Se abre la sesión. De acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, propongo al Pleno un cambio en el orden de discusión de las mociones, de tal forma que la que figura en el orden del día con el número 6 pase a debatirse en primer lugar y a continuación la que figura con el número 5. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] Queda aprobado.
Toma en consideración de la proposición de ley presentada por La Izquierda Plural, de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, restableciendo la situación jurídica previa a la promulgación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Llamazares.
Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural para defender por tercera vez en esta legislatura - dicen que a la tercera va la vencida, eso espero - la derogación parcial del Real Decreto 16/2012 en lo que tiene que ver con la exclusión de ciudadanos del sistema sanitario en la atención primaria y asimismo la incorporación del derecho universal a la salud en la Ley General de Sanidad. Como he dicho antes, es la tercera vez que se debate esta iniciativa en esta Cámara. Dirán ustedes que mi grupo parlamentario es un grupo empecinado, y es verdad que lo somos, pero no solamente es por eso. Es porque recientemente el propio presidente del Gobierno ha anunciado esta misma medida a los medios de comunicación. El problema es que desde entonces, un mes antes de la convocatoria electoral, no se ha hecho nada. Se anunció la recuperación del derecho a la atención primaria de estos ciudadanos excluidos y, sin embargo, desde entonces no hemos sabido nada, no ha habido ninguna iniciativa legislativa por parte del Gobierno, solamente un anuncio de reunión del ministro de Sanidad con los consejeros de las comunidades autónomas. La posición de mi grupo es que quien provoca la situación la solucione. Es decir, que quien modifica de alguna manera la cobertura y la universalidad del sistema sanitario sea quien, a través de la derogación o de una nueva norma, recomponga y recupere la atención sanitaria para esos colectivos, no que les pase la pelota a las comunidades autónomas que hasta ahora han sido las únicas, junto con las organizaciones no gubernamentales, que han intentado paliar los efectos de lo que podríamos denominar el encarnizamiento político del Gobierno. Encarnizamiento terapéutico, señorías, es utilizar las terapias en exceso provocando más dolor y no solucionando el problema sanitario. El encarnizamiento político es algo muy parecido, es utilizar una medida a sabiendas de que esa medida produce dolor y asimismo a sabiendas de que no va a significar nada para mejorar la calidad y la eficiencia del sistema sanitario. Así lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno con su anuncio. Ha dicho que van a recuperar la atención primaria para los ciudadanos sin papeles y que lo van a hacer porque estos ciudadanos resultan más caros en la atención de urgencias. Pero si lo habíamos dicho ya, ya se lo habíamos dicho, que había un estudio comparativo de los sistemas de salud donde se demostraba que cuando no había cobertura y tenían que acudir a los servicios de urgencias, normalmente del sistema público - me refiero al sistema público norteamericano en este caso -, el coste sanitario se disparaba por diez, y ya no hablo del coste humano porque el coste humano es mucho mayor, ya que lo único que hacemos es esperar a la reagudización del proceso para atacar el problema sanitario, con lo cual el deterioro es cada vez mayor, tanto en enfermedades crónicas como en enfermedades cardiovasculares como en enfermedades infecciosas. Las sociedades científicas, las organizaciones de derechos humanos, todo tipo de colectivos, incluso las instituciones internacionales, se lo han dicho por activa y por pasiva al Gobierno, le han dado estos mismos argumentos que ahora le sirven al presidente del Gobierno para reconocer que es necesario modificar y derogar la exclusión de cientos de miles de ciudadanos del sistema sanitario. Entretanto, señorías, se han producido también otros efectos colaterales de ese encarnizamiento terapéutico que las organizaciones internacionales y las sociedades científicas han calculado en miles las personas que se han visto sin cobertura, sin tratamiento en enfermedades crónicas, después de haber sido ingresados, sometidos a una operación quirúrgica, personas con enfermedades crónicas, con enfermedades infecciosas, ese ha sido uno de los efectos, pero ha habido otros. Otro efecto de esta exclusión del sistema sanitario son exclusiones que podemos denominar parciales; exclusiones parciales que han tenido que ver, por ejemplo, con la instauración de copagos en sectores muy frágiles, como es el de los enfermos crónicos. También tenemos un estudio - no del Gobierno pero sí de instituciones acreditadas - que dice que al menos el 5 % de los pacientes deja de utilizar determinados fármacos, normalmente los más caros, por razón de copago. Señorías, también ahí se produce una exclusión parcial de los ciudadanos del sistema sanitario. Y podríamos decir que una tercera exclusión o un tercer efecto colateral es el que tiene que ver con la desorganización, con lo que podríamos denominar el desbarajuste del sistema. El Gobierno se ha empeñado en cambiar el modelo universal por un modelo de seguro que separa a seguros de inseguros, a asegurados de no asegurados, pero que en el medio ha creado un amplio colectivo de inseguros asegurados que se han visto afectados por este modelo, modelo que ahora es gobernado no solamente por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, sino por el Ministerio de Sanidad, por las comunidades autónomas, por el Ministerio de Empleo y por el Ministerio de Hacienda, por si fuera poco el desbarajuste que tenemos en la materia. Como consecuencia de ello, muchas personas que tienen derecho a la atención sanitaria se han visto cómo les negaban el derecho o cómo les enviaban una factura a casa intentando cobrar un derecho que teóricamente tienen reconocido. Señorías, creo que basta con estos argumentos, que son suficientes para que el Gobierno anuncie que va a modificar el Real Decreto-ley 16/2012 y no solo para que recupere para el sistema sanitario a una parte de la población excluida, sino para que lo haga mediante una iniciativa legal y cuanto antes, no pasándole la pelota de nuevo a las comunidades autónomas, en mi opinión, de manera hipócrita, porque si el Gobierno cree que las cosas han ido mal y que hay que modificarlas, el Gobierno tiene que asumir el coste de esa modificación. Esa es nuestra opinión y, por tanto, ese es el camino. Por otra parte, señorías, nosotros lamentamos - quiero decirlo en relación con las intervenciones que ha habido en esta Cámara en otras ocasiones - que el Gobierno haya roto una casi tradición sanitaria a lo largo de las últimas décadas. Desde la Constitución, luego con la Ley General de Sanidad y más adelante con la Ley de Cohesión, normalmente las comunidades autónomas y el Gobierno central han marcado una ruta de incremento de cobertura hacia la universalidad, de recoger cada vez a más colectivos que estaban al margen del sistema sanitario o que no tenían suficiente cobertura por parte del sistema sanitario. Culmina este proceso en la Ley de Salud Pública de 2011, en su adicional sexta, a través de una enmienda pactada por los grupos parlamentarios en la que nos planteamos que quedan dos colectivos, el de los desempleados sin prestaciones, que también tenían problemas de cobertura, y el colectivo de los profesionales, que no estaban normalmente cubiertos por el sistema sanitario público. Pues bien, ese proceso de incremento de cobertura y de universalidad del sistema, es decir, ese proceso de humanización, de solidaridad del sistema sanitario, se rompió con el Real Decreto-ley 16/2012. Han pasado muchas cosas, ha habido tres años de experiencia de ese real decreto que rompe con la universalidad del sistema sanitario, ha habido pronunciamientos de los sanitarios, de las sociedades científicas, de las organizaciones internacionales y creo que desde el punto de vista público el efecto de este real decreto no ha podido ser peor: ha deteriorado la imagen y ha deteriorado la cobertura y la calidad del sistema sanitario público español, que tenía una buena imagen en el exterior. Creo que estamos a tiempo y, sobre todo, después de unas elecciones, creo que el Partido Popular y el Gobierno están a tiempo de rectificar. No es un problema de imagen, señorías, no se equivoquen, es un problema de política, de políticas de encarnizamiento con los ciudadanos en un contexto de crisis que tienen que modificarse cuanto antes. Les invito a votar favorablemente esta iniciativa legislativa para que podamos recuperar la velocidad de crucero en la mejora de nuestro sistema sanitario y en la humanización de nuestro sistema político. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Llamazares. Va a haber ahora turno de fijación de posiciones. Empezamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. Uno de los episodios más tristes y vergonzosos de esta legislatura ha sido dejar sin atención sanitaria a miles de personas. Hacer negocio de la sanidad pública como hace la derecha española es absolutamente detestable. Pero, además, excluir a los humildes, a las personas que se acercan a nuestro país en busca de supervivencia, no tiene nombre. En los tres años de vigencia del real decreto, 748.000 personas perdieron la tarjeta sanitaria, según datos de Amnistía Internacional de abril de 2015. Es el súmmum de la falta de humanidad de un Gobierno con el alma negra como el carbón. La decisión se adoptó en contra de cualquier criterio médico. Intentaron engañar a la sociedad al seguir hablando de sanidad universal cuando ya no era universal, y el objetivo evidente de esta legislatura era incrementar el negocio de las aseguradoras privadas con el fin de acercarse a un modelo más parecido al norteamericano, que tantos problemas causa, y apartarse del nuestro, el de la sanidad pública universal que tenía fama en todo el mundo y del que, además, la mayoría de los ciudadanos están orgullosos. Desde ese objetivo han gobernado hasta la fecha en las comunidades autónomas, de ahí que el peso del gasto sanitario privado no pare de crecer y sea el más alto de la Unión Europea a Quince: año 2012, sector público sanitario, 71 %, sector privado, 28 %, fuente: Sistema de Cuentas de Salud. El análisis de la progresión es demoledor. Desde que entraron en el Gobierno, el sector privado no ha parado de crecer y nuestro primer objetivo, al contrario del objetivo del Partido Popular, es justamente la gente, la dignidad de todos los ciudadanos, vengan de donde vengan y ganen lo que ganen. Desde lo público tenemos una responsabilidad hacia la gente y ahora, en nuestra tierra, la vamos a cumplir. La proposición de La Izquierda Plural es oportuna y también mejorable, evidentemente, lo cual solo es posible mediante su toma en consideración. Por ello, Compromís va a votar absolutamente a favor de esta y de cualquier otra que proponga derogar el copago farmacéutico y ortoprotésico, que ha obligado a muchos ciudadanos a abandonar sus tratamientos médicos por no poder pagarlos, y que proponga recuperar la sanidad para aquellos que están más de noventa días en el extranjero buscando trabajo, esos a los que les han puesto tan difícil votar en estas elecciones. El Gobierno del Partido Popular - acabo - ha causado mucho sufrimiento a la gente porque se ha atacado a los más humildes, se ha despojado de muchos derechos a los más débiles y se ha gobernado solo para los poderosos. Pero ya queda poco tiempo para seguir haciendo este tipo de maldades; la cuestión es si son capaces de empezar a rectificar ya y votar a favor de esta proposición de ley. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Quevedo.
Muchas gracias, señor presidente. Los nacionalistas canarios vamos a apoyar sin reservas, una vez más, una nueva iniciativa destinada a que en el Estado español no solo se recupere sino que se instaure definitivamente el derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos. Nos parece muy bien que los objetivos de este proyecto de ley estén relacionados con la derogación del lamentable Real Decreto-ley 16/2012, que lo que produjo fue la exclusión efectiva de ciudadanos del derecho a la salud y la incorporación del derecho universal a la salud en la Ley General de Sanidad, asignatura pendiente, como sabemos todos los que defendimos aquella ley y criticamos que eso era lo que faltaba, y en eso estamos. En definitiva, se trata de recuperar un modelo del Sistema Nacional de Salud con todas sus características, frente al modelo de Seguridad Social que se ha ido instaurando asociado a la beneficencia. Denunciamos rotundamente el retroceso de más de treinta años que eso supone, que en ningún caso nos parece aceptable a estas alturas. No sé si el reciente proceso electoral a lo mejor ayuda a comprender a las señorías del Partido Popular la necesidad de corregir esto. Tanto daño a tanta gente no va a resultar impune y, por tanto, tengo la esperanza de que a lo mejor podamos ponernos de acuerdo en algo tan elemental como lo que estamos planteando. Lo cierto es que las razones de hacer todo esto nada tienen que ver ni con la eficacia del sistema, que es altísima, ni con la eficiencia, que es más alta todavía porque con cada vez menos recursos se mantienen indicadores muy razonables de salud, ni con la mejora de la salud pública en nuestra comunidad. Nada tiene que ver con esto, más bien todo lo contrario. Tiene mucho que ver, eso sí, con la alergia del Partido Popular a los servicios públicos, en una posición neoliberal dura que nos parece que deben abandonar ya. Tienen alergia a los servicios públicos, y cuando pasa eso resulta que se hacen estas cosas. Por un camino tortuoso, se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad que en realidad es del Estado, con la sana intención de, además de arruinar a las comunidades autónomas, echarles la culpa. Pero el objetivo final es liquidar el Sistema Nacional de Salud y el derecho a la salud del conjunto de la población. Eso es exactamente lo que ocurre. Sé que estamos con las técnicas goebbelianas de insistir en lo contrario, pero creo que con poco éxito; tengo la sensación de que ya se lo deben pensar. Hay un sufrimiento inaceptable de miles de personas que antes no lo tenían; un deterioro de los servicios también inaceptable, con incrementos de las listas de espera, con selección adversa de la gente por razones económicas; hay gente que no se toma su medicamento porque no pueden hacer el repago. Cualquiera de los que pertenecemos al mundo sanitario y los que además hemos dado clase de salud pública sabemos que esto es un debate que ya ha tenido medio planeta, y cuando medio planeta va avanzando, incluido el epítome de todo esto que es Estados Unidos, y empieza a caminar en un sentido, nosotros hacemos lo contrario. Felicitamos al señor Llamazares por su intervención y anunciamos nuestro apoyo sin reservas a su proposición de ley. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Quevedo. Tiene la palabra ahora la señora Pérez Fernández.
Gracias, presidente. Señorías, antes del inicio de la campaña electoral las plataformas de defensa de la sanidad pública hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que apostasen por un cambio de rumbo que supusiese la recuperación del sistema sanitario público de calidad y el derecho a la atención sanitaria para toda la población. Las plataformas han vuelto a pedir al inicio de la campaña lo que han pedido tantas veces en los últimos tres años, que es lo mismo que han reclamado una y otra vez millones de ciudadanos en todo el Estado y también es idéntico a lo que hemos planteado aquí los distintos grupos de manera recurrente y que siempre ha sido rechazado contundentemente por la mayoría parlamentaria: que se garantice la atención sanitaria a toda la población, que se incremente el personal sanitario, que se paralicen las derivaciones sistemáticas al sector privado, que se aumente el número de camas hospitalarias y los recursos de la atención primaria. Que se paralice, en definitiva, el desmantelamiento de la sanidad pública y se recupere paulatinamente lo privatizado, que se terminen de una vez por todas las externalizaciones y las privatizaciones encubiertas. Todo esto, señorías, lleva aparejado necesariamente la derogación del Real Decreto-ley 16/2012; la Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión del sistema de salud, y la modificación de la Ley General de Sanidad para reforzar precisamente el carácter público y universal de un derecho reconocido nada menos que por la Constitución que el Partido Popular presume a cada paso defender. Además de esto, es ineludible que en los Presupuestos Generales del Estado se aumenten las partidas destinadas a la sanidad y vayan alcanzando el nivel de otros países europeos de los que todavía estamos muy lejos. Señorías, el Real Decreto-ley 16/2012, denominado cínicamente de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, nos situó treinta años atrás, en un tiempo anterior a la propia Ley General de Sanidad que garantizaba el derecho universal a la asistencia sanitaria; recuperó la figura del asegurado, aquel que tiene derecho a la asistencia sanitaria en función de su cotización a la Seguridad Social, y provocó la exclusión de los inmigrantes sin papeles y de otros colectivos. Además, impuso copagos y repagos a pensionistas y enfermos crónicos que pesan, y mucho, sobre las ya deterioradas economías familiares; recortó la cartera de servicios preparando el terreno a las aseguradoras para cubrir las prestaciones excluidas de la sanidad pública, y todo esto con el objetivo de implantar una sanidad dual, una sanidad de calidad para quien pueda pagársela y la beneficencia para el que no pueda, y para favorecer, desde luego, los negocios de las empresas de la sanidad privada. En definitiva, señorías, el Real Decreto 16/2012 supuso desde el minuto uno de su aprobación una amenaza gravísima para la sanidad pública como elemento fundamental de cohesión social y fue la justificación perfecta para la exclusión social de los más necesitados. El BNG lo ha dicho muchas veces y volvemos a repetirlo hoy: apoyaremos todas las iniciativas que vayan en contra de todas las medidas que ha aprobado el Gobierno para la deconstrucción de la sanidad pública y universal. Por lo tanto, votaremos también favorablemente, y con pleno convencimiento de que hacemos lo correcto, la toma en consideración de esta proposición de ley de La Izquierda Plural. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Pérez. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. El señor Llamazares ha presentado su proposición de ley - con la cual, lo digo de antemano, estamos totalmente de acuerdo - diciendo que es la tercera vez que sube a esta tribuna a defender este tema. Yo también tengo que decir que comparezco por tercera vez pidiendo lo mismo que él y me da la sensación de que, por tercera vez, los destinatarios de nuestra petición van a responder lo mismo. Quizás yo no soy nadie para dar ningún consejo, pero para constatar situaciones reales que hemos vivido en lugares diferentes y por motivos diferentes, sí, y les puedo decir que se pierden elecciones normalmente por no hacer caso a lo que la gente pide, y la gente no son unos partidos políticos que por motivos electorales en un momento dado quieren dar caña al que manda, no. En este caso estamos diciendo que todos los que estamos en este arco parlamentario, excepto el Partido Popular, pensamos profundamente que esto es una injusticia, y no hacer caso a las injusticias hace normalmente que se pierdan después las elecciones. Vayamos a lo que concierne directamente a esta proposición de ley, con la que mi grupo está totalmente de acuerdo. Aquí de lo que se trata en el fondo no es nada más que de si tenemos el derecho universal a la salud, en consecuencia de si tenemos el derecho universal de acceso al sistema sanitario, a la atención sanitaria, independientemente de cualquier otro condicionante - y ese condicionante puede ser la nacionalidad, la situación laboral, etcétera -, por ser personas y estar donde estamos en cada momento, tener derecho a una asistencia sanitaria si lo necesitamos. Creo que es el gran avance de la humanidad y de la democracia - olvidándose de cualquier otra cuestión -, ese derecho universal de que seamos atendidos si tenemos una enfermedad, estemos donde estemos y tengamos la situación que tengamos. Ha costado muchos siglos que el ser humano se haya dado cuenta de que es un gran avance que nos hace más humanos, que profundiza en conceptos como la democracia, para que ahora de golpe y plumazo reconvirtamos ese derecho vinculándolo a las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, vinculándolo a si pagas o no pagas, porque cotizar a la Seguridad Social es una forma de pagar. ¿Cuándo se paga? Cuando se está trabajando, y todos contribuimos a ese sistema, además porque así lo requerimos, porque después tiene un retorno, pero entonces solo pueden tener asistencia sanitaria los que trabajan, y, si no, es una especie de desheredamiento, de ser un paria diferenciado en la misma sociedad sobre la base de si se trabaja o no se trabaja. Ese gran concepto siempre ha estado aquí encima y siempre hemos dicho que no puede ser, la asistencia sanitaria no puede estar vinculada a las cotizaciones a la Seguridad Social, porque es una injusticia y porque consideramos que rompe el pilar básico de lo que es un Estado social y un Estado democrático. Quiero pensar que las personas del Partido Popular que optaron por plantear esto lo hicieron por un objetivo economicista, es decir, sabían que era una injusticia, pero consideraron que la situación económica del país requería una modificación, porque con esto se ahorraba. Es la tercera vez que subo aquí y que le hago la pregunta al Partido Popular de si por favor nos pueden dar datos para saber, a partir de la aplicación de este criterio, cuánto ha ahorrado el Estado, en qué conceptos y cómo. La respuesta es que no han ahorrado, porque el mero anuncio - tal y como ha citado el señor Llamazares - de que se iba a cambiar esto es porque ya les había dicho más de uno que la administración de este sistema iba a ser más complicada que lo administrado y que en vez de ahorrar se iba a gastar más. Por lo tanto, ni siquiera el objetivo economicista ha valido para considerar esto. Nosotros entendemos, tal y como he dicho antes, que la protección de la salud es un derecho universal incuestionable y no consecuencia de una cotización. En el fondo, al final, estamos diciendo que el culpable, el meollo de toda esta cuestión es el famoso Real Decreto-ley 16/2012. Esta es una de las cuestiones que se contempla en este real decreto-ley, que fue la gran bomba dentro de la política sanitaria de este nuevo Gobierno del Partido Popular. Todos los que estamos aquí hemos criticado, hemos denunciado lo injusto que es, lo antidemocrático que es, que no vale para nada, que no ha solucionado ningún problema, porque nadie ha subido a esta tribuna todavía a decirnos qué problemas ha solucionado la aplicación de este real decreto-ley. Ningún problema ha sido solucionado, ha generado problemas donde no los había, ni ha ahorrado, evidentemente, además de invadir competencias que el Ministerio de Sanidad ha asumido para sí, que lo único que ha hecho es complicar la convivencia y no solucionar ningún problema sanitario. Dicho esto, aparte de recordar todas las veces que hemos subido a esta tribuna en nombre de mi grupo a decir que evidentemente había que derogar el real decreto-ley y que estábamos en contra de lo que estábamos comentando ahora, así como del copago, por ejemplo, como otra medida que, aparte de no solucionar nada económicamente, también es injusta porque ya pagamos por medio de otro sistema, dicho esto, repito, en algunos lugares hemos sido mucho más consecuentes que eso y hemos ido con un talante mucho más democrático y mucho más universal. En Euskadi, por ejemplo, no se ha aplicado, no se ha dejado a nadie sin asistencia ni cobertura porque fueran de fuera o porque no tuvieran papeles o porque no estuvieran trabajando. El Gobierno vasco ha dicho que con las herramientas que tiene en la mano no va a permitir que esta injusticia se produzca en ningún ciudadano. Por lo tanto, a todo el mundo se le ha atendido y a todo el mundo se le ha dado la asistencia sanitaria necesaria. Acabo porque después de todos los argumentos que han citado otros compañeros, como los que van a citar los que vienen, como el mismo proponente también ha explicado, sobran más palabras. Lo que tenía que decirse ya se ha dicho, hoy, otros días y en anteriores ocasiones, y al final lo ha tenido que decir el mismo Gobierno también, porque ha rectificado, pero vamos a ver si su rectificación es solamente un anuncio electoral o si es verdaderamente un anuncio de algo que se va a modificar. Rectificar es de sabios, pero ser contumaces en el error es..., no voy a citar el nombre. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Gracias, presidente. Efectivamente, como ya ha dicho el proponente, es la tercera vez que él o su grupo parlamentario trae a debate la cuestión, pero yo he perdido la cuenta de las veces que este asunto - la necesidad de abolir, de modificar, de reformar, de retirar el Real Decreto-ley 16/2012- se ha debatido desde el mismo momento en que se aprobó. Todas las cuestiones que han advertido los colegas que me han precedido en el uso de la palabra son ciertas. No es un asunto que no estuviera advertido. Las consecuencias de este real decreto-ley estaban advertidas absolutamente por todos, había unanimidad en el conjunto de los grupos de la Cámara en que la puesta en marcha de este real decreto iba a tener un efecto que podríamos considerar como el efecto de una mina antipersonas, porque a las personas a las que les ha afectado el real decreto-ley, a todas ellas les ha fastidiado la vida. Realmente, no hemos conseguido nada bueno, nada positivo de la aplicación de este real decreto-ley. El Gobierno estaba advertido, el grupo mayoritario estaba advertido, yo diría que en algunos casos incluso al menos una parte del Grupo Parlamentario Popular estaba de acuerdo en que las advertencias que les hacíamos desgraciadamente se iban a confirmar, pero hasta este momento ha sido absolutamente imposible la rectificación por parte del Gobierno. Es verdad - se ha dicho aquí - que ha habido una rectificación verbal, la hizo el ministro hace unos meses, antes de las elecciones autonómicas y municipales, la hizo el presidente del Gobierno respondiendo a una pregunta oral en Pleno que esta misma parlamentaria le hizo, pero hasta la fecha, que conozcamos, y conocemos bien, no se ha hecho nada para reponer derechos a ciudadanos a los que se les habían negado. Hoy solo abordamos una parte de este real decreto, una parte importante que tiene que ver precisamente con aquellos ciudadanos a los que el real decreto - el sistema por tanto - expulsó y quitó sus derechos, derechos que tienen como personas, como seres humanos, que no residen en los papeles que tengan, porque los seres humanos y sus derechos a la protección están por encima de los papeles que porten o que no porten. Se trata de reponer esos derechos que se les retiraron, que se les negaron y esta es la cuestión que hoy plantea el señor Llamazares en nombre de La Izquierda Plural. Le felicito por la iniciativa, que la haya traído dos veces con anterioridad no significa que no haya que volver a traerla, hay que insistir hasta ganar, creo que esa es una máxima de muchos, pero a mí me parece evidente que los resistentes tienen la última palabra. Por cierto, le felicito por su resultado electoral en Asturias, porque también es una demostración de resistencia y de persistencia, y estas cosas normalmente traen resultados positivos. Los ha traído para usted y para su formación - que en el caso de Asturias permítame que los identifique en su trabajo y en su persona - y los tiene que traer para una cuestión como esta en la que se está defendiendo una causa justa. Solo el empecinamiento del grupo mayoritario de no rectificarle a su Gobierno nos ha traído hasta la situación en la que en estos momentos estamos. Como recordaba antes, el propio Gobierno sabe que tiene que rectificar. El propio Gobierno ha reconocido, en relación con la expulsión del sistema de las personas que no tienen papeles, que existe un riesgo - dijo textualmente el ministro de Sanidad - de salud pública. No solo hay un riesgo de salud pública, hay, además de un encarecimiento del sistema en su conjunto, una falta de atención y una injusticia para con todos ellos. En realidad no hay nada positivo, ni para lo más elevado, que son los derechos, ni para lo más cotidiano, que son los recursos. Como no hay nada positivo y como el propio Gobierno ha advertido que va a rectificar, sería un buen momento para que se cambiara la dinámica del grupo mayoritario y se diera trámite a esta iniciativa legislativa, lo que, además, si quieren pueden venderlo como que ya estaban en ello y, por tanto, le damos trámite porque ya estamos haciéndolo y nos ponemos a trabajar sobre la cuestión. Señorías, parlamentarios del Grupo Popular, saben ustedes que este real decreto-ley no universalizó la sanidad. Convirtió a los pacientes en clientes - se lo dijimos y es verdad -. No eliminó las trabas burocráticas facilitando la movilidad de los profesionales sanitarios por el territorio nacional, una cosa de la que presumieron, pero que no ha sido así sino todo lo contrario. No consiguió garantizar un acceso en condiciones de igualdad a prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, al margen de la parte de España en la que vivieran. No aumentó la cohesión del Sistema Nacional de Salud, todo lo contrario. No consiguió frenar el deterioro de los servicios de sanidad en diferentes comunidades autónomas, y no por el ejercicio de su competencia por parte de estas, sino porque el real decreto-ley puso más trabas en ese sentido. Insisto, es un desastre que estaba anunciado. Ha tenido consecuencias en todas las personas a las que ha afectado, que somos todos los españoles, como una mina antipersonas. ¿Que el objetivo del Gobierno no fuera ese? En principio nunca creo en la maldad intrínseca y nunca creo que los Gobiernos hagan leyes para fastidiar a las personas, pero las leyes hay que revisarlas a la luz de sus consecuencias, y las consecuencias de este real decreto-ley han sido muy negativas para los ciudadanos afectados, que somos, insisto, el conjunto de los españoles. Rectifiquen ustedes, digan si quieren que ya lo estaban haciendo, pero aprovechemos este trámite para dar viabilidad a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa y para que podamos ponernos a trabajar en ello. Gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Díez. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
Muchas gracias, señor presidente. El señor Llamazares ha dicho que era la tercera vez que defendía en la tribuna el objeto de la proposición de ley que hoy ha formulado. Yo diría que es la enésima vez en esta legislatura, tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que debatimos en la Cámara, ya sea en Pleno o en Comisión, la modificación del sistema de asistencia sanitaria pública. No creo que las fuerzas políticas aquí representadas podamos hacer algo más que insistir en aquello que ya hemos manifestado en otras ocasiones. Mucho me temo que los bloques que esta cuestión crea parecen inamovibles. Mi grupo va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley formulada por La Izquierda Plural, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con iniciativas de otros grupos parlamentarios. Cuando se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012 por parte del Gobierno se nos quiso hacer creer de forma reiterada - insistieron en ello por aquello de que repetir muchas veces algo hace creer que es verdad - que se modificaba el régimen para regular el turismo sanitario. Si realmente fuera eso, creo que todos los grupos parlamentarios nos hubiéramos podido poner de acuerdo en algún sentido, pero no fue ni es así. El Real Decreto-ley 16/2012 fue una modificación a fondo del modelo sanitario, tomando como centro del modelo el asegurado y no el ciudadano. El señor Agirretxea también ha aludido a esto. Se nos quiso hacer creer por parte del Gobierno en aquel momento que la medida para el cambio de modelo se basaba en el ahorro que supondría. Además de considerar que es atrevido hablar de ahorro sin tener en cuenta otros muchos aspectos en materia de sanidad, nunca se ha demostrado que exista ese ahorro, todo lo contrario, no ha sido así. Si se hubiera pretendido garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario - que continúa siendo el gran asunto pendiente no solo de esta legislatura sino de las anteriores también -, se hubiera abordado, primero, aumentando los recursos presupuestarios estatales destinados a la financiación autonómica de la sanidad, resolviendo la tradicional infrafinanciación que padece el sistema sanitario, y se hubiera garantizado el principio de lealtad institucional en el ámbito sanitario, atribuyendo financiación específica para las nuevas prestaciones aprobadas por el Gobierno del Estado. No se ha querido abordar la sostenibilidad del sistema, y muchas comunidades autónomas - también lo recordaban el señor Llamazares y el señor Agirretxea - han asumido la garantía de acceso a la asistencia sanitaria pública a los ciudadanos que no tienen la condición de asegurados o beneficiarios por el Sistema Nacional de Salud, como ha sido el caso de Cataluña, y en aquellas comunidades autónomas que no lo han asumido, muchas organizaciones sociales lo están haciendo. Desde la última ocasión en que nos manifestamos sobre este aspecto, que me parece recordar que fue en el mes de marzo, cabe decir que nos alegramos y congratulamos del cambio de criterio del Ministerio de Sanidad respecto del acceso de los inmigrantes a la atención primaria. Era una medida que el Grupo Parlamentario Catalán había pedido en reiteradas ocasiones, recibiendo siempre una negativa por parte del Gobierno, pero continúa siendo, consideramos, insuficiente, porque el modelo es el mismo, y no lo compartimos. Como digo, ahora la proposición de ley modifica artículos que consideramos importantes de ese real decreto-ley, artículos que el Parlament de Catalunya y también la Generalitat de Catalunya han recurrido, iniciándose un proceso de inconstitucionalidad. Por tanto, no hacemos más que reivindicar y pedir lo que desde el primer día estábamos defendiendo: volver a la universalidad del sistema. Quitar derechos de ciudadanía, como el acceso a la sanidad, ni es posible ni es, desde nuestro punto de vista, constitucional. Restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho de la ciudadanía al acceso universal a la asistencia sanitaria es hacer cumplir, desde nuestro punto de vista, lo previsto en el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el pleno respeto de los derechos en el ámbito de la atención sanitaria. Lo dije ya en el mes de marzo. Quiero recordar que, además, esa decisión de cambio de modelo sanitario contraviene los acuerdos adoptados en esta Cámara. Recuerdo el último de ellos, el alcanzado en el seno de la subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario, que estudiaba las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad y que contenía, entre otras recomendaciones, la preservación de la universalidad en el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios públicos. Ese informe se aprobó por esta Cámara y ese informe contenía esa recomendación que, por tanto, no se cumple. Quiero recordar también - no se si lo ha dicho algún portavoz, pero creo que es importante recordarlo - que organismos internacionales se han manifestado en contra del cambio de régimen. Por ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ponía de manifiesto que era inaceptable la falta de tratamiento para migrantes pobres o indocumentados. Más recientemente también un informe del Consejo de Europa juzgaba como ilegal la decisión de restringir el acceso a la atención médica gratuita a los inmigrantes en situación irregular. Por todo ello, señorías, mi grupo, como ya ha hecho anteriormente, comparte el objeto de la proposición de ley, comparte el retorno al sistema universal de asistencia sanitaria, superando el sistema de aseguración, y apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley formulada en este caso por el Grupo de La Izquierda Plural y defendida por el señor Llamazares. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Picó. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martín González.
Muchas gracias, presidente. Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta propuesta de La Izquierda Plural. Son ya innumerables las ocasiones en las que los diferentes grupos de la Cámara hemos pedido al Gobierno la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, iniciativas con todas las modalidades que nos permite el Reglamento, y además creo que ya lo hemos hecho todos. En todas ellas el Gobierno y el Partido Popular siempre han mirado para otro lado. Son reacios a admitir la realidad que se está produciendo con el desarrollo y aplicación de este real decreto-ley, consecuencias injustas y alarmantes para la población, para todos los grupos políticos, para diferentes órganos internacionales, para el Consejo de Europa, para Naciones Unidas. Todos coinciden menos el Partido Popular. Quizás al ministro no le haya llegado la gravedad de la situación porque todos los mensajes que se le transmiten estén tal vez recubiertos de cierta suavidad, pero los responsables del ministerio, los que sí deberían tener conocimientos reales del Sistema Nacional de Salud, conocen efectivamente todo lo que les han trasladado las diferentes organizaciones profesionales como la Organización Médica Colegial, las comunidades científicas, entidades sociales como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, las propias comunidades autónomas..., todos ellos no pueden emitir conclusiones más negativas. Si tiene a bien alguno de los trece diputados - quizá ahora haya quince - presentes del Grupo Popular, por favor, hagan saber al ministro que no es oro todo lo que reluce en su ministerio y que este real decreto-ley está siendo injusto e inhumano. Sobre todo es un recorte de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Recuerden al ministro el artículo 43 de la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública. Comprendo que le puede costar un poco de trabajo, porque hasta ahora siempre le ha sido un tema ajeno, pero en este momento es su responsabilidad, por lo tanto debe escuchar. Les hemos dado suficientes argumentos todos los grupos. Les pido que reconsideren su postura, impasible hasta ahora. La aplicación del real decreto-ley está siendo dispar, con soluciones dispares, incluso con soluciones disparatadas. Carecer de tarjeta sanitaria puede provocar situaciones de gravedad personal, se aumenta la morbimortalidad en múltiples casos y puede producir situaciones de alerta sanitaria por una grave irresponsabilidad. Les hemos pedido todos en varias ocasiones que evalúen el impacto que provocan las medidas de este real decreto-ley y no han querido hacerlo. No sé si a ustedes les habrá llegado este informe [[Muestra un documento]], pero muchos diputados lo conocemos. Amnistía Internacional sí ha hecho esta evaluación y reconozco con cierta dosis de vergüenza que el citado informe de Amnistía Internacional analiza las consecuencias en dos comunidades en donde los casos son más alarmantes: en la Comunidad Valenciana y en la de Castilla-La Mancha. En este informe se recogen algunos casos concretos en los que se niega la atención a ciudadanos residentes en mi comunidad, Castilla-La Mancha, donde se han producido situaciones inhumanas. En mi tierra se ha seguido una política de aplicación rigurosa del real decreto-ley - una presidenta obediente sí hemos tenido, por poco tiempo, eso espero -. Saben que muchos sanitarios han seguido prestando atención en primaria; otros derivan a urgencias, pero tienen limitada la intervención profesional en el seguimiento de los procesos. Han intentado paliar esto, pero lo que han hecho es un no sé si quiero o no quiero, pero no quiero que se vea, y lo que han hecho es derivar la responsabilidad a los médicos de atención primaria. Ellos no pueden hacer pruebas diagnósticas ni derivar a especialistas si se carece de tarjeta sanitaria. Vamos, que lo que han hecho es un pan como unas tortas porque todo esto ya lo hacían, sin su permiso, pero lo hacían la mayoría de ellos por ética profesional, y ahora lo que se les ocurre es crear la beneficencia. Miren, no utilicen argumentos que ya están alejados de la realidad para tener el recurso de no rectificar. Saben ustedes que, además, esta situación ha provocado otro daño colateral que se ha puesto de manifiesto hace dos días. Durante la jornada electoral, muchos de nuestros hijos, hijos de ciudadanos a los que representamos, que están en el extranjero y que no están haciendo turismo, no se inscriben en los consulados para no perder su tarjeta sanitaria, porque cuando vienen a España carecen de cobertura sanitaria y no pueden correr ese riesgo, y por ese motivo no pueden ejercer su derecho al voto. Luego ustedes son los que los han despreciado como ciudadanos. Nuestro grupo va a apoyar la proposición de ley de La Izquierda Plural y en su tramitación, si ustedes lo permiten, aportaremos enmiendas para completar su contenido, que entendemos que puede ser mejorable. Si fuera posible - ojalá -, les pedimos que deroguen el real decreto-ley que tanto daño está provocando a miles de ciudadanos, españoles y residentes en nuestro país, pero ciudadanos a los que se está negando un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Martín González. Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Teresa Angulo.
Gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, volvemos a debatir hoy aquí un asunto sobre el que mucho se ha hablado en esta legislatura y sobre el que creo que son ya sobradamente conocidas las posiciones de los grupos parlamentarios. Hoy hemos vuelto a escuchar a los distintos portavoces los mismos argumentos que vienen repitiendo para demonizar la labor en cuanto a las medidas sanitarias de este Gobierno y una vez más este grupo se ve obligado a reiterar cuál fue el origen o la fundamentación de este real decreto-ley y qué efecto se ha conseguido con el mismo. Sobre todo, una vez más nos vemos obligados a decir la verdad de las cosas, esa que ustedes se empeñan en intentar maquillar y ocultar, porque lo cierto es que nuestro modelo asistencial no ha cambiado ni muchísimo menos, sigue siendo el mismo, y lo cierto es que - me alegra que lo haya reconocido el señor Llamazares por fin - aquí la sanidad no era universal. Fue a iniciativa del Partido Popular cuando a partir del año 2012, por primera vez, todos los españoles y los extranjeros que residían legalmente en España tuvieron derecho a la asistencia sanitaria. [[Rumores]] En nuestro país hasta el año 2012 se estaba dando el disparate colosal, la tremenda desigualdad de que más de 200.000 españoles no tuvieran derecho a una asistencia sanitaria que sin embargo sí pagaban con sus impuestos. Por tanto, decir que nuestra sanidad era universal fue un mito hasta el año 2012. Les recuerdo a los trece diputados socialistas que hoy están aquí que no la tenían los parados de larga duración sin subsidio, desde el año 1992, y no la tenían porque se la quitó un Gobierno de izquierdas. Fue iniciativa del Partido Popular que se corrigiera esta tremenda injusticia. No solo eso, ha sido este Gobierno el que ha aprobado que esas personas no tengan que pagar nada por sus medicamentos, las mismas que con Gobiernos de izquierdas tenían que pagar el 40 % de sus medicamentos: un millón de personas que hoy no tienen que pagar. Como ustedes hablan aquí de lo que no viene en la proposición de ley, no me queda más remedio que decirlo. Cuando hablan de que el real decreto-ley introdujo en este país el copago, puede que les estén diciendo a los ciudadanos que a lo mejor los diputados tenían algún derecho o algún beneficio más, porque, que yo sepa, todos los ciudadanos que teníamos la receta verde pagábamos el 40 % de los medicamentos - había copago -. [[Aplausos]] Si algunos de ustedes tenían otros privilegios, tendrán que explicarlo. En relación con las desigualdades de las que ustedes hablan, en España se realizan 500 millones de actos médicos al año y ni al ministerio ni a las comunidades autónomas les constan notificaciones de problemas de personas que no hayan podido comprar esos medicamentos. Cuando algunos grupos parlamentarios que ahora no veo, como el Grupo Catalán, hablan de los copagos y nos acusan a los miembros del Partido Popular de esa desatención, me gustaría recordarles medidas como el euro por receta o esa otra por la que los asistentes tienen que pagar por la cama en algunos hospitales catalanes. A veces las lecciones que vienen de algunos portavoces resultan un poco extrañas. También estaban excluidos los rentistas con ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, 600 euros - ricos de verdad -, y miles de profesionales liberales; es decir, de sanidad universal no pueden ustedes presumir. Este Gobierno se tuvo que poner a trabajar en una reforma sanitaria que era necesaria y que ha tenido unos efectos positivos [[El señor Trevín Lombán pronuncia palabras que no se perciben]]porque debemos tener en cuenta que en el año 2011, por una incorrecta aplicación de la normativa europea y por una ineficaz gestión de los recursos por parte del Gobierno socialista, la solvencia y la sostenibilidad de nuestro sistema estaba en peligro. Una reforma que además quería garantizar esa sostenibilidad por los altos niveles de calidad y de profesionalidad que hacen que nuestro sistema sea un referente fuera de nuestro país. He tenido que oír que alguien en esta tribuna comparaba nuestra sanidad y ponía como ejemplo el modelo de Estados Unidos. Pues ni yo ni creo que ninguno de mis compañeros del Grupo Popular queremos que el ejemplo de la sanidad sea el de Estados Unidos, como ha dicho algún portavoz. Nosotros debemos seguir insistiendo en que esta reforma era necesaria. Señor Agirretxea, efectivamente, ha tenido consecuencias positivas y claro que era necesario garantizar ese concepto de asegurado y beneficiario porque las consecuencias estaban ahí, y el Gobierno del Partido Socialista, de haber seguido gobernando, habría tenido que tomar medidas, porque, en primer lugar, teníamos abierto un procedimiento de infracción contra nuestro país que, por una parte, podía suponer la paralización de los fondos europeos, y a ver quién asumía eso, aparte de la multa millonaria. Precisamente por exigir tan solo el empadronamiento para ser titular de la tarjeta había ciudadanos que habían conseguido la condición de asegurado y lo que pretendían era no solo ser tratados aquí sin que nadie pagara por ello, sino además exportar ese derecho al resto de la Unión Europea. Se trata de lo que hemos repetido muchas veces, personas con alto poder adquisitivo que se podían permitir el lujo de pagar y estar residiendo varios meses aquí para que nuestra sanidad pública los atendiera, pagado con los impuestos de esos españoles a los que precisamente la izquierda de este país les estaba negando la asistencia sanitaria, lo que supuso ese famoso fraude de los 1.000 millones de euros, que no lo dijimos nosotros, sino que lo había advertido el Tribunal de Cuentas. Claro que acabar con ese fraude y con esas irregularidades es un efecto positivo de esa reforma. En cuanto a la protección de los extranjeros en situación irregular, que es otro mantra que ustedes vienen repitiendo, saben perfectamente que España cuenta con el marco jurídico de mayor protección de toda Europa, el mejor y el más solidario. Ustedes, en algunas cuestiones, nos comparan con otros países de la Unión Europea, pero creo que hay que tener cierta coherencia y honestidad política y compararnos con todos, y habrá que ver cómo se trata en el resto de la Unión Europea a este colectivo. En España, esta reforma se ha hecho de la manera más solidaria porque sí que cuenta con programas de salud pública - vacunaciones, prevención y control de las enfermedades infecciosas -, a los menores de dieciocho años se les da exactamente el mismo trato que a los españoles y se gestionan de la misma manera las situaciones de urgencia sea cual sea la causa y la situación de las mujeres embarazadas. Y, efectivamente, señor Llamazares, el Gobierno ahora se plantea dar un paso más. Por eso, el ministerio está trabajando en el programa de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y prestacion de la asistencia sanitaria que garantice en mayor medida que los inmigrantes en situación irregular accedan con el resto de los ciudadanos a través de atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario. Pero esto no es ni mucho menos una marcha atrás ni el reconocimiento de una equivocación. De lo que se trata es de avanzar, de unificar criterios con las comunidades autónomas, de hacer cada vez mejor y más eficaz el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de ofrecer a todas las personas la mejor atención sanitaria posible. Su proposición de ley y lo que ustedes una y otra vez pretenden con la derogación de este real decreto sería dar marcha atrás en unas medidas que lo que han conseguido es extender la universalidad y acabar con la tremenda injusticia de miles de españoles excluidos. Por eso no podemos apoyar una iniciativa que, además de no contener absolutamente ninguna medida correctora de las deficiencias que ustedes saben muy bien que tenía nuestro sistema sanitario, volvería a ponerlo en peligro. Este grupo no va a contribuir, apoyando la toma en consideración de esta proposición de ley, a volver a poner en peligro nuestro sistema sanitario, a volver a dejarlo en quiebra, a seguir manteniendo inequidades, a seguir apostando por el fraude ni a seguir haciendo que los españoles le paguen la sanidad a esos cientos de miles de extranjeros con alto poder adquisitivo que todos conocemos, que venían aquí a operarse, sin que el Gobierno anterior hiciese nada por recuperar ese dinero, a costa de los impuestos de los españoles. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo, señores de la oposición, es trabajar por un sistema sanitario cada vez mejor y de mayor calidad que ha conseguido ser referente fuera de nuestras fronteras y que además - por algo será - ha conseguido que los españoles seamos las personas con más esperanza de vida de la Unión Europea. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Angulo. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. [[Número de expediente 122/000183]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
Gracias, presidente. Señorías, traemos hoy aquí para su toma en consideración una proposición de ley de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galiza. Aunque hoy lo hagamos en forma de proposición de ley, muchos de ustedes saben que este es un tema que el BNG ha planteado recurrentemente a lo largo de los últimos años mediante iniciativas de todo tipo en esta Cámara y también en el Senado. Iniciativas que han corrido distinta suerte pero que en varias ocasiones han sido aprobadas aunque - hay que decirlo - nunca efectivizadas. Ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2009, cuando el Congreso aprobó una moción del BNG en la que se solicitaba, en un marco de diálogo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Xunta, que se analizara la funcionalidad en la red de carreteras del Estado de las autopistas de peaje AP-9, la autopista del Atlántico, y la AP-53 entre Santiago y el Alto de Dozón, que determinaría, en su caso, el traspaso a la Xunta de las funciones y servicios en materia de carreteras correspondientes a estas autopistas, así como el análisis de su política tarifaria. Ocurrió también en 2011 en el Senado, cuando, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, todos los grupos instaron al Gobierno a convocar la comisión bilateral de cooperación Galiza-Estado para negociar los traspasos pendientes y estudiar la gestión por parte de la Xunta de las autopistas AP-9 y AP-53. Pero la realidad es que, a pesar de haberse aprobado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, la situación a día de hoy continúa siendo la misma y la AP-9, que une Ferrol con Tui, sigue siendo íntegramente de titularidad estatal, a pesar de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, después de haberlo planteado el BNG en solitario durante mucho tiempo, lo utilizaron unos y otros como arma arrojadiza, dependiendo de quien estuviese en el Gobierno central o en el autonómico. El hoy senador del Partido Popular por la provincia de Lugo, señor Barreiro, lo solicitó siendo presidente el señor Rodríguez Zapatero, y el PSOE votó en contra. El señor Feijóo, hoy presidente de la Xunta, lo pidió cuando estaba en la oposición y el señor Touriño presidía la Xunta. Lo volvió a plantear la señora Fernández Pena, senadora socialista, y fue rechazado por el Partido Popular. En fin, los dos grandes partidos que han gobernado el Estado en los últimos treinta años han dicho que sí y que no en función del color de las bancadas donde se sentaran en cada momento. Mientras tanto, ni los peajes de la AP-9 han parado de subir ni el deterioro del servicio que presta la concesionaria ha dejado de empeorar sin que ninguno de los dos, PSOE y PP, lo hayan hecho frente. Señorías, hablar de la AP-9 Ferrol-Tui, de la autopista del Atlántico, es hablar de la principal vía de comunicación de Galiza, la que conecta de norte a sur todo el eje atlántico de nuestro país y cinco de las siete grandes ciudades gallegas donde se concentra gran parte de la población de Galiza y también de la actividad económica de nuestra comunidad. Hablar de la AP-9 es hablar de un eje vertebrador fundamental para la comunicación interna de Galiza y también para nuestra comunicación con Portugal, una vía para la que a día de hoy, por increíble que parezca, no existe alternativa libre de peaje segura y factible. La Nacional 550 A Coruña-Tui, que sería la que tendría que cumplir ese papel, atraviesa numerosos núcleos y travesías urbanas, presenta un gran deterioro en muchos de sus tramos y acusa la falta de inversión necesaria por parte del ministerio para su mejora integral y para que realmente pueda convertirse en una alternativa libre de peaje a la AP-9. En definitiva, señorías, una vía de la que, a pesar de sus carencias, somos altamente dependientes y de la que depende a su vez gran parte del desarrollo de Galiza tanto social como económicamente. Su privatización en el año 2003 por el presidente Aznar, por cierto sin contar para nada con las instituciones públicas gallegas, es el típico ejemplo de un nefasto uso de los recursos públicos y de poner el interés general al servicio de poderosas empresas privadas que hicieron un negocio redondo con el dinero de todos y todas. Primero se construye la infraestructura con dinero público, luego se malvende a Sacyr y más tarde está la vende a Citigroup por un precio siete veces superior al que la había comprado. Mientras tanto, se blinda su concesión también por parte del segundo gobierno del señor Aznar por 25 años más hasta el año 2048, y recientemente, una vez hecha caja con los dividendos, se vuelve a vender - o en eso estamos - a otro fondo especulador de Estados Unidos, que evidentemente de los impuestos que paga nada revierte en Galiza. La rentabilidad para los compradores es, sobre todo en este momento de crisis económica, insultante para los usuarios, que padecen uno de los peajes más caros de todo el Estado. Desde 2003 hasta 2011, en lo más duro de la recesión económica, los beneficios han sido de 463,55 millones de euros, a cuenta principalmente de la subida de 57 % por encima del IPC acumulado entre los once primeros años de su privatización, inasumible para miles de conductores, y también se ha producido a cuenta de una política sistemática de ahorro de costes que se traduce en graves e importantísimos déficit de prevención, seguridad, mantenimiento y servicios, y a cuenta también de los más de 20 millones que abonar entre el Estado y la Xunta, es decir, los ciudadanos y ciudadanas, como compensación de la gratuidad de algunos tramos. Las quejas y denuncias de los usuarios son innumerables; desde la falta de iluminación en muchos tramos hasta la reposición del firme, desde la señalización hasta las condiciones de las áreas de peaje, desde la situación de las áreas de servicio o de las zonas de descanso hasta la supresión cada vez mayor de personal en las cabinas. A pesar de que la normativa que regula la explotación de las autopistas en concesión establece que el concesionario debe conservar la vía en perfectas condiciones de utilización, a pesar de que el ministerio de fomento debe garantizar que el concesionario ha de cumplir las condiciones, que el servicio de inspección que está bajo su competencia debe supervisar y vigilar de forma permanente el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y actuar en caso de que se incumpla, a pesar de todo esto, en la AP-9, además de todas las deficiencias que ya he descrito anteriormente, se producen colas interminables y colapsos intolerables todos los veranos. El ministerio a lo máximo que llega, y siempre después de mucha presión social y política previa, es a abrir un expediente informativo del que a pesar de que este grupo lo ha solicitado, nunca hemos sabido de su conclusión y de su resolución. Señorías, en Galiza hay un notable malestar por los reiterados incumplimientos de la concesionaria y por la falta de medidas contundentes por parte del ministerio, que sabe que estos incidentes se producen año tras año y que repercuten en el servicio pésimo a los usuarios, que además tienen que pagar un alto precio por circular por la AP-9. Es necesario superar estas situaciones y es necesario - lo hemos solicitado en infinidad de ocasiones - gestionar desde Galiza nuestra principal infraestructura viaria, poner en marcha la transferencia de competencias sobre el régimen jurídico de la AP-9 a la comunidad autónoma; una transferencia que tiene su base legal en el artículo 27.8 de nuestro Estatuto y en el artículo 148.1.5.º de la Constitución, ambos referidos a carreteras cuyo recorrido discurra íntegramente por territorio gallego. Este es el caso, señorías, una autopista que va de Ferrol a Tui, de la Galiza norte a la Galiza sur. Por tanto, tampoco es válido el argumento tantas veces esgrimido por el Ministerio de Fomento, independientemente del color político de su titular sobre su carácter de vía internacional. La conexión de Tui a la frontera portuguesa se efectúa a través de la A-55, que es autonómica y que es la que conecta con Portugal. La titularidad y las competencias por parte del Gobierno gallego sobre la AP-9 lo convertiría en interlocutor directo con la concesionaria y le permitiría fijar el importe de los peajes en función y con conocimiento exhaustivo y cercano de nuestras necesidades, aunque quiero insistir que desde el BNG creemos que esta autopista debe ser libre de peajes. Supondría un incremento del patrimonio público de la comunidad autónoma y permitiría adoptar las decisiones y medidas más oportunas para mejorar la accesibilidad urbana en nuestra fachada atlántica. El Gobierno ha aprobado recientemente un proyecto de ley de carreteras que recoge la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas distintas vías de titularidad estatal. Queremos suponer que no se hará como en otras ocasiones a golpe de decreto y que se abrirá un diálogo y una negociación con los Gobiernos autonómicos a ese respecto, pero, mientras tanto, esos Gobiernos ya tienen amparo y cobertura legal para ser ellos los que reclamen la transferencia de vías al ministerio y, por tanto, para autorresponsabilizarse y gestionar las conexiones interiores. Es lógico, señorías, que Galiza tenga capacidad de decisión y de planificación de sus infraestructuras viarias precisamente para superar los problemas que hemos tenido tradicionalmente y que han llevado muchas veces a que se ejecutasen decisiones y se realizasen importantes inversiones que no siempre respondían a nuestras necesidades reales o tenían en cuenta la vertebración de nuestro territorio. Y tiene más lógica aún, señorías, si ponemos encima de la mesa el dato de lo que Galiza está pagando, más de 3 millones de euros anuales y que pagará hasta el año 2048 en el caso concreto de la AP-9. Señorías, el modelo actual, dependiente en gran parte de la Administración y del diseño estatal, no siempre ha demostrado un conocimiento de nuestra realidad social y económica. No siempre ha sido ejemplo de coordinación entre administraciones y, lo que es peor, en muchas ocasiones ha sido desequilibrado y ha aumentado las diferencias, en el caso de Galiza ya abismales, entre los distintos territorios. Por todas estas razones e, insisto, porque en uno u otro momento los dos grupos mayoritarios no se han hecho eco de esta demanda de la sociedad gallega, solicito su apoyo y la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora Pérez Fernández. En turno de fijación de posiciones por parte de los grupos, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
Gracias, señor presidente. Desde el escaño, brevemente. Creo que la iniciativa presentada por el BNG ya era meridianamente clara y ha quedado más transparente después de escuchar las palabras de la diputada que la ha defendido. Además, está soportada en las previsiones del bloque constitucional, en el Estatuto de Galiza y en la propia Constitución española, y creo que no requiere de mayor justificación. Por tanto, el Grupo Vasco votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley para que, de una vez por todas, se dé cumplimiento a las previsiones, como les decía, del bloque de constitucionalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Sánchez Robles. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta porque nos parece razonable que las grandes vías estratégicas de un territorio estén bajo competencia autonómica. Eso sí, adelanto que, si se tomara en consideración, presentaríamos enmiendas, porque no compartimos el punto 3 del artículo 1, donde se habla de traspasar la explotación y el régimen de concesión pero sin las deudas. El convenio autonómico de Galicia también es Estado; no solo es el Estado el que tiene que pagar y las comunidades autónomas las que tienen que recibir, sino que debe de haber un reparto justo y equilibrado de las cargas financieras. En eso no estaríamos de acuerdo, pero por lo demás, nos parece una petición razonable. Todos lo que hemos viajado por Galicia conocemos esa autopista, y este es un caso claro donde la subsidiariedad es un principio interesante a tener en cuenta. Pero lo que no podemos compartir es que sea el Estado, el interés general, todos los que estamos aquí, los que paguen impuestos y se queden con las deudas y las cargas, y con la parte de una explotación en las mejores condiciones, con una deuda cero, si es que la hubiera, que no lo sé, se quede la Administración de Galicia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
Muchas gracias, señor presidente. La propuesta que se nos presenta abre un debate interesante e importante, que va incluso más allá del tema concreto. Por eso, no vamos a intervenir solo para mostrar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta propuesta, sino que queremos poner de relieve algunos elementos que están detrás de la propia problemática de la AP-9. La crisis ha servido y está sirviendo para ver en profundidad cómo se quedan en el aire algunas decisiones políticas que se tomaron en tiempos de bonanza, donde había temas que no se podían percibir y que se tomaban con carácter muy electoralista, cuya trascendencia ahora estamos viendo. Es fundamentalmente en el campo de las infraestructuras donde se tomaron esas pésimas decisiones políticas que en ese momento podían pasar desapercibidas porque había dinero para todo, o se creía que lo había para todo, pero que ahora vemos claramente: aeropuertos que no sirven, redes de alta velocidad que no tienen sentido, etcétera. Por otra parte, hemos visto que otras cuestiones se convertían en un negocio. Y aquí es donde entramos en la contradicción entre lo público y lo privado, entre lo que es el negocio y lo que es servicio público. Por eso, la situación que aparece con la AP-9, la principal autopista de Galicia, como ya se ha dicho, pone de relieve cómo, una vez más, prima el negocio, prima el interés particular por encima del interés general, en este caso de toda Galicia. Puede parecer inaudito si uno lo ve con una perspectiva general, pero no se ponen medidas y, al final, uno acaba no sabiendo si la responsabilidad es del Gobierno del Partido Popular de Galicia, del Gobierno del Partido Popular central o entre uno y otro marean la perdiz para que, al final, el negocio lo hagan los que lo tienen que hacer; la clave es quién hace el negocio. Nosotros creemos que no puede seguir manteniéndose una situación que da un mal servicio, tiene un coste elevado y no resuelve el problema real, que es el de las buenas comunicaciones, ni los problemas que pueden causar en esa zona de la que estamos hablando. Afecta a más del 44 % de la población gallega, número que se puede incrementar en los meses de verano porque el sector turístico en Galicia, como en otros lugares del Estado, tiene una importancia que muchas veces se ve mermada por esta realidad. No podemos entender por qué el no entendimiento entre administraciones, finalmente viene a ser pagado por la mayoría de los ciudadanos. No es casualidad, hay un primer elemento que ya hemos denunciado que es cuando la prioridad o el interés de un Gobierno es la defensa de lo privado frente a lo público, cuando lo fundamental es defender el negocio de quien corresponda en lugar del interés colectivo. Pero hay un segundo elemento que también es importante, que es entender la realidad de un Estado que no puede ser centralista, de un Estado que tiene que tender a una coyuntura federal donde no se puedan tomar decisiones que vayan en contra de las realidades - no solo ya de las competencias, sino de las realidades - de los pueblos del Estado español. Por eso, nosotros hemos planteado en otros debates que la Constitución actual se nos queda pequeña. Pero si además esa Constitución se interpreta de una forma restrictiva, no es que se nos quede pequeña, es que se convierte en un problema. Hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha echado para atrás una ley que pretendía evitar los desahucios en Andalucía. Si no se entiende que el Estado español es plurinacional no se entiende que este Estado pueda tener siquiera un futuro tangible. Estamos también hablando de ese tema, no solo de un problema coyuntural de un peaje; estamos hablando de la propia configuración. El Partido Popular no lo entiende, va en sentido totalmente contrario y, al final, acaba mareando la perdiz en un tema electoral. Afortunadamente, en Galicia, como en otras zonas del Estado, el electoralismo tiene cada vez menos posibilidades y, como hemos visto hace pocos días, la ciudadanía sobrepasa las posibilidades de los cambios por encima de las propias actuaciones electorales de los dirigentes de turno. Pero estamos convencidos de que ese electoralismo que se ha utilizado en este caso no les va a dar resultado, como no les ha dado resultado en otras localidades, como ustedes han vivido hace pocos días. Nosotros valoramos positivamente la proposición de ley y la vamos a votar a favor para que se transfieran las competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, ya que también coincide con la tramitación del proyecto de ley de carreteras que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, y que prevé la transferencia a la comunidad autónoma de estas titularidades. Pero, fundamentalmente, porque no es una cuestión solamente de competencias sino también de fondo. Si ustedes no lo entienden no tendrán ningún problema, ya habrá quien lo entienda por ustedes y quien les haga entenderlo. Creemos que, más pronto que tarde, va a ser una realidad que la comunidad gallega, como otras comunidades del Estado español, sea algo más que una comunidad en la medida en que puedan tener competencias para administrar, para programar cosas tan importantes como la propia comunicación, algo fundamental para la economía y para la propia vida de la gente en este territorio. Repito, nosotros creemos que hay motivos de sobra para aprobar esta proposición de ley orgánica que nos presenta el BNG, al tiempo que también se pueden poner en marcha medidas urgentes porque, evidentemente, si la tramitación se aprobase - a estas alturas uno no puede perder esa ingenuidad -, habría que tomar medidas urgentes para evitar las situaciones de atasco que se producen en la AP-9 en las fechas próximas al verano, para lo que no quedan apenas días para que ocurra. Por este motivo, nuestro grupo va a presentar una PNL en la que vamos a instar al Gobierno a que se adopten de forma urgente medidas oportunas para que Audasa dote del número necesario de operarios de cobro de peaje en la AP-9, después de definir la previsión de días de más afluencia de tráfico, para resolver estos posibles atascos y a que dentro de estas medidas se incluya también el levantamiento del peaje durante el tiempo imprescindible para resolver los atascos. Es decir, lo fundamental es resolver los problemas de la gente y no resolver los problemas de los intereses más o menos privados que hay detrás de todo este asunto. Por tanto, repito, vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Creemos que es algo que nos ha servido para enmarcar bien la diferencia entre lo público y lo privado y también para enmarcar un debate que hay que tener, más pronto que tarde, en esta Cámara sobre el modelo de Estado porque, repito, el actual no solamente no resuelve los problemas sino que a veces los crea. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Centella. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.
Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, mi grupo va a votar favorablemente a esta toma en consideración, como no podría ser de otra manera. Comprendemos y compartimos absolutamente el espíritu, la letra y la voluntad de lo relatado aquí por la representante del Bloque Nacionalista Galego. [[La señora]] Más allá de expresar nuestro sentido de voto, me parece que la ocasión es oportuna también para poder hablar algo del fondo de la cuestión, como hacía también el señor Centella. Vale la pena en estos momentos en los que se va a tramitar una ley de carreteras poder tener aquí algún debate serio y poder compartir una solución sobre algo que es tan polémico en Galicia, y también en Cataluña, como las vías de peaje. A mi modo de entender, señorías, hay dos aspectos relevantes que deberíamos ser capaces de introducir en nuestro ordenamiento. En primer lugar, el principio de la política europea de transportes, reclamado reiteradamente, que es el principio del pago por uso de todos aquellos que, de alguna manera, a través de la carretera obtienen un rédito o producen un bien. Este es un principio reclamado. En algún momento la Unión Europea se va a dirigir al Estado español para que esto se aplique seriamente, y que se aplique no solo a la fachada atlántica gallega sino que se aplique en general. Yo creo que tienen los mismos derechos los gallegos que otros ciudadanos del Estado español, que no haya unos afortunados que no paguen, y otros castigados, como en este caso ustedes, que tengan que pagar. Por tanto, primer principio en el que habría que ponerse de acuerdo sería simplemente aplicar la política europea del pago por uso, lo que nos permitiría también introducir elementos de racionalidad en todo el sistema. Un segundo elemento también muy importante, quizás vinculado a este, otro principio europeo, es el de que el que contamina paga. Además, este es un principio que en todos los sistemas urbanos tiene mucho que ver con racionalizar la movilidad, con que la movilidad sea realmente una movilidad sostenible, con que, por decirlo de alguna manera, quien utilice modos de desplazamiento sostenibles no tenga que pagar, incluso que se le ayude, y de ahí los subsidios en materia de transporte público, y en cambio, quien utilice teniendo alternativas, esto siempre, medios de transporte privado, tenga que contribuir a sufragar los costos de la congestión y los costos de la descontaminación del aire, por ejemplo. Estos son dos principios que deberíamos ser capaces de debatir. A mí me gustaría que los pudiéramos compartir y me gustaría muchísimo más que fuéramos capaces de hacer una legislación moderna, actual, una legislación que adapte estos principios de sentido común, avalados, aprobados por la Unión Europea y que un día u otro habrá que ir aplicando. Mientras tanto, siempre el problema en política son los mientras tanto, mientras tanto, ¿qué hacemos? Evidentemente, tenemos una red dual y no se puede de la noche a la mañana pasar de todo a nada, hay que ser razonables y progresivos, progresistas también, pero progresivos. ¿Cómo? Con medidas como las que ustedes plantean, medidas de racionalización, que nosotros hemos llamado en Cataluña de homogeneización, de la red vial. Lo hemos demostrado con algún caso de absoluto éxito, como ha sido el desvío de vehículos pesados en la N-II a la A-2 en la provincia de Girona, un éxito radical que encima no ha costado dinero al erario público, repito, no ha costado dinero al erario público, y que además ha disminuido brutalmente la accidentabilidad, un aspecto terriblemente positivo, y ha contribuido a una disminución importantísima de las emisiones de CO2. Por tanto, hay soluciones para hacer este traspaso político progresivo y me parece que lo que ustedes plantean va en esta línea. ¿Por qué me lo parece? Fíjese usted. Esta solución que se ha adoptado en Girona es en dos vías titularidad del Estado: la N-2 es titularidad del Estado, y la AP-7, como la AP-9, una concesión del Estado. ¿Quién ha sido el impulsor? ¿Quién lo ha negociado? ¿Quién lo ha instado? Ha sido el Gobierno catalán. Finalmente, el Ministerio de Fomento, creo que con buen tino, ha aceptado la propuesta y lo ha aprobado en este caso. Hay que felicitar al Ministerio de Fomento francamente porque tuvo la valentía de adoptar esta solución. Repito, quien ha hecho la política porque ha tenido proximidad, porque ha podido hablar con los agentes locales, con el mundo del transporte, con las entidades, con los ayuntamientos, ha sido en cualquier caso la Administración autonómica. Creo que todo esto le da mucho sentido a lo que ustedes están planteando: desde la proximidad, desde el conocimiento, desde la articulación de sistemas urbanos uno puede perfectamente hacer políticas racionales. En todo caso, el Estado, como titular de esto que llaman la rígida red de interés general del Estado, tiene que ser comprensible, tiene que entender que no pueden dictarse unas normas homogéneas, sin contemplar lo que hay en el territorio porque, evidentemente, nada tiene que ver la fachada atlántica gallega, por ejemplo, con la provincia de Lleida; no tiene nada que ver un sistema de ciudades perfectamente estructurado con otro que necesite de unas vías de comunicación. Creo que quien sabe esto son los gallegos; la ministra es gallega, pero no tiene poder autonómico, tiene poder del Estado, pero no tiene poder autonómico. Por tanto, repito, para mí su planteamiento es un planteamiento que va en la línea de estas soluciones progresivas, teniendo claro adónde vamos a llegar algún día; pese a quien pese, vamos a llegar a que se va a tener que pagar por circular y se va a tener que pagar siempre que uno contamine, congestione, y no haga uso de sistemas de movilidad sostenible. Siempre que se propone una solución del tipo que ustedes plantean, nosotros lo hemos hecho también para el caso catalán en más de una ocasión, en algunos casos con éxito, es bueno traer soluciones, pero sabiendo cuáles son los objetivos finales. A mí me gustaría que tuviéramos la ocasión, repito, cuando debatamos el proyecto de ley de carreteras, de plantear estas cuestiones, porque estas cuestiones son importantes para el futuro. En cualquier caso, le felicito por su iniciativa, pero me temo que va a quedar en el cajón del olvido. Sin embargo, nos habrá permitido a todos debatir un tema que es tan interesante como crucial. Solo por esto, desde nuestro punto de vista, usted, señora diputada, merece ya un aplauso. Muchas gracias.
Gracias, señor Macias.
Gracias, señora presidenta. Señorías, bienvenidos a algunos en su recuperación. Para el Grupo Socialista la AP-9 es una vía estratégica para el país, sobre todo en lo que se refiere a movilidad; movilidad no solamente por la Comunidad de Galicia sino para la conexión con Portugal y en un futuro, a través de la AP-8, o A-8, para la introducción en todo el continente europeo. Sin duda, la autopista del Atlántico es una autopista que constituye para la comunidad gallega un eje vertebrador de Galicia con la conexión de puertos, pero también de grandes ciudades y aeropuertos como los de Alvedro, Lavacolla, Peinador, o puertos de interés general como San Ciprián, A Coruña, Marín, Villagarcía de Arosa y Vigo. También, a su vez, la conexión con la frontera de Portugal a través de túneles. Su naturaleza, si nos atenemos al artículo 4 de la Ley de Carreteras, es de carácter estatal, así se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, pero una cosa son las infraestructuras - esas cosas con la que los ingenieros hacemos estructuras y se invierte - y otra es la movilidad. La infraestructura nunca es un fin en sí mismo, es un medio para garantizar la conectividad y la movilidad, concepto que creo que en el ordenamiento jurídico español cabría precisar y mejorar. La movilidad siempre hay que garantizarla para dar servicio a los ciudadanos y así contribuir al desarrollo de la actividad económica. La AP-9 es, ante todo, un gran negocio para la empresa concesionaria. Podemos distinguir entre servicio público y lucro, y la orientación es claramente de lucro. Les voy a dar algún dato. El margen de explotación de esta autopista hace que el 22,3 % del peaje - datos de 2014- se dedique al reparto de dividendos, lo cual sitúa la rentabilidad del negocio en un 14,55 %. Ya les gustaría a muchas empresas disfrutar de un negocio tan rentable, pero lo que esto está poniendo de manifiesto es que la orientación de la autopista va más a la defensa de los intereses de los concesionarios que a garantizar la movilidad fundamentalmente de quien más lo utiliza, que son los gallegos. Esta es una situación que mi grupo quiere denunciar de manera expresa. En el último lustro se han subido los peajes nada más y nada menos que un 28 % en el marco comparado. Tenemos unos costes de 19,80 euros para vehículos ligeros en la totalidad del trayecto, y de 43,55 euros. También es un gran negocio para el Estado porque el Estado está recibiendo en el ámbito fiscal cerca de 42 millones de euros. Bien es cierto que de estos 42 millones de euros el Estado tiene que invertir 31 millones de euros en mantenimiento conservador, pero hay un rendimiento neto para la Administración de 10 millones de euros. En esta autopista aparece un problema que también lo hay en otras administraciones y es que se está construyendo la ampliación del puente de Rande, una inversión cuantiosa de 143 millones de euros, el 10 % del total del valor de la autopista. Además, nos encontramos con un modificado que se ha hecho prácticamente nada más adjudicar. Esto nos lleva a replantearnos las fórmulas de equilibrio de la colaboración público-privada, que son asimétricas porque normalmente cuando la ampliación es sobrevenida quien tiene toda la información y, por tanto, todo el poder es la empresa concesionaria. Aquí nos encontramos con que es absolutamente necesario un replanteamiento técnico. Por cierto, se han hecho ampliaciones de la concesión, la concesión en estos momentos se va al año 2048. A veces se hacen ampliaciones de concesión que no están en correlación con los gastos reales y que se traducen en mejoras de la cuenta de resultados, donde acaban pagando todos los ciudadanos. Creo que este asunto hay que sacarlo a debate. La infraestructura, insisto, debería sobre todo dar ventajas de movilidad y distinguir entre la movilidad y la construcción. Se plantea la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para la transferencia de titularidad. Entendemos que este no es el mecanismo adecuado porque nos llevaría a que a cada problema que surja busquemos una ley ad hoc, específica, para darle respuesta, al margen del planteamiento funcional. Esto, además, nos llevaría a una inseguridad jurídica y una proliferación de normas. Hay una Ley de Carreteras de ámbito funcional y, concretamente, su artículo 4.2 establece el mecanismo para el traspaso de la titularidad, que no es otro que la incoación e iniciación de expediente, la aprobación de un real decreto reglamentario de acuerdo entre las partes y un acta de toma de posesión. Por tanto, una ley orgánica no es el camino ni es la herramienta adecuada. Otra cuestión es si la AP-9 - y se lo digo especialmente a la bancada popular - cumple con los requisitos para que el Estado la considere de titularidad estatal. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo porque sin ningún reparo, el presidente de la Xunta, el señor Núñez Feijoo, lo ha recogido y prometió asumir esta competencia, dando pasos, al menos teóricamente. La intención del Gobierno del Partido Popular en la Xunta es lograr teóricamente la transparencia de esta autopista; así lo ha manifestado el señor Núñez Feijoo, como en otras muchas cosas, pero se ha quedado en papel mojado porque lo cierto es que se comprometió a reunir la comisión técnica hace cinco años y no ha dado ni un solo paso al respecto. También se habló de la AP-53, que los gallegos conocen muy bien. Una vez más el Partido Popular hace promesas con un solo objetivo: ganar votos y, como hemos visto anteayer, a veces las promesas infundadas... [[El señor Ayala Sánchez hace gestos al orador]] Sí, sí, señor Ayala. Las promesas infundadas y los engaños a los ciudadanos, también en Galicia, acaban siendo penalizados. Esto es lo que ha ocurrido. No se pueden hacer promesas electorales únicamente con interés de partido, para ganar votos al margen de los intereses de los ciudadanos, que es lo que ha ocurrido. Asimismo quiero decir que en la proposición de ley el artículo 1.3 y la disposición adicional tercera llevan a la Administración del Estado a una situación francamente comprometida porque el Estado - que somos todos - se ve en la obligación de asumir riesgos generados por una concesionaria bajo la tutela de la comunidad autónoma. Lo que están planteando en este artículo es: Oiga, asumimos la titularidad y después si hay que rescatar que pague el Estado, cuando toque, pero que pague. Esto es poco serio. Si eso se produjese, lo lógico es que quien asume la competencia asuma los riesgos. También entendemos que hay una contradicción notable en la disposición adicional cuarta, donde se reconoce la vinculación de la AP-9 al ejercicio y funciones reservadas al Estado, como es el control de fronteras; en este caso, el control de fronteras en el paso de Tuy, lo que es una contradicción evidente. Por todo lo dicho, y en base a la argumentación que aquí he expuesto, nosotros nos vamos a abstener. No seré quien discuta al señor Núñez Feijoo la capacidad y la potestad de asumir esa competencia. Yo soy ingeniero y, al fin y al cabo, él es letrado, pero entendemos que hay claramente un procedimiento formal. Al mismo tiempo reitero, como dice un buen amigo mío parlamentario, que hemos de distinguir entre movilidad e infraestructura para que los ingenieros jueguen. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gordo. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Delgado.
Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en el debate de esta proposición de ley orgánica del BNG sobre transferencia de la autopista del Atlántico a la Comunidad Autónoma de Galicia, una iniciativa calificada por esta Mesa del Congreso en enero de este año. Efectivamente, la autopista AP-9 discurre entre Ferrol y la frontera portuguesa; autopista de peaje de 217 kilómetros e integrada en la Red de carreteras del Estado. Por supuesto, coincidimos en que vertebra el eje atlántico, enlaza los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades gallegas de mayor tamaño y permite su conexión con el resto de la Red de carreteras del Estado. Audasa es la concesionaria particular de la concesión administración desde el año 1973, pero si bien esta es una autopista de peaje, hay muchos tramos ya libres de peaje, como son las circunvalaciones de Santiago de Compostela y de Pontevedra, el tramo Fene-Ferrol, los tramos de acceso a A Coruña entre Abarca-A Coruña y tramos de acceso también a Vigo. Por esta circunstancia, y en estos puntos a los que acabo de referirme, el tráfico es especialmente intenso. A finales de la legislatura pasada, en noviembre de 2005 se aprobó un real-decreto que aprobaba un convenio entre la Administración General del Estado y Audasa justamente para aumentar el número de carriles en la AP-9 en los tramos Santiago Norte-Santiago Sur y también para realizar el enlace entre Cangas y Teis. Pero terminó aquella legislatura sin que ninguna de esas obras fueran proyectadas ni se pusieran en marcha. Y en esta legislatura lo primero que se hizo fue analizar ese convenio de 2011; se revisó se actualizó y como consecuencia de ello se vio cuál era la demanda de tráfico de la autopista, se identificó debidamente dónde había tramos que estaban claramente sobrepasados y se trataba de buscar soluciones a este tema. Por eso lo primero fue pensar en la política tarifaria de esta autopista, pues había algunos tramos que tenían un precio por kilómetro que era sustancialmente muy elevado y muy diferente al resto de los tramos. En diciembre de 2012 se procedió a la firma de un nuevo protocolo entre la sociedad concesionaria y el Ministerio de Fomento que adaptaba en mayor medida las futuras demandas de transporte en todo el corredor a las necesidades de los usuarios. Y así, en desarrollo de este protocolo, hoy ya no hablamos de palabras ni de manifestaciones, estamos hablando de hechos. Se licitaron y se adjudicaron las obras de ampliación de la autopista AP-9 en los tramos Santiago Norte-Santiago Sur, lo que se conoce como circunvalación de Santiago de Compostela. Y lo mismo hay que decir del enlace de Cangas-enlace de Teis y la ampliación del puente de Rande. La ejecución de estas actuaciones se hace en virtud de este convenio y están presupuestadas en 218 millones de euros. Esto constituye una mejora sustancial para la fluidez de los tráficos a medio, corto y largo recorrido que utilizan diariamente miles de usuarios de esta autopista. Estas obras comenzaron a finales del mes de febrero. En estos momentos cualquier usuario que circule por la autopista ya observa cómo en Rande son visibles las obras de ampliación del puente, donde se van a invertir 144 millones. Se han colocado en estos días los pórticos de protección al tráfico situados a ambos lados de los pilares. Quien circule por la circunvalación de Santiago ya ve que se han iniciado por las máquinas los desmontes necesarios para realizar los nuevos carriles adyacentes a los actuales, y en el enlace de Sigüeiro ya son visibles las primeras estructuras. Por lo tanto obras concretas, actuaciones concretas. En esta legislatura, este Gobierno también abordó el problema de los peajes y en concreto se estableció, por medio de un real decreto de 8 de febrero de 2013, un convenio entre la Administración y Audasa para establecer rebajas de peaje en el tramo Pontevedra-Vigo. Se amplió hasta el cien por cien el descuento existente, que era entonces del 25 % para viajes de retorno de vehículos ligeros que realizan la ida y vuelta en el mismo día en los tramos Pontevedra-Vigo, Pontevedra-O Morrazo, Pontevedra-Vilaboa o Rande-Vigo siempre que se utilice el sistema de telepeaje. Pues bien, esta bonificación se ha aplicado para mejorar el servicio público diario, ha tenido un evidente impacto económico, y les doy el dato: desde febrero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2014, se han bonificado más de 3,1 millones de recorridos, que corresponden a 90.000 usuarios; y el importe de esta bonificación ascendió en estos dos años a más de 6,5 millones de euros que no han tenido que salir del bolsillo de unos ciudadanos que se veían y se ven necesariamente obligados a utilizar esta autopista. Y en este momento se está tramitando un nuevo convenio que va a incluir nuevas actuaciones que van a mejorar las comunicaciones y la conectividad del corredor de la AP-9 en A Coruña y en el entorno de Pontevedra. Se ha referido también en su intervención a problemas de atascos y de congestiones de tráfico puntuales que se vienen produciendo en esta autovía en épocas estivales desde tiempos inmemoriales y que se han producido en todas las etapas de gobierno. Pues bien, este Ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados ante estos problemas, como usted bien decía se le ha abierto un expediente informativo a Audasa en julio del año pasado, pero ese expediente informativo tuvo consecuencias concretas, no se ha quedado en nada. ¿Y en qué se ha traducido? Se ha traducido en la puesta en marcha de un plan de acción para minimizar en el futuro las incidencias de tráfico durante los periodos de mayor tránsito en la AP-9. En este sentido ha sido requerida Audasa para realizar obras en áreas de peaje y en sus accesos por importe de 8 millones de euros: 2,2 millones para el área de peaje de Curro, que ya está muy avanzada; 3,3 millones de euros para ampliar el peaje en Teo y 2,3 millones para el peaje de Alba. Por tanto, ahora ante los atascos no se hacen solo manifestaciones, se adoptan actuaciones concretas, además de una fuerte actuación inspectora. Hace unos días la ministra decía que con este tema, la concesionaria, bromas ninguna y yo lo reitero hoy aquí. Plantea su señoría el criterio relativo a la solicitud de transferencia de la AP-9. Evidentemente, la AP-9 forma parte de la red de carreteras de interés estatal. Estamos hablando de una autopista integrada en una red transeuropea de transporte. Es una red continua que soporta regularmente tráficos de largo recorrido, que conecta los principales núcleos gallegos con los diferentes territorios de España y con la Unión Europea, que tiene continuidad en Portugal, a través de otra autovía, que es la A-55, y con el puente internacional de Tuy con la IP-1, Lisboa-Oporto-Frontera. Por tanto, está integrada en un itinerario europeo de primer orden, como es la denominada Red esmeralda Lisboa-Dublín. Conecta los puertos de interés general del Estado: A Coruña, Ferrol, Vilagarcía, Marín y Vigo, y conecta los tres aeropuertos de Galicia: Lavacolla, Peinador y Alvedro. Por tanto, juega un papel fundamental en todo este tipo de conexiones. Como ha sido puesto de manifiesto por otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, la actual vigente Ley de Carreteras, en su artículo 3, define cuáles son las carreteras que integran la red del Estado, se hace en base al criterio de lo que se conoce como itinerarios de interés general y estos son aquellos que pueden tener interés fronterizo, interés europeo y que además pueden servir a los puertos y aeropuertos de interés general. Señora Pérez, el Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros una reforma de esta Ley de Carreteras. En este momento se encuentra en trámite parlamentario de presentación de enmiendas. Ahí se definen, en sendos nuevos artículos 4 y 5, lo que son las carreteras que conforman la red general del Estado, se establecen los criterios con arreglo a los cuales se definen y también cuáles son las nuevas carreteras de la red básica y de la red complementaria. Pues bien, creemos que ese es el marco en el que debe plantearse, a través de enmienda, el criterio que usted sustenta y que es que considera que esa es una carretera que debe formar parte de una red autonómica en la medida en que usted cree que encaja dentro de ese supuesto. Ese es el marco y no este de una proposición de ley orgánica cuya aprobación, además, por el momento procesal en el que se presenta, con una legislatura a punto de terminar, prácticamente sería inviable. Termino diciendo - contestando a lo que ha manifestado un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra - que en la etapa de gobierno del Partido Socialista - que es muy larga, con los gobiernos de don Felipe González y los del señor Rodríguez Zapatero - se han aprobado muchos reales decretos que tuvieron como único objeto o ampliar los plazos de concesión de esta autopista o bien incrementar los precios de los peajes. Ahora estamos hablando de decisiones que van en la dirección contraria: que las obras se materialicen no solo en el papel y que los peajes se bonifiquen, como acabo de explicar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Delgado.
Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular sobre el reconocimiento del carácter estratégico de la alta velocidad y la culminación de las actuaciones previstas. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Ayala.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular trae al Pleno de la Cámara un debate que creemos en este momento imprescindible. Mucho se ha hablado, mucho se ha frivolizado, mucho se ha manoseado sobre las inversiones y sobre la política de alta velocidad ferroviaria con intenciones electoralistas. Creemos que no se puede jugar con temas tan trascendentes, tan estratégicos que conforman el desarrollo a largo plazo de un país como España. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular insta a reconocer el carácter estratégico de las inversiones de alta velocidad - algo en lo que ustedes están de acuerdo -, a que se mantenga el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad posible las conexiones de alta velocidad planificadas - en lo que también han estado siempre de acuerdo -, con tres objetivos básicos: impulsar y garantizar la cohesión territorial, activar el crecimiento económico y generar más empleo; competitividad, riqueza y empleo. La alta velocidad no es un empeño caprichoso del Partido Popular, no. Se configura como una infraestructura de transporte que da cobertura y respuesta a todos los intereses estratégicos en presencia: cohesión y accesibilidad para los ciudadanos, turismo como primera industria nacional, transporte seguro, limpio y respetuoso con el medio ambiente, alternativa beneficiosa al avión y a la carretera, coadyuvante a la estrategia logística del transporte de mercancías. Es falso que la vertebración y la accesibilidad perjudiquen a los territorios. En el conjunto de los intereses estratégicos no cabe duda de que con ellas se benefician los territorios y los ciudadanos y es básico para el desarrollo global. En España todos los territorios y todos los ciudadanos somos de primera. No vamos a permitir que otros pretendan hacer españoles de primera, de segunda o de tercera. [[Aplausos]] Nadie discute el papel de las infraestructuras de transporte como catalizador del crecimiento económico. A la hora de decidir el destino de muchas inversiones que generan empleo cualificado, la existencia o no de infraestructuras de transportes de calidad es un elemento fundamental y determinante. Y ello es especialmente importante en un país donde el turismo es motor de crecimiento económico, siendo el AVE palanca fundamental para el desarrollo de un turismo de calidad, por lo que ofrecer la posibilidad de tener conectadas numerosas capitales a través de una red de alta velocidad, nos hace especialmente competitivos. El AVE es el modo de transporte del siglo XXI y en España el tren más eficiente precisamente es el de alta velocidad, porque reduce tiempos de viaje, por sus menores costes operativos y medioambientales y porque es mucho más atractivo frente a otros modos de transporte como la carretera o el avión. El juego farisaico del coste que algunos argumentan hay que denunciarlo. En primer lugar, porque un Gobierno no puede dejar de valorar la rentabilidad social y los beneficios inducidos que tiene la implantación de una infraestructura y, en segundo lugar, porque ninguna infraestructura pública no concesional alcanza el punto de equilibrio de rentabilidad; todo ello sin olvidar la reactivación de la obra civil y el retorno fiscal del 56 % de la inversión. Nuestra red de alta velocidad no solo permite captar demandas de otros modos, como he dicho, sino que induce a nuevos viajeros para el tren convencional. Por lo tanto, hay un aumento de valor de toda la red del transporte ferroviario. La aceptación de los ciudadanos por el servicio, la comodidad y también el precio es más que evidente. Nada más hay que ver el crecimiento en 2014 y el que se está produciendo en 2015. El reto es conseguir una oferta invencible para el ciudadano que pueda elegir un modo de transporte porque es el que más y mejor servicio le presta y además es asequible. Es decir, el ciudadano lo elige en libertad por ser el mejor y porque lo puede pagar, no porque no haya otro, como le gusta a los socialistas de economía dirigida y estatalizada. El Gobierno del Partido Popular está apostando por todo esto y además por la competitividad interferroviaria, es decir, trenes de cercanías y trenes de media distancia conectados con los grandes corredores de alta velocidad, que ya ha producido un aumento significativo del número de viajeros: 465 millones de pasajeros transportó Renfe en 2014. Nuestro modelo de alta velocidad es hoy una referencia en todo el mundo y es una evidencia que los países más desarrollados evolucionan a la alta velocidad. Luego, no estaremos tan equivocados. Otra vez España, como lo ha hecho tantas veces a lo largo de los siglos, es pionera y espejo de otros países. Pues bien, el carácter estratégico de la alta velocidad ya está reconocido en el Pitvi, con el que el Gobierno ha hecho una apuesta inequívoca para que la red de alta velocidad siga creciendo y llegue a más puntos de nuestra geografía de forma sensata, planificando sin sobredimensionamientos ni sobrecostes y previendo su financiación. Por eso, cuando empezamos además la tramitación del proyecto de ley de reforma de la Ley del Sector Ferroviario, que refuerza los mecanismos para una planificación rigurosa, es oportuno que el Congreso de los Diputados respalde esta iniciativa que pretende garantizar el tren de alta velocidad para todos nuestros territorios. Me referiré brevemente a las enmiendas presentadas señalando que no las podemos admitir porque se trata de una declaración global para garantizar nuestra red de alta velocidad y no debemos difuminarla con cuestiones puntuales, y menos con lo que el Grupo Catalán pretende de parar la alta velocidad una vez que Cataluña tiene los mejores y más completos servicios de España. Eso no se llama precisamente solidaridad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Ayala. En primer lugar, vamos a analizar las enmiendas. Hay tres intervenciones del Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora presidenta. Señorías, no puedo dejar de suscribir la exposición de motivos del Grupo Popular sobre la alta velocidad, al cien por cien. Efectivamente, la apuesta por el ferrocarril fue una decisión estratégica del Gobierno del señor Aznar enmarcada en el PIT 2000-2007, con horizonte en el 2010 y justificada por el convencimiento de que la inversión resultante en un marco de estabilidad financiera iba a redundar, como así ha ocurrido, en unos niveles de seguridad y comodidad propios de tiempos de viaje ventajosos para todas las personas. También suscribo el beneficio que supone para España conectarse con Europa y evitar los grandes aislamientos territoriales, liberando la red convencional para el tráfico de mercancías que no exige velocidad sino ininterrumpibilidad. Desde el punto de vista tecnológico, no es menor el impulso que supone para las diversas empresas que están involucradas en la fabricación y en el desarrollo de estas infraestructuras. Con todo, señor Ayala, siento una perplejidad que le traslado como grupo proponente y que ya expuse en una PNL el 14 de enero de 2014 y en otras iniciativas en las que manifiesto, sin género de dudas, algo obvio: la línea de alta velocidad Madrid-Gijón termina en León y no en Asturias, como estaba previsto. Y esa no es una situación puntual, señor Ayala; es una situación esencial para Asturias. Los indicadores, más allá de los plazos, son el intercambiador de vía que hay en León y no en Pola de Lena, la estación de fondo de saco de León o el estudio informativo del tramo Oviedo-León-Gijón de hace unos días en el que se han olvidado de diseñar el tramo Pola de Lena-Oviedo. ¿Hay que levitar para llegar a Oviedo? Al parecer, sí. Con altas prestaciones, eso sí. Se trata del rey de los eufemismos, señor Ayala. ¿Por qué este Gobierno y el PSOE con complicidad histórica...
Señor Álvarez Sostres, acabó su tiempo. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta. ... impiden que Asturias disponga de alta velocidad como estaba previsto hace quince años? Este es el sentido de mi enmienda referido al tramo último que acabo de citar, que pretende evitar esa actuación errónea y en todo caso...
Señor Álvarez Sostres, finalice. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino. En todo caso siempre seremos favorables a la alta velocidad no solo para Asturias, sino para aquellas comunidades que estén insertadas en un plan de modernidad ferroviario. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvarez Sostres. Señora Pérez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Ayala, si tuviese tiempo, argumentaría pormenorizadamente en contra de algunos de los párrafos de autobombo y lucimiento propio de la exposición de motivos de su iniciativa, pero como no lo tengo, voy a centrarme en el párrafo que tendremos que votar. Nosotros compartimos que las conexiones ferroviarias ya planificadas y en algunos casos ejecutados en parte se terminen a la mayor brevedad posible, y lo compartimos sobre todo por la parte que nos toca. En este sentido, las continuas rebajas del techo de gasto público no pueden servir de pretexto para frenar o retrasar todavía más en el caso de Galiza infraestructuras que ya están avanzadas y en las que ya se ha invertido una cantidad importante de recursos públicos, pero que sobre todo llevan ya años de retraso. Pero además de compartir que lo iniciado debe terminarse sin más demora, echamos de menos que no se aplique la misma diligencia a infraestructuras ferroviarias en general, a infraestructuras ferroviarias tradicionales o básicas para un territorio, a las que no son de alta velocidad. Nosotros hemos denunciado aquí en muchas ocasiones el abandono y la falta de inversión en nuestra red ferroviaria interna, la supresión de servicios y de frecuencias, el cierre de estaciones, la falta de modernización del material rodante, etcétera. Señorías, la defensa a ultranza y la consideración de estratégica de la alta velocidad no puede ir en detrimento de la mejora de la red ferroviaria básica. Dicho coloquialmente, no podemos vestir a un santo para desvestir a otro, máxime en un territorio como el gallego, que es de los pocos del Estado que no tiene cercanías. Señorías, dar carácter estratégico a las inversiones en alta velocidad tiene que suponer necesariamente y además inexcusablemente dar la máxima - la máxima - prioridad a la seguridad, y después de lo sucedido en Angrois en 2013 no tiene explicación que se inaugure el eje atlántico en Galicia prácticamente en el límite del plazo legal antes del inicio de la campaña y se haga sin el máximo sistema de seguridad, el Ertms...
Señora Pérez.
Termino, señora presidenta. Y además, con un informe del departamento de seguridad de Renfe encima de la mesa y enviado a los maquinistas advirtiéndoles por lo menos de nueve puntos singulares. Estratégico, señor Ayala, implica también la máxima seguridad, por lo menos a nuestro entender. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Pérez. Señora Jordà.
Ochenta mil usuarios sin cercanías en Cataluña la semana pasada, el servicio paralizado y la mayoría de trenes parados en las estaciones, este es el tren de las personas y está su realidad: un auténtico caos, decenas y centenares de ciudadanos que utilizan estos trenes cada día y que tienen que realizar su trayecto de pie porque los convoyes van siempre a reventar por falta de información constantemente, retrasos día sí y día también, problemas de salubridad, y lo que es peor, problemas también de seguridad. ¿Y ustedes, señorías del Partido Popular, pretenden que hoy reconozcamos el carácter estratégico de la alta velocidad en España? Señorías toquen con los pies el suelo, muchos kilómetros de AVE poquísimos pasajeros, no hay excusas, la alta velocidad no beneficia ni a las empresas ni a la sociedad. Los corredores de alta velocidad en España no son rentables y más con su concepción radial centralista. Ni los beneficios indirectos son rentables, ni el beneficio del ahorro del tiempo, ni la descongestión de las carreteras, ni tampoco los costes evitados de los trayectos en avión compensan la multimillonaria inversión realizada. Con 2.500 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, la red española es la segunda más grande del mundo, solo detrás de la red china; el número de viajeros que la utiliza está muy lejos del registro de otros países, hablamos de 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE en España frente a 158.000 en Japón, por ejemplo, 61.400 en Francia. Voy acabando. No hay justificación, señorías, ni económica ni productiva. Solo se ha buscado y se persigue, y se sigue haciendo, el rédito político y esto es un gran error. No se puede priorizar la inversión en grandes y costosas obras como los AVE en todas las provincias mientras se margina la movilidad urbana e interurbana y la recuperación de las infraestructuras degradadas. El derecho a la movilidad forma parte intrínseca de nuestra sociedad y el transporte público es la herramienta que debe garantizar este derecho. En definitiva, un componente igualador para los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia y un eje vertebrador de la actividad económica.
Señora Jordà.
Acabo, señora presidenta. Señorías, el tren convencional, el tren de las personas, sí es de carácter estratégico. Muchas gracias.
Gracias, señora Jordà. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, yo también voy a hablar de cercanías y lo voy a hacer apelando al deber que tenemos todos de solidaridad con estos ciudadanos que cada día viven un auténtico calvario en el mal llamado servicio de cercanías para llegar a su puesto de trabajo. Son 1.400.000 personas las que entre las ciudades de Madrid y Barcelona cada día utilizan el servicio de cercanías. No voy a referirme, porque no hay tiempo, al último incidente ocurrido en Barcelona y motivado por el mal estado de la red informática. Para nosotros resulta absolutamente sorprendente que en estos momentos se presente una proposición no de ley en la cual se inste al Gobierno a invertir mucho más en alta velocidad cuando nos parece que la necesidad social, el ferrocarril social, es el ferrocarril regional y de cercanías. Por tanto, hemos elaborado una enmienda, que de hecho es una enmienda a la totalidad, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar un profundo cambio en las prioridades estratégicas de inversión al sistema ferroviario en beneficio de las inversiones destinadas a los servicios de cercanías, regionales y de transporte de mercancías, priorizando de esta manera el ferrocarril social y el ferrocarril productivo frente al predominio casi absoluto de las inversiones actuales en la red de alta velocidad. ¿Por qué presentamos esto? Porque, señoras y señores diputados, no sé si ustedes lo saben, pero en estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular se han invertido, según datos del ministerio, 14.425 millones en alta velocidad. Es una cifra muy importante, pero, sin embargo, se han invertido 169,2 millones entre las cercanías de Madrid y de Barcelona, es decir, un 1,1 %. Lo que dice nuestra moción es que nos parece muy bien acabar y completar la red de alta velocidad, pero, por favor, solidaridad con estos ciudadanos que cada día sufren para llegar a su puesto de trabajo. Destínenle el 2 %, el 3 %, el 4 % o el 5 %. Vamos a multiplicar por cinco y no vamos a descohesionar nada. Es un tema - este sí, señor Ayala - para apelar a la solidaridad con estas personas. Por cierto, quien les habla es un defensor del ferrocarril, de todos, del ferrocarril de alta velocidad y de los buenos servicios ferroviarios. Sin embargo, en estos momentos hay dudas importantes sobre los efectos económicos de la alta velocidad, no por parte nuestra. Un organismo llamado Fedea, con sede en la Castellana en Madrid, demuestra que los beneficios de los servicios de alta velocidad son captados por los nodos centrales, cosa que promueve la concentración de las actividades en las grandes ciudades. Dice Fedea que el impacto en la actividad industrial ha sido irrelevante, como tampoco ha incidido en las decisiones de localización. Concluye este estudio diciendo que la alta velocidad ni ha acelerado la desconcentración industrial ni ha fomentado la descentralización económica, y que sus efectos sobre la equidad interpersonal son regresivos. Esto lo dice Fedea, pero si quiere vayamos a la Cour des Comptes de Francia, el Tribunal de Cuentas francés, que en octubre pasado publicó un duro alegato contra la alta velocidad, con un significativo título: La grande vitesse ferroviaire: un modèle porté au-delà de sa pertinence - La alta velocidad ferroviaria: un modelo llevado más allá de su conveniencia -. Se podía leer, entre otras cosas: El tribunal constata que el TGV representa una pequeña parte de los desplazamientos en Francia, que es mucho más utilizado por los ricos y, especialmente, por los parisinos. No creo que esto tenga nada que ver con Cataluña, amigo Ayala. Creo sinceramente que hay que hacer un profundo cambio en la política ferroviaria española, dando prioridad a cercanías, a las cercanías gallegas, que lo reclaman, a las cercanías valencianas, a las cercanías de Madrid, a las cercanías de Asturias, a las cercanías de Barcelona, a las cercanías de las ciudades andaluzas y a los regionales andaluces. Este es un deber que tenemos y una cuestión de pura, simple y verdadera solidaridad. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Macias. Por el Grupo Socialista, señor Gordo.
Gracias, señora presidenta. Señor Ayala, con su última negativa a la enmienda siento decirle que se hace un flaco favor, porque la enmienda lo que hace es poner números, cuantifica y, al mismo tiempo, integra el tren de alta velocidad, el AVE, en el sistema ferroviario español. Por tanto, su ejercicio no es más que un ejercicio de hipocresía política, como decía esta mañana una compañera mía, porque ustedes no hacen más que prometer pero no hacer; prometen inversiones que después no ejecutan. Le digo más, con esta PNL que hoy debatimos aquí el Grupo Parlamentario Popular inicia la campaña de las elecciones 2015, aunque la verdad es que la inició antes, porque esta iniciativa se presentó en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales por el portavoz, con la intención de hacer un guiño a los ciudadanos que viven en grandes ciudades de que va a llegar el AVE. Por cierto, podría haber empezado por la suya, que ha incumplido sistemáticamente. Por tanto, nos encontramos ante una promesa electoral que los ciudadanos han rechazado masivamente, rechazan una forma de hacer política que concibe las infraestructuras no como garantía de movilidad y conectividad sino como instrumentos para ganar votos. Me ha sorprendido también la exposición de motivos. Ustedes patrimonializan todo: el desarrollo de la alta velocidad, la internacionalización de la economía... Solo les falta decir: España es nuestra. Da pena. Cuando leía la PNL en mi casa en Segovia el otro día, me imaginaba el NO-DO: como protagonistas a Azar y Rajoy, con un séquito formado por los ministros anteriores, por la señora Pastor y también seguido por los logreros, para conseguir todo aquello que les interesa. ¡Cómo añoran ustedes el pasado! En estos años se ha hecho un importante esfuerzo inversor, y esto también ha repercutido en el sistema ferroviario. El AVE ha sido un importante acicate para el desarrollo del ferrocarril, que estaba olvidado. La Unión Europea apuesta por el ferrocarril como medio de transporte sostenible y, al mismo tiempo, que evita la congestión. Necesitamos un transporte por ferrocarril competitivo, entre trescientos y seiscientos kilómetros, como alternativa al coche y al avión, y esto nos lo da el AVE en largas distancias, pero también cercanías. Hay algo más, nuestro compromiso es dotar de eficiencia al sistema, optimizar primero lo existente y después completar las conexiones de todos los corredores - y del corredor noroeste - en el marco de la Red transeuropea de transporte con algo más que las cercanías. Hay que ir a por la interoperatibilidad - clave -, la intermodalidad, la mejora de las conexiones con las ciudades, siendo conscientes - y lo pone de manifiesto no solamente el informe de Fedea sino el Tribunal de Cuentas - de que hay líneas que tienen difícil sostenibilidad. El informe del Tribunal de Cuentas solamente habla de sostenibilidad Madrid-Sevilla. Nosotros no sacaremos pecho porque creemos en la solidaridad de la red, pero esto sí que nos debiera llevar a una reflexión: que en la planificación hemos de ser, para futuro, muy rigurosos. Hay inversiones que son redundantes, con poca utilización y es obligado hacer proyectos de viabilidad que nos lleven a optimizar. Usted no me ha dado números; se los hemos pedido en la enmienda, que pongan números, le vengo pidiendo reiteradamente que valoren el Pitvi. Les pedimos estado de ejecución de las obras, modo de financiación, calendario previsto; se lo reitero, se lo pido. Como usted no me ha dado números se los voy a dar yo. ¿Sabe a cuánto asciende el importe necesario para abordar en alta velocidad el planteamiento del Pitvi? Sí que lo sabe porque lo dije el otro día: 140.000 millones. De esos 140.000 millones, las obras que están iniciadas, pendientes de terminar, requieren 31.000 millones; a eso hay que sumar las obras que se recogen en el Pitvi planificadas y no iniciadas, que ascienden a 93.000 millones, y la integración en las ciudades, que son 16.000 millones. Total, 140.000 millones. Con una inversión media, como la que ha hecho el Partido Popular en este tiempo de 3.500 millones, son necesarios cuarenta años.
Señor Gordo, tiene que finalizar.
Voy terminando. ¿De dónde van a sacar ustedes el dinero? Porque ADIF tiene una deuda de 18.000 millones, que ha crecido con ustedes un 32 %, y el valor de toda la red de alta velocidad que está funcionando son 32.000 millones. Nosotros estamos de acuerdo con el programa de máximos, pero, por favor, los españoles se merecen un respeto; no les engañen con un solo objetivo, que es un objetivo electoral. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gordo. En turno de fijación de posiciones, señora Sánchez Robles, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Gracias, señora presidenta. Señor Macias, me ha sorprendido mucho oírle solicitar un profundo cambio en la política ferroviaria española dándole prioridad a las cercanías, cuando usted ha sido un ferviente defensor de la alta velocidad. Claro, hasta que ha tenido la suya. Creo que, cuando menos, ha sonado bastante feo. Señorías del Grupo Popular, ¡qué grata sorpresa!, ¡bienvenidos a nuestras tesis sobre la alta velocidad! ¡Sorprendente coincidencia con nuestro discurso! Lo cierto es que la lectura íntegra de la iniciativa me dejó perpleja y creo que aquí se ha comentado lo mismo. No daba crédito a lo que veían mis ojos. El minimáster del señor Ayala ha sido lo más, porque, señorías, han necesitado tres años y medio de legislatura para caerse del caballo, tres largos años. Se dice pronto, ¿eh? Tres largos años en los que han despreciado nuestros argumentos, este tipo de argumentos, los que usted ha utilizado en su iniciativa y en su discurso y han votado no - repito, no - a todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado para tratar de impulsar la alta velocidad vasca. Han tenido que esperar a sentir los estertores de su hegemonía parlamentaria para clarificar su discurso, para hablar de proyectos estratégicos, de planificación, de priorización y de trabajo en términos de proyecto, para hablar de rentabilidad económico-social y, no solo eso, sino además lo han proclamado grandilocuentemente en su flamante proyecto de ley del sector ferroviario señalando un antes y un después. Les diré que yo me he preguntado, cuando le he escuchado y cuando he leído la iniciativa, qué es lo que han estado haciendo hasta ahora. No se lo diría rotundamente, pero sí que ofende a mi inteligencia y seguro que a la de algunos diputados y diputadas de esta Cámara, porque se lo hemos repetido hasta la saciedad, se lo hemos pedido machaconamente: prioricen, planifiquen y trabajen en términos de proyecto, en términos de rentabilidad económico-social. Sean rigurosos, prioricen, planifiquen y trabajen en términos de proyecto. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Evasivas, falta de transparencia, porque, como bien se ha comentado, no hemos podido ver ni un cronograma, ni una planificación, ni un estudio de rentabilidad económico-social, nada de nada, y además hemos obtenido - como les decía - un no sistemático a nuestras iniciativas. Es verdad que recientemente ha habido un compromiso de la ministra, lacónico e incierto, porque nos falta cualquier soporte que lo pueda confirmar, de que la Y vasca estará concluida para 2020, pero de la conexión Burgos-Vitoria, de la conexión de Euskadi con la meseta nada sabemos. Por tanto, hoy se presentan en esta Cámara con aquello de donde dije digo, digo Diego, erigiéndose además en los visionarios, en los creadores, en los adalides de la alta velocidad y luciendo falsas medallas que nunca han conseguido, como si nada hubiera pasado, como si estos diputados y diputadas no tuviéramos memoria y, lo que es peor, como si la ciudadanía tampoco la tuviera. Se nota que les aprieta el zapato, señor Ayala, se nota; se nota que se sienten amenazados por los probables adelantamientos por la derecha de otras formaciones políticas y también que aprieta Europa, que ya ha advertido que no va a soltar ni un euro si España no hace las cosas comme il faut, España y otros países. Sí, señorías, Europa ha dicho que se acabó la gestión irracional de los proyectos y las obras del TAV en el Estado; que se acabaron los tramos ejecutados en medio de la nada, que van de ninguna parte a ningún lugar; que se acabaron los proyectos redactados carentes de financiación para su ejecución; que se acabaron los trazados puestos en marcha con estaciones vacías y trenes circulando sin viajeros; que se acabó el clientelismo partidario. En la recta final de la legislatura, en la recta final y en vísperas de las elecciones municipales y forales, el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, cual paracaidista de escasa pericia, aparece por Euskadi y en la entrevista a un medio escrito local de amplia difusión, que no voy a citar, coloca el siguiente titular: Si existe un TAV necesario y justificado es el de Bilbao. Sinceramente, señorías, personalmente me suena a tomadura de pelo, me parece de una desfachatez proverbial - repito, proverbial -. Por si ustedes se han olvidado, les recordaré que han ido tumbando a ritmo de marcha militar todas y cada de las propuestas que ha formulado este grupo, el Grupo Vasco, que ha presentado con la única voluntad de conseguir acuerdos, consensos y un desarrollo ordenado y racional de la alta velocidad, porque creemos firmemente en el carácter estratégico de esta infraestructura. Para muestra un botón, en mayo de 2013 durante el debate de una interpelación les decía: Han transcurrido veinticuatro años desde que se dio inicio al proyecto y construcción de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-frontera francesa, conocida como la Y vasca, proyecto que forma parte de la rama atlántica del proyecto prioritario número 3 - repito, 3- de la Unión Europea, que a su vez dará continuidad a la línea Madrid-Valladolid-frontera francesa. No es preciso que les recuerde - decía en aquella época - la enorme trascendencia que este proyecto...
Señora Sánchez Robles, tiene que finalizar.
Voy finalizando, presidenta. No me suelo alargar. Discúlpeme un minuto. No es preciso que les recuerde la enorme trascendencia que este proyecto tiene para Euskadi como herramienta estratégica de desarrollo e impulso de nuevas oportunidades, y ello porque el valor del transporte va mucho más allá del propio transporte. Decía muchas más cosas, pero continuaba: Sin embargo, asistimos impotentes a sucesivos retrasos de la fecha de puesta en marcha de esta infraestructura que debiera haber estado concluida de acuerdo con la planificación inicial en 2010, etcétera. La moción consecuencia de esta interpelación fue rechazada, nuestro discurso les entró por un oído y les salió por el otro, y hoy nos sorprenden con un nuevo amanecer, han visto la luz. ¡Oh!, la importancia de la alta velocidad Me parece ideal. Concluyo. Ha sido una pena, una legislatura perdida para el consenso también en esta materia, para avanzar entre todos y todas...
Señora Sánchez Robles, tiene que finalizar.
Concluyo, de verdad. Dos frases más. Creemos sinceramente que la política en democracia requiere de generosidad y humildad y más si se dispone de una amplia mayoría parlamentaria. No ha sido su caso. Llegan tarde, y llegan demasiado tarde. También es verdad que hoy procedía aplicar aquello de manos que no dais qué esperáis y pagarles con la misma moneda, pero nosotros, a diferencia de ustedes, vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Gracias.
Gracias, señora Sánchez Robles. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señora presidenta. Me parece que mi grupo es uno de los dos de esta Cámara que siempre ha sido crítico con el AVE y desde luego no vamos a cambiar de punto de vista, porque además todos los datos que se van conociendo - ya hay suficientes - van probando lo que siempre hemos sostenido. Esto, lejos de ser una inversión maravillosa que luego multiplica la riqueza, es más bien una de las causas del aumento de la deuda pública en España y lo único que hace es aumentar la deuda, con muy pocos beneficios para el interés general. Antes de seguir, he de decir que es verdad que yo también uso el AVE siempre que puedo porque es un tren comodísimo y estupendo y comunica muy bien las ciudades - algunas de ellas, muy pocas -, pero eso no cambia el hecho de fondo: si el AVE tiene o no un interés estratégico económico, como ha sostenido el portavoz del Grupo Popular. Claro que todo el mundo considera que es estupendo tener un Ferrari o un Rolls-Royce, el asunto es: ¿nos lo podemos permitir? Porque sepas conducir y tengas carné ¿todo el mundo tiene que tener un Ferrari y un Rolls-Royce y si no se le está privando de un derecho fundamental, o más bien tiene derecho a tener un transporte público - y privado, en su caso, si lo prefiere - que le sirva para tener la mejor calidad de vida? Esta es la cuestión. Una de las cosas más curiosas de esta proposición no de ley es que se nos invita a los grupos a votar un juicio de valor, porque se dice que del AVE hay que reconocer su carácter estratégico. ¿Por qué hay que reconocerlo? ¿Dónde está la demostración? ¿Qué pruebas traen ustedes? Traigan cifras. ¿Es cierto o no es cierto que no hay una sola línea rentable de AVE en España a día de hoy y que probablemente, según los estudios económicos más competentes, tardará muchísimo en haber alguna? No basta solo con los gastos de explotación, no hagan trampa, saquen las cifras. ¿Dónde está la amortización de la inversión? ¿Eso no cuenta? Hemos invertido una enorme cantidad en AVE en España desde 2010. Yo soy de la opinión - no solamente es mía, ni mucho menos, sino de gente que sabe de esto mucho más que yo - de que precisamente gran parte de la crisis en España se debe a inversiones en infraestructuras que no han aportado nada. Por lo tanto, como no han aportado nada al desarrollo económico, se han traducido en paro, en atraso económico, en pobreza, etcétera. Eso no es una inversión estratégica, eso es despilfarro. Lo mismo que con aquella idea absurda de que todas las provincias tenían que tener no solo una universidad sino además un aeropuerto, y si era internacional mejor, España está llena de aeropuertos para que corran los conejos. ¿Eso ha sido estratégico? ¿Eso ha sido una inversión en el interés general? ¿Acaso vive así mejor la ciudadanía en España porque tiene un aeropuerto donde no aterrizan aviones? Lo mismo ocurre con las líneas del AVE. Precisamente porque uso mucho el AVE he visto - como todos los que lo usamos - cómo hay estaciones que se construyeron con un afán bien clientelar, para satisfacer a determinados alcaldes, o bien especulativo, porque había unas expectativas que luego nunca se han cumplido de desarrollo urbanístico en terrenos que hasta entonces no eran otra cosa que campo; estaciones de AVE donde apenas se sube y se baje nadie, por tanto apenas paran trenes. ¿Qué ocurre con esa inversión? ¿En qué ha ayudado? ¿Cómo ha articulado el territorio? Yo no veo por ninguna parte que eso aumente la cohesión social ni territorial, no veo que cree riqueza y empleo; al revés, creo que detrae recursos de inversión pública a la economía productiva, que es lo que tenía que preocuparnos. Desde luego, su afirmación de que es una alternativa a la carretera es casi tomarnos el pelo. Todo el mundo sabe que en España el transporte ferroviario de mercancías es bajísimo, que eso causa también graves problemas económicos de competitividad y de mantenimiento de carreteras; sin embargo, las principales vías de AVE se han hecho solo para pasajeros. Además, se han realizado a un precio que desde el punto de vista social es selectivo, porque hay muchísima gente en España que no se puede pagar el AVE como medio de transporte habitual. De manera que presentar el AVE como un sistema de transporte habitual, alternativo al avión y al ferrocarril, no deja de ser un brindis al sol que además está costando muy caro. No le digo ya nada de plantearlo como un derecho. El AVE no es un derecho, es un sistema de transporte. El derecho es a un transporte público efectivo, de calidad, competitivo, pero no al AVE en particular, ni a un aeropuerto internacional, ni a nada que se le parezca. En fin, creo que esto es una huida hacia delante precisamente en el tipo de política de inversión pública que nos ha llevado al agujero económico en el que estamos. No hay propósito de la enmienda; se sigue insistiendo en lo que se ha sostenido y haciendo todos estos años con un gravísimo daño al interés general, a la economía del país, a la igualdad efectiva de los ciudadanos y a otros valores que están muy por encima de lo estupendo y magnífico que es tener un AVE de primera y ser el segundo país del mundo en líneas de AVE, lo cual es algo de lo que todo el mundo que nos mira se hace cruces, porque nadie lo puede comprender. No lo puede comprender porque no tiene ninguna justificación que un país con los problemas económicos de España siga invirtiendo en sistemas de transporte de lujo, mientras ignora los cercanías, los trenes de media distancia y también los ejes estratégicos europeos, como el famoso eje mediterráneo o el atlántico, de los que aquí se ha hablado tantas veces y que tan poco avanzan, que tendrían una incidencia positiva en el desarrollo económico del país: en superar el paro, en crear empleo y en todo lo demás. Todo esto que están haciendo ustedes es como un plan de transportes que un grupo de aristócratas aburridos en su casino decide porque piensan qué estupendo sería viajar de Madrid a cualquier lugar de España en un tren de lujo, sin darse cuenta de que la mayor parte de la gente de España ni siquiera puede pagarse un billete. Esa es una realidad desagradable, pero esa es la realidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora De las Heras.
Gracias, presidenta. Señorías, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué el Grupo Parlamentario Popular presenta ahora, al final de la legislatura, esta proposición no de ley. No resulta difícil contestar al interrogante, señor Ayala, si tenemos en cuenta los últimos informes - ya se han mencionado aquí - de la Fundación de estudios de economía aplicada, Fedea, y del Tribunal de Cuentas en los que se pone en entredicho la rentabilidad económica de la alta velocidad en nuestro país, y menos aun si a eso le sumamos las declaraciones de la fuerza política emergente que se declara como la nueva defensora de los intereses de los poderes económicos y financieros y amenaza con dilapidar años de hegemonía en el plano político de la derecha española. Ahí lo tenemos. La cuestión es que los últimos informes de análisis a los que he hecho referencia sobre la necesidad y rentabilidad de la alta velocidad en nuestro país son, a nuestro parecer, acertados y vienen siendo planteados desde hace ya bastantes años por organizaciones sociales, ciudadanas, ecologistas, sindicales y políticas, sin que por ello ni el Partido Popular ni el Partido Socialista le hayan dado ninguna importancia. Es ahora, cuando los poderes económicos y financieros utilizan sus informes para cuestionar la rentabilidad de la alta velocidad - siempre desde una perspectiva puramente económica -, cuando ustedes le ven las orejas al lobo y piden declarar el carácter estratégico de las infraestructuras de alta velocidad. Por tanto, el análisis es coincidente pero las soluciones y las actuaciones que se requieren son muy diferentes. Frente a la defensa de un transporte ferroviario social y público que venimos haciendo algunos durante años, los poderes económicos y financieros ya no ven un negocio parasitario de las inversiones públicas en la construcción de más y más infraestructuras de alta velocidad en nuestro país. Ahora la rentabilidad, el nicho de negocio, se centra en la privatización y el problema no radica en que el Partido Popular no esté de acuerdo en este extremo - que lo está totalmente -, sino en que no tiene capacidad para crear otro modelo económico que, según su visión, cree riqueza y empleo que no sea el de la construcción de más y más infraestructuras. Ese es su problema. Así podemos ver con nitidez cuál es el modelo del sector ferroviario que defiende el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que le apoya. En este sentido, el proyecto de ley del sector ferroviario, ahora en tramitación, plantea con carácter general la consolidación de un proceso de deterioro de la competencia pública en materia ferroviaria para traspasar el negocio rentable al sector privado. En el texto se apuesta por la privatización de la infraestructura ferroviaria por la entrada de diversos administradores y se muestra preocupantemente ambiguo a la hora de defender el derecho de la ciudadanía a usar el ferrocarril público a través de las aplicaciones de servicio público. A esto tenemos que sumarle la ya consumada fragmentación de Renfe y la división de ADIF. La Izquierda Plural no se va a cansar de repetir que la desmedida apuesta por la alta velocidad es un despropósito, un desastre para nuestro país, más aun cuando se han producido recortes como los que hemos notado en partidas fundamentales del Estado social; partidas que hoy tendrían un mayor impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo al fomentar la igualdad. Si realmente se quiere apostar por el ferrocarril como modo de transporte prioritario no podemos seguir haciéndolo, señor Ayala y señores y señoras del Partido Popular, por la alta velocidad cuando ya se ha demostrado que es un transporte elitista y poco rentable a nivel económico, social y ambiental. Un Gobierno que vela por las necesidades de las mayorías debe priorizar las cercanías y las altas prestaciones frente a la alta velocidad y apostar por el transporte de mercancías. Para ello, lo tienen ustedes muy fácil. Solo tienen que atender los datos que avalan los efectos positivos evidentes sobre la inversión, el crecimiento, el empleo y las ventajas comparativas que aportan estas inversiones frente a la alta velocidad en materia social y ambiental. Creemos, por tanto, que hay que centrarse en el mantenimiento de las infraestructuras existentes, en la seguridad, como aquí se ha dicho, y en la intermodalidad. Todo ello tiene que hacerse desde un sector público fuerte como una única garantía para que las inversiones se centren precisamente en eso, en garantizar el derecho a la movilidad sostenible y se traduzcan en puestos de trabajo estables y de calidad, revirtiendo en forma de beneficios no solo económicos, sino también sociales y medioambientales.
Señora De las Heras...
Acabo, presidenta. De esto, señores y señoras del Grupo Popular, señor Ayala, ustedes no quieren ni hablar, por eso hoy votaremos en contra. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora De las Heras. Señor Ayala, respecto de las enmiendas presentadas creo deducir que no se admite ninguna.
Sí, presidenta, ya he anunciado que no las vamos a admitir.
Gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL REPARTO DE LOS CUIDADOS Y DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. [[Número de expediente 162/001201]]
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Socialista, sobre reparto de los cuidados y de igualdad salarial entre mujeres y hombres. Para su defensa tiene la palabra la señora Montón.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la situación económica en la que este Gobierno ha colocado a las mujeres es insostenible. Tiene que rectificar, corregir los graves retrocesos que se han producido en esta legislatura y eliminar las brechas entre hombres y mujeres; la primera es la brecha existente entre su retórica y la realidad. Para salir de esta situación, hoy presentamos una proposición no de ley sobre el reparto de los cuidados y la igualdad salarial entre mujeres y hombres. El reparto de horas de trabajo, de salarios, de pensiones y, por tanto, de oportunidades de vida continúa siendo profundamente desigual. Es un déficit histórico, pero en esta legislatura la desigualdad se ha disparado. Las mujeres son las grandes castigadas por las políticas de recortes del PP, expulsadas del mercado laboral, precarizadas aquellas que aún conservan su puesto de trabajo y soportando la sobrecarga de los cuidados de mayores, de dependientes, de niños, de niñas, de un trabajo gratuito que ni se valora ni se contabiliza. En esta legislatura hemos visto cómo aumenta la diferencia salarial por un trabajo de igual valor y cómo se reducen las probabilidades de cobrar una pensión digna. Por primera vez en cuarenta años cae la población activa femenina y desciende la tasa de actividad, es decir, menos empleo, más paro y una brecha salarial disparada al 24 %, que llega al 39 en el caso de las pensiones. Las mujeres trabajan más que los hombres, aunque el presidente no se haya enterado todavía. Asegurar, como hace Rajoy, que muchas mujeres deciden cuidar hijos porque quieren y no trabajan tanto como un hombre es una barbaridad. A ver si se entera el señor presidente de que a las mujeres trabajo nos sobra, lo que nos falta es empleo. A ver si se entera de una vez que cuidar es trabajar; eso sí, trabajar gratis porque su Gobierno ha obligado a las mujeres a soportar el peso de sus recortes en servicios, en dependencia, en educación o en sanidad. [[Aplausos]] ¿Quién creerá el señor Rajoy que está haciendo todo ese trabajo si, por ejemplo, ha eliminado más de quinientos comedores escolares? ¿Qué piensa? ¿Quién se encarga de ir a recoger a los niños al colegio, hacer la comida y cuidarles todo ese tiempo? ¿Eso no es trabajo para el señor Rajoy? Claro que lo es, trabajo gratis que en un 80 % realizan las mujeres. Ya sabemos que el presidente del Gobierno prefiere contabilizar en el producto interior bruto la prostitución y no el trabajo doméstico y de cuidados que, por cierto, elevaría en un 50 % ese producto interior bruto, según un estudio de 2012 del BBVA. Su retórica no modifica la realidad. Este Gobierno no habla de paro, pero la ciudadanía sí. ¿Al presidente los cuidados no le parecen trabajo? A nosotros sí. Tenemos el objetivo de que hombres y mujeres estén en situación de igualdad en el mercado laboral, y eso tiene dos pilares: cobrar lo mismo y cuidar lo mismo, una ley de igualdad salarial y una ley de reparto de los cuidados. El trabajo remunerado es un pilar fundamental para la igualdad, pero solo cuando es compatible con una responsabilidad compartida; cuando permite a las mujeres disponer de tiempo para el aprendizaje, para la promoción, para el reciclaje; cuando proporciona ingresos para una vida digna; cuando las mujeres reciben un trato digno en el mercado laboral. Si no es así, estamos ante la gran estafa del modelo tradicional, que para el nuevo modelo de sociedad que queremos ya no sirve. Necesitamos una economía de la igualdad, sin altas tasas de paro femenino, sin precariedad. Ya no sirve la temporalidad de las mujeres, el castigo por ser madres, las carreras profesionales truncadas. Ya no sirve. Según María Ángeles Durán, por cada cien horas de empleo se necesitan ciento veintisiete horas para mantener nuestro Estado del bienestar. Son las horas que no son pagadas, las que el presidente del Gobierno ni siquiera ve, las horas gratuitas que las mujeres regalan o, mejor dicho, que nos son robadas. Si las mujeres soportan todo el trabajo doméstico y de cuidados; si el Gobierno continúa recortando y transfiriendo a las mujeres el peso de los cuidados, cobrar lo mismo es una utopía. Por todas estas razones, rechazamos la enmienda del Grupo Popular. Nosotros hablamos de la vida de las mujeres, tengan o no tengan hijos, de las mujeres como personas; y para el PP, solo valen por su capacidad reproductiva. Díganme: ¿Si esta PNL fuera sobre empleo y salarios para toda la población también nos habrían intentado colar como enmienda su simulacro de plan de familia? Para ustedes, las mujeres son sinónimo de familia. Digo simulacro porque este plan de familia tiene pequeños olvidos, como que uno de cada tres menores de 16 años vive ya bajo el umbral de la pobreza en España. Entonces, ¿es un plan de qué, para apoyar a qué? Por favor, sean serios, ya está bien. Exigimos decencia a este Gobierno. ¿Saben lo que decía Emilia Pardo Bazán? Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Lo decía en el siglo XIX y ustedes, en pleno siglo XXI, aún no lo han entendido. Se acabó gobernar en contra de las mujeres como lleva haciendo el PP durante toda la legislatura. Hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad sustantiva, convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real, y para alcanzarla hay que actuar en tres esferas: corregir la situación socioeconómica en la que este Gobierno ha situado a las mujeres, luchar contra los estereotipos y todas las formas de violencia de género y trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación femenina. Para alcanzar la igualdad sustantiva no solo es necesario hacer más, sino hacerlo mejor. Además de lo que ya les he mencionado, queremos incorporar medidas que aseguren la corresponsabilidad, entre las que destaco los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y obligatorios, y una república de servicios educativos y sociales para la atención y cuidados de la infancia. Se establecerá también la transparencia en las empresas. Estamos proponiendo lo que Naciones Unidas llama una revolución de datos...
Señora Montón.
Sí, diez segundos. ... transparencia estadística para identificar dónde se provocan las desigualdades, en muchos casos desigualdades múltiples que soportan las mujeres. En esta revolución está incluido realizar encuestas regulares sobre usos del tiempo, un trabajo que comenzó el Gobierno socialista y que el Partido Popular ha destruido. Son medidas con un objetivo claro: romper con la retórica tramposa del PP, conseguir la igualdad sustantiva para las mujeres, cobrar lo mismo y cuidar lo mismo para conseguir un nuevo modelo social basado en una economía de la igualdad. [[Aplausos]]
Gracias, señora Montón. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señora González Vázquez.
Gracias, presidenta. El Grupo Socialista defiende hoy en el Pleno esta proposición no de ley sobre el reparto de los cuidados y de igualdad salarial entre mujeres y hombres en la que insta al Gobierno - fíjense bien, señorías - a presentar urgentemente no uno sino dos proyectos de ley: uno sobre los usos del tiempo y otro de igualdad salarial entre mujeres y hombres y - leo textualmente -, de manera urgente, que garanticen de forma real y efectiva la igualdad, tanto en la distribución social de los cuidados y trabajos domésticos como en la retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso, en su permanencia, en la formación, en la promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan. En esos dos proyectos de ley que se demandan del Gobierno se insta a que se incorporen medidas como: alcanzar una tasa de empleo de las mujeres del 74 %; una nueva articulación de los permisos y derechos relativos a la maternidad y paternidad que asegure la corresponsabilidad; la mejora de las prestaciones por hijo a cargo; la racionalización horaria de la sociedad española; una red pública de servicios educativos y sociales para la atención y cuidados de menores y dependientes; medidas positivas para garantizar el acceso y la estabilidad en el empleo y la promoción en el seno de las empresas, estableciendo objetivos concretos y penalizaciones en el incumplimiento; medidas que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores pobres, mayoritariamente mujeres; el incremento del salario mínimo interprofesional; medidas que reconozcan el mérito y capacidad de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional - sin especificar -; un registro de empresas donde cada empresa tenga que incorporar los datos salariales de todos sus empleados, separando los salarios base de los complementos salariales y extrasalariales, con el objetivo de conocer las desigualdades existentes, información que sería accesible a los sindicatos y a la Inspección de Trabajo; la creación obligatoria de una estrategia para la desaparición de la discriminación salarial en todas las empresas; un pacto local por la igualdad de género; la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia profesional o a través de vías no regladas de formación; el establecimiento de cuotas para el acceso de las mujeres a los puestos directivos de empresas, cooperativas, organizaciones agrarias, organizaciones pesqueras, para llegar a una representación paritaria; incentivos a la contratación de mujeres desempleadas en los sectores en los que se encuentran infrarrepresentadas; incentivos a la contratación de mujeres en los grupos de edad en los que hay mayor nivel de desempleo, menores de treinta y mayores de cuarenta y cinco años; la bonificación de la contratación indefinida de mujeres en las políticas de empleo y un largo etcétera. Creo que con esto sus señorías se habrán podido dar cuenta del tipo de proposición que se ha presentado, en la que con una exposición de motivos de tres páginas, en la que se describe la situación de desigualdad que sufren las mujeres en nuestro país con respecto a los hombres, pretenden que el Gobierno, de manera inmediata y a través de dos leyes, acabe con la secular desigualdad que se ha vivido en la sociedad española a lo largo de más de veinte siglos de historia y que en estos últimos treinta y cinco años estamos tratando de solventar paso a paso, avanzando de manera lenta pero firme y decidida. Con este tipo de propuestas, el Grupo Parlamentario Socialista evidencia su concepción del mundo más propia de la ensoñación infantil porque ni siquiera puede denominarse utópica por lo simplista. Mezcla de manera torpe una ensalada de medidas en numerosos ámbitos - formativo, educativo, laboral, empresarial, de Seguridad Social, de servicios sociales, de administraciones públicas - sin tener en cuenta ni las resistencias que hay que vencer ni los caminos a habilitar para llegar a esa igualdad deseada. Las dificultades que traen consigo muchas normas diferentes, muchas modificaciones legislativas, muchas transformaciones de mentalidades no se analizan, no se evalúan, se borran de un plumazo a través de la indicación: El Gobierno adoptará de forma inmediata. En opinión del grupo proponente solo la codicia o la ignorancia de algunos es lo que nos separa de ese mundo feliz de la igualdad. Gustavo Bueno entiende que un pensamiento que no ve los obstáculos y contradicciones que envuelve nos indica más bien la mala fe que conlleva que la buena voluntad de quien lo practica. Es evidente esa mala fe en muchas de las proposiciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en materia de igualdad. [[Aplausos]] En vez de plantear propuestas concretas y bien orientadas que supongan una mejora real en un plano concreto, presenta este batiburrillo de supuestas bienintencionadas ideas que hacen difícil incluso un análisis serio en el poco tiempo con que contamos en esta intervención; en resumen, señorías, lo que llamamos en muchas ocasiones una carta a los Reyes Magos. A pesar de esa dificultad, vamos a intentar deslindar dos planos diferentes: en primer lugar, el que tiene que ver con la igualdad salarial, un aspecto garantizado por la Ley Orgánica 3/2007. Señorías, desde el año 2012, y no antes, el Gobierno lleva trabajando en el desarrollo de los artículos de la ley relativos a la igualdad en el ámbito de la empresa y el empleo, incluido el ámbito retributivo. Precisamente hace tres meses se ha presentado la primera herramienta de autodiagnóstico de la brecha salarial de género dirigida a las empresas para que puedan detectar en sus organizaciones la existencia o no de esa desigualdad. Además, se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Igualdad, en concreto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la intensificación del control en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las empresas. Y a mayores - usted, señora Montón, lo sabe muy bien -, el Gobierno aprobará próximamente el Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial 2015-2017. Por lo que se refiere al otro ámbito que hemos considerado como principal de los múltiples que engloba esta proposición no de ley, el que se refiere a las responsabilidades del cuidado, la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento, cuya entrada en vigor se ha aplazado en diversas ocasiones, supone una ampliación ya prevista de ese permiso que ha sido suspendida temporalmente debido al actual momento de contención del gasto público; pero creo oportuno recordar a sus señorías que en 2014 se gestionaron 235.678 permisos de paternidad y 281.151 permisos parentales que supusieron un gasto total de 1.586,70 millones de euros. También es conveniente recordar muchas otras cosas que no voy a mencionar por falta de tiempo ya, pero sí quería comentarles algo. Señorías, por favor, tengan en cuenta el trabajo realizado por el Gobierno para dar pasos firmes y serios en todas estas materias relacionadas con el empleo femenino, la emprenditorialidad de las mujeres, los permisos parentales, la desigualdad salarial, la lucha contra la brecha de género y la preservación de las cuantías económicas destinadas a las pensiones. Aquí tengo que decirle, señora Montón, que se ven incrementadas en el caso de las mujeres mayores con dos hijos o más proporcionalmente. Eso fue lo que realmente dijo el presidente Rajoy cuando presentó el nuevo plan de familia: que se reconoce esa diferencia existente por el cuidado de menores en el caso de las mujeres que han dejado de cotizar o han cotizado menos en su vida y se compensa ahora con ese incremento progresivo para aquellas que han tenido dos o más hijos, pero las que no tienen hijos no dejan de trabajar o reducen su jornada por responsabilidades familiares. Señora Montón, claro que hay muchas mujeres que tienen ideas y no hijos, y es evidente que de esas mujeres también nos preocupamos [[Aplausos]], pero esas mujeres que no tienen hijos no reducen su jornada laboral por responsabilidades familiares o no dejan de trabajar por ello. Además, señora Montón, el Gobierno se ha preocupado del control de las medidas de igualdad de las empresas, el sostenimiento económico de las entidades locales con su correspondiente influencia sobre los pagos de las personas trabajadoras en las guarderías, en los centros de día, en las oficinas de igualdad y demás programas sociales gestionados desde las entidades locales, las prestaciones por desempleo en su conjunto, la creación de prestaciones específicas para personas desempleadas de larga duración; en fin, el mantenimiento del Estado de bienestar, un Estado en el que la participación de las mujeres en condiciones de igualdad es absolutamente decisiva e imprescindible y que ustedes, con su imprevisibilidad y su falta de atención, pusieron en peligro. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora González. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley relacionada con el reparto de los cuidados y la igualdad salarial entre mujeres y hombres, instando además al Gobierno a elaborar tanto planes como proyectos de ley, y nos explica en qué dirección deberían ir esos proyectos y planes. Nos parece que pedir esto a este Gobierno a estas alturas de legislatura es completamente imposible, señora Montón, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha significado esta legislatura para las políticas de igualdad, que han sido víctimas de las decisiones que este Gobierno ha tomado y que han frenado el avance de la igualdad. Y no solamente eso, sino que muchas de sus medidas han sido incluso discriminatorias y han ampliado, por lo tanto, las brechas que ya existían antes de estas políticas. Por poner ejemplos, podemos hablar de las discriminaciones que existen en relación con el género tanto en la reforma laboral como en la reforma de las pensiones, además de en otras políticas derivadas de los recortes en educación, en dependencia, en sanidad, etcétera, que han obligado a muchas mujeres a incrementar sus responsabilidades en el cuidado de personas mayores, de personas dependientes o menores; mujeres que han abandonado el trabajo o que han resuelto el problema con una reducción de jornada laboral. Decimos mujeres, señorías, porque a nadie se le escapa el dato de que, a pesar de que este derecho puede ser ejercido por hombres y mujeres, por trabajadores o trabajadoras, más del 95 % de las solicitudes de excedencias, bajas o reducciones de jornada son de mujeres. [[El señor]] Es verdad, señorías, que en los últimos treinta años se ha duplicado el número de mujeres en la actividad laboral, pero, como también ha dicho la señora Montón, la brecha salarial es un hecho vergonzoso que se sitúa en el 24 % y que en algunos sectores supera incluso el 30 %. Por lo tanto, señorías, estamos ante una situación que requiere muchísimo debate y muchísima política para avanzar en la igualdad, porque ¿qué decir además de la cuestión de la conciliación, un objetivo pendiente y que en el momento actual tiene el freno puesto? No solo no se ha avanzado en relación con la corresponsabilidad, sino que nada se ha hecho con respecto a la racionalización de los salarios. En esta casa, en el Congreso de los Diputados, se han elaborado cuando menos tres informes relacionados con estos asuntos y no se ha hecho nada al respecto. Señorías, nosotros pensamos que, para seguir avanzando, las políticas de igualdad tienen que ser una cuestión que esté sobre la mesa de manera prioritaria, porque si no nos encontraremos con cuestiones como las que acabo de comentar que han sucedido durante el Gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos cuatro años. Repasando uno de los informes en relación con la racionalización de los horarios comerciales, recordaba unos datos del informe de la OCDE del año 2011 que decía que España precisa fortalecer sus políticas para conciliar trabajo y familia, puesto que a esta le resulta difícil compaginar las diferentes tareas, lo cual redunda en una bajísima tasa de fecundación y en una reducida participación de las mujeres en el mercado laboral. Evidentemente, son dos problemas importantes, aunque no los únicos, en relación con esta discriminación hacia las mujeres y las brechas salariales y sociales que existen y, como evidencian no solamente los estudios que se hacen en el Estado español sino también fuera de él, son problemas que necesitan una solución. La propuesta que nos hace la señora Montón en su proposición no de ley no es solamente extemporánea por el momento, dadas las posibilidades del Gobierno de presentar algo, sino también por su formulación. Efectivamente, parece que es una cosa muy ambiciosa y no sabemos muy bien qué encaje puede tener que se haga en una proposición de ley. De todas maneras, señorías, compartimos los objetivos que en la propuesta se plantean y como creemos que quien gobierne en la próxima legislatura deberá afrontar políticas en relación con los derechos laborales de las mujeres, la racionalización de horarios, las brechas salariales y la compatibilización del trabajo y la vida social, política y cultural de las mujeres, como entendemos que el próximo Gobierno deberá trabajar en esa dirección, vamos a apoyar esta propuesta que hoy acaba de defender la señora Montón. Lo vamos a hacer porque coincidimos en el fondo de todo lo que en ella se dice, otra cosa es que no creamos que en el tiempo que queda para que finalice esta legislatura este Gobierno vaya a abordarlo, cuando además no tuvo voluntad hasta ahora para hacerlo, ya que tiene algunas dificultades de encaje desde el punto de vista legislativo. Pero los objetivos, desde nuestro punto de vista, son claros y esos objetivos son los que apoyamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Davila. Señorías, quiero decirles que está en la tribuna el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Túnez, el excelentísimo señor don Taïeb Baccouche, a quien damos la bienvenida y saludamos cordialmente. [[Aplausos]] Muchas gracias. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Vasco, nuestra posición sobre la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista. No es baladí el tema que tenemos entre manos, la grave injusticia que supone la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, ello es evidente y es consecuencia de situaciones de desigualdad orgánica que se dan en la sociedad, una más pero además muy grave. La extensa y profusa exposición de motivos que prologa esta proposición no de ley expone los motivos y consecuencias de lustros de discriminación activa o pasiva que la mujer ha padecido en el mundo laboral, así como los impedimentos que la propia dinámica social le han impuesto a esa discriminación; y no nos llamemos a engaño, las leyes no siempre han solucionado los problemas reales que en este ámbito se han dado históricamente. Por lo tanto, en primer lugar, quiero decir que en mi grupo no tenemos la seguridad de que la mejor solución para cortar de raíz estas dinámicas que se denuncian en este texto sea precisamente generar más textos legales, creemos que el principal problema no está en la ausencia de marcos legislativos propios como los propuestos, aunque quizá sean coadyuvantes o no perjudiquen. También es verdad que lo que ha propuesto el Partido Socialista - tal y como ha citado una compañera quizá con unas palabras más suaves - no deja de ser una declaración de principios, y punto. El principal obstáculo, a mi entender, es social, en el más amplio sentido de la palabra. Así y todo, y en respuesta a los planteamientos que hace el Partido Socialista, estamos de acuerdo en casi todo: con los objetivos que se marcan y con lo que se denuncia, evidentemente lo estamos. Por lo tanto, no seremos nosotros obstáculo que impida su aprobación; pero, como bien saben sus señorías, el escollo, de haberlo en algún lado, quizá esté en este otro lado del hemiciclo, aunque no veo motivos para que lo hubiera, pero seguramente, y oídas las palabras de la portavoz del Partido Popular, parece que los hay. Así pues, y en respuesta a los planteamientos que hace el PSOE, estamos de acuerdo en casi todo, como les he dicho. Evidentemente, dentro de las medidas que se proponen hay una crítica, que mi grupo hace aún más feroz, a la reforma laboral que el Partido Popular protagonizó y presentó, que no ha solucionado los problemas que pretendía atajar y que ha generado una situación injusta y discriminatoria que, en el caso femenino, ha sido de mayor calado porque genera situaciones de discriminación de facto, aunque el texto no discrimine; la práctica de la reforma laboral genera estas diferencias. Por ejemplo, tal y como se cita en la exposición de motivos que ha presentado el Partido Socialista - y no sé por qué no lo han apuntado en la parte dispositiva, porque para nosotros es muy importante -, la posibilidad de que haya horas extra en los contratos a tiempo parcial genera automáticamente incapacidad para conciliar, así de claro, y perpetúa situaciones laborales injustas para muchísimas mujeres. Porque es una vorágine, una especie de espiral que hace asfixiante para muchas mujeres poder trabajar con menor salario y además con la responsabilidad de ser las responsables de la atención a las necesidades familiares. Porque para conciliar, señoras y señores, primero hay que tener trabajo, si no no es conciliación, si no es simplemente encargarse de la atención de algo que no está remunerado en exclusiva. Aun estando de acuerdo con la mayoría, por no decir en su totalidad, de las medidas propuestas, señora Montón, ustedes no están aquí ex novo, es decir, no son un partido de los que nunca han tenido poder o responsabilidad, no son un partido de los que han surgido ahora, sino que ustedes han gobernado hasta ayer, como quien dice. También han tenido la oportunidad de poder plantear estas cuestiones desde la responsabilidades de gobierno que han ostentado, y por eso le digo que no siempre es una cuestión puramente legislativa. No nos gusta que ustedes coloquen a hurtadillas su programa electoral en una proposición no de ley. Como bien saben, hemos participado en la subcomisión que ha estudiado la racionalización y la conciliación y allí hemos visto precisamente dónde está el mayor problema. El sistema está establecido para que los modelos sociales existentes impidan la conciliación. La inmersión laboral plena de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones y los hábitos de la mal entendida masculinidad priman en los sistemas de relación. Si una mujer embarazada o una madre reciente es un problema, entre comillas, para una empresa es que no tenemos nada que hacer, es decir, es que tenemos un problema como sociedad, porque, tal y como está organizado el sistema laboral, salarial y social, hace que eso sea un problema. Por tanto, tendremos que analizar por qué tenemos nosotros este problema que hacemos que eso sea un problema. La conciliación es consecuencia de la igualdad, la igualdad como concepto incuestionable y permanente. Lo demás solo son circunstancias puntuales. Quisiera acabar con una cita preciosa que la señora Gertrude Mongella, que fue la presidenta del Parlamento Panafricano, hacía en la Conferencia de Pekín del año 2004, si no me equivoco, en la que pedía que los hombres ayudaran en la lucha por la igualdad. Decía que las mujeres siempre habían estado al lado de los hombres en la lucha por abolir la esclavitud, liberar a los países del colonialismo, desmantelar el apartheid y lograr la paz. Ha llegado la hora de que los hombres se unan a las mujeres en su lucha por la igualdad. Por tanto, cuando decimos que la igualdad es cosa de hombres es algo que nos debería responsabilizar a los hombres, en el concepto masculino de la palabra hombres.
Señor Agirretxea, tiene que terminar.
Sí, señor presidente. Vamos a apoyar esta proposición no de ley. Tenemos nuestras críticas por las formas, consideramos que todo este batiburrillo de repente no es lo mejor para conseguir estos objetivos, pero también tenemos claro que esta es una lucha que requiere de los esfuerzos de todos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Gracias, presidente. Efectivamente estamos ante una proposición no de ley que pide la presentación de dos iniciativas legislativas, de dos proyectos de ley, y el grupo proponente, el Grupo Socialista, ha trasladado a dicha proposición su programa electoral. Realmente para nuestro grupo lo importante es el contenido en el sentido de los objetivos, no cada uno de los puntos que se han trasladado aquí sobre los que podemos tener puntos de coincidencia o de discrepancia. Estamos ante una cuestión sobre la que, a nuestro juicio, es importante trasladar el debate a la Cámara, el debate sobre un problema real. La tasa de paro femenina está 3 puntos por encima del paro masculino, como ha dicho la portavoz, es decir, que una de cada cinco mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado laboral. Esto no es nuevo, lo sabemos, pero ante esta situación hay que poner medidas sobre la mesa y hay que tomar decisiones. Claro que habría que cambiar la legislación, claro que estamos ante una mera proposición no de ley, pero el debate político que el Grupo Socialista ha suscitado nos parece correcto porque, como digo, se ha planteado un problema real. Todos los indicadores apuntan a que el género determina una situación económica desigual, desfavorable para las mujeres, y a una persistencia de la brecha salarial entorno al 24 %, por la que una mujer cobra menos que un hombre por el mismo trabajo y tiene una mayor precariedad laboral. Esto es absolutamente inaceptable y, además, incrementa de una manera exponencial los riesgos de que una mujer caiga en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Esto, que no lo discute nadie, es la realidad que tenemos encima de la mesa y sobre la que a mi grupo le parece que debe versar la reflexión, y no tanto sobre el contenido exacto de todas las cuestiones que aquí se han planteado o sobre si esto vulnera la legislación vigente, porque aquí estamos para hacer leyes y cambiar aquellas que no nos resulten suficientemente prácticas o que no sean capaces de resolver problemas reales, como este que se ha traído esta tarde a la Cámara. Es verdad que el Grupo Socialista - ahí estaría nuestra mayor discrepancia, vamos a decir filosófica, aunque sea en minúsculas - sitúa la máxima del trabajo en que la igualdad real pasa por que hombres y mujeres cobremos lo mismo y cuidemos lo mismo, y se nos proponen, básicamente, derechos y permisos iguales y obligaciones similares o iguales para hombres y para mujeres y, en ese mismo sentido, también se nos proponen cuotas. No negaré que todas estas cuestiones son importantes - y con ninguna de ellas estamos en contra -, pero, siendo una proposición no de ley tan exhaustiva, nos ha parecido incompleta desde algún punto de vista. Nos ha parecido que el Grupo Socialista apunta excesivamente a las llamas y no a la raíz del fuego a la hora de proponer soluciones. Creo que deberíamos ampliar la reflexión y, por tanto, las medidas y centrarnos en favorecer un planteamiento del trabajo basado en la conciliación de la vida familiar y profesional para todas las personas, independientemente de su género, para lo que resulta esencial el acceso a servicios de educación infantil y cuidado de otras personas dependientes de calidad, así como a unos permisos parentales adecuados. La corresponsabilidad se debe abordar desde una perspectiva integral y no con medidas puntuales, que incluya a ambos sexos, y debe estar apoyada por servicios públicos. Es necesario, señorías, avanzar hacia una sociedad en la que las tareas en el ámbito privado se compatibilicen, lo mismo que han de compatibilizarse en el ámbito de lo público. En ambos ámbitos, el privado y el público, hombres y mujeres debemos compartir ese espacio. A esta proposición le falta ese planteamiento de carácter más general, que tenga en cuenta la brecha salarial, que tenga en cuenta que hay que tomar medidas en contra de la precariedad laboral y que tenga en cuenta que, mientras haya un sistema de contratación, unas relaciones laborales en las que la brecha de la precariedad entre hombres y mujeres y entre mujeres sea cada vez mayor, precisamente por la desprotección que tienen los contratos temporales, cuyo número se incrementa, así como también la desprotección, no podemos resolver este asunto. Por eso, hemos planteado en muchas ocasiones el contrato único indefinido con indemnizaciones crecientes, para acabar con esa brecha salarial que tantísimo daño hace a los hombres y, particularmente, a las mujeres, que están en este caso más desprotegidas. Dicho esto, y aunque, como digo, nos hubiera gustado que fuera más amplia y menos concreta en el sentido de programa electoral, se ha suscitado un problema real, un problema que no tiene soluciones, y por eso votaremos a favor de la proposición no de ley presentada y defendida por el Grupo Socialista. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Díez. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición del Grupo Socialista nos plantea debatir sobre un problema grave y urgente, la desigualdad salarial y, en paralelo, una de sus causas importantes, un modelo de sociedad patriarcal, profundamente injusto en la distribución de los llamados trabajos reproductivos, los trabajos de cura. Nuestro grupo va a votar a favor porque está de acuerdo con el enfoque de la exposición de motivos, aunque creemos sinceramente, y con respeto a la proposición de ley, que peca de un cierto tótum revolútum. Discrepamos de algunas de sus propuestas. No compartimos esa fe ciega en el carácter taumatúrgico de las leyes y el Grupo Socialista debería saberlo bien, después de la experiencia de la llamada Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que, desgraciadamente, ha sido todo menos efectiva porque hay más obstáculos que los simplemente legales. Yo sugiero a la Cámara que, en general, antes de aprobar más leyes hagamos una evaluación de la aplicación y del efecto de las que ya existen y, en este caso concreto, de la Ley de igualdad del año 2007. Nuestro grupo comparte la idea de que necesitamos políticas públicas de apoyo al cambio de modelo, pero esto no se resuelve con leyes portaaviones sino con la incorporación de una mirada de género en todas las leyes, comenzando por las leyes laborales. Discrepamos con las políticas de incentivos indiscriminados a la contratación que se plantean en esta proposición no de ley. Pero, dicho eso, queremos destacar lo importante, todo aquello que compartimos que es la inmensa mayoría del enfoque y, sobre todo, abordar con políticas públicas la gran y creciente desigualdad salarial que castiga a las mujeres. Compartimos, además, que una parte de esa desigualdad - no la única - tiene que ver, insisto, con ese modelo patriarcal imperante en la sociedad y en las políticas que no se han reforzado desde que gobierna el Partido Popular. Y, por supuesto, señorías del Partido Popular, discrepamos profundamente del argumento utilizado por la portavoz del Partido Popular cuando hace referencia a la desigualdad ancestral de veinte siglos, que es algo así como llamar al estado natural de las cosas: las cosas siempre han sido así y, por lo tanto, parece que deben continuar siendo de esta manera. Nuestra desigualdad salarial no solo se mantiene sino que se incrementa. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en el año 2014 se ha situado ya en el 32 % y va subiendo. Desgraciadamente, en estos momentos nos encontramos en niveles parecidos a los de 2002. Pero, además, esto tiene una repercusión muy concreta. Esa desigualdad supone que las mujeres, en el año 2012, dejaron de percibir como salario 27.783 millones de euros en términos agregados. ¡Casi nada! Lo que los hombres reciben de salario por treinta y cinco años de trabajo, las mujeres necesitan cuarenta y seis años y medio. ¡Es una verdadera barbaridad! Déjenme que les diga que eso tiene causas concretas. Me atrevo a identificar algunas de estas causas de desigualdad salarial. Son cuatro pes: la pe de precariedad; la pe de patriarcado y las dos pes del Partido Popular, que algo tiene que ver con eso. Una manera de abordar ese tema es abordar las causas de esa precariedad y una de ellas es cómo se retribuyen trabajos de alta consideración social - los de la cura de personas - y de baja consideración salarial. La razón es obvia: como siempre han sido trabajos que desarrollan las mujeres, cuando pasan a ser considerados trabajos asalariados se retribuyen mal o peor. Estamos ante una sociedad que continúa castigando profundamente ese tipo de trabajos, como lo demuestra el hecho de que en el año 2013, de las personas inactivas para dedicarse a cuidados y tareas del hogar, el 95 % eran mujeres. En definitiva, lo que hemos de cambiar es una cultura por otra y nosotros lo que le proponemos a esta sociedad y a esta Cámara es tirar hacia delante una cultura basada en repartir el empleo y compartir los cuidados, que es exactamente lo contrario de las políticas que, por ejemplo, están detrás de la reforma laboral del Partido Popular y Convergència i Unió. Un ejemplo muy concreto. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores de la reforma laboral deja en manos de las empresas la modificación de las condiciones de trabajo e impone unas condiciones que en el caso de las mujeres las somete a unas condiciones intratables. Por eso quiero llamar la atención sobre que con determinadas estrategias de competitividad salvaje ser trabajador y persona es muy difícil, pero ser trabajador y mujer al mismo tiempo, sin morir en el intento, es un verdadero calvario provocado por un modelo social perverso. Termino, señorías. Vamos a votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista a pesar de estas pequeñas discrepancias y le planteo al Grupo Popular que nos podía haber ahorrado la enmienda que nos ha planteado porque, a estas alturas del siglo XXI, confundir mujer con familia es de lo más ancestral, eso sí que es ancestral, y, sobre todo, escucharlo en boca de una mujer es deprimente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Señora Montón, más allá de sus propuestas concretas, mi grupo, como no puede ser de otra manera, coincide con la cuestión de fondo que plantea su iniciativa, la cuestión de la brecha salarial y la cuestión que ha planteado, citando a la señora Durán, del trabajo no remunerado. Por tanto, insisto, más allá de la coincidencia en su catálogo de medidas, votaremos favorablemente su iniciativa. He de decirle que si alguna cosa nos enseñan los países de nuestro entorno en esta materia, es que hacer frente a esas situaciones exige dos cuestiones fundamentales: consenso social y político y políticas públicas. Consenso, porque los cambios que pretendemos abordar no se producen de un día para otro, exigen políticas sostenidas en el tiempo y exigen que, gobierne quien gobierne, se mantengan aquellas pretensiones. Es evidente que si de verdad pretendemos abordar el debate que nos ha planteado la señora Montón, necesitaríamos generar en la Cámara un consenso de fondo que implicase a la mayoría de las fuerzas políticas, a los grupos mayoritarios de la Cámara, y que también implicase a los interlocutores sociales. En este sentido está claro que las llamadas que la actual legislación hace a que la negociación colectiva se ocupe de estas cuestiones no han funcionado, no parece ser que la cuestión de la brecha salarial sea prioritaria para los interlocutores sociales, ni para representantes de los trabajadores ni para representantes de los empresarios. Se necesitan políticas, porque alguna intervención parecía contraponer marcos legales y cultura, y a nuestro entender no es fundamentalmente una cuestión de lo que las leyes prevean ni de una aspiración genérica a un cambio cultural que per se difícilmente se produce, sino de políticas sostenidas en el tiempo que sean capaces de cambiar las cosas. Tras una mirada muy general a políticas que se han desarrollado y se están desarrollando en el resto de países europeos con marcos legales o con planes de actuación, podemos encontrar ejemplos muy sugerentes de cómo en el resto de Europa se abordan las cuestiones de la brecha salarial. Suecia y Francia podrían ser buenos ejemplos de políticas que, insisto, además han tenido la virtud de ser puestas en marcha por Gobiernos de una determinada ideología y desarrolladas por Gobiernos con otra ideología. En relación con la brecha salarial es esencial la vinculación con la corresponsabilización de los hombres en la atención y los cuidados en la familia, con la asunción de responsabilidades de los hombres en el ámbito de la vida familiar. Lo es en términos de igualdad y de equiparación y lo es también en términos demográficos. Aquellos países que en Europa están consiguiendo mejores tasas de fertilidad son también aquellos países de Europa en los que los hombres se han corresponsabilizado más en los cuidados en el seno de la familia. Ahí sí coincidimos con la señora Montón en la denuncia de que el Gobierno del Partido Popular ha congelado lo que fue una batalla que mi grupo dio singularmente a través de las diputadas Mercè Pigem y Lourdes Ciuró, la ampliación del permiso de paternidad. No puede haber justificación económica para mantener la congelación de la ampliación de ese permiso de paternidad; es más, fruto de respuestas parlamentarias a cuestiones que ha planteado la señora Ciuró, se pone en evidencia que no existe un coste que sea hoy inasumible. Señora Montón, desde el punto de vista de la autocrítica que en esta materia el Grupo Socialista debería hacer, el desarrollo de la Ley de la Dependencia en las comunidades autónomas donde el PSOE ha gobernado ha respondido al viejo modelo patriarcal de dedicar las mujeres a la atención de las personas mayores, y el gran ejemplo en este sentido ha sido Andalucía, donde la prestación de cuidadores familiares se desarrolló con más intensidad del conjunto del Estado. Finalmente y con esto termino, señor presidente, en Cataluña, fruto de una alianza entre la sociedad civil y el Gobierno de Cataluña, se ha puesto en marcha una revolución de los horarios que pretende transformar radicalmente nuestras prácticas en esta materia. Es un buen ejemplo que quizás a todos les podría servir de inspiración y que va al núcleo de las cuestiones de fondo que nos ha planteado la señora Montón. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. Señora Montón, a efectos oficiales le pregunto qué va a hacer con la enmienda presentada. [[Pausa]] No la acepta. Se votará entonces la proposición no de ley en sus propios términos.
Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre la política de defensa del Gobierno orientada a la prevención de ataques bioterroristas. Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con esta moción consecuencia de interpelación culminamos un debate parlamentario que creo que ha sido útil para un mejor conocimiento por parte de este Parlamento y del conjunto de la opinión pública de una amenaza real, de una amenaza que existía y que existe, pero ante la cual no sabíamos hasta dónde llegaban los instrumentos disponibles por parte del Gobierno para hacer frente a la misma. De hecho, el origen, la génesis del interés de quien les habla por esta interpelación se basa en la presentación del Informe anual de seguridad nacional del año 2014 presentado por el jefe de Gabinete y secretario de Estado, señor Moragas, ante la Comisión Constitucional, en el cual hay una evidente laguna de información y de estrategia referida a la biodefensa. La interpelación con el ministro de Defensa fue útil porque nos demostró que el Gobierno, más allá de este documento, que es el documento de referencia internacional, tiene protocolos que se deben incorporar a partir del próximo año y creo que fue un ejercicio de transparencia. Lo cité en la interpelación de hace dos semanas y lo quiero repetir hoy. En la red, señorías, se pueden encontrar perfectamente documentos de la Administración norteamericana accesibles a cualquier ciudadano sobre la estrategia norteamericana de defensa de bioseguridad. Creo que en España existía claramente un déficit de información ante el Parlamento, incluso de toma de conciencia de la amenaza, y de reflexión sobre los instrumentos necesarios para dotarnos de las medidas para hacer frente a la biodefensa, que juntamente con la cibercriminalidad son las dos grandes amenazas para la seguridad y la defensa en el momento presente. Señorías, la información trasladada por parte del ministro de Defensa, el enfoque de esta moción, el acuerdo transaccional con los dos grupos enmendantes, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, del que ya les puedo informar y de cuyo texto disponen los portavoces de los distintos grupos o se lo harán llegar en breve, ha sido un debate en el que no queremos alarmar, pero nos queremos tomar muy en serio la amenaza bioterrorista, en la cual es muy importante que el Parlamento, que la Comisión de Defensa, que la opinión pública tengan un conocimiento sobre la revisión y actualización del inventario de medios, de equipos, de medicamentos y de vacunas a disposición del Gobierno y de los Gobiernos - haré referencia a esto - para hacer frente a las eventuales amenazas biológicas en materia de seguridad. Señorías, en el anterior debate - y hoy vuelvo a ello - hablé de la viruela, erradicada en 1977, después de una intensa campaña liderada por la Organización Mundial de la Salud, pero el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, el máximo organismo en la materia de la Administración norteamericana, y el centro Vector, el equivalente de la Federación Rusa, alertan de la existencia de viales con viruela viva, como ocurrió el año pasado en Estados Unidos y que fue comunicado por parte de la Administración norteamericana sin hacer referencia al lugar concreto donde sucedieron los hechos. Antrax en el Capitolio o el ataque bioterrorista en el metro de Tokio demuestran que, desgraciadamente, no estamos hablando del futuro o de ciencia ficción, estamos hablando del pasado y de unos protocolos que el ministro de Defensa, de una forma mucho más detallada que este Informe de seguridad nacional, nos hizo evidente que existen y que se deben poner al día. Antes del inicio del debate sobre esta moción he estado discutiendo con el portavoz de Izquierda Unida sobre la motivación de la misma y el sector farmacéutico y quiero decir, dirigiéndome a él pero también al conjunto de los grupos de la Cámara, que aquí no se trata nada más que de favorecer la protección de la población, no de ningún tipo de interés o empresa privada que fabrica vacunas. Las vacunas no están al servicio de estas empresas, están al servicio de la población. Los datos que tenemos, que plantea el ministro de Sanidad y que no han sido desmentidos desde ese día, sino que se ha corrido un velo sobre los mismos, son los siguientes: en el año 2003, II Legislatura del Gobierno Aznar, se compraron 2 millones de dosis de vacunas contra la viruela. La empresa que proporcionó este stock de 2 millones garantizó cinco años de vida para las mismas con una posible extensión de dos años. Pongamos que son siete años, la suma - o la resta, como quieran - es muy fácil: comprados en 2003 y siete años de vida, este stock de 2 millones está caducado desde el año 2010 y, además, se han actualizado las investigaciones científicas y aquellas vacunas no estaban convalidadas por la Agencia Europea del Medicamento, por lo que ahora se tendría que hacer un inventario puesto al día. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular su enmienda que perfecciona y enriquece la moción y que hemos incorporado como transaccional. También quiero agradecer al Grupo Socialista todo aquello que hemos podido incorporar y, señor Rangel, también lo que no hemos incorporado pero que compartimos con usted, como es la importancia de destacar que esta es una estrategia que se debe afrontar no solo por parte de una Administración, sino por parte de todas las administraciones competentes en materia de seguridad, con lo cual también por aquellas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña que tienen una policía integral y una policía a cargo de la prevención de la amenaza bioterrorista. Esta enmienda transaccional acordada y presentada por los tres grupos, que espero que concite el acuerdo de otros grupos también, hace referencia a los trabajos dentro del Plan nacional de la Resolución del Consejo de Seguridad 1540, comité que en estos momentos está presidiendo España, a los estándares OTAN - todo aquello que no figura en la estrategia que con cierta alegría y de forma liviana se nos presentó en la Comisión Constitucional - y asimismo a la importancia de que también en el ámbito de la Unión Europea haya una mayor coordinación en una política que falla en la misma, como es la política de seguridad y defensa. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Xuclà. A esta moción se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.
Gracias, presidente. Señorías, no voy a repetir la importancia del tema; lo ha hecho, creo que de manera muy clara, el señor Xuclà. Compartimos que ante amenazas como la que estamos debatiendo hay que tener una capacidad de prevención suficiente para evitarlas en lo posible y, en cualquier caso, una capacidad de respuesta eficaz, si es que llega a producirse algún tipo de evento que lo requiera. Por eso el Grupo Socialista nos tomamos muy en serio esta moción y por eso planteamos una enmienda que creemos que es muy completa. Como siempre hemos defendido que la política es diálogo, negociación y pacto, para transaccionar hay que ceder, pero eso no implica renunciar a algunos de los temas que en esa enmienda nosotros defendemos. Señorías, normalmente en asuntos de estas características se tiene que tener muy claro que hay que ir desde lo local a lo global, porque las amenazas no tienen territorio concreto y es necesario que los responsables de prevenirlas se coordinen y sumen esfuerzos; de lo contrario, estamos siempre en inferioridad de condiciones. La coordinación debe empezar por la casa de uno mismo, por lo que en el primer punto pedíamos que se reforzasen de una manera clarísima los mecanismos de coordinación interdepartamental en el propio Gobierno. Entendemos que es básico que en esos aspectos sea un principio que opere de manera efectiva y no se produzcan descoordinaciones entre departamentos que tienen que aportar una parte importante de esa prevención y de esa reacción en caso necesario. También es importantísimo - y eso a veces es difícil de entender para quien no participa de los mecanismos que deben regir la relación entre los poderes públicos en un Estado centralizado - que todas las administraciones, que todos los poderes públicos con responsabilidad estén coordinados y cooperando en este asunto. Eso lo defendíamos clarísimamente en el apartado 3 de nuestra enmienda, donde sostenemos que debería trasladarse a la Comisión de Defensa del Congreso en un periodo corto un informe del Ministerio de Defensa sobre las políticas de lucha y prevención de las amenazas biológicas. Sin perjuicio de la reserva necesaria, creemos que dicho informe debería abordar el análisis del estado actual de dichas políticas y las líneas de actuación, las amenazas existentes y las medidas encaminadas a su neutralización, así como aquellas que deban ser implementadas en el futuro, entre las cuales debería contemplarse el reforzamiento de los instrumentos de coordinación y cooperación con las instituciones autonómicas implicadas, en especial con las policías autonómicas y con los mecanismos de protección civil, así como los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Señorías, esto es muy importante porque si no se tiene muy interiorizado y existe esa lealtad institucional de arriba abajo y de abajo arriba u horizontalmente, se pueden producir espectáculos como el que últimamente estamos viendo en Cataluña, precisamente hablando de lucha contra el terrorismo. Es poco edificante que los ciudadanos tengamos noticia de desencuentros entre los máximos representantes de la lucha contra el terrorismo a nivel político y también a nivel operativo. Eso es muy negativo y debería corregirse con toda urgencia. Parece ser que por fin va a convocarse la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por el presidente de la Generalitat, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, por cierto, no se ha reunido desde hace años. Se lo digo por experiencia: impulsar la cooperación entre cuerpos policiales y sumar esfuerzos es básico. Es más importante, señor Xuclà, la seguridad integral que la policía integral. Es un concepto que yo siempre he defendido. Espero y deseo que a partir de una propuesta que asumimos aquí varios grupos se impulsen esas políticas y que podamos decir con más tranquilidad que hemos hecho lo que debíamos y, después, que los responsables operativos lo pongan en práctica de la mejor manera posible para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que ese tema está bien tratado y que las amenazas están perfectamente localizadas e identificadas y se pueden neutralizar. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Rangel. Por el Grupo Parlamentario Popular y para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
Muchas gracias, presidente. Señorías, efectivamente, hemos presentado una enmienda a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Este es el tercer debate que hay sobre esta cuestión de las amenazas bioterroristas: primero en la comparecencia del señor Moragas, luego, hace quince días, aquí con el señor ministro de Defensa, y ahora con esta moción. Es muy importante que estemos de acuerdo, es una cuestión de Estado donde las haya. Nosotros le damos, es evidente, la importancia máxima a este debate y a esta moción. Esto afecta a la seguridad del Estado, que es la prioridad de cualquier gobernante. La palabra bioterrorismo, junta, es estremecedora, es decir, las consecuencias de lo que puede pasar con las armas NBQ y las amenazas NBQ vinculadas al terrorismo son estremecedoras. Por tanto, nos alegramos de que podamos tener una vez más un acuerdo en esta Cámara sobre esta cuestión. Sí está contemplado, señor Xuclà, cómo no iba a estar contemplado, no quiero perder el tiempo en esto. Usted sabe que a lo mejor no hay un epígrafe concreto que diga bioseguridad. Sencillamente en el capítulo enorme y el más importante quizá de la estrategia de seguridad, en el capítulo del terrorismo, esto está contemplado. Quizás a usted le hubiera gustado que tuviera un epígrafe independiente. Creo que es una cuestión menor. Está en el capítulo de terrorismo. Le hemos dado mucha importancia a hacer hincapié en nuestra enmienda a la incardinación internacional. Si en esta cuestión tenemos que tener la máxima exigencia en la prevención, tenemos que tener también la máxima prudencia, pero todo ello tiene que estar en un marco internacional, y en este marco internacional estamos trabajando - y la enmienda lo dice recogiendo también una propuesta socialista - perfectamente incardinados en la OTAN. Como usted ha mencionado, lo estamos haciendo en el Comité que ahora preside España de la Resolución 1540 de Naciones Unidas, de 2004, que es el momento en que las alarmas entran en la máxima tensión, y, por sugerencia del Grupo Socialista, también en la Unión Europea. Los ciudadanos españoles tenemos que tener la garantía - y en esto, igual que hay que ser muy exigentes, también hay que ser muy prudentes - de que nuestro país está tan defendido, tan protegido como el que más entre nuestros aliados y nuestros socios. Es evidente que, como se recoge, todo esto está en un cuadro interministerial con los principales ministerios dirigidos y encuadrados en la Estrategia de seguridad nacional y en el Consejo de seguridad nacional; que la importancia preventiva es máxima, que la importancia de mantener los stocks terapéuticos es máxima. He usado antes la palabra tranquilidad. La tranquilidad viene de la tensión, la alarma y la prevención y en ese campo es donde hemos querido hacer más hincapié insistiendo una vez más en que estamos tan defendidos y tan amenazados como cualquiera de los países de nuestro entorno. Todo esto se incardina en que en esta legislatura y, como continuación de algo que ya había empezado con el informe Solana durante el Gobierno socialista anterior, se ha hecho la Estrategia nacional de seguridad, se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, se han presentado en la Cámara ambas cuestiones y además ya dos informes y, por último, ha llegado el proyecto de ley de seguridad nacional hace cuatro días a esta Cámara y ahora la tramitaremos. Por primera vez hay un verdadero sistema velando por todo ello y bienvenida esta moción que nos alerta pero también nos debe tranquilizar sobre la cuestión del bioterrorismo, que, vuelvo a repetir, son dos palabras que unidas resultan realmente aterradoras. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. En fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. Mi grupo va a apoyar esta moción. Creemos que han llegado a un acuerdo las tres fuerzas que habían presentado enmiendas y estamos de acuerdo. En principio, los tres puntos que contempla esta resolución final son los siguientes: por una parte, que se continúe incorporando en el informe anual el contenido del análisis de las políticas de preparación, protección y respuesta ante el bioterrorismo, que creemos que es importante; el segundo punto, que seguramente ha sido el más conflictivo, es decir, estar dotados - o no - con los medios, equipos, medicamentos, etcétera, para poder hacer frente a cualquier ataque de esta índole, también creemos que es importantísimo, porque, si no, no vale para nada. No tener una dotación suficiente es como navegar en el vacío después de haber hecho toda esta serie de apreciaciones. Por tanto, de tener la dotación, que se tenga actualizada, modernizada y con las medidas necesarias, porque, evidentemente, lo que no se utiliza, si no se actualiza ni se conserva como debe conservarse, no tendrá ninguna validez el día que se tenga que necesitar. Esperemos que no se tenga que necesitar nunca, es como los salvavidas en los barcos. Por último, nos parece importante el tercer punto o los objetivos del mismo de que todas estas políticas de seguridad, prevención, etcétera, deben incardinarse en las grandes políticas europeas de defensa y de seguridad y asimismo dentro de la OTAN, pero en cualquier caso en la seguridad y defensa europeas, de las que el Estado español es partícipe y que consideramos fundamentales, porque no vale para nada llevar a cabo estas acciones individualmente, fuera de un contexto o un marco europeo, que es el que al fin y al cabo habilita este tipo de políticas. Por parte de mi grupo apoyaremos esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, la amenaza que para nuestras sociedades supone el bioterrorismo ha sido adecuadamente explicada por el señor Xuclà y consideramos, como sugiere su moción - sobre todo el texto inicial -, que esta amenaza y las políticas adecuadas, con la enjundia y con el interés que tiene el asunto, deben quedar reflejadas de forma adecuada en el Informe de seguridad nacional. En ese sentido saludamos esta iniciativa porque creemos que viene a señalar una carencia que es oportuno subsanar. Sin embargo, creo que la moción - al menos la interpelación en los términos en que la formuló el señor Xuclà - deja también al descubierto una carencia respecto a la comunicación y la transparencia en el Ministerio de Defensa sobre lo que creo que es importante reflexionar y que en cierto sentido quedaba mejor reflejado en el primer texto. Me refiero a dificultades que encuentro que existen en el Ministerio de Defensa para comunicar de manera adecuada los riesgos y las amenazas que tiene nuestro país, en este caso relativos al bioterrorismo, pero con frecuencia ocurre en relación con el terrorismo internacional en un sentido más amplio. Esos riesgos y esas amenazas son delicados de comunicar porque hay que hacerlo con el suficiente cuidado como para no inducir al pánico a la población, pero tampoco hay que omitir información que pueda provocar una indolencia en la población que le haga no ser consciente del mundo en que vive. Encontrar este punto de equilibrio es algo sobre lo que el Ministerio de Defensa debería trabajar en sus políticas de comunicación, sobre los riesgos y las amenazas en general que sufre España y en particular sobre el asunto del bioterrorismo. En segundo lugar, decía que también pone el dedo en la llaga respecto a la transparencia del Ministerio de Defensa. El propio señor Xuclà señalaba en su interpelación cómo la información sobre las medidas que se toman en las políticas públicas en Estados Unidos en relación con la amenaza bioterrorista es perfectamente accesible en la página web del Pentágono, del Congreso, en fin, del Gobierno norteamericano. Comunicación y transparencia son dos políticas sobre las que se puede actuar mucho mejor desde el Ministerio de Defensa. Esa carencia estaba muy bien señalada en la moción inicial del señor Xuclà, y en concreto el papel que debe desempeñar el Parlamento a la hora de recibir esa información también estaba muy bien indicado. Me parece oportuno incidir en ese aspecto del debate sobre todo porque creo que este es más un debate sobre la información que sobre el bioterrorismo en sí. En cualquier caso, anuncio que los puntos que finalmente quedan recogidos en la enmienda transaccional de los tres grupos son del agrado de mi grupo parlamentario y votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias, presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Lozano. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
Gracias, señor presidente. Señorías, subo a la tribuna para mostrar la oposición de nuestro grupo a esa primera moción, emanada de la interpelación del último Pleno, presentada por el Grupo de Convergència i Unió, y para concretar nuestra posición respecto a esa propuesta transaccional que se nos ha presentado hace apenas unos minutos. Quiero comenzar resaltando las diferencias que existen entre el texto planteado, tanto en la primera como en la última redacción que hoy someteremos a votación, con lo que se deduce de las intervenciones del proponente, sobre todo las que pudimos escuchar durante el debate de la interpelación de la que es fruto esta moción. Lo digo porque el contenido de buena parte de la propuesta nos puede parecer absolutamente de sentido común; es más, podríamos decir que tanto lo que recogían los puntos 1, 2 y 3 de la primera propuesta, que es preocupante que no se estuviese llevando a cabo por parte del ministerio, que, en resumen, no es otra cosa que solicitar la inclusión del bioterrorismo dentro de las políticas de seguridad nacional - evidentemente para nosotros eso debe ser hecho dentro de la prudencia, de lo constatable y, por lo tanto, de la realidad - e igualmente considerábamos oportuno la inclusión del punto 3, que no es otra cosa que se aporte la información necesaria a este Parlamento, la transmisión a la Comisión de Defensa de la información sobre este aspecto, de la misma manera que lo haríamos absolutamente con todos. A nuestro juicio, estas cuestiones han de ser abordadas desde la óptica de la normalidad, de lo constatable, por eso les decía que hay una diferencia entre lo que pone y las palabras que se han escuchado desde esta tribuna no solo por el proponente sino también por algunos de los grupos intervinientes. Para nosotros es fundamental que este tipo de acciones, este tipo de medidas no supongan en ningún caso incrementar el grado de alerta, y por lo tanto el grado de alarma social, que se traduce después de escuchar determinadas intervenciones. Trabajar correctamente sobre este asunto de tan extrema sensibilidad ha de sustanciarse en la capacitación óptima - es verdad -, en la coordinación necesaria; solo así podremos otorgar esa tranquilidad de la que tanto se ha hablado aquí a la sociedad, algo que no se consigue, como hemos visto en episodios previos, incrementando la alerta pública ante un tema de tan extrema sensibilidad. Muy al contrario, esto ya se ha vivido en este país, en España: la lógica del miedo a la teórica existencia de armas de destrucción masiva que se desata si continuamos alimentando e incrementando la sensación de amenaza permanente, en este caso por la vía bioterrorista. Ese tipo de medidas suelen traer nefastas consecuencias y no voy a citar algunas de las injustificables intervenciones militares que nos han llevado por este camino. Debemos seguir otro camino a la hora de construir la seguridad y a la hora de construir la paz, porque para nosotros construir seguridad implica construir paz. Eso tiene que asentarse en bases culturales también diferentes, por lo tanto, no debemos sobredimensionar ni agitar determinados miedos, como les decía, sino hacer el trabajo correctamente y con la diligencia oportuna. Como ya se ha dicho aquí, compartimos que este tipo de amenazas han de ser combatidas dentro del marco de la legalidad internacional, tal y como determina la Resolución 1540 de Naciones Unidas. Del mismo modo, en el ámbito de las políticas públicas de cada Estado, para nosotros, la única vía efectiva para avanzar en esta cultura de la paz de la que hablaba antes es la de garantizar la destrucción total y absoluta de todo el armamento de destrucción de masas al que hace referencia esa resolución: las armas NQB nucleares, químicas o biológicas. Por lo tanto, sirva esta intervención también para recordar que tenemos que avanzar e impulsar el desarme nuclear. Aterrizando ya en cuestiones concretas, es preciso abordar aquellas que implican la necesaria prevención, la necesaria coordinación - algunas de ellas ya se han dicho aquí - y la necesaria mejora de la capacidad de respuesta. En este sentido, es imprescindible definir con claridad cuál va a ser la función de la planta veintidós del Gómez Ulla o potenciar el trabajo de la Brisan como referente de las unidades NBQ. Con respecto al último punto de la moción que ustedes planteaban y del que hablábamos antes en esa conversación que hemos mantenido en la puerta, que hace referencia a la necesidad de actualizar el inventario de vacuna, nosotros estamos de acuerdo en hacerlo, pero no estamos de acuerdo en hacerlo tal y como ponía la literalidad del texto que usted nos propuso, porque no decía sobre qué base y cómo se tenía que actualizar ese inventario de vacunas. Sin ánimo de entrar en otros temas y en otras polémicas, fíjense en la profunda hipocresía que se aprecia comparando dos sucesos vividos en este país. Hace poquito, con la hepatitis C, no se garantizaba la medicación porque, literalmente, no era negocio para la farmacéuticas. Eso lo comparamos con la extrema alarma por la gripe A, que desdibujó los límites de percepción entre lo probable y lo posible e implicó la compra ingente de vacunas que al final han acabado almacenadas en la Ualsan, que estarán allí hasta su caducidad, si no están ya caducadas. La primera redacción no determinaba cómo se tenían que revisar estos inventarios. Es verdad que esta habla de la revisión de protocolos y de la coordinación interministerial e interadministrativa para poder llevarlo a cabo de forma correcta, por lo tanto, nos parece bien avanzar en esto, aunque también les diré que la redacción que se ha buscado para este punto 2 es, cuando menos, un tanto confusa. La posición de nuestro grupo, después de analizar y estudiar mínimamente - porque no nos ha dado tiempo - la propuesta presentada, no será desfavorable. Gracias.
Muchas gracias, señor Sanz. Señor Xuclà, le pregunto acerca de las enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente. Hay una enmienda transaccional que está en posesión de la Mesa, que incorpora, a partir del texto de CiU, las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista y que espero que sea la que se someta a votación. Muchas gracias.
Así se hará, señor Xuclà. Ese texto es el que someteremos a votación. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR URBINA]], SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL FRACKING. [[Número de expediente 173/000213]]
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto, del señor Urbina, sobre la postura del Gobierno en relación con el fracking. Para defender la iniciativa, tiene la palabra el señor Errekondo.
Presentamos la moción consecuencia de la interpelación acerca del fracking. En los últimos años, expertos a nivel mundial han confirmado los riesgos que existen por la extracción de recursos energéticos como el gas no convencional mediante la técnica de la fractura hidráulica y se constata la contaminación del agua, del aire y de la tierra, así como los riesgos sísmicos, por ejemplo en Estados Unidos, sin ir más lejos. De ello dan cumplida cuenta diversos informes emitidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos así como el informe de enero de 2014 del Instituto Geológico y Minero de España. Aunque a este ciego y contaminado Gobierno del Partido Popular le parecerá increíble, países que actúan desde el sentido común y la responsabilidad han prohibido el fracking en su territorio, como pueden ser Bulgaria o Francia, etcétera. Y hay lugares en los que se ha aplicado el principio de precaución y se ha establecido una moratoria de varios años hasta que se garantice la salud del medio ambiente y de las personas; eso sí, una moratoria sin hacer trampa, como algún partido aquí presente pretende. Entendemos que si se aplica la moratoria debe ser sobre la base de que se suspendan todas las actividades relacionadas con el fracking mientras dure dicha moratoria. En cuanto a la viabilidad y dependencia del fracking, la viabilidad está claro que está en entredicho porque es una tecnología en principio muy cara y absolutamente dependiente, como hemos podido constatar recientemente en las fluctuaciones del mercado del gas y del petróleo. De hecho, muchas de las empresas explotadoras de esta técnica en Estados Unidos han ido a la quiebra últimamente. También hay que decir que es una falacia presentar esta técnica como la panacea contra la dependencia energética puesto que precisa ya de por sí de un elevado soporte técnico extranjero tanto material como del conocimiento. Además, este Gobierno actúa con una absoluta hipocresía; su hipocresía es proporcional a sus pretensiones de servir a las grandes multinacionales energéticas, así como de asegurarse que esas puertas giratorias continúen bien lubricadas. Y es que el Gobierno está obcecado en facilitar las autorizaciones de fracking a las empresas explotadoras y para eso no duda en adaptar interesadamente su legislación. Por otro lado, es lamentable que los diez consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sean nombrados por decreto a propuesta del propio ministro de Economía. Tenemos claro que solamente con que el propio regulador de la competencia fuera realmente independiente bajarían drásticamente los precios de la luz, del gas y del carburante y, por tanto, se reduciría la pobreza energética. Por otra parte, el Gobierno del Partido Popular nos la quiere colar con la implantación del estudio de impacto ambiental y de las tasas y el impuesto, porque la actual gestión del estudio de impacto ambiental no tiene ninguna credibilidad. Sucede lo mismo con el último invento sacado de la chistera, como pueden ser las tasas y los impuestos, porque lo único que pretende este Gobierno con ello es comprar la voluntad de los propietarios, de las Administraciones locales y de la ciudadanía. Sin embargo, hay salida, aunque el Gobierno no lo reconozca, hay una solución a este modelo energético, aunque no lo vea el Gobierno del Partido Popular. La solución está en un nuevo modelo energético descentralizado y basado en las renovables, que es viable económicamente, porque es necesario para garantizar la salud del medio ambiente y de las personas, y además generaría cientos de miles de puestos de trabajo de calidad en origen. Sabemos que esto no se hace de un día para otro, por supuesto, sino que requiere de una hoja de ruta en la que se vaya sustituyendo el combustible fósil y las nucleares por las energías renovables. Hoy, al contrario de lo que afirmó el propio ministro la semana anterior cuando se trató la interpelación, sabemos que con las baterías de almacenamiento esta solución es una realidad; una realidad energética que garantiza la eficiencia energética, la seguridad energética e incluso la autosuficiencia. [[El señor]] Hoy el mundo es como un microondas y por ello urge tomar medidas para frenar el calentamiento global al que el actual modelo energético nos aboca, cada vez más contaminante y caliente. La sociedad vasca - acabo de decirlo y lo repetimos en la interpelación al ministro de Industria y Energía, señor Soria - es contraria al fracking y lo ha declarado en numerosas consultas populares, movilizaciones masivas y todo tipo de iniciativas reivindicativas, pero también a través de iniciativas institucionales tanto en entidades locales como en el Parlamento de Navarra y en el Parlamento vasco. En las entidades locales y en multitud de ayuntamientos de todo tipo de color político se han aprobado mociones en contra del fracking. El Parlamento de Navarra aprobó el 15 de octubre de 2013 la Ley Foral 30/2013, que establece que se prohíbe la utilización del fracking en el territorio de Navarra. Sin embargo, esa norma fue recurrida por el Gobierno del Partido Popular y hoy mismo podemos decir que desde diciembre de 2014 está anulada por el Tribunal Constitucional. El Parlamento vasco también registró una iniciativa legislativa popular impulsada por agentes sociales, con el aval de más de 103.000 ciudadanos, solicitando la prohibición del fracking en territorios históricos como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en este momento se encuentra en tramitación. Con todas estas iniciativas institucionales y sociales podemos constatar que la gran mayoría de la sociedad vasca rechaza la utilización del fracking en Euskal Herria. Más aún, estamos seguros de que si se abriera un debate amplio a toda la ciudadanía del Estado, esta se posicionaría mayoritariamente en contra de la utilización del fracking. Por eso, desde Amaiur hemos presentado esta moción instando al Gobierno a que respete las decisiones que se adoptan en las instituciones que hoy representan a los territorios históricos de Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa y Araba, así como la voluntad de la mayoría social. Que respete también la voluntad de la mayoría social de todos aquellos territorios y lugares del Estado que se han mostrado contrarios al fracking como método de extracción. La voluntad mayoritaria de la sociedad vasca es la que es y dice claramente no al fracking, igual que dijo no a la central nuclear de Garoña. Gracias.
Muchas gracias, señor Errekondo. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado Josep Pérez Moya.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, compartimos el objetivo de la moción presentada por Amaiur, del Grupo Mixto. Hay que recordar que respecto al fracking diferentes territorios como el País Vasco, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Navarra, Andalucía y numerosos ayuntamientos han expresado muy claramente su oposición a esta técnica extractiva. En democracia es fundamental escuchar no solo oír y ser sensibles a las peticiones, reivindicaciones y sobre todo argumentaciones de los ciudadanos y ciudadanas y de los territorios de nuestro país y más en un tema tan específico y que afecta tanto a la ciudadanía como es la técnica extractiva del fracking. Afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, afecta a los territorios afectados, en definitiva, afecta a la concepción del modelo energético de nuestro país. Además de a los ciudadanos y los territorios hay que escuchar también a la comunidad científica y eso se tiene que exponer a través de una voluntad política que hasta ahora el Gobierno del Partido Popular en absoluto ha tenido. Por eso planteamos una enmienda de adición que desde La Izquierda Plural consideramos que refuerza y amplía los objetivos de la moción presentada. Son numerosos los Gobiernos en toda Europa y en parte del mundo que han expresado la prohibición de la técnica del fracking como Francia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Rumania, el Estado de Renania del Norte-Westfalia en el Estado federal alemán, o Friburgo en Suiza. En Estados Unidos, Estados como Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, etcétera. En definitiva, son varias y justificadas las razones para oponerse al fracking: razones de salud, razones medioambientales y razones de modelo energético. Eso es lo que planteamos en la enmienda de adición que presentamos. El Parlamento Europeo ha sido explícito. La Comisión del Parlamento Europeo que trata los temas de medio ambiente, salud pública y seguridad ha sido explícita también al plantear la viabilidad, el riesgo de movimientos sísmicos y que la sostenibilidad del gas no ha sido demostrada. Pero lo más importante es que en la resolución del Parlamento Europeo del mes de noviembre de 2011 se plantea una alerta respecto a la opacidad del sector. Considera necesaria la plena transparencia, así como una obligación ineludible para todos los operadores para que revelen completamente la composición y la concentración del contenido químico del líquido de fracturación y cumplan plenamente la legislación vigente de la Unión Europea. Es evidente - lo cita también el estudio del Instituto Geológico y Minero de España, elaborado en enero de 2014- que esa combinación de productos químicos con el agua en el procedimiento del fracking genera la contaminación de aguas del entorno por sustancias radiactivas, como el radón o el uranio, la contaminación de los acuíferos y de la atmósfera y la sismicidad inducida, principales preocupaciones que plantea la técnica de la fractura hidráulica. El fracking requiere una inyección continua de agua, intensiva, de unos trescientos litros por segundo; genera residuos peligrosos, y en los análisis realizados se suelen encontrar elevadas concentraciones de metales pesados, radiactividad, materiales radiactivos etcétera. Es un claro emisor de gases de efecto invernadero, un 20 % mayor que el carbón y 21 veces más que el CO2. Hay un elemento claro de riesgo químico y para la salud, de hecho, en los estudios de 362 sustancias claramente identificadas lo más destacable es que el 25 % pueden causar cáncer, el 37 % afecta al sistema endocrino, más del 50 % causa daños al sistema nervioso y casi el 40 % provoca alergias. En definitiva, cuestionar o minimizar el riesgo de la salud de las personas que conlleva el fracking es, cuando menos, irresponsable. Quiero acabar esta intervención manifestando que el fracking plantea una alternativa no necesaria del modelo energético. El gas no convencional no es la solución para nuestro futuro energético. Es un combustible fósil más y nuestra apuesta es la descarbonización de la economía con un modelo energético cien por cien renovable, basado en el ahorro y la eficiencia energética. Es evidente - y con esto termino, señor presidente - que la tasa de retorno energético demostrado del fracking es de las más bajas de las tecnologías energéticas utilizadas. Por todo lo expuesto, mantenemos la enmienda y, por los principios de prevención y precaución, entendemos que habría que prohibir el fracking en el conjunto del Estado español. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Pérez Moya. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la diputada María Pilar Lucio.
Gracias, presidente. Señores diputados, señoras diputadas, España es, sin duda, la gran reserva de la biodiversidad de Europa. [[El señor]] Este rico patrimonio constituye un factor de ventaja competitiva para nuestro país, pero esa ventaja se mantendrá y se ampliará cuanto mayor sea el compromiso de la sociedad y de sus instituciones en conservarlo. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular está siguiendo la dirección contraria a la protección del patrimonio natural. En la última modificación de la Ley de Hidrocarburos favorece activamente la utilización de la técnica del fracking o fractura hidráulica, dando prebendas a los ayuntamientos y a los propietarios de los terrenos donde se instalen y con gravámenes reducidos. Desde el Grupo Socialista coincidimos con el grupo proponente en que ni el País Vasco ni Navarra ni el resto de España pueden ni deben asumir el riesgo que supone la técnica del fracking para nuestro entorno y para nuestras aguas subterráneas. Existen tres motivos fundamentales para argumentar la afirmación que hago: ambiental, económico y social. En primer lugar, estarían los motivos ambientales. No existen aún informes concluyentes sobre el impacto del uso de la técnica de fractura hidráulica. Hemos manejado todo tipo de informes encargados por distintas entidades privadas, públicas, por universidades, expertos o las propias empresas interesadas; algunos alertan del grave riesgo de la técnica y otros hablan de la inocuidad de la misma. Ante esta indefinición, el Grupo Socialista ha tomado una decisión política, comprometiéndose a paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de fracturación hidráulica. También se ha comprometido a suspender las autorizaciones concedidas y prohibir nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad. En cuanto a los motivos económicos, no les diré más que hay grandes compañías españolas que han mostrado su desinterés en invertir en este tipo de proyectos. Algunas, mostrando más sensibilidad e inteligencia que el propio Gobierno de la nación, quisieran fracturar el suelo pero no las sociedades en las que se encuentran. Y ahí conecto con la tercera justificación, que no son más que las razones sociales. El ministro Soria se empeñó en demostrar que en su tierra había petróleo y la ciudadanía, en las elecciones del domingo, ha manifestado en las urnas lo que venía reivindicando en las calles. Ha quedado meridianamente clara la sordera democrática del Partido Popular; parece que les merece más la pena una hipotética fuente de recursos gasísticos y petroleros que la voluntad del pueblo al que gobiernan. En Vitoria, en Soria, en las merindades de Burgos, en Andalucía o en Cantabria nadie está de acuerdo con la perforación hidráulica en su territorio. Recordemos que España no es Oklahoma y que ni la orografía ni la densidad de población ni la biodiversidad son las mismas. Prefiero mirar a Francia, donde el Parlamento ha prohibido la exploración de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica y ha revocado las autorizaciones que han sido concedidas, en virtud del principio de precaución recogido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea en su artículo 174.2, en el que se establece que se deben adoptar las medidas de protección necesarias antes de que se produzcan daños cuando hay motivos razonables para temer que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al medio ambiente o a la salud humana, animal o vegetal. Termino diciendo que el fracking o la extracción de hidrocarburos en el mar no tienen cabida en nuestro modelo de gestión sostenible porque consideramos que el modelo de transición energética puede perfectamente prescindir de este tipo de técnicas en un país con los recursos naturales que tiene España. El Grupo Socialista está hoy más cerca que hace dos días de poder cambiar este modelo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Lucio. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Señor presidente, señoras y señores diputados, no cabe ninguna duda de que el debate sobre el tema del fracking que nos trae Amaiur, del Grupo Mixto, a esta Cámara es un asunto controvertido; un asunto que suscita muchos rechazos y también algunos apoyos muy matizados. Algunos sitúan el fracking como la clave del despegue económico reciente en Estados Unidos. La menor dependencia energética y su menor coste derivado de la abundancia de gas extraído por el sistema de la fractura hidráulica ha constituido un elemento de competitividad de la industria que ha redundado en un mayor crecimiento económico. Sin embargo, las grandes dudas sobre el impacto de esta técnica en el medio ambiente, en las aguas subterráneas, en los movimientos sísmicos y, en definitiva, en las personas no están del todo despejadas. Hay quienes aseguran que los riesgos son mínimos y las ventajas grandes y los hay también que señalan todo lo contrario. Es pues un tema que requeriría un debate sosegado, sin embargo, dadas las circunstancias, incluso políticas, reconozco que no es fácil conseguirlo. El Grupo Vasco y el Gobierno vasco han venido defendiendo que cualquier paso que se diera en relación con el fracking tendría que garantizar al cien por cien la salud y el bienestar de las personas, así como respetar y preservar al cien por cien el medio ambiente; por lo tanto, ante el mínimo riesgo para las personas o el medio ambiente, nos manifestábamos contrarios a este método de explotación de recursos gasísticos. El Gobierno vasco, partícipe de esta reflexión, considera que evitando cualquier riesgo es preciso conocer la situación y realizar la evaluación de los recursos gasísticos en Euskadi, saber con qué recursos, con cuántos recursos contamos; una posición lógica para cualquiera que tenga que tomar decisiones desde el Gobierno, una decisión también prudente y responsable. Y esa ha sido la posición que ha defendido el Grupo Vasco en Madrid en relación con este asunto. Por cierto, nuestro apoyo a la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos nada tiene que ver, a pesar de lo dicho por diferentes grupos, con nuestra posición en relación con el fracking. Esta reforma ni lo permite ni lo impide, luego yo creo que no debemos engañar a los ciudadanos, lo que permite es que si a través de la fractura hidráulica se obtienen recursos económicos que estos, estos recursos económicos, redunden no solo en los que explotan el gas sino que redunden también en los ciudadanos, en sus ayuntamientos y en sus comunidades autónomas. Ahora, efectivamente, hay una iniciativa legislativa popular que ha entrado en la Cámara vasca y a la que los grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas. Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos, el Partido Nacionalista Vasco, ha presentado unas enmiendas con el fin de solicitar una moratoria tanto en la exploración como en la explotación para un periodo de cinco años, así como la creación de una comisión científica que estudie la evolución técnica de la fracturación hidráulica. Todo ello con el fin de preservar, como decía, al cien por cien la salud de las personas y el medio ambiente. El Gobierno vasco ha adelantado su posición. En el caso de que se apruebe la moratoria que está planteada por el Grupo Nacionalista en el Parlamento vasco, el Gobierno, que comparte esta moratoria, se someterá a lo que determine el Parlamento vasco, idéntica posición a la que mantiene y mantendrá el Grupo Vasco en Madrid. Nuestra posición, la del Gobierno vasco y la del Partido Nacionalista Vasco, es la misma, como no puede ser de otra forma. Ha sido, es y será nítida y clara en relación con el tema del fracking. Nos parece sinceramente menos clara la que se trae hoy para su debate y votación a esta Cámara, nos parece relativamente confusa la posición de Amaiur que se recoge en la moción e incluso, si me permiten, también la reflejada en las enmiendas presentadas a la iniciativa legislativa popular en el Parlamento vasco. Y es por ello por lo que nos vamos a abstener a la hora de votarla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
Presidente, señorías, el debate sobre el fracking ha sido polémico desde sus inicios, y desgraciadamente lo sigue siendo en la actualidad, tal como también comentaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. La preocupación que existe en la sociedad sobre el método de la fractura hidráulica es latente y ello resulta comprensible por cuanto esta tecnología es indudablemente controvertida desde el punto de vista de su impacto ambiental, por lo tanto, de las consecuencias sobre su territorio y sobre sus ciudadanos. Cada territorio, señorías, tiene su propia especificidad y es el territorio el que marca los riesgos asociados a esta tecnología. No me extenderé en estas reflexiones. Conocen bien la posición de mi grupo parlamentario respecto a este tema, como hemos expuesto en diversas ocasiones, y conocen bien también sus señorías nuestra firme reivindicación de que han de ser las comunidades autónomas quienes decidan y no solo por sus competencias en materia de investigación, sino que vamos más allá, entendiendo que también son ellas, las comunidades autónomas, quienes han de tener las competencias de explotación por criterios de eficiencia, de proximidad y de conocimiento del territorio. No creo que le corresponda hoy a mi grupo parlamentario adentrarse en las especificidades de esta técnica y en los riesgos asociados a la misma, pero quiero aprovechar esta moción para recordar la postura de mi grupo parlamentario, de Convergència i Unió, en relación con la fractura hidráulica y con ello explicar también el sentido de nuestro voto ante esta iniciativa. Señorías, desde CiU creemos que si hay un yacimiento de petróleo o de gas en un territorio, en una comunidad autónoma, la actividad extractiva de estas fuentes de energía que se desarrolla en este territorio y siempre que exista una tecnología suficientemente avanzada para dar garantías de que los riesgos están controlados, es una actividad que entendemos corresponde y compete a la comunidad autónoma y no al Estado. Por lo tanto, a nuestro juicio, es la comunidad autónoma la administración competente para decidir directamente si los permisos para iniciar esta actividad deben ser concedidos o no y, en cualquier caso, debería ser ella la administración responsable para gestionar los incentivos a dicha actividad o gestionar un supuesto impuesto que grave estas extracciones... [[Rumores]]
Perdón, señora Riera. Por favor, ruego silencio para que se pueda oír a la oradora. Continúe, por favor.
Gracias, presidente. ... como el que recientemente ha introducido el Gobierno con el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Dicho de otro modo, señorías, lo primero que para nuestro grupo parlamentario es importante es el estricto respeto hacia la voluntad mayoritaria de los representantes de un territorio, de una comunidad autónoma. En este sentido, creemos que corresponde a la comunidad autónoma decidir sobre si se debe autorizar o no un proyecto de fracking. Es la comunidad autónoma la que debe gestionar, por proximidad al territorio, toda competencia asociada a esta práctica extractiva y debe poder decidir, mediante un análisis coste-beneficio, cuál es la decisión óptima ante las especificidades de su propio territorio. Por ello, y precisamente porque creemos que el criterio de la comunidad autónoma es fundamental en estos casos, apoyaríamos la moción presentada por Amaiur en sus propios términos, entendiendo que ello queda recogido en los puntos de la moción consecuencia de la interpelación. En este caso, nuestro voto sería favorable, sobre la base de las consideraciones competenciales y de las que entendemos han de ser las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. En coherencia con este mismo planteamiento y en la convicción del papel que han de tener las comunidades autónomas en dicha materia, en el caso de que el grupo proponente, Amaiur, aceptase la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, nuestro grupo se abstendría al entender que se aleja del planteamiento de nuestro grupo, que reivindica - insisto - el papel de las comunidades autónomas en las decisiones en materia de fracking. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Riera. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Flores.
Gracias, presidente. Señorías, una vez más en esta legislatura vuelve a ser el fracking el protagonista en esta tribuna. En este caso es el Grupo Amaiur quien presenta una moción en el sentido de que se respeten las decisiones de las instituciones y la voluntad de la mayoría social que se ha mostrado contraria al fracking como método de extracción. Mucho se ha debatido en esta Cámara al respecto y diferentes han sido los posicionamientos de los distintos grupos, pero siempre hemos partido de dos premisas básicas. Sería difícil no ponernos de acuerdo en la primera, la dependencia energética, ya que es un hecho absolutamente contrastado, somos dependientes energéticos y aunque hemos hecho un enorme esfuerzo en el desarrollo de las energías renovables, lo cierto es que no cubren más que una parte de nuestro mix energético, que está muy diversificado. Respecto a la segunda cuestión, los riesgos que pueden derivarse de la utilización de técnicas como el fracking, es más complicado. Es curioso cómo en este hemiciclo venimos utilizando hasta la saciedad términos como tecnología, innovación, I+D+i, y se nos llena la boca al hablar de ellos, pero cuando nos referimos al estudio, prospección, exploración e investigación de hidrocarburos no convencionales hay quien se pone una venda en los ojos y cierra las puertas a desarrollar tecnologías que contribuyan a construir un futuro mejor. De hecho, Estados Unidos, gracias a esa decidida apuesta por el fracking, es un país en estos momentos no dependiente energéticamente y ha bajado las tarifas no solamente en el propio país, sino que ha sido la causa de la bajada del barril de petróleo, cosa que notamos todos nosotros al llenar el depósito. Me llama también la atención que sea precisamente un partido político con implantación única en el País Vasco el que se oponga a que se puedan desarrollar este tipo de tecnologías. Euskadi es una tierra que se ha labrado y se ha desarrollado gracias precisamente a la fuerza del espíritu obrero, minero e industrial, habitada por buenos conocedores de los riesgos que cualquier actividad innovadora e industrial conlleva pero absolutamente tenaz en la consecución de sus objetivos. Señorías, no podemos quedarnos atrás en la carrera tecnológica frente a otros Estados porque, aparte de Estados Unidos, en Europa, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania, Hungría, Lituania e incluso nuestro vecino Portugal, apuestan por este tipo de gas no convencional. Por eso, si España renunciara nos convertiría en aún más dependientes. Por estas razones que acabo de exponer, negarnos a explorar e investigar nuevas fuentes de energía sería una temeridad por nuestra parte, al igual que sería una temeridad no dotar de las máximas garantías a cualquier exploración o prospección dirigidas a evitar riesgos. De ahí el enorme esfuerzo por parte del Gobierno y las Cortes Generales, que vienen haciendo en orden a regular y garantizar la protección del medio ambiente mediante un sólido y riguroso procedimiento de evaluación de impacto ambiental que con carácter previo, preceptivo y vinculante debe realizarse antes de autorizar cualquier trabajo relacionado con esta actividad. Les recuerdo que la Comisión Europea hace una serie de recomendaciones sobre el fracking; la nuestra obliga a evaluar estos proyectos. En este sentido quisiera, por último, señalar que se trata de una normativa que tiene carácter básico y cuya competencia corresponde al Estado, señora Riera, sin restar protagonismo al importante papel que las comunidades autónomas y administraciones locales juegan en relación con las autorizaciones y los permisos de carácter medioambiental. Por tanto, y para concluir, no cabe invocar al respeto a las decisiones de unas instituciones o de una voluntad popular que en este ámbito no son competentes, como así quedó acreditado con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que se fueron aprobando en diferentes comunidades, en concreto, en Cantabria, La Rioja y Navarra, como se ha mencionado aquí, máxime cuando además ha sido el propio Gobierno vasco quien se ha pronunciado, con buen criterio, en el sentido de no paralizar los estudios de impacto ambiental en marcha. Por tanto, nuestro voto será contrario a esta moción. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Flores. Señor Errekondo, ¿admite alguna enmienda?
No, pero la votación será separada.
Muy bien. Punto uno y punto dos. Muchas gracias. Así lo haremos en unos minutos. [[Pausa]]
Vamos a comenzar las votaciones y en primer lugar, de acuerdo con lo hablado en Junta de Portavoces, someto a la Cámara su aprobación por asentimiento de la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. [[Asentimiento]] Aprobado por asentimiento, el proyecto de ley se debatirá el jueves.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, restableciendo la situación jurídica previa a la promulgación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Hay un voto emitido telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312 más 1 voto telemático, 313; a favor, 142; en contra, 170 más 1 voto telemático, 171.
No se toma en consideración. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. [[Número de expediente 122/000183]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. La ha defendido la señora Pérez. Hay un voto emitido telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312 más 1 voto telemático, 313; a favor, 42; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 99.
No se toma en consideración.
Proposición no de ley del Grupo Popular sobre el reconocimiento del carácter estratégico de la alta velocidad y la culminación de las actuaciones previstas. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 175; en contra, 37; abstenciones, 100.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL REPARTO DE LOS CUIDADOS Y DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. [[Número de expediente 162/001201]]
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el reparto de los cuidados y de igualdad salarial entre mujeres y hombres. Se vota también en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 142; en contra, 169; abstenciones, 1.
Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], sobre la política de defensa del Gobierno orientada a la prevención de ataques bioterroristas. Hay una enmienda transaccional que ha sido distribuida a todos los diputados y que ustedes conocen. Esa enmienda transaccional es la que sometemos a votación. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, 1.
Queda aprobada. - MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR URBINA]], SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL FRACKING. [[Número de expediente 173/000213]]
Moción del Grupo Mixto, señor Urbina, sobre la posición del Gobierno en relación con el fracking. Se vota en sus propios términos, pero va a haber dos votaciones. Punto primero. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 35; en contra, 273; abstenciones, 5.
Queda rechazado. Punto segundo. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 133; en contra, 173; abstenciones, 7.
Queda rechazado. Se suspende la sesión. Eran las nueve de la noche.