso que obtengo, no me da casi para llegar a fin de mes y, ahora, con la nueva subida de la luz, con el IBI, el catastrazo del año que viene y la subida de la cuota de la comunidad de propietarios, me va a ser imposible hacer frente a todos los gastos. [[Aplausos]] Señora ministra, este es el caso real de muchísimos españoles. Con este real decreto, ¿a quiénes se supone que representan? ¿A quiénes defienden ustedes? Se presentan junto con sus socios como los defensores del llamado escudo social en favor de los más vulnerables y, sin embargo, sus políticas lo que generan es más pobreza y más miseria. El único escudo que defienden ustedes es el de Sánchez y su obsesión por mantenerse en el colchón de La Moncloa. [[Aplausos]] Un dato: según la plataforma europea de entidades sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en la Unión Europea, en España unos diez millones de personas, toda la población de Portugal, están en riesgo de pobreza. Es decir, un 6,3 %más que en 2008. Este no es un dato casual, es un dato objetivo: cada vez que gobiernan ustedes el desempleo se dispara y aumenta la pobreza. Por eso, con este real decreto que hoy nos traen aquí, ustedes se alejan de los problemas reales de los españoles. Ahora que se acerca el invierno y que los consumos se dispararon, los españoles tendrán que elegir entre calentarse o gastar el dinero en comida. Y ahora pretenden, además, que inviertan en la rehabilitación de sus viviendas. Es más,con este real decreto se producen dos modificaciones de la Ley sobre Propiedad Horizontal, entre ellas la aprobación por mayoría simple de las obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Ahora, señora ministra, tendrá usted que hablar con Ángel y decirle que tendrá que decidir entre pagar la luz, comprar el pan o pagar las obras de rehabilitación. [[Aplausos]] Este real decreto también ofrece la posibilidad de aplicar tres deducciones fiscales en rehabilitación por obras,con el límite de 5000, 7500 y hasta 15000 euros, siempre que cumplan con la reducción de consumo y alcancen los certificados energéticos de las claves A o B. ¿Me puede decir, señora ministra, si Ángel, que gana 12000 euros al año, se podrá beneficiar de esas ayudas? No, porque ni siquiera tiene la obligación de presentar la declaración de IRPF ni se le retiene absolutamente nada, con lo que dichas deducciones, ¿a quién benefician, señora ministra? Pero es que la calificación energética - porque seguro que muchos en sus casas se estarán preguntando qué es la calificación energética - no es más que una etiqueta energética compuesta por siete letras, de la A a la G, que mide la eficiencia energética de la vivienda según su consumo. Pero, como bien sabrá, señora ministra, para realizar un certificado energético y disponer posteriormente de una etiqueta energética se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: la zona climática, la superficie de la vivienda y el estado de la envolvente. Es decir, que dependiendo de si hace más frío o más calor, de si la vivienda es más grande o más pequeña, de si tiene ventanas más grandes o menos ventanas, o de si los muros son más gruesos o más finos, irá la calificación del etiquetado energético, por lo que la aplicación de las deducciones fiscales que ustedes plantean penalizará en mayor grado a las zonas con mayor altitud de las de menor altitud, a las zonas más frías de las zonas más cálidas y a las viviendas más grandes de las viviendas más pequeñas. Ante esta situación, y dada la amplia dotación económica dentro del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿por qué no se han ampliado las deducciones para viviendas en zonas rurales, donde en la mayoría de los casos los inmuebles suelen estar en peor estado de conservación y la inversión a realizar es mucho mayor? Luego, pretenden subirse al carro de la llamada España vaciada, pero sus medidas demuestran su verdadero interés y el olvido permanente del mundo rural y ganadero. [[Aplausos]] Son ustedes presos de un enfermizo ecologismo y del nuevo paradigma climático por encima de las urgentísimas necesidades de todos los españoles. Mientras, China sigue siendo el país más contaminador del mundo. Ahora ha dado un giro a su política al intentar reducir las emisiones contaminantes ordenando la vuelta al uso intensivo del carbón, de tal forma que ha ordenado comprar carbón en el mercado internacional a cualquier precio, lo que está provocando un rápido crecimiento del mismo y amenazan con dejar al resto de países tiritando de frío para el próximo invierno. ¿Y ustedes, mientras, qué están haciendo? Están obsesionados con la Agenda 2030. Eso sí, ya le anticipo que estás rehabilitaciones provocarán una subida de impuestos debido al incremento de los valores de los inmuebles, y más ahora que, después de la nueva Ley de Fraude Fiscal, el catastro determinará el valor de referencia de los inmuebles, con lo que para aquellos contribuyentes que se hayan beneficiado de las deducciones fiscales y declaradas en el IRPF, Hacienda tendrá el importe del coste efectuado en la rehabilitación y, por tanto, chivó al catastro el valor del mismo, lo que provocará un aumento de los valores de referencia y, por tanto, un aumento en los impuestos a pagar: en el impuesto sobre patrimonio; en el impuesto más injusto que hay, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones,y también en el impuesto sobre bienes inmuebles. Exactamente igual que el catastrazo que se han sacado ustedes de la manga, y ya advertí en mi intervención en esta tribuna sobre los pormenores de introducir en la Ley de Fraude Fiscal el denominado valor de referencia, con lo que las deducciones aplicadas servirán para pagar los impuestos en el futuro: primero me lo das y luego me lo quitas. [[Aplausos]] Finalmente, Ángel, deprimido por el impago de las cuotas de la comunidad de propietarios, venderá su casa y acabará, en el mejor de los casos, en una residencia. Una vez más, se olvidan de los más vulnerables. Solo VOX representa y defiende a aquellos que ustedes han dejado atrás. Nada más. Muchísimas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señora ministra. Señorías, hoy nos trae el Gobierno para su convalidación un real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de la rehabilitación edificatoria, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero un poco tarde, ¿no creen? Sobre todo, porque ya hemos empezado a hablar de presupuestos, y vamos a recordar lo que hace un año decía el Gobierno en sus cuentas para 2021. Ustedes anunciaron la mayor inversión en vivienda de todos los tiempos: 2250 millones de euros, amparados en la creación de vivienda social y asequible, objetivo muy loable y que, por supuesto, compartimos, pero que no casaba con la realidad presupuestaria. Sin ánimo de ofender, este presupuesto de 2250 millones de euros sonará muy bien, pero se quedó en propaganda y en fuegos de artificio, tan solo superados por los actuales, que vienen a ser unos 3290 millones de euros. Se computaban 1650 millones que no iban a contribuir a reforzar su objetivo de fomentar la oferta de vivienda social y asequible porque, según sus propios principios, el objetivo principal de estos fondos era la ejecución de programas de rehabilitación sostenible a desarrollar por las comunidades autónomas en aquel momento inconcreto y ahora también inconcreto. Lo único cierto es la patada hacia adelante que ustedes dan a las comunidades autónomas, patadas como las que sus socios dan a los agentes de la autoridad y quedan inmunes, con la complicidad de los grupos de esta Cámaraque apoyan al Gobierno. Pero, mientras todo vale, los ayuntamientos no saben aún qué proyectos pueden presentar de barrios, porque no hay convocatorias y los propietarios de vivienda no saben a quién acudir para obtener los famosos fondos europeos, que distribuye el Gobierno como propios, pero que han de ser de todos los españoles. Para gastar esos fondos ustedes tendrían que haber sacado el decreto de rehabilitación en enero de 2021 y este real decreto-ley también en enero de 2021, pero no ahora; que alguien diga por qué es urgente ahora y no lo fue antes, es decir, lo vamos a llamar urgente por desidia o por incompetencia, porque no sabemos qué es peor. Pero no vamos a caer en el negativismo. Este real decreto-ley tiene aspectos positivos, como son las medidas fiscales para incentivar la eficiencia energética de las edificaciones y medidas para eliminar un cuello de botella importante, quees el que impide el gasto, tanto el gasto de las comunidades de propietarios como el gasto de las familias y, sinceramente, nos gustaría de verdad que ese gasto fuera eficiente, pero no en el sentido de la eficiencia energética, sino que se alejara del Plan del señor Zapatero, donde se dilapidaron 8000 millones de euros. En la Componente 2 del Plan de Recuperación ustedes mismos han adquirido una serie de compromisos que tendrán que cumplir. Han ofrecido reformas precisas, como la Ley de Vivienda, la Ley de Arquitectura, la implementación de la Desee, y luego las mejoras en la financiación, que habrá que llevar a cabo porque no hay fondos inmediatos para estos proyectos. Ustedes ponen en marcha una línea de avales para créditos ICO pero, ¿en qué condiciones, señora ministra? Porque si son las mismas que las de las ayudas al alquiler, lo que se augura es un estrepitoso fracaso porque tan solo se ha solicitado un 2,5 % de las ayudas, según datos de su propio ministerio, y luego están otras medidas específicas, como la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Sabrá usted que algo tan obvio como la celebración de juntas telemáticas ha salido adelante después de un año y gracias a una iniciativa del Partido Popular. Pero desde el Partido Popular también le hemos dicho más cosas. Falta - importantísimo - un instrumento homologado, imprescindible, que pueda evaluar el menor consumo, la menor producción de dióxido de carbono y el ahorro que supone el menor consumo de energías fósiles, y a ello deben estar supeditadas dichas ayudas, si ustedes no quieren que esto se vuelva a convertir en un PlanE. También desde Grupo Popular le hemos exigido la nueva Ley de Vivienda, que ya ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros el próximo 26 de octubre, y expectantes estamos por sus inquietantes anuncios de intervención a la propiedad privada. Asimismo, han de traer un plan completo y eficaz de agilización administrativa para dar licencias que abran las puertas a esos fondos. Pero lo más importante es quién puede optar a esto, porque se necesita un músculo financiero que las familias no tienen, y ustedes lo que proponen es que la gente se endeude. ¿Cuándo llegan los fondos, de verdad? Porque es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Queremos realmente impulsar la rehabilitación edificatoria y la eficiencia energética o cubrir el expediente y convertir esto en un PlanE? Le repito que el real decreto-ley tiene puntos positivos, pero es pobre y no creemos que con él se alcance y se dé cumplimiento al objetivo de descarbonización que se han marcado España y la Unión Europea en el sector de la edificación y, además, no resuelve problemas colaterales que ahora mismo son importantísimos que impiden el normal funcionamiento del sector y la aplicación de estas medidas como pueden ser, por ejemplo, la subida del costo de las materias primas; suben las materias primas, sube la luz, la incertidumbre en el desarrollo de las obras las hace inviables económicamente. ¿Por qué no utilizan este real decreto-ley para buscar un sistema de reequilibrio de los contratos públicos? ¿Por qué no toman medidas, que sí han de ser urgentes, para bajar el recibo de la luz y no se arruine a empresas y autónomos, cuyo único objetivo es salir adelante? Además, faltan incentivos a las empresas de materiales eficientes, falta mano de obra para la instalación de estos materiales, porque esto no va solo de poner ventanas, señorías. Por eso entendemos que este real decreto-ley es un proyecto a medias, en el que se debería incluir lo que les propone el Grupo Parlamentario Popular si se quiere llegar a los objetivos, que por supuesto compartimos, de impacto social, de impacto económico y de creación de riqueza y empleo. Por lo que nos abstendremos y pediremos su tramitación como proyecto de ley. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Bravo Barco.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Señorías, debatimos hoy la convalidación de un real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en nuestro país, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No estamos ante la convalidación de cualquier real decreto-ley, sino de uno de cuya convalidación depende la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos y de ciudadanas, porque en un país donde más de la mitad de los edificios son anteriores a 1980, donde casi diez millones de viviendas necesitan de rehabilitación energética, en un país donde el 75 % de los edificios no son accesibles, la rehabilitación edificatoria se configura como una necesidad y una oportunidad para muchos de nuestros conciudadanos, a los que no podemos defraudar. En primer lugar, una necesidad y una oportunidad para ciudadanos y ciudadanas que padecen una vivienda envejecida o ineficiente energéticamente, y que con esta medidas que hoy se nos solicita convalidar van a tener más facilidades en términos de deducciones fiscales y de líneas de avales para poder así disfrutar de una vivienda o un edificio sostenible, es decir, una vivienda que necesite consumir menos energía para proporcionarles más calidad de vida, lo que no solo contribuirá a la necesaria lucha contra el cambio climático, que es por supuesto la lucha por la supervivencia de nuestra especie, sino también a rebajar el porcentaje de las rentas que dichas familias deberán dedicar al consumo energético. Sostenibilidad social unida a la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra el cambio climático unida a la lucha por mejorar la situación económica de las familias en relación con el coste del precio de la energía. En segundo lugar, una necesidad y oportunidad también para los ciudadanos y las ciudadanas que por su edad o por padecer alguna discapacidad se encuentran atrapados en su vivienda, debido a una falta de ascensor u otros elementos relacionados con la accesibilidad. En este apartado concreto son muchos años los que estas personas llevan reclamando modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal. Pues bien, a la reducción ya existente de las mayorías para tomar decisiones en el ámbito de la accesibilidad, este real decreto-ley además añade que las comunidades de propietarios tengan esa plena capacidad jurídica para actuar en el mercado inmobiliario y para poder solicitar créditos con el objetivo de realizar todo tipo de obras de rehabilitación, incluidas también las mejoras que se refieren a la accesibilidad. Todo ello aumentará, sin duda alguna, las posibilidades de que, en la práctica, las comunidades de vecinos eliminen las barreras arquitectónicas de sus edificios, y así permitir a miles de familias atrapadas en sus casas poder salir de nuevo a la calle. Una necesidad y una oportunidad también para los ciudadanos y ciudadanas que están buscando empleo en el sector de la construcción, un sector especialmente afectado por la pandemia y que, con las medidas aquí aprobadas, les va a resultar más accesible la posibilidad de encontrar un empleo: 188000 empleos, con una contribución de 13500 millones al producto interior bruto. Una necesidad y una oportunidad también para las pequeñas empresas, que llevan años dedicadas al sector de la rehabilitación de las viviendas. Este real decreto-ley les va a suponer un impulso en su actividad económica. Y, por último, una necesidad y oportunidad para que España en su conjunto cumpla con sus objetivos de país, tanto del Plan de Recuperación, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como de la Estrategia para la rehabilitación energética del sector de la edificación, pero sobre todo los objetivos en materia de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque no solo es un objetivo de país, es un objetivo planetario en el que nos jugamos la vida, el futuro de las generaciones venideras. Permítanme, señorías, que les diga lo siguiente, como en aquella canción de Silvio Rodríguez: mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado. Y escucho entonces: la tierra llora. Se muere de dolor y hay que acudir corriendo para vivir, pues se cae el porvenir por cualquier selva del mundo, por cualquier calle, por cualquier casa. Señorías, hace apenas una semana debatimos y aprobamos también en la Comisión de Agenda Urbana una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el impulso de la rehabilitación edificatoria. También del Grupo Socialista aprobamos por unanimidad en febrero otra proposición no de ley sobre la necesidad de promover la vivienda ecológica, y van en esta misma dirección. En dichas proposiciones instamos a las administraciones públicas a impulsar la rehabilitación sostenible de viviendas y edificios para hacerlos más eficientes energéticamente, y para garantizar también su accesibilidad. Lo que quiero decir con ello es que el Grupo Parlamentario Socialista lleva mucho tiempo concernido por esta oportunidad que se nos presenta, y otros grupos de esta Cámara que también apoyaron nuestra iniciativa son de nuestra misma opinión. Hoy el Gobierno somete al Parlamento la convalidación de un real decreto-ley que va en esta dirección. Señorías, esta Cámara no solo iría en contra del interés de España, sino que sería además incoherente si no lo convalida. Escuchamos en aquellas ocasiones al Partido Popular manifestar que no era cierto que se estuviera haciendo nada en materia de rehabilitación. Le oímos exigir que se aprobaran medidas concretas, se desgañitan diciendo que el Gobierno no hacía nada y que no emitía iniciativas legislativas a esta Cámara en ese sentido. No era cierto, el Gobierno ya estaba tomando medidas. Pero, bueno, aquí hay más medidas. Señorías del Partido Popular, aquí están las medidas. Me imagino que después de tantos meses reclamando las, ...
Señoría, su tiempo ha finalizado.
... por un mínimo de coherencia, ahora votarán su convalidación. Voy concluyendo, señorías. Por coherencia con lo que hemos aprobado en repetidas ocasiones, porque es una gran oportunidad para España, porque muchos ciudadanos y ciudadanas se van a ver beneficiados, y porque responde al interés general del país, el Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, va a apoyar la convalidación del real decreto-ley que hoy se nos somete a consideración, ...
Señoría, finalice, por favor.
... y así esperamos que lo haga también el conjunto de los grupos de la Cámara. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de convivencia universitaria. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de universidades.
Gracias presidente. Buenos días a todas y todos. Señorías, la norma que someto a su consideración llega al Congreso con cuatro décadas de retraso. En efecto, puede parecer sorprendente que el régimen disciplinario hoy día vigente en nuestras universidades siga regido por un decreto del 8 de septiembre de 1954, dado en el Pazo de Meirás. Es una Norma preconstitucional e inconstitucional, que no tiene cabida en el actual sistema porque está diseñada principalmente para disciplinar las universidades con caracteres propios de un Estado dictatorial y, por tanto, resulta a todas luces contraria a la protección de principios del marco político, jurídico y social de nuestra democracia. En efecto, contradice los principios y valores democráticos, la libertad y el pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulación del sistema universitario vigente. Esta contradicción plantea numerosos problemas en su aplicación porque, evidentemente, hay preceptos tales como - cito - que se considera falta grave la falta contra los principios o instituciones del Estado o'contra la contra la religión y moral católicas; introduce sanciones desproporcionadas, como la expulsión perpetua del sistema universitario, y mantiene un procedimiento sancionador sin ninguna garantía para el estudiantado: en concreto, no contiene un régimen de prescripción de faltas o plazos de caducidad, al establecer, por ejemplo, como faltas leves cualesquiera otros hechos que, no estando comprendidos en las faltas tal y como se definen, pudieran causar perturbación en el orden o'disciplina sistemáticos. Incumple los principios fundamentales de legalidad y tipicidad y deja un amplio margen de discrecionalidad a quienes ejercen la potestad disciplinaria. Pero lo que es más sorprendente es que este decreto solo se aplica hoy día a los estudiantes: es un agravio comparativo fundamental. Al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios lo que les concierne de este decreto ya ha sido cancelado, derogado y sustituido por normas conformes al ordenamiento jurídico. Pero este no es el caso para los estudiantes, y, por tanto, es un agravio comparativo, respecto del que la comunidad universitaria, en su conjunto, estudiantes y autoridades académicas han solicitado desde hace tiempo llevar a cabo una actualización de la normativa jurídica por la que se rigen. De hecho, así lo reclamaron sentencias del Tribunal Supremo ya en 1988 y 1989, y así lo ha señalado el Defensor del Pueblo reiteradamente en sus informes de 1990, 2008 y 2012, recomendando la elaboración de una nueva norma que proporcione las garantías para su desarrollo y aplicación por las propias universidades en el ejercicio de su autonomía. En efecto, no basta simplemente con derogar. El apartado 1 del artículo 25 de la Constitución reconoce que sólo por ley podrán establecerse las faltas y las correspondientes sanciones. Por tanto, necesitamos una ley. Con el proyecto de ley de convivencia universitaria, que hoy someto a su consideración, se cumpliría con esta exigencia respecto del estudiantado, igual que se ha hecho anteriormente respecto del personal docente investigador y del personal de administración y servicios. Ahora bien, será posible mediante reglamento que se complete lo dispuesto por esta ley en su desarrollo para que las universidades puedan establecer el reglamento, en el ejercicio de la autonomía que les reconoce el artículo 27.10 de la Constitución. En definitiva, el proyecto de ley de convivencia universitaria constituye una norma necesaria para salvaguardar el principio de igualdad de derechos y deberes del estudiantado universitario y asegurar el ejercicio pleno de sus libertades y garantías constitucionales. Esta norma ha estado en un proceso de elaboración laborioso, porque hemos llevado a cabo una minuciosa consulta con la comunidad universitaria, en particular con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la conferencia de estudiantes de las universidades españolas, hasta llegar a un texto plenamente consensuado con ambos sectores de la comunidad universitaria. Por tanto, teniendo en cuenta la situación de indefensión jurídica en la que se encuentran en estos momentos los estudiantes universitarios, no podemos retrasar más la aprobación de una norma legal, norma legal que, por otra parte, está en perfecta armonía en todos sus términos con el conjunto del despliegue normativo de reforma que el Gobierno Está llevando a cabo para todo el ámbito universitario. Entrando en el contenido de la norma, el Gobierno presenta en este proyecto de ley un nuevo acuerdo sobre el modelo de convivencia universitario y el sistema de faltas y sanciones, con todas las garantías de defensa para el estudiantado. Esta norma incluye criterios para ajustar las sanciones a las circunstancias del caso concreto y la posibilidad de sustituirlas en algunos casos por medidas de carácter educativo o recuperador, como la participación en actividades formativas,culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales. El proyecto prevé también la posibilidad de que en aquellas situaciones de urgencia puedan adoptarse las medidas provisionales que resulten necesarias para salvaguardar en todo momento los derechos del estudiantado. Precisamente, de acuerdo con los valores propios del ámbito universitario, el proyecto de ley limita y reduce en todo lo posible el enfoque punitivo, para plantear un modelo universitario de convivencia - insisto, convivencia -, fundado en la igualdad, el ejercicio pleno de las libertades, la tolerancia, el respeto a la diversidad y una convivencia pacífica activa y responsable. En definitiva, esta norma apuesta por la mediación como método preferente para la solución de conflictos. En este sentido, las universidades, en función de su autonomía, desarrollarán medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia, que podrán ser aplicados antes y durante el procedimiento disciplinario, y crearán una comisión de convivencia de integración paritaria entre todos los sectores de la comunidad universitaria. Esta comisión podrá canalizar consultas, proponer, promover y facilitar la utilización de los mecanismos de mediación. En aplicación de esta ley, las universidades, según sus propios criterios, desarrollarán sus propias normas de convivencia, garantizando los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga consagrados en la Constitución, así como las libertades de expresión, enseñanza y cátedra, igualmente en los términos constitucionalmente reconocidos. En fin, la ley también establece cuando sea necesario un procedimiento sancionador en aquellos casos en que se considere que es necesario, con plenas garantías jurídicas. Ahora bien, en este sentido se tipifican y definen de forma estricta los comportamientos que pudieran constituir faltas, clasificándolas en tres niveles de forma precisa: faltas muy graves, graves y leves, y se establecen sanciones proporcionadas para cada tipo de falta. Creemos que con esto se cumplen los principios jurídicos de tipicidad, legalidad y proporcionalidad. Señorías, permítanme una reflexión final. El sentido de la ley que proponemos va más allá del ámbito propiamente universitario y tiene implicaciones para el conjunto de la sociedad, y quisiera llamar su atención al respecto. Vivimos en el mundo y en España en una época de polarización política e ideológica, en una práctica de confrontación sistemática en cualquier ámbito que está erosionando nuestra capacidad de convivir como especie y como ciudadanos. Señorías, es urgente que seamos capaces de revertir este proceso autodestructivo. Ustedes, como representantes democráticos del pueblo soberano, así como el Gobierno que emana de ustedes tenemos una responsabilidad de ejemplaridad en la superación de la confrontación innecesaria y en las formas de debatir nuestros legítimos desacuerdos, y espero que podamos convenir entre todas y todos que la universidad debe ser un espacio - precisamente la universidad - en el que la tolerancia, el diálogo y la convivencia en la diversidad sean la norma de conducta. [[Aplausos]] Señorías, es en la universidad donde muchos de nuestros jóvenes aprenden las reglas de la vida en sociedad y, por tanto, es en la comunidad universitaria donde hay que hacer especial énfasis en normas de convivencia, respeto y tolerancia, que luego pueden extenderse al conjunto de la sociedad. Señorías, demos ejemplo de tolerancia y civilidad a nuestros jóvenes y acordemos un marco normativo que favorezca dichos comportamientos. Dignifiquemos la política, como espera de nosotros la ciudadanía. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
Señor presidente, señorías, señor ministro, buenos días. Debatimos una enmienda a la totalidad de devolución que el Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en representar, ha presentado, al amparo del artículo 110.3 del Reglamento del Congreso, y que versa sobre la oportunidad del proyecto de ley de convivencia universitaria. En la exposición de motivos del proyecto se dice que la ley reformula el modelo de convivencia en el ámbito universitario. Señor ministro, doctor Castells, ¿esa reformulación del modelo de convivencia es el de las universidades catalanas de los últimos meses, que callan ante el atropello de la Generalitat ordenando la vigilancia de los profesores que no imparten clases en catalán? [[Aplausos]] ¿Es insultar gravemente, sin amparo de los rectores, al catedrático Ricardo García Manrique por defender este que los representantes de las universidades públicas han de respetar el principio de neutralidad institucional? ¿Es esa gestión universitaria preocupantemente equidistante y servil al poder de esa comunidad autónoma, que refleja el comunicado incalificable del rector del UAB ante el brutal ataque a los estudiantes de S'ha acabat!, a los que dejaron solos ante una turba violenta en el campus universitario? [[Muestra dos fotografías.-Aplausos]] Desde aquí mi apoyo y el de mi grupo a mis compañeros profesores, a los estudiantes y a todos los integrantes de la comunidad universitaria de las universidades catalanas, que simplemente defienden la Constitución, poder expresarse en la lengua del Estado, la libertad de cátedra, de asociación y de pensamiento y la convivencia respetuosa en los campus universitarios. Mi grupo cree, de verdad, en la convivencia universitaria y en que los poderes públicos deben proporcionar todos los instrumentos para garantizar la mejor convivencia y el cumplimiento de la Constitución. ¿O quizás, señor ministro, se refieren a esa peligrosa corriente que se extiende en las universidades americanas y comienza a alarmar? Seguro que uno de los últimos casos más llamativos lo han escuchado sus señorías: 'Despedido un profesor en Míchigan - después de veinticinco años-por mostrar a sus alumnos la película Otelo negro de Laurence Olivier'. Un estudio recientemente publicado en The Economist analiza lo que está sucediendo en las universidades americanas por iniciativas que están rompiendo la libertad de pensamiento y de cátedra por el imperio de lo políticamente correcto como lo único viable. Estos ejemplos nos alarman y no los queremos en la universidad española, ejemplar durante tantos años. ¿A esta reformulación se refiere este proyecto de ley? Sinceramente, ministro, esperamos que nos diga rotundamente que no, que nos dé su palabra, porque las universidades piden una norma básica en materia de garantías de la convivencia en el marco de la Constitución, pero no piden ni necesitan reformular el modelo de convivencia. Presentamos, como decía, una enmienda por razones de oportunidad. Para que quede claro: estamos de acuerdo con la completa derogación del Reglamento de disciplina universitaria, preconstitucional; estamos de acuerdo en que se tramite una norma con rango de ley que dé la cobertura necesaria en materia de convivencia en el sistema universitario. No estamos de acuerdo, por tanto, con el planteamiento del Grupo Republicano en su enmienda a la totalidad de texto alternativo; bueno,dicen que de texto alternativo. El Grupo Parlamentario Republicano ha hecho un ejercicio de cinismo escudándose tras la autonomía universitaria, como, con todo respeto, ha hecho usted, señor ministro, cada vez que ha tenido que actuar, y no lo ha hecho especialmente durante la pandemia, dejando a su suerte a las universidades y a los universitarios. El Grupo Republicano pretende realmente la desconexión del sistema universitario español, y usted les ha hecho demasiados guiños desde que está en el ministerio y en la mesa bilateral. Esperamos que no lo haga de ahora en adelante en este tema. ¿Por qué pedimos la devolución del proyecto? Por las mismas razones que hemos pedido suspender la tramitación de los decretos de creación de universidades y de ordenación de las enseñanzas universitarias una vez que se anunció la decisión firme del ministerio de tramitar con celeridad una nueva ley orgánica para el sistema universitario. Como el Consejo de Estado le ha advertido en dos ocasiones, le pedimos que se respete la seguridad jurídica y la jerarquía normativa, porque son principios básicos de nuestro Estado de derecho y observamos precipitación, barullo y confusión, lo que en nada ayuda a fortalecer nuestro sistema universitario. Nos preocupa la alergia de este Gobierno a las reglas del juego de la democracia. Nosotros no aceptamos seguir convirtiendo este Parlamento en una marioneta de lo que el presidente Sánchez diga. No puede ignorarse que la seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad y que el legislador debe perseguir la claridad, y no la confusión normativa. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es derecho. No lo digo yo, no lo dice el Grupo Popular, lo afirma el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias desde 1981. El Dictamen 540/2021 del Consejo de Estado, sobre el decreto de creación de universidades, objetó de forma esencial que el texto del proyecto en su artículo 2 entraba a regular materia de ley orgánica, qué es universidad, y por eso se multiplicaron las revisiones de la LOU, pues resulta obvio que el decreto es una norma reglamentaria que encuentra conformidad de rango normativo en tanto que es desarrollo de esa ley orgánica que pretende ser sustituida por el ministerio. No puede, por tanto, aunque esa sea la pretensión, avanzarse en el desarrollo reglamentario de una ley non nata. No puede arrogarse el Ejecutivo funciones de legislador, ni ordinario ni orgánico. Si la ley orgánica en tramitación va a ser un calco de la Ley 6/2001, ¿para qué una nueva ley orgánica, que además rechaza toda la comunidad universitaria? Sabemos y padecemos que el Gobierno está ávido por ejercer los tres poderes del Estado y que le gustan los atajos. Al doctor Castells se le ha escapado en distintas ocasiones lo garantista y largo que es nuestro sistema para cambiar las normas. ¿Recuerda lo que nos dijo en la Comisión? "Somos el régimen más garantista que yo conozco de todos los regímenes europeos, y eso está en contradicción con la velocidad. Yo quisiera hacer las cosas más deprisa, pero ustedes y la legislación que nos sujeta a ustedes nos para'. Es así, y siempre nos ha dejado ver esta impaciencia. 'Hay un compromiso programático del Gobierno y los compromisos se cumplen, no se discuten'. ¿Cómo vamos a consensuar, señor ministro, si no discutimos intelectual y políticamente hablando? Señor ministro, cuando de normas se trata, no se puede trabajar embarullada mente. Estamos en un Estado de derecho y, por tanto, no podemos ignorarlo porque lo consideremos una barrera a las conveniencias programáticas. Y si nos referimos al objeto y sujeto de estas reformas, la universidad no puede estar sometida a continuos vaivenes; tampoco los universitarios ni ningún ciudadano. Hoy los grados son de cuatro años o de cinco; mañana de cinco, de cuatro, de tres; luego, de cuatro. Hoy hacemos una ley, pero luego la terminamos con un grupo de trabajo, una orden. Este caos no es lo que va a dejar de sancionar a las universidades, no las va a hacer ágiles, competitivas, no va a incrementar su calidad ni su internacionalización. También le ha dicho el Consejo de Estado que incluir ciertos requisitos no garantiza mayor calidad de las universidades o que no tenga consecuencias económicas. Una ley no hace mejores universidades, pero un caos normativo debilita y puede colapsar todo el sistema. Gobernar es decidir, sin duda, y esa decisión es responsabilidad del que gobierna, pero elegir mal las prioridades puede tener consecuencias irreparables. Por eso en democracia el Parlamento ha de actuar como control al Gobierno,y de ahí nuestra enmienda. Es nuestro control, es nuestra responsabilidad. Señorías, señor ministro, las universidades intentan, como tantos españoles, levantarse después de esta crisis, ayudar a que se levante el país, a dar un empujón a la ciencia y que sea motor de progreso, pero embarcarse al mismo tiempo en esta caótica transformación de su régimen jurídico no es el camino. ¿Por qué una norma tan delicada como está no la ha sometido al informe del Consejo de Estado? ¿Quizá porque no le gustaron los otros dos dictámenes? Comenzaba refiriéndome a una sorprendente e inquietante manifestación de la exposición de motivos, pero también se traslada al artículo 1 cuando dice que esta ley tiene por objeto establecer las bases de convivencia en el ámbito universitario. En mi grupo entendemos que este no es ni puede ser el objeto de la ley - ni de ninguna otra, me atrevería a decir -, porque el modelo de convivencia se fija en la Constitución. No hay nada que reformular entonces. Cosa distinta es el diseño de instrumentos, es ahí donde encuentra justificación la redacción de la norma. Por eso, a diferencia del otro grupo enmendante, estamos de acuerdo con los gestores y con el ministerio, pero no en la oportunidad, no en el momento, no en la confusión, y sin necesidad, por tanto, de multiplicar las normas. Fíjese que el propio proyecto desde el principio tiene que vincularse a la LOU, a su artículo 46. Mañana, si usted sigue con su empeño, este artículo y esa ley no existirán. ¿Y entonces? Ustedes mismos están diciendo que no es el momento, no es el orden lógico, no es entendible, salvo que no deroguen la ley, que quizá sea el mejor remedio. En esta ocasión, señor ministro, el orden de factores sí altera el producto. Nos preocupa que reformular el modelo signifique arrinconar y denigrar al que piensa distinto, tratar de forma diferente a los que defienden posiciones críticas, abandonar criterios de excelencia académica, de rigor intelectual, de mérito, por arbitrariedad, buenisimo y lo políticamente correcto. Nos preocupa que se quiera sustituir el espacio de libertad de la universidad española por las listas negras, la denuncia anónima, la ruptura del principio de igualdad o la ausencia de garantías para algunos. Por eso pedimos que se retire, pedimos que se siga el orden lógico. Todo el marco normativo está abierto. Dejemos abierto el marco normativo, no lo compliquemos, demos seguridad jurídica, demos certeza.
Señoría, debe finalizar.
El Tribunal Constitucional nos ha dicho que este Parlamento es el que controla al Gobierno, y, sin embargo, el Gobierno está queriendo silenciar al Parlamento. Esta es nuestra posición. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro de Universidades. Responderé con mi voto la enmienda del Grupo Popular que promueve la devolución al Gobierno del proyecto de ley de convivencia universitaria. Preparando esta intervención repasé, señor Castells, recientes comparecencias suyas y entrevistas en medios de comunicación, y, para llevar más de año y medio en el cargo, tal parece que nos traiga usted a trompicones sus proyectos legislativos. En este sentido, resulta pertinente hacer referencia al anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, LOS, que viene movidito o con severos riesgos de ser bastante removido. Parecería más razonable que el Gobierno hubiese invertido el orden de presentación e iniciara la tramitación de la LOSU antes que esta ley de convivencia universitaria que debatimos hoy, cuyo desarrollo y, sobre todo, su implementación van a quedar al arbitrio de la universidad por aquello de la autonomía que consagra la Constitución española en su artículo 27.10. Por lo tanto, dado el carácter orgánico de la LOSU, comparto con el grupo enmendante que debería haberse tramitado antes que esta ley convivencial, tal y como acaba de justificar muy solventemente la diputada señora Moro Almaraz, porque el Gobierno avoca a la inseguridad jurídica. Me temo, señor Castells, que le han podido las prisas o las ganas por dar al fin algún sentido al escaño azul que usted ocupa. Señorías, no quisiera finalizar sin señalar que resulta paradójico que Unidas Podemos, el partido que ha hecho de los escraches y las broncas en el ámbito universitario una de sus señas de identidad, se reinvente como promotor de la convivencia. Celebro mucho tal conversión; a ver si cunden las buenas intenciones que, en todo caso, llegarán tarde para los jóvenes que hace unos días en el campus de la Autónoma de Barcelona fueron objeto de ataques y agresiones por defender nuestra Constitución. Mi admiración por ellos, mi desprecio por quienes dan cobertura a la violencia. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que hoy me voy a alegrar de que no haya más miembros del Gobierno para así tener claro quién es el ministro de Universidades, porque es verdad que no se le ve mucho por la casa de la soberanía nacional. [[Aplausos]] En todo caso, la verdad es que es curioso que se venga aquí a hablar de convivencia en estos días, y ya lo han dicho mis compañeros, pero es que usted trae aquí una ley y hay ejemplos claros. Lo primero que hay que decir es que Esquerra ha retiradola enmienda a la totalidad. Entiendo que si ha retirado la enmienda a la totalidad es porque va a haber un acuerdo con ustedes; con lo cual, todo es susceptible de empeorar seguro, porque si han llegado a un acuerdo con Esquerra en este tema, mejor esto no va a ir. [[Aplausos]] Pero es que además el otro día - y lo han dicho otros - en la Universidad Autónoma de Barcelona van unos chavales, los jóvenes de S'ha Acabat!, que quieren explicar lo que es la Constitución, lo que piensan ellos,lo que sienten ellos, y se les apalea, se les echa, se les expulsa. ¿Y qué dice el ministro de Universidades? Nada, no dice nada. Entonces, ¿cómo nos va a vender una ley de convivencia si es incapaz de decir algo ante ese ataque? ¿De qué estamos hablando entonces? Eso sí, no sé si ayer o la semana que viene, invitado por los jóvenes de Esquerra, va a ir Junqueras. Y entonces, ¿alabanzas? Eso sí es convivencia. [[Aplausos]] Así pues, estamos en lo de siempre, si vamos unos, fascistas, si van otros, habrá que encenderles la luz del rectorado. Hombre, es que ustedes no son los más indicados para presentar ninguna ley de convivencia, porque ustedes lo que están haciendo es señalar a los demás; allá donde van unos chavales a defenderla Constitución los apalean, y cuando van aquellos que han sido unos delincuentes les encienden las luces principales de la universidad para darles cobertura. ¡Así no se puede! Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
Gracias, presidente. Ministro, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular, pero sobre el texto que presenta el ministerio también tenemos algunas observaciones críticas. Por un lado, nosotros compartimos cien por cien que hay que acabarcon prácticas de acoso sexual, como se ha comentado, las novatadas o el plagio, esto por supuesto que debe erradicarse. Pero lo que sí se nos presenta como una advertencia es que, queriendo sancionar estos comportamientos deleznables que sí que existen en la universidad, se esté persiguiendo también la movilización estudiantil, porque son cosas absolutamente distintas; una cosa son acciones que atentan a los derechos o a la dignidad de las personas y la otra son acciones propias de las movilizaciones sociales, de plataformas o de sindicatos, que también se practican fuera de las universidades, ya sean manifestaciones, pintadas de murales, encerrarse en la facultad o los piquetes informativos. No va a ser esta la legislatura en la que se han despenalizado los piquetes de huelga a través de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y, sin embargo, se sancionen los piquetes de huelga estudiantil. Ciertamente, en las universidades catalanas hay un potente movimiento estudiantil que, curso tras curso, se moviliza por cuestiones sociales y también nacionales, contra la subida de tasas, por la bajada de precios, contra las privatizaciones y en contra de que el catalán siga perdiendo terreno también en la universidad; y eso la derecha españolista lo sabe y se trata ahora de construir una imagen demonizada de nuestras universidades. Primero lo hicieron con las escuelas, que las pintaron como una suerte de templos de misas negras donde se lava el cerebro a los niños, y ahora son las universidades, donde lo que hay también es un potente movimiento estudiantil, insisto, que se ha movilizado incluso con algunas victorias - y eso cuesta mucho - como fue la bajada de tasas del 30 %. Entonces, en nuestras universidades lo que no queremos es que este reglamento se pueda usar como un arma de doble filo, que también sea instrumentalizado precisamente contra lo que dice prevenir su reforma, para disciplinar el movimiento estudiantil. En este caso, nosotros no compartiremos esta reforma que se nos propone. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Ministro, buenos días. Bienvenido a esta Cámara. Señora Moro, buenos días. En el Grupo Vasco no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular, desde el máximo respeto que me merecen todas y cada una de las diputadas y de los diputados de esta Cámara por lo que representamos, pero en su caso en particular desde el máximo respeto que me merece por mérito propio, porque creo que hace un buen trabajo en la Comisión y defiende bien sus posiciones. Usted decía que presentaban la enmienda a la totalidad por una cuestión de razones de oportunidad. Cierto, yo creo que lo que les motiva a presentar esta enmienda a la totalidad como grupo de la oposición y como portavoz que es usted del Partido Popular en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, es una cuestión de oportunidad política y obedece fundamentalmente a la motivación de propinar un kokotea, como diríamos en euskera, al Gobierno; de propinar un contundente revés en forma de devolución del texto del proyecto de ley al Gobierno sin más, sin entrar en cuestiones de fondo y de forma. Porque comparto por completo, y creo que usted también, la reflexión que hacía el ministro de que este texto de proyecto de ley llega cuatro décadas tarde. No es razonable que, en cuanto a forma, argumentemos que no es el momento, porque durante cuarenta años no ha sido el momento y ya va siendo hora de que afrontemos este cambio de paradigma, que creo que es muy importante, que representa el proyecto de ley. Cambiar de hablar de disciplina a hablar ahora de convivencia, incluyendo además esa fórmula de mediación que nos propone el texto del proyecto de ley, nos parece un avance significativo y una línea en la que tenemos que trabajar. En cuanto al texto de la ley compartimos, como decía, ese cambio de paradigma, pero desde nuestro ámbito competencial. Lo que sí que nos gustaría es que en este trámite parlamentario que va a continuar en cuanto al tratamiento de las enmiendas parciales, el proyecto de ley vaya reduciéndose lo máximo posible, de forma que se reduzca a regular aquellos aspectos de principios básicos que sean lo mínimo necesario para que, después, otros ámbitos competenciales - como las comunidades autónomas en aquello que les toque o las propias universidades, como usted decía, con su capacidad de desarrollo reglamentario y sus propios reglamentos, en el ejercicio de esa capacidad de autonomía universitaria - lo puedan desarrollar adecuándose a su realidad. En eso es en lo que nosotros vamos a hacer un esfuerzo, en que pueda reducirse, y tendremos oportunidad de ir hablando sobre el fondo de la ley en la Comisión correspondiente. Por tanto, nuestro voto será contrario a la enmienda a la totalidad. Gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Señora Moro, déjeme decirle que nosotros creemos necesario de verdad que en el trámite parlamentario los diferentes grupos se posicionan ante lo que hoy es un hecho objetivo a la vista de todos: la universidad en España, y sobre todo en alguna zona de España, está en grave riesgo de perder su esencia como lugar de encuentro y de debate, de confrontación por la palabra de ideas y de construcción de proyectos comunes desde la diversidad. Nosotrossí estamos por presentar enmiendas parciales a este proyecto - sabemos y ya saben ustedes también por dónde van a ir -, pero desde luego el Gobierno puede olvidarse de cualquier apoyo si pretende agradar a socios separatistas para satisfacer esosimpulsos de que las universidades sean un lugar de impunidad al señalamiento nacionalista. Queremos debatir qué modelo universitario queremos, sobre todo en materia de convivencia universitaria, porque es la convicción de Ciudadanos de que si vamosa regular la convivencia de los estudiantes españoles, demasiados ejemplos tenemos ya de falta de diálogo para cerrar una vez más la puerta a eso que debe hacerse aquí, en el Congreso, pero también en las aulas y en los campus: hablar, hablar y hablar. Señor ministro, tiene una pregunta presentada por este diputado que podía haber aprovechado hoy para responder. Le preguntaba si condenaba la agresión a la carpa vandalizada de la asociación S'ha Acabat! El pasado 6 de septiembre en el campus de la Autónoma. Creo que ha perdido una oportunidad, hoy mejor que nunca, para condenar esos hechos, algo que ni usted ni el Gobierno han hecho. Vamos a la cuestión que nos ocupa, porque hoy viene aquí una enmienda a la totalidad sobre una ley de la que poco o nada esperamos de este Gobierno, que se inhibe ante constantes episodios de señalamiento y acoso en la universidad pública. Por si alguien todavía está despistado en esta Cámara y no sabe de lo que estamos hablando, les haremos un pequeño repaso. En 2014, la Universidad de Girona intentó retirar el título de doctora honoris causa a doña Encarnación Roca porque era magistrada del Tribunal Constitucional pero, claro, se permitía que ilustres separatistas impartieran charlas. Esto ha pasado en la universidad española. Imagínense ustedes si alguien hubiera planteado que a don Pablo Iglesias se le quitara el doctorado por pertenecer a Podemos. En 2018, en la Universidad de Barcelona, un grupo de radicales separatistas acompañados por Arran - entidad afín a la CUP - boicotearon un homenaje a Cervantes porque era un peligroso fascista, antes de que existiera el fascismo. En 2018, en la Autónoma de Barcelona, la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana tiene que pleitear ante los tribunales para poder inscribirse como colectivo en la Autónoma. ¿Qué decía la universidad? Que esa entidad perjudicaba la imagen de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2019, en la Universidad del País Vasco, se acoge la charla de un etarra condenado por dos asesinatos. En 2021, en la Universidad de Barcelona, el claustro de la facultad llamafascista y colono al catedrático García Manrique por negarse a suscribir un panfleto separatista. Hace solo dos semanas - como he dicho -, los totalitarios separatistas en la Autónoma de Barcelona atacan en una carpa de los jóvenes constitucionalistas S'ha Acabat! y ¿qué dice el rectorado? Que los partidos que lo denunciamos instrumentalizan el campus. Pero es que hoy, 21 de octubre de 2021, hoy mismo, Oriol Junqueras, condenado por sedición, da tranquilamente y sin ningún problema una charla en la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Y, así, quieren ustedes que hablemos de verdad de convivencia en la universidad española. Quizá, estos episodios hayan pasado desapercibidos, pero sería interesante que contestara a la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si quienes fueran agredidos en una universidad española fueran separatistas catalanes? Eso ya habría pasado por este Congreso sin ninguna duda. Hoy, solo debatimos la enmienda a la totalidad del Partido Popular, no la enmienda presentada por Esquerra, que, por sorpresa, ha sido retirada, seguro que por algún tipo de acuerdo con el Gobierno, lo cual nos preocupa; porque si nos preocupaba la propia enmienda de Esquerra Republicana, nos preocupa mucho más que ahora haya un acuerdo entre Gobierno y Esquerra, porque dudamos de que Esquerra vaya a renunciar a tener unos campus universitarios a la medida de sus pretensiones separatistas. Si ese acuerdo es al final el que nos llega, solo tendrá un objetivo: dar carta de naturaleza y legitimidad a la barbaridad que se vive en los campus universitarios catalanes, que se pueda coaccionar, amenazar, insultar, agredir y expulsar del campus a todo aquel que no tenga la misma idea totalitaria de los agresores y, sobre todo, utilizar la violencia como un fin para alcanzar esos fines. Nos preocupa - claro que sí - lo que pasó el 6 de septiembre en la Autónoma de Barcelona, cuando esa carpa de S'ha Acabat! fue vandalizada; cuando hasta un catedrático fue arrastrado por la turba violenta. Siempre que se acose a alguien en un campus universitario, los liberales seremos los primeros en denunciarlo y en estar allí para apoyarlo. Pero, lo que más nos preocupa no es que los totalitarios hagan de totalitarios, porque al fin y al cabo es lo suyo, nos preocupa que los supuestos árbitros tomen partido por esos totalitarios. Esto es lo que está pasando en muchos campus, como pasó en la Autónoma de Barcelona hace dos semanas, y, desgraciadamente, no es la primera vez que estos actos delictivos - porque son actos delictivos - tienen lugar, ante la absoluta pasividad de quien tiene la obligación y responsabilidad de evitarlos: los rectores y los consejos de gobierno de las universidades. Y digo más, no es un caso de pasividad; es una muestra de total connivencia con los violentos, a la vista, además, de la prueba que tenemos en los comunicados posteriores, en los que no se lee ni una sola palabra de agresión, de los agresores, de quienes han sido los verdaderos agredidos. Lo que pretende el nacionalismo, apoyándose en el Gobierno y seguramente en ese pacto que tienen ustedes ya cerrado, es que dejemos en manos casi de los lobos el cuidado de las ovejas. Nos plantea que sea cada universidad - y, además, hoy también ya se ha anunciado - la que pueda establecer el conjunto de derechos y deberes de sus estudiantes. ¿Qué van a pretender ustedes con ello? Fácil, que las universidades catalanas no se rijan por un estatuto de derechos y deberes único, como en el resto de las universidades españolas. Esa es la meta, que en Cataluña solo vayan tranquilos a la universidad quienes se identifiquen con el separatismo y que la violencia sea un argumento para discriminar. Señor Castells, ya se lo hemos dicho desde Ciudadanos, no tendrá nuestro apoyo si no consiguen que, de verdad, la ley de convivencia universitaria sea eso, de convivencia universitaria, en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes en Cataluña y en toda España. Muchas gracias [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Señor ministro, el BNG comparte el objetivo de preservar y mejorar en lo posible la convivencia universitaria, pero no los mecanismos con los que el Gobierno pretende hacerlo. Como ya es lamentablemente habitual, estamos ante otra norma estatal que no respeta los marcos competenciales, en este caso la autonomía universitaria. Esto es así, entre otras cosas, por desarrollar pormenorizadamente una normativa reguladora a la que, además, se le otorga el carácter de básica. La pregunta es si esta ley es realmente necesaria porque, más allá de la existencia de un decreto del año 1954 aún no formalmente derogado y entendemos que es necesario hacerlo cuanto antes, existen ya, de hecho, en muchos casos regulaciones de los propios centros universitarios. Estamos de acuerdo con el criterio que expresaba la enmienda a la totalidad que había presentado Esquerra Republicana de Catalunya de que existe soporte jurídico en el que dar acomodo y cobertura legal a las actuales regulaciones propias de los centros o a aquellas que pudieren establecerse. Nos preocupa, además del proyecto de ley, que en el desarrollo de la normativa disciplinaria se pudiesen entender coartados derechos esenciales como el de manifestación oel de huelga. En todo caso, entendemos que la retirada de la enmienda presentada por Esquerra Republicana, que el BNG votaría favorablemente, debe estar motivada por la existencia de un acuerdo que previsiblemente afecte a los aspectos a los que he hecho referencia y que analizaremos cuando se formalice, como es lógico. En consecuencia, y sin prejuzgar cuál acabará siendo la posición final del BNG en relación con una norma que, como digo, no compartimos en muchos aspectos, vamos a esperar a ver el resultado del debate de las enmiendas y no votaremos a favor de la enmienda del Partido Popular. Obrigado.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Bon dia, señor ministro, doctor Castells, presidente, señorías. Muchas gracias. Ministro, sabe que nosotros hemos sido duros o críticos con su ministerio cuando creíamos que no se estaban haciendo bien las cosas o que no se estaban haciendo, pero hoy quiero empezar, porque me parece de justicia, felicitándolo y agradeciéndole que su ministerio nos presente este texto. Creemos que es necesario - después de más de cuarenta años de democracia, después de que ni la alternancia ideológica de los Gobiernos durante estos años haya sido capaz - actualizar una norma que lleva vigente demasiado tiempo. Por lo cual, empiezo por felicitar y por decirle que nos gustará discutir, durante la tramitación del texto, algunas cuestiones que no compartimos vinculadas, sobre todo, a las sanciones y a la elaboración de determinados reglamentos que no terminamos de ver del todo claro. Vamos a discutir y queremos discutirlo dentro del marco de enmiendas que nos va a ofrecer la tramitación parlamentaria. Hoy, ministro, no estamos aquí para hablar de su iniciativa, sino para hablar de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, defendida hoy aquí por la señora Moro. Señora Moro, alguna de las cosas que usted ha defendido desde la tribuna en su intervención las comparto, como por ejemplo la preocupación por la expansión del virus de lo políticamente correcto que arrasa en universidades americanas y en otras del mundo, también en esta casa pasa un poco, pero sobre todo en universidades americanas. Pero junto a ese virus hay otro virus que a mí me preocupa más y es el virus del no a todo. Esto es algo que empieza a afectar a su partido de una forma ya preocupante desde hace unos meses y que consiste en decir que no de forma sistemática a todas las iniciativas que llegan a esta Cámara sin presentar una alternativa. El mismo artículo 110 del Reglamento que le permite a usted presentar una enmienda a la totalidad o una enmienda de devolución, le permite a usted presentar un texto alternativo. Digo yo que si usted está en contra de lo que propone el ministro y está en contra de lo que dice la ley de 1954, podía presentarnos cuál es su propuesta, cuál es su vía intermedia, para que podamos discutirla. Pero, lejos de eso, lo que hacen ustedes es venir aquí a criticar el texto del Gobierno, a defender - en su lógica - que desde el año 2006 todos los males de este país vienen siempre de Cataluña, de las universidades catalanas. Ya lo ha dicho usted,lo ha dicho Ciudadanos, imagino que lo dirá VOX en unos minutos y vamos a tener que aguantar, una vez más, como desde esta tribuna se ataca de forma sistemática a las universidades catalanas, a las escuelas catalanas, a la llengua catalana y a la cultura catalana. Sí, señoría, tiene usted razón en una cosa: hay problemas con radicales en universidades catalanas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que quien le habla también ha tenido que salir corriendo de una universidad catalana por no ser de extrema izquierda.
Señoría, debe finalizar, por favor.
Y ha sido expulsado de una universidad catalana por juventudes de partidos políticos que tienen representación en esta Cámara, señoría.
Señoría, termine, por favor.
Voy terminando, presidente.
No, no, no vaya terminando, debe terminar, por favor.
Y no es un problema ni de Cataluña ni del independentismo, lo que hay es un problema con radicales que hay que corregir...
Muchísimas gracias, ha terminado su tiempo. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
Bon dia. Gràcies, senyor president. Buenos días. Bon dia, señor ministro, doctor Castells. Nosotros no apoyaremos la enmienda a la totalidad del PP porque difícilmente podemos estar de acuerdo con el modelo universitario que propone un partido que no tiene escrúpulos en utilizar las universidades para perseguir la lengua catalana para aumentar la represión política contra la disidencia y el independentismo, utilizando los campos universitarios con fines políticos. [[La señora Moro Almaraz hace signos negativos]] Hace semanas tuvimos un ejemplo de ello - sí, señora Moro - y lo interpretamos de forma totalmente distinta. Señorías, dejen su fijación por los campus de las universidades catalanas, abran sus mentes. Ustedes, con sus discursos sí que perjudican la convivencia; perjudican la convivencia universitaria y perjudican la convivencia en general. En relación con el proyecto de ley que se ha presentado, para nosotros un país que dice tener la democracia consolidada, derogar una ley en 2021 que es una ley de 1954, sobre la que existen dudas de constitucionalidad, no está mal. Usted lo ha dicho, señor ministro, llega con cuatro décadas de retraso. En eso le damos toda la razón y coincidimos completamente en que era necesaria esta derogación. Es una norma que fue adoptada en un contexto de represión contra la disidencia política y social, bajo el título de disciplina académica, para controlar el orden público de las universidades, algo que realmente ahora ya no es necesario. En las universidades se debe permitir que el movimiento estudiantil pueda expresarse libremente. Se debe permitir que las universidades sean un foro de debate, de confrontación de ideas. Eso son las universidades. Lo que pasa es que en la exposición de motivos se dice que la derogación sin más del reglamento generaría un vacío normativo. Esto no lo compartimos porque consideramos que las universidades deben poder autorregularse, debe prevalecer la autonomía universitaria. La propuesta de ley que se nos ha planteado no es una ley de bases, desde nuestro punto de vista, sino que es muy detallista. En ella se habla de que las universidades deberán satisfacer, deberán incluir, deberán incorporar. Desde nuestro punto de vista, es necesaria la reforma, es necesario que se establezcan unos mínimos, una ley de mínimos, no una ley tan detallista. Por esto, nosotros presentaremos enmiendas que esperamos que sean atendidas. Todas ellas irán, evidentemente, en la línea de incidir en el respeto a la autonomía universitaria y en el respeto a los derechos de los estudiantes.
Señoría, debe terminar.
En Junts per Catalunya estamos abiertos a negociar todas las enmiendas. Muchas gracias.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor
Buenos días, señorías. Estamos en 2021. Hemos esperado cuarenta y seis años desde el fin del franquismo para derogar este decreto franquista. Han pasado sesenta y siete años desde que se decretó el Reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica. Ello demuestra las dificultades que tiene este Estado con la memoria histórica. ¡Luego se sorprenden algunos de que hagamos enmiendas a la totalidad! Estamos hablando de un decreto que establece como falta las manifestaciones contra la religión y moral católicas y contra los principios e instituciones del Estado. Es un decreto que también establece como falta la no asistencia a clase cuando tenga carácter colectivo, es decir, las huelgas. Durante estos cuarenta y seis años las universidades, que tienen autonomía universitaria para establecer sus propias normas de convivencia, se han visto obligadas a desarrollar estas normas de convivencia sobre la base de un marco legal franquista. [[Rumores]] En ese sentido, los que se han ido intercambiando en los Gobiernos estatales deberían dar explicaciones sobre por qué esta derogación llega tan tarde. También los del Grupo Parlamentario Popular, que hoy presentan una enmienda a la totalidad de devolución. [[Rumores]] Desde nuestro grupo parlamentario, como saben, presentamos una enmienda a la totalidad para así blindar la autonomía universitaria, tal y como establece la Ley Orgánica de Universidades, y los derechos de movilización estudiantil. Estos son los principios que nos han guiado en todo momento, también en la negociación. Finalmente, hemos retirado la enmienda a la totalidad tras llegar a un acuerdo firmado con el Ministerio de Universidades, con el Partido Socialista y con Unidad Podemos. [[Rumores]]
Señora Rosique, un segundo, por favor. [[Rumores]] Ruego silencio, por favor. Gracias. Continúe.
Gracias. Es un acuerdo que cambia sustancialmente el texto y que deroga el decreto franquista, promoviendo un mecanismo alternativo de mediación y su afectación para toda la comunidad universitaria, blindando - esta vez sí - la autonomía universitaria,permitiendo a las universidades su propio desarrollo normativo y los derechos de movilización del estudiantado, y estableciendo que el derecho de reunión, asociación, manifestación y huelga está garantizado siempre, porque es un principio superior que debe regir la convivencia universitaria. En este sentido, respondiendo a lo que comentaba antes el compañero de la CUP, que legítimamente criticaba que antes el texto podía permitir alguna vulneración de estos derechos, nuestro acuerdo resuelve la persecución de los piquetes y los murales. En Jovent Republicà y Esquerra Republicana estamos comprometidos con el movimiento estudiantil, que constituye sin duda uno de los pilares de la organización ciudadana y de la promoción del pensamiento crítico. Por ello, aprovecharemos cada ocasión que tengamos para defender sus derechos. Y también lo estamos con la defensa de la autonomía universitaria, que seguiremos defendiendo hasta la saciedad; y, como bien sabe el ministerio, la defendemos también en el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario. [[Rumores]] Sobre la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Popular, evidentemente, vamos a votar en contra, porque su enmienda supone un rechazo a la derogación del decreto franquista, lo que demuestra que sus vínculos con el franquismo son bastante irrompibles y que tienen un afán por competir con la extrema derecha que incluso se nota en cuestiones como esta. [[Rumores]]
Por favor, silencio.
Sobre la demagogia que ha ido saliendo por parte de la derecha en este debate acerca de las universidades catalanas, simplemente quiero decirles que no vamos a entrar en este tema porque ni siquiera conocen la realidad política de nuestro país. Sabemos que son expertos en potenciar chiringuitos desde Madrid - en eso sí - y no vamos a ayudarles a conseguirlo. Por cierto, la convivencia universitaria no se regula, se fomenta en todo caso. Simplemente,quiero decirles a las señorías del Grupo Parlamentario Popular que dejen de pretender disciplinar a los estudiantes como se hizo durante el franquismo. Si tanto dicen defender la libertad demuéstralo dejando su autoritarismo de lado. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
Gracias, presidente. Hoy debatimos en este Pleno, en la sede de la soberanía popular, un proyecto de ley que deroga al fin el Reglamento de disciplina académica de 1954, un decreto franquista que todavía regulaba la llamada disciplina estudiantil en nuestras universidades. La vigencia de este decreto de la dictadura era y es una anomalía democrática y, por eso, me parece una extraordinaria noticia que hoy vayamos a pasar página y deroguemos este decreto que avergonzaba a la comunidad universitaria y a todos los demócratas. Me gustaría, en primer lugar, agradecer al ministro Castells y a todo su equipo los importantes avances que están logrando para nuestro sistema universitario en medio de una pandemia inimaginable y en apenas dos años. Gracias, ministro, por la ampliación histórica del sistema de becas y por la bajada de las tasas universitarias; gracias por ponerle coto a esas universidades privadas que no cumplían con unos estándares mínimos de calidad; gracias también por las ayudas para fomentarla cualificación, especialmente por las ayudas Margarita Salas que tanta esperanza han devuelto a los jóvenes doctores, y ahora gracias por la derogación del Reglamento franquista de disciplina académica. Creo que nuestro sistema universitario se parece hoy mucho más a lo que debería ser la universidad española del siglo XXI y estamos seguros, ministro, de que aún quedan muchos avances por conquistar. Señorías, el Reglamento de disciplina académica que vamos a derogar tipifica como faltas las manifestaciones contra la moral católica, los hechos indecorosos o incluso actos que no llega siquiera a describir; y lo hace, como se dicho aquí,con sanciones desproporcionadas y sin ningún tipo de garantías para los estudiantes. Hoy debatimos un proyecto de ley que llega con más de cuatro décadas de retraso. Sin embargo, la razón principal de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular es que este no es el momento oportuno; es decir, que este proyecto de ley todavía llega pronto para ellos. Yo me pregunto cuánto tiempo más quieren esperar las señorías del Grupo Parlamentario Popular. No sé si cuarenta años les parece poco o si piensan, como los señores de VOX, que los Gobiernos de la dictadura eran mejores que los de la democracia y que, por tanto, hay que conservar su ordenamiento legal también en el ámbito universitario. [[La señora Moro Almaraz hace gestos negativos.-Aplausos]] Realmente, creo que hacen ustedes un ejercicio de contorsionismo político oponiéndose a una ley que democratiza el espacio universitario, porque su negativa significa, simple y llanamente, que siga rigiendo el reglamento del año 1954. Lo que sucede aquí es más sencillo que todas sus excusas. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes están en esta Cámara para obstaculizar y ralentizar todo lo posible los avances en derechos. Lo demostraron ya con su oposición al matrimonio igualitario y al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y hace muy poquito lo demostraron oponiéndose a la Ley para una muerte digna. En ese sentido, no nos sorprende tampoco que se opongan a consolidar derechos y garantías en el ámbito universitario. Llueve sobre mojado. Señorías de Grupo Parlamentario Popular, también he visto que en su enmienda a la totalidad hacen bandera de la lucha contra el fraude académico y no sé si se refieren al sistema este que montaron en la Universidad Rey Juan Carlos para regalar másteres a dirigentes del Partido Popular, pero, si me permiten, les voy a dar un consejo: no expongan de esa manera al señor Pablo Casado. [[Aplausos]] Volviendo al tema que nos ocupa, la ley de convivencia universitaria que debatimos extrema las garantías constitucionales, porque no basta con derogar una norma franquista, sino que vamos a tener una nueva norma que proporciona seguridad jurídica y plenas garantías democráticas para el estudiantado. En este sentido, esta ley da cumplimiento al principio de reserva de ley en materia sancionadora y, a su vez, es respetuosa con el principio de autonomía universitaria; o, lo que es lomismo, las universidades van a poder desarrollar sus propias normas de convivencia al mismo tiempo que se respetan los principios de legalidad y tipicidad. Además, frente a los enfoques autoritarios del pasado, esta ley viene a construir un sistema integral de convivencia universitaria, favorece el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, promueve mecanismos alternativos en la resolución de conflictos y también crea una comisión de convivencia paritaria entre todos los sectores de la comunidad universitaria. Señorías, es una excelente noticia que vayamos a derogar el Reglamento de disciplina académica de 1954. Hoy es un día para recordar a todos aquellos estudiantes que fueron injustamente expulsados de las universidades por las manifestaciones contra la LOU del Partido Popular y el llamado proceso de Bolonia. Sin la fuerza de ese movimiento universitario, la mercantilización de la enseñanza superior habría ido mucho más lejos y la universidad tendría de pública mucho menos de lo que tiene hoy. La universidad española tenía una deuda con todos ellos y hoy ha llegado el momento de saldar al menos una parte aboliendo el reglamento que permitió esos atropellos. También nos parece de justicia que en este debate los demócratas rindamos tributo a quienes en la universidad se jugaron el tipo para devolver la democracia a España. En este sentido, me gustaría animar desde esta tribuna a todas las instituciones competentes a impulsar y coordinar nuevas iniciativas institucionales que pongan en valor la memoria democrática de las universidades españolas y, muy especialmente, la memoria democrática del movimiento estudiantil. Porque la memoria democrática es la única herramienta que garantiza los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Hoy me parecía apropiado finalizar esta intervención con unas palabras del filósofo Manuel Sacristán, extraídas del 'Manifiesto por una universidad democrática', un manifiesto que fue leído con motivo de la histórica asamblea de los estudiantes de la Universidad de Barcelona del año 1966 que fue duramente reprimida por orden directa del dictador. Estos hechos pasaron a la historia como la llamada Capuchinada. Decía Sacristán, en aquel entonces, en aquellos tiempos oscuros: 'La universidad española debe evitar su conversión definitiva en un aparato oprimido que a su vez oprime las conciencias y emprender el camino que le permita llegar a ser el más alto reflejo de un pueblo tan plural como es el nuestro. La Universidad debe tomar en sus manos la causa de la libertad de la cultura e insertarla en el amplio horizonte de la lucha por la libertad en la sociedad española'. Hoy acabamos con uno de los últimos vestigios de esa universidad oprimida que a su vez oprimía conciencias. Sigamos construyendo la universidad pública con democracia y con memoria democrática. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. [[Aplausos]]
Señor presidente, señorías, señor ministro, señor Sánchez Serna, si el PP y VOX son franquistas por apelar aquí a una ley de 1954, ustedes también lo son, porque la Ley de desahucios y de expropiaciones del Estado de 1954 ustedes no la han puesto en duda. A ver si nos vamos aclarando. [[Aplausos]] Como ya ha sido dicho aquí, hace poco los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona agrupados en la asociación S'ha Acabat!, defensora de la Constitución y de la unidad nacional, fueron agredidos por cachorros independentistas,destrozando su carpa y demostrando una vez más que la izquierda española y el independentismo campan a sus anchas por la universidad, colocando sus carteles, realizando asambleas y todo tipo de actos en los que se ensalza esta ideología izquierdistatan moderna. ¿Y qué han hecho los responsables de la Universidad Autónoma de Barcelona? Pues, condenar no los actos violentos, sino la visita a ese acto de nuestro representante en Cataluña, Ignacio Garriga, y también del diputado Carlos Carrizosa de Ciudadanos. [[Aplausos]] Este no es un hecho aislado. Los escraches, las agresiones, la construcción de un clima de violencia contra todo disidente a la ideología independentista o izquierdista, las presiones sobre los docentes, que comprometen seriamente su libertad de cátedra y, en suma, toda la violencia que existe en la universidad es resultado de la acción de los grupos izquierdistas y supremacistas catalanes, vascos, gallegos, etcétera. Miren ustedes, el 84 % de la violencia política que se ejerce en España se ejerce contra los partidos constitucionalistas como VOX. Los escraches los sufren invariablemente los políticos o conferenciantes que se oponen a la ruptura de la unidad nacional. Es sobradamente conocido el sufrido por Rosa Díez en la Complutense en esa facultad que parece más una sede de Podemos que un centro de estudios, escrache donde tuvo una participación estelar el que fuera vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Con la ley Castells estos escraches se van a justificar como expresión de derechos fundamentales siempre que no haya violencia, dice, como si el escrache en sí mismo no fuese una forma intolerable de violencia. [[Aplausos]] Las señorías de los grupos independentistas y de la izquierda fundamentalista no quieren un plan de convivencia y respetuoso con todas las ideologías, sino una ley que les facilite la impunidad en su afán por convertir su ideología en obligatoria mediante el acoso y las agresiones; y en esto coinciden con sus señorías de izquierdas, impunes en su dominio de la propaganda y en la imposición de sus mantras ideológicos. En la enmienda a la totalidad retirada a última hora por las señorías de Esquerra Republicana - nos gustaría saber los motivos de esta retirada, pero no nos figuramos nada bueno -, hablan del pensamiento crítico y dicen que la universidad debe regular el pensamiento crítico, pero es que parece que el único pensamiento crítico que hay aquí es el que ejercen ustedes, porque a los demás no nos dejan ni siquiera criticar. Para ustedes solo es crítico aquel que defiende su disparatada y racista ideología supremacista antiespañola. Cuando sus señorías separatistas hablan de respeto a los valores esenciales de una sociedad democrática, en realidad están utilizando un mero formalismo, porque ocultan deliberadamente que esa sociedad a la que se refiere no es la española, sino la catalana o la vasca. Cuando hablan de respeto a las instituciones, no se refieren a las propias de la nación española, sino solamente a aquellas que constituyen la autonomía de Cataluña y que ustedes interpretan como un medio para lograr la secesión. Cuando hablan de respetar la legislación vigente, ese respeto sólo afecta precisamente a aquellas leyes autonómicas que ustedes interpretan como leyes propias de una nación inexistente. [[Aplausos]] Resulta revelador que, siendo la violencia política y el odio ideológico los factores más importantes de desestabilización de la convivencia en los recintos universitarios, volvamos una y otra vez a la victimización y colectivización de personas homosexuales estableciendo una especie de prioridad. Lo cierto es que no existen prácticamente denuncias por actos contra la integridad o el honor de estas personas, mientras que el odio político de la izquierda y del independentismo hacia VOX o hacia cualquier asociación estudiantil que discrepe de su ideología es constante. Si alguna violencia debe ser puesta en primer lugar es precisamente esta. En VOX condenamos todo acto violento contra cualquier persona, ya sea en razón de su orientación sexual, de su raza, de sus ideas políticas o de cualquier otra consideración. [[Aplausos]] La bancada separatista e izquierdista se ha autoerigido en defensora de los derechos LGTB, cuando en rigor sólo los están utilizando para su propaganda, para asociar una determinada orientación sexual a un conjunto más o menos definido de ideologías políticas de izquierdas, construyendo un gigantesco hombre de paja contra VOX. Respecto de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular con petición de devolución, tenemos que decir que nos convencen sus argumentos formales - que no voy a repetir - sobre la inseguridad jurídica. Coincidimos en que esta ley debería ser posterior a la ley orgánica que regule la universidad. Por eso, apoyaremos esta enmienda en su totalidad. Una ley de convivencia universitaria tiene que estar guiada por el principio del respeto por las diferentes ideologías políticas y debe proteger a priori a quienes, por su discrepancia con la izquierda o el separatismo, ven erosionada - cuando no destruida - su libertad para organizar actos académicos, como conferencias o manifestaciones de apoyo a la unidad nacional, precepto básico de nuestra Constitución que los grupos separatistas e izquierdistas atacan constantemente. La impunidad con la que cachorros separatistas, filoetarras o podemitas actúan en las distintas facultades, intimidando a quienes no piensan como ellos, imponiendo su pistolerismo, atacando la libertad de cátedra e impidiendo con sus barricadas que los estudiantes puedan asistir a clase, debe terminar. La universidad debe ser un centro de estudio, de preparación académica y formación intelectual y no un campo de experimentos políticos. Señorías de la izquierda fundamentalista y de la izquierda y derecha separatistas, ustedes ya lo saben; el señor Rufián lo sabe muy bien y lo dice cada vez que sube a la tribuna: VOX les va a ganar esta batalla. Cada vez son muchos más los jóvenes que se interesan por nuestras propuestas, jóvenes a quienes ustedes han condenado al paro, al ostracismo, a la drogadicción o a una vida miserable en la que no pueden formar una familia. Estos estudiantes son los tejidos más sanos de nuestra nación política, los jóvenes más activos y responsables, los que nos darán mucha más fuerza de la que ya tenemos.
Señoría, debe ir finalizando, por favor.
Voy terminando ya. Y les aseguro que no van a poder frenar este impulso regenerador orientado a devolver España a los españoles minimizando la fuerza de quienes quieren robar nuestra soberanía. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, como ya se ha dicho aquí y lo ha explicado muy bien el señor ministro, se mantiene vigente el Reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica dependientes del entonces Ministerio de Educación Nacional de 1954, es decir, que pretendemos sustituir una norma preconstitucional que ya sólo resulta aplicable al estudiantado y dar respuesta a una demanda de las universidades, pero también de nuestros jóvenes universitarios. Es una norma que, como usted sabe, señora Moro - lo hemos comentado muchas veces -, era necesario sustituir y ese fue el compromiso que el propio ministro alcanzó en Comisión al inicio de esta legislatura. No se puede decir que el Gobierno y su ministro de Universidades no escuchan, porque este es un buen ejemplo de ello, de cómo se atienden las demandas de la comunidad universitaria; y de la comunidad universitaria de todo el Estado, porque parece, a tenor de las intervenciones que hemos tenido hoy en el Pleno, que en el resto del Estado no hay universidades. ¡Tenemos cincuenta universidades públicas de mucha calidad y esta norma es para todas ellas! [[Aplausos]] Era necesaria una ley que sustituya el Reglamento de disciplina y el ministerio está dando cumplimiento a esta necesidad. Era fácil imaginar que un Gobierno progresista no iba a desarrollar una ley entendida únicamente como una norma disciplinaria con la misma filosofía que este reglamento preconstitucional, sino como una norma que apueste por una universidad basada en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y poniendo el foco del asunto en la prevención de conflictos, la mediación y la resolución pacífica de los mismos. Eso se llama diálogo-no sé si les suena, señores del Partido Popular -, diálogo, consenso, resolución de conflictos. Entiendo que les sorprenda viendo la actitud de su grupo parlamentario semana tras semana en este Pleno. He leído con atención su enmienda a la totalidad y me ha sorprendido bastante que afirman lo siguiente, que leo textualmente porque hay alguna cosa que no han contado aquí. Dice su enmienda textualmente: 'En esta materia no basta con el maquillaje de los términos amables [[convivencia, mediación y feminismo]]'. Los ponen entre paréntesis. ¿Términos amables? ¿Esa es la imagen que tienen ustedes de la convivencia o de la mediación? ¿Se han leído ustedes alguna investigación sobre mediación en la resolución de conflictos en cualquier ámbito o en el ámbito educativo? Más allá de las cuestiones jurídicas que usted nos esgrime aquí, esta frase textual de su enmienda que acabo de leer es la que realmente nos permite ver la consideración que ustedes tienen sobre la convivencia y sobre la convivencia en el ámbito universitario en particular, ya que pretenden poner el foco en las sanciones y nosotros en la prevención, en la mediación y en el fomento de la convivencia. [[Aplausos]] La norma no puede tener solo un enfoque punitivo, porque, si no, no respondería a los valores propios del ámbito universitario. Pero más grave es aún que hagan referencia en su enmienda al feminismo como término de maquillaje. Todas las políticas del Gobierno y también las del Ministerio de Universidades aplican la perspectiva de género de forma transversal. Sobre esto ya hemos debatido en Comisión e incluso hemos llegado a algunos acuerdos con ustedes. Por eso, me sorprende que se refiere al feminismo como lo hacen en la enmienda. Cuando hablamos de reducir la brecha de género en la investigación y en las estructuras de gobernanza universitaria, cuando pretendemos fomentar la perspectiva de género en los planes de estudios universitarios, estamos poniendo en marcha medidas en favor de la igualdad, señora Moro. Esto no es maquillaje, son cambios estructurales. [[Aplausos]] Y esta ley no podía ser menos, no podía dar la espalda a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o a la protección integral contra la violencia de género. En su enmienda destaca también este párrafo que se refiere a la ley - y leo textual - como un texto que nació con una pretensión ideológica en el entramado del modelo educativo que ha elaborado el Gobierno desde la Lomlou. Vamos a recordar lo que dice la Lomlou en alguno de sus puntos sobre la convivencia. La ley habla de cultura democrática y establece para la educación universitaria la importancia de educar - y leo textualmente - 'para la convivencia, el respeto, la prevención deconflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda formade maltrato, abuso sexual, violencia, discriminación y reaccionar frente a ella'. La educación para la convivencia es un objetivo desde la Educación Infantil. ¿Por qué para ustedes esto es un entramado ideológico? Consulten las investigaciones sobre convivencia o mismamente los documentos del Consejo de Europa. No intenten hacer de la derogación del Reglamento de disciplina de 1954 el mismo uso que hacen de todas y cada una de las leyes que nos hacen avanzar en derechos, en democracia y en las que ustedes siempre plantean combates. Para ustedes la cultura democrática es un entramado ideológico. Les remito de nuevo a los documentos del Consejo de Europa, por ejemplo, el documento 'Convivir en pie de igualdad en sociedades democráticas culturalmente diversas', con recomendaciones europeas que lo que persiguen es educar en democracia y orientar en sus políticas educativas a los Estados miembros. Para ustedes es ideología y para nosotros son valores y cultura democrática. [[Aplausos]] La vigencia de esta norma preconstitucional saben que genera muchos problemas y el ministerio y el señor ministro trabajan en esta ley y en un amplio marco normativo muy necesario, pensando en el sistema universitario de manera integral. Los tiempos no son el problema. Además, saben que estamos trabajando en amplios cambios estructurales y también en revertir sus recortes. También hablan en su enmienda a la totalidad de un sistema tensionado por las crisis económicas. Eso es lo que estamos revirtiendo. ¿O se han olvidado de los jóvenes que tuvieron que dejar la universidad como consecuencia de sus políticas? [[Aplausos]] Nosotros no, y este Gobierno está trabajando en eso, en revertir sus recortes y en desplegar un amplio marco normativo. Esta ley de convivencia, a pesar de ustedes, continuará su trámite parlamentario. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchísimas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos a examinar los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000063 y 110/000066 a 110/000075. Los dictámenes se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para hoy. Sin más, procederemos a votar en tres minutos. [[Pausa]]
Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. Votamos la proposición no de ley del Grupo Euskal Herria Bildu, relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el escudo social. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Euskal Herria Bildu, Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 94 más 88 votos telemáticos, 182; en contra, 80 más 74 votos telemáticos, 154; abstenciones, 11 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑORA VEHÍ Y SEÑOR BOTRAN]], SOBRE LA RECUPERACIÓN PÚBLICA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. [[Número de expediente 162/000821]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Vehí y señor Botran, sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas. Votación separada por puntos. En primer lugar, votamos el punto 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 95 más 105 votos telemáticos, 200; en contra, 58 votos telemáticos; abstenciones, 79 más 10 votos telemáticos, 89.
En consecuencia, queda aprobado el punto 1. Votamos el punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 172 votos telemáticos, 346; a favor, 10 más 60 votos telemáticos, 70; en contra, 164 más 104 votos telemáticos, 268; abstenciones, 8 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazado el punto 2. Pasamos a votar el punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 10 más 52 votos telemáticos, 62; en contra, 164 más 111 votos telemáticos, 275; abstenciones, 10 votos telemáticos.
Queda rechazado el punto 3. Votamos el punto número 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 27 votos telemáticos; en contra, 174 más 142 votos telemáticos, 316; abstenciones, 4 votos telemáticos.
Queda rechazado el punto 4. Pasamos a votar el punto número 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 10 más 52 votos telemáticos, 62; en contra, 164 más 110 votos telemáticos, 274; abstenciones, 11 votos telemáticos.
Queda rechazado el punto 5. Pasamos a votar el punto número 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 29 votos telemáticos; en contra, 174 más 142 votos telemáticos, 316; abstenciones, 2 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazado el punto número 6.
Pasamos a votar las mociones consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el presidente del Gobierno. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 80 más 64 votos telemáticos, 144; en contra, 94 más 98 votos telemáticos, 192; abstenciones, 11 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE CÓMO SE HAN VISTO AFECTADAS LAS PRINCIPALES VARIABLES INCLUIDAS EN EL CUADRO MACROECONÓMICO POR LOS ÚLTIMOS DATOS CONOCIDOS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA COMPENSAR SU EFECTO EN NUESTRA ECONOMÍA. [[Número de expediente 173/000103]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique cómo se han visto afectadas las principales variables incluidas en el cuadro macroeconómico por los últimos datos conocidos, así como las medidas que piensa adoptar para compensar su efecto en nuestra economía. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 79 más 73 votos telemáticos, 152; en contra, 95 más 86 votos telemáticos, 181; abstenciones, 14 votos telemáticos.
En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
Pasamos al punto de convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 94 más 110 votos telemáticos, 204; abstenciones, 80 más 63 votos telemáticos, 143.
Por tanto, queda convalidado el real decreto-ley. [[Aplausos]] Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 174 más 167 votos telemáticos, 341; abstenciones, 6 votos telemáticos.
Por lo tanto, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Pasamos a los debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de convivencia universitaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comenzamos su votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 173 votos telemáticos, 347; a favor, 80 más 65 votos telemáticos, 145; en contra, 94 más 108 votos telemáticos, 202.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente 110/000063 y 110/000066, puntos del orden del día 28 y 29. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 170 votos telemáticos, 344; a favor, 164 más 121 votos telemáticos, 285; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 10 más 46 votos telemáticos, 56.
En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes. - ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ZAGREB EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. [[Número de expediente 110/000067]]
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Croacia para la protección mutua de la información clasificada, hecho en Zagreb el 15 de diciembre de 2020. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 173 más 170 votos telemáticos, 343; a favor, 173 más 139 votos telemáticos, 312; en contra, 6 votos telemáticos; abstenciones, 25 votos telemáticos.
En consecuencia, queda aprobado el dictamen. - ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR SOBRE EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID Y DOHA EL 30 DE MARZO DE 2021. [[Número de expediente 110/000070]]
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Estado de Qatar sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid y Doha el 30 de marzo de 2021. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 173 más 171 votos telemáticos, 344; a favor, 163 más 63 votos telemáticos, 226; en contra, 20 votos telemáticos; abstenciones, 10 más 88 votos telemáticos, 98.
En consecuencia, queda aprobado el dictamen. - CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA, HECHO EN MONTAUBAN EL 15 DE MARZO DE 2021. [[Número de expediente 110/000072]] - ENMIENDA PARA LA SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 124 DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, HECHA EN LA HAYA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. [[Número de expediente 110/000074]]
Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente 110/000072 y 110/000074, puntos del orden del día 35 y 37. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 170 votos telemáticos, 344; a favor, 174 más 161 votos telemáticos, 335; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 8 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes. - CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 2020 Y 23 DE FEBRERO DE 2021. [[Número de expediente 110/000068]] - DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. [[Número de expediente 110/000069]] - CONVENIO MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA SOCIEDAD, HECHO EN FARO EL 27 DE OCTUBRE DE 2005 Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. [[Número de expediente 110/000071]] - CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA [[REVISADO]], HECHO EN ROTTERDAM EL 30 DE ENERO DE 2017, ASÍ COMO DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. [[Número de expediente 110/000073]] - ADENDA AL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN SEVILLA EL 3 DE OCTUBRE DE 2011. [[Número de expediente 110/000075]]
Votación conjunta del resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente 110/000068, 110/000069, 110/000071, 110/000073 y110/000075, puntos del orden del día 31, 32, 34, 36 y 38. Comenzamos la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 174 más 170 votos telemáticos, 344; a favor, 174 más 143 votos telemáticos, 317; abstenciones, 27 votos telemáticos.
En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes. Se levanta la sesión. Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.