Se abre la sesión. Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas en materia de derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia. Para su presentación, nos acompañan esta tarde tres representantes del Parlament de Catalunya, a los que damos esta tarde la más calurosa bienvenida. En primer lugar, tiene la palabra doña Elena Ribera.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Quiero saludar también al señor Pié, president del Consell del Col·legi d'Advocats de Catalunya; a la representant de l'Associació de Juristes per la Llengua, la señora Carandel; a la secretaria general de Relacions amb l'Administració de Justícia, doña Maria Josep Feliu; y a la señora Bibiana Segura, asesora jurídica del conseller del Departament de Justícia, que hoy nos han querido acompañar en esta propuesta que presentamos. Es para mí un acto de responsabilidad formar parte de la terna catalana y defender la Resolución 846/2010 del Parlament de Catalunya por la que se acuerda presentar a la Mesa de este Congreso la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas en materia de derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia. La valoración como simple mérito del conocimiento del idioma propio de las comunidades autónomas que se contiene en la Ley Orgánica del Poder Judicial - artículos 110.2.h), 216 bis, 3.2.d), 431.2.f), 450.4-, no contribuye a garantizar el derecho efectivo a su uso. Esta garantía, a nuestro entender, solo quedaría avalada si jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y jurados populares conocen y dominan la lengua de manera efectiva; y si el conocimiento de la lengua y el derecho propio de las comunidades autónomas donde lo haya se exigiera como requisito imprescindible para proveer plazas en el territorio de la comunidad respectiva. El Gobierno catalán desde que tiene competencias en esta materia, señorías, ha tomado todas las medidas inimaginables en la defensa y fomento del catalán en la Administración de Justicia [[recursos económicos, formativos, publicitarios, de todo]]; pero, al contrario que en otros ámbitos de la Administración, la Administración de Justicia lamentablemente continúa siendo impermeable. Se trata además de una tendencia regresiva. En 2013 solo el 12,4 % de las sentencias se dictaron en catalán, y eso que el presupuesto global destinado a política lingüística fue superior a 93 millones de euros. El momento más positivo para nosotros fue 2004, casi el 21 % de las sentencias; lamentablemente iba aparejado a gratificaciones económicas. La propuesta que les presentamos hoy no es nueva. Así, con idéntico contenido o muy parecido se presentó ya en junio de 2004 a instancias del Parlament de Catalunya una proposición de modificación de la misma ley orgánica; en junio de 2013, una proposición de ley; en 2014, una proposición no de ley; y hace poco, en 2015, las enmiendas a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas estas iniciativas se han desestimado, no por falta de fundamentación jurídica - esto es lo más grave -, sino por falta de voluntad política. Por esto, señorías, hemos de continuar insistiendo, e insistimos. Venimos a pesar de que nos han avisado de que no nos iba a servir de nada, venimos con el encargo de una amplísima mayoría de los grupos del Parlamento catalán y con la advertencia también del Partido Popular de Cataluña de que aquí hay 186 diputados que van a ser determinantes para fijar no solo la posición del Grupo Popular, sino también la del Congreso de los Diputados. Venimos con el interrogante de la CUP, que también votó a favor de este proyecto: ¿Por qué hemos de ir a pedirles que nos dejen expresar en catalán cuando no nos dejan ser? Venimos, sí, a pesar de los pesares; a ver si esta vez tenemos más suerte en hacernos entender, lo estamos intentando. Hemos venido a decirles también que no sufran por si hemos perdido el seny, como he leído en algún 'Diario de Sesiones' anterior. No, no lo hemos perdido; no sufran. Es natural que un catalán hable en catalán y que quiera expresarse en su lengua, que es la propia de Cataluña - lo dice el estatut en su artículo 6-. Es natural que lo quiera hacer delante de un tribunal o en cualquier otro sitio y desee ser atendido en esta lengua; es natural que lo haga como ejercicio de su derecho de opción lingüística, porque lo establece el propio artículo 33 del estatut, o como manifestación del derecho a tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la Constitución. Sobre todo, señorías, es natural que quiera expresarse en su lengua, como una cuestión de sentirse reconocido en aquello que se es. Hemos venido también a recordarles, por si hiciera falta, que el Estatuto de Cataluña es una ley orgánica que ha salido de estas Cortes Generales, por tanto, de obligado cumplimiento para todos los españoles; que un Estado que es materialmente plurilingüístico y plurinacional tendría que proveer los medios y recursos y, sobre todo, la voluntad política necesaria para hacer que cualquier persona, hable la lengua que hable, que sea ciudadana de este Estado, con independencia de dónde esté, se pueda sentir plenamente reconocida en lo que es expresándose en la lengua oficial que elija. Hemos venido a plantear, con todo el respeto, que tengan en cuenta la riqueza que supone la diversidad lingüística. Hemos venido, finalmente, a decirles que nos parece muy bonito el ideal de la polis griega de ciudadanos, no de súbditos; y sobre todo que el respeto, la tolerancia y la comprensión, también en este terreno, alejarían el miedo y nos permitirían avanzar en una justicia justa, en mayúsculas, y valga la redundancia. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Gracias, señora Ribera. Doña Gema Calvet.
Gracias, presidente. Diputados y diputadas aquí presentes, queremos justicia para el catalán. Defenderemos esta propuesta hoy aquí pero no podemos ignorar el contexto al que nos han abocado. De entrada, esta propuesta viene del Parlament de Catalunya apoyada por una amplísima mayoría, y nosotros queremos que ustedes apoyen esta reforma. Para ello les planteo una pregunta: ¿En qué principios se fundamenta la justicia? Seguramente - creo que todos estaríamos de acuerdo -, la justicia se fundamenta en el respeto a las personas y a sus derechos. A los ciudadanos de Cataluña seguramente les sonará irónico que hoy yo aquí apele al respeto cuando estamos viviendo de parte de su mayoría absoluta - demasiado a menudo secundada por lo que deberían ser las fuerzas del progreso, no siempre - una actitud gravísima de menoscabo de nuestra lengua, a nuestra historia identitaria, a nuestro derecho a decidir, a nuestra capacidad de autogestionar nuestros recursos y, en definitiva, a nuestra democracia. Han traspasado ustedes todos los límites de aquellas virtudes aristotélicas de prudencia, justicia y bondad. ¿Con qué bondad o respeto nos tratan cuando hacen continuo uso de la persecución jurídica y del Tribunal Constitucional con criterios políticos minando incluso su prestigio y rigor? Desde el recurso contra el estatut, aprobado por cierto en este Congreso y por la ciudadanía, abrieron ustedes, señores del Grupo Popular, la brecha en la que ahora se han instalado; pero, como están viendo, nuestro sentido democrático y cívico, el de toda la ciudadanía de Cataluña, está superando cada vez con más fuerza, con movilizaciones, las convicciones en relación con el derecho a decidir. Nosotros vamos hacia delante y hoy aquí venimos a defender nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra justicia. Como decía Orwell, el error fundamental es pensar en términos de huida. Ustedes, como no creen en esta realidad que representamos, la niegan, están huyendo. Tenemos lengua propia, tenemos derecho propio, ambos antiguos y vigentes. Hoy nos toca exigirles que cumplan el mandato del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, que les insta a reconocer el catalán y el derecho propio de la justicia en Cataluña como requisito indispensable en términos de garantía. Un mérito no es suficiente. Tenemos que creer en los derechos que amparamos, por tanto el requisito es la garantía. Tenemos derecho a ser atendidos y entendidos en catalán, y hoy por hoy no se garantiza en los juzgados de nuestro país. Hace años que asociaciones y sociedad civil, aquí presentes, luchan por esta demanda y los esfuerzos han resultado infructuosos. ¿Saben cuál es la respuesta? En español o nada. Este no es un problema de los profesionales de la justicia sino de ustedes, que no creen en el respeto a la lengua y al derecho que conforma nuestra realidad. Cuando la filósofa española María Zambrano se preguntaba sobre el riesgo de abstenerse, decía: ¿Cuál ha sido la suerte del pensamiento en España? Abstenerse, quedarse quieto, no cambiar nada y al hacerlo tocar la traición y sobre todo la tradición. Superen el placer de la dominación. La nueva política se debería basar en la confianza en la democracia y en el valor de la fraternidad, que es respeto. Recordemos aquellas tres propuestas de las Cartas para el progreso de la humanidad, de Herder: la gran mujer de la paz, el peligro de los falsos intereses de Estado y el sentimiento de justicia hacia otras naciones. O nacionalidades, como quieran, pero existimos. El cambio permanente, señoras y señores, es un hecho democrático. Cataluña se pronunciará sobre su futuro político, acéptenlo; pero hoy aquí defendemos un derecho básico en la justicia: el principio de oralidad en la lengua propia, expresarse y ser escuchado y tratado en el valor de la palabra que significa el catalán. No hay justicia sin lengua propia. Hoy venimos a instarles a que aprueben esta reforma y a invitarles a que sirvan a la democracia y den una oportunidad a la justicia. [[Termina su intervención en catalán]] Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Calvet. Finalmente, como tercer representante del Parlament de Catalunya, tiene la palabra don Salvador Milà.
Gracias, señor presidente. [[Comienza su intervención en catalán]] Señorías, voy a completar las anteriores intervenciones. Lo que venimos a defender es de sentido común. Parece que es de sentido común que sea un requisito y no un simple mérito tener las habilidades necesarias para ejercer correctamente una función pública, administrar justicia en el ámbito de un territorio con lengua y derechos propios. De la misma forma que parece bastante natural que un médico deba acreditar conocimientos en anatomía, un relojero en esferas o un ingeniero en matemáticas, parece lógico que cuando un juez quiera ejercer en jurisdicciones especializadas [[mercantil, social, administrativa]] deba acreditar una cierta experiencia, conocimiento y formación en la especialidad de que se trate, sin que por ello se hable de discriminación entre jueces ni de ruptura de la unidad de la carrera judicial; también es natural y de sentido común que se pidan conocimientos - repito, conocimiento - y formación específica en la lengua propia del país donde se ha de administrar justicia, y más aún conocer las leyes propias de este territorio. Cataluña, también Euskadi, Galicia o Navarra, todas disponemos de un sistema jurídico propio, completo, específico y complejo, y no solo en el ámbito de especialidades del derecho civil sino también del administrativo. Por tanto, no estamos hablando de singularidades o especialidades regionales, sino de un sistema jurídico que hay que conocer de forma suficiente y aplicar correctamente. Quiero dejar claro desde aquí un reconocimiento explícito a la buena disposición de la mayoría de los jueces y magistrados que actúan en Cataluña, que tienen una actitud muy comprensiva respecto al tema. Señorías, cuando hablamos del ámbito del derecho no se trata de actitudes graciables, sino de que a todo derecho debe corresponder un deber. No basta con la buena voluntad, debe haber una buena formación. No se debe hablar tampoco de discriminación entre jueces, señorías. Pedir que un servidor público tenga que reunir las condiciones de conocimiento adecuadas nos lleva al ámbito de la tutela judicial efectiva y de la interdicción de la indefensión. Esta es la clave de lo que estamos hablando hoy, señorías. Una persona que ve afectados sus intereses personales, patrimoniales o familiares pueda dirigirse ante la justicia de la misma forma en que ha vivido y ha expresado su problemática tiene que ver con la tutela judicial efectiva. No hablemos de traductores ni de auxilios complementarios. ¿Nos van a tratar de extranjeros en nuestro propio país para que necesitemos traductores? No, señorías. Estamos hablando de que a todo derecho ciudadano corresponde un deber del servidor público. No comporta una simple imposición ni una ruptura sino una integración; de esto es de lo que hablamos. Lo mismo ocurre en cuanto a las garantías que los jueces tienen que aplicar. El reconocimiento de este 95 % de jueces de Cataluña requiere también que en este momento no tengamos apriorismos políticos. Señorías, quiero insistir en esto. Estamos evolucionando - es cierto - hacia un modelo de Estado más integrador; al menos, se trataría de que fuera un Estado más integrador que asumiese de una vez por todas lo que tiene escrito en los artículos del título preliminar de la Constitución, que es un país formado de nacionalidades y regiones que se respetan y donde la lengua que hablamos es oficial en su territorio. No es oficiosa, no es complementaria, no es una especificidad o una singularidad folclórica que hay que fomentar y mirar con cariño. Son tan oficiales el catalán en Cataluña, el euskera en Euskadi y el gallego en Galicia como el castellano en el conjunto del Estado, por tanto deben tener el mismo nivel de protección y de integración, como ocurre con nuestro derecho. Señorías, estamos en un momento especialmente delicado, y lo saben. Les pido que admitan a trámite esta proposición de ley del Parlament de Catalunya que es modesta en sus contenidos, simple, de sentido común y fácil de implementar. No estamos hablando de que se saquen ningún nivel de catalán los jueces que han de ejercer en Cataluña - o los de Euskadi o Galicia en sus respectivas lenguas -, sino simplemente de que adopten las medidas necesarias con el auxilio del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial para que tengan en pocos meses o semanas una cierta formación que les permita acceder a este ejercicio. Actuemos de una forma coherente con la Constitución. Sea cual sea la evolución de los acontecimientos, señorías, en el momento político que estamos viviendo en España y en Cataluña, creo que estarán de acuerdo con lo que el domingo pasado decía el rector de la Universidad de Lérida, don Roberto Fernández, en la contraportada del periódico El País. Señoras y señores diputados, no deberíamos enfocar el problema de Cataluña y España desde la óptica de una historia con vencedores y vencidos, con españolizados o no españolizados, sino desde la perspectiva de pueblos que pueden encontrar vías de entendimiento sobre la base del respeto de sus identidades. Lo constitutivo de España, señorías - esta es la Cámara que debería cuidar de ello -, es la pluralidad. Una España centralizadora, homogeneizadora, es una falacia que va contra cualquier idea de España. Señoras y señores diputados, esperamos de su buen criterio que tengan en consideración esta propuesta y podamos decir que no todas las corrientes van en sentido contrario a la historia y que, aunque sea en este pequeño ámbito de la justicia, también de aquí sale una señal positiva que será el principio de un cambio radical que este país necesita. Muchas gracias, señor presidente, y señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra la señora Fernández Davila.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento catalán, que nos traen una iniciativa que desde el Bloque Nacionalista Galego saludamos y, como expondré a continuación, la vamos a apoyar entusiastamente. Señorías, la Ley de Normalización Lingüística de Galicia de 1983 establece el derecho de la ciudadanía a ser atendida en galego en su relación con la Administración de Justicia. A pesar de los años transcurridos las ciudadanas y ciudadanos de Galicia no podemos ejercer este derecho por la escasa utilización de la lengua propia de nuestro país tanto por jueces y fiscales, como por secretarios judiciales o el resto de los profesionales de la judicatura, aunque el 80 % de estos profesionales sean de origen gallego. Recientemente se ha conmemorado el 30.º aniversario de la primera sentencia judicial en galego, pero solo el 5 % de las resoluciones judiciales en nuestro país está en nuestra lengua. De hecho, el hasta hace poco fiscal general de Galicia reconocía que la situación del galego en este ámbito es aún muy precaria y puede asegurarse que el derecho del ciudadano de recibir este servicio en su lengua de elección no está actualmente garantizado. Es más, asegura el exfiscal Varela que el principal problema del uso del gallego en la justicia deriva de la inhibición lingüística de los profesionales que renuncian a emplear esta opción comunicativa como lengua de trabajo ante los tribunales. Aunque es la Administración de Justicia de Galiza la directamente responsable de superar esta inercia que provoca la vulneración de un derecho reconocido legalmente, no es menor la responsabilidad de los Gobiernos central y autonómico, que no están haciendo nada para crear las condiciones para el cumplimiento de la ley, por ejemplo, señorías, dotar a los juzgados con los medios técnicos y humanos necesarios que permitan el uso normalizado de las lenguas propias de cada comunidad autónoma. Señorías, como ya he dicho, el BNG va a apoyar con entusiasmo esta proposición de ley orgánica que nos llega desde el Parlamento de Cataluña, porque estamos convencidas y convencidos de que cuando en la Ley del Poder Judicial se establezcan las medidas que en esta propuesta se contemplan se podrá contar con una judicatura cuyos profesionales no puedan buscar justificación en el desconocimiento de la lengua para que las personas que solicitan ser atendidas en la lengua propia así lo sean. Por lo tanto, señorías, vuelvo a decir que desde el Bloque Nacionalista Galego con entusiasmo, con mucho entusiasmo - aunque ya van cinco veces que lo digo -, vamos a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Fernández. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. [[Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Una salutació a les persones i entitats que son aquí, que fa anys i panys que defenseu la llengua catalana en l´àmbit de la justicia]] Señorías, hemos oído a los comisionados del Parlament de Catalunya demandar que la lengua catalana sea un requisito para jueces y magistrados que ejercen en Cataluña, y no solo un mérito, para garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar también el catalán en el sistema judicial y que el catalán, como lengua propia de Cataluña, también sea propia del sistema judicial. Ustedes ya conocían esta demanda, lejana y permanente en el tiempo, y permanente también su rechazo, el rechazo del Partido Socialista y del Partido Popular, al menos hasta el día de hoy - y doy fe de ello, puesto que he subido en muchas ocasiones a esta tribuna para defender esta propuesta -, pero no solamente ha sido rechazada, sino también menospreciada. Ha sido menospreciada la normalización lingüística de la lengua catalana, incluso por parte de la cúspide del Poder Judicial: personajes de mentalidad colonialista, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Hernando, enfermo de catalanofobia, que argumentaba que hablar catalán y bailar sevillanas para él tenían la misma importancia; o como, posteriormente, el también presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar - esta persona debería avergonzarse de sus actuaciones -, que equiparaba en importancia el uso del catalán y del mandinga en el sistema judicial catalán. Conclusión: inhibición, en el mejor de los casos, cuando no agresividad manifiesta contra la normalización de la lengua catalana, con la consiguiente vulneración de derechos. Hace pocas semanas, en un juzgado barcelonés se le pedía a Joan Laporta, persona conocida, que utilizara la lengua española. Si no se hubiese tratado de una persona conocida, no hubiéramos sabido del hecho, y hubiera ocurrido, una vez más, otro caso de los muchos que ya han sido denunciados, por ejemplo por la Plataforma per la Llengua; casos y casos que se repiten, incluso contra la unidad lingüística del catalán. En el País Valencià hay jueces que se atreven a rechazar escritos dirigidos al juzgado en lengua catalana, advirtiendo que no los aceptan puesto que no están escritos en valenciano. Fíjense cuánta estupidez, qué burros son, incluso niegan - repito: niegan - la unidad lingüística de la lengua catalana, cosa que no hace, por ejemplo, la Real Academia Española. Hay casos tan flagrantes como el de la Franja de Ponent, en tierras aragonesas, que solo se permite hablar en catalán en un juzgado. Son verdaderas locuras, monumentos a la imbecilidad, monumentos a la catalanofobia. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en la actualidad solo se redacten en catalán el 13 % de las sentencias, cuando en el año 2007 el porcentaje alcanzaba casi el 17 %? ¿El bajo nivel de sentencias redactadas en catalán solo tiene que ver con el nivel de competencia lingüística de jueces y magistrados o, más bien, es el resultado también de una verdadera política de aniquilamiento lingüístico? En épocas anteriores, cuando se reclamaba formación, se podía argumentar que los jueces y magistrados no conocían la lengua, pero una vez que ya se ha superado la fase de la formación, ¿cómo se explica que haya caído en picado el redactado de sentencias? Hubo 32.479 sentencias en el año 2013, y solo el 8 % en catalán. Las cifras indican una regresión extraordinaria y demuestran que, solo haciendo del catalán la lengua propia del sistema de justicia, se logrará su plena normalización. Esa plena normalización, desgraciadamente, hoy volverá a ser rechazada en ese Parlamento. Del mismo modo que no se pueden garantizar los derechos lingüísticos sin hacer del catalán la lengua propia y un requisito para jueces y magistrados, tampoco puede aceptarse que, todavía hoy día, los jueces en Cataluña no conozcan, al menos suficientemente, el derecho civil propio que deben aplicar. Los catalanes no somos argelinos de la década de los cincuenta del siglo pasado. ¡A ver si se enteran de una puñetera vez!
Señor Tardà, tiene usted que acabar y, además, con corrección.
Con toda la corrección que me permite mi diligencia. Señor presidente, creo que la incorrección no está en mí, está en lo que está ocurriendo hoy aquí. Como decía, por esa razón nos ratificamos en el convencimiento - y termino, señor presidente - de que todo ello solo es posible mediante un poder judicial propio que, en cuanto a Cataluña, solo se puede ubicar en la futura - y espero que pronta - república catalana. Y, ustedes, que con su pan se lo coman. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. Por el Grupo Mixto, también, tiene la palabra la señora Enbeita.
Gracias, señor presidente. [[Comienza su intervención en euskera.-La señora Serrano Argüello: No te entendemos nada]] Ya sé que no me entendéis nada, pero ya lo traduciré, no hay ningún problema. He dicho que los vascos y las vascas, al igual que los catalanes, agradecemos al Parlament de Catalunya que traiga este debate a esta Cámara porque estamos hartos de considerarnos ciudadanos de segunda ante la Administración judicial. Es imposible ser parte de un proceso judicial, por muy simple que sea, en euskera, en nuestra lengua, y creo que pasa lo mismo en Cataluña o en Galicia. A veces ni siquiera los formularios a rellenar están en las dos lenguas, en castellano o en euskera y, si no, fallan los procuradores o los jueces o los fiscales o los abogados de oficio, da igual, pero siempre hay alguna traba para garantizar que nuestros derechos lingüísticos no se respeten. Todo esto sin tener en cuenta que, al final, una cantidad de leyes se publican solamente en castellano. Los euskaldunes, los catalanas o los galegas tenemos derecho a que nos atiendan, nos protejan, nos defiendan o, incluso, nos juzguen en nuestra propia lengua, porque es en esa lengua en la que vivimos y en la que tenemos los problemas que nos llevan hasta la Administración judicial. En el Estado español se saltan la Carta de lenguas regionales de la Unión Europea. La Ley 6/1985 nos priva de nuestros propios derechos lingüísticos y no se hace nada para cambiar esa ley. Se impone el castellano como única lengua en la Administración jurídica, y digo que se impone como única lengua, porque eso de que si ninguna de las partes está en contra se podrán llevar los juicios en la lengua autonómica, sabemos en lo que acaba: o uno se marca un Garitano o acaba teniendo el juicio absolutamente en castellano. Volvemos a reivindicar que para nosotros el euskera es nuestra lengua nacional, la de nuestra nación; por eso queremos vivir en euskera y parece que la única manera para conseguirlo será tener nuestra propia nación con nuestro propio sistema judicial, porque dicho así, no tiene mucho sentido que estemos defendiendo nuestros derechos lingüísticos en Madrid y en castellano. Señorías, no nos vuelvan a contar eso de los médicos sobre si preferimos jueces buenos o jueces vascos, porque viendo las últimas detenciones de los jóvenes vascos simplemente por dedicarse a la política, al final una deja de creer en la justicia, en los jueces buenos y en los jueces euskaldunes. Carecemos un poco de todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Enbeita. Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Señorías, señores representantes del Parlament, les doy la bienvenida desde el escaño, no por falta de respeto ni por carencia de relevancia de la proposición que nos presentan, sino por problemas de movilidad personal. Señor presidente, vamos a apoyar esta iniciativa con el mismo entusiasmo cuando menos que la señora Fernández, que lo ha hecho por quintuplicado. Lo vamos a hacer por varias razones, por razones de legalidad y por razones de legitimidad política; legitimidad política, la tienen absolutamente, y de legalidad, también. Desde esa perspectiva, señor presidente, hay una serie de requerimientos en el ordenamiento jurídico del Estado que nos hace pensar que en el ámbito de la Administración de Justicia y en otros, aunque no me atrevo a decir que este Estado sea fallido, sí que es un Estado que tiene muchos fallos. Uno de los más relevantes quizá sea el de la normalización lingüística, el de la cooficialidad de las lenguas y su uso ante los poderes públicos del Estado. Es un mandato constitucional y es un mandato estatutario. Ustedes han citado los preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que les legitima para dirigirse también, y específicamente en alguno de ellos, al Poder Judicial en las lenguas cooficiales, en cualquiera de las dos existentes en Cataluña; lo mismo ocurre en Euskadi y lo mismo ocurre en Galicia. Han citado el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; han citado el artículo 33.2, que es el que se refiere específicamente a la posibilidad de acceso documental y oral - téngase en cuenta que en materia judicial los principios de inmediatez y de oralidad son los que caracterizan ontológicamente cualquier tipo de proceso -, y el artículo 102 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Son tres preceptos estatutarios que desarrolla la Constitución, que configuran todos ellos el bloque de constitucionalidad y legitiman para actuar desde una perspectiva técnica - ustedes han lo hecho en forma de proposición de ley orgánica - que está correctamente articulada y que tiene una fundamentación de legitimidad absoluta, como les comentaba. ¿Por qué están correctamente identificados los problemas jurídicos que hacen referencia a la justicia? Porque ustedes los identifican prácticamente todos. Primero, el déficit que deriva del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, que establece que el castellano es la lengua de la Administración de Justicia. ¿Cómo que el castellano es la lengua de la Administración de Justicia? Será cualquier lengua cooficial la lengua de la Administración de Justicia. Esto ha sido corregido parcialmente por otra serie de preceptos de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, por los artículos 110, 216 bis, 341, 431 y 450 y reglamentos del propio Consejo General del Poder Judicial dictados en el ejercicio de sus competencias reglamentarias, devaluando la posibilidad de utilizar lenguas cooficiales distintas o diferentes al castellano, porque el conocimiento de estas lenguas para quienes imparten justicia y para los justiciables que acceden a la Administración de Justicia se considera solo un mérito, no un requisito o un perfil de acceso al puesto que desde la perspectiva del ámbito subjetivo que ustedes plantean es casi universal. ¡Bueno, les falta una cosa que les voy a comentar! Ahora el señor Jané, yo y otros portavoces estamos debatiendo una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y hay una figura nueva que se incorpora que es la de los letrados de la Administración de Justicia, cuya función fundamental es dirigir la oficina judicial. Quizás por la época de la presentación y de elaboración de esta proposición de ley orgánica no conocían ustedes esta nueva figura que está en este proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se podría incorporar, si es objeto de aceptación, en forma de enmiendas a un ámbito subjetivo que es de naturaleza universal. Hace referencia a los jueces y magistrados; hace referencia a los fiscales, pidiendo la corrección también del artículo 36.6 del Estatuto del Ministerio Fiscal del año 1981; hace referencia al Tribunal del Jurado - también los jurados deben tener un conocimiento suficiente de la lengua cooficial en aquellos juicios que se celebran con este tipo de tribunal, con el tribunal del jurado -; hace referencia a los secretarios judiciales, cuyas competencias ya son jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales; y hace referencia, como es obvio al personal al servicio de la Administración de Justicia, lo que la sentencia 56/1991 del Tribunal Constitucional considera personal al servicio de la Administración de Justicia. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva subjetiva de la proposición, es universal. Y desde la perspectiva material también lo es, porque hace referencia a todas las posibilidades en donde el conocimiento de la lengua es exigible legítimamente, al igual que debe ser exigible jurídicamente también a través de las reformas de las leyes que hemos citado. Hace referencia al acceso a las plazas judiciales radicadas en cualquier comunidad que posea lenguas cooficiales; hace referencia al acceso al régimen de provisión temporal; hace referencia a la provisión en régimen de comisión de servicios; hace referencia a la provisión en régimen de comisiones desde estos lugares. Desde esta perspectiva también conviene indicar que ustedes articulan muy correctamente los puntos de conexión del juzgado competente que debe o puede utilizar también con legitimidad jurídica y con legitimidad material la lengua cooficial o el catalán, el euskera o el gallego, aunque esté radicado en un lugar del territorio donde estas lenguas no sean cooficiales, siempre que los hechos causantes del proceso se hayan producido allá donde se haya realizado o donde exista una lengua cooficial de estas características, puntos de conexión que llegan incluso a la posibilidad de comunicarse en régimen de auxilio o para cualquier otro menester con otros juzgados radicados en lugares donde no existen lenguas cooficiales, pero que pueden dirigirse también en catalán, en euskera o en gallego mediante la provisión de servicios de traducción que tendrán que ser suministrados por el Ministerio de Justicia o por las comunidades autónomas, según los casos, habilitando como traductores a cualquier funcionario de la Administración de Justicia con conocimientos suficientes o a traductores de los que están reglamentados en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y en los propios reglamentos del Consejo General del Poder Judicial. Comparto sus mismas reservas con relación al uso de traductores. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que no lo afirman taxativamente pero insinúan que el uso de traductores quebranta el principio de inmediatez. Como comentábamos antes, la oralidad y la inmediatez son las características fundamentales del proceso y la inmediatez se resquebraja cuando una persona interpuesta tiene que realizar una labor de traducción que muchas veces incluso se hace mal, se hace deficientemente, cuando la persona que traduce no tiene conocimientos jurídicos suficientes para pleitos de naturaleza compleja que requieren un conocimiento de la lengua con suficiente profundidad. Lo hacen bien en todos los sentidos, pero por si por algún azar o albur del destino pudiera ser tramitada como proposición de ley - parece ser que va a ser que no, cosa que a los que estamos aquí no nos sorprende; ya estamos vacunados sobre esta circunstancia del no sistemático del grupo mayoritario a aceptar propuestas tan ponderadas, tan legítimas y tan razonables como estas -, les indicaría la pertinencia quizás de incorporar, a través de una enmienda, los letrados al servicio de la Administración de Justicia. Por lo demás es un tema pendiente acabar con esta especie de diglosia que existe particularmente en la Administración de Justicia más que en otros poderes del Estado, porque la Administración de Justicia ha sido tradicionalmente la más refractaria a asumir requerimientos de la Constitución española en materia de cooficialidad, requerimientos estatutarios, es decir, del bloque de constitucionalidad, y requerimientos de leyes ordinarias que prevén normas o leyes de normalización lingüística que existen en nuestras comunidades. Todo esto, avalado mediante la devaluación de las lenguas cooficiales a través de todos los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les he citado y, sobre todo - y lo más grave -, la consideración como solo mérito el conocimiento de la lengua cooficial o del derecho civil propio o del derecho foral allá donde exista. Esto es un déficit democrático, una atrofia democrática que tenemos que superar algún día. ¿Cúando? Igual cuando existan profesionales en la Administración de Justicia suficientes como para poder atender los requerimientos de lo que constituye un derecho subjetivo constitucionalizado de los justiciables o ciudadanos, que es dirigirse a la Administración de Justicia en la lengua que consideren pertinente. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero darles las buenas tardes a los representantes del Parlament de Catalunya, pero a partir de aquí, y para decirlo de un modo coloquial, tengo que señalar que mi grupo no puede apoyar esta proposición de modificación de ley orgánica porque nos parece una magnífica representación de la ley del embudo. Es decir, ustedes proponen sobre la base de una teoría de los derechos lingüísticos hacer una legislación que expulsa de la Administración de Justicia en Cataluña a los juristas no catalanohablantes. Es más, ahora mismo el señor Olabarría se ha extendido ampliamente en las consecuencias de la aprobación de una ley similar, y no solamente conseguirían eso, que ya va directamente contra la igualdad y contra la unidad jurisdiccional del Estado, contra la posibilidad de que cualquier ciudadano dentro del territorio de esa ciudadanía tenga igualdad de derechos, porque esto los elimina, no se engañen ustedes. Si ustedes defienden que el conocimiento suficiente del catalán acreditado sea un requisito indispensable para ser juez e intervenir en la Administración de Justicia de Cataluña, también lo será de paso, como nos ha contado el señor Olabarría, para ser jurado. Es más, como esos jurados, esos juicios o esos juzgados tendrían relación con juzgados de fuera de Cataluña, lo que conseguirían sería que el catalán, el euskera y el gallego fueran lenguas oficiales de toda la Administración de Justicia de Cataluña pero el castellano en Cataluña no, porque al final de lo que se trata es de insistir en la famosa política de normalización, que no deja de ser un eufemismo, un atributo lingüístico para definir lo que no es ni más ni menos que utilizar una falacia absoluta, la del derecho de las lenguas, que no tienen ningún derecho - ninguna; ni la que uso yo ahora ni la que usan ustedes cuando hablan en catalán o en cualquier otra lengua - para cargarse lo único que realmente importa en la democracia, que es la igualdad jurídica, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Esto es lo único que realmente importa. No deja de ser curioso que en una comunidad donde ha habido tantos escándalos de corrupción como es Cataluña, y evidentemente por un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el problema sea este, el de que hay pocas sentencias en catalán - lo ha dicho antes también el señor Tardà -. Pero, claro, si uno lee la exposición de motivos, el preámbulo de esta proposición de ley, cualquiera que no viviera en España creería que en Cataluña está prohibido usar el catalán en los juicios. Es lo que se deduce de esto. La invocación a un documento de mínimos tan elemental como la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias es de una deshonestidad intelectual impresionante. ¿Cómo pueden alegar o decir que lo que necesitan en España los catalanohablantes, los vascoparlantes, los gallegohablantes o cualquier usuario de una lengua oficial distinta del castellano es la protección de una carta europea de mínimos cuando en España hace muchísimos años que esto no solamente está superado, sino que en realidad el problema es de género inverso? A ustedes ahora mismo les acaba de afectar una sentencia del Tribunal Supremo - la enésima, que sin duda alguna no tendrá ninguna consecuencia política - que les está exigiendo que tiene que haber un mínimo de un 25 % de la oferta docente en castellano. Es decir, ustedes han conseguido expulsar el castellano y, por lo tanto, situar en una posición objetivamente de desventaja, de discriminación negativa a los niños de familias castellanohablantes en Cataluña, lo cual es una aberración y no me cansaré de decirlo. Es una aberración que se atente contra los niños y sus derechos a la igualdad en nombre de un supuesto y falso derecho de las lenguas a ser protegidas, porque eso no existe, y menos en una cultura democrática, y ahora pretenden hacer lo mismo en la Administración de Justicia. Como hasta ahora les ha ido saliendo todo esto tan bien, tampoco me escandaliza ni me llama la atención, pero no se preocupen porque nosotros estamos aquí para decírselo. Una cosa es que en la Administración de Justicia en Cataluña el número de sentencias en catalán sea insatisfactorio para sus aspiraciones. Tendrán que hablar con los jueces y con la Administración de Justicia para ver si creen que se puede hacer algo, siempre y cuando no tenga que ver con una retorsión, una ofensa o un control de la justicia. Sé que eso no les importa porque todos los partidos, salvo el mío, han entrado en el reparto del Consejo General del Poder Judicial y lo quieren repetir, al ser autonómica, en órganos semejantes. Creen que los partidos políticos deben tutelar la Administración de Justicia, lo cual es otra barbaridad democrática pero, desde luego, venir con esa pretensión de que el derecho lingüístico, que en todo caso es un derecho subjetivo que tiene que ver con la cooficialidad, se ha de convertir en eliminar el derecho de los castellanohablantes a concursar en igualdad de condiciones en Cataluña o en cualquier otra comunidad con dos lenguas oficiales - o sea, bilingües - para ser miembros de la Administración de Justicia, sencillamente no tiene ningún tipo de soporte, salvo uno, inicial, que es el que va al origen de su exposición, que está en el primer párrafo, y lo voy a leer para que se me entienda bien qué es exactamente lo que quiero decir. Dice la proposición que ustedes aprobaron: 'Para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos es preciso que los servidores públicos que prestan servicios en una comunidad autónoma con lengua propia acrediten el conocimiento del idioma. Ello no se deriva solo del carácter oficial del idioma, sino también del principio de eficacia de la Administración, que, sin duda, no puede llevar a cabo correctamente su actividad si desconoce algo tan imprescindible y elemental como el idioma propio del territorio'. Suena muy asertivo, muy redondo, pero realmente no tiene ni pies ni cabeza. Es una falacia desde el comienzo hasta el final, y no basta con usar ligamentos lingüísticos de aspecto lógico para que cosas que no tienen sentido lo tengan. En una comunidad bilingüe, donde hay además comunidades lingüísticas distintas porque no todos los miembros de esa comunidad bilingüe tienen la misma habilidad ni la misma capacidad de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales, no se puede afirmar que el conocimiento de una lengua, que ya se decide que es la propia - efectivamente ustedes creen que es el catalán -, es lo único que importa, mientras que el castellano no es lengua propia. No es verdad. El castellano y el catalán son lenguas propias de Cataluña, exactamente igual que ocurre en el País Vasco, en Galicia y en el resto de territorios que hay en el Estado español con dos idiomas. Así pues, no se puede dar por probado lo que no se ha probado ni demostrado y a partir de una falacia construir una argumentación jurídica, política y democrática porque eso va en contra de la esencia de la democracia. Si ustedes creen que hay un derecho que está burlado, tienen que demostrar en qué se ha burlado ese derecho y cómo se ha de mejorar, pero lo que hacen es lo contrario. Dicen: Hay un derecho que damos por probado sin ningún tipo de argumentación, que es que hay una única lengua propia y que esa lengua propia tiene que ser objeto de una protección especial, tan especial que incluso anula los derechos personales de los ciudadanos, porque un ciudadano que no tenga un conocimiento suficiente de la lengua propia no puede ser juez en Cataluña. Eso es lo que dice esta proposición de ley, ni más ni menos. Incluso ni siquiera puede ser jurado, se nos acaba de decir. Y si además es una persona que no conoce suficientemente el catalán, será juzgado en una lengua distinta a la suya, con lo cual se invierte por completo aquello que se denunciaba. Lo han hecho en educación, han adoptado el franquismo educativo: las lenguas maternas han de ser expulsadas de la educación para imponer la lengua del Estado, que en este caso sería el catalán. Es una aberración y desde luego - se lo he dicho antes y lo mantenemos - no lo vamos a consentir. Evidentemente no vamos a hacer otra cosa que explicar por qué esto es una aberración jurídica, política y democrática, lo vamos a hacer, no tengan la menor duda. Si ustedes lo que quieren - que sé que es lo que quieren - es expulsar de Cataluña el castellano - que es una de las lenguas propias de Cataluña - de la Administración de Justicia para reservar la Administración de Justicia exclusivamente a los que tengan un dominio suficiente del catalán, lo que están haciendo no es otra cosa que acabar con la igualdad de derechos, la igualdad a la tutela judicial, la igualdad de oportunidades y desde luego la igualdad jurídica de los ciudadanos. Y si luego además lo que pretenden es conseguir el mismo efecto que en la educación, díganlo claramente, estamos hablando no de derechos sino de poder, de poder en el sentido más crudo y material del asunto, de quién manda aquí, quién juzga aquí a quién, quién está en mejor disposición de ser juzgado y en qué condiciones. Porque, como les decía antes, si fuera verdad que en España estuviera prohibido juzgar, declarar en los tribunales o hacer sentencias en catalán, yo estaría de acuerdo con ustedes, pero saben que es completamente falso. El problema es estadístico. Por alguna razón, en la que yo no voy a entrar, el número de sentencias en catalán disminuye, pero entonces no digan que es que hay una situación de prohibición de facto, tendrán un problema diferente, exactamente igual que ocurre con otros usos sociales. Y la llamada política de normalización no es otra cosa que intervencionismo de un Estado autoritario en las vidas particulares de los ciudadanos, a los que se les dice incluso en qué lengua tienen que hablar, aunque prefieran hablar en otra. Y se les obliga mediante la vía de la coerción, diciéndoles: si no quieres usar esta lengua me da igual porque te voy a obligar a usarla en la educación, en la sanidad y en la justicia. Es decir, eres un ciudadano de segunda, no tienes igualdad de derechos conmigo, que soy el que manda aquí. Esto es lo que ocurre con esta proposición. De manera que lo siento mucho; no esperen la menor comprensión ni apoyo por nuestra parte a una cosa que califico finalmente de aberración democrática. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. [[Pronuncia palabras en catalán. Aplausos]] Señorías, esto no va de conflicto lingüístico entre el castellano y las otras lenguas oficiales de comunidades autónomas, esto va de derechos de las personas, de los ciudadanos, aunque el Partido Popular se haya empeñado en lo contrario y en alimentar permanentemente un falso conflicto con el castellano en Cataluña, curiosamente siempre que las cosas le van mal políticamente, siempre que tiene que tapar un escándalo de corrupción o siempre que tiene que tapar las consecuencias de sus políticas económicas. Señorías, esto va de derechos, de derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, de los vascos, gallegos, valencianos..., a ser atendidos en su lengua, por cierto, en la lengua oficial del territorio en el que viven, un pequeño dato que parece que algunos olvidan. Derechos que se tienen formalmente pero que no se pueden ejercer porque, como ha dicho muy claramente el compañero Salvador Milà, si el que tiene un derecho tiene enfrente un servidor público que no tiene la obligación de garantizar ese derecho, el derecho se convierte en papel mojado, y eso es lo que sucede en estos momentos en el ámbito de la Administración de Justicia en Cataluña por ejemplo. Estamos hablando del derecho a la disponibilidad lingüística, que depende de que los empleados públicos de la Administración de Justicia puedan entender - no hace falta que tengan Filología catalana -, entender. Señorías, estamos hablando de derechos. Señor Martínez Gorriarán, si yo soy un ciudadano catalán, que tengo reconocido el derecho a hablar en catalán porque es lengua oficial en Cataluña y me dirijo a un juez y ese juez no sabe entenderme en catalán, tengo que cambiar de lengua. Entonces, mi derecho ¿en qué consiste? En nada. ¿Por qué? No se trata de que los jueces castellanos cambien de lengua, sino de que cumplan con su obligación de entender el derecho y de entender además la lengua del país en el que están trabajando. [[Aplausos]] ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, que un juez de la República Italiana no sepa italiano? ¿O que un juez federal alemán no sepa alemán? Sí, claro, ya está sonriendo, señor Gorriarán, porque para usted esto es distinto, por supuesto, porque en España con que sepan el castellano ya es bastante. Entonces, ¿en qué consiste la oficialidad del catalán si esa oficialidad no se puede ejercer? En un papel mojado, y de eso se trata. Desgraciadamente, el problema de los que piensan eso es que en el fondo no asumen que estamos en un Estado de naturaleza plurilingüística y plurinacional porque continúan con su vieja y obsoleta idea de un Estado al que solo le corresponde una lengua y una nación. Y eso continúa pasando en el siglo XXI. Ustedes tienen el concepto de ese Estado imperial, monolítico, armonizador, de sus ancestros. Unas veces lo intentan imponer sin que se note el cuidado y otras, a lo bestia. Lo de que sin que se note el cuidado viene - lo recordarán ustedes - de la instrucción del fiscal del Consejo de Castilla de 29 de enero de 1716: Lo sexto, se podrá prevenir el cuidado de introducir la lengua castellana en aquel país. La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande, y es una señal de la dominación o superioridad de los príncipes o naciones. Y continúa: Pero como a cada nación parece que señala la naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte, y más cuando el genio de la nación, como el de los catalanes, es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y para impulsar eso parece conveniente dar instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. ¡Por Dios, hagan ustedes un poco de caso a Felipe V! Porque ustedes lo hacen a lo bruto; a lo Wert, se diría ahora. [[Aplausos]] A lo Wert, que tiene como objetivo españolizar a los niños catalanes. Solo así se puede entender, por ejemplo, esa ofensiva que están lanzando ustedes contra el catalán en la escuela catalana. Además, mintiendo reiteradamente; se inventan un conflicto lingüístico inexistente. En estos momentos hay una divergencia sobre cuántas decenas o centenares de familias han ejercido ese derecho en relación con los 750.000 niños, adolescentes y jóvenes escolarizados en la etapa obligatoria. He de decirles, para que nadie manipule mis palabras, que para un servidor, y en general en Cataluña, aunque solo una familia y un niño ejercieran ese derecho, tienen el mismo derecho que si lo hicieran cien mil, por supuesto. Por eso, el sistema educativo catalán, los maestros y los profesores, que tienen bastante más sentido común que el señor Wert, han garantizado esos derechos lingüísticos para aquel que los solicita y han puesto los mecanismos para que quien quiera pueda ser total o parcialmente escolarizado con el castellano como lengua vehicular. Pero no es eso lo que ustedes pretenden. Señor Gorriarán, no se ha leído usted la sentencia del Tribunal Supremo; la cita, pero no se la ha leído usted. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Que no basta con que el niño o la familia que pide ese derecho lo tenga garantizado, no. Exige que en la clase y en la escuela de ese niño o niña, a todos, el 25 % de la educación se dé en castellano. O sea, que para garantizar el derecho de un niño o de una niña, que lo tiene, se impone una lengua que no han escogido el resto de niños y familias. No van ustedes de derecho, ustedes van de imposición cultural, lingüística y nacional. Desgraciadamente es así, y hay que decírselo, porque lo que hoy estamos discutiendo tiene bastante relación con esas políticas que ustedes están practicando. Y esto nos lleva al siguiente esperpento. ¿Se dan cuenta ustedes del esperpento jurídico y político que significa que jueces que sentencian la obligatoriedad del 25 % del castellano en las escuelas en nombre de los derechos lingüísticos de los ciudadanos sean en ocasiones los mismos jueces que ningunean los derechos lingüísticos de los ciudadanos que les van a pedir justicia? ¿Puede haber mayor aberración en ese sentido? A pesar de que, como ya ha dicho Salvador Milà, en general hay una predisposición de los jueces a entrar en ese proceso y muchos hacen el esfuerzo. Pero es que el derecho a hablar en catalán ante la Administración de Justicia no es un derecho graciable que uno le tenga que pedir por favor al juez de turno, es un derecho constitucionalmente protegido porque en eso consiste la oficialidad del catalán en Cataluña o del euskera en Euskadi. Señorías, están ustedes obsesionados desde hace muchos años. Otra cita histórica que creo que les va a refrescar la memoria de donde está el origen de su ideología. Recuerden. En este caso son las instrucciones emitidas por el Consejo de Castilla el 13 junio de 1715: ... por lo que mira a la práctica y forma de los procesos civiles y criminales: con que en la Real Audiencia y ante los corregidores los pleitos se sigan en lengua castellana y en los demás tribunales inferiores se permita, por ahora, el uso de la catalana, hasta que los escribanos se hayan instruido en la lengua castellana. Continúa: ...mandando al mismo tiempo que en todas las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros impresos en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y excepcionalmente - eso sí - aprendan la doctrina cristiana en nuestra lengua, que por estos y otros medios suaves se irá haciendo común el castellano en el Principado. Pues bien, puede parecer eso muy lejos pero con ustedes trescientos años parece que sean nada, un segundo, porque desgraciadamente continúan viviendo en esa realidad. En ese sentido déjenme que les señale una cosa: señorías del Partido Popular, me han escuchado ustedes durante cuatro años - y me siento muy orgulloso de ello - haber defendido en castellano los derechos de trabajadores catalanes y españoles frente a explotadores que hablan castellano, catalán - por cierto - también o inglés. Para explotar trabajadores la lengua utilizada no importa, es indiferente, es lo de menos. Pues con el mismo orgullo que defiendo en castellano los derechos de nuestra gente trabajadora les tengo que decir que no estoy, no estamos, no está la sociedad catalana dispuesta a aceptar que nos impidan vivir en nuestra lengua. ¡No lo vamos a aceptar! ¡Lo han intentado ustedes de todas las maneras y no lo han conseguido! Si ustedes han decidido que el Estado español tal como ustedes lo conciben es incompatible con el respeto al plurilingüismo y a la plurinacionalidad, lo que sobra no es el catalán o el plurilingüismo, los que sobran son ustedes. Si el Estado español o quienes lo gobiernan han decidido que en su seno no cabe la plurinacionalidad y el plurilingüismo, lo que va a saltar por los aires no va a ser el catalán, va a ser el Estado español. Vostès mateixos. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
Gracias, señor presidente. Ilustre diputada Elena Ribera, ilustre diputada Gemma Calvet, honorable diputat Salvador Milà, benvinguts al Congrés dels Diputats. Señorías, una vez más el Parlament de Catalunya plantea lo que debe ser no únicamente el cumplimiento de una norma aprobada por estas Cortes Generales, el vigente Estatuto de Autonomia de Cataluña, sino el cumplimiento del necesario ejercicio de unos derechos lingüísticos de los ciudadanos. Por tanto, estamos ante un debate de trascendencia porque estamos ante un debate de cumplimiento de derechos. Y, en primer lugar, le pido al señor Martínez Gorriarán que retire su alusión inaceptable a que en Cataluña se practica - ha dicho - el franquismo educativo. Retire esa palabra. No nos lo merecemos, señor Martínez Gorriarán; no nos lo merecemos. La lucha por la democracia y por la libertad en Cataluña y en el conjunto de España, esa lucha por la democracia no se merece que el ejercicio democrático de instituciones como la Generalitat reciba esa banalización de adjetivarlo como franquismo educativo. [[Aplausos]] No se lo permitimos porque es un insulto a las instituciones democráticas y por tanto le pedimos que lo retire. Como también le pedimos, señor Martínez Gorriarán, que retire, porque también es una ofensa, es una ofensa al Parlament de Catalunya y es una ofensa a este debate, que se pretenda utilizar el adjetivo de deshonestidad intelectual. Lo que nos han planteado los representantes del Parlament de Catalunya no es un acto de deshonestidad intelectual, es un acto de cumplimiento del ordenamiento jurídico, de cumplimiento de lo que debería ser una situación de normalidad en el uso de las distintas lenguas oficiales. Porque, efectivamente, en Cataluña, como en otros territorios, hay una lengua oficial propia y la lengua castellana, que también es oficial, ambas lenguas tienen un pleno reconocimiento legal y estatutario, y en aquellos territorios donde tenemos la suerte de tener más de una lengua oficial, si queremos un uso normal de ambas lenguas, es necesario que todos los servidores públicos conozcan las mismas para poder dar respuesta adecuada a cualquier ciudadano que se dirija libremente, sin imposiciones, a esas administraciones públicas o al Poder Judicial en una de esas lenguas oficiales. ¿Y cuál es la realidad que no es normal? No es normal que, de acuerdo con las últimas cifras estadísticas, de cada cien sentencias que se dictan en Cataluña solo un 12,2 % se dicten en catalán y un 87,8 % se dicten en lengua castellana. Esta situación no se corresponde para nada con la realidad de la utilización de ambas lenguas en otros ámbitos de la Administración pública. Por tanto, algo está fallando cuando se dan estas cifras finales. Convergència i Unió votará favorablemente lo que pide hoy el Parlament de Catalunya, pero no votará favorablemente solo Convergència i Unió, lo hará la inmensa mayoría de diputados de esta Cámara elegidos en Cataluña: de 47 diputados elegidos en Cataluña, solo 11 han anunciado que votarán en contra de esta proposición de ley del Parlament y los 36 restantes vamos a votar a favor. Por tanto, hay una gran mayoría de representantes políticos de Cataluña que consideran que debemos modificar el actual marco normativo, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para cumplir, nada más y nada menos, lo que el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé. Les voy a leer solo un artículo de este estatuto, el 102, que ha pasado ya la sentencia del Tribunal Constitucional, que es un artículo vigente. El artículo 102 del Estatuto de Cataluña del año 2006 dice lo siguiente: Los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley. Esto es lo que pide el estatut, un conocimiento adecuado y suficiente. Y añadimos nosotros: un conocimiento a partir de que se aprobara la nueva ley. No se trata de ir contra nadie, se trata de respetar los derechos de cualquier jurista que ya tenga plaza en Cataluña; se los respetamos plenamente, pero a partir de un momento dado tenemos que constatar en la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo del mérito no es suficiente, que es necesario un requisito y que es necesario además un requisito que se pueda aplicar de forma transitoria, con las debidas cautelas para - lo dice también la proposición de ley -, a través de un sistema formativo gradual - lo han dicho también otros portavoces -, poder transmitir a quienes van a servir al Poder Judicial en Cataluña esos conocimientos de la lengua y del derecho propio que sean suficientes para que puedan prestar sus servicios con el debido respeto al derecho lingüístico de un ciudadano que se les dirija en catalán, al igual que se están respetando plenamente los derechos lingüísticos de un ciudadano que se les dirija en lengua castellana. Por tanto, pedimos simplemente normalidad; no pedimos imposiciones, pedimos transitoriedad para poder hacer efectiva la propuesta que hoy plantea el Parlament de Catalunya y pedimos coherencia a estas Cortes Generales. Aprobamos un Estatuto de Autonomía en el año 2006 y se recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero el tribunal no ha liquidado con su sentencia este artículo 102 ni tampoco el artículo 33 del Estatuto, que se manifiesta de la misma forma: entender que es posible exigir un nivel de conocimiento adecuado y suficiente. No vamos - repito - contra nadie; queremos ser respetuosos con los derechos lingüísticos de todos, pero también queremos que cuando las estadísticas finales reflejen la utilización de las lenguas en Cataluña no se aparten tanto de lo que sucede en la sociedad en su conjunto. Ese apenas 13 % de sentencias en catalán no refleja ese nivel adecuado y suficiente de conocimiento de ambas lenguas que deberían tener quienes imparten justicia en Cataluña. Las dos son oficiales, por lo que merecen la protección de esta Cámara y del conjunto del ordenamiento jurídico. Es cierto que nada se consigue con imposiciones legales y que las leyes tampoco son la panacea para lograr de un día para otro la normalización, pero también es cierto que necesitamos modificar las leyes para que paulatinamente lo que es normal en el conjunto de la sociedad sea normal en el Poder Judicial en Cataluña. Por eso, con esa actitud constructiva de respeto a ambas lenguas oficiales, pero sobre todo de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, se dirijan en lengua castellana o se dirijan en lengua catalana, pedimos al grupo mayoritario que tome en consideración esta proposición de ley orgánica. Tienen la oportunidad de unirse a la gran mayoría de diputados elegidos en Cataluña que estamos en este Congreso y que hoy votaremos a favor de la toma en consideración. Incluso les planteo que la tomen en consideración y formulen enmiendas de ajuste si no comparten al cien por cien la literalidad de lo que hoy plantea el Parlament de Catalunya, pero no demos a esa gran mayoría de representantes de Cataluña que hoy está a favor de esa necesaria normalidad un portazo con un voto contrario. Aún estamos a tiempo de sumarnos todos para hacer normal aquello que es normal en el conjunto de la sociedad y sobre todo de respetar las lenguas que son oficiales, la lengua castellana y la lengua catalana. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Jané. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario quisiera saludar la presencia de los diputados del Parlament de Catalunya, Rivera, Calvet y Milà - benvinguts -, que han sido comisionados para presentar la proposición de ley que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas para garantizar los derechos lingüísticos en Cataluña, proposición de ley, por cierto, que contó con el apoyo en el Parlament de Catalunya del Grupo Parlamentario del Partit dels Socialistes de Catalunya. Empezaré mi intervención haciendo referencia al que desde mi punto de vista es el problema de fondo que subyace en este debate, que no es otro que, pese al grado de protección que tienen las lenguas cooficiales distintas al español en nuestro país, no existe un reconocimiento pleno en la práctica de la realidad plurilingüística de España. Algunos ejemplos recientes son la intolerancia con que algunos trataron al entrenador del Eibar en rueda de prensa por contestar inicialmente a los periodistas acreditados en euskera para después hacerlo en español o la incomprensible polémica ocasionada por el cónsul de España en Perpiñán que, lejos de enorgullecerse de que el catalán sea una lengua cada vez más prestigiada y utilizada en algunas zonas del sur de Francia, ha sugerido a las autoridades municipales que cambien la marca Perpinyà la catalana por Perpignan la francesa. Además, lo ha pretendido justificar argumentando que ello atraería a más turistas españoles. Señorías, este es el problema. Tras más de treinta años de democracia no hemos conseguido que se sientan en plenitud como lenguas españolas el catalán, el gallego y el euskera. Este es el pecado de origen que impide una solución satisfactoria y que finalmente obstaculiza la plena normalidad de uso y el prestigio de nuestras lenguas. Si a ello añadimos la miopía política o la mala fe del Gobierno del Partido Popular cuando cuestiona el modelo lingüístico en Cataluña, se produce como resultado que, lejos de avanzar en la normalidad y en la convivencia lingüística, se produce un evidente retroceso y uso de estas lenguas con una no disimulada finalidad política. En una situación de plena normalidad no debería resultar extraño que se pudieran enseñar en todas las escuelas de España conocimientos mínimos de catalán, gallego o euskera y que opcionalmente pudieran aprenderse estas lenguas en cualquier escuela de España. Ello contribuiría poderosamente a que los españoles consideráramos todas nuestras lenguas como patrimonio propio y no como elemento de diferenciación. Sin embargo, el Gobierno de España, a través de la nueva Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la Lomce, va en dirección opuesta cuando insiste en atacar el actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña, un modelo de éxito que ha permitido utilizar la lengua como elemento de cohesión social, como elemento de integración y no de segregación, y que fue fruto de un amplio consenso político al que contribuimos los socialistas catalanes y en el que destacó la que fue diputada de esta Cámara y del Parlament de Catalunya, doña Marta Mata, desde los movimientos de renovación pedagógica. [[Aplausos]] Sin embargo, el nocivo tándem Wert-Gomendio sigue insistiendo en introducir elementos de desestabilización en el modelo de aprendizaje lingüístico en Cataluña, esta última semana con la interposición de un recurso contra las normas de preinscripción escolar en Cataluña con el que pretenden garantizar el uso vehicular del español a través de cuotas y seguir cuestionando con ello el sistema de inmersión lingüística. Resulta difícil considerar que el empeño del Gobierno popular no tiene una motivación estrictamente política, como si de los hábitos lingüísticos pudiera derivarse una mayor o menor aceptación de las ideas políticas. Tremenda equivocación. Si analizamos la situación del uso del catalán en la Administración de Justicia, que es el motivo de la presentación de esta proposición de ley, debe concluirse que existe un estancamiento - sino un retroceso - en su uso y que no resulta acorde en términos generales con su utilización en otras administraciones públicas. Ello obedece en buena medida a la imposibilidad legal de exigir el conocimiento de la lengua a los cuerpos nacionales que prestan sus servicios en la Administración de Justicia en Cataluña. El catalán, el euskera, el gallego, no están en pie de igualdad con el español en la Administración de Justicia en aquellas comunidades donde son lenguas cooficiales. Así es en Cataluña y, por ello, nuestro grupo parlamentario comparte en gran medida el objeto de la proposición de ley que hoy sometemos a debate y especialmente los términos en que está redactada su exposición de motivos. Por ello, avanzo que nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley. De hecho, ya tuvimos ocasión de fijar nuestra posición en otra proposición de ley que en términos parecidos presentó el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] y que debatimos el 24 de septiembre de 2013 en esta Cámara. También en aquella ocasión nos mostramos favorables a tomarla en consideración, si bien la mayoría del Grupo Parlamentario Popular la rechazó. Ahora se interesa nuevamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y de la Ley del Jurado, para trasladar las previsiones del conocimiento adecuado y suficiente de la lengua catalana y del derecho propio para la prestación del servicio público de justicia en Cataluña, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor. La proposición de ley introduce a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto orgánico del ministerio fiscal la necesidad del conocimiento de la lengua cooficial como requisito. Sin embargo, la introducción del requisito frente al mérito que hoy contemplan la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, según el criterio de nuestro grupo parlamentario, podría no conciliar exactamente la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos con el principio de unidad del Poder Judicial y de la fiscalía. Por ello, una eventual reforma de la ley puede y debe introducir cambios y nuevas fórmulas, pero no necesariamente la del requisito; tal vez una de ellas pudiera ser la sustitución del conocimiento de la lengua como mérito por el de mérito preferente para la obtención de plazas de juez o fiscal en Cataluña. Por lo que hemos expuesto, nos resulta pertinente la toma en consideración de esta proposición de ley y, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], el debate y acuerdo en el trámite parlamentario de fórmulas de consenso para solucionar esta cierta situación de anormalidad que subsiste en la Administración de Justicia catalana en relación con el conocimiento y el uso de las lenguas cooficiales. Obviamente a esta situación no son ajenas otras comunidades autónomas. Señorías, resulta imprescindible encontrar una solución que permita acreditar el conocimiento suficiente de la lengua catalana de jueces y fiscales y del derecho propio. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del ministerio fiscal que dé forma y contenido a las correspondientes pruebas de acreditación del conocimiento lingüístico y del derecho propio como consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva y, por supuesto, como derecho de garantía de los derechos de los ciudadanos. Se trata de una previsión estatutaria validada por la sentencia del Tribunal Constitucional que, si bien enmendó otros artículos relacionados con la Administración de Justicia en Cataluña, sin embargo mantuvo esta y, por tanto, es bloque de constitucionalidad. Puede y debe reformarse la ley en este sentido, sin perjuicio - también lo ha apuntado el portavoz de Convergència i Unió - de que se pueda habilitar un periodo de adaptación para que aquellos jueces, magistrados o fiscales que no acreditaran puedan lograr la suficiente competencia lingüística o el conocimiento del derecho propio. Del mismo modo, se debe buscar una solución para facilitar las comunicaciones, minimizando las necesidades de las traducciones. Si se tomara en consideración esta proposición de ley en relación con los derechos lingüísticos, nuestro grupo parlamentario también plantearía la necesidad de cumplir - por cierto, ningún otro grupo parlamentario lo ha dicho - otras previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobadas y que introducen, por ejemplo, los consejos de justicia autonómicos como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, las funciones casacionales de doble instancia a los tribunales superiores de justicia, así como la gestión autonómica de los medios materiales de la Administración de Justicia en aquellas comunidades autónomas que quieren ejercer estas competencias conforme a los estatutos aprobados. En este último trámite de legislatura se han revisado, señorías, algunos de los proyectos de ley que en materia de justicia pretendía aprobar el Gobierno intentando acertadamente la búsqueda de un mayor consenso más allá de la mayoría del Grupo Popular. Puede ser un buen momento para plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en alguno de los aspectos propuestos en la proposición de ley y en aquellos que pudiéramos añadir los grupos parlamentarios en el debate. Esta posibilidad permitiría rectificar nuevamente el equivocado reformismo de la etapa del ministro Gallardón, que fue incapaz de concitar debates y consensos en torno a las reformas que debían ser introducidas en materia de justicia. En particular, y en relación a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue una reforma, como ustedes recordarán, señor Castillo, sin consenso, acotada al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y desaprovechando la posibilidad de introducir en dicha ley orgánica reformas como las que venimos discutiendo esta tarde. La presencia de los comisionados del Parlament de Catalunya y la fijación de posición en relación con la proposición de ley permite a mi grupo parlamentario recordar la necesidad de adaptar nuestra ley orgánica y la Administración de Justicia a la realidad de nuestro Estado de las autonomías, con una reforma más acorde a nuestro modelo constitucional consistente en una real descentralización de la denominada administración de la Administración de Justicia y en una desconcentración del Consejo General del Poder Judicial en los consejos de justicia autonómicos donde así lo contemplen los estatutos en vigor. Todo ello, por supuesto, con las limitaciones que nos estableció la sentencia del Tribunal Constitucional, que acatamos, y que prevén su subordinación jerárquica al propio consejo. Estos elementos y algunos otros podrían ser incorporados al debate de esta proposición de ley que, como he dicho, a mi grupo parlamentario le parece pertinente, pese a contar con alguna objeción que ya me he permitido apuntar pero que nos complacería debatir y acordar posteriormente en el trámite parlamentario con el resto de los grupos. Por ello, señorías, diputados del Parlament de Catalunya, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias, señor presidente y señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sáez Jubero. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montserrat.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los diputats del Parlament de Catalunya. Benvinguts al Congreso de los Diputados. Para el Grupo Popular lo primero, lo básico, lo esencial, es que los jueces, los magistrados, los fiscales, los secretarios judiciales de nuestro país sean los mejores conocedores de la ley y el derecho, y afirmo desde esta tribuna que lo son, junto con el resto de los agentes que operan en la justicia. Nuestra prioridad, la prioridad del Grupo Popular, es que tengan las mejores capacidades y la mejor excelencia para cumplir y hacer cumplir la ley y las sentencias. [[Aplausos]] Pero en el debate poco hemos hablado del fondo y mucho de política. Pues hablemos de política, y yo quiero hablar de derechos, quiero hablar de libertad y quiero hablar de igualdad. Quiero explicar desde esta tribuna a los que no me conocen que amo a España. Sí, una catalana estima a España, ama a España. Desde mi profunda catalanidad amo a España, y lo hago sin complejos, con normalidad, porque para mí es un doble sentimiento, inclusivo, complementario, compartido, que me aporta todo y no me resta nada. [[Aplausos]] Jo penso, sento, parlo i visc en català, que es la mejor forma de sentirme española. Pero también me siento bilingüe, y para mí ser bilingüe es una suerte, una ventaja, una fortuna, un patrimonio, un regalo de mis padres, con mucho esfuerzo, y un regalo de mi país. Por eso hoy les quiero decir, desde mi máximo respeto y desde mi sentimiento compartido de catalana, española y bilingüe, que estoy cansada, pero no agotada, que me ofende, pero que no me hiere que el nacionalismo que ustedes representan quiera condenar por centésima vez a mi queridísima Cataluña, a la Cataluña de todos, a la pobreza lingüística y al monolingüismo. Ustedes quieren levantar nuevos muros físicos y lingüísticos en Europa, cuando en el siglo XXI ya no existe ni un muro físico ni lingüístico en Europa. En un mundo cada vez más abierto, moderno, globalizado y avanzado no podemos confiar el futuro a los proyectos excluyentes, rupturistas y monolingües. El mundo de la globalización no te pregunta de dónde vienes ni qué idioma hablas, sino dónde quieres llegar, y te pide que seas el mejor preparado, el mejor capacitado, el que tenga mejor mérito y el mejor conocedor de tu materia. Eso es lo que quiero para los jueces en Cataluña, que sean los mejores, sin límites y sin imposiciones; con normalidad, señor Jané, con normalidad. ¡Claro que existimos!, y contesto a la diputada del Parlament de Catalunya de Esquerra Republicana y a la diputada de Convergència i Unió. ¡Claro que existimos! Decía usted: Es que no existimos. ¡Claro que existimos! ¿Qué hago yo aquí? Yo soy una catalana, y existimos también los catalanes en el Grupo Popular. ¡Solo faltaría! Cataluña no es solo de los nacionalistas, Cataluña es de todos, de los 7,5 millones de catalanes y de todo el resto de españoles. ¡Solo faltaría! [[Aplausos]] No se olviden de que Cataluña no es patrimonio exclusivo de ustedes, sino de todos. La diputada de Convergència i Unió decía que les es imposible expresarse en catalán en la Administración de Justicia. Yo me expreso cada día en mi lengua materna, paterna, de mis abuelos, de mis bisabuelos en todas partes de Cataluña, en mi vida privada, en mi vida familiar, en mi vida de trabajo, en la Administración pública. Es mentira que uno no se pueda expresar en catalán. Quizás es que ustedes tienen miedo a la libertad. Hablemos de libertad. Como han escuchado, he crecido en un entorno cien por cien catalán; mi lengua materna, paterna, de abuelos y bisabuelos es catalana. Mi hijo de cuatro años crece también en un entorno cien por cien catalán, y mi hijo necesita y yo quiero que aprenda el catalán igual de bien que yo. Pero también pienso sinceramente que mi hijo no necesita inmersión lingüística en catalán. Lo que necesita justamente mi hijo es inmersión lingüística en castellano, en inglés, en alemán, en chino, en francés y en los idiomas que se me pongan por delante. Ustedes condenan a la gente que no puede pagar un colegio privado al monolingüismo, señor Coscubiela, usted que siempre se levanta como defensor de la gente necesitada. Todos defendemos a la gente necesitada. El nacionalismo condena a la gente que no puede pagar un privado al monolingüismo, mientras que los ricos, el presidente Mas, el señor Montilla, tienen a sus hijos en privados trilingües. Esta es la verdad. Solo quiero hablar de libertad. Déjennos escoger en libertad y no con imposición la educación de mi hijo, no el suyo, el mío. [[Aplausos]] Y déjenme escoger en libertad -¡claro que hay catalán y castellano en Cataluña!- la lengua cooficial que quiero utilizar en Cataluña y en la Administración de Justicia. ¿Por qué tanto miedo a la libertad? ¿Quizá porque ustedes solo apuestan por ruptura, camino en solitario, discordia, tensión, división, intolerancia al bilingüismo, intolerancia al plurilingüismo, intolerancia al que piensa diferente, intolerancia a la libertad, intolerancia a España? Para mi grupo las respuestas de los nacionalismos son equivocadas, porque responden con la nostalgia, el pasado y la historia manipulada. Como catalana, estoy orgullosa de conformar el Grupo Popular porque defendemos la libertad individual y la igualdad, principios básicos del Estado de derecho y democrático. No quiero huir de la democracia. Fuera de ella solo hay caos y totalitarismos. Los totalitarismos en el pasado siempre han basado su política en la lengua única, en la etnia y en buscar un culpable. Yo quiero defender la igualdad y la libertad. Estos son los principios básicos de nuestro Estado de derecho. La posición sobre el fondo de nuestro grupo parlamentario es muy clara: estamos a favor del mérito y no de la imposición, como sucede en la actualidad en cuanto a los jueces, fiscales, secretarios judiciales y magistrados que acceden a la judicatura. Hoy no hemos hablado del artículo 3 de la Constitución ni del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No se ha dicho que el artículo 3 de la Constitución reconoce la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, que es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Y el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza el uso de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades donde las hay, a la par que se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo he sido durante quince años abogada ejerciente y he podido hacerlo en catalán y en castellano y nunca he tenido ningún impedimento. Lo he utilizado sobre la base de la solicitud de mis clientes. También he visto que nadie ha mencionado la doctrina constitucional asentada en la materia, de la que se desprende sin ningún género de dudas el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la comunidad autónoma. Es una realidad el derecho del uso del catalán en la Administración de Justicia en Cataluña y, por lo tanto, no hay problema en las sedes judiciales de Cataluña. Quizá el problema lo tienen ustedes, que tienen miedo a la libertad y que nos quieren condenar al monolingüismo y el ostracismo. La cooficialidad significa equilibrio e igualdad entre lenguas, sin que pueda darse prevalencia o preponderancia de una sobre la otra. El catalán es lengua oficial en Cataluña igual que el castellano y, por lo tanto, no pueden convertir lengua propia en lengua preferente. Desde el PP se lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Estamos a favor de promover medidas correctoras de fomento, de mérito, de promoción, algo que ya se practica intensamente, pero en ningún caso las medidas que se tomen deben suponer el destierro de la otra lengua cooficial en Cataluña, que es el castellano, en la Administración pública del Estado. Antes de terminar, quiero decir - porque nadie lo ha mencionado y vale la pena conocerlo - que el reglamento de la carrera judicial del Consejo General del Poder Judicial aprobado en 2011 otorga determinados años de antigüedad adicionales a quienes obtuvieran el reconocimiento de un idioma cooficial en los concursos de traslados de los correspondientes ámbitos geográficos. Tampoco ha mencionado ninguno de los proponentes que en la Comisión que tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña - que veo que han querido ignorar, quizá deliberadamente - algunos comparecientes sostuvieron que convertir el uso del catalán en requisito de acceso haría bajar el número de opositores en Cataluña. Incluso lo consideraban una imposición que rompe el principio de igualdad para los que quisieran ejercer en Cataluña. Asimismo, el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les propuso amortiguar la radicalidad de su propuesta estableciendo que el uso del catalán no fuera un requisito de acceso sino de permanencia en una plaza en Cataluña. Pero veo que ustedes no saben lo que es la proporcionalidad. Ustedes esconden un afán monopolizador de la Administración de Justicia de Cataluña. Hablan sin ruborizarse de la creación del Consell del Poder Judicial catalán como estructura de Estado propio. En definitiva, quieren una justicia nacionalista como parte de su proceso independentista, y en una comunidad bilingüe como la nuestra los ciudadanos en ningún caso pueden ser discriminados por razón de ella. Es antidemocrático y genera indefensión, algo que jamás puede generarse en la justicia ni en ningún otro ámbito. La diputada de Convergència ha empezado su intervención diciendo: Sé que no sirve de nada venir aquí. Mentira, siempre sirve. Los parlamentos justamente siempre sirven para aprender, para escuchar, para dialogar, pero también para comprender al que piensa diferente de ustedes. No se olviden nunca de que Cataluña no solo es de los nacionalistas sino que Cataluña es de todos, no solo de los catalanes sino del resto de los españoles, no es su patrimonio único y exclusivo sino que es de toda España. Desde el Partido Popular hemos defendido, defendemos y defenderemos siempre el catalán en Cataluña y el castellano en toda España, incluida Cataluña. [[Aplausos]] Este es nuestro posicionamiento y lo haremos siempre respetando el principio de la igualdad, de la libertad y de la justicia. No hemos cambiado jamás de criterio, quizás otros sí que cambian cada día de criterio. Muchas gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Montserrat. Despedimos con agradecimiento a los comisionados del Parlament de Catalunya.
Proposición de ley del Grupo Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Echávarri.
Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo trae una iniciativa para reformar lo que conocemos como Ley del indulto o, lo que es lo mismo, la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. La Ley de indulto no es una ley de esas que nos viene al imaginario cuando pensamos en las grandes leyes que conforman la arquitectura legal del Estado, ni siquiera cuando pensamos en las leyes que sustentan o recogen todos nuestros derechos y libertades, ni tampoco nos viene a la cabeza cuando pensamos en las normas que forman parte del tronco principal del sistema. Sin embargo, es una ley que está ahí desde 1870 y que aplicada tal y como está ahora puede hacer mucho daño al sistema, más concretamente a la confianza de los ciudadanos en el sistema, y si tenemos déficit de algo en estos tiempos precisamente es de confianza en el sistema. Por tanto, es obvio que si la gente ha dejado de confiar en el sistema que entre todos nos hemos dado es que algo funciona mal, y lo que funciona mal puede ser una pequeña pieza pero puede que haga un ruido muy grande, que es lo que pasa a veces con la mala aplicación de la Ley del indulto. Por eso, los socialistas creemos que tenemos que afinar esta pequeña norma para que el sistema en su conjunto chirríe menos de lo que actualmente lo hace. [[El señor]] Así pues, proponemos en esta modificación que jamás se proceda a la concesión de indulto total o parcial cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Dicho de otra forma, para que nos entienda todo el mundo: queremos modificar la ley para que no se pueda conceder un indulto a un condenado por corrupción; es decir, queremos modificar la ley para que no se pueda indultar a un corrupto. Fíjense que he dicho queremos modificar, cuando realmente debería decir debemos modificar porque es lo que tenemos que hacer, modificar esta ley para evitar este tipo de indultos. No es una cosa que diga yo ni mi grupo ni el resto de grupos, creo que es un absoluto clamor en la sociedad española y espero que el Grupo Popular así lo entienda también y hoy se apruebe por unanimidad esta reforma. Supongo que ahora saldrá el representante del Grupo Popular y me dirá con ese altísimo nivel dialéctico político al que nos tienen acostumbrados en esta legislatura que si no sé qué de Andalucía, que si no sé qué de no sé dónde, que si por qué no lo hicimos antes; en fin, su argumentario, lo de siempre. Pero les digo una cosa: me da lo mismo lo que digan. Nosotros venimos sin complejos a decir que a partir de ahora, desde ya, se prive al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos, sean del partido que sean, porque la corrupción no es ni de izquierdas ni de derechas, es de decentes o indecentes. No hay término medio, o estás con la corrupción o estás contra ella. Los socialistas tenemos muy claro dónde estamos y además también tenemos muy claro dónde van a quedar el grupo o los grupos que hoy se opongan a esta modificación, van a quedar con los corruptos y van a quedar contra la sociedad española; sociedad que nos está reclamando a gritos que hagamos algo para que no pierdan la esperanza en el sistema. Cada vez que un corrupto entra en prisión hay miles de españoles y españolas que se alegran. No es una alegría con sed de venganza, no me entiendan mal, es una satisfacción íntima que tienen muchos de saber que al final en este país todos somos iguales, que quien la hace la paga y que los políticos no somos una clase especial inmune a la justicia. No, no lo somos. Cada vez que se destapa una trama de corrupción hay miles de españoles que sienten que se ha hecho justicia, que por fin han pillado a ese o esa que todos sabían o sabíamos que era un corrupto, y ese día miles de españoles y españolas recuperan aunque sea un poquito la confianza en el sistema. Se trata de una confianza ganada metro a metro, centímetro a centímetro, con el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el esfuerzo del Poder Judicial, con el esfuerzo de particulares que arriesgan su vida - su vida, sí - cuando denuncian tramas corruptas que no son más que mafias. Pues bien, esa confianza en el sistema salta absolutamente por los aires cuando el Gobierno ni siquiera se plantea conceder el indulto a un condenado por corrupción o a un corrupto, y no les digo ya cuando lo concede, y no nos lo podemos permitir. Por eso hay que cerrar la puerta de forma tajante y todos juntos a esa posibilidad, sea quien sea y gobierne quien gobierne. Asimismo, entendemos que hay que hacer una modificación fuera de los casos de corrupción. Pensamos que hay que establecer una cierta supervisión de la actuación del Gobierno en esta materia. Por ejemplo, todos nos acordamos del indulto que concedió Gallardón al kamikaze de Alzira, aquel vergonzante indulto. Con esto no queremos decir que la concesión de indulto esté sujeta a autorización judicial, ni mucho menos, solamente queremos que se cumpla la Ley del indulto. El propio artículo 11 de la ley vigente dice: El indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador. Es decir, para la concesión del indulto deben existir una serie de razones que la propia ley recoge, razones sine qua non, y sin embargo no está previsto que nadie vele o supervise la existencia de esas razones constitutivas del indulto. Por eso, entendemos que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado el decreto de concesión de indulto donde se recoja de forma motivada - ese es el sentido de nuestra reforma - la existencia de algunas de esas razones, para evitar que ese ámbito de discrecionalidad que tiene la Administración, y que por tanto tiene el Gobierno y que no discutimos, se convierta en arbitrariedad, porque una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. No vamos en contra del espíritu del indulto, que es una medida graciosa y lo sabemos, vamos a favor de la aplicación estricta de la Ley del indulto, que es muy distinto. ¿Y quién debe velar por la aplicación estricta de una ley? Aquellos a quien nuestra Constitución otorga tal condición: los propios jueces. Por ello, entendemos necesario que el magistrado o tribunal que dictó la sentencia considere que existen las razones ciertas de justicia, equidad o utilidad pública. No queremos que se realice otro juicio sobre el fondo del asunto, no; queremos que se aplique correctamente la propia Ley del indulto que, como he dicho, es muy distinto; queremos que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes vele también por el cumplimiento de esta ley, si no, nos encontraríamos ante una ley que queda fuera del control judicial, una ley que otorgando un poder al Gobierno permite que sea el propio Gobierno el que decide si la cumple o no la cumple, y esto no tiene cabida en un Estado de derecho como el nuestro. Señorías, tenemos una gran oportunidad - otra más - para decir bien alto a aquellos que no creen en el sistema que el sistema funciona, que todavía tiene la agilidad necesaria para adaptarse a las necesidades y anhelos de la gente, que no hace falta insultar para avanzar, que no hace falta derribar, asaltar ni rodear nada para mejorar; que solo hay que escuchar mucho para legislar bien y que cuando la gran mayoría de una sociedad dice que algo va mal es que quizá vaya mal. Señorías, dejemos de legislar contra la mayoría y empecemos a gobernar para la mayoría. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Echávarri. Fijación de posición del Grupo Mixto. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. La presión social ha conseguido rebajar el número de indultos, cosa de la que no nos alegramos especialmente pues el problema de los indultos no es el número sino el procedimiento por el que se otorgan y sobre todo qué delitos se indultan. Cuestiones ambas que tienen remedio mediante la reforma de esta Ley del indulto - a nuestro juicio ya muy caduca -, cuya petición se ha debatido en múltiples ocasiones en esta Cámara. Insisto, la indignación no ha de venir por el número de indultados, siempre y cuando sean indultos sociales relacionados con la reinserción del condenado, con la justicia y con la equidad, y no el favor al cliente del despacho del hijo del ministro, hoy exministro, o al compañero de partido que no tira de la manta porque sabe que cuando amainen las aguas y no haya procesos electorales la ayuda llegará en forma de indulto, que para eso no tiró de la manta. Cuando una ley opaca y de corte absolutista, al permitir a los que mandan ejercer el derecho de gracia sin ningún control, cae en manos indeseables, los abusos no se hacen esperar para agradecer silencios, apoyos o cualquier otro motivo igual de lamentable. ¿Qué proponemos desde Compromís? Varias cosas. Además de lo que ya pone en la propia proposición, además de incluir la preceptiva publicación de la motivación en el Boletín Oficial del Estado incorporando el motivo por el que fue condenado y la pena cumplida hasta la fecha, permitir el acceso a aquellos que estén interesados a la totalidad del expediente de tramitación y resolución estableciendo la obligatoriedad de informar a los interesados de que se está tramitando el indulto y de que cuentan con un plazo de los días que sean para formular alegaciones. Y también regular la imposibilidad de indultar a las personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro contra la Hacienda y la Administración pública. ¿Y qué debe hacer este Gobierno mientras se tramita esta reforma? Una cosa sencilla, en lugar de hablar y de llenarse la boca todos los días en esta campaña electoral, comprometerse públicamente a rechazar todos los indultos solicitados relativos a penas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro delito contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social, contra la Administración pública del vigente Código Penal o de cualquier otro relacionado con la corrupción de cargos públicos, y hacer pública tal decisión de manera inmediata. Pedimos al Gobierno del PP que abandone el libre albedrío entendido de mala manera - el hoy por ti, mañana por mí -, propio de un Gobierno con demasiados sobres que ocultar, y comprometerse de una manera seria y rigurosa con el Estado de derecho y el respeto por la justicia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Baldoví. Señora Fernández, ¿desde el escaño?
Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño para decir que apoyamos la toma en consideración de esta proposición no de ley porque compartimos la necesidad de las modificaciones que aquí se plantean, aunque nosotros, en caso de tomarse en consideración, también presentaríamos una enmienda a este texto. Pero, señorías, entendemos, como acaba de decir el señor Baldoví, que no es cuestión de reducir los indultos sino de que estos sean debidamente motivados, tanto en su denegación como en su aprobación. Y en estos últimos años nos hemos encontrado con cuestiones que - se debatieron también en esta Cámara en más de una ocasión - parecían absolutamente escandalosas porque por los mismos delitos en unos casos se denegaban algunos indultos y, en cambio, en otros casos se otorgaban. También entendemos que deben definirse algunas cuestiones en relación con aquellos aspectos, delitos o actuaciones que no deberían ser de consideración de indulto o por lo menos deberían tener una mayor precaución en temas como los que en la propuesta se hacen, por ejemplo, aquellos que tengan que ver con los fondos públicos o relativos a cuestiones de la Administración pública. Entendemos que de la misma forma que en los casos de delitos contra la salud pública hay una serie de prevenciones a la hora de otorgar delitos, también en casos como el que se plantea en esta proposición de ley se deben tener en cuenta. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Gracias.
Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Nos parece que esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista está preñada de sentido común y de lógica jurídica y social. La ley que reforma el ejercicio del derecho de gracia a través del indulto es del año 1870. Una ley de 1870, señor presidente, tiene que ser extemporánea necesariamente. Es una ley más antigua que la Ley de Enjuiciamiento Criminal - que en este momento estamos reformando, siquiera parcialmente -, que es del año 1882, y se inspira en el ejercicio de gracia que ejercía el emperador, o el rey anteriormente, legitimado directamente por Dios. No en vano se indultaba a los penados en nombre de Dios a través de los indultos reales y de las cédulas de indultos reales. Esa perspectiva ha hecho que todavía nuestra normativa, en materia de indulto, no sea controlable judicialmente porque los requerimientos de justicia, de utilidad pública y de equidad, a los que se refiere la Ley del año 1870, reguladora del ejercicio de gracia a través del indulto, se consideran como una suerte de conceptos abstractos, no mesurables y, por tanto, no meritan justificación, y nosotros entendemos que son conceptos perfectamente mesurables en términos jurídicos y meritan fundamentación. Este es el pedimento o la solicitud de la proposición del Grupo Socialista y, por lo tanto, nos parece adecuado que se fundamente en la concesión de un acto que la propia legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera graciable o que se considera gracioso. Mire, no es gracioso, es escandaloso. Muchos indultos que se han concedido son manifiestamente escandalosos. Para evitar esos escándalos que han provocado alarma social, señor presidente, la exigencia de fundamentación de estos elementos o motivos de equidad, de justicia social o de utilidad pública a los que se refiere la ley, más el que incorpora la proposición de ley del Grupo Socialista, que es el de la rehabilitación o reinserción social de los penados, nos parece razonable, así como nos parecen razonables todos y cada uno de los aspectos que el contenido material de la proposición de ley contempla: la exclusión de la posibilidad del indulto a los sujetos que cometen delitos de corrupción política. Pero tenemos una duda, señor Echávarri, y lo siento. Cuando ustedes se refieren a la reforma en su artículo único, primero, artículo 2, no agotan todos los delitos de corrupción política. Se refieren a los delitos de corrupción política cometidos por funcionarios o autoridades públicas que, a través de una contraprestación de naturaleza indebida a favor de un tercero o con un tercero, cometen un delito, pero esos no son todos los delitos de corrupción política. Quizás, si esto se pudiera tramitar, cosa que dudo - lo dudo razonablemente -, podríamos enmendar este precepto y amplificar el ámbito subjetivo de aplicación de esta posibilidad de indulto para los comitentes de delitos de corrupción política. En segundo lugar, nos parece muy adecuado recabar informes nuevos que vayan más allá de los previstos en la legislación: informe de la junta de tratamiento, informe del tribunal sentenciador que ha impuesto la pena cuando se solicite un indulto de carácter total y sobre todo los requerimientos contenidos en la reforma del artículo 5 relativos a que la resolución de indulto deba hacer mención expresa al menos de la pena en que recaiga la gracia - la pena indultada - del delito cometido, del estado de ejecución o, en su caso, de la pena impuesta, y del título de imputación y el origen de la solicitud del indulto. Desconocemos incluso quiénes solicitan el indulto, no conocemos los expedientes de indulto en su totalidad. Desde esa perspectiva estamos ante un verdadero acto graciable, pero también ante un acto que constituye una atrofia democrática. No tiene sentido que a estas alturas de la vida, señor presidente, no se conozcan los motivos del indulto y quiénes solicitan el indulto, porque sabiendo quiénes solicitan el indulto se puede dimanar o derivar claramente su carácter bastardo, su carácter espurio o no. En relación con el indulto total y el hecho de que el magistrado o el tribunal sentenciador manifiesten su opinión y que solo en caso de opinión favorable del magistrado o tribunal sentenciador se pueda conceder un indulto total, nos parece que deben fundamentarse a través del real decreto correspondiente, que debe ser de carácter público, los motivos de justicia, de equidad, de utilidad pública y los relativos a la resocialización y, por último, nos parece también que el control parlamentario es muy pertinente y, desde esa perspectiva, con el instrumento utilizado en la proposición de remitir semestralmente a la Comisión de Justicia los expedientes de indulto y amplificarlos con aquellas solicitudes de información complementaria que la Comisión de Justicia considere pertinentes estableceremos no solo un mecanismo de control jurisdiccional del ejercicio del derecho de gracia, sino también un control de naturaleza política o, cuando menos, parlamentaria. Por lo tanto, nos parece bien la totalidad de lo propuesto por el Grupo Socialista. Seguramente con esta proposición de ley, si fuera objeto de consideración y de aprobación en su caso, nos podríamos ahorrar muchos de los escándalos con los que hemos convivido en tiempos recientes en el ámbito de la concesión o de la utilización del derecho de gracia a través del indulto. Señor presidente, es insostenible que algunos de los indultos que han sido mencionados por algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra se hayan concedido con ese carácter graciable, con esa falta de control jurisdiccional y con ese carácter tan absolutamente discrecional y abusivo que ha provocado auténtica alarma social.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente para decir que, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición. Mi grupo ha presentado anteriormente propuestas en un sentido muy parecido, hay un alto nivel de coincidencia, una de ellas en el año 2013, que contó con el voto favorable del Grupo Socialista, y otra posteriormente, en 2015, en la Comisión de Justicia, que no lo tuvo, quizá porque iba ligada a cuestiones como los aforamientos y su supresión dentro de un paquete que a nosotros siempre nos ha parecido - querría brevemente insistir en ello - que debería tomarse como un todo. Es evidente que la Ley del indulto se ha usado de un modo espurio; ha sido una especie de último recurso muy favorable a personas condenadas por corrupción. Es un auténtico escándalo que signifique que exista un último mecanismo de escape cuando los tribunales de justicia funcionan, y además es un hecho documentado y contrastable, porque una de las colectivos más beneficiados por los indultos son -¡vaya por Dios!- los condenados por corrupción. Concretamente han favorecido a determinados partidos que han tenido siempre una relación privilegiada en sus tratos parlamentarios para formar gobiernos. Todo eso hace inevitable e ineludible cambiar la Ley del indulto para que haya unas reglas que excluyan a aquellos que han cometido y han sido condenados por delitos contra las administraciones públicas. Nosotros pensamos, insisto en ello, que esto debe formar parte de una regeneración de la Administración de Justicia desde la raíz, desde las leyes que permiten abusos como este que hemos comentado y que motiva esta proposición, y que esto debería ir ligado - aunque no vamos a pretender que se haga en esta ocasión - a la supresión de los aforamientos, a la independencia de la justicia, a la dotación de medios materiales, a acabar con las tasas judiciales, a apoyar el turno de oficio y todas esas peticiones absolutamente elementales que son las que distinguen un Estado de derecho de verdad de uno virtual. Un Estado de derecho donde un condenado por corrupción puede ser indultado por el Gobierno sin ningún tipo de razón le falta mucho para ser un auténtico Estado de derecho. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. Señorías, el indulto es una institución jurídica extraordinaria, pero, en la medida en que el órgano que concede el indulto es el Poder Ejecutivo, puede afirmarse que también tiene un claro carácter político. Ello, unido a la falta de transparencia del proceso y a la ausencia de una regulación pormenorizada de las circunstancias que motivan la concesión o denegación del indulto, suscita con frecuencia interrogantes sobre las variables referidas al contexto político del indulto y, en particular, sobre el ministro que lo concedió. Un estudio publicado en el año 2011 en el número nueve de la Revista española de investigación criminológica, de los juristas Doval, Blanco, Fernández-Pacheco, Viana y Sandoval, señala que entre los años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519; unos 42 indultos cada mes. Por ejemplo, el 1 de diciembre del año 2000 el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, concedió 1.443 indultos en bloque en un solo día, justificándolos porque el Papa Juan Pablo II había pedido al Gobierno medidas de gracia con motivo del año jubilar. Puede entenderse, señorías, que el indulto, al ser la última esperanza del condenado, suavice o subsane penas desproporcionadas, o que sea concedido en determinadas circunstancias, como las responsabilidades familiares del reo, la avanzada edad del penado, su menor peligrosidad o la existencia de enfermedades incurables. Sin embargo, estamos hablando de otra cosa; estamos hablando de que en no pocos casos la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político determinado, a una institución pública o a poderes económicos relacionados han generado polémica y dudas razonables sobre un problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen o no en la concesión del indulto. Ese es el debate público que hay en la sociedad española, la creencia de que el indulto se ha convertido en un mecanismo de abuso por parte de los distintos gobiernos, y permítanme decir que de forma especial del actual Gobierno del Partido Popular. De eso estamos hablando. Les recuerdo, señorías, que en el debate parlamentario que tuvimos aquí sobre el tema de las leyes de transparencia, en el debate parlamentario de la Ley de altos cargos, diversos grupos parlamentarios pidieron al principal grupo del Gobierno, le pidieron al Gobierno la regulación del tema de indulto en el caso de que este no fuera regulado en ninguno de esos proyectos de ley. El silencio fue la respuesta y lo sigue siendo, porque en gran parte el Partido Popular no renuncia a un mecanismo discrecional para, en muchas ocasiones, usar el indulto con sus amigos. Sí, es necesaria una regulación del indulto en nuestro país fruto, repito, del abuso que se está produciendo en su uso. Por tanto, de forma clara, el tipo de medidas de gracia que supone el indulto puede suponer un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería incompatible con el principio de igualdad ante la ley por su carácter discrecional, arbitrario y, en gran parte, secreto. Vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista porque estamos de acuerdo con las cuatro medidas angulares que propone. Primero, exceptuar los delitos de corrupción para que estos no puedan ser indultados. Qué gran mensaje sería este para la sociedad española. Segundo, obligar a la motivación del indulto, porque algunos indultos, si se motivaran, significarían la vergüenza del que redacta la motivación, ya que saben perfectamente que algunos de ellos no tienen motivación alguna. Tercero, cotejar la opinión del tribunal o magistrados que emitieron la condena. Sí, eso es imprescindible. Finalmente, asegurar la información regular al Congreso de los Diputados y a su Comisión de Justicia y, si me permiten, la elaboración de un índice estadístico oficial para que sepamos con luz y taquígrafos por qué, a quién y cuántos indultos se producen en nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, señor Nuet. Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Jané.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que nos plantea el Grupo Socialita en materia de indulto. Un voto a favor, a pesar de que para Convergència i Unió lo que sería necesario no es una reforma parcial de una ley - lo recordaba muy bien el señor Olabarría, a quien doy la bienvenida nuevamente al Pleno del Congreso tras su intervención quirúrgica; bienvenido nuevamente, señor Olabarría - que, como decía el señor Olabarría, es de 1870. Más que buscar reformas que suponen un parche, sería necesario hacer una reforma global de la figura del indulto, hacerlo de acuerdo con el derecho comparado y/o con parámetros constitucionales que para Convergència i Unió deberían comportar un control de los indultos; la posibilidad de controlar las concesiones de indultos, que se pudieran recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa y prever de manera clara; la transparencia - lo decía el señor Nuet -, que nos debería llevar a que todo indulto debe ser especialmente motivado, conocer las razones. Quiero recordar al Grupo Socialista que en tiempos del Gobierno socialista sí se reformó la Ley del indulto; en el año 1988 hubo una reforma del artículo 30, una desafortunada reforma, porque la ley decía que habría un decreto motivado para conceder el indulto, pero se aplicó tipp-ex y se quitó motivado. Se concederán por real decreto, eliminándose en el año 1988 la necesidad de que deben ser motivados. Hoy el Grupo Socialista plantea esa necesaria motivación. Lo compartimos y lamentamos que se hubiera aplicado esa supresión en el año 1988, aunque siempre es bueno rectificar y, por tanto, entendemos que los indultos deben ser motivados y deberían mencionar siempre de manera expresa el delito cometido, el grado de ejecución de la pena alcanzada, el título de la imputación, la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud de indulto - saber quién la pide - y, por último, claramente los motivos que pueden justificar ese indulto. No estamos en contra de la figura del indulto en sí, una figura que está en la Constitución y en países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Estamos a favor de que se regule de forma distinta y de manera global, no reformas reactivas. Desde Convergència i Unió creemos que no debemos aplicar aquí reformas reactivas, debe ser una reforma global. Hoy se plantean estos puntos concretos y bienvenida sea esta propuesta si nos puede servir, aunque sea al final de la legislatura, para replantear globalmente esta institución del indulto y realizar esa reforma global, que es una asignatura pendiente. Por tanto, Convergència i Unió votará a favor de la toma en consideración. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Jané. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García-Tizón.
Señor presidente, señorías, el presente debate tiene por objeto una proposición de ley presentada en diciembre del año 2013 por el Grupo Socialista, que pretende una modificación de la actual Ley del indulto en los siguientes extremos. En primer lugar, una excepción de la medida de gracia del indulto cuando se trate de delitos cometidos por la autoridad en el ejercicio de su función en el cargo o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio o acción económica para sí o para un tercero. En segundo lugar, declarar nula y sin eficacia alguna la resolución del indulto en el que no se contengan, además de las menciones que se exigían en la Ley de 1870 - delito, estado de ejecución de la pena, título de imputación y origen del indulto -, la motivación que, a juicio del Gobierno, justifica su concesión. Finalmente, remisión cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de una copia de las resoluciones de los indultos concedidos. La medida de gracia del indulto tiene una acogida muy escueta en la Constitución de 1978; concretamente, dos menciones en los artículos 62 y 102.3. Según el primero, corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. El segundo establece que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno. Es, pues, una previsión constitucional dotada de características propias, puesto que no es un acto administrativo ni del mismo es predicable el carácter discrecional que acompaña a otra categoría de estos actos administrativos. Por eso no está sometido al control jurisdiccional, salvo en los elementos reglados, que son elaboración y tramitación, y tampoco está sometido al elemento teleológico de su finalidad, el fin de la gracia. Así lo recogen múltiples sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas la de 27 de mayo de 2003 y la de 10 de octubre de 2007, recogidas en la proposición de ley. En definitiva, el indulto es un acto graciable y con muchas reminiscencias de los actos políticos, sin que debamos llegar a la conclusión de que hay una plena asimilación de esta medida con los actos políticos. Con todo, esta medida de gracia representa una institución plenamente vigente y totalmente generalizada en el derecho comparado y conveniente, como han reconocido anteriores portavoces que han intervenido con anterioridad, dicho lo cual debo manifestar que la misma - algunos portavoces han afirmado lo contrario - ha sido utilizada en contadísimas ocasiones por el actual Gobierno. Así, en el año 2013 ha concedido menos del 3 % de las peticiones recibidas y en 2014 el 1,05 % -72 sobre 6.824 solicitudes - y ha contado con el parecer favorable del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal en más del 95 % de los casos. Ninguno de estos indultos concedidos por el Gobierno del Partido Popular lo ha sido por delito de corrupción. Señorías, ninguno; antes al contrario, desde el primer momento este Gobierno anunció que tales delitos no obtendrían el indulto en ningún caso. Veamos un poquito más a fondo la proposición. En primer lugar, la ampliación de los supuestos de excepción del indulto. Actualmente - lo saben ustedes - son tres: falta de sentencia firme, personas que no están a disposición del tribunal y reincidentes, aun cuando en este caso se emite que por razones de equidad, justicia o utilidad pública pueda concederse el derecho de gracia del indulto. A ello debe añadirse el supuesto ya indicado de responsabilidad criminal del presidente y demás miembros del Gobierno. Pues bien, la proposición pretende aplicar la excepción del indulto a los casos cometidos por autoridad en supuestos de corrupción. Se puede aceptar la extensión de estos supuestos de excepción más allá de lo que contiene la Ley del año 1870 y el artículo 102.3 de la Constitución. Hay que reconocer que en nuestra Constitución no hay numerus clausus respecto de cuáles deban ser los supuestos excepcionados de la gracia del indulto. Ahora bien, faltaría por determinar en esta proposición que presenta el Grupo Socialista cuáles deben ser con carácter general los delitos a los que se extienda el indulto. ¿Solamente a los delitos de corrupción, como entiende el grupo proponente, al estimar que no está justificado este recurso excepcional en los delitos de corrupción política o, por el contrario, puede y debe extenderse a otros delitos? ¿Entiende el Grupo Socialista que no está justificado, puesto que no lo incorpora a su proposición, en los delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico sexual, violencia doméstica, pederastia, tráfico de drogas grave, violencia de género, violencia sobre menores, malversación de caudales públicos, prevaricación? ¿No tienen estos delitos un rechazo social al menos tan fuerte como los delitos de corrupción? La proposición de ley presenta un claro tinte oportunista y no pretende tanto impulsar una modificación sustancial de las medidas de indulto como aprovecharse interesada y partidistamente de un problema social y político que actualmente existe y contra el que está luchando denodadamente el Gobierno del Partido Popular, que ha ofrecido a todos los grupos políticos el máximo consenso para combatirlo y para que no se permitan atajos ni ventajas partidistas. La segunda de las modificaciones es la exigencia de la motivación. Se señala en la exposición de motivos de la proposición que existe un vacío inadmisible en un Estado democrático y se sugiere que eso se viene arrastrando desde el año 1870. Eso es rigurosamente inexacto. Como antes he indicado, hasta el año 1988 la ley de 1870 exigía decreto motivado para la concesión de los indultos. Fue en esa fecha cuando, merced a una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se sustituyó esa expresión de decreto motivado por la simple de real decreto. Esto permitió que los reales decretos de concesión de indultos no tuvieran motivación alguna y así se aceptó por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como puede apreciarse en las sentencias citadas en la propia proposición de ley. Debo reconocer que desde el primer momento existieron voces críticas ante la situación creada por la enmienda socialista, al entenderse contraria al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9 de nuestra Constitución. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido modulando su doctrina anterior para intentar integrar una interpretación más conforme con la Constitución y la Ley del indulto. Así, en esas sentencias se señala que la motivación de la enmienda de 1988 obedecía escuetamente a una adaptación terminológica y no modificó la exposición de motivos de la Ley de 1870, en donde se requerían las razones de justicia, equidad y utilidad pública. También un análisis sistemático de la Ley de 1870 conduce a la conclusión de que deben constar en la resolución razones de justicia, equidad y utilidad pública, ya que en su texto se insiste hasta en cinco veces - artículos 28, 25, 11, 16 y 2- en la concurrencia de esas razones de equidad, justicia y utilidad pública. No obstante, junto a todo lo anterior y como reconoce la sentencia, debe señalarse que el control jurisdiccional nunca puede extenderse al núcleo esencial del derecho de gracia de indulto o a la valoración de los requisitos formales, pero sí debe alcanzar a la no concurrencia de la arbitrariedad en la concesión de la gracia. Por último, la proposición contempla la obligatoriedad del Gobierno de remitir cada seis meses a la Comisión de Justicia una copia de las resoluciones de los indultos concedidos. La actual Ley del indulto ya contempla en su artículo 30 que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará por real decreto, que se insertará en el Boletín Oficial del Estado, en el que se incluye el tribunal sentenciador, la fecha de la sentencia, la tipificación del delito, la pena impuesta y el contenido exacto de la gracia y sus condiciones. A ello, señorías, debe añadirse la modificación operada en este tema por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que entrará próximamente en vigor, que ha introducido una disposición adicional tercera conforme a la cual el Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de los indultos. Para la presentación de los datos contenidos en este informe y previa remisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En el mismo sentido, esta ley orgánica introduce una disposición final primera de modificación de la Ley del indulto. En definitiva, señorías, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, verá que ha actuado con prejuicio; sabía lo que íbamos a decir, nos íbamos a referir a algo que no ha tenido que ver en mi intervención. Además, no sabe o no dice si admite o no el derecho de gracia o el indulto en nuestro derecho, porque dice una cosa y la contraria; dice que es un acto graciable y al mismo tiempo quiere someterlo a control jurisdiccional. Señorías, si bien la medida del indulto es una medida excepcional, muy poco utilizada por este Gobierno - ya lo he dicho anteriormente; menos del 3 % en 2013 y menos del 1,05 % en 2014, y además en más del 95 % ha contado con el parecer favorable del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal -, es cierto - y en eso convenimos con la mayoría o prácticamente la totalidad de los grupos políticos - que este instituto necesita una acomodación a las nuevas tendencias del Tribunal Supremo y una mayor integración con las determinaciones constitucionales, en especial la garantía de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Señoría, su tiempo terminó hace ya un buen rato.
Voy terminando, señor presidente. El Ministerio de Justicia se ha manifestado favorable al criterio del Gobierno a acometer una reforma en profundidad de este instituto, pero de forma integral, sensata, sin oportunismos ni ventajas partidistas. Esta proposición no cumple estas exigencias: es incompleta, le falta rigor, viene a la Cámara con bastante aire oportunista y partidario, y varias de sus propuestas ya se encuentran superadas por la legislación recientemente aprobada, como es el caso de la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Por todo ello, señorías, entenderán que el Grupo Parlamentario Popular no va a conceder el voto favorable a esta proposición de ley. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor García-Tizón.
Pasamos al punto III, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que se refiere a la utilización de plataformas y servicios compartidos en las administraciones públicas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
Gracias, señor presidente. Señorías, desde el inicio de la actual legislatura tanto el Gobierno como el Grupo Popular fijaron como uno de sus objetivos principales acometer una reforma en profundidad de las administraciones públicas. En este objetivo se implicó todo el Ejecutivo, que creó la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, CORA. Esta Comisión realizó un estudio en profundidad para detectar defectos estructurales de las administraciones y así poder proponer las reformas necesarias para mejorar su eficiencia y su transparencia, abaratando los costes y prestando servicios más eficaces a los ciudadanos y a las empresas. Acometer esta ingente tarea reformadora no solo era una necesidad obvia, sino que también resultaba ser una exigencia ciudadana ampliamente compartida. Creo poder afirmar, señorías, que el compromiso adquirido por el Gobierno está dando importantes frutos. Así, de las 222 medidas propuestas en el informe CORA, el 70 % de ellas están ejecutadas al cien por cien en un proceso modernizador sin precedentes en nuestra historia democrática, compartido por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los empleados públicos. Unas reformas, señorías, que han sido muy bien valoradas por la OCDE, que las califica como uno de los procesos más ambiciosos de reforma de la gobernanza en países miembros. El proceso ya ofrece resultados prácticos. El conjunto de las medidas ha generado un ahorro de más de 20.200 millones de euros y la supresión de un total de 2.194 entes públicos en el conjunto de las administraciones. Se han firmado 292 convenios para evitar duplicidades y se han emitido ya más de 900.000 facturas electrónicas. Además, el ahorro para los ciudadanos y empresas derivado de las menores cargas burocráticas se cifra en más de 1.700 millones de euros y se ha reducido el déficit de las administraciones públicas desde el 9 % de 2011 al 5,7 % de 2014. Todo ello, señorías, se ha hecho dentro de un proceso mucho más amplio de reformas que ha situado a España en una clara senda de recuperación económica, con un crecimiento del PIB cercano al 3 % y un ritmo de creación de empleo en el entorno de 500.000 puestos de trabajo anuales, liderando nuestro país ambas estadísticas en el conjunto de la Unión Europea. Para lograr los objetivos planteados por el informe CORA está resultando de gran importancia el desarrollo y la utilización de plataformas comunes y servicios compartidos entre diferentes administraciones públicas como solución para reducir cargas administrativas e incrementar la comodidad de los usuarios, proporcionar servicios de calidad reduciendo sus costes operativos y favorecer la coordinación entre varias administraciones. Estas plataformas comunes y servicios compartidos son más importantes, si cabe, en un país como España, fuertemente descentralizado, donde los ciudadanos y empresas tienen que relacionarse con distintas administraciones de diferentes ámbitos territoriales para trámites ordinarios de su vida familiar o empresarial. No tendría sentido que en España, que está participando en uno de los proyectos de cooperación y coordinación más ambiciosos de la historia, como es el de la Unión Europea, las administraciones públicas fueran incapaces de colaborar para la reducción de cargas burocráticas y costes económicos y para mejorar la atención a los usuarios. [[La señora]] Señorías, todo el proceso impulsado por CORA se está realizando en un marco de respeto competencial y lealtad institucional, puesto que el objetivo no es una recentralización, como falsamente se traslada a la opinión pública desde algunos sectores nacionalistas, sino una racionalización en la prestación de los servicios, una reducción de la burocracia que facilite a los ciudadanos y empresas su actividad diaria y esto, señorías, es una demanda unánime y permanentemente reiterada por los usuarios en todas las encuestas. No se puede ocultar la ineficacia de las administraciones públicas ni los perjuicios causados a ciudadanos y empresas detrás del discurso identitario de un nacionalismo anacrónico, y menos aún con el mantenimiento de viejos vicios de unas estructuras administrativas que se pueden resistir al cambio y la modernización. CORA ha desarrollado o impulsado plataformas comunes en todos los ámbitos verticales de la actuación administrativa - sanidad, servicios sociales, empleo, justicia, educación, etcétera -, así como en elementos horizontales en la prestación de servicios - contratación y facturas electrónicas, embargos, gestión inmobiliaria, gestión de caja de depósitos, etcétera. Muchos de estos sistemas, señorías, han sido creados para hacerlos de uso obligatorio en los organismos dependientes de la Administración General del Estado pero con vocación de servicios comunes a todas las administraciones públicas, que pueden adherirse a su utilización de forma voluntaria. En otras ocasiones se han desarrollado plataformas comunes para hacer compatibles los distintos sistemas de información y para intercomunicarse cuando el ciudadano cambie de ámbito en el que se está realizando la prestación de servicios. El ejemplo más claro es el de la sanidad. Hay que destacar, señorías, que el objetivo es que el ciudadano y la empresa reciban una atención ágil, eficiente y comprensible, que el usuario perciba el servicio que está recibiendo como integral y no fragmentado. Son ya más de treinta las plataformas comunes o servicios compartidos impulsados por CORA. Nadie con sentido común y verdadero espíritu de servicio público puede negar que el uso de estas plataformas comunes y servicios compartidos mejora la eficacia, minimiza los costes operativos en la prestación de los servicios y, sobre todo, reduce sensiblemente las cargas administrativas que han de soportar los ciudadanos y las empresas. Señorías, ante el éxito del programa de la reforma de las administraciones públicas que está desarrollando el Gobierno mediante CORA, creemos necesario instar a continuar con el proceso de transformación del sector público y fomentar el diálogo con las comunidades autónomas...
Señor Martín-Toledano.
Estoy finalizando. ... y fomentar el diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales para impulsar los acuerdos necesarios para la utilización y coordinación de las plataformas comunes y servicios compartidos. No olvidemos, señorías, que prestar buenos servicios de forma rápida y eficiente a los ciudadanos es la razón de ser de las administraciones públicas y por ello pedimos a todos los grupos que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Martín-Toledano. Se ha presentado una enmienda por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa, señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. En esta proposición no de ley se plantea un problema concreto, el de la necesidad de compartir plataformas virtuales, que sirve como pretexto para reflexionar sobre un problema más general, que es la necesidad de reformar las administraciones públicas. Comenzando por el asunto concreto de la necesidad de plataformas virtuales, tendría que decir al proponente que, en lo que se refiere a mi grupo, está usted predicando a los ya previamente convertidos. En cierta manera está predicando a los que, si me lo permite, iniciamos la predicación, porque una de las propuestas importantes de Unión Progreso y Democracia desde su creación tuvo que ver con la existencia de duplicidades en las administraciones públicas, algo que entonces se negaba, incluso era un tema tabú, y para ejemplificar esa necesidad de acabar con las duplicidades siempre nos pareció que uno de los asuntos más llamativos era el que se daba en las plataformas virtuales, porque proliferaban en nuestro país en distintos formatos que a menudo no se comunicaban entre sí. Era un ejemplo realmente llamativo, porque existen, desde luego, las tecnologías para evitar este problema, algo totalmente incomprensible. Por eso hicimos propuestas como una proposición no de ley de la que nació el actual portal único de empleo. Es cierto que este portal único es más un buscador de buscadores que lo que nosotros entendemos como integración, que son formatos similares y plataformas en las que el usuario, realmente, no esté notando que utiliza una plataforma compartida por diferentes administraciones. A estas alturas, siete años después de que Unión Progreso y Democracia planteara estas cuestiones, casi cuatro años - tres años y medio - después del inicio de la legislatura, nos deberíamos preguntar cómo todavía queda camino por recorrer en esta cuestión, cómo no se ha resuelto todavía, incluso más, cómo sucedió alguna vez, qué tipo de descoordinación hubo en nuestras administraciones para que ni siquiera en este nivel virtual, en el que existe la tecnología, en el que no existe coste, en el que existe comodidad para los usuarios, creásemos este sistema no descentralizado - porque la descentralización en sí es buena -, mal diseñado, caóticamente descentralizado. Sobre este problema concreto se hacen unas reflexiones generales sobre la bondad de la reforma de las administraciones públicas emprendida por el Gobierno. La necesidad de reforma es evidente. Tenemos una Administración local, unas diputaciones provinciales, unas comunidades autónomas, un Estado, una Administración europea, solapadas entre sí. Por eso mi grupo ha diseñado y propuesto de forma concreta una ambiciosa reforma de las administraciones públicas. Muchas cuestiones ya son parte de la agenda pública - no lo eran cuando las introdujimos -, por ejemplo, la necesidad de suprimir las diputaciones provinciales -6.000 millones de ahorro cada año, fuimos los primeros en proponerlo, ha ido calando en la agenda pública -; por ejemplo, la necesidad de fusionar ayuntamientos - son más de 8.000 en España, nuestros vecinos lo han hecho, fuimos los primeros en proponerlo, ha ido calando en la agenda pública - y cuestiones que introdujimos y seguimos siendo los únicos en defender, por ejemplo, la necesidad de que cada comunidad autónoma no se convierta en un miniestado, no replique diecisiete veces organismos que pueden no ser imprescindibles, como los consejos consultivos. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid? ¿Sigue funcionando? ¿Siguen funcionando en las otras comunidades? Por ejemplo, los consejos económicos y sociales, por ejemplo, los tribunales de cuentas. La reforma del Gobierno ha sido muy poco ambiciosa y la prueba está en que todo esto que acabo de citar sigue existiendo. No se han suprimido las diputaciones, no se han fusionado ayuntamientos, no se han suprimido esos organismos innecesarios. Sin embargo, era posible hacerlo - un Gobierno con mayoría absoluta, comunidades autónomas rescatadas - y era necesario, era la forma correcta de equilibrar las cuentas públicas. Nosotros calculamos que se podían ahorrar 40.000 millones de euros. Ustedes lo negaban, pero con su minirreforma dicen haber ahorrado la mitad. Por eso creemos que esto no se puede solucionar con una PNL genérica como la que traen y hemos presentado una enmienda para dar verdadero contenido a la PNL. Dejémonos de declaraciones genéricas y, si queremos avanzar en esa línea, les proponemos emprender el camino hoy para suprimir las diputaciones provinciales en España. Si no lo hacen, como me temo que no harán, no apoyaremos su PNL, nos abstendremos, porque solucionar los problemas con declaraciones genéricas y con palabras y no con hechos no es para lo que nos han puesto aquí los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Anchuelo. Fijación de posiciones, Grupo Mixto, señora Fernández.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, nos damos por aludidos por lo que el defensor de esta proposición no de ley acaba de comentar en relación con que algunas formaciones políticas, y concretamente los nacionalistas, acusábamos al Gobierno de centralista o de recentralizar las políticas a propósito de la utilización de estos criterios. En ese sentido, señor diputado, desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos esa acusación, porque entendemos que esto es una recentralización. Ustedes, escudándose en el pretexto de la racionalización del gasto, lo que encubren realmente es una serie de medidas que amplían las capacidades de decisión y de intervención del Gobierno central. Eso es así. Hay algunas cuestiones de las que pueden presumir como que se han reducido costos por la compra de un mayor volumen de servicios, concretamente en el aspecto sanitario, pero es verdad que la intervención del Estado en estos asuntos ha limitado competencias de las comunidades autónomas. Además, no podemos olvidar que, al amparo de los criterios de esta reforma de las administraciones públicas que emanan del informe CORA, también se aprobó la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una ley que representa un proceso de involución en el funcionamiento de las instituciones. Nos sorprende que el Grupo Popular, que apoyó un proyecto de ley - hoy convertido en la Ley 27/2013- sin el consenso de las comunidades autónomas ni de las administraciones locales, en contra de las administraciones locales y administraciones autonómicas, en este caso ponga mucho énfasis en que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a continuar con el proceso de transformación del sector público, en este caso en diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales. Es decir, algo que obviaron en cuestiones fundamentales dentro de esa Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que comentaba, en este caso, parece que a ustedes les interesa. Nos parece muy bien, pero seguimos insistiendo en que realmente esto es inmiscuirse en las competencias que las comunidades autónomas e incluso las administraciones locales tienen, o tenían en el caso de estas últimas. Ustedes hacen también una valoración muy positiva en el sentido de que, al amparo de los criterios del informe CORA y de las reformas administrativas que se han hecho, se han conseguido mejoras importantes - que ustedes mencionan como tales -, como la supresión de más de 2.000 entidades en el sector público y lo que esto ha significado de incidencia en el empleo público y en la creación de empleo, etcétera. Por la observación que hemos hecho a raíz de que estas medidas se tomaran, hemos visto que, al mismo tiempo que se destruyeron estos organismos de la Administración local o fundamentalmente de la Administración autonómica, se destruyó muchísimo empleo público, y al amparo de estas medidas se han creado muchos empleos, pero empleos precarios, después de llevarse a una privatización clara los servicios públicos que había hasta ese momento. Es decir, se eliminaron esos 2.000 organismos o entidades del sector público para privatizar los servicios y crear empleo en precario como más de una vez hemos hablado aquí y, además, hacen incluso mención al número importante de empleos autónomos que se han creado. En estos momentos estamos comprobando, aunque haya un silencio muy grande con relación a la información sobre estos asuntos, que hay trabajadores de empresas y fundamentalmente falsos autónomos que están trabajando en condiciones esclavistas, no solo por los bajos salarios que perciben sino por las condiciones en cuanto a horarios laborales, falta de Seguridad Social o precaria cotización a la misma, en definitiva, una serie de cuestiones inadmisibles sobre todo cuando los trabajadores, ya sean autónomos o empleados de empresas privatizadas contratadas por la Administración pública, trabajan para el sector público. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos plantean aquí la utilización de plataformas y servicios compartidos, pero no nos han explicado lo más relevante, que es dónde han visto esta benemérita institución en el bloque de constitucionalidad, qué precepto de la Constitución prevé la existencia de plataformas o servicios compartidos, qué precepto de cualquier estatuto de autonomía de los actualmente vigentes prevé esta benemérita institución, qué precepto de cualquier otra ley orgánica de carácter configurador de la estructura territorial o institucional del Estado prevé este benemérito instituto. Estamos ante una innovación creativa a la que tan dados son ustedes sobre todo cuando esta provoca como efecto inevitable la erosión del Estado autonómico, la erosión de la Administración local y sus competencias o la erosión de la Administración foral. Una portavoz de su grupo parlamentario, la señora Montserrat, en el primer debate de esta tarde relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se refería al miedo a la libertad que nos atribuía a algunos grupos parlamentarios. Es bueno citar a Erich Fromm y su pronunciamiento respecto al miedo a la libertad, pero, con relación a la iniciativa que ustedes nos presentan ahora y en términos de discurso escolástico, el miedo a la libertad se convertiría en la aporía y en el miedo a esta iniciativa que ustedes nos presentan. A nosotros nos da miedo no la libertad; nos da miedo el informe CORA y nos da más miedo la Opera, cuya denominación por cierto es el acrónimo de la oficina para la ejecución de la reforma de la Administración. Fíjese que la expresión ejecución es un término polisémico. Cuando ustedes hablan de ejecución le doy la dimensión terminológica que se puede imaginar y no la que desde una perspectiva apologética ustedes han comentado. ¿Cómo se pueden jactar de lo que ha hecho la CORA y de lo que ha hecho la Opera? Son nuevas fórmulas de erosionar el Estado autonómico, y en esto están practicando un ejercicio de imaginación creativa digna de encomio, digna de admiración. Ya no se conforman con los títulos tradicionales de erosión de las competencias autonómicas, sino que han incorporado otras: la estabilidad presupuestaria y sus requerimientos tras la reforma del artículo 135 de la Constitución; la recepción del derecho comunitario - cada directiva o decisión marco que se incorpora a la legislación española es un nuevo hachazo a las competencias autonómicas y a las competencias forales -; la utilización de títulos competenciales impropios, como el previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que es una invocación a la libertad, que no es un título atributivo de competencias, según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la incorporación de nuevos derechos llamados de ciudadanía, cuya identidad jurídica nadie conoce en el mundo del derecho, pero que sirven también para erosionar el derecho autonómico y las competencias autonómicas y las locales - como veremos en la siguiente proposición no de ley que se va a debatir en esta Cámara con relación a la prestación de servicios sociales - y las forales también, en relación con las instituciones forales de Euskadi particularmente. Desde esa perspectiva, no comprendemos esa reflexión apologética en cuanto a la CORA y en cuanto a la Opera. Nos manifestamos en contra de los pretendidos beneficios conseguidos desde la perspectiva de mejora de la eficiencia de la Administración pública. Esta mejora de la eficiencia ha consistido, lisa y llanamente, en erosionar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, el ámbito competencial de las administraciones locales y de las administraciones forales. Cuando ustedes pregonan - y realizan una reflexión preñada de apología - la desaparición de 2.000 organismos o entidades públicas, ninguno es un organismo o una institución del Estado - son todas instituciones autonómicas, locales o forales -, cuando en este momento, si hacemos una comparación del número de instituciones existentes en el ámbito del Estado en relación con las autonómicas y forales, estamos en una relación de 60 a 1 - y estoy contando todas -, 60 del Estado por cada una autonómica, local o foral, incluyendo no solo la Administración general sino también las reales academias, entidades gestoras, organismos públicos de otra naturaleza, organismos autónomos, etcétera. En ese sentido le tengo que decir que el hecho autonómico se basa en el denominado constitucionalmente principio dispositivo. El principio dispositivo distribuye competencias y el principio dispositivo no permite instrumentos de erosión o de daño de estas competencias. El principio dispositivo subyace en los contenidos de los artículos 148 y 149 de la Constitución y ninguno de estos prevé la existencia de plataformas compartidas. Para eso están las conferencias sectoriales y otras estructuras de colaboración que usted conoce perfectamente. El principio dispositivo subyace también en todos los estatutos de autonomía, ninguno de los cuales se refiere tampoco a la existencia de plataformas compartidas. Se nos antoja - y se lo digo con todo el respeto...
Señor Olabarría, acabó su tiempo.
Sí, acabo ya. ... y con el aprecio que sabe que le tengo - que esto no es más que otro instrumento más, groseramente disfrazado - si me permite la expresión - para seguir erosionando competencias autonómicas, competencias locales y competencias forales. Muchas gracias.
Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, debo reconocer que hoy el Grupo Popular se ha superado a sí mismo. Cada semana comparece con una proposición no de ley en la que nos propone hacer aquello que el Gobierno no hace, como si el Partido Popular estuviera en la oposición, pero hoy han rizado ustedes el rizo, porque hoy se nos presentan con una propuesta para que el Gobierno haga lo contrario de lo que viene haciendo, y eso la verdad es que tiene mérito. Al final voy a llegar a la conclusión de que el único objetivo de sus proposiciones no de ley es que los demás grupos no tengamos la posibilidad de presentar las nuestras. Hoy ustedes se nos presentan con una proposición que de entrada pretende que aplaudamos lo que ustedes llaman transformación del sector público. La verdad es que es un eufemismo muy bonito. En la práctica la gente lo conoce y lo ha sufrido, especialmente en el sector público, como un proceso claramente de empequeñecimiento de lo público, de destrucción del sector público, de debilitamiento, de privatización de servicios públicos, acompañado siempre de negocios para unos cuantos. Lo siento pero va a ser que no, no podemos apoyar esto. Después se nos descuelgan con una propuesta para impulsar los acuerdos necesarios para fomentar la utilización de plataformas y servicios compartidos, estimulando la supresión de solapamientos o duplicidades que dificultan prestar mejores y más eficientes servicios a los ciudadanos. El que ha redactado el circunloquio tiene mérito, hay que darle un premio, total para decir que hay que hacer aquello que se puede hacer y no se hace, porque no hay nada que impida esta situación, no hay absolutamente nada que impida esto. ¡Qué bonito suena y qué bonito es! Nuestro grupo, de entrada, La Izquierda Plural, comparte la necesidad de una mayor cultura de cooperación entre las administraciones, concretada en proyectos específicos y en mecanismos que permitan mejorar los servicios públicos. La compartimos y es un gran reto que tenemos, especialmente en un Estado que tiene elementos profundos de descentralización y por lo tanto de diversidad. Pero tenemos en este país un serio problema que no va de leyes o solo de políticas, va de elementos culturales y afecta mucho más allá de partidos políticos concretos y del fenómeno de un Estado central o un Estado descentralizado. Tenemos un serio problema de no compartir información, de no compartir conocimientos, de gestión de políticas segregadas, y eso se da incluso en los Gobiernos de un mismo color y entre consejeros. En Cataluña no he visto nunca que los consejeros de Educación y de Enseñanza se pongan de acuerdo en las materias de formación, y pueden ser primos hermanos, del mismo partido. Es un problema cultural muy profundo. En unos casos incluso eso lleva a impedir tener datos agregados para saber qué está pasando en determinadas áreas donde se da fuerte descentralización política, que además coincide que afectan al ámbito de las políticas sociales. O sea, tenemos un problema grave, es verdad. Desgraciadamente, insisto, no es un problema que afecte a un solo partido ni tampoco a un solo nivel de la Administración. Tenemos algunos ayuntamientos - no todos - que tienen una cierta cultura de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Tenemos comunidades autónomas - se lo reconozco - que confunden autonomía con autarquía. Por cierto, no las identifiquen con aquellas que ustedes califican de nacionalistas. He visto comportamientos autárquicos en gente con una raigambre de defensa de lo español muy profunda, que actúan como un cacique de pueblo pero en un ámbito mucho más grande. Es un problema cultural profundo. Tenemos una Administración central que no ha entendido que autonomía significa diversidad y que igualdad no es uniformidad. Tenemos esta realidad que parte a nuestro entender de dos problemas profundos. Uno es una falta de cultura de gestión de lo público. Hay muchos dirigentes del sector público, tanto políticos como profesionales, que no han entendido que el centro de la política son los ciudadanos y que su negociado solo es un medio, su negociado no es la razón de existir de lo que están haciendo. Y sobre todo tenemos un problema grave de cultura. Es una falta de concepción del equilibrio entre competitividad y cooperación. Por eso se coopera poco y se compite mucho a veces de manera absurda dentro de un mismo ayuntamiento, dentro de una misma comunidad autónoma, dentro de la propia Administración del Estado, dentro del propio Consejo de Ministros. Para revertir esa situación sin duda es imprescindible construir un relato alternativo y una cultura alternativa que pasa fundamentalmente por situar un concepto de lo público en el que el centro de la actuación de todos los servidores públicos, sean responsables profesionales o políticos, es el ciudadano y no ellos, que es desgraciadamente lo que se produce en muchos casos. Eso tiene poco que ver con problemas de tal o cual partido político o con problemas de tal o cual nivel administrativo. ¿Cuál es el problema? Me tendrán que reconocer que ustedes están haciendo exactamente lo contrario. Confunden normalmente cooperación con centralización y plataformas compartidas con plataformas centralizadas. Incluso están ninguneando, menospreciando los instrumentos constitucionales, los espacios constitucionales que permiten potenciar esos elementos de cooperación. Supongo que usted lo sabe. Por ejemplo, parece que para ustedes las comisiones bilaterales entre Estado y comunidad autónoma son una cosa muerta ya. Tengo aquí unos datos: en Cataluña no se ha reunido desde julio de 2011; en Andalucía, por poner un ejemplo, no se ha reunido durante toda esta legislatura, y para que vean que no es un problema de conflicto con la oposición, en Castilla y León, si mis datos son buenos, no se reúne desde 2010. El impulso de esas comisiones bilaterales, como el de las conferencias sectoriales,...
Señor Coscubiela, tiene que acabar.
... es sin duda un impulso que corresponde al Gobierno, o sea que, como obras son amores y no buenas razones, lo que ustedes dicen que hay que hacer lo pueden hacer, háganlo, pero no nos pidan aquí que les aplaudamos el recorte que han hecho en el sector público, porque por su parte sería...
Señor Coscubiela.
Lo vamos a dejar aquí. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Pàramo.
Señora presidenta, señorías, esta PNL es una nueva muestra de deslealtad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular para con los principios de descentralización, contra el derecho al autogobierno de las comunidades autónomas y contra el derecho a la autonomía de la Administración local. Seré breve y, a diferencia de como se muestran ustedes en la exposición de motivos, con un relato sin sentido y cínico, seré claro y sincero, entre otras cosas porque sé que, lejos de la disciplina de grupo, son mayoría los que compartirán mis ideas. Hablo de cinismo y lo siento, pero me explicaré. Donde la exposición de motivos dice que la reforma de las administraciones públicas es uno de los principales proyectos reformistas, deberían haber puesto: es uno de los principales proyectos recentralizadores. Cuando dicen que están en un proyecto de gran calado que persigue la transformación, deberían decir que persigue la involución. El objetivo del Gobierno del PP desde sus inicios ha ido contra una Administración que era, es y debe ser punta de lanza. Era y es, en su generalidad, ejemplo de buen hacer en la prestación de servicios de atención directa a los ciudadanos y punta de lanza destacada para la modernización de la sociedad española. Obviamente, no me estoy refiriendo a la Administración General del Estado, me refiero a la Administración municipal, el espacio democrático más directamente percibido por la sociedad, un espacio donde precisamente en estos días miles de ciudadanos de a pie, con más ilusión que medios, sin saberlo, cuando se vean llamados a dirigir sus ayuntamientos, se van a encontrar con un gran obstáculo, el más difícil de superar: el Estado, con su Gobierno en cabeza. Dicen: Con el fin de abordar la reforma administrativa de forma integral... El Consejo de Ministros en 2012 acordó crear la CORA, la cual se inició tomando como atención preferente la racionalización de las estructuras y procedimientos de la Administración y mejorar sus relaciones con ciudadanos y empresas. En realidad, el encargo del Gobierno del PP no se dirigió al mundo municipalista, a sus representantes y profesionales - por ejemplo, la FEMP -, sino que se encargó a los tecnócratas de la Administración General del Estado. Los tecnócratas tomaron como referencia la mala gestión de unos pocos ayuntamientos en medio de una burda maniobra de distracción, promoviendo con comunicados y complicidades una campaña de desprestigio que afectó a los más de ocho mil municipios del Estado y que consiguió su propósito: desviar la atención escandalosa que merecían unos pocos ayuntamientos. En su exposición de motivos afirman que en 2013 el Consejo de Ministros conoció el primer informe de la CORA con un elenco de propuestas que - dicen - nos sitúan ante uno de los procesos más ambiciosos de reforma de la gobernanza. Pues bien, lo que para el Gobierno del PP es considerado un éxito, para el mundo municipalista y para todos los grupos de esta Cámara, menos Grupo Popular y PNV, que dieron apoyo a la Lrsal, esta ley es la historia de un fracaso sin equilibro entre costes y beneficios. Los costes económicos no se ven por ninguna parte, pero los costes sociales son evidentes. Según el Tribunal de Cuentas - se ha visto en esta Cámara - en 2012, 2013 y 2014 los ayuntamientos, sin haberse hecho efectivas las disposiciones de la Lrsal, han liquidado dichos ejercicios con superávit. Señores del Gobierno y señorías del Grupo Popular, ¿dónde ven ustedes los efectos beneficiosos de la CORA o de la Lrsal? Además, ustedes hacen referencia a iniciativas que están apostando por las nuevas tecnologías y los servicios compartidos, dentro de la Administración del Estado, con comunidades autónomas y entidades locales. Sí, señorías, comunidades autónomas y administraciones locales se han modernizado, pero no a iniciativa del Estado; todas ellas van por delante del Estado. Los efectos de la Lrsal y de la CORA no se pueden presentar como un proceso en positivo cuando no son más que la expresión de una política contraria a la racionalidad y a la sostenibilidad social de nuestros pueblos y ciudades. Es una perversión del sistema. Lo es haber sometido a las comunidades autónomas a un proceso sistemático de ahogo económico; lo es haber convertido la legislación básica en un virus que ha invadido toda la legislación con la voluntad de centralizar competencias y anular el Estado de las autonomías; lo es haber incrementado la presión fiscal a los contribuyentes de las clases medidas para destinar la mayor recaudación, en su totalidad, a fortalecer la burocracia estatal, cuando lo que le reclama la sociedad es reforzar los servicios que reciben en sanidad, educación, asistencia social y políticas reales para la búsqueda de empleo, y que se prestan todos ellos desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos; y lo es haber actuado premeditadamente para alejar a los ayuntamientos de sus ciudadanos.
Señor Pàramo, tiene que finalizar.
Treinta segundos, por favor. Señorías, la reforma local es una bomba con temporizador y está preparada para explotar pronto, en pocos meses, en las manos de los nuevos ediles, concejales, alcaldes y alcaldesas, en el mandato que se iniciará el próximo mes de junio. Será su legado, con la firma del PP. Gracias.
Gracias, señor Pàramo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
Gracias, señora presidenta. Es difícil encontrar una iniciativa parlamentaria que contenga tanta inexactitud en el diagnóstico, tantas mentiras en el balance y tanta hipocresía en la petición que se propone realizar al Gobierno. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes no están reformando la Administración; están en la última fase del proceso de derribo que iniciaron en 2012. Lo miremos por donde lo miremos, las administraciones están hoy infinitivamente peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Esta iniciativa contiene una sucesión de imprecisiones, inexactitudes y mentiras casi interminable. La primera es que la CORA ha permitido mejorar el apoyo a emprendedores y empresas. El informe Doing Business 2015 sitúa a España por detrás de países como Marruecos, Mongolia, Zambia o Costa de Marfil en tiempo medio para crear empresas. La segunda es que han reducido la morosidad. La Unión Europea está investigando a España por sustraer a los proveedores más de 5.000 millones de euros en intereses y por el incumplimiento de la Directiva de Morosidad de 2011. La tercera es que han reducido duplicidades. Anunciaron un manual para enero de 2014 sobre racionalización y eliminación de duplicidades que no aparece por ningún sitio. La cuarta es que han adoptado medidas que han incidido en el empleo público; sí, pero no dicen en qué han incidido. Hoy hay 200.000 empleados públicos menos en servicios esenciales, han perdido más de un 15 % de su poder adquisitivo y tienen menos derechos en términos de carrera profesional, condiciones laborales y protección social. La quinta es que se está apostando por las nuevas tecnologías. La inversión de la administración electrónica ha pasado de 730 millones en 2011 a 312 actualmente. La sexta es que se han mejorado los procedimientos de contratación. Los nuevos contratos centralizados dejan fuera de la licitación pública a las pymes y están generando ya graves problemas de gestión. La séptima es que se han reducido ahorros por valor de 18.000 millones de euros. Señorías, solo en el Estado el presupuesto de gastos corrientes se ha incrementado casi 700 millones entre 2013 y 2015, y en términos de contabilidad nacional los consumos intermedios en 2014 fueron 23 millones superiores a los del año anterior. Mentiras y más mentiras, señorías; mentiras y más mentiras. En la parte propositiva de esta iniciativa instan ustedes al Gobierno a dialogar con las comunidades autónomas y con las entidades locales para llegar a acuerdos en materia de servicios compartidos; esto sí que es inaudito. Ahora, casi tres años después de su puesta en marcha, cuando no se consultó a ninguna administración distinta de la del Estado, quieren ustedes dialogar con ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que no participan porque las plataformas compartidas no funcionan, son defectuosas y en el mejor de los casos no solucionan los problemas que deberían solventar. Le pongo varios ejemplos: la plataforma Emprende en 3. Pertenecen a ella poco más de 1.400 entidades locales de las 8.000 existentes. Los ayuntamientos que se adhirieron a ella lo hicieron obligados por el Gobierno; si querían ver mejoradas las condiciones del Fondo de pago a proveedores tenían que adherirse a ella. En mayo de 2014 solo estaban en la plataforma 149 ayuntamientos; después de la imposición del Gobierno, al mes siguiente, ya eran 1.218. La misma condicionalidad estableció el Gobierno con la plataforma de factura electrónica. Aquellas entidades que se adhirieron están pagando hoy un doloroso peaje, el de un sistema que está siendo un auténtico caos para la Administración y para las empresas; hay organismos que no han podido pagar aún ni una sola factura de 2015 por la precipitación, la improvisación y la ineficacia del Gobierno en su implantación. Señorías, desde el inicio de la legislatura el Grupo Socialista lleva denunciando lo que a nuestro juicio es una operación consciente y premeditada de deslegitimación, abandono y destrucción de los servicios públicos. Por tanto, el énfasis con el que nos oponemos a esta iniciativa es directamente proporcional a las falsedades y mentiras de su texto...
Señora Sumelzo, tiene que acabar.
... y a la hipocresía de la que hace gala el Grupo Popular al plantearla. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Sumelzo. Señor Martín-Toledano, ¿en cuanto a la enmienda presentada?
No se acepta la enmienda.
Gracias, señor Martín-Toledano. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. [[Número de expediente 162/001230]]
Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la devolución a las entidades locales de las competencias en materia de prestaciones de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Para su presentación, tiene la palabra la señora Carcedo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, estamos asistiendo a unos servicios sociales atrapados entre obsesiones ideológicas del partido en el Gobierno, clamorosas contradicciones gubernamentales y, quizás, intereses - no conocidos al menos - del Gobierno. Estamos ante unos servicios sociales, entre otras cuestiones, al margen de los intereses de los ciudadanos, de los problemas y las circunstancias lamentables en los que está viviendo una parte de la ciudadanía española; y también ante una red de servicios sociales que saltará por los aires por la entrada en vigor, si nadie lo remedia, a 31 de diciembre de este mismo año. Esta es una de las razones por las que traemos hoy esta iniciativa, en previsión de que las nuevas corporaciones locales y los nuevos Gobiernos autonómicos se encuentren con este pastel en la toma de posesión el próximo mes de junio. Entre las obsesiones a las que hemos ido asistiendo en toda esta legislatura - en este tema en particular pero también en general en lo que se acaba de debatir en la última proposición no de ley -, la primera es, en palabras del ministro de Administraciones Públicas, evitar duplicidades y una Administración, una competencia. Al ministro de Administraciones Públicas se le debe presuponer un mínimo de rigor, al menos en el tratamiento de asuntos que tienen que ver con la Administración. La definición de duplicidades sería la intervención de distintas administraciones prestando servicios idénticos a públicos idénticos. Ante esta definición, no sé cómo alguien puede asegurar que en los servicios sociales hay duplicidades, porque una Administración, una competencia es lo que tienen los servicios sociales, por el desarrollo de la legislación autonómica de las diecisiete comunidades autónomas. Cada una de las diecisiete comunidades autónomas - se lo podría leer, pero no tengo tiempo; Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, etcétera - define los servicios de base - cada una les da un nombre diferente - como la puerta de entrada al sistema y lo califica como competencias municipales; otro tipo de equipamientos y de servicios son competencias autonómicas. Luego, una Administración, una competencia. No sé de dónde sacan las duplicidades, si no fuera por esa obsesión de atacar a la Administración y de calificarla de superflua, hiperdotada, mastodóntica, etcétera, detrás de lo cual no hay más que una cuestión absolutamente ideológica. La tercera obsesión es el ahorro; el ahorro ¿a costa de qué? El ahorro a costa de lo que se considera prescindible. ¿Qué es lo que se ha considerado prescindible en toda esta legislatura? Todos los presupuestos destinados a las políticas sociales, específicamente a los servicios sociales que van a las poblaciones más desfavorecidas. Ejemplo: la parte que depende del Estado, el Plan concertado de servicios sociales, recorta más de un 68 % en lo que va de legislatura. Por tanto, obsesiones, obsesiones y obsesiones. También existen contradicciones; contradicciones entre su proclamación permanente de defensa pétrea de la Constitución contra cualquier atisbo de reforma, con una resistencia irreductible a cualquier actualización de la Constitución y, por el contrario, ataques como el caso de esta ley que llevó cinco recursos de inconstitucionalidad y, en lo que va de legislatura, al menos nuestro grupo parlamentario se ha visto obligado a presentar más de treinta. Proclamación de voluntad de consenso. Menudo consenso: diez enmiendas de totalidad tuvo esta ley. Fueron diez enmiendas de totalidad, solo la apoyó su grupo parlamentario y dos diputados del Grupo Mixto. Hay una contradicción flagrante entre lo que se proclama y lo que se hace, entre la Administración sustantiva - el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - y lo que hace el ministro de Administraciones Públicas. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconoce en su comparecencia el papel de los municipios y dice que seguiremos colaborando en este sentido. El Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España alaba el mantenimiento de los servicios sociales y del Plan concertado con los ayuntamientos. Flagrante contradicción, pues, entre lo que se dice y lo que se hace. Además hay unos intereses que desconocemos a qué responden, aunque es sabido que ponen en riesgo la supervivencia de los servicios sociales de base, de los servicios sociales como puerta de entrada al sistema, y caerán en la desaparición o en la privatización, por lo que podemos deducir algún interés. Sabemos desde luego que no están produciendo ahorros sino recortes drásticos, como el anunciado en la Comisión Europea del Plan nacional de reformas, que va a suponer un ahorro de 3.000 millones a costa de los servicios locales, de los servicios más necesarios para los ciudadanos. Desconocemos la razón oculta por la que se pone en marcha esta reforma. Sabemos cuáles serán las consecuencias que va a tener la entrada en vigor de esta ley. En primer lugar, va a producir una brecha social. Es evidente - no voy a repetirlo - el incremento de los índices de pobreza, de la desigualdad, de la desprotección por desempleo, así como la necesidad cada vez mayor de una red de protección, específicamente la última red, que son los servicios sociales. Hay 1,5 millones más de usuarios de los servicios y un recorte - se anunció en el Plan nacional de reformas - de 3.000 millones. En segundo lugar, se va a producir una brecha territorial porque los servicios...
Señora Carcedo.
Ya acabo, señora presidenta. ... los municipios pequeños se quedan sin competencias. En tercer lugar, va a suponer una ruptura de la integralidad de la atención, pues quiebra el principio de atención integral a los usuarios. Es como si en sanidad dijéramos...
Señora Carcedo.
... le diagnostico hipertensión, pero vaya a otra administración a que le traten. Eso es lo que define la distribución de competencias y lo que reside en las comunidades autónomas, en los municipios, en la Ley de Administración Local. En cuarto lugar, es una amenaza laboral.
Señora Carcedo, tiene que finalizar.
Es una amenaza para 450.000 trabajadores -55.000 específicamente de la Administración local -, que tienen una gran incertidumbre sobre su futuro. Al menos, señores del Grupo Popular, tomen en consideración esta proposición no de ley y cambien solo dos artículos y una disposición transitoria.
Señora Carcedo.
Acabo, señora presidenta. Cambien dos artículos y una disposición transitoria sencillamente mediante tramitación urgente. Les apoyaríamos. Al menos...
Señora Carcedo, lo siento.
Al menos tendrían un detalle de atención - ya termino - con...
Lleva usted terminando dos minutos.
... los costaleros forzosos a los que obligaron a llevar a sus espaldas estas... [[Aplausos]]
Señora Carcedo, se acabó su tiempo. Hay una enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra la señora De las Heras.
Gracias, señora presidenta. Señorías, conviene recordar, tras la puesta en marcha hace ya un año y medio, que esta Ley mal llamada de racionalización y sostenibilidad de la Administración local se ha demostrado nefasta e inútil, aparte de imposible de cumplir por su complejidad y ambigüedad, además de por el profundo rechazo que suscitó antes incluso de su aprobación. Una ley de estas características no podía abordarse sin el acuerdo amplio y consensuado de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y con una visión meramente mercantilista, centralista y autoritaria. Así, se aprobó esta ley y hoy ya podemos decir que los objetivos marcados para su imposición son un claro fracaso para el Partido Popular; un fracaso cuando la racionalización, bajo la máxima: una Administración, una competencia, se está quedando en papel mojado ante la incapacidad del Gobierno para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas a la hora de configurar un nuevo sistema de financiación y cuando la sostenibilidad solo se ha utilizado como pretexto para estrangular unas arcas públicas que cumplían sobradamente con el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno y que además en los dos últimos años están aportando superávit. No en vano es la primera ley en la historia de la democracia de este país que ha conseguido poner de acuerdo a más de 3.000 ayuntamientos de diferentes signos políticos en representación de más de 16 millones de españoles y españolas para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional; recurso que, como todos ustedes saben, ha sido admitido a trámite junto a otros ocho más presentados por diferentes gobiernos autonómicos - entre los que se incluye alguno del Partido Popular - y la mayoría de los grupos políticos que forman la oposición, salvo el PNV y UPN. Por tanto, creíamos conveniente que en esta proposición no de ley se exigiera al Gobierno su derogación, aunque solo sirva como pretexto para ratificar el compromiso que desde La Izquierda Plural hemos adquirido para hacerlo junto con el resto de partidos políticos en cuanto cambie la configuración de fuerzas de esta Cámara. [[El señor]] Señorías, estamos en plena campaña electoral y los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades no necesitan que les digamos en qué situación se encuentran, porque la sufren en sus propias carnes. Nadie puede creerse la recuperación económica del Partido Popular, salvo los que no han estado nunca en crisis. Las políticas neoliberales y de recortes del Gobierno han dejado un panorama desolador para millones de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene trabajo y para cientos de miles, en el conjunto del Estado, que no cuentan con ningún tipo de ingreso. La situación de desigualdad, vulnerabilidad, precariedad y exclusión ha aumentado de manera tan alarmante en estos más de siete años de crisis que hoy más que nunca se hace imprescindible una red de servicios sociales de proximidad capaz de garantizar la supervivencia y la dignidad de millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social, y que afecta mayoritariamente a niños y niñas y a mujeres. Son los ayuntamientos las administraciones más cercanas y preparadas para hacer frente a esta situación de emergencia social y la reforma local del Grupo Popular se torna en un muro de contención que les impide su desarrollo competencial para proteger a estas personas. De eso es de lo que estamos hablando hoy. No en vano esta ley ya se está demostrando como uno de los instrumentos más potentes a nivel ideológico del Partido Popular, porque sabemos cuáles son sus oscuras intenciones. Son las de sustituir un sistema público de protección social basado en derechos de ciudadanía que tengan en cuenta la dignidad y el respeto a las personas por un sistema basado en el trasvase de lo público a lo privado y en la beneficencia social. No necesitamos esperar a diciembre y al desarrollo competencial definitivo para constatar cómo en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular ya se ha ido eliminando la red de asistencia y protección social, sustituyéndose por una deficiente prestación de tipo benéfico-asistencial. Por tanto, es urgente no solo que se devuelva a las entidades locales las competencias plenas que les permitan mantener, consolidar y potenciar todos los programas, las prestaciones y los servicios que han desarrollado los últimos treinta años en servicios sociales...
Señora De las Heras, tiene usted que ir terminando.
Termino, presidente. ... sino que también se hace imprescindible dotarlas de una financiación suficiente que les permita tener plena autonomía para ejercer estas competencias. Por eso, compartimos totalmente en esencia la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Hemos aportado enmiendas que creemos que la van a enriquecer, según la transacción que hemos acordado. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora de las Heras. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, la señora Pérez Fernández.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, está recurrida ante el Tribunal Constitucional por nueve comunidades autónomas, por la mayoría de los grupos de la oposición de esta Cámara y por más de 3.000 municipios en los que viven más de 17 millones de personas. Además, el propio Consejo de Estado cuestionó su constitucionalidad en varias ocasiones y el BNG se opuso a ella desde el principio. No solo aspiramos a una modificación, sino a su derogación por estar basada en un único criterio, poner a los ayuntamientos al servicio del austericidio de los servicios públicos, instaurado en la reforma exprés de la Constitución llevada a cabo por el Grupo Popular y el Grupo Socialista en 2011. En el caso de Galiza, sus 315 ayuntamientos tenían una deuda en el momento de la aprobación de la ley bastante menor que la del Ayuntamiento de Madrid en solitario. Por tanto, la ley no solo se basó en la homologación de todos los territorios sin tener en cuenta sus especificidades, sino que lo hizo invadiendo las competencias autonómicas, abriendo las puertas a la privatización de los servicios públicos locales y reforzando unas instituciones totalmente anacrónicas, las diputaciones provinciales; sin embargo, el principal y más grave problema de las entidades locales no se ha tocado y sigue sin resolverse. Hablamos de la financiación local, que no garantiza la suficiencia de los recursos económicos a los ayuntamientos ni la prestación de los servicios públicos básicos; como consecuencia, devalúa la calidad de esos servicios y agrava aún más la situación de las personas más vulnerables y necesitadas. Aquí, en este ámbito, en el de las políticas sociales llevadas a cabo por los municipios, es en el que la ley ha sido más dura y ha llevado al absurdo el principio de estabilidad. En este caso la reducción del gasto quiere conseguirse a cuenta de suprimir unos servicios que venían prestando eficazmente los ayuntamientos, unos servicios vitales [[teleasistencia, ayuda a domicilio, etcétera]] para millones de personas; en definitiva, servicios profesionales que informan, valoran y atienden a las personas. El último informe del Consejo General de Trabajo Social habla con claridad del desmantelamiento de un sistema de servicios sociales que se ha consolidado como municipal no por capricho sino por razones de eficiencia derivadas de la proximidad, la complejidad y la eficacia. Señorías - voy acabando, señor presidente -, esta ley y su ataque a los servicios sociales municipales producirá una desatención generalizada en los ámbitos más rurales y de mayor dispersión de la población, como es el caso de la mayoría de los ayuntamientos de Galiza, donde los concellos son el gran dique de contención contra el aumento del empobrecimiento, la exclusión y la marginación social.
Señora Pérez, tiene que acabar.
Termino, señor presidente. Señorías, la atención social en la proximidad de lo local supone el 0,5 % del PIB, y es más eficaz y eficiente precisamente por la cercanía al ciudadano y por sus problemas. Por todo esto, entendemos que esta ley no tiene otra salida que su derogación o la declaración de su inconstitucionalidad. En este sentido, la propuesta de una modificación legislativa nos parece insuficiente, aunque va en la vía de lo que nosotros también defendemos. Por eso votaremos a favor. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Pérez. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. Esta ley se aprobó sin ningún consenso y es contraria a los principios de la Carta europea de la autonomía local, ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988, que define la autonomía local como el derecho y capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, y les otorga el ejercicio de las competencias públicas de modo general. El problema radica en que las competencias municipales que preocupan al Partido Popular - el urbanismo, las contratas de agua, de basura, de vertidos -, sí se mantienen privatizadas ya en buena parte. Para el Partido Popular los servicios sociales son percibidos más como un problema del que deshacerse - eso es lo que hacen con esta ley - que como una obligación; si alguien se tiene que ocupar, que sean las empresas, y así que hagan negocio con las necesidades de la gente, como el señor Cotino con las residencias de la tercera edad en mi tierra, a través de una empresa familiar mientras era miembro del Gobierno, mediante una convocatoria sacada por su amigo el entonces conseller, señor Blasco, hoy condenado a ocho años de prisión. Esas son las incompatibilidades que están faltas de control. Cuando un Gobierno no ve necesidades sociales sino solo vías de negocio, las personas tenemos un problema, un problema urgente que tendremos que ir resolviendo a través de las urnas. El Partido Popular ha pretendido consagrar una visión economicista de los servicios públicos, sometiéndolos a criterios de rentabilidad económica cuando se trata de servicios que han de ofrecer rentabilidad social y que se miden bajo parámetros muy distintos - de felicidad, de bienestar -, y potenciando a las diputaciones provinciales, a pesar de su desprestigio social y de no ser elegidas por el pueblo, donde las cacicadas se suceden en su interior: Rus, Carlos Fabra, Baltar, por poner unos ejemplos carismáticos. Votaremos a favor de esta propuesta, como ya hicimos en su momento, firmando el compromiso de derogar esta ley en cuanto la aritmética de este Parlamento cambie. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Señora Jordà.
Señoras y señores diputados, la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supuso un duro ataque a la autonomía local, porque recortó en democracia y, a la vez, alejó del poder a la ciudadanía. El Partido Popular pretendió - ya se ha dicho esta tarde - disminuir la capacidad de decisión de las entidades locales, estableciendo nuevos y más complejos mecanismos de control y rendición de cuentas. En definitiva, es una ley que nació desde la más absoluta desconfianza hacia los Gobiernos locales. Con la reforma de la Ley reguladora de las bases del régimen local, el Estado centralista que el Partido Popular representa se sitúa en una posición de absoluta tutela de la Administración Local. Esquerra Republicana se opuso ya a su aprobación, y lo hizo no solo porque arrebataba a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales de promoción y de reinserción social, que no es poco, sino también porque es una ley que ataca a la autonomía local, que no resuelve el problema de financiación de las entidades locales, que recorta en democracia, que aleja del poder a la ciudadanía, favoreciendo que las competencias sean asumidas por unas entidades, las diputaciones provinciales, que hace mucho que deberían haber desaparecido, y que vulnera las legítimas competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya en materia de régimen local, no teniendo en cuenta - termino, señor presidente - las singularidades de Cataluña respecto al mundo local. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Jordà. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Gracias, señor presidente. Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición en relación con la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Socialista a esta Cámara para su debate y aprobación. Es una proposición no de ley cuyo objetivo es que las entidades locales recuperen las competencias y el ejercicio de ámbitos de actividad, como son la gestión de los servicios sociales de promoción y reinserción social. Es de sobra conocido por todos, especialmente por aquellos afectados por las prestaciones sociales que acuden a sus municipios para recibir atención básica, que hasta ahora había sido prestada fundamentalmente por los ayuntamientos. La experiencia y dedicación de los trabajadores sociales de las instituciones locales no puede echarse por la borda en aras, supuestamente, de la estabilidad y para evitar el déficit público; por cierto, un déficit público que en ningún caso es imputable a las administraciones locales, que han presentado equilibrio de superávit a lo largo de los duros años de crisis económica. En todo caso sería para resolver el déficit público de otras administraciones públicas. Nadie pone en cuestión que los recursos públicos haya que emplearlos evitando despilfarros, y bajo ese supuesto genérico cada administración deberá realizar los esfuerzos que necesite y considere oportunos, pero ello no debe ser disculpa para evitar que preste servicios públicos demandados por los ciudadanos que están vinculados y comprometidos con su ciudad y sus entidades locales, en la medida en que les afecta y prestan servicios públicos básicos de integración social. En este contexto sería razonable que se establecieran convenios interinstitucionales para que dicha prestación pueda ser ofrecida por aquellas instituciones que demandan los ciudadanos y que habitualmente son - como les decía - los ayuntamientos. Además, no se puede perder - también por razones de economía - ni la experiencia acumulada ni la información disponible, y mucho menos los empleos locales destinados a satisfacer las prestaciones sociales objeto de esta proposición no de ley. Estando, pues, básicamente de acuerdo con la filosofía de la iniciativa, nuestro grupo parlamentario va a abstenerse a la hora de votarla. El motivo es fácil de entender. Al igual que hacemos al votar iniciativas de carácter tributario, argumentando que, merced al concierto económico, en Euskadi disponemos de capacidad normativa en la materia, en este caso, en el de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en el artículo 34 se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local relativa al régimen foral vasco. En virtud de dicha disposición, y si las instituciones públicas de Euskadi competentes en la materia así lo deciden, podrán establecer los repartos competenciales, las tareas y los recursos que de ellos se deriven; por supuesto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de cualquiera de sus territorios históricos. De ahí nuestra abstención, por el respeto estricto a los ámbitos competenciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Vamos a apoyar esta propuesta porque, en su momento, ya expusimos también nuestra oposición a la reforma legal que consiguió el Gobierno respecto al régimen local. En nuestra opinión, lo peor que tiene es que es una propuesta que va a tratar de aumentar el papel de las diputaciones al privar a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la posibilidad de hacer políticas sociales; y eso, desde luego, cuenta con nuestra absoluta oposición. Como hemos dicho infinidad de veces - y aprovecho para reiterarlo -, las diputaciones son el paradigma y el ejemplo de administración anacrónica e innecesaria; además, constantemente son causa de problemas de corrupción, de mala gestión, de un gasto fijo altísimo. Pretender que las diputaciones administren algo tan importante - que tiene que estar tan próximo, en concreto, a los necesitados - como las políticas sociales está completamente fuera de lugar; en esto hay un consenso prácticamente universal. En las reuniones que he mantenido - que han sido muchas - con ONG y grupos dedicados a labores de política social, todos coinciden en que los ayuntamientos son la administración más adecuada para encargarse de la asistencia social en sus diferentes vertientes Para finalizar, también entendemos que los pequeños ayuntamientos no estén en las mejores condiciones, e invitamos a la reflexión a los demás grupos para que se abra un debate en serio sobre fusiones municipales para conseguir ayuntamientos con capacidad de financiar estas políticas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Páramo.
Gracias, señor presidente. Señorías, en mayo de 2014 el Grupo Parlamentario Catalán presentó a debate en comisión una PNL con la misma intencionalidad que la que ahora debatimos, valga decir que casi es una continuación del anterior debate. En aquella ocasión mi compañero de grupo, el señor Campuzano, defendió aquella proposición no de ley en el mismo sentido que la PNL que hoy se nos presenta y que estamos debatiendo, para solicitar o instar al Gobierno a mantener los servicios sociales hoy prestados desde los ayuntamientos a la situación previa a la aprobación de la Ley 27/2013, la Larsal. Si entonces se intuía su inconveniencia, hoy estamos a favor de la proposición no de ley convencidos de la necesidad de salvar los efectos negativos que la Ley de racionalización y sostenibilidad en las administraciones locales dispone sobre los servicios sociales. Daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley convencidos del gravísimo impacto que su entrada en vigor va a tener en el próximo mandato municipal, el que iniciará su andadura en junio, especialmente a partir del próximo enero. Específicamente, en materia de servicios sociales, la Larsal rompe con la tradición de estos últimos treinta y cinco años, pero no solo rompe en Cataluña sino en el conjunto del Estado con la tradición y la experiencia positiva de considerar que los servicios sociales donde son más eficaces es en la proximidad, ya que sería muy difícil abordarlos desde el ámbito autonómico o provincial. Esta realidad ha llevado a lo largo de los últimos años a la constitución de una red de servicios sociales de proximidad, de la que podemos tener consideraciones críticas pero benevolentes a la vez, esencialmente porque siempre han padecido de una clara insuficiencia en su financiación. Los ayuntamientos - mal financiados por el Estado - han desarrollado servicios, a pesar de ello, en muchísimas de nuestras ciudades y pueblos creando una tupida malla social que ha acompañado a las familias con especiales dificultades. Por tanto, debemos evitar pasar a una ley que quita competencias a los ayuntamientos para pasarlas a las autonomías, en una situación en la que si esta Administración quiere delegar los servicios sociales - por creer que desde la proximidad se puede gestionar mejor - debe asumir desde sus presupuestos la financiación de esos servicios - todo a beneficio de las arcas del Estado central -: no financiará a los municipios, no financiará a las comunidades autónomas y el perjudicado será el ciudadano. Así, si se aplica esta previsión legal nos llevará a partir del próximo mes de enero a un escenario de incapacidad de las comunidades autónomas para financiar los servicios sociales hoy existentes en asuntos tan importantes como es la atención domiciliaria, atención a la infancia en situación vulnerable, atención a las personas mayores o atención a las personas en situación de drogodependencia. Los cálculos que está haciendo la Generalitat de Catalunya es que hoy el gasto de los municipios tan solo en Cataluña puede superar los 200 millones de euros, recursos que son gestionados por ayuntamientos, y que si las comunidades autónomas deben financiar estos recursos y no tienen recursos para ello, los ayuntamientos no van a recibir dinero, nos veremos abocados a una situación absolutamente insostenible, la cual por la dureza que establece respecto al cumplimiento de sus preceptos conlleva de manera inevitable al cierre de los mismos. Señorías, en el anterior debate hemos denunciado la política de la imposición y volvemos a lo mismo. La proposición no de ley del Grupo Catalán de mayo de 2014 y la presente proposición no de ley es una llamada a ustedes a hacer valer frente al señor Montoro y su equipo a reconsiderar su posición. El Tribunal de Cuentas y el propio ministro lo reconocen: los ayuntamientos han superado con creces su capacidad para gestionar bien y con eficacia sus competencias actuales, sin problemas económicos y, en consecuencia, no hay justificación para mantener en este momento la Larsal. Señorías del grupo mayoritario, desde Convergència i Unió les pedimos que dejen de martirizar a los ciudadanos con sus experimentos y que dejen de martirizar a los ayuntamientos con la amenaza de la imposición de esta ley. Una pesada losa que amenaza a miles de ciudadanos y miles de futuros concejales, alcaldes y alcaldesas que a partir del 24 de mayo deben asumir la responsabilidad de proveer los servicios que prestan a sus conciudadanos con eficacia y eficiencia, como hasta ahora han hecho la mayoría de los más de 8.000 municipios del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pàramo. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matarí.
Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero agradecer al Grupo Socialista - señora Carcedo - la oportunidad de este debate en plena campaña de elecciones municipales, porque me va a permitir deshacer todas las falacias que han dicho y que siguen utilizando sobre la reforma local. Cuántas mentiras y cuánta demagogia. [[Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]] Ustedes vaticinaron un futuro negro para los municipios y para los ayuntamientos españoles. Este argumentario que tengo aquí del mes de marzo del año pasado [[Muestra un documento]] resume bien su pensamiento. Dicen: La reforma local del Gobierno está causando estragos en los ayuntamientos y a los ciudadanos; lo mismo que han venido a repetir hoy y que dijeron en el debate de la reforma. Pues bien, todo es falso, señorías. Como bien ha dicho, señora Carcedo, obsesiones, obsesiones y obsesiones del Grupo Socialista y del resto de grupos de la izquierda de esta Cámara. Ustedes anunciaron la desaparición de municipios, la supresión de servicios sociales, la privatización masiva de servicios públicos, la pérdida de miles de empleos. Efectivamente, nada de eso ha ocurrido, y era lo que estaban deseando que pasara y por eso se empeñan en repetirlo. Señoras y señores diputados, hace un año y medio que la ley entró en vigor y nada de lo que siguen proclamando hoy ha sucedido - nada, señorías; absolutamente nada -, pero a ustedes les da igual y siguen diciendo lo mismo cuando ha sucedido justamente lo contrario; vayamos paso a paso. Primero, en España no ha desaparecido ningún municipio, ningún ayuntamiento; es verdad que en el proceso de racionalización de la Administración se han eliminado 1.374 entidades, entes públicos del sector instrumental de la Administración pública local que no eran necesarios, que no servían para nada. Segundo, hace cuatro años la mayoría de los ayuntamientos españoles tenían una situación económica y financiera insostenible por su falta de liquidez; hoy, el 97 % de las entidades locales en España presentan superávit. Tercero, hace cuatro años las entidades locales no pagaban y acumulaban facturas de los últimos diez años. El Gobierno hizo un plan de pago a proveedores que ha servido para que 123.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos puedan ver cobradas 2 millones de facturas por valor de 11.500 millones de euros, y hoy el periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos españoles es de 19 días. Cuarto, la Administración Local ha pasado de un déficit del 0,40 en 2011 a un superávit del 0,53 en 2014. Quinto, todo esto se ha hecho, además, manteniendo y garantizando todos los servicios públicos y todos los servicios sociales que prestan las entidades locales. No he escuchado a ningún portavoz esta tarde citar ningún municipio en el que haya desaparecido algún servicio público o algún servicio social como consecuencia de la reforma local. ¿Saben por qué no lo he escuchado? Porque no pueden citarlo, dado que no existe. Les diré lo último que ha hecho el Gobierno del Partido Popular para garantizar la prestación de los servicios sociales: el FLA, el fondo social de 700 millones de euros para que ocho comunidades autónomas paguen deudas que tienen con las entidades locales correspondientes a gasto social: educación, sanidad y servicios sociales. Sexto, ¿dónde están las privatizaciones masivas que anunciaban como consecuencia de la reforma local? ¿Dónde están, señorías? No han podido citar ningún ejemplo. Sin embargo, yo sí podría poner como ejemplo, señora Carcedo, algún ayuntamiento de su comunidad, como el de Avilés, o de Zaragoza, o de Vigo, o de Soria, o de Baracaldo, gobernados todos por el Partido Socialista. Séptimo, y último, el empleo. Según ustedes - hoy lo han vuelto a repetir o insinuar -, se iban a destruir miles de empleos con la reforma local. Señorías, la Ley de Reforma Local se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2013. Según la EPA del cuarto trimestre de 2013, es decir, diciembre de 2013: empleos en la Administración Local, 608.000. Según la EPA del primer trimestre de 2015, es decir, marzo de 2015: empleos en la Administración Local, 618.000. Por tanto, no solo no se han destruido sino que se han creado 10.000 empleos en la Administración Local desde la entrada en vigor de la reforma local. En fin, como profetas no tienen precio; confunden sus deseos con la realidad. Ni se ha destruido empleo, ni han desaparecido ayuntamientos, ni se han suprimido servicios públicos, y los servicios sociales están garantizados, se han prestado y se van a seguir prestando porque están mejor garantizados que nunca. Termino, señor presidente. ¿Y por qué están mejor garantizados que nunca? Porque se han saneado las cuentas, como he dicho, y porque con la reforma local los servicios públicos esenciales y los servicios sociales, repito, están más y mejor garantizados que nunca. Eso es gracias, en primer lugar, a la gran gestión que han hecho cientos, miles de alcaldes y de concejales en toda España y, en segundo lugar, gracias a las reformas aprobadas y a las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno del presidente Rajoy. Les guste o no les guste, señorías, esa es la verdad. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Matarí. Señora Carcedo, ¿con respecto a la enmienda que les presenta Izquierda Plural?
Sí, señor presidente. Hemos acordado una enmienda transaccional que está a disposición de los servicios de la Cámara y que incluye un punto 2 sobre la reposición de los recortes en el plan concertado de servicios sociales.
Muy bien, señora Carcedo. Así se votará.
Antes de entrar en votaciones y de ver las mociones, quiero decir para su conocimiento que, según hemos acordado en la Junta de Portavoces, hoy veremos dos mociones. Primera moción, del señor Tardà, sobre los actos de conmemoración del setenta aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen, donde fueron asesinados más de 7.000 republicanos del Estado español y otros campos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene la palabra el señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, desearía enviar una salutación a los ciudadanos y ciudadanas que hoy están aquí presentes, miembros de Amical de Mauthausen y de otros colectivos comprometidos en la lucha contra la impunidad. Señorías, hace tan solo unas horas, en Mauthausen, las personas supervivientes - pocas y de edad muy avanzada -, los familiares de víctimas, dirigentes de muchas democracias - también estaba presente el ministro Margallo -, representantes de movimientos sociales y de derechos humanos, intelectuales antifascistas de todo el mundo, han homenajeado la liberación de los campos de exterminio nazis, conmemorando esta fecha - repito - y homenajeando a las víctimas. De igual manera, en todo el mundo se han celebrado actos de conmemoración de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que significó la derrota del nazismo, la derrota del fascismo y la victoria del mundo democrático, lo cual dio lugar a la creación de Naciones Unidas y al nacimiento en Núremberg de la justicia universal, lo que supuso en definitiva acuñar el Nunca más mediante la tipificación de los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Hoy, señorías, setenta años más tarde - insisto, setenta - está en nuestras manos homologar el Estado español al resto de los Estados que también tuvieron el infortunio de sufrir pasados fascistas, homologarnos, digo, en todo aquello que se relaciona con la reparación de las víctimas, en este caso a las miles de víctimas republicanas del Estado español que fueron deportadas a los campos de exterminio. Estoy convencido de que se lo debemos a los que perdieron la vida - gaseados, apaleados, fusilados -, que nos lo reclaman los supervivientes, que nos lo exigen las víctimas ausentes y sobre todo estoy convenido de que es imprescindible para fortalecer los valores democráticos de las generaciones más jóvenes, que deberán encarar los retos y amenazas de nuevas violencias. Este es el problema, señorías, este es el gran reto. Nosotros, quizás ingenuamente, habíamos creído que en Núremberg habíamos enterrado la bestia 7 metros bajo el suelo y hoy descubrimos con terror el resurgir de nuevos fanatismos, el resurgir del racismo, el resurgir de nuevos intentos de genocidio y el resurgir de nuevas agresiones territoriales. Hay que combatir la banalización del nazismo y ensalzar la lucha por la libertad y la fraternidad de las personas y de los pueblos; por ejemplo, también - y esto está contenido en nuestra moción - ensalzar la tarea, el compromiso de miles de republicanos que participaron en los ejércitos aliados y en la resistencia. Hoy ya no cabe ninguna discusión, ni política ni académica, sobre las responsabilidades del Estado español en la deportación de los republicanos a los campos de exterminio: unos, deportados directamente por la Gestapo; otros, desde los campos de concentración - adonde habían sido trasladados, detenidos como soldados del Ejército francés -, campos en donde se respetaba la Convención de Ginebra pero de donde fueron sacados para llevarlos a los campos de exterminio; también los 927 civiles del convoy ferroviario salido del campo de Les Alliers, en Angulema. Todos fueron deportados por razón de los acuerdos establecidos entre Berlín y Madrid para declararlos apátridas. [[Muestra un pañuelo azul con la letra S]] Esta es la razón, señorías, como ustedes saben, por la que los republicanos del Estado español fueron señalizados con el triángulo azul, el triángulo reservado a los apátridas, porque a ellos les hubiera correspondido el símbolo rojo, reservado para los presos políticos. [[Aplausos]] Señorías, para Franco fuera de las fronteras no había ciudadanos del Estado, solamente había republicanos y por ende apátridas. Durante años las víctimas han vivido la vergüenza de aquellos que se negaban a pedir perdón, argumentando - fíjense qué locura - que el Estado español no puede asumir responsabilidades porque nada tiene que ver con el Estado franquista. Este argumento, señorías, desde el punto de vista del derecho internacional es una aberración jurídica. ¿Acaso la Alemania actual tiene algo que ver con la Alemania nacionalsocialista? ¿Acaso la Francia actual tiene algo que ver con la Francia de Vichy? La continuidad de los Estados, señorías, es una cosa y sus regímenes es otra. Si el Estado alemán y el Estado francés han pedido perdón, el Estado español debería actuar de igual manera. ¿A quién debe corresponderle esta responsabilidad? Esta responsabilidad debe corresponder al jefe del Estado, a Felipe VI. Esto es lo que hoy ustedes tienen que decidir: si se le dice o no se le dice al actual jefe del Estado que tiene que asumir esta responsabilidad de pedir perdón en nombre del Estado español. Por supuesto, hay que decir basta: basta al olvido y basta a la invisibilidad de las víctimas. ¿Cómo podemos hacer esto hoy aquí si ustedes quieren? Podemos hacer esto reconociéndolas - a estas víctimas - jurídicamente como víctimas porque, si no, no existen; de ahí que nuestra moción incorpore un segundo punto, en el cual se insta al Gobierno español a presentar un proyecto de ley para reconocer jurídicamente a las víctimas porque cualquier satisfacción moral o económica solo puede desprenderse de un reconocimiento jurídico. Señorías, voy terminando. Les pedimos que voten a favor de nuestra moción y pedimos al Partido Socialista y al Partido Popular que retiren sus enmiendas. En el año 2015 es inaceptable pretender liquidar la historia con un reconocimiento honorífico de los escasos supervivientes y el libramiento de unas medallas. Esto es una ofensa a las víctimas presentes, pero sobre todo es una ofensa a los centenares de víctimas ausentes, porque incluso con ello niegan la existencia de estas 200.000 víctimas, presos políticos que murieron en Mauthausen. Termino, señorías, diciéndoles con toda emoción y sinceridad que ustedes no deberían instalarse una vez más en la anomalía y en la impunidad. No pueden pagar con moneda falsa a las víctimas, ni tan siquiera podemos pagarnos con moneda falsa los unos a los otros en el año 2015. Ponemos, pues, a votación nuestra iniciativa y ustedes, señorías, actúen en consecuencia. Nosotros estamos convencidos de que llegará el día en que las víctimas serán reparadas de igual forma que han sido reparadas en otras democracias. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Tardà. Como ha dicho el señor Tardà, han sido presentadas dos enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora para defender su enmienda.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Tardà, este debate debería acabar bien. Debería acabar con un acuerdo unánime de toda la Cámara para honrar a las víctimas de los campos de concentración nazis, porque cuando se trata de honrar a alguien la unanimidad es esencial. Creo que estará de acuerdo conmigo en que las víctimas de la violencia humana, y en particular de la violencia política moderna, es decir, las víctimas de los totalitarismos y del terrorismo, tienen una condición en común: que sus victimarios las desposeyeron de su humanidad para convertirlas en cosas, en medios, en instrumentos. Pero los seres humanos no somos instrumentos de nadie. Los seres humanos somos fines en nosotros mismos, nacemos para la vida y para la libertad, y la vida y la libertad no pueden sernos arrebatadas porque si nos las arrebatan nos arrebatan nuestra dignidad humana. Por eso precisamente cuando hablamos de las víctimas debemos ser muy prudentes para no añadir a la ignominia de la instrumentalización que hicieron de ellas sus victimarios una nueva instrumentalización, la nuestra, aunque sea con la mejor voluntad. Usted sabe de lo que le hablo, señor Tardà. Usted es una persona inteligente; seguro que si se para a pensar caerá en la cuenta de que la instrumentalización de las víctimas no es algo que solo le pueda ocurrir a los otros. Mi grupo ha presentado una enmienda a la moción que han traído ustedes. Nuestro objetivo es producir un acuerdo más amplio. Ustedes proponen que el jefe del Estado, en nombre de la democracia española, pida perdón a las víctimas de Mauthausen, pero permítame que le diga, señor Tardà, que lo que les hicieron a las víctimas de los campos de concentración nazis no puede ser perdonado. No es algo que diga solo yo, alguien que dedicó mucha inteligencia a comprender el significado del nazismo, Hannah Arendt, escribió: 'Cuando lo imposible es hecho posible, se torna un mal absolutamente incastigable e imperdonable que ya no puede ser comprendido ni explicado por los motivos malignos del interés propio, la sordidez, el resentimiento, el ansia de poder y la cobardía. Por eso la ira no puede vengar, el amor no puede soportar, la amistad no puede perdonar'. ¿Con qué derecho podemos pedir a las víctimas de los campos de concentración nazis que perdonen? ¿A quién tienen que perdonar? ¿Por qué se empeña usted en que los españoles de la democracia pidan que sean perdonados los pecados de Franco y Serrano Suñer? ¿Los perdonaría usted, señor Tardà, si estuviera en su mano? Además, el que pide perdón asume la culpa; aunque sea vicariamente, asume la autoría de un crimen. Señor Tardà, ¿por qué nos identifica usted a los españoles y a las españolas actuales con aquellos criminales? ¿No se ha dado cuenta usted aún de que nosotros nos identificamos con las víctimas? ¿No se ha dado cuenta de que es a las víctimas a las que honramos y que es a los criminales a los que negamos y rechazamos? ¿Por qué íbamos a pedir perdón para ellos? Y, por otra parte, ¿quién puede perdonar aquello? ¿Quién tiene derecho a perdonar a Franco y a Serrano Suñer por haber mandado a 10.000 compatriotas nuestros al infierno? Aquellos dos hombres llegaron a las más altas magistraturas de nuestro país mediante un golpe contra nuestra democracia, no por el voto de nuestro pueblo. En su visita a Mauthausen, el presidente Rodríguez Zapatero dijo: Os dejaron injustamente sin patria, porque una patria es solo un país con justicia y libertad. Aquellos hombres nos dejaron a todos sin patria, nada nos une a ellos. No, señor Tardà, lo que hicieron no puede ser perdonado. La humanidad no puede perdonar lo que aquellos hombres le hicieron a la propia humanidad. Por desgracia, no hay ni un perdón ni un castigo a la altura del crimen que cometieron; ningún castigo es suficiente, no hay forma de vengarse y no hay forma de reparar con justicia humana un crimen que escapa a lo humano. La sed de las víctimas no puede ser saciada; en eso consiste lo que les hicieron. Ellos abrieron la puerta, una puerta que no ha sido cerrada para siempre, una puerta en la que tenemos que hacer guardia permanentemente. Los nazis demostraron que los seres humanos pueden hacer cosas que no tienen reparación alguna; demostraron que todo es posible. Por supuesto que la democracia debe hacerse responsable de las deudas de la dictadura, pero no puede hacerse responsable de sus culpas, y hay una diferencia notable entre una cosa y otra, señor Tardà. Nuestro deber, el deber de la España democrática hacia las víctimas del holocausto nazi es un deber de solidaridad y de reconocimiento, por eso lo mejor que podemos hacer es honrarlas sin pedirles nada a cambio, sin pedirles que perdonen. Y nuestro deber para con la humanidad es mantener la memoria de lo que ocurrió para que no vuelva a repetirse. Si usted quiere que pidamos perdón para los crímenes de Franco y de Serrano Suñer no podrá contar con los votos del Partido Socialista Obrero Español; ni hoy ni nunca podrá contar con nuestros votos. Si usted quiere honrar a las víctimas de los campos de concentración nazis, hoy usted puede lograr un acuerdo unánime. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Muchas gracias, señor Torres Mora. Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Popular tiene la palabra el señor García Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nosotros defendemos el texto de la enmienda de modificación en los términos expresados, pero pocos debates se pueden presentar en los que se ponga de manifiesto todo lo que supone la defensa de la civilización y este es uno de ellos. Lo es porque la defensa contra la barbarie totalitaria es la defensa de los principios democráticos sobre los que asentamos nuestra convivencia. Parafraseando a Edmund Burke, el gran político británico del siglo XVIII, para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada, porque el mal se coaliga. Lo sufrimos en el siglo XX, y esta generación tiene la obligación moral y universal de que no se vuelva a repetir. Por eso este debate no prescribe, este debate está siempre de actualidad, porque los hombres buenos siempre tenemos que estar atentos y alertas para denunciar los nuevos conatos totalitarios allí donde aparezcan; se visten de formas y ropajes diferentes pero dejan asomar el viejo lobo dogmático que espera a la vuelta de la esquina nuestras contradicciones humanas, nuestras flaquezas terrenas, nuestros despistes políticos o los trucos de artificio de cualquier prestidigitador social. Por eso es importante reconocer a todos aquellos que nos precedieron en esta lucha, por eso es importante otorgarles un lugar central dentro de la democracia, por eso deben convertirse en un referente para las generaciones futuras. Su historia debe ser conocida, sus obras y omisiones - muy humanas - deben ser estudiadas, su testimonio debe ser subrayado. Debemos tener la necesaria libertad para mirar al pasado, para que de ella surja la verdadera justicia, la verdadera concordia y seamos una civilización más plena y humana. El papel central de las víctimas en cualquier democracia viene antecedido de su derecho a la memoria, a la dignidad, a la justicia y a la verdad. Solo los totalitarios quieren imponer una única versión en la que, citando a Butterfield, el historiador se convierte en vengador. Por eso nos congratulamos de que en la Comisión Constitucional esta proposición no de ley fuera aprobada por unanimidad hace una semana, mostrando el acuerdo unánime de dónde está el conjunto de la sociedad española, que mira al pasado con perdón, al presente con reconciliación y aceptación y al futuro con justicia. El propio ministro, en contestación a una interpelación urgente, recordó que la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 4, prevé y articula las declaraciones de reparación y reconocimiento personal. En esa Comisión se citó a Hannah Arendt y su defensa de la naturaleza humana en Los orígenes del totalitarismo, se citó su libro Eichmann en Jerusalén y la banalización del mal a la que sometieron estos campos de exterminio nazi. Era la voluntad de todos los ismos aniquilar a los que no pensaban como ellos por la exaltación de sus funestos proyectos políticos. Recientemente hemos aprobado una ley para otorgar la nacionalidad española a los sefardíes y quisiera que esta intervención sirviera para rendir homenaje a aquellos sefardíes que perecieron en el holocausto. Por eso es muy difícil entender que cualquier grupo quiera apartarse de este homenaje que rendimos a los españoles de Mauthausen, como si fuera un tema que no perteneciera a todos y solo perteneciera a uno. No podemos dejar de preguntarnos el porqué de esta actitud, a qué localismo puede obedecer, con qué afán de llenar todo de política local vacían el contenido de dimensión histórica ensuciando esta iniciativa. La delegación española que asistió al homenaje de las víctimas de Mauthausen estuvo presidida por el ministro de Exteriores, en prueba de la solemnidad y relieve que se quiere dar al 70.º aniversario de esta liberación. El ministro conversó con los miembros de Amical de Mauthausen y les trasladó la mejor disposición para estudiar este tipo de iniciativas; anteriormente también lo hizo el presidente Zapatero. En derecho internacional de verdad estas son las instituciones que representan al Estado e incluso tienen la capacidad de que sus actos devengan actos jurídicos obligando al Estado. Solo la frustración de quien no consigue entender esto puede llevar a desvalorizarlo, tal vez porque otras autoridades de otro rango no tienen el mismo efecto. Pero no es solo eso, es la sucesión de más de once normas que han variado el Código Civil desde el año 1982 hasta la reciente de la memoria histórica de los sefardíes para que puedan optar y recuperar la nacionalidad española todos aquellos que por diversas causas la perdieron. Son más de veinte iniciativas que han buscado la recuperación jurídica, material y social de todas aquellas víctimas de estos regímenes, pero sobre todo es la Constitución española de 1978, que culmina todos los esfuerzos históricos de España para que unos no vivamos de espaldas a otros, una Constitución de la concordia y del pluralismo político, de la libertad, de la justicia y que nos reúne bajo ese símbolo fabuloso que es la bandera constitucional y no otra. ¿Qué es lo que puede mover a alguien a querer establecer un plano de una realidad paralela en la que se cuestiona el derecho internacional explicándolo a su medida, una medida ficticia y tendenciosa? ¿Qué es eso de que un régimen democrático tenga que demostrar a todos que no hay nadie por encima de la ley, que es la ley, el imperio de la ley precisamente lo que nos hace a todos iguales? ¿O es que alguien nos quiere demostrar que es más demócrata que nadie? Es como si quisiera pasar del conflicto del España nos roba al España es culpable, una vuelta de tuerca donde nos lleva el transpersonalismo de esa primera frase tan poco democrática y que desprende una melodía trasnochada. No podemos dejar de condecorar a estos españoles, porque además recuerdan algo que no se va a poder borrar y que muestra esta foto. [[Muestra una fotografía]] Estos españoles creían en un mañana mejor, de reconciliación y de pluralismo, señalando a los verdaderos fanáticos. Estos señores estaban orgullosos de ser españoles, los españoles antifascistas que saludaban a las fuerzas de liberación. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor García Hernández. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
Gracias, señor presidente. Señor Tardà, mi grupo le felicita por traer esta iniciativa porque últimamente las iniciativas de memoria, de reconocimiento, se suelen tramitar con cierta nocturnidad en esta Cámara, más bien en una Comisión de la misma, como se trató por ejemplo el tema del genocidio armenio el otro día y también incluso este asunto de los campos de concentración. Si no lo hubiera traído usted, desde luego los grupos mayoritarios no lo hubieran traído para que se discuta y para que se vote en el Pleno, que es donde verdaderamente tocaría. Por eso queremos sumarnos a ese recuerdo a las víctimas del exterminio nazi, y en especial a aquellos ciudadanos del Estado español internados en campos de concentración, de los cuales más de dos centenares eran exiliados vascos. Le reconozco también todo el derecho a mantener la iniciativa tal y como usted desee. Si asume cualquiera de las enmiendas también votaremos favorablemente, pero no tenga duda de que lo haremos a la integridad de lo que propone en la suya, en el original. En concreto, en el campo de Mauthausen, cuyo 70.º aniversario de liberación se conmemoró el 5 de mayo, sufrieron penalidades alrededor de un centenar de vascos y permítame que me refiera de manera específica a ellos. Desde el Partido Nacionalista Vasco queremos reafirmar la necesidad de una política pública activa de memoria histórica basada en la verdad, en el reconocimiento, en la justicia y en un impulso desde la política y desde los ejecutivos. De lo que se pretendió con la Ley de Memoria Histórica desgraciadamente en esta legislatura no ha quedado nada por mor del deseo activo del Gobierno de no implementarla y de no financiarla. Es justo y pertinente recordar la injusticia sufrida por todas aquellas personas de diferentes ideologías - vascos, abertzales, socialistas, anarquistas, comunistas - que tuvieron que abandonar su país tras el triunfo de la sublevación franquista y fueron agrupadas, en el caso de los vascos, en el campo de Gurs sobre todo, en el Béarn francés, para después secundar el llamamiento del Gobierno de Euskadi en el exilio para apoyar a Francia militarmente o movilizándose en la fortificación de la Línea Maginot. Esos cientos, miles de refugiados republicanos fueron trasladados a la fuerza por los nazis a fábricas de explosivos en Estrasburgo y después fueron internados en Mauthausen, Dachau o Ravensbrück. Esto fue posible también gracias a Madrid, claro que sí, con la colaboración y el consentimiento del Gobierno español, que no es que no diera un paso para impedirlo, sino que dio facilidades para que pudiera suceder. Quiero hacer un recuerdo, en memoria de todos ellos, al último superviviente vasco de Mauthausen, que falleció a principios del año pasado. Se llamaba Marcelino Bilbao Bilbao, un anarquista bizkaino, teniente en un batallón anarquista del ejército de Euskadi durante la Guerra Civil, que tuvo que exiliarse y que fue detenido y llevado a este campo de concentración. Fue una persona que sufrió en su carne experimentos médicos de los nazis, porque no solo el infausto Mengele, del campo de Auschwitz, practicaba experimentos médicos, sino que también un tal Aribert Heim, del campo de Mauthausen, los solía hacer. Él y otros 30 prisioneros sufrieron este tipo de experimentos y fue de los pocos que sobrevivieron. Un amigo al que encontró en el campo, Vicente Elejalde, otro bilbaíno que ya no podía más y que estaba siendo golpeado por los nazis le dijo: ¡Bilbao, corre!, ¡corre!, ¡escápate! Y el otro le contestó: ¡No ves que ya no tengo fuerzas! Hazme un favor - le dijo Elejalde a Marcelino Bilbao -, si consigue volver a casa, dile a mis padres que no he doblado la espalda en todos estos años ante Franco. Porque para él estar en Mauthausen era estar también castigado por las fuerzas fascistas y por las fuerzas franquistas, aliadas de los nazis. Así lo hizo, porque Marcelino Bilbao pudo ser rescatado por los americanos. Hizo el camino hasta París a pie, como muchos otros prisioneros de aquellos campos, que una vez liberados tuvieron que buscarse la vida. Y, como él, muchos otros fueron testigos de aquellas atrocidades. Los nombres de todas aquellas personas deben permanecer en la memoria - voy acabando, señor presidente - de la sociedad como ejemplos de una generación que sufrió los mayores horrores inimaginables, pero que supo luchar con dignidad contra las dictaduras y, como decía Elejalde, aquella persona, aquel vasco que murió en Mauthausen, sin doblar la espalda ni ante los nazis ni ante Franco. Apoyaremos su propuesta. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Esteban. Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Hace pocos días se presentó otra proposición en la Comisión Constitucional que pretendía igualmente la reparación de las víctimas de Mauthausen. Pude participar en ella y, cosa rara, verdaderamente extraña en este Parlamento, estuvimos todos de acuerdo y votamos a favor. Es una de las pocas veces que yo recuerdo que en un debate - quizá fue porque su contenido era simbólico - hubiera unanimidad. He de decir que era una buena proposición, pues tocaba todo lo fundamental, lo esencial en una cuestión como esta. Por eso me parece un tanto triste, señor Tardà - tengo que decírselo -, que usted traiga aquí una moción de partido; es decir, una moción que en mi opinión - y lo digo sobre todo por el punto número uno, como usted puede suponer - busca expresamente volver a dividir entre buenos y malos, respecto al pasado histórico, a los actuales españoles. Reparten ustedes los papeles de responsables de los crímenes que cometió el franquismo en colaboración con los nazis y los papeles de inocentes. Entonces, los culpables, que son en realidad herederos ideológicos, se ven de alguna manera constreñidos a pedir perdón a los supervivientes y a sus herederos ideológicos. Me uno, además, a uno de los comentarios que se han hecho aquí antes al respecto por parte de los dos grupos que han presentado enmiendas a esta moción. Hay que partir, y es importante, de que ninguna reparación que se haga a víctimas de campos de exterminio, de genocidios o de persecuciones como esta que estamos comentando será nunca suficiente. Lo más que se puede hacer, y en esto hay una coincidencia prácticamente absoluta por parte de los supervivientes de este tipo de tragedias, es contar la verdad. Estoy pensando en Primo Levi, en Imre Kertész, en Jean Améry y en otros muchos testimonios, y todos coinciden en que lo único que se puede hacer - y ya es insoportable - es contar la verdad, que todo el mundo la sepa. Esto en Alemania lo han hecho de una manera bastante ejemplar como sociedad. Han contado la verdad del genocidio nazi y la responsabilidad colectiva no solo de los jerarcas nazis, sino por la pasividad, o por la tolerancia, o por la complicidad de gran parte de la sociedad y también de algunos países que fueron invadidos por los nazis. No quiero repetir el argumento del perdón que citaba antes el señor Torres Mora y que yo comparto, pero esta idea de que al pedir perdón ya estará todo reparado no deja de ser una especie de soberbia ética verdaderamente difícil de describir. Yendo a la parte político-constitucional, esta idea, que cuenta con el apoyo de algunos grupos - grupos que, por cierto, siempre están muy de acuerdo en determinados ejercicios de memoria histórica y en otros apoyan la amnesia, y eso me parece mal, porque cuando hablamos de víctimas de genocidios hay que hablar de todas ellas y no en función de sus ideas - de que el jefe del Estado en representación de España tiene que proceder a pedir permiso a las víctimas españolas de un exterminio nazi que fue efectivamente acordado con los responsables del régimen franquista parece que incluye la idea de que los republicanos que fueron a los campos de exterminio nazi no eran españoles. Pues lo eran. Le recomiendo fervientemente que vea - seguro que le interesa mucho - un documental que tiene a su disposición sobre el discurso de despedida de Dolores Ibárruri a las Brigadas Internacionales en Barcelona en 1938. Repite una y otra vez a los brigadistas internacionales que ellos han ido a luchar a España por los españoles, no por una tribu distinta, por una etnia diferente o por extraños colectivos sociales. Había una enorme conciencia entre todos los republicanos de que tenían un proyecto de España que evidentemente quiso exterminar Franco. Pero es que Felipe VI, el jefe del Estado actual, no es el heredero ideológico y, por tanto, el que conlleva las culpas de Franco. Esto es un intento de deslegitimación partidista, sectario, del régimen constitucional actual aprovechando la historia de Mauthausen y la terrible tragedia de los miles de republicanos españoles que fueron masacrados en los campos nazis. ¿Qué quiere que le diga? Me llama la atención que no se les haya pasado por la cabeza que Jorge Semprún - por poner un ejemplo de un español republicano que estuvo en Dachau, que sufrió todo esto y luego lo testimonió en su libro casi póstumo La escritura o la vida - nunca pidió que le pidiera perdón el jefe del Estado en nombre de nadie. ¿Por qué? Porque él era español y fue perseguido por los nazis como español republicano, pero no hacía diferencias desde el punto de vista político ni creía que los españoles le tenían que pedir perdón a él o a los demás que acabaron en los campos nazis. Por eso, la orientación de esto me parece francamente equivocada. Me molesta tener que decirle esto, pero me parece sectaria. Me parece que adultera el debate sobre lo que pasó en los campos nazis. Me parece que no puede ni debe hacerse política de partido con una cuestión así. Esto también incurre en uno de los peores rasgos del totalitarismo que explicó brillantemente Hannah Arendt en otro libro importante sobre el proceso Eichmann, Eichmann en Jerusalén, cuando hablaba de que lo que precisamente caracteriza al totalitarismo es la banalización del mal, no querer reconocer que el mal existe y que lo han puesto en práctica ellos y, por tanto, todo son cuestiones jurídico-políticas que se pueden utilizar de una manera o de otra. No, estamos hablando de algo que es sagrado porque no se puede tocar, y no se puede tocar porque estamos hablando de la máxima inhumanidad, la que ni se puede explicar ni se puede comprender ni se puede perdonar. Hacer política de partido con esto me parece que es algo francamente impresentable, incalificable. Le animo a que intente llegar a una transaccional para que se pueda recuperar el espíritu de la Comisión Constitucional y aprobar todos por unanimidad algo que, si no se puede aprobar por unanimidad, es porque se está buscando que no la haya. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
Gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar con la foto que nos ha enseñado el portavoz del Grupo Popular, porque es una foto significativa. El problema está en que aquellos seres humanos que enarbolaron aquella pancarta de esperanza muy poco después fueron defraudados. Para cientos de españoles el problema es que cuando creyeron que les estaban liberando y que las tropas que les liberaban después iban a liberar a su país, sufrieron la traición de los países occidentales y permitieron que en España durante cuarenta años hubiera una dictadura del mismo talante que la que les había condenado a los campos de concentración. Por eso este debate debe mucho a aquellos españoles que lucharon en Europa contra el nazismo, contra el fascismo, y luego fueron traicionados y vieron cómo las democracias occidentales miraban para otro lado porque les era más cómodo tolerar el franquismo que instaurar la República en España. Por tanto, este es un debate oportuno. Estos días en los que se celebra en toda Europa la liberación del nazifascismo, en España tenemos que llamar la atención sobre esa traición que sufrieron los españoles en Mauthausen y todos aquellos que lucharon por la defensa de la democracia y de la República frente al fascismo en toda Europa. Liberaron París, liberaron Berlín, pero luego no pudieron liberar Madrid simplemente porque se miró para otro lado. Por eso nosotros desde esta tribuna tenemos que exigir de una vez por todas que se haga justicia, que se repare, que se sepa la verdad de todos los crímenes del franquismo, porque si no lo que hoy aquí hagamos simplemente será un ejercicio de retórica. Podremos ser hoy muy solidarios con las víctimas de Mauthausen, podremos ser hoy muy solidarios con las víctimas del fascismo, pero ¿cuándo seremos solidarios de verdad con las víctimas del franquismo, con esas que todavía están enterradas en las cunetas, con esas que todavía tienen que sufrir hoy el escarnio de ver cómo siguen las víctimas enterradas al lado del verdugo, como todavía en ese Valle de los Caídos sigue el verdugo ocupando el mismo espacio que las víctimas? Señorías, mientras no hagamos eso, no será posible que tenga alguna credibilidad lo que hoy aquí discutamos. Nosotros celebramos desde nuestra ideología esa victoria como nuestra, porque fuimos parte muy activa en la defensa de la Europa frente al fascismo, pero también tenemos que sufrir ese escarnio de ver cómo fuimos traicionados. El debate de hoy no es un debate semántico, no es un debate sobre si el rey actual, el jefe de Estado actual, representa la herencia de la dictadura, no es ese debate. El debate es para ver si de una vez por todas pedimos perdón como sociedad a las víctimas de Mauthausen, a las víctimas del fascismo, a las víctimas del franquismo. Digo como sociedad porque quienes fueron víctimas del fascismo no lo fueron de un loco criminal, no lo fueron de una generación que se había vuelto loca, no es verdad, era un sistema, era la defensa de unos intereses, también económicos. Escogieron el fascismo como su forma de opresión más criminal pero también más eficaz. Por eso nuestro grupo está de acuerdo con la iniciativa que se presenta, porque cree que es el momento de pedir todos, como Estado español, solidariamente perdón a esas víctimas, repito, siempre y cuando vaya ligado a un perdón a las víctimas del franquismo. Estos días también son buenos para hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Cuando nos quejamos de que el fascismo está de nuevo ocupando espacios, no se trata de una casualidad, es debido a un sistema que encuentra en el fascismo la mejor forma de resolver sus contradicciones; un sistema económico, un sistema social que entiende que el fascismo es lo que puede defender mejor sus intereses. Por eso cuando nos oponemos al resurgimiento del fascismo en estos momentos en Europa, también nos oponemos a que el sistema resuelva sus contradicciones mediante esta forma de opresión. Desde esta tribuna hoy queremos ponernos del lado de las víctimas, pero recordando que hay víctimas porque también hubo verdugos y cómplices de los verdugos. Es verdad que hoy aquí nadie se siente heredero de los verdugos, aunque algunos apellidos puedan coincidir, aunque algunos apellidos puedan ser sinónimos, pero hoy nadie se siente heredero de los verdugos, por eso tenemos que estar del lado de las víctimas, y del lado de las víctimas no se puede estar desde la retórica, sino desde lo concreto. Esta iniciativa que se nos presenta nos sitúa del lado de las víctimas de Mauthausen, de las víctimas del nazismo y de las víctimas del franquismo, por eso nuestro grupo es plenamente solidario con la misma. Una cuestión técnica. Hay dos bloques que pueden tener interpretaciones diferentes, por tanto, quisiéramos que se votasen el punto 1 y 2 conjuntamente y de forma separada el punto 3, si el proponente no tiene inconveniente. Termino rindiendo un homenaje a toda aquella gente que un día creía que liberar Mauthausen era también liberar Madrid, que liberar Mauthausen era acabar también con el franquismo. Todos nos tenemos que sentir responsables de que eso no fuese posible por la traición de las democracias occidentales. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Centella. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, soy el último portavoz que interviene en nombre de mi grupo parlamentario hoy, en esta moción. He escuchado con atención las interpretaciones que han hecho los distintos grupos parlamentarios del texto de la misma. Curiosamente, ha habido interpretaciones muy distintas a partir de un texto muy concreto y, como no hay coincidencia en la interpretación ni en la lectura, me permitirán que me someta estrictamente a nuestra lectura de los hechos. Se han cumplido setenta años de la derrota del nazismo. La semana pasada recordamos y celebramos la liberación del último campo de exterminio nazi, de Mauthausen, expresión de un mal absoluto que llevó a las democracias europeas a un proceso de reparación. La reparación, señorías, solo es posible a través del conocimiento, en primera instancia, de la verdad histórica. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la máquina de matar que supusieron los campos de concentración, después del año 1945, empezó la verdad histórica, y lo hizo en Alemania con los juicios de Núremberg, con la elaboración de la teoría de la obediencia debida y las responsabilidades apropiadas; y sucedió también en los países sudamericanos cuando salieron de las dictaduras a través de la justicia transicional y de las comisiones de la verdad. Nuestra lectura de esta iniciativa, nuestra lectura de los hechos es que hubo 7.500 españoles deportados en los campos de concentración nazis, que hubo 4.816 españoles muertos en los campos de concentración nazis y que, en parte, y nos queremos basar en los hechos y en la verdad, esto fue posible porque el régimen franquista dio cobertura a este hecho. Eran unas personas represaliadas, republicanos que se convirtieron en apátridas con pañuelo azul y no en prisioneros políticos porque el régimen franquista los dejó en manos del régimen nazi. Señorías, esta es la verdad. La verdad es que la vocación de estos españoles fue enrolarse en ejércitos democráticos aliados para luchar por la derrota del nazismo, por una Europa democrática que nació en el año 1945, 1946, 1947 y a la que no llegó España hasta los años 1975, 1976, 1979. En esto debemos coincidir porque esta es la verdad. Nadie se debe reivindicar ni se ha reivindicado heredero de otra cosa que esta verdad democrática. La presencia del ministro Margallo este fin de semana en Mauthausen en una señal inequívoca también del Grupo Popular a favor de esta reparación. Señorías, hay testimonios de esta barbarie: Cristóbal Soriano Soriano, barcelonés, noventa y seis años, testimonio vivo que recuerda, da continuidad y alimenta la memoria de todas las personas que reivindican la necesidad de la reparación. Hoy se ha hablado de los conceptos y he escuchado con gran atención a aquellas personas que me merecen un profundo respeto intelectual. Pero, señorías, la palabra perdón no está ni en una línea, ni una vez, en el texto de esta moción consecuencia de interpelación. Sí que existe la palabra reparación, y la reparación es posible a partir del reconocimiento de la verdad, de la justicia transicional, como se produjo en otras partes, como se produjo en Francia o en Alemania. Señor Tardà, desde nuestro punto de vista, no es un punto fuerte de su moción pedir que el jefe del Estado pida perdón, aunque la palabra perdón no esté en el texto, porque el jefe del Estado es un monarca y los actos del jefe del Estado son actos a partir del impulso de la iniciativa del Gobierno. Con lo cual, debería ser el Gobierno, o en todo caso esta Cámara, el que tomara iniciativas en el ámbito de la reparación. Nos parece apropiado lo planteado en el punto número 3. Señorías, señor presidente, hace treinta y siete años llegó a España la democracia gracias a un acuerdo del arco parlamentario más amplio a favor de la amnistía; y aquella amnistía tenía un punto de amnesia pactada y acordada entre todas las partes, desde los exiliados republicanos hasta exministros del régimen franquista. Algunos fuimos actores y votamos a favor de la Ley de Memoria Histórica, que hoy ha sido invocada, incluso, por aquellos que no la votaron. Con la Ley de Memoria Histórica pasamos de la amnistía y de la amnesia pactada a la verdad; pero también, señorías, tenemos que llegar a la reparación. Hoy se ha citado a Hannah Arendt y la banalización del mal, pero tampoco podemos afrontar la banalización de la verdad. Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa y, votándola favorablemente, vamos a honorar a nuestros padres, a nuestros abuelos y la tradición que representa el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Xuclà. Señor Tardà, aunque usted lo ha manifestado, pero para darle carácter oficial, ¿qué hace usted con las enmiendas?
Señor presidente, desearíamos que se votara en los términos en que ha sido presentada la moción y, si cabe decirlo, aceptamos la propuesta que ha planteado el diputado Centella. Muchas gracias.
Muy bien. Así se hará, señor Tardà. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE SU POSICIÓN EN MATERIA DE ACTUACIONES PARA EVITAR LA CONFUSIÓN Y EL CONFLICTO ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS. [[Número de expediente 173/000211]]
Moción del Grupo Socialista al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre intereses públicos y privados. Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
Gracias, presidente. Señorías, mi grupo parlamentario trae hoy una moción a esta Cámara en la que instamos al Gobierno a que adopte las modificaciones legislativas necesarias para que el principio recogido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece la exclusividad de las funciones de diputados y senadores, pueda hacerse efectiva y evitemos, con una modificación legislativa mucho más taxativa, que se puedan burlar los artículos que regulan esta dedicación como hemos visto que se ha estado haciendo. En segundo lugar, instamos también al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para impulsar un sistema mucho más estricto y transparente del régimen de prevención de conflictos de miembros del Gobierno y altos cargos. Igualmente, instamos al Gobierno a que, de una vez por todas, aplique la Ley de Transparencia a los altos cargos de la Administración del Estado. Esta moción es fruto de una interpelación en la que señalé el otro día desde esta tribuna aquellos comportamientos que ya hemos venido denunciando de distintos miembros del Gobierno donde el conflicto de intereses entre lo público y privado es obvio. Creí que al subir a esta tribuna no podría decir nada más del señor Montoro. Sin embargo, hemos conocido en las últimas horas que también este despacho de Montoro y Asociados, luego Equipo Económico - los conocidos como Montoro boys en el ámbito económico -, también recibió importantes percepciones por parte de la empresa pública del Gobierno de la señora Aguirre, por la empresa Madrid Network. Una vez más la empresa que recibió más para asesoramiento fue la empresa Equipo Económico del señor Montoro, más de 645.000 euros, señorías. Esto sí que son las mamandurrias de la señora Aguirre, del señor Montoro y del señor Beteta. Siempre están los mismos, estas sí son las mamandurrias. [[Aplausos]] Además, hemos conocido también por la prensa de forma escandalosa el comportamiento de distintos compañeros de su bancada, señorías del Grupo Popular, con relación a su actividad con la autorización que habían recibido de esta Cámara para el ejercicio de la abogacía o de despachos de asesoramiento económico. Digo escándalos porque hemos conocido actuaciones que, como defendí el otro día en esta tribuna, son ilegales, señorías. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es clara y habla de la incompatibilidad con el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, de la incompatibilidad con el cobro de cualquier remuneración, salario, honorario y las excepciones también están tasadas. Señorías, las percepciones del exdiputado y hoy embajador ante el Reino Unido, señor Trillo, y del señor Pujalte las conocimos en el curso de una investigación de la Agencia Tributaria, investigación de una presunta trama organizada de empresas y personas para recibir mordidas y cobros ilegales en la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos. En esa investigación de la Agencia Tributaria aparecen las distintas empresas que actuaban como intermediarias para obtener licencias y venderlas y aparecían despachos que asesoraban. Ahí aparecieron los despachos del señor Trillo y del señor Pujalte con la hoy senadora Ana Torme. Por tanto, es algo claramente ilegal porque para eso no recibió en ningún caso autorización de esta Cámara. A continuación también conocimos la situación de la actividad privada del señor Conde. El señor Conde dijo que era legal porque había obtenido una autorización de la Comisión del Estatuto del Diputado para administrar de forma única la asesoría legal Conde y Esteban y para ejercer de abogado sin relación directa con el sector público. Para eso obtuvo la autorización de la Comisión del Estatuto del Diputado, pero esta llevaba una mención expresa de que no incurriría en el artículo 159.2, que prohíbe expresamente - señor Conde - ejercer funciones de presidente de un consejo de administración, consejero administrador, director general, gerente o equivalente de entidades de crédito o aseguradores o cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero. Señor Conde, no ha dado ninguna explicación sobre lo que hemos conocido con escándalo de que usted es representante legal de la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State, asesor de esta entidad de crédito, apoderado de la sociedad Santander de Titulización Sociedad Gestora de Fondos y administrador único de una empresa energética, que usted consideró que no tenía que declarar. Señorías, esto es ilegal; esto es ilegal, si es cierto. Si un miembro de esta Cámara está ejerciendo estas funciones, es ilegal. La pregunta que debemos hacernos todos nosotros es: ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo actúa la Comisión del Estatuto del Diputado cuando obteniendo una autorización se han ocultado datos, se han falseado o de forma clara y flagrante se está incumpliendo el apartado 2 del artículo 159 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es la que regula las incompatibilidades de senadores y diputados. La Comisión del Estatuto puede hacer algo, de momento puede reunirse e investigar la veracidad de estos datos, cosa que ha solicitado mi grupo, que junto con el Grupo Parlamentario Mixto ha pedido que se convoque, porque no lo hace, pero en realidad tiene pocas competencias para actuar. Entendemos que la Comisión del Estatuto del Diputado y este Pleno deben actuar cuando se burle la ley. Por eso, señorías, en la moción que hoy traemos a votación pedimos dos cosas: primero, que desde luego se restrinja el régimen de compatibilidades y que solamente se puedan ejercer las funciones de diputado y senador y compatibilizarlas con actividades intelectuales de creación literaria, con actividades como representantes de un partido político, de la dirección de un sindicato, de participación en tertulias sin cobrar un solo euro. Y se acabó, ya no hay más excepciones porque se han burlado en demasía. En segundo lugar, que la Comisión del Estatuto del Diputado tenga verdaderas competencias para poder investigar la veracidad de los datos que se están aportando cuando se pide autorización solo para estas actividades de creación literaria y las que he citado sin remunerar. En tercer lugar, que pueda hacer una instrucción y plantear al Congreso de los Diputados las sanciones correspondientes cuando se incurra en ocultación, falseamiento o incumplimiento flagrante de esta ley. Señorías, también debemos exigir al Gobierno...
Señora Rodríguez, debe usted acabar.
Voy terminando, presidente. Debemos instar al Gobierno a que cumpla la Ley de Transparencia. Señorías, se aprobó la Ley de Transparencia a la que el Gobierno continuamente apela en sus discursos cuando habla de regeneración democrática y no se ha aplicado a los altos cargos que han sido nombrados antes de la publicación de la Ley de Transparencia. Cuando se pide que se publiquen los datos fiscales de los altos cargos es para poder comparar esos mismos datos cuando salgan del Gobierno, pero el Gobierno que les nombró antes de 2013 de forma clara y con actitud obstruccionista está impidiendo que conozcamos las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos. Para lo único que ha servido la Ley de Transparencia es para que algunos blanqueen su currículo y, por ejemplo, la subsecretaria del Ministerio de Economía haya borrado del portal de transparencia que también perteneció a Montoro y Asociados. [[Rumores]] Finalmente, señorías, hemos presentado una enmienda a nuestra moción en la que pedimos que se destituya de forma inmediata al embajador representante de España ante el Reino Unido por haber sido pillado en una actuación claramente ilegal, asesorando a una empresa que está siendo investigada y que se encuentra incursa en una trama de corrupción...
Señora Rodríguez, como le pasa habitualmente, tiene que acabar. Me doy cuenta de que será interesante lo que esta diciendo, pero tiene que acabar. [[Protestas]]
Déjeme explicar la enmienda, presidente, y ya acabo, de verdad. Solamente la enmienda. Aparte de esto les decía que hemos presentado una enmienda, que no les gusta, en la que instamos al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que el señor Alfonso Rus no pueda permanecer en el cargo público de presidente de la Diputación de Valencia... [[Rumores]]
Señora Rodríguez Ramos, ha presentado usted una autoenmienda que es aceptada por usted, evidentemente, y que conocen todos los diputados. No puede seguir; debe terminar.
Termino. No se pongan nerviosos cuando hablo del señor Rus. [[Protestas]] Les digo: el señor Rus no puede permanecer en...
Señora Rodríguez, parece mentira que usted, que ha sido portavoz, no haya aprendido más del funcionamiento del Congreso. Le tengo que quitar la palabra porque se ha pasado cuatro minutos. Deje la tribuna porque ya no puede seguir, señora Rodríguez.
Me hubiera gustado, señor presidente, que hubiera tenido conmigo la misma benevolencia con el tiempo que la que ha tenido con los intervinientes de la anterior moción. [[El señor Matarí Sáez: ¡Eso es mentira, mentira!-Rumores]]
Señora Rodríguez, se ha excedido usted tres veces más que cualquiera de los que han intervenido esta tarde, así que debe usted bajarse de la tribuna. Finalice despidiéndose, adiós. [[Aplausos]]
Les pido - fíjense cómo se ponen - a todos ustedes, pero especialmente a los diputados del Grupo Popular, que voten a favor esta moción, y cuando ustedes dicen que tienen tanta indignación... [[Aplausos]]
Señora Rodríguez, se tiene usted que bajar y siento que se vaya así pero es que se ha empeñado usted. Abandone la tribuna. [[Un señor diputado: ¡Vaya papelón!]] Parece ser que no se han presentado más enmiendas que la autoenmienda, que queda aceptada, por supuesto. Por el Grupo Vasco [[PNV]], tiene la palabra el señor Azpiazu.
Gracias, señor presidente. La moción que hoy debatimos, a pesar de la hora que es, es de enorme actualidad e interés y lo es desgraciadamente porque cada día conocemos nuevos casos de corrupción y comportamientos irregulares o poco éticos por parte de muchos responsables políticos, de demasiados responsables políticos, comportamientos inaceptables que requieren medidas ejemplares y contundentes que no alberguen ninguna duda sobre la voluntad de los políticos y de los grupos parlamentarios para evitar las corruptelas y las malas prácticas. Los ciudadanos, que son los que nos votan, lo exigen y además así debe ser. A mí me resultaría imposible votar a un candidato implicado en irregularidades o corrupciones. Por ello, como propone el Grupo Socialista, modifiquemos las normas que sean precisas. Este es el lugar apropiado para ello, establezcamos claramente las incompatibilidades, teniendo en cuenta un principio fundamental, la no obligatoriedad de ser diputado o diputada; a nadie le obligan a ello. Si uno tiene la suerte de que se lo propongan y acepta, me atrevería a decir que la incompatibilidad debería ser total, incompatibilidad total, dedicación total a la actividad parlamentaria y así libertad total para defender sin hipotecas los intereses generales de los ciudadanos. Sé que ello puede resultar excesivo o ingenuo por mi parte pero es lo que pienso y lo que piensa mi grupo parlamentario. Ahora bien, si no es factible ir tan lejos, parece una aproximación razonable la que propone hoy el Grupo Socialista en el apartado primero. Por supuesto que la Comisión del Estatuto de los Diputados debe tener también plena capacidad para trabajar, investigar y tomar decisiones oportunas en relación con las actividades de los diputados y diputadas de esta Cámara, al igual que debería tenerlo la Comisión homóloga del Senado. Es también obligada la transparencia absoluta de los bienes y patrimonios de los altos cargos de la Administración. No podemos ni debemos dejar sombras ni dudas en relación con la transparencia y la necesidad de controlar y exigir comportamientos ejemplares de los políticos y altos cargos de la Administración General del Estado y de las Cortes Generales. La ética en política debe ser la guía en los discursos, sí, pero sobre todo debe serlo en los comportamientos. Y, por ello, es más que cuestionable y criticable el comportamiento cuando era diputado del actual embajador en el Reino Unido. Que el Gobierno tomara medidas al respecto nos ofrecería a todos una señal positiva que los ciudadanos esperan del Grupo Popular y del Partido Popular, después de tantos ejemplos negativos que nos han dado muchas personas que militan bajo sus siglas y que se aprovechan de ellas para enriquecerse ilegítimamente. Por todo ello votaremos sí a la moción presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Intervendré brevemente para decir que mi grupo también está de acuerdo con esta moción. Consideramos que efectivamente uno de los mayores déficits y defectos que había en nuestro sistema parlamentario no solamente en el Congreso de los Diputados sino en muchas otras instituciones - pero estamos hablando de nosotros, del Congreso de los Diputados - es la debilidad del régimen de incompatibilidades. Todo lo que sea progresar y avanzar hacia una dedicación exclusiva justificada nos parece bien. Que además se dote de capacidad de determinar la veracidad de los datos a la Comisión del Estatuto del Diputado, también. Lo que también sería importante es progresar en que si alguien falta a la verdad y oculta retribuciones o relaciones contractuales con empresas, eso tenga consecuencias, y no meramente morales sino también jurídicas y políticas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de Izquierda Plural, el señor Centella.
Señor presidente, este tema que se nos trae a nuestra consideración, junto con otros que hemos debatido en semanas anteriores, pone en evidencia los motivos por los que el Partido Popular ha bloqueado y anulado cualquier posibilidad de reformar el Reglamento de esta Cámara y también pone de manifiesto que el Partido Popular estaba cómodo con un reglamento que le permitía manejar a su antojo determinadas circunstancias. Por lo tanto, uno no puede más que lamentar la frustración de haber dedicado un tiempo a esta cuestión cuando estaba claro que de antemano el Partido Popular no tenía esa voluntad de hacer un reglamento que permitiese hacer frente a situaciones que deberían estar resueltas hace mucho tiempo. Es una pena que se plantee este debate a estas alturas, no ya solo de la legislatura, y sin otro elemento que también hay que poner de manifiesto cada vez que se debate un tema que se refiere a la mezcla de lo público con lo privado. El Partido Popular lleva toda la legislatura bloqueando la posibilidad de que esta Cámara investigue y aclare situaciones que hoy en la calle son una exigencia; por ejemplo, cómo se ha financiado el Partido Popular casi desde su fundación, porque también en la confusión de lo público y lo privado se mezclan las cuentas públicas con las cuentas privadas del Partido Popular. Por eso, es una iniciativa que pone el dedo en la llaga, tal y como ha planteado y explicado la portavoz del Grupo Socialista. Es verdad que nuestra legislación carece de esa separación, de esa claridad para que los diputados y las diputadas puedan dedicarse plenamente al ejercicio de lo que debe ser su actividad no ya principal sino prácticamente exclusiva, que es la de representar a quienes los han elegido. En estos momentos poner el dedo en la llaga, mostrar claramente que cuando se mezcla lo público con lo privado siempre se hace en detrimento de lo público y en beneficio de lo privado es un elemento que favorece la calidad de esta democracia, que está siendo puesta en cuestión, pero esta Cámara no reacciona. La mayoría absoluta del Partido Popular se ha empeñado en esta legislatura en hacer oídos sordos a las demandas ciudadanas, lo que cada vez ponen más en evidencia cómo este partido sigue más anclado en el pasado que mirando incluso su propio futuro. Lo único que consiguen con esta evidencia es ni más ni menos que aparentar que tienen mucho más que tapar que aclarar. Ustedes se ponen a la defensiva y muestran que temen mucho más de lo que deben. Por tanto, deberían ser no ya más audaces - quizás eso no vaya en su ADN - sino al menos más inteligentes para evitar que se les siga poniendo bajo sospecha, porque lo están. Podrán esconder la cabeza debajo del ala, pero están bajo sospecha porque cada vez son más las evidencias que ponen de manifiesto cómo se ha mezclado lo público con lo privado. La moción que se nos presenta viene a resolver algunos elementos que, repito, deberían estar resueltos hace muchos años. También es verdad que cuando plantea una moción así un grupo que ha estado tanto tiempo en el Gobierno uno le puede decir que a buenas horas mangas verdes, pero nunca es tarde si la dicha llega. Por lo tanto, estamos de acuerdo en votar favorablemente esta propuesta. Es verdad que podríamos haber propuesto un añadido, pero no lo hemos hecho para no alargar más el debate y no enturbiarlo. Podíamos haber propuesto que añadieran a los expresidentes y con eso poner el dedo en la llaga sobre quien, como es expresidente, mezcla lo público con lo privado. Con ese elemento podrían haber hecho un ejercicio de autocrítica que también les viene bien de vez en cuando. Es evidente que cuando se es expresidente se mezcla lo público con lo privado, y eso debería acabar. Ese es el único añadido que podríamos haber propuesto a lo largo del debate, pero, como les decía, es una propuesta oportuna. También es oportuno señalar que, como se ha demostrado, quien hoy ejerce de embajador en el Reino Unido mezcló lo público con lo privado y ante eso el Gobierno debería reaccionar. Nosotros vamos a votar la iniciativa tal y como se plantea aunque no sin decir que el Partido Socialista sigue mirando hacia el frente pero alguna vez tendrá que mirar hacia dentro y de una vez por todas acabar con esa situación de los expresidentes, que sigue siendo bochornosa para muchos españoles porque siguen mezclando lo público con lo privado. Dicho esto, repito que votaremos a favor de la propuesta que se nos presenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Centella. Por el Grupo Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señor presidente. Señorías, la moción que hoy defiende el Grupo Socialista reabre un debate que ya se ha producido en anteriores ocasiones en esta Cámara. Hablamos sobre el sistema de incompatibilidades de diputados y senadores y también del conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración General del Estado. Señorías, como bien saben, este es un tema importante que tiene que ver con la esencia misma de una de las instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático; tiene que ver con el concepto que defendemos de los representantes de los ciudadanos. ¿Qué representantes queremos, señorías? ¿Defendemos un concepto transversal, plural o un concepto cerrado en el que solo unos pocos podrán representar a la ciudadanía? Nosotros lo tenemos claro; siempre hemos defendido lo mismo y no estamos dispuestos a hacer campaña con un argumento simplista de una cuestión como esta, esencial para nuestro sistema democrático. ¿Qué pretende exactamente esta moción? [[Rumores]]
Perdone un momento, señora diputada. Por favor, ruego silencio. Continúe.
Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista solicita, en primer lugar, que se inste al Gobierno para que se amplíe el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores regulado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En segundo lugar, solicita que se reforme la Comisión del Estatuto de los Diputados para que, aparte de funciones preparatorias, tenga más capacidad para comprobar la veracidad de los hechos que se declaran, e investigar y proponer sanciones en el Pleno. Podríamos estar de acuerdo en ese punto concreto. Entendemos que debe hacerse un cambio importante en la Comisión del Estatuto de los Diputados. Tuvimos ocasión de hablar de ello en la ponencia de reforma del Reglamento del Congreso, pero, lamentablemente, no hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo para la reforma en profundidad del Reglamento del Congreso, que es lo que necesitamos. En tercer lugar, solicitan una regulación más estricta y transparente para la prevención de conflictos de intereses de altos cargos y miembros del Gobierno. Estamos de acuerdo, aunque tenemos que recordarle también que hace pocos meses se ha aprobado en el Congreso y en el Senado una nueva ley que tiene mucho que ver con esta cuestión. También hablan de dar cumplimiento a la disposición final segunda de la Ley de Transparencia, aunque ustedes solicitan que se aplique con carácter retroactivo en determinados supuestos de nombramientos anteriores a la entrada en vigor de la ley. En último lugar, piden el cese inmediato del embajador de España en el Reino Unido. ¿Cómo nos posicionamos desde Convergència i Unió? Ya lo hemos dicho; nosotros no haremos una batalla electoral de esta cuestión. ¿Por qué? Porque entendemos que es un tema esencial para nuestro sistema democrático. Estamos hablando de la representación de los ciudadanos y de qué modelo queremos para nuestro sistema democrático, qué sistema queremos. Vayamos a algunas de las cuestiones concretas que ustedes plantean. En cuanto al régimen de incompatibilidades, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a mantener fieles a los trabajos de la ponencia y al proyecto que se está tramitando en el Parlament de Catalunya, una proposición de ley de régimen electoral para Cataluña. Ahí también se establece un régimen de incompatibilidades para los diputados muy similar al que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por cierto, el Partido Socialista de Cataluña no ha dicho nada al respecto, en ningún momento ha defendido lo que hoy están presentando ustedes aquí. Si analizamos cuál es el marco actual de nuestro sistema de incompatibilidades, veremos que es muy parecido a lo que establecen otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Alemania. En Alemania, el código de conducta del Bundestag establece un sistema de incompatibilidades muy similar al previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. De Francia, Bélgica, Portugal e Italia les puedo decir exactamente lo mismo; tienen previsto un sistema de incompatibilidades muy similar al nuestro. Por lo que se refiere a la prevención de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, decía que hace pocas semanas aprobamos una ley que va en esa dirección; nuestro grupo parlamentario dio su voto favorable a ese proyecto de ley. Por lo tanto, para ser coherentes, entendemos que tenemos que esperar un tiempo prudencial, adecuado, para poder valorar el buen funcionamiento o no de esa ley. En todo caso, tendremos que actuar después, pero no antes. En definitiva, entendemos que esta es una iniciativa de aparador, electoralista, simplista, que ni siquiera el propio Grupo Socialista es capaz de cumplir porque ustedes han aprobado un código ético que precisamente va en esa línea de establecer un régimen de compatibilidades muy restringido y, de hecho, nos tendrían que explicar si realmente lo están cumpliendo.
Señora Surroca, debe usted terminar.
Señor presidente, termino. Tendrían que explicarnos si lo están cumpliendo, pero creo que tampoco es el caso. En definitiva, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar esta iniciativa y anuncio que vamos a abstenernos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Surroca. Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.
Gracias, señor presidente. Señora Rodríguez, después de su intervención comprendo por qué ha pasado usted de la fila uno a la fila cuatro de su bancada. [[Aplausos]] Señorías, creo que esta moción que presenta el Grupo Socialista es fruto más de la mala intención y del fuego amigo de ustedes mismos que de luchar verdaderamente contra problemas que haya en este país. Pero prefiero que sea fruto de la mala intención a que sea fruto de la incapacidad, de la incompetencia y de la ignorancia. Señora Rodríguez, le voy a decir punto por punto lo que usted ha planteado. El punto primero corresponde al Congreso de los Diputados, pero ustedes, cuando se ha celebrado la ponencia de reforma del Reglamento, no han presentado esta propuesta como enmienda. El segundo punto de su moción, señoría, fue aprobado por este Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de febrero de 1990, señora; el 19 de febrero de 1990 aprobó el Congreso el punto segundo que usted está pidiendo. El punto tercero, señoría, es competencia de esta Cámara, no del Gobierno de España, que es Poder Ejecutivo; no confunda usted la división de poderes. Punto cuarto, señoría, ya se ha hecho por el Gobierno de España; léase las normas que se aprueban aquí y que aprueba el Gobierno de España. Punto quinto, se está desarrollando por parte del Gobierno de España; léase los boletines, señora. En el punto sexto usted pide el cese de alguien que ha cumplido la legalidad, señoría. Cuando yo me presenté a las elecciones el 20 de noviembre de 2011 pensaba que venía al Congreso de los Diputados, no al Tribunal de la Inquisición, que es lo que ha hecho usted hoy aquí. [[Aplausos]] Este discurso que hago hoy va dirigido al ausente, al que hoy está de mitin en el País Vasco, que es el máximo responsable del Partido Socialista y del Grupo Socialista. Supongo que ahora, en el País Vasco, estará diciendo frases como estas: Si lo que han hecho es legal pero no ético deben abandonar sus cargos. [[Mostrando varios recortes de prensa]] Señorías, miembros del Grupo Socialista, ¿esto es ético? ¿Es esto legal? ¿Debe dimitir? [[Rumores.-Un señor diputado: Sí, sí]] La respuesta no se la va a dar el Grupo Popular, señorías, la respuesta no se la vamos a dar nosotros; la respuesta la tienen que dar ustedes mismos y el señor Sánchez. A lo mejor, señora Rodríguez, esa era su intención con respecto a su sucesor, a lo mejor. [[Aplausos.-Rumores]] Señoría, usted viene hoy a dar lecciones aquí, pero cuando era portavoz de su grupo [[Muestra un documento]]: 32% de esa bancada ejerciendo actividades privadas tales como abogados; consultoría - no se sabe de qué -; socios de empresas de energía solar, que reciben primas del Gobierno; asesoramientos internacionales para los que no se pide la convalidación ni la compatibilidad; socios de sociedades de abogados que dudamos que cumplan el Estatuto General de la Abogacía... Todo esto, señora, cuando usted era portavoz del Grupo Socialista. Esta moción, instada por el señor Sánchez en nombre de su partido, es la mayor demostración de cinismo, hipocresía, incoherencia y oportunismo político. En la moción lo mezclan todo en una búsqueda desesperada por el voto. Han provocado, señorías, sentencias de telediarios de compañeros de la bancada del Grupo Popular; han provocado sentencias de telediario, pero hoy ustedes tendrán que reflexionar, a la vista de las informaciones que salen, si esas propias sentencias de telediario que ustedes hoy han pretendido hacer con compañeros del Grupo Popular no se las deben aplicar ustedes mismos porque, señorías, ustedes siempre miran enfrente pero nunca miran sus escaños, nunca miran sus escaños. No voy a dar nombres, señorías, porque tengo respeto a todos los diputados. [[Protestas]] ¿Sabe una cosa, señoría? Yo creo en la democracia y en la justicia; yo no hago como usted, señora [[La señora Rodríguez Ramos: Señoría]] Usted denuncia, condena, juzga. Eso es lo que usted ha hecho hoy aquí. Mire usted, el embajador Trillo ha cumplido con las normas de este Parlamento, cosa que no han hecho compañeros suyos; el embajador Trillo pidió la compatibilidad y ejerció sus actividades legalmente, como han hecho otros compañeros de este grupo parlamentario. Señor Sánchez y señores del Grupo Socialista, ustedes están pidiendo responsabilidades por actuaciones previas a diciembre de 2014. ¿Están ustedes y sus compañeros de legislaturas anteriores en condiciones de comparecer en la Comisión del Estatuto del Diputado para dar explicaciones? [[Varios señores diputados: Sí, sí]] ¿Está usted, señora Rodríguez, en condiciones, como exsecretaria de Estado, de decir y mantener que todas las subvenciones que usted dio como secretaria de Estado era dinero público que usted sabía a quién daba y para qué lo daba? [[Protestas.-Un señor diputado: ¿Qué está diciendo?]] ¿Usted lo sabe, señora Rodríguez? [[Protestas]] No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos... [[Protestas]]
Vamos a ver. [[Protestas.-La señora Rodríguez Ramos pide la palabra]] Silencio. La señora Rodríguez tendrá su turno cuando llegue el momento. Señor Merino, se ha pasado usted un minuto, tiene que acabar en treinta segundos.
Termino, señor presidente. [[Rumores]] Su nerviosismo les delata, señorías; su nerviosismo les delata. Señorías, les pido, por favor, que sean un poco más responsables. No hagan el juego a aquellos que están pretendiendo acabar con el régimen que todos nos dimos en el año 1978 ni a aquellos otros que dicen que los nacidos antes de 1978 no sirven, porque esta moción que ustedes han presentado hoy simplemente les ayuda a ellos y no a la democracia. Lo que ustedes han planteado hoy es un atentado contra la democracia, señorías.
Señor Merino, tiene usted que terminar inmediatamente.
Termino. Espero y deseo, señora Rodríguez, que retire esta moción y sobre todo que pida perdón por las palabras que ha dicho desde esta tribuna a diputados del Partido Popular. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Merino. Señora Rodríguez, tiene usted la palabra, pero exactamente para la alusión que se le ha hecho.
Sí, señor presidente. Muchas gracias. Con todo respeto, si el señor Merino no tiene argumentos para defender la actuación de los compañeros de escaño a los que me he referido, le pido, señor presidente, que suba de nuevo a la tribuna y que explique de forma clara a qué subvención en el ejercicio de mi cargo de exsecretaria de Estado de Cooperación se refería. Si no lo hace, señor Merino, me parece que lo que usted ha hecho en esa tribuna es una acusación absolutamente falsa. O sale a la tribuna, señor Merino, y dice exactamente qué subvención... [[Protestas]] Presidente, presidente...
Señora Rodríguez, su argumentación ha sido clara y está vista. Usted ha pedido al señor Merino que diga qué subvención. Ya lo ha hecho. Siéntese. Señor Merino, tiene usted la palabra para contestar a lo que le ha dicho la señora Rodríguez, no para hablar en general.
Gracias, señor presidente. Señora Rodríguez, me parece que después de esta intervención va a seguir usted subiendo filas de su bancada. [[Risas]] Señora Rodríguez, yo no he hecho una afirmación. Usted es que ni escucha. Le he preguntado... [[Protestas]]
Por favor, ruego silencio. Tiene un minuto el señor Merino para explicarse y luego yo sustanciaré el incidente. Señor Merino, hable, pero centrándose en el asunto.
Estoy centrado en el asunto. [[Risas]] Yo estoy centrado; la que veo que está descentrada es la señora Rodríguez. [[Protestas]] Señora Rodríguez, usted sí ha hecho afirmaciones de compañeros del Partido Popular.
Señor Merino, no tiene usted la palabra. No tiene usted la palabra porque no está contestando a lo que le han dicho. La señora Rodríguez le ha preguntado por un punto concreto y parece que usted está diciendo que no ha dicho nada en concreto, sino que le ha preguntado a ella si se siente responsable, lo cual queda como un incidente saldado. [[Rumores.-El señor Conde Bajén pide la palabra]] Señor Conde, a usted le ha dicho la señora Rodríguez una serie de temas. Tiene la palabra para contestar exactamente a lo que ha aludido la señora Rodríguez.
Señor presidente, gracias por recordarme el tenor literal del Reglamento. Pido la palabra porque, después de la intervención de la señora Rodríguez, no puedo dejar de tomar la palabra en este Pleno para decir que he cumplido y cumplo con mis obligaciones escrupulosamente [[Rumores]], como he tenido ocasión de argumentar ante la Comisión del Estatuto del Diputado y tendré mucho gusto en hacer cuantas veces así se solicite. Afortunadamente, el honor de los diputados no depende de la actuación torticera de la más mediocre portavoz que el Grupo Socialista jamás ha tenido. [[Aplausos.-Rumores]]
Vista la situación, en dos minutos vamos a votar. [[Pausa]] Señorías, vamos a proceder a las votaciones. [[El señor Heredia Díaz pide la palabra]] Señor Heredia.
Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista solicita que las graves acusaciones y descalificaciones que se han vertido en el último debate [[Rumores]] no aparezcan en el 'Diario de Sesiones'.
Señor Heredia, en efecto, tiene usted razón, sobre todo hay unas descalificaciones personales que no añaden nada al debate. Yo encargaré a los servicios de la Cámara que esas descalificaciones desaparezcan del debate. [[Aplausos.-Protestas]] Me refiero a todas las descalificaciones personales que se han vertido por unos y por otros. Las descalificaciones personales van a desaparecer [[Rumores]] Vamos ahora a votar.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas, en materia de derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia. Hay 2 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301 más 2 votos telemáticos, 303; a favor, 132; en contra, 169 más 2 votos telemáticos, 171.
No se toma en consideración.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Hay 2 votos telemáticos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301 más 2 votos telemáticos, 303; a favor, 134; en contra, 166 más 2 votos telemáticos, 168; abstenciones, 1.
No se toma en consideración.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la utilización de plataformas y servicios compartidos en las administraciones públicas. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 167; en contra, 127; abstenciones, 3.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. [[Número de expediente 162/001230]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la devolución a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Hay una enmienda presentada por Izquierda Unida y se ha llegado a una transaccional, que es la que vamos a votar. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 127; en contra, 163; abstenciones, 6.
Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà, sobre los actos de conmemoración del 70.º aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen, donde fueron asesinados más de 7.000 republicanos del Estado español, y otros campos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial. La vamos a votar en sus propios términos pero por puntos. En primer lugar, votamos los puntos 1 y 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 38; en contra, 166; abstenciones, 98.
Quedan rechazados. Ahora votamos el punto 3 de la moción. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 135; en contra, 166.
Queda rechazado. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE SU POSICIÓN EN MATERIA DE ACTUACIONES PARA EVITAR LA CONFUSIÓN Y EL CONFLICTO ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS. [[Número de expediente 173/000211]]
Moción del Grupo Socialista al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre intereses públicos y privados. Se vota en sus propios términos, con la autoenmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 15.
Queda rechazada. Se suspende la sesión. Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.