Se abre la sesión. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno trae hoy a esta Cámara la convalidación del real decreto-ley por el que se modifica y se mejora el Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario. Se trata sin duda del mejor instrumento con que ha contado nunca la Comunidad Autónoma de Canarias para potenciar su desarrollo económico. Es un texto que en su nueva redacción establece como principal objetivo la creación de empleo en las islas, algo que es fundamental en la política económica de este Gobierno, y aún más en el caso de esta comunidad autónoma, que sufre una de las mayores tasas de desempleo de España. Con este renovado REF canario, el Gobierno cumple con uno de sus compromisos de esta legislatura; así lo manifestó el presidente del Gobierno desde el primer momento en el debate de investidura. Antes de exponer ante sus señorías cuáles son las principales mejoras que se han introducido en la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, me gustaría hacer un breve inciso para resaltar dos valores políticos que entiendo esenciales en el actual real decreto-ley. Por un lado, está el valor del consenso, del acuerdo. El texto que hoy traemos a esta Cámara es el resultado de una negociación leal y constructiva desarrollada en un clima franco de cooperación entre los Gobiernos de España y de Canarias, con el respaldo de todos los grupos políticos del Parlamento de las islas Canarias. Cuando dos instituciones adquieren el compromiso de trabajar por el bien común de sus ciudadanos y dejan a un lado intereses partidistas o electorales, resulta mucho más sencillo encontrar puntos de encuentro político y soluciones técnicas para alcanzar acuerdos. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Como les decía antes, el resultado es el mejor REF canario que hayamos tenido nunca, y desde luego el mejor posible en estos momentos en los que la lucha contra el desempleo debe ser una prioridad para todos los Gobiernos, para todos los gobernantes, y en los que la búsqueda de nuevas posibilidades de negocio resulta imprescindible para conseguir que Canarias tenga una economía cada vez más diversificada, moderna y abierta al mundo. El segundo valor político - que creo de justicia resaltar - es el de la diversidad el Estado español. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias es un ejemplo evidente de la facilidad con que se pueden desarrollar singularidades en distintos territorios que conforman el Estado de las autonomías de España al amparo de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Es precisamente nuestra Constitución, con la solidez que le otorgan sus treinta y seis años de vida, la que da cobertura legal a nuestro régimen fiscal diverso y la que permite que este se vaya adaptando a las distintas necesidades que se van originando en los diferentes territorios de España. Fue la Constitución la que mediante el consenso estableció para España un sistema en el que conviven comunidades que se rigen por el régimen tributario común con otras que, por sus peculiaridades históricas o geográficas, poseen instituciones y leyes diferentes al resto. Hablo de las haciendas forales en el caso de Navarra, Álava, Gipuzkoa o Bizkaia, o de los regímenes económico-fiscales propios de Canarias y de Ceuta y Melilla. Son en todos los casos singularidades que no solo han enraizado en el ordenamiento jurídico, en lo que significa el entramado institucional de España, y que son vistas y aceptadas con toda naturalidad por la ciudadanía, sino que además se han consolidado en un ámbito supranacional realmente exigente, como es el de la Unión Europea. De hecho, en el caso que hoy nos trae aquí, las modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal canario se realizan al amparo de los reglamentos generales de excepción por categorías de la Unión Europea. Todavía hay quienes cuestionan en ocasiones la viabilidad de nuestras formas de Estado, tanto por motivos económicos como políticos. Tenemos que rechazar estas opiniones, porque, como en los casos que estamos trayendo aquí, desde la singularidad y la diferencia España ha sido próspera y ha ejercido como una democracia más en el club de las democracias de la Unión Europea. Por tanto, hoy podemos perfeccionar un régimen que entronca con siglos atrás, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que no solo está vigente sino que puede potenciarse en términos de seguir ganando autogobierno en la comunidad autónoma como un ejemplo del éxito de nuestro Estado de las autonomías y un referente - insisto - del valor del consenso, del valor del acuerdo. Así pues, el Gobierno desea expresar una vez más su firme defensa de la Constitución y su apuesta por el modelo de convivencia que establece para los españoles, al amparo del cual se desarrolla y consolida el Estado de las autonomías y se fortalecen y hacen reales los hechos diferenciales de las distintas nacionalidades o regiones, sus instituciones, las lenguas cooficiales, las singularidades fiscales o las competencias propias de cada una de ellas. Volviendo al contenido concreto de este real decreto-ley, solicito el respaldo de la Cámara porque estamos ante un instrumento que puede ser importante para el desarrollo económico del archipiélago canario, muy especialmente, como he tratado de subrayar desde el comienzo de mi intervención, para combatir las altas tasas de desempleo que sufre esa comunidad autónoma. Con ese objetivo, la nueva regulación ofrece importantes incentivos fiscales a la creación de puestos de trabajo en el Archipiélago para un periodo de aplicación entre 2015 y 2020; si bien, las entidades inscritas en ese tiempo en la Zona Especial Canaria podrán beneficiarse del régimen fiscal hasta diciembre de 2026. Además, profundiza en otra de las líneas que ya recogía anteriormente el REF canario, la de la diversificación de la actividad económica. Las modificaciones recogidas en este real decreto-ley inciden fundamentalmente en la regulación de la Zona Especial Canaria y en la reserva para inversiones en Canarias. Además, introduce una deducción por inversiones en territorios de África occidental, que resulta muy interesante tanto para la apertura de nuevos mercados por parte de las empresas con sede o sucursales en Canarias como para el desarrollo de los propios países destinatarios de las inversiones. En lo que se refiere a la ZEC, a la Zona Especial Canaria, que ya tuve el honor de poner en marcha desde el Ministerio de Hacienda que lideraba hace más de catorce años - ejemplo del interés del Gobierno del Partido Popular por incentivar la actividad económica en la comunidad -, la nueva regulación amplía su ámbito de actuación a todo el territorio del Archipiélago, para dar mayores posibilidades a todas las inversiones, y amplía el número de actividades que pueden desarrollarse para acogerse a los incentivos fiscales. Además, se aumentan significativamente los límites de las bases imponibles sobre los que puede aplicarse el tipo reducido del 4 % en el impuesto sobre sociedades, vinculándolos de forma directa a la creación de empleo. De esta manera, cuanto mayor sea el número de puestos de trabajo estables creados más se puede aplicar el mencionado 4 % de tipo reducido en el impuesto sobre sociedades. La generalización del ámbito geográfico de actuación, como hasta ahora los beneficios de la zona especial, solo alcanzaba a empresas que estuvieran localizadas en unas áreas muy concretas; esto hace que se pueda conseguir con mayor eficacia el objetivo de diversificar la estructura económica canaria y la creación de empleo. Hemos superado, pues, el ámbito geográfico de los beneficios de la ZEC. Además, no solo podrán beneficiarse las empresas de nueva creación, sino que podrán adherirse a la Zona Especial Canaria sucursales de personas jurídicas que anteriormente ya tuvieran actividad económica. En cuanto a la ampliación de actividades, el objetivo es favorecer la creación de empleo en más sectores, fundamentalmente en aquellos que son intensivos en mano de obra y que están relacionados con sectores tecnológicos, textiles, agrícolas, medioambientales y complementarios al turismo. Respecto a la aplicación del tipo reducido del 4 % en el impuesto sobre sociedades, la nueva regulación lo aplica de manera horizontal, para que todos los sectores económicos puedan beneficiarse por igual, de manera que ya no distingue, como hacía hasta ahora, entre actividades industriales y de servicio. Además, como decía anteriormente, amplía el límite de la base imponible al que puede aplicarse, vinculándolo directamente a la creación de puestos de trabajo. Cuantos más puestos de trabajo se creen menos impuestos pagará la empresa. Así, se aplicará el tipo reducido del 4 %, sobre un máximo de 1,8 millones de euros de la base imponible, cuando la empresa cree el empleo mínimo, que son 5 puestos de trabajo netos en Tenerife o Gran Canaria, o 3 puestos de trabajo en el resto de las islas. Por cada empleo adicional, el límite de la base se incrementa en 500.000 euros, y en caso de que se dé empleo a más de 50 nuevos trabajadores no habrá límite. Esta iniciativa no puede ir más allá de la normativa de la Unión Europea, que involucra y concierne a todos los Estados miembros en similar situación. En este caso, el reglamento general de exención por categorías de la Unión Europea señala que el ahorro fiscal por la aplicación del tipo reducido no podrá ser superior al 10 % de la cifra neta de negocios de la entidad. Otra de las modificaciones relevantes corresponde a la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, que a partir de ahora es más flexible con el objetivo de beneficiar a un mayor número de empresas que apuesten por la creación de empleo en el Archipiélago. Así se equiparan los supuestos de inversión indirecta a los de inversión directa, y - lo que es muy relevante - no solo se incentiva la realización de nuevas inversiones en Canarias sino que estos incentivos fiscales se vinculan a la creación de empleo, aunque esta no vaya acompañada de inversiones iniciales previas. En todo caso, para acogerse a los incentivos debe haber un incremento de la plantilla media total en doce meses y mantenerse varios años. Por otra parte, tal y como enunciaba al comienzo de mi intervención, debo destacar que por primera vez el REF incorpora una nueva deducción por inversiones en territorios de África occidental y por gastos de publicidad. El objetivo es incrementar las inversiones en Canarias destinadas a facilitar y promover la utilización del Archipiélago como plataforma para abrir nuevos mercados en África occidental. La situación geográfica de las islas tiene el inconveniente de la lejanía del resto de España y de Europa. Este es uno de los principales motivos de que exista el Régimen Económico y Fiscal, pero tiene, por otro lado, la ventaja de su proximidad al continente africano y a países donde hay mucho que hacer desde el punto de vista económico y comercial. De ahí que hayamos propuesto utilizar el REF canario para estimular inversiones que puedan aprovechar esta circunstancia de cercanía, que debemos entender como un privilegio. De esta manera, las pequeñas empresas se podrán deducir el 15 % y las medianas el 10 % de las inversiones que realicen en la constitución de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde. Para ello deberán cumplir una serie de requisitos, como que la inversión se mantenga al menos tres años y que haya un incremento de plantilla media en Canarias, que también deberá mantenerse durante tres años. Esas mismas deducciones, del 15 y el 10 %, podrán aplicarse a los gastos de publicidad y propaganda que sirvan para el lanzamiento de productos de apertura y prospección de mercados en el extranjero y de concurrencia a ferias y exposiciones. Finalmente, se mejora la deducción a la innovación tecnológica en una clara apuesta por favorecer las inversiones en el Archipiélago que tengan el valor añadido de estar orientadas a las actividades económicas más avanzadas tecnológicamente. En este caso el porcentaje incrementado aplicable de esta deducción en las islas pasa del 32 % precedente al 45 %. Señorías, como representante del Gobierno solicito a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que ya recibió el pasado 22 de diciembre el informe favorable del Parlamento de esa comunidad autónoma. Además se da la circunstancia de que es la segunda vez que, en mi condición de ministro de Hacienda, tengo el honor de representar al Gobierno de España para reclamar a los diferentes grupos políticos hoy, al igual que hace ya casi quince años, la modificación, el avance de ese Régimen Económico y Fiscal. Para mí es un honor volver a ocupar la tribuna de este Congreso de los Diputados para promover, para favorecer el desarrollo económico de Canarias, con todo lo que ello representa para el conjunto de España. Este renovado REF recoge la mayoría de las demandas que se habían planteado desde sectores políticos, económicos y sociales del Archipiélago, sin duda alguna aunados por el deseo del impulso a la actividad y especialmente por la necesidad de dinamizar el mercado laboral. El texto que hoy traemos aquí representa sin duda un importante estímulo para que las empresas inviertan en Canarias en nuevos y diversos sectores y creen puestos de trabajo en un amplio abanico de actividades. A partir de ahora invertir en Canarias para generar riqueza y empleo será más atractivo y por supuesto más rentable. Por eso esperamos que este nuevo REF sea un sólido punto de apoyo para superar la crisis en Canarias y, por descontado, en el conjunto de España. Estas son las razones que animan al Gobierno a solicitar la convalidación del presente real decreto-ley. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. Vamos con las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, como canaria hoy es un día de gran satisfacción por el hecho de que venga el fuero de los canarios. Como muy bien dijo el ministro, este no es un tema nuevo; es de la época de la corona de Castilla, cientos de años en los que se ha reconocido este hecho diferencial de los canarios, la lejanía y la insularidad. Hoy viene una parte de ese Régimen Económico y Fiscal, que es la medida fiscal. Quiero poner en valor el consenso político - se hizo por unanimidad en Canarias -, el consenso social de sindicatos, empresarios y colectivos, así como el que ha habido de dos Gobiernos, el de la nación y el de Canarias, primero en llegar a acuerdos, que es muy importante, y segundo en tener una acción decidida y un calendario. Fue muy difícil entonces - el ministro lo sabe -, por la situación europea, adoptar aquella decisión estratégica de retrasar la negociación, porque no era el momento en que se podía llevar este asunto a Europa; sin embargo, había que meterle el acelerador antes de que se produjeran los cambios en la Comisión. Ha sido una actuación decidida de los dos Gobiernos y también de estos en Bruselas. Como ha dicho el ministro, también quería plantear que los tres ejes fundamentales de las modificaciones que vienen hoy - no se trata de revalidar por más plazos - son: el eje del empleo, porque era importante ligar las inversiones y los beneficios fiscales al empleo; la apertura de Canarias hacia África, como centro logístico; y después, la posibilidad de que la ZEC sea un foco de atracción de inversiones para Canarias, que es muy importante. Ahora le toca al Gobierno una nueva tarea - y eso se lo digo a usted, señor Montoro -, que es difundirlo y venderlo como un tema de Estado. Nosotros necesitamos que cuando se hagan visitas de Estado con el empresariado a Estados Unidos, Asia y la propia África, sea el Gobierno de España el que lo difunda y lo ponga en valor. Esa es la tarea que realmente puede servir para que Canarias pueda diversificar la economía, pueda crear empleo y pueda ser ese hub, ese punto de localización del futuro desarrollo de África. Quiero dedicar un momento a los aspectos económicos del REF, aspectos económicos que no se plantean hoy y que tienen dos componentes: uno, que hay que cumplirlos, y dos, que hay que actualizarlos. ¿Por qué digo que hay que cumplirlos? Porque entre la crisis económica y, algunas veces, falta de voluntad política, los Presupuestos del Estado y la actuación del Gobierno del Partido Popular, en los últimos años ha habido un retroceso en determinadas materias. Ahí tenemos el retroceso en determinados convenios, en determinadas inversiones, en las ayudas al transporte, en las ayudas a la desalación de aguas; tenemos la desaparición de otras medidas como planes de empleo, el Plan de infraestructuras turísticas o los convenios ICO específicos para Canarias. Hay otros elementos que estaban ahí a los que el propio presidente Rajoy se comprometió en el debate sobre el estado de la Nación, como el tema de la quinta libertad, que no se ha implantado y que tenemos que estudiar porque es un elemento fundamental para la conectividad de Canarias. Y digo actualizar porque el propio Parlamento de Canarias y todas las fuerzas políticas de Canarias han planteado determinadas materias que había que revisar, como el tema de residuos y otra serie de cosas. No es que yo quiera jubilarle a usted, pero usted es de las pocas personas que quedan que conoce perfectamente esa filosofía y lo que es el REF. Porque el REF no es una subvención a Canarias; el REF es una compensación de los sobrecostes que existen en Canarias por el hecho insular y la lejanía. Y cuando el portavoz del Partido Popular en Canarias dice hace una semana que se ha reunido con el secretario de Estado de Hacienda y que se aplaza lo del REF económico hasta 2016 y va a estar en el marco de la financiación de las comunidades autónomas, no es cierto. El tema del REF económico y las compensaciones al hecho insular son anteriores a la negociación de la financiación de las comunidades autónomas y van a financiar en todas las comunidades los servicios comunes. El tema es anterior y venimos a traerlo. Creo que aunque esas nuevas medidas económicas son razonables y hay que estudiarlas, hacen falta equipos que conozcan por qué nació el REFC, cómo se hizo y cuáles son las directrices europeas. Convendría dejarlo por lo menos esbozado y negociado y que pueda aprobarse en su momento, independientemente de los grados de cumplimiento o de las dotaciones presupuestarias. Y ahí planteo un reto al nuevo Gobierno. Quiero terminar con una frase. Los canarios esperamos la modificación de la Constitución, la actualización de la Constitución, no solo para resolver los problemas que hay en este Estado después de tantos años de democracia, sino para que en esa Constitución figuren dos cosas: lo que recoge la Constitución europea, que es la condición de región ultraperiférica de Canarias, que es un hecho permanente en el tiempo; y segundo, para poder blindar el REF y que sea de obligado cumplimiento, gobierne quien gobierne, nos necesiten a Coalición Canaria o a los nacionalistas canarios o no nos necesiten, para que sea ley y, aunque se recoja en la Constitución, que sea de obligado cumplimiento. Y también es importante esa declaración de RUP, porque lo que es triste es que Europa sí aplique sus políticas siempre con la condición de RUP y que los Gobiernos de España lo hagan dependiendo de lo que les interese, dependiendo de los votos que necesiten o dependiendo de las disponibilidades presupuestarias. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Quevedo.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, hoy es una de las raras ocasiones en la que los dos nacionalistas canarios intervenimos ante un mismo punto del orden del día, será porque el asunto es especialmente relevante y porque es bueno que las organizaciones en este caso expliquen sus posiciones aunque sean esencialmente similares. Hoy vemos la modificación de una parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de los aspectos fiscales contenidos en la Ley 19/1994, previo informe del Parlamento canario, que tengo que recordar aquí que es un informe preceptivo pero no vinculante. Hemos estado de acuerdo pero, como saben muy bien, es una reivindicación de los nacionalistas canarios que cuando se vaya a actuar sobre algo que es nuestro acervo, como el Régimen Económico y Fiscal, el Parlamento canario tenga la posibilidad de intervenir si algo nos parece que lesiona los intereses de Canarias. Aun así, ha conseguido unanimidad en el Parlamento de Canarias el proyecto de real decreto-ley que vemos hoy. Lo ha merecido, aunque por parte de Nueva Canarias, que es a quien yo represento aquí, consideramos que hay algunos elementos en los que disentimos; no todo puede ser absoluto acuerdo. Nos produce preocupación que la deducción de las inversiones de Canarias en el exterior se haya planteado como está. Yo le llamo la atención sobre la preocupación que nos produce a Nueva Canarias que la capitalización y el ahorro fiscal que supone el esfuerzo de los canarios se invierta en el exterior de Canarias con la que está cayendo en esa tierra. Nosotros propusimos que se estimulara la comunicación con el continente africano, como es natural; que se fomentara la promoción de nuestros productos, etcétera. Además usted sabe que no es nada sencillo controlar eso. Si no era nada sencillo controlar la reserva de inversiones como estaba, imagínese fuera. Nosotros tenemos clavada esa espina, aunque no ha impedido apoyar el informe. Está muy bien que la ZEC se haya ampliado al conjunto del territorio y que haya aspectos novedosos en la reserva de inversiones de Canarias, pero lo más importante de todo esto es que el 50 % de los recursos puedan ser utilizados para la creación de empleo; esto es determinante. El problema es que en la mejor de las hipótesis, con datos del año 2014, se podrían crear 5.000 empleos en Canarias - que está bien, no nos vamos a enfadar por esto -, pero si estamos hablando de que hay 350.000 desempleados en Canarias, seguro que hace falta algo más. También nos parece bien que la deducción para inversiones en Canarias se pueda utilizar para diversificar la economía canaria. La cuestión de las producciones cinematográficas está bien, todo esto está bien, y eso se lo reconocemos aquí y lo hemos planteado en Canarias. Tenemos que lamentar mucho que la propuesta estrella para Nueva Canarias no esté, y tengo que recordarla porque creo que al menos sirve para que reflexionemos sobre esto y era la cuestión de que fuese posible minorar las cotizaciones sociales empresariales a la Seguridad Social con carácter temporal para las pymes y los autónomos mientras la tasa de paro en Canarias estuviese como está, muy por encima de la media del Estado español. Nos parecía una medida absolutamente razonable y esencial para lograr el crecimiento en el empleo, pero no lo hemos conseguido. Nadie está hablando de romper la caja única de la Seguridad Social, que quede claro por si se genera está preocupación; creemos que hay instrumentos para hacer esto. No tengo tiempo de avanzar mucho más, pero sí queremos decirle que esto no es suficiente para la diversificación de la economía en Canarias ni para la lucha definitiva contra el desempleo en Canarias. Eso necesita un plan especial que sé que usted no va a acometer ahora ni nosotros se lo vamos a plantear porque sería ocioso. En la línea que ha planteado mi compañera, en cuanto al REF económico, además de existir, tiene un inconveniente. No ha sido modificado por este real decreto, como es natural, pero sí necesita una modificación y sobre todo que ustedes lo cumplan. Le voy a decir una cosa: si hubiesen cumplido ustedes el artículo 96 de la Ley del REF del año 1994 Canarias no hubiese perdido 169 millones de euros en inversiones en los actuales Presupuestos Generales del Estado ni 600 en lo que va de mandato de su Gobierno. Es imperativo que ustedes entiendan que para Canarias este instrumento es vital en sus aspectos fiscales pero también en los económicos. Aun así y sin que sirva de precedente, vamos a estar de acuerdo, señor ministro, de lo cual nos alegramos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Quevedo. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Señor presidente. Señor ministro, señorías, intervengo desde el escaño simplemente para señalar que nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que consideramos que es positivo para el empleo y la actividad económica en Canarias, un territorio tan necesitado precisamente de actividad económica y empleo. A pesar de lo que ha comentado el señor Quevedo, que me ha precedido en el uso de la palabra, que no es suficiente, seguramente no es suficiente, pero creemos que es un paso positivo y por lo tanto lo vamos a votar favorablemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señor presidente. Mi grupo ha reiterado desde esta tribuna a menudo que no defendemos las diferencias de trato entre territorios, entre las personas, por tanto, que habitan esos territorios, sobre la base de supuestos derechos históricos, y eso nos diferencia de muchos grupos nacionalistas que hay en esta Cámara y parece que también del señor ministro de Hacienda del Partido Popular, que sí valora mucho los derechos históricos que se basan en la antigüedad de los siglos. Pero, en el caso de Canarias, es evidente que estamos hablando de una situación totalmente diferente, al menos nosotros. No estamos hablando de derechos históricos centenarios, estamos hablando de una diferencia objetiva que tiene que ver con la geografía; de una situación de insularidad, de una situación de distancia de la Península y de Europa. Y en este caso, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de integrarse realmente con el resto de España y Europa, requiere unas políticas diferenciadas para compensar las desventajas de esa insularidad. Hay cuestiones evidentes: el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, el abastecimiento de agua, desalinizar el agua, el sobrecoste de la energía. Son situaciones en que para que los canarios tengan igualdad de oportunidades con el resto de sus conciudadanos españoles necesitan unas políticas diferenciales. La propia Unión Europea lo reconoce al considerar Canarias una región ultraperiférica, y por supuesto también lo hace - en puro sentido común - Unión Progreso y Democracia. Desde esta postura, ¿cómo valoramos este real-decreto? Creemos que se trata básicamente de una revisión continuista del REF que se fijó a mediados de los años noventa, centrada únicamente en los aspectos fiscales. Y en esta revisión continuista se pueden encontrar algunos aspectos positivos desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el aumento de las deducciones que tienen que ver con la innovación tecnológica, aunque podría llevarse a otros tipos de innovación; el que haya más deducciones para producciones cinematográficas, series audiovisuales, que son una parte importante de la actividad económica en Canarias, aunque es cierto que estas producciones y este tipo de actividades se han visto maltratadas por otras políticas del Gobierno. Pero hay esos aspectos positivos: promover innovación tecnológica, producciones cinematográficas. En otros casos se observa el continuismo que antes citaba, es el caso de la reserva para inversiones en Canarias o la Zona Especial Canaria. Aquí se amplía, se flexibiliza; pero, como luego veremos, el problema de estas políticas es que no han creado mucho empleo neto, de hecho no está claro que el empleo que se crea en unas empresas no sea empleo que se destruye en otras. Por último, hay otros aspectos negativos. La deducción para inversiones en África occidental parece intuitivamente acertada para diversificarse allí, nosotros somos partidarios del comercio, de la diversificación internacional, pero recordemos que se está haciendo que haya deducciones en Canarias por invertir en África occidental y en unos territorios con los que no existe intercambio de información fiscal ni tratados para evitar la doble tributación. Por lo tanto, hay un riesgo de mala utilización. También vemos negativamente la modificación que hay en el calendario para las energías renovables, que demuestra la lentitud y el poco éxito con que se están aplicando esas políticas en Canarias. Pero nuestras objeciones son más de fondo, no tanto de los detalles de este real-decreto que hemos mencionado sino desde el punto de vista de las políticas que propone Unión Progreso y Democracia en Canarias, que son políticas muy distintas a las vigentes en la actualidad, políticas alternativas a las actualmente vigentes. Porque aunque no existe una evaluación del REF - y es curioso que de un programa de gastos fiscales que ha supuesto en la última década más de 700 millones cada año no haya una evaluación de sus efectos - parece intuitivo que al menos en el ámbito del empleo no ha tenido mucho éxito, y basta ver los datos de la EPA, donde Canarias figura con una tasa de paro del 33 %, es decir 10 puntos por encima de la altísima tasa de paro que tenemos como media en España. Parece evidente que no ha habido un gran éxito en la creación de empleo. Estas políticas benefician al final a un pequeño grupo de grandes empresas en sectores tradicionales ligados al poder político pero que dificultan la diversificación de la economía canaria, mientras que tienen importantes inconvenientes para las personas, que se encuentran con una cesta de la compra más cara y menos diversificada, con infinidad de trámites burocráticos en sus intercambios y con dificultades cotidianas de acceso a las plataformas de comercio electrónico. De ahí nuestra propuesta de reforma de este Régimen Económico y Fiscal en sus aspectos fiscales. Lo que propone UPyD en Canarias es, en primer lugar, reformar el impuesto general indirecto canario que sustituye al IVA para armonizarlo más a la VI Directiva, de forma que se faciliten los intercambios con el resto de España y con la Unión Europea y que en la práctica quede como un IVA reducido. Unión Progreso y Democracia en Canarias cuestiona el arbitrio sobre importaciones por su carácter marcadamente proteccionista y los perjuicios que ocasiona a los consumidores y querríamos un cambio de enfoque en el REF para empresas tradicionales ligadas a los poderes públicos hacia un REF destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, un REF que termine con los engorrosos trámites burocráticos que tienen los canarios en sus intercambios con el resto de España y la Unión Europea, un REF que facilite las operaciones de esas plataformas de comercio electrónico que son parte de nuestra vida cotidiana pero que allí tienen dificultades para operar; un REF que, en el caso de las ayudas fiscales, cambie la filosofía y vaya más directamente a las personas, que actúe más vía bonificaciones en la base imponible del IRPF y del impuesto de sociedades para las personas físicas y las empresas de reducida dimensión; un REF para las personas y no para las empresas en los sectores tradicionales. Por último, echamos en falta un segundo componente de este REF que es el aspecto económico. Aquí solo se traen aspectos fiscales, pero estos aspectos fiscales por sí solos son insuficientes y si a menudo se centran en desgravar beneficios son particularmente insuficientes cuando esos beneficios están ausentes. Por eso nos sorprende y echamos en falta ese segundo pilar económico para favorecer lo nuevo en Canarias en vez de seguir protegiendo lo viejo. Creemos que hay un problema de filosofía económica allí, hay muchas medidas proteccionistas, subvenciones y ayudas fiscales para proteger los sectores tradicionales y eso puede tener el inconveniente de estar dificultando la necesaria diversificación y modernización de la economía canaria. No habría que rendirse al determinismo geográfico, hay otras áreas geográficas con situación insular que logran vencer ese determinismo geográfico. Y hay que plantearse un cambio en el modelo productivo, promover que crezca lo nuevo y no tener como único horizonte defender lo existente a menudo en sectores tradicionales y maduros. Por eso, incluso en el sector turístico creemos que hay margen para mejorar la calidad de la oferta turística, para rehabilitar hoteles, para modernizar y aumentar la calidad; creemos que es importante desarrollar la quinta libertad áerea; creemos que es importante promocionar las energías renovables, y creemos que es importante - y voy a enfatizar esto - no centrarse tanto únicamente en el capital físico sino dar prioridad al capital humano, a la formación y la educación de las personas. Tradicionalmente el énfasis ha estado en el capital físico y hoy día es más importante incluso el capital humano, la formación. Esto, unido a las nuevas tecnologías, a promover las telecomunicaciones con Canarias, las redes de alta capacidad, puede ser la forma de conectar las islas con el resto de España y de Europa porque en estas actividades basadas en la formación, en las nuevas tecnologías, estos costes de transporte desaparecen. Esto hace que no podamos votar que sí a este real decreto porque no es este nuestro modelo de REF. Nosotros queremos un REF para las personas y no para unas pocas empresas, un REF que modernice la economía canaria y no la mantenga anclada en esos sectores tradicionales. Pero tampoco podemos ni queremos votar que no y que se tergiverse nuestro voto en el sentido de que estamos en contra de políticas compensatorias de la insularidad en el caso canario que, como he explicado, no es nuestra postura. Por eso, nuestro voto va a ser la abstención. Creemos que debe haber un Régimen Económico Fiscal pero, como he dicho, de características muy distintas al actual, que mejore la situación de las personas y que promueva la modernización y la lucha contra el determinismo geográfico en el caso canario. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
Señor presidente, señorías, señor ministro, es evidente que la realidad canaria necesita una especial atención, también la necesitan otras zonas del Estado, pero es verdad que Canarias presenta una tasa de desempleo de las más altas de España. Es alarmante que en torno al 70 % de los menores de veinticinco años estén en paro o que los salarios estén 400 euros por debajo de la media del conjunto del Estado y que las personas en riesgo de exclusión social lleguen a estar - según cifras oficiales - en torno al 38 %. Por tanto, es verdad que hay que actuar, que hay que tomar medidas. En este contexto, nosotros creemos que el primer problema que se nos presenta en la propuesta que usted nos trae hoy es que no es verdad que tenga todo el consenso. Usted ha hablado del consenso político, pero falta un consenso importante: el consenso social y de los agentes económicos. Ellos no han participado en esta propuesta y no lo han hecho porque no se les ha dejado, a pesar de que así lo han reclamado en diversas ocasiones, a pesar de que en el Pacto por la economía y el empleo de Canarias que se suscribió en el año 2009 se llegaba a un acuerdo que le puedo leer literalmente: iniciar a la mayor brevedad posible un grupo de trabajo entre el Gobierno autónomo y los agentes sociales y económicos para trabajar en la elaboración de esta propuesta, de este Régimen Especial Fiscal. No se contó con los agentes económicos y sociales, solamente se reunieron en dos ocasiones y fue para hablar de cómo iban las negociaciones. Por tanto, no hay consenso, no hay acuerdo en la parte social y eso para nosotros es bastante determinante. Una vez leída la propuesta y escuchada su explicación, entendemos que tal y como está presentado aquí este Régimen Especial Fiscal no servirá realmente para crear empleo, como usted ha venido hoy a contar. Estimulará que esté más liberalizada la economía y que esté más precarizado el empleo. Se fomentará la especulación urbanística y perderá sentido histórico lo que tendría que ser un régimen especial fiscal. Con respecto a las reservas de inversiones en Canarias, denunciamos que siempre había sido una herramienta opaca y sin control. No se da una rendición pública de cuál es la cuantía del Fondo de reserva ni de cómo se utiliza. Nunca ha tenido una comisión de seguimiento y de control para evaluar su utilización así como para que no se utilice con otros fines distintos a su propia naturaleza. La realidad es que ahora el 50 % de estas reservas de inversiones pueden materializarse en la creación de empleo con un coste medio por trabajador de 36.000 y necesita un compromiso de tres a cinco años, pero no se indica ni el tipo de contrato ni nada que se le parezca. Por lo tanto, hemos dicho que sirve para desregular el empleo y no para crear empleo. Ahora bien, se puede también materializar esta reserva de inversiones en cualquier tipo de instrumentos financieros y no existe obligación de presentar un plan previo de inversiones como debía ser. En cuanto a la deducción de inversiones en Canarias, la novedad es que ahora se pueden disfrutar entre el 10 % y el 15 % para invertir en terceros países. Hay una lista de países - no sabemos los criterios con los que se ha elaborado - y eso significa también que se puede desnaturalizar este régimen especial porque no solamente sirve para inversiones en Canarias sino también en otros países. Tenemos dudas de quién va a controlar este tipo de deducciones del ámbito fiscal y del efecto que va a producir sobre el empleo en Canarias. Con respecto a la Zona Especial Canaria, aparte de otros incentivos, solo pagará el 4 % del impuesto de sociedades, su implantación, como usted ha dicho, no tiene límites territoriales y aumentarán las empresas que según su actividad pueden acogerse a esta zona especial. Creemos que esto presenta dificultades en la medida en que el listado de las empresas no es público y no hay obligaciones de que sean empresas que cumplan con prácticas laborales. Tenemos denuncias sindicales de que precisamente las empresas que están en esta zona son de las que ejercen más prácticas antisindicales y, por tanto, están incentivando a empresas que no cumplen siquiera en la materia de negociación colectiva y de salud laboral. En definitiva, se trataría de que de forma clara se dejase en evidencia que quienes pueden obtener beneficios fiscales también se comprometan a generar empleo de calidad, también se comprometan con la negociación colectiva y con la prevención de riesgos laborales. Nada de eso hemos visto en su explicación. Por último, este real decreto solo aprueba su parte fiscal, no la económica, que es la que debería reconocer, entre otras, vía Presupuestos Generales del Estado, cómo se puede actuar en inversiones que son necesarias a la hora de desalar el agua, de subvencionar el transporte de pasajeros y mercancías e incluso los planes especiales de empleo para Canarias. Como es lógico, está por medio el estricto cumplimiento del déficit y nosotros creemos que esta parte está claramente en riesgo. Es decir, se ha garantizado la aprobación de la parte fiscal, de la parte que va a aumentar los beneficios empresariales, pero no se ha aprobado la parte que tiene que beneficiar al conjunto de la población mediante inversiones. Por tanto, nuestro grupo no votará a favor de este real decreto porque sabemos que no tiene consenso social, porque no afronta realmente el problema del paro sino que aumentará los márgenes de beneficio de las empresas sin ningún compromiso prácticamente a cambio. Mientras, no se afronta realmente la reforma fiscal que hace falta para Canarias y para todo el Estado, una reforma fiscal que realmente ponga la economía al servicio de la gente, en la que las cargas fiscales vayan a parar a quien mejor puede soportarlas. Por tanto, creemos que estamos ante una propuesta más electoralista que eficaz y, como les decía, no va a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Centella. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra el señor Picó.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, fijo la posición de mi grupo en relación con la convalidación del real decreto-ley. Estudiando los precedentes de anteriores debates por este motivo se puede comprobar que mi grupo parlamentario siempre ha votado afirmativamente la convalidación de los distintos reales decretos-leyes que se han aprobado por los sucesivos Gobiernos como consecuencia de la necesaria adecuación de la regulación de los incentivos fiscales aplicables a Canarias, con el mapa de ayudas estatales de finalidad regional aprobado para España en los distintos periodos. Esta vez de nuevo la convalidación de este real decreto-ley tendrá el voto afirmativo de mi grupo parlamentario. También, como en otras ocasiones, mi grupo atiende especialmente en este debate, además de las explicaciones que nos da el oportuno miembro del Gobierno, el parecer que ponen de manifiesto en sus intervenciones los representantes canarios en el Congreso para conocer las bondades o no de la norma que estamos tramitando, especialmente de la diputada Ana Oramas y el diputado Pedro Quevedo, así como del resto de diputados canarios que intervendrán a continuación, así espero. De las intervenciones que me han precedido se desprenden cosas importantes, las modificaciones fiscales introducidas por el real decreto-ley mejoran el texto actualmente vigente en un triple objetivo: apoyar la creación de empleo, la apertura hacia África y la atracción de inversiones en el territorio canario. Realmente en este sentido debo manifestar que asumiendo, como han dicho, y se ha referido a ello el señor ministro en su intervención, también la señora Oramas y el señor Quevedo, la bilateralidad de Estado-comunidad autónoma, es la forma de resolver los problemas y de dar respuestas que los territorios necesitan y requieren. Asimismo, debo decir que el Parlamento canario ha informado favorablemente por unanimidad del texto, en ejercicio de esa bilateralidad que se ejerce entre Estado y comunidad autónoma. Después de hacer una lectura del real decreto-ley debemos manifestar que suena bien la música: impulso a la creación de puestos de trabajo, fomento de las inversiones, desarrollo económico y social y diversificación de la economía de las islas Canarias, actividades e innovación tecnológica. Todo ello son conceptos que contiene el texto de la norma que hoy convalidaríamos. El ministro se ha encargado cumplidamente de darnos cuenta del contenido de las medidas fiscales concretas: necesidad de impulsar medidas que los representantes canarios siempre ponen de manifiesto en sus intervenciones en esta Cámara por las especiales características físicas de insularidad y lejanía de las islas Canarias, pero también por sus características económicas y sociales. Por ello, y en un momento en el que aún no podemos hablar de que hayamos superado la crisis económica, con sus profundas consecuencias sociales incluidas, las medidas fiscales que contiene el real decreto-ley nos parecen adecuadas y pertinentes para Canarias y, como he dicho al principio de mi intervención, como hemos hecho de forma tradicional, convalidaremos con nuestro voto afirmativo el real decreto-ley que hoy estamos debatiendo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Picó. Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Patricia Hernández.
Gracias, señor presidente. Los principales objetivos que nos marcamos con la reforma del REF eran generar las condiciones adecuadas para mantener y crear empleo en Canarias y crear mecanismos que redistribuyeran la riqueza. Por eso la primera valoración del REF fiscal es que no es el documento de máximos que quería el PSOE, pero sí el documento de mínimos sobre el que seguir avanzando; unos mínimos que convierten la reforma en limitada e inacabada y que solo hacen referencia a los aspectos fiscales del REF, separando los aspectos económicos, que necesitan una negociación con el Gobierno de España, porque el llamado REF económico es clave en la vida de las personas, afecta a la economía real y ese, señorías, es nuestro trabajo. Que no se nos olvide nunca: nuestro fin último como representantes públicos es mejorar la vida de las personas. Por eso esta reforma se queda a medias, porque no toca temas vitales - ya lo han comentado aquí -, como los costes de la luz, del transporte o de la cesta de la compra, porque no habla del día a día de los canarios y las canarias, ese día a día, por cierto, que ustedes se han empeñado en complicar aún más a los canarios. A su decisión de no negociar los aspectos económicos hay que unir el recorte en las partidas estatales destinadas al Archipiélago en los últimos años, unos 500 millones de euros anuales, a lo que su suma la disminución de la capacidad de gasto impuesta a la comunidad autónoma. Les recuerdo que este es otro de los incumplimientos del presidente Rajoy, que en su debate de investidura decía que quería una inversión estatal media similar a la del resto de España, cosa a la que por otra parte obliga el REF. Además, han incumplido los convenios de carreteras, los turísticos y los de obras hidráulicas, han recortado las partidas para compensar la insularidad y el alejamiento y han eliminado las partidas que compensaban nuestras dificultades en el transporte y esto también es el REF. Por eso es tan importante y, siendo así, nos sorprende que el Gobierno de España no haya querido reflejar ningún compromiso a este respecto. Asimismo, dan la espalda a una petición unánime del Parlamento de Canarias y es que el Régimen Económico y Fiscal se hiciera de forma conjunta, también con el Partido Popular de Canarias. El régimen fiscal aprobado no entra en los problemas de fondo del modelo económico canario, sino que sigue haciendo mucho énfasis en el capital físico y poco en el capital humano, en el intangible, en la innovación, que son las nuevas claves del progreso y del desarrollo de los territorios, de las sociedades. La ausencia de esta perspectiva no solo limita la potencialidad del REF para crear valor en las islas, sino que sigue acentuando un reparto desigual del mismo, pero, señorías, como ustedes saben, en política las cosas muy pocas veces son blancas o negras y, a pesar de la existencia de cuestiones sobre las que necesitamos seguir trabajando juntos, entendemos que esta reforma es positiva en tanto en cuanto se consiguen avances. Si les parece, repasemos punto por punto las novedades. En primer lugar, la RIC, de la que aquí se ha hablado. El aspecto más destacado, que consideramos apropiado, es la inclusión de la posibilidad de materializar la misma en los costes laborales: salarios y cotizaciones. Sin embargo, para nosotros es una propuesta de menor calado que la que proponía la comunidad autónoma, la que había propuesto el Parlamento de Canarias. Se la recuerdo: la bonificación de la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos contratos. Lo importante que queremos destacar, no obstante, es que se dan pasos para que la RIC se ponga al servicio del empleo. En la ZEC hemos llegado a avances; nos alegramos del reconocimiento que el Gobierno de España hace de propuestas que se han venido formulando por parte del propio consorcio. En cuanto a las mejoras de la deducción de la inversión tecnológica, que pasaba del 32 al 45, es un excelente paso que ayudará al desarrollo tecnológico de muchas empresas canarias y aumentará su eficiencia y resultados. Dadas las características productivas de Canarias, habría sido mejor que no se quedara solo en la I+D, que incluyera la i minúscula, la innovación, que no tiene por qué ser necesariamente tecnológica, porque no hace falta leerse a Christensen para saber que en muchas ocasiones es más generadora de beneficios económicos y sociales que la primera. Además creemos que en su aplicación hay que desarrollar mecanismos para dotar de seguridad jurídica los incentivos por investigación y desarrollo. Respecto a la deducción de inversiones vinculadas a la internacionalización, estamos de acuerdo con la parte que permite la inversión en todo aquello que nos permita exportar, imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad: fomentar las técnicas de comercialización, investigación y desarrollo, pero este apartado incluye además la deducción en inversiones en territorio de África occidental. Reconocemos que puede estar pensado para facilitar esta internacionalización de las empresas, pero no comulgamos con el fomento de la inversión en el exterior utilizando los incentivos fiscales en Canarias. Es verdad que se exige la creación de empleo estable en el Archipiélago, pero estaremos atentos - se lo puedo asegurar, estaremos muy atentas y atentos -, ya que si esto supone la deslocalización de nuestras empresas, nos tendrán enfrente. En cuanto a la elevación de los límites de ayudas al sector audiovisual y espectáculos en vivo, hay un sabor agridulce: por un lado, tiene un importantísimo diferencial fiscal, un 80 % de límite, pero por otro tiene un límite que superar. Por lo tanto, aumentamos competitividad con las producciones pequeñas, pero no con las grandes, donde estamos perdiendo competitividad internacional. Señorías, que esta reforma introduce mejoras es cierto, pero que hemos perdido otra oportunidad también lo es. La filosofía económica que apoyaba el REF moderno en el año 1994 se basaba en el incentivo sobre el capital físico, porque las teorías económicas del momento decían que eso era lo que se debía hacer, invertir en infraestructuras, pero lo que nos dicen hoy esas teorías es que se debe invertir en capital humano, porque depende de las personas, de la inteligencia, del trabajo, del talento, que una comunidad autónoma se desarrolle o no. Esta nueva reforma del REF ha introducido mejoras, pero son como un analgésico. Lo que hemos hecho ha sido ir a combatir los síntomas, no hemos apuntado al origen de la enfermedad. Atacamos la fiebre, señorías, pero no vamos a la infección. ¿Y saben qué pasa cuando una infección no se corta de raíz? Es muy fácil, la fiebre vuelve a aparecer. Para acabar con nuestro mal de raíz Canarias necesita seguir trabajando en sus instrumentos fiscales y económicos. Señorías, ahora que nos dan la oportunidad dentro del reglamento general de exenciones por categorías de seguir introduciendo modificaciones siempre que exista consenso entre el Gobierno español y canario, tenemos que apostar por el capital humano. Sabemos que los cambios estructurales son lentos, que lo que hoy estamos haciendo aquí es un pasito pequeño, pero no es el final del camino. Afortunadamente, señorías, las elecciones autonómicas y generales se avecinan, y con ellas los cambios de Gobierno. Espero y confío en que los próximos responsables del Gobierno, tanto de Canarias como del Gobierno de la nación, tengan la voluntad suficiente para alcanzar un acuerdo mucho más ambicioso, capaz de transformar la realidad canaria. Nuestras aspiraciones - se lo digo desde ya - irán encaminadas a conseguir una sociedad más igual, más formada, más desarrollada; medidas que apoyen incentivar el capital humano, la formación, la contratación de gente formada, la acumulación de capital intangible, las tecnologías de la información, el software de las empresas, la comunicación, la innovación en términos generales, no solo la tecnológica; que el REF tenga una visión más social, de forma que se incorporen incentivos que no solo beneficien a las empresas, sino también a las rentas del trabajo, deducciones para la formación, elevación de mínimos exentos para compensar la carestía de la cesta de la compra. El REF no puede olvidar tampoco a los emprendedores, que deberían tener presencia. Debe contener medidas para que salgan adelante las pequeñas empresas, para facilitar que prosperen, que crezcan y que creen empleo y progreso en las islas, con un sistema que beneficie al conjunto de la población y con unas herramientas fiscales y económicas que actúen como motores de igualdad en vez de agentes de la desigualdad social. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Hernández. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
Señor presidente, señorías, hoy es un día importante para Canarias y para todos los canarios porque convalidamos un decreto-ley por el cual se renueva el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el más potente que ha tenido Canarias desde todos los tiempos. Además, es un régimen económico y fiscal potente para crear empleo, como así ha reconocido por unanimidad el Parlamento de Canarias, con 55 votos sobre 55 miembros. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias - se ha dicho aquí y es verdad - tiene sus antecedentes desde la conquista por Castilla y, en virtud del mismo, Canarias tiene un ordenamiento jurídico, económico, fiscal y aduanero más flexible y más beneficioso que el resto del territorio nacional, con la finalidad de compensar a Canarias de aquellos sobrecostes causados por la lejanía, insularidad y ausencia de recursos naturales propios. Este Régimen Económico y Fiscal existe desde siempre, aunque el contenido concreto ha variado conforme evolucionan la economía, la situación concreta de Canarias y los tratados internacionales. Sin embargo, el régimen está garantizado: está garantizado en el ordenamiento europeo, como región ultraperiférica que es Canarias, está garantizado en la Constitución y en el estatuto de autonomía. ¿Que queremos profundizar más en el anclaje jurídico? Muy bien, pero las medidas concretas contenidas en el REF dependerán, evidentemente, de la situación económica de Canarias. Creo que con este nuevo REF que hoy aprobamos los canarios vamos a poder demostrar el carácter emprendedor de participación en el comercio exterior y la vocación internacional que Canarias siempre ha tenido. Muchos de los incentivos fiscales contenidos en nuestro Régimen Económico y Fiscal tienen la consideración de ayudas del Estado y, por ello, su aprobación requiere de una tramitación europea. Hemos de recordar aquí que el retraso en la aprobación de las nuevas directrices y el nuevo reglamento de exenciones por categorías hizo que el Gobierno de España tuviera que pedir una prórroga del 31 diciembre de 2013, fecha en que finalizó el mapa de ayudas regionales de 2007-2013, hasta el 31 diciembre de 2014. Llegado este plazo, el Gobierno de España ha tenido que intensificar las negociaciones para aprobar el REF que hoy día estamos aquí convalidando con un decreto-ley. Y hago hincapié en este proceso negociador porque tiene importancia. El Gobierno de España, desde el Ministerio de Hacienda, ha hecho una labor de trabajo continuado con el Gobierno de Canarias, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Parlamento de Canarias. Por tanto, no se entienden muy bien las manifestaciones que han hecho hoy aquí representantes de Coalición Canaria o del Partido Socialista, grupos que sostienen al Gobierno de Canarias, puesto que, como se recoge en la página web del Gobierno de Canarias, el REF que hoy se aprueba - leo textualmente - cuenta con el apoyo unánime del Parlamento de Canarias y está respaldado con un amplio consenso social. Esto lo recoge la página web del Gobierno de Canarias. Solicitaría en esta Cámara un poco de coherencia a estos grupos políticos que dicen una cosa y luego aquí manifiestan otra. Son cuestiones de política que no se corresponden con la realidad. Quisiera hacer una reflexión. El marco para invertir en Canarias y crear empleo con el REF es excelente: introduce incentivos fiscales como nunca. ¿Y qué es lo que hace que en Canarias no se produzca el crecimiento económico, la generación de empleo que todos deseamos? Las trabas burocráticas, las dificultades de ordenación del territorio, leyes tan peculiares como la Ley de tramitación especial para inversiones estratégicas. Es decir, que si un inversor llega a Canarias, quiere hacer una inversión y quiere generar empleo, el Gobierno de Canarias, sustentado por el Grupo Socialista y Coalición Canaria, le dice no, su inversión no es estratégica, deténgase. Es difícil que en estas circunstancias se pueda generar empleo en Canarias. En cuanto a las novedades contenidas en el nuevo Régimen Económico y Fiscal que hoy aprobamos para el período 2015-2020, con la excepción de la Zona Especial Canaria que se prorrogará hasta 2026, se han mejorado todas sus figuras. La Zona Especial Canaria que precisamente entró en funcionamiento en el año 2000, siendo ministro de Hacienda el actual ministro, señor Montoro, ha sido renovada ampliamente. Ha habido consenso por parte de sindicatos, de expertos, de las personas que trabajan en el consorcio de la Zona Especial Canaria, de los empresarios, de los asalariados. Todo el mundo aspiraba en Canarias a que la Zona Especial Canaria fuera renovada, que se ampliara el ámbito geográfico, el ámbito subjetivo, que se le quitaran las restricciones para la eliminación de la doble deducción por imposición económica a los residentes nacionales, se ha ampliado el listado de actividades, etcétera. Todo eso se ha hecho. Se ha ampliado. Tenemos un antes y un después en la Zona Especial Canaria. Desde 2000, que entró en funcionamiento, hasta 2015, todos aquellos grupos que han hablado han tenido tiempo para haber hecho la reforma y no la hicieron. Respecto a la reserva para inversiones en Canarias, el instrumento más ponente hasta ahora, como fomento a la inversión en Canarias, también se constituye ahora como un instrumento para la creación de empleo sin necesidad de vincularlo a las inversiones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, para invertir en Canarias en creación de empleo hacía falta hacer una inversión inicial. Esto no era muy adecuado puesto que había empresarios que ya venían realizando actividades económicas y no tenían necesidad de hacer inversiones iniciales. Ahora se amplía. Recuerdo que el régimen y la exigencia de que la inversión inicial se vinculara al empleo se aprobó el 31 de diciembre de 2006. Recuerden qué grupo era el que apoyaba al Gobierno cuando se aprobó este régimen que vinculaba el empleo a la inversión inicial. Ahora se ha eliminado esa restricción. Creo que también ha habido tiempo para haberla eliminado con anterioridad. Se ha mejorado notoriamente la deducción para inversiones en Canarias, sobre todo una reclamación que desde Canarias veníamos haciendo desde siempre, la posibilidad de invertir en los países de influencia del África occidental [[Senegal, Gambia, Marruecos, Mauritania, Guinea Bissau y Cabo Verde]] Algunos parlamentarios han puesto hoy en duda cómo se va a materializar la comprobación. Yo tranquilizaría a estos parlamentarios - no es labor del Parlamento comprobar las inversiones de los empresarios en Canarias - pero le quiero recordar que estas inversiones en África están condicionadas a que en Canarias se cree empleo, es decir, usted invierta en África, cree una sucursal, pero la plantilla en Canarias tiene que incrementarse. Eso es lo que harán los expertos que tengan atribuidas las funciones de comprobar la deducción por inversiones en Canarias, el incremento de empleo en Canarias. Se ha mejorado la deducción por producciones cinematográficas, la innovación tecnológica que además de incrementar a 45 % -12 % en el resto del territorio nacional - y hubiera bastado un 32 % el diferencial del 20 % en Canarias, y se ha elevado al 45 %. Además, va a suponer una importante inyección de liquidez, puesto que va a permitir la devolución de las cantidades no compensadas, con lo cual Canarias va a poder constituirse en un centro de innovación tecnológica, en un centro donde se hagan actividades de altísimo valor añadido. En Canarias no tenemos territorio ni posibilidades de diversificar nuestra economía hacia actividades que consuman muchos recursos naturales. De ahí la importancia de la deducción por innovación tecnológica. ¿Cuál es el coste de todos estos beneficios fiscales? El coste estimado es de 511 millones que Canarias necesita para impulsar su desarrollo económico y social y acredita la sensibilidad del Gobierno de España para con Canarias, sensibilidad que ya se acreditó en 2004, cuando la tasa de desempleo en Canarias en el año 2004 era la misma que en el resto del territorio nacional, 10 %. ¿Cómo no va a acreditarse ahora sensibilidad con Canarias, señores del Partido Socialista y de Coalición Canaria, cuando esta tasa se ha incrementado desde el 23 % en el territorio nacional hasta el 33 % en Canarias, un diferencial de diez puntos? Es decir, que en Canarias tenemos un desempleo del 40 % más que en el resto del territorio nacional. ¿Cómo no vamos a tener un régimen fiscal diferenciado? Porque el régimen fiscal de Canarias lo que permite, lo que pretende no es que haya menos recaudación por parte de determinados empresarios, como algún representante de UPyD ha dicho aquí. No, no, lo que pretende el régimen económico y fiscal es rebajar las facturas para que aquellos empresarios que actúan en Canarias con esos excedentes, aquellos impuestos que no recauda el Estado, puedan invertirlos en Canarias en creación de empleo y en crear mejores condiciones para el desarrollo económico y social en Canarias. El objetivo no es reducir la factura fiscal, el objetivo es que esos impuestos que se reducen reviertan en el bienestar de todos los ciudadanos canarios. Se ha hablado aquí también de que lo que se pretende es un REF para los ciudadanos y no para las empresas, he entendido que ha dicho el Grupo Socialista. No lo comprendo cuando el Gobierno de Canarias en la reforma fiscal y en el tramo autonómico, en la renta de los asalariados, ha anunciado ya que les va a subir los impuestos. Así que el Gobierno de España - con el acuerdo del Gobierno de Canarias, eso sí - va a Europa a solicitar que en Canarias se reduzcan los impuestos y mientras tanto el Gobierno local está incrementándolos. Es una paradoja que dejo aquí para hacer una reflexión. Además en esta prórroga también se contienen otros instrumentos no solo fiscales, como se ha pretendido decir, sino también de prórroga del mecanismo especial de otorgamientos para energías renovables, que va a suponer una reducción de costes de 120 millones. Para finalizar, quiero decir a esta Cámara que espero la convalidación de este decreto-ley, porque supone el establecimiento de un marco fiscal y económico inmejorable para Canarias, como nunca hemos tenido. Ahora bien, el Gobierno de España no puede sustituir al Gobierno de Canarias. La acción política del día a día la tiene que llevar a cabo el Gobierno de Canarias y tiene que crear las condiciones económicas en este entorno regulatorio tan favorable que esta Cámara hoy aprueba para que en Canarias efectivamente se puedan lograr la creación de empleo y el crecimiento que necesitamos. Porque gobernar es adoptar decisiones y es ponderar, lo contrario es opinar, y causará bastante perplejidad a los ciudadanos que aquellos grupos políticos que tienen responsabilidad de gobierno se limiten a emitir opiniones sobre lo que además previamente ya han dado su conformidad y unanimidad en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Asian. - REAL DECRETO-LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES Y OTRAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. [[Número de expediente 130/000064]]
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Para presentar este real decreto-ley vuelve a tener la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno trae al Congreso de los Diputados para su convalidación el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. [[La señora]] Se trata de actuaciones, de medidas que necesitan de urgente aprobación por la naturaleza de sus objetivos y que afectan a sectores de la Administración pública y de la actividad privada, que se verían perjudicados en el caso de que su entrada en vigor se dilatase en el tiempo. En primer lugar, haré referencia a las medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, unas medidas que el Gobierno puso en marcha allá en el comienzo del año 2012 y que ahora se simplifican y mejoran al tiempo que dan mayores ventajas a las instituciones que se acogen a ellas. La decisión del Gobierno de facilitar instrumentos de liquidez a las administraciones territoriales a lo largo de la actual legislatura ha sido sin duda una de las palancas de nuestra política económica que ha facilitado con más eficacia que España esté saliendo de esta crisis económica que tanto nos ha perjudicado sobre todo en términos de pérdida de puestos de trabajo. La falta de liquidez de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos y las enormes dificultades que tenían estas instituciones para acceder a los mercados en busca de financiación abrían varios frentes de inestabilidad económica que desde el Gobierno de la nación teníamos obligación de atajar. A comienzos del año 2012, en el inicio de la legislatura, era el conjunto del Estado español el que estaba falto de credibilidad, sumido en la crisis de deuda soberana que vivía la Unión Europea, y en los meses siguientes fue el caso de la administraciones territoriales, muchas de las cuales eran vistas como auténticos lastres, auténticos obstáculos para la recuperación del país. Se pensó entonces que España, la España del Estado de las autonomías, era poco menos que ingobernable, que no se podía acometer una política de reducción del déficit público de manera coordinada, como también por lo demás establece, como obligación del Gobierno de España, nuestra Constitución. El caso es que era frecuente que el acceso a los mercados estuviera prácticamente vedado para muchas de nuestras administraciones territoriales, fundamentalmente porque las condiciones que se les exigían para concederles financiación eran de todo punto inasumibles. Esta situación ponía a varias comunidades autónomas en riesgo de no poder hacer frente a sus vencimientos de deuda, al pago de las nóminas de sus funcionarios, de los empleados públicos, y desde luego al sostenimiento de las políticas sociales. Además, en los últimos años se había extendido una dinámica muy perversa para la economía que consistía en retener durante meses el abono de la factura de los proveedores, lo que tenía el doble efecto de perjudicar seriamente los intereses de las empresas, en su gran mayoría pequeñas y medianas o profesionales autónomos pero también de grandes empresas españolas y grandes empresas multinacionales que son proveedores de las administraciones públicas de España. De esta forma, con esa práctica, se ahondaba en la falta de credibilidad y en la mala imagen de nuestras administraciones públicas, se hacía extensivo el problema de la morosidad. Muchos de estos perjudicados eran proveedores de productos y servicios relacionados con las políticas sociales, me refiero a la sanidad, la educación y los servicios sociales, y desde luego muchos de ellos eran de las ONG, lo que multiplicaba los efectos negativos de la morosidad de nuestras administraciones. Todo ello suponía una rémora importante para la política de control del déficit en la que estaba embarcado el Estado y estaba perjudicando las posibilidades de recuperación económica del país. El Gobierno fue consciente de que tenía que intervenir para poner remedio financiero a esta situación, de manera que comunidades autónomas y ayuntamientos pudieran obtener la liquidez necesaria para hacer frente a esas necesidades urgentes, y luchar al mismo tiempo por cumplir los objetivos de estabilidad fiscal que teníamos comprometidos y que eran una de las piedras de toque que nos exigían los mercados para devolvernos la credibilidad perdida. He tenido ocasión, mejor dicho, más de una ocasión de relatar, de describir la puesta en marcha de estos mecanismos de liquidez, y cuando lo hicimos desde el Gobierno ya insistimos desde el primer momento en que no estábamos rescatando a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento y que con estos mecanismos no buscábamos favorecer a ninguna administración concreta frente a otra. Son unas medidas que, por un lado, tratan de favorecer al conjunto del país, porque todos estamos metidos para lo bueno y para lo malo en el mismo barco y la única manera de salir adelante es hacerlo todos unidos. Por otro, son iniciativas pensadas para beneficiar a las personas, para ayudar a los ciudadanos que necesitan de esas políticas sociales que prestan nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos, y que estaban en situación de riesgo por la falta de dinero de esas administraciones. Gracias a esos instrumentos de liquidez no solo se salvaron 400.000 puestos de trabajo de los proveedores a los que la morosidad asfixiaba económicamente, sino que millones de personas han podido seguir accediendo a la sanidad, a la educación y a las prestaciones sociales, a los servicios que garantiza el Estado del bienestar. Lo hemos hecho porque desde el Gobierno siempre hemos pensado en el interés general, en el interés de todos y cada uno de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, al margen de cuál fuera el partido que gobernara un determinado municipio o comunidad autónoma y al margen de cuál fuera la estrategia política de sus gobernantes. Gracias a estas ayudas financieras el gasto social del conjunto de las administraciones públicas en España ha podido mantenerse en el 27,5 %, aunque para ello sin duda alguna ha habido que hacer un gran esfuerzo; sí, un gran esfuerzo económico porque no solo había que sostener la prestación de los distintos servicios públicos esenciales en un escenario de recesión y de obligado control del déficit, sino también hacer frente a importantes incrementos del gasto que estaban aprobados por anteriores Gobiernos pero que no habían sido capaces de pagar y financiar en las condiciones correctas. A lo largo de estos años más del 70 % del dinero que hemos inyectado a las instituciones territoriales han ido a políticas sociales. Así, el Gobierno ha destinado al Fondo de pago a proveedores 41.814,6 millones de euros, 30.219 los recibieron las comunidades autónomas y 11.595 las entidades locales. Pues bien, el 66 % de ese fondo se ha destinado a financiar servicios públicos esenciales en comunidades autónomas, casi 20.000 millones de euros. En cuanto al Fondo de liquidez autonómica, las comunidades han recibido 62.800 millones de euros entre 2012 y 2014. El 78 % de las facturas que se han abonado a través del FLA, unos 17.194 millones de euros hasta noviembre de 2014, ha ido destinado a servicios públicos fundamentales, que son los que ofrecidos por nuestro Estado del bienestar. En un contexto de cumplimiento de los objetivos de la senda de consolidación presupuestaria con el esfuerzo de todas las administraciones públicas, esta política de liquidez, como les decía anteriormente, ha permitido amortiguar el fuerte impacto contractivo inicial que la consolidación fiscal habría tenido sobre la demanda interna; es decir, todas las administraciones estábamos aplicando una reducción del déficit público, pero al mismo tiempo fuimos capaces de movilizar recursos financieros para pagar un volumen ingente de facturas pendientes, de manera que eso promovió actividad económica, preservó empleos y sobre todo colaboró a recuperar la credibilidad de España. El resultado es evidente. El Tesoro público en España no se estaría financiando como lo ha hecho durante la mañana de hoy, con emisiones a muy corto plazo o emisiones sindicadas a los tipos de interés que se está financiando, si los mercados no hubieran avalado esa política que, por otro lado, es una política de incremento obligado de deuda pública pero coherente con la reducción del déficit público en nuestro país. Por tanto, hemos hecho el mejor uso que podíamos hacer de la disponibilidad del Estado de endeudarse para preservar los servicios públicos sociales y en coherencia con la reducción del déficit público. Esta, además, es una política que ha permitido sanear los propios balances bancarios, puesto que los bancos, y en concreto los bancos españoles, son los principales acreedores de esos proveedores insatisfechos por las administraciones públicas. Este esquema, junto a las reformas estructurales de nuestra economía, nos está permitiendo entrar en la senda de recuperación económica. Hemos conocido cómo el Fondo Monetario Internacional revisa para España y para Estados Unidos - solamente para estos dos países - la previsión al alza. En términos de recuperación económica, hoy estamos siendo revisados al alza por los organismos internacionales y todo eso tiene que ver realmente con la política que hemos hecho entre todos juntos para financiar nuestros servicios públicos de una manera ordenada, coherente, recortando los plazos de morosidad y contribuyendo a la recuperación de nuestra credibilidad a nivel internacional. Eso es lo que nos ha permitido el acceso a los mercados financieros que no teníamos en el año 2012 y con una reducción de la prima de riesgo como la que tenemos hoy, hasta los niveles, hasta las cotas actuales. Los mecanismos de liquidez puestos a disposición de las administraciones territoriales antes de este real decreto-ley han supuesto importantes ahorros para las mismas. En el caso de las comunidades autónomas, la estimación del Gobierno es un ahorro de 3.260 millones de euros anuales y en el caso de las entidades locales, de 920 millones de euros anuales. Los ahorros para las comunidades autónomas que han participado en las medidas de liquidez han permitido que el destino de estos recursos del presupuesto, que son ahorros directos en forma de menores tipos de interés, en forma de menor carga financiera, los puedan dedicar a otros usos alternativos que efectivamente benefician a los ciudadanos. Mientras que el Estado ofrecía financiación a diez años a un tipo de interés del 3,9 % - por ejemplo, en 2012-, las comunidades autónomas que no entraron en el FLA tenían que pagar un coste medio de financiación del 6,3 % a un plazo medio de 6,7 años. De esta manera vemos que hemos favorecido la financiación de buena parte de nuestras administraciones territoriales, las que más problemas tenían para acceder normalmente a los mercados financieros, que son las que más se han beneficiado en términos comparativos por haberse integrado en los mecanismos de liquidez. Los buenos resultados conseguidos con esta política nos invitan en este tramo final de legislatura no solo a mantenerla sino a perfeccionarla, dotando a los mecanismos de financiación de una mayor sencillez. Además, ahora que se dispone de mejor acceso a la financiación, se pueden ofrecer mejores condiciones a todas las administraciones territoriales, a las que tienen dificultades de financiación y a las que no las tienen, y ampliar las posibilidades de acceso a las corporaciones locales. Señorías, con ese objetivo, que también hemos llamado genéricamente la mutualización de la deuda de las administraciones territoriales, el Gobierno aprobó el pasado 26 de diciembre el real decreto-ley cuya convalidación tengo el honor de defender desde esta tribuna y por tanto de recabar el voto de los grupos políticos al respecto. El deseo del Gobierno de España es compartir con todas las administraciones públicas los ahorros financieros que ha conseguido el Tesoro público. Al hacerlo persigue una triple finalidad: mantener la prioridad sobre el gasto social, seguir colaborando con las otras administraciones, con las que tienen mayores problemas de financiación, e impulsar a las comunidades y ayuntamientos que han conseguido superar esas diferentes dándoles también mayores posibilidades financieras. Para conseguirlo, el real decreto-ley crea dos grandes fondos: el fondo de financiación a las comunidades autónomas y el fondo de financiación a las entidades locales. El Tesoro pone a disposición de esta reforma, para 2015, 39.869 millones de euros, de los que 1.000 quedan reservados para facilidades financieras de entidades locales. Voy a intentar resumirles, con la mayor brevedad, cuáles son las características de cada uno de ellos. Comunidades autónomas. En primer lugar, el fondo de financiación a las comunidades autónomas se pone a disposición de todas ellas, tanto para las que tienen dificultades de acceso a los mercados como para las que se están financiando directamente en los mismos, tanto para las que no han conseguido cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y periodo de pago a proveedores como para las que sí están cumpliendo. Observen sus señorías que cito objetivo de cumplimiento de estabilidad presupuestaria y periodo de pago a proveedores, que es un objetivo al que nuestra legislación obliga ya, de acuerdo con normas y leyes que esta Cámara ha aprobado, como la Ley de control de la deuda comercial y también el reforzamiento de la Ley de impulso de la factura electrónica que ha entrado en vigor el 1 de enero del año 2015. Por tanto, ahora tenemos que ser exigentes no solo con el objetivo de déficit público en sí mismo - que hay que serlo -, sino también con el plazo medio de pago a proveedores que todas las administraciones públicas, todos los niveles de la Administración estamos obligados a cumplir. El tipo de interés será del 0 %, lo que resulta especialmente atractivo para todas ellas, con independencia de su situación financiera. Este fondo establece por primera vez un incentivo al cumplimiento de objetivos. Con carácter general, el tipo de interés será del 0 % durante el año 2015; sin embargo, este tipo se mantendrá en el 0 % durante tres años para las comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y periodo de pago a proveedores - lo remarco, siempre lo añado -, y no es una coletilla lo que estamos añadiendo, insisto, es un precepto de obligación legal. Por tanto, también vamos a subrayarlo respecto de las obligaciones que tenemos todas las administraciones. El fondo de financiación autonómica contempla tres compartimentos: por un lado, la denominada facilidad financiera, que está destinada a las comunidades cumplidoras, aquellas a las que se va a mantener el 0 % de interés este año y los dos siguientes; por otro lado, el llamado fondo de liquidez autonómico, el sucesor directo del FLA actual, que se consolida como el garante de la liquidez de las comunidades autónomas mediante la cobertura de la totalidad del objetivo de déficit y vencimiento de deuda de las mismas, manteniendo como prioridad la atención a los servicios públicos fundamentales, y finalmente, está el fondo social, destinado al pago por parte de las comunidades autónomas de obligaciones pendientes con entidades locales, fruto de los convenios firmados entre ambas partes en materia de políticas sociales, de gasto social. El Estado toma aquí parte - lo voy a decir claramente también - a favor de los ayuntamientos y de los ciudadanos, a los que debe llegar la política social del Estado del bienestar, de manera que ningún ciudadano pueda quedar al margen por el hecho de que el municipio donde viva no pueda financiar un servicio público esencial debido a que su comunidad autónoma incumpla su compromiso de financiarlo a través de un convenio; por tanto, el Estado, el Gobierno de España va a actuar en términos de ese fondo social. El llamado fondo social permitirá abonar estas deudas y luego las comunidades autónomas deberán devolver el dinero al Estado. En casos extremos, cuando una comunidad no se adhiera al fondo social o incumpla sus obligaciones de pago, el Estado podrá retener recursos a las comunidades para cancelar esas obligaciones que, en todo caso, constarán en un registro donde se inscribirán todos los convenios que firmen comunidades y ayuntamientos. Este instrumento es desarrollo natural de la Ley de Autonomía Local, al completar a través de un instrumento financiero la necesaria reordenación de competencias entre comunidades autónomas y entidades locales. Parece obligado destacar en este punto que, en todo caso, el proceso de mutualización de deuda por parte del Estado es voluntario, obviamente. Aquí no se obliga ni se fuerza a ninguna administración territorial, a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento; por tanto, no afecta en absoluto a las competencias de esas comunidades autónomas. La única condicionalidad que se les pone a las comunidades que no cumplen con sus objetivos es que lo hagan, que cumplan con esos objetivos, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el objetivo de plazo medio de pago a proveedores. Actualmente, el 36,7 % de la deuda de las comunidades autónomas está en manos del Estado y en algunos casos ese porcentaje se sitúa en torno al 50 %, lo que refleja muy claramente lo que ha ocurrido en esta legislatura, que ha sido el Gobierno de España el que cumpliendo con sus obligaciones se ha hecho cargo como emisor de esa deuda. Por tanto, hoy la deuda es de la Administración territorial, de la comunidad autónoma con la Administración General del Estado. Ya dijimos desde el comienzo de legislatura que en España no iba a quebrar ninguna comunidad autónoma, que en el Estado de las autonomías de España no estaba contemplada esa posibilidad. También decíamos que la gobernabilidad de ese Estado de las autonomías podía estar garantizada en las leyes que esta Cámara estaba aprobando desde comienzo de legislatura. La primera de ellas fue la que marcó la arquitectura institucional posterior, la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Hemos cumplido con las obligaciones que nos establecimos desde el convencimiento de que la responsabilidad de la financiación del último servicio público de España radica en el Gobierno de España y desde el convencimiento de que cada comunidad autónoma forma parte del Estado y todos sus ciudadanos tienen el mismo derecho a sentirse respaldados por las instituciones que los representan. En el ámbito autonómico también me parece justo destacar que el real decreto-ley cuya convalidación debatimos aquí incluye una modificación de la actual disposición transitoria séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Esta modificación hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que declaró contrario a la normativa europea sobre armonización de los impuestos especiales el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, la figura conocida como el céntimo sanitario. Pues bien, como saben sus señorías, a consecuencia de esta sentencia procede la devolución de los ingresos tributarios indebidos por este impuesto y la Administración General del Estado propone asumir el coste de dichas devoluciones y no repercutirlas a las comunidades autónomas. Por este motivo, se realiza la citada modificación legal a través de este real decreto-ley. Por otra parte, el Gobierno ha aprobado que las comunidades autónomas puedan financiar a diez años, bajo este fondo, las devoluciones correspondientes a las liquidaciones negativas de 2013 y un fraccionamiento a diez años para entidades locales, dando así a las administraciones territoriales un mayor margen para afrontar sus obligaciones de pago, que se podrán compensar con los saldos positivos siguientes. En lo que se refiere a entidades locales, decía al comienzo de mi intervención que en este nuevo ejercicio se amplían las posibilidades de acceso a los instrumentos de liquidez hacia la Administración local. Una vez más debo resaltar ante la Cámara que el conjunto de la Administración local ha hecho un gran esfuerzo de consolidación fiscal en estos últimos ejercicios, lo que ha contribuido a devolver la credibilidad financiera en nuestro país al tiempo que prestaba los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. Por eso, atendiendo a esa labor encomiable de ayuntamientos y diputaciones, el Estado, que ha estado colaborando para que esto fuera posible desde el I Plan de pago a proveedores, va a seguir prestando su ayuda a quienes aún no han conseguido cumplir sus objetivos presupuestarios para situarse al nivel del resto y a los que sí lo han conseguido para dar un impulso a sus municipios. El fondo de financiación a las entidades locales distingue, como en el caso de las comunidades autónomas, entre las que han cumplido con sus objetivos y las que no lo han hecho. Así, el fondo de ordenación está destinado a las corporaciones altamente endeudadas en riesgo financiero y para las capitales de provincias o municipios mayores de 75.000 habitantes que incumplan el periodo de pago a proveedores de manera reiterada. Con la dotación de este fondo se financiarán vencimientos de préstamos a largo plazo que cumplan con el principio de prudencia financiera, vencimientos del mecanismo de pago a proveedores y deuda de proveedores hasta que el periodo medio de pago se ajuste a los límites establecidos en la ley. En cambio, el fondo de impulso económico está destinado a entidades locales que hayan cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que estén dentro de los límites del periodo medio de pago y cumplan con las obligaciones de información sobre situación económica o financiera. Estos ayuntamientos podrán utilizar el dinero del fondo para hacer frente a los vencimientos de los préstamos que hayan formalizado o formalicen para financiar inversiones financieramente sostenibles. También podrán financiar proyectos que se consideren relevantes o financieramente sostenibles en los términos que acuerde la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Serán inversiones que contribuirán a generar crecimiento económico y puestos de trabajo en el tejido productivo de sus respectivas localidades, manteniendo, en todo caso, las políticas municipales de austeridad y consolidación fiscal. Los ahorros para las entidades locales serán también sustanciales, teniendo en cuenta que las últimas operaciones de financiación cerradas por las mismas han tenido tipos de interés sustancialmente superiores a las condiciones ofrecidas por el Estado. Estimamos que la aprobación del real decreto-ley ha supuesto un ahorro adicional para las comunidades autónomas de 2.551 millones de euros/año - eso quiere decir que se incrementa con el paso de los años -, hasta un total de 5.811 millones de euros de ahorro derivados de la puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Por su parte, el ahorro adicional para las entidades locales que supone la aprobación del real decreto-ley es de 700 millones de euros/año, que suma un total de 1.621 millones de euros/año, derivados de la puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de liquidez vigentes hasta ahora. Parece relevante en este punto incorporar, aunque no voy a dar lugar a la lectura del mismo, cómo se desglosa ese ahorro en función de los diferentes mecanismos de acuerdo con las estimaciones del Gobierno. [[Muestra un gráfico]] Es un cuadro donde ese total para las comunidades autónomas de 5.811,5 millones de euros, como cada una de las actuaciones, incluyendo la del actual real decreto-ley, han ido sumando ahorros para las comunidades autónomas - desglosado lo que ha supuesto para cada una de las comunidades autónomas - y también el ahorro que ha representado para las entidades locales, un total de 1.620,5 millones de euros que acabo de relatarle, desglosado también en función de las diferentes medidas, como el Fondo de pago a proveedores, el FLA en el periodo 2012, 2013 y 2014, y el ahorro reestructurado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2014, el último sometido al Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre de 2014, el ahorro que supondrán las nuevas emisiones, que también son significativas, nuevos mecanismos que este decreto-ley pone en vigor, y el ahorro que obviamente suponen las liquidaciones negativas para determinadas comunidades autónomas. Me refiero a las liquidaciones negativas relativas a los ejercicios 2008 y 2009 que, como recuerdan sus señorías, fueron las que supusieron un quebranto mayor para la financiación de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales. Otras medidas incluidas en el real decreto-ley de contenido económico, pero también de indudable incidencia social, son las relativas al dividendo digital. A través de la disposición adicional decimocuarta se amplía el plazo máximo para la liberación del dividendo digital hasta el 31 de marzo de 2015. En principio, el pasado 31 de diciembre debían cesar todas las emisiones en los canales radioeléctricos de la banda de frecuencia de 790 a 862 megahercios utilizadas por el servicio de comunicación audiovisual televisiva. Como saben sus señorías, la citada banda debe quedar libre para la prestación de los servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con las decisiones adoptadas internacionalmente y en concreto en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, se trata de un proceso complejo y aunque al acercarse el 1 de enero de 2015 se constató que las actuaciones desplegadas por los prestadores de servicios de televisión iban a permitir cumplir, en términos generales, los objetivos y plazos de cobertura de población exigidos por la ley, había un serio problema en el grado de adaptación de los sistemas de recepción de los edificios. De hecho, cerca del 50 % de los inmuebles afectados no habrían completado dicha adaptación en la fecha límite prevista. Por razones de interés general, al estar afectado el derecho a comunicar y recibir información veraz a través del medio televisivo, el Gobierno propone en este decreto-ley ampliar el plazo máximo hasta el 31 de marzo de este año y, por tanto, hacerlo en el sistema operativo. Durante este periodo, los operadores que prestan comunicaciones electrónicas móviles de última generación, las conocidas como 4G, seguirán utilizando las bandas de frecuencia que tienen a su disposición desde 2013. La demanda de estos servicios aún no es tan alta como para que no pueda ser absorbida estos tres meses por estas bandas. No obstante, para mantener el equilibrio financiero de las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico, cada día transcurrido desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha en que la banda del dividendo digital esté a disposición de los operadores de comunicaciones electrónicas se compensará mediante la extensión de 1,27 días del periodo de vigencia de las concesiones. El real decreto-ley propone también la prórroga de la tarifa única de Seguridad Social por contratación indefinida, cuyo impacto en nuestro mercado de trabajo está siendo muy positivo. Como conocen sus señorías, el objetivo de esta medida es incentivar el empleo indefinido en un marco laboral como el nuestro, que tiene elevadas tasas de temporalidad. Desde la aprobación de esta norma a finales de febrero del año pasado, los datos mensuales de contratación muestran una clara aceleración de los contratos indefinidos. En el periodo de enero a noviembre de 2014 el incremento fue de un 19 % respecto del mismo periodo de 2013. El resultado es que en estos meses de vigencia de la norma 182.000 trabajadores se han beneficiado de esta tarifa plana. Por este motivo, el Gobierno considera positivo prorrogar su periodo de vigencia al menos durante el primer trimestre de 2015 y lo hace con carácter de urgencia, a través del real decreto-ley que se somete hoy a la convalidación del Pleno del Congreso. Finalmente, el real decreto-ley recoge la reducción de tasas en aeropuertos que tienen horario exclusivamente nocturno y el régimen específico aplicable a los trabajos de colaboración social en el ámbito de las administraciones públicas. El objetivo de esta última propuesta es adaptar el régimen jurídico aplicable a los trabajos de colaboración social en el ámbito de las administraciones públicas, a fin de incrementar la eficacia y la seguridad jurídica de estas relaciones laborales. En líneas generales, los dos principales elementos que caracterizan a esta figura es que se trate de trabajos de utilidad social que redunden en beneficio de la comunidad y que tengan carácter temporal. Con esta modificación se pretende ofrecer una solución razonable al número de colaboradores sociales que actualmente prestan sus servicios en las administraciones públicas que otorgue certeza y seguridad jurídica a la Administración y mayores garantías para los desempleados que vienen realizando trabajos de colaboración social. Señor presidente, señorías, como pueden constatar, el real decreto-ley que defiendo, que expongo en esta Cámara, incluye varias iniciativas de carácter económico que necesitan de una aprobación urgente para no perjudicar a importantes sectores públicos, como decía, de nuestras administraciones, pero también de relaciones en el ámbito privado. Su contenido tiene efectos diversos e inaplazables en el funcionamiento de comunidades autónomas y entidades locales en el marco laboral y en empresas audiovisuales, efectos que tendrán una repercusión positiva para consolidar la recuperación económica del país y para fortalecer la creación de empleo, dos de los grandes objetivos que sin duda compartimos todos los grupos políticos en esta Cámara. Por eso en mi condición de miembro del Gobierno de España y de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, finalizo mi intervención solicitando su apoyo para la convalidación. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Álvarez Sostres. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, terminaba usted su intervención pidiendo a esta Cámara la convalidación, el voto favorable para este real decreto. Este asunto tiene muchos bemoles, señor ministro; ya le anticipo que no votaría favorablemente esta convalidación ni aplicándome tormento. Le voy a explicar a usted y al Gobierno que preside el señor Rajoy por qué. Primero: el 19 noviembre pasado usted y yo fuimos protagonistas de una interpelación sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas. A pesar del incumplimiento electoral sobre el asunto, se trataba de saber si iban a cambiar ustedes ese modelo. Usted me contestó que no iban a reformar el modelo en esta legislatura porque la crisis se había llevado por delante el dinero necesario para cambiar el modelo de financiación. Segundo: el 26 noviembre, una semana después, con ocasión del debate de la moción, se puso de manifiesto dicha negativa aun sabiendo que hay una gran desigualdad entre los españoles de las diversas comunidades. Ahí apareció en su intervención por vez primera - por lo menos yo así lo escuché - el concepto de mutualismo de las deudas territoriales. Nadie entendió lo que ocultaba y nadie entendió lo que manipulaba. La moción fue rechazada por el PP exclusivamente. Tercero: un mes después, el 26 de diciembre, se aprueba el real decreto que nos ocupa tras una singular kermesse costumbrista del Consejo de Política Fiscal y financiera, que con un impreciso sistema paralelo de financiación consagra de hecho un cambio de modelo desde el Gobierno potenciando el valor de la discrecionalidad, cuando no de la arbitrariedad, en el nuevo modelo que no sustituye a nada. Es una situación paralela, es una versión del nuevo despotismo ilustrado del siglo XXI, señor Montoro, que define un anticipo de tesorería sin más cautelas y una intromisión - en mi opinión - en la autonomía financiera de las comunidades autónomas; significa la financiación gratis del despilfarro de las más gastizas, de las más incumplidoras, sobre aquellas cuestiones que afectan a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, quebrando los principios de igualdad y solidaridad. Todo como pago de favores políticos a unos y desprecio olímpico al resto, incluso a las que cumplen, como Asturias. Claro que todo es voluntario, señor Montoro, hable usted con la Comunidad de Madrid, que ya ha tenido usted que escucharla. La sensación de tomadura de pelo es tan grande como mi consideración de degradación de los valores éticos de la verdad y del rigor. Si a esto en Asturias le añadimos los pactos y connivencia con los socialistas para mantener la situación, para que nada cambie, tenemos algo más que una crisis económica, tenemos una crisis de valores democráticos que tiene que solucionar la democracia de los ciudadanos.
Señor Álvarez Sostres, tiene que finalizar. El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Ya he terminado, señora presidenta. Gracias, señor ministro.
Gracias, señor Álvarez Sostres. Señora Fernández Davila.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, este real decreto forma parte de un diseño perverso por parte de la Administración central del Estado en lo relativo a la financiación de las diferentes administraciones públicas, en el cual las comunidades autónomas, que son responsables del gasto social prestando servicios esenciales como educación, sanidad y servicios sociales, son las grandes perjudicadas. El Estado, a través del sistema de financiación, realiza un reparto injusto de los recursos con una doble finalidad: limitar económicamente a las administraciones autonómicas y recortar de manera indirecta el gasto social. Mientras, la Administración central hace reserva de una cantidad ingente de recursos para atender compromisos con los oligopolios afines, tales como el diseño de rescates bancarios o de autopistas, la ficción del déficit tarifario o los programas de compra de armamento. Señorías, del análisis de la aplicación del sistema financiero de las comunidades autónomas en el periodo 2009-2012 se desprenden dos conclusiones claras. Una, que se ha producido un desequilibrio a favor del Estado, puesto que sus recursos han aumentado a una tasa interanual del 7 %, mientras que las comunidades autónomas lo han hecho a una tasa del 2,5 %. Por otro lado, los gastos en materia de sanidad y educación, competencia de las comunidades autónomas, después de un período de acercamiento a los niveles de los países europeos, en este período retroceden y llegan a situarse a niveles anteriores a 2002. Además, a las comunidades autónomas se les impone un porcentaje máximo de deuda sobre el PIB mucho menor que el que se reserva para sí el Estado. Cabe tener en cuenta que el porcentaje de deuda de las comunidades autónomas sobre el conjunto de administraciones públicas es mucho menor al volumen de gasto que gestionan, y tenemos también que tener en cuenta que dentro de ese gasto se encuentran los servicios básicos, como ya hemos dicho. Así, el objetivo de deuda para las comunidades autónomas en 2015 es del 21,5 %, mientras que la deuda pública en el conjunto del Estado se situará en el billón de euros, esto es, cerca del cien por cien del PIB. También se imponen, señorías, unos objetivos de déficit más restrictivos a las comunidades autónomas, un máximo del 0,7 %, mientras que el del Estado será del 2,9. En este contexto nacen las diferentes medidas para fomentar la liquidez de las comunidades, como el Fondo de liquidez autonómica, en el que se les exigen unos requisitos de acceso al mecanismo que suponen un tutelaje y control efectivo a las comunidades. Entre otras, se limitan los instrumentos financieros que podrán emplear para su financiación al margen del FLA. Para que las comunidades autónomas puedan obtener la financiación adecuada, es preciso, señor ministro, en primer lugar, reformar el sistema de financiación y dotarlo con más recursos.
Señora Fernández Davila.
Finalizo, señora presidenta. Por otra parte, el Gobierno del Estado debe cesar en la imposición de porcentajes máximos de deuda anual tan estrictos, para que cada comunidad autónoma pueda adoptar sus decisiones sobre financiación de la manera más adecuada. Lo importante sería una reforma del sistema y no estos parches que ustedes están haciendo, que se está demostrando que son totalmente injustos. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Fernández Davila. Señor Bosch.
Gracias, presidenta. Señor ministro, supongo que le tenemos que dar las gracias por su despliegue de generosidad en el día de hoy. Igual que el otro día a la ministra Báñez, cuando nos indicó que gracias a su despliegue de solidaridad los pensionistas en Cataluña podrían cobrar sus pensiones. La pregunta es: ¿Y los últimos veinte años en que el saldo de las cotizaciones de Cataluña con España sube a más de 15.000 millones de euros? ¿Eso no cuenta? Ministro Montoro, es generoso como pocos. Oiga, usted sube a la tribuna y nos dice que salva las cuentas a todas las administraciones, incluida la catalana y los ayuntamientos, que rescata a los funcionarios, que rescata a los proveedores, que rescata a todo el mundo, incluso si discrepan. [[El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace gestos negativos]] Eso ya es el colmo de la generosidad. Incluso los que gobiernan con ideas distintas a las suyas. ¡Fantástico! Pero, superministro, díganos ¿y los treinta años que han acumulado 300.000 millones de euros de déficit de Cataluña respecto al Gobierno español, tres veces lo que son las aportaciones de la Unión Europea durante el mismo período? El triple. ¿Y las cifras que esgrime el mismo Gobierno español, que oscilan entre los 8.000 y los 15.000 millones de euros de déficit anual de Cataluña respecto al Gobierno español? - Insisto, cifras del Gobierno español. Si quiere buscamos otras, pero esas son las que ha dado el Gobierno español en distintas ocasiones -. ¿Y las leyes que han ido aprobando aquí que castran la financiación y la autonomía real de las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Esas leyes no cuentan? ¿Y los últimos años que se los han pasado cobrando intereses por el FLA a aquellos que han aportado más de lo que les ha sido devuelto en inversiones? ¿Eso no es cobrar intereses usureros a los que generan las aportaciones? Porque el dinero no es suyo, el dinero no es del Gobierno español - estamos acuerdo -, el dinero es de los ciudadanos que lo han aportado. Luego, cuando condonan intereses por facilitar la financiación que ustedes han dificultado con el déficit previo, esa es una extraña generosidad, una extraña solidaridad diría yo. Sube aquí y dice que retiran los intereses. Es generoso como pocos, generoso de raza, señor Montoro. Le doy una idea. ¿Y si ustedes hicieran con Cataluña lo mismo que hacen con el País Vasco y Navarra, con Euskal Herria? ¿Verdad que ellos no se acogen al FLA? ¿Verdad que esas comunidades no se acogen a sus medidas de financiación? [[El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, y el señor Delgado Arce pronuncian palabras que no se perciben]]Por algo será. ¿Puede ser que sea porque tienen plena autonomía financiera, porque recaudan sus impuestos? No. No hay relación, no está relacionado con eso. Otra idea sin cargo, generosidad por ambas partes: ¿Y si le libráramos de tan pesada carga? Ya que Cataluña le sale tan cara, ¿y si nos pusiéramos de acuerdo, lo hablásemos y Cataluña se autofinanciara, Cataluña fuera independiente, y a usted no le representara tan onerosa carga? Hablemos de ello. Nos pondríamos de acuerdo enseguida. Su Gobierno, y usted primero, castran a las administraciones y a sus finanzas...
Señor Bosch, se acabó su tiempo.
La última frase que le gustará al señor ministro: primero castra a las administraciones y luego sube aquí, dice que nos darán pipas y va marcando paquete con la capa de superministro. Señor ministro, al menos le ruego que nos ahorre ese espectáculo estético. [[Rumores]] Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], señor Azpiazu.
Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Hacienda, intervengo en nombre del Grupo Vasco para fijar la posición política en relación al Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Hay aspectos económicos y financieros muy relevantes pero no voy a entrar en ellos por falta de tiempo. Como tampoco voy a referirme al resto de las medidas a las que usted ha hecho referencia, señor ministro, contempladas en las disposiciones adicionales y finales, salvo a la disposición final cuarta. El real decreto tiene por objeto principal, como ya se ha dicho aquí, la puesta en marcha de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, unas medidas que tienen la consideración de mecanismo adicional de financiación de los previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública. Por tanto, la adhesión a estos mecanismos supone implícitamente el reconocimiento del riesgo de sostenibilidad financiera o de incumplimiento de tales objetivos. El nuevo fondo de financiación de comunidades autónomas, aprobado por Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha sido explicado y publicitado como un mecanismo financiero beneficioso, barato y prácticamente irrechazable por parte de las comunidades autónomas, con el objeto de controlar el gasto en intereses que supone el pago por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, señor ministro, incluso la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular, rechaza la posibilidad de acudir a esta financiación. Por algo será. De facto, la adhesión a este tipo de mecanismos va a suponer que todas las operaciones financieras de las comunidades autónomas adheridas, queden sometidas a la gestión y tutela del Estado así como a la dependencia financiera total y absoluta del Gobierno central. A través de la puesta en marcha de estas medidas de sostenibilidad financiera el Estado aumenta aún más su control sobre la gestión económico-financiera de comunidades autónomas, municipios y diputaciones, ya que además de los controles en materia de déficit público, de endeudamiento o de pagar las facturas a proveedores por cuenta de las comunidades autónomas, ahora se pretende también que solo se puedan endeudar con el Gobierno central a cambio de unas mejores condiciones de financiación, que son reales. Por otra parte, puede suponer el cierre a los mercados financieros de las comunidades autónomas, quedando por tanto a merced del Gobierno central como única vía de financiación a corto y medio plazo, y sin perjuicio de que las condiciones de financiación puedan cambiar en un futuro. [[El señor]] En cualquier caso, puede afirmarse que estos requisitos y condiciones que el Estado va a exigir a cambio de una financiación a coste cero, durante los tres primeros años, conllevará un mayor control y tutela de la gestión económico-financiera de las comunidades autónomas, y va a conducir de facto a una pérdida de autonomía financiera de las comunidades autónomas, autonomía que difícilmente podrá ser recuperada a medio y largo plazo, ya que van a pasar a depender de la financiación de un único proveedor, en este caso del Gobierno central. Hay que señalar que otro tanto les ocurrirá a las corporaciones locales. Ha de advertirse también que estas medidas de sostenibilidad financiera pueden considerarse como un nuevo mecanismo de control destinado, en este caso, a controlar también los ingresos financieros de las comunidades autónomas. La adhesión al nuevo fondo financiero del ministerio para la financiación y tener ahorro de costes financieros no solo implica obligaciones de mayor información y sujeción a mayor control ministerial que el actual, sino también la adhesión a mecanismos claramente centralizadores, como las plataformas electrónicas del Estado, registros, medidas del CORA, etcétera. Por otra parte, es evidente que se trata de un mecanismo financiero, en nuestro caso incompatible con el régimen de concierto, dado que se plantea en términos de adhesión al mismo cuando, por el contrario, las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado se encuentran sometidas a la bilateralidad y al acuerdo previo, y no a un convenio de adhesión en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Además es incompatible con el Concierto Económico vasco porque solo es válido para las comunidades autónomas cuya financiación depende del Estado, que es quien utiliza este tipo de mecanismos financieros que en el fondo deben contemplarse en el contexto de una visión completa del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Sin embargo, ello no sucede en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con un sistema específico de financiación por el que dispone de su propio sistema tributario. En este mismo sentido, no es aceptable que se requiera con carácter previo la adhesión a estos fondos, la suscripción de un convenio con el Estado en el marco de la comisión mixta, cuando en dicho marco únicamente cabe la adopción de acuerdos y no de convenios. Es preciso e importante señalar que las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el Estado se articulan por el principio de bilateralidad, y no desde la simple y mera adhesión a un mecanismo propuesto por el Estado para el conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales, tal y como ocurre con este real decreto-ley, siempre que no conlleven el establecimiento de controles que anulen nuestra autonomía financiera. Si la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus instituciones son responsables de sus ingresos tributarios, también, en opinión de este Grupo Vasco, lo han de ser de su endeudamiento que a la postre es una parte de sus ingresos. Quisiera realizar algunas consideraciones en relación con la disposición adicional primera del real decreto-ley, señor ministro, de la cual lo menos que se puede decir es que resulta inapropiada. De la lectura de su texto se desprende que, lejos de establecer un modelo de bilateralidad material y formal respetuoso con el Concierto Económico, en lo que hace al modo de interpretar estos nuevos fondos de financiación autonómica y local, y con libertad de pacto respecto a su aplicabilidad en el seno de la comisión mixta, el presente real decreto lo que hace es considerar a la Comunidad Autónoma de Euskadi como una comunidad a la que se le aplica al completo la regulación contenida en el real decreto-ley, sin disponer espacio propio y específico para articular la relación financiera entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado. En relación con el párrafo primero resulta inexplicable y poco congruente que se referencie solo a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ya que esta ley nada tiene que ver con la financiación autonómica, solo con las entidades locales, de modo que ninguna apelación excluyente o especial al Concierto Económico tenemos como comunidad autónoma; luego en relación con la Comunidad Autónoma de Euskadi este párrafo de la disposición adicional no resulta en nuestra opinión satisfactorio. En relación con el párrafo segundo, su contenido tampoco resulta respetuoso con el Concierto Económico, y es insólito que se deriven hacia la Comisión Mixta del Concierto únicamente las posibilidades de convenir la afección de recursos en garantía de las operaciones de crédito que se formalicen. Ello de por sí implica un desconocimiento del modo en que se adoptan los acuerdos, y no convenios, en el seno de dicha comisión mixta y, al mismo tiempo, un desconocimiento de los mecanismos o relaciones financieras entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado. En este sentido, es claro que el Concierto Económico asigna a la Comisión Mixta del Concierto la adaptación de todos aquellos acuerdos que en materia tributaria y financiera resulten necesarios en cada momento, tal y como establece el artículo 62. Más compleja aún parece la aplicabilidad del párrafo tercero, ya que su apelación al capítulo 3.º del título II del real decreto-ley, compartimento fondo social y retenciones en materia de gasto social, viene a confundir una regla que debía ser de alcance general. Es inadmisible que su ministerio, en aplicación del párrafo tercero de esta disposición adicional, retuviera o redujese a Euskadi unilateralmente recursos tributarios y financieros por obligaciones autonómicas pendientes con entidades locales, lo cual supone en nuestra opinión una conculcación del concierto económico. Esta disposición adicional primera resulta pues una disposición incompatible con el sistema de bilateralidad que ha de regir las relaciones financieras con el Estado, con el modelo de financiación de Euskadi y sus instituciones, y de su lectura puede deducirse que la voluntad del Estado es igualar a la Comunidad Autónoma de Euskadi con el resto de las comunidades autónomas en lo que hace a la aplicabilidad de este real decreto-ley, mezclando sistemas de financiación, intervenciones y control que resultan incompatibles con nuestra autonomía financiera y no respetando las particularidades de la relación financiera que debe existir y que existe entre Euskadi y el Estado. Concluyo ya señalando que, a pesar de que el contenido de la disposición final cuarta no sea la revitalización completa que se reclama, desde el Gobierno vasco ni desde este grupo parlamentario, en relación con el aeropuerto de Foronda - reclamamos la apertura durante veinticuatro horas y también con personal durante las veinticuatro horas -, la reducción de las tasas que se contemplan en esta medida nos parece que van a ser un impulso considerable para dicho aeropuerto y, por lo tanto, lo valoramos positivamente aunque sigamos peleando por este objetivo más ambicioso. Por todo lo anterior, considerando que a muchas administraciones públicas les puede interesar acudir a los fondos por cuestiones estrictamente financieras o porque tienen cerrados los mercados, tal y como usted lo ha planteado, y considerando igualmente lo expuesto antes por nuestro grupo parlamentario, vamos a abstenernos en la votación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor don Álvaro Anchuelo.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, si fuese posible enmendar los reales decretos lo primero que le propondríamos sería una enmienda al título de este real decreto. Si a este real decreto lo titulásemos: Real decreto para financiar el gasto electoral de comunidades autónomas y ayuntamientos en las elecciones del año 2015, todos los que estamos aquí y los ciudadanos que nos escuchan sabríamos mejor de qué estamos hablando en realidad. Es conveniente para entender este real decreto ponerlo en contexto y en perspectiva histórica, porque lo que aquí se está haciendo es dar los últimos pasos en una senda que lleva en vez de a corregir los defectos de diseño de nuestro sistema autonómico a exacerbar y empeorar sus defectos de diseño. Vamos a recordar muy brevemente de dónde venimos y dónde estamos y entenderemos mejor cómo en este real decreto se sigue avanzando en esa senda de empeorar el diseño autonómico y los incentivos perversos que contiene. Antes de la crisis ya era conocido que uno de los problemas del diseño del Estado autonómico era la falta de corresponsabilidad fiscal de las comunidades: gastan pero no sufren la impopularidad de recaudar. Además tienen una restricción presupuestaria muy movediza porque si necesitan recursos reciben nuevos recursos con continuos cambios de las reglas del juego. Por eso no es sorprendente que antes de la crisis, en los años de la burbuja financiera, aumentase el gasto autonómico con la construcción de auténticos mini-Estados dotados de consejos consultivos, tribunales de cuentas, consejos económicos y sociales. Tampoco es sorprendente que cuando esa burbuja estalló y los ingresos se hundieron las comunidades autónomas siguiesen gastando, como si nada pasase, hasta el extremo de ocultar facturas en los cajones o hasta el extremo de perder el acceso a los mercados financieros y no poder seguir financiándose. Cabría pensar que una de las pocas cosas buenas de las crisis sería que aprenderíamos algunas lecciones y que reconoceríamos algunos defectos y los corregiríamos. Esa reforma era, por un lado, imprescindible si queríamos evitar recortes sociales. UPyD ha venido proponiendo, desde hace años, eliminar ese gasto superfluo en las estructuras burocráticas innecesarias. Todo el mundo se indigna con el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid - que ahí sigue, por cierto - porque es un ejemplo entre miles de gastos innecesarios. Pero no solo era imprescindible para evitar el recorte de otros gastos más importantes, sino que era posible porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nosotros enmendamos y votamos favorablemente - aunque queríamos una versión más ambiciosa -, hacía posible emprender estas reformas. Sin embargo, usted no ha tenido la voluntad política de utilizar esa ley, y esto no se lo dice solo UPyD: en las recomendaciones de la Unión Europea se preguntan por qué no se hace más uso de las posibilidades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; es que en informes de la Airef se preguntan porqué no se toman medidas preventivas en las comunidades incumplidoras. Usted no ha tenido voluntad política de utilizar todas las posibilidades de esa ley. ¿Por qué? La única respuesta lógica es que usted es juez y parte; usted viene aquí y dice que va a ordenar los desmanes autonómicos, pero buena parte de esos desmanes autonómicos se han producido en comunidades gobernadas por el Partido Popular - el caso de Valencia es el más espectacular -. Por eso el camino por el que ha optado es uno muy diferente. En vez de utilizar las posibilidades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha optado por un rescate masivo - aunque diga usted que no hay rescate, ya estamos acostumbrados a la negación de la realidad -: Fondo de proveedores, FLA, anticipos, retrasos... Es difícil recordarlo pero sus propios portavoces en el debate presupuestario hablaban de un rescate de 160.000 millones de euros; 160.000 millones de euros de los que presumían; una magnitud fabulosa cuando se pone en perspectiva con otras cifras que se consideran inasumibles. Y no solo es un rescate masivo, sino un rescate insuficientemente condicionado, con planes de ajuste que se incumplen, con objetivos de déficit que antes de que acabe el año se han superado, con estructuras que no solo no se han corregido, sino que se siguen creando; hoy, la Agencia Tributaria catalana, porque la comunidad autónoma necesita estructuras estatales y aumenta su dotación en un 50 %. Un rescate masivo e insuficientemente condicionado. Podemos pasar ahora a entender mejor este real-decreto. ¿Qué hace este real-decreto? Seguir avanzando en esa senda; en vez de corregir los defectos de diseño del Estado autonómico, exacerbarlos, empeorarlos. ¿Qué se nos propone aquí? Por un lado, reordenar los fondos existentes. Está bien reordenar, pero es que al hacer la reordenación nos damos cuenta de todos los mecanismos que se han utilizado, porque se reordenan dos fondos, uno para comunidades y otro para entidades locales, pero hay compartimentos en cada fondo. En el fondo de las comunidades hay cuatro compartimentos; en el de las entidades locales, tres. Hacen falta siete subdivisiones para reordenar todo esto. Nos damos cuenta también de lo que venimos diciendo hace tiempo, que usted dice que esto es extraordinario, excepcional, pero se convierte en permanente; una vieja tradición española: no hay nada más duradero que lo transitorio. Aquí seguimos un año tras otro con: es la última, se lo prometo, es la última. Lo extraordinario se convierte en permanente. Apreciamos también que este tema es un pozo sin fondo porque acabamos de aprobar - de aprobar ustedes, con sus votos, con su mayoría absoluta - los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y allí se dotaba al FLA con 21.000 millones de euros, y han pasado veinte días del año 2015 y este fondo se amplía a 38.869 millones para comunidades autónomas y 1.000 más para entidades locales. Una vez más los Presupuestos del Estado se quedan anticuados a los pocos días de empezar a ejecutarse y una vez más ustedes encuentran dinero para lo que quieren: si les proponemos un plan contra la pobreza infantil resulta que es inasumible, pero si hay que encontrar decenas de miles de millones para rescatar administraciones en vez de personas se encuentran sin ninguna dificultad. También se nos propone aquí ampliar la cobertura de estos fondos. Y se amplía a todo lo imaginable y a lo inimaginable también porque el Estado va a asumir deuda que era deuda entre comunidades y entidades locales, deuda entre comunidades y entidades financieras. El Estado asume todo tipo de deudas que no le correspondían, incluso entre otras administraciones. Y el asunto más llamativo, usted lo ha señalado y también los medios de comunicación, es que se financia a tipo de interés cero, gratis, la nueva deuda de este año y la deuda acumulada de años anteriores. Fíjese, gratis, ni siquiera al tipo de interés del Tesoro. Gratis. El Estado se endeuda en lugar de otros y ese endeudamiento, ese dinero lo proporciona gratis a comunidades y ayuntamientos. Me gustaría detenerme en el análisis de esta cuestión porque tiene más consecuencias de las que pueden parecer a primera vista. En primer lugar, esto equivale - algunos diputados tal vez tengan que santiguarse con lo que voy a decir - a una quita de la deuda. Una quita parcial, implícita, califíquela como quiera, pero es una quita; usted les dice a los endeudados que les perdona los intereses de uno o tres años. Esto es una quita de la deuda. Sin embargo, en el tema de la segunda oportunidad, de personas con hipotecas inasumibles, la quita es anatema, cualquiera que dice la palabra es un absoluto irresponsable por muchas matizaciones que lleve implícitas la cuestión. Segunda consecuencia de esta medida, que puede parecer baladí y no lo es: introduce nuevos incentivos perversos en nuestro sistema autonómico, porque usted está premiando a los más incumplidores, a los más endeudados. Y esto no se lo digo solo yo, se lo dicen también sus compañeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, si perdona intereses de la deuda, se beneficia más el que más se ha endeudado, el que más ha incumplido, particularmente Cataluña, cuyos representantes - algunos de ellos - están muy indignados con esta medida pero se benefician en 1.800 de los 5.500 millones de ahorro que esto supone. Supone un trato discriminatorio entre comunidades pero además un incentivo perverso: si usted incumple, yo le premio más. Y otra cuestión que le señalan sus compañeros de partido de la Comunidad de Madrid: usted reparte los recursos de forma arbitraria. Ha decidido no reformar el sistema de financiación autonómica, que era posible reformarlo, y ha decidido repartir los recursos de forma arbitraria y generando incentivos perversos, como le señalan sus compañeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todo esto exacerba los incentivos perversos de nuestro sistema autonómico y, si es muy complejo lo de la financiación autonómica para los ciudadanos, un ejemplo más sencillo: el céntimo sanitario. Lo cobraron las comunidades, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que era ilegal y el Estado devuelve lo que cobraron las comunidades, que es una mezcla competencial imposible ya de entender. Por resumir: usted, señor ministro de Hacienda, está dando a comunidades y entidades locales un mensaje: en el año 2015 hay elecciones y yo les voy a dar recursos para que gasten más y más a las más incumplidoras; además, no se preocupen porque, en último extremo, les voy a rescatar. Nos parece un mensaje irresponsable, un mensaje nocivo, un mensaje que genera incentivos perversos y empeora el diseño de nuestro modelo autonómico y, por tanto, vamos a votar que no a este real decreto. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
Muchas gracias, señor presidente. Debatimos hoy en esta Cámara un decreto que es un claro reconocimiento de los errores anteriores por parte de este Gobierno. En realidad, es una enmienda a la estrategia que ha llevado este Gobierno en referencia a la situación económica de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales. Estamos ante una reestructuración de los fondos de ayuda financiera, pero también ante una forma de reestructuración de la deuda generada por esos mismos fondos en el pasado. Cuánto nos hubiésemos ahorrado si el Gobierno hubiera traído antes estas ideas, cuánto se habrían ahorrado las corporaciones municipales y las autonomías si el Gobierno hubiera hecho caso antes a los comentarios que proponían fórmulas más razonables de financiación. Nuestro grupo parlamentario saluda algunos elementos concretos de este decreto que serán una ayuda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La situación financiera de los mismos es crítica, están ahogados y no solo por la coyuntura económica desfavorable sino también porque la Ley de financiación es claramente insuficiente para mantener una estructura política como la de España. En todo caso, cualquier ayuda financiera por parte del Estado y de sus mecanismos será una ayuda a los ciudadanos y ciudadanas que son - somos - usuarios de los servicios públicos fundamentales. Esto es muy importante, especialmente desde el momento en que la saturación en los hospitales y la masificación en las escuelas es una realidad permanente en el conjunto del Estado. Algo hay que hacer y, sin duda, aliviar el peso de la deuda y sus intereses es un elemento positivo. Sorprende también que el Gobierno se haya decidido por fin a utilizar de forma activa el mecanismo de la intermediación financiera pública, aunque sea a través del Instituto de Crédito Oficial. Ojalá este hecho permita al Gobierno entender que el sistema financiero privado no está en condiciones de garantizar una financiación que permita atajar los problemas sociales de este país. El sector financiero privado únicamente busca la mayor rentabilidad posible y eso puede conllevar - y desgraciadamente a menudo ocurre - que se pase por encima de los servicios públicos. Por eso es incomprensible la enorme satisfacción con la que el Gobierno habla de mecanismos como el Plan de proveedores, cuando es evidente que conlleva el encarecimiento de la financiación para el Estado y el enriquecimiento injustificado de la banca privada. Por otra parte, saludamos que hasta cierto punto se hayan incluido programas de estímulo económico, si bien solo para algunos municipios. El Gobierno debería entender en todo caso que los estímulos económicos bien diseñados son la principal herramienta para combatir los déficits públicos. Por eso, también es incomprensible que este decreto mantenga una enorme condicionalidad regresiva para todas las instituciones que se acojan a los planes, pues, al final, esa condicionalidad se traduce únicamente en planes de ajuste que vulneran los derechos sociales y democráticos - en definitiva, su soberanía - de las entidades de hecho rescatadas, aunque el señor ministro lo haya negado en su intervención. No ha aprendido el Gobierno, a pesar de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por la Defensora del Pueblo a instancias de Izquierda Unida. Recordamos que aquel recurso era contra un decreto del Gobierno en el que se vulneraba la soberanía municipal con el objeto de aplicar planes de ajuste sin su consentimiento. Estas no son las formas. La democracia en ningún caso está por debajo de las necesidades bancarias. Nuestra economía, comunidades y ayuntamientos necesitan una solución, pero no llegará por la vía de los planes de ajuste; estos planes implican en realidad recortes en servicios públicos, incluso privatizaciones y, en definitiva, una merma en la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, este decreto no es una solución, es un mero alivio a un sufrimiento lento, y en la medida en que es un alivio no podemos posicionarnos en contra, como ya han anunciado otros grupos, pero, señor Montoro, esto no es la solución, no al menos para los ciudadanos y ciudadanas que creemos en los servicios públicos. [[La señora]] En definitiva, señor Montoro, en su intervención ha quedado claro que está haciendo de la necesidad virtud. Ha negado el rescate a las comunidades autónomas, que es una realidad, un rescate que ha tenido que llegar por una insuficiencia financiera crónica. Una insuficiencia financiera crónica que no se arregla con lo que, en definitiva, es una política de ir tapando agujeros, que es lo que nos trae aquí el Gobierno: consolidar una vez más, seguir con unos instrumentos que se anunciaron provisionales y que se están transformando en definitivos. Lo que necesita el conjunto del Estado, señor Montoro, para un buen viaje es una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y también de las entidades locales, no que cada ejercicio presupuestario continuemos dependiendo de su magnanimidad y de la imposición de normas con las que usted quiere subyugar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Sixto. Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a este real decreto de medidas orientadas a la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales es que tiene algunos aspectos positivos desde el punto de vista formal, pero al mismo tiempo vamos a plantearle algunas consideraciones globales de cierta profundidad política que quisiéramos manifestar en este proceso de convalidación de este real decreto. Como medidas positivas, quisiéramos resaltar que va a suponer un cierto alivio para las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales, ya que este real decreto va a posibilitar que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan endeudarse a partir del año 2015 con un tipo de interés cero que va a ir a cargo de la Administración General del Estado y al mismo tiempo podrán gozar de créditos a medio plazo con la posibilidad de que existan carencias en los primeros años; o sea, que en el primer año, desde un punto de vista económico y financiero, no se pueda amortizar ni capital ni intereses. Para la Generalitat de Catalunya es una obviedad que va a suponer un ahorro importante de recursos financieros desde la perspectiva de ahorro de intereses, ahorro que va a oscilar entre los 300 y los 525 millones, y al mismo tiempo también hay que reconocer que desde el punto de vista de saneamiento y de liquidez de las corporaciones locales también va a suponer un alivio considerable, porque van a tener en sus perspectivas financieras a lo largo de todo el año la posibilidad de no pagar los tipos de interés de los créditos que hayan pedido para financiar sus circulantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos en un año totalmente electoral, en Convergència i Unió no podemos dejar de considerar algunas medidas - como las que acabo de mencionar - como positivas, como medidas que van a aliviar las finanzas de las corporaciones locales y de la Generalitat de Catalunya. Si estuviéramos hablando desde la perspectiva médica, señor ministro, diría que este real decreto presupone para las finanzas locales y autonómicas un ibuprofeno, que va a aliviar lógicamente la desnutrición producida por la falta de proteínas y de recursos económicos en las débiles finanzas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, pero, señor ministro, usted sabe perfectamente, y convendrá con nosotros, que lo que necesitan las finanzas de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas no son ibuprofenos, son proteínas, son ingresos que les permitan atender sus gastos correspondientes a sanidad, a educación y a servicios sociales. Usted sabe perfectamente, señor ministro, que este tipo de gastos sociales son atendidos única y exclusivamente por las comunidades autónomas y por las corporaciones locales. Por tanto, señor ministro, tenga usted en cuenta que, independientemente de que esto vaya a suponer un ibuprofeno, un alivio considerable para la mala salud de las finanzas de dichas corporaciones locales y dichas comunidades autónomas, lo que necesitan estas corporaciones locales y estas comunidades autónomas son ingresos, son recursos financieros; en definitiva, son proteínas, que es lo que estamos demandando y hemos planteado a lo largo de esta legislatura. Consideramos positivo, señor ministro, que el Gobierno, a través de este real decreto, haga el reconocimiento implícito de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales están simple y llanamente mal financiadas, y por este motivo nos alegramos de que una medida plantee este tipo de resoluciones, pero, al mismo tiempo, en Convergència i Unió queremos rechazar radicalmente la voluntad crónica de este Gobierno de incrementar el control de la Administración central a las demás administraciones, que cada día tienen menos autonomía. Ustedes, señor ministro, que son tan defensores de la Constitución, saben perfectamente que la Constitución consagra una autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los entes locales. Con este real decreto las comunidades autónomas dejan de poder hacer operaciones de endeudamiento a largo plazo y solamente van a poder gestionar la deuda de su circulante. Esta no es una vía, señor ministro, consensuada de la Constitución. Están cambiando ustedes el modelo por la puerta de atrás y en el caso de Cataluña, señor ministro, estas deslealtades del Gobierno solo conducen a radicalizar las desconfianzas y las respuestas, porque, a diferencia quizá de lo que pueda ocurrir en otros territorios del Estado, la voluntad de ejercer propiamente el autogobierno en Cataluña es total y absoluta. Señor ministro, sin autonomía financiera es inviable, es imposible ejercer una autonomía política para atender todos aquellos gastos correspondientes a sanidad, educación y servicios sociales. Y, señor ministro, sin autonomía financiera y sin autonomía política estamos dinamitando los cimientos de la actual Constitución, como le acabo de mencionar. Ahora me gustaría hacerle unas reflexiones de fondo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, señor ministro? ¿Hubiéramos llegado a esta situación de ir convalidando reales decretos para financiar comunidades autónomas, financiar proveedores, financiar ayuntamientos si ustedes hubieran tenido el valor de poner en marcha un nuevo sistema de financiación a lo largo del año 2014? ¿Hubieran sido necesarios este tipo de reales decretos que se pueden entender como que dan limosna a las comunidades autónomas, que dan aire financiero para que puedan atender todos sus gastos? ¿Por qué no han planteado en esta Cámara y en esta legislatura una cuestión que viene marcada por la Constitución como es que cada cinco años se pueda plantear un sistema de financiación? Otra pregunta, señor ministro. ¿Por qué el Estado desde el año 2012 hasta el año 2015, época de crisis, va a incrementar sus ingresos en más de 30.000 millones de euros de impuestos directos y de impuestos indirectos y estos 30.000 millones de euros se los queda única y exclusivamente el Estado desde la perspectiva de que solamente lo han planteado en el tramo estatal? ¿Las comunidades autónomas y los ayuntamientos no van a ver ni un euro de estos incrementos de impuestos directos e indirectos de más de 30.000 millones de euros? ¿Por qué, señor ministro? ¿Y cómo es posible en este contexto de constante incremento de los ingresos de la Administración central que los pagos a cuenta que recibirá la Generalitat en el año 2015 en concepto de participación de los ingresos del Estado sean inferiores a los del año 2013? Es una incógnita que no nos ha desvelado en su intervención. ¿Por qué el Estado todavía no ha pagado a la Generalitat los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatuto correspondientes al año 2008, algo aprobado en una Comisión mixta bilateral Estado-Generalitat y que tiene rango de proyecto de ley o de ley orgánica? ¿Por qué no se han liquidado estos 759 millones? Y lo mismo le digo, señor ministro, con respecto a la deuda de 3.207 millones de pesetas correspondientes a la disposición adicional tercera para el periodo 2009-2013. ¿Por qué el Gobierno todavía no los ha reconocido? ¿Por qué la Generalitat en el año 2014 no cobró ni un euro del Fondo de competitividad correspondiente a este ejercicio? Es otra incógnita que no nos ha desvelado. ¿Por qué el Gobierno prevé aplazar hasta el año 2017 lo que debe pagar a la Generalitat correspondiente al Fondo de competitividad del año 2015? Si ustedes hubiesen tenido el valor político de legislar durante este tiempo en que han tenido mayoría absoluta seguramente hubiesen sido innecesarios estos reales decretos. Los considero positivos - lo he dicho al inicio de mi intervención -, pero no hubieran sido necesarios si hubiéramos hecho los deberes de plantear estos nuevos sistemas de financiación, de repartir los incrementos de impuestos planteados por ustedes con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Desde esta perspectiva, señor ministro, los ingresos del Estado quedan celosamente guardados bajo la propiedad siempre de la Administración central y los van repartiendo cicateramente cuando a ustedes les conviene, como por ejemplo en esta época electoral, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Señor Sánchez i Llibre.
Voy acabando, señor presidenta.
No me amenace. Acabe.
Hubiéramos podido evitar esto perfectamente y por este motivo, a pesar de considerar positivas las medidas que usted ha anunciado, nos vamos a abstener en esta convalidación. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Sánchez i Llibre. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.
Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ¿qué pone de manifiesto este real decreto-ley? A nuestro juicio, dos cosas. En primer lugar, el Gobierno elude uno de los problemas de fondo de la sostenibilidad del Estado del bienestar, de la sostenibilidad de las cuentas autonómicas: la reforma del sistema de financiación autonómica, que tendría que haberse aprobado en el año 2014, y más teniendo en cuenta que usted, su partido y su Gobierno tienen en estas Cortes mayoría absoluta. No es una prioridad la cohesión social, no es una prioridad el Estado del bienestar, como se pone de manifiesto. Desgraciadamente, señor ministro, de acuerdo con las estadísticas internacionales, somos los campeones de la desigualdad y eso no pone las bases de un crecimiento sostenido en el tiempo, además de ser injusto. Ese es el primer problema de este real decreto, la primera consecuencia. En segundo lugar, con este decreto-ley, señor Montoro, da usted la puntilla a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a su ley. Se trata de una ley que dura solamente tres años y usted le da la puntilla, no solo por sus resultados; no solo porque la deuda pública está por encima del 96 % en relación con el PIB cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que en el año 2020 la deuda pública se tiene que situar en el 60 %; no solo por la deuda de las comunidades autónomas, que de acuerdo con esa ley se tenía que ajustar al 13 % en relación con el PIB y va ya por el 23 %; no solamente por eso, no solamente por los incumplimientos de los que da cuenta la Comisión Europea y la autoridad fiscal, también por sus cambios y modificaciones, alrededor de doce en tres años entre cambios de la ley orgánica, leyes, reales decretos y órdenes. Y cambios no menores; por ejemplo, realizando excepciones con la cláusula de no rescate, señor ministro. Por tanto, con este real decreto termina de dar la puntilla a su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya le dije cuando se aprobó su Ley de Estabilidad Presupuestaria, señor ministro, que era una ley ideológica y tremendamente dura para agradar a los mercados y que no iba a cumplir, y efectivamente en gran parte no se cumple y, como consecuencia, entre otras cosas, eso no genera confianza en los mercados y ante las instituciones europeas. Porque, señor Montoro, es verdad que ha bajado el coste de la financiación de la deuda pública española, sí, pero ha bajado el de todos los países del mundo desarrollado y particularmente el de los países periféricos de Europa, fundamentalmente porque ha cambiado la política del Banco Central Europeo. Por tanto, no confunda su política y las consecuencias de su política presupuestaria. Como le decía, no iban a cumplir. Se lo decíamos en el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, usted mismo no iba a cumplir su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero además los cambios que ahora nos trae, señor Montoro, señor ministro, son de calado: sobre el marco institucional del Estado de las autonomías y sobre la financiación autonómica. Le digo esto porque dijo usted que se iban a crear en 2012 dos fondos: el Fondo de liquidez autonómico y el de pago a proveedores. Y además dijo que iban a ser temporales. Sin embargo, ahora se convierten en permanentes, y eso que el Fondo de pago a proveedores ha tenido tres fases y el FLA se prorrogó hasta finales de 2014. Donde antes había dos fondos, señor ministro, ahora hay siete fondos, que se suman a los de garantía, suficiencia, cooperación y competitividad del actual modelo de financiación autonómica. Antes se llamaban fondos de liquidez y ahora se llaman fondos autonómicos. Desde nuestro punto de vista, no solamente son meros cambios normativos, hay un cambio de modelo hacia la recentralización frente a la autonomía de las comunidades autónomas. Me explico: en este caso, en estos fondos se convierte en permanente el recurso al Tesoro por parte de las comunidades autónomas. Por consiguiente, el Gobierno tiene un nivel de control efectivo sobre las prioridades del gasto de las comunidades autónomas. Señorías, un parche más para no abordar la reforma de la financiación autonómica, un parche más para limitar la autonomía de las comunidades autónomas y un parche más para incumplir su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Para demostrar el parche del sistema de financiación autonómica que quieren plantear con este real decreto-ley y el falseamiento de los ahorros por parte de las comunidades autónomas no voy a utilizar cifras ni argumentos del Grupo Parlamentario Socialista, voy a utilizar algunas declaraciones públicas de algunos de los dirigentes de su partido. El señor González, presidente de la Comunidad de Madrid, dice que Montoro se inventa los datos, y el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Ossorio, reclama la reforma del sistema de financiación porque - dice - esto es un parche. Pero ahí no terminan las declaraciones, el señor Herrera, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, acusa a Montoro de dar datos falsos y de manipular la conferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Añade - y no lo dice ningún representante del Partido Socialista - que el Ejecutivo autonómico está indignado con el señor Montoro. Señor ministro, hoy tengo verdadera curiosidad por saber lo que van a votar algunos diputados, especialmente los del PP de Castilla y León y de Madrid, si van a votar con usted o con el señor González, si van a votar con usted o con el señor Herrera, tengo verdadera curiosidad. En definitiva, señor Montoro, es un parche para financiar una gran parte del Estado del bienestar, como es la financiación de las comunidades autónomas. Sus políticas son regresivas, porque por el lado de los ingresos ¿qué han subido? Han subido mucho los impuestos, ¿pero qué impuestos? Los impuestos directos, los indirectos y básicamente el IVA, en 19.000 millones de euros. Por el lado de los gastos, el gasto público discrecional, el que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con la Ley de Dependencia, entre 2011 y 2013 se ha reducido en 12.300 millones de euros, de acuerdo con la IGAE. Regresividad, política fiscal regresiva. Pero ese aroma de regresividad se nota además en el real decreto, porque prorrogar la tarifa plana laboral es regresivo: a quien beneficia es a los trabajadores con más renta, en detrimento de los trabajadores con menos renta. Además es regresivo porque esquilma el Fondo de garantía de las pensiones, es decir va contra los pensionistas. Regresividad, esa es la palabra, la marca de la casa del Partido Popular: incrementar desde el Gobierno la brecha social entre las rentas más altas y las más bajas, entre los más poderosos y las rentas medias y de los trabajadores. Además, no se gana en estabilidad laboral, porque la precariedad laboral va en aumento; en el último año la duración media de un contrato de trabajo fue de cincuenta y cuatro días y el 25 % de los contratos de trabajo tenía una duración inferior a una semana; luego, más desigualdad. Somos los campeones de Europa en desigualdad. Eso no sienta las bases sobre un crecimiento sostenido en el tiempo. Regresividad es la marca de la casa de la política del Gobierno. Respecto al fondo de este real decreto que tiene que ver con la financiación autonómica, con el parche al modelo de financiación autonómica, señor Montoro, no solo he utilizado los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista, sino que hay presidentes de sus comunidades autónomas que dicen que, efectivamente, es un parche y que los números son falsos, que usted ha manipulado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señor Montoro, lo que tiene que traer aquí - no lo va a traer - es una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, porque eso es lo que va a dar sostenibilidad al Estado del bienestar. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Saura. Por el Grupo Popular, señor Matarí.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señoras y señores diputados, el decreto-ley que hoy nos ha presentado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas confirma el compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de las cuentas públicas, con el Estado de las autonomías de la Constitución de 1978, con la gestión eficiente de las administraciones públicas y, de modo muy especial y prioritario, señorías, es la expresión inequívoca del compromiso con la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales - la sanidad, la educación y los servicios sociales -, a los que las comunidades autónomas y las entidades locales destinan la mayor parte de su presupuesto. Señorías, desde el comienzo de la legislatura el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda - el señor Montoro seguro que no me dejará por mentiroso - han sido muy claros; exigentes, sí, pero ante todo muy leales con comunidades autónomas y con entidades locales. Al mismo tiempo que exigía el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con los objetivos de déficit, se ponían en marcha importantes y hoy ya podemos decir que eficaces medidas para garantizar la liquidez y la sostenibilidad de las administraciones territoriales, que es lo mismo, señorías, que decir la viabilidad y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales que conforman nuestro sistema del bienestar español. Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - este es un gran mérito del ministro y de todo su equipo, al que quiero felicitar en nombre del Grupo Popular - se está impulsando una enorme tarea para conseguir el saneamiento de las cuentas públicas españolas, de todas, sencillamente porque era y sigue siendo condición imprescindible para el saneamiento de la economía española y para la salida de la crisis. Señoras y señores diputados, en el camino que va de la recesión al crecimiento, de la destrucción a la creación de empleo, que es el camino que ha recorrido España en estos tres años de Gobierno del presidente Rajoy, tienen mucho que ver, en primer lugar, los españoles, que han hecho grandes sacrificios y muchos esfuerzos, y, en segundo término, el comportamiento responsable de la mayoría de las administraciones públicas, que han logrado significativos avances en la reducción del déficit y la reducción del sector público. Ahí están los datos: en 20.000 millones han reducido las comunidades autónomas su déficit; un superávit de más de 5.000 millones presentan hoy las entidades locales; 18.000 millones de ahorro que han supuesto las medidas de la reforma de la Administración, señor Anchuelo; 1.700 millones de ahorro para ciudadanos y empresas por las menores cargas burocráticas y más de 2.000 entidades públicas que se han eliminado. Señorías, todo este proceso de saneamiento que se está haciendo bajo una serie de principios que el Gobierno y la mayoría del Grupo Popular han convertido en leyes, es verdad que con apoyos puntuales de algún grupo parlamentario, no desde luego del Grupo Socialista, se ha hecho bajo unos principios que no se practicaban en los años anteriores; me refiero, por ejemplo, a no gastar más de lo que se ingresa - la Ley de Estabilidad Presupuestaria -. El señor Saura hoy la ha defendido en esta tribuna, y la votaron en contra. ¡Qué cosas! Verdaderamente están perdidos, señor Saura. Otros principios son: pagar lo que se debe en tiempo y forma - ahí está Ley de control de deuda comercial y la Ley de las facturas electrónicas -, clarificación competencial, eliminación de duplicidades y reducción del sector público, reforma de la Administración y reforma local; máxima transparencia al servicio de los ciudadanos, la Ley de Transparencia; garantía de sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios públicos, todos los mecanismos de financiación y de liquidez. Bajo estos principios se ha impulsado con éxito la consolidación fiscal y se ha ofrecido financiación a las entidades territoriales para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales a través de diversos mecanismos extraordinarios de liquidez, como el que hoy estamos aprobando. Se ha creado un marco institucional propicio para la estabilidad presupuestaria que ha permitido el cumplimiento de nuestros compromisos con la Unión Europea: generar confianza, recuperar la credibilidad, empezar a crecer y crear empleo, que eso es lo que está pasando ahora en España. Señoras y señores diputados, desde 2012 el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha varios mecanismos de financiación para las administraciones territoriales; en primer lugar, el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el mejor plan de empleo posible, señor Saura. ¿O era mejor el Plan E, señor Saura? [[Aplausos]] Ese plan lo hizo el Gobierno del Partido Popular y el ministro se ha referido a él. No voy a reiterar las cifras, pero voy a añadir dos cosas. Solo un mes después de asumir el Gobierno de España el Partido Popular, el Consejo de Ministros de 20 de enero recibía el primer informe del ministro para poner en marcha este mecanismo. Sobre el mismo algunos - aquellos que no supieron arbitrar medidas cuando estuvieron gobernando -, cuando se aprobó este fondo el 29 de marzo - se abstuvieron [[se acordará bien el señor Zarrías, que no está en este momento]] Se abstuvieron - decían - por responsabilidad y señalaban textualmente: No nos gusta este mecanismo improvisado y chapucero, jurídicamente malo, caro para los ayuntamientos y los ciudadanos que van a pagar muchos más impuestos y van a ver deteriorada la prestación de los servicios que reciben. A ustedes no les gustaban ni les gustan las medidas y no las apoyaron, pero las comunidades autónomas que gobierna el PSOE sí que las utilizan, así como los ayuntamientos gobernados por el PSOE, lógicamente. Andalucía, por ejemplo, entre 2012 y 2014, ha recibido 20.750 millones de liquidez y se ha ahorrado con las medidas del Gobierno casi mil millones de euros, 922. ¿Qué va a votar usted, señor Saura? ¿Qué va a votar su grupo? Este grupo va a votar - todos - que sí a esta convalidación, por supuesto. En segundo lugar, respecto al Fondo de liquidez autonómico - al que también se ha referido el señor ministro, y algún grupo habla siempre, como hoy, de rescate a las comunidades autónomas - hoy también ha añadido de gasto electoral para 2015. ¿Y 2012, 2013 y 2014, señor Anchuelo? No se rescata, como ha dicho el señor Montoro, a ninguna comunidad autónoma. Se rescata a los ciudadanos, porque el Gobierno de España tiene la obligación de velar por el interés general; y velar por el interés general es garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos, vivan donde vivan, en condiciones de igualdad, independientemente - insisto - de su lugar de residencia, y también, señorías, independientemente de la irresponsabilidad y del ensoñamiento de algún dirigente autonómico. Es verdad. El señor Sánchez i Llibre hablaba de lealtad. La lealtad del presidente de alguna comunidad autónoma deja mucho que desear. Esa comunidad autónoma es precisamente la más beneficiada por la creación de estos fondos y por las medidas extraordinarias de liquidez que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas. Frente a esa deslealtad está la responsabilidad del Gobierno de España, que es pensar única y exclusivamente en los ciudadanos que viven en Cataluña, que tienen que saber, señor Bosch, que gracias al Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, tienen garantizados hoy la sanidad, la educación, los servicios sociales, las nóminas de los empleados públicos, etcétera. Mientras algunos se dedican a dividir a la sociedad catalana y a plantear quimeras que no tienen encaje constitucional, el Gobierno de España se dedica a garantizar que se sigan prestando los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos que viven en Cataluña. En tercer lugar, señorías, junto a estos dos fondos se han ido adoptando medidas extraordinarias de liquidez que han mejorado la situación financiera de las administraciones públicas. Eso es lo que pasa con este real decreto-ley que hoy convalidamos. El Gobierno traslada a las comunidades autónomas y a las entidades locales la mejora de la situación financiera del Estado, que ha sido posible por la política económica y las reformas estructurales que ha aprobado este Gobierno durante tres años; reformas que han permitido recuperar la credibilidad de España y la confianza en España. Señorías, las cosas no pasan por casualidad y las mejoras son fruto de las reformas del Gobierno del Partido Popular. Señoras y señores diputados, ya ha explicado el señor ministro el contenido del decreto-ley que hoy convalidamos y las razones que compartimos para su urgencia. Este nuevo decreto-ley ayuda efectivamente a las comunidades autónomas y a las entidades locales, pero sobre todo - lo decía el señor ministro - ayuda a los ciudadanos para que puedan seguir recibiendo los mejores servicios públicos y además garantizar que lo hacen en igualdad de condiciones con independencia - insisto - de su lugar de residencia. Señorías, la deuda de las administraciones territoriales, aunque sea responsabilidad de cada una de ellas, es también, como decía el señor Montoro, deuda del Estado. España somos todos, por eso en un momento de tipos de interés históricamente reducidos el Estado asume de forma temporal la financiación de todas las administraciones territoriales, con un ahorro considerable para todas ellas y para el conjunto del Estado. Como ha señalado el señor Montoro es un ahorro acumulado muy importante: para las comunidades autónomas 5.800 millones, para las entidades locales 1.600 millones; en total 7.432 millones de euros de ahorro, posibilitado por los mecanismos de liquidez aprobados por el Gobierno de España. Concluyo, señora presidenta. Señorías, para algunos las comunidades autónomas y las entidades locales eran o son un problema, para nosotros nunca lo han sido. Siempre hemos dicho que algunas tenían dificultades y las siguen teniendo, pero también es verdad que en mucha menor dimensión después de tres años de gobierno, en los que se ha unido el esfuerzo responsable de las comunidades autónomas y las medidas del Gobierno, que ha puesto a su disposición un conjunto de mecanismos de financiación y liquidez para impulsar el crecimiento y garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales. Termino, señora presidenta. El presidente Rajoy y el ministro de Hacienda desde el inicio de esta legislatura han dejado muy claro que el Gobierno de España se hacía responsable del conjunto de las cuentas públicas, y así ha sido. España ha respondido como lo que es, un país serio y fiable, porque tiene un Gobierno responsable, apoyado por una mayoría del Partido Popular que es - cada día se hace más evidente - la única garantía de estabilidad y progreso para España. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Matarí. - REAL DECRETO-LEY 16/2014, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. [[Número de expediente 130/000063]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco ante ustedes esta tarde para presentar este Real Decreto 16/2014, para su convalidación por esta Cámara, que regula el programa de activación para el empleo; un programa que —quiero reconocerlo— es fruto del trabajo conjunto y del diálogo continuo y responsable con las comunidades autónomas y muy especialmente con los interlocutores sociales. Es la prueba de que la colaboración es la mejor respuesta para abordar uno de los problemas que más preocupa a los españoles, como es el desempleo, especialmente hablando de aquellos que llevan más tiempo porque son parados de larga duración y además tienen responsabilidades familiares. Nuestro país, señorías, continúa consolidando su recuperación. Iniciamos 2015 con crecimiento económico, con perspectivas de aumentarlo, pensando en lo que pasó en 2014, y también con buenas perspectivas de creación de empleo. Por tanto, el crecimiento se está traduciendo sin duda en oportunidades de empleo. Hoy en nuestro país con un crecimiento inferior al 2% se está creando empleo neto por primera vez en nuestra historia económica. Así lo atestiguan las dos últimas encuestas de población activa que muestran que la creación de empleo supera los más de medio millón de puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de 2014, por primera vez en siete años de crisis bajó el paro en más de 350.000 personas y subió la afiliación en más de 417.000. Por tanto, estamos en la buena dirección, creciendo y creando oportunidades de empleo. Sin duda, señorías, nos queda mucho camino por recorrer, nos quedan muchas oportunidades que encontrar para esos miles, millones de españoles que aún no tienen un empleo. No podemos dejar de trabajar, sumando voluntades con los interlocutores sociales, también con las comunidades autónomas, a favor del empleo, a favor de que los que no tienen todavía un puesto de trabajo lo puedan encontrar cuanto antes. Por tanto, estamos en la buena dirección pero también seguimos trabajando por esas oportunidades de empleo. Tenemos que estar, si cabe, más cerca de aquellos que lo tienen más difícil, de aquellos que tienen menos oportunidades porque son más vulnerables en su vuelta al mercado de trabajo. Esto se recogió también en el acuerdo de julio del presidente Rajoy en Moncloa con los interlocutores sociales, aquel acuerdo de propuestas para la negociación tripartita y para fortalecer el crecimiento económico y el empleo. En ese acuerdo se manifestaba una voluntad clara de todos, de los interlocutores sociales y del Gobierno, para impulsar un diálogo sincero conjunto en distintos ámbitos, desde la política económica a nivel europeo, la agenda industrial y la política presupuestaria y fiscal en nuestro país, hasta medidas concretas en el ámbito del mercado de trabajo, que son, si quieren ustedes, la parte más importante de ese acuerdo con el presidente del Gobierno, de ese acuerdo tripartito de julio pasado. Entre las medidas que pusimos en marcha, que trabajamos juntos, destaca fundamentalmente este programa extraordinario de activación para el empleo, definido conjuntamente —como decía— con los agentes sociales y aprobado en Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre y que hoy presento a su convalidación. Se trata de un programa cuya característica fundamental es fruto de esa colaboración de todos, comunidades autónomas, que son compañeras inseparables cada vez que avanzamos, que queremos avanzar en materia de activación para el empleo. Así lo hemos hecho también en otros proyectos, como el portal único de empleo y autoempleo, con más de 80.000 vacantes, un portal único de empleo por primera vez en nuestro país; la implantación en España del sistema nacional de garantía juvenil, que se apoya sin duda en ese esfuerzo solidario y compartido entre Gobierno y comunidades autónomas. Estamos contribuyendo a la colaboración público-privada, un eje de trabajo, impulsando la intermediación laboral. En todos estos casos son las autonomías, las autoridades autonómicas las competentes en buena parte de lo que será el desarrollo del programa de activación. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para volver a agradecer todo el apoyo, todo el compromiso y todo el esfuerzo y participación de todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Como saben bien, el programa comenzó el 15 de enero y podrá solicitarse la incorporación por parte de los diferentes potenciales beneficiarios hasta el 15 de abril de 2016. Tiene un objetivo clave y fundamental, que es activar a esas personas que llevan más tiempo en el desempleo, que son parados de larga duración, y que tienen familiares a su cargo. Va dirigido a los parados que llevan más tiempo en el desempleo, que tienen responsabilidad familiares y que hace más de seis meses que han agotado todas sus herramientas de protección, toda la protección que le dan las prestaciones por desempleo y los subsidios en el ámbito del empleo; precisamente por ese motivo se encuentran ante una especial dificultad para volver al mercado de trabajo. Según los datos de los registros de los servicios públicos de empleo se encuentran en la actualidad como potenciales beneficiarios de este programa más de 400.000 personas en todo el territorio nacional. El programa pretende promover la recuperación laboral de ese colectivo de desempleados mediante un diseño más personalizado y más moderno, a través de itinerarios personalizados de inserción, ajustados a sus perfiles profesionales para ayudarles en esa transición hacia el empleo. Una de las principales novedades que quiero resaltar esta tarde es que esos beneficiarios contarán por primera vez con un tutor personal que le asignarán los servicios públicos de empleo, igual que se ha hecho en otros países del entorno europeo [[Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o Austria]] Creemos que esta figura del tutor es importante desde la primera entrevista inicial que se realiza a los solicitantes hasta el seguimiento y la participación en todo el itinerario personal, así como para identificar juntos los posibles ajustes y la posible orientación para favorecer el éxito, que no es otro que volver cuanto antes al mercado de trabajo. En definitiva estamos hablando de que cualquier beneficiario cuente con una persona de referencia capaz de guiarle en esa transición del desempleo al empleo. Las comunidades autónomas junto con el Servicio Público de Empleo Estatal ya están trabajando, definiendo esos servicios que están recibiendo las personas [[orientación, formación, oportunidades de empleo]] para poner todos los elementos a disposición de aquellos que necesitan ese retorno exprés, porque son los más vulnerables para volver al mercado de trabajo. Además, sus señorías saben bien que de forma complementaria la participación en este programa durante seis meses ofrecerá a los beneficiarios una ayuda económica que les acompaña, que es equivalente al 80 % del Iprem. Otro rasgo característico básico del programa es el esfuerzo y el compromiso compartido de las partes implicadas en este proceso de retorno al empleo: los propios beneficiarios, que sin duda son los más comprometidos con su propia activación en la búsqueda de ese deseado puesto de trabajo y que gracias al programa darán pasos decididos en el retorno al empleo, y también las autoridades competentes en el ámbito de empleo, ya sean comunidades autónomas o el Servicio Público de Empleo Estatal, conscientes de las dificultades que ha atravesado este colectivo hasta llegar hasta aquí. Por eso ponemos a su disposición de manera prioritaria todas las herramientas de que disponemos para hacer posible, más cercana y más pronta esa activación y buscar la eficacia y el resultado de este programa extraordinario de activación. Además de las labores de orientación y de formación, que se van a intensificar para este colectivo, uno de los elementos más novedosos que introduce también el programa es la posibilidad de compatibilizar la renta económica con un contrato. Es decir los beneficiarios podrán continuar percibiendo la totalidad de la renta de acompañamiento complementada por la empresa con el salario que le corresponda de manera que sea una experiencia motivadora para todas las partes. Si quieren, señorías, como decían los interlocutores en las sesiones de diálogo y de acuerdo, las empresas serán cómplices en la activación de los trabajadores. Señorías, este programa exige, como les decía, el esfuerzo de todos, el compromiso de todos, y por eso las comunidades autónomas contarán con todos los recursos necesarios. Hemos hecho un esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que ya recogen un aumento del 16,8 % del conjunto de las partidas dedicadas a políticas activas; aquellas que van a permitir fundamentalmente los itinerarios personalizados, las medidas de formación ajustadas a las necesidades reales de este colectivo y también para proyectos de intermediación. Quiero destacar además que esas cuantías para políticas de activación que se distribuirán desde el Ministerio de Empleo a las comunidades autónomas, como se hace anualmente en la conferencia sectorial, suponen incluso un incremento mayor de transmisión de recursos del 25,4 % que asume el Gobierno de España. Además es el propio ministerio, el propio Gobierno de España, el que financiará también la renta que acompañe a los trabajadores en todo su proceso de retorno al empleo según la duración establecida en el programa. El impacto en términos económicos de este programa, según los datos que tenemos de los registros públicos de empleo, estima que 270.000 personas puedan comenzar a beneficiarse del programa de activación desde su puesta en marcha, desde la semana pasada; se irán incorporando otras casi 135.000 personas a lo largo de toda su duración. Con ello sumarían los más de 400.000 beneficiarios que les decía al principio de mi intervención. La estimación económica de esta inversión en las personas que hace el Gobierno de España es de más de 1.000 millones de euros, que creemos que son fundamentales para la activación. En definitiva, señoras y señores diputados, es un esfuerzo decidido e importante, como lo es también el reto y el compromiso que todos tenemos por delante. Estamos avanzando mucho pero tenemos que seguir construyendo oportunidades para los millones de trabajadores que todavía no tienen empleo. Este programa de especial activación para aquellos que lo tienen más difícil es fruto del diálogo, del trabajo continuado de interlocutores sociales y de comunidades autónomas. Así, debemos seguir trabajando juntos para que esa cantidad de españoles que no tienen esas oportunidades de empleo las encuentren cuanto antes. El reto, señoras y señores diputados, es ganarle tiempo al tiempo. Por eso desde el Gobierno vamos a seguir trabajando también con los interlocutores sociales en la siguiente agenda de reformas, como es la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, porque hoy la formación de los trabajadores es clave para su empleabilidad, para la recuperación de las oportunidades en forma de inserción en el mercado de trabajo. Como conocen muy bien, estamos trabajando desde hace meses, a lo largo de todo 2014, para tener un modelo que se apoye en la transparencia en la gestión, en la libre competencia, en el derecho que tienen los trabajadores a una formación de calidad en función de las necesidades del tejido productivo y también en una formación profesional para el empleo permanentemente en evaluación para, entre todos, ser más eficaces. Sabemos que el desafío que tenemos por delante y los problemas no son sencillos pero también les digo con toda honestidad que juntos, trabajando, sumando voluntades, el problema del paro, el problema del desempleo, es más fácil. Es un reto que deberemos superar toda la sociedad española con diálogo, buscando la eficiencia y con compromiso compartido por todos. Estoy segura de que, junto al esfuerzo que se ha hecho en el diálogo social y también en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, este programa excepcional para aquellas personas más vulnerables, parados de larga duración con responsabilidades familiares, encontrará también el apoyo mayoritario de esta Cámara, porque el reto del empleo es el reto de todos nosotros y también de toda la sociedad española. [[El señor]] Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Ha pedido utilizar el turno en contra el Grupo de La Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra. En primer lugar, nuestro grupo, La Izquierda Plural, quiere dejar claro que se felicita de que los sindicatos hayan forzado al Gobierno a abordar una situación tan dramática como supone tener al 43 % de las personas paradas sin percibir prestación alguna. En segundo lugar, creo que es evidente que el Gobierno hoy nos trae una rectificación - modesta, pero rectificación - de su política de recorte de los derechos de los parados, una política practicada durante tres años a machamartillo. Pero se trata de eso, de una rectificación parcial, y supone solo un retorno escaso y muy cicatero de los derechos usurpados por el Gobierno a las personas paradas a golpe de decretazos y, lo que es peor, a golpe de un decreto-ley que supuso además el rescate de las entidades bancarias de este país. Señora ministra, que haya más de 2 millones de personas paradas sin ningún tipo de prestación no es una maldición bíblica, no es tampoco la consecuencia solo de la crisis y su enquistamiento, es el resultado de las políticas de recortes del Gobierno Rajoy. La Izquierda Plural se lo advirtió en el debate del Decreto-ley 20/2012 y, desgraciadamente, se ha cumplido lo que le dijimos: se ha producido una escandalosa reducción de la cobertura de la prestación de los parados. Y no se trata de un accidente - insistimos -, sino de otro éxito oculto de la política del Partido Popular: reducir los beneficiarios de la prestación por desempleo es una de sus medidas ocultas, la que no explicaron, aunque era el verdadero objetivo en el marco de su política de estabilidad presupuestaria y de degradación salarial. Por eso, hoy nos congratulamos de que personas que ahora no perciben nada y ni siquiera tienen atención para la búsqueda de empleo puedan recibir apoyo en su búsqueda de empleo y una ayuda asistencial de 426 euros al mes durante seis meses. Pero, con la misma claridad con la que nos congratulamos de eso, le queremos dejar claro que este no es el decreto-ley que las personas paradas necesitan en estos momentos, y no tanto por las limitaciones que contiene, que nos gustaría poder discutir en su tramitación parlamentaria, sino sobre todo por lo que el decreto no contiene, por lo que el Gobierno continúa ignorando y no queriendo abordar. Desde el inicio de la crisis, señora ministra, la tasa de cobertura a los desempleados ha caído en 20 puntos, del 78 % al 57 %, y especialmente durante esta legislatura; además, ha caído la calidad de las prestaciones por desempleo: de 4,5 millones de personas paradas registradas, solo 2,5 millones cobran prestación y, de estos, el 60 % solo cobra algún subsidio entre 400 y 500 euros. Pero, lo que es más grave para su futuro, el Gobierno, en julio de 2012, de manera inconcebible, redujo la base de cotización de los perceptores del subsidio mínimo, con lo cual, la agresión a su condición de parados tiene continuidad con la agresión para las futuras pensiones. Eso no es una cosa que venga del cielo, es fruto de sus políticas. Entre enero de 2013 y finales de 2014 el coste mensual en desempleo se ha reducido de 2.777 millones de euros al mes a 1.928 millones de euros al mes. Eso significa un ahorro - ahorro entre comillas - de más de 10.000 millones de euros al año, a los que hay que añadir la previsión de la reducción del gasto que ustedes tienen previsto para 2015 en al menos 4.500 millones de euros; es decir, en tres años casi 15.000 millones de euros menos gastados en prestación por desempleo. Bienvenido sería este ahorro si fuera como consecuencia de una reducción del número de personas paradas, pero eso no es así. Este ahorro, señora ministra, no es un ahorro sano porque no es la consecuencia de tener menos parados, sino de tener menos protección para los parados y una protección de mayor calidad. Le recuerdo que el número de parados actual es prácticamente el mismo que había cuando ustedes aprobaron su decretazo en julio de 2012; en cambio, en relación con esa fecha hoy hay 540.000 personas paradas menos cobrando la prestación por desempleo, y eso es fruto de su decretazo. Además, si en enero de 2013 el gasto medio por parado era de 928 euros al mes, a finales de 2014 ese gasto ha caído a 802 euros al mes, un 14 % menos recibe cada parado como media de prestación. Ahorrar en desempleo, señora ministra, cuando cada vez hay más personas paradas que no reciben ningún tipo de protección, si me lo permite, es una brutalidad y una mezquindad social que no se merecen esas personas. En este contexto, poner en marcha este programa es sin duda una buena noticia para aquellos a los que beneficia, pero es una malísima noticia para todos los que fueron excluidos del beneficio de la prestación por desempleo en julio del año 2012 como consecuencia de sus políticas y para todos los que excluye ahora, que no son pocos. En el decreto-ley de 2012 ustedes pusieron en marcha una motosierra que amputó derechos a los parados y ahora viene el Gobierno a decirnos que con estas curas paliativas se resuelve la amputación. Pues no, desgraciadamente no. Que existan tantas personas paradas sin protección o con una protección de baja calidad no es un accidente de la historia, es fruto de la voluntad del Gobierno. Dejar a los parados sin protección forma parte de la estrategia del Partido Popular para forzar aún más la degradación salarial. ¿Para qué? Muy sencillo, lo explicaron ustedes en su momento en el Decreto-ley 20/2012, para que los parados acepten cualquier tipo de salario, aunque estén por debajo del umbral de la pobreza, porque se necesita presionarles más retirándoles o reduciéndoles la prestación por desempleo, y eso es lo que hizo el Gobierno en julio de 2012. Esta no es una afirmación gratuita por nuestra parte; si leen ustedes la memoria y la exposición de motivos de ese decreto-ley y su defensa por el señor Montoro se darán cuenta hasta qué punto eso se dijo literalmente en esos términos, pero además es que forma parte de la ideología ultrarreaccionaria con la que el PP aborda en estos momentos la situación de desempleo. Según ustedes - y lo dijeron bien claro en su momento -, que los parados tengan protección les desincentiva en la búsqueda de empleo. Lo dijeron durante ese debate, cuando explicaron que su objetivo era incentivar la búsqueda de empleo por parte de las personas desempleadas y promover el envejecimiento activo. Dicho en plata: según ustedes, la gente no tiene empleo porque no lo busca activamente y, para que lo busquen, la mejor manera es llevarles a salarios de miseria a ver si así aceptan cualquier otra cosa, aceptan cualquier trabajo, sea como sea. Si me permiten, se trata de un argumento tan perverso como cínico, que pretende culpabilizar a los parados de no tener empleo y así quitar la responsabilidad a los poderes públicos de la falta de empleo en este país. Como si España en estos momentos fuera un país lleno de empleos que no cubren los parados porque se les protege excesivamente. Evidentemente, esa no es la realidad. Los treinta meses transcurridos desde julio de 2012 lo han desmentido porque en estos momentos tenemos 2 millones de personas paradas que a pesar de no tener ninguna prestación y de estar sometidos a una situación de miseria no trabajan y no porque no quieren, no porque sean vagos, no porque no estén incentivados, sino sencillamente porque la economía no crea empleo suficiente y porque ustedes no han puesto en marcha las políticas activas de empleo que se necesitan. Por eso, ni tan siquiera con salarios de miseria se activa el empleo. Su cínica argumentación choca con la realidad de la calle. Por eso, ahora que el Gobierno dice que ha llegado la recuperación económica y que estamos al final de la crisis ha llegado el momento de abordar ese drama social. Siguiendo la argumentación del señor Rajoy y su Gobierno, antes tuvieron que castigar a los débiles y ahora, como va bien, les van a tener que devolver una parte del castigo. Aprovechen esta oportunidad para hacerlo ahora en relación también con los parados. Hay recursos para ello, señora ministra. La cobertura de las personas paradas se puede cubrir. Insisto, ha habido un ahorro en diecinueve meses de 10.000 millones de euros y 4.500 millones más piensan ahorrar ustedes durante el año 2015. Discutamos ese tema, veamos qué parte puede no gastarse y veamos qué parte puede ir a mejorar la cobertura de esos parados. Por favor, sobre todo, no nos vengan ustedes con sus típicas monsergas de que con menos se puede hacer más, porque eso lo dirán ustedes pero los parados no lo entienden y con menos ingresos viven peor; o bien, como dicen ustedes, que lo que los parados necesitan es empleo y no prestaciones. Por supuesto, de acuerdo que sí, pero se trata de argumentos farisaicos porque ustedes después o simultáneamente a reducir las prestaciones de desempleo han reducido las políticas activas a la mínima expresión. Es verdad que en el año 2015 se despuntan un poco, pero en estos momentos lo que se va a gastar en 2015 está muy por debajo de lo que se gastó en el año 2011. Además, ustedes aprovechan la oportunidad para privatizar los servicios públicos de empleo. En este decreto-ley se da otro paso significativo a un proceso de privatización en el que le dan la oportunidad a las agencias de colocación para hacer negocio a costa de la búsqueda de empleo de las personas que no tienen. Por eso, señorías del Partido Popular, nuestro grupo, La Izquierda Plural, les plantea que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley, y eso en coherencia con el discurso de la ministra trayendo aquí el valor de la concertación social. Por supuesto que la concertación es importante, ojalá lo hubieran descubierto ustedes al principio de la legislatura y no hubieran atizado tan fuerte a los derechos de los trabajadores y al papel de las organizaciones sindicales. Ahora se enteran de la concertación social, al final de la legislatura. Bienvenido sea su descubrimiento, pero vean ustedes también la oportunidad de diálogo político en esta Cámara, veamos cómo podemos analizar las mejoras de este decreto-ley que ustedes nos traen. Les sugerimos solo algunas. Por ejemplo, discutir los requisitos que establecen en este decreto-ley en el artículo 2 en relación con los anteriores preceptores de la renta activa de inserción. Nuestro grupo tiene el convencimiento de que la actual regulación que nos traen va a provocar la exclusión de los beneficiarios y creemos que incluso esta exclusión no la quieren quienes han firmado el acuerdo, pero que se va a producir. Por tanto, veamos cómo se puede mejorar. Queremos también discutir los efectos perversos que puede suponer la forma en que ustedes regulan la incompatibilidad entre esta ayuda y las rentas de inserción. Por supuesto que no se pueden cobrar dos cosas, pero veamos con calma uno de los efectos que se puede producir. En algunas comunidades autónomas, desgraciadamente entre ellas Cataluña, se están produciendo grandes atrasos en la gestión de la prestación y en algunos casos hay prestaciones reconocidas que se tardan mucho en pagar. Si ustedes establecen en este decreto-ley que el cobro de estas prestaciones de renta mínima de inserción es incompatible con la ayuda que van a proponer se puede plantear un problema de gestión de incompatibilidad que va a castigar a esos parados en estos momentos. Lo de menos es quién tiene la culpa de eso, lo que tenemos que hacer es intentar evitar esa cuestión. Además, nos parece que no se puede condicionar el cobro de la ayuda a que los parados hayan iniciado el itinerario individual. ¿Que se tiene que exigir el itinerario individual? Sí, pero condicionarlo, no, porque eso no depende solo de los parados y poner una condición a una persona en relación con una obligación que no depende de ellos, además de ser jurídicamente una barbaridad, socialmente es una injusticia. Usted sabe que los servicios públicos de empleo no están en condiciones de abordar esa realidad. Y lo siento, señora ministra, lo que ha dicho usted hoy de que va a poner un tutor a todos los parados es volver a engañarlos. Usted sabe que es materialmente imposible porque eso supondría ampliar las plantillas de los servicios públicos de empleo. En el mejor de los casos, un empleado público por 400 parados. ¿Qué va a tutorizar un empleado público a 400 parados? Sobre todo no se puede engañar a la gente generando expectativas que no se van a cumplir. Cosas como estas queremos discutirlas. Queremos discutir que la evaluación de este programa se haga trimestralmente desde el momento de su aprobación, no tres meses antes de su final. ¿Y por qué, señora ministra? Porque nos tememos que algunas de las expectativas generadas no se van a cumplir y si se analiza tres meses antes de que se termine no va a dar tiempo a hacer las rectificaciones. Pero usted no quiere, y no me extraña, señora ministra, porque hoy yo le tengo que emplazar a que recuerde sus palabras. ¿Se acuerda de que nos vino aquí a presentar la renovación del Prepara? Usted sacó pecho presentándolo como una mejora y nos explicó la cantidad de beneficiarios que iban a tener. Además, nos dijo que era la primera ministra en el mundo mundial, la primera ministra en la historia que hacía evaluaciones de las políticas y que eso era lo mejor del Prepara. ¿Conoce algún diputado de esta Cámara algún otro balance o evaluación del Prepara? Yo no. Usted afirma una cosa sabiendo que al cabo de dos minutos no la tiene que cumplir y que nadie le va a pedir explicaciones, y por eso le pedimos que la evaluación se haga en tiempo real. Esas y muchas otras cosas merecen un debate en términos de proyecto de ley, que podamos aportar positivamente nuestros elementos para reforzar todo aquello que los sindicatos han conseguido en la concertación social y también para analizar qué derechos de los que tenían en julio de 2012 podemos recuperar para esos parados, especialmente para los parados mayores de cuarenta y cinco años de larga duración que son las grandes víctimas de esa situación. Sinceramente, le estamos ofreciendo una posibilidad de diálogo y me gustaría que el Partido Popular no se escondiera detrás del Gobierno ni se parapetara en la concertación social. Ninguno de los agentes que firmaron ese acuerdo de concertación social está en contra de que eso se discuta como proyecto de ley. ¿Quién puede estar en contra de que se mejore este decreto-ley en su tramitación como proyecto de ley? Creo que nadie, salvo - claro - aquellos que quieran continuar haciendo del recorte de los derechos de los parados su política de estabilidad presupuestaria, reduciendo el gasto público por esa vía, o aquellos que crean que la salida de la crisis pasa por presionar a los parados para que acepten un salario de miseria. Les estoy haciendo un emplazamiento. Les anuncio con toda la responsabilidad con la que hemos criticado su política y con la misma responsabilidad con la que hemos valorado positivamente el papel de la concertación social y el que han jugado los sindicatos en este proceso que nuestro voto va a ir orientado en ese sentido de responsabilidad, por reconocimiento al trabajo que han hecho los sindicatos y también pensando en las personas que van a tener derechos que ahora no tienen, pero también pensando en aquellos que van a continuar sin tenerlos. Por eso les pido que acepten la tramitación como proyecto de ley, pero en cualquier caso, si no lo hiciesen, no van a poder evitar que mi grupo vuelva a traer aquí de nuevo el debate de los derechos usurpados a los parados en julio de 2012, que creemos que se les debe restituir por justicia, por equidad y porque gracias a ellos la economía de este país se puede reactivar por la vía del consumo interno. Espero, ya que han descubierto, aunque sea al final de la legislatura, las bondades de la concertación social y el diálogo social, que entiendan también que les estamos planteando una propuesta de diálogo político y la acepten. Discutir esto como proyecto de ley no perjudica a nadie. Tienen ustedes una red de protección, la mayoría absoluta...
Señor Coscubiela, tiene usted que terminar.
Tienen ustedes una red de protección, siempre pueden decir a todos que no, pero al menos acepten debatirlo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
Señora ministra, las cifras son tercas. El gasto en prestaciones ha caído en 2014 y la razón no es que haya menos parados, sino que empeora su protección. La tasa de cobertura en noviembre de 2014 está en el 57,9 %, 4 puntos menos que en 2013 y 20 puntos menos que en 2010. Además, los recortes en las prestaciones están provocando una disminución de la cuantía media de la prestación, que ya es de apenas 800 euros al mes. Hay menos personas protegidas y con una prestación más baja. Ante este panorama, presentan ustedes este real decreto, que no es más que un apaño, un remiendo más de este Gobierno. Hay millones de personas sin nada que necesitan ayuda y este programa recoge tantos requisitos que no va a llegar ni mucho menos a los 400.000 parados que sugiere el Gobierno, ni con la ayuda de la Virgen del Rocío. Y encima, como pronto, empezarán a cobrar en abril, porque el plazo máximo para resolver son tres meses; en abril, en pleno periodo electoral, aunque la gente lo necesite ya y aún no hay ni formularios en papel. Los funcionarios que tienen que dar la cara saben que el 90 % de las solicitudes serán denegadas dados los requisitos tan limitativos, pensados precisamente para sacar un programa y que después llegue a poca gente; propaganda, seña de identidad de este Gobierno. Los requisitos son una auténtica carrera de obstáculos y es tan difícil acceder a esta ayuda como que te toque la lotería; encima lo llaman programa de reactivación para el empleo. Juegan con las palabras pero realmente se burlan de la gente necesitada. Hay pobreza social, afecta a millones de personas y ustedes la combaten con parches sor Virginia, la combaten con apósitos adhesivos en lugar de cirugía social intensiva; eso sí, con una imagen renovada, inédita, con una foto con los sindicatos: te cambio una foto por esta limosna, una foto con Rajoy, con la ministra y con Rosell, de la gran patronal, que siempre moja, que siempre saca tajada, en este caso comiéndose esas ayudas en lugar de pagar salarios, porque una parte significativa de estos más de mil millones servirán para subvencionar salarios que deberían pagar las empresas, ya que las empresas que contraten a beneficiarios descontarán del salario el importe de la ayuda, se la embolsarán. En definitiva, este decreto no es el antibiótico potente que necesitan los desempleados, no pasa de ser una mera cataplasma, un emplasto, un ungüento. Acabo. Quiero mostrar toda mi solidaridad con los 222 trabajadores de la empresa Bosal, de Sagunto, que hoy se han puesto esta camiseta [[muestra una camiseta en la que pone: Bosal en lucha por el empleo]] porque con su reforma, a una multinacional rentable, con beneficios y que recibió ayudas públicas se le permitió hacer un ERE y ahora se le permite echarles a la calle; 200 trabajadores con un coste irrisorio y con sus prestaciones sociales agotadas prácticamente. Esas son realmente sus políticas, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señora ministra, usted entenderá que yo inicie mi intervención haciendo un llamamiento a los trabajadores de Bosal [[muestra una camiseta en la que pone: Bosal en lucha por el empleo]], una empresa instalada en Sagunt, una empresa fruto de la reindustrialización, una empresa que ha recibido todo tipo de ayudas por parte de la Administración pública - terrenos, créditos, subvenciones -, pero que en el año 2003 empezó a descapitalizarse y ahora, en el año 2014, sin previo aviso, ha presentado un concurso de acreedores y ha disuelto la empresa; 222 trabajadores a la calle y además represión, porque ni siquiera se les ha permitido entrar a la fábrica ni presentar un plan de viabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación, si además le añadimos la triste noticia ya ocurrida anteriormente que afectaba a las empresas Galmed y Prosidmed? La consecuencia es la muerte de la comarca, la muerte del Camp de Morvedre. ¿Cuáles son las causas de todo esto, ocurre porque sí? A nuestro entender esto ocurre porque falta política industrial progresista por parte de su Gobierno, política de apoyo a la innovación, porque la reforma laboral fue la barra libre para explotar más a los trabajadores y porque además el Gobierno no ha sido contundente en la exigencia de hacer retornar las aportaciones públicas a estas empresas, aportaciones que tenían como finalidad que no deslocalizaran. ¿Por qué esta pobreza tiene que ver con el real decreto que hoy usted presenta aquí? Porque posiblemente y por desgracia dentro de pocos meses estos trabajadores de Bosal solamente podrán aspirar a aquello que les ofrece como limosna - entre comillas - su real decreto, 426 euros; por cierto, quizás se pudiera mejorar si ustedes aceptaran que se tramitase como proyecto de ley. Por ejemplo, no entendemos cuál es la razón por la cual no puede alcanzar a las personas que no tienen cargas familiares. Tampoco entendemos cómo van a cumplir ustedes el plan tutorial de estos trabajadores habiendo recortado las políticas activas. Por tanto, ¿qué es lo que le decimos?, ¿qué es lo que le suplicamos? Que entiendan que existe una gran contradicción. Ustedes no atajan las causas de esa situación de paro y de exclusión social y, después, vienen con estos parches. Por cierto, no vamos a votar en contra, porque ¿cómo vamos a negar a estas personas estos 426 euros? Pero la contradicción existe y deberían reconocerlo. De manera que entenderán que la respuesta sea la contestación social [[muestra de nuevo la camiseta]] Por eso, aquí, al lado de la ministra... [[Continúa el discurso en catalán]] Señora ministra, las causas de la situación, las causas, y no los apaños, los parches. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tardà. El señor Cuadra, del Grupo Mixto también.
Señoras, señores, hace poco más de un año, el banquero Botín, aquel a quien la Judicatura le hizo un traje a medida con la doctrina Botín para justificar y bendecir sus correrías fiscales por Suiza, en un arranque de sinceridad comentó: vivimos un momento fantástico, nos está llegando dinero por todos lados. Y la vicepresidenta del Gobierno, imbuida de esta euforia, en Valladolid, unos meses más tarde, rodeada de 500 empresarios, después de tener también una visión, se vino arriba y comentó: se ve mucha alegría por las calles. Esto es lo que dijo, y los 500 empresarios, muy alegres, eso sí, aplaudieron a rabiar. Creo que a lo mejor esto es lo que pueden pensar hoy en día todas estas personas a las que, en teoría, van destinadas estas ayudas de 426 eurazos. Después de recibirlas a lo mejor piensan como Botín: estoy viviendo un momento fantástico, me está llegando la pasta por todas las orillas. O lo de la vicepresidenta: estoy feliz, alegre, contenta, no quepo en mí de gozo. A la fuerza ahorcan, que se dice. Se dice que son ayudas para la gente que no tiene nada, pero es mentira. Son ayudas para la patronal, porque cobrar estas prestaciones es compatible con realizar un contrato por cuenta ajena, y la patronal, el patrón, va a poder descontar esto del sueldo. Con lo cual, los aproximadamente mil millones de euros que están destinados a esta partida se los va a embolsar en su integridad la patronal. Todo un chollo, porque van a poder elegir, entre toda la gente pagada, a esta precisamente; se los van a rifar los patrones, porque esto les va a suponer meter por cada uno de ellos al mes 426 euros. Estos mil millones se los va a llevar la patronal, los va a sumar a las desgravaciones a la Seguridad Social y al trato de favor que recibe en el impuesto de sociedades. Y a esto lo llaman programa de activación por el empleo. Amaiur llama a esto ayudas de tokomotxo, desvergüenza social. Dice la Constitución, orgullosa ella, que España es un Estado social y democrático de derecho. Después de haber aprobado la Ley mordaza, de que se apruebe mañana más que previsiblemente el Código Penal y de que la semana pasada - el colmo, lo que no se había visto nunca, ni siquiera en la historia del franquismo - se arremetiera contra los abogados y abogadas que está llevando la defensa de presos y presas, lo de Estado democrático y social me da risa, pero lo de Estado social es para partirse del todo. Lo que más sorprende de todo - ya termino, señor presidente - es esta foto conjunta en plan buen rollito: un Gobierno de derechas, reaccionario, el PP, en la CEOE, una patronal insaciable, dispuesta a rebañar todos los platos, y Comisiones y UGT. Y lo que se pregunta muchísima gente es si esa foto en plan buen rollito se ha dado gratis o si hay plato de lentejas por en medio.
Muchas gracias, señor Cuadra. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] tiene la palabra el señor Olabarría.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, lentejas son lo que necesitan los desempleados de larga duración, los desempleados crónicos con cargas familiares. Esta es la pretensión, señora ministra, de este real decreto-ley. Nosotros no vamos a dejar empantanados con un voto negativo a 270.000 posibles o eventuales beneficiarios de la medida para este año y a los 133.000 previstos para el año que viene. Nos parecen objetivos muy optimistas, señora ministra, y, además, insuficientes. El número de parados, el número de desempleados crónicos con cargas familiares [[aquí la discriminación entre cargas familiares y los que carecen de cargas familiares también carece de justificación objetiva y razonable]] supera ya el millón de personas. Esta es la primera cuestión sobre un criterio que nos genera muchas dudas, que es el que fundamenta la norma que usted ha glosado, señora ministra. Muchas de sus decisiones y muchas de sus reflexiones son manifiestamente discutibles. En primer lugar, ha hecho una invocación a la colaboración y al consenso con las comunidades autónomas. No es cierto, señora ministra. Tengo aquí el acta de la conferencia sectorial donde se negoció con las comunidades autónomas - vamos a usar esa expresión eufemística, negoció con las comunidades autónomas, cuando prácticamente se les impuso el contenido del real decreto-ley previamente consensuado en esa misma mañana con las organizaciones sindicales - y me consta que algunas comunidades autónomas le manifestaron dudas, otras, reproches y otras le manifestaron con fundamento, en opinión de nuestro grupo, que el contenido de esta norma estaba contradiciendo su competencia en materia de políticas activas de empleo y de ejecución de la legislación laboral del Estado. Primera cuestión, no fue tanto el consenso con las comunidades autónomas como usted afirma. En cuanto al consenso sindical, señora ministra, usted ha consensuado esta norma con dos sindicatos y una organización empresarial. Las tres ostentan la condición de mayor representatividad sindical, pero es que en el Estado español hay más organizaciones que ostentan esta noción jurídica de mayor representación sindical, que no son de ámbito estatal pero cumplen los requerimiento de la Ley orgánica de libertad sindical para ostentar esta noción y poder consensuar y deber ser llamadas a este tipo de consenso por superar en las últimas elecciones sindicales el 15 % del total de representantes sindicales electos y superar el número de 1.500. Me estoy refiriendo a sindicatos como ELA y LAB, la Intersindical Galega y otros a los que nunca se les llama a consensos de esta naturaleza. Luego, tampoco es absoluto el consenso, la concertación con las organizaciones sindicales. Lo que es insuficiente, señora ministra, con relación a los problemas del desempleo, es el fondo del asunto que estamos debatiendo. Hay un informe aprobado por la organización Oxfam, que usted conocerá perfectamente, que acredita que en el año 2016 el 1 % de la población poseerá más riqueza que el 99 % restante. Esto es lo que está provocando el problema del desempleo, este es el sustrato, la brutal desigual manifestación de la riqueza. Ya afirmaba un personaje importante conocido de la Corte Suprema de Estados Unidos, durante la gran depresión, don Louis Brandeis, nombrado por el presidente Wilson, lo siguiente: Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no ambas cosas a un tiempo. Esto es verdad, señora ministra, y aquí le tenemos que reprochar también su falta de coraje y de ambición respecto a la medida que usted nos propone. Si esta prestación, cuya naturaleza jurídica es imposible discernir de una lectura y de una exégesis de la norma, si esta ayuda a la promoción o recreación del empleo de los desempleados crónicos de larga duración y con cargas familiares es una prestación cuya naturaleza es de Seguridad Social, y así parece deducirse de la lectura de algunos de los preceptos de la norma, debería ser universal y debería afectar a todos los desempleados, a los desempleados crónicos, a los no crónicos, a los que poseen cargas familiares y a los que no poseen cargas familiares, porque esto es lo que mandata el artículo 41 de la Constitución con relación a las prestaciones cuya naturaleza jurídica es la de prestaciones de Seguridad Social. No, ustedes se contentan, suponiendo que lo logren, que es muy dudoso, con llegar a la protección en dos años de 400.000 desempleados crónicos con cargas familiares. Son muchos más. Tampoco termino de comprender, porque esto es un metafísico económico imposible - los economistas ilustres que hay en esta Cámara quizá nos puedan ilustrar -, cómo es posible que en el Estado español esté creciendo el empleo en los últimos trimestres más que el producto interior bruto. Yo no sé cómo maneja las cifras que nos presenta en la memoria, pero cómo puede ser que en el último trimestre el empleo pretendidamente haya crecido un 1,76 % y el producto interior bruto un 1,3 %, sobre todo con una normativa propiciadora del despido, propiciadora no de la empleabilidad sino de todo lo contrario, de la desempleabilidad, a través de la descausalización de las causas de despido y del abaratamiento del mismo. Nos lo debería explicar, señora ministra. Por otra parte, ¿estamos ante una prestación de Seguridad Social o no? Porque, mire, algunos de los preceptos de la norma establecen lo siguiente. El procedimiento de devolución de las ayudas percibidas indebidamente se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo previstas en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Primera afirmación de este real decreto-ley. Parece que estamos ante una prestación de Seguridad Social, señora ministra. ¿Es así o no es así? Le estoy leyendo el real decreto-ley, señora ministra, no le estoy leyendo otra norma, artículo 5.6 del real decreto-ley. [[Rumores]] El artículo 9.1: La financiación de esta ayuda económica se incluirá dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del servicio público de empleo estatal. [[Rumores]]
Perdón, señor Olabarría. Por favor, ruego silencio. Los que están hablando que se vayan fuera. [[Pausa]] Continúe, señor Olabarría.
Muchas gracias por su amparo, señor presidente. ¿Estamos ante una prestación de Seguridad Social o no estamos ante una prestación de Seguridad Social, señora ministra? Por último, la disposición adicional segunda afirma que esta ayuda se realizará en los mismos términos fijados para las prestaciones por desempleo. Identifique bien cuál es la naturaleza de la prestación, porque si es de Seguridad Social, el componente de universalidad es un imperativo constitucional, y si no está incumpliendo la Constitución, si no afecta a todos los desempleados que - por cierto, ha sido dicho ya por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra - están en la situación más baja de protección del desempleo de la historia, el 57 % de los desempleados solo obtienen algún tipo de prestación o subsidio de desempleo, señora ministra. Lo que pasa es que posiblemente no estamos ante una prestación de Seguridad Social. Podría compartir esa opinión de que esta es una materia delicada, a la que usted no se ha referido, pero que provoca una inseguridad jurídica sobre todo para los beneficiarios, que no van a saber ante quién reivindicar la negativa a las ayudas, en su caso, las bajas que se puedan producir o cualquier perturbación de sus derechos. No se trata de una prestación de Seguridad Social, sino que estamos ante políticas activas de empleo, señora ministra. ¿Qué acredita que estamos ante políticas activas de empleo? El mero análisis del real decreto 1441/2010, por el cual a la Comunidad Autónoma del País Vasco se le transfirieron las políticas activas de empleo. Lo que usted ha comentado. En primer lugar, la compatibilidad entre un salario disminuido hasta el límite de esta renta que se articula y equivale al 80 % del Iprem. Esto no puede ocurrir con una prestación de Seguridad Social, no se puede compatibilizar una prestación de Seguridad Social con una renta de estas características. Luego ya se ve claramente que no estamos ante una prestación cuya naturaleza es de Seguridad Social, si se puede reducir la retribución del empresario, incumpliendo la obligación del pago íntegro de su retribución, hasta la cuantía del 80 % del Iprem, de la ayuda que usted está estableciendo. En segundo lugar - otra contradicción que acredita que estamos ante una política activa de empleo, una manifestación de las políticas activas de empleo -, la posibilidad excepcional, absolutamente excepcional, de unificar mediante reservas en régimen de gestión exclusiva por parte de la Administración del Estado de medidas como estas de fomento del empleo, señora ministra, está exceptuada expresamente en el Real Decreto 1441/2010, de transferencia de la competencia en materia de políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y esto es lo que están ustedes haciendo, están unificando ayudas para todas las comunidades autónomas mediante el establecimiento o la tabulación de unos procedimientos de actuación iguales para todas las comunidades autónomas que, sin embargo, ignoran sus competencias en materia de ejecución de la legislación general laboral del Estado e ignoran sus competencias en materia de promoción de la actividad económica que les resulta propia, que le es propia, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi, e ignoran también, por último, las competencias en materia de políticas activas de empleo. Incluso la mera referencia a la exención de cuotas como medida de promoción que se consigna en este real decreto-ley tampoco es posible en relación con las prestaciones de Seguridad Social. Luego esto también acredita que estamos ante medidas o políticas activas de empleo o actos que se vinculan a las denominadas políticas activas de empleo con una ayuda económica que no se sabe hasta qué punto ustedes o por qué razón la han declarado incompatible con otras ayudas económicas previstas en algunas comunidades autónomas, como la de Euskadi por ejemplo. Me estoy refiriendo a la renta de garantía de ingreso, que se dedican a combatir la exclusión social...
Señor Olabarría, tiene usted que ir acabando.
Acabo ya, señor presidente. Por todo ello, señora ministra, las invocaciones que usted ha hecho al consenso, las invocaciones que usted ha hecho a la colaboración con otras comunidades autónomas y las invocaciones que usted está haciendo sobre todo o la regulación que usted está acometiendo pervirtiendo la naturaleza de las competencias autonómicas, tal como están concebidas en virtud del principio dispositivo consagrado por la Constitución, es asaz preocupante. Y no es la primera vez, ya sucedió con el Prepara, señora ministra. Usted no puede subordinar competencias autonómicas a competencias estatales cuando las competencias están claramente atribuidas a las comunidades autónomas y sobre todo no puede supervisarlas, no puede examinarlas, no puede sujetarlas o someterlas a tutela o control de ninguna naturaleza. Eso no ha sucedido nunca en esta Cámara. Eso sucede en su ministerio...
Señor Olabarría, tiene usted que terminar necesariamente.
... porque cuando usted actúa o ustedes en su ministerio actúan en concertación con algunas organizaciones sindicales, que seguramente poseen una estructura ideológica tan jacobina como la de su propio ministerio, estas cosas pueden llegar a ocurrir. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señor presidente. Mi grupo valora positivamente diversos aspectos de la nueva ayuda a los parados que se introducen en este nuevo real decreto. En primer lugar, valoramos positivamente que se haya logrado mediante el diálogo social que detrás de esta ayuda haya un acuerdo de organizaciones empresariales, de sindicatos, algo a valorar y que no ha sido precisamente frecuente en esta legislatura. Una segunda cuestión que valoramos positivamente es la propia creación de este programa. Hace tiempo que venimos criticando la caída de la tasa de cobertura en nuestro país, que venimos señalando que los parados agotaban sus prestaciones y que el gasto en prestaciones disminuía no tanto por la creación de empleo como por la duración de la crisis, por los parados que iban agotando la cobertura de ese periodo de prestaciones. Por tanto, parece lógico que veamos favorablemente que se cree una ayuda que palíe, aunque sea de manera tardía y - como luego explicaré - insuficiente, esa caída en la tasa de cobertura. Valoramos también positivamente que esta ayuda se pueda compatibilizar con la percepción de un salario en un contrato por cuenta ajena porque estamos hablando de parados de larga duración y es una forma de abaratar su contratación, una forma de que sea menos costoso para el empresario sin que ellos cobren menos y por tanto es una forma de favorecer su inserción laboral y que tengan una experiencia laboral, algo especialmente importante para este colectivo de parados. Por último, en cuarto lugar, estamos de acuerdo con la filosofía de evaluación de las prestaciones que aquí aparece porque es algo que planteamos al inicio de la legislatura y que compartimos, que es que se evalúen las prestaciones, aunque nos gustaría que no compartiésemos esto solo en teoría porque no conocemos ninguna evaluación reciente del plan Prepara, no conocemos ninguna evaluación reciente de la renta activa de inserción y no conocemos ninguna evaluación reciente de las políticas activas de inserción, incluyendo la formación para el empleo. Este conjunto de consideraciones van a hacer que votemos sí a este real decreto. Nos parecería contradictorio venir señalando la necesidad de reforzar la protección de los parados y que cuando hay una nueva ayuda que ha contado con el consenso social votásemos negativamente. Dicho todo esto, no se puede dejar de señalar las importantes deficiencias que esta nueva ayuda tiene. Esta ayuda es insuficiente en primer lugar por el número de beneficiados. Va a favorecer a unas 300.000 personas, pero estamos en un país en el que los parados sin cobertura son 3 millones, si restamos de los parados de la EPA a los que tienen algún tipo de cobertura. Por tanto, se está beneficiando al 10 % de los parados que han agotado sus prestaciones: 300.000 frente a 3 millones. La segunda insuficiencia tiene que ver con la cuantía. Estamos hablando de un programa - la ministra lo acaba de señalar - de unos 1.000 millones de euros por semestre, 2.000 millones de euros al año, pero es que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 que hace poco aprobamos se redujeron los gastos en prestaciones a los parados en 4.400 millones de euros. Por tanto, se está reponiendo la mitad de lo que se detrajo en los presupuestos. En los presupuestos se quita dos y con esto se repone uno: insuficiencia por tanto en la cuantía. Y la tercera insuficiencia tiene relación con la duración del programa. De nuevo un programa excepcional por seis meses y luego, ¿qué? De nuevo un programa excepcional, extraordinario, con una duración insuficiente. Insuficiente número de beneficiarios, insuficiente cuantía, insuficiente duración. En él se habla de unas cuestiones que nos suenan verdaderamente muy bien porque de nuevo es algo que hemos señalado desde el inicio de la legislatura, que es la necesidad de un tratamiento individualizado a los parados, con un tutor individual, un perfil individual, un itinerario y un seguimiento de ese perfil. No podemos estar más de acuerdo; lo que no acabamos de comprender es cómo esto se va a aplicar en la práctica porque los servicios públicos de empleo están colapsados, hay una desproporción enorme entre el número de parados y el personal en estos servicios públicos de empleo. No entendemos cómo van a dar ese tratamiento individualizado. Se han recortados las políticas activas de empleo en unos 3.000 millones de euros, en casi un 40 %, es decir, que no se han reforzado esos recursos sino que se han disminuido, y en este real decreto no se asignan nuevos recursos, sino que se reasignan recursos existentes. Por tanto, no acabamos de comprender cómo va a ser posible este tratamiento individualizado. Al igual que en el segundo real decreto que hemos discutido esta tarde sobre el sistema autonómico, nos enfrentamos en la Cámara una y otra vez a parches, a taponar las goteras de las tuberías en un edificio que lo que necesita son reformas en la estructura, reformas en las vigas. De la misma manera que en el caso del sistema autonómico, mi grupo lleva desde el inicio de la legislatura mediante proposiciones de ley, proposiciones no de ley, mociones, delineando y diseñando cuál creemos que es ese sistema alternativo que debería alterar la estructura de nuestro mercado laboral. Nos preocupa la temporalidad en el empleo, pero no se ha querido tener en cuenta nuestra propuesta de acabar con la temporalidad, excepto en casos muy excepcionales, y que la contratación sea indefinida por defecto. Eso sí, con unas compensaciones por despido adecuadas y que vayan creciendo progresivamente. Nos preocupa la falta de protección de los parados, pero no se han tenido en cuenta nuestras propuestas de crear un sistema con un primer escalón estatal, la renta activa de inserción abierta a los menores de 45 años, y un segundo escalón autonómico en que las rentas mínimas sean más homogéneas entre comunidades. Por cierto, estas propuestas no son ocurrencias nuestras: el contrato único tiene un importante respaldo académico, incluso premios Nobel; y el sistema de doble escalón de protección, renta activa-renta mínima, está defendido por instituciones como Cáritas. Nos preocupa la falta de formación, pero no se han puesto en práctica las medidas de nuestra proposición no de ley de mejora de las políticas activas y la formación pese a que buena parte de sus puntos se aplicaron. Quiero terminar haciendo una referencia a los plazos incorporados en esta ley porque querríamos señalar que hay un plazo de seis meses desde que se agota el resto de prestaciones hasta que se accede a esta ayuda: seis meses sin ningún tipo de cobertura. Hay un plazo adicional de tres meses desde que se solicita la ayuda hasta que se acaba recibiendo. Seis más tres, nueve meses. Y se puede denegar la ayuda por simple silencio administrativo. Sumando estos plazos nos encontramos curiosamente con que los primeros perceptores de esta ayuda podrán recibirla en marzo o abril de este año 2015. Esto, por un lado, nos lleva al comentario de que es muy tarde después de tres años y un trimestre de legislatura. Y también al comentario de que está cerca de unas elecciones, pero en este caso lo vamos a dejar como un comentario porque si realmente creyésemos que una medida como esta se toma por este tipo de consideraciones, habría que llegar a la conclusión de que nuestro Gobierno juega con el dolor de la gente, juega con el sufrimiento de la gente, y preferimos no creerlo. Como dije al principio, nuestro voto a este real-decreto va a ser sí, nos parece bien que haya una nueva ayuda a los parados en un país con 3 millones de parados sin cobertura, pero nos parece una medida tardía, muy al final de la legislatura cuando el problema se arrastra desde hace mucho tiempo. Y nos parece una medida insuficiente: insuficiente por la cobertura - solo va a beneficiar al 10 % de los 3 millones de parados que han agotado sus prestaciones -, insuficiente por la cuantía - solo va a reponer la mitad de lo que se ha disminuido en los presupuestos del 2015- e insuficiente por la duración - porque dentro de seis meses este problema no habrá desaparecido. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, he de empezar anunciando, como no puede ser de otra manera, el apoyo de Convergència i Unió a este real-decreto que pone en marcha este programa, esta activación por el empleo. El hecho de que el real-decreto sea resultado del acuerdo con los interlocutores sociales necesariamente avala el contenido del mismo; y el hecho además de que, en nuestro caso - por lo que nos consta - en la conferencia sectorial hubo un diálogo interesante con las comunidades autónomas y al menos algunas de las consideraciones del Gobierno de la Generalitat fueron aceptadas, justifican este voto favorable. Es evidente que en la cuestión de fondo, que es intentar mejorar nuestra tasa de cobertura de los desempleados, por muy escasa que sea la cuantía de la prestación y por un impacto relativamente pequeño con relación a ese problema, difícilmente podemos negar un voto favorable a una propuesta de estas características. Precisamente ahí ya quiere mi grupo formularle una primera crítica. Tenemos la sensación de que estamos ante un nuevo parcheo de lo que es un problema grave en el terreno de las consecuencias sociales de esta crisis, que es el número significativo, importante, de hogares que viven sin ningún tipo de ingresos: más de 700.000 hogares en España sin ningún tipo de ingresos. Y además, como segunda consideración crítica, este nuevo programa constituye un nuevo instrumento más de los que en el ámbito de la protección social tenemos configurados: prestación contributiva, prestación no contributiva, renta activa de inserción, programa Prepara, rentas mínimas de inserción, programas que pueden desarrollar los ayuntamientos. Es un nuevo programa de ámbito estatal. Venimos reclamando desde hace tiempo la necesidad de ordenar y racionalizar ese conjunto de instrumentos que no terminan siendo eficaces, que no garantizan cuantías suficientes, que no cubren al conjunto de la población sin ningún tipo de ingresos. En este sentido, como decía al principio, valorando positivamente lo que esto ha supuesto, lo cierto es que es una respuesta parcial que añade quizás un punto más de confusión a ese conjunto de instrumentos de política de protección a las personas sin ingresos. Además, específicamente, el programa tiene algunos defectos que mi grupo querría remarcar. En primer lugar, continuamos sin ofrecer ningún tipo de garantía a los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, que son unos de los grandes perjudicados de esta crisis, especialmente en la medida en que el cese de actividad de los autónomos ha tenido un resultado perfectamente descriptible que ha llevado a que hagamos una reforma que no tendrá efectos hasta dentro de un cierto tiempo. Los autónomos tampoco están incluidos en este ámbito de protección. En segundo lugar, la del subsidio es una medida que pretende proteger a los parados con familiares a cargo, pero no distinguimos entre aquel desempleado que tiene un hijo y aquellos otros que tengan dos, tres, cuatro o cinco hijos; la cantidad que va a recibir es la misma cuando las necesidades de esas familias van a ser sustancialmente distintas. Eso nos conecta con una de las preocupaciones que nuestro grupo ha expresado reiteradamente con iniciativas concretas a lo largo de esta legislatura, que es el problema de la pobreza infantil. Este real decreto no tiene en cuenta la perspectiva de la infancia, de intentar paliar la pobreza infantil reconociendo a los desempleados con mayor número de hijos una cuantía más sustancial. Finalmente, el real decreto, tanto en la exposición de motivos del mismo como en parte en la propia intervención de la ministra, pone el acento en el título del programa: programa de Activación para el Empleo. Pero, claro, la parte que tiene un punto de retórica más que de realidad es precisamente la activación en el empleo, entre otras cosas - algunos portavoces lo han dicho -, porque esta legislatura va a acabar siendo la legislatura en la que el Gobierno ha dejado de priorizar las políticas activas de empleo. Entre 2011 y 2015, el conjunto del gasto de la inversión en políticas activas de empleo habrá disminuido un 37,5 %, a pesar del aumento que efectivamente figura en los presupuestos de 2015. Hay que tener en cuenta que los más de 4.000 millones de euros que el Gobierno se ahorra en prestaciones por desempleo en este presupuesto para el 2015 no se convierten en la gran oportunidad para modernizar y dotar a los servicios públicos de empleo de aquellos instrumentos que permitirían que esa atención personalizada que contempla el real decreto dejase de ser una simple aspiración retórica y que convirtiese efectivamente los servicios públicos de empleo del Estado español en aquello que son los servicios públicos de empleo de los países más avanzados de nuestro entorno. Ahí, señora ministra, recordemos la ratio de orientadores laborales por desempleados en el Estado español: en 2010, aún con el Gobierno del PSOE, 450 desempleados por orientador; en 2012, unos 600 desempleados por orientador; en 2014, nos movemos en cifras parecidas. Países de nuestro entorno: Francia, 50 desempleados por orientador. Alemania o Reino Unido, 30 desempleados por orientador; Dinamarca, el gran paradigma de las políticas de la flexiseguridad, 20 orientadores. Señora ministra, ahí está la realidad, que se pone de manifiesto en la debilidad de los servicios públicos de empleo para que esa demanda de acompañamiento a los desempleados pueda producirse. El otro gran paradigma, el de la colaboración público-privada, se ha terminado convirtiendo en una expresión retórica porque, hasta donde mi grupo sabe, en 2014 no se ejecutó ni un euro de los contemplados para colaboración con las agencias público-privadas. Ante la insuficiencia de los servicios públicos proponemos movilizar al sector privado para que colabore con el sector público y todo eso continúa sin estar funcionando. En 2015 aumentamos los presupuestos, pero vamos a ver si por fin esta política se pone en marcha. Por tanto, el núcleo duro del discurso del Gobierno en esta materia, que es activar a los desempleados, tiene más de discurso que de realidad y el tiempo nos lo dirá. Finalmente, como elemento crítico del real decreto, los requisitos que se introducen para permitir que las personas puedan entrar en ese programa son muy restrictivos. Va a haber personas que van a necesitar esos más de 400 euros que no van a poder acceder al programa. La cuestión de fondo es que muchos de esos 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos van a continuar en esa situación. Son elementos críticos que justificarían un esfuerzo por parte del Gobierno para que tramitásemos este real decreto como proyecto de ley. Por tanto, señor presidente, solicitamos su avocación por el Pleno. Es una medida necesaria, es una medida imprescindible. Bienvenida sea porque además es fruto del acuerdo con los interlocutores sociales. Valoramos en nuestro caso ese esfuerzo hecho en la conferencia sectorial, pero sin los recursos de los servicios públicos de empleo, sin orientadores laborales, sin inversión en tecnología en los servicios públicos de empleo, sin hacer funcionar de manera eficaz la colaboración público-privada tiene el riesgo de ser un brindis al sol. El hecho de dejar de nuevo las políticas activas modernas muy lejos de aquello que han promovido los países de nuestro entorno es, señora ministra, de nuevo una cuestión pendiente, una oportunidad perdida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campuzano. [[Rumores]] Ruego, por favor, silencio para que podamos oír a los oradores. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
Señorías, señora ministra, no nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto porque tras tantas carreras hacia atrás para los derechos de los trabajadores españoles, este decreto supone un pequeño pasito adelante. Tardío, insuficiente, raquítico, arrancado por los sindicatos, con clara voluntad electoralista, de una cicatería lamentable, pero no lo vamos a rechazar porque si este plan cicatero que hoy nos traen a convalidar sirve al menos para aliviar la situación de una sola familia española, ya merece el esfuerzo. Ahora bien, señora ministra, el discurso complaciente, incluso triunfalista con que ha presentado usted este decreto, a mi juicio, es para avergonzarse, créame. ¿De verdad entiende usted que pueden sacar pecho en la ayuda a los desempleados de este país tras reducir la cobertura pública del 70 al 57 % de los parados registrados en tres años, cuando siete de cada diez parados EPA no tiene protección alguna? ¿De verdad cree usted que está legitimada para presumir de gastar poco más de 800 millones de euros en este plan cuando han dejado de gastar hasta 5.000 millones del presupuesto de prestaciones públicas para parados en el ejercicio 2014 y cuando acaban de aprobar otro recorte de 5.000 millones más en el presupuesto de 2015? Nosotros entendemos que no. ¿No le avergüenza presumir hoy de compromiso con las políticas activas de empleo? Nos ha dicho que es la parte más importante de su plan, cuando han recortado hasta un 36 % los recursos destinados a este fin desde el año 2011, más de 3.000 millones de recorte. ¿De verdad no le da rubor hacer estos discursos de autobombo con la hoja de servicios más lamentable que ha presentado en esta Cámara un ministro de empleo? ¡En fin! Usted decía el pasado viernes desde la mesa del Consejo de Ministros que su Gobierno es una máquina de empleo; así, tal cual, una máquina de empleo. Pero no es verdad, señora ministra. Ni toda la fanfarria del mundo podrá ocultar que tienen ustedes hoy 500.000 parados más que cuando llegaron al Gobierno, según la última EPA, que hay 900.000 parados más de muy larga duración, que más de nueve de cada diez contratos que se firman son temporales y precarios, que la media de duración de los contratos en 2014 fue de solo cincuenta y cuatro días, que han reducido los salarios hasta los niveles de hace treinta años y que más de 3 millones de parados EPA carecen de prestación pública. Hay 730.00 hogares sin ningún ingreso. ¿De verdad creen ustedes que están en condiciones de presumir de algo? No, señora ministra, no están ustedes para presunciones, están ustedes para pedir perdón a cada uno de los 300.000 parados que han dejado sin ayuda pública, mes a mes, durante el año 2014 respecto al año anterior, para pedirles perdón a todos y a cada uno de ellos; para eso está usted hoy aquí. Nos trae la convalidación de un decreto cinco meses antes de unas elecciones; un decreto para invertir apenas algo más de 800 millones en unas ayudas muy limitadas a nuestros parados y quiere usted felicitaciones. En el año 2011, señora ministra, en plena crisis, sin bajadas en el precio del petróleo, sin el regalo de la prima de riesgo baja, sin un Banco Central Europeo colaborador el presupuesto para prestaciones por desempleo llegaba a los 32.000 millones de euros, 32.000 en el año 2011. Para 2015 ustedes han decidido recortar 7.000 millones de ese presupuesto hasta 25.000 millones, casi un 23 % menos, ¿y ahora quiere nuestro aplauso para recuperar tan solo 800 de esos 5.000 millones? Señora ministra, no van a tener ustedes nuestro aplauso. Este real decreto han tenido ustedes a bien tratarlo con los agentes sociales - este sí, señora ministra - a cinco meses de las elecciones y nosotros lo celebramos, celebramos siempre el ejercicio del diálogo social, pero la historia de sus leyes, de sus decretos y de sus normas, señora ministra, es bien otra a lo largo de estos tres años y creo que merece una valoración global para ser justos. En la Ley 3/2012 eliminaron el derecho de reposición de prestaciones tras expedientes de reducción de empleo sin acuerdo con los sindicatos. En el Real Decreto 20/2012 redujeron la cuantía de la prestación por desempleo a partir del sexto mes y eliminaron los subsidios para mayores de cuarenta y cinco y de cincuenta y dos años sin acuerdo con los sindicatos. En el Real Decreto 5/2013 redujeron los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y cinco años sin acuerdo con los sindicatos y en el Real Decreto 1/2013 eliminaron a los jóvenes y a los parados de larga duración del Prepara sin acuerdo con los sindicatos. Tres años de recortes y de portazos a los agentes sociales y ahora, a cinco meses de las elecciones, se hacen una foto con un plan raquítico y cicatero. ¿De verdad quiere que lo celebremos con confeti, señora ministra? Han pasado ustedes como el caballo de Atila por los derechos de los trabajadores de este país y lo que merecen por ello no es nuestra celebración, sino nuestra reprobación y eso es lo que van a tener, señora ministra. Con su discurso sobre las políticas activas llegan al sarcasmo absoluto; no a la retórica, señor Campuzano, al sarcasmo. Intentan explicar las bondades de su compromiso con la mejora de la empleabilidad de los parados cuando han reducido los recursos destinados a este fin en más de un 36 %, de 8.000 millones a 5.000 millones de euros. Pretenden mejorar las políticas activas de empleo con 3.000 millones de euros menos. ¿Se creen que no nos leemos las cifras? ¿Más itinerarios individualizados, señora ministra? ¿Más orientación personalizada? ¿Cómo? ¡Pero si nada más llegar al Gobierno despidieron ustedes a 3.000 orientadores profesionales de los servicios públicos de empleo! ¿A quién pretenden engañar? Su presupuesto para la red de técnicos locales de empleo ha pasado de 109 millones a 130.000 euros. Todas las partidas presupuestarias de atención directa a los parados han caído de 841 millones a 401 millones. Han caído a la mitad, señora ministra. Este es su compromiso con las políticas activas de empleo, exactamente la mitad que hace tres años con Gobierno socialista, propaganda aparte. Usted descalifica constantemente a los Gobiernos anteriores y yo no estoy aquí para defenderlos. Estoy aquí para defender a los parados y a los trabajadores de este país, pero los Gobiernos socialistas se creyeron la Constitución, señora ministra. No solo se envolvieron en ella; creyeron que había que cumplir el artículo 41 de la Constitución, que garantiza prestaciones justas a los desempleados. Por eso en el año 2009, en plena crisis, no se redujeron las prestaciones por desempleo, sino que se aumentaron un 25 % en el gasto y un 33 % en el número de beneficiarios. La cobertura llegó entonces al 80 % de los parados registrados y ustedes la han bajado al 57 %; de casi el 80 al 57 %. Esa es la diferencia, señora ministra, entre alardear de la Constitución y cumplirla en defensa de los derechos de los españoles. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Les reitero que este plan que traen hoy para su convalidación es tardío e insuficiente. Es insuficiente en el número de beneficiarios. Dicen que 400.000; no lo creemos, pero seguro que van a ser muchos menos de los casi 4 millones de parados EPA sin prestación que tenemos en España. Seguro. Las condiciones que han puesto a los parados para acceder a esta ayuda mínima son muy duras y contrastan vivamente - se ha dicho aquí - con las ventajas que ofrecen a los empresarios. De hecho, al hacer compatible la prestación con el trabajo por cuenta... [[Rumores]]
Perdón, señor Simancas. No se puede oír al orador, es imposible. Continúe.
Decía, señorías, que las condiciones son duras para los parados y ventajosas para los empresarios. Al hacer compatible la prestación con el trabajo por cuenta ajena se permite al empresario ahorrarse hasta el 80 % del coste laboral; una miseria para el parado y un chollo para el empresario, como siempre. Es insuficiente el número de beneficiarios e insuficiente la cuantía, señora ministra. El 80 % del Iprem, pero sin aumento alguno en función del número de hijos, a pesar de venderse como una ayuda a las familias. Se le ha dicho aquí. ¿Da igual un hijo que dos, que tres o que cuatro? Señora ministra, es insuficiente el número de beneficiarios e insuficiente la cuantía y además es incompatible con otras ayudas. Como si 426 euros fueran más que suficientes para mantener a una familia con dignidad. Presume usted de diálogo social - eso sí, a cinco meses de las elecciones - y nos preguntamos si querrá usted presumir también de debate y de diálogo parlamentario y permitirá, como se le ha solicitado ya, la tramitación de este decreto como proyecto de ley. Nosotros se lo pedimos para poder incorporar algunas de las ventajas que ya estaban presentes en la propuesta que el Grupo Socialista sometió a este Pleno hace algunos meses. Planteábamos una prestación como derecho subjetivo para todos los parados de larga duración, con cargas familiares y mayores de cuarenta y cinco años, los más castigados por sus recortes. La propuesta socialista no tenía límite de tiempo, se mantenía hasta que se encontrara empleo. La propuesta socialista suma el 80 % del Iprem, complementos en función de las cargas familiares: 570 euros por dos cargas, 708 euros por tres cargas y 100 euros más por hijo. Y la propuesta socialista no tiene un gasto desorbitado, señora ministra: 5.000 millones de euros, que es precisamente la cifra que ustedes dejaron de gastar en el año 2014 del presupuesto para prestaciones a desempleados. En conclusión, señora ministra, no vamos a oponernos a este pequeño pasito adelante tardío, cicatero y oportunista, pero no vamos a acompañar, señora ministra, su fanfarria porque no hay nada que celebrar en un país con más paro, más explotación y más pobreza laboral que hace tres años. Y vamos a reclamarle la tramitación de este decreto como un proyecto de ley para convertir este plan en algo más que una gracia cicatera a las puertas de una campaña electoral. El país no está para celebraciones por su gestión, señora ministra, sino más bien para las reprobaciones que le esperan a usted en el próximo periodo de sesiones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Simancas. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas. La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para manifestar una moderada satisfacción -¿por qué no vamos a decirlo así?, porque no se trata de una alegría desbordante, como manifestaba el señor Simancas, sino de una moderada satisfacción - y felicitar no solo al Gobierno, no solo a la señora ministra de Empleo, sino también al conjunto de los agentes sociales y de las comunidades autónomas por este acuerdo responsable que han adoptado para el Plan de activación para el empleo, con fecha 15 de diciembre del año pasado. Señorías, la evolución económica - ya nadie lo niega, y quien lo niegue es que verdaderamente está ciego o no quiere ver - puede tener diferentes valoraciones, pero es evidente que está llegando la recuperación para quedarse: cinco trimestres de crecimiento de PIB tras veinte trimestres de crecimiento negativo; previsiones de crecimiento por encima de los propios cuadros macroeconómicos; por primera vez, señorías, con este crecimiento que ha habido en el año 2014, incipiente y consolidado en este ejercicio, hay creación de empleo, más de 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y más de medio millón de personas menos en el paro. Esto es una realidad incuestionable y por lo tanto negarlo - insisto - es negar una realidad. Señorías, en algunos momentos de la crisis el paro llegó a incrementarse en un 83 % anual, y en este momento el paro se reduce en un 8,7 % anual, que son parámetros completamente diferentes. Señor Simancas, habla usted de vergüenza a la señora ministra y de que se debería pedir perdón, pero aquí los únicos que tienen que pedir perdón son ustedes, porque han dejado a España al borde de la quiebra [[Aplausos]] y a los españoles al borde de la miseria, su Gobierno ha generado más de 3,5 millones de parados en la última legislatura. Señor Simancas, usted se dedicaba a otras cosas, pero algunos ya estábamos aquí en estas tareas. Usted no puede venir a decir esto con ese desenfado a la señora ministra, porque ya todos los españoles - no los votantes del Partido Popular, todos los españoles - saben que el Partido Socialista es sinónimo de paro y el Partido Popular es sinónimo de seriedad, de rigor y de creación de empleo. Esto es algo que está demostrado en la historia de España, en la historia de los Gobiernos, y cada uno tiene que cargar con sus propias consecuencias. El señor Coscubiela hablaba aquí de nuestras políticas, y es cierto, fruto de las políticas de este Gobierno nos encontramos con 400.000 afiliados más a la Seguridad Social. Usted hablaba del año 2012, señor Coscubiela. ¿Qué situación había en el año 2012, fruto de esa quiebra en la que España se encontraba? Una situación en la que la pregunta sistemática era cuándo se iba a producir el rescate. Y no se produjo, porque si se hubiera producido, si este Gobierno con su responsabilidad y sus políticas no lo hubiera evitado, probablemente las prestaciones habrían desaparecido, las pensiones se habrían reducido un 50 %, como ha pasado en otros países. Yo no estoy haciendo de agorera, estoy demostrando cosas que ya han pasado. Por tanto, señorías, seamos realistas, seamos moderadamente optimistas ante la situación que tenemos en estos momentos frente a la que teníamos hace tan solo unos meses. Efectivamente, los más afectados son los parados de larga duración, que suponen el 60 %, y entre ellos los mayores de cuarenta y cinco años con cargas familiares; para ellos va dirigido este programa de activación para el empleo y por ello tiene mayor valor el acuerdo alcanzado entre el ministerio y los agentes sociales. Ya ha dicho la señora ministra - no lo voy a reiterar - que son más de 400.000 personas los beneficiarios que se puedan ver incluidos en este programa, que además va a ser compatible con un puesto de trabajo que sinceramente no puedo entender que aquí se critique. Como muy bien ha comentado la señora ministra, hasta los propios agentes sociales hablaban de la importancia de la complicidad entre los empresarios y los trabajadores para incentivar la inserción laboral y la empleabilidad. Además, señorías, este programa va a tener una virtualidad que aquí hemos debatido mucho, que es la de un itinerario personalizado para acompañar a la formación y a la inserción laboral de estos trabajadores. ¿Cuántas veces han requerido ustedes y han pedido esos itinerarios personalizados, un tutor que acompañara a los desempleados? Eso está en este programa, eso va a ser evaluado y controlado por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y por los agentes sociales en el programa de seguimiento de este plan, así como en la evaluación, que sí se va a hacer. Es muy curioso que cuando por primera vez se establece un real decreto en el que se incluye a la evaluación - no se dice, se incluye en el real decreto -, haya quienes piden - no ya cuando se va a acabar, tres meses antes de acabar - que se haga cada tres meses. ¿Pero dónde están las evaluaciones que hacen ustedes en los ERE de Andalucía? Están ustedes gobernando, señor Coscubiela, no se ponga aquí tan estupendo y luego resulta que allí no miran ustedes ni siquiera una hojita de lo que está pasando. Me parece que no es nada serio. Pierde usted todo tipo de credibilidad con ese tipo de actuaciones. Y la pierden igual cuando hablan de las políticas activas. ¡Claro que esto es una medida de política activa! ¡Claro que esto va en la línea que pide la Unión Europea y que estaba en el programa de España, en el programa de reformas y en el programa de empleo que presentó el Reino de España! ¡Claro que esto tiene que ver con las políticas activas! ¡Y claro que se han incrementado en este ejercicio un 16,8, y si se habla además de los recursos transferidos a comunidades autónomas llega al 25! ¡Claro que sí! Señorías, aquí ya hemos hablado muchas veces de cómo se incrementaban un 20 y un 30 % las políticas activas y se duplicaban los parados. Señor Simancas, ¿pero dónde está esa manera de pedir perdón que exige usted a los demás? Pero si ustedes gastaban, gastaban y gastaban, y traían un PlanE que gastaba 13.000 millones, tirados a la basura, y no se generaba empleo, se generaba paro. ¡Por amor de Dios! ¿No pueden ustedes, por lo menos, hacer autocrítica y reconocer que ahora se está haciendo un camino en positivo? No estamos diciendo que sea el final del recorrido, sino el principio del recorrido. Eso es lo importante. Estamos en el inicio de un camino que va por la buena dirección. Señorías, quiero insistir en algo que es muy importante. Primero, en el cambio de la situación en la que nos encontramos, gracias a las reformas que ha hecho este Gobierno y a los esfuerzos del conjunto de la sociedad española, que han permitido un cambio radical en la situación económica y del empleo. Hemos pasado de la recesión a la recuperación, del crecimiento negativo a la previsión de un incremento en el PIB del 2 % y, además, a la sostenibilidad en el tiempo. Hoy, el Fondo Monetario Internacional, señorías, ha dicho que solo España y Estados Unidos entre las economías mundiales van a tener una previsión de crecimiento. No es que esto sea para que digamos que está todo hecho, es simplemente para afianzarnos en que lo que estamos haciendo es lo correcto en beneficio del conjunto de la sociedad española. Hemos pasado de una destrucción masiva de empleo a la contención de los despidos, que era el objetivo de la reforma laboral, y a la creación de 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Señorías, España ha dejado de ser el problema para empezar a ser un referente en la solución, y es evidente, señorías, que este programa va a contribuir a que esto llegue a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan. Señorías, hay una cuestión que es verdaderamente importante. Estuve en la presentación que se hizo de este programa y recuerdo palabras del secretario de Comisiones Obreras y de Cándido Méndez, de UGT, que dijeron palabras muy sensatas. Cándido Méndez dijo algo que apunté en mi iPad: Cada 100.000 personas que entren en este programa pueden suponer un 1 % de incremento de cobertura. Señorías, esto es la combinación de políticas activas con políticas pasivas, esto es justamente aquello que nos está pidiendo la Unión Europea. Y recuerdo también perfectamente que el secretario general de Comisiones Obreras dijo que este era uno de los programas que estaban trabajando con el Gobierno, que era un programa pensado para las personas y que no era una ayuda ni un subsidio, que era un plan para introducir a las personas en la empleabilidad y en el empleo. Ese es el objetivo, y eso ni lo dice el Gobierno ni lo dice este grupo parlamentario, que lo suscribe, lo dijeron los dos secretarios generales de los sindicatos el día en que se firmó este acuerdo, el 15 de diciembre, en Moncloa, con el presidente del Gobierno. Señorías, nos queda mucho por hacer, sin lugar a dudas, y lo conseguido hasta ahora nos tiene que impulsar - como he dicho - a seguir trabajando en la misma dirección, fijada desde el minuto cero del inicio de la legislatura: conseguir crecimiento económico y que ese crecimiento económico genere creación de empleo. Sin duda, señorías, esta es la mejor política social. Es la única política social que permite mantener y mejorar los servicios públicos de los que España siempre se ha sentido orgullosa y de los que se sigue sintiendo orgullosa: la sanidad, la educación, la dependencia. Solo con creación de empleo los podremos mantener y los podremos mejorar. Por tanto, vamos a seguir trabajando para conseguir que la recuperación y el bienestar lleguen al mayor número de personas posible y, desde luego, a los más vulnerables, como es el caso que nos trae esta tarde a esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas. En unos minutos vamos a votar. [[Pausa]]
Con carácter previo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Ignacio Uriarte Ayala, pregunto a don Juan Vicente Pérez Aras si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, juro. [[Aplausos]]
En sustitución de don Valeriano Gómez Sánchez, pregunto a doña Lucila Corral Ruiz si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
En sustitución de don Alfonso Guerra González, pregunto a doña Silvia Oñate Moya si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
En sustitución de don Luis Tudanca Fernández, pregunto a doña María del Mar Arnaiz García si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
Don Juan Vicente Pérez Aras, doña Lucila Corral Ruiz, doña Silvia Oñate Moya y doña María del Mar Arnaiz García han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. [[Aplausos]] Señorías, antes de pasar a las votaciones quiero rendir homenaje en nombre de todos a don Cándido Reguera, fallecido en Lanzarote el pasado viernes. Fue diputado nacional del Grupo Popular en este Congreso del año 2000 al 2010. Somos muchos los que recordamos su buen hacer, su dedicación a Canarias y, sobre todo, su amor a la isla de Lanzarote. Descanse en paz. [[Aplausos]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco ante ustedes esta tarde para presentar este Real Decreto 16/2014, para su convalidación por esta Cámara, que regula el programa de activación para el empleo; un programa que - quiero reconocerlo - es fruto del trabajo conjunto y del diálogo continuo y responsable con las comunidades autónomas y muy especialmente con los interlocutores sociales. Es la prueba de que la colaboración es la mejor respuesta para abordar uno de los problemas que más preocupa a los españoles, como es el desempleo, especialmente hablando de aquellos que llevan más tiempo porque son parados de larga duración y además tienen responsabilidades familiares. Nuestro país, señorías, continúa consolidando su recuperación. Iniciamos 2015 con crecimiento económico, con perspectivas de aumentarlo, pensando en lo que pasó en 2014, y también con buenas perspectivas de creación de empleo. Por tanto, el crecimiento se está traduciendo sin duda en oportunidades de empleo. Hoy en nuestro país con un crecimiento inferior al 2 % se está creando empleo neto por primera vez en nuestra historia económica. Así lo atestiguan las dos últimas encuestas de población activa que muestran que la creación de empleo supera los más de medio millón de puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de 2014, por primera vez en siete años de crisis bajó el paro en más de 350.000 personas y subió la afiliación en más de 417.000. Por tanto, estamos en la buena dirección, creciendo y creando oportunidades de empleo. Sin duda, señorías, nos queda mucho camino por recorrer, nos quedan muchas oportunidades que encontrar para esos miles, millones de españoles que aún no tienen un empleo. No podemos dejar de trabajar, sumando voluntades con los interlocutores sociales, también con las comunidades autónomas, a favor del empleo, a favor de que los que no tienen todavía un puesto de trabajo lo puedan encontrar cuanto antes. Por tanto, estamos en la buena dirección pero también seguimos trabajando por esas oportunidades de empleo. Tenemos que estar, si cabe, más cerca de aquellos que lo tienen más difícil, de aquellos que tienen menos oportunidades porque son más vulnerables en su vuelta al mercado de trabajo. Esto se recogió también en el acuerdo de julio del presidente Rajoy en Moncloa con los interlocutores sociales, aquel acuerdo de propuestas para la negociación tripartita y para fortalecer el crecimiento económico y el empleo. En ese acuerdo se manifestaba una voluntad clara de todos, de los interlocutores sociales y del Gobierno, para impulsar un diálogo sincero conjunto en distintos ámbitos, desde la política económica a nivel europeo, la agenda industrial y la política presupuestaria y fiscal en nuestro país, hasta medidas concretas en el ámbito del mercado de trabajo, que son, si quieren ustedes, la parte más importante de ese acuerdo con el presidente del Gobierno, de ese acuerdo tripartito de julio pasado. Entre las medidas que pusimos en marcha, que trabajamos juntos, destaca fundamentalmente este programa extraordinario de activación para el empleo, definido conjuntamente - como decía - con los agentes sociales y aprobado en Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre y que hoy presento a su convalidación. Se trata de un programa cuya característica fundamental es fruto de esa colaboración de todos, comunidades autónomas, que son compañeras inseparables cada vez que avanzamos, que queremos avanzar en materia de activación para el empleo. Así lo hemos hecho también en otros proyectos, como el portal único de empleo y autoempleo, con más de 80.000 vacantes, un portal único de empleo por primera vez en nuestro país; la implantación en España del sistema nacional de garantía juvenil, que se apoya sin duda en ese esfuerzo solidario y compartido entre Gobierno y comunidades autónomas. Estamos contribuyendo a la colaboración público-privada, un eje de trabajo, impulsando la intermediación laboral. En todos estos casos son las autonomías, las autoridades autonómicas las competentes en buena parte de lo que será el desarrollo del programa de activación. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para volver a agradecer todo el apoyo, todo el compromiso y todo el esfuerzo y participación de todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Como saben bien, el programa comenzó el 15 de enero y podrá solicitarse la incorporación por parte de los diferentes potenciales beneficiarios hasta el 15 de abril de 2016. Tiene un objetivo clave y fundamental, que es activar a esas personas que llevan más tiempo en el desempleo, que son parados de larga duración, y que tienen familiares a su cargo. Va dirigido a los parados que llevan más tiempo en el desempleo, que tienen responsabilidad familiares y que hace más de seis meses que han agotado todas sus herramientas de protección, toda la protección que le dan las prestaciones por desempleo y los subsidios en el ámbito del empleo; precisamente por ese motivo se encuentran ante una especial dificultad para volver al mercado de trabajo. Según los datos de los registros de los servicios públicos de empleo se encuentran en la actualidad como potenciales beneficiarios de este programa más de 400.000 personas en todo el territorio nacional. El programa pretende promover la recuperación laboral de ese colectivo de desempleados mediante un diseño más personalizado y más moderno, a través de itinerarios personalizados de inserción, ajustados a sus perfiles profesionales para ayudarles en esa transición hacia el empleo. Una de las principales novedades que quiero resaltar esta tarde es que esos beneficiarios contarán por primera vez con un tutor personal que le asignarán los servicios públicos de empleo, igual que se ha hecho en otros países del entorno europeo.
En primer lugar, se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Han sido emitidos tres votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 3 votos telemáticos 327; a favor, 309 más 3 votos telemáticos, 312; en contra, 10; abstenciones, 5.
Queda convalidado. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Vamos a someterlo a votación. Se han emitido dos votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 325 más 2 votos telemáticos, 327; a favor, 40; en contra 279 más 2 votos telemáticos, 281; abstenciones, 6.
No será tramitado como proyecto de ley. - REAL DECRETO-LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES Y OTRAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. [[Número de expediente 130/000064]]
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Ha habido tres votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 325 más 3 votos telemáticos, 328; a favor 177 más 2 votos telemáticos, 179; en contra, 20; abstenciones 128 más 1 voto telemático, 129.
Queda convalidado. Se va a votar ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Se han emitido tres votos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 325 más 3 votos telemáticos, 328; a favor 149 más 1 voto telemático, 150; en contra 176 más 2 votos telemáticos, 178.
No se tramitará como proyecto de ley. - REAL DECRETO LEY 16/2014, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. [[Número de expediente 130/000063]]
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. Hay tres votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 325 más 3 votos telemáticos, 328; a favor 296 más 3 votos telemáticos, 299; en contra, 9; abstenciones, 20.
Queda convalidado. Sometemos ahora la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hay tres votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325 más 3 votos telemáticos, 328; a favor, 148 más 1 voto telemático, 149; en contra, 177 más 2 votos telemáticos, 179.
No se tramitará como proyecto de ley. Se suspende la sesión. Eran las nueve y cinco minutos de la noche.