Señorías, antes de reanudar la sesión quiero compartir con sus señorías que hace unos minutos he tenido conocimiento del fallecimiento de José Antonio Alonso Suárez, quien fuera nuestro compañero en la IX Legislatura, portavoz del Grupo Socialista y ministro del Gobierno del Reino de España. Creo que recojo el sentir de todos ustedes si traslado a sus familiares en nombre de la Cámara nuestro más sentido pésame y le rendimos desde aquí nuestro homenaje guardando un minuto de silencio. [[Así lo hacen las señoras y los señores diputados, puestos en pie]] Muchas gracias. Descanse en paz. [[Aplausos]]
Reanudamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular, en concreto, la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado el uso del turno a favor. Tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
Señora presidenta, señorías, estoy absolutamente convencido de que nuestro compañero, Toño Alonso, hubiera seguido con sumo interés, con pasión, incluso con orgullo, el debate que vamos a celebrar a continuación. Va por él, también va por él. [[Aplausos]] Permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida y que felicite a las representaciones de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, encabezadas por sus respectivos secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, como impulsores de la iniciativa que tengo el honor de defender. Vamos a tratar esta mañana, señorías, una iniciativa de alcance, una iniciativa de sumo interés. Es relevante, en primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, que no cuenta con más legitimidad en términos democráticos que el resto de las iniciativas que vamos a tratar a lo largo de este Pleno, que no es más de la sociedad civil que el resto de las iniciativas aquí debatidas por los diputados de esta Cámara, que somos todos también de la sociedad civil, pero que viene avalada por el esfuerzo y por la esperanza de nada menos que 700.000 conciudadanos y conciudadanas nuestros de todos los rincones de España. Es una iniciativa relevante también porque llega impulsada por los dos grandes sindicatos de este país, Comisiones Obreras y UGT, UGT y Comisiones Obreras, dos instituciones sometidas en este tiempo de cambio a la valoración crítica de buena parte de la sociedad, como los partidos políticos y como este Parlamento, pero dos instituciones que constituyen pilares fundamentales en el edificio democrático, dos instituciones claves para defender los derechos de los trabajadores y, aún más, para organizar el espacio público compartido conforme a los valores, a los intereses y a la voluntad del conjunto de los españoles. Es una iniciativa relevante, finalmente, porque interpela a los poderes públicos, interpela al Gobierno de la nación, interpela a este Parlamento para el cumplimiento de una obligación política básica, yo diría una obligación moral básica, la de luchar contra la pobreza, la de hacer todo lo posible por evitar que conciudadanos nuestros queden arrumbados en la cuneta de la economía de mercado, de esto que llamamos sociedad del bienestar. Nos interpela para combatir la exclusión y la marginalidad social, para proveer a todos nuestros conciudadanos de los recursos precisos para cubrir sus necesidades básicas. Es una iniciativa absolutamente relevante, que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor porque está en línea con el programa electoral con el que nos presentamos a los comicios de 2015 y de 2016; porque es coincidente con una propuesta que este Pleno ya ha adoptado de una manera positiva y mayoritaria a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y, fundamentalmente, porque el Grupo Socialista está de acuerdo con su objetivo. Esta iniciativa, señorías, trata de cubrir una carencia seria, una insuficiencia grave en nuestro sistema público de protección social, puesta de manifiesto sobre todo a raíz de la crisis económica y social que hemos vivido y seguimos sufriendo desde el año 2008. Se trata de tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en situación de desempleo, para quienes encontrándose en el paro han agotado ya todas las ayudas públicas posibles y carecen de recursos para cubrir sus necesidades y las de sus familias. Es un ingreso mínimo para asegurar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Este es el propósito, un propósito que responde a un doble escenario: coyuntural, por una parte, y en buena medida estructural, por otra. El escenario coyuntural es el de las consecuencias de la crisis económica y social y la gestión injusta que de la misma, a nuestro juicio, han hecho los Gobiernos del Partido Popular. Ahí están los datos del paro, agravado, como hemos conocido esta mañana, en los últimos tiempos; cronificado para jóvenes y desempleados de larga duración. Hay 1.400.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias que no perciben ni un solo ingreso, 6 millones de trabajadores pobres que perciben salarios por debajo del salario mínimo que establece esta Cámara año a año, 13 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones de españoles en pobreza severa, 2 millones de niños pobres en nuestro país. Es un panorama social insoportable, que ha coincido en el tiempo además con un debilitamiento de nuestro sistema público de protección social, un debilitamiento doloroso y doloso a raíz de los recortes practicados por los Gobiernos del Partido Popular, que han suprimido algunas ayudas básicas, como el subsidio para parados mayores de 52 años - suprimido directamente -, y han recortado otras ayudas básicas, como la prestación por desempleo, que ha pasado de una cobertura del 70 % en 2011 al 55 % en la actualidad. También han adelgazado las ayudas de las administraciones autonómicas y locales, siempre diversas pero siempre razonables, para cubrir necesidades territorio a territorio, sometidas, en todo caso, durante los últimos años a un régimen de adelgazamiento a base de austeridad, control draconiano del déficit y tasas famélicas de reposición de personal. Conforme aumentaban las necesidades sociales en este país, los Gobiernos del Partido Popular apretaban las clavijas, suprimían unas ayudas y recortaban otras. Con esta iniciativa, señorías, corregimos en parte esta situación de necesidad. Con esta iniciativa legislativa popular que nos proponen los sindicatos afrontamos también un desafío de carácter más estructural, que tiene que ver con la revolución tecnológica en marcha, con la aplicación de la robótica a los procesos productivos en esta economía globalizada. Nos dicen muchos de los analistas y expertos que el balance global en términos de empleo va a ser negativo, que por primera vez se van a destruir más empleos de los que se van a crear aplicando las nuevas tecnologías. Esto para una sociedad que ha vinculado renta a empleo, pobreza a falta de empleo, lucha contra la pobreza a lucha contra el desempleo, es un problema grave. Esto, para una sociedad que ha hecho del empleo una herramienta clave de socialización, es un problema clave. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad si los procesos productivos, con la robótica incorporada, nos hablan de cada vez más producción y mejor producción pero menos empleo? Nosotros, desde la socialdemocracia, hablamos de repartir los tiempos de trabajo, de financiar con esos incrementos por beneficios, vía productividad, actividades intensivas en mano de obra, como el cuidado de las personas o la preservación del medio ambiente, y de financiar, vía fiscalidad, ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas de aquellos que queden en la cuneta del paro. Para eso sirve también esta iniciativa. Las respuestas que se están dando a estos retos difieren según las latitudes geográficas e ideológicas. Hay quienes defienden un complemento salarial, del que nosotros desconfiamos por el riesgo de desembocar en una especie de subvención simple al empresario cicatero con los salarios de sus trabajadores. Hay quienes hablan de una renta universal indiscriminada para todos los mayores de dieciocho años, muy, muy difícil de financiar y completamente desvinculada del empleo. El Grupo Socialista coincide con los sindicatos al tratar una fórmula de un ingreso mínimo para desempleados que carecen de recursos, que han agotado todas las ayudas públicas y vinculado, siempre que sea posible, a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, coincidimos con los sindicatos en el diagnóstico, coincidimos en el objetivo, coincidimos en el fundamento ideológico de su iniciativa y coincidimos también con la fórmula práctica que nos plantean para encajar esta nueva prestación en el sistema público vigente de protección social: una nueva prestación no contributiva, como un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la Seguridad Social, financiado con los Presupuestos Generales del Estado. Como requisitos de acceso, ser demandante de empleo y carecer de recursos; como cuantía, el 80 % del Iprem complementado en función de las cargas familiares; como duración, hasta que remita la situación de vulnerabilidad social; como vocación, el compromiso de mejorar la empleabilidad para recuperar el empleo, y como vocación también un pacto institucional con el que adecuar la complementariedad, la simultaneidad de esta prestación no contributiva del Estado con las rentas mínimas de inserción que siguen prestando, que tienen derecho a prestar las comunidades autónomas. Esta es la fórmula práctica, una buena fórmula, razonable y que nosotros compartimos. Les adelanto que el Grupo Socialista complementará en el trámite de enmiendas estas prestaciones con una mejora sustancial de la cobertura y de la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a cargo. Somos conscientes no obstante de que si esta iniciativa tiene muchos apoyos, también tiene detractores. ¿Cuáles son los argumentos de los detractores? Nos hablan del estímulo a la vagancia... [[Rumores]]
Silencio. Un segundo, señor Simancas. Señorías, guarden silencio. El rumor impide que el orador pueda hablar con tranquilidad. Adelante, señor Simancas.
Se nos habla de una especie de efecto negativo sobre los incentivos para trabajar si se implementa este ingreso garantizado. Esta reserva indica un conocimiento escaso sobre el carácter de los españoles, que siempre preferirán un trabajo a un subsidio. Pero es que la propia iniciativa desmiente esta reserva, porque establece como requisito ser demandante de empleo, porque establece como obligación participar en un itinerario de mejora de empleabilidad y de búsqueda de empleo y porque establece también un régimen de sanciones que castiga, por ejemplo, no aceptar un empleo adecuado. Se habla de un efecto llamada, pero entre los requisitos figura un tiempo prudencial de residencia previa y sobre todo se habla del coste. Se nos dice que aplicar esta iniciativa resulta muy caro, pero caro, señorías, es un término, es un adjetivo que invita a relativizar. ¿Es caro comparado con qué? Los sindicatos hablan de 12.000 millones de euros para rescatar a 700.000 familias pobres en nuestro país. ¿Con qué comparamos esos 12.000 millones de euros? ¿Los comparamos con los 40.000 millones de euros que hemos dedicado a rescatar a la banca especulativa en apuros? Ya no resulta tan caro, ¿no? ¿Lo comparamos con alguna otra cifra? ¿Saben cuánto nos gastábamos en prestaciones por desempleo en el año 2011, último año de Gobierno socialista? 30.000 millones de euros. ¿Saben cuánto nos hemos gastado en el año 2016? 18.000 millones de euros. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en prestaciones por desempleo con más de 4 millones de parados, con más de 2 millones de parados de larga duración? En esta situación crítica nos hemos ahorrado exactamente 12.000 millones de euros en el pago de prestaciones por desempleo. ¡¿Les vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres?! [[Aplausos]], ¡¿que nos hemos ahorrado 12.000 millones de euros en pagos en prestaciones por desempleo?!, ¡¿que nos hemos ahorrado 12.000 millones pero no podemos dedicar estos 12.000 millones de euros como ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de 700.000 familias pobres?! ¿Les vamos a decir eso? Nosotros, no; nosotros, no. ¿Cómo que no se puede pagar? ¡Es que no se quiere pagar! Esa es la cuestión. Dicen que no nos lo podemos permitir. Nosotros decimos que lo que una sociedad decente no se puede permitir es tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad social mientras esta economía crece al tres y pico por ciento, mientras encabezamos las listas Forbes de millonarios del mundo y mientras nos ahorramos 12.000 millones de euros en prestaciones por desempleo. Eso es lo que es absolutamente difícil de explicar y eso es lo que no nos podemos permitir, señorías. Los argumentos a favor son sencillos, de justicia social - es justo luchar contra la pobreza y esta iniciativa lo logra - y de eficacia en términos económicos. Las sociedades más eficientes económicamente, señorías, son las más equitativas, las más equilibradas y las más justas también. Piensen que estos 426 euros en manos de cientos de miles de familias vulnerables constituyen una inyección directa al consumo, una inyección directa a la activación económica y a la generación de empleo. Esto también es eficiencia económica y es estabilidad democrática, señorías. ¿Hasta dónde creen que podemos estirar la cuerda de la desigualdad? ¿Hasta dónde creen que se puede estirar sin que se quiebre la cuerda de la desigualdad? Piensen en lo que acaba de decir Stiglitz, un premio nobel de economía, hace cuatro días: un sistema socioeconómico que solo proporciona desventajas a una parte mayoritaria de la población es un sistema socioeconómico que está condenado a la inestabilidad, a fracasar, Háganlo por justicia social, háganlo por eficiencia económica, háganlo por estabilidad democrática o háganlo simplemente por decencia, señorías, porque la decencia de un país no se mide por el índice bursátil ni por el PIB ni por la EPA, sino que se mide por cómo se actúa contra la pobreza, por cómo se actúa con determinación y eficacia para evitar que nuestros conciudadanos queden en la cuneta de la marginalidad social. Háganlo para tener un país decente, señorías. [[Aplausos]] Muchas gracias.
Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar este primer momento para tener un recuerdo emocionado por mi amigo Toño Alonso [[Aplausos]], un hombre impecable en su vida profesional, política, personal y familiar. Jamás tuvo un mal gesto aquí. Fue un hombre con un talante negociador maravilloso y con el que aprendí muchas cosas cuando me incorporé al Congreso los Diputados muchas cosas. Mi afecto a sus amigos, a su familia y a su partido. [[Aplausos]] Viene una iniciativa popular avalada por muchísimos ciudadanos, presentada por los sindicatos e importante para el debate y quiero anunciar que los nacionalistas canarios vamos a apoyar su tramitación para que se abra un debate en este país sobre esas familias que no reciben ninguna renta, sobre qué sistema tenemos las comunidades autónomas, que somos las competentes en esta materia, y sobre qué ficha financiera tenemos en este país para asuntos como este del que estamos hablando. Pero los nacionalistas canarios no somos de brindis al sol. Somos un país en el que aprobamos, en este Congreso, una Ley de dependencia para poder ayudar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los dependientes y sus cuidadores, y no hemos sido capaces de financiar los compromisos que adquirimos en esa ley. Somos un país en el que tenemos pensiones no contributivas - en Canarias son tres veces más que en el resto - de 360 euros que todavía no hemos podido igualar al salario mínimo. Somos un país en el que la sanidad y la educación están todavía como están. Por eso nuestro apoyo hoy a la toma en consideración no quiere decir que estemos de acuerdo con el contenido que se está tramitando, sobre todo en aspectos competenciales - creemos que se tiene que abrir un debate en las comunidades autónomas - y en el tema financiero, porque creemos que la prioridad política de este país debe ir por un sistema de financiación a las comunidades autónomas para que estas puedan financiar sus servicios sociales. Respetamos la iniciativa popular y respetamos a sus promotores y en ese sentido irá nuestro voto. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la palabra el señor Alli Martínez.
Señora presidenta, señores diputado, muy buenos días. Vamos a escuchar a todos los portavoces, porque el voto de Unión del Pueblo Navarro estará supeditado en esta ILP a la exigencia, a cambio de la prestación de estos ingresos mínimos, de hacer trabajos para la comunidad en las localidades donde estén los perceptores. Por tanto, vamos a ver qué debate se abre en este Pleno. En cualquier caso, quiero transmitir al Partido Popular que no se sorprenda si Unión del Pueblo Navarro hoy o en el futuro vota de forma distinta en las diferentes iniciativas legislativas, por supuesto, porque somos dos partidos diferentes, pero sobre todo por lo que ha ocurrido esta semana en la Comunidad Foral de Navarra tras la reunión del Gobierno central, del ministro de Fomento, con el Gobierno foral de Navarra, en la que llegaron a un acuerdo para paralizar el tren de alta velocidad; ayer el ministro se tuvo que desdecir. Eso nos preocupa muchísimo y ha generado caos y mucha incertidumbre en la sociedad navarra. Por tanto, Unión del Pueblo Navarro, que en esencia es la defensa de los navarros, les comunica que votará no a los Presupuestos Generales del Estado salvo que haya un cambio fehaciente y se vuelva al proyecto inicial del tren de alta velocidad para que Navarra no se quede fuera del siglo XXI. Por mi parte nada más, señorías. Vamos a escuchar detenidamente a todos ustedes para decidir nuestro voto. Muchas gracias.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Moltes gràcies, señora presidenta. Quiero empezar con unas palabras de Nelson Mandela que dicen una cosa, a mi modo de ver, de mucho sentido común. Dice Mandela: La pobreza no es natural, como la esclavitud o el apartheid; es una creación del hombre y puede erradicarse con las acciones de los seres humanos, y erradicarla no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Las acciones de los Gobiernos, de las personas pueden cambiar las cosas; lo vimos cuando los bancos y las cajas de ahorro estuvieron al borde del colapso y la acción del Gobierno las rescató: 60.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, 6 puntos del PIB. En Compromís siempre nos ha gustado el concepto de rescatar personas. Nos hemos presentado a las elecciones con ese concepto y lo aplicamos en nuestra política del Gobierno del Botánico. Lo estamos haciendo; estamos desarrollando acciones para rescatar personas, por eso hemos incrementado las becas, tenemos la gratuidad de los libros de texto, 22.000 personas más tienen atención a la dependencia, hemos eliminado los copagos farmacéuticos, hemos potenciado los centros de atención diurna y hemos destinado 200 millones de euros a crear empleos para los jóvenes. En una verdadera democracia nadie debería quedar atrás. Una verdadera democracia no puede consentir 3,5 millones de seres con pobreza severa, con menos de 338 euros al mes. Una verdadera democracia no debería consentir que tengamos un 15 % de trabajadores pobres ni que el riesgo de pobreza y exclusión social afecte a tres de cada diez niños o a más de 13 millones de personas. Acabo. Rescatar personas tiene que ser algo más que un concepto. El Gobierno del Estado puede cambiar las cosas con su acción - o no con su inacción - de una manera muy sencilla: aprobando esta ILP para establecer una prestación de ingresos mínimos y no haciendo como hizo en la anterior ILP que llegó aquí, la de la dación en pago, que la envió a una Comisión y dejó que allí muriera. Con su aprobación, como dice Mandela, estaríamos haciendo un verdadero acto de justicia, estaríamos realmente rescatando a las personas. Moltes gràcies, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Campuzano i Canadés.
Gracias, señora presidenta. Quiero empezar también trasladando al Grupo Socialista nuestro pésame por la muerte de José Antonio Alonso. Todos los colegas de la antigua Convergència i Unió Democràtica que compartieron con él escaño y trabajo tuvieron siempre una excelente relación y, más allá de un buen político, le consideraron siempre una buena persona. Les trasladamos nuestro abrazo más sentido desde el Partido Demócrata de Cataluña. Damos también la bienvenida a los representantes de las organizaciones sindicales promotoras de esta iniciativa. Tuvimos ocasión de escuchar sus argumentos hace pocos días en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados y coincidimos en un elemento central de la posición que justifica esta iniciativa legislativa popular, y es que durante estos años de la crisis el sistema de protección al desempleo ha sido incapaz de garantizar la cobertura necesaria ante el desempleo de larga duración. La disminución de la tasa de cobertura y el incremento de las prestaciones asistenciales son la expresión de esa incapacidad de cobertura del sistema de protección al desempleo. Al mismo tiempo, para las comunidades autónomas, a través de sus sistemas de rentas mínimas, y para ayuntamientos, a través de sus sistemas de servicios sociales, es obligado hacer frente a la emergencia social. Y lo que se puede hacer desde el ámbito municipal y desde el ámbito autonómico, al menos en nuestro caso, en Cataluña, en un país que tiene la financiación del régimen común, es paliar una situación; no se le pueden reclamar los servicios que cubren esas necesidades. Por tanto, necesitamos una prestación de ingresos mínimos orientada a dar cobertura al paro de larga duración; necesitamos además que esa prestación se vincule a empleo y formación, y necesitamos que esa prestación además sea gestionada por las comunidades autónomas como parte también de la vinculación entre políticas pasivas y políticas activas. Los diputados del Partit Demòcrata estamos a favor de esa filosofía y, por tanto, vamos a apoyar esta toma en consideración, convencidos de que no se produce ninguna vulneración de las competencias autonómicas. Al contrario, pasamos a una lógica de cooperación entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas que va a ser útil para hacer frente a una situación tan dura como la que hemos pasado durante estos años. Cuentan con nuestro apoyo. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores Fernández Toxo y Álvarez, en representación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y también de las 750.000 personas que avalan esta proposición de ley que, sin duda, merece no solo nuestra atención sino que también va a merecer nuestra consideración. La ILP como tal tiene un fundamento que resulta ineludible abordar en sede parlamentaria para hacerle frente, puesto que, como señala, pretende garantizar los ingresos necesarios para asegurar las necesidades básicas de las personas con disponibilidad de trabajar pero que carecen de empleo y recursos económicos. Vaya por delante, en primer lugar y como primera reflexión, que este es un elemento central de una actuación tuitiva por parte del Estado que no debemos obviar y que, con independencia de lo que luego comentaré sobre los títulos competenciales que se pueden haber ejercido, no puede dejar de ser abordado, fundamentalmente - el señor Simancas lo ha reflejado muy bien - porque afecta a una cuestión básica del Estado del bienestar que es la desaparición de las desigualdades. Solo por ese motivo merecería la pena prestar atención a esta proposición de ley. Vaya por delante también una segunda reflexión. El proyecto de ley tiene un contenido concreto que se sustenta en el artículo 149.1.17.ª, que traslada al ámbito de la Seguridad Social determinada asistencia a ese ámbito social desamparado en esto momentos. En nuestro caso, esta segunda reflexión va unida a un debate competencial, el de la existencia de un modelo prestacional y también de asistencia que coincide en el País Vasco con el ámbito material que se pretende abordar, al menos en parte y con esa vocación inicial, puesto que luego hablaremos de la universalización de esta idea y de la limitación que se produce en el texto legal. Digo que coincide en buena parte con una práctica exitosa que en múltiples ocasiones muchos de ustedes han reconocido respecto del País Vasco: la renta de garantía de ingresos. Ese, señorías, es un aspecto sustancial, puesto que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de esas actividades tuitivas por parte de las administraciones públicas, en evitación de esos elementos de desigualdad, se produce al amparo del artículo 148.1.20.ª de la Constitución y del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Debemos de advertir, señorías, que, como poco, con ello se produce un solapamiento y mucho nos tememos que cierta desnaturalización del título competencial que tiene asumido como tal el País Vasco, respecto del que con todo respeto haremos valer nuestra opinión en la Comisión correspondiente, pues creemos que merece la pena sostener, primero, la existencia de esta prestación y, segundo, hacerlo en el ámbito más cercano posible al ciudadano, que por otra parte es el que mayor garantía de éxito va a producir. Quería señalarlo porque en el caso del País Vasco no se trata solo de una experiencia de éxito, sino también de una experiencia que ha dado lugar a la eliminación de términos de desigualdad importantes, tanto que en el índice Arope, que señala las desigualdades en el ámbito social, son precisamente las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra las que más invierten en la llamada RGI y son las que, no solo en el ámbito del Estado sino también en el ámbito europeo, aparecen en el lugar más alejado en lo que a términos comparativos de desigualdad se refiere. Queremos advertir de esta situación por una sencilla razón: si de alguna manera estamos ocupando un ámbito material en el que funcionamos con éxito al amparo del título competencial de asistencia social, parece que desnaturalizándolo y trasladándolo al ámbito de la Seguridad Social de alguna manera estamos aproximándolo al ámbito del Estado y alejándolo del que corresponde a las administraciones de base, aquellas que conocen mejor la realidad social de cada lugar. Por tanto, señorías, nos gustaría... [[Rumores]]
Un segundo, señoría. Silencio al resto, por favor. Adelante.
Decía que nos gustaría que ese elemento se tuviera en cuenta en su momento. En este caso debemos reclamar la aplicación de un principio tan elemental como el de subsidiariedad, el reconocimiento a las administraciones locales del conocimiento a través de sus servicios sociales de los elementos asistenciales necesarios y la constatación de que esa ha sido una experiencia acertada en nuestro caso o al menos bien valorada. En último lugar, quiero señalar que, si bien el modelo en principio pretendía ser universal, pasa a ser únicamente un elemento de desempleo. Se convierte - dicho de una manera llana - en una especie de tercera prestación del ámbito de la Seguridad Social, distinta de las prestaciones de desempleo contributivas y asistenciales que actualmente existen. Eso nos lleva a otra valoración o a otra crítica, si se prefiere, que es que con esa caracterización ha de ser entendida como una prestación de la Seguridad Social en el ámbito de las políticas no ya activas de empleo, sino pasivas de empleo. Se vuelven a solapar nuevamente ámbitos materiales de éxito en el marco de la Seguridad Social con el ámbito no contributivo, en este caso, y lo que hace de alguna manera es legitimar una antigua reivindicación que desde el País Vasco se ha sostenido: la interrelación entre las políticas activas y las políticas pasivas de empleo, como bien acaba de recordar el señor Campuzano hace un momento desde esta misma tribuna. Esto nos lleva a recordar una vieja reivindicación de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se actualiza con este diseño, porque si vamos a gestionar bajo el ámbito de la Seguridad Social esta tercera prestación y la vamos a caracterizar en principio como una prestación de políticas pasivas de empleo, que a su vez está conectada con políticas activas de empleo que se han desarrollado de forma acertada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, resulta no solo legítima sino necesaria y materialmente eficaz la posibilidad de señalar - si es que se materializara esta construcción jurídica - la inmediata transferencia, al menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que pudiera gestionarse su éxito en cierta medida. Por eso, señorías, al margen de otras muchas consideraciones que podríamos hacer sobre su articulado, queríamos hacer al menos una lectura positiva del texto en el sentido de que aporta soluciones a situaciones de desigualdad, situaciones que ciertamente se producen con diferentes grados de intensidad en diferentes lugares del Estado. También aportaría, en su caso, una solución en el plano competencial a determinados debates que hoy se nos antojan inútiles y estériles y que podrían ser efectivos si se reconociera esa competencia al menos a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sirva en todo caso esta crítica como una aportación al debate, un debate que entendemos que se ha de reproducir en el seno de la Comisión correspondiente y se ha de aprobar en esta sede parlamentaria. Señalo por ello, señorías, que nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], va a votar a favor de esta iniciativa, que esperamos que pueda ser debatida con independencia del resultado final. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, compañeros de las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y José María Álvarez. Molt benvinguts. Agradecemos muy sinceramente a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, UGT y Comisiones Obreras, la iniciativa legislativa popular que nos presentaron ya el pasado 19 de enero, una ILP avalada por unas 700.000 firmas. Aprovechamos para dar las gracias también a los miles de militantes obreros que dedicaron su tiempo a explicar y a recoger firmas para que hoy tomemos en consideración la proposición de ley de una prestación mínima de ingresos a los desempleados que han agotado su prestación y cuyas rentas sean inferiores al 75 % del salario mínimo interprofesional - esto es, unos 5.837 euros -, siendo su cuantía de 426 euros. Es una iniciativa que esperamos que hoy tenga la mayoría de los votos favorables. Nuestro voto será favorable. De hecho, Esquerra Republicana de Catalunya ya ha propuesto iniciativas similares varias veces desde el año 2004 y han sido tumbadas todas; hoy parece que podemos ganar. Nuestro voto va a ser favorable a que se tramite esta proposición de ley por diferentes razones. La primera, porque es una iniciativa legislativa popular, es decir, que viene avalada por centenares de miles de personas que han firmado y nos han interpelado para que legislemos sobre un problema social que es inaplazable. Así, ya solo por tratarse de una iniciativa legislativa popular nos merece el máximo de los respetos y nuestro apoyo para que se tramite y salga a debate. Además, compartimos el diagnóstico que hacen las organizaciones sindicales sobre la situación dramática por la que están pasando centenares de miles de personas del Reino de España, para las cuales no entrar o poder salir de la exclusión social, aparte de muchas otras interrogaciones políticas, depende de que una ley de las características de la que nos proponen hoy los promotores se llegue a aprobar. Coincidimos también en que necesitamos una nueva prestación social, porque sabemos que la renta mínima no es la solución al problema de pobreza y exclusión social de millones de personas. Los problemas de pobreza es evidente que tienen sus causas en las políticas económicas desarrolladas en los últimos años por los últimos Gobiernos y sus famosas reformas económicas y reformas sociolaborales. Hay que pasar de los discursos a los votos. Lo más importante para Esquerra Republicana de Catalunya es atacar las causas de la pobreza, del desempleo y de la precariedad. Mientras atacamos esas causas, mientras no se cambien estas nefastas políticas económicas, y parece ser que en el Reino de España no hay mayoría progresista para hacerlo, mientras tanto, cualquier medida destinada a paliar tanto sufrimiento tendrá nuestro apoyo siempre, siempre y siempre. Según la última EPA, los hogares que tienen a todos sus miembros activos sin ingresos afectan a casi 1.400.000 personas, que necesitan soluciones y prestaciones paliativas inmediatas. Mientras, las verdaderas soluciones no llegan. Las crisis provocadas por el sistema financiero y sus cómplices políticos por activa y por pasiva, las reformas laborales, han dejado un rastro de precariedad monumental produciendo un aumento de los niveles de desigualdad hasta situar a cerca del 30 % de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social, un 30 % que necesita soluciones y prestaciones paliativas mientras las verdaderas soluciones no llegan. Con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger a todos los ciudadanos que se encuentran en situación de precariedad. En primer lugar, se debe revisar por completo el sistema de protección social. Un ejemplo de lo que decimos sería el Iprem, el índice empleado en el Reino de España como referencia para la concesión de ayudas del Estado, comunidades y ayuntamientos en cuanto a becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros, que ha quedado absolutamente desfasado. Este índice, nacido en el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas, fue un golpe muy duro para las clases trabajadoras que aún pagamos, porque el Iprem ha ido creciendo a un ritmo mucho menor que el salario mínimo interprofesional, restringiendo así el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas, y encima permanece congelado desde hace más de siete años. Consecuencias: más pobreza y más exclusión social, porque estamos perdiendo protección social, entre otros muchos derechos que debemos recuperar, y tenemos que ponernos las pilas si queremos conseguirlo. En segundo lugar porque, como hemos dicho y han dicho los promotores de la proposición de ley, es necesario una nueva prestación para todos aquellos que no tienen prácticamente nada, y esa realidad es para nosotros una obligación política y de justicia social que debemos solucionar y paliar. Nos exige ampliar y completar los sistemas de protección social y seguridad económica para que garanticen que ningún individuo carezca de unos ingresos mínimos para vivir. Como ya dije en la Comisión, un Estado, un Gobierno, un congreso que no solucione el problema del trabajo digno y que no proteja a aquellos que quedan fuera del sistema económico y social, o son un mal Gobierno para la mayoría, o es una democracia ineficaz, o el sistema económico y social en el que estamos inmersos no vale. No hay más, a mi modo de ver. Por todo ello, debemos dar respuesta a las preguntas clave. ¿Qué protección deben recibir las personas que han agotado todas sus prestaciones sociales y no disponen de ningún tipo de recurso? ¿Qué protección deben recibir aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la situación legal de desempleo pero a los que el actual diseño de la prestación no les permite acceder a ningún tipo de rentas? Pues bien, gracias a esta iniciativa legislativa popular, hoy tenemos la oportunidad de contar con una propuesta de ley que en el trámite parlamentario deberá sortear todos los obstáculos, ya sean competenciales, presupuestarios, legales, etcétera, porque de nosotros depende el presente y el futuro de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a los 5.837 euros anuales. De nosotros depende dar cumplimiento a un principio básico de los derechos humanos, como es el de hacer todo lo posible para que toda persona pueda tener una vida digna, que disfruten de cobertura social las personas que han agotado las prestaciones por desocupación. Y lo dejo aquí porque tiempo tendremos para el debate en forma de ley, si se toma en consideración - que esperamos que sí -, para discutir si debe ser una renta básica, una renta mínima o un seguro de desempleo indefinido. Ahora bien, que la renta básica no sea como un paliativo de control social, sino que simplemente sea una herramienta de protección, no para acompañar esta ola neoliberal que está lanzando a tanta gente a la pobreza. Precisamente por ello, no debemos olvidarnos de que es imprescindible unir esfuerzos en esta Cámara para recuperar los derechos sociales, laborales y civiles que nos han quitado los últimos años y que seguimos perdiendo con esta gran coalición en la sombra que ha permitido y permite este Gobierno y sus políticas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Gracias, presidenta. Señorías, la proposición de ley que nos trae aquí el PSOE de la mano de los sindicatos, que están también hoy aquí y a los que doy la bienvenida, aborda la cuestión de las rentas mínimas, consecuencia también de una iniciativa legislativa popular. El debate teórico sobre la renta básica que planteaba el filósofo Philippe van Parijs es un debate muy interesante. Van Parijs decía: Tú debes tener derecho a una renta universal, independientemente de si te pasas la vida surfeando en las playas de Santa Bárbara o de Santa Mónica o si estás trabajando catorce horas en la obra. Es un debate, como digo, intelectualmente interesante y que se puede abordar. Podemos comenzó, de hecho, con una propuesta de renta básica universal que luego, con el tiempo, ha evolucionado y que ha ido alterando en sus múltiples programas y reduciendo en tamaño porque ha entendido que existe una restricción presupuestaria y que las economías modernas, para funcionar en Europa, necesitan asumir una serie de restricciones. Incluso el señor Errejón el otro día hablaba de proponer un complemento salarial como el de Ciudadanos. Si sigue usted por esa vía, probablemente acabará usted también siendo del IBEX 35, como Ciudadanos. Me preocupa, hablando un poco más en serio, que el PSOE, que es un partido moderado, centrado y progresista, traiga a esta Cámara propuestas que, aunque puedan sonar muy bien, saben ustedes de sobra que no se pueden pagar, que no se pueden financiar en el contexto presente. Creo honestamente, señor Simancas, que es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y por hacer promesas que no se pueden cumplir. Creo que ustedes deben estar en el campo de la gobernabilidad, de las políticas posibles, de las políticas viables que cambian de verdad la vida de la gente, y no en las promesas de humo que hace el Partido de Podemos. [[Aplausos]] De hecho, son precisamente las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección, las que generan desconfianza en los políticos y las que acaban generando un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo. Creo que ya en el mundo tenemos suficiente populismo y también en las propuestas y en las políticas que se proponen en esta Cámara. Yo diría que las rentas mínimas tienen esencialmente tres problemas. El primero, como decía, es de dinero, el segundo es de incentivos y el tercero, y quizá más importante, es de concepto. La propuesta que trae aquí el PSOE vale entre 12.000 y 15.000 millones, según los cálculos, y da la casualidad de que esa cifra es exactamente el ajuste que necesitamos hacer este año para pasar del 4,6 al 3,1, pero en dirección contraria. Por tanto, el PSOE tendría que explicar, si trata a los ciudadanos como adultos, cómo piensa financiar esa medida. ¿Qué prefieren, subir los impuestos, como ha hecho el Partido Popular hace poco? ¿Cuál? ¿El IVA? ¿Subir el IVA al 25 %? ¿Subir el IRPF? ¿O prefieren, quizás, hacer recortes sociales, como ha venido haciendo el Partido Popular los últimos años para financiar eso, esencialmente en educación y en sanidad? Como ustedes tampoco quieren recortar en diputaciones, en duplicidades y en burocracia en este país, tendrán que explicar cómo financiarlo. Hay una alternativa más. Pueden ustedes decidir no hacer absolutamente nada, y entonces pasa como en Grecia, que pierdes la confianza de los que te están financiando la deuda, se dispara la deuda y te acabas gastando el dinero que te querías gastar en hospitales y en escuelas en pagar los intereses de la deuda. [[Aplausos]] Como decía, el segundo problema que tienen las rentas mínimas es de incentivos. ¿Si tengo unos recursos limitados, qué prefiero hacer para mejorar la vida de la gente, utilizarlos para crear unas políticas que realmente funcionen, que realmente sean de formación, que realmente acompañen a los parados para poder salir del agujero o prefiero simplemente darles una paga y esperar a que salgan del agujero? Yo, señor Simancas, ya se lo digo de antemano, prefiero ofrecer oportunidades que pagas; oportunidades a través de buenas políticas públicas, buenas políticas activas y rentas de reinserción, como viene en nuestro acuerdo con el PSOE y con el Partido Popular, para que las personas puedan desarrollar realmente una vida digna. Y se lo digo con toda honestidad. Pienso que las personas que están en situación de vulnerabilidad y de pobreza también quieren oportunidades y no rentas. Realmente lo pienso. La tercera razón por la que creo que la renta mínima no es una buena idea de fondo es básicamente política. Este debate refleja una diferente visión de la sociedad que queremos. En parte usted, con este tipo de políticas, usted ofrece una sociedad rentista y yo quiero una sociedad de oportunidades. En mi opinión, la renta mínima es antiliberal y antiprogresista. Nosotros, insisto, preferimos las oportunidades y el progreso a crear sociedades rentistas y de dependencia. Quiero una sociedad en la que los ciudadanos puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de dónde hayan nacido. Hoy en España tienes una probabilidad diez veces mayor de repetir curso si vienes de una familia desfavorecida que si no. En todas las negociaciones que he mantenido con el Partido Socialista y en las conversaciones que hemos tenido todavía no he escuchado ninguna política innovadora para ampliar las oportunidades en educación y hacer cambios profundos que permitan a más gente acceder a la educación y, por tanto, desarrollar una vida futura con más oportunidades. Quiero una sociedad en la que los cursos de formación sirvan realmente para cambiar y para tener una esperanza de encontrar un trabajo. Hoy hay más de un millón de personas que llevan cuatro años sin trabajar, las tasas de reinserción de los parados de larga duración son absolutamente ridículas y las políticas activas nos cuestan a los españoles 7.000 millones de euros al año. ¿Por qué no se centra el PSOE en mejorar esas políticas activas, donde hay tantísimo dinero, y convertirlas en itinerarios de perfilado y de orientación de los parados de larga duración para que puedan tener una oportunidad en la vida, en vez de ofrecerles una renta mínima? Le voy a contestar yo: me da la sensación de que es más fácil, cuando se tienen mochilas, prometer rentas mínimas, que son gratis - vienes aquí, prometes, suena muy bien -, y que es mucho más difícil ser ambicioso y valiente y querer reformar las cosas utilizando el dinero que tenemos. No creo que los millones de parados jóvenes de este país estén esperando a que ustedes les den una renta mínima. Lo que quieren es conseguir un empleo y acabar con el sistema dual que les tiene permanentemente bloqueados en el mercado laboral. Quiero una sociedad que no deje a nadie atrás, y por eso creo en políticas viables que ofrecen salidas efectivas al desempleo y que no perpetúan las trampas de pobreza. Y como quiero cambios reales, negocio, hablo con los otros partidos y trato de conseguir acuerdos. Así lo hemos hecho para cambiar la vida de los más vulnerables, hemos conseguido - es una pena que hoy no esté la ministra de Empleo aquí - acordar un complemento salarial para jóvenes, punto 61 del acuerdo. Y si ustedes permiten que haya un presupuesto, se implementará y cambiará la vida de cientos de miles de jóvenes en este país. También hemos conseguido acordar una ampliación de seis meses del Programa de activación para el empleo - punto 42 del acuerdo - y que tenga muchísima más dotación de recursos, que se destinarán básicamente a la gente para la que usted propone esta renta, pero con una política de activación buena, con un perfilado, con un sistema de orientación que permita el reenganche. En definitiva, señor Simancas, entiendo y comparto su preocupación, pero creo que propone una mala solución. Tenemos que estar aquí para plantear políticas que ofrezcan una palanca de salida a la pobreza y que no perpetúen las trampas de pobreza. Por tanto, le anticipo que nuestro partido va a votar en contra de la toma en consideración, simplemente porque creemos que esta política no es viable. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a los sindicatos y a los 700.000 firmantes que hayan traído al Congreso esta iniciativa legislativa popular. Se nota que cuando el pueblo participa en la elaboración normativa no se traen aquí leyes para rescatar a bancos sino que se traen leyes para rescatar a personas, y eso se agradece. Se trata de una ILP que puede servir para garantizar unos ingresos mínimos a 1.330.000 personas que aún viven en hogares sin ningún tipo de ingresos y que buscan paliar, aunque sea mínimamente, la brecha que dejan cinco años de la apisonadora social del Partido Popular. Pero esta brecha ya la arrastrábamos de antes. Es curioso ver aquí al Partido Socialista haciendo un discurso con aspavientos ante esta alta desigualdad y esta pobreza cuando ha sido cómplice en muchos casos de los elevados índices de pobreza y desigualdad en este país. Para muestra un botón, el caso de Andalucía, donde el índice Arope está un 10 % por encima de la media del resto del Estado. En España hay ya 1.700.000 parados de larga duración, una cifra que es un 600 % superior a la que teníamos en 2007. Este incremento disparatado no tiene precedentes en ningún otro sitio de la Unión Europea y, en ausencia de otro sistema que garantice unos ingresos mínimos, dispara la desigualdad y la población en riesgo de pobreza. Este Gobierno se ha recordado como el que nos situó a la cabeza de Europa en los vergonzosos rankings de pobreza y desigualdad. La crisis de su gestión ha conllevado una redistribución regresiva de la renta. Mientras el 10 % de las familias más pobres han visto cómo su renta media caía desde 2007 en 800 euros, el 10 % de los más ricos han visto cómo aumentaba en 2.500 euros durante este periodo. Si en este gráfico pudiéramos incluir el 1 % de los más ricos, no habría lugar para que aparecieran, porque no cabrían en esta hoja. [[Muestra un gráfico]] Hoy Ciudadanos y el Partido Popular van a votar aquí en contra de que se tramite esta ILP. Los números son fríos, pero este es un problema de carne y hueso y por eso quería ponerle piel en esta intervención. Votando que no a esta ILP no solo van a decir que no quieren ni oír hablar de combatir la pobreza y la exclusión, van a decirle que no tiene derecho a unos ingresos mínimos a gente como Ángela, una asturiana de cuarenta y siete años que, tras veinticinco años trabajando de autónoma de sol a sol en una tienda, tuvo que cerrar al inicio de la crisis, y ahora mismo no solamente no recibe ningún tipo de prestación, sino que tiene deudas de su época de autónoma y el Estado no le garantiza una segunda oportunidad. Votando que no le van a decir que no también a Antonio, de Barcelona. En 2012 cerró la empresa donde trabajaba después de treinta y dos años cotizados y en 2014, al finalizar los veinticuatro meses de desempleo y ya con cincuenta y dos años, ya que los ingresos de su unidad familiar no llegaban al 75 % del SMI, solicita el subsidio y le es denegado porque su esposa percibe un salario de 1.150 euros. Han tenido que vender el piso para salir adelante. Van a decirle que no también a Sonia, ecuatoriana de cincuenta y seis años, que se vino a España con diecisiete, trabajó y cotizó en hostelería encadenando contratos en restaurantes de la Costa del Sol y de Madrid. Hace cuatro años se quedó sin trabajo y ahora no recibe ningún tipo de prestación. Trabaja sin contrato por 350 euros cuidando a una señora mayor. En definitiva, van a decir que no a 720.000 hogares que hicieron los deberes, que cumplieron con sus obligaciones y a los que ahora la Administración deja en la estacada, y van a decirles que votarán que no a tramitar esta ILP porque nos desvía de los objetivos de déficit, porque no se puede pagar. Expliquen a Sonia, a Antonio y a Ángela que no se puede pagar mientras hace un par de semanas conocíamos a través de Intermón Oxfam que Amancio Ortega, su hija y el presidente de Mercadona, Juan Roig, juntos, cobran lo mismo que todos los habitantes de Cataluña y de la Comunidad de Madrid; mientras ayer conocíamos que el patrimonio conjunto de los doscientos más ricos ha crecido en 60.000 millones de euros en los últimos dos años; mientras sabemos que las grandes empresas pagan el 6 % del tipo efectivo de sociedades frente al 17 % que terminan pagando autónomos y trabajadores por renta; mientras sabemos que el 90 % del fraude fiscal se concentra en grandes empresas y fortunas y se escapa de las manos de autoridades tributarias por falta de recursos en la Agencia Tributaria. Explíquennos por qué han votado que no a esta ILP y luego díganles que ustedes son unos patriotas y que somos nosotros los que queremos romper España. No, señores, España ya está rota y la han roto ustedes con sus políticas y nosotros hemos venido para coserla. [[Aplausos]] Afortunadamente, hoy no necesitamos que digan que sí Ciudadanos y el Partido Popular porque, como se va a volver a demostrar, aquí debería existir una mayoría suficiente para poner en marcha políticas alternativas, incluso para un Gobierno, si no lo hubiera dinamitado la gran coalición instigada por Susana Díaz y Javier Fernández. Por desgracia, el PSOE ha preferido gran coalición los martes y oposición pactada los jueves. Lo que hoy se empieza a tramitar es un avance en la dirección adecuada. Sin embargo, parece que tanto PP como PSOE ya tienen planes para obstruir la aplicación de la ley. Esperamos equivocarnos, pero parece que van a ponerse de acuerdo para que esta ley no se pueda aplicar hasta que haya nuevos presupuestos, unos presupuestos que nadie sabe cuándo se van a presentar. Estamos hablando de una medida que tiene un coste de entre 6.000 y 10.000 millones. No se pusieron tan quisquillosos cuando rescataron a la banca con 60.000 millones ni cuando rescataron las autopistas con 5.500. Llevan muchos años socializando las pérdidas y privatizando beneficios, pero la sociedad ya ha venido aquí a pedir que le demos la vuelta a la tortilla. Como no podía ser de otra forma, nosotros vamos a votar a favor de esta ILP, pero con el objetivo claro de mejorarla durante su tramitación, porque consideramos que hay que ampliar la cobertura y porque 426 euros al mes no es una cantidad suficiente, ya que no permite salir del umbral de la pobreza. Nosotros proponemos aumentarla hasta que se acerque a dicho umbral, en torno a los 660 euros, para acabar definitivamente con la exclusión social en este país. No estamos pidiendo la luna, estamos haciéndonos eco de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de rentas mínimas y planteamos hacer extensivo a todo el Estado algo que ya es una realidad en el País Vasco. Solo es cuestión de voluntad política y esperamos que la haya en la tramitación de esta ILP. Hay que abordar los ingresos mínimos por ética, porque para ejercer la condición de ciudadanía es imprescindible garantizar unos ingresos materiales mínimos, pero también por una cuestión económica. El desbocado incremento de la desigualdad que tiene España desde que iniciaron la estrategia de evaluación interna ahoga la demanda interna y hace que deje de ser atractiva para desarrollar sectores innovadores, impidiendo un crecimiento sostenible y condenándonos al modelo de sol y playa de por vida. Los problemas de hoy no pueden resolverse con recetas del pasado. Señores del Partido Popular y Ciudadanos - Toni, presta atención -, sus economistas de cabecera, si es que los leen, dicen que salario tiene que ser igual a productividad. Sin embargo, ya se ha producido un descuelgue entre trabajo, productividad y salarios. [[Muestra un gráfico]] Este gráfico se lo explica. Las nuevas tecnologías, como saben, permiten producir más con menos trabajo. ¿Dónde ha ido a parar este incremento de la productividad? Este incremento de la productividad ha ido a parar a las rentas altas, ha ido a parar a los grandes empresarios. Si la tendencia continúa con el avance de la robotización de las actividades industriales y también de los servicios, esta brecha no va a parar de aumentar entre productividad y empleo. Además, al desmantelar la negociación colectiva, con la reforma laboral tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que es la herramienta que posibilita que los incrementos de la productividad se repartan a los trabajadores, esta brecha va a seguir aumentando. La ILP de ingresos mínimos, como su propio nombre indica, es una cuestión de mínimos, pero el debate que se va a abrir en la tramitación de esta ley permitirá abrir el camino al debate y la reflexión en estas Cortes Generales sobre la renta básica. Decía Heiner Müller que el primer semblante de lo nuevo es el espanto. ¿Se acuerdan, señores de Ciudadanos y del PP cuando decían que éramos unos antisistema por plantear el horizonte de esta propuesta? ¿Qué les ha parecido cuando sus amigos en Davos y en Silicon Valley plantean defenderla? En Finlandia ya han comenzado a ponerla en marcha y creo que no han tenido que poner francotiradores en la frontera como decía José Carlos Díez. [[Aplausos]] Veremos cómo progresa el debate en el resto de países, pero si no la aprobamos aquí antes igual hay que transponerla de una directiva europea. Para finalizar, quiero recordarles que en el siglo XIX educación y sanidad públicas parecían una utopía y, a pesar de muchos de ustedes, hoy son una realidad. Como decía Galeano, la utopía es un horizonte. Caminas dos pasos, se aleja dos pasos y el horizonte se aleja hasta diez pasos más allá. Pero, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar, así que sigamos caminando. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares.
Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de comenzar, queremos trasladar el pésame del Grupo Parlamentario Popular al Grupo Parlamentario Socialista por el fallecimiento de su compañero, nuestro compañero, José Antonio Alonso. También queremos dar la bienvenida a los representantes de las organizaciones sindicales que han sido los promotores de esta iniciativa popular. Asimismo, no quiero dejar de volver a repetir al señor Simancas algo que ya le dije en otra intervención sobre salario mínimo: ha de tener valor para hablar de desigualdad y de desempleo alguien del Partido Socialista, que dejó tres millones y medio de parados cuando finalizó su Gobierno. [[Protestas.-Aplausos]] Tampoco puedo dejar de destacar esos momentos de Paco Martínez Soria que hemos vivido hoy, recordándome ciertas películas de los años sesenta y setenta en las que se ponía en ridículo el crecimiento económico y las nuevas tecnologías y lo que eso aporta al nivel de vida de las personas y los trabajadores. Les recomiendo que vean alguna película de esa época. Continúo con esta iniciativa. Como ya se ha dicho, se nos presenta hoy el debate sobre si debe seguir trámite esta iniciativa destinada a garantizar unos ingresos mínimos, en concreto 426 euros, que podrán ser incrementados en función de características familiares. Señorías, ante esta propuesta lo primero que debemos preguntarnos es si es posible, es decir, si esta es una propuesta asumible. Para ello debemos tener en cuenta el número potencial de beneficiarios de la prestación y, a partir de ello, los recursos que serán necesarios aportar desde los presupuestos del Estado para dar respuesta a los mismos. Lo primero que sería necesario determinar es el número de beneficiarios, presentes y futuros. La Unión General de Trabajadores lo establece en 2,1 millones, Comisiones Obreras lo cifra en 2,4, estimaciones de expertos lo elevan hasta 4 millones e incluso podría estar entre los 8 y 10 millones de personas que podrían llegar a cumplir los requisitos, porque, señorías, si leen claramente la iniciativa, verán que los requisitos no son tan claros. Señorías, estas son estimaciones en un momento inicial, ya que no se debe olvidar el efecto llamada que se produciría a residentes en todos los Estados miembros en los que no existe esta prestación. Desde un punto de vista económico, ¿en cuánto se traduce? Pues entre los 12.000 millones de euros que establece Comisiones y los 50.000 millones que establecen otras estimaciones. Como decía al inicio de mi intervención, ¿es esto asumible? Como todos conocemos, esta Cámara ha acordado por una amplia mayoría unos objetivos de estabilidad presupuestaria de aquí al año 2020. Nuestro déficit no podrá superar unos determinados porcentajes del PIB y esto supone que cualquier medida que se acuerde debe tener en cuenta que la diferencia entre los ingresos y los gastos de todas las administraciones públicas no podrá superar esos porcentajes. Esta medida objeto de debate supondría, en el escenario menos ambicioso, incorporar un gasto estructural de 12.000 millones de euros. Sigo preguntándoles, ¿cómo se cubriría este gasto adicional? Existen dos vías posibles: en primer lugar, trasladar el gasto a otros programas, es decir, reducir partidas, y entonces les pregunto, ¿qué partidas? ¿Reducirían pensiones, servicios sociales y de promoción, políticas de vivienda, educación, sanidad? ¿O es posible que prefieran reducir las transferencias a las comunidades autónomas? Créanme, señorías, no existe margen de maniobra. Las partidas que les acabo de mencionar más los intereses de la deuda representan el 85 % del presupuesto del Estado y el 15 % restante hace referencia a esas infraestructuras que todos demandamos - esto también se lo digo al portavoz de UPN, esas infraestructuras que todos demandamos -, a las medidas de seguridad ciudadana, justicia, defensa, agricultura, políticas de carácter económico. Señorías, ¿de dónde obtendrían esos 12.000 millones de euros? La segunda posibilidad sería incrementar los impuestos. Por cuantificar de qué estamos hablando, de acuerdo con las estimaciones de previsiones de recaudación del impuesto sobre sociedades para el año 2017, si lo imputásemos todo a este impuesto, tendríamos que incrementar su recaudación en más de un 47 %. Si lo hiciésemos con el IRPF, en más de un 15 % y si lo hiciésemos con el IVA estaríamos hablando de casi un 18 %. Es decir, en cualquier caso, más pobreza para las familias, ya que disminuiría su renta disponible, y menor competitividad para las empresas que se traduciría en desempleo. Vuelvo a preguntar, ¿de dónde obtendrían esos 12.000 millones? ¿Y si en vez de 12.000 fuesen 50.000? A partir de lo presentado, ya saben cuál va a ser el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular, el voto a la tramitación de esta iniciativa va a ser un voto responsable, porque, señorías, no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde el principio que no es viable. Señorías, todos conocemos una palabra y el significado de esa palabra, que es demagogia, pero yo voy a recordarlo hoy en esta Cámara: 'Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder'. Y hoy, señorías, en este Pleno, estamos asistiendo a una excelente representación de lo que significa la palabra demagogia. ¿O no es demagogo el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista? Cuando hoy voten a favor de esta iniciativa, ¿quién vota? ¿El planteamiento del portavoz que ha defendido hoy esta propuesta o el planteamiento del denominado por los medios nuevo gurú económico del partido, coordinador de la propuesta económica de cara al congreso federal, el señor Díez? Hoy se ha mencionado aquí esa famosa ya intervención en un medio de comunicación, donde decía - y cito textualmente -: 'Si tú pones una renta básica aquí, vas a dejar total libertad de entrada de personas porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica ni el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores...'. Pero podemos ir más allá. El señor Díez publicó una entrada en su blog el pasado 8 de enero, denominada Renta básica universal y el experimento finlandés: ¡imposible en España! Señor González, no hable del caso de Finlandia porque sabe usted que es un experimento económico que se ha puesto en marcha con dos mil personas para ver cómo afecta al comportamiento. No es una renta básica, es un experimento desde el punto de vista científico. Por tanto, no hable de ese caso, no ponga ese ejemplo, ni tergiverse como lo ha hecho. Pero continuando con la entrada del señor Díez, finaliza de la siguiente forma: 'Un consejo, querido lector: El próximo que te hable de renta básica universal y de Finlandia y diga que hay que hacerlo en España, aléjate de él. O por táctica política quiere embaucarte para que le votes o es un soñador alejado de la realidad o tiene pocos conocimientos de cómo funciona la economía'. Siguiendo las palabras del señor Díez, señor portavoz del Partido Socialista, ¿dónde se coloca? ¿Se coloca entre los que tienen pocos conocimientos económicos, los soñadores alejados de la realidad o entre los embaucadores en busca de votos? [[Aplausos]] Yo se lo planteo, porque estamos hablando de un compañero. Demagogia es lo defendido hoy por los portavoces de Esquerra, Partido Demócrata de Cataluña y PNV. ¿Están ustedes de acuerdo con la recentralización de una competencia? ¿Están ustedes de acuerdo con que sus comunidades, tan celosas no solo del diseño y gestión de sus competencias, sino firmes defensoras incluso de su derecho a la independencia, renuncien a algo que ahora les es propio? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma que ha presentado cincuenta y tres impugnaciones ante el Tribunal Constitucional dentro de las cuales hay un número significativo por vulnerar competencias autonómicas en materia de asistencia social vote a favor de la recentralización? Señorías, hoy hemos asistido a un juego de demagogia y el Partido Popular no va a participar en ese juego. Nosotros, por respeto a las 700.000 personas que han firmado esta iniciativa popular, no vamos a decirles que es posible algo que es absolutamente imposible y eso deberá explicárselo quien diseñó esta iniciativa. Podemos hablar del pasado, de los 2.500 euros del Zapatero, de los 400 euros que solo se pagaron una vez, del famoso planE que nos llevó a la quiebra y al desempleo. Pero el Partido Popular desea otra cosa. Señorías, el Partido Popular seguirá trabajando con lo comprometido: Llegar a 20 millones de personas trabajando en el año 2020. Los datos de la EPA, a día de hoy, también nos lo dicen: Tenemos 569.800 personas trabajando más que hace un año. Eso es lo que nos dicen los datos de hoy. Finalizo, señora presidenta. En el camino continuaremos acompañando a todos aquellos a los que no les ha llegado la recuperación. Continuaremos con el Plan Prepara, la renta de activación para el empleo y todos los programas sociales que permiten que catorce millones de españoles reciban alguna prestación. Eso, señorías, son realidades, no demagogia. Eso es lo que se nos demanda y en ello debemos trabajar: soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire. Muchas gracias. [[Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos, a continuación, a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Tremiño Gómez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las personas y en todos los aspectos de la vida. Esto, señorías, que parece una obviedad, que nadie se atrevería a objetar, que sin lugar a dudas ninguno de ustedes defendería lo contrario y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, es y debe seguir siendo el compromiso de todos nosotros, de todos los diputados y diputadas que estamos hoy aquí. Puedo decir que es mi compromiso personal y también puedo decir que es el compromiso de mi grupo político, de mi grupo parlamentario, porque fue - lo he dicho muchas veces y lo repito hoy también - el primer partido político que confió en las personas con discapacidad para puestos de responsabilidad tanto en este Congreso como en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en el Ejecutivo. [[Aplausos]] A fecha de hoy, señorías, sigue siendo el primer partido con más personas con discapacidad entre sus filas con puestos de responsabilidad, a fecha de hoy lo sigue siendo. Palabras, pero hechos también, señorías. Es nuestro compromiso porque así lo recoge la Constitución en su artículo 1, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, y debe ser nuestro compromiso porque también la Constitución en el artículo 9 mandata a los poderes públicos promover las condiciones reales y efectivas de libertad e igualdad del individuo. Fruto de ese mandato, nació la Lismi, la Ley de integración social de minusválidos entonces, el 7 de abril de 1982, hoy refundida en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, promovido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero es que este país ha demostrado muchas veces su compromiso con la discapacidad, lo demostró porque fue el octavo Estado del mundo en ratificar la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, siendo a partir de ese momento, el año 2008, de obligado cumplimiento para todos nosotros y teniendo que adaptar a dicha convención toda nuestra legislación. Señorías, en los últimos cinco años - rectifico, sin contar el año 2016- veinticuatro leyes, seis reales decretos legislativos, dieciséis reales decretos y una orden ministerial, que hacen un total de cuarenta y siete normas de diferente rango, se han aprobado en materia de discapacidad, la mayor promulgación y publicación legislativa en materia de discapacidad desde la democracia en un Gobierno del Partido Popular. Estos datos, señorías, nos dan fe notarial de nuestro compromiso con la discapacidad. Entre esta profusa legislación, cabe destacar la aprobación de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que implicó medidas concretas con el objetivo de proteger mejor a las personas con discapacidad. Se modificó el artículo 56 del Código Civil con el fin de dotar de una mayor protección a las personas con discapacidad. Se realizó una adaptación a la convención, afectando tanto al régimen de la tutela y la curatela como a la nueva terminología en la que se abandonó el empleo de términos como incapaz o incapacitación y fueron sustituidos por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente. Créanme, señorías, que la terminología es muy importante y se lo dice una persona que en su día fue inválido. He sido durante muchos años inválido, luego tuve la gran suerte de pasar de inválido a disminuido y después tuve más suerte todavía y pasé a ser minusválido durante muchos años y otros términos que por respeto, señora presidenta, a esta Cámara no voy a mencionar. Pero es verdad que a fecha de hoy soy una persona con discapacidad, persona, en primer lugar, como todos ustedes, y con discapacidad, en segundo lugar. Es cierto que en lo que atañe a la modificación del artículo 56 y a su tenor literal, se podrían generar problemas interpretativos, y para evitarlos se aprobó la Resolución-circular de 23 de diciembre de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que determinaba básicamente que el dictamen médico solo sería necesario cuando la deficiencia afectara sustancialmente a la prestación del consentimiento por parte del contrayente con discapacidad. No obstante y a pesar de esta circular, el Grupo Popular cree necesario modificar la ley con el fin de suprimir las posibles restricciones legales, reforzando así una vez más la protección de las personas con discapacidad al establecer en una nueva redacción del artículo 56 novedades como acreditar previamente que se reúnen los requisitos de capacidad y no existencia de impedimentos, y sobre todo y más importante, que el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario, pueda recabar, si así lo considera, de las administraciones o, señorías, de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente. Y solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud - no de discapacidad; condición de salud, he aquí la diferencia - que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial, pese a las medidas de apoyo que ya he comentado antes, se recabaría el dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Con esta proposición, señorías, adaptamos nuestro ordenamiento jurídico a lo previsto en los artículos 12 y 23 de la Convención, y lo más importante, que es para lo que estamos todos nosotros aquí, atendemos la demanda de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad. Sus organizaciones, las organizaciones de las personas con discapacidad, han planteado a las fuerzas políticas, al legislador y al Gobierno de la nación, la modificación de este precepto. Señorías, con esta modificación no solo aclaramos la intención del legislador, sino que además conseguimos acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual. A partir de ahora, todas las personas con discapacidad podrán contraer matrimonio sin problema. Digo 'padecido' y quiero aclarar que las personas con discapacidad no padecemos discapacidad, tenemos discapacidad, sin más. Pero sí padecemos y muchas veces discriminación y en algunos casos de aquella manera. Hace veintidós años yo quise contraer matrimonio por la Iglesia, señorías, y pocos días antes el vicario general de mi diócesis nos llamó a mi mujer - mi novia entonces - y a mí y tuvimos una entrevista. Después de la entrevista, me dijo que no podía autorizar el matrimonio hasta que no le llevara un certificado de que yo podía consumar el matrimonio. Esto me pasó a mí, con lo cual sé lo que es discriminar. Si me hubiera pasado hoy, le habría dicho que si ese certificado se lo había pedido a todas las personas que se van a casar, pero entonces me callé, busqué un médico - el doctor Alberto de Pinto Benito, paraplejista y parapléjico, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo -, que tuvo que ir a hablar con el vicario y explicarle que yo podía perfectamente consumar el matrimonio. Por eso, porque lo he sufrido en mis propias carnes, les pido a todos que apoyen sin fisuras y sin dilación esta modificación legislativa. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos.-Algunas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se ponen en pie]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Como señalaba certeramente en su elocuente intervención el diputado pucelano señor Tremiño Gómez, estamos ante la reforma imprescindible, urgente y necesaria de una ley para actualizar y simplificar trámites y procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia pero para los que sí se necesita la intervención de un órgano judicial que tutele determinados derechos e intereses relativos al derecho civil y mercantil. Es una norma aprobada hace tan solo año y medio que ha provocado un efecto contrario al que se pretendía y que atañe a los derechos de las personas con determinadas discapacidades. Esta iniciativa del Grupo Popular impulsa la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para acomodarla a las exigencias en relación con los derechos de las personas con discapacidad y singularmente dar cabida a la convención internacional de la que España es firmante, aunque no hace falta acogerse a los tratados internacionales porque es una cuestión de pura democracia y de sentido común. Es una propuesta que también permite que las Cortes Generales atendamos las numerosas quejas y llamadas de atención de diferentes organizaciones cívicas relacionadas con la discapacidad, que tras analizar la reforma del Código Civil y los artículos que deberían entrar en vigor en el próximo mes de junio, detectaron que durante aquella tramitación legislativa de 2015 ningún grupo parlamentario ni en el Congreso ni en el Senado cayó en la cuenta de la palmaria discriminación que supone hacia personas discapacitadas la exigencia de dictamen médico para tramitar el consentimiento matrimonial en juzgados, registros civiles y notarías. De hecho, el Cermi, la Fiapas y la ONCE - por citar algunas organizaciones muy representativas - consideran que la ley trata a las personas ciegas o sordas como ciudadanos de segunda que precisan de consentimiento médico para poder contraer matrimonio. Así pues, lo que se pretende con esta toma en consideración va en el camino correcto para modificar la ley, eliminando obstáculos y límites a lo que, de no hacerlo, sería una obligación en el Registro Civil de exigir a discapacitados visuales y auditivos un informe médico para contraer matrimonio. Es una reforma que evitará los equívocos y las interpretaciones. De hecho, ante la polémica suscitada, incluso el Ministerio de Justicia hace algunas semanas trató de explicar la ley mediante una circular en la que se señalaba que la exigencia de dictamen médico solo se refería a supuestos absolutamente excepcionales de discapacidad. Por tanto, desde Foro vamos a apoyar esta iniciativa parlamentaria porque propicia un cambio necesario en el ordenamiento jurídico español, adapta la Ley de Jurisdicción Voluntaria a las exigencias de la convención internacional y aplica los más elementales principios democráticos, evitando la desigualdad entre españoles y eliminando las trabas y los muros legales que impedirían a las personas con discapacidad que pudieran representarse a sí mismas y tuvieran plenitud de derechos ante determinados actos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
Señorías, borrón y cuenta nueva. Este es el resumen que podemos hacer de la proposición de ley que ahora se nos trae aquí, pero lo que no hemos visto por parte del grupo proponente es que se emita un compromiso de dejar de utilizar si alguna vez vuelven a tener una mayoría absoluta - que espero que no - o volver a utilizarlo como un rodillo como pasó con la aprobación de la Ley 15/2015, y de esos polvos vienen estos lodos. Aquí lo que tenemos es una norma, la que ahora vamos a reformar, que es contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que es contraria a la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008 y, sobre todo - lo peor que le puede pasar a una norma -, es contraria al sentido común; además va en contra de un principio muy asentado desde hace tiempo en nuestro derecho, que es el de la presunción de la capacidad, y, asimismo, confunde la idea de consentimiento con la emisión de ese consentimiento en desprecio de los derechos de numerosísimas personas a las que se impide el libre acceso al matrimonio, otro derecho igualmente consagrado por nuestra Constitución. La norma que ahora vamos a reformar despide un tufo a esa ideología prepotente de la normalidad entre comillas que se permite relegar al cajón de sastre de la discriminación a quienes presenten alguna diversidad; diversidad que por cierto en la ley se califica como deficiencia, como deficiente. Por supuesto, vamos a votar a favor de esta toma en consideración porque los representantes de las personas con discapacidad han dicho públicamente que conviene aprobarla. Vamos a hacerlo así, pero en el futuro rogaría al Partido Popular que, si vuelve a tener una mayoría absoluta, la utilice con razonabilidad, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el Partit Demòcrata va a apoyar la admisión a trámite de esta proposición de ley que presenta el grupo de la mayoría. Vamos a decir que sí porque lo que se pretende no es otra cosa que rectificar, rectificar la modificación que se operó en el artículo 56 del Código Civil, que iba justamente en dirección contraria a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se ha explicado aquí. Se pretende - lo recoge el artículo actual que va a entrar en vigor, si no lo remediamos antes, en junio de 2017- exigir un certificado médico de idoneidad a las personas que tienen una discapacidad visual o sensorial en general. Tras escuchar a los diferentes intervinientes, así como la explicación del proponente del Grupo Popular, me ha surgido una pregunta: ¿A cuántas personas, señorías, no conocerán ustedes que se les debería exigir un certificado médico para poder acceder al matrimonio y que sin duda no tienen ninguna discapacidad aparente? Hay que rectificar, pues, estas leyes porque inciden en la desigualdad de las personas. Desde aquí quiero agradecer el trabajo del Cermi, que ha sido contundente y el abanderado en la lucha para poder conseguir esta modificación. Debemos apoyar esta proposición de ley, empezar el trámite en esta Cámara y hacer posible que en junio de 2017 no entre en vigor un artículo que atenta, como digo, contra los derechos de las personas con discapacidad y contra la convención internacional. Al Partit Demòcrata le gustaría profundizar en otra cuestión que le parece igualmente desequilibrante en relación con los derechos. Hoy en día las personas con alguna discapacidad sensorial necesitan testigos, por ejemplo, para otorgar testamento ante notario, lo que conculca un derecho fundamental: el derecho a la intimidad a la hora de disponer las últimas voluntades de una persona. En la actualidad hay muchos mecanismos para hacer accesibles estos testamentos, estas disposiciones de última voluntad, para ser revisados por el otorgante sin necesidad de que terceros testigos las escuchen. Por tanto, aprovecharíamos el trámite de modificación del artículo 56 para proponer a sus señorías, vía enmienda, que rectifiquemos esta necesidad de testigos cuando se otorgan actos de última voluntad ante notario por las personas que tienen alguna discapacidad sensorial. Como he dicho, votaremos sí a esta tramitación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, señora presidenta. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobada en julio de 2015, acabando la X Legislatura, fue un paradigma de una forma de gobernar en una época de mayoría absoluta del Partido Popular; una forma de gobernar que consistía en bastantes ocasiones en aprovechar la regulación de una materia para modificar aspectos de otras sin conexión con la materia principal y que suponía un auténtico atajo que en ocasiones puede estar justificado por razones de urgencia o por un principio de conexión, pero no como un modo ordinario de legislar. No solo porque se hurta el debate en profundidad de esos aspectos legales desconectados del debate principal, sino también porque se produce una auténtica inseguridad jurídica para los operadores al no estar avisados de las reformas realizadas, lo que fue solo enmendado en parte y con posterioridad por la versión que en la práctica nos ofrece el Boletín Oficial del Estado con sus textos consolidados. En la Ley de Jurisdicción Voluntaria se modificaron con sus disposiciones finales nada menos que diecinueve leyes; fue una auténtica ley ómnibus. Se modificaron el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Registro Civil. Se modificó una ley que aprobaba un Acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y, en el mismo sentido, con la Federación de Comunidades Judías de España y con la Comisión Islámica de España. Se modificaron la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley de Contrato de Seguro; la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria; la Ley del Notariado; la Ley Hipotecaria; la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión; la Ley de Sociedades de Capital; la Ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios; la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios; la Ley de Tasas, y una disposición final novena que aprobaba la gratuidad de los expedientes notariales y registrales. ¿Qué pasó? Pues que en la modificación de uno de los muchos artículos del Código Civil - se modificaron noventa y seis artículos del Código Civil - se cometió un grave error que consistió en equiparar las deficiencias mentales psíquicas y sensoriales a efectos de dictamen médico sobre la actitud del consentimiento para contraer matrimonio y también se determinó que toda deficiencia del tipo de intensidad que fuera requería informe médico. Esta regulación suponía una doble vulneración no solo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008, y su protocolo facultativo, sino también una vulneración - y esto es lo más grave - de la dignidad estas personas y de sus derechos humanos. Esta vulneración se trató de paliar ciertamente con una resolución-circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado a finales del año pasado, recluyendo la necesidad de dictamen médico a aquellos casos en que la deficiencia afecte de forma sustancial, evidente y de modo categórico a la prestación del consentimiento y cuando las medidas de apoyo dispuestas para facilitar interpretar y recepcionar el consentimiento de los contrayentes no fueran suficientes. En este sentido, ya adelantamos que votaremos favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley. [[La señora]] Para finalizar, quisiera destacar una cuestión menor pero que es llamativa. Se cometió un error y se pretendía subsanar, pero en esta proposición que se nos presenta vuelve a haber un error. Se cita que se modifica la disposición final cuarta en su apartado 5 respecto al artículo 58.5 de la Ley del Registro Civil y, en realidad, es el apartado 1 de esta disposición final cuarta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Legarda Uriarte. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Bon dia, presidenta. Diputades, diputats, hoy debatimos la toma en consideración del proyecto de ley que modifica dos preceptos contenidos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015, de 2 de julio: el artículo 56 del Código Civil y el artículo 58 de la Ley del Registro Civil. En esta modificación que se plantea, primero deberíamos insistir en un hecho importante que es también un toque de atención en la forma de legislar, vamos a modificar dos preceptos legales que aún no han entrado en vigor, entrarían en vigor el 30 de junio de 2017; es decir, modificamos dos preceptos legales que no han tenido vigencia. Esto ha sucedido - aquí ya se ha indicado con anterioridad - por el hecho de cómo se legisló en la X Legislatura, con procedimientos de urgencia sin dobles lecturas, sin pasar por el Senado. Por tanto, esa parte del receso de la actividad legislativa que debiera ser vigilar que no existan gazapos en las leyes y que no se produzcan - lo que hoy vamos a debatir aquí - conlleva vulneración de derechos fundamentales. Esto es verdaderamente para nota. En todo caso, tomemos nota. En su comparecencia en la Comisión Constitucional la vicepresidenta vino a decir que se imponía la necesidad de un receso en el proceso legislativo, que deberíamos legislar más y mejor. Es decir, el Partido Popular se ha visto abocado a parar en el proceso legislativo porque están en minoría, ya que si estuviesen en mayoría continuarían legislando como nos han enseñado que saben legislar. En todo caso, la exposición de motivos del proyecto de ley que ahora se toma en consideración se refiere también a la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, convención que fue aprobada en el año 2006 y ratificada por el Estado español en el año 2008. Insistiré en este aspecto, la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque significa una nueva concepción de los derechos humanos, una manera distinta de leerlos, entenderlos y aplicarlos desde la visión de las personas con discapacidad. Es evidente que la redacción dada tanto al artículo 56 del Código Civil como al 58 de la Ley del Registro Civil vulnera derechos fundamentales, discrimina a las personas con discapacidad para poder contraer matrimonio, limita la autonomía personal, la capacidad de decidir y, en definitiva, como decía, no se ajusta a las obligaciones que impone la Convención internacional de Naciones Unidas. En atención a lo que ha ocurrido con esta ley no está de más recordar que continúan indemnes otras leyes, como la legislación notarial y algunos de los artículos del Código Civil. Y en atención a lo que nos ha pasado no está de más recordar que la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es ley en el Estado español, es de directa aplicación y, como decía, esta obliga a que a la hora de legislar exista un cambio de perspectiva desde la visión de la discapacidad. En su artículo 1 la convención establece que su finalidad es promover, proteger y asegurar el goce pleno - insisto - y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad - vuelvo a insistir en ello -, y promover el respeto a su dignidad inherente a la condición de ser persona. Para ello, la convención obliga a proteger la igualdad de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, de manera que impone obligaciones a los Estados que la han ratificado o que la ratifiquen. En su artículo 4 la convención establece obligaciones generales, adoptar medidas legislativas, administrativas y aquellas otras que sean necesarias para hacer efectivos los derechos que la convención garantiza. En definitiva, el Estado español debe garantizar la no discriminación por motivos de discapacidad. Pues bien, en la X Legislatura se contravino la propia convención y, en consecuencia, la propia legislación interna del Estado español. La convención no reconoce derechos humanos nuevos, aclara las obligaciones y deberes que tienen los poderes públicos para poder garantizar que todas las personas, también las personas con discapacidad, ejerzan sus derechos en régimen de igualdad de oportunidades. Esquerra Republicana defiende y reivindica la importancia que para todas las personas, también para las personas con discapacidad, tienen la autonomía, la independencia individual, incluida la libertad, y la capacidad para poder tomar sus propias decisiones. El marco jurídico aún vigente - el que establece la ley que hoy pretendemos reformar y cuyo proceso legislativo para su reforma iniciamos - establece limitaciones a esta capacidad, establece una presunción de discapacidad. Pues ahora toca modificarlo. La actual redacción del proyecto de ley va en la línea del respeto íntegro de la Convención de Naciones Unidas, si bien sería bueno que en el trámite de enmiendas trabajáramos también, como apuntaba algún otro portavoz, en la modificación de aquellos preceptos del Código Civil que establecen límites, por ejemplo, en materia de otorgamiento de escritura pública y en materia testamentaria, a la posibilidad de hacerlo con intimidad, sin necesidad de testigos presentes que, en definitiva, limitan, y en este caso vulneran, derechos de las personas con discapacidad. Esquerra Republicana votará favor de esta iniciativa. Insisto, de nuevo, al igual que algunos portavoces de esta Cámara, en que esto es un toque de atención a la forma de legislar aplicando el rodillo parlamentario y acudiendo de forma habitual al procedimiento de urgencia, cuando determinados procesos y proyectos legislativos requieren cierta serenidad y un análisis de cada una de las palabras que se incorporan en los preceptos legales que luego deberán ser aplicables. En este caso, vuelvo a repetir, votaremos a favor. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Capella i Farré. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Tremiño, debo felicitarle por su intervención, por su compromiso personal y el de su grupo con los colectivos de la diversidad funcional. No voy a poner en duda su compromiso personal, pero en cuanto al compromiso de su grupo debo decirle que contrasta bastante con el e-mail que recibimos ayer y que contiene una nota de prensa del Cermi que se refiere a las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia para abordar esta cuestión como un arduo proceso de negociación. En Ciudadanos sabemos muy bien lo que significa un arduo proceso de negociación con el Grupo Popular para alcanzar compromisos. Me estoy refiriendo ahora, cómo no, a esos 150 compromisos para mejorar España que suscribimos con su grupo, dentro de los cuales, en concreto en el 76, recogemos exigencias relativas a la diversidad funcional, cuyo desarrollo es una preocupación para nuestro grupo, y que, además, ya tuvimos ocasión de poner negro sobre blanco en esta Cámara al aprobar una PNL, un texto transado, que defendió usted mismo, señor Tremiño, por lo que el Gobierno ya no solo cuenta con el compromiso de Ciudadanos para poner en marcha estos compromisos, sino que ahora tiene un mandato de toda la Cámara. [[El señor]] Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Partido Popular, una proposición de ley que viene a reformar una reforma que todavía no ha entrado en vigor; es decir, un ejercicio de rectificación. Es una rectificación que tenemos que recibir con agrado y que aplaudimos, puesto que si el espíritu de la norma era el de favorecer y facilitar el matrimonio de las personas con discapacidad, el tenor literal de la misma daba a entender justo lo contrario. La redacción que la Ley de Jurisdicción Voluntaria daba a este artículo 56 del Código Civil, que entrará en vigor el próximo 30 junio si no lo remediamos, exige un dictamen médico sobre la actitud para prestar el consentimiento a aquellos contrayentes afectados de deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales. O dicho de otro modo, el texto que se propone ahora reformar presumía la falta de capacidad legal de la mayoría de las personas con discapacidad, de la práctica totalidad de las personas con discapacidad, a excepción quizás de la discapacidad motórica, que parece que es la única que se libra de esta presunción en contra de la capacidad legal. Por calificarlo de algún modo, diré que la literalidad de la norma es insultantemente paternalista, así que bienvenida sea la rectificación que, como ya se ha puesto de manifiesto, ya ha hecho el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con esa resolución circular que rebaja la exigencia del dictamen médico a aquellos casos en que la deficiencia afecta de manera sustancial a la prestación del consentimiento. Esta rectificación continúa diciendo que, en tales casos, el funcionario celebrante podrá recabar los medios humanos, técnicos y materiales precisos que faciliten la emisión, la interpretación y la recepción de ese consentimiento. El Gobierno justificó esta circular aludiendo al año que venía ejerciendo en funciones y a que la tramitación parlamentaria llevaría su tiempo. Pero es que esta es una circular contra ley en la que se les está diciendo a los funcionarios celebrantes que no apliquen la ley en toda su literalidad porque no han calculado bien sus consecuencias, lo cual, si me permiten, es un déjà vu, es un fallo en matrix. Esto lo hemos vivido hace unos días con la instrucción del ministro Montoro relativa a los aplazamientos del IVA, con lo que vemos que la historia se repite. Así que sí, votaremos a favor de eliminar esta discriminación. Y digo discriminación porque la Convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad, ratificada y de obligado cumplimiento para España, reafirma la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Y ahora que hablamos de la convención, debo detenerme brevemente para poner de manifiesto qué lejos estamos todavía de cumplir con la misma. Se ha aludido aquí a que hay que reformar el Código Civil en lo relativo a las restricciones que impone a las personas con discapacidad para otorgar testamento, cuando las obliga a estar asistidas por dos testigos en una regulación tan paternalista como la que nos ocupa hoy. España tampoco está cumpliendo con sus compromisos relativos a la accesibilidad universal. En diciembre expiró el plazo legal que teníamos para que todos los bienes y servicios de interés público fueran accesibles a las personas con discapacidad. Nos encontramos muy lejos de ese objetivo todavía. Señorías, estos incumplimientos se traducen en situaciones de discriminación para las personas con discapacidad. Deberían, como poco, sonrojarnos. Hay mucha legislación pendiente de adaptación no solo a la convención sino también a la normativa europea, como puede ser la Directiva europea de accesibilidad a las páginas web y a las aplicaciones móviles, que se encuentra pendiente de trasposición. Tenemos que aprovechar el recientemente adquirido carácter legislativo de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad y ponernos a trabajar en firme. Tenemos también que repensar los procesos de incapacidad, tenemos que repensar la tutela y la curatela. Lo dice la convención cuando habla de capacidad jurídica, instando a los países firmantes a establecer salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos sobre personas con discapacidad; salvaguardias, eso sí, que respetarán los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Esto supone un cambio de concepto y a la vez un gran avance. Tenemos que ir pasando de instituciones que sustituían la voluntad de personas con discapacidad a instituciones de apoyo y auxilio en la toma de decisiones. Tenemos que favorecer, en definitiva, señorías, la inclusión y la autonomía personal. Por todos estos motivos y a la vista de todas las tareas que tenemos pendientes, mi grupo, el Grupo Ciudadanos, ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Entendemos que no es de recibo que la señora ministra haya comparecido ante la Comisión de Sanidad y ante la Comisión de Igualdad para explicar las líneas maestras de su gestión y no haga lo propio con la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. No quiero pensar que este Gobierno no le da la misma importancia a esta Comisión que a las demás, que sin duda alguna la merece y desde Ciudadanos se la vamos a dar. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Gómez Balsera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Moya Matas.
Bon dia a totes i a tots. Buenos días a todas y a todos. [[El señor Moya Matas saluda también utilizando la lengua de signos]] Abusando de la confianza de las excelentes profesionales taquígrafas, les agradeceré que, más allá de recoger la habitual referencia de que el diputado pronuncia unas palabras en catalán, recojan que el saludo ha sido pronunciado en lengua de signos, cuya oficialidad fue establecida por la Ley 27/2007, y es una lengua que confiamos en que algún día, cuando nos decidamos a abrir el melón constitucional, también goce de un reconocimiento expreso en el texto constitucional. [[Aplausos]] Diputado señor Tremiño, he seguido atentamente su intervención y le debo decir que me adhiero prácticamente a todas y cada una de las afirmaciones que ha hecho usted, pero quisiera hacerle un par de puntualizaciones. En primer lugar, hemos venido aquí a hablar de una reforma del Código Civil, no del Código Canónico. Como usted sabe aquí no podemos promover ninguna reforma del Código Canónico, que es cierto que es profundamente discriminatorio, machista y homófobo, pero no es el caso que nos trae aquí, sino que venimos a promover esta modificación del artículo 56 del Código Civil, que como bien sabe lamentablemente viene de una auténtica chapuza legislativa que se cometió en la X Legislatura, aquella legislatura donde la mayoría absoluta establecía que la pericia del legislador no fuera uno de los valores más importantes a la hora de legislar, y el rodillo de la mayoría absoluta permitió desaguisados como este, que también han expuesto las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Y no digo chapuza en nombre propio, sino también recogiendo las manifestaciones de buena parte de las asociaciones de personas discapacitadas, que al promulgarse esta reforma del artículo 56 se mostraron estupefactas afirmando que en realidad este texto no es una ley propia de nuestro tiempo. Como más tarde incluso reconocieron fuentes del Ministerio de Justicia se admitió que esta reforma del artículo 56, hecha de la noche a la mañana, en realidad era poco más que un corta y pega de textos preconstitucionales que por desgracia estaban dotados de este carácter paternalista e intervencionista en la esfera privada de la ciudadanía, propio de aquellos tiempos aciagos. Estamos hoy intentando enmendar - seguro que lo vamos a enmendar - que esta reforma tan equivocada del artículo 56 no entre en vigor el próximo 30 de junio, como sucedería si no lo frenamos, porque como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra esta redacción del artículo 56 es absolutamente contraria a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención precisamente viene a solicitar que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, y este artículo 56 produce el efecto absolutamente contrario, porque, no nos engañemos, la exigencia de un dictamen médico que establezca la aptitud de la persona, la capacidad cognoscitiva de comprender el consentimiento matrimonial, de comprender qué es formar una familia, la exigencia de tener que ir al médico para que sea él quien me diga si puedo o no casarme, es una medida absolutamente intolerable y discriminatoria, además de un atentado a las personas con discapacidad sensorial sin ninguna duda. Pero también tenemos otro grave problema, y bien lo ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra; se ha pretendido remendar esta chapuza con otra chapuza. Se ha publicado una circular interpretativa en la que se está solicitando a los secretarios judiciales, a los notarios, a las personas encargadas del Registro Civil, a los funcionarios que tramiten el expediente matrimonial, que incumplan la ley, porque el artículo 56 que venimos a enmendar establece preceptivamente la necesidad del certificado médico. No hay interpretación posible. El artículo establece un mandamiento. Y nos encontramos con que al funcionario se le pone en el brete de incumplir a sabiendas un precepto legal, con las consecuencias que ello tiene, o de cumplirlo estrictamente cometiendo este grave atentado a la dignidad de las personas. Por lo tanto efectivamente sí vamos a votar a favor del texto de la admisión a trámite de esta reforma del artículo 56. Vamos a defender la derogación absoluta de este requisito para las personas con discapacidad sensorial, y vamos a proponer que se aborde con mucha más seriedad, con mucha más profundidad, con mucha más humanidad también la regulación en los supuestos de personas con discapacidad intelectual. Ya puestos - como también se ha apuntado anteriormente -, vamos a proponer la eliminación de las medidas profundamente discriminatorias respecto a las personas con discapacidad sensorial en materia de testamentarias. Estamos en el siglo XXI, y afortunadamente tenemos una tecnología suficiente que permite que las personas con discapacidad sensorial actúen con total normalidad, autonomía y confidencialidad en el momento de plasmar ante notario sus voluntades hereditarias. Ya de paso también tendríamos que plantearnos simplificar el lenguaje jurídico - son los deberes que tenemos en la Comisión de Justicia -, porque no es de extrañar que a personas con plena capacidad cognoscitiva les sea a menudo muy complicado entender este lenguaje críptico y leguleyo que tendemos a utilizar desde el Legislativo y también los profesionales de la justicia. Hagámoslo mucho más comprensible y con muchas más garantías. Voy a acabar de la misma manera que he empezado, dándoles las gracias: muchas gracias, y diciéndoles que... [[utiliza la lengua de signos]] Gracias. [[Aplausos.-Los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea aplauden utilizando la lengua de signos]]
Gracias, señor Moya. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
Gracias, señor presidente. Ante todo vaya por delante que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. No lo vamos a hacer pensando en el grupo que lo ha propuesto, en su buen hacer, no; lo vamos a hacer pensando en aquellos a los que este proyecto de ley se dirige, porque hay ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, pese a lo que dice nuestra Constitución y a que España ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, continúan sin tenerlos, o incluso hay quien ha visto cómo sus derechos - los que ya tenían - eran recortados gracias a un artículo colado en medio de uno de los numerosos decretos-ley de un Gobierno del Partido Popular, partido de Gobierno que abusó de ellos, de los procedimientos de urgencia y de su mayoría absoluta, en muchos de los casos sin apenas dar explicaciones. Este es uno de esos casos. Todavía nadie nos ha explicado - hoy tampoco - la razón por la que había que introducir en la Ley 15/2015, de 2 de julio - de la manera que lo hizo el Gobierno del PP -, la exigencia, por ejemplo, a una persona sorda de un certificado médico para poder contraer matrimonio, cuando la Convención de la ONU - la que ratificamos - dice en su artículo 5 que los Estados tienen la obligación de prohibir cualquier discriminación por motivos de discapacidad. En su artículo 12.2 dice que las personas con discapacidad han de tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, y el que voy a leer textualmente, por aquello de refrescar la memoria, el 23.1.a) - yo creo que a todos nos irá bien, aunque es un poco largo - dice: Los Estados tomarán las medidas necesarias para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia, sobre las bases del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. Por tanto estaría bien que alguien nos explicará en el Congreso de los Diputados - aquí - las razones por las que introdujeron en nuestra legislación, y de la manera en que lo hicieron - repito -, la exigencia de un certificado médico - un permiso, vaya - para poder contraer matrimonio las personas con discapacidades sensoriales. El Grupo Popular podría hacerlo. Sin ir más lejos nos lo podía haber explicado hoy su portavoz en la Comisión de Discapacidad - además de echarse flores -, ya que es de los que no puede decir que se enteró por la prensa, puesto que cuando se aprobó la ley cuya modificación queremos iniciar hoy era - lo leeré - director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad. Pero no solo no lo han explicado aquí, sino que han pasado ya meses desde que todo esto saltó a los medios de comunicación, y ni en ellos lo han explicado. Así que acabaremos pensando que lo que hoy nos traen aquí es para intentar tapar las consecuencias de una decisión cuyas razones no se atreven a explicar - al menos en público - en voz alta, decisión que nos impusieron en su día con esa manera tan suya de gobernar cuando tienen mayoría absoluta. Porque lo que no sirve es lo que nos dicen en su exposición de motivos: que la interpretación de la Ley - la suya - 15/2015 generaba dudas respecto al concepto de discapacidad. Es decir, ¿qué nos están diciendo? ¿Que si hoy nos traen aquí este proyecto de ley es porque quienes no estamos de acuerdo con lo que aprobaron ellos - el Partido Popular -, e igualmente quienes representan al movimiento de la discapacidad organizada, hemos hecho una interpretación incorrecta - o como decimos aquí habitualmente torticera - de su impoluta redacción? Los socialistas, como dijimos cuando en este Pleno hablábamos del Día de la Discapacidad, estamos dispuestos a consensuar todo lo que podamos en beneficio de las personas que tienen alguna discapacidad. Por tanto, aunque solo fuese por ello, estaríamos dispuestos a otorgarles el beneficio de la duda, en el sentido de que se han dado cuenta de que lo que aprobaron fue un error. Aunque déjenme decirles que nos cuesta creerlo un poco, y voy a ver si soy capaz de hacerme entender. En primer lugar, porque tras la constitución del Gobierno, y por tanto ya sin excusa por su parte, les advertimos públicamente antes de estas Navidades, el 21 de diciembre, de que hicieran algo para solucionar la chapuza que ustedes solos habían provocado. Y, ¿ustedes rectificaron? No. Así que pasado ya Reyes, y visto que el espíritu navideño no les había tocado el corazón, nos vimos obligados a presentar una proposición de ley, el pasado 10 de enero, para impedir la humillación que podían sufrir tantos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país con discapacidad sensorial a partir del 30 de junio. Pedíamos modificar el artículo 56 del Código Civil en su redacción actual, que entraría en vigor, gracias como hemos dicho al Gobierno del Partido Popular, a partir de finales de junio, y también el apartado 5 del artículo 58 de la Ley del Registro Civil. Además exigíamos al Gobierno que en el plazo de tres meses nos trajera un proyecto de ley que resolviera lo que estamos tratando, la capacidad jurídica. En segundo lugar, nos cuesta creerlo, porque solo hay que utilizar un buscador de Internet para encontrar las descalificaciones del Partido Popular, tanto a la nota de prensa del Grupo Socialista del 21 de diciembre, cuando dijimos que esto era una chapuza, como al haber presentado el 10 de enero nuestra proposición de ley. Tuvieron bastante repercusión sus descalificaciones - se pueden encontrar en cualquier gran medio de comunicación y hasta en cualquier periódico de provincias o en cualquier periódico digital -, con argumentos que podemos resumir en dos: primero, que no era para tanto lo que decíamos, y segundo, que una circular del director general de los Registros del Notariado solucionaba las posibles erróneas interpretaciones. Circular que lleva fecha de 23 de diciembre de 2016, por cierto menos de cuarenta y ocho horas después de la nota de prensa del Grupo Socialista; debió ser casualidad. Así que es como para preguntarse: si no era para tanto, si todo era una exageración nuestra, si su circular lo arreglaba todo, ¿por qué en la primera oportunidad que tienen para poder presentar un proyecto de ley van y presentan este? ¿No habíamos quedado en que no era para tanto, que era una exageración, que todo esto se arreglaba con su circular? Si continúan sin explicar por qué querían exigir a las personas con discapacidad sensorial el certificado médico - que hasta hoy no se les exige - acabaremos pensando - además de que tal vez les falte una cierta dosis de humildad; solo ha hecho falta oír hoy al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión - que lo que ha sucedido es que, vista sobre todo la reacción de rechazo a su postura de las entidades del mundo de la discapacidad, y visto que nosotros habíamos presentado una proposición de ley el 10 de este mes - creo que la suya es del 23 y la nuestra es del 10-, prefieren dar marcha atrás y traer a este Pleno una proposición de ley, antes de que llegara la nuestra, la del Grupo Socialista, la presentada unos días antes y que ustedes descalificaron, pero que ya sabían que se acabaría aprobando su toma en consideración, porque entre otras cosas, al igual que ustedes habían hablado con el mundo de la discapacidad, nosotros también. Me parece que en catalán a esto lo llamaríamos ponerse la venda antes de tener la herida, posar-se la bena abans de la ferida. Pero nos es igual. Lo importante es que el Grupo Popular, aunque no lo diga, rectifica, aunque sea sin pedir disculpas a los afectados, sin dar explicaciones ni aquí ni en los medios de comunicación de por qué cometieron este desaguisado, y déjeme decir también que con un cierto tufillo a plagio de idea: un poco del Cermi, un poco nuestra. Lo importante es que con todo esto podamos contribuir a que un sector de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no se sientan humillados por el Gobierno del Partido Popular, por el desaguisado, por la chapuza cometida por el Partido Popular, y se sientan más felices. Estamos dispuestos a colaborar, a hacer posible la tramitación rápida de la proposición de ley, y en todo caso a aportar enmiendas para mejorar el texto. Cómo no vamos a estarlo si de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido desde que el Gobierno del Partido Popular incumplió un mandato aprobado en esta Cámara en 2011, que daba un año al Gobierno para traer aquí la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico, y cumplir así con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo referente a la capacidad jurídica. Las personas con alguna discapacidad saben, han de saber que para todo esto pueden contar con el Grupo Socialista. Gràcies per la seva atenció. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Ruiz.
Pasamos a continuación al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a impulsar la competitividad de la economía española a través de la formación profesional y la calidad en el trabajo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a finales de la última década España sufrió un severo empeoramiento de su déficit comercial y también un incremento de las necesidades exteriores de financiación. Estas circunstancias, en un entorno de creciente apertura de la economía española al exterior y la práctica desaparición de las fronteras comerciales, como resultado de la globalización y de la internacionalización de la economía mundial, impactaron claramente en nuestras balanzas por cuenta corriente y de capital, en el saldo exterior neto y por tanto en el crecimiento agregado, y como consecuencia de todo ello se generaron importantes desequilibrios económicos, una caída de la inversión y del consumo, y como resultado final - como suele pasar siempre - una destrucción masiva de empleo. Señorías, las reformas aprobadas desde el año 2012 por el Gobierno han ido poco a poco corrigiendo los desequilibrios, mejorando nuestro saldo exterior hasta hacerlo positivo en 2 puntos del producto interior bruto, gracias a la caída de las importaciones, pero sobre todo al aumento de las exportaciones fruto de la creciente presión competitiva sobre nuestras empresas, que ha mejorado su capacidad competitiva, su expansión exterior, se han modernizado y además se han dotado de instrumentos productivos de mayor calidad. Estas reformas, señorías, y el esfuerzo de todos nos han permitido salir de la recesión; pero no solo eso, hemos salido de la recesión y también lideramos el crecimiento - llevamos creciendo trece trimestres consecutivos y más del doble que la zona euro -. La EPA de la semana pasada dibuja perfectamente el giro de 180 grados en el panorama laboral de nuestro país. Cinco de cada diez europeos que abandonan el paro son españoles. [[La señora]] Hemos pasado de destruir 1.500 empleos al día a construir 2.300, lo que significa un saldo neto diario de más de cuatro mil personas. Son las consecuencias, señorías, de la reforma laboral, que ha tenido un comportamiento muy positivo para la brutal destrucción de empleo de los años anteriores, y que ha sido la enzima catalizadora de toda esta transformación. Hoy tenemos dos millones de parados menos que en el cénit de la crisis. Hoy hay diez millones de hogares con todos sus miembros ocupados. Hoy hay medio millón de hogares menos con todos sus miembros en paro. Hoy hay 18,5 millones de ocupados, y si no hacemos peligrar la reforma, señorías, serán 20 millones en el año 2020. Hoy la tasa de paro ya esta en el 18,6 %, ha bajado 6 puntos desde el inicio de la crisis. Señorías, el número de empresas exportadoras en España también ha crecido un 50 % durante estos años; sigue aumentando la confianza empresarial y siguen aumentando el crecimiento, la demanda, el consumo y la financiación. Señorías, España está haciendo bien sus deberes. España forma parte de los países que participan de la interdependencia de las cadenas de valor mundiales. España ha mejorado su competitividad interna, también la estructural, también en precios y en costes, ha mejorado su capital físico, la dotación y la eficiencia de nuestras infraestructuras, su marco regulatorio, su capacidad de organización y de gestión, su capacidad innovadora y también su capital tecnológico, la I+D+i, su integración en cadenas de producción mundiales y los factores de sus productos. Pero, señorías, donde más esfuerzo se ha hecho ha sido en la mejora del capital humano, a través del esfuerzo y de la inversión en educación y en formación. Pero aún tenemos un desajuste entre la oferta y la demanda laboral, fruto de la brecha formativa y de especialización de nuestro mercado de empleo. Cuesta, señorías, encontrar determinados perfiles ligados a la tecnología y a la digitalización, y a la vez algunas personas tienen dificultades de empleabilidad y precisan claramente su reconversión. Vivimos una evolución vertiginosa que exige a los Gobiernos y a los trabajadores una capacidad permanente de adaptación a esos cambios, una formación y una especialización continuas. Cada día aparecen nuevas profesiones y, lo que es más importante, aparecen nuevas formas de trabajar, y por eso, señorías, necesitamos seguir preparando el mercado laboral para los desafíos presentes. Tenemos que seguir sentando las bases de un tejido productivo que nos permita ganar en competitividad, más intenso en conocimiento, en capital tecnológico y con mayor valor añadido, más empresas, señorías, más grandes, más internacionales y mejor adaptadas a los retos del siglo XXI. La innovación, la industria, la transformación digital y el talento son sin duda las bases del empleo de hoy y de mañana. Y los retos por tanto son casar, ajustar la demanda a las competencias requeridas y también más valoradas, una versión transversal, más capacidad comercial, trabajo en equipo, idiomas, tecnologías de la información y la comunicación con la oferta y adquisición de capacidades, de cualificaciones y de competencias. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular sabe bien que existe una correlación directa entre los niveles adecuados de educación y formación y la empleabilidad. Lo sabemos muy bien y por eso el Gobierno está realizando un continuo esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades de la economía mundial, de mejora de la empleabilidad a través de las políticas educativas, políticas activas de empleo, políticas económicas y políticas sectoriales en definitiva. Existe una mayor exigencia de integración entre la teoría y la práctica profesional y la gestión por competencias, de mejorar las habilidades, las destrezas, las aptitudes y también las actitudes, y la formación profesional tiene una enorme importancia social y política y es una de las claves del futuro de nuestra economía. Por eso se ha hecho también un esfuerzo en los últimos tiempos, y por eso el Grupo Parlamentario Popular ha querido presentar esta iniciativa. La ley que regula el sistema de formación profesional para el ámbito laboral incorpora, señorías, todos estos objetivos con dimensión nacional, con colaboración de las administraciones y los agentes. Es una ley que en este momento está en un proceso de desarrollo reglamentario, tal y como la Comisión instó al Gobierno en su última sesión, y por tanto tenemos que perseverar en esa dirección con el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, con el Instituto Nacional de las Cualificaciones, el Incual, y con el cheque formación, los 170 títulos y las cualificaciones nuevas que van a incorporarse en los próximos tiempos. Es muy satisfactorio que la conferencia de presidentes de la última semana haya precisamente tomado como propia esta recomendación. Termino, señorías. Una de las mayores fortalezas de nuestro país es el capital humano. El talento no tiene fronteras y por eso tenemos que continuar invirtiendo en formación e invirtiendo en talento como principal arma para mejorar la competitividad de nuestro país. La vertiginosa evolución del mercado laboral, que se va a acelerar impulsada por la revolución tecnológica, exige capacidad de adaptación y una sociedad permeable a la nueva realidad. Una sociedad comprometida respecto a los nuevos retos, y sobre todo una sociedad cohesionada en la consecución de los objetivos compartidos que permitan garantizar el éxito de algo tan importante. Señorías, vamos por buen camino, pero aún queda mucho por recorrer, y hoy les proponemos con esta proposición no de ley alinear nuestros esfuerzos y hacerlo todos juntos. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. He de reconocer que cuando leí por primera vez esta proposición no de ley no tenía muy claro lo que pretendía el Partido Popular con ella. A simple vista parece que fue redactada para no comprometerse, y con un nivel de exigencia bajo, tan bajo que ni siquiera el grupo proponente insta al Gobierno a tomar ninguna medida. Yo tengo la suerte de formar parte del Grupo Socialista, un grupo exigente y que no está en esta Cámara para hablar de obviedades, sino para plantear soluciones a los problemas de la gente. Por esta razón hemos presentado una enmienda de modificación que pretende mejorar la proposición no de ley del Grupo Popular. Como dicen en su iniciativa es evidente que la economía está creciendo, un 3,4 % el año pasado, y que el crecimiento es positivo, pero los socialistas no entendemos las actitudes triunfalistas de algunos miembros del Partido Popular, y no descansaremos hasta que ese crecimiento revierta en la mayoría de los españoles, sobre todo en los que peor lo están pasando. Se trata de un crecimiento que además ha estado alentado en los últimos años por factores externos: el precio del petróleo se ha mantenido bajo, los tipos de interés han estado en mínimos históricos y el tipo de cambio también nos ha ayudado en estos últimos años. Pero la tendencia está cambiando: el precio del petróleo repunta, la inflación comienza a aumentar - un 3 % interanual el pasado mes de enero -, y si sigue así puede que los tipos de interés comiencen a repuntar, y no hace falta explicar lo que supone para una economía endeudada ese incremento de los tipos de interés. Para tratar de que el crecimiento sea permanente y no se asiente en factores temporales externos hay que cambiar el modelo o por lo menos hay que intentar mejorarlo, apostando por sectores de alto valor añadido. Por eso en nuestra enmienda planteamos que se debe actuar sobre cuatro pilares básicos: impulsar la inversión en investigación e innovación tecnológica; potenciar la formación para que se puedan mejorar los procesos productivos; trabajar en dos puntos que son fundamentales, por un lado, la reducción de los costes energéticos, que tienen un impacto muy negativo en la competitividad de nuestras empresas, y por otro, trabajar también en la reducción de los costes logísticos, y se lo digo yo que provengo de una comunidad autónoma que ha hecho de la logística un auténtico motor de desarrollo. Nuestra economía por lo tanto tiene que seguir creciendo, pero tiene que hacerlo creciendo mejor. Además tenemos que ser capaces de integrar en el mercado laboral a jóvenes y a parados de larga duración, y para ello la formación profesional debe ser un instrumento básico. Como indican en su iniciativa es necesario impulsar la FP, pero no lo neguemos, para poder impulsarla antes es necesario creer en ella. Hay que otorgar a la formación profesional el reconocimiento que se merece ante la sociedad, pero también ante las empresas, y adaptar esa formación profesional a las necesidades del nuevo modelo productivo. Igualmente hay que dotarla de recursos, y si analizamos el programa 322.B de los Presupuestos Generales del Estado y eliminamos el capítulo de activos financieros y partidas Lomce, tenemos que desde 2011 hasta hoy se ha recortado en un 26 % el presupuesto destinado a formación profesional. Espero que se pueda debatir de formación profesional en la recientemente creada subcomisión para el pacto educativo, y que ahí también se pueda impulsar la formación profesional. Quiero ponerles un ejemplo práctico de la importancia que puede tener la formación profesional. En mi ciudad, Monzón, en la provincia de Huesca, pese a estar en una zona rural, la industria supone el 37 % del valor añadido bruto de nuestra economía, y en gran parte es gracias a la formación profesional; formación profesional que se imparte en dos centros educativos, y que permite que los trabajadores y los jóvenes de nuestra zona estén bien formados en especialidades industriales, y ha permitido crecer a las empresas de la zona, así como asentarse en nuestra localidad a otras muchas, porque disponen de un recurso valioso, que no es otro que trabajadores formados, y esa sí es también una ventaja competitiva. Pero como también todos somos conscientes existe un número importante de desempleados de larga duración que si no se reciclan y forman lo tendrán muy complicado a la hora de acceder al mercado laboral, y para eso están las políticas activas de empleo, que desde 2011 han contado con 13.000 millones de euros menos para poder prestarlas. Ese recorte se lleva a cabo en el peor momento, cuando más necesitan los desempleados mayor protección y garantías para su inserción. Así nos lo han señalado diferentes organismos internacionales: OCDE, FMI, OIT, que recomendaban el fortalecimiento de esas políticas en estos años, y el Gobierno desoyó estas recomendaciones, prefiriendo destinar los recursos existentes a bonificaciones y subvenciones a empresas que han sido totalmente ineficaces. Señorías, tenemos que cambiar, tenemos que dejar de competir produciendo más barato y tenemos que empezar a competir produciendo mejor; para ello es necesario que por parte del Gobierno haya una apuesta decidida por la educación y por la formación, pero también por la innovación, que evidentemente tiene que ir acompañado de un mayor esfuerzo económico. Señores del PP, tienen que dejar de ver la educación como un gasto y tienen que empezar a verla como lo que es, un derecho en lo personal y una inversión en lo colectivo, porque cuanto más formada esté nuestra sociedad, cuanto más conocimiento tenga nuestra sociedad, más competitiva será la economía que la sustenta. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Nogueras i Camero.
Gracias, presidenta. Bon dia, diputats, diputades. La propuesta es vieja, es rancia y además demuestra que ustedes no son capaces de presentar ni una idea ni una política nueva. En la PNL podemos leer frases como apostar por la FP, apostar por la calidad de... Así sin más, en genérico, sin detalle, sin propuestas. Ahora, en 2017, se dan cuenta ustedes de que hacen falta medidas para mejorar la competitividad y para impulsar la formación profesional, cuando llevan cinco años diciéndonos que están trabajando para reducir el desempleo. ¿Cómo? ¿Qué han hecho? ¿Sin propuestas? Concreten cómo van a apostar por la calidad, concreten cómo van a fomentar la competitividad y concreten cómo van a dignificar la formación profesional. Y ahora es cuando viene alguno y me dice que el Partido Popular ha creado la FP básica. No presuman de FP básica porque no es más que un invento para maquillar artificialmente los datos de abandono escolar; además, este mal invento hace que demasiados jóvenes se queden a medio camino. Y aunque a algunos no les guste cuando sugerimos que se mire a Cataluña en materia educativa, insisto en que lo hagan. Miren nuestra ley de FP, de consenso absoluto. Sí, también el Partido Popular - aunque no me escuche - votó a favor de la ley de FP en el Parlament de Catalunya; ley pionera que integra el conjunto del sistema productivo dando formación a lo largo de toda la vida, es decir, la formación no termina y además se actualiza. Fomenten también, por ejemplo, la FP dual, y para ello - insisto - vuelvan a mirar a Cataluña, donde en poco más de tres años hemos pasado de 50 empresas adscritas al Plan de FP dual a más de 1.000. Otro dato relevante respecto de la FP dual es que el 70 % de los alumnos que la cursan trabajan nueve meses después de terminarla. A eso se le llama fomentar la inserción laboral, señoras y señores del Partido Popular, y esto sí es una apuesta clara por la dignificación de la formación profesional. Además, es un éxito. ¿Saben por qué? Porque cada día más empresas nos piden formar parte de este Plan de FP dual, por tanto, no hace falta que ustedes inventen nada, hagan lo que ya desde hace tiempo funciona en Cataluña. Todo esto que les estoy contando lo hacemos a pesar de la judicialización de nuestros representantes públicos, a pesar de sus políticas frentistas, a pesar de sus reiterados incumplimientos, a pesar del déficit fiscal, a pesar de la vergonzante falta de inversión en infraestructuras en Cataluña y a pesar de que ustedes mantienen un modelo que invade competencias, y no lo digo yo, lo dicen varias sentencias, no una sentencia de hoy, la primera es de 1992. Desde hace ya demasiados años se les está avisando de que ustedes hacen las cosas mal, muy mal; les recuerdo, por ejemplo, un editorial del Financial Times, en el que se escandalizaban cuando, en plena crisis, el Gobierno español decidió recortar en formación, cuando la coherencia nos dice que se debería haber hecho todo lo contrario, invertir en ella. A pesar de todo esto, a pesar de su constante juego sucio, los resultados avalan el esfuerzo, el rigor y sobre todo el compromiso de la Generalitat de Catalunya. Termino. Es una vergüenza que después de cinco años nos presenten esta PNL bananera. Me inquieta saber quién ha dado el OK, porque yo en cuatro minutos he presentado más propuestas de las que aparecen aquí. De hecho, aquí no hay ni una sola propuesta concreta; lo que sí parece haber son buenas intenciones y no será el Partit Demòcrata Català quien lo bloquee, aunque vengan del partido que me juzga por no pensar como él. Nos vamos a abstener. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, señora presidenta. Eskerrik asko. Buenos días, egun on. La situación de crisis económica hace que el futuro de la economía mundial sea imprevisible y, además, tiene como principal y preocupante consecuencia la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del paro. En este sentido, la situación económica general y la del mercado de trabajo en particular condiciona de forma directa aquellas políticas que tienen capacidad para revertir la tendencia actual hacia una economía que cree empleo. La necesidad, por tanto, de vincular educación, formación y actividad económica se ha reforzado en los últimos años. La falta de cualificación y formación, junto con la crisis económica, es una de las causas de desempleo y por tanto la formación se considera como un factor estratégico para promover el crecimiento económico y el bienestar social, para reforzar la equidad, favorecer la igualdad y fortalecer la cohesión social. La preparación para el trabajo exige una adaptación permanente a las nuevas necesidades que surgen en el entorno y ello nos exige que exista una continuidad entre el empleo y la formación continua en la vida laboral, por tanto, la formación es para el desarrollo económico el pilar básico de la competitividad. La globalización, el desarrollo tecnológico y logístico, el acceso ilimitado a la información, los cambios sociales, la automatización de los procesos productivos con nuevos tipos de organización y gestión y las diferentes alternativas de financiación son circunstancias, entre otras, que han provocado una gran complejidad en la actividad económica. Las políticas públicas, pues, y los crecimientos que sobre la base de ella se diseñen deben tener en cuenta el nuevo escenario si aspiran a ser eficientes y eficaces. Dicho esto, tiene poco sentido que el partido que apoya al Gobierno, al que se está dirigiendo, sea quien formule una proposición no de ley como instrumento de impulso de la acción política del Gobierno tan genérica, vaga e inconcreta. Dicho con todo respeto, me parece poco seria para esta Cámara y para la ciudadanía. No está mal animar a todas las instituciones, agentes en general, con principios rectores comunes que son fáciles de compartir, pero no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones concretas que sirvan al propósito presentado. Conviene llamar la atención sobre el hecho de que la formación profesional en el ámbito de la empleabilidad es una política activa de empleo, como lo es también la de las personas desempleadas, y que además su desarrollo está dentro de la política de educación que, en nuestro caso, forma parte del contenido de competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Parece conveniente, pues, llamar la atención sobre esta situación, ya que, si lo que se pretende es realmente colaborar con otros agentes no solo económicos y sociales sino también institucionales en impulsar la formación profesional como medida efectiva de la competitividad de la economía, les animo a que dejen de poner obstáculos en forma de recursos de inconstitucionalidad al ejercicio de las competencias de las instituciones vascas y colaboremos en este y otros campos. Miren al País Vasco, a la Ley de FP, a la FP dual en régimen de alternancia, un modelo que crece con las empresas y al que Europa está mirando; una FP que adapta las necesidades de las empresas y el empleo. En definitiva, para definir un modelo coherente de prospectiva, observancia, vigilancia, formación, cualificación y empleo que dé respuesta a la evolución de los sectores productivos les propongo que realicen un diagnóstico de la situación económica, definan junto con los agentes económicos, educativos y sociales las actividades tractoras y las necesidades de las empresas e implementen acciones concretas con la promoción de un tejido productivo competitivo y sostenible que colabore en el incremento de la población activa, así como en la reducción de la población desempleada y en el crecimiento económico. Nuestra posición será la abstención. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
Como pueden ver, sustituyo al compañero Capdevila. En primer lugar, un recuerdo fraternal para los trabajadores de Coca-Cola de Madrid, que están luchando por la economía productiva, por producir en Madrid y no ser convidados de piedra. [[Aplausos]] De esto estamos hablando hoy. Estamos hablando de producir, estamos hablando de trabajar, estamos hablando de una economía que es la antítesis de la que se ha estado promoviendo en estos últimos años. Aquí se ha hablado de buenas intenciones, pero obras son amores. Las buenas intenciones se pueden quedar en otros sitios, no en este hemiciclo. Intentando mirar en el fondo de esta proposición no de ley para ver qué había detrás - si había algo -, he encontrado una cosa: centralismo. Otra vez centralismo. El centralismo ineficaz, el centralismo de la arbitrariedad; parece que es una especie de medicina que lo cura todo en este país, cuando ha sido el que ha llevado al atraso de este Estado durante años y años. Esto parece una matrioshka: abres las buenas intenciones y dentro encuentras esta situación. Si se han de cambiar las cosas, se ha de hacer a partir de la realidad. Les pondré el ejemplo de una comarca de mi circunscripción: la Garrotxa. Es una comarca del interior con un 59,4 % de trabajadores del sector secundario, que se ha reinventado a partir de la crisis del textil. ¿Cuál es el secreto? Lo contrario de lo que ustedes dicen; hacer las cosas de abajo arriba, concertando a empresas y trabajadores, buscando en los institutos de formación profesional aquello que hacía falta y trabajar y trabajar. Esta es la óptica. No sé si entienden que las cosas se han de hacer a partir de la realidad. Las empresas no son una entelequia como el Ibex 35. Como yo no juego al golf con los empresarios del Ibex 35 no sé qué quieren, pero sí hablo con los pequeños y medianos empresarios de mi circunscripción y sé lo que quieren. Quieren energía barata y no que paguemos 25.000 millones por lo que llaman el déficit tarifario. Quieren energía barata. Quieren que se les trate al menos igual - puede que no tan bien - que a determinadas grandes empresas. Castor, 1.650 millones en un contrato que tendría que ser la vergüenza de Europa, cuando a ellos se les escatima la posibilidad de tener una póliza para pagar a los trabajadores puntualmente cada mes. De esto hablamos. La formación profesional es la que nos permite encontrar el puesto de trabajo adecuado para la empresa adecuada. Si ustedes cogen un zum tan grande no verán a los que de verdad están produciendo en este país, que es la pequeña y mediana empresa. Son los que dan trabajo, son los que innovan, son los que van al Parque Científico y Tecnológico de Girona a buscar I+D. Por cierto, a pesar de que han encontrado una solución en el Parque Científico y Tecnológico de Girona para salir de la crisis, a pesar de que este parque ha tenido 2 millones de beneficios, escatiman la solución y nos dicen: Pongamos todos los parques y que pague el FLA. Esto es como hundir al que consideras el adversario sin ver que tú vas encima de él y te ahogas. Menos ideologismo, menos sectarismo y más realidad concreta. Esto es lo que pide gente muy diversa y también este grupo, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Vamos a conseguirlo a pesar de ustedes. Los pequeños empresarios de Cataluña se sienten muy solos, se sienten sin Estado y, por eso, muchos de ellos quieren un nuevo Estado. Una república que realmente esté por sus intereses, una república que permita salir bien de las crisis y una república - como esta pegatina - solidaria con todas y todos. Evidentemente, fraternidad, trabajo, formación y república. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Olòriz. Cuando ustedes vayan a cambiar de orador nos lo hacen saber a la Mesa. Ya nos hemos dado cuenta de que usted no es el señor Capdevila y le agradecemos su intervención. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
Gracias, señora presidenta. Señor Echániz, no podemos ser triunfalistas porque tenemos un grave problema de competitividad. El funcionamiento del crecimiento a largo plazo, la llamada productividad total de los factores, sigue y seguirá siendo el talón de Aquiles de la economía española si no acometemos reformas. La competitividad en España ha crecido tan solo un punto y medio en los últimos veinte años frente a los trece puntos que ha crecido en la Unión Europea o los dieciocho puntos que ha crecido en Estado Unidos, a pesar de que hemos tenido altas tasas de crecimiento, desde luego sin aprovecharlas. Según el índice de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, España está en el puesto 32.º, justo por debajo de países como Estonia, República Checa o Arabia Saudí. En el caso de España varios de los problemas son de sobra conocidos; tenemos dificultades en el acceso a la financiación, complejidad en el sistema tributario, burocracia excesiva y corrupción, regulaciones laborales desfasadas o trabas en la innovación. Además, esta semana hemos visto en esta Cámara ejemplos concretos de estas debilidades que, efectivamente, lastran nuestra competividad, como la alta tasa de desempleo, especialmente en la clase juvenil, que según los datos de Eurostat 2015 supera el 48 %. Somos campeones en la Unión Europea, junto a Grecia. Tenemos condiciones tremendamente inestables. El 76 % de los jóvenes tienen contrato temporal. La inflación interanual se ha situado en el 3 %, cuando la media de la eurozona es del 1,3 %, con lo cual ese gap va a lastrar nuestra balanza exterior. También los altos costes en fijos en el sector energético, la politización de los órganos reguladores, las puertas giratorias - esta semana tenemos el ejemplo flagrante de Fernández de Mesa -, el saqueo de las cajas de ahorro y, por último, la pasividad en pinchar esa burbuja política que tanto hemos reivindicado en Ciudadanos, como la negativa de recuperar esos 2.800 millones de la amnistía fiscal. Señorías, los votantes de nuestro grupo han confiado en Ciudadanos para impulsar un proyecto reformista donde los pilares básicos son la educación, el empleo de calidad, la regeneración de nuestras instituciones y la inversión en innovación. Por eso, en el acuerdo que firmamos con ustedes, esos 150 compromisos para mejorar España, pusimos sobre la mesa soluciones a esos retos que afectan directamente a nuestra competitividad. Valgan como ejemplo algunos puntos que les voy a recordar. En el punto 78 tenemos el pacto nacional por la educación; en los puntos 12 y 108, garantizar la independencia de los organismos reguladores con un sistema de nombramientos por méritos y capacidad, eliminando esas puertas giratorias; en los puntos 22 y 23, alcanzar ese 2 % de inversión pública estatal y la creación de esa red cervera de transferencia tecnológica con financiación público-privada; y en los puntos 42 y 85 la implantación de los cheques de formación para que ese dinero vaya directamente a los propios desempleados de larga duración, así como a aumentar los recursos destinados a los ciclos de grado medio de formación profesional, y seguir impulsando la formación profesional dual que combine formación y trabajo en las empresas. Voy terminando, señora presidenta. Ciudadanos va a votar a favor de esta proposición no de ley, pero echamos en falta un poco de concreción, señor Echániz. Si realmente quieren hacer algo por mejorar la competitividad, permítame dos premisas básicas; una necesaria y otra urgente. La necesaria es que el Gobierno debe cumplir con nuestro acuerdo de investidura. Nosotros ya hemos cumplido y ahora les toca a ustedes. No pongan excusas y no digan que no hay recursos. Pueden hacer una auditoría del sector eléctrico; pueden despolitizar - como he comentado - los órganos reguladores; se pueden investigar también esos 41.000 millones que hay de saqueo en las cajas de ahorros; podemos ahorrar en despilfarro, en duplicidades institucionales y, por supuesto, podemos recuperar esos 2.800 millones de la amnistía fiscal. [[Aplausos]] Y en segundo lugar, la urgente. Ya hice esta reflexión al ministro Montoro en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Hacienda. Para dar cumplimiento a estas necesidades, a estas medidas que afectan directamente a la competitividad, necesitamos que traigan a estas Cortes los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Por cierto, no solo lo digo yo, sino que hace unos meses, el jefe del ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, recordó en varios diarios la importancia de contar con un Gobierno en el menor tiempo posible para así poder aprobar medidas de urgencia, como el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, ustedes tienen Gobierno, tienen techo de gasto, pero no tenemos presupuestos. Señorías, ser útiles es la razón de ser de Ciudadanos, y lo digo con orgullo. Somos servidores públicos y, por cierto, ustedes también, no lo olviden. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Buenos días, señorías. Quiero empezar mi intervención haciendo una petición a todos los grupos parlamentarios, incluido el mío, y es que se use un lenguaje inclusivo en nuestras proposiciones. Si en vez de usar la palabra desempleados hubiéramos usado personas desempleadas quizá las más de 2 millones de mujeres desempleadas en este país se hubieran sentido incluidas. [[Aplausos]] Respecto al contenido de su iniciativa, me resulta sorprendente que una cuestión tan fundamental como la formación profesional la hayan despachado en media página y sin ninguna propuesta. Además, el texto está lleno de falsedades y de inexactitudes que los datos desmontan por sí solos. Hablan de una favorable evolución en el empleo, cuando hoy hemos sabido que el paro ha aumentado en 57.000 personas. Las cifras de empleo están como en 2011, solamente se ha creado el empleo que han destruido en los cinco años de Gobierno del Partido Popular. Estamos en la casilla de salida. La competitividad, si medimos la cuota exportadora, ha descendido. La única política que el Partido Popular ha desarrollado para mejorar la competitividad son los recortes en los derechos laborales con mayores jornadas y menores salarios. Se han empeñado en que, de una manera u otra, compitamos por abajo. Las mayores inversiones en nuestro país se han dado en sectores de medio o bajo valor añadido. Nuestros sectores exportadores lo hacen en ciudades que no son para nada punteras en la economía global. Además, su iniciativa insinúa vergonzosamente que los 4 millones de personas desempleadas lo están porque no están formadas. Miren, cualificación no nos falta. Calculamos que entre un 15 y un 20 % de las personas están sobrecualificadas, y si no que se lo pregunten a los miles de personas que han tenido que salir de España para encontrar empleos que respondieran a su cualificación. El problema, señorías, no es que las personas desempleadas no tengan formación, es que tenemos un modelo productivo obsoleto, ineficiente, insostenible y de medio o bajo valor añadido, que es incapaz de generar el empleo de cantidad y calidad que nuestra sociedad necesita. La formación profesional, sea formal o no formal, sin una hoja de ruta, sin unos objetivos claros, sin un diagnóstico certero de hacia dónde va el mercado laboral, hacia dónde queremos llevar nuestro modelo productivo, ni sirve para mejorar la competitividad ni sirve para mejorar la empleabilidad. Ese es el problema, que no hay ningún plan, que no hay ninguna voluntad de hacer reformas estructurales, y lo triste, señorías, es que o emprendemos ya la transición hacia un modelo más justo y sostenible o tendremos que hacerlo a la fuerza y con un alto coste social y económico. Hay dos retos que tiene que afrontar nuestro tejido productivo en el corto plazo y que van a tener un gran impacto en el empleo y en la competitividad, donde la formación profesional bien gestionada tendrá que jugar un papel fundamental. El primero es la automatización de los procesos productivos, la llamada industria 4.0. Y es que, a día de hoy, no sabemos qué impacto va a tener en nuestra economía, no sabemos ni qué perfiles vamos a necesitar ni cuántos puestos de trabajo se van a destruir, no sabemos cuánta gente tendrá que reciclarse, y lo peor es que no sabemos dónde vamos a poder colocarlos porque nuestro sistema productivo no absorbe más mano de obra. El segundo reto es una oportunidad realmente, y es la transición verde de la economía. Los Acuerdos de París y los objetivos de descarbonización de la Unión Europea nos marcan la dirección hacia donde tenemos que ir en el cambio de modelo: las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la economía circular... Los llamados empleos verdes. Hasta 2 millones de puestos de trabajo se podrían crear con una política fiscal y unas políticas activas adecuadas, pero por desgracia el Partido Popular nos ha llevado en dirección contraria del sentido común y del siglo XXI. Creemos que la formación profesional es clave para dotarnos de los perfiles y las competencias necesarias para promover esta transición, pero sobre todo para ofrecer oportunidades justas a todas las personas. Por eso no vamos a votar en contra, pero no podemos apoyarla porque, en primer lugar, no hace ni una sola propuesta, es una reafirmación de lo que se está haciendo hoy en día en materia de formación profesional, que ni ayuda a mejorar la competitividad ni a la empleabilidad de las personas; en segundo lugar, porque responsabiliza a quien no encuentra trabajo de la falta de formación; y sobre todo porque no hay una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir ni en qué queremos formar a las personas ni hacia dónde queremos llevar nuestro modelo productivo. La formación profesional, señorías, es una herramienta fundamental, no un fin en sí mismo para ponerse medallas inexistentes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto al señor Echániz Salgado si acepta su grupo la enmienda presentada.
Gracias, señora presidenta. En la medida en que el grupo proponente de la enmienda no ha querido entrar a debatir cada uno de los puntos y ha querido que se votase en su conjunto, no podemos aceptar la enmienda. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. [[Número de expediente 162/000068]]
Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre conciliación y corresponsabilidad. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
Gracias, presidenta. En primer lugar, hablando de conciliación y corresponsabilidad, me van a permitir que tenga un recuerdo para aquellos trabajadores y trabajadoras que están en paro, que no pueden conciliar su vida con su empleo porque no tienen ese empleo, un empleo que no solo necesitan para obtener ingresos sino también para desarrollarse personalmente. Y una segunda referencia a los abuelos y las abuelas de este país, que en poco más de dos o tres horas llegarán a las puertas de los colegios a recoger a sus nietos y a sus nietas, ejerciendo el mejor y mayor apoyo de prestación social que hoy se está teniendo en nuestro país para atender a tantas y tantas familias que no tendrían otra posibilidad para criar a sus hijos y sus hijas. A ellos, que si hoy se pusieran en huelga paralizarían todo nuestro país; a ellos, que no solo han sostenido social y económicamente la sociedad durante la crisis sino que además están sosteniendo el cuidado de las familias; a ellos, que tendrían que estar disfrutando de su descanso y de su pensión y que sin embargo siguen ayudando a este país. Sirva también para ellos como homenaje esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Señorías, ¿este es el país que queremos? ¿Así nos queremos organizar como sociedad? ¿Un país donde los abuelos tienen que cuidar de sus nietos y no pueden descansar? ¿Un país en el que la brecha salarial de los hombres con respecto a las mujeres es de un 20 %? ¿Un país donde más del 70 % de los contratos a tiempo parcial son firmados por ellas? ¿Un país en el que hemos pasado de la constitución de 254.000 hogares al año, en el año 2012, a tan solo 76.000 hogares en el año 2014, según los datos del Banco de España? ¿Un país donde están muriendo más personas de las que nacen? ¿Un país donde, según la prospección que se ha hecho, en el año 2050 tendremos un 30 % de población mayor de sesenta y cinco años? ¿Un país en el que necesitamos, según el Instituto de Política Familiar, 300.000 nacimientos más al año para conciliar ese reemplazo generacional necesario en lo económico y en lo social? ¿Este es el país que queremos? Yo creo que coincidimos mayoritariamente en que no. Pero las necesidades que tiene este país en su cohesión social, en su distribución económica no dependen solo de lo que decidan individual y personalmente las familias, depende también de lo que hagamos en esta Cámara, y de eso es de lo que va esta proposición no de ley; va de la conciliación y la corresponsabilidad, que no pueden dejarse solo en el ámbito privado. Tenemos que ser capaces de conciliar nuestras propias vidas, por supuesto, nuestra esfera privada, pero tenemos que ser capaces también de conciliar el espacio compartido, el interés público. Las políticas de conciliación y corresponsabilidad nos harán avanzar en una sociedad más igual, pero es que además son imprescindibles para dar respuesta a los grandes desafíos que nos amenazan. Necesitamos avanzar en ellas si queremos un crecimiento económico justo, equitativo, y sobre todo necesitamos trabajar en ellas si queremos abordar el desastre demográfico y las consecuencias que este va a tener para nuestro país. Es nuestra responsabilidad que esta cuestión sea de primer orden en la agenda política de nuestro país. Tenemos que conciliar las necesidades de España con las necesidades de la ciudadanía, tenemos que conciliar las necesidades sociales, demográficas y económicas del país con las necesidades individuales de una estabilidad laboral, de unos ingresos, de la atención a la vida de nuestras familias, de nuestras pensiones. Recuperemos el espíritu de la Ley de Igualdad del año 2007, que se rompió con la reforma laboral del Partido Popular. No partimos de nada. En esta misma Cámara se han hecho trabajos importantes que quiero reconocer, como la subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, que trabajó en la última legislatura y presentó sus conclusiones a finales del año 2013. En ella participaron compañeros de esta Cámara y también organizaciones como la PPiiNA, cuyos representantes nos siguen desde la tribuna. No quiero mirar atrás, no quiero analizar las políticas del Partido Popular y la incidencia que estas han tenido en las políticas de igualdad en nuestro país. Hay muchos datos oficiales, muchas estadísticas y muchos estudios que lo constatan, algunos de ellos indicados en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley. Queremos mirar al futuro, y de eso va nuestra proposición no de ley. Nuestro deseo es que nos conjuremos para marcar esa prioridad en la agenda política, como decía, para construir un país más igualitario y para acabar con las consecuencias negativas que, de no hacerlo, tendría eso sobre nosotros. Creemos que no es tan difícil conseguir que en este país se garantice que a mismo trabajo mismo salario; que en este país pongamos sobre la balanza que no es tan importante ver pasar la horas del reloj desde el asiento del trabajo, sino que es mucho más importante lo que seamos capaces de idear, de construir, de crear, el ingenio que le pongamos y la innovación que saquemos de esos trabajos; que este no sea un país donde formar una familia sea una misión imposible, sino una de las mejores contribuciones que podemos hacer a la sociedad; que sea un país donde nuestros hijos puedan compartir lo cotidiano con sus familias; un país en el que la política se marque como prioridad alcanzar mayores cotas de bienestar, de felicidad, de ciudadanía y en el que no perdamos ni un segundo en debates estériles. Esta es una proposición no de ley muy amplia. Tratamos de exponer en ella las prioridades de nuestro partido, las que llevamos al programa electoral. Agradezco el trabajo de los grupos parlamentarios en enmendarla, en nutrirla y en mejorarla. Ha sido complicado su trabajo porque era muy amplia, pero quiero destacar fundamentalmente tres áreas. Una tiene que ver con el ámbito de los derechos laborales. Hay que regular el contrato a tiempo parcial - ha sido un fracaso con nefastas consecuencias en lo que tiene que ver con las mujeres que han tenido que ir a ese tipo de puestos de trabajo - y las horas extraordinarias, que están siendo la escapada de los empresarios para abusar de los trabajadores, especialmente de las trabajadoras, sin ninguna repercusión después en sus cotizaciones a la Seguridad Social a efectos de pensiones. Tenemos que regular lo que se refiere a los permisos de paternidad y de maternidad, que afortunadamente y ante la ausencia de presupuestos - quizás una de sus ventajas - han entrado en vigor, pero tenemos que marcarnos un calendario a futuro para hacerlos obligatorios e intransferibles y equiparar los permisos de la madre a los del padre. Tenemos que dotar de servicios públicos a nuestro país; tenemos que recuperar la prioridad de los cero a tres años en la educación pública; tenemos que recuperar la Ley de Dependencia, que sacaba a las mujeres del cuidado de sus familiares y que además generaba recursos y empleos, y tenemos que elaborar un plan, en el que la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo, que tenga que ver con racionalizar los horarios en lo privado y en lo público y que creo que es posible hacer en esta legislatura. Desde el pleno convencimiento de que compartimos la esencia de esta proposición no de ley, yo les pido el apoyo a la misma, que no perdamos un segundo de ese preciado tiempo y que nos pongamos a trabajar para construirlo. Nuestro grupo apoyará a todas las administraciones, a todos los Gobiernos que decidan trabajar intensamente por esta preocupación y nos comprometemos a trabajar desde aquí, desde el Parlamento, para que nuestros sueños, nuestros deseos, los individuales y los colectivos, no se queden solo en eso, en sueños y en deseos. Aquí, en nuestras manos, está poderlo cambiar; este Parlamento ya es diferente, no hay mayorías absolutas aplastantes que puedan acabar con los deseos de otros grupos parlamentarios.
Señoría, tiene que terminar.
Gracias, presidenta. Construyamos un deseo y un sueño común que es conciliar el interés de nuestro partido con el interés de los españoles. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por su apoyo y por sus enmiendas. Espero que alcancemos la unanimidad para llevarlo a cabo. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
Gracias, señora presidenta. Señores diputados, conciliación y corresponsabilidad; corresponsabilidad de todos los agentes sociales y políticos, porque este no es un problema de ley, es un problema de sociedad. Yo siempre digo que he podido hacer en la vida una carrera profesional y una carrera política porque tenía una madre, pero mi hija no me va a tener a mí. Mi madre era ama de casa, tenía diez hijos y ahora tiene trece nietos, y cuando son los puentes o las vacaciones tiene trece nietos en casa. Como muy bien decía la portavoz del PP, ese es el día a día de tantos abuelos y abuelas, pero al mundo al que vamos, donde las mujeres vamos a estar hasta los sesenta y siete años trabajando, eso no va a ser así. [[Rumores]] Tenemos que tener una sociedad...
Un segundo, señora Oramas. Por favor, señorías, ocupen sus asientos y guarden silencio. Adelante, señora Oramas.
Tenemos que tener una sociedad en la que esa conciliación e igualdad se den no solo en las leyes sino en la realidad social. Por eso yo me alegro de que haya habido una transaccional que haya matizado y ampliado aspectos tan importantes como la educación infantil de cero a tres años. ¿Cómo se van a tener niños hoy en día con un salario de 600 o 700 euros y sin tener garantizada una plaza escolar gratuita? Tenemos que tener una sociedad en la que exista una Ley de dependencia de verdad, porque al final las cuidadoras de la dependencia son mujeres; una sociedad en la que podamos trabajar dignamente, porque los trabajos precarios se están feminizando. Como decíamos, la pobreza en este país siempre tiene rostro de mujer, de mujer joven, de familias monoparentales y esta sociedad tiene que ir hacia otro lado. Para eso necesitamos no solo un pacto de Estado de fuerzas políticas sino, fundamentalmente, un pacto social. Desde luego, los nacionalistas canarios y esta portavoz vamos a participar en acuerdos de este tipo, porque la demografía es un problema de país pero también un problema de derechos universales y de políticas de igualdad. Somos iguales. Tardó en haber igualdad política, pero tiene que haber igualdad social. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo la conciliación y la corresponsabilidad a debate. Es uno de los temas que, creo yo, genera mayor consenso en esta Cámara. Todo el mundo conviene en que necesitamos más conciliación, más corresponsabilidad; vemos el problema social que existe y, sin embargo, no hay capacidad de llegar a acuerdo alguno para avanzar ni siquiera un pequeño paso en este sentido. La ideología en esta cuestión secuestra el progreso. Cuando algunos nos presentan proposiciones no de ley en materia de conciliación, nos presentan su programa electoral, con lo cual correspondería contrarrestar con una batería de enmiendas de acuerdo con nuestro programa electoral, y así hasta ocho programas electorales más el Grupo Mixto. No habría manera de poder consensuar nada. Nosotros hemos optado, sobre la base del texto del Grupo Socialista, por intentar matizar aquello que más nos duele. ¿Y qué es lo que más nos duele? Sobre todo el mantra de las competencias. Esta proposición no de ley entra hasta la cocina de las competencias de las comunidades autónomas. Aquí, en esta casa, es frecuente saltárselas, es común no solo en las PNL, sino cada día en las leyes en vigor aplicadas, incluso algunos se permiten el lujo de ondear la bandera del precinto de colegios para evitar el derecho a votar. Se ha perdido todo tipo de vergüenza. Una sola frase como 'con respeto a las competencias' o 'en el marco de las competencias del Estado' a esta diputada le suena a broma, pero la teníamos que poner aunque fuera para guardar las formas. También hemos presentado enmiendas en materia de Ley de dependencia. Usted dice que la cuestión laboral hay que abordarla; correcto, hay que abordarla y reformar todas aquellas legislaciones que nos han mantenido cuidando y que nos invitan únicamente a conciliar. Sinceramente, tendríamos que abordar reformas en la ley laboral que nos permitiesen conciliar a nosotras pero también a ellos. El texto de la proposición no de ley transpira esa indicación a que sigan conciliando las mujeres, que nos lo pongan fácil para seguir conciliando. Por eso nosotros estamos muy a favor de modificar los permisos de paternidad y maternidad, para que sean derechos iguales, intransferibles y, además, pagados al cien por cien para ambos. Pero el derecho de paternidad y maternidad es solo una muestra, también deberíamos hacerlo con todos los derechos que implican cuidado, como, por ejemplo, la guarda legal. Algunos la incrementaron hasta los doce años de la criatura, otros partidos la ven como un derecho de las madres y, en nuestra opinión, debería ser un derecho de la familia. La guarda legal debería poder ser para cuidado del hijo hasta los doce años pero para los dos, estimulando así que sea el otro progenitor - padre, madre o en el caso de dos padres o dos madres - quien pueda acogerse a ella. Por tanto, sí a la conciliación, sí a la corresponsabilidad pero sí a debatir medida a medida, con serenidad, con poca ideología, buscando el objetivo último, que es que esto sea una realidad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
Gracias, presidenta. Voy a comenzar mi intervención dirigiéndome a los autores de esta iniciativa, a las señorías del Grupo Socialista, y lo hago lanzándoles una pregunta: ¿Realmente son para ustedes la conciliación y la corresponsabilidad una prioridad? Yo creo que no; es lo que están demostrando. Parece que últimamente vayan sin rumbo. El Partido Socialista ya se ha sentado varias veces con el partido del Gobierno, el Partido Popular. No hay nada de malo en ello; nosotros estuvimos meses pidiéndoles que así lo hicieran. El problema es que cuando ustedes se sientan lo hacen para ponerse de acuerdo en subir impuestos o en repartirse magistrados del Tribunal Constitucional. [[Aplausos]] Ustedes no cambian, no lo hace el Partido Socialista ni tampoco el Partido Popular. ¿Dónde dejan la conciliación? No parece una prioridad. En cambio, para Ciudadanos sí lo es. [[Rumores]]
Un segundo, señora Reyes. Señorías, estamos en uno de los últimos puntos del orden del día, pero tenemos que mantener el mismo silencio que a lo largo de toda la mañana por respeto al orador que se sube a esta tribuna. Espero que hasta el final del Pleno no tenga que volver a llamar a sus señorías a mantenerse en silencio. Adelante, señora Reyes.
Gracias, presidenta. En cambio, para Ciudadanos sí lo es y ha quedado patente. La incluimos como apartado importante en nuestro pacto con el Partido Socialista y también en las exigencias al PP para la investidura. Nos hubiera gustado verles allí negociando, seguramente habría sido más efectivo que una proposición no de ley como la que ahora ustedes plantean, en la que incluyen una batería de medidas, muchas de las cuales se recogen en el pacto de investidura entre Ciudadanos y Partido Popular, algunas incluso han comenzado ya a ponerse en marcha. Desde el 1 de enero de este año, como todos saben, los padres disfrutan de dos semanas más de permiso de paternidad gracias a nuestra exigencia número 66 del pacto de investidura. Es insuficiente todavía, está claro, pero es un paso. Si buscamos un modelo de corresponsabilidad, los permisos parentales deben ser igualitarios y ese es nuestro objetivo, además de aumentarlos a un total de veintiséis semanas. Esperamos que el Partido Popular siga cumpliendo, porque hasta ahora ha mantenido en vigor una norma que no es igualitaria, una norma que vulnera un derecho fundamental, el recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución: 'Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo...'. Esto es lo que hacen los permisos según se están aplicando hasta ahora, discriminar. ¿Por qué todos los hombres que están aquí no tienen el mismo derecho a estar con sus hijos que el que tengo yo como madre? ¿Por qué a mí, como madre, se me impone el deber de conciliar por encima del que se le impone al padre? No se pueden mantener normas que son injustas y que sitúan a la mujer en desigualdad de oportunidades en lo que al mercado laboral se refiere. ¡Cuántas cosas quedan por hacer para que la mujer tenga las mismas oportunidades que tiene el hombre! Llevamos ya mucho tiempo incorporadas al mercado laboral. Atrás quedó la época de Concepción Arenal, en la que si la mujer quería acudir a la universidad tenía que hacerlo como oyente o disfrazada de hombre. La conciliación debe ser cosa tanto de hombres como de mujeres y desde aquí tenemos que trabajar para ello. Me quiero detener también en otra medida que en Ciudadanos consideramos fundamental para cambiar este aspecto, que es la educación. Como bien saben, para nosotros es una prioridad y por eso hemos impulsado ese pacto de Estado. En él se debe hablar de educación activa en igualdad. Lamento decir que parece que vienen tiempos difíciles con las futuras generaciones. Según una encuesta del CIS, el 33 % de los españoles entre quince y veinticinco años considera aceptable la violencia y el control en la pareja; un porcentaje mucho más alto que en las personas de mayor edad. No hay más que ver las redes sociales de los adolescentes, en las que se siguen manteniendo roles que perpetúan la desigualdad. Hacemos un gran daño a las niñas y también a los niños con nuestra manera de educarlos. Eso que se interpreta como masculinidad se convierte en una especie de jaula para ellos; reprimimos que expresen sus sentimientos, les generamos miedo hacia la vulnerabilidad y, por tanto, les hacemos más frágiles. A las niñas las seguimos educando para el cuidado de las personas, por eso las mujeres asumimos una doble carga en su totalidad. Nos sentimos terriblemente culpables al intentar ser madres y profesionales a la vez, porque solas vemos que no llegamos. Eduquemos a nuestros hijos en libertad, sin expectativas de género; centrémonos en sus capacidades como personas y ayudemos a que puedan desarrollarlas en toda su plenitud. Por último - sé que me queda poco tiempo -, quiero pedirles a algunos que al margen de presentar proposiciones no de ley o proposiciones de ley e incluir en sus programas medidas que promuevan la conciliación, actúen en consecuencia. No seamos hipócritas, señorías, porque aquí, en el Congreso, se ha planteado la posibilidad de racionalizar horarios para promover esa conciliación y esa corresponsabilidad. No solo nos afecta a nosotros, diputados y diputadas, sino también a mucha gente que trabaja aquí: personal, periodistas, etcétera. Esperamos que lo acepten todos y podamos dar ejemplo. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
El Grupo Socialista plantea una proposición no de ley que en principio parece razonable y suena sensata a oídos de esta Cámara. En su mayor parte se trata de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de promoción de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que ya preveía desarrollos legales posteriores para lograr esta igualdad en todos los ámbitos, tanto laboral como familiar y cultural. Es de celebrar que ahora, desde la oposición, el Grupo Socialista pida el desarrollo de una legislación promulgada por Zapatero como papel en blanco, en tanto que no se hizo nada para llevarla a efecto con voluntad política y dotación económica solvente. En el análisis y exposición de motivos a la Cámara, el Grupo Socialista deja fuera un elemento que creemos central en la promoción de esa igualdad en los cuidados y el trabajo doméstico. El trabajo de las mujeres fuera del hogar vale menos dinero que el de los varones, aunque se haga por el mismo tiempo y con la misma calidad. Con los datos de Eurostat, en 2016, desde el 8 de noviembre del año pasado, las mujeres ya podían decir que estaban a efectos prácticos y comparativos trabajando gratis. Si no erradicamos la brecha salarial de género, nuestros empleos serán de segunda y, como tales, el sistema nos empujará a nosotras a dejar ese mercado para volver a asumir esas tareas que tradicionalmente el patriarcado considera que son obligación natural de las mujeres. Para que nuestros trabajos no valgan menos, también nosotras tenemos que valer igual en cuanto a nuestra maternidad, si es que queremos desarrollarla, claro. Está demostrado que la brecha salarial se amplía en la edad en la que las mujeres deciden o pueden decidir ser madres y que hay un 93 % de las excedencias que cogen las mujeres que son para el cuidado de sus hijos e hijas. Sin los permisos de paternidad y maternidad iguales remunerados e intransferibles, las mujeres seguiremos siendo trabajadoras de riesgo, no erradicaremos la brecha salarial de género y los cuidados y roles tradicionales serán una imposición encubierta, no una elección libre. De esto nos viene hablando desde hace mucho tiempo ya la plataforma PPiiNA, a la que saludamos porque está arriba. Por eso, cuando lleguemos a esta Cámara con la proposición de ley que haga efectiva esa igualación de los permisos con su intransferibilidad, esperamos contar con el lógico apoyo de toda la Cámara, porque estamos hablando del derecho a cuidar en igualdad y del derecho a ser tratadas laboralmente en igualdad. [[Rumores]] No sé si a la presidenta le molesta el ruido, pero a mí sí. [[Aplausos]]
Señoría, puede continuar. Recuerde que hace apenas cuatro minutos he recordado a sus señorías que mantengan silencio.
Es que no ha servido de nada.
Si la Presidencia tiene que mandar cada cinco minutos a sus señorías guardar silencio, no terminaremos el Pleno, pero sobre todo es una falta de respeto. Desde aquí les veo a todos ustedes cuando pido silencio o digo que ocupen sus asientos y he tenido la oportunidad de ver cómo hay señorías que cuando digo 'ocupen sus asientos' siguen de pie y señorías que cuando digo 'guarden silencio' siguen hablando. Me gusta, señoría, que usted recuerde a sus compañeros diputados que tiene que oírse al orador, porque me ayuda usted a este trabajo que, como ve, es bastante ingrato en muchos momentos y, desde luego, bastante tiene uno que soportar. [[Aplausos]]
Un orgullo, presidenta, hacer todos por que esta Cámara funcione mejor. Mientras tanto pedimos que el actual permiso de paternidad de las cuatro semanas, que ahora mismo se ha puesto en marcha, no sea un permiso forzosamente ininterrumpido, sino que solamente sean obligatorias sus dos semanas iniciales y que de las otras dos se pueda disponer a lo largo del primer año de la vida del hijo o la hija, para no hacernos trampas y que tal permiso no acabe cayendo por la imposición de las cuatro semanas seguidas y dificultando imprescindibles y necesarios avances. Advertimos al Grupo Socialista del peligro que entraña en la actual redacción la jornada a tiempo parcial para las mujeres. Ese tipo de jornada es precisamente una de las soluciones que las trabajadoras toman para seguir cuidando en casa y trabajando también fuera. Debemos incentivar un cambio en los salarios, en los permisos de paternidad y maternidad y en los horarios laborales para favorecer las jornadas continuas y completas tanto para hombres como para mujeres. Hay que evitar que la jornada a tiempo parcial sea ese refugio de las mujeres para seguir cargando con todo, porque entraña menos salarios, y como las mujeres tenemos menos salario de nuevo por la brecha salarial y el trabajo de la mujer fuera de casa tiene menos valor, así la convencemos de que vuelva a ella y abandone el mercado laboral, y a futuro tendrá peores prestaciones tanto por desempleo como por jubilación. Nuestras trabajadoras van a ser pobres, más pobres que nuestros trabajadores el día de su jubilación. El Gobierno debe tener esto presente y erradicar este problema futuro, y para ello también necesitamos una implementación muy potente de nuestro servicio público en cuanto a dependencia. Recordemos que tenemos una ley de 2007 que no se ha desarrollado. La educación es un pilar transcendental para la igualdad entre las personas, pero no podemos introducir la igualdad como un contenido encubierto, auxiliar, extraescolar. Necesitamos, como lo necesitamos para la prevención de la violencia machista, que nuestro profesorado de primaria y secundaria tenga una formación en temas de género que le permita incorporar la igualdad como un contenido transversal y central en nuestra identidad democrática como país, no como una nota al pie descontextualizada. Tenemos que hablar de cambiar los planes de estudio. Si nos tomamos en serio este problema, debemos tratarlo como algo específico de la calidad democrática del Estado, de su concepción general. Las que se corresponsabilicen, las que hablen de estas cosas no podemos ser únicamente las mujeres. No podemos ser solo nosotras quienes estemos hablando de esto, porque quisiera preguntarles a sus señorías, y voy acabando, cuánto tiempo tienen ustedes, todos y cada uno ustedes, para conciliar. Como diputados, como diputadas, ¿cuánto tiempo tienen para conciliar?, ¿cuánto tiempo al día?, ¿de qué manera? Y en el tiempo que tienen para conciliar, ¿están realmente pensando en otra cosa o están pensando en esta Cámara? De ese tiempo, ¿en realidad cuánto creen de verdad que están conciliando? No les voy a mencionar lo que para mí son lecturas necesarias, no les voy a hablar de Paul Lafargue ni de Stevenson y de cómo reflexionan sobre el tiempo libre, pero les pido que piensen en esto un momento. Y ahora piensen que gracias a las dos reformas laborales, la del Gobierno de Zapatero y la del Gobierno de Rajoy, quienes hoy trabajan en el Estado español no cuentan ni siquiera con ese tiempo con el que las diputadas y diputados de esta Cámara podemos contar. Vuelvan a pensar en su tiempo libre. ¿A que les parece poco? ¿A que no consiguen desconectar?
Señora Fernández, tiene que terminar.
Voy acabando. Ese tiempo, que es libre, es para el cuidado, pero también es para el autocuidado, para la vida, para que como personas no nos quedemos reducidos y reducidas a máquinas que producen y si acaso, si pueden, se reproducen. Ese tiempo es fundamental para sentirnos personas de derecho y para participar en el avance de la historia. Sepan ustedes también que ese tiempo fuera del hemiciclo es muchísimo menos que el que tenemos aquí. Por eso, si queremos caminar hacia una mayor conciliación de la vida laboral con la vida familiar, con la vida personal, con la vida en sí, hagámoslo. Nosotros vamos a votar a favor de esta PNL con el texto transaccional, pero les pedimos que seamos serios y serias. Sin derogar las reformas laborales que nos esclavizan esto no deja de ser otro bonito y bienintencionado discurso. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Hace unos meses, en la anterior legislatura, el Grupo Socialista trajo otra proposición no de ley - quizás era una moción - más o menos relacionada con este tema, sobre todo con la cuestión de la brecha salarial, y evidentemente la brecha salarial está totalmente ligada al tema que nos trae hoy. Nosotros decíamos dos cosas. Primera, que la falta de conciliación, sin duda alguna, en un principio, deviene de la falta de igualdad. Si no hay igualdad, no hay condiciones iguales, y al no haber condiciones iguales, no se puede conciliar. Segunda, que para conciliar hay que trabajar, y desgraciadamente muchas mujeres no pueden conciliar ni pueden no conciliar porque no tienen un puesto de trabajo y quedan abocadas a cumplir funciones que otros que tienen trabajo a veces no cumplen o las cumplen a medias. Estamos generando una sociedad basada en estas cuestiones que anteriormente, cuando todas las preguntas estaban respondidas, marcaban una realidad, pero que hoy en día, afortunadamente, plantean muchos retos que atacar, y entre ellos, este. Hay un informe de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, sobre la organización social corresponsable, que dice claramente en su inicio que la división sexual del trabajo y la asignación tradicional de la producción y la reproducción a cada uno de los sexos - hombres y mujeres - generó y sigue generando una organización social en la que, por una parte, el sustento, lo productivo, lo público es un espacio con relaciones, roles y valores mayoritariamente masculinos y de hombres, y por otra parte, el cuidado, lo reproductivo, lo privado y doméstico es un espacio con relaciones, roles y valores mayoritariamente femeninos y de mujeres. Sin duda alguna, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el impacto de esta incorporación tanto en lo privado como en lo público han puesto de manifiesto cómo este modelo perjudica formal, funcional y simbólicamente a las mujeres en favor de los hombres. Los que participamos en la legislatura pasada en la subcomisión sobre el tema de la conciliación - donde todos los partidos políticos trabajaron mucho y casi todos coincidíamos en las conclusiones, sabíamos dónde estaba el problema y por dónde había que atajarlo - creo que podemos seguir hablando de cuál es la realidad y cuáles son los problemas, pero el asunto es cómo podemos hacer que esa realidad cambie. Señores del Partido Socialista, entiendo perfectamente su buena intención a la hora de traer esta proposición no de ley, pero me permitirán decir que lo que no se puede hacer es arrancar las hojas del programa electoral, presentarlo aquí como si fuera una proposición no de ley y pedir una adhesión incondicional a ese programa electoral. Todos tenemos cosas que aportar, ha habido una transacción en la que han participado sobre todo los que han enmendado y se han alcanzado ciertas conclusiones. Pero la PNL que estamos examinando, lejos de concretar medidas concretas, se limita a enunciar propósitos que, después de una elemental comprobación, resulta que no son si no reproducción, como decía, en buena parte de un programa electoral. Hay una faceta añadida a todo esto que nadie ha atajado - y tengo poco tiempo -, que es la siguiente. No podemos dejar de advertir que se produce una monumental confusión de títulos jurídicos y competenciales sobre materias en las que actúan diferentes administraciones, incluso en el ámbito de diferentes legisladores. Por ejemplo, de las veintiuna medidas señaladas, seis hacen referencia a legislación laboral y de Seguridad Social, y por ello su promoción es susceptible de ser instada al Gobierno del Estado, siendo esta Cámara la competente en esta materia. Sin embargo, otras diez se refieren a materias o bienes jurídicos cuya protección se encuentra atribuida, en nuestro caso, a la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de diferentes títulos contenidos en el Estatuto de Autonomía de Gernika: el 10, el 12 y el 18, por ejemplo. Y otras cinco podrían ser ejercidas de forma indistinta por la Administración del Estado, la autonómica, la local o incluso la foral, en el caso de Euskadi, en virtud de las competencias que tanto en materia fiscal como de asistencia social se le atribuyen, como decía, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Euskadi. Con todo ello queremos evidenciar, por tanto, que no basta con tener intenciones, que están muy bien, o con tener ganas de hacer cosas, porque estamos en un lugar donde se legisla y hay que saber qué se puede legislar y qué no se puede legislar, y me da la sensación de que algunos partidos políticos, dentro de su progresía, a veces se olvidan de que el marco es el marco y que, si queremos cambiarlo, este es el sitio para hacerlo. Pero que lo digan porque, en principio, lo que nos compete, nos compete, y lo que no, no. Ayer reiteré esto mismo en otro tema, y me da la sensación de que esta legislatura vamos a tener que reiterar y darle a los pedales constantemente recordando dónde estamos, para qué estamos y para qué no estamos. Por tanto, creemos que este tema es muy profundo, quizá debería desarrollarse en algo más importante que una proposición no de ley, es un tema serio que el Partido Nacionalista Vasco estará dispuesto a atajar desde el primer momento, como lo hizo desde el instante en que participó en esa Comisión.
Señor Agirretxea, tiene que terminar.
Termino, señora presidenta, diciendo que nos gustaría que se concretaran más medidas que verdaderamente nos corresponde llevar a cabo y que otras administraciones ya las hacen. El plan que les he enseñado de Emakunde se lleva a cabo en Euskadi y creo además que con mucho cierto. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
Gracias, señora presidenta. La proposición no de ley inicial entre conciliación y responsabilidad propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista nos pareció en principio muy general, que trataba varios temas muy importantes para la vida de las personas, incluso pensamos que cada uno de ellos por separado ameritaría una PNL individual y más exhaustiva. Si bien Esquerra Republicana de Catalunya siempre apoyará todas las medidas que vayan a favor de las políticas que promueven la igualdad efectiva, la transaccional alcanzada por el Grupo Parlamentario Socialista con el aporte de varios grupos nos parece más completa y, por tanto, la vamos a apoyar. Todos vivimos veinticuatro horas al día, pero, desgraciadamente, no todos lo hacemos en las mismas condiciones. Nuestro partido siempre ha tomado posición y ha trabajado por una reforma horaria para regular el proceso, los mecanismos y los recursos para implementar horarios que favorezcan unos usos del tiempo más humanos y cívicos, que sean beneficiosos para las instituciones, las empresas y sobre todo para la ciudadanía. En Cataluña trabajamos y apostamos por el impulso de una nueva cultura del tiempo, donde se pase de unos horarios propios de la era industrial a tener unos que se adapten a las actuales necesidades, con unos modelos más eficientes y flexibles para atender así las nuevas complejidades sociales. Tenemos que volver a los horarios anteriores al franquismo, adaptados a la nueva realidad social, económica y cultural. La sociedad catalana es un referente europeo en la lucha contra la discriminación y por hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razones de género, religión, convicciones, discapacidad, edad, origen racial o étnico, identidad u orientación sexual o por cualquiera otra condición social o personal, y seguiremos trabajando para que nuestro país cuente con las instituciones, técnicas jurídicas de igualdad y con los instrumentos más avanzados para asegurar esta no discriminación entre personas. Por ello, Esquerra Republicana de Catalunya apuesta desde hace tiempo por que la conciliación de la vida laboral y familiar pase de ser una utopía a una realidad y se consiga una igualdad efectiva. Por este motivo, trabajamos para que en la futura república catalana se lleven a cabo medidas tales como la educación neutra en género, la garantía de guarderías para niños de cero a tres años para las familias que lo soliciten, los recursos adecuados para el cuidado de las personas dependientes y el avance hacia flexibilidades horarias y permisos laborales paritarios que permitan la corresponsabilidad familiar. Creemos que todo esto es tan importante como lo es la lucha para promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres en trabajos remunerados de igual valor y la bonificación de cotización a los efectos del cálculo de las pensiones. Esta última - quizá la menos nombrada - trata de la desigualdad que se hace efectiva al finalizar la vida laboral y que pasa factura de los años sin cotización por haber perdido el trabajo por estar embarazada o por haber decidido cuidar a sus hijos en lugar de seguir trabajando y tener que dejarlos con terceras personas, que a veces cuesta más que el salario que se percibe. Y, lo peor, todo por el famoso llamado a la natalidad por el bien del país. No sería una bonificación, sino un justo derecho que solo intentaría la igualdad a la hora de decir a qué edad se puede jubilar una persona. Para concluir, quisiera hacer un llamado a todas las señoras diputadas, vengan del territorio que vengan y pertenezcan al grupo parlamentario que sea, para que consideren este cambio para democratizar el acceso al espacio político y social con un reparto equitativo de tareas y horarios, que hoy es fundamental para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar mis palabras, como han hecho algunos diputados que me han precedido, felicitando en nombre de mi grupo parlamentario a la presidenta y a toda la Mesa por las iniciativas que están poniendo en marcha para favorecer la conciliación familiar no solamente de los diputados y las diputadas, sino de todo el personal de la Cámara. Estoy segura de que, más allá del efecto que pueda tener en cada uno de nosotros individualmente, supone un gesto serio y un avance significativo a la hora de hacer visible una voluntad política de todos los grupos, que es la de apostar por la conciliación y la corresponsabilidad. Eso me parece muy oportuno en un momento en que debatimos una proposición no de ley cuyos objetivos sin duda alguna compartimos. Compartimos cualquier objetivo que tienda de manera directa a mejorar la conciliación de las personas en su vida personal, familiar y laboral y también a avanzar en la corresponsabilidad. Es más, no solamente compartimos los objetivos de esta proposición no de ley, sino que además el Partido Popular está trabajando desde hace ya mucho tiempo en el Gobierno de España por conseguir esos objetivos. En estas pasadas legislaturas, la X y la XI, el Gobierno de España ha realizado importantísimas aportaciones al objetivo de mejorar la conciliación y favorecer la corresponsabilidad. Les voy a dar buenas noticias. Ya se han enterado de que las cuatro semanas de permiso parental están en vigor desde el día 1 de enero. Esa es una buena noticia. Es lo que pasa con los sofritos y lo que suele pasar cuando uno coge el programa electoral, que pone cosas que entonces no estaban en vigor, pero estamos a tiempo de corregirlas y se han corregido en la transacción. Ya se han enterado. A lo mejor también conviene que se enteren de algunas otras cosas. Por ejemplo, el Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017 incluía entre sus líneas estratégicas - concretamente en la segunda - la conciliación y la corresponsabilidad. Ahí ya se avanzaba un paquete de medidas muy relevantes en relación con la ordenación de las jornadas, la protección económica, la oferta de servicios o la concienciación social; todas ellas medidas que deben ser impulsadas por la Administración General del Estado en estos años. Eso sucede - también se han llevado ya a efecto - con las medidas introducidas para los trabajadores autónomos en el artículo 38 del Estatuto del trabajo autónomo. Estas medidas se han introducido recientemente en la Ley 31/2015 y contemplan una bonificación del cien por cien de la cuota para los trabajadores por cuenta propia en determinadas situaciones y cumpliendo determinados requisitos, pero siempre cuando se encuentren en periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento y otras muchas circunstancias. Por lo tanto, es una medida directamente dirigida a favorecer la conciliación. También el artículo 11 de la Ley de Economía Social - introducido por la misma ley de 2015 a la que hacía referencia - extiende los mismos efectos para los socios o trabajadores de las cooperativas. Por lo tanto, en algunos aspectos se ha avanzado de forma muy significativa. Recordemos que este avance se ha producido en un momento en el que no existía una posibilidad real de un gasto extraordinario; gasto extraordinario, por cierto, que muchas de las medidas que ustedes nos proponen no contemplan de dónde se extrae. No nos están diciendo de qué partidas quieren sacar el dinero para poder financiar esas medidas que proponen. Lo que pasa con los sofritos es precisamente eso: uno sabe cómo empieza el sofrito pero, cuando acaba mal, cuando no se puede hacer gran cosa con él, lo único que podemos hacer es desecharlo. Por eso, no vamos a apoyar su proposición no de ley. Hay medidas recogidas en el Plan de apoyo a la familia y en el Plan de igualdad que ya se han puesto en marcha y que el Gobierno de España ya ha llevado adelante, pero que están de alguna manera presentes en su proposición no de ley. Y otro grupo muy importante de medidas que se encuentran en su proposición no de ley no le corresponde al Gobierno de España ponerlas en marcha; les corresponde, como han señalado algunos grupos parlamentarios, a las comunidades autónomas. Pero me parece bien, usted y yo somos de la misma comunidad autónoma y le propongo una cosa: vayamos juntas a ver al señor García-Page y digámosle, por ejemplo, que las escuelas infantiles comiencen de los cero a tres años. Le podemos decir al señor García-Page que en los presupuestos de este año las ponga en marcha. También los comedores escolares y todas estas medidas que ustedes proponen, porque ahora mismo el que gobierna en esa comunidad autónoma es un presidente socialista. Díganle que las ponga en marcha. Ustedes piden mirar al futuro. Hagámoslo; a partir de hoy, que lo haga ese presidente. [[Aplausos]] Y no solamente el de Castilla-La Mancha, los de todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista...
Señoría, tiene que terminar.
Sí, señora presidenta, termino ya. ... porque resulta que ustedes traen una cosa aquí cuando gobierna el Partido Popular y otra cosa muy diferente en los parlamentos autonómicos gobernados por ustedes. Si quieren que trabajemos seriamente, si quieren que realmente aprobemos cuestiones en las que en la base común existe un amplísimo acuerdo para seguir avanzando, todos y cada uno de los miembros del Partido Popular estaremos dispuestos a hacerlo con seriedad y con rigor, porque eso es lo que necesita España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Pregunto a la señora Rodríguez García si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
Presidenta, hemos preparado una transaccional que he hecho llegar a la Mesa; creo que ya la tienen a su disposición.
Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores referido al acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio Económico Europeo, hecho en Bruselas el 11 de abril de 2014. Salvo que se me diga algo en contra, el dictamen se someterá a votación por asentimiento con el resto de las votaciones que tenemos previstas para hoy por la mañana. ¿De acuerdo? [[Asentimiento]] Muchas gracias.
A continuación pasamos al último punto del orden del día, relativo a propuestas de creación de subcomisiones. En concreto, las siguientes: propuesta de la Comisión de Cultura, de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista; propuesta de la Comisión de Defensa, de creación de una subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas; propuesta de la Comisión de Justicia, de creación de una subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia; propuesta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de creación de una subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos [[RETA]], y propuesta de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de creación de una subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento? [[Asentimiento]] Muchas gracias. Vamos a llamar a votación. Comenzaremos en tres minutos. [[Pausa]]
Señorías, ocupen sus asientos. Vamos a comenzar las votaciones. Comenzamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pobreza infantil. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 168; en contra, 131; abstenciones, 37.
Queda aprobada. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DESTINADA A IMPULSAR, PROMOVER Y PROTEGER LA CULTURA Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN ESPAÑA. [[Número de expediente 173/000011]]
Votamos la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno destinada a impulsar, promover y proteger la cultura y las industrias culturales en España. La vamos a votar por puntos. Comenzamos votando el punto número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 206; en contra, 131.
Queda aprobado. Pasamos a votar el punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336; abstenciones, 1.
Queda aprobado el punto 2. Pasamos a votar el punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 193; en contra, 139; abstenciones, 6.
Queda aprobado el punto 3. Pasamos a votar el punto 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 259; en contra, 71; abstenciones, 8.
Queda aprobado el punto 4. Votamos el punto 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 253; en contra, 85.
Queda aprobado el punto 5. Pasamos a votar el punto 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 253; en contra, 8; abstenciones, 77.
Queda aprobado el punto 6. Pasamos a votar el punto 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 328; abstenciones, 9.
Queda aprobado el punto 7. [[Aplausos]] - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO A LAS ENTIDADES LOCALES. [[Número de expediente 173/000012]]
A continuación, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre aplicación de la regla de gasto a las entidades locales. Se va a votar también por puntos. Votamos, en primer lugar, el punto número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 103; en contra, 197; abstenciones, 38.
Queda rechazado el punto 1. Pasamos a votar el punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 103; en contra, 201; abstenciones, 34.
Queda rechazado. Pasamos a votar el punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 174; en contra, 128; abstenciones, 35.
Queda aprobado el punto 3. Pasamos, por último, a votar el punto 4 de esta moción. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 174; en contra, 130; abstenciones, 34.
Queda aprobado el punto 4.
Pasamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 176 más 1 voto telemático, 177; en contra, 163 más 2 votos telemáticos, 165. [[Aplausos]]
Queda aprobada la toma en consideración. Les rogaría, por favor, que aplaudan al final de la votación.
Pasamos, a continuación, a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 3 votos telemáticos, 340; a favor, 337 más 3 votos telemáticos, 340.
Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley. [[Aplausos]]
Votamos el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la competitividad de la economía española a través de la formación profesional y la calidad en el trabajo. La vamos a votar en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 165; en contra, 9; abstenciones, 165.
Queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. [[Número de expediente 162/000068]]
Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre conciliación y corresponsabilidad. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Ciudadanos, el Grupo de Esquerra Republicana y el Grupo Mixto. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 195; en contra, 130; abstenciones, 14.
Queda aprobada la proposición no de ley.
Pasamos, a continuación, a la votación correspondiente al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores correspondiente al acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio Económico Europeo, hecho en Bruselas el 11 de abril de 2014. ¿Acuerda la Cámara la aprobación del dictamen por asentimiento? [[Asentimiento]] Lo acuerda. Muchas gracias.
De igual modo, aunque lo he dicho antes de empezar la votación, quedan aprobadas por asentimiento todas las subcomisiones a propuesta de todos los grupos en esta Cámara. ¿Lo acordamos así? [[Asentimiento]] Lo aprobamos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Era la una y cinco minutos de la tarde.