Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de cambio climático y transición energética. [[Rumores.]] Para la presentación del proyecto de ley voy a dar la palabra a un miembro del Gobierno, pero antes les pido, por favor, que ocupen sus escaños y guarden un poco de silencio. [[Pausa.]] Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. [[Rumores]] Señorías, por favor, un poco de silencio, empieza la sesión. [[Pausa.]] Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La casualidad ha querido que hoy, 14 de julio, coincidiendo con el aniversario de la toma de la Bastilla, hito esencial de la Revolución francesa, considerada el inicio del Estado Moderno, el triunfo de la Ilustración y los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, sea la fecha en que esta Cámara se plantea el debate de totalidad sobre la ley de cambio climático y transición energética. Se trata de una ley que aspira a transformar de forma importante nuestra economía y nuestra sociedad, a asentar las bases de un futuro más justo e inclusivo, un mejor uso de los recursos, atendiendo al mejor conocimiento, a las advertencias y las recomendaciones de la ciencia ilustrada. Queremos más libertad para innovar sobre la base del conocimiento; queremos más igualdad, igualdad de oportunidades y en el acceso a beneficios ambientales; queremos más fraternidad, ese tercer principio republicano que con frecuencia se olvida. Fraternidad, solidaridad entre generaciones y entre aquellos que compartimos la época actual, una revolución no cruenta que ha de permitir sentar las bases para la España del siglo XXI que piden los ciudadanos, para la justicia entre generaciones, para actuar con arreglo a las ciencias y favorecer una revolución industrial que nos permita liderar producción y empleo dentro de los límites ambientales. Aunque, afortunadamente, son minoría, todavía en nuestro país hay quienes no escuchan a la ciencia, que desde hace décadas viene conociendo y advirtiendo de las causas y las consecuencias del cambio climático y cuyas conclusiones se van recrudeciendo y confirmando con el paso del tiempo y la constatación continua de evidencias fácticas. Es sorprendente que no escuchen tampoco a los ciudadanos, ya sea a los jóvenes en las calles o a la sociedad civil organizada, a los sindicatos, que vienen explicando las oportunidades de creación de empleo verde, o al consenso internacional, pero quizá es particularmente más llamativo que también demuestran hacer oídos sordos a la industria, a los inversores, a las empresas, al tejido productivo de este país, desde el tercer sector energético a la industria de la automoción, que ven en la electrificación, en la eficiencia, en la digitalización las claves para la sostenibilidad en el tiempo de cada uno de sus sectores; al sector primario o al sector turístico, que en primera línea de costa, dependiendo del agua y del tiempo, sufren ya las alteraciones del cambio climático. No, señorías, no hay alarmismo climático ni se trata de una nueva religión, como señala en la introducción a su enmienda el grupo parlamentario que ha convocado este debate. Es pura física y química, ajenas a las ideologías y a las religiones. No, señorías, las previsiones del IPCC ni son alarmistas ni se ven desmentidas una y otra vez por la realidad, como dicen ustedes. Al contrario, lamentablemente se ven confirmadas por los hechos y el cambio de patrones climáticos asentados en el tiempo. Al contrario, muy al contrario, la cuestión de supervivencia nacional no es rechazar esta ley, sino tomarse en serio la amenaza climática, más en un momento crítico para nuestro país en el que estamos debatiendo juntos qué modelo queremos, qué necesitamos reconducir, qué necesitamos adaptar para ser más resilientes ante riesgos emergentes. La fase de recuperación en la que estamos representa un momento propicio para un cambio de rumbo y la próxima década es clave para la transición. El Gobierno trae a la Cámara un proyecto que responde a las alertas de la ciencia y a las demandas de la sociedad; un proyecto muy participado, sólido, completo, justo y equilibrado; un proyecto de ley que ofrece respuesta institucional coherente con el desafío que nos impone la emergencia climática y con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en España no más tarde de 2050, tal y como nos hemos comprometido con Europa y con el mundo. Ustedes, señorías, están llamados a mejorarla, a reforzarla, pero se confunden si piensan que es patriota rechazarla o, como señalan en su enmienda a la totalidad, que devolver esta ley es cuestión de supervivencia nacional. No podemos ignorar las alertas de la ciencia; al contrario, debemos integrarlas en la toma de decisión a tiempo y de manera eficaz. No podemos desligar las decisiones que afectan a nuestra salud y bienestar de las que afectan al medio ambiente. No podemos dejarnos vencer por opciones cortoplacistas que ignoren costes ambientales y comprometan nuestro capital de futuro. La anticipación, sobre la base del conocimiento científico, y la aplicación del principio de precaución deben ser nuestra respuesta ante las incertidumbres y los desafíos que enfrentamos. Por ello, queremos apostar por un cambio de modelo productivo, energético y de consumo que fortalezca el tejido industrial y empresarial, que genere empleo decente y reduzca las desigualdades, que nos permita vivir en ciudades más habitables, seguras y saludables, que potencie y reconozca el valor del desarrollo rural sostenible, que proteja la biodiversidad, nuestros ecosistemas y nuestra salud; son objetivos compatibles y complementarios. El texto que hoy presenta el Gobierno pone sobre la mesa principios y soluciones concretas que muestran cómo la acción de las instituciones del Estado pueden tener un verdadero papel transformador de la sociedad a corto, medio y largo plazo. Apostar por la acción climática es apostar por nuestra economía y por el progreso social. El compromiso con el medio ambiente se orienta precisamente a evitar a la sociedad y a las empresas costes inasumibles derivados de la degradación ambiental y de los impactos del cambio climático. Distintos actores económicos, empresas, organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de la Energía o el Foro Económico Mundial resaltan que es imperativa una recuperación económica verde e inclusiva; las propuestas de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo trabajan en esta dirección. El Pacto Verde Europeo se convierte en el pilar de la estrategia de recuperación para una Europa que se prepara para generar oportunidades para la próxima generación. No es casualidad, las políticas en materia de energía y clima son un motor limpio de crecimiento económico. En términos de PIB, de valor añadido, de generación de riqueza y empleo, todas las medidas propuestas y las proyecciones de impacto son positivas; se calcula que por cada euro invertido se pueden retornar dos o tres por parte de esos desarrollos. Dejar atrás los combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables genera empleo cualificado y fortalece nuestro tejido empresarial e industrial tanto en la producción de bienes de equipo y servicios como en los ahorros energéticos que conlleva, liberando recursos para más innovación, más emprendimiento, más formación y más solidaridad. El despliegue de renovables ayudará además a hacer frente a los retos de la España vaciada y a la despoblación de las zonas rurales, aportando equilibrio territorial. La correcta gestión del agua, el suelo, el litoral, la introducción y la recuperación de valor en nuestra economía preservarán su potencial y articularán nuevas fuentes industriales y de servicios por el empleo y la generación de riqueza. La rehabilitación de viviendas, la inversión en infraestructuras que requiere la movilidad sostenible, la restauración ecológica y el fomento de la adaptación basada en ecosistemas y el recalibrado de infraestructuras para adaptarlas a los nuevos escenarios climáticos son también fuentes de desarrollo económico y de creación de empleo. Esta ley ofrece un marco tractor de modernización e innovación industrial, una referencia para infraestructuras sólidas y, sobre todo, para trabajar juntos en la construcción de un mejor país. Gracias a la transición energética, gracias a la acción climática y la expansión de las renovables nuestra economía será más competitiva, al reducir el coste energético generará ahorro a las familias, aumentando la renta disponible y fomentando la distribución de riqueza, al tiempo que facilitará la innovación en procesos industriales y en servicios en numerosos sectores. Todas estas inversiones, como decía, tienen un potente efecto multiplicador de PIB y de empleo. No son quimeras. Como destacan el nobel Joseph Stiglitz o el economista Nicholas Stern, los proyectos verdes compatibles con la lucha contra el cambio climático crean más empleo, generan más retorno a corto plazo por euro invertido y conllevan mayores ahorros a largo plazo que las medidas de estímulo fiscal tradicionales, y es hora de que España se beneficie de todo el potencial que esto ofrece. La ley, alineada con los objetivos del pacto verde y el marco de recuperación europeo, nos ayudará a salir de la crisis, orgullosos de saber que estamos nutriendo el futuro de los jóvenes. Me han oído decir reiteradamente en esta Cámara y en otros foros que hemos de poner el futuro de nuestros jóvenes en el centro de nuestra respuesta a la crisis actual y a las crisis sistémicas que generan el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, y es que a una conclusión parecida llega el Banco de España, en cuyo informe sobre tendencias laborales intergeneracionales en España en las últimas décadas, publicado en el pasado mes de mayo, subraya las inquietantes perspectivas que la falta de respuesta adecuada genera en los menores de treinta y cinco años. Es nuestra mayor responsabilidad, dar un giro a los acontecimientos y ofrecer respuestas solventes. Este compromiso con nuestro presente y nuestro futuro se refleja en el propio objeto de la ley: facilitar que la economía española sea neutra en emisiones, para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible y resiliente a los impactos negativos del cambio climático. El proyecto que hoy les presento se marca distintos objetivos. El primero de ellos consiste en establecer un marco predecible, emitir una señal clara para inducir la acción climática y atraer la inversión hacia la economía productiva y las infraestructuras y servicios que nos acogen en nuestra actividad y bienestar cotidianos. Para ello se establecen objetivos cuantificados tanto a 2050 como a 2030 que solamente, les proponemos, puedan ser revisados al alza. Cumpliendo con el acuerdo de París, la ley se fija alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. Mucho antes nuestro sistema eléctrico deberá ser cien por cien renovable y mucho más participado, situando al ciudadano en el centro y planteando desafíos y oportunidades interesantes desde el punto de vista tecnológico, de innovación y de mercado. La ley establece además objetivos nacionales a 2030 de obligado cumplimiento coherentes con el aumento de ambición fijado por la Unión Europea y con el acuerdo de París, que nos exige que en este año 2020 presentemos nuevos compromisos revisados al alza. Por ello, en 2030 proponemos que España haya reducido sus emisiones en al menos un 20 % con respecto a las de 1990, lo que representa algo más del 33 % de las emisiones actuales. Para este año el 35 % del consumo final de energía será de origen renovable, el 70 % de la energía que genere el país será renovable, y con este objetivo, pensamos, se activará el despliegue de energías limpias, que son ya hoy la fuente más barata. Se trata de una industria que actuará de palanca en la recuperación y es importante que no pierda la velocidad que ha ido adquiriendo. También en 2030 habremos aumentado de manera significativa nuestra eficiencia energética, es decir, habremos reducido la cantidad de energía que necesitamos para producir bienes y servicios. El objetivo es reducir en al menos un 35 % el consumo primario de energía gracias a medidas de eficiencia, que son particularmente importantes y con gran impacto social cuando se trata del sector de rehabilitación de edificios, otro importante vector de generación de empleo estable y con futuro, como digo, con grandes ventajas desde el punto de vista de la incidencia social. Necesitamos facilitar la pervivencia de sectores industriales y económicos mediante la adaptación de estos a los nuevos retos y demandas con el objetivo de liderar los mercados internacionales de tecnologías limpias, y estamos bien posicionados. España cuenta con patentes en innovaciones, bienes de un equipo y cadenas de valor completas. Es necesario movilizar todos los recursos disponibles para las tecnologías que generan empleo y progreso sostenido en el tiempo. Se necesita liderar recursos para la innovación industrial en materiales, en prestaciones, en energía limpia. Esto explica por qué los combustibles fósiles deben tener un tratamiento específico en la ley, que nos permita ir dejando atrás su uso. Han contribuido enormemente al progreso durante décadas, pero hoy sabemos que sus efectos secundarios nos obligan a facilitar la entrada de alternativas y la salida progresiva de su peso en la economía. No será de un día para otro, pero tampoco es responsable mirar para otro lado y dejar que ocurra solo. La planificación de la política energética y de clima, facilitando la anticipación, la identificación de objetivos, los escenarios; entender, anticipar y promover dónde estamos, dónde queremos estar y cómo podemos llegar es el segundo de los objetivos que se plantea la ley a través de la previsión y la regulación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de descarbonización a 2050, herramientas ambas propias del marco comunitario en el que se desarrolla nuestra actuación. Deberán recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos, asegurando que todos los sectores de la economía participan y contribuyen con anticipación en el proceso de descarbonización y resiliencia de nuestra economía, tanto los sectores incluidos en el régimen europeo de comercio y derechos de emisión, las grandes industrias, el sector eléctrico, como en los sectores difusos: agrario, forestal, transportes, residencial, institucional y gases fluorados. Un tercer objetivo sumamente importante consiste en facilitar la correcta identificación de las principales herramientas para descarbonizar. Aquí la receta común en nuestro entorno pasa por el despliegue de las renovables, el impulso a la eficiencia energética y la movilidad sostenible y la electrificación de los usos finales. En la parte energética la ley recoge diferentes elementos, muchos de los cuales hemos debido anticipadar en el Decreto-ley 23/2020 que mañana mismo presentaré a convalidación ante este Pleno. Incluye la habilitación de un nuevo marco de subastas para renovables que nos permita anticipar y beneficiarnos de la reducción de sus costes en un momento como este. Incluye la definición de nuevas figuras en la normativa del sector eléctrico, como el almacenamiento, el agregador de demanda independiente o la hibridación; la ampliación de la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030, el fomento de los gases renovables, como el biogás, el biometano y el hidrógeno, claves para la descarbonización de la industria y un importante potencial en nuestro país para grandes generadores de hidrógeno renovable a precios competitivos. Incluye también la habilitación al Gobierno para requerir a los actores regulados del sistema energético, al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores que elaboren y presenten estrategias de descarbonización en su ámbito de actuación. La trascendencia en la economía de estos actores no nos permite correr el riesgo de que no hayan previsto, anticipado y preparado con suficiente antelación la evolución a la que se enfrentan. En materia de eficiencia energética, la ley emite también una señal que marca objetivos a medio plazo y vincula la estrategia a largo plazo para la renovación de edificios, asegurando la coherencia entre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la actuación en rehabilitación urbana. Y en promoción de la movilidad sostenible se avanza en distintas líneas de trabajo: en 2050 deberemos alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2; en línea con las pautas europeas, la demanda social y el desarrollo tecnológico, no más tarde de 2040 los vehículos deberán ser de cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido. La industria en nuestro país debe liderar el futuro de la movilidad sostenible con el apoyo necesario, y no quedarse anclada en tecnologías sin mirar, sin evolucionar en la dirección que marcan los marcos regulatorios pero también la demanda a la que han de hacer frente. Tendremos que trabajar en la transformación urbana, y los municipios de más de 50 000 habitantes, las islas establecerán zonas de bajas emisiones a no más tardar en 2023 para facilitar desplazamientos a pie, bicicleta u otros medios, mejorando el transporte público y adecuándonos a lo que ya viene siendo una realidad cada vez más frecuente e intensa en las capitales europeas. La adecuación urbana al escenario de nueva normalidad exige dar más espacio a peatones y ciclistas y facilitar la movilidad segura y la convivencia en el espacio público. El despliegue de infraestructura de recarga en determinadas estaciones de servicio o en el viario público nos obliga a establecer un mínimo de puntos de recarga, que previsiblemente deberá ampliarse a medida que la movilidad eléctrica conquiste cuota de mercado; para facilitar la detección de la infraestructura de recarga se establece un punto de acceso nacional. Y, por último, no podemos olvidar el transporte aéreo y marítimo, facilitando su progresiva descarbonización y las actuaciones en puertos y aeropuertos ligadas a reducir las emisiones de buques y aeronaves cuando están amarrados. El cuarto objetivo consiste en construir resiliencia climática, cómo hacer un país más seguro y capaz de anticipar los riesgos del cambio climático. Por primera vez la ley incorpora la necesidad de activar políticas de adaptación a los riesgos climáticos con los que ya convivimos. Es un ámbito de actuación tan importante como el de la mitigación, como el de la reducción de emisiones. Es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de la economía frente a los impactos del cambio climático, para la vertebración territorial y para la cohesión social en nuestro país. Se regulan por primera vez los elementos esenciales del Plan nacional de adaptación al cambio climático, como son la determinación de objetivos y su contenido básico. Su aprobación, el modo en el que se aprueba y el desarrollo posterior deberá hacerse con arreglo a los distintos programas de trabajo que se vayan consensuando en cada uno de sectores críticos. Pero lo más importante es que se aborda con un tratamiento sectorial, identificando algunas de las áreas clave, como son la gestión hidrológica, la costera, la territorial y urbanística, la edificación y las infraestructuras, la agraria, la forestal y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad. Este tratamiento sectorial asegura la integración de la perspectiva de la adaptación de forma horizontal en ámbitos fundamentales para el desarrollo económico y social y en sectores vulnerables ante impactos, de acuerdo con las proyecciones y escenarios climáticos. Se incluyen también elementos necesarios para reforzar nuestra respuesta, investigación, desarrollo, ciencia, observación, la fijación de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático que faciliten el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, así como su éxito y su impacto, y se incluye la necesidad de elaborar periódicamente informes de riesgos sobre la toma de decisiones por parte de los responsables públicos que puedan orientar las inversiones de sectores públicos y privados. Lo que no se mide ni se conoce no se mejora ni se maneja, y, por tanto, necesitamos tener un seguimiento. El quinto objetivo de la ley es ofrecer una visión compacta de la dimensión social en las políticas de transformación de nuestro sistema, solucionar problemas a corto plazo, al tiempo que preparar las habilidades profesionales y la adquisición de conocimiento para las demandas laborales de hoy y de mañana. Por una parte, tenemos una transición justa y, por otra, la educación y la formación para el empleo. El proyecto contempla los instrumentos para garantizar que la transición no deje a nadie atrás, estrategias de transición justa o convenios de transición justa que determinan con todos los actores locales instrumentos para garantizar la empleabilidad y la generación de nuevas oportunidades económicas en zonas afectadas por la transformación, como está siendo el caso ya con el cierre de minas y centrales térmicas de carbón. Y en educación queremos promover la inclusión de la educación ambiental en los curricula y los catálogos de formación, apostando por la capacitación en los empleos de futuro, que los jóvenes tengan oportunidades de empleo y que la carrera profesional sea mejorada, adaptada a integrada a las demandas de la sociedad periódicamente. El sexto objetivo consiste en mejorar el peso de la contabilidad nacional y la valoración del gasto público y privado, así como las decisiones de inversión y su compatibilidad con los riesgos climáticos, una Administración del Estado coherente con nuevas exigencias a la hora de elaborar la normativa, teniendo en cuenta a partir de ahora el impacto del cambio climático en términos de mitigación y adaptación a la hora de hacer uso de los ingresos obtenidos a través de la subasta de derechos de emisión, a la hora de evaluar las ofertas en la contratación pública o de buscar soluciones a la financiación internacional y a nuestros modelos de cooperación al desarrollo. En concreto, se propone, entre otras cosas, que el porcentaje de los presupuestos generales del Estado que contribuye a los objetivos de clima y energía sea equivalente al que se acuerde en el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Se propone la revisión de los subsidios a combustibles fósiles o también, en función de la dimensión del riesgo en cada una de las decisiones del sector privado, facilitar que los decisores y las estrategias empresariales entiendan y compartan la información de forma transparente con respecto a qué representa para el sector financiero y las grandes empresas su exposición al riesgo climático. Para ello, se introduce la obligación de presentar en materia de obligaciones de información no financiera un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos en un contexto de transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos; nada nuevo, otros muchos países de nuestro entorno lo están haciendo y contamos ya con un cuerpo de referencias importantes en el ámbito del sector financiero europeo e internacional. Las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023, acuerdo internacional ratificado por esta Cámara en el que se incorpora la obligación de que el conjunto de los flujos financieros vayan siendo de forma progresiva compatibles con la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de la neutralidad y la seguridad climática a más tardar en 2050. El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático periódicamente y se lo harán llegar a sus señorías. La última de las dimensiones de este proyecto de ley pretende mejorar la gobernanza a través de la creación de un comité de expertos y el fomento de la participación pública en materia de clima; un comité de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas, que habrá de elaborar anualmente un informe que deberá ser remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo con la participación del Gobierno. En definitiva, con este proyecto presentamos un marco institucional de acción coordinada para facilitar de manera predecible la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que regula la acción climática. Es decir, se establecen las condiciones para alcanzar la neutralidad climática con anticipación, ofreciendo certidumbre a todos los actores públicos y privados, facilitando espacios para el debate, la mejora y la actualización periódica. Yo diría, señorías, que con esta ley España cumple; cumple como país, aumentando su contribución a la lucha contra el cambio climático, tal y como nos comprometimos al ratificar el Acuerdo de París; cumple con la ambición que se ha fijado Europa, ya que queremos ser un continente neutro en emisiones no más tarde de 2050; cumple con la comunidad internacional, facilitando la respuesta multilateral de todos los países para lograr que el planeta avance lo más rápido posible y con las capacidades necesarias hacia una economía descarbonizada, pero lo más importante es que da respuestas a las demandas de la sociedad española, que reclama acción inmediata, sin desatender la justicia social intergeneracional, acompañando a los colectivos más vulnerables en el presente y con la mirada puesta en las generaciones futuras, a las que no podemos legar la hipoteca de un clima inestable. Ofrecemos un marco flexible, pero comprometido con las generaciones de hoy y con las de mañana. Por todo ello, les pido a sus señorías que hagan esta propuesta suya, la trabajen, la mejoren y faciliten su rápida adopción y su vigencia. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señora vicepresidenta. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Guille. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada la señora Borrás Pabón. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy venimos a esta Cámara a debatir la ley de cambio climático y transición energética, un tema de gran relevancia. Voy a ser muy clara y lo primero que quiero hacer es precisar que desde nuestro grupo parlamentario entendemos perfectamente la necesaria labor de cuidar de nuestros campos, nuestros océanos, nuestros valles y montañas, nuestra fauna y flora y de todo nuestro ecosistema natural. En VOX amamos nuestro país, amamos nuestro pueblo y nuestra tierra, y por tanto, pensamos que el verdadero conservacionismo ambiental, la protección y el cuidado de la naturaleza, se defiende con políticas que ayuden a reducir la contaminación y a preservar la biodiversidad de una manera responsable, realista y sensata. Sin embargo, ustedes vienen hoy aquí a vendernos un dogma paquetizado, una nueva excusa para imponer, de una forma u otra, su ideario intervencionista, liberticida y gravemente empobrecedor. Además, pretenden que compremos todo el pack. Pero nuestro grupo parlamentario no compra dogmas de ningún tipo, y menos si estos dogmas pretenden señalar como culpables a los españoles y atienden exclusivamente a intereses de élites globalistas para transformar, como usted bien ha dicho, radicalmente nuestra economía y hasta el modo de vida de los españoles. Ustedes vienen aquí a culpabilizar a nuestros agricultores y ganaderos, a nuestros hombres del campo y a nuestra industria de ser los causantes del cambio climático. Mientras ustedes criminalizan al ganadero español, al agricultor español y al cazador español, mientras convierten en el blanco de sus ataques al hombre del campo que se levanta cada mañana a cuidar de su granja, mientras ustedes hacen todo eso, en VOX nos dedicamos a recordar la importancia estratégica del sector primario español, algo que, además, hemos visto claramente durante esta pandemia. [[Aplausos.]] Es evidente que el calentamiento global existe, nadie lo niega porque es un hecho, una obviedad. Nosotros carecemos de posición propia en cuestiones climatológicas, y por eso en VOX queremos que sean los científicos - y no los políticos - los que tengan voz en este asunto. Precisamente, señora ministra, como usted ha dicho, porque escuchamos a todos los científicos - pero a todos, y no solo a una parte -, hay que decir que numerosos científicos se han pronunciado para denunciar que no existen evidencias empíricas sobre el cambio climático antropogénico, es decir, causado por la mano del hombre y que de hecho el CO2 es la base de toda la vida en la tierra. El clima ha evolucionado, evoluciona y seguirá evolucionando durante siglos, porque es cambiante. Por ejemplo, bajo el hielo del glaciar Mendenhall, en Alaska, han aparecido troncos rotos de lo que fue un bosque hace un millar de años, lo que demuestra la evidencia de un periodo incluso más cálido que el actual hace tan solo unos siglos. Este es un debate que debe continuar y deben ser los científicos los que den respuesta a esta situación. Sin embargo, como usted acaba de decir, ministra, en esta ley pretenden imponer una transformación radical del modelo productivo español para conjurar una supuesta amenaza, cuya nocividad y evitabilidad resultan, cuando menos, cuestionables. Quiero recordarles que las emisiones españolas de CO2 representan tan solo un 0,7 % del total mundial. Si después de empobrecer a los españoles con nuestros impuestos verdes y condenar a nuestra industria se alcanzaran los objetivos marcados por esta ley, nuestra incidencia en el volumen mundial de emisiones de CO2 sería de un 0,17 %. [[Aplausos.]] Si a esto le añadimos que el CO2 solamente representa un 15 % del efecto invernadero, habríamos atenuado dicho efecto en tan solo un 0,025 %. Sin embargo, este Gobierno propone objetivos climáticos utópicos y faraónicos para España - tanto que llegan a triplicar los objetivos propuestos por la Unión Europea - y tiende a transmitir la idea de que aquí somos más verdes que nadie, a cualquier precio, llevándose por delante miles de empleos y empresas y condenando tecnologías que podrían ser valiosas y competitivas. Esta transformación autoritaria y acelerada requerirá, según reconoce la propia ley también, inversiones de 200 000 millones de euros a lo largo de la década, todo ello en un momento en el que la OCDE se refiere a España como el país previsiblemente más afectado por la crisis, por la destrucción de empleo y el cierre de empresas tras la crisis de la COVID. El plan de este Gobierno obvia los posibles impactos de la pandemia. ¿De verdad que es ahora el mejor momento para imponer la aceleración de renovables? Para salir de la crisis a la que nos vemos abordados en este escenario pos-COVID, y teniendo en cuenta las nefastas predicciones de nuestra economía, fijar un nivel de esfuerzo superior al resto de países de la UE solo puede tener un impacto negativo para la competitividad de nuestras empresas. La reducción de emisiones solo podría alcanzar su objetivo si es emprendida coordinadamente por toda la comunidad internacional. Sin embargo, los países más emisores de CO2 del mundo, como Estados Unidos, China o India, no muestran ninguna intención de modificar su política energética o ralentizar su ritmo de crecimiento en aras de consideraciones climáticas. Por tanto, liderar la descarbonización, sin hacerlo de una manera coordinada y global, es tan irracional como absurdo. El Gobierno habla constantemente de una transición verde descarbonizada, pero, mientras tanto, se dedica a comprar electricidad proveniente del carbón de otros países, como Marruecos [[Aplausos]], que además, al no tener que pagar los correspondientes impuestos al CO2 - que sí que tenemos que pagar en España -, puede ofrecer una energía a precios competitivos. Es decir, nosotros ponemos en riesgo nuestra industria y destruimos empleo por sacrificarnos en ser más verdes que nadie, pero, ustedes, acaban comprándole energía a Marruecos. ¿De qué sirve reducir como país la emisión de CO2, si luego compramos a países que emiten el mismo o mayores niveles de CO2? Hablando de aprovechar el potencial del pacto verde y las ayudas europeas que usted también ha mencionado en su discurso, me gustaría recalcar que hemos desaprovechado millones de euros en fondos europeos para nuestras cuencas mineras. Si nos hubiésemos descarbonizado de forma progresiva, estaríamos recibiendo aproximadamente 1000 millones de euros al año, de los 305 que recibimos actualmente. Hemos perdido un 70 % de los fondos por esta urgencia imperiosa y totalitaria. En su ambicioso plan no solo aplican la cruzada contra los combustibles fósiles, también está en su agenda el abandono progresivo de la energía nuclear; una energía que, sin embargo, no emite CO2, lo que demuestra que esta ley no persigue, en realidad, reducir racionalmente las emisiones de CO2. La energía nuclear ha sido defendida, precisamente, por grandes referentes del movimiento ecologista, como James Lovelock, el padre de la hipótesis de Gaia, y diversos estudios científicos, como por ejemplo del MIT, que confirman que la energía nuclear es clave para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía. El cierre progresivo del sector nuclear, ya tremendamente penalizado - por cierto, en las últimas décadas por una onerosa sobrecarga fiscal que compromete su rentabilidad -, no solo dejaría sin empleo a treinta mil personas que trabajan en él de forma directa, indirecta o inducida - en su mayoría, por cierto, de la España vaciada -, sino que, además, agravará el encarecimiento del precio de la electricidad y dejará al país sin una fuente de energía segura, estable y barata. Retrocedemos también con esta ley en la eficiencia energética que aporta la cogeneración del sistema eléctrico, desatendiendo, además, las necesidades de competitividad de nuestra industria calor-intensiva, que mantiene más de doscientos mil empleos directos y cerca de quinientos mil empleos indirectos. Con su propuesta apuntan un calendario de cierre de las cogeneraciones, al no articular un correcto plan de renovación y extensión de la vida útil, que afecta directamente a miles de españoles y que genera mano de obra cualificada en muchos de los territorios de la España vaciada. Este es un planteamiento totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea. Ningún país realista pierde su producción más eficiente ni marchita la competitividad de sus industrias - ningún país, menos España, con este Gobierno -, sobre todo, porque, además, las energías renovables hoy por hoy no son gestionables. Las únicas potencias de respaldo que tenemos viables, baratas y estables son la nuclear y el gas, y ustedes, se las pretenden cargar. La Ley de Cambio Climático y el PNIEC hablan incoherentemente de neutralidad tecnológica, pero, en realidad, ustedes apuestan por la promoción autoritaria de las energías renovables, reservándoles una parte fija de la cuota en el mix energético. Nosotros entendemos que la introducción de renovables es muy positiva, claro que sí, pero también defendemos que las diversas fuentes de energía han de poder competir libremente, permitiendo que las empresas opten por las más rentables. Si se desea promocionar las renovables, debemos articular políticas que incentiven inversiones en I+D+i para aumentar su eficiencia y resolver problemas de intermitencia o de almacenamiento, pero, desde luego, no imponerlas por decreto. Igualmente ocurre con la movilidad del transporte, en donde también tratan de imponer objetivos que no están soportados por criterios de neutralidad tecnológica o de coste eficiencia. El uso de la electricidad en el transporte no representa cero emisiones de CO2, ni por la producción de electricidad que consumen, ni por su fabricación, ni por el reciclado de las baterías. Sin embargo, en su obsesiva ideologización de la tecnología, decretan que la panacea será el motor eléctrico, aunque planteen serios inconvenientes, y no solo de coste. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las baterías de los eléctricos cuando empiecen a romperse? ¿Estamos seguros de poder reciclar todas las toneladas de baterías sumamente contaminantes que va a suponer la entrada masiva de coches eléctricos? Por otra parte, la erradicación del motor de combustión interna que proponen provoca que se desincentiven las inversiones en ahorro de emisiones o que se experimente con biocombustibles, que serán imprescindibles para reducir las emisiones de otros sectores del transporte más difíciles de descarbonizar, como la aviación o el transporte marítimo. La ley, en su obsesión por erradicar los combustibles fósiles, desatiende además otros horizontes tecnológicos que permitirían también reducir el CO2 sin perjudicar la competitividad empresarial. Les estoy hablando, por ejemplo, de las nuevas tecnologías CCUS, carbon capture, use and storage, de captación de CO2, una tecnología que si bien todavía es incipiente permite la captación de dióxido de carbono para su aprovechamiento en el uso, por ejemplo, de fraguado de hormigón o como materia prima en la producción de polioles. Este tipo de procedimientos que generan rentabilidad resultan más compatibles con la creación de riqueza dentro del marco de la descarbonización que directamente vetar y prohibir las emisiones de CO2, pero, claro, para ello usted tendría que estar escuchándome, lo primero [[aplausos]], y además de tener que estar escuchándome tendría que importarle la generación de riqueza, competitividad y empleo en nuestro país. Con la nueva situación económica a la que nos enfrentamos, debemos reclamar y aprovechar los fondos europeos para cuestiones clave de nuestra economía, para inversiones en I+D que nos ayuden a impulsar nuestra industria, a mejorar nuestra competitividad, nuestras empresas y abaratar los costes de la energía. El precio de la energía en España es más caro que en la media de la UE, pero no porque no seamos competitivos, sino por la cantidad de impuestos y peajes que pagamos en la misma. Del mismo modo, debemos aprovechar estas ayudas para mejorar drásticamente nuestra capacidad de interconexión en un sistema que va a integrar cada vez más energía renovable - disponemos de un porcentaje insuficiente, ya que, como saben, tan solo disponemos de un 3 % del 15 % que recomienda Europa -, lo que además nos va a permitir en un futuro incluso exportar mayor cantidad de nuestro excedente de energía a otros países y generar también riqueza para nuestro país, y ya termino. Para concluir, la ley de cambio climático y transición energética rompe con la racionalidad científica y el realismo económico, condenando a España a la penuria energética y al empobrecimiento. En VOX sí distinguimos entre un sensato conservacionismo y el ecologismo radical que tratan de imponernos, empeñado en señalar culpables en lugar de buscar soluciones. La crisis del coronavirus sí es una crisis real que debe poner en perspectiva la crisis climática. Esta crisis ha matado a miles de personas y ha destrozado economías de todo el mundo. Por tanto, es necesario replantear desde los cimientos esta ley en el mayor beneficio e interés de España, y este debe ser nuestro único y principal cometido. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie.]]
Gracias, señora Borrás. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con mi voto favorable a esta enmienda a la totalidad manifiesto el rechazo de Foro al proyecto de ley presentado bajo el disfraz verde con el que Pedro Sánchez y usted misma, señora Ribera, se vienen camuflando desde los primeros instantes de su llegada a la Moncloa en junio de 2018, tiempo aquel en el que anticiparon a la Unión Europea, incluso sin estar constituido el Consejo de Ministros, un cambio radical en la política energética de España. Han sido dos años en los que ha ido empeorando paulatinamente la deriva energética, desde el atropello del Gobierno que se llevó por delante y sin alternativa a unos cuantos miles de puestos de trabajo en el sector industrial, hasta que se perpetró un proceso sumarísimo de descarbonización tras el que se escondía la desertización de las cuencas mineras y el cierre de centrales térmicas de generación eléctrica, mientras mantenía a todos los españoles pagando el recibo de la luz más alto de toda la Unión Europea. [[Aplausos.]] Ahora, durante la pandemia, y en pleno estado de alarma, el Gobierno culminó su particular revolución pasando del ecologismo de salón a los 'ecolojetas' al contado, como demuestran los cambios, colocaciones y recolocaciones en las cabeceras y consejos de administración de algunas instituciones, empresas y operadores muy bien retribuidos. Apelando a su revolucionario comienzo de esta tarde, diríase que esto de colocar a los amigos debe ser fraternidad solidaria. [[Aplausos.]] Eso sí, de la principal prioridad de los españoles, que no es otra que la creación de empleo, ni una palabra. Nos lo fía el Gobierno para dentro de una década, y si falla la previsión, la culpa es del coronavirus. En lugar de explicarnos cómo va a ayudar esta ley a reindustrializar, a crear tejido empresarial y empleo, el Gobierno se ha dedicado a destruirlo. Hace unos días se cerraron en España siete de las quince centrales térmicas, dos de ellas en Asturias, sin alternativa socioeconómica para las comarcas donde estaban asentadas. Contrasta semejante actitud con la de Alemania, que hace un mes inauguró una central térmica de carbón de 1100 megavatios, a la par que ha alargado el cierre de sus centrales térmicas hasta 2038. Aquí cerramos precipitadamente las nuestras y le compramos electricidad sucia a centrales de Marruecos, como señaló acertadamente la portavoz de VOX; es decir, mandamos a nuestra gente al paro y fomentamos el empleo en otros países. [[Aplausos.]] Señorías, tal vez el Gobierno crea en revoluciones como la francesa, pero, desde luego, no cree en el Parlamento. En defensa de las Cortes Generales y de la actividad parlamentaria afirmo que este proyecto de ley de cambio climático y transición energética culmina el monumental desprecio del Gobierno de Sánchez al amplísimo consenso político alcanzado a mediados de 2018 con el magnífico informe elaborado por una comisión de expertos en transición energética; un informe amplio y preciso que usted, señora Ribera, arrojó sin miramientos a la papelera, simplemente porque había sido encargado por el Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, hay que decir que esta comisión estuvo formada por expertos propuestos por todos los grupos parlamentarios en la XII Legislatura. Por el camino se ha quedado también el paripé del proceso de alegaciones abierto a principios de 2019 respecto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que ya daba señales de las irreflexivas medidas que amenazan nuestra soberanía energética y golpean la seguridad del suministro, la confianza y la competitividad. Asimismo, persiste el camelo socialista para eludir la rebaja energética que reclama con urgencia el sector siderúrgico. Más de año y medio después de haberlo comprometido, España continúa sin estatuto para el consumidor electrointensivo y el Gobierno se esconde ahora tras el Consejo de Estado para eludir la falta de respuesta a las alegaciones presentadas, entre ellas, las de Foro. Mientras PSOE y Podemos se hacían fotos con camisetas de protesta y posaban en las manifestaciones de los trabajadores, como en el caso de Alcoa en Galicia y en Asturias, otros presentábamos alegaciones y denunciábamos aquí en esta tribuna con nuestra voz y nuestro voto en contra las trampas y señuelos extendidos por el Gobierno de Sánchez para distraer al personal y no hacer nada para converger la situación cada vez más crítica de la industria. Este proyecto de ley es un pasaporte a la pobreza, al paro y a la ruina. Viene precedido del colosal fiasco de la Cumbre del Clima, la del catamarán, aquí en Madrid: muchos selfies, demasiada pose y ningún acuerdo. En vez de imitar lo que hacen bien otros grandes países homólogos de España, para este Gobierno lo relevante es la propaganda, aunque suponga desdeñar las políticas que se aplican en otras partes del mundo para ofrecer soluciones inteligentes, generar riqueza y crear empleo. Voy concluyendo. No tengo que alejarme de mi tierra para ver los efectos de esta forma de hacer política porque semejante desdén lo sufrimos los asturianos en primera persona con el cierre de la minería y ahora el de las centrales, a la par que el Gobierno posterga la puesta en servicio de la regasificadora de El Musel como una infraestructura básica y necesaria para impulsar el proceso de descarbonización gradual y para facilitar la sustitución del carbón por el gas en el mix de generación. En definitiva, ante semejante panorama, lo que procede, como le ha pedido la señora Borrás, es la devolución del proyecto de ley de cambio climático con que el Gobierno de su coalición socialcomunista empieza la casa por el tejado, llevándose por delante miles de puestos de trabajo antes de crear alternativas innovadoras para el empleo en el sector industrial y de servicios. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señor Martínez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Gracias, señora Guille. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
Arratsalde on. Eskerrik asko, presidenta. El efecto invernadero hace posible la vida. Los casquetes polares están aumentando el nivel del mar. No sube la temperatura global. No aumentan las emisiones de CO2, ayudan a la reforestación. La superficie de la Tierra ahora es más verde. El calentamiento global es bueno para ahorrar en calefacción. Todo esto y mucho más se dice en esta enmienda, que es la quintaesencia del mejor ejemplo del neonegacionismo climático, porque se ha pasado de no negar el negacionismo clásico y tradicional a afirmar que el fenómeno del cambio climático no implica problema alguno; se ha pasado a admitir el problema, pero atribuyéndolo a causas naturales, nunca a la acción humana. Desde aquel negacionismo clásico al neonegacionismo actual - y esta enmienda es un claro ejemplo de todo esto -, detrás de ese recorrido, subyace el mismo impulso, y detrás del mismo impulso, están los mismos actores: los principales productores de combustibles fósiles. Esta enmienda es una suerte de malabarismo continuo, con algunas perlas inefables, como las que acabo de leer, e incluso en cierto modo cómicas, como la muy reciente sensibilidad medioambiental que se atribuía a la izquierda, y otras más lacerantes, sí, como la pobreza, la opresión del género o el racismo que se presentan en esta enmienda como pretextos que la izquierda necesita para sus postulados. Estos fenómenos ya han sido superados - dicen - y la emergencia climática se convierte en un nuevo pretexto para el dirigismo de la izquierda. Lo suyo, señorías de VOX, es una hipocresía climática; una grave hipocresía porque en realidad saben que lo que dicen no es cierto, lo cual añade gravedad a su planteamiento. Dicen que dejan la ciencia a los científicos y que carecen de una posición propia sobre cuestiones climáticas, aunque acto seguido califican de irracional asumir lo que la mayoría de los científicos afirman. Dicen que dejan la ciencia a los científicos, y no es cierto que lo hagan, porque acto seguido niegan el consenso académico mayoritario en virtud de esa máxima que aplican y que se resume simplemente en mantener el sistema con todas sus consecuencias, sean estas las que sean, les da igual. El futuro de este planeta, exhausto y a punto del colapso por la acción humana, es cambiable y asumible, según, claro está, sean sus intereses. Esto no es nada científico, desde luego. La emergencia climática sí es científica, y también la labor de científicos, ciertamente, pero la postura de qué hacer frente al cambio climático es política. Ustedes niegan lo evidente, ponen en duda lo que ya está pasando, rechazan lo que la mayoría científica dice que está pasando. Para ustedes el deshielo del Ártico y de la Antártida es un espejismo, al igual que los más de mil glaciares que han desaparecido en las últimas décadas. Sabemos de sobra, porque lo dice el consenso científico, que el principal mecanismo implicado en el cambio climático y el calentamiento global es el efecto invernadero provocado, principalmente, por la acumulación de gases en la atmósfera y, en particular, por la acumulación de CO2 desde la Revolución Industrial. Se les podría rebatir párrafo a párrafo lo que dicen en la enmienda, pero no me voy a alargar mucho porque es la ciencia quien les refuta desde ya. Solo voy a añadir que en su última entrevista el célebre astrónomo y divulgador científico Carl Sagan - que no fue, por si no lo sabían, un militante de izquierda - pronosticaba que sin la ciencia las personas quedaríamos a merced del próximo tirano y farsante que pudiera aprovecharse del planeta y de sus gentes. Convendría no olvidarlo. En resumen, por los continuos exabruptos que atacan a la racionalidad y al raciocinio - y también porque Sagan tenía razón en su advertencia - votaremos que no a esta enmienda, porque es una enmienda que ataca a la razón, a la racionalidad, a la responsabilidad, a la vida del planeta y al respeto a las generaciones actuales y futuras. Eskerrik asko.
Muchas gracias, señora Aizpurua. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Arratsalde on. Vaya por delante que este grupo, el Grupo Vasco, no va a votar a favor de la enmienda a la totalidad de hoy. La aprobación de este proyecto, aunque llega con tiempo de retraso, para nosotros es una noticia positiva, ya que supone disponer de un marco regulatorio y, a su vez, de un proyecto que se va a erigir como elemento clave para garantizar la salida de la crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos. A pesar de que no existe consenso internacional sobre qué es la emergencia climática, sí existe consenso acerca de la existencia del cambio climático. Salvo contadas excepciones, todos los Gobiernos conocen el calentamiento global; los científicos nos avisan con informes rotundos y contundentes, y la climatología - lo estamos viendo y padeciendo -, también nos avisa con los desastres naturales. Por ello entendemos que el cambio climático es uno de los retos más urgentes y complejos al que tenemos que prestar toda nuestra atención. Hay que reconocer el problema y asumir compromisos políticos reales y vinculantes para que las políticas públicas respondan a través de actuaciones concretas y favorezcan, en definitiva, la transición energética a través de un marco regulatorio, que es lo que hoy nos ocupa con esta ley. Estamos ante una ley alineada, como bien se ha dicho, con los objetivos de Europa y, por tanto, con su estrategia de pacto verde. Ya lo dijimos cuando en esta Cámara se aprobó la moción de declaración de emergencia climática: la lucha contra el cambio climático es un desafío mundial que nos incumbe a todos y a todas, especialmente a las entidades más cercanas que conocen mejor las demandas y necesidades de la ciudadanía. En este sentido, los organismos internacionales han subrayado que el compromiso de las regiones es fundamental para abordar la crisis climática. Entendemos que la ley deberá esforzarse también en el reconocimiento del papel fundamental que juegan los entes regionales y locales en un Estado descentralizado y complejo como el nuestro, y en el que además la adopción de muchas de las medidas corresponde a niveles autonómicos, provinciales y locales como urbanismo, movilidad o economía. Este proyecto aparece después de que muchas comunidades autónomas, y particularmente la vasca, lleven años abordando la lucha contra este grave problema planetario, por lo que hemos dicho que la norma debe respetar y valorar el gran trabajo que en los últimos veinte años llevan realizando las comunidades autónomas, y en particular la vasca. Hoy se debate aquí también un proyecto que va a implicar un cambio de modelo socioambiental y de modelo energético, que va a afectar también a diversos y múltiples sectores y que va a suponer, desde luego, numerosos cambios, cambios en la forma en la que nos movemos y en la que generamos o consumimos energía. Por ello, consideramos necesaria una ley como esta, pero no hay que perder de vista que, en estos momentos, estamos viviendo una importante crisis económica y, por tanto, la transición justa tiene que prestar también una especial atención para que el tejido empresarial no se deteriore aún más en la consecución de los objetivos medioambientales. Según la doctrina constitucional, una norma de este tipo debe tener a la vista objetivos y políticas no solo medioambientales y energéticas, sino también el modelo vigente en materia económica de reestructuración industrial, empleo, cohesión territorial, competitividad de las empresas, formación de trabajadores, educación, etcétera - sentencia 87/2019-. Esto es lo que, ni más ni menos, vamos a pedir a esta ley en este justo momento en el que se está debatiendo su aprobación. Con la sensación de que algunos de estos ámbitos no se han visto, a lo mejor, ponderados en el proyecto, habremos de integrarlos en el trámite de enmiendas, entendiendo, además, que en muchas de dichas áreas las competencias autonómicas han de ser respetadas y reconocidas, marcando, eso sí, el Estado un círculo de coordinación que las contemple, y es que para coordinar, desde luego, tiene que haber competencias autonómicas que coordinar. Su contenido, por esa misión de coordinación de la ley que debe cumplir, ha de ser principalmente un contenido programático de establecimiento de líneas y objetivos para la ordenada y coherente consecución por todas las actividades sectoriales de las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Sobre la norma, no voy a ahondar demasiado, ya que lo haremos, como he mencionado, a través de enmiendas, pero sí me gustaría dejar enunciados algunos aspectos. En relación con los objetivos que instancias internacionales ya han marcado, desde luego, es correcto que el Estado fije los objetivos que a nivel del conjunto estatal deben alcanzarse, pero esto tampoco debería impedir que las comunidades autónomas puedan ser, a lo mejor, algo más ambiciosas. Sobre la planificación, apoyamos el modelo estatal que prevé instrumentos distintos para la mitigación y para la adaptación, pero también apoyamos la libertad de que los planes autonómicos, siempre que sean coherentes con el estatal, puedan establecer no solo los objetivos autonómicos adaptados a su realidad social o empresarial, sino también medidas e indicadores específicos a su realidad. No deben ser iguales las medidas en comunidades autónomas costeras que en otras interiores con problemas severos de erosión, por ejemplo. Los planes autonómicos deben poder incidir en las particularidades territoriales y la ley debe dar algún margen al respecto. En el plano estrictamente competencial, en la disposición final primera del proyecto se debería realizar un mayor esfuerzo por identificar los títulos competenciales en los que se sustentan los preceptos. Nada dice la ley de una reforma fiscal medioambiental y esto también nos sorprende un poco porque para realizar una transición energética - debida, básicamente, a la sobrecarga de impuestos que tiene la electricidad - sería necesario. Por último, varios aspectos que nos preocupan. En cuanto al artículo 12, la promoción de movilidad sin emisiones, consideramos que la ley debería adoptar un enfoque inclusivo y evitar medidas de prohibición sobre la tecnología del motor de combustión interna que, posiblemente, supondrían un desincentivo inmediato a la inversión para la mejora y desarrollo no solo de los motores, sino también de los combustibles que los alimentan. La reducción de emisiones en el transporte debería abordarse desde una perspectiva más amplia que el tubo de escape, puesto que el cambio climático es un problema global y las emisiones de CO2 tienen el mismo efecto, con independencia del lugar en el que se produzcan. En el artículo 18, sobre la costa, entendemos que hemos de preparar la costa ante el nivel del mar que viene y con ello la gestión jurídica de los títulos dominicales sobre este espacio, pieza clave en este entramado. El proyecto de ley propone una regulación en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, desatendiendo las justificadas advertencias de la legalidad que ha destacado el Consejo de Estado. Creemos que, a lo mejor, hay que valorar con mayor serenidad esta cuestión, viendo y equilibrando todos los valores que hay en juego. En cuanto a los convenios de transición justa que se han traído del derecho francés, en el derecho vasco ya están contemplados, pero entendemos que centralizar su firma en el Estado es un poco amplio; deberían respetarse más las normas de reparto competencial. La ley promueve los almacenamientos hidro, pero indica que desarrollará un reglamento para fijar las condiciones de almacenamiento y turbinado. Nos parece un tanto innecesario porque las condiciones de operación de todas las centrales ya están reguladas en las normativas europeas. En cuanto a que el Fondo de Eficiencia se prolongue hasta 2030, entendemos que, desde luego, es una buena medida, pero también creemos que este fondo debería incluir la cogeneración como medida de eficiencia y competitividad industrial, financiando esta medida entre todos los consumidores de energía. Por último, creemos que la ley debería atender también esa contratación bilateral que debe fomentarse, ya que no solo es bueno para el cumplimiento de objetivos renovables, sino también para la competitividad industrial. De hecho, en los electrointensivos lo están intentando fomentar, pero, a lo mejor, hay que ahondar un poquito más. Por todo ello y entendiendo que es una ley positiva, nosotros hoy vamos a votar en contra de esa enmienda a la totalidad. Gracias.
Muchas gracias, señora Sagastizabal. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
Gracias, presidenta. Señorías, debatimos hoy una enmienda de devolución de una ley con la que los sectores más afectados están de acuerdo, la necesitan, porque necesitan tener un marco jurídico que les permita seguir creciendo, seguir invirtiendo y seguir manteniendo la industria. Tanto es así que llevan años trabajando para adecuar a sus actividades, sus investigaciones de procesos y productos, y realizando inversiones que minimicen su impacto en el medio ambiente, adelantándose a la existencia de una ley como esta, y teniendo siempre como eje las decisiones adoptadas en la Unión Europea y en los diferentes acuerdos que se han tomado mundialmente a este respecto. Debatimos, por tanto, si escuchar a la sociedad civil y a los colectivos profesionales implicados, o, por el contrario, desestimar sus reclamaciones y darles la espalda por intereses políticos. Nuestra sociedad también demanda claramente medidas que son imprescindibles para asegurar el bienestar de las generaciones futuras, de los españoles de mañana. Llevamos años concienciándonos de que hay que reducir las emisiones de CO2, diseñar mecanismos de choque y adaptación al cambio climático y, en general, consolidar un desarrollo más sostenible. En nuestro país llevamos muchos años siendo conscientes de esta necesidad; diferente es que queramos esta ley tal cual la ha traído el Gobierno al Congreso de los Diputados. Desde Ciudadanos creemos que necesita muchas mejoras para que aporte la seguridad jurídica que necesita nuestra industria; es una ley que necesita cambios y consensos, y creemos que el Gobierno es consciente de ello, y si no lo es, se lo decimos hoy. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de una ley como esta, excepto VOX, que no son capaces de reconocer los indicios preocupantes como el calentamiento global, probado y refrendado con numerosos estudios científicos y también con el hecho de que mundialmente existe consenso sobre esta realidad. Esta enmienda a la totalidad que hoy debatimos se limita a solicitar la retirada del proyecto de ley con base en distintas consideraciones de tipo económico e ideológico de manera un tanto inconexa y prejuiciosa. Por un lado, se señala la excesiva ambición de los objetivos planteados tanto en el proyecto de ley como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo cual es una información verídica a la vista de los objetivos planteados por la Unión Europea para España. Por ejemplo, frente a la reducción del 21 o 23 % de gases de efecto invernadero respecto a 1990 que plantea el Gobierno, la Unión Europea exige a España retomar los niveles de aquel año referido. Asimismo, frente a un grado de penetración del 42 al 45 % de renovables sobre el consumo final de energía que plantean el PNIEC y el proyecto de ley, respectivamente, la Unión Europea plantea un 32 %. Es así, es cierto que este proyecto encierra una enorme ambición que, probablemente, quede fuera del alcance real en el que pueda materializarse; esperemos que no se dejen de alcanzar no por falta de voluntad política sino por fines propagandísticos. Sin embargo, esta ley no es razón suficiente para exigir la retirada del proyecto, ya que precisamente cabe la posibilidad de enmendar su articulado. Por otro lado, VOX sustenta su oposición en una agresiva confrontación ideológica en la que se pretende imputar el fenómeno del cambio climático a una cierta invención de la izquierda política, con el ánimo de generar nuevas divisiones y apoyos electorales a su favor. Aunque es cierto que la cuestión medioambiental, así como otras también muy importantes, corren el riesgo de verse supeditadas a la manipulación y utilización partidista, no cabe concluir que es una mera invención política, dada la evidencia empírica reiterada que ha quedado sistematizada a través de los trabajos de la IPPC. Digamos que, en este caso, VOX escucha más sus propios prejuicios que las conclusiones de la comunidad científica. Finalmente, VOX ampara su decisión en determinados artículos e incluso declaraciones de la titular de este ministerio, que con mayor o menor fundamento no motivan una enmienda de devolución, ya que se pueden plantear enmiendas al articulado de aquellos aspectos con los que no se esté de acuerdo o que se quieran mejorar, como precisamente sucede con la cuestión de la neutralidad tecnológica y el transporte, como venimos defendiendo desde Ciudadanos. Señora Borrás, todas esas iniciativas que ha puesto aquí y todos esos desacuerdos, ¿por qué no los lleva vía enmienda al articulado y construye? La oposición consiste en eso, en construir, en ceder y en negociar. Creo que el grupo VOX debería dejar este maximalismo de 'todo o nada', de 'conmigo o contra mí' y empezar a hacer política, a transaccionar, a dialogar, a negociar y, por qué no decirlo, también a ceder. Donde hay maximalismo no hay utilidad, señorías. Condicionar la lucha contra el cambio climático, que compete a toda la humanidad y a diversas generaciones, a las desafortunadas declaraciones de la ministra es, cuando menos, sorprendente como argumento. Por todo esto, votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad y seguiremos trabajando para proponer enmiendas que hagan que esta ley alcance objetivos razonables para que tenga un impacto adecuado para nuestra industria y para que ofrezca la seguridad jurídica necesaria. El cambio climático está aquí, es un reto para toda la humanidad. Señorías, el problema es suficientemente grave para afrontarlo peleados por un regate corto y mirando solo la letra pequeña y el politiqueo. Seamos responsables, hagámoslo por nuestros hijos. Muchísimas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señora Martínez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
Señora presidenta, señora ministra, el BNG coincide en que es necesario legislar para favorecer una transición hacia el uso de energías renovables que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para paliar y evitar en lo posible los efectos presentes y futuros del cambio climático. Por eso, nos resulta sorprendente a estas alturas esa actitud terraplanista que soportan las teorías negacionistas, por lo que, evidentemente, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad. Sin embargo, esta ley adolece, a nuestro juicio, de problemas, omisiones e inconcreciones que deben ser corregidas. Tal como está, no es nuestra ley e intentaremos mejorarla a través del proceso de enmiendas. En todo caso, en el escasísimo tiempo del que dispongo me referiré solo a dos o tres cuestiones. Para empezar, tal y como viene siendo habitual en las normas que emanan últimamente de este Gobierno, no se respeta la distribución competencial, de forma que muchos de los aspectos que regulan van mucho más allá del carácter de ley básica que se atribuyen e invaden competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, el BNG reclama una transición energética justa para Galiza y sabemos que solo será realmente posible si nuestro país asume plena soberanía para poder tomar decisiones sobre política energética y aprovechar nuestro potencial para un desarrollo autocentrado. El caso de Alcoa es un ejemplo de esta necesidad. Por cierto, el tiempo se acaba y el Gobierno no da soluciones. ¿Va o no el Gobierno a nacionalizar Alcoa? ¿A qué espera la ministra de Industria para la intervención pública de una empresa que para A Mariña es fundamental? ¿A qué espera la ministra de Traballo para salvaguardar los empregos nacionalizando la planta de aluminio? Acabo. Retiren de oficio el artículo 18, que, sin sentido, en esta ley modifica la Ley de Costas y perjudica gravemente al sector mar-alimentación, fundamental en Galicia y que además representa una actividad sostenible. En todo caso, anunciamos ya que va a ser una de nuestras enmiendas. Obrigado.
Muchas gracias, señor Rego. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
Señorías, desde Más PaísEquo votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad. Señorías de la ultraderecha, llegan ni más ni menos que diez años tarde a un debate superado y encima llegan con la bandera de la insolidaridad y el negacionismo de Trump y con el discurso del lobby de las nucleares. Así llegan ustedes a este debate. Pero me quiero dirigir al resto de las señorías de la Cámara. No tenemos tiempo que perder. De Kioto a París, pasando por el acuerdo fallido de Copenhague, ha habido veinticinco cumbres, doscientos países firmaron el Acuerdo de París y tenemos miles de científicos y de científicas trabajando. Necesitamos una hoja de ruta clara y valentía para llevarla adelante. En primer lugar, porque el fondo de recuperación europeo tendrá condicionantes psicológicos y necesitamos ser ambiciosos porque no podemos perder ese tren que es importante para nuestro país. La acción climática debe ser una herramienta de desarrollo social ligada al territorio, generadora de prosperidad y capaz de generar oportunidades e igualdad. En segundo lugar, una advertencia para las señorías del Gobierno. Nos hemos alineado con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática y debemos seguir alineados con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática. Para cumplir con la ciencia, España tendría que reducir el 55 % de sus emisiones para 2030 y conseguir la neutralidad climática para 2040. A día de hoy - hay que decirlo claro - eso no está contemplado en la ley. Hay tiempo para corregirlo y hay que ser coherentes. No se puede, por un lado, autoproclamarse como el Gobierno de la emergencia climática y, por otro, rechazar, con diversas maniobras, enmiendas para que las empresas rescatadas con fondos públicos cumplan con la fiscalidad y con el Acuerdo de París. Señorías, no tenemos un planeta B. No hay excusas. Tenemos toda la información sobre la crudeza de la emergencia climática, tenemos el consenso científico y el clamor de la sociedad civil y de la gente más joven en la calle. Utilicemos esa fuerza porque no tenemos ningún derecho a robarles su futuro, porque se lo debemos, señorías. Muchas gracias.
Gracias, señora Sabanés. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Gracias, presidenta. Señora Borrás, usted utiliza informes que, ciertamente, no acertaron en sus previsiones - porque las hay - para desmontar toda una lucha global contra el cambio climático. Ustedes en su enmienda dicen que, como las islas siguen existiendo y no están inundadas y había informes que decían que las islas no existirían en el año 2020, a los polos no les pasa nada. Esto es un poco trampa, porque igual es compatible que a los polos les pase algo - de hecho, hay evidencias científicas de que a los polos les pasa algo - con que las islas sigan donde estaban. Por tanto, ya le avanzo que, por sus criterios pseudocientíficos, vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad. Dice usted querer proteger a los agricultores. Yo le digo: ¿sabe cuál es la mejor manera de proteger a los agricultores? Hacer todo aquello que esté en nuestras manos para evitar que la temperatura del planeta suba. En la medida en que la temperatura del planeta suba y aparezcan nuevas especies no autóctonas en la región mediterránea, eso complicará la vida a nuestros agricultores y a nuestros trabajadores. En la medida en que las olas de calor sean más largas y más intensas durante el año, la labor y el trabajo de nuestros agricultores serán más complicados. Si queremos trabajar para facilitar la vida a los agricultores, a los que usted hacía referencia, lo primero que debemos hacer es saber que hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar que la temperatura del planeta siga subiendo. Decía usted que la lucha contra el cambio climático es un invento de la izquierda para poder seguir controlando la vida de los ciudadanos. Le recomiendo que lea a referentes de la izquierda europea como Macron o Merkel, que han escrito y han dicho cosas muy interesantes sobre la lucha contra el cambio climático. Es respetable que usted tome como referente científico a Steve Bannon, el mismo que plantea su colega Trump, pero no intente darnos por ciencia lo que no es ciencia sino, básicamente, estrategia política. Si usted se quiere desmarcar de la izquierda, busque la fórmula para hacerlo, pero no utilice esa pseudociencia que usted nos trae aquí. Nosotros no queremos esta ley de lucha contra el cambio climático, queremos otra ley. Vamos a luchar y vamos a defender nuestras enmiendas para que sea otra ley la que establezca un nuevo marco regulatorio. Por eso, tenemos ganas de que esa ley siga su curso, tenemos ganas de trabajar en esa ley, tenemos ganas de discutir sobre esa ley, porque hay cosas que no nos gustan. Nos parece que hay que acompañar mucho más a los sectores que deben transformarse y sufrir ese cambio para adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que acompañarlos, no hay que matar a nadie. Todos podemos salir más fuertes de esta transformación y de este cambio. Hay una cosa, señora Borrás, en la que sí coincido con ustedes. Usted dice - y cito textualmente -: VOX carece de posición propia sobre cuestiones climatológicas. Yo le diría que hay que ser muy valiente para reconocer que no tienen posición y presentar una enmienda a la totalidad de catorce páginas. Le agradeceríamos que el próximo día lo pongan en la primera página; nos ahorrarán la lectura del resto del contenido de su texto. Como decía, vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad, porque sí creemos en la lucha contra el cambio climático, sí creemos que es una lucha global y sí creemos que es una lucha generacional. También queremos poner en valor desde esta tribuna el trabajo de todos estos jóvenes que han destacado la importancia de la lucha contra el cambio climático para tener un planeta mejor en nuestros días y en un futuro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Miquel. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
Buenas tardes, señora ministra. Venía pensando qué versos de La Marsellesa iba a citar, pero temo salir de aquí acusado de sedición. De una forma u otra - buenas tardes, señora ministra -, estamos de acuerdo en que el reto no es ni tan siquiera de derechas o de izquierdas, sino del conjunto de la sociedad actual y futura, del planeta que queremos dejar a nuestros hijos. Estamos de acuerdo en que no se puede hablar de debate abierto. Estamos de acuerdo en que hay consenso en la comunidad científica. Estamos de acuerdo en que no es posible trabajar sobre hipótesis de crecimiento infinito en un planeta que es finito; la tecnología ayudará, pero hay que entender que los recursos son finitos y la vida se sustenta en relaciones de simbiosis con otras especies animales y vegetales, no con una lógica extractivista. Estamos de acuerdo en que la oportunidad es innovar y no tener miedo a los cambios para proteger al modelo anterior, largamente subvencionado; las externalidades de la fósil y la nuclear las pagan los ciudadanos y la naturaleza: se hacen trampas al contabilizar los costes. Estamos de acuerdo en que se debe atender al estado actual del conocimiento para no caer en la burda manipulación. Estamos de acuerdo en que medio ambiente o economía es un dilema falso; no solo no son contradictorios, sino que se presenta una oportunidad de hacerlos compatibles y mutuamente necesarios. La riqueza nos la provee el medio ambiente y, si lo desestabilizamos, la economía se desestabilizará también. Superemos, pues, ministra, este trámite y preparémonos para un trabajo intenso, responsable y de mirada larga para la que, si nos aplicamos todos con generosidad, creo que será la ley más trascendente, no ya de esta legislatura, sino seguramente de esta década. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señor Capdevila. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, yo no sé de qué patriotismo presumen ustedes, que se envuelven cada día en banderas e ignoran el mayor daño que puede sufrir un país, el daño a su territorio que está siendo destruido por el cambio climático; el territorio en que se asientan sus actividades económicas, en especial el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca; sus espacios naturales, que albergan la mayor diversidad de Europa, que está siendo destruida por el cambio climático; la destrucción de sus bosques, de sus playas, comidas año tras año por la subida del nivel del mar; la desaparición de las especies animales con las que compartimos esta tierra. Esto es lo que está ocurriendo, según todas las evidencias científicas. Han creado ustedes un nuevo concepto, que es el del conservacionismo verdadero, que nunca había escuchado. Pero, de verdad, si niegan ustedes el cambio climático como lo están negando, no hay conservacionismo posible; es contrario a la conservación de nuestro patrimonio natural. Piensen ustedes en sus hijos y en sus hijas. ¿Qué mundo quieren dejarles? Con la COVID-19 dijeron que no se nos había advertido de lo que estaba ocurriendo. Con el cambio climático, desde la comunidad científica nos están advirtiendo muy seriamente, desde hace muchos años, de lo que está ocurriendo. No hace falta irse al Ártico, no hace falta ir a buscar pinos debajo de los glaciares. Pensemos en España, en lo que dice la Agencia Española de Meteorología: que las temperaturas medias han aumentado 1,6 grados centígrados en nuestro país. Somos el país de la Unión Europea más afectado por el calentamiento global. Es que los veranos han aumentado cinco semanas su duración, según la Agencia Española de Meteorología, que no es un organismo bolchevique. Dicen: Dejen la ciencia a los científicos. Pues eso es lo que los científicos nos están diciendo. Es que el aumento de las temperaturas tiene impactos ya discernibles en nuestro país. Es que un 6 % del territorio de la península ibérica, 30 000 kilómetros cuadrados, han pasado a un clima semiárido. Es decir, están en un proceso serio de desertificación; estamos en un proceso serio de desertificación, y ustedes vienen a decirnos que esto no es así. El calentamiento es perceptible en los mares. Las temperaturas medias en el Mediterráneo están aumentando a razón de 0,34 grados centígrados por década desde principios de los años ochenta. Esto lo dicen los bolcheviques del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo; y, así, sucesivamente. El agua. Aemet ha hecho público, recientemente, un informe en el que se dice que las reservas de agua en nuestro país, la disponibilidad de agua se ha reducido en un 18 %, precisamente por ese aumento de las temperaturas, y que, como consecuencia de la evaporación y la evapotranspiración, el agua disponible se reduce. Es un problema enormemente grave. En definitiva, nuestro país es víctima - es víctima - del cambio climático. Tenemos la responsabilidad de pedir a la comunidad internacional que luche más y con más intensidad contra el cambio climático, porque nosotros somos víctimas - somos víctimas -, y ustedes vienen a decirnos aquí que no pasa nada. Si su enmienda fuera aprobada, sería un desastre para nuestro país, y estoy seguro de que ni ustedes mismos lo desean. Creo que es una enmienda de puro postureo y que no tiene nada que ver con la realidad ni de lo que ustedes piensan ni de lo que piensa la mayoría de los españoles, ni siquiera, por cierto, sus votantes, porque una reciente encuesta publicada por el medio bolchevique El Mundo habla de que el 91 % de los españoles considera que el cambio climático es un problema grave o muy grave; entre ellos, incluidos sus votantes; más del 70 % de sus votantes considera que el cambio climático es un problema grave o muy grave, y el cambio climático está causado - y así lo dice el consenso científico - por las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya han dicho todos los diputados y diputadas que me han precedido. Miren, quienes llevamos muchos años luchando contra el cambio climático sabemos muy bien que el negacionismo ha impedido avanzar y sabemos muy bien que está financiado por empresas que explotan los combustibles fósiles. Ya en el año 1992 el mundo se puso de acuerdo en la Cumbre de Río de Janeiro en que hacía falta un acuerdo global para luchar contra el cambio climático, pero esa niebla paralizante que es el negacionismo ha hecho que las emisiones no hayan parado de aumentar desde el año 1992 hasta hoy. Ya sabemos que muy pronto - ya en el año 1998- The New York Times, por ejemplo, publicó un documento del American Petroleum Institute en el cual se detallaba un plan millonario para reclutar a científicos y periodistas y entrenarlos en las relaciones públicas para ayudarlos a convencer a periodistas, políticos y al público en general contra el cambio climático, y así llevamos desde entonces, esto no se ha parado y ha impedido avances mucho más rápidos. Como digo, su negacionismo no es científico; ustedes ejercen otro tipo de negacionismo, que es el negacionismo puramente político, un postureo irresponsable que pone en riesgo nuestro medio ambiente y el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros, así como nuestro propio desarrollo económico. Están ustedes avivando el mismo fuego que Bolsonaro enciende al destruir el Amazonas, eso es lo que están ustedes haciendo. [[Aplausos.]] Y, miren, ya no estamos discutiendo la necesidad de descarbonizar la economía; estamos discutiendo cómo hacerlo de forma rápida, económica y socialmente justa. Ese es el reto y esa es la responsabilidad de esta Cámara. Europa apuesta por una salida de esta crisis en verde. Ahí estarán los recursos y el impulso que vendrá de Europa y ahí debe estar también España. Volver a posiciones negacionistas como las que ustedes defienden es dejar nuestra industria una vez más a la cola de Europa, en la marginalidad; eso sí destruiría miles de empleos. La propia ley, sin embargo, plantea la movilización de 250 000 millones de euros y la creación de más de 300 000 empleos. Se equivocan ustedes cuando dicen que España va a liderar. Precisamente antes de que empezara la COVID-19 tuvimos una reunión con la Fundación Europea del Clima a la que ustedes no asistieron, en la cual nos informaron de que la mayor parte de los países europeos - se los leo -: Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania, etcétera, tienen ya una ley de cambio climático. Por lo tanto, España no lidera, España va por detrás; desgraciadamente, llevamos bastante tiempo de retraso en esta ley y hemos tenido muchos debates en esta Cámara al respecto. Es hora de ponernos al día y por eso es urgente que esta ley se debata y salga adelante con aquellas mejoras que sean necesarias. Sobre el tema de la industria nuclear, ustedes se contradicen, porque si no hay cambio climático y el CO2 no importa, entonces la energía nuclear, que es la forma más cara de producir energía y es además la más sucia porque genera residuos radiactivos, ustedes me dirán para qué sirve. Por lo tanto, a ver si se aclaran sobre dónde se posicionan. En todo caso, lo cierto es que - insisto en ello - es imprescindible una ley de cambio climático. Llevamos muchos años hablando de ello; es hora de dejar las palabras y pasar a la acción. Es más, señorías, me permito terminar esta intervención pidiéndoles que hagan ustedes un gesto por las generaciones futuras y retiren esa enmienda. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señor López de Uralde. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Gil. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gago Bugarín.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, señora vicepresidenta. La lucha contra el cambio climático no entiende de ideologías y tampoco entiende que pueda estar sujeto al juicio moral de apropiación partidista de algunos grupos políticos que quieren generar su propia bandera. Nosotros entendemos que la lucha contra el cambio climático no es de unos ni de otros, sino que es una cuestión de todos. Es una exigencia económica, social y ambiental de primera magnitud en la que estamos comprometidos desde el minuto uno. Por ello, quiero mis primeras palabras que sean de aseveración, de aseveración de que este grupo parlamentario liderará la consecución de los objetivos acordados a nivel global y liderados por una integrante de nuestro grupo parlamentario en Europa, Úrsula von der Leyen, y ya desarrollados por la ministra Isabel Tejerina y el ministro Miguel Arias Cañete. Nosotros tenemos claro que llegamos tarde a la lucha contra el cambio climático, y llegamos tarde, señor López de Uralde, porque nosotros planteamos en 2018 una ley de cambio climático que ustedes tenían en la mesa y que no han querido apoyar ni aprobar, y llegamos tarde porque la señora vicepresidenta cuarta ha decidido que no era el momento de ponerlo en marcha cuando ha llegado al Gobierno y dos años más tarde deberíamos estar enmendando y mejorando una ley que ya estaba trabajada y ya había sido puesta en marcha por el Partido Popular. Ahora tenemos que ir corriendo para intentar cumplir, para no llegar tarde, como hemos llegado con el PNIEC y con otros planes acordados con Europa tarde, mal y a rastras. Respecto de la enmienda, lo que queremos decirles, señores del Grupo Parlamentario VOX, es que no son tiempos para el negacionismo. Nosotros no podemos apoyar una enmienda que pone en duda la incidencia del CO2 sobre el calentamiento global, que niega el deshielo de los polos o que dice que la ley de cambio climático es un paquete de medias catastrofistas que enfrentan a los españoles. Sinceramente, esto no lo podemos apoyar. Ustedes quieren caminar solos, ustedes quieren ir por su propio camino e intentar abanderar su propia bandera cambiándola de color y, en definitiva, honestamente, creemos que se equivocan. Señora vicepresidenta, debemos trabajar conjuntamente en el objetivo de descarbonización de todos los sectores económicos para el año 2050, pero plantear soluciones no puede significar acabar con el tejido industrial de nuestro país, no puede significar dejar a trabajadores en la calle, no podemos permitirnos perder la industria, la principal industria de aluminio primario en España y no podemos permitirnos atacar y poner en jaque a la industria marítimo-pesquera. Nosotros no podemos permitirnos generar un déficit en nuestro sistema eléctrico. Países como Finlandia, países como Japón, países como Alemania o países como Estados Unidos tienen otros ritmos distintos a los que usted está intentando marcar hoy aquí y, sin embargo, siguen apostando firmemente por las energías renovables. Fíjese, nos han marcado un calendario para el cierre de las centrales de activo energético, algunas de las cuales garantizan hoy, y digo hoy, el suministro; otras energías de base limpia, como son las nucleares, sin para ello tener una planificación alternativa que nos garantice la seguridad de suministro. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados como grupo parlamentario por la tarifa eléctrica y estamos preocupados por el futuro de nuestras industrias. De igual forma que nos han planteado un mapa de interconexiones irreal, con umbrales que difícilmente podrán llevarse a cabo, como el grado de interconexión con el continente europeo de 8 gigavatios fijado para el 2030 en el PNIEC, cuando solo están comprometidos, y ustedes lo saben, a nivel europeo en el año 2026 hasta 5 gigavatios, y eso siendo optimistas. En fin, ¿quién paga los errores de las decisiones de este Gobierno, señora ministra? En su gran mayoría, las pequeñas y medianas empresas y, desde luego, los consumidores eléctricos. Desde la era de Zapatero se han generado casi 28 000 millones de euros de déficit tarifario, un desvío que aún a día de hoy, quince años después, seguimos pagando todos los consumidores. En vez de estar preocupados y estar apoyándonos en enmendar el error que ustedes generaron, han hecho una constante demagogia en la lucha contra el déficit tarifario. Quizás deberíamos darle las gracias al señor Rajoy, cuya reforma del sector eléctrico - y usted lo sabe o lo debería saber - permitió cinco años consecutivos de superávit energético hasta que ustedes llegaron de nuevo al Gobierno, y otra vez, de nuevo, estamos incurriendo en déficit tarifario, y es que el cuento se repite una y otra vez cuando gobierna el Partido Socialista. [[Aplausos.]] No hace falta que le recuerde que hemos firmado los Acuerdos de París, que hemos puesto en marcha mecanismos para el registro de la huella de carbono, que hemos acordado con las empresas esa colaboración público-privada fundamental para la transición ecológica, una estrategia de crecimiento verde donde estaban incluidas las principales empresas de nuestro país. Todo eso ha sentado la base para que hoy usted pueda presentar por fin una ley de cambio climático en el año 2020. Pero analicemos, ya para terminar, lo que nos atañe hoy aquí. Necesitamos una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa, mucho más ambiciosa de la que usted nos trae aquí, pero no ambiciosa en el acortamiento de plazos, que en eso usted y su partido son líderes, sino ambiciosa en adicionarla, aprovechando la cantidad de los fondos de reconstrucción verde que se van a poner a disposición de los Gobiernos y sobre todo que se van a poner a disposición de las empresas. Esperemos que este Gobierno sea capaz de colaborar con las empresas para que podamos poner en marcha la infinidad de proyectos clave para el futuro energético, empresarial e industrial de nuestro país. Fíjese, cuestiones como el transporte pesado de mercancías por carreteras, que supone, según los datos oficiales del ministerio, el 7,5 % de las emisiones totales, no tienen acogida en esta ley, así como tampoco la insistencia en la potenciación del ferrocarril o la lucha contra la contaminación en el transporte. Tampoco hay ninguna referencia a las consecuencias de la implantación del teletrabajo. Son incapaces de modificar y de mejorar una ley cuando aún ni siquiera está aprobada. Acabamos de salir de una etapa histórica, del COVID; sabemos las consecuencias que eso ha generado y ustedes son incapaces, a pesar de las evidencias, de traer nuevas mejoras y de modificar los marcos regulatorios. Hay falta de estímulo, por ejemplo, para el uso de los combustibles alternativos, como ya se ha dicho. Efectivamente, nosotros creemos en los biocombustibles como alternativa, especialmente para el transporte pesado por carretera. Habla del vehículo eléctrico. En fin, yo creo que usted debería hablar de este vehículo en otros términos. Usted ha hecho un ataque directo a la renovación del parque automovilístico. Tenemos el parque automovilístico más envejecido de Europa -12,5 años -. Habla del Plan Renove, habla de la implantación del vehículo eléctrico y, sin embargo, es incapaz de instalar puntos de recarga que puedan materializar la implantación del vehículo eléctrico. Y termino, señora presidenta. Nosotros no creemos en la implementación, en la implantación y en la subida de los impuestos. Nosotros creemos en todo lo contrario, y ahí nos diferenciamos al cien por cien. Nosotros creemos que una bajada de impuestos permite la reactivación económica, y lo que tenemos que hacer es reactivar la economía favoreciendo esa transición energética y esa transición industrial, bajando impuestos y no cargándolos para hacérselo más difícil. Creemos una tradición, en definitiva, que aproveche las oportunidades que están por venir. Queremos que España sea líder a nivel industrial y a nivel tecnológico en los desarrollos disruptivos que se van a producir. Mientras ustedes están en el Gobierno tenemos la sensación de que nos vamos quedando poco a poco atrás. Por eso, haga un ejercicio de autocrítica, haga un ejercicio de humildad sosegada, de análisis de lo que está pasando...
Señor Gago, tiene que terminar, por favor.
Termino con una última frase. Desde luego que nosotros vamos a apoyar una ley de cambio climático si es dialogada, si es consensuada, si es adicionada y si es mejorada, pero lo que le digo es que hay una diferencia clara entre lo que ustedes hacen y lo que nosotros pensamos, y es que ustedes quieren llegar, igual que nosotros, el mismo día a Roma, es decir, el mismo día y a la misma hora en el año 2050 a la descarbonización de la economía, de los sectores económicos de España, pero usted lo quiere hacer a través de una única autopista con altos peajes y nosotros lo queremos hacer y queremos llevar a los españoles a través de muchas autovías y sin peajes. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Gracias, señor Gago. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Caballero Gutiérrez.
De las causas por las que el Grupo VOX podría haber presentado una enmienda a la totalidad de la ley, ustedes han elegido la del desacuerdo con el espíritu de la ley sin texto alternativo. Y yo creo que esto es lo que define verdaderamente su posición, porque ha sido un cúmulo inconexo, un batiburrillo de creencias y de prejuicios sin fundamento que eso sí que rompe de verdad con toda la racionalidad científica; racionalidad científica en la que hay un amplio consenso - y algunos de los que me han precedido han hablado ya -, porque el 97 % de los científicos expertos en este tema, reunidos en torno al Panel Internacional de Cambio Climático, han demostrado desde hace muchísimos años que el cambio climático existe y que la causa son las acciones del hombre. Por lo tanto, no se trata de un debate abierto en absoluto; es un debate que se cerró hace muchísimos años. Han demostrado, además, como decía mi compañero Uralde anteriormente, que España es un país especialmente vulnerable al cambio climático porque aquí es donde las temperaturas medias están aumentando más; aquí es donde son más intensos los efectos de las inundaciones y de la sequía; aquí es donde han disminuido un 18 % de media las precipitaciones y, por tanto, el caudal de nuestros ríos; aquí es donde hay una mayor pérdida de biodiversidad y aquí es donde los incendios se están haciendo cada día más graves. Además, España es el país europeo donde más aumentaron las emisiones de efecto invernadero desde 1990, según Eurostat. Por eso, y no por otra cosa, nuestra situación es exactamente de emergencia climática y por eso mismo rechazamos su enmienda, porque hace falta una intervención decidida ya para cambiar el rumbo de nuestro país en esta situación. El consenso científico es total, pero no solo; el consenso social también es abrumador. La encuesta a la que hacía referencia el señor Uralde anteriormente, que publicó El Mundo, la hizo el Eurobarómetro en marzo de 2020, en plena pandemia, y en ella curiosamente el dato más importante era que el 91 % de los españoles consideraba que este es uno de los problemas más importantes para nuestro país, estaban de acuerdo en que el presupuesto del Estado español debería ir en parte a mitigar estos efectos y además el 80 % todos los días toman acción para corregir sus efectos, es decir, que los españoles, señorías de VOX, ya están comprometidos con el cambio climático, están comprometidos con tomar acción. Solo ustedes son los que están de espaldas a la ciudadanía en esta cuestión. Este gran consenso se vio también en la votación que se produjo aquí el 17 de septiembre, cuando todo el Parlamento menos ustedes, señorías de VOX, votó a favor de que el Gobierno declarara la emergencia climática en España, tomando acciones transversales en todas las políticas para mitigar sus efectos. Y el Gobierno de España hizo esta declaración de emergencia climática en enero de este año 2020, junto con un paquete de medidas entre las que esta ley es el punto más importante. Pero no solo esta ley; el plan nacional de energía y cambio climático, que no se envió a Bruselas con nocturnidad y alevosía durante la pandemia, como dicen ustedes, sino que se había enviado un año antes ya y fue especialmente bien valorado en sus objetivos y en sus medidas. También el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático, porque no solo tenemos que mitigar los efectos del cambio climático sino adaptarnos a ellos. Y digo segundo porque el primero también fue realizado por un Gobierno socialista en 2006. Porque aquí quiero recordar que el Partido Popular es experto en pasar siete u ocho años en un Gobierno y marcharse siempre a punto, a punto, a punto de sacar las mejores leyes en conservación del medio ambiente pero sin haber sacado ni una sola. [[Aplausos.]] Y, junto a esto, también ha entrado ya en el Parlamento para su tramitación la ley de comercio de emisiones, para abundar en la mitigación; la ley de residuos; la estrategia de economía circular; los convenios de transición justa. Todo esto está ya en tramitación a pesar de la situación que hemos vivido. El consenso científico es total, el consenso social es total y el consenso político es casi total, como se ha podido ver aquí, porque solo ustedes están siempre al margen, siempre quedándose fuera de esa conciencia ciudadana que hay sobre la necesidad de tomar acción. El consenso volvió a verse en la Comisión de Reconstrucción que ha terminado recientemente, donde todos acordaron que el progreso en nuestro país tiene que ser alrededor de ese pacto verde, alineado con la Unión Europea - por cierto, pacto verde que hoy se verá en Bruselas -, impulsando una ley del cambio climático, una estrategia energética cien por cien renovable, un modelo de economía circular, edificios eficientes, movilidad sostenible. Y ustedes de nuevo se han quedado al margen de la reconstrucción de este país. [[Aplausos]] Por tanto, no se ha buscado en la emergencia climática una excusa para el dirigismo o para justificar la intervención coactiva del Estado en la economía y la sociedad, como han dicho ustedes. La realidad es justo la contraria, es VOX quien antepone unos principios ideológicos basados en la no intervención del Estado, que en román paladino se llama la estrategia del avestruz, que se traduce en el rechazo a establecer reglas de juego que reactiven y modernicen la economía de este país. Indica, además, que ustedes no han aprendido nada de la crisis que todavía estamos viviendo que, en primer lugar, ha sido una crisis biológica. Al destruir los ecosistemas y la biodiversidad hemos perdido la pantalla de protección que suponen los ecosistemas maduros frente al acontecimiento de las zoonosis, que es que pasen virus de otros vertebrados al humano, que no tiene defensas frente a ellos, la epidemia se convierte en pandemia y la crisis sanitaria se convierte en la mayor crisis económica y social que ha sufrido este país desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no han aprendido nada de esto y ahora es más evidente que nunca que no podemos separar las decisiones sanitarias o económicas de las medioambientales. Si la solución es, como ustedes plantean, seguir haciendo todo como siempre, obtendremos los mismos resultados que hemos obtenido siempre y que estamos viviendo ahora. Rechazamos su enmienda porque es obligación de este Gobierno dar respuesta al consenso general y sentar las bases para la reconstrucción del país, posicionando a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en la modernización de nuestra economía. Porque se estima una inversión de 235 000 millones de euros en diez años, el 80 % de ellos privados. Por lo tanto, es falso el incremento del gasto público que ustedes aducían. Creemos que se incrementará un 8 % el PIB del país y, además, habrá una media de 354 000 nuevos empleos. Todos ellos son datos netos, señorías. Rechazamos su enmienda porque no se trata de que España deba seguir comprometida con el medio ambiente pero no a cualquier coste, sino de evitar costes inasumibles derivados de la degradación ambiental y el cambio climático. España no trata de liderar la descarbonización sin esperar al resto de los países; muy al contrario, su proyecto se enmarca en el acuerdo de país y se incorpora al proyecto europeo de reconstrucción del continente, en el que la práctica totalidad de los países y de los grupos políticos están de acuerdo. Con respecto a la neutralidad tecnológica que han mencionado, el proyecto de ley no está en contra de ninguna tecnología, solo pretende que compitan en igualdad de condiciones y oportunidades, dejando de primar todas aquellas tecnologías que generan gases de efecto invernadero, excepto para las que no hay otra solución tecnológica de momento. Además, desde 2016 tanto la energía solar como la eólica mejoran en costes a la energía del carbón o del gas. Por otra parte, España apenas tiene recursos fósiles en el subsuelo; hoy no serían rentables las tecnologías que han mencionado del secuestro del uso del carbono, hoy en día no están maduras y no solucionan en absoluto el problema. En cuanto a la cogeneración, ya se ha aprobado el Real Decreto 23/2020, que tendrá que convalidarse y que ha sido aplaudido en el sector. Y con respecto a la energía nuclear, como ha dicho el compañero que me ha precedido, sostienen ustedes que es una energía limpia y barata, y eso es mirar la realidad con orejeras, porque no querer ver que ochenta años después de estar usando la energía nuclear no sabemos qué hacer con la toxicidad y radioactividad de los residuos y tenemos que almacenarlos esperando que se nos ocurra algo es negar la realidad de que es la energía más contaminante y es negar...
Señora Caballero, tiene que terminar.
... el efecto generalizado de la energía nuclear y de los accidentes en este país. Para terminar, señorías, el científico Eudald Carbonell, que es un antropólogo codirector del yacimiento de Atapuerca, sostiene que la crisis del COVID es el último aviso para que no colapsemos como especie, que solo se evitará esto si afrontamos con conciencia crítica de especie el problema global y corregimos nuestro rumbo de desarrollo. Nuestra especie, como ustedes saben, es el Homo sapiens, que significa el que sabe, el que tiene una cultura, el que la puede transmitir, pero un millón de años antes hubo otro Homo, el erectus, que significa el que se yergue, el que se levanta de cuadrúpedo a bípedo, que era mucho más musculoso, cazador. Señorías de VOX, ¿no les parece a ustedes que ya es el momento de ser un poquito más sapiens y un poquito menos erectus? Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Gracias, señora Caballero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]]
Pasamos al punto relativo al dictamen del proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Les informo de que la votación del dictamen, así como la votación de conjunto de la iniciativa por tener carácter orgánico, tendrán lugar en la sesión de mañana. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Hoy daremos en esta Cámara legislativa un paso importante en la buena dirección para transponer la Directiva 2016/681, conocida como Directiva PNR, cuyo plazo para su incorporación al ordenamiento jurídico interno expiró hace algo más de dos años. España es el último país de la Unión que tiene pendiente esta incorporación al derecho interno, lo que ha supuesto, como ustedes conocen, que la Comisión Europea haya decidido llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión en Luxemburgo. Pero, señorías, también les decía que hoy tiene visos de que aprobaremos en este Congreso de los Diputados incorporar la armonización de nuestras disposiciones legales a las del resto de los Estados miembros a fin de proteger a la ciudadanía frente a formas complejas de criminalidad grave, como lo son el terrorismo y la delincuencia organizada en veintiséis categorías de delitos graves, entre otros, la trata de seres humanos, la explotación sexual de niños y pornografía infantil, el tráfico ilícito de armas, la corrupción, la ciberdelincuencia, el blanqueo y la falsificación de moneda, delitos contra el medio ambiente, secuestros y tráfico de órganos, el homicidio voluntario, y así hasta veintiséis categorías de delitos graves, cuya prevención, detección, investigación y enjuiciamiento se hará como en el resto de países de la Unión, es decir, además de con los medios e instrumentos que hasta el momento contábamos, también con la recogida, tratamiento y protección de los datos personales del pasaje del transporte aéreo y su transmisión a las autoridades competentes para su protección, detección, investigación y enjuiciamiento. Entre esas autoridades se encuentran jueces y tribunales, el ministerio fiscal, el CNI, las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las policías autonómicas integrales y la Dirección Adjunta de la Vigilancia Aduanera en cuanto Policía Judicial. [[El señor]] Como les decía, con la aprobación del proyecto de ley orgánica que hoy debatimos estamos dando pasos importantes para la consolidación en la Unión de un espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia que proteja a la ciudadanía ante amenazas graves, tanto a través de unos estándares elevados de seguridad como a través de un marco jurídico garantista para la protección y tratamiento de los datos de carácter personal de los ciudadanos en cuanto que sean pasaje aéreo. Se cohonestan de esta manera distintos derechos y libertades como, por un lado, la seguridad y, por otro, la privacidad e intimidad de los datos personales, equilibrio entre derechos y libertades logrado tras una compleja tramitación en el seno de la Unión de más de cinco años y tras el debate que también tuvimos en esta Cámara hace ahora poco más de un mes, con ocasión de una enmienda a la totalidad que finalmente fue rechazada y que, de haber prosperado, hubiera supuesto el cuestionamiento de la primacía del derecho comunitario y, en definitiva, el cuestionamiento de la espina dorsal que mantiene unida a la Unión Europea que es su ordenamiento jurídico. Como tuve ocasión de manifestar en aquel debate, si un Estado pudiera decidir qué normas de la Unión se le aplican y cuáles no, la misma Unión se desmoronaría, tal como ha puesto de relieve la Corte de Justicia Europea, rechazando así de modo implícito un debate sostenido al modo de la teoría de la anulación defendida por John Carlton en favor de los Estados federados en los albores de los Estados Unidos de Norteamérica, frente a las leyes de la Unión que pudieran considerar inconstitucionales o simplemente inaceptables. En definitiva, señorías - y voy finalizando, presidenta -, con la aprobación de este proyecto, tras un intenso y respetuoso debate en ponencia y Comisión de Interior, a la vista de las distintas enmiendas planteadas, nuestro grupo parlamentario considera que se da un paso fundamental en su tramitación para la aprobación definitiva, coadyuvando así a una más completa consolidación, como les decía, en la Unión de un Espacio uniforme de Libertad, Seguridad y Justicia para una mayor protección de la ciudadanía ante delitos francamente graves, y por ello daremos nuestro apoyo al dictamen de la Comisión de Interior que hoy debatimos. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] A continuación, tiene palabra, por el Grupo Ciudadanos, el señor Cambronero Piqueras.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías, tarde y de las orejas, así debatimos hoy la aprobación del dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves, la directiva comúnmente denominada PNR. Somos el último país de la Unión Europea, se dice pronto, en incorporar una normativa que traspone la Directiva 2016/681, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Es parte del derecho comunitario y tenemos que incorporarla a nuestro ordenamiento obligatoriamente. Al sentimiento de vergüenza que acompaña ser el último país, hay uno incluso mayor, el de preocupación. Cómo explicar tanta desidia, y sobre todo tanta pereza, en la adopción de una norma que lo único que pretende es protegernos nada más y nada menos que del terrorismo y de los delitos graves. Cómo podemos explicarles a nuestros socios europeos que en España hay un pacto de Estado antiyihadista y que el Gobierno, uno de los partidos del Gobierno, se ha autoexcluido de ese pacto, los señores de Podemos. Es que, señorías, no solo nos hemos puesto en peligro nosotros mismos, sino que también hemos puesto en peligro toda la estrategia de seguridad de la Unión Europea. Estamos dilapidando la credibilidad de España en Bruselas y nos enfrentamos habitualmente a sanciones por ello; además, no nos sobra precisamente ahora el dinero. Es evidente que la situación actual no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el momento concreto en el que se creó esta directiva. Partíamos de una base en la que la mayoría de los Estados miembros habían aumentado su nivel de alarma debido terribles sucesos que costaron la vida a muchos europeos. En España estábamos y estamos en alerta 4 antiterrorista, uno de los niveles más altos y que más medidas concretas implica. Las vean esas medidas o no, las realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También que no las vean forma parte de ese plan. Vivimos la vuelta a la normalidad tras una terrible pandemia - que no ha acabado, por cierto - con decenas de miles de españoles fallecidos. Todavía no sabemos cuántos. Un confinamiento total de tres meses, con cierre de fronteras y bajo una terrible crisis económica que amenaza especialmente a uno de los sectores más importantes de nuestra economía, el turismo. A pesar de las palabras del ministro Garzón, es un sector esencial para nuestra economía. Señorías, es evidente que necesitamos abrir las fronteras y recibir turistas, y hacerlo además con todas las garantías de seguridad personal y sanitaria que los viajeros se merecen. Necesitamos seguridad, es un bien de primera necesidad. Hablamos, señorías, de la seguridad de todos los europeos. No creo que haya ninguno o, mejor dicho, casi ningún grupo político que lo cuestione, y digo creo porque precisamente Unidas Podemos, el partido del señor Garzón y del señor Iglesias, que gobierna con Sánchez, no está presente en el Pacto Antiterrorista, tampoco en el Pacto de Estado contra la violencia machista e intentaron reventar el Pacto de Toledo de las pensiones. Podemos entender así esa tardanza. Es la alergia a los consensos de Podemos. En cuanto a la tramitación de esta ley orgánica, tenemos que decir que durante su debate en la Comisión de Interior se han introducido enmiendas a su articulado para adecuarla al momento concreto que estamos viviendo y las especialidades de nuestro ordenamiento jurídico. Señorías, la fórmula secreta para conseguir aprobar normas tan importantes como esta es la que hemos ejercido en la Comisión de Interior: el consenso y los acuerdos con los sectores y los agentes afectados. Sé que hablar de consenso en esta Cámara en estos tiempos es un poco de ciencia ficción, pero en materias como estas, tan sensibles para la seguridad de todos, lo hemos conseguido. Hemos enterrado el partidismo, algo que deberíamos practicar con mucha asiduidad. Millones de familias dependen de las decisiones que podamos tomar en esta Cámara. Pensemos un poco más en ellas y un poco menos en el politiqueo. Seamos responsables y hagamos de la negociación y del consenso una costumbre. Así entendemos la política en Ciudadanos y así les invitamos a practicarla a los demás grupos políticos. Otra cuestión importantísima es que estamos hablando nada más y nada menos que de combatir el terrorismo. Hay grupos aquí presentes que eso no lo tienen claro e incluso les cuesta identificar el terrorismo a pesar de haber convivido comodísimamente muy cerca de él, de ahí la ausencia de Bildu en los trámites de esta ley orgánica. Además, vivimos un momento especialmente difícil. Bildu ha introducido a tres condenados por delitos relacionados con el terrorismo en el Parlamento vasco, lo cual como mínimo debería hacernos reflexionar. Y sí, vamos a seguir hablando de ETA. Aunque no les guste a los señores de Podemos, seguiremos hablando de ETA, porque necesitamos memoria, justicia, dignidad y reparación mientras siga habiendo 379 asesinatos sin resolver, mientras existan indignos actos de enaltecimiento del terrorismo y mientras se siga ejecutando el indigno acercamiento de presos terroristas. En Ciudadanos sabemos identificar perfectamente cuál es el enemigo de nuestra democracia y lo vamos a combatir con todo el peso de la ley y con la magnífica labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que aprobamos hoy no es más que un instrumento para conseguirlo. Debo decir que esta norma supone una mejora exponencial a nivel de seguridad de nuestras fronteras en la vertiente más importante en mi opinión. Por mi formación profesional, creo que la vertiente preventiva es la más importante para combatir directamente el terrorismo. Por lo tanto, votaremos sí al dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley orgánica. Ha generado un amplio consenso entre las fuerzas políticas, algo que podríamos extender además, como ya he dicho, a otras iniciativas, como así está proponiendo mi grupo parlamentario. Sin más, quiero agradecer, primero, el magnífico e ingente trabajo de la letrada que nos ha iluminado en el camino de esta tramitación y, después, a mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por concederme el honor de participar como ponente en la tramitación de una norma tan relevante para la seguridad de todos. Para un jurista y un policía no puede haber mayor honor. Señorías, España y Europa hoy son un poco más seguras gracias al consenso de los demócratas. La ley de la selva queda un poco más lejos y la democracia es hoy un poco más fuerte. Deberíamos felicitarnos todos por la aprobación de esta norma. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. [[Pausa.]] No está. Entonces, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
Gràcies, president. [[Continúa su intervención en catalán.]] Hay dos temas que nos preocupan respecto a esta transposición que hoy nos ocupa, y no es el contenido en sí, porque, al fin y al cabo, es prácticamente literal a la propuesta que nos llega de Europa, con alguna mejora trabajada en la ponencia y en la Comisión, pero nos preocupa, en primer lugar, que hayamos llegado dos años tarde y, en segundo lugar, nos preocupa cómo se va a interpretar esta directiva una vez aprobada. Esta directiva era una de las más de cincuenta pendientes de transponer. Casi la mitad de ellas se encuentran ya fuera de plazo. Esta, la PNR - algún compañero lo ha mencionado -, la 2016/681, es una de las que estaban pendientes y fuera de plazo; de hecho, fue aprobada en 2016 y la fecha límite para transponerla era el 25 de mayo de 2018. Como no podía ser de otra manera - otro compañero lo ha comentado -, la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha pedido que se impongan más multas. No entendemos cómo se llega a este punto de dejadez de funciones sabiendo que se enfrentan a multas millonarias. España tarda, de media, doce meses más que el resto de los Estados miembros en transponer directivas y también concentra el 70 % de las sanciones impuestas por retrasos en transposiciones de directivas. Dicho esto, se puede decir y se debe denunciar... [[Continúa su intervención en catalán.]] Y también se puede decir que la guerra judicial que ustedes han empezado la vamos a terminar nosotros, no la vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, y vamos a ganarla. El segundo punto que nos preocupa responde también a la guerra judicial a la que ahora hacía referencia. Porque, sí, la raíz del conflicto entre Cataluña y España es su falta de democracia, y la democracia siempre tiene que ver con todos y cada uno de los temas que aquí hablamos y debatimos, aunque a mí me llamen a la cuestión muchas veces por recordarlo. Decía que la otra cosa que nos preocupa es, una vez esta directiva esté traspuesta y aprobada, cómo van a interpretarla ustedes. Con esta directiva lo que vamos a combatir son los delitos graves y el terrorismo. Mi pregunta es qué es para ustedes el terrorismo. Porque las detenidas el día 23 fueron detenidas acusadas de terrorismo, y lo que tenían eran mechas de la verbena de Sant Joan. Con lo cual, ¿corro yo el riesgo de ser acusada de terrorismo por tener mechas de la verbena de Sant Joan y ser independentista? Yo en casa tengo las mechas de Sant Joan. Es evidente que sí, que yo y muchísimas personas corremos un gran riesgo. Termino. El problema no es la directiva en sí, porque la directiva está bien, es correcta, es necesaria y en los otros países ya la han aprobado. El problema es que la realidad en España es la que es. Por lo tanto, la pregunta del millón es quién va a decidir en España qué es y qué no es terrorismo, qué es y qué no es un delito grave. ¿Lo va a decidir el fiscal Zaragoza, que dice que celebrar un referéndum es delito, aunque se haya despenalizado? ¿Lo van a decidir aquellos que se niegan a investigar el terrorismo de Estado, que lo ha habido? ¿Lo van a hacer aquellos que se niegan a investigar el 17 de agosto? ¿Aquellos que espían, que persiguen y que encarcelan a la disidencia política? ¿O lo van a hacer los jueces patrióticos? Lo raro no es que yo salga cada día aquí a denunciar la vergüenza del Estado de España o las vergüenzas del Estado español, lo raro es que no lo hagan cada día todos y cada uno de ustedes. Llibertat presos polítics i exiliats, i visca Catalunya lliure.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
Buenas tardes, señor presidente. Señorías, me parece que hay algún pájaro en el hemiciclo y, antes de empezar, sería bueno verificarlo, porque cuando bajaba han hecho algún ruido de pájaro. En cuanto al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, al Grupo Parlamentario Republicano nos gustaría recordar que el PNR es un fichero centralizado que contiene de forma unificada la información que las distintas compañías aéreas recaban de sus pasajeros, y que incluye no solo sus datos personales identificativos, como nombres, apellidos, dirección, número de teléfono, sino también la fecha, el itinerario del viaje, el medio de pago, el número de tarjetas de crédito, información sobre el equipaje, y así hasta aproximadamente una veintena de categorías de datos relacionados con el tratamiento de las reservas de vuelo y su control. El objetivo de este tipo de ficheros es facilitar la persecución e investigación de delitos de terrorismo internacional y otras formas de delincuencia transnacional grave mediante la elaboración de perfiles de viajeros, según sus niveles de riesgo. En el Estado español, la libertad de expresión está secuestrada en los juzgados; su calidad democrática ha quedado muchísimas veces en entredicho, y la noticia que nos llega hoy desde el diario El País y el diario The Guardian nos reafirma en esta convicción. Es gravísimo que el móvil del president del Parlament de Catalunya, de la exdiputada Ana Gabriel y de un miembro de la ANC, el señor Jordi Domingo, fueran atacados por un programa espía israelí, de dominio exclusivo de los Gobiernos de los Estados. El dilema entre libertad y seguridad es un dilema que nosotras rechazamos porque sin libertad la seguridad es solo una ficción; también lo dijo el señor Néstor del BNG. La invasión colectiva de la intimidad de las personas y de los datos con carácter preventivo, sin evidencia de la comisión de delitos, nos parece incompatible con un Estado democrático y de derecho. Es importante recordar que el Grupo de autoridades europeas de Protección de Datos, que es un órgano consultivo independiente de la Comisión Europea, dijo en su día que el fichero europeo de datos de pasajeros, concebido para luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave, puede debilitar seriamente derechos como la protección de la vida privada y los datos personales de los viajeros, por lo que aconsejaban que, si el Parlamento Europeo lo aprobaba, se usase respetando el principio de proporcionalidad. Debemos preguntarnos todas: ¿es la Directiva PNR, la 2016/681, sobre el registro de nombres de pasajeros, incompatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? También debemos preguntarnos si viola el derecho a la protección de los datos personales y el derecho al respeto a la vida privada y familiar de las personas que compran billetes de avión. Para ejemplificar estas dos preguntas, diré que en 2019 miembros del EDRi y la Sociedad de Derechos Civiles de Alemania emprendieron acciones legales contra la Directiva PNR, presentando quejas ante el Tribunal de distrito de Colonia, Alemania. Este último remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2020 debido a las evidentes implicaciones del derecho de la Unión Europea contra la aerolínea Deutsche Lufthansa por transferir sus datos a la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania. La transferencia automática de los datos de las personas que compran billetes de vuelos internacionales permite a las autoridades analizar y almacenar mucha información confidencial. La directiva intenta conciliar dos inquietudes ciudadanas: la de la seguridad frente al terrorismo y los delitos graves, y la de la vigilancia permanente por los Estados como resulta detalladamente de la Agenda Europea de Seguridad. Que la lucha contra el terrorismo y los delitos graves sea un criterio susceptible de limitar los derechos fundamentales nos resulta muy controvertido; el problema está en la necesidad y sobre todo en la proporcionalidad de las restricciones. El desarrollo del PNR puede menoscabar la privacidad de la ciudadanía; seremos una ciudadanía de cristal, donde el Estado conozca muchos de nuestros datos personales. Sin embargo, tras los trabajos de la ponencia - con las diversas enmiendas aprobadas y las transacciones realizadas - reconocemos que el texto original ha sido mejorado, puesto que, en primer lugar, como dijimos en el debate de totalidad, nos preocupaba que la Agencia Tributaria constara como autoridad competente; ahora solo lo será la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, lo cual nos parece una mejora. Dos, la modificación que nos parece especialmente relevante es la del artículo 11, sobre el régimen jurídico aplicable al tratamiento de datos PNR. Resultaba inadmisible hablar de cesión de datos sin ninguna mención al control de dichos datos por el propio ciudadano o ciudadana. Ahora se contempla el derecho de acceso, rectificación, supresión y limitación de dichos datos, así como el de indemnización y derecho a recurso. Tres, por lo que respecta al artículo 2, celebramos que no se monitoricen todas las rutas nacionales, solo las explícitamente solicitadas y siempre justificando los indicios de riesgo de comisión de delitos graves. Aun así, seguimos pensando el Grupo Republicano - tal y como expresábamos en su día - que la definición de delito grave es demasiado amplia. Cuatro, en cuanto al régimen sancionador nos parece positivo que en la graduación de sanciones se tenga en cuenta la incidencia que el acceso a los datos PNR pueda tener sobre el derecho a la privacidad, datos personales, imagen y honor. Se trata de unas mejoras tan necesarias como insuficientes, por eso nos vamos a abstener, porque reconocemos el buen trabajo realizado, sobre todo por la señora letrada, pero no podemos estar de acuerdo con una directiva que a nuestro entender vulnera...
Señoría, debe finalizar, por favor.
Como digo, reconocemos el buen trabajo realizado, pero no podemos estar de acuerdo con una directiva que - a nuestro entender - vulnera derechos fundamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado. [[El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra.]] Señor Espinosa de los Monteros.
Señor presidente, pido la palabra sobre la base del artículo 103.1.
¿Y en referencia a qué en concreto, por favor?
La diputada Miriam Nogueras ha hecho un llamamiento a la libertad de los presos políticos, que es una expresión inaceptable y que el Poder Legislativo no puede permitir por suponer un grave ataque a nuestro Poder Judicial. Y, en segundo lugar, porque más allá de una breve salutación, que todo el mundo puede entender, en un idioma cooficial de alguna región de este país, ha tenido en su intervención varios pasajes en catalán sin que nadie la haya llamado al orden. Le ruego que en el futuro cuando usted presida, o cuando lo haga cualquiera otro miembro de la Mesa, llame al orden a cualquier diputado que no se exprese en la lengua nacional, que está recogida en nuestra Constitución como única lengua válida en esta Cámara. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muy bien, gracias. Tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la aprobación de este dictamen. Por ello, en primer lugar, queremos señalar una serie de cuestiones generales respecto de esta ley que ya han sido suficientemente explicadas aquí y sobre las que en consecuencia no abundaré: que este proyecto de ley, como se ha dicho, es el resultado de la transposición de una directiva europea de 2016, la Directiva 2016/681, y que los Estados miembros, como también se ha dicho, tenían hasta el 25 de mayo de 2018 para su transposición, y que España no lo hizo; asimismo, que actualmente el Estado español es el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha cumplido con esta obligación legal y que, como consecuencia de este incumplimiento, la Comisión Europea ha solicitado que el Tribunal de Justicia de la Unión imponga sanciones financieras a España, y esta sanción nos puede salir muy cara, justo en un momento en el que no estamos precisamente para malgastar dinero público en sanciones. En su intervención del pasado 11 de julio, el propio ministro dijo que estas sanciones podían ir desde los 20 000 euros por día desde el momento del fin del plazo hasta ahora y, en caso de que se emita la sentencia, de 90 000 euros por día en adelante cada día de incumplimiento. Pero queremos recordar que esto tiene un responsable, que no es otro que el Gobierno del Partido Popular, que estuvo al frente del Estado durante los dos años que desde las instituciones europeas se nos dieron de plazo para la trasposición de la directiva y con un ministro, el señor Fernández Díaz, que cuando no estaba aparcando su coche con el ángel Marcelo, estaba hablando con el diablo sobre Cataluña, y, cuando no, estaba conspirando mediante la mal llamada policía patriótica para atacar a sus adversarios políticos o para destruir pruebas que involucraban a su partido en los sucesivos e incontables casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, por lo que parece ser que con tanto ajetreo místico y criminal no tuvo tiempo para impulsar la trasposición de esta directiva. Señorías, de aquellos polvos del señor Fernández Díaz, estos lodos sancionadores que tan caros nos pueden salir, justo en el peor momento. [[Aplausos.]] Por tanto, como ya he explicado, urge la aprobación de esta ley, una ley que, por otro lado, pese a lo complejo y delicado de la materia a tratar, que afecta derechos fundamentales, entendemos que finalmente ha logrado tejer un correcto equilibrio entre la finalidad que la impulsa - la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado - y la correcta protección de nuestras libertades y derechos. La propia directiva ya recoge una serie de medidas garantistas que han sido escrupulosamente traspuestas a la ley que ahora debatimos; por ejemplo, la creación de una unidad de información de pasajeros, cuya labor será controlada por un responsable de protección de datos que velará por el correcto uso de los mismos y ante el cual los ciudadanos afectados podrán pedir las informaciones que consideren convenientes sobre el tratamiento de sus datos PNR. La existencia de una unidad nacional de control, a la cual el responsable de protección de datos podrá remitir sus demandas si cree que el tratamiento de algún dato PNR se hubiera realizado de forma ilícita. Asimismo, que los criterios para la recogida y evaluación de los datos no se podrán usar con intenciones discriminatorias y por ello no se basarán en ningún caso en el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la vida o la orientación sexual de la persona. Igualmente, que las peticiones de datos por parte de las autoridades competentes deberán estar debidamente razonadas y justificadas y que dichas autoridades no podrán tomar ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona únicamente en razón del tratamiento automatizado de los datos PNR. Además, a los seis meses de su recopilación los datos pasarán a ser despersonalizados y anónimos y en cinco años los datos deberán ser eliminados de modo permanente. No obstante, para mayor seguridad jurídica, en nuestro grupo parlamentario entendíamos que la norma precisaba de una alusión expresa a los derechos de los pasajeros como medio para garantizar una normativa garantista y protectora de los derechos de la ciudadanía acorde con la propia normativa española ya existente en materia de protección de datos, que, a nuestro juicio, es lo suficientemente garantista como para otorgar dicho carácter a la nueva ley. Por ello propusimos, junto con el PSOE, durante el trabajo en Comisión la incorporación de una enmienda al artículo 11, apartado 1, que así lo recogiera, enmienda que ha sido incorporada al texto que hoy debatimos y que servirá para garantizar que el régimen jurídico vinculado a esta normativa incluya la protección de los datos personales de los pasajeros y sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, indemnización y recurso judicial. Los derechos y las libertades de la ciudadanía siempre deben ser prioritarios en este tipo de normas y así hemos asegurado que lo sean. Por todo ello, aunque somos perfectamente conscientes del uso y abuso que se ha hecho de la lucha contra el terrorismo como excusa para llevar a cabo grandes recortes de derechos y libertades, y así lo hemos denunciado siempre que se ha hecho tanto en España como fuera, consideramos que esta normativa no encaja con dicho uso por lo que votaremos a favor, con el compromiso - sobra decirlo - de estar vigilantes desde el mismo momento de su aplicación de que así sea, así como de denunciar y luchar contra cualquier evidencia de lo contrario. Y, por cierto, ya que hablamos de terrorismo, antes de finalizar no me gustaría dejar de señalar lo curioso y peligroso que me resulta que siempre que se habla aquí sobre terrorismo - y creo que los diversos debates que se están dando en torno a esta ley lo demuestran - hablemos sobre organizaciones ya extintas, como puede ser ETA, o hablemos sobre terrorismo yihadista, pero se nos olvide hablar del que ya es hoy una de las principales amenazas terroristas en el conjunto de los países occidentales del mundo: el terrorismo de ultraderecha. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el ministro del Interior alemán, que la semana pasada calificaba este tipo de terrorismo como la mayor amenaza en la actualidad para la seguridad y la democracia de su país; un terrorismo que en los últimos años nos ha dejado matanzas tan atroces como la realizada en 2011 por Anders Breivik en Oslo contra jóvenes de las Juventudes Socialistas del partido en Noruega - setenta y siete muertos -, la masacre de 2019 en una mezquita de la ciudad de Christchurch en Nueva Zelanda -51 muertos -, la matanza de El Paso, ataque contra ciudadanos hispanos que dejó veintidós muertos o el ataque contra población extranjera en febrero de este mismo año en la ciudad alemana de Hanau, que dejó más de una decena de crueles asesinatos. Matanzas todas ellas en las cuales se observan siempre unos mismos patrones previos: el odio, la deshumanización y la criminalización por parte de la extrema derecha contra determinados colectivos que, tras ser señalados como una amenaza para nuestra sociedad, finalmente acaban siendo víctimas de estos y otros muchos ataques violentos. Mismos patrones y mismo veneno, sí, que se están aquí intentando ahora inocular por la extrema derecha a nuestro pueblo [[Aplausos]], por lo que supongo que esa debe ser la razón por la que se prefiere no hablar de este tipo de terrorismo en este Congreso porque, si alguna vez lo hacemos con seriedad, con rigor y con detalle, resultará muy fácil concluir que si en esta Cámara hay actualmente un partido político que por su ideario, por su práctica política y por su discurso pudiera ser el germen de un futuro atentado terrorista en nuestro país, ese es precisamente el grupo que ahora se subirá aquí a enseñar fotos de víctimas y a llamar terroristas a los demás. Ese y solo ese. [[Protestas.]] Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Señorías, señor Sánchez del Real, ¿se tranquilizan, por favor? Se lo agradezco. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario VOX el señor Sánchez García. [[Aplausos.]]
Con la venia, señor vicepresidente. En ejercicio de la Presidencia, mis palabras iniciales tienen que ser de reproche a esta Presidencia. No ha llamado al orden a la portavoz señora Nogueras.
Señoría, un segundo, por favor. El tema de la señora Nogueras ya ha quedado expuesto por su portavoz y, además, con la Presidencia no se debate. Cíñase, por favor, al punto que tiene usted encomendado.
Con el debido respeto, está usted equivocado. Los discursos en sede parlamentaria se dirigen siempre al presidente, no a la Cámara. [[Aplausos.]] Segundo reproche, no ha llamado a la cuestión al portavoz de Podemos, que ha hecho aquí una digresión disparatada.
Señoría, en segundo lugar y como marca el Reglamento, por segunda vez le pido, por favor, que se ciña a lo que tiene usted que transmitir a la Cámara. El señor portavoz de Podemos no ha mencionado a ningún partido político de esta Cámara y le puedo remitir al Diario de Sesiones.
No me refiero a eso.
Así que, por favor, cíñase al tema que usted tiene que tratar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. [[Aplausos.]]
De acuerdo. Aquí, aplauden; en otras localidades, con ocasión de comicios electorales, tiran tuercas. [[Risas.-Aplausos.]] Entrando en el fondo de la intervención, que va a ser muy breve porque se trata de una trasposición de una directiva sobre la que habido una cierta paz en los debates tanto en la ponencia como en la Comisión y se ha aprobado el dictamen sin grandes oposiciones por parte de ningún grupo, sí quiero mencionar la perplejidad del nuestro acerca de la redacción del artículo 2.3 y las enmiendas a la totalidad que se presentaron a este artículo - creo recordar, una de Esquerra y otra de Podemos - en relación con la ampliación que permitía la directiva de la transmisión de los datos obrantes en el registro del nombre de pasajeros en el caso de vuelos nacionales. Esto causa perplejidad, pero después de oír las intervenciones de los portavoces de tales partidos no tanto, porque aquí parece que se equivocan de objeto de la directiva. La directiva es relativa, en definitiva, a la adopción de medidas ordenadas a la persecución de delitos de terrorismo y otros delitos graves. Entonces no sé, ¿es que ustedes creen que no es posible que haya delitos de terrorismo o delitos graves en vuelos nacionales? ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el fundamento de esta excepción? En los vuelos nacionales no puede haber delitos de terrorismo ni delitos graves; en los internacionales, sí. Bueno, si alguien me da una explicación de esto que tenga un mínimo de rigor se la agradeceré. [[Aplausos.]] Nosotros hemos estado a favor de incluir la transmisión de datos obrantes en ese registro también para vuelos nacionales y al efecto formulamos una enmienda insistiendo, como pedía el dictamen del Consejo de Estado sobre un anteproyecto anterior, en que se mencionase el carácter extraordinario de la medida. También debo manifestarme acerca de otra enmienda que presentamos y que en su momento fue objeto de desistimiento por nuestra parte como lo fue por parte de algún otro grupo que también había formulado enmienda en el mismo sentido, acerca del artículo 4.2 sobre la conveniencia no tanto de remitir al anexo II de la directiva como de enumerar los delitos. Al final estas enmiendas estaban también inspiradas en lo que en su momento había dictado el Consejo de Estado, pero al final convenimos en que no merecía la pena y que el texto tal y como estaba formulado era suficientemente amplio y que no resultaba lesivo el principio de legalidad penal y que incluso podía recoger más delitos. En definitiva, no tenemos gran cosa que decir sobre esta trasposición. Sí creo que merece la pena que insistamos, después de las intervenciones de algunos grupos. Me refiero a la señora Carvalho, a la que yo felicito porque habla usted muy bien español pero le sirve a usted de poco, porque dice usted bastantes disparates, todo los que puede por segundo, [[Aplausos]], de modo que no sé si tiene gran utilidad. La señora Carvalho ha tenido una intervención completamente desatinada, ha llegado a decir que en España se persigue la libertad de expresión por los juzgados. No sé, esto es una cosa un poco extraña, yo no conozco a jueces que estén dedicados a ir persiguiendo la libertad de expresión de nadie; serán los que conoce ella, pero de nuevo me gustaría saber quiénes son. Supongo que si lo hacen habrán sido debidamente sancionados y si no que los denuncie. Además ha dicho cosas verdaderamente sorprendentes como que, en definitiva, la persecución de los delitos no podía suponer la represión o la limitación de derechos individuales. Vamos a ver, esta señora, francamente, es que no sé viene de Brasil o del planeta Marte. Porque no se entiende nada. Los delitos, si lo son, se persiguen con arreglo a las leyes penales que los castigan, y las leyes penales cuando se aplican ordinariamente llevan consigo la limitación de derechos, claro; una limitación, la más severa, es la privación de libertad mediante la imposición de una pena. Entonces, ¿de qué se sorprende? [[Aplausos.]] ¿De qué se sorprende? En cuanto al portavoz de Podemos - y concluyo -, se ha recibido al terrorismo de ultraderecha. Nosotros condenamos todos los actos terroristas. La directiva no distingue. Él se ha empeñado aquí en distinguir entre el terrorismo yihadista, el terrorismo - no sé cómo lo ha calificado - de filiación, el de ultraderecha. Nosotros condenamos todos. La directiva persigue todos, es una norma que trata de facilitar la persecución y la represión de todos los delitos de terrorismo y delitos graves en general. Entonces, francamente, esta intervención no entiendo qué relación guarda con este proyecto de ley y, si lo que ha pretendido es - no lo sé - establecer una discriminación cualitativa entre terrorismos, pues él sabrá lo que hace. Tampoco me sorprende mucho. He concluido. Gracias. [[Aplausos del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.]]
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]]
Con la venia, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular para apoyar el dictamen de la Comisión de Interior relativo al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves. Es verdad, como se ha dicho bien aquí, que es inaceptable la tardanza del Gobierno en traer este proyecto de ley. Llevan dos años ya en el Gobierno y han tenido tiempo suficiente para hacerlo, pero no lo han hecho. De cualquier manera, señorías, quiero destacar y reconocer el trabajo de la Comisión de Interior, en general, por el alto grado de acuerdo alcanzado; un consenso que fue construido básicamente por el Gobierno del Partido Popular cuando era ministro el señor Zoido, que supo aunar criterios y conseguir que disfrutemos del consenso que hoy tenemos. Señorías, quiero dar las gracias al que fuera ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a todo su equipo y también a nuestra portavoz de Interior en el Congreso, la diputada doña Ana Vázquez. [[Aplausos.]] Señorías, el terrorismo es una lacra que siempre acecha y hemos de estar preparados con los mejores instrumentos posibles, de eso se trata, también contra los delitos graves que enumeraba en su exposición el señor Legarda y que traía la directiva y ahora incorporamos. Esta ley nos va a permitir crear una unidad especial que tenga acceso a la información de los desplazamientos de personas perseguidas por la justicia o de posibles células terroristas. Es la unidad sobre información sobre pasajeros española, la UIP. El cruce de datos entre los distintos países es fundamental para que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan atacar y desbaratar los posibles planes terroristas. Esta norma que hoy presentamos en el Congreso será también un instrumento muy valioso para la cooperación de las distintas investigaciones judiciales dentro de la Unión Europea y desde la Unión Europea hacia el resto del mundo y, a su vez, hará posible el intercambio de esos datos entre los servicios de inteligencia de muchos países y asegurará que los mismos sean manejados con responsabilidad y con diligencia. Nada de que los datos estén aflorados continuamente para todo el mundo, no, se prevé un sistema donde la unidad de información lo que hace es manejar esos datos con responsabilidad y con diligencia para investigar y enjuiciar esos delitos de terrorismo y delitos graves. Señorías, como decía, el terrorismo no conoce fronteras, y, por consiguiente, le vamos a responder, así lo hacemos con este proyecto de ley, de la misma manera, porque no nos va a encontrar el terrorismo atascados en una burocracia transfronteriza, no, nos va a encontrar prevenidos y preparados para actuar contra el mismo. En esta tarea nos habilitamos ahora con un gran intercambio de datos, así como de un determinante aumento de la colaboración, como decía, entre los distintos países de la Unión Europea que ya han implementado la directiva de origen de esta ley orgánica, porque la lucha contra el terror no tiene fronteras. Si los terroristas quieren utilizar Internet para expandir su veneno como lo viene haciendo con persistencia el yihadismo, nosotros utilizaremos Internet de forma más potente y manejaremos una base de datos como nunca se haya visto para atrapar a los terroristas y acabar con sus enloquecidos planes. No encontrarán lenidad, tienen y van a encontrar en nosotros dureza, firmeza, preparación y responsabilidad. Con esta ley enviamos un mensaje al mal, vamos a estrechar el cerco al terrorismo; ningún delito va a quedar impune, ni habrá blanqueamiento del terrorismo ni habrá descanso hasta que atrapemos a los criminales y estos sean juzgados. Señorías, la amenaza del terrorismo es real y no descansa, pero la superaremos. En la Unión Europea y en el mundo ya saben de lo que somos capaces los españoles, lo mismo que acabamos con ETA acabaremos con cualquiera que quiera dañar nuestra sociedad, sea terrorismo yihadista, sean mafias organizadas, cualquier otro tipo de terrorismo, sean quienes sean; que ello siempre quede claro y que nunca quede ningún atisbo de duda. Este es el mensaje que les enviamos a los terroristas, pero hay otro mensaje muy importante, señorías: el mensaje a las víctimas del terrorismo, a las que tenemos que respetar. Y cuidado con los discursos que se hacen aquí por algunos grupos políticos. Aquí no cabe demagogia ni discursos del tipo que hemos visto aquí; aquí cabe responsabilidad, señorías, y el que haga ese tipo de discursos hablando del terrorismo con esa frialdad y con ese menosprecio quedará retratado ante la sociedad española y ante el futuro de España. [[Aplausos.]] El mensaje a las víctimas es que les tenemos presentes en nuestra tarea legislativa, que muchos días de lluvia y todos los días nos acordamos de sus lágrimas, que los días soleados y todos los días sentimos la ausencia de sus seres queridos, y que siempre compartimos su dolor, y no habrá un solo día en que no honremos su memoria. Ayer, señorías, se cumplían veintitrés años del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista de ETA; nuestro héroe, Miguel Ángel Blanco, y si alguien piensa que puede o que va a borrar de la memoria de España su legado es que no conoce nuestra capacidad de resistencia. Él y otras muchas víctimas abonaron con su sufrimiento las raíces de nuestra libertad, por eso hoy crecen con nosotros, son parte de nuestra propia vida y seremos recios, muy recios contra todo aquel que quiera manchar esa memoria. [[Aplausos.]] Hoy señorías, hoy - y no podía dejar de mencionar esto - hace treinta y cuatro años ETA asesinó a doce agentes de la Guardia Civil en Madrid, con un coche bomba; nuestra memoria también está con ellos, con sus familias, aquí estamos para nunca olvidarles. [[Aplausos.]] A las víctimas del terrorismo de ETA, a las víctimas del terrorismo yihadista y a todas las víctimas del terrorismo les rendimos tributo y honor permanente. Atocha en Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York y tantas y tantas ciudades del mundo; durante tanto tiempo Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Madrid, Navarra y España entera y tantas familias golpeadas por el terror han de tener en su horizonte nuestro cariño, nuestro trabajo y nuestra seriedad. Quiero saludar muy especialmente a Teresa Jiménez-Becerril y Jaime Mateu porque son una referencia en nuestro grupo parlamentario [[Aplausos]] y queremos desde esta tribuna - y voy concluyendo, señor presidente, con su venia - mandar un fuerte abrazo a las víctimas de todos los valientes que eran concejales o cargos públicos que dieron su vida por nuestra libertad; a los miembros del Poder Judicial que cayeron en acto de servicio a la patria, a los funcionarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dejaron su vida sirviendo a España y a los españoles y a todos los ciudadanos que perdieron su vida a manos de la vileza y la sinrazón terrorista, todos ahora son memoria viva para todos nosotros, sus nombres de héroes están inscritos en el más grande pilar de nuestra historia. Nunca los olvidaremos y vamos a trabajar siempre, y vamos a trabajar siempre, que no le quepa a nadie la menor duda, por su memoria. Nada más y muchas gracias. [[Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella Gómez.
Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, sometemos al Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Interior sobre el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos PNR con fines policiales. Creo que ya podemos ir abreviando un poco el largo título de nuestra Ley Orgánica de trasposición de la directiva, puesto que llevamos ya toda la sesión hablando de su título. Me gustaría destacar que este dictamen que presentamos hoy, que sometemos a la Cámara, fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros el pasado 30 de junio. Señorías, con este acuerdo, digamos acuerdo legislativo, se pone de manifiesto, y esto es lo que a mí me gustaría destacar, que, cuando nos lo proponemos, sabemos estar a la altura que la ciudadanía requiere de nosotros, especialmente en el ámbito de la seguridad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 20 de junio en su comparecencia sobre el fin del periodo de transición hacia una nueva normalidad dijo una frase que a mí me parece que fue muy inspiradora para lo que ha sido el sentido de nuestro trabajo en esta Comisión: Lo eficaz, lo que tiene sentido en estas horas tan críticas es cooperar. Y con ese espíritu de cooperación hemos estado trabajando y me quedo con la experiencia positiva de toda esta tramitación y con la normalidad institucional con la que el Partido Popular y el Partido Socialista hemos compartido en respectivas etapas de Gobierno la redacción y operativa que supone esta nueva Ley Orgánica PNR. Me quedo con la capacidad de cooperar y avanzar los diferentes grupos más allá de intereses partidistas, anteponiendo las necesidades de la ciudadanía. Es un momento importante - y me alegra haber coincidido porque creo que lo decía también el diputado del Grupo vasco, Mikel - porque se trata del segundo intento de tramitación de esta iniciativa y que decayó por la convocatoria adelantada de las elecciones en el mes de marzo de 2019. En el debate de totalidad del pasado mes de junio dije que el Gobierno había cumplido - me alegra que tengamos hoy aquí la presencia también del ministro del Interior - y lo dije porque se hizo un gran esfuerzo en muy poco tiempo para lograr recuperar ese tiempo que se había perdido y poner en pie esta iniciativa que somos bien conscientes de la premura con la que teníamos que cumplir el mandato europeo porque la directiva venció en mayo de 2018, fue justo antes de la moción de censura, y teníamos abierto un procedimiento de información con una posibilidad de doble multa. Por ello quiero tener un especial recuerdo para los funcionarios del ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hablaba el diputado del Grupo Popular de los equipos del señor Zoido. A mí me gustaría destacar los equipos del ministerio, esos equipos profesionales que están en la base de la institución, que trabajaron en aquel momento y que han trabajado con el anterior equipo con toda la normalidad. Es verdad que hay unas directrices políticas, quizá las que tuvieron en aquel momento no eran de tanta urgencia y las nuestras sí que fueron de mayor presión porque realmente el Gobierno estaba muy preocupado por que se cumpliera con esa rapidez. Así que me gustaría tener un recuerdo para ese personal del Ministerio del Interior que además ha diseñado un complejo operativo técnico dentro de lo que es el Citco y el esfuerzo que hicieron también para desbloquear en poco tiempo este proyecto de ley que estaba terminado, pero también estaba paralizado antes de la moción de censura. En honor a la verdad, me gustaría decir que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en fecha 20 de junio de 2018, cuando se incorporó este Gobierno, se encontró con ochenta y dos directivas pendientes de trasposición, ochenta y dos, de las cuales treinta y una tenían plazo vencido como esta del PNR. Seis meses después, el número de directivas pendientes de trasposición había bajado a sesenta y una, de las cuales veintidós tenían el plazo vencido. Creo que el esfuerzo que se hizo en aquel momento también es digno de mención simplemente en honor a la verdad. Desde marzo de 2019 a enero de 2020 la parálisis parlamentaria que ha sufrido este proyecto de ley ha sido obviamente por el calendario electoral que hemos tenido en este país. Pasando a otro ámbito, me gustaría dirigirme a los ponentes designados por los grupos parlamentarios. Son las personas que han estado trabajando a lo largo de este tiempo en la tramitación de la ley. Hemos sido muy conscientes de la necesidad de avanzar con mucha urgencia en la tramitación parlamentaria y, por ello, me gustaría hacer constar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y especialmente de los tres compañeros que formábamos parte de la ponencia, nuestro reconocimiento a todos ellos por su dedicación a este proyecto en circunstancias no siempre fáciles, porque ha coincidido plenamente con la pandemia y con la crisis del COVID. Creo que su trabajo, sus enmiendas y las enmiendas transaccionales alcanzadas han tenido un alto sentido constructivo en la mejora del texto de la ley, desde cuestiones de fondo a aspectos gramaticales y mejoras técnicas; algunos de los ponentes ya se han referido a ello. En este capítulo de agradecimientos, por supuesto, quiero y debo reconocer expresamente el trabajo de la letrada de la Comisión, doña Rosa Ripollés. Señorías, me gustaría decirles que partiendo de donde veníamos y hasta llegar a esa unanimidad que conseguimos en el dictamen el pasado 30 de junio ha habido un trabajo que hacer de aproximación y de unión, como bien han destacado los ponentes, para lograr ese acuerdo y para que el proyecto saliera en las mejores condiciones. Les recuerdo brevemente que tuvimos una enmienda a la totalidad de devolución sin texto alternativo del Grupo Parlamentario Plural que fue rechazada en el Pleno y treinta y una enmiendas al articulado, de las cuales dieciséis correspondían al Grupo Parlamentario Vasco [[EAJPNV]], tres al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario VOX, ocho al Grupo Parlamentario Socialista junto con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y dos del Grupo Parlamentario Plural. La posición de nuestro grupo parlamentario - con un excelente trabajo que me gustaría también destacar por parte de nuestro portavoz de Interior, David Serrada - ha sido la de llegar siempre al máximo acuerdo para lograr una coherencia en la trasposición de la directiva. El único límite era que no hubiera una desviación de la directiva, pero incorporando todas esas mejoras. En esta línea, hemos admitido o transaccionado la mayoría de las enmiendas. Hoy mismo ha habido enmiendas que han sido retiradas porque se ha considerado que tenían una lógica explicación dentro del texto definitivo. Señorías, permítanme ya para terminar unas consideraciones finales. Se ha hablado mucho de ese diálogo entre seguridad y libertad y lo podemos resumir en dos palabras: confianza y responsabilidad. Hablamos de plena confianza en las instituciones, en el Estado de derecho que nos hemos dado y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tenemos que exigir la máxima responsabilidad a las autoridades competentes y a los gestores del sistema. Señorías, termino. No podemos sentarnos a esperar que el futuro nos sorprenda. Nosotros somos parlamentarios comprometidos con nuestros ciudadanos. Ellos nos han elegido y debemos ser proactivos para construir un futuro más seguro para todos ellos. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señora Botella. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia.]]
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/1 y de 110/3 a 110/20. Les informo de que las votaciones correspondientes a estos puntos del orden del día tendrán lugar en la sesión de mañana. Se abre un turno de cinco minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve, porque ya hemos discutido, debatido y votado estos acuerdos en la Comisión de Exteriores. Solamente me voy a referir a aquellos que nos plantean algún problema o que creemos que no vamos apoyar. Son tres. [[La señora]] Voy a empezar por el acuerdo relativo al Convenio entre España y Reino Unido con respecto a Gibraltar. Por sentido de Estado lo apoyamos en la Comisión de Exteriores, y cuando se votó la enmienda presentada por el Grupo VOX ya expusimos nuestra posición. Creemos que es buena la transparencia fiscal y que es un acuerdo que puede ser bueno para el Campo de Gibraltar, pero hemos echado en falta que en este acuerdo se establezcan medidas claras para garantizar que las autoridades gibraltareñas cumplan con lo acordado. En este sentido, nos parece que se podía haber sido mucho más exigente con la parte británica, sobre todo teniendo en cuenta la situación de retirada que tienen de la Unión Europea. Esperamos que los acuerdos venideros se negocien siempre teniendo en cuenta la posición de cosoberanía, que muy generosamente creemos que hay que ofrecer en este sentido. Y esta posición también la vamos a defender en la ponencia del brexit. El segundo acuerdo respecto del que votaremos en contra, como ya anuncié en la Comisión de Exteriores, tiene que ver con la transferencia del Gran Teatro Cervantes de Tánger a Marruecos. Consideramos que este Gobierno debería garantizar la propiedad de este teatro en el caso en que no se cumplieran las condiciones del convenio. He leído y releído el convenio y, pese a que Moncloa ha dicho que en el caso de que no se cumplan las condiciones se volvería a revertir, no encuentro esas condiciones. Por tanto, creemos que no es un buen acuerdo y que además sienta el precedente de que no defendemos el patrimonio cultural en el exterior, que también es patrimonio español y tenemos que defenderlo claramente. Y anuncio ya que voy a presentar una pregunta parlamentaria para pedir al Gobierno que detalle todos los inmuebles que tenemos en el mundo en esta situación, para que no vuelva a pasar que tengamos que ceder la propiedad en unas condiciones que nosotros no creemos que sean las más favorables. El último acuerdo en cuya votación nos vamos a abstener, hace referencia a las dos denuncias de convenios que tienen que ver con la retirada de la Universidad de Naciones Unidas de la Alianza de las Civilizaciones. Coincidimos con el Gobierno en que no se pueden avalar las condiciones económicas que nos pedía Naciones Unidas, pero creemos que es fruto de la mala negociación que se hizo en la época de Zapatero. No es una buena imagen para este país, sobre todo cuando estamos intentando traer a España otros organismos internacionales, hacer un acuerdo y luego dejar de pagar las cuotas porque ese acuerdo no estaba bien planteado. Pedimos al Gobierno que cuando ahora negocie que el Centro Europeo de Ciberseguridad venga a España lo haga con unas condiciones justas y que, por supuesto, se cumplan. No es un buen precedente de cara al exterior que dejemos que se vayan estas sedes internacionales, que de alguna manera suponen una reputación de la marca España. El resto los apoyaremos. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
Muchas gracias, presidenta. Hoy votamos cerca de veinte acuerdos internacionales y, evidentemente, no me da tiempo a explicar nuestra posición sobre todos y cada uno de ellos, así que me voy a centrar en tres cuestiones que mi grupo parlamentario considera relevantes. Y ya anuncio que vamos a votar a favor de todos los acuerdos, excepto de uno de ellos. En primer lugar, varios de estos acuerdos internacionales tienen el objetivo de luchar contra la evasión fiscal. Desde nuestro grupo parlamentario celebramos todos los pasos que se den en este sentido y apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a la consecución de una mayor justicia fiscal. En este sentido, como ya hemos dicho, pensamos que hay una tarea pendiente, que es sacar adelante un impuesto a las grandes fortunas. Ayer leíamos en prensa que millonarios de todo el mundo pedían que se subieran los impuestos a los ricos para salir de esta crisis. Lamentablemente, no hay ninguno español, así que le voy a pedir a la bancada de la derecha que haga su parte e intente convencer a sus amigos millonarios [[Risas-Aplausos]] de que contribuir más en momentos difíciles no es solo una forma más justa y rápida de salir de la crisis, sino que es una cuestión de patriotismo. En segundo lugar, respecto a las denuncias de los acuerdos entre España y la Universidad de Naciones Unidas, nosotros también lamentamos el hecho de que vayamos a perder la sede de un organismo internacional en nuestro territorio debido a la falta de cumplimiento de los compromisos de financiación adquiridos por el Gobierno de España en su día. Esta falta de compromiso con las organizaciones internacionales con presencia en España, reflejo de una política exterior más que cuestionable, es precisamente lo que debemos corregir, sobre todo en un momento tan crítico para el sistema de gobernanza multilateral. Esta ha sido una oportunidad desaprovechada para mejorar nuestra posición en la comunidad internacional, cosa en la que tanto empeño ponemos otras veces, pero cuando tenemos la oportunidad la perdemos, por lo que, a nuestro entender, fue una negligencia del Gobierno del Partido Popular al no contribuir financieramente para hacer sostenible su permanencia en Barcelona. Vamos a votar a favor de las denuncias porque entendemos que este Gobierno está trabajando para no continuar por la senda de la inacción y está intentando arreglar este asunto. En tercer lugar, quiero manifestar nuestra abstención respecto al Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Japón, por otra, por un motivo fundamental, y es que se trata de un acuerdo que sienta el marco normativo y prepara el desarrollo del Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y Japón, el conocido como Jefta. Los tratados de libre comercio, como el Jefta, en vigor desde hace poco más de un año, profundizan un modelo de política comercial llevado a cabo demasiado a menudo sin ningún tipo de transparencia. Estos son tratados negociados casi en secreto y sin contar con la participación parlamentaria. Desde nuestro grupo defendemos que los parlamentos deberían poder desarrollar un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática, como corresponde a un tratado que afecta de manera sustantiva a las competencias soberanas del Estado. Deberíamos poder exigir que estos tratados cumplan con los estándares laborales y medioambientales necesarios y asegurarnos de que los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas estén protegidos. Por último, aprovecho para recordar también la importancia de que la Unión Europea implemente medidas efectivas para prevenir el dumping fiscal, social y ambiental, la evasión y la elusión del pago de impuestos y de las normas de protección de datos, medidas, en definitiva, que este tipo de acuerdos no favorecen para nada. Muchas gracias. [[Aplausos.]]
Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Asarta Cuevas. [[Aplausos.]]
Presidenta, señorías, buenas tardes. En primer lugar, voy a aprovechar mi primera intervención en el Pleno para dar el pésame a los familiares y allegados de todos los fallecidos, de todos, por el COVID y desear una pronta recuperación a los que todavía están superándolo. En segundo lugar - también porque es mi primera intervención -, quiero agradecer el motivo por el que hoy estoy en la sede de la soberanía nacional, quiero agradecérselo a los más de 54 000 ciudadanos de Castellón que confiaron en nuestro proyecto; es por eso por lo que hoy tengo el honor y el privilegio de dirigirme a todos ustedes. Señorías, me sienta mal tener que empezar mi intervención mostrando el desagrado por la forma en la que se han llevado los medios y los asuntos parlamentarios durante este primer período de sesiones, tanto a nivel de la Cámara, ya que somos los encargados de legislar, como a nivel del Gobierno; a nivel del Gobierno porque ha habido un abuso de los decretos-leyes y los reales decretos-leyes, con hasta un total de diecinueve en este primer período de sesiones, y se supone que son para situaciones extraordinarias y urgentes, y, en segundo lugar, por la parálisis que ha tenido la Cámara durante dos meses exactamente, desde el 10 de marzo hasta el 9 de mayo, una parálisis presencial que ha hecho que los asuntos se fueran acumulando uno detrás de otro, de tal manera que, por ejemplo, lo que vamos a considerar hoy ya se trató el 25 de junio, casi terminando el periodo de sesiones, y fueron diecinueve los tratados que se pretendieron ver. Solamente nuestra Comisión, la de Exteriores, ha tenido la oportunidad de reunirse tres veces, de las cuales ninguna para PNL. Entrando en materia con los tratados, nuestro grupo los ha revisado todos y en dieciocho de ellos no hemos encontrado nada que vaya en contra de nuestra política. Además están todos fundamentados en tratados internacionales suscritos, refrendados por España y en tratados bilaterales. Pero hay uno que sí merece nuestra consideración, sobre el que ya en la Comisión dimos nuestro voto en contra y aquí también el día 3 de marzo nuestro portavoz presentó enmiendas, que fueron rechazadas por la Cámara, sobre el que hay algunos asuntos que interesaría comentar. Señorías, este es un acuerdo en materia de fiscalidad para proteger los intereses financieros tanto del Reino Unido como de España que va a traer consigo nada más que tres cosas - apréndanse estas tres palabras -: blanquear, socorrer y controlar. Blanquear un paraíso fiscal como es la colonia de Gibraltar, en la cual un grupo de bufetes de abogados llanitos se encarga de gestionar un centro financiero bastante oscuro que, según Moneyval - no lo decimos nosotros, lo dice el Consejo de Europa, con su consejo de expertos en materia de blanqueamiento de capitales y de financiación del terrorismo -, es una tapadera de los delitos de tráfico más inconfesables; y no solamente eso, sino que también deja entrever que podría haber financiación del terrorismo. Y también socorrer a Gibraltar en este momento. Gibraltar está en un momento difícil por el tema del brexit y esta era una oportunidad única para nosotros de terminar con una situación colonial insólita en Europa. El propio señor Picardo, el ministro principal, ya dijo que si Gran Bretaña no salía de la Unión Europea lo iba a celebrar con una 'tajá' por todo lo alto con sus amigos españoles, amigos que ustedes conocen bien además. [[Aplausos.]] Y, finalmente, controlar, seguir el movimiento financiero sobre todo de los españoles. Pero no se olviden de que hay más de 1000 millones de euros anuales por culpa del dumping fiscal y del contrabando. En fin, es una pena perder esta oportunidad para hacer valer los derechos de España. La colonia de Gibraltar está en un aprieto financiero del que no la van a sacar ni el FMI ni la Unión Europea: el FMI porque la colonia no es un Estado soberano, y la Unión Europea porque no es territorio comunitario. Por lo tanto, el único que la puede sacar es el Reino Unido, pero ahora mismo, con el brexit y el tema del COVID, no está para afrontar y apoyar capitales y despliegues coloniales. Sabemos que el acuerdo saldrá adelante, pero al menos exijan la apertura de conversaciones para que España recupere la integridad territorial. Mientras, VOX cumplirá con su obligación de no dar respaldo a que nuestra nación consienta por más tiempo esta anómala situación colonial. He concluido. [[Aplausos.]]
Gracias, señor Asarta. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Martínez Ferro.
Gracias, presidenta. Señorías, trae el Gobierno esta tarde aquí diecinueve convenios internacionales, aunque, por razones obvias, me referiré solamente a los tres que importan a mi grupo parlamentario, los tres más relevantes para nosotros. En primer lugar, el Acuerdo en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en relación con Gibraltar. Como ustedes saben, el pasado 4 de junio ya defendí en esta Cámara la posición que viene manteniendo mi grupo parlamentario desde siempre. Consideramos Gibraltar una cuestión fundamental para España, un asunto vital, una política de Estado que afecta ni más ni menos que a nuestra integridad territorial, y, como ustedes saben, el Grupo Parlamentario Popular eso se lo toma muy en serio. Aquel día pedí al Gobierno que, ya que este era el primer acuerdo que España firmaba con el Reino Unido sobre Gibraltar desde 1713 - concretamente, ayer celebramos los 307 años desde que se firmó el tratado de Utrecht -, tuviesen a bien informarnos sobre algunos detalles. Bien, esto fue el pasado 4 de junio y desde entonces nadie del Gobierno ha recogido el guante. Comprendan que no podemos aceptar una desconsideración semejante, especialmente siendo el primer grupo de la oposición y un partido con vocación de Gobierno. Predican ustedes, señores del Gobierno, un diálogo que son incapaces de mantener, aunque he de reconocerles que solamente lo predican aquí en castellano, porque cuando lo hablan en italiano cuentan la verdad. Tampoco lo hicieron durante las negociaciones en la Comisión del plan de reconstrucción, Unión Europea, donde no intentaron acercar posturas sobre este tema en concreto, ya que existían un par de puntos sobre Gibraltar. Señorías del Partido Socialista y miembros del Gobierno de España ausentes, tienen un problema de autosuficiencia, de engolamiento y, desde luego, de relación con la verdad. Creen que solo ustedes tienen información y, por tanto, la razón; información puede que sí, y además nos la niegan al resto, pero la razón hay que ganarla, hay que trabajarla, hay que pelearla y la mayor parte de las veces negociarla con firmeza. Por eso, para mi grupo parlamentario es muy importante pedirles que no desaprovechen esta oportunidad en las negociaciones de relación futura con Gran Bretaña para avanzar en la recuperación de la soberanía, no solo de la soberanía fiscal; no deberían renunciar, y, desde luego, el Partido Popular no lo hará nunca, a que Gibraltar sea una parte de España. Por eso es descorazonador que el primer tratado que firma el Gobierno con el Reino Unido después de 1713 sea un acuerdo por el que se establecen un conjunto de instituciones administrativas y fiscales en el Peñón sin una sola mención a la importancia de la restauración de nuestra integridad territorial. No se olviden tampoco, señores del Gobierno, de la obligación que tienen con el Campo de Gibraltar, porque de su buena negociación depende el futuro de muchos trabajadores fronterizos y de buena parte de la población de la provincia. Y justamente este acuerdo que ustedes han realizado consolida un régimen fiscal contra el que han luchado todos los Gobiernos anteriores; y digo bien: todos, independientemente de su color político, ya que consagra el edén fiscal existente en Gibraltar, que ha crecido a costa de asfixiar al Campo de Gibraltar. Defiendan los intereses de los ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar y démosles buenas condiciones de vida. El segundo convenio al que me voy a referir es el protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación irrevocable del Gran Teatro Cervantes. Mi grupo valora positivamente la adopción de este protocolo, que va a permitir restaurar el teatro manteniendo la arquitectura original, con su simbología y su historia, así como el nombre de Gran Teatro Cervantes. Esto es especialmente importante en estos días, cuando estamos asistiendo a un incomprensible ataque al legado histórico y patrimonial de España en el exterior. Por eso aprovechamos para pedir un esfuerzo al Gobierno en la defensa contundente del mismo, así como en la difusión del conocimiento de nuestra historia tanto fuera como dentro de España. Tenemos una gran historia, que, para poder valorar, conviene antes conocer. En tercer lugar, quiero referirme a la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona. Este Instituto de la Universidad de Naciones Unidas se puso en marcha en 2012 con una aportación de 12,4 millones de euros, que fueron asumidos por el Ministerio de Exteriores de España y el de Educación, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. El leitmotiv, la idea era hacer un proyecto en el que pasar de ocuparse de la salud de los ciudadanos a la salud de las relaciones humanas, decía el señor Montilla en aquel momento. Las obras de adecuación del edificio costaron 9 millones de euros, lo que hace una inversión total de 20 millones de euros para un instituto que ha funcionado durante ocho años. Creo que es importante señalar aquí dos lecciones sobre este cierre: por un lado, la importancia de crear instituciones sostenibles, y cuando se dice sostenibles no es solo por la buena intención de los objetivos, sino por su capacidad de financiación a futuro: este instituto se cierra en Barcelona porque España no puede garantizar su continuidad financiera, y, por otro lado, aprendamos, señores del Gobierno, a evitar la proliferación de cargas al Estado que no sean estrictamente necesarias. Evitemos asumir compromisos que no se pueden cumplir, seamos realistas y responsables, seamos creíbles y fiables, porque no solamente está en juego nuestra sostenibilidad financiera, sino también la imagen exterior de España, y eso a mi grupo le preocupa, y mucho. Muchísimas gracias. [[Aplausos.]]
Gracias, señora Martínez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.]] Muchas gracias, señora Guille. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez de Celis. Perdón, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Podría haber sido peor, presidenta. [[Risas y Aplausos.]] Señorías, venimos hoy a convalidar estos convenios internacionales y me voy a centrar en el que quizás por parte de la oposición ha concitado más interés, incluso relevancia, según palabras de mi antecesora. Ya saben que firmamos este convenio, que es histórico, histórico porque - y así se ha resaltado ya - es el primero que se realiza con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1713, y con ello, señorías, borramos definitivamente a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales de España, gracias a este acuerdo convertimos a Gibraltar en un aliado para luchar contra el fraude fiscal; eliminamos a Gibraltar del GPS de los defraudadores, de los delincuentes y de los corruptos. Por eso se hace quizás más incomprensible, o terriblemente comprensible, que la ultraderecha y, penosamente, también la derecha no aprueben este convenio; el sostenella y no enmendalla de la ultraderecha, resistiéndose tanto a aprobar este acuerdo. Ustedes agitan mucho la bandera, pero parece que quieren esconderse detrás de ella o esconder detrás de ella a gente poco deseable. [[Aplausos.]] Es histórico el acuerdo alcanzado por el presidente Pedro Sánchez con la Unión Europea para el brexit, y lo es-y aquí me quiero dirigir a Ciudadanos por las dudas que manifestó en la Comisión - porque permanece, y así se fija en la Unión Europea, el derecho de España a decidir sobre cualquier materia, sobre cualquier tema relacionado con Gibraltar respecto a Europa. Por tanto, tenemos una salvaguarda, una garantía de futuro bastante importante e histórica, como he dicho. Y es una pena, como decía, que el Partido Popular no lo apoye. Es una pena porque nos vamos a quedar esperando la llegada de la moderación del Partido Popular. Probablemente nos quedaremos como Vladimir y Estragón en Esperando a Godot, que nunca llegó. Creo que la moderación al Partido Popular nunca llegará, y esta es una expresión clara, porque, penosa y tristemente para todos nosotros, ustedes, la derecha y la ultraderecha, utilizan Gibraltar, como usan Venezuela, Cataluña o ETA, cuando las cosas no les van bien. Ustedes, señores de la derecha y de la ultraderecha, miran más las banderas que a quienes las llevan en sus manos, miran más las banderas que al pueblo que las sostiene; les importa más la simbología que probablemente el pueblo que hace, soporta y lleva esas banderas. España continuará firmemente y sin duda en sus reivindicaciones históricas sobre la soberanía de Gibraltar, señor representante de VOX; no ha dejado de hacerlo nunca. Y lo dice el convenio, señora portavoz del PP. Manifestaba usted que no dice nada; sí, el convenio lo dice. En su preámbulo fija claramente que nada tiene que ver este convenio con los derechos legítimos de España para seguir reclamando la soberanía donde se tiene que hacer, que es en Naciones Unidas. Por tanto, lo que les pido a ambos es que no sigan buscando ese burladero detrás del cual esconderse permanentemente y que dejen al margen todos los elementos y asuntos oscuros que los grandes defraudadores de nuestro país, desgraciadamente, tenían como uno de sus objetivos en Gibraltar. Y no podemos permitir que se hable de discriminación en los beneficios sociales de los trabajadores, de las personas, de la gente del Campo de Gibraltar, porque también se adecua este convenio a ellos, también va dirigido a ellos. Y, por supuesto, no solo es así en el convenio, sino en los memorándums, que también incorporan beneficios muy importantes para el Campo de Gibraltar. Señores de la ultraderecha, señores de la derecha, ustedes no afrontan los problemas, ustedes enfrentan a los ciudadanos y a las naciones, y lo hacen incluso con algunas bufonadas natatorias, buscando algunas veces provocar a las autoridades de Gibraltar. Nosotros, sin embargo, dejamos esas bufonadas y lo que hacemos lo hacemos firmando acuerdos de cooperación leal contra el fraude fiscal, en este caso con el Reino Unido. Háganse un favor: dejen de buscar excusas y sean valientes. Díganlo: les da igual Gibraltar, solo buscan desgastar al Gobierno de su nación, de España, y lo hacen propalando confrontación, división, crispación y odio. El camino correcto es como lo hacen diariamente miles de ciudadanos del Campo de Gibraltar, cohabitando y conviviendo en Gibraltar y el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, de manera natural. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, señor Rodríguez. [[Aplausos.]] Votaremos en tres minutos. [[Pausa.]]
Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya hayan emitido el voto mediante el procedimiento de voto telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. Votamos la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Comienza la votación. [[Pausa.]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 31 más 22 votos telemáticos, 53; en contra, 129 más 165 votos telemáticos, 294.
En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución. [[Aplausos.]] Señorías, les informo, en último lugar, de que desde las veinte horas del día de hoy hasta las doce horas de mañana se podrán votar telemáticamente los restantes puntos del orden del día. La votación presencial de estos puntos se producirá al final de la sesión del día de mañana. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.