Se abre la sesión. Señorías, ayer conocimos con estupor la muerte de un profesor del centro de secundaria Joan Fuster, en Barcelona, a manos de un alumno de trece años, que hirió, además, a cuatro personas más. Hoy, consternados por el trágico suceso, el Congreso de los Diputados quiere unirse al dolor de los familiares, amigos y de todo el pueblo de Barcelona, y manifestar su apoyo y solidaridad a la comunidad educativa. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y con lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la mañana del jueves en el punto 30, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, que se debatirá después del punto 28. ¿Lo acuerda la Cámara? [[Asentimiento]] Así se hará y se cambiará el orden del día.
Corresponde, en primer lugar, debatir la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento sobre tramitación de las proposiciones de ley de iniciativa popular. Para su presentación, tiene la palabra la señora Batet.
Gracias, señora presidenta. Señorías, desde la instauración de la democracia en nuestro país existe un mecanismo de participación directa de la ciudadanía en relación con el Poder Legislativo, como es la iniciativa legislativa popular. En este sentido, el artículo 87.3 de la Constitución ya lo prevé. De hecho, prevé la necesidad de recabar 500.000 firmas para poder traer a esta Cámara esta iniciativa legislativa popular. El número de firmas seguramente también sería otro debate pertinente sobre esta materia, pero eso implicaría una reforma de la Constitución y, por tanto, escapa sobradamente a este trámite parlamentario. El artículo 108 del Reglamento del Congreso de los Diputados también contempla y desarrolla este mecanismo de participación directa, así como la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Este es el marco regulatorio de referencia en esta materia. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta cuestión, puesto que parece obvio que esta regulación no ha favorecido a que el instrumento de participación de la iniciativa legislativa popular funcione como debería. Para su comprobación, les invito a hacer un repaso de las iniciativas que se han tomado en consideración, que han prosperado y que han acabado siendo aprobadas de manera reconocible por parte de los promotores. Empezaré compartiendo con todos ustedes por qué el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido hoy traer esta iniciativa al Pleno. En casi todas las legislaturas ha habido un intento de modificar el Reglamento, conscientes de que abordar la mejora del funcionamiento del Congreso de los Diputados debía ser una prioridad para todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, pero la falta de consenso siempre ha impedido que estas modificaciones pudieran salir adelante. Por ello, desde junio de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista presentó propuestas de reforma parcial del Reglamento de la Cámara. La primera de ellas, para que la Comisión de Peticiones pasara a ser un auténtica comisión de participación ciudadana. Todas fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular, aduciendo que no era el foro adecuado para su debate. Se solicitó, pues, la creación de una ponencia para debatir sobre la reforma de la norma competente; es decir, del Reglamento de la Cámara. En abril de 2013, se constituía dicha ponencia para reformar ese Reglamento. En abril de 2014, un año después de que hubiese habido una inmovilidad total para convocar la ponencia y, por tanto, evitando también, simultáneamente, que se pudieran sustentar debates sobre esta materia en el Pleno de esta Cámara, tiene lugar la primera reunión de la misma. Se acuerda dividir en bloques los apartados a reformar, con el objeto de que se vayan aprobando a medida que se consensúen, para evitar precisamente bloqueos a la totalidad del texto por detalles concretos, como sucedió en la denominada reforma Marín o como ha sucedido en todas y cada una de las propuestas y de los impulsos que se han intentado para modificar este Reglamento. Desde la citada fecha, se fue reuniendo la ponencia con una periodicidad casi mensual, habiéndose acordado que el procedimiento legislativo sería el primer apartado a reformar por considerar que el acuerdo en torno a esta cuestión iba a ser a priori más fácilmente alcanzable. En enero de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista lanzó un ultimátum al Grupo Parlamentario Popular, para que se pronunciara sobre las propuestas de reforma del procedimiento legislativo que se habían estado planteando, teniendo en cuenta que íbamos ya camino de dos años de constitución de la ponencia y habíamos abordado tan solo el primero de los puntos establecidos. De las veintiocho modificaciones propuestas por todos los grupos parlamentarios, el Grupo Popular aceptó tres. En marzo de 2015, mi grupo anunció su retirada de la ponencia para la reforma del Reglamento puesto que quedaba diafanamente clara la nula voluntad del grupo mayoritario a alcanzar modificación alguna sobre el texto. En realidad, el Partido Popular constituyó la ponencia con el objetivo de bloquear cualquier debate público sobre la reforma del Reglamento, habiendo demorado deliberadamente el debate a lo largo de toda la legislatura. Parece que estamos sumergidos en una especie de eterno retorno nietzscheano. Así es que volveremos al principio y el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a plantear propuestas de reformas parciales en el Pleno, con el objeto de que quede constancia públicamente de la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios al respecto y la auténtica voluntad política de dar pasos para adaptar nuestras instituciones a nuevas realidades. Esta proposición de ley es la primera de esas iniciativas y proponemos debatir, como ya he anunciado, sobre la mejora de un mecanismo de participación directa como son las iniciativas legislativas populares. De hecho, la ley orgánica reguladora de esta iniciativa ya contempla la participación de una persona por parte de los promotores para defender esa iniciativa o, incluso, la Ley Orgánica de Partidos Políticos contempla también que pueda participar en Comisión. Pero lo cierto es que, como todas sus señorías saben, también las del Grupo Parlamentario Popular, si no se incluye en el Reglamento de la Cámara, ninguna de estas previsiones legales van a tener efecto alguno. La proposición de ley que queremos que se tome en consideración propone la participación de los promotores de iniciativas legislativas populares en dos momentos del procedimiento legislativo. En primer lugar, en el debate de toma en consideración que se produce siempre en el Pleno - como el que hoy estamos teniendo - y para cuya defensa todas las proposiciones de ley tienen voz: las proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios del Congreso; las proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios del Senado, que sustentan su debate en el Senado, o las proposiciones de ley presentadas por las asambleas legislativas o parlamentos autonómicos. Todas, excepto las iniciativas legislativas populares. El segundo momento en el que también nos parece pertinente la comparecencia de los promotores en esta Cámara es al iniciar el debate en Comisión, es decir, una vez presentadas todas las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y existiendo y conociéndose el informe de la ponencia. Como decía, esta demanda ciudadana surge para materializar una participación constante en la vida política y en las decisiones públicas, más allá del voto emitido cada cuatro años. Mi grupo parlamentario es consciente de que esta proposición de ley no es suficiente y es parcial respecto a lo que se busca y hace falta en realidad, pero es sin duda un elemento importante de confluencia y de suma, simbólicamente de acercamiento del Parlamento a la ciudadanía y de la ciudadanía al Parlamento. Es cierto también que, en todo caso, la persona que venga a defender la ILP también viene en representación de 500.000 personas que han firmado esta iniciativa, por tanto, todos los caminos conducen a la representación; parece razonable que no vengan las 500.000 personas a defender el texto presentado. En realidad, la inmensa mayoría de los ciudadanos no es que esté pidiendo una democracia directa pura, sino que la democracia representativa funcione, y que funcione bien, y que los mecanismos de participación directa funcionen, y funcionen bien. No piden democracia directa porque no piden que todo el mundo participe todo el tiempo sobre todo, pero sí que las instituciones públicas funcionen y sean fuertes frente a otras instituciones o poderes que no representan a la totalidad de la ciudadanía, es decir, que representan a poderes no democráticos. La decencia de la política no podemos dejarla solo en manos de la bondad de las personas, sino que hace falta fortaleza institucional. Eso es lo que da auténtica garantía y seguridad a la ciudadanía. Fortalecer los medios de comunicación; no debilitarlos, como ha pasado esta legislatura con Televisión Española. Fortalecer a los empleados públicos; no desprestigiarlos con comentarios frívolos. Fortalecer los distintos niveles de gobierno, local y autonómico; no lanzar sombras de duda constante o legislar directamente para desmantelarlos, como ha pasado con la reforma local reciente. Fortalecer la Agencia Tributaria, la justicia o la policía; no apoderarse de estas instituciones. Fortalecer el Parlamento como órgano que representa la soberanía popular, escuchando a la oposición y tomándose en serio sus propuestas; no jugar tres años y medio con la reforma del Reglamento, sabiendo que no había voluntad de alcanzar acuerdo. Legislar deliberando y no hacer decretos-leyes para todos y contra todos. No usar el trámite de enmiendas para introducir, sin debate, cuestiones sumamente polémicas sobre las que los grupos parlamentarios de esta Cámara se sabía y se sabe perfectamente que no tienen un acuerdo al respecto. Comparecer para explicar políticas, para explicar decisiones y para asumir responsabilidades. Nada de todo lo dicho lo está haciendo la mayoría absoluta de Partido Popular. Así, unas carencias existentes - porque existen - de nuestra institucionalidad se ven agravadas por la política y la praxis adoptada por esa mayoría absoluta. Porque sin duda tener buenas leyes y buena regulación es algo muy importante, pero creer en las instituciones, velar por su buen funcionamiento y comprometerse con lo que el Parlamento representa tiene mucho que ver con la actitud política; tiene mucho que ver con una auténtica defensa de lo público y tiene mucho que ver con querer la apertura y la permeabilidad de las instituciones ante los ciudadanos y ciudadanas. Con todo esto no solo mejoraríamos cada una de las instituciones, sino que contribuiríamos a fortalecer el sistema democrático mismo. Con la mejora del mecanismo de participación directa de la ILP se mejora la función legislativa del Parlamento. Ahora bien, sin duda, el perfeccionamiento de la otra gran función de esta Cámara, como es el control al Gobierno, también debe ser abordado. La asunción de responsabilidad política, que nada tiene que ver con la responsabilidad penal, mediante comparecencias o permitiendo la constitución de comisiones de investigación, debería ser una cultura democrática asumida con normalidad por todos los grupos políticos que forman parte de esta Cámara. [[Aplausos]] Les voy a poner un ejemplo, las consecuencias de la aprobación de una amnistía fiscal por parte de este Gobierno no creo que conlleven responsabilidad penal, desde luego no es a esta diputada a quien corresponde juzgarlo; pero no tengo ninguna duda, ninguna absolutamente, de que sí conlleva responsabilidades políticas, y muchas. Esas son las que deberían examinarse y dilucidarse en el Congreso de los Diputados, en esta Cámara y por parte de todos los grupos parlamentarios. [[Aplausos]] El debate que pretendemos plantear con esta iniciativa va mucho más allá del simple tema de la ILP, no es un simple debate de mejora de una institución de democracia directa, sino, y sobre todo, un debate sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, cambiarlo para garantizar su supervivencia. Este es el momento de plantear este debate, señorías. La creciente pobreza que ha provocado la crisis económica y también la corrupción han exacerbado las críticas al modelo democrático, de tal modo que se ha pasado de criticar a los políticos y a los partidos políticos por comportamientos concretos a criticar el mismo modelo de representación y de democracia. Por eso resulta imprescindible que seamos precisamente los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, por tanto, todos aquellos que formamos parte de esta Cámara, del titular de la soberanía, los que nos planteamos qué es necesario hacer para mejorar el sistema, y es necesario que lo hagamos y lo hagamos ya. El Gobierno lleva toda la legislatura anunciando medidas, algunas incluso hasta cuatro veces, muchas veces a golpe de noticia, medidas que nunca llegan, y vetando las propuestas que hacen el resto de grupos parlamentarios en este ámbito. El Partido Popular y su Gobierno no están en condiciones de abordar esta tarea, ni creen en la institucionalidad pública y la necesidad de su fortaleza para construir una sociedad mejor, ni tienen la voluntad política de escuchar y llegar a acuerdos. La mayoría, o diría incluso que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, comparte la necesidad de mejorar este instrumento de participación directa como es la iniciativa legislativa popular. Yo les pido en este trámite de toma en consideración que voten todos los grupos a favor de esta proposición de ley. Con ello romperemos la parálisis del trabajo de la ponencia de modificación del Reglamento, mejoraremos un mecanismo de participación directa y mejoraremos así la institución democrática por excelencia, como es aquella precisamente que representa - como decía - la soberanía popular, es decir, este Parlamento. Muchas gracias, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Hace falta reformar el Reglamento para garantizar la participación de la comisión promotora de iniciativas legislativas populares? La respuesta es claramente sí y, por tanto, ya anunciamos que vamos a votar favorablemente la propuesta. ¿Es suficiente con lo que se propone? Nosotros entendemos que se podría ir mucho más lejos. Compromís comparte la idea de que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada en los parlamentos estén conectados con una opinión pública no formalmente articulada. La democracia exigiría que se haga partícipe del sistema del parlamentarismo a los ciudadanos en la mayor medida posible, complementando nuestra labor como representantes de la soberanía con el flujo permanente entre la opinión pública y las instituciones que lo representan. El Parlamento solamente puede salir reforzado si se hace partícipe al pueblo de las decisiones que se adoptan, y la gente participa si percibe que su aportación es tenida en cuenta, es decir, si se les escucha. Participar, como ha ocurrido hasta ahora, para ser engañados, como pasó con la iniciativa legislativa popular de la plataforma de Afectados por la hipoteca, evidentemente desmotiva, aunque quizás ese era el objetivo: desmotivar para que no se presenten muchas iniciativas legislativas populares. Es necesario abordar una reforma del Reglamento junto con la reforma de la Ley Orgánica 3/1984 para actualizarla en esta línea. La primera medida necesaria corresponde a las materias legislativas susceptibles de iniciativas legislativas populares, eludiendo limitaciones de materias que coarten la expresión ciudadana. En cuanto a la materia presupuestaria, se debería abrir la posibilidad de que la ciudadanía pueda pedir una mejora de contenido presupuestario para determinadas materias a través de este mecanismo. Respecto al número de firmas requerido, debería adaptarse a la realidad poblacional y al número de firmas necesarias en países de nuestro entorno. Les pongo un ejemplo, en Italia, con más población que el Estado español, el mínimo requerido son solo 50.000, y en la legislación de la iniciativa legislativa europea se ha fijado el número mínimo en un millón, es decir, solamente el doble de lo que se exige aquí. Aplicando el mismo porcentaje, en el Estado español se deberían requerir solo 63.600 firmas. En cuanto a la edad mínima para poder participar, para que sea un mecanismo óptimo, para que la juventud - como esta que tenemos aquí arriba hoy mismo escuchándonos - forme parte del debate político y del proceso de adopción de decisiones. Por eso Compromís propone que para iniciarse en el ejercicio de la ciudadanía mediante la propuesta, esta debería poder firmarse desde los dieciséis años. En cuanto a la tramitación parlamentaria, los impulsores de la iniciativa tienen que formar parte activa y protagonista en la tramitación - por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa - y tienen que tener voz y capacidad de proponer comparecencias y hacerse escuchar. Además, frente a la inadmisión de la iniciativa legislativa por la Mesa, pedimos que quepa la interposición de recurso de reposición, sin tener que acudir directamente al Tribunal Constitucional. También pensamos que tienen que tener obligaciones; la comisión promotora debería hacer público el origen de la financiación de la iniciativa legislativa, las entidades que la apoyan y rendir cuentas públicamente. En definitiva, votaremos sí a esta propuesta conscientes de que es un pequeño paso para abrir las puertas de esta casa a los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Baldoví. Por el mismo grupo, señor Tardà.
Señorías, en primer lugar, desearía hacerles partícipes de nuestra solidaridad con los trabajadores de Movistar, tanto los contratados como aquellos que son empleados de las subcontratas. Se me permitirá dirigirles a ustedes un mensaje, repito, de solidaridad. Están en huelga porque están en contra de unas condiciones laborales que rayan en la esclavitud. Termino diciendo que el jueves 23 hay una gran manifestación en Madrid de todos los trabajadores de Movistar, que esperamos que sea un gran éxito porque, repito, ya estamos…
Señor Tardà, vuelva usted a la cuestión, por favor.
Sí. Decía que las condiciones laborales están rayando en la esclavitud. Dicho esto, señorías, somos favorables a la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista. Nosotros mismos presentamos una en los trabajos de la Comisión; de hecho, presentamos cincuenta propuestas, una de ellas era la relacionada con la iniciativa legislativa popular. Quizás podrían haber ido un poquito más lejos, hubieran podido ser un poco más atrevidos entendiendo que no solamente se trata de dar posibilidad a los ciudadanos entre los dieciséis y los dieciocho años de poder firmar una iniciativa legislativa popular, sino que por qué razón se tiene que limitar a los ciudadanos de nacionalidad española. Si se trata de instar a la participación popular, todas aquellas personas que están empadronadas, aun cuando no sean de nacionalidad española, deberían poder firmar una iniciativa legislativa popular. Asimismo, entendemos que una vez llegada la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados, este debería comprometerse a debatirla en el periodo de sesiones en el que se haya presentado por parte de la ciudadanía. Por supuesto - y esto ocurre en el Parlamento de Cataluña y es posible que suceda en parlamentos de otros territorios del actual Estado español -, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados tendrían que asesorar a los ciudadanos que pretendieran vehicular una iniciativa de este tipo y se debería posibilitar que fuese presentada y defendida en cualquiera de las lenguas cooficiales del actual Estado español. Creo que el Grupo Socialista se ha quedado corto, pero lo importante es que se pueda debatir; en su trámite ya intentaríamos nosotros que el Grupo Socialista o las mayorías que se conformasen aceptaran nuestras propuestas. Estamos de acuerdo en que los representantes de la iniciativa legislativa popular tienen que poder participar no solo en el momento de defender la iniciativa, sino también en la ponencia o en la Comisión que estudie su dictamen. En general, podríamos estar bastante de acuerdo. Sí quiero hacer mención, aunque sea rápidamente, a que nuestro grupo parlamentario, básicamente representado por la compañera Uxue Barkos y por mí mismo, Joan Tardà, hemos participado muy activamente en todos los trabajos que han venido desarrollando la ponencia y la Comisión que abrió el presidente del Congreso, el señor Posada, y que una vez más acabó en fracaso, porque cuando no son unos, son los otros. También esta X Legislativa va a terminar sin reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Debo decir que en la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero no fue posible porque al final el Partido Popular y el Partido Socialista no fueron capaces de reconocer los derechos lingüísticos de los diputados y las diputadas. Luego, en la pasada legislatura, se avanzó muy poco y, esta vez, ingenuos de nosotros, creíamos que por fin Partido Popular y Partido Socialista serían capaces de ponerse de acuerdo y concluir con esta necesidad de reforma del Congreso para que esta Cámara, esta institución, dejara de tener estos aires decimonónicos y fuera realmente una Cámara dirigente y funcional de acuerdo con los tiempos que vivimos de exigencia y de participación. Una vez más, debo decir que hemos trabajado como los que más, aunque como siempre los republicanos catalanes salimos frustrados porque una vez más se nos ha tomado el pelo. Hubo un tiempo en que nos tomó el pelo el Partido Socialista y ahora nos lo ha tomado el Partido Popular. De hecho, ustedes son verdaderos tomadores de pelo y nosotros víctimas de esta situación. Muchas gracias.
Gracias, señor Tardà. Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
Gracias, señora presidenta. Intervengo desde el escaño porque esto se ha debatido ya mil veces y no sé a qué viene ahora esta propuesta cuando acabamos de estar discutiendo las posibilidades de modificar el Reglamento del Congreso. En todo caso, nos parece bien que la iniciativa popular pueda tener una defensa en el trámite de toma en consideración e incluso en el inicio de la Comisión legislativa. No sé si se presenta de cara a campaña electoral o simplemente es la forma de pensar del Partido Socialista; en todo caso, nos parece bien, por nosotros no será que no salga adelante la participación popular. Lo que nos disgustaría bastante es que esto se convirtiera en un concurso de quién es más popular, que puede devenir en el más populista de toda la clase. Votaremos a favor. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Esteban. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, tiene razón el señor Esteban cuando dice que esto está bastante debatido o muy debatido, pero a juicio de Unión Progreso y Democracia, no por muy debatido debe dejar de ser necesario abordar esta cuestión. Está, como decían el señor Esteban y la propia portavoz del Grupo Socialista, la proponente, debatido e incluso, supuestamente, acordado porque en los debates de la ponencia, cuando se abordaba está cuestión, parecía que todos los que formábamos parte de la misma estábamos bastante de acuerdo. Es verdad que el Grupo Popular no veía bien que compareciera en el Pleno del Congreso de los Diputados quien presentaba la iniciativa legislativa popular, que pensaban que tenía que hacerlo en Comisión, pero es verdad también que todos queríamos modificar el sistema de forma que quien presentase la iniciativa pudiera venir a defenderla ante la Cámara. Lo cierto es que daba la impresión de que todos estábamos de acuerdo en esa materia, que tiene que ver con el control de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, que tiene que ver con una demanda ciudadana y una demanda política de abrir las instituciones a los ciudadanos desde la perspectiva de que nosotros sí representamos a los ciudadanos, si bien hay fórmulas de participación ciudadana que requieren a esta altura del siglo una canalización mejor, una mejor forma de participar que la que tienen hasta el momento presente quienes defienden una iniciativa legislativa popular. Es verdad - lo decía el señor Esteban - que alguien podría pensar que esta propuesta surge porque estamos ante unas elecciones. Yo prefiero no pensar mal, pensar que esto se plantea porque no hemos hecho lo que teníamos comprometido hacer. No voy a defender aquí el derecho de cada uno de los grupos a presentar las iniciativas cuando quiera; a nosotros nos han recriminado muchas veces casi todos los grupos de la Cámara, por no decir todos, el momento en que presentamos las iniciativas, pero lo cierto es que esta cuestión es procedente, es un asunto sobre el que deberíamos haber alcanzado un acuerdo, estaba entre los temas que se debatían en la ponencia y la ponencia ha fracaso. El hecho de que el Grupo Socialista traiga hoy aquí esta proposición de ley, aunque sea parcial, de reforma del Reglamento es la explicitación, valga la palabreja, de un fracaso del trabajo de una ponencia que ha fracasado porque no ha habido voluntad política de que eso salga adelante. No ha habido voluntad política por parte del grupo mayoritario, no la ha habido. Y además de no haber voluntad política, no han tenido el valor de explicar que no querían hacerlo. Nos han engañado a todos los que participábamos en la ponencia; no ha habido una explicación política de cuáles eran las dificultades. Nos han engañado porque nos han hecho creer que íbamos a acordar todo lo que fuera posible, a diferencia de la legislatura antepasada, en la que el Reglamento era un todo y había una especie de acuerdo entre los grupos parlamentarios; yo no estaba en aquel momento en el Congreso de los Diputados, pero el acuerdo en los debates de la época Marín era que si no había acuerdo de todo, no había acuerdo de nada. La primera reunión de la ponencia en esta legislatura fue para decidir que aquello que pudiéramos acordar, lo sacábamos adelante. Y en eso ustedes no nos han dicho la verdad porque se han encasillado en un momento determinado, cuando han querido, y cuando había bastantes posibilidades de llegar a acuerdos sobre el capítulo que habíamos decidido, han puesto sobre la mesa la regulación de los lobbies, que no estaba en ninguno de esos capítulos; por cierto, que tampoco en eso nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes nos han llevado al engaño conscientemente; ustedes no querían un acuerdo pero tampoco querían que se supiera que el grupo mayoritario no quería un acuerdo sobre la reforma del Reglamento, que era una petición de todos. Hay que reformar el Reglamento para regenerar la democracia desde el punto de vista de dar más instrumentos a los ciudadanos para controlar a los políticos, para que la Cámara sea más transparente, para que haya más publicidad de todas nuestras nóminas, de todos nuestros trabajos, de todas nuestras agendas, para que haya más transparencia. Hay que modificar el Reglamento también para fomentar nuevos instrumentos de participación - el que hoy está sobre la mesa es uno de ellos -, para hacer el Parlamento más ágil, para que las preguntas puedan ser formuladas el mismo día en el que se pueden responder. En definitiva, para que este Parlamento se parezca más al Parlamento de cualquiera de los países de nuestro entorno, democracias que decimos admirar. Nada de eso han querido hacer, nada de eso, pero nos han mareado - permítanme la expresión -; siempre buenas palabras, todos diciendo que tal vez la semana que viene, que vamos a ponernos de acuerdo a la salida de la reunión para decir que aunque no hemos avanzado lo suficiente la semana siguiente lo haremos… Ha sido un engaño manifiesto, un engaño a los grupos parlamentarios y, por tanto, un engaño al conjunto de los ciudadanos. Dicho eso, efectivamente la reforma que plantea el Grupo Socialista es una reforma muy puntual, muy parcial sobre un aspecto único: las iniciativas legislativas populares. ¿Es todo lo que necesitamos? No, ni mucho menos. ¿Es lo más importante de lo que necesitamos? Probablemente tampoco; quizá lo más necesario es que el Parlamento sea más transparenté y más ágil, pero parece que es lo más sencillo porque a priori parece que estamos todos de acuerdo en que hay que modificar el sistema de presentación de las iniciativas legislativas populares, parece que podríamos ponernos de acuerdo en esto. Es un pequeño avance, pero sería un avance. ¡Oigan, tomen el testigo! Si es un pequeño avance y todos creemos que en esta materia hay que avanzar, pues admitan la iniciativa, tomémosla en consideración y luego debatamos si se presenta en el Pleno, si se presenta en el Pleno y además en Comisión, si se defiende por parte de los proponentes en Pleno y en Comisión, si solo se defiende en Comisión… Los pasos, debatámoslos por la vía de las enmiendas, pero avancemos en esta materia porque no es que sea una demanda de los que están fuera, es que - salvo que también en eso nos hayan engañado - era una demanda de todos, incluso de ustedes, salvo que también en eso nos hayan engañado. Por lo tanto, admitámosla a trámite. Les pido que la admitan a trámite, tienen mayoría absoluta, en el debate de las enmiendas vamos a tener la necesidad de acordar sobre el contenido, sobre cómo, sobre hasta cuándo, sobre cómo se defiende por parte de los proponentes esa iniciativa y avancemos siquiera en esto. Por eso de que lo mejor es enemigo de lo bueno, reformar el Reglamento en conjunto va a ser imposible, pues reformemos en esta materia, que será un buen mensaje no solo hacia el respeto que nos debemos a todos nosotros sino también un mensaje hacia los ciudadanos que nos están viendo desde fuera y que nos exigen un mayor grado de compromiso y un mayor grado de control, por su parte, hacia todos nosotros desde una perspectiva que es fundamental precisamente porque les representamos, porque representamos a los ciudadanos y porque sabemos que hay otras formas de representación y que hay otras formas de canalizar las inquietudes de los ciudadanos. No tengamos miedo a abrir el Parlamento porque si no abrimos el Parlamento realmente quien lo pagará será la democracia. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora Díez. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
Gracias, señora presidenta. Señorías, se ha dicho que esta legislatura no es la primera vez que se intenta modificar el Reglamento, que ya había ocurrido en otras legislaturas, pero esta vez tenía un carácter especial. Esta vez no se planteaba solamente como una cuestión entre los grupos parlamentarios, esta vez cuando se empieza el debate para modificar el Reglamento es fruto de un debate más amplio, un debate provocado porque muchos ciudadanos y muchas ciudadanas gritan en la calle eso de no nos representan y porque hay una demanda de que hay que cambiar la forma de hacer de la política, la forma de representar a la gente. Por lo tanto era un debate sobre la propia democracia, por eso nuestro grupo trajo una interpelación, que luego transformamos en moción, por la cual planteábamos que había que crear una Comisión para ver fórmulas y mecanismos para hacer un Parlamento mucho más abierto, un Parlamento mucho más plural y un Parlamento mucho más democrático. Y por eso cuando se inició la tramitación de esta reforma nació con ilusión, con la ilusión de que por una vez se podían escuchar las demandas ciudadanas, que se podían escuchar las demandas que en las calles y en las plazas gritaban eso de «más democracia». Pero desde el primer día nos dimos cuenta de que el Partido Popular lo que pretendía era, ni más ni menos, una reforma muy parcial. Inmediatamente vimos que no había voluntad de ningún tipo de reforma porque al Partido Popular le viene bien una democracia encorsetada, un Parlamento bipartidista y por lo tanto era muy difícil que admitiese una reforma que realmente fuese al centro del problema: que hoy tenemos un Parlamento que dista mucho de la realidad social, un Parlamento que dista mucho de las demandas de participación directa y de ejercicio de la democracia, un Parlamento que no es el Parlamento que hoy la mayoría de las españolas y de los españoles demanda. Por eso nosotros planteamos desde el primer momento una serie de propuestas que iban enfocadas, primero, a hacer eso, a hacer un Parlamento que pudiese tener más capacidad de control, más capacidad de intervención y también un Parlamento abierto a la ciudadanía, con la ilusión de que lo que en la calle se gritaba se pudiese escuchar también en esta casa. Pero es verdad que aquí nos hemos encontrado con tácticas dilatorias - ya se ha dicho -, tácticas que en el fondo han hecho que el trabajo de la Comisión dé unos frutos completamente nulos, a pesar, y hay que reconocerlo, de la voluntad del presidente. Yo tengo que reconocer, al menos para que conste en el «Diario de Sesiones», que el presidente de esta Cámara se ha tomado en serio este reto y ha intentado en la medida de sus posibilidades que los grupos hiciéramos el trabajo. Por lo tanto quiero dejar constancia de esa buena voluntad y de ese interés; pero, a partir de ahí, nos encontramos efectivamente con que estamos en un debate que es fruto de un fracaso, en un debate que es fruto de que hayan fracasado los trabajos de la Comisión. Y eso que desde el primer momento nos planteamos que no fuese un todo o nada; sabíamos que todo era imposible y nos planteamos que al menos aquellas cosas que fueran importantes y en las que hubiese acuerdo llegasen al debate plenario; que al menos los temas que eran posibles y que significaban además dar más protagonismo a la ciudadanía - como se ha dicho, esa Comisión de Peticiones que no es ni más ni menos que un buzón de sugerencias o la tramitación de las ILP - pudiésemos traerlos al Pleno para que en esta legislatura - la legislatura en la que más presión social ha habido para cambiar la democracia, en la que más presión social ha habido para que se abra el Parlamento, para que los días de puertas abiertas no sean exclusivamente visitas turísticas sino la expresión de la soberanía popular - la participación ciudadana fuese algo más que un deseo, fuese una realidad. Pero el Partido Popular, repito, está a gusto; prefiere un Parlamento rodeado de vallas, un Parlamento vigilado por la policía a un Parlamento abierto a la gente; se encuentra cómodo en esta democracia tutelada, vigilada, cuando no una democracia de baja intensidad y, por tanto, poco podemos esperar y de ello nos dimos cuenta a la mitad del trabajo parlamentario de esta Comisión. A partir de ahí, hoy se nos presenta una iniciativa que viene a poner en evidencia este fracaso y a poner sobre la mesa uno de los temas que hemos discutido, que hemos valorado, que hemos acordado pero que hoy no se puede aprobar porque se ha decidido que no se tramite esta modificación. Se trata de una necesidad, de algo que la Constitución reconoce como es la posibilidad de que la ciudadanía haga una iniciativa legislativa y que eso sea algo más que una mera pose, sea algo más que un mero trámite y se convierta en algo que pueda ser realmente asequible y que evidencie esa participación ciudadana. Por eso, vemos pertinente esta tramitación que, además, podría abrir la puerta, si se admite, a que hubiera otras modificaciones del Reglamento. Entendemos que las iniciativas legislativas populares hay que modificarlas. Es verdad que ya se intentó en otra legislatura y que hubo algún problema incluso con la propia Constitución, pero, en la medida de lo posible, sí era pertinente que este trámite se abriese, que los ciudadanos viesen cómo la Constitución no se interpreta de una forma restrictiva; la Constitución, que a ustedes les viene grande, a muchos se nos va quedando cada vez más pequeña. Era bueno que se plantease la posibilidad de que si se trae a este Parlamento una ILP, esta pudiera ser defendida por alguien de los que la hubiesen impulsado. Se ha dado la circunstancia curiosa - no sé si a la proponente le gustará recordarlo - de que una ILP promovida por sindicatos contra una reforma laboral del Partido Socialista fue defendida en esta Cámara en el turno a favor por un diputado del Partido Socialista; mayor contradicción creo que es difícil encontrar. Bien, pues esa es una de las contradicciones que se pueden evitar si los que la defienden son los que la han impulsado. Además, es de rigor la participación en Comisión porque nos hemos encontrado también con la circunstancia de que una ILP promovida por la plataforma de Afectados por la hipoteca y los sindicatos para intentar acabar con esa lacra de los desahucios - todavía son más de cien los desahucios diarios que se producen - se tramitó - también es verdad que por la presión social, incluso aquel día fue dramático, suicidio incluido - pero aprovechando dicha tramitación para cambiar totalmente el sentido y que lo que saliese de esta Cámara fuera algo totalmente diferente a lo que los promotores habían querido trasladar. Una ley que, evidentemente, no solamente no ha frenado los desahucios sino que en algunos casos los ha podido incluso agravar. Por tanto, es verdad que hace falta que las ILP tengan otro sentido, que no se conviertan en un mero trámite y que signifiquen realmente la posibilidad de que los ciudadanos, que son los soberanos, puedan impulsar modificaciones legislativas. Por eso nos parece oportuna la tramitación, como también nos parece oportuna esa modificación del Reglamento para que esta Cámara sea realmente una Cámara más plural, más democrática y más abierta para que no tengamos que soportar la vergüenza que nos produce que no se pueda siquiera discutir aquí la posibilidad de debatir la creación de una comisión de investigación porque en la Junta de Portavoces el Partido Popular puede vetar no ya su constitución, sino el propio debate de esa iniciativa. Es decir, una Cámara que no esté encorsetada, una Cámara que no sea bipartidista, una Cámara, en definitiva, que responda a lo que tiene que ser un Parlamento del siglo XXI. Por eso nosotros vamos a apoyar esta tramitación, por eso nosotros creemos que el Partido Popular debe explicar por qué en este momento no ha habido ninguna posibilidad de acordar ni siquiera algo tan mínimo como esto, por qué no han mostrado voluntad y sobre todo nos deben explicar por qué siguen aferrados a una realidad que solamente existe en sus escaños y mientras dure esta legislatura. Eso sí, junto con nuestro apoyo a esta iniciativa, también existe nuestro compromiso de que en próximas legislaturas iremos por este camino, esperando que los que hoy son oposición, si mañana les corresponde estar en el Gobierno, no cambien de bando y tengamos que ver al Partido Popular reivindicando el cambio del Reglamento y al Partido Socialista aferrado a la no modificación, cosa que, por otra parte, ha ocurrido en otras legislaturas. Por tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa; creemos que es parcial pero pertinente y que nos permitiría abrir el camino a otras posibles modificaciones. En definitiva, es una legislatura desgraciadamente perdida, que ha frustrado más a miles de ciudadanos que reclaman más democracia y a millones de ciudadanos que exigen que las cosas cambien. Ustedes lo podrán frenar hasta el día en que se convoquen las próximas elecciones. A partir de ahí, será el pueblo quien ponga a cada uno en su sitio. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Centella. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso por la que pretende dar mayor protagonismo a los promotores de las iniciativas legislativas populares durante su tramitación parlamentaria. En Convergència i Unió compartimos la necesidad de reformar ese instrumento de participación ciudadana. Desde siempre hemos defendido la necesidad de mejorar y profundizar en todo aquello que fomente una mayor implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Nos basta la propuesta socialista? La consideramos insuficiente. Sinceramente, creemos que debemos ser más ambiciosos. Estamos convencidos de la necesidad de esta revisión e igualmente de actualizar el Reglamento del Congreso, pero en su conjunto, no únicamente en aquello referente a las iniciativas legislativas populares. Y ello, ¿con qué objetivo? El de mejorar y adaptar la actividad parlamentaria a las exigencias de los nuevos tiempos. Esa es la gran asignatura pendiente y lo que hoy los ciudadanos esperan de nosotros. Por el contrario, lo que hoy plantea el Grupo Socialista es un cambio puntual, concreto, poco ambicioso y limitado a la tramitación en el Congreso de la iniciativa legislativa popular. Aunque en su discurso la diputada del Grupo Socialista haya dicho que la propuesta que estaba defendiendo iba más allá, en definitiva el texto que nos proponen dice lo que dice y está hablando únicamente de una reforma del Reglamento para mejorar la iniciativa legislativa popular. Y sorprende que lo solicite con esta propuesta cuando hace meses que está constituida la ponencia de estudio de la reforma del Reglamento, ponencia de la que forman parte el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara. Por lo tanto, consideramos que es forzado y obedece a la pura escenografía que el Grupo Parlamentario Socialista defienda hoy y aquí esta iniciativa, cuando lo coherente es que lo haga en la ponencia de reforma del Reglamento. Cabe preguntarse por qué traen hoy esta iniciativa a debate en el Pleno. La respuesta es obvia: porque el Grupo Popular y el Grupo Socialista han roto las negociaciones para impulsar la reforma del Reglamento. O sea, los dos partidos mayoritarios, excluyendo a los demás, pretendían llegar a un acuerdo para la reforma del Reglamento, pero por razones partidistas, y probablemente electoralistas, han sido incapaces de lograrlo. No habrá, pues, una reforma profunda del Reglamento del Congreso en esta legislatura porque Partido Popular y Partido Socialista no han sido capaces de aparcar sus intereses partidistas y no tienen una verdadera voluntad de llegar a amplios consensos en esta materia. Por eso han fracasado los trabajos de la ponencia, como ya han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha propuesto y defendido la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso con distintos objetivos. En primer lugar, reforzar el debate político e incrementar la participación ciudadana. En segundo lugar, perfeccionar la calidad técnica de la actividad parlamentaria. En tercer lugar, aumentar el respeto a la voluntad de la proposición legislativa - aquí sí coincidimos con la propuesta socialista que hoy debatimos -. En cuarto lugar, incorporar la pluralidad lingüística en el debate parlamentario. En quinto lugar, reforzar el respeto a las minorías, especialmente cuando hay mayorías absolutas. Y, por último, aumentar la ética y la transparencia en el parlamentarismo. Todo ello es necesario para renovar el pacto de confianza entre la ciudadanía y la política, como fiel reflejo de la representación de la opinión de los ciudadanos expresada en las urnas. Los valores de eficacia, integridad, honestidad, transparencia, austeridad y compromiso efectivo con los ciudadanos han de regir el Reglamento del Congreso y, por lo tanto, la actuación parlamentaria. Lamentablemente todavía estamos lejos de conseguirlo. También, como decía anteriormente, debemos reforzar el debate político e incrementar la participación ciudadana incorporando, por ejemplo, modificaciones que dinamicen la acción de control de la Cámara de los miembros del Gobierno o apostar con mayor contundencia por los medios electrónicos que permitan multiplicar la participación ciudadana en el debate de iniciativas legislativas. Asimismo debe adecuarse el Reglamento para permitir la incorporación de propuestas ciudadanas a los proyectos y proposiciones de ley cuando estos hayan superado el debate a la totalidad. También se podría recoger y dar audiencia a planteamientos de la sociedad civil y grupos de interés fijando de forma habitual en las comisiones un punto del orden del día con comparecencias que dieran respuesta a las dudas de los ciudadanos, tal y como sucede en otros países, por ejemplo, en Chile. Y se podría abrir en la página web del Congreso un foro de debate sobre iniciativas parlamentarias en curso en el que los ciudadanos pudieran exponer sus puntos de vista y que estos fueran remitidos a los grupos parlamentarios. Eso sucede, por ejemplo, en Cataluña con el modelo del escaño 136 del Parlament de Catalunya. Por otra parte, debemos ser capaces de mejorar la actividad técnica de la actividad parlamentaria evitando, por ejemplo, la legislación acumulativa de temáticas diversas o facilitando medios a los grupos parlamentarios, entre otras cuestiones. Convergència i Unió defiende además la necesidad de aumentar el respeto a la voluntad de la proposición legislativa de forma mucho más amplia que la propuesta que hoy ha defendido el Grupo Socialista. ¿Con qué medidas? Con dos medidas muy claras. Por una parte, los proyectos de ley de reforma de un estatuto autonómico, en caso de ser modificados durante el trámite parlamentario, deberían poder ser valorados por el Parlamento o Asamblea autonómica correspondiente y, en su caso, ser retirados del trámite parlamentario si así lo deciden las instituciones legislativas proponentes. En segundo lugar, en el caso, por ejemplo, de la iniciativa legislativa popular no debería poderse cambiar el sentido de esta. Consideramos que con posterioridad a su trámite tendría que someterse a la evaluación de los proponentes, que deberían poder retirar el texto si lo consideran pertinente. Otra cuestión importante que debería abordar esa reforma amplia del Reglamento del Congreso y que los grupos Popular y Socialista no tienen el más mínimo interés en impulsar es la posibilidad de usar las lenguas cooficiales distintas al castellano. Precisamente, como bien saben, este fue el principal obstáculo hace dos legislaturas para aprobar la reforma del Reglamento. Si hoy no tenemos un Reglamento del Congreso adaptado a las actuales necesidades es porque ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista aceptaron que se incorporara en aquella reforma el uso de las lenguas cooficiales. En lo que se refiere a reforzar la transparencia y la ética en el parlamentarismo, Convergència i Unió ha defendido reiteradamente la necesidad de regular los lobbies o grupos de interés con el fin de seguir la huella del proceso legislativo. Incluso se aprobó una propuesta de resolución, impulsada por nuestro grupo parlamentario en el debate sobre el estado de la Nación de 2013, para regular el registro de lobbies, pero una vez más el Gobierno incumplió resoluciones aprobadas por esta Cámara, incumplimiento que perjudica y va en detrimento de la calidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones. A día de hoy no existe registro de lobbies en las Cortes Generales y tampoco en las demás instituciones del Estado. En la ponencia de estudio de reforma del Reglamento, Convergència i Unió insistió reiteradamente en la necesidad del registro. Aportamos propuestas muy claras y concretas, pues creemos que es un instrumento importante y eficaz para mejorar la transparencia pero también para luchar contra la corrupción, pero de nuevo, como en tantas otras cosas, la respuesta del Grupo Popular ha sido el silencio. En definitiva, Convergència i Unió considera que la propuesta socialista es pura gesticulación. Ya está constituida la ponencia del Reglamento para abordar una reforma más profunda de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara. Lamentablemente, los trabajos de esta ponencia están paralizados por la incapacidad del Partido Popular y del Partido Socialista de avanzar en los acuerdos, no hay voluntad real de reformar el Reglamento. Compartimos con el Grupo Socialista la necesidad de reformar…
Señora Surroca, tiene que acabar.
Voy terminando, señora presidenta. … las iniciativas legislativas populares, pero en un sentido mucho más amplio que el propuesto por el Grupo Socialista. No obstante, no nos oponemos a la tramitación de esta iniciativa y vamos a votar a favor de su toma en consideración por cuanto es necesario desencallar la reforma de la iniciativa legislativa popular para fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo, lo que debería hacerse en un marco más amplio que el de la mera reforma de los preceptos del Reglamento del Congreso. Muchas gracias.
Gracias, señora Surroca. Señora Serrano, por el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es partidario de fortalecer la democracia fomentando al máximo la participación ciudadana. Por eso lo hemos hecho, porque en el Partido Popular somos de hacemos; no somos ni de podemos ni de los que cuando pudimos no lo hicimos porque no quisimos o porque no supimos. Dicho esto y leída la proposición que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista, mis primeras sensaciones son de sorpresa y, si me lo permiten, también de indignación. Sorpresa porque lo que están solicitando se acaba de hacer, pero no es que se haya hecho a lo largo de esta legislatura, es que se ha aprobado el día 30 de marzo, hace menos de un mes. Además, lo que nos están solicitando cuando ustedes gobernaron no lo hicieron. Ustedes en la legislatura 2004-2008 modificaron la iniciativa legislativa popular y no lo hicieron en el sentido que están reivindicando ahora, pero es que en la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, en la disposición final tercera, esto está regulado y ha sido aprobado, como ya les he dicho, exactamente el 30 de marzo de 2015, hace muy poquito tiempo. Por tanto, sorpresa. Y sorpresa también porque ustedes manifestaron estar de acuerdo cuando se debatió precisamente el informe de esa ponencia. Así lo manifestó el grupo que hoy viene a proponerlo aquí; la persona que lo representaba, don José Enrique Serrano, no solamente estaba de acuerdo, sino que además lo hizo explícito en el propio debate diciendo que ellos lo estaban reivindicando. Es decir, el grupo que estaba de acuerdo hace menos de un mes ahora viene a proponer exactamente lo contrario y espero, señorías - solo hace falta coger el «Diario de Sesiones» del día 15 de enero y leer la página 31, donde el señor Serrano lo explicita diciendo que además era una reivindicación del Partido Socialista -, que el Partido Socialista, ustedes, no se estén convirtiendo en eso que está tan de moda de partidos persona: que en función de que la persona esté de moda nos vamos a un partido y si la persona deja de estar de moda nos vamos a otro. Espero que sus ideas y sus ideologías las sujete todo el grupo y que tengan la misma ideología y las mismas ideas el señor Serrano que el resto de ustedes. [[Aplausos]] Sorpresa también porque ustedes se levantaron hace muy poco de la ponencia del Reglamento, pero eso sí que les voy a decir que últimamente me causa menos sorpresa, porque estamos habituados a ver cómo han dado la espantada o se han levantado de los acuerdos en la Ley de Transparencia o cómo se han levantado cuando hemos estado debatiendo la reforma del Código Penal o cómo se han levantado cuando se han aplicado setenta medidas, un paquete importantísimo para la regeneración democrática de este país. No me causa sorpresa que ustedes se levantasen de la ponencia del Reglamento, rompiendo el serio trabajo y la voluntad de todos los que estábamos allí, ya que había una clara voluntad de consenso, pero permítanme que les diga que me causa indignación que con la que está cayendo en este país, con los problemas que tenemos los españoles, problemas muy serios, problemas de mucho calado, problemas reales, problemas de casi supervivencia en algunas ocasiones, sean incapaces, por el color de la camiseta o por posturas partidistas, estratégicas o de tácticas, no ponernos de acuerdo para solucionar los problemas que nos demandan los españoles. Estarán de acuerdo conmigo en que es indignante que cuando la sangría del paro estaba cayendo, cuando el fracaso escolar estaba en un 30 %, cuando en la falta de transparencia estamos padeciendo unos casos muy serios de corrupción con gran impunidad en muchos de ellos, cuando estábamos aprobando en el peor de los casos más del 60 o el 65 % de todas sus sugerencias, ustedes, por una cuestión partidista, no se pongan de acuerdo, no se arremanguen a trabajar, a solucionar los problemas de todos los españoles, que es para lo que estamos aquí. [[Aplausos]] Lo decía ya Concepcion Arenal, esa grandísima escritora nuestra gallega de siglo XIX; decía que cuando las fuerzas se suman para el bien, no suman, sino que multiplican. Pero no nos hace falta ir a Concepción Arenal ni al siglo XIX, leamos en el «Diario de Sesiones» del día 14 de enero de este año lo que decía don Enrique Serrano, su compañero; decía exactamente lo mismo, que saquemos todo lo mejor de nuestras cabezas para contribuir a mejorar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. La proposición que ustedes nos traen hoy aquí ha sido ampliamente debatida; desde que el Grupo Parlamentario Popular presentó las enmiendas para modificar la iniciativa legislativa popular el 18 de diciembre hasta el 30 de marzo, que fue aprobada. Hemos estado tres meses y medio debatiéndolo y ahora proponen ustedes cambiar - fíjense lo que quieren cambiar, fíjense su respeto a esta democracia - lo que aquí se aprobó el día 30 de marzo por la mayoría de esta Cámara, que no olviden que somos los representantes de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos y en lo que además ustedes estaban de acuerdo; y ahora vienen aquí a cambiarlo. Es absolutamente inédito y por eso nuestro rechazo. Yo me pregunto: ¿Por qué hacen esto? ¿Si se acaba de aprobar con la mayoría que está legitimada, por qué ahora vienen proponiendo una cosa diferente? Entiendo que solo puede obedecer a una falta de ideas y hacen el cortapega o puede ser que estén buscando la fotografía permanentemente o puede ser que intenten seguir en esa estrategia de desgaste del Gobierno o puede ser que estén asustados por algún populismo que les viene comiendo por la izquierda… No lo sé, pero lo que sí sé es que no defiende los intereses de los españoles, y como además es algo que ha sido recientemente apoyado con la legitimidad que tiene esta Cámara, lógicamente lo que les vamos a pedir desde el Grupo Parlamentario Popular es que lo retiren. Que lo retiren por coherencia, por seriedad y por responsabilidad. Por coherencia porque la Ley orgánica de control de actividad de los partidos políticos ya modifica la iniciativa legislativa popular, precisamente potenciando y fomentando la participación ciudadana y el estado del cauce. Por coherencia y seriedad porque el propio Reglamento de la Cámara, en el artículo 44. apartado 4, dice que cuando tengan que comparecer por ejemplo los expertos, lo hagan a través de las comisiones porque son aspectos sectoriales, y así se ha hecho en temas nada baladíes como, por ejemplo, la reforma del Código Penal o la Ley de Transparencia, con la comparecencia de expertos en la comisión pertinente. Por coherencia y seriedad ya que la Constitución - creo que lo mencionaba usted al principio - en el artículo 87.3 dice precisamente que las materias que sean de ley orgánica no podrán ser reguladas por la iniciativa legislativa popular; las excluye y solo las deja para aquellas ordinarias cuyo cauce normal, como no puede ser de otro modo, es la Comisión. Y también por coherencia y por seriedad porque en la Comisión de Reglamento estábamos todos de acuerdo y lo hemos repetido hasta la saciedad. Esta es una tribuna política y aquí vienen los debates políticos; los debates técnicos y sectoriales van a la Comisión. Por lo tanto, por coherencia, por seriedad y también por responsabilidad, señores del Partido Socialista, es la hora de la responsabilidad. Si han sido ustedes un partido de Gobierno y quieren seguir siendo un partido que algún día tenga la posibilidad de gobernar, tienen que empezar a tener la responsabilidad de defender los intereses de los españoles, que es lo que nos importa a todos, no solo estar en contra de lo que propone el Partido Popular, porque eso es lo que estoy viendo en los últimos tiempos que une a toda la izquierda. Les une a ustedes, señores del Partido Socialista, a la izquierda plural y variada, a la izquierda radical y nacionalista de los que están aquí, a los que no están aquí, esos de las ideas absolutamente trasnochadas y muy radicales, y no sé si a la izquierda de nuevo cuño. Pero lo que les aproxima a todos ustedes somos nosotros, el Partido Popular. Es, todos contra el Partido Popular. Esa es su ideología, esa son últimamente sus ideas. Todos contra el Partido Popular. Pues se equivocan porque somos el partido de la gente, somos el partido de las clases medias y vamos a seguir trabajando porque ya lo han dicho muchísimos filósofos y creo que nos lo han enseñado a todos: solo la constancia trabajando hará que las obras den su fruto. No sé si esa postura suya es producto de esos populismos que les vienen por la izquierda y que les hacen que se coloquen no solo en el partidismo sino otra vez en el populismo, en vez de en el Parlamento. O que se coloquen ustedes...
Señora Serrano.
Voy terminando. Gracias, presidenta. O que se coloquen ustedes más en la foto que en el trabajo. Pues en el Partido Popular vamos a seguir trabajando. En el PP a trabajar, en el PP a hacer para crecer porque para eso estamos aquí, para dar oportunidades a todos los españoles. Recordemos todos que nos han puesto aquí para trabajar por y para España. Muchas gracias. [[Aplausos.-Silbidos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista]]
¡Por favor, que no estamos en un partido de fútbol!
Pasamos al segundo punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] sobre reforma del impuesto sobre sociedades para reponer la deducción por inversiones con objetivos de mejora ambiental. Para su defensa, señor Sánchez i Llibre. [[La señora]]
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] plantea ante esta Cámara una proposición de ley para intentar reformar el impuesto de sociedades en el sentido de reponer la deducción de inversiones medioambientales para incentivar la inversión, la competitividad y, al mismo tiempo, la consolidación y generación de los puestos de trabajo. Esta iniciativa parlamentaria persigue dos objetivos relevantes. Uno de los objetivos básicos, fundamentales y relevantes de esta iniciativa de Convergència i Unió es conseguir lo más rápidamente posible la reindustrialización de nuestro país para que se pueda basar y consolidar con fundamentos sólidos, como son estos mecanismos que van en la dirección de fomentar la inversión, así como consolidar esta reindustrialización con estándares máximos de calidad en todos aquellos aspectos que hacen referencia a temas propuestos y orientados por la Unión Europea que van dirigidos a una mayor convergencia con los dictados de Europa. Por tanto, un primer aspecto positivo, relevante e importante, desde nuestro punto de vista, es conseguir esta reindustrialización de nuestro país para que vaya en la dirección de la modernización de las estructuras productivas sobre las que puede sustentarse la economía española a medio y largo plazo. Hay otro aspecto no menos relevante e importante que consideramos también fundamental, que es estimular la economía verde, proponiendo medidas para que, en un futuro inmediato y también desde una perspectiva largo y medioplacista, se puedan prevenir aquellos aspectos que van en la dirección de incrementar la contaminación industrial. Por este motivo, nosotros entendemos que sería necesario que este Pleno del Congreso de los Diputados, a través de sus grupos parlamentarios, pudiera dar un soporte importante a esta iniciativa que presentamos. Respecto al primer tema, creemos que la reposición de este incentivo fiscal es una vía fácil para que el Gobierno se alinee con los mandatos comunitarios, facilitando la consecución de los objetivos que Europa demanda a los Estados miembros con dos ejemplos muy concretos que voy a detallar rápidamente. En primer lugar, en materia energética, como conocen todos ustedes, uno de los objetivos de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 40 % en el año 2030 respecto a las que tenía en el año 1990. En este sentido, está claro que urge revisar nuestras políticas ante el cambio climático con el fin de adaptarlas a los nuevos objetivos comunitarios. A corto plazo es fácil ver que una de estas propuestas que contribuiría a acometer tal objetivo es la de estimular fiscalmente a las empresas para que inviertan en objetivos de mejora medioambiental. Por ello, señorías, creemos que ha sido un error suprimir esta deducción del impuesto sobre sociedades, como ha hecho el Gobierno en la reciente reforma fiscal, porque, desde nuestro punto de vista, supone alejarse de las políticas que nos permiten converger con Europa, porque no hay que olvidar, señorías, que en los próximos años la Unión Europea nos va a exigir más inversiones en todos aquellos aspectos que hacen referencia al medio ambiente: Invertir en reducciones de emisiones, invertir en eficiencia energética. Por lo tanto, señorías, empecemos por aquí; empecemos hoy mismo con la reintroducción de este mecanismos fiscal que va en la dirección de poder fomentar y producir una energía más limpia. El segundo aspecto que nosotros consideramos relevante va ligado a la materia energética y es también lo que vamos a proponer desde la perspectiva industrial. Europa pide incrementar el peso europeo del PIB industrial sobre el PIB general, pide que apostemos por la industria pero que incentivemos la industria sostenible, no la contaminante, señorías. La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales - prevención y control integrados en la contaminación - propone requisitos ambiciosos que deben respetar las actividades industriales con mayor potencial de contaminación a fin de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente y la salud. Dentro de estos requisitos está la necesidad de que las instalaciones industriales empleen las mejores técnicas disponibles, lo que podríamos resumir como el MTD. Europa exige a las industrias que apliquen las técnicas más eficaces para lograr un nivel general de protección del medio ambiente alto en su conjunto. Ello, a efectos prácticos, señorías, para que ustedes tengan información, implica que alrededor de unas 5.400 empresas de todo el Estado español tengan que acometer importantes inversiones en los próximos ocho años. ¿Cómo lo van a hacer, señorías, si el Estado, que por una parte quiere incrementar el peso de la industria en el PIB, reduce de un plumazo una serie de inversiones que van en la dirección de menos contaminación, más energía limpia y más competitividad? Por lo tanto, señorías, si no aprobamos esta iniciativa con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, España se va a encontrar en una situación de competencia desleal respecto a otros países de la Unión que sí gozan de estos incentivos fiscales, como Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega, Bélgica, etcétera. El tercer motivo por el que hemos traído a este debate esta iniciativa es porque creemos, señorías, que el incentivo fiscal que se propone es una vía rápida de reponer un estímulo a la economía verde; un estímulo que va en la dirección de fomentar, de generar, de consolidar empleo estable y riqueza productiva desde una perspectiva sostenible con respecto al medio ambiente, algo que en la actual coyuntura resulta importantísimo según el criterio de Convergència i Unió. A nuestro juicio, señorías, la fiscalidad ambiental ha de tener un doble objetivo, como hemos planteado en diferentes ocasiones, que es generar incentivos económicos para una buena gestión o comportamiento ambiental y desincentivar determinadas gestiones y/o comportamientos. Por ello, es fundamental contar con una fiscalidad que desincentive determinadas conductas pero que incentive aquellas prácticas que potencien las inversiones que provienen de la contaminación. En España, señorías, a lo largo de estos últimos años se han generado una serie de tributos, tasas, impuestos ambientales, impuestos sobre hidrocarburos, sobre electricidad, sobre gas, etcétera, que ustedes conocen perfectamente, y es cierto que todos estos impuestos son medidas de tipo correctivo, es decir, penalizan a las empresas después de que se haya producido la contaminación. La utilización de una política de establecimiento de cargas, tasas o impuestos ambientales sobre el emisor de la contaminación resulta insuficiente, a nuestro juicio, para lograr que las empresas contaminantes dejen de contaminar, es decir, la carga se ha convertido, señorías, en un elemento más del coste del producto repercutido en el cliente. Por ello, señorías, la implementación de gravámenes de tipo ambiental que siguen el criterio de que quien contamina paga no son la única vía para reducir el impacto de las empresas sobre el medio ambiente sino todo lo contrario; hay que tender a primar la realización de medidas preventivas de la contaminación de acuerdo con el principio de prevención de la contaminación, indicado en una amplia variedad normativa, tal y como les acabo de explicar en mi intervención, recogidas perfectamente en la Directiva comunitaria 2010/75 de la Unión Europea que he citado anteriormente. La fiscalidad medioambiental, señorías, desde el punto de vista de Convergència i Unió, constituye un medio complementario para coadyuvar a la protección y defensa del medio ambiente y se articula en torno a figuras impositivas cuya finalidad, señorías, es única y exclusivamente estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural. Hay otro aspecto que recoge esta proposición de ley y que ya hemos planteado en diferentes iniciativas parlamentarias. Partiendo de la base de que todo lo que sea fomentar la economía verde, todo lo que sea fomentar energías limpias, todo lo que sea fomentar energías para poder cumplir los objetivos para el año 2030, podemos incorporar una deducción relevante, a nuestro entender, como es la incluir el 10 % de las inversiones para la adquisición de nuevos vehículos industriales de transporte por carretera con categoría eurosuperior, que contribuyan a la reducción de la contaminación atmosférica. Se trata de recuperar una deducción beneficiosa para cumplir con los objetivos medioambientales del transporte sostenible marcados por la Comisión Europea y por el propio Gobierno español. Señorías, se trata de intentar corregir algunos planteamientos del Gobierno, como así lo hemos hecho en diferentes ocasiones, como en el debate sobre el estado de la Nación por parte de nuestro portavoz, señor Duran i Lleida, y también en el debate presupuestario, en el que nuestro portavoz, Pere Macias, tuvo una intervención magnifica y explicó ante el ministro Montoro y ante el presidente del Gobierno las especificidades que podían hacer cambiar el pensamiento del Gobierno sobre las deducciones medioambientales que hasta la fecha estaban recogidas en la legislación fiscal española. En aquellos momentos pensábamos que era un error seguir en esa dirección; no conseguimos cambiarlo y el Gobierno continuó en la dirección propuesta por ellos de erradicar de nuestra legislación fiscal el 8 % de las deducciones que iban a la formación bruta de capital fijo en materia medioambiental. Tanto en las reuniones con el ministro Montoro como en las intervenciones ante el presidente del Gobierno siempre hemos mantenido la posibilidad de, antes de que acabara esta legislatura, hacer cambiar al Gobierno y al grupo parlamentario que le da soporte para que pudiéramos reintroducir medidas fiscales que van en la dirección de incrementar las inversiones, que van en la dirección de consolidar en determinados aspectos puestos de trabajo que son clave porque en caso contrario probablemente estas industrias que no van a ser competitivas se van a deslocalizar y vamos a perder esos puestos de trabajo y, lo que es más importante, desde la perspectiva de una modernización de las estructuras empresariales y productivas españolas, es necesario, señorías, tener una legislación fiscal moderna, igual que la tienen los países de la Unión Europea que acabo de mencionar. Concluyo solicitando a todos ustedes, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, que es el que da soporte al Gobierno, un cambio de criterio, un cambio de dirección para que esta proposición de ley sea una realidad y finalmente podamos disponer de mecanismos europeos y de mecanismos modernos para que esta reindustrialización y esta modernización de nuestras estructuras empresariales y productivas sean homologables a las que tienen muchos países de la Unión Europea. Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Gracias, presidenta. Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición en relación con la proposición de ley que hoy nos trae a esta Cámara para su debate y votación el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] Señores de Convergència i Unió, compartimos plenamente la filosofía y la propuesta realizada por su grupo parlamentario en esta proposición de ley. El respeto y la preservación medioambiental, evidentemente, deben formar parte de nuestras prioridades políticas. La idea de crecimiento sostenible, eficiente en el uso de los recursos y respetuosa con el medio ambiente ya no se cuestiona; en nuestra opinión, se acepta y se impulsa. Por ello, es un acierto y una política obligada la utilización de la fiscalidad ambiental para favorecer dicho crecimiento sostenible. Incentivar mediante deducciones fiscales a las empresas que realicen inversiones que eviten la contaminación y sean respetuosas con el medio ambiente es una política que lo fue del pasado, lo tiene que ser del futuro, pero que no lo es en el presente en el Estado español, atendiendo al marco del impuesto sobre sociedades. Es bueno que se recuperen dichos incentivos, beneficios a los ciudadanos, al medio ambiente y a los resultados económicos de las empresas que se comprometan con dichos objetivos. En Euskadi, las tres diputaciones forales aplican estas deducciones fiscales a las inversiones de las empresas con fines medioambientales. Así, por ejemplo, el artículo 65 de la norma foral del impuesto sobre sociedades de Bizkaia se refiere precisamente a esta deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de las fuentes de energía. Además, las deducciones a aplicar - como propone la proposición de ley de CiU - lo son a las inversiones que son consideradas en un listado que viene del Gobierno vasco en referencia a las tecnologías limpias, que son las que se pueden subvencionar. Estamos pues de acuerdo con el contenido de la proposición de ley al cien por cien. No obstante, señor Sánchez i Llibre, como usted bien sabe, siendo fieles a nuestra costumbre de abstenernos en la votación de aquellas materias fiscales cuya normativa corresponde a las haciendas forales de los territorios históricos, así lo haremos.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la lógica política difiere mucho de la lógica aristotélica y de cualquier lógica posterior. La lógica política permite planteamientos como desear que aumenten los ingresos pero a la vez que nadie pague más, permite planteamientos como querer reducir los gastos y que nadie se vea perjudicado, o permite planteamientos como que todos estén por encima de la media; planteamientos difíciles de alcanzar incluso con mayoría absoluta. Lo digo porque esta lógica política, señor Sánchez i Llibre, también se aplica al problema que hoy usted nos plantea. Hay un acuerdo bastante generalizado entre los especialistas sobre el hecho de que en nuestro sistema fiscal hay un excesivo número de deducciones, hay excesivos gastos fiscales, y que cada año se dejan de ingresar unos 40.000 millones de euros, cuatro puntos del PIB, como consecuencia de esas deducciones. En los debates de política fiscal general hay un acuerdo bastante amplio sobre esta cuestión. Sin embargo, cuando hay que concretar en qué deducciones quitar, el acuerdo desaparece, e incluso algunas desaparecidas se quieren reimplantar. Es un poco contradictorio querer reducir los gastos fiscales que provocan las deducciones sin deshacerse de ninguna e incluso aumentándolas. Nosotros compartimos, como no puede ser de otra manera, la preocupación medioambiental que hay detrás de esta iniciativa. El problema del cambio climático es algo con una evidencia científica abrumadora, está incorporado dentro de la estrategia europea 2020 y el reto climático se puede ver como una oportunidad de futuro en la industrialización en sectores relacionados con la economía verde. Todo eso, por supuesto, lo compartimos; la cuestión es cuáles son los mejores instrumentos para lograr estos objetivos. El instrumento que usted nos propone, las desgravaciones fiscales del tipo que usted nos plantea, tienen inconvenientes importantes; muchos especialistas las consideran costosas e insuficientes. ¿Por qué ineficientes? Porque en muchas ocasiones las empresas realizan estas inversiones por otros motivos, regulaciones legales por ejemplo, y no cambian el comportamiento por el incentivo fiscal, se comportan igual; la única diferencia que supone el incentivo fiscal es que reducen sus costes aumentando evidentemente los gastos para la Hacienda pública. Esto le resultará a usted interesante como defensor de las pymes, ya que precisamente este tipo de desgravaciones benefician fundamentalmente a las grandes empresas. Normalmente no cambian su comportamiento y suponen un coste para la Hacienda pública, por eso son costosas e ineficientes. Por otro lado hay alternativas muy diversas para lograr estos fines. En el ámbito fiscal, lo ortodoxo, cuando hay un efecto externo negativo como es la contaminación, es internalizar el coste, es decir, gravar al que contamina, no desgravar. Esa es la respuesta ortodoxa en la Hacienda pública frente a un efecto externo negativo, internalizar el coste. Hay otro tipo de medidas de política fiscal. Puestos a incentivar fiscalmente, ¿por qué no incentivamos a las familias para que rehabiliten sus viviendas y las hagan más eficientes energéticamente? Una propuesta de Unión Progreso y Democracia es que el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se module en función de la eficiencia energética de la vivienda, lo que, por cierto, crearía empleo en un sector deprimido hasta ahora, como ha sido el de la construcción. Saliendo del ámbito fiscal, otras alternativas posibles tienen que ver con la regulación, con el cambio en la legislación ambiental y, por supuesto, con la actuación vía política energética. Como se ve, hay múltiples posibilidades de compartir estos objetivos por vías más eficientes que la planteada. De su iniciativa, más que la propuesta concreta, nos interesa la posibilidad de reabrir el debate sobre el impuesto sobre sociedades que, en nuestra opinión, se cerró en falso al debatirse en esta Cámara la reforma fiscal. Creemos que el impuesto sobre sociedades, tal y como salió de esa reforma fiscal, tiene importantes problemas. En primer lugar, hay algunos principios tributarios esenciales que no respeta; por ejemplo, hay algunos costes que las empresas no pueden reflejar como tales, lo que provoca que el beneficio a efectos fiscales difiera del verdadero beneficio económico. Estoy pensando en las provisiones por deterioro y en cómo se tratan. Otro problema tiene que ver con las plusvalías nominales, que no se corrigen por la inflación. Así, al no corregirse los efectos inflacionarios de forma adecuada, se están gravando plusvalías ficticias. Un tercer principio tributario esencial que no se respeta es evitar gravar doblemente los dividendos. Junto a estos principios esenciales que no se respetan, nos preocupa que no se hayan cerrado suficientemente bien las diferentes vías de elusión. En España hablamos mucho del fraude fiscal, y con razón, pero olvidamos la elusión fiscal, importante y distinta, que es evitar el pago de impuestos dentro de la ley, aprovechando los agujeros que proporciona el sistema tributario. Para cerrar estos agujeros, estas vías de elusión fiscal, en el impuesto sobre sociedades sería interesante, como propusimos en la reforma fiscal, que las instituciones de inversión colectiva, entre ellas las famosas Sicav, tributasen en un régimen de transparencia, esto es, que los beneficios se imputasen a los socios cuando se generasen para así evitar que difiriesen indefinidamente el pago de impuestos. Es también importante combatir la interposición de sociedades con efectos meramente instrumentales. Una última cuestión que cito por su actualidad tiene que ver con el tratamiento de los activos fiscales diferidos, de los que hemos vuelto a leer en la prensa durante las últimas semanas. Propusimos durante la reforma fiscal un mayor control de estos activos fiscales diferidos, que la Agencia Tributaria tuviese más posibilidades de verificar que se cumplen las condiciones para poder exigirlos a la Administración. Votaremos favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley en el sentido que he manifestado, como una posibilidad de reabrir el debate sobre el impuesto de sociedades, que, en nuestra opinión, se cerró en falso al debatirse la reforma fiscal. Nuestro voto será favorable en el sentido mencionado y, si se admite la toma en consideración, enmendaremos la propuesta que usted nos trae en los términos que he citado. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, de entrada queremos dejar constancia de que compartimos la motivación que dice tener Convergència i Unió en su proposición de ley, a saber: Avanzar en la política medioambiental, utilizando para ello el instrumento de la política fiscal. Compartimos este objetivo, entre otras cosas, porque nuestro grupo, La Izquierda Plural, ha venido presentando diferentes iniciativas durante esta legislatura; por cierto, ya lo hizo el compañero Joan Herrera en la anterior, cuando el Gobierno de entonces procedió a la eliminación progresiva de deducciones fiscales con el compromiso de desarrollar una fiscalidad verde, compromiso que luego nunca se cumplió. Este país continúa necesitando una política ambiental que merezca este nombre y la fiscalidad verde es un buen instrumento, sobre todo porque no deberíamos olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea con una fiscalidad verde más baja, el 1,83 % del PIB, según los datos de Eurostat de 2013, únicamente por detrás de Lituania. Solo eso ya nos debería hacer reflexionar sobre el valor que se le da al medio ambiente en este país. Hasta aquí llegan nuestras coincidencias sobre la fiscalidad ambiental que nos propone Convergència i Unió. Una vez más, en un discurso antiguo, contrapone medio ambiente a competitividad industrial, y eso es tener un concepto tan antiguo de la industria como de la posibilidad de utilizar el medio ambiente en términos competitivos. Esa visión obsoleta ya se puso de manifiesto en su momento, cuando CiU estuvo a favor de la supresión del impuesto sobre gases fluorados, con el argumento de que ello supondría una merma en la competitividad, cuando es evidente - y lo dice expresamente la Comisión Europea - que una apuesta por la fiscalidad verde y por ese tipo de actuaciones no solo es el camino más eficiente para el desarrollo sostenible, sino también para la creación de empleo, teniendo en cuenta que muy probablemente el gran yacimiento de empleo del siglo XXI será la apuesta por la sostenibilidad. Discrepamos abiertamente de una política fiscal hecha a retales y con cambios permanentes y también de la orientación de las propuestas y políticas auspiciadas por CiU en relación con el impuesto sobre sociedades. Permítanme que haga aquí una reflexión de carácter general. España tiene uno de los sistemas fiscales más cadavéricos e injustos del mundo. Es cadavérico por su escasa capacidad de recaudación: un 8 % menos del PIB que la media de la Unión Europea. Eso significa que si consiguiéramos cerrar ese diferencial - que sin duda no es una cuestión de un día ni de un año - y nos situáramos en la media de la Unión Europea, este país dispondría de cerca de 8.000 millones de euros más de ingresos para poder desarrollar muchas políticas. Además de ser cadavérico, nuestro sistema fiscal es profundamente injusto, porque a la insuficiencia fiscal - que ya de por sí es injusta, porque no permite practicar políticas públicas, políticas sociales - se une que continúa recayendo en demasía sobre las rentas del trabajo y del consumo, a las que penaliza, mientras protege las rentas del capital, las del patrimonio o la imposición sobre las sociedades en diferentes ámbitos. Desde esa perspectiva, en esta política de desfiscalización a la baja y del impuesto sobre sociedades, CiU ha jugado un papel protagonista y yo se lo quiero reconocer: fuera cual fuere el Gobierno que estuviera en España, del color que fuera, CiU siempre, siempre ha utilizado su capacidad de influencia para incidir en ese sistema fiscal y hacerlo, a nuestro entender, más injusto e insuficiente. Lo ha hecho afectando directamente a los ciudadanos y también afectando al conjunto de comunidades autónomas, a Cataluña, porque si el pastel es pequeño, la parte del pastel que corresponde a las comunidades autónomas lo es también; lo contrario es muy difícil. En ese sentido, sería bueno que CiU dejara de llorar en Cataluña las consecuencias de las políticas que ha votado, cuando no impulsado desde España. Creo recordar que la última vez fue en el año 2007, en relación con el impuesto sobre sociedades. Fueron ustedes los que tuvieron más interés en reformar ese impuesto, como siempre, con un fin tan loable como el de hoy, que es primar a la pequeña y mediana empresa y reducir su tipo real. Y lo consiguieron, bajaron el tipo real del impuesto sobre sociedades de las pequeñas y medianas empresas al 25 %, pero como consecuencia de esa política de hacer del impuesto sobre sociedades una cosa parecida al queso gruyère - perdón: emmental, que es el que tiene más agujeros que queso -, se han convertido en copartícipes y coprotagonistas de un fenómeno por el cual en estos momentos las pymes tienen un tipo legal del 25 % y un tipo efectivo que llega escasamente al 22 %, cuando las grandes empresas, con el tipo legal del 30 %, tienen un tipo efectivo que ha llegado a caer en algunos ejercicios o en algunas entidades financieras hasta el 10 %. En ese sentido, no puedo más que estar de acuerdo con el diputado Álvaro Anchuelo, cuando decía que justo uno de los problemas de nuestro impuesto de sociedades es ese proceso de permanente erosión, vía deducciones, que se produce constantemente y que además no modifica el comportamiento de las empresas. Como sucede con las bonificaciones y deducciones de la Seguridad Social, lo único que hace es premiar a empresas que ya tenían en muchas ocasiones tomada una decisión para que ese coste fuera menor. Desde esa perspectiva, ahora nos presentan de nuevo este mismo planteamiento y lo hacen a los pocos meses de que este Congreso haya aprobado una Ley del impuesto sobre sociedades que, sin duda, cerró en falso el debate, pero lo hizo con un planteamiento que era reducir el tipo legal a costa de disminuir significativamente las posibilidades de deducción en el impuesto sobre sociedades. Pero si en diciembre se baja el tipo legal y en el mes de abril ustedes ya están intentando incorporar nuevas deducciones, el proceso es un nuevo factor de erosión del tipo efectivo del impuesto sobre sociedades. Creo sinceramente que ese no es el planteamiento. Si ustedes quieren discutir sobre esa cuestión, vamos a discutirlo y vamos a hacerlo integralmente: impuesto de sociedades y fiscalidad ambiental. Vamos a hacerlo integralmente, no a pedacitos: hoy muerdo de aquí, mañana muerdo de allí y, al final, no queda nada para morder y, cuando no queda nada para morder en tributación, eso quiere decir que la capacidad del Estado para decidir es limitada. Entendemos que esa es la reflexión que hay que hacer. De todas maneras, como ustedes nos plantean una proposición de ley y hoy estamos discutiendo su simple toma en consideración, vamos a aceptar el envite y vamos a votar a favor, diciendo ya de entrada que de lo único que estamos a favor es de que se discuta y luego, en el contenido, vamos a plantear nuestras propuestas. Desde esa perspectiva, quiero recordar simplemente tres ejes de nuestro planteamiento: primero, si se quiere avanzar en la estrategia europea 2020, que ustedes citan en su exposición de motivos, lo primero que hay que evitar es que se haga dumping fiscal, desfiscalización a la baja, utilizando el argumento medioambiental y, por tanto, es imprescindible un proceso de armonización fiscal europeo también en los aspectos medioambientales. Por cierto, alerta: Si tira hacia delante el famoso tratado transatlántico de inversión y comercio, muy probablemente lo que suceda sea exactamente lo contrario, que la armonización se haga, pero no por las instituciones políticas sino por el mercado y a la baja. El segundo aspecto a retener desde el punto de vista que nosotros planteamos en este tema, vuelvo a decir, es que no se puede hacer un debate a retales, a trozos, porque el resultado final es un resultado en el que el objetivo que se dice mantener queda absolutamente desfigurado. El tercer eje de nuestra política fiscal en materia medioambiental es que debe encontrarse un equilibrio entre aquellas políticas ambientales que incentivan determinados comportamientos y aquellas que los desincentivan. Ustedes nos hacen una reflexión en su proposición de ley que es la siguiente: Quien contamina más paga más y quien contamina menos paga menos. Sin embargo, a la hora de plasmar ese tema, ustedes solo encuentran plasmación en su parte dispositiva en que quien contamina menos paga menos, pero no hay ni un solo apartado que diga cómo se expresa eso de que quien contamina más paga más. Además, me parece que ustedes han entendido mal esa máxima, que la confunden. Su planteamiento nos podría llevar a confundir el principio de que quien contamina paga por el de que quien se puede permitir el lujo de pagar tiene permiso para contaminar y contamina, y eso, sin duda, no puede ser abordado en esos términos. En todo caso, me quedaré con la parte positiva, y es que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque, como les digo, tenemos una posición radicalmente contraria tanto a su manera de abordar el impuesto sobre sociedades como a su manera de entender la fiscalidad ambiental. Pero, bueno, para eso está el debate, para discutir. Ahora la palabra la tiene el Partido Popular. Espero que no tenga miedo a reabrir ese debate en términos favorables y que vote a favor de Convergència i Unió - fíjense bien lo que les pido, que voten a favor de Convergència i Unió -, esto es, que vote a favor del derecho a poder discutir sobre este tema. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González Ramos.
Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta proposición de ley que hoy nos trae Convergència i Unió sobre la reforma del impuesto sobre sociedades para reponer la deducción por inversiones en la protección del medio ambiente, que hay que recordar que fue eliminada por la reforma fiscal del Gobierno. Contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, como expresión de la voluntad de llevar a cabo una reforma de esta figura tributaria de la fiscalidad ambiental. Apoyaríamos ciertas reducciones de cargas impositivas en las empresas si fuéramos construyendo a la vez una política fiscal que favoreciera una mayor sostenibilidad ambiental y un crecimiento eficiente en el uso de nuestros recursos naturales y fuéramos cumpliendo los objetivos que marca la estrategia 2020, que busca armonizar una recuperación y dinamización económica como la que debe lograr España con el cuidado del medio ambiente. La protección de nuestro entorno y la búsqueda de una mayor sensibilidad empresarial en su relación con el medio ambiente es un objetivo incuestionable y se convierte en uno de los grandes retos que tiene la sociedad española en un futuro inmediato. Como principio general, el Grupo Socialista defiende un sistema impositivo capaz de recaudar suficientes ingresos para financiar los servicios públicos del Estado del bienestar e impulsar el crecimiento económico, pero hay que recordar qué ha ocurrido en esta crisis. Primero, los ingresos públicos han caído mucho, más de seis puntos, situándose muy por debajo de la media de la zona euro; en ningún otro país de nuestro entorno se ha producido tal desplome de los ingresos. Segundo, España es uno de los países de la Unión Europea con menores ingresos respecto al PIB, como ya han dicho otros grupos. Concretamente, en 2013 España recaudaba el 37,5 % del PIB frente al 46,6 % de la zona euro. Con el nivel actual de recaudación es muy difícil reducir el elevado déficit estructural y la deuda pública y recuperar al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos que presta nuestro Estado del bienestar. Como tercera observación, el impuesto sobre sociedades, en términos de recaudación, ocupa el puesto decimoctavo de la Unión Europea, con el 2,2 % del PIB en 2012. Los ingresos del impuesto sobre sociedades fueron de 18.713 millones de euros en 2014, con una reducción del 6,2 respecto al año anterior. Este impuesto ha pasado a ser la cuarta figura tributaria en términos de capacidad recaudatoria, por detrás de los impuestos especiales. La recomendación que hace la Comisión Europea es la reconsideración de las deducciones, que reducen la tributación efectiva de forma muy significativa y hacen que las pymes, a pesar de estar sujetas a un tipo más reducido, paguen un tipo efectivo más elevado que las grandes empresas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone una reforma fiscal profunda, completa y rigurosa, que afecte a las principales figuras impositivas, una reforma que persiga aumentar la recaudación de una forma justa, para acercarnos al promedio europeo, para garantizar el Estado del bienestar y, sobre todo, para corregir los principales desequilibrios, como la excesiva concentración de recaudación de las rentas del trabajo y la excesiva bondad del sistema tributario con los que acumulan grandes fortunas y con el sistema financiero. En el impuesto debatido hoy aquí, el impuesto sobre sociedades, nuestro objetivo, el del Grupo Parlamentario Socialista, es establecer una tributación mínima para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y a estabilizarla en el tiempo y reformar realmente la estructura del impuesto, eliminando y reconsiderando las deducciones que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones, reducen la tributación efectiva de forma muy significativa y hacen que las pymes, a pesar de estar sujetas a un tipo más reducido, paguen un tipo efectivo más elevado que las grandes empresas. Como principio general, España precisa una reforma tributaria profunda y sobre todo necesita impulsar el civismo fiscal. Es cuando menos dudoso calificar como reforma estructural la reciente reforma del impuesto sobre sociedades del Gobierno, siendo más bien una mera rebaja de tipos impositivos. Afirmar que la reforma recompone la base del tributo afectada por numerosas exenciones y deducciones de toda índole y a la vez prever un descenso de la recaudación constituye a nuestro juicio una contradicción insalvable de la reforma de esta figura impositiva. El propio Gobierno reconoce que la reforma aprobada supone una caída de la recaudación de unos 3.000 millones de euros, es decir, un regalo fiscal en toda regla a las grandes corporaciones, mientras que a los autónomos se les bajan parcialmente las retenciones que el propio Gobierno había subido, pero en modo alguno se les reducen los impuestos. La consecuencia será que el impuesto sobre sociedades en 2016 tenga el menor peso en el PIB desde comienzos de la crisis. Por consiguiente, es una política tremendamente injusta, que incrementa la brecha económica de nuestro país, que ya de por sí es grande y creciente, por la vía de transferir renta y bienestar de los trabajadores y de una parte importante de las rentas medias a las rentas altas y a las grandes corporaciones. La reforma del Gobierno se olvida de dos grandes elementos de progresividad: uno, incluir la riqueza; dos, la lucha contra el fraude. Sí, aquí en este último la lucha contra el fraude y la elusión fiscal son los grandes olvidados. Ello es así porque durante toda la legislatura la lucha contra el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno. En marzo de 2012, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, el Gobierno de Rajoy decidió una amnistía fiscal, ejecutada por el ministro Montoro. Las consecuencias de la amnistía fiscal son claras. Es un escándalo que un Gobierno en el siglo XXI lleve a un Parlamento democrático una ley que sea utilizada de pasarela para que los delincuentes de cuello blanco y evasores fiscales se puedan ir de rositas penal y fiscalmente. Lo verdaderamente grave y vergonzoso es que una ley aprobada en un Parlamento pueda servir para dar cobijo a delincuentes. Lo injusto es que los defraudadores pagasen como máximo el 3 % de lo regularizado. La regeneración democrática que necesita nuestro país pasa, entre otras muchas cuestiones, por conocer los más de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía. Todo parece señalar que la amnistía fue diseñada para amigos y dirigentes del Partido Popular: Bárcenas, Rato. En conclusión, con la amnistía el Gobierno abrió una puerta a los defraudadores, una puerta que fue agrandando y ampliando a lo largo de todo el proceso. Aquí, en sede parlamentaria, hay que decir muy alto que es necesario conocer la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal. El Gobierno de Rajoy puede y debe hacerlo por decencia política y sin modificar la Ley General Tributaria, porque solamente tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 95, en su punto primero, apartado e), según el cual se pueden conocer los defraudadores a través de la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, comisión que el Grupo Parlamentario Socialista lleva solicitando desde 2012. El Grupo Parlamentario Popular tiene una oportunidad magnífica para apoyar la constitución de una comisión de investigación, porque con los Rato, con los Bárcenas, la amnistía fiscal de Rajoy, si ha demostrado algo, es que la cúpula del Partido Popular ha hecho de la política su negocio privado. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, me gustaría hacer alusión a las palabras manifestadas por el portavoz del Grupo Socialista desde esta tribuna, pues ha hecho una utilización absolutamente torticera de este Parlamento y eso supone un engaño a los ciudadanos. Ha hablado de una cuestión que no es la que estamos tratando en este momento y eso es un uso fraudulento, teniendo en cuenta que a lo que venimos a este Congreso es a trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos. [[Aplausos]] Entrando en la iniciativa que se ha traído, que desde luego no tiene nada que ver con las palabras que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, que luego se van a debatir en otro punto, el Grupo Parlamentario Popular se va a posicionar en contra de la iniciativa presentada por CiU por una cuestión de coherencia, obviamente, coherencia con una reforma fiscal que ha entrado en vigor, como todos ustedes saben, el pasado 1 de enero de 2015 y que ha supuesto una revisión sustancial de nuestro sistema tributario y en concreto de nuestra imposición directa tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades. Por eso, señorías, me gustaría recordar en esta tribuna cuáles fueron los objetivos de esa reforma, cuál fue el espíritu que la inspiró. La reforma fiscal del Gobierno, como dijimos en su momento, tiene un objetivo primordial y prioritario: conseguir consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Y por qué se ha planteado ahora esa reforma fiscal? Porque este Gobierno ha sido capaz de corregir la deriva de recesión económica y de destrucción masiva de puestos de trabajo a la que nos había abocado el Partido Socialista y lo ha conseguido con una política económica basada en una buena gestión de las cuentas públicas y en un proceso continuo de reformas que ha permitido que ahora sea el momento de poder bajar los impuestos a los ciudadanos y a las familias, ahora que lideramos el crecimiento económico y la creación de empleo dentro de la Unión Europea y ahora que España ha podido ponerse en pie gracias al esfuerzo de todos. En concreto, ¿qué cambios ha impulsado dentro de esa reforma fiscal el Gobierno en el impuesto sobre sociedades? El principal, que todos ustedes conocen y al que se ha hecho mención en esta tribuna, ha sido rebajar de manera sustancial el tipo nominal del impuesto sobre sociedades, que pasa a ser del 28 % a partir del 1 de enero de 2015 y será del 25 % a partir de 2016. De esta manera, hacemos más atractiva la actividad empresarial en España y situamos nuestros tipos impositivos por debajo del de nuestros principales socios comerciales, como Francia, Italia o Alemania. Al mismo tiempo, en ese contexto de reducción de tipos, el impuesto sobre sociedades se ha simplificado. Se ha simplificado eliminando deducciones fiscales que eran poco eficaces y poco eficientes para conseguir los objetivos para los que se plantearon esos incentivos fiscales. El impuesto sobre sociedades español antes de la reforma, como ya se ha comentado aquí, se caracterizaba por la existencia de unos tipos nominales elevados en relación con los países de nuestro entorno a la vez que unos tipos efectivos muy reducidos, sobre todo para aquellas empresas que lograban optimizar el conjunto de deducciones que se contemplaban en el impuesto sobre sociedades, que normalmente, señor portavoz del Grupo Socialista, eran los grandes grupos empresariales, que con el Gobierno socialista, como hemos denunciado desde esta tribuna en muchas ocasiones, llegaron a pagar cero impuestos en el impuesto sobre sociedades. ¡Y tienen la poca vergüenza de venir aquí a criticar la política fiscal de este Gobierno! Esta configuración era totalmente injusta e ineficiente y por eso la filosofía que ha inspirado esta reforma ha sido simplificar las deducciones fiscales al mismo tiempo que se disminuyen de manera importante los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, incentivando tanto la inversión doméstica como la inversión extranjera en nuestro país con tipos que son más competitivos en un contexto de creciente competencia internacional. En concreto, en ese contexto desaparece la deducción que hoy CiU propone volver a reimplantar: la deducción por inversiones medioambientales. El Grupo Parlamentario Popular no considera conveniente ni razonable volver a reponer esta deducción, en primer lugar, porque España, como saben, forma parte de la estrategia europea en materia de medio ambiente, dentro del nuevo marco climático y energético para el periodo 2020-2030, y esa estrategia ha sido también comprometida por el Gobierno de España. Y ello implica unas exigencias cada vez mayores en materia de medio ambiente, por lo que no resulta necesario incentivar fiscalmente comportamientos que en un futuro no muy lejano van a ser obligatorios para todos los agentes económicos. En segundo lugar, entendemos que el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de nuestros recursos es un objetivo que todos compartimos en esta Cámara - como ya han manifestado muchos portavoces -, pero pensamos que deben ser otro tipo de incentivos y otro tipo de políticas los que deben guiar este tipo de actuaciones, porque el uso de incentivos fiscales como herramienta para modificar determinados comportamientos poco respetuosos con el medio ambiente no siempre resulta eficaz, y los incentivos fiscales, señorías, encuentran su principal justificación en la existencia de desequilibrios que existen en el mercado, y deben basarse en principios de neutralidad en el comportamiento de los agentes económicos. Por otro lado el uso de incentivos fiscales para favorecer este tipo de inversiones medioambientales ha estado tradicionalmente en entredicho, debido principalmente a que los datos demuestran que el efecto multiplicador y beneficioso de esas inversiones no suele compensar la reducción de ingresos tributarios que esas deducciones producen, porque según los datos del ejercicio 2014, por ponerles un ejemplo, esta deducción afecta tan solo a 298 contribuyentes, además por un importe de 12 millones de euros, lo que en la estructura del impuesto sobre sociedades solo supone un 0,4 % del total de beneficios fiscales del mismo. Ahora bien el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no renuncian a impulsar iniciativas que incentiven un uso adecuado y un uso sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Nos parece adecuado - y algunos portavoces lo han manifestado en la tribuna - que haya que abordar en el futuro una verdadera reforma de la fiscalidad ambiental, eliminando la gran variedad de tributos de las comunidades autónomas y entidades locales, de tal manera que se incentiven comportamientos favorables al medio ambiente. Debería orientarse a la fijación de bases imponibles a partir de las emisiones potenciales de CO2, de tal manera que se garantice la neutralidad de nuestro sistema fiscal. Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta iniciativa, no porque no estemos de acuerdo con la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, que evidentemente lo estamos; no porque no seamos tan ecologistas como el que más, que evidentemente lo somos, pero entendemos que potenciar los usos respetuosos y sostenibles de nuestros recursos debe venir de la mano de otro tipo de políticas, como las que se están poniendo en marcha por el Gobierno de España, por ejemplo, con la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, para fomentar la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas en la conservación de nuestro patrimonio natural. Me gustaría hacer también dos consideraciones en relación con la fiscalidad de los gastos medioambientales, porque en la reforma del impuesto sobre sociedades se consideran deducibles los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, siempre que se ajusten a una serie de requisitos que se desarrollarán reglamentariamente. Por tanto no se eliminan del todo este tipo de incentivos para las inversiones o para las actuaciones medioambientales, e incluso el Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de introducir en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de montes algún tipo de incentivos fiscales, algún tipo de deducciones relacionadas con la inversión en nuestros montes, con la inversión forestal. Señorías, para concluir quisiera decir que el Gobierno tiene claro su compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural, y está impulsando iniciativas que promueven esa conservación, pero pensamos que resultan más eficaces otro tipo de políticas para lograr los objetivos que todos en esta Cámara compartimos, también el Grupo Parlamentario Popular, y que van mucho más allá de una deducción en el impuesto sobre sociedades. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Madrazo.
Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre aprobación de la estrategia de gobierno abierto. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora González Veracruz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, es un honor para mí como activista del gobierno abierto presentar hoy esta proposición no de ley sobre la estrategia nacional de gobierno abierto. Pero es también muy importante para mi grupo parlamentario, porque mi grupo cree que el ejercicio de la democracia tiene que ser necesariamente mejor, más fuerte y más maduro. Déjenme humildemente que diga que creo que este debate es muy importante para esta Cámara, la casa de la soberanía del pueblo. Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo cambiar las instituciones. En un momento crucial tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos están exigiendo. No digo nada nuevo cuando afirmo que España sufre la mayor crisis institucional desde la llegada de nuestra democracia. La desafección política es brutal. Los ciudadanos y las ciudadanas hablan de política ahí fuera, pero no se sienten representados por nosotros, por las personas a las que votan, y la verdad es que no me extraña; no me extraña que esto haya sido aún más grave y más intenso en estos últimos cuatro años por cómo ha desarrollado este Gobierno el ejercicio de la mayoría absoluta, cómo han cambiado un modelo de televisión pública, plural, a lo que estamos viendo ahora mismo, o cómo hacen del decreto-ley, un viernes tras otro, su forma de hacer política. Cuanto más se aleja el Gobierno de Rajoy de mejores prácticas democráticas, más necesario es que España asuma una estrategia de gobierno abierto. Es urgente y es necesario. Lo creemos muchos desde hace mucho tiempo, pero ahora si cabe aún más por el contexto que describo. Tenemos que construir entre todos una democracia más fuerte, una democracia mucho mejor donde juntos los ciudadanos y las ciudadanas contemos. Por eso hay que abordar a fondo las reformas urgentes. El Gobierno, las administraciones públicas, el Poder Legislativo y la política tienen que abrirse. No queda otra cosa que abrirse. Tenemos el deber de avanzar a la misma velocidad que lo hace la ciudadanía y la sociedad. Resulta que ahí hay ciudadanos empoderados que crean, que participan, que crecen conjuntamente, y los representantes de lo público tenemos que estar a esa altura y al nivel de lo que nos piden, que es en definitiva formar parte de la política y de la toma de decisiones. Y porque tenemos que abrirla, tenemos que repensar nuestras instituciones, y hoy hemos hablado aquí de la reforma del Reglamento de la Cámara. Tenemos que recuperar sin miedo la verdadera razón de ser de las administraciones, que es la vocación de servicio público, la atención a la ciudadanía. Y sinceramente la conexión cada día es más débil entre estas administraciones y la ciudadanía, algo que no nos podemos permitir. Si tenemos en cuenta la llegada de Internet, de las redes sociales, las iniciativas colaborativas de la ciudadanía cada vez más vinculadas a la política, es imprescindible y urgente que conectemos y que los ciudadanos colaboren también en esto que amamos, que es la política. Por todo esto es imprescindible impulsar la estrategia estatal de gobierno abierto. Me paro un minuto a definir, a preguntarnos qué es el gobierno abierto. Es una filosofía, es una manera diferente de ejercer el liderazgo político con la gente. Es lo que durante muchos años han hecho muchos alcaldes en sus municipios. Es lo que hizo desde la proximidad el que fue diputado y alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castel, con los presupuestos participativos, o cómo se lideró en su momento en Barcelona. Y también son aquellos pasos que se han dado en nuestro país como cuando, durante una de las etapas socialistas, se publicaron las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno, de esta Cámara y del Senado. Gobierno abierto es un gobierno cercano, un gobierno para y con la ciudadanía, que escucha y que no teme la participación de nadie. Gobierno abierto es empoderar a la ciudadanía y la rendición de cuentas de los políticos, de los gobiernos, de las administraciones. Es en definitiva transparencia, participación y colaboración, y sobre todo, señorías, el gobierno abierto es posible; lo lleva haciendo, ejerciendo y liderando Obama desde el año 2009. Además tenemos experiencias exitosas en nuestro país, más locales y más pequeñas, pero también muy representativas y pioneras como fue la liderada por Patxi López en Euskadi con la plataforma Irekia, y otras en Navarra, Extremadura o también Andalucía. Fue en 2011 con el Gobierno socialista cuando formamos parte de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, y donde asumimos y suscribimos la declaración del mismo; cuando se creó el proyecto Aporta de apertura de datos y de reutilización de los mismos del sector público. Pero hoy hay que correr más - y explicaba los motivos con anterioridad -, y por supuesto no vale con cubrir expedientes o con poner en marcha portales - que lo pueden parecer - que no son ni abiertos ni participativos ni transparentes, como es el portal de transparencia del Gobierno de Rajoy. También son insuficientes los planes de acción que ha presentado el Gobierno, porque, señorías del PP, el gobierno abierto no es el gobierno electrónico, es mucho más. Por cierto en el gobierno electrónico también han reducido y retrocedido puestos en participación y democracia electrónica en los cuatro años que ustedes están en el Gobierno. En definitiva para tener un gobierno abierto real hace falta transparencia de verdad; y transparencia no es un gesto cuando ustedes tienen casos de corrupción inexplicables; y transparencia no es un portal como el suyo que nada tiene que ver con un portal de transparencia, y en el que por cierto todavía no han publicado a más de doscientos altos cargos que por ley - por la Ley de Transparencia - tenían que tener sus declaraciones de bienes en ese mismo portal. Transparencia es transparencia activa y no pasiva. Defendemos la publicación y la publicidad activa, desde el punto de vista de que el derecho de los ciudadanos a la información es un derecho que no se cumple completamente en nuestro país. Transparencia y gobierno abierto real es una estrategia de apertura de datos, y es un portal de transparencia en condiciones, que no puede ser un mero repositorio de documentos. Y gobierno abierto es también participación y colaboración, para lo que es imprescindible una plataforma de gobierno abierto que va mucho más allá de lo que es el portal de transparencia, que es una plataforma en la que se pueda tener una gran conversación ciudadana con los poderes públicos, es decir, que se puedan evaluar los programas, las políticas y los servicios públicos, que se pueda participar en los Presupuestos Generales del Estado, que la ciudadanía pueda promover sus propias iniciativas, y que por supuesto se pueda tener interlocución con los cargos públicos, como algunos ya hacemos a título individual y por convicción. En definitiva no es una cosa puntual de responder un día a un correo electrónico o a una iniciativa; es incorporar todo el talento que existe en nuestra sociedad al desarrollo de las políticas públicas y del propio Estado. Son muchas las cosas que podría decir y poco el tiempo que tengo: planes de capacitación, lucha contra la brecha digital, cultura de la participación, pero sobre todo, y lo más importante y el mayor déficit que yo veo para el gobierno abierto en el siglo XXI en nuestro país, es el liderazgo político. Donde ha funcionado es porque ha habido liderazgo político desde la Presidencia del Gobierno: en Estados Unidos con Obama, en Euskadi con Patxi López, y aquí para que España esté a la vanguardia de los países democráticos es lo que necesitaríamos. Hoy hay muchas personas jóvenes escuchándonos en el Pleno…
Señora González, tiene que ir terminando.
Termino; un segundo. Hay muchas personas jóvenes escuchándonos en el Pleno del Congreso de los Diputados y seguro que a ellos les suena esto del software libre, la apertura de datos, y los formatos abiertos. Quizá a muchos de sus señorías todavía no les suene, pero los ciudadanos lo practican. Hay una nueva cultura de la participación que este Congreso tiene que analizar y que el Gobierno tiene que impulsar. Por eso pido su apoyo al resto de grupos, y con la poca esperanza que me queda al Partido Popular, porque entiendo que quien no sabe gobernar a día de hoy, con la calidad democrática que se le presupone, con mucha más dificultad va a entender lo que es el gobierno abierto. Pero aun así les pido que lo comprendan, que nos escuchen, y que nos sentemos a elaborar una verdadera estrategia de gobierno abierto que ponga a nuestro país en la vanguardia de la participación como se merece. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora González. Solo se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban.
Tengo cinco minutos, señora vicepresidenta, pero creo que me van a sobrar algunos, porque hoy no tengo especiales ganas de intervenir desde la tribuna. Con tanto escándalo Rato, eólicas, etcétera, que vamos viendo cada día se me ha quedado el cuerpo mal, y encima ahora tenemos que hablar de participación ciudadana. En fin, no sé, el cachondeo y la poca seriedad que está demostrando este país con las noticias que están apareciendo, espero que en algún momento cambie. [[El señor]] Me parece una iniciativa oportuna, y aunque creo que el Gobierno dio un paso importante con el portal de transparencia desde luego eso no es todo y es muy parcial, sobre todo con las posibilidades que da la tecnología hoy en día, y porque tiene que ser un proceso interactivo y un proceso de ida y vuelta, y a eso va la proposición del Grupo Socialista. Por una parte, lo que está hecho está bien, pero habrá que perfeccionarlo, el portal tiene que ser más flexible y más fácil a la hora de poder acceder a él y de localizar la información. Para eso el consejo que lo está supervisando debería ser escuchado, y aquellas medidas que a petición de los ciudadanos solicite al Gobierno que se implementen sean puestas en la práctica eficazmente en el tiempo más breve posible. Hoy en día un gobierno abierto exige mucho más que todo eso, exige la interacción con la ciudadanía, no solo que esta pueda recoger los datos, sino que haya un diálogo, que haya un feedback entre unos y otros. Por lo tanto deberíamos estar hablando efectivamente de plataformas de interacción, de rendición de cuentas, y conseguir una especie de espacio permanente de interacción entre la Administración - en este caso sería la Administración General del Estado, pero lo mismo se puede afirmar de otras administraciones, empezando por las comunidades autónomas - y la ciudadanía de manera que lleguemos a una gestión participada y corresponsable en la acción pública, donde sean los ganadores los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Con nuestra enmienda, un tanto prolija, hemos intentado desarrollar los puntos de la propuesta socialista, y así se ha entendido, y me parece que será aceptada con una pequeña modificación para precisar semánticamente un asunto. Sí necesitamos una plataforma para informar, para mostrar y coordinar las aportaciones ciudadanas, para impulsar el diálogo bidireccional, para que la ciudadanía pueda dirigirse a la Administración pública, tanto proponiendo iniciativas como expresándose sobre lo que proponga la Administración. La participación tiene que plasmarse en la definición de los programas y políticas públicos, en la evaluación de políticas y de la calidad de los servicios públicos, en la elaboración de disposiciones de carácter general, en promover iniciativas reglamentarias, en formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública, etcétera, que se abran para ellos. En ese sentido deben articularse una serie de procesos participativos a través de esa plataforma, y crearse una serie de estructuras. Eso es lo que hemos intentado exponer de manera esquemática - aunque no breve, porque era imposible - en nuestra enmienda, de manera que no se quede solo en afirmaciones genéricas, sino que se pida una dirección concreta y determinada sobre esa participación ciudadana a la hora de ponerla en práctica por parte del Gobierno. Dicho esto, se trata de una proposición no de ley, y aunque no se dice en nuestra enmienda porque no se trata de ello, también le sugeriría al Gobierno in voce que tuviera en cuenta algunas iniciativas que se están llevando a cabo, como por ejemplo la del Parlamento vasco. Esto es una proposición no de ley, quizá la aprobemos, ojalá, luego sabremos qué ha hecho el Gobierno, si la ha puesto en práctica, qué pasos ha dado, qué ha decidido, cómo lo va hacer, si lo contrastará con el Parlamento. En el Parlamento vasco, en relación con todas las mociones y proposiciones no de ley, cada tres meses el Gobierno está obligado a hacer un informe que se eleva por escrito con todos los pasos y los avances - o ningún avance - que haya hecho el Gobierno, de manera que también hay una comparecencia ante los responsables parlamentarios. Yo animaría al Gobierno - bueno, este ya lo doy por finiquitado, al próximo Gobierno - a que haga suya esa iniciativa para que este Parlamento verdaderamente sepa que los mandatos parlamentarios, que ya sabemos que no van al boletín y que no tienen fuerza legal, pero que sí tienen un mandato ético y político, son verdaderamente cumplidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esteban. Turno de fijación de posiciones, ¿Grupo Parlamentario Mixto? [[Pausa]] Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. Los instrumentos de transparencia creados o los que tenemos hoy son muy mejorables, y los de participación prácticamente inexistentes. Los tres principios básicos para cambiar el modelo de opacidad y poder hablar de gobierno abierto son: la transparencia en las actividades que realiza el Gobierno, el reconocimiento del derecho efectivo a la participación en la toma de decisiones, y el establecimiento de instrumentos de colaboración ciudadana en la implantación de las políticas públicas. Fíjense si hay camino por delante para recorrer. La consecuencia natural de abordar estas reformas sería que tendríamos una ciudadanía más crítica e implicada en el día a día de las tareas del Gobierno, además de que significaría contar con herramientas de lucha contra la corrupción, la discrecionalidad, y el mal uso de los fondos y los recursos públicos. Pero, ¿quién desea eso? Deberíamos desearlo todos nosotros, es decir, el Poder Legislativo, ya que somos los representantes de la soberanía y quienes ejercemos la labor de control del Ejecutivo; todos nosotros. Esto es, que de este Parlamento debería nacer el mandato que obligara al Gobierno a funcionar bajo la transparencia activa, la liberación de datos, y el libre acceso a la información pública. Al Poder Legislativo le interesa conocer - o debería interesarle - qué quieren los ciudadanos, qué opinan de las leyes que se tramitan y que se proponen, qué leyes quieren que se mejoren. Hablamos de la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración, las entidades, los organismos públicos y la ciudadanía, basada en la transparencia y orientada el establecimiento del llamado gobierno abierto. ¿Creen que es eso lo que ofrece este Gobierno con su portal de transparencia? En Compromís creemos que existe margen sustancial de mejora entre lo que hay y lo que debería o podría haber. Uno de los espacios en blanco es justamente el de la participación, y uno de los ejemplos a seguir podría ser, por ejemplo, el de la Casa Blanca. No hay más que mirar su web. Habilitar mecanismos para recibir propuestas, para dialogar, para que la gente pueda opinar sobre las leyes que se tramitan, todo ello no es ciencia ficción futurista; es bien sencillo y ocurre en países como Brasil o los Estados Unidos. ¿En qué medida tiene en cuenta este Gobierno a la ciudadanía en los procesos de decisión? ¿Con las encuestas, con el CIS? ¿Cómo puede un Gobierno justificar sus decisiones si no escucha las necesidades de los ciudadanos? Participar, colaborar, implicarse en los asuntos públicos son las maneras necesarias de relacionarse, y que han de cimentar los pilares de una democracia sólida en la que la gente se sienta a gusto, identificada y representada, pero para ello hace falta otra manera de gobernar, y seguramente otro Gobierno, uno que sepa escuchar y dialogar, y no este que solo sabe imponer y abusar de manera permanente de su mayoría parlamentaria: la tiranía de la mayoría que vemos todas las semanas en este Pleno, y que da la espalda a buena parte de la población; un Gobierno que no escucha nunca es un mal Gobierno, pero contarle todo esto a gente que gobierna semana tras semana a golpe de real decreto, que no dialoga, que rechaza sistemáticamente cualquier propuesta del resto de grupos, y que a veces incluso da ruedas de prensa desde una televisión, es intentar dialogar con un Gobierno que tiene miedo a la gente, a la pregunta o al diálogo, y que se encuentra más cómodo entre las sombras. Parece que tenga mucho que ocultar, como el mismo Gobierno de mi tierra, el de la Generalitat valenciana, con más de doce sentencias en su haber del Tribunal Superior de Justicia y alguna del Tribunal Supremo, que le condenan por no permitir el acceso a la información solicitada por nuestro grupo, por Compromís, y que sigue denegando la información una y otra vez. Por tanto votaremos a favor de esta propuesta y de cualquier otra que vaya en la dirección de abrir las instituciones a la participación y al control ciudadano, a la transparencia, a los formatos abiertos, y en definitiva a más democracia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque compartimos la importancia de estas ideas de ampliación y mejora de la calidad de la democracia, entre ellas la llamada de gobierno abierto. Nos parece bien que sea una cuestión que se discuta a fondo para ver qué desarrollos legislativos debe tener para que se concrete en algo de más calidad que lo que tenemos, que por cierto sigue siendo muy baja. Sobre esto sí quería hacer un par de comentarios. Me parece que no debemos dejarnos deslumbrar por la importancia de la tecnología, en concreto de la digital e Internet para mejorar la participación democrática si previamente no se mejoran otras condiciones sine qua non para que esa reforma y calidad de la democracia sean algo real, y no otra vez un mero deslumbramiento tecnológico. ¿Para qué queremos un portal de transparencia mucho mejor que el existente - que me parece un objetivo muy razonable y los hay en ayuntamientos y comunidades autónomas - si seguimos teniendo una ley electoral profundamente injusta, una ley electoral que no da igualdad de oportunidades o de participación en la política activa en España? Esto es así y se lo quiero decir al Grupo Socialista, que es quien presenta esto, porque ustedes no apoyan las propuestas de reforma de la Ley Electoral, lo cual es completamente incoherente, se lo tengo que decir con lealtad política. Mientras no exista la misma oportunidad para cualquier partido o agrupación de electores para presentarse a elecciones municipales, autonómicas y generales que para partidos ya existentes, estaremos hablando de una ficción, seguiremos teniendo un déficit de calidad democrática en lo que es una ley fundamental que hay que mejorar y reformar. Hasta ahora ustedes - me refiero al Grupo Socialista - no han estado por la labor, y quiero aprovechar para recordárselo porque yo espero que, igual que otras propuestas que han hecho - como la anterior sobre iniciativas legislativas populares -, vayan en esa dirección: que ustedes ahora sí se preocupan por mejorar una democracia que como digo es de muy deficiente calidad. Durante la tramitación de la Ley de Transparencia y de la Ley de Financiación de Partidos coincidimos en el voto con ustedes. Eso me parece que está muy bien, pero también me parece que tienen que ser más exigentes, porque son un grupo importante y potente para introducir determinado tipo de enmiendas o determinado tipo de orientación legislativa. La verdad es que la Ley de Transparencia que tenemos es absolutamente insuficiente. Sería gracioso que en un país donde la Ley de Protección de Datos es mucho más - ya se debatió durante la tramitación de esta ley - dura y determinante para la actividad política que la Ley de Transparencia siguiéramos haciendo pequeñas reformas que no van a la raíz de las cuestiones. Con la Ley de Financiación de Partidos ocurre exactamente igual. Si estamos hablando de gobierno abierto, es decir, de más calidad democrática, de más participación, nos tiene que preocupar ante todo una cuestión fundamental: la igualdad de oportunidades en la acción política. La Ley de Financiación de Partidos ha empeorado la igualdad de oportunidades en la financiación de las actividades políticas, porque en realidad consagra una mayor dependencia de subvenciones públicas, un trato determinado por parte de las entidades crediticias, y una mayor dificultad para conseguir financiación privada. Por lo tanto eso también hay que cambiarlo. También hay cosas que podemos hacer y que el Grupo Parlamentario Socialista hasta ahora no ha apoyado demasiado. Comparaba usted a Patxi López con Obama siendo favorable a Patxi López. En Estados Unidos y en otros países que son modelos - en esto, en otras cosas no, pero aquí sí - no solamente es obligatoria la publicación de las agendas de los congresistas, senadores e incluso del presidente de los Estados Unidos, que es pública - basta con entrar en la web de la Casa Blanca y cualquiera la puede ver -, es que incluso es ilegal usar correos privados para actividades públicas. Ustedes ni siquiera nos han apoyado cuando hemos pedido que sea obligatoria la publicación de nóminas y agendas de los diputados en la web del Congreso. Esto hay que hacerlo; por tanto les propongo cordialmente que se unan a esta insistencia nuestra para que de verdad estemos a la altura de lo que se hace en Estados Unidos y en otros países de los que tenemos, en esto, mucho que aprender. Finalmente creo que es importante que seamos coherentes en el conjunto de la acción política. ¿Queremos gobierno abierto? Estupendo. ¿Queremos más participación ciudadana? Estupendo, pero esto es incompatible con la corrupción. No comprendo que hayan presentado y conseguido que haya sido elegido presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que ha sido condenado - dos veces, además; primero por el Banco de España y después ratificado por la Audiencia Nacional - por el saqueo de Caja Sur. ¿Cómo es esto compatible con el gobierno abierto? ¿Cómo es esto compatible con una mayor participación ciudadana? No creamos que todo consiste en poner mejores páginas web. Hay que sacar imputados de las listas, hay que acabar con los aforamientos que significan privilegios judiciales y hay que acabar con todas estas distorsiones que tiene el sistema democrático español, que lo hacen tan deficiente y tan vulnerable a la corrupción como lo hacen esa Ley Electoral, esa mala Ley de Transparencia y esas leyes que están por encima de leyes fundamentales. En definitiva, votaremos a favor con mucho gusto y, si hubiera suerte, les acompañaremos en el trámite legislativo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. En primer lugar, querría felicitar al grupo proponente y, en concreto, a la compañera que ha defendido la iniciativa. Nos parece una buena iniciativa y vamos a votar de forma favorable a la misma. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, cualquier democracia avanzada debería funcionar necesariamente en forma de gobierno abierto. Al igual que en una democracia se regula el papel de la oposición, de la oposición que está aquí en esta Cámara o de la oposición en los ayuntamientos, también debería haber por ley una regulación de gobierno abierto y cualquier Gobierno debería estar obligado, repito, a funcionar de una determinada manera. Por tanto, es un debate oportuno porque estamos de lleno ante un nuevo paradigma social, donde ciudadanía, entidades, partidos políticos y cargos electos pueden interactuar en la planificación, en la génesis y en la evaluación de las políticas de gobierno de forma fluida. Es lo que llamamos, sí, gobierno abierto, un concepto al que se vinculan tres grandes principios: la transparencia, la participación y la colaboración. Hay que decir que gobierno abierto es mucho más que un portal de transparencia y mucho más que una correcta utilización de los dispositivos electrónicos. Gobierno abierto, señorías, es una actitud, una forma de hacer política; una forma democrática de hacer política y, posiblemente, si no se actúa como gobierno abierto, la calidad democrática se reduce, es menor. Por tanto, gobierno abierto, repito, es toda una actitud. España, señorías, sufre actualmente la mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia. No hay ninguna duda de que los continuos casos de corrupción - en algunas ocasiones surgen varios en una semana - no hacen más que agravar el estado de excepción en el que nos encontramos. La respuesta de los Gobiernos no puede ser ni incrementar la opacidad ni negar los signos evidentes de agotamiento de un sistema y de una forma de funcionar donde se toman decisiones contra la ciudadanía, contra los propios programas de los partidos que se han presentado a las elecciones y, evidentemente, en muchas ocasiones no sabemos quien las ha tomado, si los parlamentos, si los mercados, si la troika…, pero, en todo ese proceso, ¿dónde están los ciudadanos? Esa es una pregunta que, funcionando como gobierno abierto, nos tendríamos que responder muchos días de la semana. Sí, esas decisiones las toman a veces personas que se esconden detrás de un televisor de plasma, pero les puedo asegurar que eso es lo contrario a un gobierno abierto, absolutamente lo contrario. Y la respuesta ante la crisis institucional que estamos padeciendo solo puede ser una: más y mejor democracia. Más y mejor democracia, no leyes mordaza ni golpes de Código Penal. Esas tampoco son respuestas adecuadas a un funcionamiento como gobierno abierto. Y el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, sacó adelante en esta legislatura una Ley de Transparencia que algunos grupos políticos - todos, menos el Grupo Parlamentario Popular - calificaron de decepcionante e insuficiente. Por tanto la soledad del Partido Popular, que en estos momentos nos gobierna, para aprobar la Ley de Transparencia es también un dato a tener en cuenta. Evidentemente, estamos en una situación, en una legislatura, con un Gobierno que ha legislado una Ley de Transparencia pero que aún funciona de una forma opaca y un Gobierno golpeado como ningún otro, mucho y en mucho tiempo, por los temas de corrupción, algo que está creando enorme alarma social. Para acabar. He dicho antes que vamos a votar a favor. Necesitamos un gobierno abierto. Posiblemente, lo decía antes un orador, este Gobierno tal vez ya no es capaz, a estas alturas de la legislatura, de comportarse y de ser un gobierno abierto. Por eso la mejor medida que podemos tomar para tener un gobierno abierto, es cambiar de Gobierno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Nuet. Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Paramo.
Gracias, presidente. Señorías, la proposición no de ley está totalmente en línea con la política que desde hace tiempo desarrolla el Gobierno de la Generalitat de Catalunya con el programa Govern obert, implementando la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También con las actuaciones impulsadas por el Govern, antes y después de la ley y en su marco, en gran número de municipios con sus portales de la transparencia. Está igualmente en línea con las corrientes de pensamiento más avanzadas en la materia. Por lo tanto el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] puede plantearse votar a favor si se introducen aportaciones clarificadoras encaminadas a poner de manifiesto el necesario respeto para las competencias propias de las comunidades autónomas. La proposición no de ley que estamos debatiendo está bien planteada; por lo tanto no se trataría tanto de modificar nada como de añadir una referencia al pluralismo institucional y territorial. Las tecnologías de la información y de la comunicación, por su potencialidad no se pueden convertir en amenaza para la necesaria autonomía, la diversidad y la identidad de las diferentes administraciones. Sobre todo no se puede quebrar la virtud de la proximidad; no se puede pretender alejar la interlocución del ciudadano. Es necesario mantener la idea de que quien pregunta, quien escucha y quien responde no está en manos, como pasa en las grandes corporaciones [[telefónicas, eléctricas y tantas otras]], de una máquina sino que atienden y responden personas próximas y conocedoras de su entorno inmediato. Este asunto en un Estado plurinacional cobra especial importancia y estamos por la transferencia, pero también estamos por la proximidad y por el respeto. Sería una deslealtad que el Gobierno central, abusando una vez más de su capacidad legislativa, impusiera un sistema que sirviera para anular el gran esfuerzo que desde hace años llevan a cabo los ayuntamientos [[pequeños, medianos y grandes]] y, cómo no, sería conveniente que cualquier administración territorial y estatal asumiera los principios de no interferencia en los esfuerzos de comunicación y de transparencia que están desarrollando ya. El Estado no puede aparecer como el vigilante supremo sobre las comunidades autónomas y sobre las administraciones locales. Ni como vigilante, como una especie de Gran Hermano, ni mucho menos como promotor de la idea, entre otras cosas porque la Administración General del Estado llega tarde, como ha pasado en tantos niveles de servicios a los ciudadanos, también en el ejercicio de la transparencia. Los principios que la presente proposición no de ley defiende son positivos, muy positivos, señorías; los compartimos, pero estamos preocupados. Motivos no nos han dado a lo largo de la presente legislatura, tanto por las competencias propias de Cataluña como por la necesaria autonomía municipal enmarcada por los acuerdos europeos al respecto, pero tampoco sería admisible continuar en la línea del actual Gobierno central en el sentido de invitar, entre comillas, obligando a las administraciones autonómica y local a utilizar soluciones tecnológicas de su titularidad: portales únicos, sistemas electrónicos de atención ciudadana, plataformas de contratación, sistemas de firma digital, etcétera, con la pérdida de autonomía, de capacidad de decisión y de visibilidad. Para completar bien la proposición no de ley, señorías, instamos al Grupo Parlamentario del PSOE a introducir una referencia, bien en el preámbulo o en la parte dispositiva, del tipo: sin perjuicio de las competencias autonómicas y con la colaboración de todas las administraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Paramo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
Gracias, señor presidente. Señorías, sin duda uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy día los responsables públicos es a una sociedad que demanda cada vez con mayor fuerza unos Gobiernos que respondan eficazmente a sus necesidades pero que además lo hagan de manera abierta y participativa. En ese sentido, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tomo la palabra, entendieron desde el minuto uno que la transparencia y la responsabilidad debían convertirse en los ejes fundamentales de su acción política. Quiero dejar claras dos premisas, que entiendo ciertas, antes de analizar o pasar a examinar las propuestas de la proposición que hoy nos presenta el Grupo Socialista. En primer lugar, señorías, he de decir que España forma parte desde 2012 de la iniciativa internacional del partenariado del gobierno abierto, junto con otros sesenta y tres países y, de acuerdo con la pertenencia a esa iniciativa, nuestro país dispone ya de dos planes de acción de gobierno abierto y aprobará en el 2016 el tercero. En el segundo de esos planes de acción de gobierno abierto se encuentran recogidos diez compromisos y, con el cumplimiento de esos compromisos, se podrá avanzar en el camino ya iniciado y además se podrá trabajar en nuevas áreas que permitan la consolidación del gobierno abierto en nuestro país. En segundo lugar, señorías, no es cierto en nuestra opinión que España esté en el vagón de cola en materia de gobierno abierto, y no es cierto porque, tanto en materia de administración electrónica como en índice de participación, España está por encima de la media mundial, está por encima de la media de su región y por encima de la media de su subregión. Además, si nos ceñimos a los indicadores específicos sobre transparencia e información del sector público, según los indicadores de la propia Unión Europea, el estado de datos abiertos y la reutilización de la información nos sitúa en segundo lugar europeo de open data, por delante de países como pueden ser Francia o Alemania. Dicho esto, ¿hay que seguir avanzando? Sí, sin duda, y por ello y en esa dirección se está trabajando, señorías. En cuanto a las medidas concretas que se plantean en la proposición, quiero adelantar que en España, con la vigencia de una serie de disposiciones normativas, se cubre la práctica totalidad de lo que allí se recoge o se pide. Me estoy refiriendo a la propia Ley de Transparencia, a la Ley sobre reutilización de la información del sector público o a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se ha hecho referencia, señora González, en su presentación a los pilares en los que se apoya un gobierno abierto, que son: transparencia - es verdad -, colaboración, participación y, para algún sector de la doctrina y algunos autores de reconocido prestigio, la rendición de cuentas. Me quiero detener en el primero de esos pilares, que es la transparencia; bienvenidos a reconocerla, porque desde este Gobierno se ha impulsado y estas Cortes han aprobado la primera Ley de Transparencia de la democracia española y, sin embargo, no contó con su apoyo. Saben sus señorías del Grupo Socialista que negociamos con ustedes la ley, que incorporamos buena parte de sus enmiendas y, sin embargo, a última hora decidieron no apoyarla. Ustedes sabrán sus razones, pero seguramente fue por razones partidistas o de oportunismo. Al amparo de la Ley de Transparencia se ha creado también, por primera vez en este país, un portal de transparencia, que tiene mucho que ver con el portal que usted pide en esa proposición no de ley y en el que se ha hecho un gran esfuerzo para aglutinar y agregar toda la información que la ley exige que la Administración General del Estado preste a los ciudadanos. El portal, por supuesto, no es cerrado, no es un proyecto terminado sino que está en permanente evolución y abierto a todas las mejoras que puedan llegar o que se entienda que son determinantes tanto por parte de los que mantienen el portal como por parte de la sociedad que quiera mejorarlo. Además de toda esa información, si el ciudadano no tiene suficiente con lo que allí tiene, tiene derecho a solicitar más información, y la Administración se la facilitará. De hecho, hasta este momento, más de 1.500 preguntas han sido planteadas por los ciudadanos y respondidas por la Administración. Eso ya supone una mayor participación de los ciudadanos, pero también la participación puede venir por otros canales. Un aspecto importante, a nuestro juicio, es la participación ciudadana en el proceso legislativo. En ese sentido, el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas amplia enormemente la participación ciudadana y la de los colectivos afectados en el proceso de elaboración de la normativa, como puede consultarse en el propio portal de transparencia, en la sección de normativa en elaboración. Otro ejemplo de mayor participación, al que creo que se ha hecho referencia esta tarde desde esta tribuna, es la modificación establecida para regular la iniciativa legislativa popular, permitiendo que la persona designada por la comisión promotora de la iniciativa pueda comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados competente en razón de la materia, previamente al debate de toma en consideración. Como digo, señorías, todo eso son avances, aunque queda mucho por hacer - es cierto -, pero esa es la línea en la que se está trabajando. Y si los pilares de un gobierno abierto son la transparencia, la colaboración, la participación y la rendición de cuentas, créanme que tanto este Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular están trabajando en eso. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Cortés. Tiene la palabra la señora González para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda.
Aceptamos la enmienda del PNV, pero con una transaccional muy concreta que haremos llegar a la Mesa.
Muy bien, señora González. Así se tendrá en cuenta en la votación. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INTRODUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA FAMILIAR EN TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. [[Número de expediente 162/001205]]
Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Román.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los miembros de la organización Family Watch presentes en este hemiciclo para escuchar el debate de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Bienvenidos y gracias por esa lucha por mejorar las políticas de familia. Para mi grupo, la garantía de la protección de la familia ha sido y es un eje fundamental de acción. De hecho, en los últimos años ha impulsado diversas iniciativas a favor de esta institución. Decía el presidente Rajoy en el debate del estado de la nación de este año 2015 que es de justicia reconocer el papel de las familias y la dedicación de los padres porque están construyendo país y garantizando nuestro futuro. Señorías, la familia es la célula fundamental de la sociedad. La familia es el origen de nuestra sociedad y sin ella no sería posible el resto de instituciones sociales y políticas. Pero la familia es mucho más, porque todo lo que es importante para el desarrollo integral de la persona se transmite en el seno familiar, que juega un papel determinante y garante de la convivencia y de la cohesión social. La familia es el verdadero núcleo de solidaridad y apoyo básico frente a circunstancias difíciles como las que hemos vivido en los últimos años, pero no solo en estos años, sino en la historia de este país, de nuestra sociedad, este país y esta sociedad han sido sostenidos por la familia. Este relevante papel de la familia sigue siendo insustituible y por ello debe contar con la protección y el apoyo de los poderes públicos. Somos conscientes de que la familia es el presente, pero también es el futuro de nuestra sociedad. Es imprescindible reconocer, poner en valor y favorecer el papel de la familia en la sociedad, removiendo los obstáculos que impiden su pleno desarrollo y apoyándolas en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. Las familias asumen una responsabilidad irremplazable, contribuyen de forma decisiva al bienestar de las personas y de la sociedad. Para que la familia sea sostenible son necesarias medidas que la sostengan. Esta es una idea importante. Hay que aplicar medidas para la sostenibilidad de la familia, para la sostenibilidad de la sociedad. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es consciente de la valiosa contribución de la familia, por una parte, a todos los componentes de la familia, y por otra parte, a la sociedad, y considera que hay que fortalecer las políticas y programas dedicados a ella, como ha hecho el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular en estos años. El Gobierno de España, del Partido Popular, ha aprobado o elaborado en estos años reformas económicas dirigidas a la recuperación económica y a la creación de empleo como garantía del Estado del bienestar; ha elaborado informes sobre la situación socioeconómica de la familia espa; ha elaborado el Plan estratégico de infancia y adolescencia; el Plan nacional de acción de inclusión social; ha incrementado, por ejemplo, en 2015 el presupuesto a familia e infancia en un 20,5 % respecto al año anterior. La política fiscal del Gobierno ha mejorado la tributación de las familias numerosas, personas con discapacidad y monoparentales, ha extendido la condición de familia numerosa mientras que uno de sus hijos tenga menos de veintiún años o veintiséis años si siguen estudiando, y actualmente, y dentro de la agenda social del Gobierno, ha anunciado que está elaborando, en diálogo con comunidades autónomas, con organizaciones de familias y con el tercer sector, el Plan integral de apoyo a la familia. Desde esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular ha impulsado proposiciones no de ley de protección de la familia numerosa, sobre empresas familiarmente responsables y ha apoyado también iniciativas de otros grupos, por ejemplo, la proposición no de ley sobre la protección jurídica, social y económica de las familias. Todo esto demuestra que la protección de la familia es un eje fundamental de la acción de gobierno del Partido Popular, de las ideas, de la ideología del Partido Popular. Las políticas del Partido Popular se centran en las personas y en la familia. Además, consideramos que la política de familia no es un agregado de políticas sociales, sino una auténtica política pública, que debe garantizar la transversalidad de la promoción y protección familiar en todas las actuaciones públicas. Como he tratado de argumentar en mi intervención, esta política es una prioridad en la agenda política del Grupo Popular y alcanza a todas las familias, insisto, a todas las familias, preferentemente a aquellas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad: familias numerosas, familias con personas con discapacidad y familias monoparentales. Creemos que hay que seguir implementando medidas de apoyo a esta institución, políticas transversales de apoyo a la familia. Esta transversalidad alcanza, por una parte, a las diferentes administraciones - a la local, a la autonómica, a la central del Estado - cada una en su ámbito competencial, y también esa perspectiva familiar hay que darla a todas las políticas de un Gobierno: a las políticas de empleo, de conciliación de la vida laboral y personal, de protección a la maternidad - hay que remover las dificultades que encuentra una mujer en el momento más bello de su vida, como es el de traer una nueva vida al mundo - políticas de consumo, de protección de los consumidores más vulnerables, políticas de pensiones, políticas de igualdad real entre hombres y mujeres, de protección contra la violencia del menor - fíjense en el acontecimiento tan desgraciado que ocurrió ayer en Cataluña -, la violencia de género, la violencia que se desarrolla a veces en el ámbito doméstico, políticas de discapacidad, políticas fiscales, educativas y sanitarias. Todas estas políticas tienen que verse desde una perspectiva de familia. Voy concluyendo. Creemos positivo y necesario que se introduzca un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulsa el Gobierno, que se incluya en la memoria normativa que acompaña a los proyectos de ley y reglamentos la valoración del impacto de los mismos sobre la familia, un análisis previo de cómo afectará a la familia la nueva legislación, igual que se evalúan desde el punto de vista económico, medioambiental o de género los diferentes proyectos legislativos en la actualidad. Señor presidente, concluyo apelando al consenso y pidiendo el apoyo a esta proposición no de ley. Las políticas fundamentales en una sociedad trascienden de los mandatos legislativos. El apoyo a la familia es una de esas políticas importantes que debe trascender en los tiempos y debe contar con un amplio apoyo en la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados. [[Aplausos]]
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa, por lo que vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. Señor Salvador.
Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño por cuestión de brevedad. Permítame, señor presidente, empezar esta muy breve intervención enviando en nombre de mi partido y en el mío propio un abrazo sincero a la familia y a los amigos del profesor Abel Martínez Oliva. Y también quisiera mostrar mi solidaridad y la de mi partido y todo nuestro apoyo a la comunidad educativa del colegio Joan Fuster de Barcelona. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para en este debate sobre la familia, sobre iniciativas del partido que apoya al Gobierno para orientar las políticas públicas hacia la perspectiva de la familia, recordar el drama humanitario que estos días se vive con horror en el Mediterráneo oriental. Hablamos de cientos de muertos. Decimos que son nuestros hermanos, personas como nosotros que por distintas necesidades y obligaciones rompen sus vínculos de origen familiar y nacional y arriesgan su vida precisamente para aspirar a vivir seguramente en familia y tener proyectos vitales con más libertad y paz que los que están sufriendo en sus propios países. Para ellos también quiero tener un recuerdo. Mi partido y yo damos la bienvenida a las políticas públicas inspiradas en la perspectiva familiar porque creemos en ellas, pero también es una necesidad. No soy ningún experto, pero los sociólogos coinciden en el hecho objetivo de la importancia de la familia como institución - lo ha dicho muy bien el portavoz -, pero también en la necesidad de promover urgentemente unas condiciones distintas. No me digan cuáles porque tampoco tendría tiempo para describirlas, pero sí para combatir lo que algunos han llamado - algo que viene - el invierno demográfico. Como digo, saludo la proposición del Grupo Popular, que en este caso pide al Congreso que inste al Gobierno a introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas para que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos, y únicamente quisiera hacer no dos recomendaciones, pero sí dos sugerencias. Una de ellas, como dice la exposición de motivos, que aprueben sin más dilación un plan de apoyo a la familia, como ya tienen en vigor comunidades como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y que lo haga con urgencia. En segundo lugar, pretenden introducir un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos. Pues bien, yo les diría que no pongan el contador a cero; no lo hagamos a partir de los proyectos que vayan a venir, sino que aprovechemos o implantemos esta perspectiva en aquellos proyectos, en aquellas proposiciones que ya estamos viendo en esta Cámara y que tienen abiertos plazos de tramitación de enmiendas, en las que estoy seguro podremos incluir esta nueva perspectiva. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Salvador. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. No puede faltar, como no podía ser de otra manera cerca del periodo electoral, una nueva iniciativa del Grupo Popular vacua y populista como ella sola, una iniciativa con la que el Grupo Popular se convierte nuevamente en palmero del Gobierno. Hablemos de familia. En España tener hijos para mucha gente es ser sencillamente un héroe o una heroína. No hay escuelas infantiles públicas de cero a tres años, por lo que muchas personas tienen que elegir entre criar o trabajar. No las hay porque se paralizó el plan de creación de plazas de escuelas infantiles públicas. Ello, sumado a lo reducida que es la baja maternal, nos lleva a un panorama ciertamente desolador. Cuando superan los tres años, el coste de libros escolares, comedores y autobuses es elevado, por lo que cuando se integran en la etapa educativa estos costes se suman. Los horarios escolares nada tienen que ver con los horarios laborales de la gran mayoría y, gracias a este Gobierno, la posibilidad de reducir la jornada y adaptarla al horario escolar ya no es posible, pues su reforma laboral limitó la reducción de jornada por cuidado de hijos. Pueden empezar, si se aprueba, como se aprobará previsiblemente, adaptando esta legislación a la familia. La baja maternal es muy pequeña y la paternal una anécdota. La ampliación a cuatro semanas es otra de sus promesas incumplidas; más trabajo, cinco veces retrasada y la nueva fecha es 2016. Así que venir aquí a sacar pecho en cuanto a ayudas a la familia, ¡qué quieren que les diga! A los hechos me remito, la natalidad desciende y las muertes superan ya a los nacimientos, y son datos concluyentes. La gente no tiene hijos o tiene menos de los que desearía, porque ser héroe no es fácil. La familia no es un concepto abstracto que puedan ustedes venir aquí y decir que la van a proteger. La familia son padres con permisos de paternidad muy ridículos; la familia son madres que han de dejar sus trabajos para cuidar a sus hijos; madres solteras y padres solteros que han de contar con los abuelos para sostener la economía familiar y seguir criando. También son familia esos que han sido desahuciados y aún deben dinero al banco, gracias a su negativa a aprobar la dación en pago. También son familia los niños que no tienen para pagar los libros escolares. También son familia los que cada vez en mayor número han de acudir a los comedores de caridad, gracias a su política de desigualdad. Quizás esas no sean las familias en las que ustedes estaban pensando, porque para ustedes son invisibles, pero son familias, familias en mayúsculas, héroes y heroínas a los que este Gobierno da la espalda una y otra vez. Por tanto, no nos vengan con buenas intenciones y no nos hagan perder el tiempo, y legislen de una vez por todas para las personas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para manifestar que nuestro voto será favorable a esta iniciativa, no porque tengamos ganas de apoyarla, sino porque no podemos votar otra cosa, puesto que compartimos el contenido de su parte dispositiva, que, por otra parte, no es más que una enorme obviedad. Pero, aparte de esta circunstancial coincidencia, no queremos ni debemos dar carta de naturaleza a la banalización y a la interesada instrumentalización que en su parte expositiva hacen de un elemento tan importante para la cohesión social y para el desarrollo pleno de las personas en sus vertientes individual y social como es la familia. En la proposición de ley, no en su discurso, brilla por su ausencia, salvo en un lacónico apunte contenido en el párrafo primero, el papel que la familia desempeña en la sociedad actual, ni una palabra sobre los porqués, sobre los valores que representa, sobre los motivos que les han impulsado a formularla, probablemente porque en el momento en que la redactaron eran inconfesables. Es verdad que su discurso ha matizado de alguna manera lo expuesto en la parte dispositiva. Señorías, su iniciativa destila autobombo y autocomplacencia y transparenta una clara voluntad de utilizar a la familia, una vez más, como arma arrojadiza, entiendo que con un descarado interés electoral, preferentemente además contra el grupo mayoritario de la oposición en su labor en este ámbito en los períodos de gobierno socialista. Mientras, esperan que el resto de los grupos parlamentarios hagamos de palmeros de su superficial canto al sol y su teórico alegato a favor de ella. Pues, no, señorías. Con el Grupo Vasco no cuenten. No les vamos a hacer la ola. Votaremos favorablemente, pero no les vamos a hacer la ola. Se encontrarán, además, de frente con nuestra denuncia en todas y cada una de las ocasiones en las que pretendan instrumentalizar populistamente cuestiones tan esenciales como esta. No, no lo vamos a consentir, porque la familia en nuestra sociedad es una institución básica que resulta fundamental por la importancia de las funciones que desempeña y que tienen que ver con la socialización, la proyección y la ayuda mutua, la transmisión de pautas de comportamiento, valores, tradiciones y un largo etcétera, que por falta de tiempo no citaré, máxime cuando los cambios sociales, económicos y laborales de las últimas décadas han afectado profundamente a esta institución que ha tenido que evolucionar y redefinirse para cumplir sus funciones y, al mismo tiempo, seguir siendo un ámbito de realización personal para sus miembros. Fruto de estos cambios, han surgido distintas formas de organización familiar. A la familia tradicional se suman las monoparentales, las numerosas, las reconstituidas, las que tienen niños en acogida, las adoptantes, aquellos cuyos progenitores son personas del mismo sexo, las interculturales. Todas y cada una de ellas, frente a lo que opinan algunos sectores de la sociedad española, deben ser reconocidas y apoyadas tanto por la sociedad como por el conjunto de las instituciones, porque lo esencial y lo fundamental es que cumplan sus funciones básicas, que lo hagan con calidad y calidez - creo que se lo he dicho en otra ocasión - y que las relaciones que en ellas se desarrollen se basen, sobre todo, en el respeto y en el afecto. Además, en estos momentos de crisis, la familia ha acentuado su condición de reducto de protección, de ayuda incondicional a sus miembros más débiles, debiendo cubrir en demasiadas ocasiones los enormes agujeros que sus Gobiernos, los Gobiernos populares, han horadado en los pilares del Estado del bienestar y además combatir los perversos efectos que sus recortes neoliberales han causado a las personas que la integran. Muy al contrario, señorías, siendo conscientes de que la actual crisis no es solo económica, sino también cultural y de valores, debemos - y me reitero - poner en valor que en el seno de las familias se están fortaleciendo y transmitiendo a las futuras generaciones los valores de solidaridad, sacrificio y esfuerzo, frente a la cultura del pelotazo, del éxito fácil y de la corrupción que han imperado en determinadas políticas y frente a la absoluta falta del más mínimo comportamiento ético de una parte importante de los miembros de estos Gobiernos populares que se empeñan en defender. Además, su iniciativa nos parece absolutamente inoportuna en esta sesión de hoy, en una sesión en mi opinión oscura, en la opinión de mi grupo, negra, como la de hoy. Es como si quisieran blanquear con esta pueril iniciativa esa capa oscura que la corrupción que les afecta ha extendido sobre su hacer político. A mí también me resulta bastante curioso - se ha señalado aquí - que no hayan tenido tiempo en más de los tres años transcurridos de esta legislatura para defenderla ante esta Cámara. Prácticamente estamos concluyéndola. Una vez más, ha llegado tarde y mal. Asimismo, me resulta muy duro que haya que instarle a un Gobierno como el del Estado a que aplique las políticas de familia de forma transversal. El tema canta bastante. Lo que les diría es que no se crezcan porque se les ha visto demasiado la oreja. Estamos a un mes y medio escaso de las municipales y recurrentemente vienen estos temas por aquí. Para concluir, nos encontrarán siempre en el debate leal de todas aquellas iniciativas que pongan en valor a la familia como elemento catalizador de lo mejor del ser humano, como motor de crecimiento para toda la sociedad. Esta, desgraciadamente, parece responder a intereses de otra índole que en ningún caso vamos a aplaudir. En cualquier caso, votaremos favorablemente. Creo de verdad que han perdido una extraordinaria ocasión para dedicar el amplio cupo del que disponen para defender una iniciativa de mayor profundidad, de mayor valor añadido. Es todo lo que tenía que decirles.
Muchas gracias, señora Sánchez Robles. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Lleonart.
Gracias, señor presidente. Señores del Grupo Popular, señor Román, vayamos a los datos para generar un contexto en el que se entienda por qué desde nuestro grupo consideramos que la propuesta que hoy nos traen a la Cámara realmente no se preocupa por lo que ustedes dicen: la familia. Durante los años de Gobierno del PP, según datos el Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España, se han producido en este país cerca de un cuarto de millón de desahucios. ¿A cuántas familias se ha dejado en la calle según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según las encuestas de población activa, la tasa de desempleo se ha situado en torno al 24,43 % de media, perdiendo más de medio millón de población activa por el camino. ¿A cuántos padres o madres de familia, que son el único sustento de las mismas, se ha dejado sin trabajo según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según un informe de Save the Children en 2014, nos hemos encontrado con que más del 38 % de los españoles llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad. Desde 2007 se ha duplicado el número de familias que no recibe renta o subsidio alguno. Son cerca de 2 millones de hogares. La pobreza severa, aquella que sufren las familias que reciben menos de 300 euros al mes afecta, ni más ni menos, que a 3 millones de personas y a un 12 % de españoles. En 2014 había casi 3 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; el 24 % de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza, uno de cada cuatro. Y el 46 % de los niños que conviven en familias monoparentales viven en riesgo de pobreza, casi la mitad de los niños en esta situación. ¿Cuántas familias, cuántos niños se encuentran en riesgo de exclusión según estos datos, señoría? No podemos hablar de familia sin hablar de desahucios, generación de empleo, pobreza infantil y conciliación laboral. Se ha debatido en esta Cámara en muchas ocasiones. Nosotros, desde UPyD hemos traído iniciativas para frenar los desahucios e impulsar segundas oportunidades. De hecho, fue la primera iniciativa al respecto que se debatió en esta Cámara en 2012 con el voto en contra del PP. Hemos propuesto una simplificación de contratos que permita, entre otras cosas, cambiar de puesto de trabajo manteniendo la antigüedad, asegurando indemnizaciones en caso de despido, que también defendimos desde UPyD en 2012 y también obtuvo el voto en contra del PP. E, incluso, en 2014 presentamos una PNL para acabar con la pobreza infantil y el riesgo de exclusión, en la que además pedíamos que se valorase de forma previa el impacto que las medidas legislativas pudieran tener en la pobreza y el bienestar de niños y niñas, a la que también se opusieron desde el Partido Popular. Siempre que desde Unión Progreso y Democracia hemos traído a esta Cámara medidas para ayudar a las familias españolas nos hemos encontrado, en su caso, con el más absoluto rechazo o la más absoluta condescendencia, prometiendo que harían algo que nunca han hecho. ¿Por qué no hablamos también de la conciliación? Puede que a ustedes el concepto no les resulte ajeno, pero desde luego que a la mayoría de las familias españolas sí, no por lo que significa, sino porque está fuera de la realidad el que se aplique a sus vidas. Para que una familia pueda mantenerse hoy en día, con el bajo nivel de los salarios existentes, los miembros de la misma tienen que trabajar en horarios que para nada contemplan que puedan hacerse cargo de sus hijos. ¿Qué tipo de preocupación por la familia es esa, señoría? Pero sigamos generando contexto, por favor. Respóndame señoría: familia, ¿cuál es el concepto de familia que tiene el Partido Popular? ¿El católico, apostólico y romano? ¿De qué habla el PP cuando habla de familia? ¿Heterosexuales casados por la Iglesia o a través del Registro Civil o ayuntamientos? ¿Y qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa con el matrimonio homosexual? Sí, matrimonio, aquel que ustedes llevaron hasta el Constitucional para impedir iguales derechos a iguales supuestos. ¿Y qué pasa con las lesbianas que quieren tener hijos mediante reproducción asistida utilizando el Sistema Nacional de Salud y no pueden acceder porque los requisitos las excluyen, como se ha visto en este fin de semana en los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las dificultades legislativas para ser familias adoptantes en este país? ¿Y qué pasa en este país cuando una familia tiene que afrontar situaciones con personas dependientes? Como ve, señorías, nos surgen muchísimas dudas que nos gustaría que fueran aclaradas antes de decirles cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Necesitamos saber si por familias se refieren a todas las recogidas por el actual ordenamiento jurídico español o, por el contrario, hablamos de una concepción familiar que obedece solo a cuestiones ideológicas del Partido Popular, y necesitaríamos también que se trajese a esta Cámara el compromiso de un acompañamiento presupuestario que demuestre realmente que sus preocupaciones van acompañadas de una apuesta real por las familias españolas. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
Gracias, señor presidente. Pues sí, señorías, efectivamente, llegaron las elecciones y todo se precipita, se vuelve urgente, se retoma la pantomima de que el grupo que sostiene al Gobierno inste al mismo a que cumpla con su obligación y legisle o haga normas que ayuden o mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay que explicarlo bien y despacito para que los ciudadanos y las ciudadanas salgan de su asombro y empiecen a entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, lo voy a repetir, el Grupo del Partido Popular pide al Gobierno del Partido Popular que legisle para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, cuando tanto unos como otros, unos en el Parlamento y otros en el Ejecutivo, se han hartado de tomar medidas para recortar y socavar derechos y servicios que afectan al bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, de las familias. Podría calificarlo de kafkiano, pero, como ustedes sienten una cierta aversión por la cultura, vamos a dejarlo en que el Partido Popular simplemente pretende reírse en la cara de la sociedad española. [[La señora]] Han pasado casi cuatro años y, cual Saulo caído del caballo, el Grupo del Partido Popular descubre la luz de un Plan integral de apoyo a la familia que casualmente elaboró un Gobierno popular en 2001. ¡Han tenido tiempo para descubrirlo, señorías! Descubre igualmente que durante el mandato socialista este plan no tuvo continuidad, y de ahí los males que nos acechan. Vamos, ustedes reiteran el: y tú más, pero no han sido capaces de ponerlo en marcha ni de hablar de ello hasta ahora. Y, mientras tanto, señorías, las desigualdades han crecido en nuestro país de forma alarmante durante esta legislatura, sobre todo para las familias, que han sufrido el acoso y derribo de sus políticas restrictivas, los desahucios y sus consecuencias, dramáticas siempre y en algunas ocasiones las muertes provocadas por ellas. Todo ello constituye una vergüenza auténtica para el país. El sistema sanitario y el educativo están en franco retroceso, las políticas sociales recortadas y los pocos avances en la consecución del Estado del bienestar prácticamente desaparecidos. La pobreza infantil avanza imparable, la juventud emigra en busca de un futuro fuera de nuestras fronteras. Sufrimos porcentajes de exclusión social desconocidos hasta el momento, las políticas destinadas a la igualdad entre hombres y mujeres tienen su pálido reflejo en un papel y casi nulo en presupuesto. Y las reformas que ustedes han introducido, la última sobre la interrupción voluntaria del embarazo, constituyen además un retroceso más en lo que les estamos diciendo. Desde esta tribuna mi grupo ha denunciado una y otra vez la pobreza laboral, miles de personas que aun trabajando no llegan a fin de mes, y que afecta a las familias, por no hablar de la pobreza energética, que también, ¡qué casualidad!, afecta a las familias. ¿Y saben lo que han hecho ustedes ante estas iniciativas? Votar en contra, mirar hacia otro lado o manifestar que ya estaban haciendo lo que se les demandaba aunque era simplemente mentira. La única verdad, señorías, señorías del Grupo Popular, es que ustedes se apresuraron a rescatar a las entidades financieras, a recortar presupuestos destinados a políticas sociales, a continuar con reformas laborales aún más lesivas para los trabajadores y las trabajadoras y consecuentemente para las familias de este país. Ustedes van a dejar un país a todas las familias, tengamos el concepto de familia que tengamos - algunos de ustedes no lo tienen claro -, en estado catatónico, y ahora vienen y nos piden apoyo para instar al Gobierno a lo siguiente que cito textualmente: Introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos e introducir un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulse el Ejecutivo. Estupendo, señorías; tarde pero estupendo; nos parece genial. ¿Quién se puede negar a votar semejante generalidad, aunque en nuestro caso pensemos que son ustedes maestros en el arte de no decir nada para luego hacer menos? Les recuerdo algo, ustedes aprobaron y aceptaron el impacto de género y tampoco lo cumplen en muchísimas ocasiones, señorías. No hemos presentado enmiendas, señorías. Ni queremos ni podemos ser cómplices de tanta iniquidad. Imaginamos la indignación de miles de familias cuando se enteren de semejante propuesta que tiene solamente como objetivo, señorías del Partido Popular, recuperar un voto que se les está yendo. Nos vamos a abstener por lo que he dicho anteriormente, aunque el cuerpo - de verdad, señorías - a mi grupo nos pide votar en contra. Y lo vamos a hacer porque hemos demostrado - nosotros sí - que creemos en las políticas integrales…
Señora García Álvarez.
Termino ya, señora presidenta. … y porque estamos convencidos de que serán otros, seremos otros desde la izquierda, quienes pongamos en marcha aquellas políticas integrales que hemos defendido en esta legislatura y en legislaturas anteriores. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora García Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Campuzano.
Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme los diputados del Grupo Popular que mi grupo sea escéptico sobre el contenido de su iniciativa. Quizás planteada en el inicio de la legislatura tendría valor político porque permitiría comprometer a toda la Cámara en esos objetivos, pero planteada cuando a la legislatura le quedan meses de vida inevitablemente nos parece más un ejercicio - legítimo, por otro lado - de propaganda política del Grupo Popular que una voluntad de desarrollar una política sólida de familia en esta legislatura. Es más, cuando de nuevo desde la tribuna los portavoces del Grupo Popular nos anuncian ese plan de familia, acabando ya el mes de abril y a pocos meses de terminar la legislatura, menos credibilidad le podemos dar a ese plan. Es evidente que si el Gobierno lo llegase a aprobar no lo podría poner en marcha. Por tanto, compartiendo buena parte de la retórica sobre el valor y la importancia de la familia en nuestra sociedad y compartiendo la necesidad de políticas públicas orientadas a la familia, hoy mi grupo no puede aplaudir ni apoyar esta iniciativa del Grupo Popular porque entre otras cosas estaríamos legitimando una política que, efectivamente, a pesar de aquello que nos ha contado el portavoz del Grupo Popular, no ha estado orientada a apoyar a las familias. Algunos de los portavoces le han citado esas realidades y yo voy a poner el acento en algunas de ellas. Veo sentada a la señora Ciuró, que ha sido promotora en esta legislatura de la ampliación de los permisos de paternidad, siguiendo la estela y los compromisos que la señora Pigem había alcanzado en legislaturas precedentes con la anterior mayoría. Ha pasado la legislatura y esa ampliación de uno de los instrumentos que en el resto de Europa permiten mejorar las políticas de apoyo a la familia, que son permisos más amplios para que los hombres nos comprometamos en nuestras responsabilidades familiares, continúa sin desarrollarse, y eso es política de familia. Si me lo permiten, yo mismo he defendido desde esta tribuna lo que en el resto de Europa conforma un núcleo duro de las políticas de apoyo a la familia, que es una prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo de carácter universal. La mayoría del Grupo Popular ha votado en contra de esa iniciativa, que, insisto, va en la línea de aquello que Gobiernos de centro derecha y centro izquierda promocionan en el resto de Europa. Asimismo, respecto a uno de los principales instrumentos en términos de servicio a las familias, que es una red de apoyo para aquellas familias con niños de cero a tres años, el Gobierno del Partido Popular ha liquidado el denominado Plan Educa, que permitía financiar no solo la cobertura de cero a tres años, sino también la parte no obligatoria del sistema educativo de tres a seis años. Podemos compartir la retórica. Es más, yo creo que hoy la retórica sobre la familia entendida en el sentido amplio, plural, que incorpora muchas realidades de las familias - a ellas ha hecho referencia la portavoz del Grupo Vasco - no forma parte ya de la discusión entre escaños de un lado u otro lado del hemiciclo. El reto, señores del Grupo Popular, es saber qué políticas son eficaces para ayudar a que las familias puedan cuidar de sus hijos, qué políticas son eficaces para que las familias puedan tener los hijos que desean, qué políticas son ineficaces para ayudar a aquellas familias en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad, qué políticas son eficaces para reducir el riesgo de pobreza infantil, y no hemos podido discutir sobre esas políticas porque el Gobierno ha decidido renunciar a ellas. Como les decía, lamentándolo mucho, mi grupo no va a votar favorablemente esta iniciativa. Ojalá a quienes les toque estar en esta Cámara en la próxima legislatura sean capaces de pasar de la retórica a la política de verdad en esta materia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Domínguez.
Muchas gracias, señora presidenta. A mi grupo tampoco deja de indignarle, que no sorprenderle, el cinismo del Grupo Popular cuando trae este tipo de iniciativas a la Cámara: instar al Gobierno a introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas y en los proyectos legislativos. El señor Román lo sabe, esto es algo que ya anunció en febrero de 2012 la señora Mato, y además dijo que lo estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué informes? ¿Qué perspectivas? ¿De qué familias? ¿Saben acaso ustedes que existen distintos tipos y lo que en unas impacta positivamente puede hacerlo negativamente en otras? Por ejemplo, la amnistía fiscal. Seguro que a la familia del señor Rato le ha parecido muy bien, pero a la mayoría de las familias de este país no creo que les haya parecido estupendo. [[Aplausos]] Igual no quiso referirse a esas otras familias de las que aquí han hablado otros grupos - siento repetirme -: a las familias monoparentales, a las extensas, a esos abuelos que tienen que cargar con hijos y con nietos con una pequeña pensión, a una familia con todos sus miembros en paro y sin prestación. Ese mismo mes, en febrero de 2012, nos anunció aquí un plan de familia que también han anunciado después los dos secretarios de Estado que ha habido y el nuevo ministro en el mes de enero, recién nombrado, que vino a esta Cámara a contárnoslo. ¿Dónde está ese plan? ¿Ya tienen ustedes presupuesto? ¿Salen aquí sin sonrojarse a defender a la familia o a las familias, señor Román? Eso es lo que nos tienen que decir. Parece que aún no se han enterado de que no hay una familia, como usted ha hablado continuamente aquí, una familia como al parecer usted la concibe, como un modelo vertical y autocrático. Salen aquí después de reunirse ayer con una asociación que nos merece todos los respetos y con la que nos hemos reunido otros grupos, ¿para qué? ¿Para, escondiéndose detrás de las asociaciones, hacerse ustedes perdonar los tres años y medio que llevan en el Gobierno castigando a las familias españolas, a las clases medidas y a las clases trabajadoras? Eso es lo que ustedes hacen. Salen aquí sin sonrojarse y tenemos que soportar que nos hablen - después de la desigualdad que han generado, con más de 728.000 hogares en los que no entra ningún ingreso - de defensa de las familias. Los casi tres millones de desempleados sin ninguna prestación serán familia de alguien, señor Román, digo yo. Señorías del PP, hay casi 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro y salen a hablar de lo que hablan aquí… Ustedes protegen a la familia mientras castigan a las familias [[Aplausos]], mientras castigan a las personas, mientras castigan a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que son los verdaderos titulares de manera subjetiva de los derechos y de los deberes. Desde esa perspectiva, ¿acaso pensaron cómo iba a afectar su reforma laboral a la familia de un trabajador mayor de cincuenta años despedido por su reforma? ¿O cómo iba a afectar a los proyectos vitales de tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que han salido por ese exilio económico y que han tenido que dejar aquí a sus parejas y a sus hijos e hijas? ¿Acaso han pensado cómo ha afectado el que ustedes hayan eliminado la Seguridad Social de las cuidadoras, madres e hijas en muchos casos, y además les hayan reducido la prestación por cuidar a sus dependientes? ¿Eso son familias? ¿Les preocupan a ustedes las familias? ¿Y la eliminación de ayudas y becas en educación? ¿Pensaron acaso en los mayores y sus familias cuando eliminaron de un plumazo casi 500 medicamentos de la financiación pública e impusieron además copagos y repagos? ¿Con qué perspectiva miran ustedes la eliminación de presupuestos contra la violencia de género y cómo esto afecta a tantas mujeres, a sus hijos, a sus familias, a esta sociedad? [[Aplausos]] Díganme en qué beneficia a las familias de este país eliminar el acceso a la reproducción asistida a las familias compuestas solo por mujeres. ¡Ah, ya! Es que estaban pensando en las otras, eso es lo que pasa de verdad. No me digan que no pensaron en cómo afectaría a los siete millones de hogares que hay en España en situación de pobreza energética su subida de la luz, de gas, del IVA, del IBI, su nefasta política fiscal. ¿Pensaron en las familias que han perdido su hogar porque ustedes lo vendieron a un fondo buitre? Solo pretenden descargar su responsabilidad; a falta de Estado - que es lo que a ustedes les gusta -, a falta de políticas públicas…
Señora Pérez Domínguez, tiene que finalizar.
Voy acabando.
No, acabe.
… de derechos subjetivos, de servicios públicos de calidad, que las familias carguen con la tarea de cohesionar y sostener lo que ustedes han destruido. Para muestra, un botón. Esta es la familia que les preocupa: Valdemoro [[muestra un gráfico]], un municipio de Madrid. Todas, todas estas contrataciones son familiares: el marido, la mujer, el cuñado, el primo… [[Aplausos]]
Señora Pérez Domínguez, tiene que finalizar.
Por no hablarles de Extremadura, donde lo primero era el empleo de la familia del presidente del Parlamento, del presidente Monago y de alguna que otra consejera o alcaldesa. [[Aplausos]]
Señora Pérez, ha finalizado su tiempo.
Esas son las familias a las que usted… [[Aplausos]]
Señora Pérez, ha finalizado su tiempo. Gracias.
Mociones consecuencia de interpelación. Como les dije, vamos a ver una moción en la tarde de hoy, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el desarrollo por la Agencia Tributaria de sus funciones de auxilio judicial en las causas que afectan al Partido Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Saura. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señorías, los escándalos sucesivos en la Hacienda pública española dañan al sistema democrático español, a sus instituciones y también a la conciencia fiscal. El último tiene que ver con el hecho de que el expresidente económico del Gobierno de Aznar haya reconocido que defraudó a Hacienda una vez que se acogió a la amnistía fiscal, y muy probablemente defraudó también cuando fue ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente económico del Gobierno. Ante dichos escándalos en la Hacienda pública española y ante la nula reacción del Gobierno de España este Parlamento no puede mirar para otro lado, este Parlamento tiene que tomar decisiones y eso es lo que el Grupo Parlamentario Socialista trae esta tarde aquí, a la Cámara: una reprobación del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por los continuos escándalos que se están produciendo en la Hacienda pública española. Las razones pueden ser variadas, pueden ser múltiples, pero nos gustaría centrarlas en tres razones de peso. La primera tiene que ver con el hecho de que el Gobierno no quiere publicar, oculta, el nombre de los 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Señorías, su publicación va a ser imparable a tenor del consenso amplio, mayoritario, en la oposición, es decir de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Su publicación va a ser imparable. Esta mañana un alto cargo del Gobierno de España, de manera frívola, ha dicho que la información de que dispone el Gobierno, la información de que dispone la Agencia Tributaria es la repera patatera. Una expresión frívola, a mi juicio, y que no se puede pronunciar en un Parlamento como este. Los ciudadanos, que están pagando más impuestos que nunca en la historia de la democracia, tienen que escuchar esa información, y nos preguntamos, si tienen tanta información, cómo es posible que no se puedan conocer los nombres de los 30.000 defraudadores convictos y confesos de la amnistía fiscal. [[Aplausos]] Por tanto, lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que esa lista de la vergüenza, esa lista de los 30.000 defraudadores se haga pública. ¿Por qué razones queremos que se haga pública? En primer lugar porque no habrá una auténtica regeneración democrática en nuestro país hasta que no conozcamos esa lista de defraudadores. Y en segundo lugar porque la publicación de la lista es la mayor garantía de que nunca jamás se va a hacer otra amnistía fiscal en nuestro país. Es la mayor vacuna de la sociedad española para que no se vuelva a aprobar una amnistía fiscal en un Parlamento democrático. Por esas dos razones queremos que se publique la lista de defraudadores. Y planteamos una doble vía. La primera es la aprobación de una comisión de investigación parlamentaria. Esa es una vía, como pone de manifiesto la Ley General Tributaria en su artículo 95. Otra vía es modificando el artículo 95. Esta semana ha entrado en la Cámara el proyecto de modificación de la Ley General Tributaria. Pues planteemos una enmienda para modificar el artículo 95 que incluya la publicación de esta lista. No hay problemas de retroactividad en la norma, el Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro, ha expresado que solo sería inconstitucional en el caso de aprobar una sanción con efectos retroactivos, y publicar esta lista no es una sanción, es transparencia, es publicidad, es apostar por la regeneración democrática. Luego no hay ningún problema; es más, de acuerdo con esas tesis que dicen que habría un problema de retroactividad, el propio Gobierno en la modificación de la Ley General Tributaria estaría incurriendo en esa cuestión porque está hablando de defraudadores en sentencia firme, es decir de hechos que pasaron anteriormente a la aprobación de la norma. O está hablando de los morosos. Es el mismo caso; nosotros estamos hablando aquí de defraudadores convictos y confesos, luego no hay ningún problema desde el punto de vista legal. Además hay un contrasentido, el Gobierno quiere que se publique no solamente la lista de los defraudadores, quiere que se publique la lista de los morosos. Es decir, vamos a saber la lista de los morosos que tienen problemas de tesorería y no se va a saber el nombre de los 30.000 defraudadores que, como digo, son convictos y confesos. [[Aplausos]] Esa es la primera razón, la razón más importante para avanzar en la democracia, para sostener las instituciones democráticas; está en juego nada más y nada menos que eso, no está en juego una mayoría parlamentaria, señorías, no está en juego un Gobierno, están en juego las instituciones democráticas, la democracia. Por eso es importante que se publique esta lista porque, de lo contrario, la sociedad española no nos lo va a perdonar, no perdonaría que el Parlamento hoy votara en contra de publicar esa lista, la lista de la vergüenza. En segundo lugar, creemos que se han utilizado las instituciones en beneficio del PP, como ha sido el caso de la obstrucción a la justicia por parte de la Agencia Tributaria, de la dirección política de la Agencia Tributaria, para que el Partido Popular no fuera condenado por delito fiscal. Y, finalmente, la tercera razón que argumentamos para esta reprobación es esa amnistía fiscal, que ha sido injusta, que es un viaje a las tinieblas, que es indecente y que además es una amnistía fiscal innecesaria, poco eficaz, porque hay otros instrumentos - lo dicen los propios inspectores de la Hacienda pública - para haber recaudado 1.200 millones de euros cuando se habían presupuestado 2.000 millones de euros. Muchísimas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Saura. Se ha presentado una enmienda, del Grupo de Unión Progreso y Democracia, y para su defensa tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. En la moción socialista se abordan dos cuestiones principales: la primera tiene que ver con el papel de la Agencia Tributaria en las funciones de auxilio judicial en casos que afectan particularmente al Partido Popular y en especial el caso Bárcenas-caja B del PP. En este país ya nos hemos acostumbrado a cualquier cosa, nuestro umbral de tolerancia es muy alto, pero si no tuviésemos ese umbral de tolerancia tan alto nos habríamos quedado sorprendidos por dos actuaciones inauditas de la Agencia Tributaria en el caso Bárcenas. La primera tiene que ver con la doctrina fiscal tan peculiar de la Agencia Tributaria que nos enseñó que las donaciones, aunque sean ilegales, aunque sean de empresarios que se pueden estar beneficiando de contratas públicas, están exentas; es decir, tienen derecho a un beneficio fiscal aunque sean ilegales. Esto no tiene sentido y por eso Unión Progreso y Democracia pidió a la Dirección General de Tributos un informe, hicimos una consulta sobre si esto tenía sentido. Quiero resaltarlo porque se ha hablado mucho de este informe de la Dirección General de Tributos pero se ha olvidado de dónde proviene. Y la Dirección General de Tributos dijo lo que parece lógico, que las donaciones, para estar exentas, tienen que ser legales y tienen que dedicarse a fines propios del partido. La segunda actuación inaudita es cuando el juez pide un informe, que se realicen nuevos cálculos y la Agencia Tributaria en un primer momento se niega a atender el requerimiento del juez. Son actuaciones verdaderamente inauditas que solo cabe entender que no hayan tenido mayores consecuencias políticas por el alto umbral de tolerancia que tenemos ya en nuestro país con este tipo de cuestiones. El segundo asunto que se trata en la moción socialista tiene que ver con la amnistía fiscal y su concreción en el caso específico de las últimas semanas, en el caso Rato. Sobre el caso Rato quiero recordar algo importante: hoy todo el mundo se rasga las vestiduras por el caso Rato, pero si no fuese porque hay un caso Bankia abierto en la Audiencia Nacional por UPyD, el señor Rato, en vez de rendir cuentas a la justicia, estaría disfrutando tranquilamente de las pingües rentas de sus diversos consejos de administración. Eso es importante recordarlo hoy. Pero el caso Rato es un caso particular de un problema más amplio, la amnistía fiscal. Hoy muchos se rasgan las vestiduras: ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando de la amnistía fiscal el señor Rato?, ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando el señor Pujol?, ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando el señor Bárcenas? Podía pensarlo cualquiera que se hubiese molestado en estudiar la amnistía fiscal cuando se puso en marcha. Lean en el «Diario de Sesiones» las intervenciones de los diferentes grupos de la oposición, incluido el mío. Lean lo que dijeron los inspectores de Hacienda. ¿Qué dijeron? Que la amnistía fiscal, además de ser un error porque deterioraba la conciencia fiscal de los españoles, permitía regularizar efectivo y, al permitirlo, facilitaba el blanqueo de capitales. Eso iba a hacer que en los casos de corrupción, incluidos los de corrupción política, hubiese personas que se acogiesen a la amnistía. Es decir, no es mala suerte; lo que ha sucedido son las consecuencias lógicas de las malas políticas que se han aplicado. Por eso creemos que tiene todo el sentido pedir la reprobación del señor Montoro - por cierto, debería haber comparecido esta mañana en vez de enviar al director de la Agencia Tributaria para que actuase como escudo -; tiene sentido pedir su reprobación por los hechos que he relatado con anterioridad. Hay otra cuestión importante que se aborda en la moción. Hay un conflicto entre el derecho a la confidencialidad de los datos tributarios y el derecho que tienen los ciudadanos a saber si hay cargos públicos que han defraudado al fisco o si hay candidatos a las elecciones autonómicas, locales o generales que han defraudado al fisco o han incurrido en blanqueo de capitales. Por eso creemos que tiene sentido hacer públicos estos datos, porque hay un conflicto de intereses y el secreto tributario no puede prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a saber, entre otras cosas, si están votando a candidatos que han incurrido en blanqueo de capitales. Nuestra enmienda quiere complementar lo que pide el Grupo Socialista en el sentido de que se investigue de forma sistemática el origen de los fondos de las 29.000 personas acogidas a la amnistía fiscal y no solo de los setecientos y pico de la lista corta, algo que UPyD ha pedido en el pasado y que conviene reiterar en este momento. Nuestro voto, en cualquier caso, será sí, dado que esta moción va en la línea de propuestas anteriores presentadas por nuestro grupo. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Anchuelo. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Enbeita.
Gracias, señora presidenta. Señorías, a estas alturas es innegable que la última amnistía fiscal aprobada en el Estado español ha sido un escándalo. Y digo la última porque es cierto que no es la primera vez que se aprueba algo así, antes de la amnistía fiscal de 2012 hubo otras dos: una en 1984, cuando era ministro el señor Miguel Boyer, y otra en 1991. En ninguno de esos casos se han dado a conocer los nombres de las personas amnistiadas o la procedencia del dinero aflorado. Esta vez, sin embargo, es más que una sospecha a estas alturas que políticos y cargos públicos se han acogido a ella. Lejos de dar ejemplo o de cumplir lo que sus ministerios han pedido a la ciudadanía en su día, parece que los cargos se han utilizado para librarse de pagar a Hacienda y para engordar cuentas propias. Pero todo esto lo estamos descubriendo gracias a la prensa o gracias a ciertos jueces que se han atrevido a mover los billetes. Y si nos aferramos a los datos, señorías, los números son potentes: 40.000 millones de euros aflorados, más de 31.000 personas no contribuyentes y 1.200 millones de euros para las arcas públicas. Si comparamos lo aflorado con lo retenido por Hacienda, está más que claro quienes salieron ganando. Es fácil concluir que la amnistía fiscal, una vez más, sirvió solo para quedar bien con los de siempre, con los que no sufren ni la crisis ni el paro ni nada de nada. Soltaron un poco de calderilla para poder blanquear millones y millones. Hacienda dijo en su día que investigaría a 700 amnistiados y, entre ellos, hemos oído hablar de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Fernando Martín, Josep Pujol, Oleguer Pujol, Diego Torres, etcétera. Y claro, claro que se debería saber la lista completa, por eso queremos apoyar esta moción, pero no solo esta lista. Puestos a esto, también estaría bien saber qué pasa con la lista Falciani, qué pasa con las empresas del Ibex 35 que tienen sus sedes en paraísos fiscales o qué pasa con las Sicav. Hay demasiadas listas aquí por descubrir, pero claro, igual que todos los caminos conducen a Roma, la mayoría de estas listas nos conducen al mismo sitio, al establishment, a los de siempre y al partido que gobierna en el Estado español. Pero no solo con saber los nombres solucionaremos el problema, porque se supone que con la amnistía muchos se han quedado libres de los cargos imputables por delitos fiscales, así que el origen del problema es al final el mismo sistema. La evasión fiscal no es algo que hay que solucionar, si se quiere, se puede evitar. Conseguir una política fiscal donde paguen más los que más tienen, al contrario de lo que se hace ahora, sería a lo mejor una buena manera de empezar. El sistema tributario actual permite engañar, evadir, no pagar, robar, corromper. Claro, todo esto no se lo permite a la ciudadanía, pero sí a los que viajan a Suiza o a Andorra cada vez que se les llena el billetero. Así, cada equis años se les concede una amnistía fiscal, mientras el resto paga multas por cada céntimo que se le escapa en su declaración de la renta. ¿Qué habrán pensado los cientos de ciudadanos y ciudadanas que aun estando en paro han tenido que devolver dinero a Hacienda en su declaración o los pequeños autónomos cuando han escuchado las noticias sobre Rodrigo Rato? Es como si ustedes mismos invitaran a la gente a no pagar y a defraudar. Total, sale gratis. Por último, señorías, ¿qué quieren que les digamos nosotros sobre la reprobación del señor Montoro que se pide en esta moción? No seremos nosotros los que vayamos a decir lo que tienen que hacer ustedes con su ministro de Hacienda, pero siguiendo el principio del entorno que nos enseñó el magistrado tan querido por algunos aquí, Baltasar Garzón, Montoro debería ser por lo menos no sé si imputado, pero sí preguntado, porque para entornos el suyo, lleno de evasores fiscales, defraudadores y detenidos por corrupción. Menos mal que es ministro de Hacienda, porque si lo fuera de alguna otra cosa…
Gracias, señora Enbeita. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.
Señora presidenta, señorías, el contexto político en el que se presenta esta moción está crispado y alimentado por la realidad de la corrupción, una corrupción que afecta sobremanera al Gobierno y al Partido Popular y que conlleva el hartazgo de unos ciudadanos que ven cómo roban con descaro muchos responsables políticos y además en ocasiones salen indemnes de la situación. Frente a las montañas de corrupción, que afectan fundamentalmente al Partido Popular - pero no solo, porque hay otros casos, por ejemplo, los ERE andaluces -, muchos ciudadanos están soportando los rigores de una crisis profunda: la tasa de paro está aún por encima del 20 % y del 50 % en el caso de los jóvenes. Mientras unos muchos sufren, otros roban o pueden regularizar su situación fiscal a un precio irrisorio. No es de extrañar que este contexto enturbie la cosa política y se esté produciendo una recomposición del mapa político. La primera prueba la tendremos dentro de un mes con las elecciones autonómicas y municipales. Tras una larga lista que cada vez cuesta más memorizar - Gürtel, Nóos, Bárcenas, Matas, los ERE, Púnica, etcétera -, ahora viene a sumarse el exvicepresidente Rodrigo Rato, y los ciudadanos se preguntan: ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuántos más hay? ¿Quiénes son? Nosotros queremos que se sepa de una vez para que se pueda limpiar todo esto de raíz. Son preguntas y aspiraciones todas ellas legítimas y razonables y que requieren una respuesta clara, contundente y sobre todo creíble por parte del Gobierno. Los ciudadanos deben saber la verdad de lo que está pasando. Si para ello hay que cambiar la ley, cámbiese. Si hoy la legislación no lo permite, adaptemos la legislación tributaria para que los ciudadanos podamos conocer quiénes han defraudado. Mi grupo apuesta por la transparencia y por que se conozca el nombre de los defraudadores. En este contexto turbulento, el juez Ruz hizo un requerimiento de información a la Agencia Tributaria relativo al Partido Popular, que al parecer se la envió una vez conocida la información y filtrada por el gabinete del señor ministro de Hacienda, una irregularidad, señores del Grupo Popular, y una práctica nada recomendable actualmente para el Gobierno. Y todo ello para tratar de ocultar el delito fiscal cometido por el Partido Popular de defraudar a Hacienda 220.000 euros. ¿Existe responsabilidad política en dicho comportamiento? En nuestra opinión, sí. No se ha procedido respetando la independencia de la Agencia Tributaria, como hubiera sido deseable. Por otra parte, se solicita también en la moción la reprobación del señor Montoro a la vista de los resultados de la amnistía fiscal, una amnistía que ha permitido acogerse, entre otros, al señor Bárcenas y al señor Rato. No es cuestión de esconderse ahora. En su momento, cuando se planteó la amnistía, ya nos manifestamos frontalmente en contra. No era ético; se penalizaba a los que regularmente pagan los impuestos frente a los defraudadores. Es lógico que los defraudadores y demás sinvergüenzas, que no han tenido vergüenza alguna para engañar al fisco, es decir, a los ciudadanos, se acojan a una amnistía pagando solo el 3 % en lugar del 56 % más la correspondiente multa y sanción. Frente a este escándalo, el Gobierno solo dice que han aflorado bases imponibles que a partir de ahora tributarán. Sí, ¿pero a qué precio? Y sobre todo, ¿a qué precio ético? Aparte de los 30.000 amnistiados, ha salido la lista de los 750 jueces, políticos y no sabemos quiénes más enviada al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la que hemos conocido la implicación del señor Rodrigo Rato. En cualquier país democrático, señores del Grupo Popular, la décima parte del asunto Rato habría sido un escándalo de enormes dimensiones. En el caso del estado español es una gota más; una gota gorda, sí, pero una gota más que se suma a los montones de gotas de corrupción existentes. ¿Está justificada, por tanto, la reprobación? Quizá tendría que haber dimitido no el ministro de Hacienda, sino todo el Gobierno, y no ahora, sino hace mucho tiempo porque motivos hay y sobrados. Por infinitamente menos motivos el Partido Popular pidió la dimisión en el Parlamento vasco de la directora de EiTB o la reprobación del consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Josu Erkoreka, haciendo de la reprobación un tema menor. Nosotros pensamos que reprobar a un ministro es un tema muy serio y que hay que aislarlo de cualquier batalla electoral, aunque sé que en estos momentos es difícil hacerlo.
Señor Azpiazu.
Termino, señora presidenta. Tampoco deseamos que se visualice nuestra posición política situándonos en el bando de la reprobación que pretende capitalizar el Grupo Socialista. Pero por lo argumentado, por el nivel de corrupción que brota día sí y día también, en especial desde las filas del Partido Popular, y siendo honestos con nuestros planteamientos, no podemos quedarnos al margen del debate de la reprobación, reprobación al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al señor Montoro, pero que debería trasladarse - insisto - al Gobierno.
Señor Azpiazu.
Dentro de un mes los ciudadanos tendrán la posibilidad de manifestarse en las urnas con plena libertad. Veremos lo que deciden. Por eso, por estar fundamentalmente en contra de la corrupción generalizada en el seno del Partido Popular, del proceso de amnistía llevado a cabo, votaremos a favor de la moción del Grupo Socialista, que solicita la reprobación del ministro. Muchas gracias.
Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, si hoy al cantar el gallo había motivos de sobra para la reprobación del señor Montoro, en estos momentos, cuando ya comienza a ponerse el sol, estas razones se multiplican, porque hoy ha sucedido algo importante: otro acto de desprecio del ministro señor Montoro a esta Cámara. Durante años hemos sufrido al señor Montoro y su política fiscal: incumplimiento reiterado de sus promesas electorales y políticas fiscales injustas. Sobre todo hemos visto al ministro Montoro impulsar y ejecutar una amnistía fiscal que desde el primer momento se sabía que iba a deteriorar la conciencia fiscal del país e iba a servir para que evasores, defraudadores y algunos supuestos - después confirmados - delincuentes se pudieran salir de rositas. Durante estos años hemos asistido a la instrumentalización política por parte del señor Montoro de la Agencia Tributaria, y si no lo ha hecho más ha sido porque la profesionalidad de los empleados públicos de la Agencia Tributaria no se lo ha permitido, no por ganas. Hemos asistido al vergonzoso espectáculo de ver al señor Montoro lanzando desde ese asiento veladas y en algunos casos evidentes y constantes amenazas a diputados, partidos políticos, medios de comunicación, periodistas y artistas, con la clara voluntad de hacerlos callar, de hacernos callar. Veladas amenazas que partían de la ostentación de conocer datos de la Agencia Tributaria, esos que, según él, en estos momentos no puede difundir porque forman parte de la confidencialidad de los datos de la Agencia Tributaria. Hemos comprobado hoy una vez más el desprecio del señor Montoro a esta Cámara. Siendo como era obligatoria su comparecencia por razones democráticas, no lo ha hecho y ha enviado al director general de la Agencia Tributaria, que lo que nos ha dicho es lo que ya sabemos, que la Agencia Tributaria tiene unos muy buenos profesionales; sí, tan buenos profesionales como mala dirección política. Nos ha dicho lo que ya sabemos, que, según él, la amnistía fiscal fue una maravilla; nosotros sabemos que fue exactamente lo contrario, y los hechos lo están demostrando. Teníamos algunas preguntas para formularle al señor Montoro y, como no nos ha dado la oportunidad, se las formulamos en estos momentos, por si alguien se las quiere transferir. El señor Montoro aprobó una amnistía fiscal en su momento, que claramente - se lo dijimos en la Cámara - iba a beneficiar a determinados sectores de la sociedad. Desde el principio, algunos en esta Cámara le dijimos que era una amnistía fiscal a la carta, casi como una oferta personalizada de amnistía fiscal. Hoy el señor Montoro tiene la obligación de decirnos y de explicarnos si al aprobar la amnistía fiscal sabía que entre sus futuros beneficiarios iban a estar amigos íntimos suyos, compañeros de gabinete, compañeros del Partido Popular. Debe explicarle a esta Cámara cuándo supo que algunos de esos dirigentes, el señor Rato, por ejemplo, se iba a beneficiar de esa amnistía fiscal. Tiene esa obligación ante nosotros, una obligación democrática. El señor Montoro ha utilizada reiteradamente, ha instrumentalizado el cargo en beneficio partidista; lo ha hecho cuando ha obstaculizado la labor de los tribunales, lo ha hecho también cuando, aprovechando la aparición del escándalo Pujol y su familia, decidió comparecer y decidió que en aquella ocasión sí podía hablar de un caso particular, el del señor Pujol, en aquel caso resultaba que no se vulneraba la confidencialidad y sí podía hablar; en cambio, cuando se trata de alguien como el señor Rato, no. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir, ni mi grupo ni yo somos sospechosos de distinguir a los evasores fiscales en función de la bandera que ostentan o de la patria de la que se enorgullecen; en definitiva, son solo eso, evasores fiscales. El señor Montoro ha instrumentalizado en beneficio propio y partidista sus funciones como ministro de Hacienda; lo demostró en la comparecencia en relación con el señor Pujol y lo ha demostrado hoy no compareciendo cuando se le pedían explicaciones en relación con el señor Rato. Esas razones son de sobra suficientes para su reprobación, pero hoy se añade otra, y es que el señor Montoro se quiere volver a burlar de los ciudadanos de este país. Dice que no da información sobre los morosos, no da información sobre los que han sido condenados por fraude fiscal porque se lo impide el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Señor Coscubiela.
Es posible que sea cierto, tan cierto como que ese artículo y esa ley la aprobó el Partido Popular durante el Gobierno del señor Aznar y tan cierto como que, si quiere, puede. Por eso termino diciendo lo mismo que he dicho esta mañana al Partido Popular y al Gobierno; si de verdad son ustedes sinceros diciendo que quieren dar transparencia y publicidad a los morosos fiscales y a los defraudadores fiscales condenados por sentencia firme, mi grupo les ha brindado la oportunidad. Hemos presentado una proposición de ley para que se debata en trámite de urgencia y en lectura única para que se pueda conocer antes de que los ciudadanos voten a quiénes votan y si entre esos que se presentan a las elecciones hay algunos de esos morosos fiscales o algunos de esos defraudadores fiscales.
Señor Coscubiela.
Si no lo hacen es porque no quieren, no porque no pueden, y porque, en el fondo, a ustedes les sabe mal que se lo diga, pero se lo volveré a repetir…
Señor Coscubiela.
Han sido conniventes, han tapado y continúan tapando la corrupción, en este caso la corrupción fiscal.
Señor Coscubiela, se acabó su tiempo hace un minuto, veinte segundos. Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Sánchez i Llibre.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] respecto a la actuación de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal siempre ha sido la misma. La Agencia Tributaria ha de ser implacable en la lucha contra el fraude para todos los ciudadanos españoles. Al mismo tiempo, siempre hemos dicho que los mecanismos que ha de poner el Estado y el Gobierno para conseguirlo deberían de estar siempre al servicio de esta lucha contra el fraude para conseguir los objetivos máximos de recaudación, siempre con el mismo trato para todos los ciudadanos del Estado español. Hoy hemos comprobado, lamentablemente, que esto no ha sido así. Me voy a remitir a dos cuestiones que están perfectamente señaladas en el «Diario de Sesiones», donde podrán comprobar que las afirmaciones que hago en estos momentos son ciertas. Decía el señor Montoro en la comparecencia por el caso Puyol lo siguiente: A nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España, lo que ha provocado, señorías, la consiguiente alarma social y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Le preguntaría al señor Montoro: ¿Dónde ha estado hoy en la comparecencia de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que no ha sido capaz de venir a dar la cara y a dar explicaciones cuando sí las dio en el caso Puyol. Otra afirmación relevante, desde nuestro punto de vista. Nosotros decíamos que no compartíamos estas afirmaciones, pero estábamos sentados y las respetábamos. Otra afirmación importante que hacía el señor Montoro: Es lógico que todos, y también los ciudadanos de Cataluña, se pregunten ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad en manos de personas que mientras gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan. Es lógico que se pregunten si esa forma de querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido, y si su herencia política y sus herederos políticos no están realmente contaminados por esta presunta herencia. Nosotros no compartíamos esta afirmación, pero nos gustaría saber cuál es la posición del señor Montoro. Finalmente, otra cuestión que afecta al punto 1 de la moción que ha defendido el señor Saura. Nosotros también entendemos una conducta reprobable del señor Montoro en todos aquellos aspectos que hacen… [[Rumores]]
Un momento, señor Sánchez i Llibre. Por favor, guarden silencio. Si tienen que conversar, háganlo fuera del hemiciclo, porque es imposible escuchar al señor Sánchez i Llibre. Continúe.
Muchas gracias por su amparo, señora presidenta. Hay otra cuestión que también consideramos relevante desde el punto de vista de respeto a todos los contribuyentes y ciudadanos españoles que pagan religiosamente sus impuestos. Ha habido algunas afirmaciones por parte del señor Montoro en las que comparaba las subvenciones que puedan dar legalmente los diferentes ciudadanos españoles a una organización tan importante como es Cáritas con un supuesto de financiación ilegal que está en los juzgados, con todas aquellas aportaciones a la caja B del caso Gürtel. Entendemos que estas afirmaciones no son de recibo; son una falta de respeto a todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan donde no pueden llegar las administraciones públicas del Estado y creemos que esta es una cuestión que no ha quedado suficientemente aclarada. Finalmente, respecto a los dos siguientes puntos que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura, estamos en campaña electoral, pero ustedes, con todos los respetos, entiendo que no están en la posición moral de dar lecciones a nadie de todo lo que puede representar una amnistía fiscal. Ustedes hicieron dos amnistías fiscales perfectamente legalizadas y aprobadas en esta Cámara; también hicieron otra amnistía fiscal encubierta en el caso de todos aquellos informes del evasor suizo. Sabemos que ahora estamos en campaña electoral, pero nosotros no estamos en el pim, pam, pum entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros vamos a votar favorablemente el punto 1 de su moción, la reprobación del señor Montoro, y nos vamos a abstener en los puntos 2 y 3. Muchísimas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sánchez i Llibre. Por el Grupo Popular, señor Gallego.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Saura, jamás había leído una moción tan absolutamente lamentable; jamás. Hoy, el Partido Socialista ha superado su propio récord de cinismo parlamentario. Esta moción está cargada de ignorancia, de malicia e interés electoral torticero. O las tres cosas a la vez. Es una torpe compilación de eslóganes, falsedades e incoherencias. Voy a hacer algunas observaciones al texto de su moción. No parece muy coherente que ustedes le digan al ministro de Hacienda de España, que es el que más ha recaudado en la historia de España en la lucha contra el fraude, que no lucha contra el fraude. Los datos están ahí: más de 3.000 millones de euros de recaudación en la lucha contra el fraude de diferencia entre este año y el año 2011, el último año en el que gobernaron ustedes. Han aflorado 122.000 millones de euros con respecto a 2011 y resulta que el señor Montoro, como dice su moción - abro comillas - ampara la corrupción. Y se quedan tan anchos. Si el señor Montoro no lucha contra la corrupción, con las cifras que están encima de la mesa, ¿qué hacían ustedes? ¿Cuál era su gestión en materia de lucha contra el fraude? Pues como en el resto de política económica, una política de chiste. No parece coherente. Tampoco parece prudente que ustedes, que mandaron una amable cartita a los defraudadores de la lista Falciani, le pidan más transparencia al Gobierno que ha anunciado la publicación inmediata de los morosos con la Hacienda pública el pasado viernes en el Consejo de Ministros. También acusan de amparar la corrupción al partido que ha aprobado la más completa batería de medidas en la historia de la democracia para combatir precisamente la corrupción; más de setenta medidas para combatir la corrupción.[[Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!]] Esto me parece que es otro contrasentido. También en su moción dicen que la Agencia Tributaria no colabora, a pesar de que ha presentado cinco informes motivados al juez, incluyendo las simulaciones que había pedido. Y usted sigue diciendo que la Agencia Tributaria no colabora con la justicia y también lo ponen por escrito en el texto de su moción. Ustedes defienden la independencia de los profesionales de la Agencia Tributaria por la mañana y por la tarde - hoy también lo he vuelto a escuchar - les difaman de manera mezquina, acusándoles de estar al servicio de los intereses del Partido Popular. Me parece que lo que ustedes hacen no tiene nombre. Tampoco parece muy coherente que nosotros recibamos lecciones de corrupción de ustedes, que mantienen todavía en esos escaños - no hay que irse muy lejos - a tres imputados por corrupción: señor Chaves, señor Zarrías y señor Viera. [[Aplausos]] Y además, como ha dicho esta tarde un diputado de UPyD, han puesto de presidente del Parlamento andaluz a un señor acusado por corrupción y por un desfalco en una caja de ahorros andaluza [[Rumores.-Aplausos]] Lo suyo no tiene nombre, es puro cinismo. En cambio, vienen aquí a pedir la reprobación de un ministro porque alguien ha cometido un presunto delito. El único partido que en España ha estado condenado por corrupción ha sido el PSOE [[Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!]], el único partido condenado por corrupción. No parece muy normal que ustedes acusen a otros basándose en mentiras, violando la presunción de inocencia sistemáticamente y sin una sentencia judicial encima de la mesa [[Rumores]] Ustedes, además, hablan continuamente de esa mal llamada amnistía fiscal, cuando ustedes aprobaron dos verdaderas amnistías fiscales, absolutamente opacas, en el año 1984 y en 1991; por lo tanto, ustedes en este tema no tienen ninguna credibilidad. Por cierto, voy a hacer una reflexión en voz alta: si ustedes no hubieran dejado al país en bancarrota, como lo dejaron en diciembre de 2011, en bancarrota [[Protestas]], seguramente este Gobierno no tendría que haber impulsado esta declaración tributaria especial [[Aplausos.-Protestas]] Se lo tengo que decir. Otra cuestión, otra observación. La justicia, que está investigando a presuntos delincuentes, a delincuentes de todos los colores, de todos los partidos políticos, dice el portavoz del PSOE que el Partido Popular la está entorpeciendo, cuando la justicia está trabajando en este sentido más que nunca. Esta semana estaban contentísimos por la detención de Rodrigo Rato, y llevan tres años diciendo que con la amnistía fiscal se iba todo el mundo de rositas. ¿En qué quedamos? Porque dicen una cosa y la contraria. No tiene ningún sentido. Ya está bien de desprestigiar, de insultar y de vilipendiar al Partido Popular. En política no vale todo, señor Saura, no vale todo, ustedes han cruzado todas las líneas rojas de la verdad con el único fin de ocultar que el Partido Popular es el partido que está avanzando en la recuperación económica de este país. Ustedes solo tratan de embarrar el campo de juego. En España siempre ha habido corrupción, siempre la ha habido, la diferencia es que ahora se detecta, se persigue y se castiga [[Aplausos]] Quien la hace la paga, se llame como se llame y sea del partido que sea. La justicia, la policía, la fiscalía están actuando con absoluta independencia, las instituciones están funcionando correctamente. Todos somos iguales ante la ley, y este grupo parlamentario invita y anima a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que sigan trabajando en esa línea. La corrupción nos da asco a todos. Además, ustedes no están en disposición de dar ninguna lección en este sentido porque se han opuesto sistemáticamente a todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa para acabar con la corrupción de este país. [[Aplausos.-Protestas]] Limpiar el país de corruptos es misión y objetivo del Partido Popular. Nos gustaría contar con su apoyo y les pido, por favor, que dejen ya de tratar de embarrar el campo, de hacer política partidista para tratar de arañar cuatro votos [[Rumores]], sobre todo mientras en sus filas haya todavía tres imputados por corrupción. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gallego. Señor Saura, se ha presentado una enmienda. ¿La acepta usted o no la acepta? [[Rumores]] Por favor, guarden silencio.
Señora presidenta, vamos a pedir votación separada de los tres puntos.
¿No acepta la enmienda?
No la aceptamos.
De acuerdo. Así se hará. Vamos a llamar a votación. [[Pausa]]
Señorías, hace dos días tuvimos conocimiento del naufragio de un pesquero al norte de la costa de Libia que ha costado la vida a centenares de emigrantes que se encontraban a bordo. Como muestra del compromiso del Congreso de los Diputados en la búsqueda de soluciones que pongan fin a este tipo de tragedias humanitarias y en señal de duelo y recuerdo a las víctimas, les ruego que guardemos un minuto de silencio. [[La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio]] Gracias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, de tal manera que el punto 27, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] se debata antes del punto 25, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] Así se hará.
Se abre la sesión. Señorías, ayer conocimos con estupor la muerte de un profesor del centro de secundaria Joan Fuster, en Barcelona, a manos de un alumno de trece años, que hirió, además, a cuatro personas más. Hoy, consternados por el trágico suceso, el Congreso de los Diputados quiere unirse al dolor de los familiares, amigos y de todo el pueblo de Barcelona, y manifestar su apoyo y solidaridad a la comunidad educativa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y con lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la mañana del jueves en el punto 30, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, que se debatirá después del punto 28. ¿Lo acuerda la Cámara? DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE TRAMITACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. [[Número de expediente. 410/000009]]
Corresponde, en primer lugar, debatir la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento sobre tramitación de las proposiciones de ley de iniciativa popular. Para su presentación, tiene la palabra la señora Batet.
Gracias, señora presidenta. Señorías, desde la instauración de la democracia en nuestro país existe un mecanismo de participación directa de la ciudadanía en relación con el Poder Legislativo, como es la iniciativa legislativa popular. En este sentido, el artículo 87.3 de la Constitución ya lo prevé. De hecho, prevé la necesidad de recabar 500.000 firmas para poder traer a esta Cámara esta iniciativa legislativa popular. El número de firmas seguramente también sería otro debate pertinente sobre esta materia, pero eso implicaría una reforma de la Constitución y, por tanto, escapa sobradamente a este trámite parlamentario. El artículo 108 del Reglamento del Congreso de los Diputados también contempla y desarrolla este mecanismo de participación directa, así como la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Este es el marco regulatorio de referencia en esta materia. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta cuestión, puesto que parece obvio que esta regulación no ha favorecido a que el instrumento de participación de la iniciativa legislativa popular funcione como debería. Para su comprobación, les invito a hacer un repaso de las iniciativas que se han tomado en consideración, que han prosperado y que han acabado siendo aprobadas de manera reconocible por parte de los promotores. Empezaré compartiendo con todos ustedes por qué el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido hoy traer esta iniciativa al Pleno. En casi todas las legislaturas ha habido un intento de modificar el Reglamento, conscientes de que abordar la mejora del funcionamiento del Congreso de los Diputados debía ser una prioridad para todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, pero la falta de consenso siempre ha impedido que estas modificaciones pudieran salir adelante. Por ello, desde junio de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista presentó propuestas de reforma parcial del Reglamento de la Cámara. La primera de ellas, para que la Comisión de Peticiones pasara a ser un auténtica comisión de participación ciudadana. Todas fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular, aduciendo que no era el foro adecuado para su debate. Se solicitó, pues, la creación de una ponencia para debatir sobre la reforma de la norma competente; es decir, del Reglamento de la Cámara. En abril de 2013, se constituía dicha ponencia para reformar ese Reglamento. En abril de 2014, un año después de que hubiese habido una inmovilidad total para convocar la ponencia y, por tanto, evitando también, simultáneamente, que se pudieran sustentar debates sobre esta materia en el Pleno de esta Cámara, tiene lugar la primera reunión de la misma. Se acuerda dividir en bloques los apartados a reformar, con el objeto de que se vayan aprobando a medida que se consensúen, para evitar precisamente bloqueos a la totalidad del texto por detalles concretos, como sucedió en la denominada reforma Marín o como ha sucedido en todas y cada una de las propuestas y de los impulsos que se han intentado para modificar este Reglamento. Desde la citada fecha, se fue reuniendo la ponencia con una periodicidad casi mensual, habiéndose acordado que el procedimiento legislativo sería el primer apartado a reformar por considerar que el acuerdo en torno a esta cuestión iba a ser a priori más fácilmente alcanzable. En enero de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista lanzó un ultimátum al Grupo Parlamentario Popular, para que se pronunciara sobre las propuestas de reforma del procedimiento legislativo que se habían estado planteando, teniendo en cuenta que íbamos ya camino de dos años de constitución de la ponencia y habíamos abordado tan solo el primero de los puntos establecidos. De las veintiocho modificaciones propuestas por todos los grupos parlamentarios, el Grupo Popular aceptó tres. En marzo de 2015, mi grupo anunció su retirada de la ponencia para la reforma del Reglamento puesto que quedaba diafanamente clara la nula voluntad del grupo mayoritario a alcanzar modificación alguna sobre el texto. En realidad, el Partido Popular constituyó la ponencia con el objetivo de bloquear cualquier debate público sobre la reforma del Reglamento, habiendo demorado deliberadamente el debate a lo largo de toda la legislatura. Parece que estamos sumergidos en una especie de eterno retorno nietzscheano. Así es que volveremos al principio y el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a plantear propuestas de reformas parciales en el Pleno, con el objeto de que quede constancia públicamente de la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios al respecto y la auténtica voluntad política de dar pasos para adaptar nuestras instituciones a nuevas realidades. Esta proposición de ley es la primera de esas iniciativas y proponemos debatir, como ya he anunciado, sobre la mejora de un mecanismo de participación directa como son las iniciativas legislativas populares. De hecho, la ley orgánica reguladora de esta iniciativa ya contempla la participación de una persona por parte de los promotores para defender esa iniciativa o, incluso, la Ley Orgánica de Partidos Políticos contempla también que pueda participar en Comisión. Pero lo cierto es que, como todas sus señorías saben, también las del Grupo Parlamentario Popular, si no se incluye en el Reglamento de la Cámara, ninguna de estas previsiones legales van a tener efecto alguno. La proposición de ley que queremos que se tome en consideración propone la participación de los promotores de iniciativas legislativas populares en dos momentos del procedimiento legislativo. En primer lugar, en el debate de toma en consideración que se produce siempre en el Pleno —como el que hoy estamos teniendo— y para cuya defensa todas las proposiciones de ley tienen voz: las proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios del Congreso; las proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios del Senado, que sustentan su debate en el Senado, o las proposiciones de ley presentadas por las asambleas legislativas o parlamentos autonómicos. Todas, excepto las iniciativas legislativas populares. El segundo momento en el que también nos parece pertinente la comparecencia de los promotores en esta Cámara es al iniciar el debate en Comisión, es decir, una vez presentadas todas las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y existiendo y conociéndose el informe de la ponencia. Como decía, esta demanda ciudadana surge para materializar una participación constante en la vida política y en las decisiones públicas, más allá del voto emitido cada cuatro años. Mi grupo parlamentario es consciente de que esta proposición de ley no es suficiente y es parcial respecto a lo que se busca y hace falta en realidad, pero es sin duda un elemento importante de confluencia y de suma, simbólicamente de acercamiento del Parlamento a la ciudadanía y de la ciudadanía al Parlamento. Es cierto también que, en todo caso, la persona que venga a defender la ILP también viene en representación de 500.000 personas que han firmado esta iniciativa, por tanto, todos los caminos conducen a la representación; parece razonable que no vengan las 500.000 personas a defender el texto presentado. En realidad, la inmensa mayoría de los ciudadanos no es que esté pidiendo una democracia directa pura, sino que la democracia representativa funcione, y que funcione bien, y que los mecanismos de participación directa funcionen, y funcionen bien. No piden democracia directa porque no piden que todo el mundo participe todo el tiempo sobre todo, pero sí que las instituciones públicas funcionen y sean fuertes frente a otras instituciones o poderes que no representan a la totalidad de la ciudadanía, es decir, que representan a poderes no democráticos. La decencia de la política no podemos dejarla solo en manos de la bondad de las personas, sino que hace falta fortaleza institucional. Eso es lo que da auténtica garantía y seguridad a la ciudadanía. Fortalecer los medios de comunicación; no debilitarlos, como ha pasado esta legislatura con Televisión Española. Fortalecer a los empleados públicos; no desprestigiarlos con comentarios frívolos. Fortalecer los distintos niveles de gobierno, local y autonómico; no lanzar sombras de duda constante o legislar directamente para desmantelarlos, como ha pasado con la reforma local reciente. Fortalecer la Agencia Tributaria, la justicia o la policía; no apoderarse de estas instituciones. Fortalecer el Parlamento como órgano que representa la soberanía popular, escuchando a la oposición y tomándose en serio sus propuestas; no jugar tres años y medio con la reforma del Reglamento, sabiendo que no había voluntad de alcanzar acuerdo. Legislar deliberando y no hacer decretos-leyes para todos y contra todos. No usar el trámite de enmiendas para introducir, sin debate, cuestiones sumamente polémicas sobre las que los grupos parlamentarios de esta Cámara se sabía y se sabe perfectamente que no tienen un acuerdo al respecto. Comparecer para explicar políticas, para explicar decisiones y para asumir responsabilidades. Nada de todo lo dicho lo está haciendo la mayoría absoluta de Partido Popular. Así, unas carencias existentes —porque existen— de nuestra institucionalidad se ven agravadas por la política y la praxis adoptada por esa mayoría absoluta. Porque sin duda tener buenas leyes y buena regulación es algo muy importante, pero creer en las instituciones, velar por su buen funcionamiento y comprometerse con lo que el Parlamento representa tiene mucho que ver con la actitud política; tiene mucho que ver con una auténtica defensa de lo público y tiene mucho que ver con querer la apertura y la permeabilidad de las instituciones ante los ciudadanos y ciudadanas. Con todo esto no solo mejoraríamos cada una de las instituciones, sino que contribuiríamos a fortalecer el sistema democrático mismo. Con la mejora del mecanismo de participación directa de la ILP se mejora la función legislativa del Parlamento. Ahora bien, sin duda, el perfeccionamiento de la otra gran función de esta Cámara, como es el control al Gobierno, también debe ser abordado. La asunción de responsabilidad política, que nada tiene que ver con la responsabilidad penal, mediante comparecencias o permitiendo la constitución de comisiones de investigación, debería ser una cultura democrática asumida con normalidad por todos los grupos políticos que forman parte de esta Cámara. [[Aplausos]] Les voy a poner un ejemplo, las consecuencias de la aprobación de una amnistía fiscal por parte de este Gobierno no creo que conlleven responsabilidad penal, desde luego no es a esta diputada a quien corresponde juzgarlo; pero no tengo ninguna duda, ninguna absolutamente, de que sí conlleva responsabilidades políticas, y muchas. Esas son las que deberían examinarse y dilucidarse en el Congreso de los Diputados, en esta Cámara y por parte de todos los grupos parlamentarios. [[Aplausos]] El debate que pretendemos plantear con esta iniciativa va mucho más allá del simple tema de la ILP, no es un simple debate de mejora de una institución de democracia directa, sino, y sobre todo, un debate sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, cambiarlo para garantizar su supervivencia. Este es el momento de plantear este debate, señorías. La creciente pobreza que ha provocado la crisis económica y también la corrupción han exacerbado las críticas al modelo democrático, de tal modo que se ha pasado de criticar a los políticos y a los partidos políticos por comportamientos concretos a criticar el mismo modelo de representación y de democracia. Por eso resulta imprescindible que seamos precisamente los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, por tanto, todos aquellos que formamos parte de esta Cámara, del titular de la soberanía, los que nos planteamos qué es necesario hacer para mejorar el sistema, y es necesario que lo hagamos y lo hagamos ya. El Gobierno lleva toda la legislatura anunciando medidas, algunas incluso hasta cuatro veces, muchas veces a golpe de noticia, medidas que nunca llegan, y vetando las propuestas que hacen el resto de grupos parlamentarios en este ámbito. El Partido Popular y su Gobierno no están en condiciones de abordar esta tarea, ni creen en la institucionalidad pública y la necesidad de su fortaleza para construir una sociedad mejor, ni tienen la voluntad política de escuchar y llegar a acuerdos. La mayoría, o diría incluso que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, comparte la necesidad de mejorar este instrumento de participación directa como es la iniciativa legislativa popular. Yo les pido en este trámite de toma en consideración que voten todos los grupos a favor de esta proposición de ley. Con ello romperemos la parálisis del trabajo de la ponencia de modificación del Reglamento, mejoraremos un mecanismo de participación directa y mejoraremos así la institución democrática por excelencia, como es aquella precisamente que representa —como decía— la soberanía popular, es decir, este Parlamento. Muchas gracias, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Hace falta reformar el Reglamento para garantizar la participación de la comisión promotora de iniciativas legislativas populares? La respuesta es claramente sí y, por tanto, ya anunciamos que vamos a votar favorablemente la propuesta. ¿Es suficiente con lo que se propone? Nosotros entendemos que se podría ir mucho más lejos. Compromís comparte la idea de que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada en los parlamentos estén conectados con una opinión pública no formalmente articulada. La democracia exigiría que se haga partícipe del sistema del parlamentarismo a los ciudadanos en la mayor medida posible, complementando nuestra labor como representantes de la soberanía con el flujo permanente entre la opinión pública y las instituciones que lo representan. El Parlamento solamente puede salir reforzado si se hace partícipe al pueblo de las decisiones que se adoptan, y la gente participa si percibe que su aportación es tenida en cuenta, es decir, si se les escucha. Participar, como ha ocurrido hasta ahora, para ser engañados, como pasó con la iniciativa legislativa popular de la plataforma de Afectados por la hipoteca, evidentemente desmotiva, aunque quizás ese era el objetivo: desmotivar para que no se presenten muchas iniciativas legislativas populares. Es necesario abordar una reforma del Reglamento junto con la reforma de la Ley Orgánica 3/1984 para actualizarla en esta línea. La primera medida necesaria corresponde a las materias legislativas susceptibles de iniciativas legislativas populares, eludiendo limitaciones de materias que coarten la expresión ciudadana. En cuanto a la materia presupuestaria, se debería abrir la posibilidad de que la ciudadanía pueda pedir una mejora de contenido presupuestario para determinadas materias a través de este mecanismo. Respecto al número de firmas requerido, debería adaptarse a la realidad poblacional y al número de firmas necesarias en países de nuestro entorno. Les pongo un ejemplo, en Italia, con más población que el Estado español, el mínimo requerido son solo 50.000, y en la legislación de la iniciativa legislativa europea se ha fijado el número mínimo en un millón, es decir, solamente el doble de lo que se exige aquí. Aplicando el mismo porcentaje, en el Estado español se deberían requerir solo 63.600 firmas. En cuanto a la edad mínima para poder participar, para que sea un mecanismo óptimo, para que la juventud —como esta que tenemos aquí arriba hoy mismo escuchándonos— forme parte del debate político y del proceso de adopción de decisiones. Por eso Compromís propone que para iniciarse en el ejercicio de la ciudadanía mediante la propuesta, esta debería poder firmarse desde los dieciséis años. En cuanto a la tramitación parlamentaria, los impulsores de la iniciativa tienen que formar parte activa y protagonista en la tramitación —por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa— y tienen que tener voz y capacidad de proponer comparecencias y hacerse escuchar. Además, frente a la inadmisión de la iniciativa legislativa por la Mesa, pedimos que quepa la interposición de recurso de reposición, sin tener que acudir directamente al Tribunal Constitucional. También pensamos que tienen que tener obligaciones; la comisión promotora debería hacer público el origen de la financiación de la iniciativa legislativa, las entidades que la apoyan y rendir cuentas públicamente. En definitiva, votaremos sí a esta propuesta conscientes de que es un pequeño paso para abrir las puertas de esta casa a los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Baldoví. Por el mismo grupo, señor Tardà.
Señorías, en primer lugar, desearía hacerles partícipes de nuestra solidaridad con los trabajadores de Movistar, tanto los contratados como aquellos que son empleados de las subcontratas. Se me permitirá dirigirles a ustedes un mensaje, repito, de solidaridad. Están en huelga porque están en contra de unas condiciones laborales que rayan en la esclavitud. Termino diciendo que el jueves 23 hay una gran manifestación en Madrid de todos los trabajadores de Movistar, que esperamos que sea un gran éxito porque, repito, ya estamos...
Señor Tardà, vuelva usted a la cuestión, por favor.
Sí. Decía que las condiciones laborales están rayando en la esclavitud. Dicho esto, señorías, somos favorables a la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista. Nosotros mismos presentamos una en los trabajos de la Comisión; de hecho, presentamos cincuenta propuestas, una de ellas era la relacionada con la iniciativa legislativa popular. Quizás podrían haber ido un poquito más lejos, hubieran podido ser un poco más atrevidos entendiendo que no solamente se trata de dar posibilidad a los ciudadanos entre los dieciséis y los dieciocho años de poder firmar una iniciativa legislativa popular, sino que por qué razón se tiene que limitar a los ciudadanos de nacionalidad española. Si se trata de instar a la participación popular, todas aquellas personas que están empadronadas, aun cuando no sean de nacionalidad española, deberían poder firmar una iniciativa legislativa popular. Asimismo, entendemos que una vez llegada la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados, este debería comprometerse a debatirla en el periodo de sesiones en el que se haya presentado por parte de la ciudadanía. Por supuesto —y esto ocurre en el Parlamento de Cataluña y es posible que suceda en parlamentos de otros territorios del actual Estado español—, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados tendrían que asesorar a los ciudadanos que pretendieran vehicular una iniciativa de este tipo y se debería posibilitar que fuese presentada y defendida en cualquiera de las lenguas cooficiales del actual Estado español. Creo que el Grupo Socialista se ha quedado corto, pero lo importante es que se pueda debatir; en su trámite ya intentaríamos nosotros que el Grupo Socialista o las mayorías que se conformasen aceptaran nuestras propuestas. Estamos de acuerdo en que los representantes de la iniciativa legislativa popular tienen que poder participar no solo en el momento de defender la iniciativa, sino también en la ponencia o en la Comisión que estudie su dictamen. En general, podríamos estar bastante de acuerdo. Sí quiero hacer mención, aunque sea rápidamente, a que nuestro grupo parlamentario, básicamente representado por la compañera Uxue Barkos y por mí mismo, Joan Tardà, hemos participado muy activamente en todos los trabajos que han venido desarrollando la ponencia y la Comisión que abrió el presidente del Congreso, el señor Posada, y que una vez más acabó en fracaso, porque cuando no son unos, son los otros. También esta X Legislativa va a terminar sin reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Debo decir que en la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero no fue posible porque al final el Partido Popular y el Partido Socialista no fueron capaces de reconocer los derechos lingüísticos de los diputados y las diputadas. Luego, en la pasada legislatura, se avanzó muy poco y, esta vez, ingenuos de nosotros, creíamos que por fin Partido Popular y Partido Socialista serían capaces de ponerse de acuerdo y concluir con esta necesidad de reforma del Congreso para que esta Cámara, esta institución, dejara de tener estos aires decimonónicos y fuera realmente una Cámara dirigente y funcional de acuerdo con los tiempos que vivimos de exigencia y de participación. Una vez más, debo decir que hemos trabajado como los que más, aunque como siempre los republicanos catalanes salimos frustrados porque una vez más se nos ha tomado el pelo. Hubo un tiempo en que nos tomó el pelo el Partido Socialista y ahora nos lo ha tomado el Partido Popular. De hecho, ustedes son verdaderos tomadores de pelo y nosotros víctimas de esta situación. Muchas gracias.
Gracias, señor Tardà. Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
Gracias, señora presidenta. Intervengo desde el escaño porque esto se ha debatido ya mil veces y no sé a qué viene ahora esta propuesta cuando acabamos de estar discutiendo las posibilidades de modificar el Reglamento del Congreso. En todo caso, nos parece bien que la iniciativa popular pueda tener una defensa en el trámite de toma en consideración e incluso en el inicio de la Comisión legislativa. No sé si se presenta de cara a campaña electoral o simplemente es la forma de pensar del Partido Socialista; en todo caso, nos parece bien, por nosotros no será que no salga adelante la participación popular. Lo que nos disgustaría bastante es que esto se convirtiera en un concurso de quién es más popular, que puede devenir en el más populista de toda la clase. Votaremos a favor. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Esteban. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, tiene razón el señor Esteban cuando dice que esto está bastante debatido o muy debatido, pero a juicio de Unión Progreso y Democracia, no por muy debatido debe dejar de ser necesario abordar esta cuestión. Está, como decían el señor Esteban y la propia portavoz del Grupo Socialista, la proponente, debatido e incluso, supuestamente, acordado porque en los debates de la ponencia, cuando se abordaba está cuestión, parecía que todos los que formábamos parte de la misma estábamos bastante de acuerdo. Es verdad que el Grupo Popular no veía bien que compareciera en el Pleno del Congreso de los Diputados quien presentaba la iniciativa legislativa popular, que pensaban que tenía que hacerlo en Comisión, pero es verdad también que todos queríamos modificar el sistema de forma que quien presentase la iniciativa pudiera venir a defenderla ante la Cámara. Lo cierto es que daba la impresión de que todos estábamos de acuerdo en esa materia, que tiene que ver con el control de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, que tiene que ver con una demanda ciudadana y una demanda política de abrir las instituciones a los ciudadanos desde la perspectiva de que nosotros sí representamos a los ciudadanos, si bien hay fórmulas de participación ciudadana que requieren a esta altura del siglo una canalización mejor, una mejor forma de participar que la que tienen hasta el momento presente quienes defienden una iniciativa legislativa popular. Es verdad —lo decía el señor Esteban— que alguien podría pensar que esta propuesta surge porque estamos ante unas elecciones. Yo prefiero no pensar mal, pensar que esto se plantea porque no hemos hecho lo que teníamos comprometido hacer. No voy a defender aquí el derecho de cada uno de los grupos a presentar las iniciativas cuando quiera; a nosotros nos han recriminado muchas veces casi todos los grupos de la Cámara, por no decir todos, el momento en que presentamos las iniciativas, pero lo cierto es que esta cuestión es procedente, es un asunto sobre el que deberíamos haber alcanzado un acuerdo, estaba entre los temas que se debatían en la ponencia y la ponencia ha fracaso. El hecho de que el Grupo Socialista traiga hoy aquí esta proposición de ley, aunque sea parcial, de reforma del Reglamento es la explicitación, valga la palabreja, de un fracaso del trabajo de una ponencia que ha fracasado porque no ha habido voluntad política de que eso salga adelante. No ha habido voluntad política por parte del grupo mayoritario, no la ha habido. Y además de no haber voluntad política, no han tenido el valor de explicar que no querían hacerlo. Nos han engañado a todos los que participábamos en la ponencia; no ha habido una explicación política de cuáles eran las dificultades. Nos han engañado porque nos han hecho creer que íbamos a acordar todo lo que fuera posible, a diferencia de la legislatura antepasada, en la que el Reglamento era un todo y había una especie de acuerdo entre los grupos parlamentarios; yo no estaba en aquel momento en el Congreso de los Diputados, pero el acuerdo en los debates de la época Marín era que si no había acuerdo de todo, no había acuerdo de nada. La primera reunión de la ponencia en esta legislatura fue para decidir que aquello que pudiéramos acordar, lo sacábamos adelante. Y en eso ustedes no nos han dicho la verdad porque se han encasillado en un momento determinado, cuando han querido, y cuando había bastantes posibilidades de llegar a acuerdos sobre el capítulo que habíamos decidido, han puesto sobre la mesa la regulación de los lobbies, que no estaba en ninguno de esos capítulos; por cierto, que tampoco en eso nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes nos han llevado al engaño conscientemente; ustedes no querían un acuerdo pero tampoco querían que se supiera que el grupo mayoritario no quería un acuerdo sobre la reforma del Reglamento, que era una petición de todos. Hay que reformar el Reglamento para regenerar la democracia desde el punto de vista de dar más instrumentos a los ciudadanos para controlar a los políticos, para que la Cámara sea más transparente, para que haya más publicidad de todas nuestras nóminas, de todos nuestros trabajos, de todas nuestras agendas, para que haya más transparencia. Hay que modificar el Reglamento también para fomentar nuevos instrumentos de participación —el que hoy está sobre la mesa es uno de ellos—, para hacer el Parlamento más ágil, para que las preguntas puedan ser formuladas el mismo día en el que se pueden responder. En definitiva, para que este Parlamento se parezca más al Parlamento de cualquiera de los países de nuestro entorno, democracias que decimos admirar. Nada de eso han querido hacer, nada de eso, pero nos han mareado —permítanme la expresión—; siempre buenas palabras, todos diciendo que tal vez la semana que viene, que vamos a ponernos de acuerdo a la salida de la reunión para decir que aunque no hemos avanzado lo suficiente la semana siguiente lo haremos... Ha sido un engaño manifiesto, un engaño a los grupos parlamentarios y, por tanto, un engaño al conjunto de los ciudadanos. Dicho eso, efectivamente la reforma que plantea el Grupo Socialista es una reforma muy puntual, muy parcial sobre un aspecto único: las iniciativas legislativas populares. ¿Es todo lo que necesitamos? No, ni mucho menos. ¿Es lo más importante de lo que necesitamos? Probablemente tampoco; quizá lo más necesario es que el Parlamento sea más transparenté y más ágil, pero parece que es lo más sencillo porque a priori parece que estamos todos de acuerdo en que hay que modificar el sistema de presentación de las iniciativas legislativas populares, parece que podríamos ponernos de acuerdo en esto. Es un pequeño avance, pero sería un avance. ¡Oigan, tomen el testigo! Si es un pequeño avance y todos creemos que en esta materia hay que avanzar, pues admitan la iniciativa, tomémosla en consideración y luego debatamos si se presenta en el Pleno, si se presenta en el Pleno y además en Comisión, si se defiende por parte de los proponentes en Pleno y en Comisión, si solo se defiende en Comisión... Los pasos, debatámoslos por la vía de las enmiendas, pero avancemos en esta materia porque no es que sea una demanda de los que están fuera, es que —salvo que también en eso nos hayan engañado— era una demanda de todos, incluso de ustedes, salvo que también en eso nos hayan engañado. Por lo tanto, admitámosla a trámite. Les pido que la admitan a trámite, tienen mayoría absoluta, en el debate de las enmiendas vamos a tener la necesidad de acordar sobre el contenido, sobre cómo, sobre hasta cuándo, sobre cómo se defiende por parte de los proponentes esa iniciativa y avancemos siquiera en esto. Por eso de que lo mejor es enemigo de lo bueno, reformar el Reglamento en conjunto va a ser imposible, pues reformemos en esta materia, que será un buen mensaje no solo hacia el respeto que nos debemos a todos nosotros sino también un mensaje hacia los ciudadanos que nos están viendo desde fuera y que nos exigen un mayor grado de compromiso y un mayor grado de control, por su parte, hacia todos nosotros desde una perspectiva que es fundamental precisamente porque les representamos, porque representamos a los ciudadanos y porque sabemos que hay otras formas de representación y que hay otras formas de canalizar las inquietudes de los ciudadanos. No tengamos miedo a abrir el Parlamento porque si no abrimos el Parlamento realmente quien lo pagará será la democracia. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora Díez. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
Gracias, señora presidenta. Señorías, se ha dicho que esta legislatura no es la primera vez que se intenta modificar el Reglamento, que ya había ocurrido en otras legislaturas, pero esta vez tenía un carácter especial. Esta vez no se planteaba solamente como una cuestión entre los grupos parlamentarios, esta vez cuando se empieza el debate para modificar el Reglamento es fruto de un debate más amplio, un debate provocado porque muchos ciudadanos y muchas ciudadanas gritan en la calle eso de ‘no nos representan’ y porque hay una demanda de que hay que cambiar la forma de hacer de la política, la forma de representar a la gente. Por lo tanto era un debate sobre la propia democracia, por eso nuestro grupo trajo una interpelación, que luego transformamos en moción, por la cual planteábamos que había que crear una Comisión para ver fórmulas y mecanismos para hacer un Parlamento mucho más abierto, un Parlamento mucho más plural y un Parlamento mucho más democrático. Y por eso cuando se inició la tramitación de esta reforma nació con ilusión, con la ilusión de que por una vez se podían escuchar las demandas ciudadanas, que se podían escuchar las demandas que en las calles y en las plazas gritaban eso de «más democracia». Pero desde el primer día nos dimos cuenta de que el Partido Popular lo que pretendía era, ni más ni menos, una reforma muy parcial. Inmediatamente vimos que no había voluntad de ningún tipo de reforma porque al Partido Popular le viene bien una democracia encorsetada, un Parlamento bipartidista y por lo tanto era muy difícil que admitiese una reforma que realmente fuese al centro del problema: que hoy tenemos un Parlamento que dista mucho de la realidad social, un Parlamento que dista mucho de las demandas de participación directa y de ejercicio de la democracia, un Parlamento que no es el Parlamento que hoy la mayoría de las españolas y de los españoles demanda. Por eso nosotros planteamos desde el primer momento una serie de propuestas que iban enfocadas, primero, a hacer eso, a hacer un Parlamento que pudiese tener más capacidad de control, más capacidad de intervención y también un Parlamento abierto a la ciudadanía, con la ilusión de que lo que en la calle se gritaba se pudiese escuchar también en esta casa. Pero es verdad que aquí nos hemos encontrado con tácticas dilatorias —ya se ha dicho—, tácticas que en el fondo han hecho que el trabajo de la Comisión dé unos frutos completamente nulos, a pesar, y hay que reconocerlo, de la voluntad del presidente. Yo tengo que reconocer, al menos para que conste en el «Diario de Sesiones», que el presidente de esta Cámara se ha tomado en serio este reto y ha intentado en la medida de sus posibilidades que los grupos hiciéramos el trabajo. Por lo tanto quiero dejar constancia de esa buena voluntad y de ese interés; pero, a partir de ahí, nos encontramos efectivamente con que estamos en un debate que es fruto de un fracaso, en un debate que es fruto de que hayan fracasado los trabajos de la Comisión. Y eso que desde el primer momento nos planteamos que no fuese un todo o nada; sabíamos que todo era imposible y nos planteamos que al menos aquellas cosas que fueran importantes y en las que hubiese acuerdo llegasen al debate plenario; que al menos los temas que eran posibles y que significaban además dar más protagonismo a la ciudadanía —como se ha dicho, esa Comisión de Peticiones que no es ni más ni menos que un buzón de sugerencias o la tramitación de las ILP— pudiésemos traerlos al Pleno para que en esta legislatura —la legislatura en la que más presión social ha habido para cambiar la democracia, en la que más presión social ha habido para que se abra el Parlamento, para que los días de puertas abiertas no sean exclusivamente visitas turísticas sino la expresión de la soberanía popular— la participación ciudadana fuese algo más que un deseo, fuese una realidad. Pero el Partido Popular, repito, está a gusto; prefiere un Parlamento rodeado de vallas, un Parlamento vigilado por la policía a un Parlamento abierto a la gente; se encuentra cómodo en esta democracia tutelada, vigilada, cuando no una democracia de baja intensidad y, por tanto, poco podemos esperar y de ello nos dimos cuenta a la mitad del trabajo parlamentario de esta Comisión. A partir de ahí, hoy se nos presenta una iniciativa que viene a poner en evidencia este fracaso y a poner sobre la mesa uno de los temas que hemos discutido, que hemos valorado, que hemos acordado pero que hoy no se puede aprobar porque se ha decidido que no se tramite esta modificación. Se trata de una necesidad, de algo que la Constitución reconoce como es la posibilidad de que la ciudadanía haga una iniciativa legislativa y que eso sea algo más que una mera pose, sea algo más que un mero trámite y se convierta en algo que pueda ser realmente asequible y que evidencie esa participación ciudadana. Por eso, vemos pertinente esta tramitación que, además, podría abrir la puerta, si se admite, a que hubiera otras modificaciones del Reglamento. Entendemos que las iniciativas legislativas populares hay que modificarlas. Es verdad que ya se intentó en otra legislatura y que hubo algún problema incluso con la propia Constitución, pero, en la medida de lo posible, sí era pertinente que este trámite se abriese, que los ciudadanos viesen cómo la Constitución no se interpreta de una forma restrictiva; la Constitución, que a ustedes les viene grande, a muchos se nos va quedando cada vez más pequeña. Era bueno que se plantease la posibilidad de que si se trae a este Parlamento una ILP, esta pudiera ser defendida por alguien de los que la hubiesen impulsado. Se ha dado la circunstancia curiosa —no sé si a la proponente le gustará recordarlo— de que una ILP promovida por sindicatos contra una reforma laboral del Partido Socialista fue defendida en esta Cámara en el turno a favor por un diputado del Partido Socialista; mayor contradicción creo que es difícil encontrar. Bien, pues esa es una de las contradicciones que se pueden evitar si los que la defienden son los que la han impulsado. Además, es de rigor la participación en Comisión porque nos hemos encontrado también con la circunstancia de que una ILP promovida por la plataforma de Afectados por la hipoteca y los sindicatos para intentar acabar con esa lacra de los desahucios —todavía son más de cien los desahucios diarios que se producen— se tramitó —también es verdad que por la presión social, incluso aquel día fue dramático, suicidio incluido— pero aprovechando dicha tramitación para cambiar totalmente el sentido y que lo que saliese de esta Cámara fuera algo totalmente diferente a lo que los promotores habían querido trasladar. Una ley que, evidentemente, no solamente no ha frenado los desahucios sino que en algunos casos los ha podido incluso agravar. Por tanto, es verdad que hace falta que las ILP tengan otro sentido, que no se conviertan en un mero trámite y que signifiquen realmente la posibilidad de que los ciudadanos, que son los soberanos, puedan impulsar modificaciones legislativas. Por eso nos parece oportuna la tramitación, como también nos parece oportuna esa modificación del Reglamento para que esta Cámara sea realmente una Cámara más plural, más democrática y más abierta para que no tengamos que soportar la vergüenza que nos produce que no se pueda siquiera discutir aquí la posibilidad de debatir la creación de una comisión de investigación porque en la Junta de Portavoces el Partido Popular puede vetar no ya su constitución, sino el propio debate de esa iniciativa. Es decir, una Cámara que no esté encorsetada, una Cámara que no sea bipartidista, una Cámara, en definitiva, que responda a lo que tiene que ser un Parlamento del siglo XXI. Por eso nosotros vamos a apoyar esta tramitación, por eso nosotros creemos que el Partido Popular debe explicar por qué en este momento no ha habido ninguna posibilidad de acordar ni siquiera algo tan mínimo como esto, por qué no han mostrado voluntad y sobre todo nos deben explicar por qué siguen aferrados a una realidad que solamente existe en sus escaños y mientras dure esta legislatura. Eso sí, junto con nuestro apoyo a esta iniciativa, también existe nuestro compromiso de que en próximas legislaturas iremos por este camino, esperando que los que hoy son oposición, si mañana les corresponde estar en el Gobierno, no cambien de bando y tengamos que ver al Partido Popular reivindicando el cambio del Reglamento y al Partido Socialista aferrado a la no modificación, cosa que, por otra parte, ha ocurrido en otras legislaturas. Por tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa; creemos que es parcial pero pertinente y que nos permitiría abrir el camino a otras posibles modificaciones. En definitiva, es una legislatura desgraciadamente perdida, que ha frustrado más a miles de ciudadanos que reclaman más democracia y a millones de ciudadanos que exigen que las cosas cambien. Ustedes lo podrán frenar hasta el día en que se convoquen las próximas elecciones. A partir de ahí, será el pueblo quien ponga a cada uno en su sitio. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Centella. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], tiene la palabra la señora Surroca.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso por la que pretende dar mayor protagonismo a los promotores de las iniciativas legislativas populares durante su tramitación parlamentaria. En Convergència i Unió compartimos la necesidad de reformar ese instrumento de participación ciudadana. Desde siempre hemos defendido la necesidad de mejorar y profundizar en todo aquello que fomente una mayor implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Nos basta la propuesta socialista? La consideramos insuficiente. Sinceramente, creemos que debemos ser más ambiciosos. Estamos convencidos de la necesidad de esta revisión e igualmente de actualizar el Reglamento del Congreso, pero en su conjunto, no únicamente en aquello referente a las iniciativas legislativas populares. Y ello, ¿con qué objetivo? El de mejorar y adaptar la actividad parlamentaria a las exigencias de los nuevos tiempos. Esa es la gran asignatura pendiente y lo que hoy los ciudadanos esperan de nosotros. Por el contrario, lo que hoy plantea el Grupo Socialista es un cambio puntual, concreto, poco ambicioso y limitado a la tramitación en el Congreso de la iniciativa legislativa popular. Aunque en su discurso la diputada del Grupo Socialista haya dicho que la propuesta que estaba defendiendo iba más allá, en definitiva el texto que nos proponen dice lo que dice y está hablando únicamente de una reforma del Reglamento para mejorar la iniciativa legislativa popular. Y sorprende que lo solicite con esta propuesta cuando hace meses que está constituida la ponencia de estudio de la reforma del Reglamento, ponencia de la que forman parte el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara. Por lo tanto, consideramos que es forzado y obedece a la pura escenografía que el Grupo Parlamentario Socialista defienda hoy y aquí esta iniciativa, cuando lo coherente es que lo haga en la ponencia de reforma del Reglamento. Cabe preguntarse por qué traen hoy esta iniciativa a debate en el Pleno. La respuesta es obvia: porque el Grupo Popular y el Grupo Socialista han roto las negociaciones para impulsar la reforma del Reglamento. O sea, los dos partidos mayoritarios, excluyendo a los demás, pretendían llegar a un acuerdo para la reforma del Reglamento, pero por razones partidistas, y probablemente electoralistas, han sido incapaces de lograrlo. No habrá, pues, una reforma profunda del Reglamento del Congreso en esta legislatura porque Partido Popular y Partido Socialista no han sido capaces de aparcar sus intereses partidistas y no tienen una verdadera voluntad de llegar a amplios consensos en esta materia. Por eso han fracasado los trabajos de la ponencia, como ya han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha propuesto y defendido la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso con distintos objetivos. En primer lugar, reforzar el debate político e incrementar la participación ciudadana. En segundo lugar, perfeccionar la calidad técnica de la actividad parlamentaria. En tercer lugar, aumentar el respeto a la voluntad de la proposición legislativa —aquí sí coincidimos con la propuesta socialista que hoy debatimos—. En cuarto lugar, incorporar la pluralidad lingüística en el debate parlamentario. En quinto lugar, reforzar el respeto a las minorías, especialmente cuando hay mayorías absolutas. Y, por último, aumentar la ética y la transparencia en el parlamentarismo. Todo ello es necesario para renovar el pacto de confianza entre la ciudadanía y la política, como fiel reflejo de la representación de la opinión de los ciudadanos expresada en las urnas. Los valores de eficacia, integridad, honestidad, transparencia, austeridad y compromiso efectivo con los ciudadanos han de regir el Reglamento del Congreso y, por lo tanto, la actuación parlamentaria. Lamentablemente todavía estamos lejos de conseguirlo. También, como decía anteriormente, debemos reforzar el debate político e incrementar la participación ciudadana incorporando, por ejemplo, modificaciones que dinamicen la acción de control de la Cámara de los miembros del Gobierno o apostar con mayor contundencia por los medios electrónicos que permitan multiplicar la participación ciudadana en el debate de iniciativas legislativas. Asimismo debe adecuarse el Reglamento para permitir la incorporación de propuestas ciudadanas a los proyectos y proposiciones de ley cuando estos hayan superado el debate a la totalidad. También se podría recoger y dar audiencia a planteamientos de la sociedad civil y grupos de interés fijando de forma habitual en las comisiones un punto del orden del día con comparecencias que dieran respuesta a las dudas de los ciudadanos, tal y como sucede en otros países, por ejemplo, en Chile. Y se podría abrir en la página web del Congreso un foro de debate sobre iniciativas parlamentarias en curso en el que los ciudadanos pudieran exponer sus puntos de vista y que estos fueran remitidos a los grupos parlamentarios. Eso sucede, por ejemplo, en Cataluña con el modelo del escaño 136 del Parlament de Catalunya. Por otra parte, debemos ser capaces de mejorar la actividad técnica de la actividad parlamentaria evitando, por ejemplo, la legislación acumulativa de temáticas diversas o facilitando medios a los grupos parlamentarios, entre otras cuestiones. Convergència i Unió defiende además la necesidad de aumentar el respeto a la voluntad de la proposición legislativa de forma mucho más amplia que la propuesta que hoy ha defendido el Grupo Socialista. ¿Con qué medidas? Con dos medidas muy claras. Por una parte, los proyectos de ley de reforma de un estatuto autonómico, en caso de ser modificados durante el trámite parlamentario, deberían poder ser valorados por el Parlamento o Asamblea autonómica correspondiente y, en su caso, ser retirados del trámite parlamentario si así lo deciden las instituciones legislativas proponentes. En segundo lugar, en el caso, por ejemplo, de la iniciativa legislativa popular no debería poderse cambiar el sentido de esta. Consideramos que con posterioridad a su trámite tendría que someterse a la evaluación de los proponentes, que deberían poder retirar el texto si lo consideran pertinente. Otra cuestión importante que debería abordar esa reforma amplia del Reglamento del Congreso y que los grupos Popular y Socialista no tienen el más mínimo interés en impulsar es la posibilidad de usar las lenguas cooficiales distintas al castellano. Precisamente, como bien saben, este fue el principal obstáculo hace dos legislaturas para aprobar la reforma del Reglamento. Si hoy no tenemos un Reglamento del Congreso adaptado a las actuales necesidades es porque ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista aceptaron que se incorporara en aquella reforma el uso de las lenguas cooficiales. En lo que se refiere a reforzar la transparencia y la ética en el parlamentarismo, Convergència i Unió ha defendido reiteradamente la necesidad de regular los lobbies o grupos de interés con el fin de seguir la huella del proceso legislativo. Incluso se aprobó una propuesta de resolución, impulsada por nuestro grupo parlamentario en el debate sobre el estado de la Nación de 2013, para regular el registro de lobbies, pero una vez más el Gobierno incumplió resoluciones aprobadas por esta Cámara, incumplimiento que perjudica y va en detrimento de la calidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones. A día de hoy no existe registro de lobbies en las Cortes Generales y tampoco en las demás instituciones del Estado. En la ponencia de estudio de reforma del Reglamento, Convergència i Unió insistió reiteradamente en la necesidad del registro. Aportamos propuestas muy claras y concretas, pues creemos que es un instrumento importante y eficaz para mejorar la transparencia pero también para luchar contra la corrupción, pero de nuevo, como en tantas otras cosas, la respuesta del Grupo Popular ha sido el silencio. En definitiva, Convergència i Unió considera que la propuesta socialista es pura gesticulación. Ya está constituida la ponencia del Reglamento para abordar una reforma más profunda de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara. Lamentablemente, los trabajos de esta ponencia están paralizados por la incapacidad del Partido Popular y del Partido Socialista de avanzar en los acuerdos, no hay voluntad real de reformar el Reglamento. Compartimos con el Grupo Socialista la necesidad de reformar...
Señora Surroca, tiene que acabar.
Voy terminando, señora presidenta. ... las iniciativas legislativas populares, pero en un sentido mucho más amplio que el propuesto por el Grupo Socialista. No obstante, no nos oponemos a la tramitación de esta iniciativa y vamos a votar a favor de su toma en consideración por cuanto es necesario desencallar la reforma de la iniciativa legislativa popular para fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo, lo que debería hacerse en un marco más amplio que el de la mera reforma de los preceptos del Reglamento del Congreso. Muchas gracias.
Gracias, señora Surroca. Señora Serrano, por el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es partidario de fortalecer la democracia fomentando al máximo la participación ciudadana. Por eso lo hemos hecho, porque en el Partido Popular somos de hacemos; no somos ni de podemos ni de los que cuando pudimos no lo hicimos porque no quisimos o porque no supimos. Dicho esto y leída la proposición que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista, mis primeras sensaciones son de sorpresa y, si me lo permiten, también de indignación. Sorpresa porque lo que están solicitando se acaba de hacer, pero no es que se haya hecho a lo largo de esta legislatura, es que se ha aprobado el día 30 de marzo, hace menos de un mes. Además, lo que nos están solicitando cuando ustedes gobernaron no lo hicieron. Ustedes en la legislatura 2004-2008 modificaron la iniciativa legislativa popular y no lo hicieron en el sentido que están reivindicando ahora, pero es que en la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, en la disposición final tercera, esto está regulado y ha sido aprobado, como ya les he dicho, exactamente el 30 de marzo de 2015, hace muy poquito tiempo. Por tanto, sorpresa. Y sorpresa también porque ustedes manifestaron estar de acuerdo cuando se debatió precisamente el informe de esa ponencia. Así lo manifestó el grupo que hoy viene a proponerlo aquí; la persona que lo representaba, don José Enrique Serrano, no solamente estaba de acuerdo, sino que además lo hizo explícito en el propio debate diciendo que ellos lo estaban reivindicando. Es decir, el grupo que estaba de acuerdo hace menos de un mes ahora viene a proponer exactamente lo contrario y espero, señorías —solo hace falta coger el «Diario de Sesiones» del día 15 de enero y leer la página 31, donde el señor Serrano lo explicita diciendo que además era una reivindicación del Partido Socialista—, que el Partido Socialista, ustedes, no se estén convirtiendo en eso que está tan de moda de partidos persona: que en función de que la persona esté de moda nos vamos a un partido y si la persona deja de estar de moda nos vamos a otro. Espero que sus ideas y sus ideologías las sujete todo el grupo y que tengan la misma ideología y las mismas ideas el señor Serrano que el resto de ustedes. [[Aplausos]] Sorpresa también porque ustedes se levantaron hace muy poco de la ponencia del Reglamento, pero eso sí que les voy a decir que últimamente me causa menos sorpresa, porque estamos habituados a ver cómo han dado la espantada o se han levantado de los acuerdos en la Ley de Transparencia o cómo se han levantado cuando hemos estado debatiendo la reforma del Código Penal o cómo se han levantado cuando se han aplicado setenta medidas, un paquete importantísimo para la regeneración democrática de este país. No me causa sorpresa que ustedes se levantasen de la ponencia del Reglamento, rompiendo el serio trabajo y la voluntad de todos los que estábamos allí, ya que había una clara voluntad de consenso, pero permítanme que les diga que me causa indignación que con la que está cayendo en este país, con los problemas que tenemos los españoles, problemas muy serios, problemas de mucho calado, problemas reales, problemas de casi supervivencia en algunas ocasiones, sean incapaces, por el color de la camiseta o por posturas partidistas, estratégicas o de tácticas, no ponernos de acuerdo para solucionar los problemas que nos demandan los españoles. Estarán de acuerdo conmigo en que es indignante que cuando la sangría del paro estaba cayendo, cuando el fracaso escolar estaba en un 30%, cuando en la falta de transparencia estamos padeciendo unos casos muy serios de corrupción con gran impunidad en muchos de ellos, cuando estábamos aprobando en el peor de los casos más del 60 o el 65% de todas sus sugerencias, ustedes, por una cuestión partidista, no se pongan de acuerdo, no se arremanguen a trabajar, a solucionar los problemas de todos los españoles, que es para lo que estamos aquí. [[Aplausos]] Lo decía ya Concepcion Arenal, esa grandísima escritora nuestra gallega de siglo XIX; decía que cuando las fuerzas se suman para el bien, no suman, sino que multiplican. Pero no nos hace falta ir a Concepción Arenal ni al siglo XIX, leamos en el «Diario de Sesiones» del día 14 de enero de este año lo que decía don Enrique Serrano, su compañero; decía exactamente lo mismo, que saquemos todo lo mejor de nuestras cabezas para contribuir a mejorar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. La proposición que ustedes nos traen hoy aquí ha sido ampliamente debatida; desde que el Grupo Parlamentario Popular presentó las enmiendas para modificar la iniciativa legislativa popular el 18 de diciembre hasta el 30 de marzo, que fue aprobada. Hemos estado tres meses y medio debatiéndolo y ahora proponen ustedes cambiar —fíjense lo que quieren cambiar, fíjense su respeto a esta democracia— lo que aquí se aprobó el día 30 de marzo por la mayoría de esta Cámara, que no olviden que somos los representantes de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos y en lo que además ustedes estaban de acuerdo; y ahora vienen aquí a cambiarlo. Es absolutamente inédito y por eso nuestro rechazo. Yo me pregunto: ¿Por qué hacen esto? ¿Si se acaba de aprobar con la mayoría que está legitimada, por qué ahora vienen proponiendo una cosa diferente? Entiendo que solo puede obedecer a una falta de ideas y hacen el cortapega o puede ser que estén buscando la fotografía permanentemente o puede ser que intenten seguir en esa estrategia de desgaste del Gobierno o puede ser que estén asustados por algún populismo que les viene comiendo por la izquierda... No lo sé, pero lo que sí sé es que no defiende los intereses de los españoles, y como además es algo que ha sido recientemente apoyado con la legitimidad que tiene esta Cámara, lógicamente lo que les vamos a pedir desde el Grupo Parlamentario Popular es que lo retiren. Que lo retiren por coherencia, por seriedad y por responsabilidad. Por coherencia porque la Ley orgánica de control de actividad de los partidos políticos ya modifica la iniciativa legislativa popular, precisamente potenciando y fomentando la participación ciudadana y el estado del cauce. Por coherencia y seriedad porque el propio Reglamento de la Cámara, en el artículo 44. apartado 4, dice que cuando tengan que comparecer por ejemplo los expertos, lo hagan a través de las comisiones porque son aspectos sectoriales, y así se ha hecho en temas nada baladíes como, por ejemplo, la reforma del Código Penal o la Ley de Transparencia, con la comparecencia de expertos en la comisión pertinente. Por coherencia y seriedad ya que la Constitución —creo que lo mencionaba usted al principio— en el artículo 87.3 dice precisamente que las materias que sean de ley orgánica no podrán ser reguladas por la iniciativa legislativa popular; las excluye y solo las deja para aquellas ordinarias cuyo cauce normal, como no puede ser de otro modo, es la Comisión. Y también por coherencia y por seriedad porque en la Comisión de Reglamento estábamos todos de acuerdo y lo hemos repetido hasta la saciedad. Esta es una tribuna política y aquí vienen los debates políticos; los debates técnicos y sectoriales van a la Comisión. Por lo tanto, por coherencia, por seriedad y también por responsabilidad, señores del Partido Socialista, es la hora de la responsabilidad. Si han sido ustedes un partido de Gobierno y quieren seguir siendo un partido que algún día tenga la posibilidad de gobernar, tienen que empezar a tener la responsabilidad de defender los intereses de los españoles, que es lo que nos importa a todos, no solo estar en contra de lo que propone el Partido Popular, porque eso es lo que estoy viendo en los últimos tiempos que une a toda la izquierda. Les une a ustedes, señores del Partido Socialista, a la izquierda plural y variada, a la izquierda radical y nacionalista de los que están aquí, a los que no están aquí, esos de las ideas absolutamente trasnochadas y muy radicales, y no sé si a la izquierda de nuevo cuño. Pero lo que les aproxima a todos ustedes somos nosotros, el Partido Popular. Es, todos contra el Partido Popular. Esa es su ideología, esa son últimamente sus ideas. Todos contra el Partido Popular. Pues se equivocan porque somos el partido de la gente, somos el partido de las clases medias y vamos a seguir trabajando porque ya lo han dicho muchísimos filósofos y creo que nos lo han enseñado a todos: solo la constancia trabajando hará que las obras den su fruto. No sé si esa postura suya es producto de esos populismos que les vienen por la izquierda y que les hacen que se coloquen no solo en el partidismo sino otra vez en el populismo, en vez de en el Parlamento. O que se coloquen ustedes...
Señora Serrano.
Voy terminando. Gracias, presidenta. O que se coloquen ustedes más en la foto que en el trabajo. Pues en el Partido Popular vamos a seguir trabajando. En el PP a trabajar, en el PP a hacer para crecer porque para eso estamos aquí, para dar oportunidades a todos los españoles. Recordemos todos que nos han puesto aquí para trabajar por y para España. Muchas gracias. [[Aplausos.—Silbidos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista]]
¡Por favor, que no estamos en un partido de fútbol! TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY: — DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN [[CONVERGÈNCIA I UNIÓ]], SOBRE REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PARA REPONER LA DEDUCCIÓN POR INVERSIONES CON OBJETIVOS DE MEJORA AMBIENTAL. [[Número de expediente 122/000182]]
Pasamos al segundo punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] sobre reforma del impuesto sobre sociedades para reponer la deducción por inversiones con objetivos de mejora ambiental. Para su defensa, señor Sánchez i Llibre. [[La señora]]
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] plantea ante esta Cámara una proposición de ley para intentar reformar el impuesto de sociedades en el sentido de reponer la deducción de inversiones medioambientales para incentivar la inversión, la competitividad y, al mismo tiempo, la consolidación y generación de los puestos de trabajo. Esta iniciativa parlamentaria persigue dos objetivos relevantes. Uno de los objetivos básicos, fundamentales y relevantes de esta iniciativa de Convergència i Unió es conseguir lo más rápidamente posible la reindustrialización de nuestro país para que se pueda basar y consolidar con fundamentos sólidos, como son estos mecanismos que van en la dirección de fomentar la inversión, así como consolidar esta reindustrialización con estándares máximos de calidad en todos aquellos aspectos que hacen referencia a temas propuestos y orientados por la Unión Europea que van dirigidos a una mayor convergencia con los dictados de Europa. Por tanto, un primer aspecto positivo, relevante e importante, desde nuestro punto de vista, es conseguir esta reindustrialización de nuestro país para que vaya en la dirección de la modernización de las estructuras productivas sobre las que puede sustentarse la economía española a medio y largo plazo. Hay otro aspecto no menos relevante e importante que consideramos también fundamental, que es estimular la economía verde, proponiendo medidas para que, en un futuro inmediato y también desde una perspectiva largo y medioplacista, se puedan prevenir aquellos aspectos que van en la dirección de incrementar la contaminación industrial. Por este motivo, nosotros entendemos que sería necesario que este Pleno del Congreso de los Diputados, a través de sus grupos parlamentarios, pudiera dar un soporte importante a esta iniciativa que presentamos. Respecto al primer tema, creemos que la reposición de este incentivo fiscal es una vía fácil para que el Gobierno se alinee con los mandatos comunitarios, facilitando la consecución de los objetivos que Europa demanda a los Estados miembros con dos ejemplos muy concretos que voy a detallar rápidamente. En primer lugar, en materia energética, como conocen todos ustedes, uno de los objetivos de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 40% en el año 2030 respecto a las que tenía en el año 1990. En este sentido, está claro que urge revisar nuestras políticas ante el cambio climático con el fin de adaptarlas a los nuevos objetivos comunitarios. A corto plazo es fácil ver que una de estas propuestas que contribuiría a acometer tal objetivo es la de estimular fiscalmente a las empresas para que inviertan en objetivos de mejora medioambiental. Por ello, señorías, creemos que ha sido un error suprimir esta deducción del impuesto sobre sociedades, como ha hecho el Gobierno en la reciente reforma fiscal, porque, desde nuestro punto de vista, supone alejarse de las políticas que nos permiten converger con Europa, porque no hay que olvidar, señorías, que en los próximos años la Unión Europea nos va a exigir más inversiones en todos aquellos aspectos que hacen referencia al medio ambiente: Invertir en reducciones de emisiones, invertir en eficiencia energética. Por lo tanto, señorías, empecemos por aquí; empecemos hoy mismo con la reintroducción de este mecanismos fiscal que va en la dirección de poder fomentar y producir una energía más limpia. El segundo aspecto que nosotros consideramos relevante va ligado a la materia energética y es también lo que vamos a proponer desde la perspectiva industrial. Europa pide incrementar el peso europeo del PIB industrial sobre el PIB general, pide que apostemos por la industria pero que incentivemos la industria sostenible, no la contaminante, señorías. La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales —prevención y control integrados en la contaminación— propone requisitos ambiciosos que deben respetar las actividades industriales con mayor potencial de contaminación a fin de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente y la salud. Dentro de estos requisitos está la necesidad de que las instalaciones industriales empleen las mejores técnicas disponibles, lo que podríamos resumir como el MTD. Europa exige a las industrias que apliquen las técnicas más eficaces para lograr un nivel general de protección del medio ambiente alto en su conjunto. Ello, a efectos prácticos, señorías, para que ustedes tengan información, implica que alrededor de unas 5.400 empresas de todo el Estado español tengan que acometer importantes inversiones en los próximos ocho años. ¿Cómo lo van a hacer, señorías, si el Estado, que por una parte quiere incrementar el peso de la industria en el PIB, reduce de un plumazo una serie de inversiones que van en la dirección de menos contaminación, más energía limpia y más competitividad? Por lo tanto, señorías, si no aprobamos esta iniciativa con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, España se va a encontrar en una situación de competencia desleal respecto a otros países de la Unión que sí gozan de estos incentivos fiscales, como Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega, Bélgica, etcétera. El tercer motivo por el que hemos traído a este debate esta iniciativa es porque creemos, señorías, que el incentivo fiscal que se propone es una vía rápida de reponer un estímulo a la economía verde; un estímulo que va en la dirección de fomentar, de generar, de consolidar empleo estable y riqueza productiva desde una perspectiva sostenible con respecto al medio ambiente, algo que en la actual coyuntura resulta importantísimo según el criterio de Convergència i Unió. A nuestro juicio, señorías, la fiscalidad ambiental ha de tener un doble objetivo, como hemos planteado en diferentes ocasiones, que es generar incentivos económicos para una buena gestión o comportamiento ambiental y desincentivar determinadas gestiones y/o comportamientos. Por ello, es fundamental contar con una fiscalidad que desincentive determinadas conductas pero que incentive aquellas prácticas que potencien las inversiones que provienen de la contaminación. En España, señorías, a lo largo de estos últimos años se han generado una serie de tributos, tasas, impuestos ambientales, impuestos sobre hidrocarburos, sobre electricidad, sobre gas, etcétera, que ustedes conocen perfectamente, y es cierto que todos estos impuestos son medidas de tipo correctivo, es decir, penalizan a las empresas después de que se haya producido la contaminación. La utilización de una política de establecimiento de cargas, tasas o impuestos ambientales sobre el emisor de la contaminación resulta insuficiente, a nuestro juicio, para lograr que las empresas contaminantes dejen de contaminar, es decir, la carga se ha convertido, señorías, en un elemento más del coste del producto repercutido en el cliente. Por ello, señorías, la implementación de gravámenes de tipo ambiental que siguen el criterio de que quien contamina paga no son la única vía para reducir el impacto de las empresas sobre el medio ambiente sino todo lo contrario; hay que tender a primar la realización de medidas preventivas de la contaminación de acuerdo con el principio de prevención de la contaminación, indicado en una amplia variedad normativa, tal y como les acabo de explicar en mi intervención, recogidas perfectamente en la Directiva comunitaria 2010/75 de la Unión Europea que he citado anteriormente. La fiscalidad medioambiental, señorías, desde el punto de vista de Convergència i Unió, constituye un medio complementario para coadyuvar a la protección y defensa del medio ambiente y se articula en torno a figuras impositivas cuya finalidad, señorías, es única y exclusivamente estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural. Hay otro aspecto que recoge esta proposición de ley y que ya hemos planteado en diferentes iniciativas parlamentarias. Partiendo de la base de que todo lo que sea fomentar la economía verde, todo lo que sea fomentar energías limpias, todo lo que sea fomentar energías para poder cumplir los objetivos para el año 2030, podemos incorporar una deducción relevante, a nuestro entender, como es la incluir el 10 % de las inversiones para la adquisición de nuevos vehículos industriales de transporte por carretera con categoría eurosuperior, que contribuyan a la reducción de la contaminación atmosférica. Se trata de recuperar una deducción beneficiosa para cumplir con los objetivos medioambientales del transporte sostenible marcados por la Comisión Europea y por el propio Gobierno español. Señorías, se trata de intentar corregir algunos planteamientos del Gobierno, como así lo hemos hecho en diferentes ocasiones, como en el debate sobre el estado de la Nación por parte de nuestro portavoz, señor Duran i Lleida, y también en el debate presupuestario, en el que nuestro portavoz, Pere Macias, tuvo una intervención magnifica y explicó ante el ministro Montoro y ante el presidente del Gobierno las especificidades que podían hacer cambiar el pensamiento del Gobierno sobre las deducciones medioambientales que hasta la fecha estaban recogidas en la legislación fiscal española. En aquellos momentos pensábamos que era un error seguir en esa dirección; no conseguimos cambiarlo y el Gobierno continuó en la dirección propuesta por ellos de erradicar de nuestra legislación fiscal el 8% de las deducciones que iban a la formación bruta de capital fijo en materia medioambiental. Tanto en las reuniones con el ministro Montoro como en las intervenciones ante el presidente del Gobierno siempre hemos mantenido la posibilidad de, antes de que acabara esta legislatura, hacer cambiar al Gobierno y al grupo parlamentario que le da soporte para que pudiéramos reintroducir medidas fiscales que van en la dirección de incrementar las inversiones, que van en la dirección de consolidar en determinados aspectos puestos de trabajo que son clave porque en caso contrario probablemente estas industrias que no van a ser competitivas se van a deslocalizar y vamos a perder esos puestos de trabajo y, lo que es más importante, desde la perspectiva de una modernización de las estructuras empresariales y productivas españolas, es necesario, señorías, tener una legislación fiscal moderna, igual que la tienen los países de la Unión Europea que acabo de mencionar. Concluyo solicitando a todos ustedes, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, que es el que da soporte al Gobierno, un cambio de criterio, un cambio de dirección para que esta proposición de ley sea una realidad y finalmente podamos disponer de mecanismos europeos y de mecanismos modernos para que esta reindustrialización y esta modernización de nuestras estructuras empresariales y productivas sean homologables a las que tienen muchos países de la Unión Europea. Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
Gracias, presidenta. Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición en relación con la proposición de ley que hoy nos trae a esta Cámara para su debate y votación el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] Señores de Convergència i Unió, compartimos plenamente la filosofía y la propuesta realizada por su grupo parlamentario en esta proposición de ley. El respeto y la preservación medioambiental, evidentemente, deben formar parte de nuestras prioridades políticas. La idea de crecimiento sostenible, eficiente en el uso de los recursos y respetuosa con el medio ambiente ya no se cuestiona; en nuestra opinión, se acepta y se impulsa. Por ello, es un acierto y una política obligada la utilización de la fiscalidad ambiental para favorecer dicho crecimiento sostenible. Incentivar mediante deducciones fiscales a las empresas que realicen inversiones que eviten la contaminación y sean respetuosas con el medio ambiente es una política que lo fue del pasado, lo tiene que ser del futuro, pero que no lo es en el presente en el Estado español, atendiendo al marco del impuesto sobre sociedades. Es bueno que se recuperen dichos incentivos, beneficios a los ciudadanos, al medio ambiente y a los resultados económicos de las empresas que se comprometan con dichos objetivos. En Euskadi, las tres diputaciones forales aplican estas deducciones fiscales a las inversiones de las empresas con fines medioambientales. Así, por ejemplo, el artículo 65 de la norma foral del impuesto sobre sociedades de Bizkaia se refiere precisamente a esta deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de las fuentes de energía. Además, las deducciones a aplicar —como propone la proposición de ley de CiU— lo son a las inversiones que son consideradas en un listado que viene del Gobierno vasco en referencia a las tecnologías limpias, que son las que se pueden subvencionar. Estamos pues de acuerdo con el contenido de la proposición de ley al cien por cien. No obstante, señor Sánchez i Llibre, como usted bien sabe, siendo fieles a nuestra costumbre de abstenernos en la votación de aquellas materias fiscales cuya normativa corresponde a las haciendas forales de los territorios históricos, así lo haremos.
Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la lógica política difiere mucho de la lógica aristotélica y de cualquier lógica posterior. La lógica política permite planteamientos como desear que aumenten los ingresos pero a la vez que nadie pague más, permite planteamientos como querer reducir los gastos y que nadie se vea perjudicado, o permite planteamientos como que todos estén por encima de la media; planteamientos difíciles de alcanzar incluso con mayoría absoluta. Lo digo porque esta lógica política, señor Sánchez i Llibre, también se aplica al problema que hoy usted nos plantea. Hay un acuerdo bastante generalizado entre los especialistas sobre el hecho de que en nuestro sistema fiscal hay un excesivo número de deducciones, hay excesivos gastos fiscales, y que cada año se dejan de ingresar unos 40.000 millones de euros, cuatro puntos del PIB, como consecuencia de esas deducciones. En los debates de política fiscal general hay un acuerdo bastante amplio sobre esta cuestión. Sin embargo, cuando hay que concretar en qué deducciones quitar, el acuerdo desaparece, e incluso algunas desaparecidas se quieren reimplantar. Es un poco contradictorio querer reducir los gastos fiscales que provocan las deducciones sin deshacerse de ninguna e incluso aumentándolas. Nosotros compartimos, como no puede ser de otra manera, la preocupación medioambiental que hay detrás de esta iniciativa. El problema del cambio climático es algo con una evidencia científica abrumadora, está incorporado dentro de la estrategia europea 2020 y el reto climático se puede ver como una oportunidad de futuro en la industrialización en sectores relacionados con la economía verde. Todo eso, por supuesto, lo compartimos; la cuestión es cuáles son los mejores instrumentos para lograr estos objetivos. El instrumento que usted nos propone, las desgravaciones fiscales del tipo que usted nos plantea, tienen inconvenientes importantes; muchos especialistas las consideran costosas e insuficientes. ¿Por qué ineficientes? Porque en muchas ocasiones las empresas realizan estas inversiones por otros motivos, regulaciones legales por ejemplo, y no cambian el comportamiento por el incentivo fiscal, se comportan igual; la única diferencia que supone el incentivo fiscal es que reducen sus costes aumentando evidentemente los gastos para la Hacienda pública. Esto le resultará a usted interesante como defensor de las pymes, ya que precisamente este tipo de desgravaciones benefician fundamentalmente a las grandes empresas. Normalmente no cambian su comportamiento y suponen un coste para la Hacienda pública, por eso son costosas e ineficientes. Por otro lado hay alternativas muy diversas para lograr estos fines. En el ámbito fiscal, lo ortodoxo, cuando hay un efecto externo negativo como es la contaminación, es internalizar el coste, es decir, gravar al que contamina, no desgravar. Esa es la respuesta ortodoxa en la Hacienda pública frente a un efecto externo negativo, internalizar el coste. Hay otro tipo de medidas de política fiscal. Puestos a incentivar fiscalmente, ¿por qué no incentivamos a las familias para que rehabiliten sus viviendas y las hagan más eficientes energéticamente? Una propuesta de Unión Progreso y Democracia es que el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se module en función de la eficiencia energética de la vivienda, lo que, por cierto, crearía empleo en un sector deprimido hasta ahora, como ha sido el de la construcción. Saliendo del ámbito fiscal, otras alternativas posibles tienen que ver con la regulación, con el cambio en la legislación ambiental y, por supuesto, con la actuación vía política energética. Como se ve, hay múltiples posibilidades de compartir estos objetivos por vías más eficientes que la planteada. De su iniciativa, más que la propuesta concreta, nos interesa la posibilidad de reabrir el debate sobre el impuesto sobre sociedades que, en nuestra opinión, se cerró en falso al debatirse en esta Cámara la reforma fiscal. Creemos que el impuesto sobre sociedades, tal y como salió de esa reforma fiscal, tiene importantes problemas. En primer lugar, hay algunos principios tributarios esenciales que no respeta; por ejemplo, hay algunos costes que las empresas no pueden reflejar como tales, lo que provoca que el beneficio a efectos fiscales difiera del verdadero beneficio económico. Estoy pensando en las provisiones por deterioro y en cómo se tratan. Otro problema tiene que ver con las plusvalías nominales, que no se corrigen por la inflación. Así, al no corregirse los efectos inflacionarios de forma adecuada, se están gravando plusvalías ficticias. Un tercer principio tributario esencial que no se respeta es evitar gravar doblemente los dividendos. Junto a estos principios esenciales que no se respetan, nos preocupa que no se hayan cerrado suficientemente bien las diferentes vías de elusión. En España hablamos mucho del fraude fiscal, y con razón, pero olvidamos la elusión fiscal, importante y distinta, que es evitar el pago de impuestos dentro de la ley, aprovechando los agujeros que proporciona el sistema tributario. Para cerrar estos agujeros, estas vías de elusión fiscal, en el impuesto sobre sociedades sería interesante, como propusimos en la reforma fiscal, que las instituciones de inversión colectiva, entre ellas las famosas Sicav, tributasen en un régimen de transparencia, esto es, que los beneficios se imputasen a los socios cuando se generasen para así evitar que difiriesen indefinidamente el pago de impuestos. Es también importante combatir la interposición de sociedades con efectos meramente instrumentales. Una última cuestión que cito por su actualidad tiene que ver con el tratamiento de los activos fiscales diferidos, de los que hemos vuelto a leer en la prensa durante las últimas semanas. Propusimos durante la reforma fiscal un mayor control de estos activos fiscales diferidos, que la Agencia Tributaria tuviese más posibilidades de verificar que se cumplen las condiciones para poder exigirlos a la Administración. Votaremos favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley en el sentido que he manifestado, como una posibilidad de reabrir el debate sobre el impuesto de sociedades, que, en nuestra opinión, se cerró en falso al debatirse la reforma fiscal. Nuestro voto será favorable en el sentido mencionado y, si se admite la toma en consideración, enmendaremos la propuesta que usted nos trae en los términos que he citado. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, de entrada queremos dejar constancia de que compartimos la motivación que dice tener Convergència i Unió en su proposición de ley, a saber: Avanzar en la política medioambiental, utilizando para ello el instrumento de la política fiscal. Compartimos este objetivo, entre otras cosas, porque nuestro grupo, La Izquierda Plural, ha venido presentando diferentes iniciativas durante esta legislatura; por cierto, ya lo hizo el compañero Joan Herrera en la anterior, cuando el Gobierno de entonces procedió a la eliminación progresiva de deducciones fiscales con el compromiso de desarrollar una fiscalidad verde, compromiso que luego nunca se cumplió. Este país continúa necesitando una política ambiental que merezca este nombre y la fiscalidad verde es un buen instrumento, sobre todo porque no deberíamos olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea con una fiscalidad verde más baja, el 1,83 % del PIB, según los datos de Eurostat de 2013, únicamente por detrás de Lituania. Solo eso ya nos debería hacer reflexionar sobre el valor que se le da al medio ambiente en este país. Hasta aquí llegan nuestras coincidencias sobre la fiscalidad ambiental que nos propone Convergència i Unió. Una vez más, en un discurso antiguo, contrapone medio ambiente a competitividad industrial, y eso es tener un concepto tan antiguo de la industria como de la posibilidad de utilizar el medio ambiente en términos competitivos. Esa visión obsoleta ya se puso de manifiesto en su momento, cuando CiU estuvo a favor de la supresión del impuesto sobre gases fluorados, con el argumento de que ello supondría una merma en la competitividad, cuando es evidente —y lo dice expresamente la Comisión Europea— que una apuesta por la fiscalidad verde y por ese tipo de actuaciones no solo es el camino más eficiente para el desarrollo sostenible, sino también para la creación de empleo, teniendo en cuenta que muy probablemente el gran yacimiento de empleo del siglo XXI será la apuesta por la sostenibilidad. Discrepamos abiertamente de una política fiscal hecha a retales y con cambios permanentes y también de la orientación de las propuestas y políticas auspiciadas por CiU en relación con el impuesto sobre sociedades. Permítanme que haga aquí una reflexión de carácter general. España tiene uno de los sistemas fiscales más cadavéricos e injustos del mundo. Es cadavérico por su escasa capacidad de recaudación: un 8 % menos del PIB que la media de la Unión Europea. Eso significa que si consiguiéramos cerrar ese diferencial —que sin duda no es una cuestión de un día ni de un año— y nos situáramos en la media de la Unión Europea, este país dispondría de cerca de 8.000 millones de euros más de ingresos para poder desarrollar muchas políticas. Además de ser cadavérico, nuestro sistema fiscal es profundamente injusto, porque a la insuficiencia fiscal —que ya de por sí es injusta, porque no permite practicar políticas públicas, políticas sociales— se une que continúa recayendo en demasía sobre las rentas del trabajo y del consumo, a las que penaliza, mientras protege las rentas del capital, las del patrimonio o la imposición sobre las sociedades en diferentes ámbitos. Desde esa perspectiva, en esta política de desfiscalización a la baja y del impuesto sobre sociedades, CiU ha jugado un papel protagonista y yo se lo quiero reconocer: fuera cual fuere el Gobierno que estuviera en España, del color que fuera, CiU siempre, siempre ha utilizado su capacidad de influencia para incidir en ese sistema fiscal y hacerlo, a nuestro entender, más injusto e insuficiente. Lo ha hecho afectando directamente a los ciudadanos y también afectando al conjunto de comunidades autónomas, a Cataluña, porque si el pastel es pequeño, la parte del pastel que corresponde a las comunidades autónomas lo es también; lo contrario es muy difícil. En ese sentido, sería bueno que CiU dejara de llorar en Cataluña las consecuencias de las políticas que ha votado, cuando no impulsado desde España. Creo recordar que la última vez fue en el año 2007, en relación con el impuesto sobre sociedades. Fueron ustedes los que tuvieron más interés en reformar ese impuesto, como siempre, con un fin tan loable como el de hoy, que es primar a la pequeña y mediana empresa y reducir su tipo real. Y lo consiguieron, bajaron el tipo real del impuesto sobre sociedades de las pequeñas y medianas empresas al 25%, pero como consecuencia de esa política de hacer del impuesto sobre sociedades una cosa parecida al queso gruyère —perdón: emmental, que es el que tiene más agujeros que queso—, se han convertido en copartícipes y coprotagonistas de un fenómeno por el cual en estos momentos las pymes tienen un tipo legal del 25% y un tipo efectivo que llega escasamente al 22%, cuando las grandes empresas, con el tipo legal del 30 %, tienen un tipo efectivo que ha llegado a caer en algunos ejercicios o en algunas entidades financieras hasta el 10 %. En ese sentido, no puedo más que estar de acuerdo con el diputado Álvaro Anchuelo, cuando decía que justo uno de los problemas de nuestro impuesto de sociedades es ese proceso de permanente erosión, vía deducciones, que se produce constantemente y que además no modifica el comportamiento de las empresas. Como sucede con las bonificaciones y deducciones de la Seguridad Social, lo único que hace es premiar a empresas que ya tenían en muchas ocasiones tomada una decisión para que ese coste fuera menor. Desde esa perspectiva, ahora nos presentan de nuevo este mismo planteamiento y lo hacen a los pocos meses de que este Congreso haya aprobado una Ley del impuesto sobre sociedades que, sin duda, cerró en falso el debate, pero lo hizo con un planteamiento que era reducir el tipo legal a costa de disminuir significativamente las posibilidades de deducción en el impuesto sobre sociedades. Pero si en diciembre se baja el tipo legal y en el mes de abril ustedes ya están intentando incorporar nuevas deducciones, el proceso es un nuevo factor de erosión del tipo efectivo del impuesto sobre sociedades. Creo sinceramente que ese no es el planteamiento. Si ustedes quieren discutir sobre esa cuestión, vamos a discutirlo y vamos a hacerlo integralmente: impuesto de sociedades y fiscalidad ambiental. Vamos a hacerlo integralmente, no a pedacitos: hoy muerdo de aquí, mañana muerdo de allí y, al final, no queda nada para morder y, cuando no queda nada para morder en tributación, eso quiere decir que la capacidad del Estado para decidir es limitada. Entendemos que esa es la reflexión que hay que hacer. De todas maneras, como ustedes nos plantean una proposición de ley y hoy estamos discutiendo su simple toma en consideración, vamos a aceptar el envite y vamos a votar a favor, diciendo ya de entrada que de lo único que estamos a favor es de que se discuta y luego, en el contenido, vamos a plantear nuestras propuestas. Desde esa perspectiva, quiero recordar simplemente tres ejes de nuestro planteamiento: primero, si se quiere avanzar en la estrategia europea 2020, que ustedes citan en su exposición de motivos, lo primero que hay que evitar es que se haga dumping fiscal, desfiscalización a la baja, utilizando el argumento medioambiental y, por tanto, es imprescindible un proceso de armonización fiscal europeo también en los aspectos medioambientales. Por cierto, alerta: Si tira hacia delante el famoso tratado transatlántico de inversión y comercio, muy probablemente lo que suceda sea exactamente lo contrario, que la armonización se haga, pero no por las instituciones políticas sino por el mercado y a la baja. El segundo aspecto a retener desde el punto de vista que nosotros planteamos en este tema, vuelvo a decir, es que no se puede hacer un debate a retales, a trozos, porque el resultado final es un resultado en el que el objetivo que se dice mantener queda absolutamente desfigurado. El tercer eje de nuestra política fiscal en materia medioambiental es que debe encontrarse un equilibrio entre aquellas políticas ambientales que incentivan determinados comportamientos y aquellas que los desincentivan. Ustedes nos hacen una reflexión en su proposición de ley que es la siguiente: Quien contamina más paga más y quien contamina menos paga menos. Sin embargo, a la hora de plasmar ese tema, ustedes solo encuentran plasmación en su parte dispositiva en que quien contamina menos paga menos, pero no hay ni un solo apartado que diga cómo se expresa eso de que quien contamina más paga más. Además, me parece que ustedes han entendido mal esa máxima, que la confunden. Su planteamiento nos podría llevar a confundir el principio de que quien contamina paga por el de que quien se puede permitir el lujo de pagar tiene permiso para contaminar y contamina, y eso, sin duda, no puede ser abordado en esos términos. En todo caso, me quedaré con la parte positiva, y es que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque, como les digo, tenemos una posición radicalmente contraria tanto a su manera de abordar el impuesto sobre sociedades como a su manera de entender la fiscalidad ambiental. Pero, bueno, para eso está el debate, para discutir. Ahora la palabra la tiene el Partido Popular. Espero que no tenga miedo a reabrir ese debate en términos favorables y que vote a favor de Convergència i Unió —fíjense bien lo que les pido, que voten a favor de Convergència i Unió—, esto es, que vote a favor del derecho a poder discutir sobre este tema. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González Ramos.
Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta proposición de ley que hoy nos trae Convergència i Unió sobre la reforma del impuesto sobre sociedades para reponer la deducción por inversiones en la protección del medio ambiente, que hay que recordar que fue eliminada por la reforma fiscal del Gobierno. Contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, como expresión de la voluntad de llevar a cabo una reforma de esta figura tributaria de la fiscalidad ambiental. Apoyaríamos ciertas reducciones de cargas impositivas en las empresas si fuéramos construyendo a la vez una política fiscal que favoreciera una mayor sostenibilidad ambiental y un crecimiento eficiente en el uso de nuestros recursos naturales y fuéramos cumpliendo los objetivos que marca la estrategia 2020, que busca armonizar una recuperación y dinamización económica como la que debe lograr España con el cuidado del medio ambiente. La protección de nuestro entorno y la búsqueda de una mayor sensibilidad empresarial en su relación con el medio ambiente es un objetivo incuestionable y se convierte en uno de los grandes retos que tiene la sociedad española en un futuro inmediato. Como principio general, el Grupo Socialista defiende un sistema impositivo capaz de recaudar suficientes ingresos para financiar los servicios públicos del Estado del bienestar e impulsar el crecimiento económico, pero hay que recordar qué ha ocurrido en esta crisis. Primero, los ingresos públicos han caído mucho, más de seis puntos, situándose muy por debajo de la media de la zona euro; en ningún otro país de nuestro entorno se ha producido tal desplome de los ingresos. Segundo, España es uno de los países de la Unión Europea con menores ingresos respecto al PIB, como ya han dicho otros grupos. Concretamente, en 2013 España recaudaba el 37,5% del PIB frente al 46,6% de la zona euro. Con el nivel actual de recaudación es muy difícil reducir el elevado déficit estructural y la deuda pública y recuperar al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos que presta nuestro Estado del bienestar. Como tercera observación, el impuesto sobre sociedades, en términos de recaudación, ocupa el puesto decimoctavo de la Unión Europea, con el 2,2% del PIB en 2012. Los ingresos del impuesto sobre sociedades fueron de 18.713 millones de euros en 2014, con una reducción del 6,2 respecto al año anterior. Este impuesto ha pasado a ser la cuarta figura tributaria en términos de capacidad recaudatoria, por detrás de los impuestos especiales. La recomendación que hace la Comisión Europea es la reconsideración de las deducciones, que reducen la tributación efectiva de forma muy significativa y hacen que las pymes, a pesar de estar sujetas a un tipo más reducido, paguen un tipo efectivo más elevado que las grandes empresas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone una reforma fiscal profunda, completa y rigurosa, que afecte a las principales figuras impositivas, una reforma que persiga aumentar la recaudación de una forma justa, para acercarnos al promedio europeo, para garantizar el Estado del bienestar y, sobre todo, para corregir los principales desequilibrios, como la excesiva concentración de recaudación de las rentas del trabajo y la excesiva bondad del sistema tributario con los que acumulan grandes fortunas y con el sistema financiero. En el impuesto debatido hoy aquí, el impuesto sobre sociedades, nuestro objetivo, el del Grupo Parlamentario Socialista, es establecer una tributación mínima para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y a estabilizarla en el tiempo y reformar realmente la estructura del impuesto, eliminando y reconsiderando las deducciones que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones, reducen la tributación efectiva de forma muy significativa y hacen que las pymes, a pesar de estar sujetas a un tipo más reducido, paguen un tipo efectivo más elevado que las grandes empresas. Como principio general, España precisa una reforma tributaria profunda y sobre todo necesita impulsar el civismo fiscal. Es cuando menos dudoso calificar como reforma estructural la reciente reforma del impuesto sobre sociedades del Gobierno, siendo más bien una mera rebaja de tipos impositivos. Afirmar que la reforma recompone la base del tributo afectada por numerosas exenciones y deducciones de toda índole y a la vez prever un descenso de la recaudación constituye a nuestro juicio una contradicción insalvable de la reforma de esta figura impositiva. El propio Gobierno reconoce que la reforma aprobada supone una caída de la recaudación de unos 3.000 millones de euros, es decir, un regalo fiscal en toda regla a las grandes corporaciones, mientras que a los autónomos se les bajan parcialmente las retenciones que el propio Gobierno había subido, pero en modo alguno se les reducen los impuestos. La consecuencia será que el impuesto sobre sociedades en 2016 tenga el menor peso en el PIB desde comienzos de la crisis. Por consiguiente, es una política tremendamente injusta, que incrementa la brecha económica de nuestro país, que ya de por sí es grande y creciente, por la vía de transferir renta y bienestar de los trabajadores y de una parte importante de las rentas medias a las rentas altas y a las grandes corporaciones. La reforma del Gobierno se olvida de dos grandes elementos de progresividad: uno, incluir la riqueza; dos, la lucha contra el fraude. Sí, aquí en este último la lucha contra el fraude y la elusión fiscal son los grandes olvidados. Ello es así porque durante toda la legislatura la lucha contra el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno. En marzo de 2012, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, el Gobierno de Rajoy decidió una amnistía fiscal, ejecutada por el ministro Montoro. Las consecuencias de la amnistía fiscal son claras. Es un escándalo que un Gobierno en el siglo XXI lleve a un Parlamento democrático una ley que sea utilizada de pasarela para que los delincuentes de cuello blanco y evasores fiscales se puedan ir de rositas penal y fiscalmente. Lo verdaderamente grave y vergonzoso es que una ley aprobada en un Parlamento pueda servir para dar cobijo a delincuentes. Lo injusto es que los defraudadores pagasen como máximo el 3% de lo regularizado. La regeneración democrática que necesita nuestro país pasa, entre otras muchas cuestiones, por conocer los más de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía. Todo parece señalar que la amnistía fue diseñada para amigos y dirigentes del Partido Popular: Bárcenas, Rato. En conclusión, con la amnistía el Gobierno abrió una puerta a los defraudadores, una puerta que fue agrandando y ampliando a lo largo de todo el proceso. Aquí, en sede parlamentaria, hay que decir muy alto que es necesario conocer la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal. El Gobierno de Rajoy puede y debe hacerlo por decencia política y sin modificar la Ley General Tributaria, porque solamente tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 95, en su punto primero, apartado e), según el cual se pueden conocer los defraudadores a través de la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, comisión que el Grupo Parlamentario Socialista lleva solicitando desde 2012. El Grupo Parlamentario Popular tiene una oportunidad magnífica para apoyar la constitución de una comisión de investigación, porque con los Rato, con los Bárcenas, la amnistía fiscal de Rajoy, si ha demostrado algo, es que la cúpula del Partido Popular ha hecho de la política su negocio privado. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, me gustaría hacer alusión a las palabras manifestadas por el portavoz del Grupo Socialista desde esta tribuna, pues ha hecho una utilización absolutamente torticera de este Parlamento y eso supone un engaño a los ciudadanos. Ha hablado de una cuestión que no es la que estamos tratando en este momento y eso es un uso fraudulento, teniendo en cuenta que a lo que venimos a este Congreso es a trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos. [[Aplausos]] Entrando en la iniciativa que se ha traído, que desde luego no tiene nada que ver con las palabras que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, que luego se van a debatir en otro punto, el Grupo Parlamentario Popular se va a posicionar en contra de la iniciativa presentada por CiU por una cuestión de coherencia, obviamente, coherencia con una reforma fiscal que ha entrado en vigor, como todos ustedes saben, el pasado 1 de enero de 2015 y que ha supuesto una revisión sustancial de nuestro sistema tributario y en concreto de nuestra imposición directa tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades. Por eso, señorías, me gustaría recordar en esta tribuna cuáles fueron los objetivos de esa reforma, cuál fue el espíritu que la inspiró. La reforma fiscal del Gobierno, como dijimos en su momento, tiene un objetivo primordial y prioritario: conseguir consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Y por qué se ha planteado ahora esa reforma fiscal? Porque este Gobierno ha sido capaz de corregir la deriva de recesión económica y de destrucción masiva de puestos de trabajo a la que nos había abocado el Partido Socialista y lo ha conseguido con una política económica basada en una buena gestión de las cuentas públicas y en un proceso continuo de reformas que ha permitido que ahora sea el momento de poder bajar los impuestos a los ciudadanos y a las familias, ahora que lideramos el crecimiento económico y la creación de empleo dentro de la Unión Europea y ahora que España ha podido ponerse en pie gracias al esfuerzo de todos. En concreto, ¿qué cambios ha impulsado dentro de esa reforma fiscal el Gobierno en el impuesto sobre sociedades? El principal, que todos ustedes conocen y al que se ha hecho mención en esta tribuna, ha sido rebajar de manera sustancial el tipo nominal del impuesto sobre sociedades, que pasa a ser del 28% a partir del 1 de enero de 2015 y será del 25% a partir de 2016. De esta manera, hacemos más atractiva la actividad empresarial en España y situamos nuestros tipos impositivos por debajo del de nuestros principales socios comerciales, como Francia, Italia o Alemania. Al mismo tiempo, en ese contexto de reducción de tipos, el impuesto sobre sociedades se ha simplificado. Se ha simplificado eliminando deducciones fiscales que eran poco eficaces y poco eficientes para conseguir los objetivos para los que se plantearon esos incentivos fiscales. El impuesto sobre sociedades español antes de la reforma, como ya se ha comentado aquí, se caracterizaba por la existencia de unos tipos nominales elevados en relación con los países de nuestro entorno a la vez que unos tipos efectivos muy reducidos, sobre todo para aquellas empresas que lograban optimizar el conjunto de deducciones que se contemplaban en el impuesto sobre sociedades, que normalmente, señor portavoz del Grupo Socialista, eran los grandes grupos empresariales, que con el Gobierno socialista, como hemos denunciado desde esta tribuna en muchas ocasiones, llegaron a pagar cero impuestos en el impuesto sobre sociedades. ¡Y tienen la poca vergüenza de venir aquí a criticar la política fiscal de este Gobierno! Esta configuración era totalmente injusta e ineficiente y por eso la filosofía que ha inspirado esta reforma ha sido simplificar las deducciones fiscales al mismo tiempo que se disminuyen de manera importante los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, incentivando tanto la inversión doméstica como la inversión extranjera en nuestro país con tipos que son más competitivos en un contexto de creciente competencia internacional. En concreto, en ese contexto desaparece la deducción que hoy CiU propone volver a reimplantar: la deducción por inversiones medioambientales. El Grupo Parlamentario Popular no considera conveniente ni razonable volver a reponer esta deducción, en primer lugar, porque España, como saben, forma parte de la estrategia europea en materia de medio ambiente, dentro del nuevo marco climático y energético para el periodo 2020-2030, y esa estrategia ha sido también comprometida por el Gobierno de España. Y ello implica unas exigencias cada vez mayores en materia de medio ambiente, por lo que no resulta necesario incentivar fiscalmente comportamientos que en un futuro no muy lejano van a ser obligatorios para todos los agentes económicos. En segundo lugar, entendemos que el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de nuestros recursos es un objetivo que todos compartimos en esta Cámara —como ya han manifestado muchos portavoces—, pero pensamos que deben ser otro tipo de incentivos y otro tipo de políticas los que deben guiar este tipo de actuaciones, porque el uso de incentivos fiscales como herramienta para modificar determinados comportamientos poco respetuosos con el medio ambiente no siempre resulta eficaz, y los incentivos fiscales, señorías, encuentran su principal justificación en la existencia de desequilibrios que existen en el mercado, y deben basarse en principios de neutralidad en el comportamiento de los agentes económicos. Por otro lado el uso de incentivos fiscales para favorecer este tipo de inversiones medioambientales ha estado tradicionalmente en entredicho, debido principalmente a que los datos demuestran que el efecto multiplicador y beneficioso de esas inversiones no suele compensar la reducción de ingresos tributarios que esas deducciones producen, porque según los datos del ejercicio 2014, por ponerles un ejemplo, esta deducción afecta tan solo a 298 contribuyentes, además por un importe de 12 millones de euros, lo que en la estructura del impuesto sobre sociedades solo supone un 0,4% del total de beneficios fiscales del mismo. Ahora bien el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no renuncian a impulsar iniciativas que incentiven un uso adecuado y un uso sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Nos parece adecuado —y algunos portavoces lo han manifestado en la tribuna— que haya que abordar en el futuro una verdadera reforma de la fiscalidad ambiental, eliminando la gran variedad de tributos de las comunidades autónomas y entidades locales, de tal manera que se incentiven comportamientos favorables al medio ambiente. Debería orientarse a la fijación de bases imponibles a partir de las emisiones potenciales de CO2, de tal manera que se garantice la neutralidad de nuestro sistema fiscal. Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta iniciativa, no porque no estemos de acuerdo con la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, que evidentemente lo estamos; no porque no seamos tan ecologistas como el que más, que evidentemente lo somos, pero entendemos que potenciar los usos respetuosos y sostenibles de nuestros recursos debe venir de la mano de otro tipo de políticas, como las que se están poniendo en marcha por el Gobierno de España, por ejemplo, con la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, para fomentar la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas en la conservación de nuestro patrimonio natural. Me gustaría hacer también dos consideraciones en relación con la fiscalidad de los gastos medioambientales, porque en la reforma del impuesto sobre sociedades se consideran deducibles los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, siempre que se ajusten a una serie de requisitos que se desarrollarán reglamentariamente. Por tanto no se eliminan del todo este tipo de incentivos para las inversiones o para las actuaciones medioambientales, e incluso el Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de introducir en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de montes algún tipo de incentivos fiscales, algún tipo de deducciones relacionadas con la inversión en nuestros montes, con la inversión forestal. Señorías, para concluir quisiera decir que el Gobierno tiene claro su compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural, y está impulsando iniciativas que promueven esa conservación, pero pensamos que resultan más eficaces otro tipo de políticas para lograr los objetivos que todos en esta Cámara compartimos, también el Grupo Parlamentario Popular, y que van mucho más allá de una deducción en el impuesto sobre sociedades. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Madrazo. PROPOSICIONES NO DE LEY: — DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO. [[Número de expediente 162/001211]]
Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre aprobación de la estrategia de gobierno abierto. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora González Veracruz.
Gracias, señora presidenta. Señorías, es un honor para mí como activista del gobierno abierto presentar hoy esta proposición no de ley sobre la estrategia nacional de gobierno abierto. Pero es también muy importante para mi grupo parlamentario, porque mi grupo cree que el ejercicio de la democracia tiene que ser necesariamente mejor, más fuerte y más maduro. Déjenme humildemente que diga que creo que este debate es muy importante para esta Cámara, la casa de la soberanía del pueblo. Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo cambiar las instituciones. En un momento crucial tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos están exigiendo. No digo nada nuevo cuando afirmo que España sufre la mayor crisis institucional desde la llegada de nuestra democracia. La desafección política es brutal. Los ciudadanos y las ciudadanas hablan de política ahí fuera, pero no se sienten representados por nosotros, por las personas a las que votan, y la verdad es que no me extraña; no me extraña que esto haya sido aún más grave y más intenso en estos últimos cuatro años por cómo ha desarrollado este Gobierno el ejercicio de la mayoría absoluta, cómo han cambiado un modelo de televisión pública, plural, a lo que estamos viendo ahora mismo, o cómo hacen del decreto-ley, un viernes tras otro, su forma de hacer política. Cuanto más se aleja el Gobierno de Rajoy de mejores prácticas democráticas, más necesario es que España asuma una estrategia de gobierno abierto. Es urgente y es necesario. Lo creemos muchos desde hace mucho tiempo, pero ahora si cabe aún más por el contexto que describo. Tenemos que construir entre todos una democracia más fuerte, una democracia mucho mejor donde juntos los ciudadanos y las ciudadanas contemos. Por eso hay que abordar a fondo las reformas urgentes. El Gobierno, las administraciones públicas, el Poder Legislativo y la política tienen que abrirse. No queda otra cosa que abrirse. Tenemos el deber de avanzar a la misma velocidad que lo hace la ciudadanía y la sociedad. Resulta que ahí hay ciudadanos empoderados que crean, que participan, que crecen conjuntamente, y los representantes de lo público tenemos que estar a esa altura y al nivel de lo que nos piden, que es en definitiva formar parte de la política y de la toma de decisiones. Y porque tenemos que abrirla, tenemos que repensar nuestras instituciones, y hoy hemos hablado aquí de la reforma del Reglamento de la Cámara. Tenemos que recuperar sin miedo la verdadera razón de ser de las administraciones, que es la vocación de servicio público, la atención a la ciudadanía. Y sinceramente la conexión cada día es más débil entre estas administraciones y la ciudadanía, algo que no nos podemos permitir. Si tenemos en cuenta la llegada de Internet, de las redes sociales, las iniciativas colaborativas de la ciudadanía cada vez más vinculadas a la política, es imprescindible y urgente que conectemos y que los ciudadanos colaboren también en esto que amamos, que es la política. Por todo esto es imprescindible impulsar la estrategia estatal de gobierno abierto. Me paro un minuto a definir, a preguntarnos qué es el gobierno abierto. Es una filosofía, es una manera diferente de ejercer el liderazgo político con la gente. Es lo que durante muchos años han hecho muchos alcaldes en sus municipios. Es lo que hizo desde la proximidad el que fue diputado y alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castel, con los presupuestos participativos, o cómo se lideró en su momento en Barcelona. Y también son aquellos pasos que se han dado en nuestro país como cuando, durante una de las etapas socialistas, se publicaron las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno, de esta Cámara y del Senado. Gobierno abierto es un gobierno cercano, un gobierno para y con la ciudadanía, que escucha y que no teme la participación de nadie. Gobierno abierto es empoderar a la ciudadanía y la rendición de cuentas de los políticos, de los gobiernos, de las administraciones. Es en definitiva transparencia, participación y colaboración, y sobre todo, señorías, el gobierno abierto es posible; lo lleva haciendo, ejerciendo y liderando Obama desde el año 2009. Además tenemos experiencias exitosas en nuestro país, más locales y más pequeñas, pero también muy representativas y pioneras como fue la liderada por Patxi López en Euskadi con la plataforma Irekia, y otras en Navarra, Extremadura o también Andalucía. Fue en 2011 con el Gobierno socialista cuando formamos parte de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, y donde asumimos y suscribimos la declaración del mismo; cuando se creó el proyecto Aporta de apertura de datos y de reutilización de los mismos del sector público. Pero hoy hay que correr más —y explicaba los motivos con anterioridad—, y por supuesto no vale con cubrir expedientes o con poner en marcha portales —que lo pueden parecer— que no son ni abiertos ni participativos ni transparentes, como es el portal de transparencia del Gobierno de Rajoy. También son insuficientes los planes de acción que ha presentado el Gobierno, porque, señorías del PP, el gobierno abierto no es el gobierno electrónico, es mucho más. Por cierto en el gobierno electrónico también han reducido y retrocedido puestos en participación y democracia electrónica en los cuatro años que ustedes están en el Gobierno. En definitiva para tener un gobierno abierto real hace falta transparencia de verdad; y transparencia no es un gesto cuando ustedes tienen casos de corrupción inexplicables; y transparencia no es un portal como el suyo que nada tiene que ver con un portal de transparencia, y en el que por cierto todavía no han publicado a más de doscientos altos cargos que por ley —por la Ley de Transparencia— tenían que tener sus declaraciones de bienes en ese mismo portal. Transparencia es transparencia activa y no pasiva. Defendemos la publicación y la publicidad activa, desde el punto de vista de que el derecho de los ciudadanos a la información es un derecho que no se cumple completamente en nuestro país. Transparencia y gobierno abierto real es una estrategia de apertura de datos, y es un portal de transparencia en condiciones, que no puede ser un mero repositorio de documentos. Y gobierno abierto es también participación y colaboración, para lo que es imprescindible una plataforma de gobierno abierto que va mucho más allá de lo que es el portal de transparencia, que es una plataforma en la que se pueda tener una gran conversación ciudadana con los poderes públicos, es decir, que se puedan evaluar los programas, las políticas y los servicios públicos, que se pueda participar en los Presupuestos Generales del Estado, que la ciudadanía pueda promover sus propias iniciativas, y que por supuesto se pueda tener interlocución con los cargos públicos, como algunos ya hacemos a título individual y por convicción. En definitiva no es una cosa puntual de responder un día a un correo electrónico o a una iniciativa; es incorporar todo el talento que existe en nuestra sociedad al desarrollo de las políticas públicas y del propio Estado. Son muchas las cosas que podría decir y poco el tiempo que tengo: planes de capacitación, lucha contra la brecha digital, cultura de la participación, pero sobre todo, y lo más importante y el mayor déficit que yo veo para el gobierno abierto en el siglo XXI en nuestro país, es el liderazgo político. Donde ha funcionado es porque ha habido liderazgo político desde la Presidencia del Gobierno: en Estados Unidos con Obama, en Euskadi con Patxi López, y aquí para que España esté a la vanguardia de los países democráticos es lo que necesitaríamos. Hoy hay muchas personas jóvenes escuchándonos en el Pleno...
Señora González, tiene que ir terminando.
Termino; un segundo. Hay muchas personas jóvenes escuchándonos en el Pleno del Congreso de los Diputados y seguro que a ellos les suena esto del software libre, la apertura de datos, y los formatos abiertos. Quizá a muchos de sus señorías todavía no les suene, pero los ciudadanos lo practican. Hay una nueva cultura de la participación que este Congreso tiene que analizar y que el Gobierno tiene que impulsar. Por eso pido su apoyo al resto de grupos, y con la poca esperanza que me queda al Partido Popular, porque entiendo que quien no sabe gobernar a día de hoy, con la calidad democrática que se le presupone, con mucha más dificultad va a entender lo que es el gobierno abierto. Pero aun así les pido que lo comprendan, que nos escuchen, y que nos sentemos a elaborar una verdadera estrategia de gobierno abierto que ponga a nuestro país en la vanguardia de la participación como se merece. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora González. Solo se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]] Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban.
Tengo cinco minutos, señora vicepresidenta, pero creo que me van a sobrar algunos, porque hoy no tengo especiales ganas de intervenir desde la tribuna. Con tanto escándalo Rato, eólicas, etcétera, que vamos viendo cada día se me ha quedado el cuerpo mal, y encima ahora tenemos que hablar de participación ciudadana. En fin, no sé, el cachondeo y la poca seriedad que está demostrando este país con las noticias que están apareciendo, espero que en algún momento cambie. [[El señor]] Me parece una iniciativa oportuna, y aunque creo que el Gobierno dio un paso importante con el portal de transparencia desde luego eso no es todo y es muy parcial, sobre todo con las posibilidades que da la tecnología hoy en día, y porque tiene que ser un proceso interactivo y un proceso de ida y vuelta, y a eso va la proposición del Grupo Socialista. Por una parte, lo que está hecho está bien, pero habrá que perfeccionarlo, el portal tiene que ser más flexible y más fácil a la hora de poder acceder a él y de localizar la información. Para eso el consejo que lo está supervisando debería ser escuchado, y aquellas medidas que a petición de los ciudadanos solicite al Gobierno que se implementen sean puestas en la práctica eficazmente en el tiempo más breve posible. Hoy en día un gobierno abierto exige mucho más que todo eso, exige la interacción con la ciudadanía, no solo que esta pueda recoger los datos, sino que haya un diálogo, que haya un feedback entre unos y otros. Por lo tanto deberíamos estar hablando efectivamente de plataformas de interacción, de rendición de cuentas, y conseguir una especie de espacio permanente de interacción entre la Administración —en este caso sería la Administración General del Estado, pero lo mismo se puede afirmar de otras administraciones, empezando por las comunidades autónomas— y la ciudadanía de manera que lleguemos a una gestión participada y corresponsable en la acción pública, donde sean los ganadores los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Con nuestra enmienda, un tanto prolija, hemos intentado desarrollar los puntos de la propuesta socialista, y así se ha entendido, y me parece que será aceptada con una pequeña modificación para precisar semánticamente un asunto. Sí necesitamos una plataforma para informar, para mostrar y coordinar las aportaciones ciudadanas, para impulsar el diálogo bidireccional, para que la ciudadanía pueda dirigirse a la Administración pública, tanto proponiendo iniciativas como expresándose sobre lo que proponga la Administración. La participación tiene que plasmarse en la definición de los programas y políticas públicos, en la evaluación de políticas y de la calidad de los servicios públicos, en la elaboración de disposiciones de carácter general, en promover iniciativas reglamentarias, en formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública, etcétera, que se abran para ellos. En ese sentido deben articularse una serie de procesos participativos a través de esa plataforma, y crearse una serie de estructuras. Eso es lo que hemos intentado exponer de manera esquemática —aunque no breve, porque era imposible— en nuestra enmienda, de manera que no se quede solo en afirmaciones genéricas, sino que se pida una dirección concreta y determinada sobre esa participación ciudadana a la hora de ponerla en práctica por parte del Gobierno. Dicho esto, se trata de una proposición no de ley, y aunque no se dice en nuestra enmienda porque no se trata de ello, también le sugeriría al Gobierno in voce que tuviera en cuenta algunas iniciativas que se están llevando a cabo, como por ejemplo la del Parlamento vasco. Esto es una proposición no de ley, quizá la aprobemos, ojalá, luego sabremos qué ha hecho el Gobierno, si la ha puesto en práctica, qué pasos ha dado, qué ha decidido, cómo lo va hacer, si lo contrastará con el Parlamento. En el Parlamento vasco, en relación con todas las mociones y proposiciones no de ley, cada tres meses el Gobierno está obligado a hacer un informe que se eleva por escrito con todos los pasos y los avances —o ningún avance— que haya hecho el Gobierno, de manera que también hay una comparecencia ante los responsables parlamentarios. Yo animaría al Gobierno —bueno, este ya lo doy por finiquitado, al próximo Gobierno— a que haga suya esa iniciativa para que este Parlamento verdaderamente sepa que los mandatos parlamentarios, que ya sabemos que no van al boletín y que no tienen fuerza legal, pero que sí tienen un mandato ético y político, son verdaderamente cumplidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esteban. Turno de fijación de posiciones, ¿Grupo Parlamentario Mixto? [[Pausa]] Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. Los instrumentos de transparencia creados o los que tenemos hoy son muy mejorables, y los de participación prácticamente inexistentes. Los tres principios básicos para cambiar el modelo de opacidad y poder hablar de gobierno abierto son: la transparencia en las actividades que realiza el Gobierno, el reconocimiento del derecho efectivo a la participación en la toma de decisiones, y el establecimiento de instrumentos de colaboración ciudadana en la implantación de las políticas públicas. Fíjense si hay camino por delante para recorrer. La consecuencia natural de abordar estas reformas sería que tendríamos una ciudadanía más crítica e implicada en el día a día de las tareas del Gobierno, además de que significaría contar con herramientas de lucha contra la corrupción, la discrecionalidad, y el mal uso de los fondos y los recursos públicos. Pero, ¿quién desea eso? Deberíamos desearlo todos nosotros, es decir, el Poder Legislativo, ya que somos los representantes de la soberanía y quienes ejercemos la labor de control del Ejecutivo; todos nosotros. Esto es, que de este Parlamento debería nacer el mandato que obligara al Gobierno a funcionar bajo la transparencia activa, la liberación de datos, y el libre acceso a la información pública. Al Poder Legislativo le interesa conocer —o debería interesarle— qué quieren los ciudadanos, qué opinan de las leyes que se tramitan y que se proponen, qué leyes quieren que se mejoren. Hablamos de la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración, las entidades, los organismos públicos y la ciudadanía, basada en la transparencia y orientada el establecimiento del llamado gobierno abierto. ¿Creen que es eso lo que ofrece este Gobierno con su portal de transparencia? En Compromís creemos que existe margen sustancial de mejora entre lo que hay y lo que debería o podría haber. Uno de los espacios en blanco es justamente el de la participación, y uno de los ejemplos a seguir podría ser, por ejemplo, el de la Casa Blanca. No hay más que mirar su web. Habilitar mecanismos para recibir propuestas, para dialogar, para que la gente pueda opinar sobre las leyes que se tramitan, todo ello no es ciencia ficción futurista; es bien sencillo y ocurre en países como Brasil o los Estados Unidos. ¿En qué medida tiene en cuenta este Gobierno a la ciudadanía en los procesos de decisión? ¿Con las encuestas, con el CIS? ¿Cómo puede un Gobierno justificar sus decisiones si no escucha las necesidades de los ciudadanos? Participar, colaborar, implicarse en los asuntos públicos son las maneras necesarias de relacionarse, y que han de cimentar los pilares de una democracia sólida en la que la gente se sienta a gusto, identificada y representada, pero para ello hace falta otra manera de gobernar, y seguramente otro Gobierno, uno que sepa escuchar y dialogar, y no este que solo sabe imponer y abusar de manera permanente de su mayoría parlamentaria: la tiranía de la mayoría que vemos todas las semanas en este Pleno, y que da la espalda a buena parte de la población; un Gobierno que no escucha nunca es un mal Gobierno, pero contarle todo esto a gente que gobierna semana tras semana a golpe de real decreto, que no dialoga, que rechaza sistemáticamente cualquier propuesta del resto de grupos, y que a veces incluso da ruedas de prensa desde una televisión, es intentar dialogar con un Gobierno que tiene miedo a la gente, a la pregunta o al diálogo, y que se encuentra más cómodo entre las sombras. Parece que tenga mucho que ocultar, como el mismo Gobierno de mi tierra, el de la Generalitat valenciana, con más de doce sentencias en su haber del Tribunal Superior de Justicia y alguna del Tribunal Supremo, que le condenan por no permitir el acceso a la información solicitada por nuestro grupo, por Compromís, y que sigue denegando la información una y otra vez. Por tanto votaremos a favor de esta propuesta y de cualquier otra que vaya en la dirección de abrir las instituciones a la participación y al control ciudadano, a la transparencia, a los formatos abiertos, y en definitiva a más democracia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque compartimos la importancia de estas ideas de ampliación y mejora de la calidad de la democracia, entre ellas la llamada de gobierno abierto. Nos parece bien que sea una cuestión que se discuta a fondo para ver qué desarrollos legislativos debe tener para que se concrete en algo de más calidad que lo que tenemos, que por cierto sigue siendo muy baja. Sobre esto sí quería hacer un par de comentarios. Me parece que no debemos dejarnos deslumbrar por la importancia de la tecnología, en concreto de la digital e Internet para mejorar la participación democrática si previamente no se mejoran otras condiciones sine qua non para que esa reforma y calidad de la democracia sean algo real, y no otra vez un mero deslumbramiento tecnológico. ¿Para qué queremos un portal de transparencia mucho mejor que el existente —que me parece un objetivo muy razonable y los hay en ayuntamientos y comunidades autónomas— si seguimos teniendo una ley electoral profundamente injusta, una ley electoral que no da igualdad de oportunidades o de participación en la política activa en España? Esto es así y se lo quiero decir al Grupo Socialista, que es quien presenta esto, porque ustedes no apoyan las propuestas de reforma de la Ley Electoral, lo cual es completamente incoherente, se lo tengo que decir con lealtad política. Mientras no exista la misma oportunidad para cualquier partido o agrupación de electores para presentarse a elecciones municipales, autonómicas y generales que para partidos ya existentes, estaremos hablando de una ficción, seguiremos teniendo un déficit de calidad democrática en lo que es una ley fundamental que hay que mejorar y reformar. Hasta ahora ustedes —me refiero al Grupo Socialista— no han estado por la labor, y quiero aprovechar para recordárselo porque yo espero que, igual que otras propuestas que han hecho —como la anterior sobre iniciativas legislativas populares—, vayan en esa dirección: que ustedes ahora sí se preocupan por mejorar una democracia que como digo es de muy deficiente calidad. Durante la tramitación de la Ley de Transparencia y de la Ley de Financiación de Partidos coincidimos en el voto con ustedes. Eso me parece que está muy bien, pero también me parece que tienen que ser más exigentes, porque son un grupo importante y potente para introducir determinado tipo de enmiendas o determinado tipo de orientación legislativa. La verdad es que la Ley de Transparencia que tenemos es absolutamente insuficiente. Sería gracioso que en un país donde la Ley de Protección de Datos es mucho más —ya se debatió durante la tramitación de esta ley— dura y determinante para la actividad política que la Ley de Transparencia siguiéramos haciendo pequeñas reformas que no van a la raíz de las cuestiones. Con la Ley de Financiación de Partidos ocurre exactamente igual. Si estamos hablando de gobierno abierto, es decir, de más calidad democrática, de más participación, nos tiene que preocupar ante todo una cuestión fundamental: la igualdad de oportunidades en la acción política. La Ley de Financiación de Partidos ha empeorado la igualdad de oportunidades en la financiación de las actividades políticas, porque en realidad consagra una mayor dependencia de subvenciones públicas, un trato determinado por parte de las entidades crediticias, y una mayor dificultad para conseguir financiación privada. Por lo tanto eso también hay que cambiarlo. También hay cosas que podemos hacer y que el Grupo Parlamentario Socialista hasta ahora no ha apoyado demasiado. Comparaba usted a Patxi López con Obama siendo favorable a Patxi López. En Estados Unidos y en otros países que son modelos —en esto, en otras cosas no, pero aquí sí— no solamente es obligatoria la publicación de las agendas de los congresistas, senadores e incluso del presidente de los Estados Unidos, que es pública —basta con entrar en la web de la Casa Blanca y cualquiera la puede ver—, es que incluso es ilegal usar correos privados para actividades públicas. Ustedes ni siquiera nos han apoyado cuando hemos pedido que sea obligatoria la publicación de nóminas y agendas de los diputados en la web del Congreso. Esto hay que hacerlo; por tanto les propongo cordialmente que se unan a esta insistencia nuestra para que de verdad estemos a la altura de lo que se hace en Estados Unidos y en otros países de los que tenemos, en esto, mucho que aprender. Finalmente creo que es importante que seamos coherentes en el conjunto de la acción política. ¿Queremos gobierno abierto? Estupendo. ¿Queremos más participación ciudadana? Estupendo, pero esto es incompatible con la corrupción. No comprendo que hayan presentado y conseguido que haya sido elegido presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que ha sido condenado —dos veces, además; primero por el Banco de España y después ratificado por la Audiencia Nacional— por el saqueo de Caja Sur. ¿Cómo es esto compatible con el gobierno abierto? ¿Cómo es esto compatible con una mayor participación ciudadana? No creamos que todo consiste en poner mejores páginas web. Hay que sacar imputados de las listas, hay que acabar con los aforamientos que significan privilegios judiciales y hay que acabar con todas estas distorsiones que tiene el sistema democrático español, que lo hacen tan deficiente y tan vulnerable a la corrupción como lo hacen esa Ley Electoral, esa mala Ley de Transparencia y esas leyes que están por encima de leyes fundamentales. En definitiva, votaremos a favor con mucho gusto y, si hubiera suerte, les acompañaremos en el trámite legislativo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Gracias, presidente. En primer lugar, querría felicitar al grupo proponente y, en concreto, a la compañera que ha defendido la iniciativa. Nos parece una buena iniciativa y vamos a votar de forma favorable a la misma. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, cualquier democracia avanzada debería funcionar necesariamente en forma de gobierno abierto. Al igual que en una democracia se regula el papel de la oposición, de la oposición que está aquí en esta Cámara o de la oposición en los ayuntamientos, también debería haber por ley una regulación de gobierno abierto y cualquier Gobierno debería estar obligado, repito, a funcionar de una determinada manera. Por tanto, es un debate oportuno porque estamos de lleno ante un nuevo paradigma social, donde ciudadanía, entidades, partidos políticos y cargos electos pueden interactuar en la planificación, en la génesis y en la evaluación de las políticas de gobierno de forma fluida. Es lo que llamamos, sí, gobierno abierto, un concepto al que se vinculan tres grandes principios: la transparencia, la participación y la colaboración. Hay que decir que gobierno abierto es mucho más que un portal de transparencia y mucho más que una correcta utilización de los dispositivos electrónicos. Gobierno abierto, señorías, es una actitud, una forma de hacer política; una forma democrática de hacer política y, posiblemente, si no se actúa como gobierno abierto, la calidad democrática se reduce, es menor. Por tanto, gobierno abierto, repito, es toda una actitud. España, señorías, sufre actualmente la mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia. No hay ninguna duda de que los continuos casos de corrupción —en algunas ocasiones surgen varios en una semana— no hacen más que agravar el estado de excepción en el que nos encontramos. La respuesta de los Gobiernos no puede ser ni incrementar la opacidad ni negar los signos evidentes de agotamiento de un sistema y de una forma de funcionar donde se toman decisiones contra la ciudadanía, contra los propios programas de los partidos que se han presentado a las elecciones y, evidentemente, en muchas ocasiones no sabemos quien las ha tomado, si los parlamentos, si los mercados, si la troika..., pero, en todo ese proceso, ¿dónde están los ciudadanos? Esa es una pregunta que, funcionando como gobierno abierto, nos tendríamos que responder muchos días de la semana. Sí, esas decisiones las toman a veces personas que se esconden detrás de un televisor de plasma, pero les puedo asegurar que eso es lo contrario a un gobierno abierto, absolutamente lo contrario. Y la respuesta ante la crisis institucional que estamos padeciendo solo puede ser una: más y mejor democracia. Más y mejor democracia, no leyes mordaza ni golpes de Código Penal. Esas tampoco son respuestas adecuadas a un funcionamiento como gobierno abierto. Y el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, sacó adelante en esta legislatura una Ley de Transparencia que algunos grupos políticos —todos, menos el Grupo Parlamentario Popular— calificaron de decepcionante e insuficiente. Por tanto la soledad del Partido Popular, que en estos momentos nos gobierna, para aprobar la Ley de Transparencia es también un dato a tener en cuenta. Evidentemente, estamos en una situación, en una legislatura, con un Gobierno que ha legislado una Ley de Transparencia pero que aún funciona de una forma opaca y un Gobierno golpeado como ningún otro, mucho y en mucho tiempo, por los temas de corrupción, algo que está creando enorme alarma social. Para acabar. He dicho antes que vamos a votar a favor. Necesitamos un gobierno abierto. Posiblemente, lo decía antes un orador, este Gobierno tal vez ya no es capaz, a estas alturas de la legislatura, de comportarse y de ser un gobierno abierto. Por eso la mejor medida que podemos tomar para tener un gobierno abierto, es cambiar de Gobierno. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Nuet. Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Paramo.
Gracias, presidente. Señorías, la proposición no de ley está totalmente en línea con la política que desde hace tiempo desarrolla el Gobierno de la Generalitat de Catalunya con el programa Govern obert, implementando la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También con las actuaciones impulsadas por el Govern, antes y después de la ley y en su marco, en gran número de municipios con sus portales de la transparencia. Está igualmente en línea con las corrientes de pensamiento más avanzadas en la materia. Por lo tanto el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] puede plantearse votar a favor si se introducen aportaciones clarificadoras encaminadas a poner de manifiesto el necesario respeto para las competencias propias de las comunidades autónomas. La proposición no de ley que estamos debatiendo está bien planteada; por lo tanto no se trataría tanto de modificar nada como de añadir una referencia al pluralismo institucional y territorial. Las tecnologías de la información y de la comunicación, por su potencialidad no se pueden convertir en amenaza para la necesaria autonomía, la diversidad y la identidad de las diferentes administraciones. Sobre todo no se puede quebrar la virtud de la proximidad; no se puede pretender alejar la interlocución del ciudadano. Es necesario mantener la idea de que quien pregunta, quien escucha y quien responde no está en manos, como pasa en las grandes corporaciones [[telefónicas, eléctricas y tantas otras]], de una máquina sino que atienden y responden personas próximas y conocedoras de su entorno inmediato. Este asunto en un Estado plurinacional cobra especial importancia y estamos por la transferencia, pero también estamos por la proximidad y por el respeto. Sería una deslealtad que el Gobierno central, abusando una vez más de su capacidad legislativa, impusiera un sistema que sirviera para anular el gran esfuerzo que desde hace años llevan a cabo los ayuntamientos [[pequeños, medianos y grandes]] y, cómo no, sería conveniente que cualquier administración territorial y estatal asumiera los principios de no interferencia en los esfuerzos de comunicación y de transparencia que están desarrollando ya. El Estado no puede aparecer como el vigilante supremo sobre las comunidades autónomas y sobre las administraciones locales. Ni como vigilante, como una especie de Gran Hermano, ni mucho menos como promotor de la idea, entre otras cosas porque la Administración General del Estado llega tarde, como ha pasado en tantos niveles de servicios a los ciudadanos, también en el ejercicio de la transparencia. Los principios que la presente proposición no de ley defiende son positivos, muy positivos, señorías; los compartimos, pero estamos preocupados. Motivos no nos han dado a lo largo de la presente legislatura, tanto por las competencias propias de Cataluña como por la necesaria autonomía municipal enmarcada por los acuerdos europeos al respecto, pero tampoco sería admisible continuar en la línea del actual Gobierno central en el sentido de invitar, entre comillas, obligando a las administraciones autonómica y local a utilizar soluciones tecnológicas de su titularidad: portales únicos, sistemas electrónicos de atención ciudadana, plataformas de contratación, sistemas de firma digital, etcétera, con la pérdida de autonomía, de capacidad de decisión y de visibilidad. Para completar bien la proposición no de ley, señorías, instamos al Grupo Parlamentario del PSOE a introducir una referencia, bien en el preámbulo o en la parte dispositiva, del tipo: sin perjuicio de las competencias autonómicas y con la colaboración de todas las administraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Paramo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
Gracias, señor presidente. Señorías, sin duda uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy día los responsables públicos es a una sociedad que demanda cada vez con mayor fuerza unos Gobiernos que respondan eficazmente a sus necesidades pero que además lo hagan de manera abierta y participativa. En ese sentido, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tomo la palabra, entendieron desde el minuto uno que la transparencia y la responsabilidad debían convertirse en los ejes fundamentales de su acción política. Quiero dejar claras dos premisas, que entiendo ciertas, antes de analizar o pasar a examinar las propuestas de la proposición que hoy nos presenta el Grupo Socialista. En primer lugar, señorías, he de decir que España forma parte desde 2012 de la iniciativa internacional del partenariado del gobierno abierto, junto con otros sesenta y tres países y, de acuerdo con la pertenencia a esa iniciativa, nuestro país dispone ya de dos planes de acción de gobierno abierto y aprobará en el 2016 el tercero. En el segundo de esos planes de acción de gobierno abierto se encuentran recogidos diez compromisos y, con el cumplimiento de esos compromisos, se podrá avanzar en el camino ya iniciado y además se podrá trabajar en nuevas áreas que permitan la consolidación del gobierno abierto en nuestro país. En segundo lugar, señorías, no es cierto en nuestra opinión que España esté en el vagón de cola en materia de gobierno abierto, y no es cierto porque, tanto en materia de administración electrónica como en índice de participación, España está por encima de la media mundial, está por encima de la media de su región y por encima de la media de su subregión. Además, si nos ceñimos a los indicadores específicos sobre transparencia e información del sector público, según los indicadores de la propia Unión Europea, el estado de datos abiertos y la reutilización de la información nos sitúa en segundo lugar europeo de open data, por delante de países como pueden ser Francia o Alemania. Dicho esto, ¿hay que seguir avanzando? Sí, sin duda, y por ello y en esa dirección se está trabajando, señorías. En cuanto a las medidas concretas que se plantean en la proposición, quiero adelantar que en España, con la vigencia de una serie de disposiciones normativas, se cubre la práctica totalidad de lo que allí se recoge o se pide. Me estoy refiriendo a la propia Ley de Transparencia, a la Ley sobre reutilización de la información del sector público o a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se ha hecho referencia, señora González, en su presentación a los pilares en los que se apoya un gobierno abierto, que son: transparencia —es verdad—, colaboración, participación y, para algún sector de la doctrina y algunos autores de reconocido prestigio, la rendición de cuentas. Me quiero detener en el primero de esos pilares, que es la transparencia; bienvenidos a reconocerla, porque desde este Gobierno se ha impulsado y estas Cortes han aprobado la primera Ley de Transparencia de la democracia española y, sin embargo, no contó con su apoyo. Saben sus señorías del Grupo Socialista que negociamos con ustedes la ley, que incorporamos buena parte de sus enmiendas y, sin embargo, a última hora decidieron no apoyarla. Ustedes sabrán sus razones, pero seguramente fue por razones partidistas o de oportunismo. Al amparo de la Ley de Transparencia se ha creado también, por primera vez en este país, un portal de transparencia, que tiene mucho que ver con el portal que usted pide en esa proposición no de ley y en el que se ha hecho un gran esfuerzo para aglutinar y agregar toda la información que la ley exige que la Administración General del Estado preste a los ciudadanos. El portal, por supuesto, no es cerrado, no es un proyecto terminado sino que está en permanente evolución y abierto a todas las mejoras que puedan llegar o que se entienda que son determinantes tanto por parte de los que mantienen el portal como por parte de la sociedad que quiera mejorarlo. Además de toda esa información, si el ciudadano no tiene suficiente con lo que allí tiene, tiene derecho a solicitar más información, y la Administración se la facilitará. De hecho, hasta este momento, más de 1.500 preguntas han sido planteadas por los ciudadanos y respondidas por la Administración. Eso ya supone una mayor participación de los ciudadanos, pero también la participación puede venir por otros canales. Un aspecto importante, a nuestro juicio, es la participación ciudadana en el proceso legislativo. En ese sentido, el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas amplia enormemente la participación ciudadana y la de los colectivos afectados en el proceso de elaboración de la normativa, como puede consultarse en el propio portal de transparencia, en la sección de normativa en elaboración. Otro ejemplo de mayor participación, al que creo que se ha hecho referencia esta tarde desde esta tribuna, es la modificación establecida para regular la iniciativa legislativa popular, permitiendo que la persona designada por la comisión promotora de la iniciativa pueda comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados competente en razón de la materia, previamente al debate de toma en consideración.Como digo, señorías, todo eso son avances, aunque queda mucho por hacer —es cierto—, pero esa es la línea en la que se está trabajando. Y si los pilares de un gobierno abierto son la transparencia, la colaboración, la participación y la rendición de cuentas, créanme que tanto este Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular están trabajando en eso.
Muchas gracias, señora Cortés. Tiene la palabra la señora González para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda.
Aceptamos la enmienda del PNV, pero con una transaccional muy concreta que haremos llegar a la Mesa.
Muy bien, señora González. Así se tendrá en cuenta en la votación. — DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA INTRODUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA FAMILIAR EN TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. [[Número de expediente 162/001205]]
Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Román.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los miembros de la organización Family Watch presentes en este hemiciclo para escuchar el debate de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Bienvenidos y gracias por esa lucha por mejorar las políticas de familia. Para mi grupo, la garantía de la protección de la familia ha sido y es un eje fundamental de acción. De hecho, en los últimos años ha impulsado diversas iniciativas a favor de esta institución. Decía el presidente Rajoy en el debate del estado de la nación de este año 2015 que es de justicia reconocer el papel de las familias y la dedicación de los padres porque están construyendo país y garantizando nuestro futuro. Señorías, la familia es la célula fundamental de la sociedad. La familia es el origen de nuestra sociedad y sin ella no sería posible el resto de instituciones sociales y políticas. Pero la familia es mucho más, porque todo lo que es importante para el desarrollo integral de la persona se transmite en el seno familiar, que juega un papel determinante y garante de la convivencia y de la cohesión social. La familia es el verdadero núcleo de solidaridad y apoyo básico frente a circunstancias difíciles como las que hemos vivido en los últimos años, pero no solo en estos años, sino en la historia de este país, de nuestra sociedad, este país y esta sociedad han sido sostenidos por la familia. Este relevante papel de la familia sigue siendo insustituible y por ello debe contar con la protección y el apoyo de los poderes públicos. Somos conscientes de que la familia es el presente, pero también es el futuro de nuestra sociedad. Es imprescindible reconocer, poner en valor y favorecer el papel de la familia en la sociedad, removiendo los obstáculos que impiden su pleno desarrollo y apoyándolas en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. Las familias asumen una responsabilidad irremplazable, contribuyen de forma decisiva al bienestar de las personas y de la sociedad. Para que la familia sea sostenible son necesarias medidas que la sostengan. Esta es una idea importante. Hay que aplicar medidas para la sostenibilidad de la familia, para la sostenibilidad de la sociedad. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es consciente de la valiosa contribución de la familia, por una parte, a todos los componentes de la familia, y por otra parte, a la sociedad, y considera que hay que fortalecer las políticas y programas dedicados a ella, como ha hecho el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular en estos años. El Gobierno de España, del Partido Popular, ha aprobado o elaborado en estos años reformas económicas dirigidas a la recuperación económica y a la creación de empleo como garantía del Estado del bienestar; ha elaborado informes sobre la situación socioeconómica de la familia espa; ha elaborado el Plan estratégico de infancia y adolescencia; el Plan nacional de acción de inclusión social; ha incrementado, por ejemplo, en 2015 el presupuesto a familia e infancia en un 20,5% respecto al año anterior. La política fiscal del Gobierno ha mejorado la tributación de las familias numerosas, personas con discapacidad y monoparentales, ha extendido la condición de familia numerosa mientras que uno de sus hijos tenga menos de veintiún años o veintiséis años si siguen estudiando, y actualmente, y dentro de la agenda social del Gobierno, ha anunciado que está elaborando, en diálogo con comunidades autónomas, con organizaciones de familias y con el tercer sector, el Plan integral de apoyo a la familia. Desde esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular ha impulsado proposiciones no de ley de protección de la familia numerosa, sobre empresas familiarmente responsables y ha apoyado también iniciativas de otros grupos, por ejemplo, la proposición no de ley sobre la protección jurídica, social y económica de las familias. Todo esto demuestra que la protección de la familia es un eje fundamental de la acción de gobierno del Partido Popular, de las ideas, de la ideología del Partido Popular. Las políticas del Partido Popular se centran en las personas y en la familia. Además, consideramos que la política de familia no es un agregado de políticas sociales, sino una auténtica política pública, que debe garantizar la transversalidad de la promoción y protección familiar en todas las actuaciones públicas. Como he tratado de argumentar en mi intervención, esta política es una prioridad en la agenda política del Grupo Popular y alcanza a todas las familias, insisto, a todas las familias, preferentemente a aquellas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad: familias numerosas, familias con personas con discapacidad y familias monoparentales. Creemos que hay que seguir implementando medidas de apoyo a esta institución, políticas transversales de apoyo a la familia. Esta transversalidad alcanza, por una parte, a las diferentes administraciones —a la local, a la autonómica, a la central del Estado— cada una en su ámbito competencial, y también esa perspectiva familiar hay que darla a todas las políticas de un Gobierno: a las políticas de empleo, de conciliación de la vida laboral y personal, de protección a la maternidad —hay que remover las dificultades que encuentra una mujer en el momento más bello de su vida, como es el de traer una nueva vida al mundo— políticas de consumo, de protección de los consumidores más vulnerables, políticas de pensiones, políticas de igualdad real entre hombres y mujeres, de protección contra la violencia del menor —fíjense en el acontecimiento tan desgraciado que ocurrió ayer en Cataluña—, la violencia de género, la violencia que se desarrolla a veces en el ámbito doméstico, políticas de discapacidad, políticas fiscales, educativas y sanitarias. Todas estas políticas tienen que verse desde una perspectiva de familia. Voy concluyendo. Creemos positivo y necesario que se introduzca un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulsa el Gobierno, que se incluya en la memoria normativa que acompaña a los proyectos de ley y reglamentos la valoración del impacto de los mismos sobre la familia, un análisis previo de cómo afectará a la familia la nueva legislación, igual que se evalúan desde el punto de vista económico, medioambiental o de género los diferentes proyectos legislativos en la actualidad. Señor presidente, concluyo apelando al consenso y pidiendo el apoyo a esta proposición no de ley. Las políticas fundamentales en una sociedad trascienden de los mandatos legislativos. El apoyo a la familia es una de esas políticas importantes que debe trascender en los tiempos y debe contar con un amplio apoyo en la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados. [[Aplausos]]
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa, por lo que vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. Señor Salvador.
Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño por cuestión de brevedad. Permítame, señor presidente, empezar esta muy breve intervención enviando en nombre de mi partido y en el mío propio un abrazo sincero a la familia y a los amigos del profesor Abel Martínez Oliva. Y también quisiera mostrar mi solidaridad y la de mi partido y todo nuestro apoyo a la comunidad educativa del colegio Joan Fuster de Barcelona. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para en este debate sobre la familia, sobre iniciativas del partido que apoya al Gobierno para orientar las políticas públicas hacia la perspectiva de la familia, recordar el drama humanitario que estos días se vive con horror en el Mediterráneo oriental. Hablamos de cientos de muertos. Decimos que son nuestros hermanos, personas como nosotros que por distintas necesidades y obligaciones rompen sus vínculos de origen familiar y nacional y arriesgan su vida precisamente para aspirar a vivir seguramente en familia y tener proyectos vitales con más libertad y paz que los que están sufriendo en sus propios países. Para ellos también quiero tener un recuerdo. Mi partido y yo damos la bienvenida a las políticas públicas inspiradas en la perspectiva familiar porque creemos en ellas, pero también es una necesidad. No soy ningún experto, pero los sociólogos coinciden en el hecho objetivo de la importancia de la familia como institución —lo ha dicho muy bien el portavoz—, pero también en la necesidad de promover urgentemente unas condiciones distintas. No me digan cuáles porque tampoco tendría tiempo para describirlas, pero sí para combatir lo que algunos han llamado —algo que viene— el invierno demográfico. Como digo, saludo la proposición del Grupo Popular, que en este caso pide al Congreso que inste al Gobierno a introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas para que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos, y únicamente quisiera hacer no dos recomendaciones, pero sí dos sugerencias. Una de ellas, como dice la exposición de motivos, que aprueben sin más dilación un plan de apoyo a la familia, como ya tienen en vigor comunidades como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y que lo haga con urgencia. En segundo lugar, pretenden introducir un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos. Pues bien, yo les diría que no pongan el contador a cero; no lo hagamos a partir de los proyectos que vayan a venir, sino que aprovechemos o implantemos esta perspectiva en aquellos proyectos, en aquellas proposiciones que ya estamos viendo en esta Cámara y que tienen abiertos plazos de tramitación de enmiendas, en las que estoy seguro podremos incluir esta nueva perspectiva. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Salvador. Señor Baldoví.
Muchas gracias, señor presidente. No puede faltar, como no podía ser de otra manera cerca del periodo electoral, una nueva iniciativa del Grupo Popular vacua y populista como ella sola, una iniciativa con la que el Grupo Popular se convierte nuevamente en palmero del Gobierno. Hablemos de familia. En España tener hijos para mucha gente es ser sencillamente un héroe o una heroína. No hay escuelas infantiles públicas de cero a tres años, por lo que muchas personas tienen que elegir entre criar o trabajar. No las hay porque se paralizó el plan de creación de plazas de escuelas infantiles públicas. Ello, sumado a lo reducida que es la baja maternal, nos lleva a un panorama ciertamente desolador. Cuando superan los tres años, el coste de libros escolares, comedores y autobuses es elevado, por lo que cuando se integran en la etapa educativa estos costes se suman. Los horarios escolares nada tienen que ver con los horarios laborales de la gran mayoría y, gracias a este Gobierno, la posibilidad de reducir la jornada y adaptarla al horario escolar ya no es posible, pues su reforma laboral limitó la reducción de jornada por cuidado de hijos. Pueden empezar, si se aprueba, como se aprobará previsiblemente, adaptando esta legislación a la familia. La baja maternal es muy pequeña y la paternal una anécdota. La ampliación a cuatro semanas es otra de sus promesas incumplidas; más trabajo, cinco veces retrasada y la nueva fecha es 2016. Así que venir aquí a sacar pecho en cuanto a ayudas a la familia, ¡qué quieren que les diga! A los hechos me remito, la natalidad desciende y las muertes superan ya a los nacimientos, y son datos concluyentes. La gente no tiene hijos o tiene menos de los que desearía, porque ser héroe no es fácil. La familia no es un concepto abstracto que puedan ustedes venir aquí y decir que la van a proteger. La familia son padres con permisos de paternidad muy ridículos; la familia son madres que han de dejar sus trabajos para cuidar a sus hijos; madres solteras y padres solteros que han de contar con los abuelos para sostener la economía familiar y seguir criando. También son familia esos que han sido desahuciados y aún deben dinero al banco, gracias a su negativa a aprobar la dación en pago. También son familia los niños que no tienen para pagar los libros escolares. También son familia los que cada vez en mayor número han de acudir a los comedores de caridad, gracias a su política de desigualdad. Quizás esas no sean las familias en las que ustedes estaban pensando, porque para ustedes son invisibles, pero son familias, familias en mayúsculas, héroes y heroínas a los que este Gobierno da la espalda una y otra vez. Por tanto, no nos vengan con buenas intenciones y no nos hagan perder el tiempo, y legislen de una vez por todas para las personas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para manifestar que nuestro voto será favorable a esta iniciativa, no porque tengamos ganas de apoyarla, sino porque no podemos votar otra cosa, puesto que compartimos el contenido de su parte dispositiva, que, por otra parte, no es más que una enorme obviedad. Pero, aparte de esta circunstancial coincidencia, no queremos ni debemos dar carta de naturaleza a la banalización y a la interesada instrumentalización que en su parte expositiva hacen de un elemento tan importante para la cohesión social y para el desarrollo pleno de las personas en sus vertientes individual y social como es la familia. En la proposición de ley, no en su discurso, brilla por su ausencia, salvo en un lacónico apunte contenido en el párrafo primero, el papel que la familia desempeña en la sociedad actual, ni una palabra sobre los porqués, sobre los valores que representa, sobre los motivos que les han impulsado a formularla, probablemente porque en el momento en que la redactaron eran inconfesables. Es verdad que su discurso ha matizado de alguna manera lo expuesto en la parte dispositiva. Señorías, su iniciativa destila autobombo y autocomplacencia y transparenta una clara voluntad de utilizar a la familia, una vez más, como arma arrojadiza, entiendo que con un descarado interés electoral, preferentemente además contra el grupo mayoritario de la oposición en su labor en este ámbito en los períodos de gobierno socialista. Mientras, esperan que el resto de los grupos parlamentarios hagamos de palmeros de su superficial canto al sol y su teórico alegato a favor de ella. Pues, no, señorías. Con el Grupo Vasco no cuenten. No les vamos a hacer la ola. Votaremos favorablemente, pero no les vamos a hacer la ola. Se encontrarán, además, de frente con nuestra denuncia en todas y cada una de las ocasiones en las que pretendan instrumentalizar populistamente cuestiones tan esenciales como esta. No, no lo vamos a consentir, porque la familia en nuestra sociedad es una institución básica que resulta fundamental por la importancia de las funciones que desempeña y que tienen que ver con la socialización, la proyección y la ayuda mutua, la transmisión de pautas de comportamiento, valores, tradiciones y un largo etcétera, que por falta de tiempo no citaré, máxime cuando los cambios sociales, económicos y laborales de las últimas décadas han afectado profundamente a esta institución que ha tenido que evolucionar y redefinirse para cumplir sus funciones y, al mismo tiempo, seguir siendo un ámbito de realización personal para sus miembros. Fruto de estos cambios, han surgido distintas formas de organización familiar. A la familia tradicional se suman las monoparentales, las numerosas, las reconstituidas, las que tienen niños en acogida, las adoptantes, aquellos cuyos progenitores son personas del mismo sexo, las interculturales. Todas y cada una de ellas, frente a lo que opinan algunos sectores de la sociedad española, deben ser reconocidas y apoyadas tanto por la sociedad como por el conjunto de las instituciones, porque lo esencial y lo fundamental es que cumplan sus funciones básicas, que lo hagan con calidad y calidez —creo que se lo he dicho en otra ocasión— y que las relaciones que en ellas se desarrollen se basen, sobre todo, en el respeto y en el afecto. Además, en estos momentos de crisis, la familia ha acentuado su condición de reducto de protección, de ayuda incondicional a sus miembros más débiles, debiendo cubrir en demasiadas ocasiones los enormes agujeros que sus Gobiernos, los Gobiernos populares, han horadado en los pilares del Estado del bienestar y además combatir los perversos efectos que sus recortes neoliberales han causado a las personas que la integran. Muy al contrario, señorías, siendo conscientes de que la actual crisis no es solo económica, sino también cultural y de valores, debemos —y me reitero— poner en valor que en el seno de las familias se están fortaleciendo y transmitiendo a las futuras generaciones los valores de solidaridad, sacrificio y esfuerzo, frente a la cultura del pelotazo, del éxito fácil y de la corrupción que han imperado en determinadas políticas y frente a la absoluta falta del más mínimo comportamiento ético de una parte importante de los miembros de estos Gobiernos populares que se empeñan en defender. Además, su iniciativa nos parece absolutamente inoportuna en esta sesión de hoy, en una sesión en mi opinión oscura, en la opinión de mi grupo, negra, como la de hoy. Es como si quisieran blanquear con esta pueril iniciativa esa capa oscura que la corrupción que les afecta ha extendido sobre su hacer político. A mí también me resulta bastante curioso —se ha señalado aquí— que no hayan tenido tiempo en más de los tres años transcurridos de esta legislatura para defenderla ante esta Cámara. Prácticamente estamos concluyéndola. Una vez más, ha llegado tarde y mal. Asimismo, me resulta muy duro que haya que instarle a un Gobierno como el del Estado a que aplique las políticas de familia de forma transversal. El tema canta bastante. Lo que les diría es que no se crezcan porque se les ha visto demasiado la oreja. Estamos a un mes y medio escaso de las municipales y recurrentemente vienen estos temas por aquí. Para concluir, nos encontrarán siempre en el debate leal de todas aquellas iniciativas que pongan en valor a la familia como elemento catalizador de lo mejor del ser humano, como motor de crecimiento para toda la sociedad. Esta, desgraciadamente, parece responder a intereses de otra índole que en ningún caso vamos a aplaudir. En cualquier caso, votaremos favorablemente. Creo de verdad que han perdido una extraordinaria ocasión para dedicar el amplio cupo del que disponen para defender una iniciativa de mayor profundidad, de mayor valor añadido. Es todo lo que tenía que decirles.
Muchas gracias, señora Sánchez Robles. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Lleonart.
Gracias, señor presidente. Señores del Grupo Popular, señor Román, vayamos a los datos para generar un contexto en el que se entienda por qué desde nuestro grupo consideramos que la propuesta que hoy nos traen a la Cámara realmente no se preocupa por lo que ustedes dicen: la familia. Durante los años de Gobierno del PP, según datos el Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España, se han producido en este país cerca de un cuarto de millón de desahucios. ¿A cuántas familias se ha dejado en la calle según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según las encuestas de población activa, la tasa de desempleo se ha situado en torno al 24,43% de media, perdiendo más de medio millón de población activa por el camino. ¿A cuántos padres o madres de familia, que son el único sustento de las mismas, se ha dejado sin trabajo según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según un informe de Save the Children en 2014, nos hemos encontrado con que más del 38% de los españoles llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad. Desde 2007 se ha duplicado el número de familias que no recibe renta o subsidio alguno. Son cerca de 2 millones de hogares. La pobreza severa, aquella que sufren las familias que reciben menos de 300 euros al mes afecta, ni más ni menos, que a 3 millones de personas y a un 12% de españoles. En 2014 había casi 3 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; el 24% de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza, uno de cada cuatro. Y el 46 % de los niños que conviven en familias monoparentales viven en riesgo de pobreza, casi la mitad de los niños en esta situación. ¿Cuántas familias, cuántos niños se encuentran en riesgo de exclusión según estos datos, señoría? No podemos hablar de familia sin hablar de desahucios, generación de empleo, pobreza infantil y conciliación laboral. Se ha debatido en esta Cámara en muchas ocasiones. Nosotros, desde UPyD hemos traído iniciativas para frenar los desahucios e impulsar segundas oportunidades. De hecho, fue la primera iniciativa al respecto que se debatió en esta Cámara en 2012 con el voto en contra del PP. Hemos propuesto una simplificación de contratos que permita, entre otras cosas, cambiar de puesto de trabajo manteniendo la antigüedad, asegurando indemnizaciones en caso de despido, que también defendimos desde UPyD en 2012 y también obtuvo el voto en contra del PP. E, incluso, en 2014 presentamos una PNL para acabar con la pobreza infantil y el riesgo de exclusión, en la que además pedíamos que se valorase de forma previa el impacto que las medidas legislativas pudieran tener en la pobreza y el bienestar de niños y niñas, a la que también se opusieron desde el Partido Popular. Siempre que desde Unión Progreso y Democracia hemos traído a esta Cámara medidas para ayudar a las familias españolas nos hemos encontrado, en su caso, con el más absoluto rechazo o la más absoluta condescendencia, prometiendo que harían algo que nunca han hecho. ¿Por qué no hablamos también de la conciliación? Puede que a ustedes el concepto no les resulte ajeno, pero desde luego que a la mayoría de las familias españolas sí, no por lo que significa, sino porque está fuera de la realidad el que se aplique a sus vidas. Para que una familia pueda mantenerse hoy en día, con el bajo nivel de los salarios existentes, los miembros de la misma tienen que trabajar en horarios que para nada contemplan que puedan hacerse cargo de sus hijos. ¿Qué tipo de preocupación por la familia es esa, señoría? Pero sigamos generando contexto, por favor. Respóndame señoría: familia, ¿cuál es el concepto de familia que tiene el Partido Popular? ¿El católico, apostólico y romano? ¿De qué habla el PP cuando habla de familia? ¿Heterosexuales casados por la Iglesia o a través del Registro Civil o ayuntamientos? ¿Y qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa con el matrimonio homosexual? Sí, matrimonio, aquel que ustedes llevaron hasta el Constitucional para impedir iguales derechos a iguales supuestos. ¿Y qué pasa con las lesbianas que quieren tener hijos mediante reproducción asistida utilizando el Sistema Nacional de Salud y no pueden acceder porque los requisitos las excluyen, como se ha visto en este fin de semana en los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las dificultades legislativas para ser familias adoptantes en este país? ¿Y qué pasa en este país cuando una familia tiene que afrontar situaciones con personas dependientes? Como ve, señorías, nos surgen muchísimas dudas que nos gustaría que fueran aclaradas antes de decirles cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Necesitamos saber si por familias se refieren a todas las recogidas por el actual ordenamiento jurídico español o, por el contrario, hablamos de una concepción familiar que obedece solo a cuestiones ideológicas del Partido Popular, y necesitaríamos también que se trajese a esta Cámara el compromiso de un acompañamiento presupuestario que demuestre realmente que sus preocupaciones van acompañadas de una apuesta real por las familias españolas. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
Gracias, señor presidente. Pues sí, señorías, efectivamente, llegaron las elecciones y todo se precipita, se vuelve urgente, se retoma la pantomima de que el grupo que sostiene al Gobierno inste al mismo a que cumpla con su obligación y legisle o haga normas que ayuden o mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay que explicarlo bien y despacito para que los ciudadanos y las ciudadanas salgan de su asombro y empiecen a entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, lo voy a repetir, el Grupo del Partido Popular pide al Gobierno del Partido Popular que legisle para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, cuando tanto unos como otros, unos en el Parlamento y otros en el Ejecutivo, se han hartado de tomar medidas para recortar y socavar derechos y servicios que afectan al bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, de las familias. Podría calificarlo de kafkiano, pero, como ustedes sienten una cierta aversión por la cultura, vamos a dejarlo en que el Partido Popular simplemente pretende reírse en la cara de la sociedad española. [[La señora]] Han pasado casi cuatro años y, cual Saulo caído del caballo, el Grupo del Partido Popular descubre la luz de un Plan integral de apoyo a la familia que casualmente elaboró un Gobierno popular en 2001. ¡Han tenido tiempo para descubrirlo, señorías! Descubre igualmente que durante el mandato socialista este plan no tuvo continuidad, y de ahí los males que nos acechan. Vamos, ustedes reiteran el: y tú más, pero no han sido capaces de ponerlo en marcha ni de hablar de ello hasta ahora. Y, mientras tanto, señorías, las desigualdades han crecido en nuestro país de forma alarmante durante esta legislatura, sobre todo para las familias, que han sufrido el acoso y derribo de sus políticas restrictivas, los desahucios y sus consecuencias, dramáticas siempre y en algunas ocasiones las muertes provocadas por ellas. Todo ello constituye una vergüenza auténtica para el país. El sistema sanitario y el educativo están en franco retroceso, las políticas sociales recortadas y los pocos avances en la consecución del Estado del bienestar prácticamente desaparecidos. La pobreza infantil avanza imparable, la juventud emigra en busca de un futuro fuera de nuestras fronteras. Sufrimos porcentajes de exclusión social desconocidos hasta el momento, las políticas destinadas a la igualdad entre hombres y mujeres tienen su pálido reflejo en un papel y casi nulo en presupuesto. Y las reformas que ustedes han introducido, la última sobre la interrupción voluntaria del embarazo, constituyen además un retroceso más en lo que les estamos diciendo. Desde esta tribuna mi grupo ha denunciado una y otra vez la pobreza laboral, miles de personas que aun trabajando no llegan a fin de mes, y que afecta a las familias, por no hablar de la pobreza energética, que también, ¡qué casualidad!, afecta a las familias. ¿Y saben lo que han hecho ustedes ante estas iniciativas? Votar en contra, mirar hacia otro lado o manifestar que ya estaban haciendo lo que se les demandaba aunque era simplemente mentira. La única verdad, señorías, señorías del Grupo Popular, es que ustedes se apresuraron a rescatar a las entidades financieras, a recortar presupuestos destinados a políticas sociales, a continuar con reformas laborales aún más lesivas para los trabajadores y las trabajadoras y consecuentemente para las familias de este país. Ustedes van a dejar un país a todas las familias, tengamos el concepto de familia que tengamos —algunos de ustedes no lo tienen claro—, en estado catatónico, y ahora vienen y nos piden apoyo para instar al Gobierno a lo siguiente que cito textualmente: Introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos e introducir un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulse el Ejecutivo. Estupendo, señorías; tarde pero estupendo; nos parece genial. ¿Quién se puede negar a votar semejante generalidad, aunque en nuestro caso pensemos que son ustedes maestros en el arte de no decir nada para luego hacer menos? Les recuerdo algo, ustedes aprobaron y aceptaron el impacto de género y tampoco lo cumplen en muchísimas ocasiones, señorías. No hemos presentado enmiendas, señorías. Ni queremos ni podemos ser cómplices de tanta iniquidad. Imaginamos la indignación de miles de familias cuando se enteren de semejante propuesta que tiene solamente como objetivo, señorías del Partido Popular, recuperar un voto que se les está yendo. Nos vamos a abstener por lo que he dicho anteriormente, aunque el cuerpo —de verdad, señorías— a mi grupo nos pide votar en contra. Y lo vamos a hacer porque hemos demostrado —nosotros sí— que creemos en las políticas integrales...
Señora García Álvarez.
Termino ya, señora presidenta. ... y porque estamos convencidos de que serán otros, seremos otros desde la izquierda, quienes pongamos en marcha aquellas políticas integrales que hemos defendido en esta legislatura y en legislaturas anteriores. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora García Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Campuzano.
Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme los diputados del Grupo Popular que mi grupo sea escéptico sobre el contenido de su iniciativa. Quizás planteada en el inicio de la legislatura tendría valor político porque permitiría comprometer a toda la Cámara en esos objetivos, pero planteada cuando a la legislatura le quedan meses de vida inevitablemente nos parece más un ejercicio —legítimo, por otro lado— de propaganda política del Grupo Popular que una voluntad de desarrollar una política sólida de familia en esta legislatura. Es más, cuando de nuevo desde la tribuna los portavoces del Grupo Popular nos anuncian ese plan de familia, acabando ya el mes de abril y a pocos meses de terminar la legislatura, menos credibilidad le podemos dar a ese plan. Es evidente que si el Gobierno lo llegase a aprobar no lo podría poner en marcha. Por tanto, compartiendo buena parte de la retórica sobre el valor y la importancia de la familia en nuestra sociedad y compartiendo la necesidad de políticas públicas orientadas a la familia, hoy mi grupo no puede aplaudir ni apoyar esta iniciativa del Grupo Popular porque entre otras cosas estaríamos legitimando una política que, efectivamente, a pesar de aquello que nos ha contado el portavoz del Grupo Popular, no ha estado orientada a apoyar a las familias. Algunos de los portavoces le han citado esas realidades y yo voy a poner el acento en algunas de ellas. Veo sentada a la señora Ciuró, que ha sido promotora en esta legislatura de la ampliación de los permisos de paternidad, siguiendo la estela y los compromisos que la señora Pigem había alcanzado en legislaturas precedentes con la anterior mayoría. Ha pasado la legislatura y esa ampliación de uno de los instrumentos que en el resto de Europa permiten mejorar las políticas de apoyo a la familia, que son permisos más amplios para que los hombres nos comprometamos en nuestras responsabilidades familiares, continúa sin desarrollarse, y eso es política de familia. Si me lo permiten, yo mismo he defendido desde esta tribuna lo que en el resto de Europa conforma un núcleo duro de las políticas de apoyo a la familia, que es una prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo de carácter universal. La mayoría del Grupo Popular ha votado en contra de esa iniciativa, que, insisto, va en la línea de aquello que Gobiernos de centro derecha y centro izquierda promocionan en el resto de Europa. Asimismo, respecto a uno de los principales instrumentos en términos de servicio a las familias, que es una red de apoyo para aquellas familias con niños de cero a tres años, el Gobierno del Partido Popular ha liquidado el denominado Plan Educa, que permitía financiar no solo la cobertura de cero a tres años, sino también la parte no obligatoria del sistema educativo de tres a seis años. Podemos compartir la retórica. Es más, yo creo que hoy la retórica sobre la familia entendida en el sentido amplio, plural, que incorpora muchas realidades de las familias —a ellas ha hecho referencia la portavoz del Grupo Vasco— no forma parte ya de la discusión entre escaños de un lado u otro lado del hemiciclo. El reto, señores del Grupo Popular, es saber qué políticas son eficaces para ayudar a que las familias puedan cuidar de sus hijos, qué políticas son eficaces para que las familias puedan tener los hijos que desean, qué políticas son ineficaces para ayudar a aquellas familias en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad, qué políticas son eficaces para reducir el riesgo de pobreza infantil, y no hemos podido discutir sobre esas políticas porque el Gobierno ha decidido renunciar a ellas. Como les decía, lamentándolo mucho, mi grupo no va a votar favorablemente esta iniciativa. Ojalá a quienes les toque estar en esta Cámara en la próxima legislatura sean capaces de pasar de la retórica a la política de verdad en esta materia. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Domínguez.
Muchas gracias, señora presidenta. A mi grupo tampoco deja de indignarle, que no sorprenderle, el cinismo del Grupo Popular cuando trae este tipo de iniciativas a la Cámara: instar al Gobierno a introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas y en los proyectos legislativos. El señor Román lo sabe, esto es algo que ya anunció en febrero de 2012 la señora Mato, y además dijo que lo estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué informes? ¿Qué perspectivas? ¿De qué familias? ¿Saben acaso ustedes que existen distintos tipos y lo que en unas impacta positivamente puede hacerlo negativamente en otras? Por ejemplo, la amnistía fiscal. Seguro que a la familia del señor Rato le ha parecido muy bien, pero a la mayoría de las familias de este país no creo que les haya parecido estupendo. [[Aplausos]] Igual no quiso referirse a esas otras familias de las que aquí han hablado otros grupos —siento repetirme—: a las familias monoparentales, a las extensas, a esos abuelos que tienen que cargar con hijos y con nietos con una pequeña pensión, a una familia con todos sus miembros en paro y sin prestación. Ese mismo mes, en febrero de 2012, nos anunció aquí un plan de familia que también han anunciado después los dos secretarios de Estado que ha habido y el nuevo ministro en el mes de enero, recién nombrado, que vino a esta Cámara a contárnoslo. ¿Dónde está ese plan? ¿Ya tienen ustedes presupuesto? ¿Salen aquí sin sonrojarse a defender a la familia o a las familias, señor Román? Eso es lo que nos tienen que decir. Parece que aún no se han enterado de que no hay una familia, como usted ha hablado continuamente aquí, una familia como al parecer usted la concibe, como un modelo vertical y autocrático. Salen aquí después de reunirse ayer con una asociación que nos merece todos los respetos y con la que nos hemos reunido otros grupos, ¿para qué? ¿Para, escondiéndose detrás de las asociaciones, hacerse ustedes perdonar los tres años y medio que llevan en el Gobierno castigando a las familias españolas, a las clases medidas y a las clases trabajadoras? Eso es lo que ustedes hacen. Salen aquí sin sonrojarse y tenemos que soportar que nos hablen —después de la desigualdad que han generado, con más de 728.000 hogares en los que no entra ningún ingreso— de defensa de las familias. Los casi tres millones de desempleados sin ninguna prestación serán familia de alguien, señor Román, digo yo. Señorías del PP, hay casi 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro y salen a hablar de lo que hablan aquí... Ustedes protegen a la familia mientras castigan a las familias [[Aplausos]], mientras castigan a las personas, mientras castigan a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que son los verdaderos titulares de manera subjetiva de los derechos y de los deberes. Desde esa perspectiva, ¿acaso pensaron cómo iba a afectar su reforma laboral a la familia de un trabajador mayor de cincuenta años despedido por su reforma? ¿O cómo iba a afectar a los proyectos vitales de tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que han salido por ese exilio económico y que han tenido que dejar aquí a sus parejas y a sus hijos e hijas? ¿Acaso han pensado cómo ha afectado el que ustedes hayan eliminado la Seguridad Social de las cuidadoras, madres e hijas en muchos casos, y además les hayan reducido la prestación por cuidar a sus dependientes? ¿Eso son familias? ¿Les preocupan a ustedes las familias? ¿Y la eliminación de ayudas y becas en educación? ¿Pensaron acaso en los mayores y sus familias cuando eliminaron de un plumazo casi 500 medicamentos de la financiación pública e impusieron además copagos y repagos? ¿Con qué perspectiva miran ustedes la eliminación de presupuestos contra la violencia de género y cómo esto afecta a tantas mujeres, a sus hijos, a sus familias, a esta sociedad? [[Aplausos]] Díganme en qué beneficia a las familias de este país eliminar el acceso a la reproducción asistida a las familias compuestas solo por mujeres. ¡Ah, ya! Es que estaban pensando en las otras, eso es lo que pasa de verdad. No me digan que no pensaron en cómo afectaría a los siete millones de hogares que hay en España en situación de pobreza energética su subida de la luz, de gas, del IVA, del IBI, su nefasta política fiscal. ¿Pensaron en las familias que han perdido su hogar porque ustedes lo vendieron a un fondo buitre? Solo pretenden descargar su responsabilidad; a falta de Estado —que es lo que a ustedes les gusta—, a falta de políticas públicas...
Señora Pérez Domínguez, tiene que finalizar.
Voy acabando.
No, acabe.
... derechos subjetivos, de servicios públicos de calidad, que las familias carguen con la tarea de cohesionar y sostener lo que ustedes han destruido. Para muestra, un botón. Esta es la familia que les preocupa: Valdemoro [[muestra un gráfico]], un municipio de Madrid. Todas, todas estas contrataciones son familiares: el marido, la mujer, el cuñado, el primo... [[Aplausos]]
Señora Pérez Domínguez, tiene que finalizar.
Por no hablarles de Extremadura, donde lo primero era el empleo de la familia del presidente del Parlamento, del presidente Monago y de alguna que otra consejera o alcaldesa. [[Aplausos]]
Señora Pérez, ha finalizado su tiempo.
Esas son las familias a las que usted... [[Aplausos]]
Señora Pérez, ha finalizado su tiempo. Gracias. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES: — DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL DESARROLLO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SUS FUNCIONES DE AUXILIO JUDICIAL EN LAS CAUSAS QUE AFECTAN AL PARTIDO POPULAR. [[Número de expediente 173/000204]]
Mociones consecuencia de interpelación. Como les dije, vamos a ver una moción en la tarde de hoy, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el desarrollo por la Agencia Tributaria de sus funciones de auxilio judicial en las causas que afectan al Partido Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Saura. [[Rumores]] Silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señorías, los escándalos sucesivos en la Hacienda pública española dañan al sistema democrático español, a sus instituciones y también a la conciencia fiscal. El último tiene que ver con el hecho de que el expresidente económico del Gobierno de Aznar haya reconocido que defraudó a Hacienda una vez que se acogió a la amnistía fiscal, y muy probablemente defraudó también cuando fue ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente económico del Gobierno. Ante dichos escándalos en la Hacienda pública española y ante la nula reacción del Gobierno de España este Parlamento no puede mirar para otro lado, este Parlamento tiene que tomar decisiones y eso es lo que el Grupo Parlamentario Socialista trae esta tarde aquí, a la Cámara: una reprobación del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por los continuos escándalos que se están produciendo en la Hacienda pública española. Las razones pueden ser variadas, pueden ser múltiples, pero nos gustaría centrarlas en tres razones de peso. La primera tiene que ver con el hecho de que el Gobierno no quiere publicar, oculta, el nombre de los 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Señorías, su publicación va a ser imparable a tenor del consenso amplio, mayoritario, en la oposición, es decir de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Su publicación va a ser imparable. Esta mañana un alto cargo del Gobierno de España, de manera frívola, ha dicho que la información de que dispone el Gobierno, la información de que dispone la Agencia Tributaria es la repera patatera. Una expresión frívola, a mi juicio, y que no se puede pronunciar en un Parlamento como este. Los ciudadanos, que están pagando más impuestos que nunca en la historia de la democracia, tienen que escuchar esa información, y nos preguntamos, si tienen tanta información, cómo es posible que no se puedan conocer los nombres de los 30.000 defraudadores convictos y confesos de la amnistía fiscal. [[Aplausos]] Por tanto, lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que esa lista de la vergüenza, esa lista de los 30.000 defraudadores se haga pública. ¿Por qué razones queremos que se haga pública? En primer lugar porque no habrá una auténtica regeneración democrática en nuestro país hasta que no conozcamos esa lista de defraudadores. Y en segundo lugar porque la publicación de la lista es la mayor garantía de que nunca jamás se va a hacer otra amnistía fiscal en nuestro país. Es la mayor vacuna de la sociedad española para que no se vuelva a aprobar una amnistía fiscal en un Parlamento democrático. Por esas dos razones queremos que se publique la lista de defraudadores. Y planteamos una doble vía. La primera es la aprobación de una comisión de investigación parlamentaria. Esa es una vía, como pone de manifiesto la Ley General Tributaria en su artículo 95. Otra vía es modificando el artículo 95. Esta semana ha entrado en la Cámara el proyecto de modificación de la Ley General Tributaria. Pues planteemos una enmienda para modificar el artículo 95 que incluya la publicación de esta lista. No hay problemas de retroactividad en la norma, el Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro, ha expresado que solo sería inconstitucional en el caso de aprobar una sanción con efectos retroactivos, y publicar esta lista no es una sanción, es transparencia, es publicidad, es apostar por la regeneración democrática. Luego no hay ningún problema; es más, de acuerdo con esas tesis que dicen que habría un problema de retroactividad, el propio Gobierno en la modificación de la Ley General Tributaria estaría incurriendo en esa cuestión porque está hablando de defraudadores en sentencia firme, es decir de hechos que pasaron anteriormente a la aprobación de la norma. O está hablando de los morosos. Es el mismo caso; nosotros estamos hablando aquí de defraudadores convictos y confesos, luego no hay ningún problema desde el punto de vista legal. Además hay un contrasentido, el Gobierno quiere que se publique no solamente la lista de los defraudadores, quiere que se publique la lista de los morosos. Es decir, vamos a saber la lista de los morosos que tienen problemas de tesorería y no se va a saber el nombre de los 30.000 defraudadores que, como digo, son convictos y confesos. [[Aplausos]] Esa es la primera razón, la razón más importante para avanzar en la democracia, para sostener las instituciones democráticas; está en juego nada más y nada menos que eso, no está en juego una mayoría parlamentaria, señorías, no está en juego un Gobierno, están en juego las instituciones democráticas, la democracia. Por eso es importante que se publique esta lista porque, de lo contrario, la sociedad española no nos lo va a perdonar, no perdonaría que el Parlamento hoy votara en contra de publicar esa lista, la lista de la vergüenza. En segundo lugar, creemos que se han utilizado las instituciones en beneficio del PP, como ha sido el caso de la obstrucción a la justicia por parte de la Agencia Tributaria, de la dirección política de la Agencia Tributaria, para que el Partido Popular no fuera condenado por delito fiscal. Y, finalmente, la tercera razón que argumentamos para esta reprobación es esa amnistía fiscal, que ha sido injusta, que es un viaje a las tinieblas, que es indecente y que además es una amnistía fiscal innecesaria, poco eficaz, porque hay otros instrumentos —lo dicen los propios inspectores de la Hacienda pública— para haber recaudado 1.200 millones de euros cuando se habían presupuestado 2.000 millones de euros. Muchísimas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Saura. Se ha presentado una enmienda, del Grupo de Unión Progreso y Democracia, y para su defensa tiene la palabra el señor Anchuelo.
Gracias, señora presidenta. En la moción socialista se abordan dos cuestiones principales: la primera tiene que ver con el papel de la Agencia Tributaria en las funciones de auxilio judicial en casos que afectan particularmente al Partido Popular y en especial el caso Bárcenas-caja B del PP. En este país ya nos hemos acostumbrado a cualquier cosa, nuestro umbral de tolerancia es muy alto, pero si no tuviésemos ese umbral de tolerancia tan alto nos habríamos quedado sorprendidos por dos actuaciones inauditas de la Agencia Tributaria en el caso Bárcenas. La primera tiene que ver con la doctrina fiscal tan peculiar de la Agencia Tributaria que nos enseñó que las donaciones, aunque sean ilegales, aunque sean de empresarios que se pueden estar beneficiando de contratas públicas, están exentas; es decir, tienen derecho a un beneficio fiscal aunque sean ilegales. Esto no tiene sentido y por eso Unión Progreso y Democracia pidió a la Dirección General de Tributos un informe, hicimos una consulta sobre si esto tenía sentido. Quiero resaltarlo porque se ha hablado mucho de este informe de la Dirección General de Tributos pero se ha olvidado de dónde proviene. Y la Dirección General de Tributos dijo lo que parece lógico, que las donaciones, para estar exentas, tienen que ser legales y tienen que dedicarse a fines propios del partido. La segunda actuación inaudita es cuando el juez pide un informe, que se realicen nuevos cálculos y la Agencia Tributaria en un primer momento se niega a atender el requerimiento del juez. Son actuaciones verdaderamente inauditas que solo cabe entender que no hayan tenido mayores consecuencias políticas por el alto umbral de tolerancia que tenemos ya en nuestro país con este tipo de cuestiones. El segundo asunto que se trata en la moción socialista tiene que ver con la amnistía fiscal y su concreción en el caso específico de las últimas semanas, en el caso Rato. Sobre el caso Rato quiero recordar algo importante: hoy todo el mundo se rasga las vestiduras por el caso Rato, pero si no fuese porque hay un caso Bankia abierto en la Audiencia Nacional por UPyD, el señor Rato, en vez de rendir cuentas a la justicia, estaría disfrutando tranquilamente de las pingües rentas de sus diversos consejos de administración. Eso es importante recordarlo hoy. Pero el caso Rato es un caso particular de un problema más amplio, la amnistía fiscal. Hoy muchos se rasgan las vestiduras: ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando de la amnistía fiscal el señor Rato?, ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando el señor Pujol?, ¿quién podía pensar que se estaba beneficiando el señor Bárcenas? Podía pensarlo cualquiera que se hubiese molestado en estudiar la amnistía fiscal cuando se puso en marcha. Lean en el «Diario de Sesiones» las intervenciones de los diferentes grupos de la oposición, incluido el mío. Lean lo que dijeron los inspectores de Hacienda. ¿Qué dijeron? Que la amnistía fiscal, además de ser un error porque deterioraba la conciencia fiscal de los españoles, permitía regularizar efectivo y, al permitirlo, facilitaba el blanqueo de capitales. Eso iba a hacer que en los casos de corrupción, incluidos los de corrupción política, hubiese personas que se acogiesen a la amnistía. Es decir, no es mala suerte; lo que ha sucedido son las consecuencias lógicas de las malas políticas que se han aplicado. Por eso creemos que tiene todo el sentido pedir la reprobación del señor Montoro —por cierto, debería haber comparecido esta mañana en vez de enviar al director de la Agencia Tributaria para que actuase como escudo—; tiene sentido pedir su reprobación por los hechos que he relatado con anterioridad. Hay otra cuestión importante que se aborda en la moción. Hay un conflicto entre el derecho a la confidencialidad de los datos tributarios y el derecho que tienen los ciudadanos a saber si hay cargos públicos que han defraudado al fisco o si hay candidatos a las elecciones autonómicas, locales o generales que han defraudado al fisco o han incurrido en blanqueo de capitales. Por eso creemos que tiene sentido hacer públicos estos datos, porque hay un conflicto de intereses y el secreto tributario no puede prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a saber, entre otras cosas, si están votando a candidatos que han incurrido en blanqueo de capitales. Nuestra enmienda quiere complementar lo que pide el Grupo Socialista en el sentido de que se investigue de forma sistemática el origen de los fondos de las 29.000 personas acogidas a la amnistía fiscal y no solo de los setecientos y pico de la lista corta, algo que UPyD ha pedido en el pasado y que conviene reiterar en este momento. Nuestro voto, en cualquier caso, será sí, dado que esta moción va en la línea de propuestas anteriores presentadas por nuestro grupo. Gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Anchuelo. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Enbeita.
Gracias, señora presidenta. Señorías, a estas alturas es innegable que la última amnistía fiscal aprobada en el Estado español ha sido un escándalo. Y digo la última porque es cierto que no es la primera vez que se aprueba algo así, antes de la amnistía fiscal de 2012 hubo otras dos: una en 1984, cuando era ministro el señor Miguel Boyer, y otra en 1991. En ninguno de esos casos se han dado a conocer los nombres de las personas amnistiadas o la procedencia del dinero aflorado. Esta vez, sin embargo, es más que una sospecha a estas alturas que políticos y cargos públicos se han acogido a ella. Lejos de dar ejemplo o de cumplir lo que sus ministerios han pedido a la ciudadanía en su día, parece que los cargos se han utilizado para librarse de pagar a Hacienda y para engordar cuentas propias. Pero todo esto lo estamos descubriendo gracias a la prensa o gracias a ciertos jueces que se han atrevido a mover los billetes. Y si nos aferramos a los datos, señorías, los números son potentes: 40.000 millones de euros aflorados, más de 31.000 personas no contribuyentes y 1.200 millones de euros para las arcas públicas. Si comparamos lo aflorado con lo retenido por Hacienda, está más que claro quienes salieron ganando. Es fácil concluir que la amnistía fiscal, una vez más, sirvió solo para quedar bien con los de siempre, con los que no sufren ni la crisis ni el paro ni nada de nada. Soltaron un poco de calderilla para poder blanquear millones y millones. Hacienda dijo en su día que investigaría a 700 amnistiados y, entre ellos, hemos oído hablar de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Fernando Martín, Josep Pujol, Oleguer Pujol, Diego Torres, etcétera. Y claro, claro que se debería saber la lista completa, por eso queremos apoyar esta moción, pero no solo esta lista. Puestos a esto, también estaría bien saber qué pasa con la lista Falciani, qué pasa con las empresas del Ibex 35 que tienen sus sedes en paraísos fiscales o qué pasa con las Sicav. Hay demasiadas listas aquí por descubrir, pero claro, igual que todos los caminos conducen a Roma, la mayoría de estas listas nos conducen al mismo sitio, al establishment, a los de siempre y al partido que gobierna en el Estado español. Pero no solo con saber los nombres solucionaremos el problema, porque se supone que con la amnistía muchos se han quedado libres de los cargos imputables por delitos fiscales, así que el origen del problema es al final el mismo sistema. La evasión fiscal no es algo que hay que solucionar, si se quiere, se puede evitar. Conseguir una política fiscal donde paguen más los que más tienen, al contrario de lo que se hace ahora, sería a lo mejor una buena manera de empezar. El sistema tributario actual permite engañar, evadir, no pagar, robar, corromper. Claro, todo esto no se lo permite a la ciudadanía, pero sí a los que viajan a Suiza o a Andorra cada vez que se les llena el billetero. Así, cada equis años se les concede una amnistía fiscal, mientras el resto paga multas por cada céntimo que se le escapa en su declaración de la renta. ¿Qué habrán pensado los cientos de ciudadanos y ciudadanas que aun estando en paro han tenido que devolver dinero a Hacienda en su declaración o los pequeños autónomos cuando han escuchado las noticias sobre Rodrigo Rato? Es como si ustedes mismos invitaran a la gente a no pagar y a defraudar. Total, sale gratis. Por último, señorías, ¿qué quieren que les digamos nosotros sobre la reprobación del señor Montoro que se pide en esta moción? No seremos nosotros los que vayamos a decir lo que tienen que hacer ustedes con su ministro de Hacienda, pero siguiendo el principio del entorno que nos enseñó el magistrado tan querido por algunos aquí, Baltasar Garzón, Montoro debería ser por lo menos no sé si imputado, pero sí preguntado, porque para entornos el suyo, lleno de evasores fiscales, defraudadores y detenidos por corrupción. Menos mal que es ministro de Hacienda, porque si lo fuera de alguna otra cosa...
Gracias, señora Enbeita. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.
Señora presidenta, señorías, el contexto político en el que se presenta esta moción está crispado y alimentado por la realidad de la corrupción, una corrupción que afecta sobremanera al Gobierno y al Partido Popular y que conlleva el hartazgo de unos ciudadanos que ven cómo roban con descaro muchos responsables políticos y además en ocasiones salen indemnes de la situación. Frente a las montañas de corrupción, que afectan fundamentalmente al Partido Popular —pero no solo, porque hay otros casos, por ejemplo, los ERE andaluces—, muchos ciudadanos están soportando los rigores de una crisis profunda: la tasa de paro está aún por encima del 20 % y del 50 % en el caso de los jóvenes. Mientras unos muchos sufren, otros roban o pueden regularizar su situación fiscal a un precio irrisorio. No es de extrañar que este contexto enturbie la cosa política y se esté produciendo una recomposición del mapa político. La primera prueba la tendremos dentro de un mes con las elecciones autonómicas y municipales. Tras una larga lista que cada vez cuesta más memorizar —Gürtel, Nóos, Bárcenas, Matas, los ERE, Púnica, etcétera—, ahora viene a sumarse el exvicepresidente Rodrigo Rato, y los ciudadanos se preguntan: ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuántos más hay? ¿Quiénes son? Nosotros queremos que se sepa de una vez para que se pueda limpiar todo esto de raíz. Son preguntas y aspiraciones todas ellas legítimas y razonables y que requieren una respuesta clara, contundente y sobre todo creíble por parte del Gobierno. Los ciudadanos deben saber la verdad de lo que está pasando. Si para ello hay que cambiar la ley, cámbiese. Si hoy la legislación no lo permite, adaptemos la legislación tributaria para que los ciudadanos podamos conocer quiénes han defraudado. Mi grupo apuesta por la transparencia y por que se conozca el nombre de los defraudadores. En este contexto turbulento, el juez Ruz hizo un requerimiento de información a la Agencia Tributaria relativo al Partido Popular, que al parecer se la envió una vez conocida la información y filtrada por el gabinete del señor ministro de Hacienda, una irregularidad, señores del Grupo Popular, y una práctica nada recomendable actualmente para el Gobierno. Y todo ello para tratar de ocultar el delito fiscal cometido por el Partido Popular de defraudar a Hacienda 220.000 euros. ¿Existe responsabilidad política en dicho comportamiento? En nuestra opinión, sí. No se ha procedido respetando la independencia de la Agencia Tributaria, como hubiera sido deseable. Por otra parte, se solicita también en la moción la reprobación del señor Montoro a la vista de los resultados de la amnistía fiscal, una amnistía que ha permitido acogerse, entre otros, al señor Bárcenas y al señor Rato. No es cuestión de esconderse ahora. En su momento, cuando se planteó la amnistía, ya nos manifestamos frontalmente en contra. No era ético; se penalizaba a los que regularmente pagan los impuestos frente a los defraudadores. Es lógico que los defraudadores y demás sinvergüenzas, que no han tenido vergüenza alguna para engañar al fisco, es decir, a los ciudadanos, se acojan a una amnistía pagando solo el 3 % en lugar del 56 % más la correspondiente multa y sanción. Frente a este escándalo, el Gobierno solo dice que han aflorado bases imponibles que a partir de ahora tributarán. Sí, ¿pero a qué precio? Y sobre todo, ¿a qué precio ético? Aparte de los 30.000 amnistiados, ha salido la lista de los 750 jueces, políticos y no sabemos quiénes más enviada al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la que hemos conocido la implicación del señor Rodrigo Rato. En cualquier país democrático, señores del Grupo Popular, la décima parte del asunto Rato habría sido un escándalo de enormes dimensiones. En el caso del estado español es una gota más; una gota gorda, sí, pero una gota más que se suma a los montones de gotas de corrupción existentes. ¿Está justificada, por tanto, la reprobación? Quizá tendría que haber dimitido no el ministro de Hacienda, sino todo el Gobierno, y no ahora, sino hace mucho tiempo porque motivos hay y sobrados. Por infinitamente menos motivos el Partido Popular pidió la dimisión en el Parlamento vasco de la directora de EiTB o la reprobación del consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Josu Erkoreka, haciendo de la reprobación un tema menor. Nosotros pensamos que reprobar a un ministro es un tema muy serio y que hay que aislarlo de cualquier batalla electoral, aunque sé que en estos momentos es difícil hacerlo.
Señor Azpiazu.
Termino, señora presidenta. Tampoco deseamos que se visualice nuestra posición política situándonos en el bando de la reprobación que pretende capitalizar el Grupo Socialista. Pero por lo argumentado, por el nivel de corrupción que brota día sí y día también, en especial desde las filas del Partido Popular, y siendo honestos con nuestros planteamientos, no podemos quedarnos al margen del debate de la reprobación, reprobación al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al señor Montoro, pero que debería trasladarse —insisto— al Gobierno.
Señor Azpiazu.
Dentro de un mes los ciudadanos tendrán la posibilidad de manifestarse en las urnas con plena libertad. Veremos lo que deciden. Por eso, por estar fundamentalmente en contra de la corrupción generalizada en el seno del Partido Popular, del proceso de amnistía llevado a cabo, votaremos a favor de la moción del Grupo Socialista, que solicita la reprobación del ministro. Muchas gracias.
Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Gracias, señora presidenta. Señorías, si hoy al cantar el gallo había motivos de sobra para la reprobación del señor Montoro, en estos momentos, cuando ya comienza a ponerse el sol, estas razones se multiplican, porque hoy ha sucedido algo importante: otro acto de desprecio del ministro señor Montoro a esta Cámara. Durante años hemos sufrido al señor Montoro y su política fiscal: incumplimiento reiterado de sus promesas electorales y políticas fiscales injustas. Sobre todo hemos visto al ministro Montoro impulsar y ejecutar una amnistía fiscal que desde el primer momento se sabía que iba a deteriorar la conciencia fiscal del país e iba a servir para que evasores, defraudadores y algunos supuestos —después confirmados— delincuentes se pudieran salir de rositas. Durante estos años hemos asistido a la instrumentalización política por parte del señor Montoro de la Agencia Tributaria, y si no lo ha hecho más ha sido porque la profesionalidad de los empleados públicos de la Agencia Tributaria no se lo ha permitido, no por ganas. Hemos asistido al vergonzoso espectáculo de ver al señor Montoro lanzando desde ese asiento veladas y en algunos casos evidentes y constantes amenazas a diputados, partidos políticos, medios de comunicación, periodistas y artistas, con la clara voluntad de hacerlos callar, de hacernos callar. Veladas amenazas que partían de la ostentación de conocer datos de la Agencia Tributaria, esos que, según él, en estos momentos no puede difundir porque forman parte de la confidencialidad de los datos de la Agencia Tributaria. Hemos comprobado hoy una vez más el desprecio del señor Montoro a esta Cámara. Siendo como era obligatoria su comparecencia por razones democráticas, no lo ha hecho y ha enviado al director general de la Agencia Tributaria, que lo que nos ha dicho es lo que ya sabemos, que la Agencia Tributaria tiene unos muy buenos profesionales; sí, tan buenos profesionales como mala dirección política. Nos ha dicho lo que ya sabemos, que, según él, la amnistía fiscal fue una maravilla; nosotros sabemos que fue exactamente lo contrario, y los hechos lo están demostrando. Teníamos algunas preguntas para formularle al señor Montoro y, como no nos ha dado la oportunidad, se las formulamos en estos momentos, por si alguien se las quiere transferir. El señor Montoro aprobó una amnistía fiscal en su momento, que claramente —se lo dijimos en la Cámara— iba a beneficiar a determinados sectores de la sociedad. Desde el principio, algunos en esta Cámara le dijimos que era una amnistía fiscal a la carta, casi como una oferta personalizada de amnistía fiscal. Hoy el señor Montoro tiene la obligación de decirnos y de explicarnos si al aprobar la amnistía fiscal sabía que entre sus futuros beneficiarios iban a estar amigos íntimos suyos, compañeros de gabinete, compañeros del Partido Popular. Debe explicarle a esta Cámara cuándo supo que algunos de esos dirigentes, el señor Rato, por ejemplo, se iba a beneficiar de esa amnistía fiscal. Tiene esa obligación ante nosotros, una obligación democrática. El señor Montoro ha utilizada reiteradamente, ha instrumentalizado el cargo en beneficio partidista; lo ha hecho cuando ha obstaculizado la labor de los tribunales, lo ha hecho también cuando, aprovechando la aparición del escándalo Pujol y su familia, decidió comparecer y decidió que en aquella ocasión sí podía hablar de un caso particular, el del señor Pujol, en aquel caso resultaba que no se vulneraba la confidencialidad y sí podía hablar; en cambio, cuando se trata de alguien como el señor Rato, no. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir, ni mi grupo ni yo somos sospechosos de distinguir a los evasores fiscales en función de la bandera que ostentan o de la patria de la que se enorgullecen; en definitiva, son solo eso, evasores fiscales. El señor Montoro ha instrumentalizado en beneficio propio y partidista sus funciones como ministro de Hacienda; lo demostró en la comparecencia en relación con el señor Pujol y lo ha demostrado hoy no compareciendo cuando se le pedían explicaciones en relación con el señor Rato. Esas razones son de sobra suficientes para su reprobación, pero hoy se añade otra, y es que el señor Montoro se quiere volver a burlar de los ciudadanos de este país. Dice que no da información sobre los morosos, no da información sobre los que han sido condenados por fraude fiscal porque se lo impide el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Señor Coscubiela.
Es posible que sea cierto, tan cierto como que ese artículo y esa ley la aprobó el Partido Popular durante el Gobierno del señor Aznar y tan cierto como que, si quiere, puede. Por eso termino diciendo lo mismo que he dicho esta mañana al Partido Popular y al Gobierno; si de verdad son ustedes sinceros diciendo que quieren dar transparencia y publicidad a los morosos fiscales y a los defraudadores fiscales condenados por sentencia firme, mi grupo les ha brindado la oportunidad. Hemos presentado una proposición de ley para que se debata en trámite de urgencia y en lectura única para que se pueda conocer antes de que los ciudadanos voten a quiénes votan y si entre esos que se presentan a las elecciones hay algunos de esos morosos fiscales o algunos de esos defraudadores fiscales.
Señor Coscubiela.
Si no lo hacen es porque no quieren, no porque no pueden, y porque, en el fondo, a ustedes les sabe mal que se lo diga, pero se lo volveré a repetir...
Señor Coscubiela.
Han sido conniventes, han tapado y continúan tapando la corrupción, en este caso la corrupción fiscal.
Señor Coscubiela, se acabó su tiempo hace un minuto, veinte segundos. Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]], señor Sánchez i Llibre.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] respecto a la actuación de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal siempre ha sido la misma. La Agencia Tributaria ha de ser implacable en la lucha contra el fraude para todos los ciudadanos españoles. Al mismo tiempo, siempre hemos dicho que los mecanismos que ha de poner el Estado y el Gobierno para conseguirlo deberían de estar siempre al servicio de esta lucha contra el fraude para conseguir los objetivos máximos de recaudación, siempre con el mismo trato para todos los ciudadanos del Estado español. Hoy hemos comprobado, lamentablemente, que esto no ha sido así. Me voy a remitir a dos cuestiones que están perfectamente señaladas en el «Diario de Sesiones», donde podrán comprobar que las afirmaciones que hago en estos momentos son ciertas. Decía el señor Montoro en la comparecencia por el caso Puyol lo siguiente: A nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España, lo que ha provocado, señorías, la consiguiente alarma social y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Le preguntaría al señor Montoro: ¿Dónde ha estado hoy en la comparecencia de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que no ha sido capaz de venir a dar la cara y a dar explicaciones cuando sí las dio en el caso Puyol. Otra afirmación relevante, desde nuestro punto de vista. Nosotros decíamos que no compartíamos estas afirmaciones, pero estábamos sentados y las respetábamos. Otra afirmación importante que hacía el señor Montoro: Es lógico que todos, y también los ciudadanos de Cataluña, se pregunten ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad en manos de personas que mientras gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan. Es lógico que se pregunten si esa forma de querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido, y si su herencia política y sus herederos políticos no están realmente contaminados por esta presunta herencia. Nosotros no compartíamos esta afirmación, pero nos gustaría saber cuál es la posición del señor Montoro. Finalmente, otra cuestión que afecta al punto 1 de la moción que ha defendido el señor Saura. Nosotros también entendemos una conducta reprobable del señor Montoro en todos aquellos aspectos que hacen... [[Rumores]]
Un momento, señor Sánchez i Llibre. Por favor, guarden silencio. Si tienen que conversar, háganlo fuera del hemiciclo, porque es imposible escuchar al señor Sánchez i Llibre. Continúe.
Muchas gracias por su amparo, señora presidenta. Hay otra cuestión que también consideramos relevante desde el punto de vista de respeto a todos los contribuyentes y ciudadanos españoles que pagan religiosamente sus impuestos. Ha habido algunas afirmaciones por parte del señor Montoro en las que comparaba las subvenciones que puedan dar legalmente los diferentes ciudadanos españoles a una organización tan importante como es Cáritas con un supuesto de financiación ilegal que está en los juzgados, con todas aquellas aportaciones a la caja B del caso Gürtel. Entendemos que estas afirmaciones no son de recibo; son una falta de respeto a todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan donde no pueden llegar las administraciones públicas del Estado y creemos que esta es una cuestión que no ha quedado suficientemente aclarada. Finalmente, respecto a los dos siguientes puntos que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura, estamos en campaña electoral, pero ustedes, con todos los respetos, entiendo que no están en la posición moral de dar lecciones a nadie de todo lo que puede representar una amnistía fiscal. Ustedes hicieron dos amnistías fiscales perfectamente legalizadas y aprobadas en esta Cámara; también hicieron otra amnistía fiscal encubierta en el caso de todos aquellos informes del evasor suizo. Sabemos que ahora estamos en campaña electoral, pero nosotros no estamos en el pim, pam, pum entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros vamos a votar favorablemente el punto 1 de su moción, la reprobación del señor Montoro, y nos vamos a abstener en los puntos 2 y 3. Muchísimas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Sánchez i Llibre. Por el Grupo Popular, señor Gallego.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Saura, jamás había leído una moción tan absolutamente lamentable; jamás. Hoy, el Partido Socialista ha superado su propio récord de cinismo parlamentario. Esta moción está cargada de ignorancia, de malicia e interés electoral torticero. O las tres cosas a la vez. Es una torpe compilación de eslóganes, falsedades e incoherencias. Voy a hacer algunas observaciones al texto de su moción. No parece muy coherente que ustedes le digan al ministro de Hacienda de España, que es el que más ha recaudado en la historia de España en la lucha contra el fraude, que no lucha contra el fraude. Los datos están ahí: más de 3.000 millones de euros de recaudación en la lucha contra el fraude de diferencia entre este año y el año 2011, el último año en el que gobernaron ustedes. Han aflorado 122.000 millones de euros con respecto a 2011 y resulta que el señor Montoro, como dice su moción —abro comillas— ampara la corrupción. Y se quedan tan anchos. Si el señor Montoro no lucha contra la corrupción, con las cifras que están encima de la mesa, ¿qué hacían ustedes? ¿Cuál era su gestión en materia de lucha contra el fraude? Pues como en el resto de política económica, una política de chiste. No parece coherente. Tampoco parece prudente que ustedes, que mandaron una amable cartita a los defraudadores de la lista Falciani, le pidan más transparencia al Gobierno que ha anunciado la publicación inmediata de los morosos con la Hacienda pública el pasado viernes en el Consejo de Ministros. También acusan de amparar la corrupción al partido que ha aprobado la más completa batería de medidas en la historia de la democracia para combatir precisamente la corrupción; más de setenta medidas para combatir la corrupción.[[Rumores.—Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!]] Esto me parece que es otro contrasentido. También en su moción dicen que la Agencia Tributaria no colabora, a pesar de que ha presentado cinco informes motivados al juez, incluyendo las simulaciones que había pedido. Y usted sigue diciendo que la Agencia Tributaria no colabora con la justicia y también lo ponen por escrito en el texto de su moción. Ustedes defienden la independencia de los profesionales de la Agencia Tributaria por la mañana y por la tarde —hoy también lo he vuelto a escuchar— les difaman de manera mezquina, acusándoles de estar al servicio de los intereses del Partido Popular. Me parece que lo que ustedes hacen no tiene nombre. Tampoco parece muy coherente que nosotros recibamos lecciones de corrupción de ustedes, que mantienen todavía en esos escaños —no hay que irse muy lejos— a tres imputados por corrupción: señor Chaves, señor Zarrías y señor Viera. [[Aplausos]] Y además, como ha dicho esta tarde un diputado de UPyD, han puesto de presidente del Parlamento andaluz a un señor acusado por corrupción y por un desfalco en una caja de ahorros andaluza [[Rumores.—Aplausos]] Lo suyo no tiene nombre, es puro cinismo. En cambio, vienen aquí a pedir la reprobación de un ministro porque alguien ha cometido un presunto delito. El único partido que en España ha estado condenado por corrupción ha sido el PSOE [[Rumores.— Un señor diputado: ¡Muy bien!]], el único partido condenado por corrupción. No parece muy normal que ustedes acusen a otros basándose en mentiras, violando la presunción de inocencia sistemáticamente y sin una sentencia judicial encima de la mesa [[Rumores]] Ustedes, además, hablan continuamente de esa mal llamada amnistía fiscal, cuando ustedes aprobaron dos verdaderas amnistías fiscales, absolutamente opacas, en el año 1984 y en 1991; por lo tanto, ustedes en este tema no tienen ninguna credibilidad. Por cierto, voy a hacer una reflexión en voz alta: si ustedes no hubieran dejado al país en bancarrota, como lo dejaron en diciembre de 2011, en bancarrota [[Protestas]], seguramente este Gobierno no tendría que haber impulsado esta declaración tributaria especial [[Aplausos.—Protestas]] Se lo tengo que decir. Otra cuestión, otra observación. La justicia, que está investigando a presuntos delincuentes, a delincuentes de todos los colores, de todos los partidos políticos, dice el portavoz del PSOE que el Partido Popular la está entorpeciendo, cuando la justicia está trabajando en este sentido más que nunca. Esta semana estaban contentísimos por la detención de Rodrigo Rato, y llevan tres años diciendo que con la amnistía fiscal se iba todo el mundo de rositas. ¿En qué quedamos? Porque dicen una cosa y la contraria. No tiene ningún sentido. Ya está bien de desprestigiar, de insultar y de vilipendiar al Partido Popular. En política no vale todo, señor Saura, no vale todo, ustedes han cruzado todas las líneas rojas de la verdad con el único fin de ocultar que el Partido Popular es el partido que está avanzando en la recuperación económica de este país. Ustedes solo tratan de embarrar el campo de juego. En España siempre ha habido corrupción, siempre la ha habido, la diferencia es que ahora se detecta, se persigue y se castiga [[Aplausos]] Quien la hace la paga, se llame como se llame y sea del partido que sea. La justicia, la policía, la fiscalía están actuando con absoluta independencia, las instituciones están funcionando correctamente. Todos somos iguales ante la ley, y este grupo parlamentario invita y anima a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que sigan trabajando en esa línea. La corrupción nos da asco a todos. Además, ustedes no están en disposición de dar ninguna lección en este sentido porque se han opuesto sistemáticamente a todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa para acabar con la corrupción de este país. [[Aplausos.—Protestas]] Limpiar el país de corruptos es misión y objetivo del Partido Popular. Nos gustaría contar con su apoyo y les pido, por favor, que dejen ya de tratar de embarrar el campo, de hacer política partidista para tratar de arañar cuatro votos [[Rumores]], sobre todo mientras en sus filas haya todavía tres imputados por corrupción. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Gallego. Señor Saura, se ha presentado una enmienda. ¿La acepta usted o no la acepta? [[Rumores]] Por favor, guarden silencio.
Señora presidenta, vamos a pedir votación separada de los tres puntos. La señora
¿No acepta la enmienda?
No la aceptamos.
De acuerdo. Así se hará. Vamos a llamar a votación. [[Pausa]] MINUTO DE SILENCIO
Señorías, hace dos días tuvimos conocimiento del naufragio de un pesquero al norte de la costa de Libia que ha costado la vida a centenares de emigrantes que se encontraban a bordo. Como muestra del compromiso del Congreso de los Diputados en la búsqueda de soluciones que pongan fin a este tipo de tragedias humanitarias y en señal de duelo y recuerdo a las víctimas, les ruego que guardemos un minuto de silencio. [[La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio]] Gracias. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, de tal manera que el punto 27, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán [[Convergència i Unió]] se debata antes del punto 25, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]] Así se hará.
Pasamos a las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre tramitación de las proposiciones de ley de iniciativa popular. Se han presentado 3 votos telemáticos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 3 votos telemáticos, 321; a favor, 147 más 1 voto telemático, 148; en contra, 171 más 2 votos telemáticos, 173. Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre la reforma del impuesto sobre sociedades para reponer la deducción por inversiones con objetivos de mejora ambiental. Hay 3 votos telemáticos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 3 votos telemáticos, 321; a favor, 141 más 1 voto telemático, 142; en contra, 171 más 2 votos telemáticos, 173; abstenciones, 6. Queda rechazada.
Pasamos a las proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aprobación de la estrategia de Gobierno abierto. Se va a someter a votación con una enmienda transaccional a la del Grupo Vasco, PNV. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 147; en contra, 171. Queda rechazada. — DELGRUPOPARLAMENTARIOPOPULARENELCONGRESO,RELATIVAALAINTRODUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA FAMILIAR EN TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. [[Número de expediente 162/001205]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 176; en contra, 1; abstenciones, 135. Queda aprobada.
A continuación vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el desarrollo por la Agencia Tributaria de sus funciones de auxilio judicial en las causas que afectan al Partido Popular. [[Rumores]] Por favor, es imposible que se enteren ustedes de lo que estamos hablando. Se va a votar en sus propios términos y por separado los tres puntos que componen esta moción. En primer lugar, se vota el punto 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 145; en contra, 172; abstenciones, 1. Queda rechazado. Punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 131; en contra, 172; abstenciones, 15. Queda rechazado. Por último, votamos el punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 131; en contra, 171; abstenciones, 15. Queda rechazado. Se suspende la sesión. Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.