Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE, para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy presentamos ante esta Cámara, para someterlo a su convalidación, el Real Decreto Ley 3/2022 de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística,y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, tras su aprobación por el Consejo de Ministros del pasado día 1 de marzo. Mediante este real decreto asimismo se traspone la Directiva 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/76, para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. El camino que nos ha llevado hasta el texto que hoy debatimos ha sido largo y es fruto de un intenso trabajo y diálogo con los respectivos sectores hasta alcanzar el consenso. Por un lado, en el caso de las medidas en materia de transporte,somos plenamente conscientes de la importancia que el transporte de mercancías por carretera tiene en nuestro país y en nuestra economía. Sirva como ejemplo el recordar que lleva diez años con una cuota del 95 % en el reparto modal dentro del transporte interior, que la flota de vehículos pesados española es la tercera en Europa por volumen de mercancías o que casi absorben el 70 % de las toneladas transportadas al exterior. Todo lo anterior es sin duda gracias a su gran flexibilidad y capilaridad, cualidades que han sido básicas por ejemplo durante la crisis sanitaria para permitir que el abastecimiento no se viera interrumpido y que se mantiene hoy en día en el complicado entorno en el que nos movemos. En ese sentido, ya pusimos en marcha el conocido como plan impulsa, el Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, marco estratégico del sector para los próximos años. Y para dar respuesta a las reivindicaciones del sector, fruto del diálogo y del consenso, el pasado 17 de diciembre alcanzamos un importante acuerdo con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera. El objetivo de este es el de equilibrar las asimetrías existentes actualmente entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, mejorar la posición y competitividad de este sector y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores. Se trata de un acuerdo de extraordinaria relevancia en un sector que es esencial para la actividad económica de nuestro país, como ya hemos visto, acuerdo que recoge un total de veinte medidas, tanto regulatorias - las que se recogen en este real decreto ley - como no regulatorias, que reflejan el compromiso del ministerio con el sector. Por otro lado, y en el caso de las medidas en materia de revisión de precios, debo decir que, ligado a la pandemia, se han producido dos efectos relacionados con las materias primas: un descenso de precios en 2020 y una elevación considerable de los precios en 2021, en respuesta a una recuperación económica. Esta alza de precios estaba teniendo unos efectos indeseados en el desarrollo de los contratos de obra pública en ejecución, efectos además imprevisibles en el momento de la licitación por parte de los contratistas de las obras y que exceden el concepto de riesgo y ventura que el contratista tiene que soportar en todo contrato público. De no actuar, estos efectos negativos terminarían traduciéndose en posibles paralizaciones de nuestras obras públicas o incluso en la resolución de contratos, con circunstancias notablemente perjudiciales, principalmente para el interés público y también para los operadores económicos del sector de la obra civil, aspecto que si ya de por sí debe ser objeto de atención por las administraciones públicas es aún más importante si queremos poder cumplir con la ejecución de los fondos que estamos recibiendo de Europa hasta el año 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que España fue uno de los más beneficiados, como ya conocen. Para que se hagan una idea de la magnitud, en el capítulo de movilidad sostenible - los componentes 1 y 6 del plan - estamos hablando de una inversión directa del ministerio y de sus entidades de unos 7600 millones de euros extras a sumar a la financiación anual que recogen nuestros presupuestos generales del Estado. Por ello, en el último trimestre del año pasado empezamos a trabajar conjuntamente desde el Gobierno en el desarrollo de un procedimiento para la revisión de precios extraordinaria. La utilidad de ambos tipos de medidas, es decir, tanto las relacionadas con el transporte como con los contratos de obra pública, se ha visto refrendada con la situación de Ucrania, que ha acrecentado aún más su necesidad convirtiéndolas en una herramienta esencial. A pesar de que la guerra se inició hace pocos días, en el mundo globalizado en el que vivimos sus consecuencias ya las tenemos muy presentes. De hecho, afectan al día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas, así como a las empresas, tanto en el caso del transporte como de las obras públicas, especialmente por el incremento del precio de la energía y los carburantes y por la dificultad que se añade en el suministro de las materias primas. Sin duda, esta guerra afecta directamente a nuestro país, por lo que desde el Gobierno Estamos trabajando en cuatro ejes, tal y como se trató en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo, que dieron lugar a los acuerdos de la isla de La Palma: el respaldo a la posición ante el próximo Consejo Europeo para que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía; el impulso a la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las administraciones públicas; la gestión coordinada de la acogida de refugiados ucranianos, y la puesta en marcha del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España. Les aseguro que, al igual que lo hemos venido haciendo para amortiguar parte de las consecuencias de la pandemia, el Gobierno estará una vez más a la altura de las circunstancias. En el ministerio somos conscientes de que el sector del transporte, como muchos otros, se está viendo muy afectado por el escenario actual de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania, y en concreto del incremento del precio del combustible que de ella deriva. De hecho, ayer miércoles me reuní con el departamento de mercancías del comité nacional, reunión en la que valoramos, además de hacer un repaso de la situación actual, la aceleración de la implantación de las medidas no legislativas del acuerdo de 17 de diciembre de 2021. Compartimos que no es sostenible una situación en la que los transportistas se vean obligados a trabajar por debajo de sus costes, por lo que se agiliza la aplicación al sector del transporte de mercancías de los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria, además del compromiso de publicar semanalmente por parte del ministerio - en lugar de mensualmente - la variación del precio del gasóleo, que se usa de referencia para el índice de variación del precio medio del gasóleo a emplear en la fórmula de revisión de precios. Y todo ello sin perjuicio de que en el plan nacional de respuesta al impacto de la guerra, cuya aprobación está prevista el próximo 29 de marzo, se vayan a incluir medidas específicas de reducción del precio de los combustibles en la línea que ya están llevando a cabo otros países de nuestro entorno, así como todas aquellas que puedan acordarse durante el proceso de participación que se va a abrir con el comité. Centrándome ya en las medidas concretas incluidas en este real decreto ley, en el caso de las medidas en materia de transportes ha sido necesario modificar cinco leyes, lo que evidencia también la profunda revisión estructural que abordamos en este texto. En primer lugar, recoge la prohibición con carácter general de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y soportes, y se actúa asimismo sobre los tiempos de espera en estas operaciones,cuestiones fundamentales para mejorar las condiciones laborales de nuestros conductores profesionales, lo que coadyuvará sin duda a solucionar la escasez de conductores, problema al que nos enfrentamos tanto en España como en el resto de Europa. En este sentido, también se refuerza el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, en la línea de lo establecido en el paquete de movilidad de la Unión Europea que España siempre ha defendido. Un eje importante de este real decreto es el aseguramiento de un marco de competencia leal en el sector, en el que destaca la lucha contra las denominadas empresas buzón, para lo que también se traspone en este real decreto ley la Directiva para el Desplazamiento de los Conductores en el Sector del Transporte por Carretera, completada con otras medidas como el refuerzo de la inspección del transporte terrestre. Se incluye dentro del conjunto un elemento que hoy cobra especial importancia, como es la inclusión obligatoria en los contratos de la revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte. Finalmente, también se recogen otras medidas ligadas a la mejora de la eficiencia del sector y su sostenibilidad ambiental, como la modificación en el plazo de nueve meses de la normativa de masas y dimensiones para determinados tipos de vehículos. Son un conjunto de medidas que van a marcar el futuro de este sector, como podremos ver. Por este motivo, durante todo el proceso de elaboración del real decreto ley se ha buscado el consenso con los diferentes actores del sector, dentro de las líneas maestras trazadas en el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Se ha buscado el consenso y seguimos trabajando en esta misma línea, especialmente con la nueva situación derivada de la crisis y de la guerra en Ucrania. No quiero olvidar que el acuerdo con el comité también incluía, como les decía, otras medidas de carácter no normativo en las que ya se está avanzando, como por ejemplo la subvención de la construcción de aparcamientos seguros para camiones, con una inversión total mínima de 20 millones de euros, y el diseño de un plan de conversión progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal a aparcamientos seguros o la creación de un grupo de trabajo para que haga una propuesta sobre las necesidades de formación y atracción de talento al sector del transporte por carretera. En definitiva, aprobamos un paquete de medidas que contribuirán a dar robustez a un sector que es clave para la economía de nuestro país y a mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales. Como se puede observar, el trabajo continuo, la comunicación con los agentes del sector y el compromiso con el cumplimiento de la legislación europea han permitido avanzar en modernizar la normativa de un sector que necesita tener unos pilares robustos para permitir que sea sostenible, justo y eficiente, sin que el resto de las actividades se vieran resentidas. Quiero aprovechar lógicamente la ocasión para referirme a las movilizaciones organizadas desde la denominada plataforma 'para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional'. En primer lugar,quiero destacar que la interlocución del ministerio con el sector del transporte se articula a través del comité nacional, constituido por los representantes de las asociaciones profesionales del transporte según un proceso garantista basado en la representatividad acreditada de estas asociaciones. En suma, el comité es la voz del sector del transporte y en el que se encuentra representado el sector, incluyendo desde los pequeños autónomos hasta las empresas grandes, medianas y pequeñas, con representaciones obtenidas con procesos reglados y transparentes y, además, sin olvidar que su composición se ha renovado este mismo año sin que la referida plataforma haya conseguido representación alguna. En este sentido, desde el ministerio seguimos manteniendo contactos con el comité nacional, que es nuestro interlocutor en el sector, como ya he dicho, y que, por cierto, he de decir que se ha mostrado contrario a estas movilizaciones de forma reiterada. Como he indicado, ayer miércoles celebramos una reunión en la que trasladé el compromiso de acelerar las medidas incluidas en el acuerdo de diciembre, así como de analizar las nuevas medidas que pudieran ser incluidas en el plan nacional de respuesta. A la reunión también acudieron representantes del Ministerio del Interior, ya que el propio comité nos ha transmitido su preocupación por algunas situaciones violentas que se están dando y que, por supuesto, no tienen cabida en nuestra sociedad. Respetamos,como no puede ser de otra manera, a los transportistas que decidan parar siempre y cuando lo hagan sin violencia, pero también hay que respetar y sobre todo proteger que aquellos que decidan trabajar puedan hacerlo, así como la prestación de servicios esenciales. [[Aplausos]] El segundo conjunto de medidas del real decreto, como avancé, se refiere a la regulación del procedimiento de revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública. Se ha buscado desde el principio que sea un procedimiento sencillo, conocido y, por tanto, ágil. Los materiales que dan pie a poder aplicar este procedimiento excepcional son finalmente cuatro: acero, materiales bituminosos, aluminio y cobre. Su selección se debe a que son los materiales que tuvieronmayor incremento de precios en 2021, superior a un 20 %. Por otro lado, hemos debido dejar de lado el coste de la energía, a la que haré una breve mención al final de esta intervención. En primer lugar, les comentaré cómo se ha llevado a cabo este reconocimiento de la revisión excepcional de precios y cuándo se aplica. En cuanto al tipo de contratos, el procedimiento es aplicable a los contratos públicos de obras, pero también es aplicable a determinados contratos privados de obras recogidos en el articulado de la Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos deben estar formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley, es decir, antes del día 2 de marzo de este año. Respecto a la entidad contratante, aplica a las entidades que formen parte del sector público estatal. Deja abierta la posibilidad de que se acojan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, si así lo desean. Sobre el reconocimiento del impacto de la subida de precios, se compara la certificación de obra del ejercicio 2021 con la certificación que hubiera resultado de aplicar la revisión de precios con los cuatro materiales mencionados ese mismo año 2021. Si la diferencia es mayor del 5 %,entonces el procedimiento es aplicable si así lo desea y lo solicita el contratista. En caso de que el procedimiento sea de aplicación, el cálculo de la cuantía de esta revisión de precios excepcional es sencillo, se emplea la fórmula de revisión de precios que haya en el contrato o la que correspondiera en su defecto suprimiendo el término correspondiente a la energía. Se aplicará independientemente de que no hayan transcurrido dos años del contrato o no se haya certificado el 20 % del mismo, que son las condiciones clásicas de los contratos para poder aplicar las revisiones de precios. La fecha a considerar como referencia temporal inicial para los índices de precios será la fecha de formalización del contrato, salvo que sea anterior al día 1 de enero de 2021, en cuyo caso se tomará como referencia el día 31 de diciembre de 2020. Los índices de referencia para los precios son los índices oficiales mensuales de precios de los componentes básicos que publica regularmente el Instituto Nacional de Estadística y, para limitar el impacto económico de esta medida excepcional, tasamos el incremento por contrato a un 20 % de su precio de adjudicación. En cuanto al procedimiento, se articula uno similar a la revisión de precios habitual. La única condición que se le impone al contratista es que antes de solicitar esta revisión excepcional de precios desista de cualquier acción judicial que haya llevado a cabo en ese contrato como consecuencia del incremento de costes de los materiales. Este procedimiento extraordinario implica un gran esfuerzo económico para el Gobierno, ya que, según las estimaciones que hemos llevado a cabo,supondrá más de 400 millones de euros de gasto adicional a través de las principales entidades contratantes del ministerio como, por ejemplo, ADIF o la Dirección General de Carreteras, pero estamos seguros de que gracias a esta medida se salvarán un número importante de contratos que, de suspenderse o cancelarse, perjudicaron notablemente el interés público que subyace a cualquier contrato público de obras. Aprovecho para, en este mismo sentido, poner en valor la resolución firmada a finales del año pasado por la secretaría de Estado del ministerio para recuperar en los pliegos de los nuevos contratos de obras que se liciten este año y siguientes la fórmula de revisión de precios habitual, dejando sin efecto la resolución del año 2013 sobre su improcedencia. Como decía, quiero hacer una breve mención también a la energía. Este componente no se tiene en cuenta en la revisión excepcional de precios porque, al mismo tiempo que se elaboraba este procedimiento, el Gobierno ha establecido disposiciones con un coste significativo para amortiguar el impacto del alza de la energía en los contratos del sector público. De esta manera, si se hubiera incluido una nueva revisión del componente energético en los contratos públicos se estaría incurriendo en una doble revisión injustificada de este componente. En esta misma línea, saben que el presidente del Gobierno ha iniciado una ronda de viajes para defender la posición de España proponiendo medidas en el sentido de desacoplar los precios de la energía eléctrica de los del gas, topar los precios de la energía, hacer compras centralizadas en los mercados mayoristas, acelerar todo lo posible la estrategia de renovables e incentivar las interconexiones de gas en España para dar seguridad y autonomía a toda la Unión Europea. Creo que todos coincidimos en que debemos adoptar medidas de alcance, yendo a la raíz del problema. Por último, reitero que en el ministerio somos conscientes de que el mundo ha cambiado mucho en estas últimas semanas con motivo del conflicto en Ucrania, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y al sector, con quienes precisamente hoy nos vamos a reunir. Concluyo ya, señorías. Este ministerio tiene un compromiso con la recuperación. Tenemos un compromiso con el futuro y tenemos un compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas, y lo estamos cumpliendo. Por todo ello, tras exponer la situación y ratificar las razones de necesidad y urgencia que exige la Constitución, solicito a esta Cámara el voto favorable a la convalidación de este real decreto ley. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora ministra. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados; buenos días, señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Votaré favorablemente la convalidación de este real decreto ley que traspone directivas comunitarias que afectan, entre otros aspectos, a medidas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. En Relación con este y otros ámbitos cruciales en la actividad socioeconómica de España, se ha desperdiciado el tiempo y despreciado las llamadas de atención con las que hemos venido alertando en esta tribuna sobre la que se nos estaba viniendo encima como consecuencia de las erróneas previsiones presupuestarias para el ejercicio 2022. Tras dar a conocer el Consejo de Ministros su proyecto anual de cuentas públicas, ya se advirtió desde diferentes y cualificados organismos públicos y analistas solventes la gran inconsistencia de algunas cifras, que no se corresponden con la latente involución económica. Sin embargo, ustedes, camuflados tras los falsos mantras de la transición justa de Ribera y la economía robusta de Calviño, ni caso. Tildaron de antipatriotas a los que presentamos enmiendas de totalidad, aunque ahora inflación, energía, carestía de los carburantes, suministros y demás, que ya venían escalando precios y cifras récord, están asfixiando a familias, comercios,empresas, industrias y un sinfín de damnificados. Señora Sánchez Jiménez, hablando de transporte por carretera, esta semana muchos camioneros han parado, pero no son ni serán la excepción. Ya se anuncian movilizaciones de agricultores, ganaderos y pescadores, que, entre otros sectores,también llevan meses produciendo a pérdidas y no les trae cuenta trabajar en tales condiciones porque abocan a su ruina total. Entre los aplausos de sus compañeros socialistas al hilo del grave e impactante paro del transporte de esta semana, acaba de afirmar usted que el Gobierno actuará con contundencia frente a los piquetes violentos. Efectivamente, es adecuado que se intervenga y se eviten las coacciones siempre, eso sí, también cuando las perpetran los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, con los que ustedes forman lobby y apañan reformas laborales contra los trabajadores y desertizan territorios como las cuencas mineras asturianas, entre otras tropelías. Señorías, el Ejecutivo podía haberse aplicado en esta legislatura con idéntica contundencia en el Boletín Oficial del Estado para anticiparse a los hechos y corregir las facturas récord que los españoles están pagando por la gasolina, gasoil gas o por frutas, legumbres, pan, leche, pescado y otros productos de primera necesidad. Es conveniente recordar que, tras las elecciones generales de 2019, en el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos, Sánchez e Iglesias Firmaron en nombre de sus organizaciones la bajada de precios que hoy está disparando, lastrando a la sociedad y al tejido productivo y empobreciendo a toda España. ¿De verdad les sorprenden las movilizaciones y los paros? Pues agárrense, que vienen curvas. Hace unos meses aquí, en el Congreso, se rechazaron diferentes medidas planteadas por la oposición que podían haber paliado los efectos perversos de las crisis pandémica, agudizados ahora con las secuelas de la invasión de Ucrania por tropas rusas. Pero no, la izquierda parlamentaria ha rechazado aplicar modificaciones para revisar los precios del sector público y medidas compensatorias para que los sobrecostes por el alza de los costes de las materias primas fuesen compensados por la Administración. Ahora vienen las prisas y los agobios. Además de mal, llegamos tarde y, por lo que acabamos de escuchar, como si aquí, en España, no estuviera pasando nada. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Martínez. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en esta intervención me voy a centrar únicamente en la parte correspondiente a la revisión de precios de los contratos de obra pública porque, aunque la ministra es muy diplomática, hay que decir que muchos españoles no saben - quizá algunas de sus señorías - que en España hay muchísimas obras paradas, muchísimas obras comenzadas y paradas, muchísimas obras adjudicadas y paradas. Yo lo he comprobado personalmente en algunas que afectan a Cantabria, y hay muchos concursos que se están quedando desiertos en la actualidad. El ministerio sabe desde hace tiempo esto que estamos sufriendo y ha intentado poner una solución; una solución que, como voy a decir ahora, no es solución. Y, en este caso, no le quiero echarla culpa al Ministerio de Transportes, porque aquí hay que apuntar al Ministerio de Hacienda, que es el responsable de la Ley de Contratos del Sector Público y que, además, ha sido tan cicatero a la hora de poner los umbrales para entrar en esta revisión extraordinaria que muchísimas empresas no van a entrar. Lo he comprobado con ejemplos concretos. Dicen que tienen el acuerdo de las grandes empresas, pero la realidad es que no va a ser así y la realidad es que muchas pequeñas y en muchos otros contratos de otras comunidades autónomas y ayuntamientos esto no va a solucionar nada, porque tampoco nos convence lo que ha dicho la señora ministra de que quitan el factor de la energía de la fórmula de revisión de precios. Eso es un sinsentido porque, aparte de lo que es notorio, la subida de la electricidad, todos sabemos que afecta al resto de los componentes, y eso va a impedir entrar en el umbral del 5 % famoso que quieren hacer el equivalente al riesgo y ventura, que yo creo que más bien va a ser ruina y ventura de las empresas. Podría poner muchísimos ejemplos de cómo se ha calculado esta fórmula porque, encima, a la hora de calcular ese 5 %, ni siquiera el factor fijo, que llega casi al 40 %, en muchas fórmulas no interviene, elimina otros componentes, y con esos cuatro nos reducimos a que con un 24 % tienen que sacar más del 5 % del total. Y, desde luego, la energía no se compensa con eso si no entra en la base. Mire, vale más gastarse un 10 % más en obra y hacer un 10 % más de obras que no hacer nada porque aquí, en este caso, lo que está clarísimo es que tenemos un riesgo no solo para la economía, sino para los fondos europeos, que no se van a poder cumplir en plazo. Yo espero que también la Unión Europea, además, con el agravante de la guerra de Ucrania, pueda dar una prórroga de los plazos; si no, vamos a ir muy mal. Señora ministra, escúcheme una cosa. Nosotros vamos a convalidar este decreto ley. Pero dígale a la ministra de Hacienda que vaya preparando otro decreto ley inmediatamente. No nos basta con tramitar este decreto por el procedimiento de urgencia, porque ya sabemos lo que está pasando cuando aquí convalidamos un decreto ley y luego lo tramitamos por el procedimiento de urgencia, que no hay urgencia y se queda ahí. Este Gobierno tiene mucha experiencia en hacer decretos leyes porque los hace como churros. Luego, por favor, dígale que vaya preparando otro inmediatamente cuando vea el fracaso de estas fórmulas en toda España. No les va a costar mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mazón. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días, señora presidenta. Señoras y señores diputados, según on. Como reza el título de este real decreto ley, tiene como objeto adoptar diversas medidas para mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y de su cadena logística, además de otras dirigidas a la trasposición de una Directiva comunitaria, la 2020/1057, cuyo plazo de transposición finaliza el pasado 22 de febrero. Además, también le acompañan diversas medidas complementarias a las que haré referencia más tarde. Pero en lo que hace al contenido sustancial del real decreto ley comienza, en primer lugar, en su título primero, por determinadas medidas dirigidas a revertir la situación de penosidad de los conductores transportistas cuando, además de las funciones propias de su actividad, se les obliga a asumir operaciones de carga y descarga, por lo que la norma introduce una limitación consistente en evitar la participación activa de los conductores en tales operaciones de carga y descarga de mercancías. Además, a esa medida se le acompaña otra de modificación de la Ley 16/1987 para actualizar el régimen de infracciones y sanciones de cara a hacer efectiva esa medida. Por otra parte, se especifica otra modificación de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, en la que,en sentido inverso, y en orden a equilibrar la relación de las operaciones de carga y descarga, se impone al cargador o destinatario que, de no haberse pactado en sentido contrario y bajo suplemento de precio de porte, será este quien se hará cargo del mismo. En segundo lugar, el real decreto ley se dirige a posibilitar la revisión de precios del transporte en función de la variación del precio del combustible, lo que inicialmente fija en ese techo famoso el 5 % al que ya se viene aludiendo en otras intervenciones. Lo cierto es que, de no ser por el momento en que se ha producido dicha medida, bien podría parecer una broma del destino, si bien habrá que ver en qué modo se implanta, en qué modo esa cláusula deberá basarse en la repercusión que la partida de combustible tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de mercancías, puede llegar a tener algún efecto sustancial y no convertirse en una mera alusión retórica que va a dar poco juego en el ámbito de la revisión de precios. Estaremos atentos porque creemos que, vistas las fechas y los sucesos que están ocurriendo, esta no va a tener demasiado recorrido. También se dirige a una trasposición de la directiva europea que tiene como objeto evitar situaciones de competencia desleal entre empresas de transporte comunitarias como consecuencia de utilización de esas empresas pantalla o empresas buzón que se benefician de condiciones fiscales y sociales diferentes y suponen un régimen de explotación diferido de los trabajadores y de una competencia desleal entre dichas empresas. Por su parte, el título II se ha dirigido a la revisión de contratos del sector público y, en el mismo sentido que acaba de hacer el señor Mazón, venía a decir que, sin perjuicio de que se haya excluido el precio de la energía y, además, se haya incluido, según nos ha explicado la ministra, los relativos al acero, aluminio y cobre, además de los bituminosos, lo cierto es que la repercusión de la energía en dichos costes de esas materias primas, que son las que van a tener efecto en los contratos del sector público, son las que van a producir esa repercusión mayor de la prevista del límite del 5 %, con lo cual, de momento, ponemos en cuestión la eficacia de dichas medidas, aunque también consideramos que hay que esperar a sus resultados. En sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, este real decreto ley incorpora diferentes medidas, el establecimiento de un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación de transporte de mercancías, la declaración como acontecimiento excepcional de interés público a efectos fiscales del Global Mobility Coll, GMC, el régimen fiscal aplicable a la final de la UEFA, otra relativa a los procedimientos de suministro de fármacos COVID-19 cuando sean de carácter excepcional, las modificaciones de la Ley General de Seguridad Social en los artículos 277 y 280, y otra más referida al nivel de protección asistencial por desempleo de trabajadores fijos discontinuos. También otra dirigida a la modificación del reglamento de vehículos para facilitar el incremento de masas y dimensiones de los mismos que ha pasado desapercibido, pero que tiene una importancia creciente en el marco del ámbito del transporte; la modificación puntual del texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y, finalmente, lo relativo a la cobertura de indemnizaciones para participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. En suma, es una más de las numerosas iniciativas a las que nos tiene acostumbrados este Gobierno que, bajo el mantra de la urgencia y la perentoriedad antes con el disfraz de COVID y ahora con el disfraz de la trasposición de directivas, nos sitúa ante debates que, es verdad, creemos que en su mayor parte son urgentes y, por ello, justificativos de la medida del real decreto ley, si bien no dejan de ser merecedores de una crítica severa a la continuidad, a la proliferación de este mecanismo, ya que su tratamiento puntual e interesado, asistemático diría yo, impiden un debate serio sobre las medidas tomadas en consideración y, por lo tanto, del debate de las cuestiones de fondo que subyacen en ella. Por supuesto, votaremos a favor, pero esperemos que el Gobierno corrija esta forma de utilizar la iniciativa legislativa que no es demasiado acorde con las necesidades que requiere la seguridad jurídica en el ámbito del mercado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barandiaran. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, ministra. Hoy viene a convalidación un real decreto ley que, por una parte, los liberales creemos adecuado pero que también nos genera dudas, por lo que apoyaremos que se tramite como un proyecto de ley urgente a fin, precisamente, de poder solventarlas. Nuestro apoyo a esta norma legal tiene exactamente el mismo patrón de actuación que tuvimos en su momento con la reforma laboral. Es una norma que nos parece buena, pero entendemos que llega tarde y, además, no es toda la norma que hoy los españoles necesitan. Este decreto es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y el sector del transporte. Con la reforma laboral se trataba de un acuerdo entre actores sociales, entre patronal y trabajadores, y era un acuerdo bueno porque procedía del consenso entre los mismos y el Gobierno lo plasmaba en una norma. Por eso, en este caso también lo apoyamos, porque el Gobierno, como en la reforma laboral, había metido poca mano o realmente ninguna mano en el mismo. El acuerdo en este decreto es entre el Gobierno y el sector del transporte por carretera, un sector que consideramos esencial para la economía española, pero hablamos - y eso hay que recordarlo - de un acuerdo que atiende reivindicaciones históricas, de muchos años ya: tiempos de espera, participación en operaciones de carga y descarga, zonas de aparcamiento, seguro, precio del gasóleo profesional. Se trata, además, de reivindicaciones que este Gobierno solo asumió realmente en diciembre, ante la amenaza de un paro justo antes de Navidades; reivindicaciones, hay que recordar, que el propio sector había aparcado en 2020 ante una situación de pandemia en España. Por lo tanto,hablamos de un sector que respondió con profesionalidad a esa situación de paralización de la vida social y económica, manteniendo en todo el territorio nacional las actividades de transporte y de distribución. Por eso estimamos que estas medidas deben ser bienvenidas, pero al mismo tiempo reprochamos al Gobierno que llegue, una vez más, tarde. Nosotros apoyaremos estas medidas, pero es obligado para todos reclamar más de este Gobierno, porque el problema no se soluciona solamente convalidando el decreto. El Gobierno es el primero, además, que lo sabe. Tenemos que reclamar más, como Ciudadanos hizo ya el pasado 15 de diciembre en esta misma tribuna con motivo de una moción consecuencia de una interpelación de otro grupo político. Pero hablemos de las dudas que nos genera esta regulación. La primera duda es si es esto todo lo que el Gobierno va a hacer, porque si esto es todo no solamente es que lleguen tarde, sino que no llegan. No llegan porque en diciembre,cuando el Gobierno se sentó a pactar aquellas medidas, el combustible había subido ya una media de un 35 % durante todo el año 2021 y ahora, en este momento, poco más de tres meses después, los combustibles acumulan ya un incremento del 14 % y estoes algo inasumible absolutamente para el sector. Ya sale más a cuenta dejar aparcado el camión en el garaje que salir a trabajar a la carretera, y además se lo están diciendo en la calle. Este es el problema que permanece a pesar de la convalidación del Gobierno, el precio del combustible de automoción, y no es solamente un problema del sector profesional del transporte; es el problema del resto de industrias; es el problema de las empresas; es el problema de las familias en toda España. Este problema es cierto que ha empeorado con la guerra de Ucrania, pero también es cierto que venía ya de una situación de tiempo atrás en la que el Gobierno no ha sabido ni ha querido enfrentar lo que estaba pasando, que ha venido ignorando y desoyendo las propuestas que otros les hemos hecho y con un problema que hoy ya está aquí con toda su crudeza. Este decreto es la muestra perfecta de que este Gobierno evita tomar medidas a tiempo y que solamente las toma rectificando y, desgraciadamente, ni los españoles ni los transportistas pueden tener ese tiempo que el Gobierno está malgastando. Esta semana, en una entrevista en medios de comunicación y aquí mismo en este Pleno, el presidente Sánchez decía que lo que va a hacer el Gobierno lo sabremos tras el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, con un plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra que nos traerán el 29 de marzo. Esto es dentro de dos semanas, y la pregunta es si de verdad cree el Gobierno que los españoles y que los transportistas españoles pueden esperar dos semanas más. Este Gobierno llega tarde; llega tarde para poner en marcha medidas inmediatas para solucionar los problemas del bolsillo de las familias, los trabajadores y los autónomos, como han hecho otros países europeos, y además aquí se ha reconocido por la propia ministra. Pero es que siguen pidiendo paciencia y consenso a los grupos políticos y la paciencia se acaba, porque la paciencia no paga las facturas. Y si quieren apelar al consenso, libérense de quienes en su Gobierno les estorba y a los demás nos perjudica. Van a Europa donde liberales, socialdemócratas y conservadores han llegado a pactos, porque nosotros los liberales aquí sí hemos hecho los deberes. Ayer, de hecho, acudimos a la reunión del Gobierno con propuestas para aliviar el bolsillo de las familias y, en concreto, con la medida precisamente de reducir los impuestos en el combustible para el sector del transporte. Independientemente de eso, hay otras dudas más de carácter técnico y jurídico que nos plantea este decreto, sobre todo en su regulación del procedimiento de revisión de precios en los contratos de obra pública de la Administración General Del Estado ante los incrementos excesivos de los costes en materias primas. Entendemos que es una medida necesaria a la que, además, animamos a sumarse a las comunidades autónomas, pero también es una norma necesaria que llega tarde. Hay que recordar que Galicia y Extremadura ya regularon en diciembre esta cuestión en sus respectivos ámbitos autonómicos con sendas disposiciones finales, bien en sus leyes de presupuestos para 2022 o bien en sus normas legales de acompañamiento a las mismas. Y aquí es donde tenemos nuestras dudas cuando se hace referencia a que estos artículos tienen el carácter de básico, porque entendemos que son básicos, evidentemente, porque tiene que haber una norma de desarrollo posterior por parte de las comunidades autónomas y, curiosamente, en dos comunidades autónomas ha sido anterior a la propia norma básica que saca el Gobierno. Pero tenemos dudas, por ejemplo, con el artículo 6 del título II del decreto cuando habla de la posibilidad de extender, si así lo acuerdan, estas medidas a las comunidades autónomas, porque en ese artículo 6 se ha olvidado a las entidades locales, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales, a otras entidades que son sujetos muy intensos de contratación de obra pública y que sí que aparecen reflejados en el preámbulo del decreto cuando dicen que su aplicación podrá alcanzar al ámbito de las comunidades autónomas y de las entidades locales existentes en su territorio mediante la decisión individualizada del órgano competente de cada comunidad autónoma. Pero, curiosamente, los ayuntamientos o las entidades locales no aparecen mencionadas en el artículo 6 y entendemos que debería aclararse a qué se refiere ese acto individualizado de ese órgano competente para las entidades locales. Por último, también echamos de menos que en la disposición adicional séptima la exención de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público durante este año 2022 a los acuerdos del suministro de productos farmacéuticos cuando exista una necesidad médica no cubierta en la lucha contra la COVID se haga sin salvaguardar la parte de esa norma que precisamente garantiza los criterios de publicidad activa, transparencia y, sobre todo, dar a conocer qué tipos de contratos se van a poder hacer y que ahora se llamarán acuerdos. Por estos motivos apoyaremos el real decreto ley e igualmente su tramitación como proyecto de ley. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor López-Bas. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Bel Accensi.
Moltes gràcies, presidenta. Ya le avanzo, señora ministra, que nosotros vamos a votar favorablemente a la convalidación del real decreto ley y, a su vez, también solicitamos la tramitación como proyecto de ley por los motivos que le voy a explicar. En primer lugar, yo también quiero agradecer al ministerio y al Grupo Parlamentario Socialista la sensibilidad con nuestro grupo parlamentario y con este diputado en explicar cómo se iba trasladando legislativamente el acuerdo que se tomó en diciembre con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Había temas que nos preocupaban; hemos visto cómo han sido sensibles también a las demandas y planteamientos de una parte del sector. Todas las reivindicaciones y mejoras se deben hacer sin perjudicar a la actividad económica en términos generales, como ha venido plasmando la modificación de la disposición adicional decimotercera de la LOT, que creo que ha sido ejemplar. Hay algunos temas que pueden ser mejorables, pero, en todo caso, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento. En relación con el tema del transporte, también le comento que sabe que usted tiene encima de la mesa otras patatas calientes. Yo hablaba estos días con algunas asociaciones de transporte de viajeros por carretera, que me explicaban lo que le han solicitado, y nos planteaban: Hombre, si en el transporte de mercancías por carretera hay una posibilidad de modificar los precios de los contratos teniendo en cuenta la evolución del combustible, en el transporte de viajeros por carretera deberíamos implementar una solución similar. Aunque la estructura empresarial no sea la misma, también hay muchas pequeñas y medianas empresas en este sector que ven cuestionada su viabilidad si no se puede solventar esta situación, máxime cuando,en muchos casos, la parte contratante, aparte del transportista, es la propia Administración pública. Esperemos que eso también se pueda solventar próximamente. En cuanto a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, esta revisión excepcional de precios también nos parece razonable. Nos parecía razonable cuando se anunció y se acordó. Es verdad que ustedes aprobaron este real decreto ley cinco días después de que Rusia invade Ucrania, y el escenario ha cambiado. Entendemos que no había entonces margen de maniobra o rectificación, pero nosotros sí que entendemos que eso es una situación diferente. Habrá que hacer una reflexión en torno a la Ley de Contratos del Sector Público, en general, y la no posibilidad de revisar los precios teniendo en cuenta la evolución de algunos productos, no solo los energéticos, que es evidente, sino incluso otros productos, que va a provocar que, si no modificamos esta posición inicial - tal como pronosticaba, yo creo que acertadamente, el diputado Mazón -, vamos a tener todavía muchas obras públicas paradas o algunas que se van a quedar desiertas en su licitación. Por tanto,nosotros sí creemos que se debería tramitarse como proyecto de ley y hacerlo de forma urgente, pero si el Gobierno toma medidas adicionales mediante otro real decreto ley en este ámbito, ya le avanzo que, seguramente, va a poder contar con nuestro apoyo. Finalmente, señora ministra, no será responsabilidad suya, porque aquí llegan de otros ministerios y van colocando temas en el real decreto ley que hace que no sea ómnibus, pero que sí sea un poco popurrí, porque incluyen el régimen fiscal de Global Mobility, el régimen fiscal de la UEFA Champions League 2022, o modificaciones en la Ley del Medicamento. Por tanto, les insto a que no continúen haciendo este procedimiento legislativo que creo que distorsiona y perjudica no solo las convalidaciones, sino también las posibles tramitaciones como proyecto de ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Bel. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] También por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
Gràcies, presidenta. Es un hecho que todo el mundo conoce que cada vez hay menos transportistas porque la vida de cabina es muy dura. El transporte por carretera es muy barato y, además, fiado, como se quejan los transportistas. Nadie fía la producción, pero el transportista sí, y paga al momento gasolina, ruedas, taller, comidas, gastos de desplazamiento, seguros, peajes... En cambio, cobra al cabo de sesenta u ochenta días, en el mejor de los casos. Mientras unos hablan de conciliación familiar, los transportistas, en muchos casos, están durante semanas, sino meses, sin ver a su familia, combinando trayectos para no ir de vacío, cruzando el continente y que les salgan los números. Encima, tienen que hacer frente al problema de las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades, que les van a dejar sin poder circular, en pocos meses, y la mayoría no tiene recursos para poder cambiar sus vehículos. Por si fuera poco, como bien sabe usted, señora ministra, ahora llega la subida estratosférica de la gasolina y del diésel, que asumen ellos - algunos en huelga desde ayer o desde hace días - esperando las ayudas del Gobierno. Si no se establecen medidas urgentes, los están dejando en la cuneta. Ha comentado usted en su intervención que iban a acelerar las medidas. A mí me ha recordado la canción - no sé si usted la conoce - Para ser conductor de primera,acelera, acelera. Ahora le toca acelerar al Gobierno. Ya sé que no es su competencia directa, pero realmente han de ser urgentes las medidas, no dejarlas al albur de cuando tomen la decisión, cuando la guerra se inició el 24 de febrero y han pasado ya semanas. Yendo al decreto - vamos a votar a favor de su convalidación, y queremos que se tramite como proyecto de ley -, prohíbe que los conductores de camión tengan que asumir la carga y descarga de la mercancía que transportan, pero en el sector ya están diciendo que hecha la ley, hecha la trampa. El texto del ministerio lleva a una cierta confusión porque, por un lado, dice que las operaciones de carga y descarga de las mercancías serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, pero también dice: salvo que se haya pactado por escrito con anterioridad que ese trabajo corresponde al porteador, que cobrará un suplemento al margen del precio del transporte. Aquí está la pregunta: ¿Quién será el porteador: un acompañante del transportista o el transportista que acuerde hacer la carga y descarga como porteador cobrando ese trabajo aparte? Lo dejamos aquí, esperando poder tramitarlo como proyecto. Es cierto que se acaba con una situación especialmente injusta en el transporte de larga distancia, pero todos sabemos que ahora se van a tener que buscar soluciones para el transporte de media distancia, especialmente cuando hablamos de alimentación. Como decía, votaremos a favor de la convalidación y de que se tramite como proyecto. Gracias.
Muchas gracias, señora Calvo. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Hoy debatimos la convalidación del Real Decreto Ley de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transponen directivas europeas, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Vemos otra vez cómo ustedes son capaces de recoger en un real decreto ley un sinfín de temas que no tienen relación entre ellos, y han sido capaces de poner todas las distintas problemáticas en una coctelera, mezclarlo todo en una práctica que saben perfectamente que es una deslealtad institucional con el Poder Legislativo, y, además, siguen sin hacerlo bien porque dejan sin resolver muchos de los problemas. Hoy nosotros vamos a hablar de la dignificación y profesionalización de un sector esencial, como ya quedó demostrado durante los momentos más duros de la pandemia, como es el sector del transporte de mercancías, un sector que en los últimos años ha sufrido una precarización de sus condiciones laborales que ha conllevado una inevitable pérdida de profesionales por falta de unas condiciones dignas. A todo ello, debemos sumarle el insostenible incremento de los precios de los carburantes y de las materias primas en los últimos meses, que puede llevar a miles de trabajadores del sector a una situación de quiebra económica si no se toman las medidas adecuadas. Debemos recordar que el actual parque de camiones y furgonetas en el Estado se encuentra totalmente envejecido. Según datos de la DGT, el 64 % de los camiones de gasolina y el 50 % de los camiones de gasoil tienen más de quince años. Y esto, si lo sumamos a que el 99 % de los vehículos son de combustión interna, nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado, aparte de las evidentes y nefastas consecuencias a nivel medioambiental. Estamos hablando de un problema estructural que se ha visto indudablemente agravado por la crisis actual, y es por ello que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley, porque el sector del transporte lo precisa. Sin embargo, queremos remarcar una vez más que sus propuestas nos parecen muy insuficientes, y es por ese motivo que también les anunciamos nuestro voto favorable a tramitar este real decreto ley como proyecto de ley, para incluir todas las mejoras que ustedes se han dejado en alguna área de descanso. Por ponerles ejemplos, estamos convencidas de que el paquete de medidas recogidas en el real decreto ley debería ser extensivo también al transporte de pasajeros, porque la situación actual resulta inviable e insostenible. En dos años, el precio del combustible ha sufrido un incremento del 43 % según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en su mayoría no se ha visto reflejado en los precios del servicio. El coste se ha incrementado un 17 % solo para los carburantes. Distintas organizaciones han alertado de que la situación del sector del transporte terrestre de pasajeros ahora mismo ya es insostenible. Otro punto que también echamos en falta es que la actividad profesional de los conductores del transporte está recogida como de alto riesgo por la Organización Internacional del Trabajo por los incrementos en los índices de siniestralidad y de morbilidad. Desde aquí instamos a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social a que reconozcan la actividad desarrollada por los conductores del transporte en la que concurren las circunstancias exigidas legalmente en el Real Decreto 1698/2011 para poder rebajar de una vez la edad ordinaria de jubilación. Y también se deben abordar las retribuciones: unos sueldos dignos, acordes con la responsabilidad y peligrosidad del sector. Estos deben incluir todas las horas a disposición de la empresa y no solamente los kilómetros recorridos, porque son un doble agravio laboral, ya que muchas veces - y más en el caso de ser trabajador autónomo - no pueden ni llevarlas a facturar. Celebramos que por fin se aborde la problemática de la carga y descarga. En muchos casos hay un abuso de las grandes empresas en detrimento de los trabajadores del sector del transporte. En la mayoría de los casos, tras conducir largas jornadas, deben realizar posteriormente las labores de carga y descarga. Pero la problemática no solamente queda aquí, sino que, cuando llegan a las plataformas logísticas, en algunos casos pueden sobrepasar las cinco horas de espera. Pero, como muchos de los puntos del real decreto ley, este punto no está bien definido; falta ver y consensuar qué excepciones habrá vía reglamento. No voy a terminar sin insistir nuevamente en la necesidad de dignificar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, tanto los asalariados como las personas trabajadoras autónomas. Es necesario paliar el sobrecoste que los trabajadores autónomos y pequeñas empresas dedicadas al transporte están afrontando desde hace meses y que se va a intensificar y prolongar en el tiempo debido a la guerra provocada por la invasión de Ucrania. El sector del transporte - ustedes saben - hace años que está tensionado y a las soluciones que acordaron en diciembre les falta muchísima ambición. Por eso, les reclamamos que suban una marcha y pisen el acelerador, porque el semáforo de la transición ecológica y social ahora está en verde; si no, el sector se va a quedar en un punto muerto de difícil reparación con unas consecuencias que ahora mismo no nos podemos permitir. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Granollers. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, antes de nada, en nuestro grupo parlamentario queremos seguir haciendo una apuesta decidida por la paz y por la solución dialogada al conflicto en Ucrania. Creemos que este conflicto solo se va a solucionar en una mesa y que deben existir todos los esfuerzos por parte de los países de Europa para avanzar hacia una conferencia internacional de paz que garantice la paz y la seguridad al conjunto de los pueblos de Europa. En estos momentos, está ardiendo el granero de Europa y está ardiendo uno de los graneros más importantes del mundo. No solamente va a haber consecuencias en Europa, muchos pueblos van a pagar muy gravemente una crisis alimentaria que está en estos momentos solo en ciernes. No puede ser que esta crisis la paguen los sectores populares. Creemos que es necesaria una apuesta desde los poderes públicos para salvaguardar los intereses del conjunto de la población ante una situación tan grave y tan angustiosa como la que se está viviendo en estos momentos. Este real decreto es un primer paso, un primer paso que plantea responder a cuestiones que son estructurales y que vienen de décadas en el sector del transporte de mercancías por carretera. Tenemos un problema y es que la precariedad se ha apoderado de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido de los servicios. La externalización, la devaluación del trabajo y la primacía de aquellos que se dedican a la intermediación frente a aquellos que realizan las prestaciones están estrangulando nuestro tejido productivo y nuestro tejido de servicios. Y cuando se producen problemas coyunturales, como los que estamos viviendo en estos momentos, esos sectores terminan en situaciones especialmente desesperadas. La precariedad generalizada en el sector es insoportable y eso es algo que viene de muy lejos y que responde a un modelo. Lo que se está reclamando desde ya es la necesidad de articular controles de precios que pongan freno a la especulación, porque no es asumible que los costes generales del transporte que se imputan a los precios finales sean altos cuando las retribuciones de la gente que trabaja son cada vez más bajas. En ese sentido, queremos reclamar también que se cumplan los convenios colectivos. El convenio colectivo del transporte se tiene que cumplir y tiene que haber un compromiso por parte de la patronal para su cumplimiento. Tiene que haber una política de protección hacia las pymes y los autónomos, y eso significa tener una política de control de precios para garantizar que la gente cuando trabaja tenga retribución suficiente y no se quede por el camino en manos de los especuladores y los intermediarios. [[Aplausos]] Es cierto que la precarización de las condiciones de trabajo no es un problema exclusivo del transporte de mercancías por carretera, pero es que lo de los coeficientes reductores ya clama al cielo, ¡ya clama al cielo! Hay un acuerdo entre los agentes sociales desde hace muchos años y llevan demasiado tiempo parados los expedientes en el Ministerio de Seguridad Social. Necesitamos protección en el trabajo y eso significa que hay que avanzar - en este sector también - hacia una jubilación a los sesenta años que garantice la seguridad vial y la seguridad en el trabajo. Ese es un camino que tenemos que recorrer juntas las fuerzas políticas y también tiene que tomarse la decisión con valentía en el propio Ministerio de Seguridad Social. Son momentos muy difíciles. En estos momentos creemos que el Estado tiene que dar el do de pecho para mostrarse como un elemento central en el equilibrio de las relaciones que se producen en nuestro país, para que los fuertes no aprieten a los débiles y el Estado se convierta en garante de sus intereses. Ante eso hay que entender que la precarización ha sido un elemento clave. En cuanto a la cuestión de la energía, sería también importante recordar cómo estos impactos que se están produciendo en el mercado internacional podrían amortiguarse si tuviéramos empresas de energía públicas potentes que abarcaran en el conjunto de los sectores. [[Aplausos]] Pero les digo que hemos tenido suerte dentro de la desgracia. Si en 2008 el Gobierno de Zapatero hubiera hecho caso a Juan Carlos I en su mediación para vender Repsol a LUKoil, hoy nuestro país tendría una situación gravísima. Yo quiero agradecer que en ese momento no se le hiciera caso en esas gestiones de lobby que hizo de la mano de Corinna Larsen. Necesitamos entender que hay que garantizar los servicios y la producción frente a la especulación. Eso implica también que seamos conscientes de que, junto con la fijación de precios, es necesario que empecemos a pensar en cumplir la Constitución para garantizar los derechos del conjunto de la población. Yo quiero recordar un artículo que queda al fondo a la izquierda dentro de la Constitución española y que dice: 'El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución'. Necesitamos aplicar el pacto constitucional. [[Aplausos]] Sabemos que hay un régimen que lleva mucho tiempo intentando socavar el cumplimiento de los aspectos sociales de nuestra Constitución. Esta es una de las primeras medidas frente a la crisis que estamos viviendo en estos momentos derivada del conflicto en Ucrania. Vendrán más a final de mes; que sean todas en el mismo sentido para garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía. No nos sobra ni un euro en apuesta por la igualdad del conjunto de la población de este país, de los permisos de maternidad y de paternidad, de la cobertura y de la protección social al conjunto de la población. Frente a aquellos que quieren entregar los presupuestos que se destinan a las necesidades sociales de nuestro pueblo a las eléctricas para pagar la factura, nosotros lo tenemos claro: las eléctricas que paguen hay que acabar cuanto antes con sus superbeneficios. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Mayoral. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora presidente. Señora ministra, un comentario previo. No ha parado usted aquí de hablar de consensos, pero usted sabe que lo que tiene fuera es una huelga, ¿no? [[Risas.-Aplausos]] Nos trae hoy el Gobierno un paquete de medidas para los transportistas de mercancías por carretera; un paquete, como todo lo que hacen, deficiente. El 23 de julio de 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a estudiar gran parte de las reclamaciones del sector y, sin embargo, lo que nos trae hoy a esta Cámara hace poco más que insultar a los transportistas de mercancías por carretera. Los dejaron fuera de las ayudas para la transformación de flotas, los dejaron fuera de las ayudas directas al apoyo a la solvencia empresarial y redujeron 16.000 euros las ayudas al abandono de la profesión. Y ¿dónde están los 200 millones que aún les deben del céntimo sanitario? ¿Y su seguridad? ¿Dónde queda su seguridad? Tan solo treinta y siete aparcamientos están considerados como seguros, habiéndo producido un incremento del robo de carga, polizones a bordo de los camiones y ataques a los conductores; por no mencionar que aún no se les ha reconocido todo lo que hicieron por los españoles durante el confinamiento ilegal. [[Aplausos]] Entonces, demostraron su capacidad en condiciones deplorables, con reducción de los tiempos de descanso y anteponiendo el abastecimiento de los españoles a su propia seguridad, sin un bar abierto donde poder tomarse un café, ni un solo lugar donde poder asearse. Pero a ustedes, eso les da igual. A ustedes no les importan los transportistas. Por eso los dejaron fuera de las ayudas, por eso no les pagan lo que les deben, por eso siguen sufriendo asaltos y robos en sus mercancías. Están centrados en su oscura Agenda 2030 y en los aún más oscuros intereses de los lobbies eco radicales que la marcan. De las intervenciones del resto de grupos parlamentarios puedo concluir que parece que con este real decreto han conseguido desviar la atención de lo realmente importante. Este Gobierno obedece a una agenda globalista que recoge las posiciones europeístas de una política energética que perjudica a nuestros transportistas. [[Aplausos]] Es una agenda que quiere impedir el tráfico particular por carretera. En España el 95 % del transporte de mercancías se realiza por carretera y eso parece que choca con su querida Agenda 2030 y con su cupo de emisiones. Claro, tendrán que comprarse nuestros transportistas un Falcon para poder luchar contra el cambio climático, como hace nuestro presidente [[aplausos]]; por cierto, luegolo declara secreto de Estado. Y quieren acabar con nuestros transportistas de la única manera que saben: asfixiando al sector. Tenemos la euroviñeta como nuevo peaje a camiones pesados, sanciones como la prima por exceso de emisiones de CO2 o la subida desorbitada del precio de los hidrocarburos. El gasóleo supone la tercera parte de los gastos de un sector en el que seis de cada diez trabajadores son autónomos o empresas de menos de tres camiones, porque hablamos de empresas familiares,hablamos de familias. El precio del combustible es el más caro de la historia; ni siquiera en 2008 o 2009, cuando el petróleo llegó a 140 dólares el barril, pagamos 2 euros por el litro de gasolina. Y ¿por qué? Pues, usted lo ha dicho aquí: la culpa es de Putin; de Putin, de Franco o del heteropatriarcado, de cualquiera con tal de no reconocer responsabilidades políticas. [[Aplausos]] No obstante, este Gobierno se embolsa nada menos que 250 millones de euros al mes por la subida de los carburantes, porque - recordemos - los impuestos que los gravan son un 21 % de IVA y más de un 30 % de impuestos especiales. Y, lejos de compensar esas medidas reduciendo los impuestos de los hidrocarburos como ya han hecho otros Estados - como Polonia -, como esos 250 millones les van muy bien, van y les dicen a los transportistas que se solucionen ellos mismos la papeleta con la repercusión en los precios y demás. Igual que VOX está del lado de nuestro campo para proteger a nuestros agricultores frente a una competencia extranjera desleal, estamos del lado de nuestros transportistas, que suponen un sector estratégico fundamental que debería ser una prioridad para este Gobierno. [[Aplausos]] Y, por si todo ello no fuera suficiente, quieren implementar además un sistema de pago en todas las carreteras de alta capacidad de España. En ese sentido, mi grupo parlamentario llevó a la sesión de la Comisión de Transportes que se celebró el día 24 de febrero una proposición no de ley para evitar este nuevo atropello. Pues bien, todos los grupos obedientes a esa agenda globalista votaron en contra, salvo el Grupo Parlamentario Popular; y digo salvo respecto a la votación,porque todos sabemos que algunos de sus dirigentes también obedecen a la agenda globalista. Se han rechazado sistemáticamente las múltiples y reiteradas propuestas de VOX para este sector. Ni una sola medida que les dé oxígeno, familias que pierden su sustento y sus camiones y que no tienen donde sobrevivir, y les dan respuestas estructurales. Así, cada paso que da este Gobierno es un paso más hacia la pobreza y la ruina de todos los españoles. Si realmente les importaran los transportistas, bajarán los impuestos sobre los hidrocarburos y eliminarían el compromiso asumido con Bruselas de implantar un sistema de pago en todas las carreteras de alta capacidad de España - la euroviñeta - o los impuestos verdes. Sin embargo, los asfixian, igual que asfixian a todos los españoles con la subida del precio de la luz y del gas, el anuncio de nuevos impuestos o la inflación disparada. Y ¿por qué los asfixian? Para repartir 20.000 millones en políticas de desigualdad y para mantener la estructura de Gobierno más cara de la historia de España. [[Aplausos]] Vienen aquí, con la cara más dura que la suela de un zapato, a traer un paquete de medidas que han tenido la poca vergüenza de denominar medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. Es un verdadero insulto cuando es precisamente este Gobierno el responsable del aumento de precios y el causante de la situación en la que se encuentran nuestros transportistas. [[La señora]] Y por eso... Me gustaría que la señora ministra me escuchase, pero el mensaje va para los españoles, no se preocupen. [[Aplausos]] Por eso y por 20 000 millones de razones más, ánimo a todos los transportistas a que se sumen, como haremos nosotros, este sábado, día 19, a la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad ante los ayuntamientos de toda España; no por esos estómagos agradecidos de Comisiones Obreras y UGT, que se manifestaron cuando el precio de la luz estaba en 70 euros megavatio/hora, pero no lo hacen hoy que cuesta 545. Estarán aún digiriendo el marisco. [[Aplausos]] Como dice nuestro portavoz, los españoles sólo saldrán adelante cuando los dejemos atrás. Muchas gracias. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señora De las Heras. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.
Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, creo que no descubro nada si digo que este Gobierno siempre llega tarde y que además siempre llega mal, quizás porque esa es la consecuencia de que ustedes estén permanentemente más preocupados en buscar la excusa que encontrar la solución a los problemas que se derivan de la gestión de este Gobierno. Para ustedes la culpa siempre es de alguien, si no es del PP es del virus y ahora de Putin. Sin embargo, para los ciudadanos españoles la realidad es que no existe otra responsabilidad que la del Gobierno más nefasto de nuestra historia reciente. Cuando en el mes de septiembre nosotros ya llevábamos varios meses insistiendoles en que tenían que adoptar medidas para contener la subida de precios a la que se enfrentaban las familias y las empresas - andábamos ya por entonces con una inflación del 4 %-, ustedes, por boca de la vicepresidenta económica, decían que la escalada de precios no era preocupante porque se derivan del crecimiento económico. [[Muestra un recorte de prensa]] Ahí no hay nada. Pero es que cuando Putin invadió Ucrania ya teníamos una inflación por encima del 7 %, la más alta en los últimos treinta y cinco años. Por tanto, excusar el aumento de los precios energéticos y del resto de la cesta de la compra por la guerra de Ucrania no es sino otra de las innumerables falacias de este Gobierno, del Gobierno de Pedro Sánchez. En enero de 2021 la luz tenía un precio de 4,19 euros megavatio/hora y a final de año se alcanzaron los 360 euros; el precio del gas el pasado diciembre era de 183 euros megavatio frente a los 20 euros que costaba a principio de año, y solo el gasóleo sube un 32 % cuando aún no se atisbaba la invasión de Ucrania. Eran señales inequívocas de que había que hacer algo. Sin embargo, ustedes, señora ministra, no han adoptado ni una sola medida, porque esta situación le ha servido al Gobierno para batir todos los récords en recaudación de impuestos en el año 2021. Por eso, y no por otra cosa, estos días hay movilizaciones en las calles de transportistas, de agricultores, de pescadores, de padres de familia que cada día tienen más difícil levantar la persiana porque los costes energéticos y de materias primas son cada vez más inasumibles. Como ya suele ser costumbre, este Gobierno nos trae un popurrí de decreto a esta Cámara que incluye diversas materias. Por un lado, se traspone la directiva europea sobre conductores desplazados y se introducen modificaciones legales en el marco de las condiciones laborales de los transportistas - fruto de las peticiones y reivindicaciones del sector en los últimos tres años -, como la prohibición de la participación de los conductores en operaciones de carga y descarga y la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una. Son medidas, por tanto, que nuestro grupo va a apoyar. Sin embargo, hoy el gran problema del transporte es el precio de los carburantes y una medida como la revisión obligatoria del precio del contrato no es la solución a los incrementos de los costes de los transportistas. De hecho, la propia exposición de motivos de este decreto recoge que es una medida para un escenario de incremento sostenido del precio del gasóleo, algo que no responde a la coyuntura actual porque el incremento del gasóleo es de todo menos sostenido. Por eso decía yo que el Gobierno va tarde. Señora ministra, bajen el IVA de los combustibles al 4 % y modifique el impuesto sobre hidrocarburos. No esperen ni un día más. [[Aplausos]] No se puede mirar para otro lado aquí también. Es su responsabilidad garantizar los movimientos de mercancías, es su responsabilidad garantizar que los productos de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos llegan a los mercados, y es su responsabilidad también ofrecer una solución a los transportistas, porque cada día que pasa se agudiza la situación y un 90 % de ellos están abocados a la quiebra. Por otro lado, la sección segunda de este decreto incluye mecanismos de revisión de precios de los contratos de obra pública, que están suponiendo un auténtico colapso después de más de un año de reivindicaciones del sector debido al incremento desmedido de los costes de los materiales. El Grupo Parlamentario Popular el otoño pasado, tras comprobar la paralización de innumerables obras públicas, trajo una proposición a esta Cámara a la que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra. Hoy traen este decreto - y lo vuelvo a reiterar, señora ministra - tarde y mal. Prevén revisiones excepcionales en los contratos, pero limitadas al incremento del acero, del aluminio, del cobre y de los bituminosos. Es cierto que estos materiales representan importantes unidades de obra, pero ¿qué pasa con el resto que quedan excluidos? ¿Es que no se han producido incrementos en la energía o en el resto de materiales? Se limitan las revisiones al año 2021 y se limita también la revisión a un 20 % del precio del contrato. Vamos a ver, con un incremento del 105 % en el acero, con un incremento del 81 % en el aluminio o con el 180 % que había subido el precio del petróleo antes de la guerra, lo que hoy traen sin duda puede ser un alivio pero no es ni mucho menos la solución definitiva, porque lo que se está haciendo es condenar a que muchas obras no se ejecuten o se ejecuten en pérdidas. Por no hablar, por supuesto, de que no se contempla la posibilidad de la revisión de los plazos de ejecución, tal y como pedía la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Termino, señora presidenta. El Grupo Popular va a apoyar la convalidación de este real decreto. Lo hacemos en un ejercicio de responsabilidad porque incluye medidas positivas, pero ni es suficiente ni responde a la actual coyuntura de los sectores afectados, principalmente los transportistas y las empresas contratistas de la propia Administración del Estado. Por eso, al Gobierno hoy le pedimos más. Señora ministra, los transportistas en las calles, los agricultores en las calles,los pescadores en las calles y los españoles asfixiados sin poder pisar la calle. No pierdan más tiempo. ¿Por qué se empeñan en esperar a fin de mes? ¿Por qué se empeñan en tomar decisiones a fin de mes cuando los españoles no pueden llegar a fin de mes? Cojan la mano tendida que les está ofreciendo el Partido Popular y rectifiquen su política energética, rectifiquen su política fiscal y rectifiquen su política económica, porque, si no lo hacen hoy mismo, si no lo hacen ya, van ustedes a llevar a la ruina a demasiada gente. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Castellón. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
Gracias, presidenta. Nadie puede dudar de que llevamos unos años muy complejos en este país y en el mundo. Del silencio del COVID que recordamos todos, el silencio atronador de las calles, un silencio atronador en unas circunstancias que no habíamos vivido en este país ni en el mundo en mucho tiempo, curiosamente hemos pasado al ruido de la guerra. Qué diferencia, ¿verdad? En muy poco tiempo el mundo está viviendo una situación muy compleja. En este debate vamos a hablar de camioneros, y transportistas..., pero creo que vamos a hablar de algo mucho más importante, que es la situación que vivimos y cómo se va a posicionar cada partido político ante esta situación. Quiero agradecer la posición del Grupo Parlamentario Popular; digo la posición votando a favor, porque el discurso que ha hecho en la intervención es radicalmente distinto. Y, en la coyuntura que estamos viviendo, hemos visto lo que busca VOX con su intervención. Lo que busca con sus actuaciones es incrementar el ruido y creo que en esto Europa nos ha dado a todos una lección. Europa ha dado una lección de unidad. Europa ha dicho: silenciamos la guerra. Y creo que, con nuestras actuaciones y con nuestros discursos, los demócratas de este país tenemos que demostrar que se puede silenciar la guerra [[aplausos]] y tenemos que hacerlo apoyando las medidas que son buenas para muchos sectores. Si nos fijamos en las declaraciones que ha hecho la portavoz de VOX vemos cómo ha nombrado y cómo ha criticado a la Unión Europea. ¿Somos conscientes de lo que supone en la situación actual criticar al organismo que permite que nos sintamos todos más seguros, que sintamos que tenemos la fortaleza del Estado democrático para luchar contra la sinrazón? ¿Somos conscientes de que lo que ha hecho hoy aquí VOX es demostrar que quiere intentar que el ruido de las calles, el ruido de la desesperanza de la gente, el ruido de la situación que vive cada día, triunfe y sobre todo beneficie al que está intentando atacar la democracia? Creo que todos tenemos que ser conscientes de esa situación. Yo puedo llegar a entender a los transportistas, a los camioneros que están manifestándose, que hacen una huelga porque creen que tienen una situación que se puede mejorar -¡cómo no lo voy a entender!-, camioneros que además lucharon durante mucho tiempo y sobre todo durante la pandemia para que todos tuviéramos de todo. Evidentemente entiendo a ese transportista que en una situación de cansancio busca poder decir alto que está cansado, igual que entiendo a los agricultores que puedan decir que están cansados, igual que puedo entender que cualquier ciudadano pueda decir que está cansado. Ante eso, lo único que queda es que los partidos políticos escuchemos a esos sectores, como estamos haciendo, intentemos tomar las medidas y sobre todo en este Parlamento demostremos la unidad del pueblo español [[aplausos]], la unidad para solucionar y para salir de la situación complicada que estamos viviendo. Esto es lo que nos estamos jugando con cada una de nuestras intervenciones. Sé que es mucho más cómodo, mucho más enriquecedor para algunos, hacer una de esas intervenciones virales que te permiten tener un vídeo que subes a las redes sociales, que se comparte, que lo jalean tus seguidores, que le dan 'me gusta'. Sé que es mucho más reconfortante, pero creo que hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los que tenemos que renunciar a mostrar las diferencias para poner en valor lo que nos une. Por eso yo hoy no voy a poner el foco en lo que me diferencia del Partido Popular, que es mucho; no voy a poner el foco en las declaraciones que ha hecho hoy el Partido Popular, que no comparto, voy a poner el foco en que el Partido Popular Hoy con la mayoría de la Cámara va a apoyar un decreto que es bueno para los transportistas de este país, que es bueno para las empresas constructoras [[aplausos]], que es bueno sobre todo para el ánimo de nuestro país. Como decía, vienen tiempos complejos. Vivimos en una alta volatilidad, ya vivíamos en una alta volatilidad; la pandemia y la guerra la han incrementado. Ante esto, la política tiene que estar a la altura. Yo decía al principio de mi intervención que entiendo lo que puede sentir un camionero, pero ante eso creo que tenemos la obligación en esta Cámara, como decía al principio, de silenciar el ruido de la guerra, y eso solo se hace con consenso. ¿Por qué no nos podemos dar una tregua? ¿Por qué no podemos dar el ejemplo que creo que necesitan y esperan muchos ciudadanos? Creo que es lo que tenemos que intentar. No creo que a ningún partido político le pase nada porque se dedique unos meses a no criticar al Gobierno, aunque no esté de acuerdo con lo que hace, y a aportar fórmulas en el plan que va a proponer en las próximas semanas el Gobierno de España. Creo que es lo que esperan muchos ciudadanos de nosotros y sobre todo eso es lo que permitirá silenciar al radicalismo de VOX, al radicalismo de la ultraderecha. Porque el radicalismo de la ultraderecha beneficia a quien quiere acabar con una democracia que durante muchos años les costó construir a muchas generaciones que lucharon por que tuviéramos lo que tenemos hoy aquí, que es la palabra defender lo que pensamos, la palabra defender y discrepar incluso con el oponente político, pero por eso estamos en un momento clave. Quiero poner en valor el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es quien representa al sector, que tiene una representación mayoritaria, que apoya este decreto y que además trabaja con el Gobierno para que sigamos avanzando en todo lo que se tiene que hacer. [[Aplausos]] Algunos se plantean por qué este Gobierno no escucha a los camioneros que a título individual se están manifestando en las calles. Yo hago una pregunta: ¿qué ocurriría si el Gobierno decidiera mañana que para consultar a una comunidad autónoma, en vez de preguntar a su presidente, pregunta individualmente a determinados ciudadanos? Creeríamos que no está cumpliendo con las reglas democráticas que nos hemos dado. Por eso creo que el Gobierno hace bien fortaleciendo al Comité Nacional del Transporte, que además fue elegido hace relativamente poco y que tiene un mandato de cuatro años. [[Aplausos]] Eso no quiere decir que en algunos momentos nos tengamos que replantear cómo se elige la representación, habrá que hacerlo, pero ahora la representación es la que es. Terminó igual que empecé. Tenemos la obligación todos los que estamos aquí, aunque no lo haga una parte pequeña del hemiciclo que cada día esperemos que sea más pequeña, de silenciar el ruido de los que intentan acabar con lo que ha hecho que nos sintamos todos orgullosos de nuestro país, de nuestra democracia y de nuestro sistema del bienestar y por lo que hemos luchado tanto. No permitamos que aquellos que se ríen de estas palabras sobre la democracia acaben con ella. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Ramos. [[El señor Sánchez del Real pronuncia palabras que no se perciben]]Señor Sánchez del Real, muchas gracias por su silencio. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley del Deporte. Les informo de que los grupos parlamentarios Republicano y Plural han solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dichas solicitudes se someterán a votación a continuación de la votación correspondiente a la de la enmienda a la totalidad. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Cultura y Deporte.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Me dirijo a ustedes hoy para defender el Proyecto de Ley del Deporte y para solicitarles su apoyo al mismo votando en contra de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Siendo legítimas las observaciones que este grupo ha formulado en su enmienda a la totalidad, no compartimos que en el Proyecto de Ley del Deporte existan invasiones competenciales o que el texto que les sometemos a su consideración limite la capacidad del desarrollo competencial de las comunidades autónomas en el ámbito del deporte. Desde luego, todos los textos son susceptibles de mejora y creemos que se debe utilizar el trámite de enmiendas parciales para hacer esa labor. Creemos también que siempre se puede reforzar la concepción del modelo deportivo o clarificar cuestiones competenciales, así como atender propuestas no recogidas en el texto, corregir deficiencias para impulsar un nuevo modelo deportivo que favorezca la sociedad en su conjunto. Pero eso sólo podremos hacerlo entrando en el debate del proyecto, no dilatando una vez más la necesaria aprobación de una ley del deporte que supere la anterior. Por tanto, y desde el primer momento, les manifiesto que el Gobierno y la mayoría parlamentaria en que se sustenta abordarán el debate de las enmiendas desde una perspectiva dialogante y abierta. Han transcurrido treinta años desde la entrada en vigor de la vigente Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990. Es imprescindible aprobar una nueva ley que actualice la norma y adapte el marco jurídico del deporte a un entorno mucho más complejo, desarrollado y profesionalizado que el de hace tres décadas. La necesidad de esta reforma se ha puesto de manifiesto especialmente en los últimos años, tanto por los actores del ecosistema deportivo, así como en diversas ocasiones por diversos portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Este es un Gobierno reformista y bajo esta premisa de que hay que cambiar cosas, de que hay que mejorar cosas, hemos traído a esta Cámara la reforma de una ley vigente desde 1990. El proyecto de ley que traemos a la Cámara nos permite abordar la acuciante tarea de actualizar el marco jurídico a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades, poniendo especial atención en dos aspectos que no fueron recogidos en la Ley de 1990: el primero, la integración del deporte practicado por personas con discapacidad, y el segundo, la protección y reivindicación del papel de las mujeres en toda su amplitud y desde todas las vertientes, tanto dentro como fuera de la esfera federada, tanto deportistas profesionales como no profesionales, así como el papel de las gestoras y directoras de clubes deportivos, federaciones deportivas y asociaciones deportivas. La Constitución, en su artículo 43.3, contiene un mandato a los poderes públicos de fomento de la educación física y el deporte. Con el objeto de dar cumplimiento a este mandato, presentamos un Proyecto de Ley del Deporte que regula todos aquellos aspectos que no corresponden a las comunidades autónomas en virtud del artículo 148.1, epígrafe 19, de la carta magna. En el aspecto competencial, sabemos que todas las comunidades autónomas han asumido estatutariamente competencias exclusivas en materia de deporte, pero estas competencias quedan necesariamente circunscritas a sus respectivos ámbitos territoriales. De acuerdo con ello, el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de la actividad física y el deporte a nivel estatal, de conformidad con lo constitucionalmente previsto. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido a lo largo de su doctrina que el Estado puede incidir en esta materia a través de otros títulos competenciales o bien mediante regulaciones que afecten a los intereses generales del deporte español en su conjunto. Puede verse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 80/2012, de 18 de abril. El tribunal ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones - se pueden ver las sentencias 16/1996, 194/1998, 110/2012 o, más recientemente, la sentencia 33/2018- los límites de las competencias autonómicas en materia deportiva, y señala que la atribución estatutaria de la competencia exclusiva en materia de deporte debe necesariamente tener en cuenta dos aspectos: primero, el carácter territorialmente limitado de las competencias autonómicas, es decir, que la competencia autonómica se circunscribe únicamente al territorio de cada comunidad autónoma, y segundo, la posible afectación de intereses generales de carácter supraautonómico del deporte español en su conjunto, cuya defensa y promoción corresponden al Estado. Es importante que, si bien las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia deportiva, el Estado también puede intervenir en concurrencia con ellas en la regulación del deporte en los dos aspectos anteriormente mencionados. Si incidió especialmente en esta cuestión es precisamente por responder al planteamiento de la enmienda a la totalidad presentada por el GrupoRepublicano. La jurisprudencia constitucional nos indica que la propia realidad poliédrica del deporte determina necesariamente el entrecruzamiento de títulos competenciales. En la actividad deportiva se cruzan, por ejemplo, aspectos en materia de salud, cultura, investigación, educación física, profesiones reguladas o legislación mercantil. La concurrencia de la actuación de las diversas administraciones públicas - la estatal, la autonómica y la local - puede exigir en algunos casos una actuación supra autonómica por requerir de un enfoque global, o la coordinación de diversas actuaciones por tratarse de actuaciones en las que el deporte se relaciona con otra materia atribuida competencialmente al Estado como, por ejemplo, las relaciones internacionales. Este proyecto de ley, por tanto, representa con claridad esta voluntad de coordinación y cooperación interterritorial y, a su vez, de fortalecer el deporte en el ámbito internacional. Como les decía, como texto es naturalmente perfectible, y a ello deberemos empeñarnos todos en el trámite de negociación de las enmiendas parciales, pero les pido otra vez encarecidamente que demos luz verde a la discusión de una ley que está llamada a sustituir la vigente Ley del Deporte, que lleva ya treinta años de vida. Señorías, paso a exponerles brevemente el contenido del proyecto de ley que, como saben, se estructura en nueve títulos y voy a subrayar sólo los aspectos más novedosos. El título I regula la organización administrativa del deporte, es decir, la dirección de la política estatal del deporte y las funciones, régimen político y estructura del Consejo Superior de Deportes, al que corresponde su gestión directa - por cierto, aprovecho para saludar a su presidente, que nos acompaña hoy desde la tribuna -. Destaca la creación de la Conferencia Sectorial de Deporte como órgano permanente de coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla En materia de actividad física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo. El título II se refiere a los actores del deporte, a los protagonistas del deporte, dedicando el capítulo I a la clasificación y definiciones correspondientes entre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, así como entre deportistas profesionales y no profesionales. El concepto deporte es multidimensional y la ley ha querido amparar a todos los posibles sujetos que practiquen deporte, sea de manera profesional, oficial o no oficial y también como actividad de ocio, dotando a cada uno de ellos de derechos y obligaciones específicas. El título III versa sobre las asociaciones deportivas, y es un título esencial de definición y delimitación de funciones en el amplio tejido asociativo del deporte nacional. En él se regulan las federaciones deportivas españolas, que actúan como agentes colaboradores de la Administración en el fomento, la organización, la reglamentación, el desarrollo y la práctica del deporte en el conjunto del territorio del Estado. Con el objetivo de garantizar la igualdad real en todos los ámbitos deportivos, la ley establece la obligación de las entidades deportivas de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos. Además, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a realizar un informe anual de igualdad entre mujeres y hombres respecto de las competiciones que organicen. También estarán obligadas a elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad, con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, una política claramente de apoyo a las familias. Por otro lado, se establece la obligación de promover la igualdad en la visibilidad de eventos deportivos en categoría masculina y femenina en los medios de comunicación, garantizar la igualdad de premios entre ambos sexos y velar para que la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación y estereotipos sexistas. Es el momento de impulsar este cambio, dando voz y visibilidad a las mujeres deportistas, así como a los colectivos de personas con discapacidad que desean realizar la práctica deportiva, pero de manera integradora y no bajo un anticuado modelo segregado. Al respecto de ese impulso al deporte entre las mujeres, permítanme subrayar la importancia de la aprobación el pasado lunes de los estatutos de la liga profesional de fútbol femenino como una apuesta clara del Gobierno por el impulso y reconocimiento del deporte entre las mujeres. [[Aplausos]] Permítanme que con ello - agradezco, naturalmente las muestras de apoyo - estemos felicitando a quienes son los verdaderos protagonistas de este acuerdo, que son los clubs, la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, pero, sobre todo, a las futbolistas. A ellas se debe este avance, es un éxito que se han ganado a pulso y que se debe, en primer lugar, a su empeño. [[Aplausos]] Señorías, respecto a las federaciones deportivas autonómicas, que me consta que es también un tema que suscita preocupación, el artículo 44 de la ley regula su participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional a través de la federación deportiva española, como disponen las federaciones internacionales de las distintas disciplinas deportivas. En todo caso, quiero aprovechar para señalar que el deporte debe servir para unir y no para separar, porque juntos somos más fuertes y mejores. El título IV es el referido a los comités olímpico y paralímpico, definiendo su naturaleza y función principal. Debemos señalar el especial interés que ha manifestado el Comité Paralímpico Español en el impulso de este proyecto de ley y su ferviente deseo de que salga adelante por el determinante impulso que supone para el deporte inclusivo en nuestro país. El título V se dedica a la actividad deportiva y estructura la regulación de las competiciones, la responsabilidad de los organizadores de las competiciones oficiales y no oficiales, el deporte universitario, el deporte en edad escolar y la actividad deportiva no oficial, así como el deporte militar. Por su parte, el título VI es el relativo a la organización de las competiciones profesionales, mientras que el título VII regula el régimen sancionador. Sabemos que este título ha suscitado algunas discrepancias. Bienvenidas, hablémos las,traté moslas a partir de las enmiendas que puedan presentarse por parte de los diversos grupos a este proyecto de ley. Pero, de todas maneras, quiero decirles que lo que hace este proyecto de ley es diferenciar entre el régimen sancionador que se ejerce por la Administración General del Estado sobre las personas físicas o jurídicas y el régimen disciplinario deportivo, referido a la infracción de las reglas de juego o de competición. El título VIII regula la solución de conflictos en el deporte y este ha sido otro tema que ha suscitado debate y, tal vez, cierta confusión que resulta oportuno aclarar. El régimen disciplinario en sede federativa será conocido y resuelto por los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas, tal y como sucede en la actualidad. Así pues, las resoluciones disciplinarias federativas seguirán siendo recurribles ante el Tribunal Administrativo del Deporte cuando conlleven la imposición de sanciones de privación, revocación, suspensión o privación definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia. Lógicamente, las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que agotan la vía administrativa serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como sucede en la actualidad. El resto de resoluciones disciplinarias dictadas por las federaciones deportivas españolas no serían recurribles ante este tribunal administrativo, sino que podrían ser recurridas ante cualquiera de las dos siguientes formas de impugnación: ante la jurisdicción civil, en un procedimiento declarativo ordinario, o ante el sistema de resolución extrajudicial de conflictos, en un procedimiento arbitral. Estas sanciones podrán ser recurridas por los sistemas o mecanismos propios de las entidades asociativas de naturaleza privada, reforzando así el control de legalidad de estas decisiones. En este sentido, cada persona o entidad adscrita a las federaciones deportivas españolas tendría la facultad de determinar si opta por acudir a los juzgados y tribunales ordinarios de Justicia del orden civil o si, como sucede en el seno de las federaciones deportivas internacionales, se plantea su recurso o impugnación a través de un arbitraje. ¿Por qué hemos optado por ampliar esa posibilidad? Porque respondemos a una demanda histórica del conjunto del deporte federado español. Por lo tanto, la ley ofrece mayores garantías y también mayor libertad de opción a cada deportista para defender lo que considera sus derechos en la forma que estime más adecuada, más acorde a su interés. Por último, el título IX se dedica a la planificación de las instalaciones deportivas al servicio del deporte. En el proyecto de ley se incorporan también preceptos de protección al menor, de acuerdo con la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La práctica deportiva por parte de menores de edad, sus derechos y necesidades, serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos. Las Entidades deportivas deberán garantizar el cumplimiento de las normas de protección y tutela de aquellas personas, de conformidad con lo previsto en esta ley orgánica. En nuestra lucha contra cualquier forma de abuso en el deporte, la ley dispone que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación,abusos, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Todos estamos de acuerdo en proteger la libertad y, en el ámbito del deporte, hay que hacerlo de forma especial y, por lo tanto, la ley dedica amplios preceptos en esta dirección. [[Aplausos]] También la ley refuerza los derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. Decimos normalmente personas LGTB pero, de vez en cuando, conviene saber qué hay detrás de esas siglas, y detrás de esas siglas hay personas con una orientación sexual distinta a la mayoritaria. [[Aplausos]] ¿Y cuáles son los dos criterios esenciales por los cuales incorporamos esta cuestión al proyecto de ley? Primero, garantizar la participación y acceso a todas las personas a la práctica deportiva, y segundo, erradicar toda manifestación discriminatoria o muestra de LGTBfobia en el deporte. En definitiva, señorías, esta ley pretende dar respuesta a los retos del presente y del futuro del deporte. Es la respuesta a amplias demandas de renovación del sector, que lleva al menos - lo hemos mirado - veinte años reclamando cambios en una ley que data ya de hace treinta años. Es el fruto del trabajo de muchos años, de muchos gobiernos, y cuya elaboración debemos al Consejo Superior de Deportes, que ha mantenido una interlocución constante con los agentes directamente implicados en el ecosistema deportivo. En este sentido, quiero agradecer el trabajo y el empeño del equipo del Consejo Superior de Deportes y, particularmente a su presidente que, como les he dicho, nos acompaña en esta tribuna, que nos ha permitido llegar a la Cámara con un texto muy trabajado, no perfecto y, por lo tanto, y vuelvo a reiterar, que debería ser en el trámite de enmiendas parciales en el que entre todos lo mejoremos aún más o corrijamos algunas ausencias o algunos errores que se puedan haber deslizado en el mismo. Este texto supone un avance significativo en materia de igualdad, inclusión y desarrollo sostenible y, por lo tanto, es congruente con las políticas diseñadas en Naciones Unidas y que este Gobierno ha hecho suyas. Señorías, les animo a que durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley - una vez superado el trámite de enmienda a la totalidad, como esperamos que suceda porque, repito, no le podemos pedir al deporte español que espere más tiempo para disponer de una nueva ley que lo regule - discutamos y hablemos de todos aquellos aspectos que sean precisos matizar y enriquecer, que lo hablen entre los grupos parlamentarios, que utilicen - lo digo en el pleno sentido de la expresión-al Consejo Superior de Deportes para contrastar posiciones propuestas y para también trenzar acuerdos, siempre necesarios. Entre todos deberíamos ser capaces de dar luz verde en este año a un texto que genere un amplio consenso, que apueste por una renovación profunda del modelo deportivo. Como he señalado al principio de mi intervención, el Gobierno y los grupos que le dan apoyo mantendremos un espíritu abierto, flexible a las sugerencias, observaciones y peticiones que desde los diferentes grupos parlamentarios se nos formulen, y estoy convencido de que el deporte español, los deportistas, las deportistas y, en general, toda la sociedad, nos lo agradecerá. Por ello - y acabó -, invitó a sus señorías al trabajo compartido en esta materia sobre la base del entendimiento del deporte como elemento corrector de desigualdades, motor de desarrollo económico y de cohesión social. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias a usted, señor ministro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Álvarez y García. El señor ÁLVAREZ I GARCÍA: Gràcies, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro. Traemos a esta Cámara hoy nuestra enmienda a la totalidad a la Ley del Deporte. Esta es la respuesta del Grupo Republicano a otra ley recentralizadora del Gobierno español. Una más, una más. De nuevo intenta que caigamos en la misma trampa de siempre: venden mejoras sociales que no les corresponde a la Administración estatal ejecutar. Es decir, en muchas ocasiones, son mejoras sociales que ya promueven los territorios competentes, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña. [[El señor]] Menosprecian a los gobiernos autonómicos, sus funciones y, sobre todo, sus competencias. Déjenme que les pregunte,señorías del Gobierno, ¿cuántas enmiendas de totalidad tenemos que presentar para que lo lleguen a entender? Podemos seguir así las veces que haga falta. Es sorprendente que, viendo que con otras leyes hacen lo mismo, exactamente lo mismo, y salen escarmentados además, siguen haciéndolo. Y, es más, hasta se sorprenden cuando denunciamos la vulneración de nuestras competencias. No sé qué sorpresa hay, es una evidencia. Y cuando hablo de nuestras competencias hablo de que se incumplen hasta tres - subrayo, tres - estatutos de autonomía, que son justamente los tres estatutos dels països catalans: Catalunya, País Valencià, Illes Balears. [[Rumores]] No se pongan nerviosos. [[Aplausos]] ¿Saben qué es especialmente llamativo? No deja de sorprendernos que el máximo responsable de esta ley, que es el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, exministro de Política Territorial, que además ha pasado por el Parlament de Catalunya, no conozca las competencias y los derechos de los territorios del Estado. Quizá hay que volverlo a estudiar. Señor ministro, ¿en qué momento planteó presentar una ley que roba, literalmente roba el buen trabajo que se hace desde las administraciones autonómicas, que tan buen funcionamiento están dando? Por sistema, la descentralización es su palabra. Y, por si alguien no sabe qué significa, es acción y efecto de volver a centralizar el poder en el Estado, y ustedes lo hacen con todo y para todo. Señor ministro, usted ha dicho que es necesaria una nueva ley del deporte, y coincido, por supuesto, pero no así, no invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. ¿Cómo van a salvar esta deficiente ley, señor ministro? ¿Con la extrema derecha y la derecha, ahora más descafeinada, al lado del grupo fascista de la Cámara? Por supuesto, no me olvido de Ciudadanos, al que, a pesar de que le queden dos telediarios, le contamos también en este saco. ¿Seguirán poniéndose al lado de los que justamente les van a sacar de la Moncloa? ¿Veremos hoy al Gobierno más progresista de la historia salvándose con la derecha más rancia de este país? Y, hablando de rancio, la verdad es que eso de centralizar, quitar competencias,que todo tenga que pasar por Madrid me suena a que ustedes están queriendo eliminar las autonomías, y eso les hace coger un pequeño color verde rancio, y es preocupante. Señor ministro, ayer aquí, en el pasillo, me pregunto por qué somos tan malos. ¿Es que no lo sabe? Somos independentistas, somos la personificación del mal. ¿No lo sabía? ¿Quién es hoy el malo, señor ministro? Usted bien sabe que no hemos retirado esta enmienda a la totalidad porque ustedes no son capaces de tomar el compromiso público de defender nuestras competencias; y, si no lo sabe, alguien debería habérselo dicho. El deporte en Cataluña es ejemplo para todo el mundo, y de ahí su formación, educación y ética deportiva. ¿Es esta su manera de reconocer el esfuerzo, el compromiso y resultados del deporte en Cataluña? ¿Qué es lo que el ministro de Cultura y Deporte valora del deporte de su tierra? Esta es una ley que limita indiscriminadamente la autonomía de las federaciones deportivas, menos la de la española, claro. Todo tiene que pasar por las federaciones españolas y por el Consejo Superior de Deportes, dejando desamparada la gestión de federaciones, entidades y clubes, atados de pies y manos a la hora de gestionar el día a día de las distintas disciplinas deportivas. Y ahora me gustaría referirme al gran fetiche del Gobierno de España, ese artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la regulación de las condiciones que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía, porque este artículo no puede emplearse como un as en la manga para justificar todas las leyes del Gobierno español que invaden competencias, porque no es la primera. Y esto no lo dice Esquerra Republicana, esto lo dice la consolidada jurisprudencia constitucional, es decir, hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan nuestros argumentos y dejan claro el lugar del Estado español, lejos de nuestras competencias. Todavía quiero ser un poco más preciso en esto. La igualdad no es la uniformidad normativa. Es necesario que exista la pluralidad y la diversidad de normas, es fruto natural de un Estado descentralizado. Señorías, nos preocupa que legitimen esta posición tan retrógrada. Dejen de fingir que persiguen un Estado descentralizado. Y lo de federal ya ni lo digo, porque es que no se lo creen ni ustedes. Si lo que persiguen es una centralización, díganlo alto y claro; dejen de engañar a la gente de una vez. Señor ministro, aquí creo que coincidiremos: nuestro trabajo es velar por una práctica del deporte accesible, igualitaria, inclusiva y saludable, mirando por todas y todos los deportistas, profesionales o amateurs, y a la vez también por todas esas personas que disfrutan cada día de ver cómo su hijo o su hija, sobrino o sobrina, hermano o hermana o amigo o amiga se inicia en la práctica del deporte y que ese inicio, por supuesto, es lo más accesible y seguro posible. Esta ley podría mejorar a la actual - por supuesto, no lo negamos -, pero justamente todo lo que mejora es en lo que vulnera las competencias de las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene? ¿Miran por los y las deportistas o miran por un rédito político electoral? Más que nada, si es lo último, me parece que van a salir mal parados. Hoy esta enmienda a la totalidad no va a salir gracias a sus sucios acuerdos con la derecha y la extrema derecha centralizadoras, pero, ojo, no se fíen ni se confíen,que esto solo es un aviso a navegantes. O mejoran el proyecto de ley a conciencia de las demandas de los partidos que componen esta Cámara o muy probablemente se podrán encontrar con una sorpresa el día en que se vote. Y para finalizar, un mensaje para el compañero señor Soto. Yo, de hecho, le considero a usted una persona muy válida para que esta sea una ley que no invada competencias y que realmente sea para todos y todas. Por eso le pido que diga a sus compañeros y compañeras y a su ministro, por supuesto, que de verdad se pongan las pilas y que de verdad lleguemos a un acuerdo para ello, más que nada porque a ellos no lo sé pero a usted, sinceramente, la careta de trilero no le queda muy bien. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y para ello tiene la palabra el señor Merino Martínez.
Buenos días, señorías, ministro. El 22 de diciembre de 2022 tuvo entrada en las Cortes Generales el proyecto de ley del deporte, una vez que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de diciembre y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en el mes de enero, con el objetivo de modificar, como decía el ministro, el actual marco legislativo deportivo de 1990. Pero hoy debatimos también una enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Republicano por considerar, según ellos,varios artículos inconstitucionales. Desde aquí anunciamos que nuestro voto será en contra de esta enmienda precisamente porque en varias ocasiones el Tribunal Constitucional ya ha desestimado sus pretensiones nacionalistas y precisamente porque el deporte español necesita aportaciones para la construcción, y no para la destrucción. [[Aplausos]] Como les decía, la Ley del Deporte de 1990 ha sido el pilar fundamental sobre el que pivota el modelo organizativo del deporte español: dibujó el marco normativo jurídico básico sobre el que se asientan las competencias que corresponden al Estado y estableció el modelo organizativo territorial, que se ha caracterizado por estar descentralizado en instituciones de ámbito nacional, autonómico y local. Pero no podemos olvidar que su punto de origen es el artículo 43.3 de la Constitución Española, que señala expresamente que los poderes públicos fomentarán el deporte. Por tanto, el ejercicio de las competencias asumidas como exclusivas por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía tienen como límite el ejercicio de las competencias propias del Estado bien por concurrencia de otros títulos competenciales o como consecuencia de la afectación del bien de interés nacional, y me tranquiliza también escuchar en la misma línea al ministro Iceta. Por eso, señorías de Esquerra, les recuerdo, y se lo ha recordado también el ministro, que el Tribunal Constitucional ya señaló en 2012 que la representación internacional del deporte federado español puede calificarse como una cuestión de interés nacional y constituye, por tanto, un fundamento suficiente de la intervención reguladora del Estado en materia deportiva. Pero vamos a lo importante. Hace dos años el Gobierno nos confinó por varias semanas en nuestras casas, y recordarán cómo el ejercicio físico se convirtió en una actividad esencial en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la práctica regular de la actividad física, del ejercicio físico es la polipíldora más eficaz y eficiente para construir una sociedad más feliz y sostenible. El Grupo Parlamentario Popular pidió en ese momento declararlo como actividad esencial en una proposición no de ley apoyada por casi todos los grupos parlamentarios del Congreso. Pero, señorías, es necesario subrayar y ustedes deben conocer que también la inactividad física produce y es la responsable de 52 000 muertes al año en nuestro país, es la otra pandemia. En otro orden de cosas, estoy seguro, señorías, de que la mayoría de ustedes han participado en alguna maratón y han podido experimentar las sensaciones que produce traspasar la barrera de los 42 kilómetros que separan Maratón de Atenas. Como portavoz de deportes del Grupo Parlamentario del Partido Popular y en sintonía con esta predisposición al ejercicio físico, permítanme que traiga a este Pleno la figura del hemerodromo griego. Los portavoces, salvando las distancias en tiempo y forma, tenemos un cometido similar al de estos heraldos de la polis griega. Los hemerodromos se aplicaban en la labor de trasladar mensajes de cierta importancia, y para ello estos corredores entrenaban duramente, lo que les dotaba de resistencia y velocidad: eran capaces de cubrir distancias superiores a 200 kilómetros en apenas veinticuatro horas. No tengo un día entero para trasladarles lo que ha de tener una buena futura ley del deporte, pero sí unos siete minutos para analizar el punto en que nos encontramos actualmente. La realidad es que España cuenta con una compleja estructura organizativa sin tener un planteamiento estratégico común que unifique los objetivos de las instituciones, organismos y entidades del mundo del deporte. No tenemos una estrategia,no tenemos un plan ni tenemos el modelo del deporte español que queremos para las próximas décadas. Pero desde el Grupo Parlamentario Popular hemos optado por no tirar la toalla y hemos decidido participar en esta maratón que es la elaboración de la nueva ley del deporte. Y hemos venido no solo a participar sino a acabar esta carrera con éxito, y para ello estamos dispuestos a participar, junto al resto de grupos parlamentarios que lo deseen, en mejorar y cambiar todo lo posible el actual proyecto de ley que se registró en las Cortes Generales. Les diré, a mi juicio, cuáles son las claves para llegar a la meta de esta maratón que, como les digo, es la elaboración de la nueva ley del deporte. Primero, el ecosistema del deporte es un agente económico de gran importancia e impacto social en España, con una cifra estimada de 12.000 millones de euros, sin contar los ingresos derivados del fútbol profesional. Ha llegado el momento de hacer rebajas fiscales e incentivos al sector privado. Segunda, debemos establecer una estrategia nacional del deporte que desarrolle el modelo deportivo de los próximos años. Si no, ¿para qué y por qué una nueva ley del deporte? Tercera, el Tribunal Administrativo del Deporte no puede ser eliminado, por justicia, por derecho y por solidaridad con los deportistas que menos recursos tienen. Cuarta, libertad para comercializar los derechos de imagen, los derechos audiovisuales. La idea que tuvieron de crear la Fundación España Eficiente y Global supuso romper la autonomía y la sostenibilidad de los clubes. El Real Decreto 5/2015 era un gran instrumento legislativo para todo el deporte. Quinta, el deporte tiene que ser una política pública transversal del Gobierno de España que sirva para coordinarse en todo el territorio. Por ello la Conferencia Sectorial del Deporte deberá adquirir otra configuración y mayores competencias. Sexta, necesitamos diseñar una nueva esfera de protección y apoyo a los deportistas profesionales. Hablamos de actualizar el 1006, hablamos de establecer una tarifa plana, hablamos de formación universitaria para la carrera pos deportiva. Séptima, la protección de nuestros menores. La protección física y psíquica de nuestros pequeños deportistas tiene que ser un asunto de Estado. Diversos estudios dicen que más del 70 % de los niños que hacen deporte sufren algún tipo de violencia. Octava, de una vez por todas debemos asumir el reto de diseñar y regular las profesiones del deporte, pero también de determinar cuáles son los agentes y actores del deporte que conforman el ecosistema que antes señalaba. Novena, no podemos eliminar la legitimación activa de los sindicatos y plataformas de deportistas profesionales para firmar convenios colectivos que regulan aspectos tan esenciales como los conseguidos en el deporte femenino. Décima, no se puede omitir en esta regulación la participación de las personas trans en las competiciones deportivas, porque eso significa obviar las conquistas de las mujeres en el deporte. [[Aplausos]] Señorías, traspasado el ecuador de la legislatura y volviendo a las carreras, percibo que el Gobierno y sus socios se desfondan. Cualquier especialista en psicología deportiva podría hacer el símil de su situación con los estados de ánimo que tiene un corredor cuando se enfrenta a una maratón. En primer lugar, hay una fase de excitación en la que cualquiera, haya entrenado o no, sale eufórico, como ustedes en los primeros plenos de la legislatura. A esta fase le sigue el sentimiento de negación. Como el corredor no deja de pensar, va por encima de sus posibilidades, pero así llega el cansancio como plomo a las zapatillas, brazos y hombros y el corredor entra en estado de shock. Y las siguientes fases son las de sufrir la soledad y la desesperación tan propias del corredor novel, aunque, ciertamente, señores del Gobierno, les veo más cerca de acabar la carrera caminando o incluso en el coche escoba. Pero quizás lo que más me molesta y detesta en las carreras de fondo es que alguien haga trampas o se salte las normas. Con los diputados de Esquerra Republicana tengo y percibo esa sensación análoga, porque percibo engaño en esa forma de correr. Para empezar, se sienten muy cómodos fuera del orden constitucional, lo demuestran cada día, pero es que ustedes - no lo olviden - son y quieren ser la liebre de Pedro Sánchez. Entiéndanlo como liebre al corredor que en las pruebas de media y larga distancia se pone en cabeza para imponer un ritmo acelerado en el resto de participantes pero nunca acaba la carrera y, como en su caso, empieza con euforia para acabar haciéndose a un lado ante los que imponen otro ritmo. Señores del PSOE, aplíquense aquello que decía el velocista Carl Lewis: Evitar los riesgos equivale a renunciar al derecho de experimentar la mitad de las emociones que somos capaces de sentir. Arriésguese, olviden a los que les gritan de la izquierda más a la izquierda y construyan España, transformen el 'no es no' en un quizá, y a partir de ahí podrá haber un también. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. Señor ministro, le hemos prestado atención porque para un grupo como el mío, Nueva Canarias, en referencia a que quede claro que no se trata de producir involuciones sobre el desarrollo del Estado autonómico y, en consecuencia, sobre la centralización de competencias, que no podríamos compartir, era necesario escuchar su intervención. Usted ha insistido muchísimo en que no se trata de que se produzcan invasiones competenciales, con lo cual estamos completamente de acuerdo, pero también, al margen de las dudas que tendremos que resolver a lo largo del proceso de enmiendas, porque creemos que la ley debe continuar su tramitación, tenemos claro que treinta y dos años después es necesario actuar sobre la Ley del Deporte porque el deporte deviene no solo en una actividad de naturaleza profesional o federada, sino también en un bien social que es necesario proteger. Por lo tanto, nosotros vamos a facilitar la tramitación del proyecto de ley porque consideramos que en la fase de enmiendas es posible intervenir sobre algunas cuestiones de evidente interés social general, quedando claro que una ley marco estatal no tiene por qué invadir necesariamente competencias territoriales, y en eso insistiremos especialmente,como es natural. Es importante recoger nuevas realidades: el papel de las personas con discapacidad, el papel de la mujer, el papel de la aplicación de las políticas de igualdad y no discriminación en la actividad deportiva nos parecen valores quenecesariamente deben estar recogidos en un texto amplio y marco, por lo que en esta cuestión no tenemos ningún tipo de preocupación. Hemos tenido numerosísimas reuniones con amplios colectivos, que han demostrado las numerosas vertientes que tiene una ley de esta naturaleza. Los aficionados a la actividad deportiva, en concreto Aficiones Unidas, nos han trasladado algunas cuestiones en las que uno no caería si no se lo cuentan los afectados. Los aficionados son parte del ecosistema deportivo, evidentemente, y deben tener derecho a la participación, a la integración en los órganos de dirección de las federaciones y de las ligas de los diferentes deportes, porque ellos también tienen algo que decir. Por lo tanto, el derecho de los afiliados y sus asociaciones a participar en la definición de la actividad deportiva y a señalar cuáles son los riesgos para los aficionados que se derivan de esa actividad es una cuestión que nos parece que merece ser considerada. Los estatutos de las ligas profesionales deben considerar una comisión de aficionados y seguidores, porque, ¿quién representa el papel de los espectadores en sus distintos niveles de implicación en la actividad deportiva? Este es un elemento sobre el que nos permitimos llamar su atención ahora, porque nos parece que debe ser resuelto necesariamente en la ley, aprovechando que treinta y dos años después merece la pena hacer la mejor ley de las posibles. La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales también se ha dirigido a nosotros, como a otros muchos grupos, creo que la totalidad de los grupos parlamentarios, para destacar algo en lo que no se cae si no te lo cuentan los afectados. Cómo sabe usted, el Código Civil ya reconoce a los animales como seres sintientes, aunque, por cierto, ya era hora, ¡menudo descubrimiento! Sin embargo, solamente el artículo 9 hace referencia de forma muy genérica a la protección de los animales en la práctica deportiva, de manera que nos parece que esta es una cuestión en la que se debe profundizar. Es necesario ampliar el marco general que define hoy la ley para dejar claro que la participación de los animales en la actividad deportiva debe producirse en condiciones que garanticen su protección y bienestar, y tanto en la actividad deportiva como fuera de ella. Tuvimos una amplia reunión con representantes del Consejo General de Educación Física y Deportiva. Para quienes hemos tenido que ver con la actividad médica colegial desde hace tiempo hay una cosa que está clara, y es que las corporaciones de derecho público vinculadas a los distintos sectores siempre deben tener algo que decir y deben tener un elemento de participación, que creemos que se debe considerar. Existe un conjunto de enmiendas especialmente bien documentadas de gente que representa ni más ni menos que a aquellas personas con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, aproximadamente 64 000 en España. Se plantean distintos aspectos esenciales, si bien a lo mejor algunos deberían ser objeto de otras leyes, no diremos que no, pero deben ponerse encima de la mesa. ¿Y cuáles son los profesionales que realmente están cualificados para prestar servicios deportivos? Esto es algo así como la cuestión del intrusismo, aunque en otro tipo de profesiones sea más evidente, porque, evidentemente, que los deportistas están mal orientados por personas con un conocimiento no profundo de la actividad o sin una formación no reglada puede devenir en un problema para las personas que practican deporte. El Consejo Superior de Deportes solo establece competencias sobre los técnicos deportivos, y, sin embargo, es necesario entender que hay más sectores profesionales incidiendo sobre la actividad deportiva y, por tanto, en nuestra opinión, es necesario que estos profesionales estén protegidos y reconocidos por la ley. Existe un fenómeno al que se acude habitualmente, sobre todo, en grandes eventos deportivos, que es el de los voluntarios. El voluntariado juega un papel muy relevante en esta y otras actividades sociales, y, desde luego, no tiene una consideración suficiente en la fase actual de este anteproyecto de ley, pero nos parece necesario que se establezcan con claridad sus funciones y, por qué no, sus derechos y deberes. En definitiva, creemos que merece la pena dar una vuelta más a este anteproyecto de ley. Esta es una actividad que influye determinantemente sobre la vida de las personas y consideramos que su regulación tiene un amplio margen de mejora,que es lo que queremos trasladar desde nuestro grupo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
Gracias, presidente. Buenos días, egun on. Voy a empezar por lo positivo, por empezar por algo así, porque nos parece positivo realmente que el Gobierno español tenga la intención de desarrollar un marco para la promoción de la actividad física y el deporte que tenga la perspectiva de la inclusión de la discapacidad y de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero no es de esto de lo que hablamos hoy. Lo que hoy nos ocupa es la enmienda a la totalidad presentada, porque otra vez nos topamos con lo que parece ser ya un factor inevitable en este Congreso de los Diputados, la invasión de competencias de las comunidades autónomas prácticamente en cada ley que se pone en marcha. Señores diputados, señoras diputadas, asesores, ministro, miembros del Gobierno, de verdad y por favor, ¿podrían aconsejar a todos los ministerios para que desde el preciso En el momento en que se pongan a trabajar una ley se tengan en cuenta las competencias transferidas a las comunidades autónomas y se redacte conforme a lo que debe hacerse? Si no se hace por coherencia, que se haga, al menos, por practicidad,porque así nos evitaríamos muchos problemas desde el inicio. Esta ley del deporte ni siquiera es un pálido reflejo del discurso de la España plurinacional, que ustedes dicen reconocer pero que no lo hacen en esta normativa aplicada a la administración del deporte. Podemos entender que España quiera representar y expresar su singularidad también a través del deporte, pero el Gobierno, atendiendo a sus discursos, tantas veces enunciados en esta Cámara, debería tener en cuenta que la singularidad está configurada por la pluralidad de sus naciones y nacionalidades. Este hecho diferencial debería estar recogido en esta nueva ley, tal y como hacen en otros Estados de Europa. Por ejemplo, la realidad escocesa se recoge dentro del hecho deportivo británico. Y hay más ejemplos en los que la representatividad de las selecciones propias tiene carta de naturaleza, como la selección de Gales o la de Irlanda del Norte. Tienen la suerte de poder actuar dentro de un país en el que se admite con naturalidad que hay diferentes realidades sociales, diferentes realidades culturales. Si estas argumentaciones no les sirven, señorías, mírenlo desde la perspectiva, con la que me gustaría darles un asidero de comprensión a la realidad plurinacional del Estado español. Si tenemos en cuenta la relevancia internacional que alcanzan los eventos deportivos, esta ley debería ser una buena oportunidad para demostrar al mundo entero la plurinacionalidad que identifica al Estado español, también en el deporte, y debería hacerse, además de mediante la incorporación de los valores olímpicos en la articulación de esta ley, también como representación de las diferentes realidades culturales. Es una representación que se materializa a través de las federaciones, del modelo federativo, pero lo que vemos es que el marco normativo que estructura este entramado federativo carece totalmente de flexibilidad en esta ley y no da cabida a la singularidad de las federaciones autonómicas. Esta ley no tiene en cuenta ni reconoce ni siquiera toma nota de una demanda social que en Euskal Herria o en Catalunya o en Galiza viene siendo una constante a través de los últimos años, como es la reivindicación de las selecciones nacionales, en nuestro caso la reivindicación de las selecciones vascas, en diversos deportes. Es una reivindicación que les recuerdo que surge de la sociedad y que viene apoyada no solo por la población, sino por la gran mayoría de deportistas vascos y vascas. Pero no solo esta ley no se abre a todo esto, sino hay algo peor, y es que cierra aún más la puerta a la posibilidad de dar cauce a esta demanda social, porque la línea que traza la falta de previsibilidad normativa que se impone en esta ley conlleva una descentralización de las federaciones autonómicas. Las recentralizar y, sí,señor Iceta, lo hace en la propuesta de convenios únicos y lo hace en la disposición adicional undécima. Por estas cuestiones de peso innegable, por esa continuada y constante querencia que les inspira a olvidarse de la realidad autonómica y de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, por ese deslizamiento constante hacia la descentralización es por lo que votaremos a favor de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Republicano. Por esto y porque nos sumamos a la reivindicación mayoritaria de nuestra sociedad, de nuestros deportistas y de nuestros deportistas que consiste en poder competir con una selección vasca. También en esto, señorías, hay que aprender a jugar de otra forma. Eskerrik asko. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Es bastante significativo que el turno contra en este proyecto de ley lo haya defendido el Partido Popular. Me parece que o se han buscado un fiel escudero o el escudero se ha prestado voluntariamente a defender la causa porque el Gobierno de alguna manera considera que no la defiende oportunamente. En cualquier caso, cuando se trata de las cosas que todos sabemos no hay problema en defenderse mutuamente. El Proyecto de Ley de Deporte tiene como objetivo, tal y como se expone en su artículo 1, establecer el marco jurídico de la actividad física y el deporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 43.3 de la Constitución española y en el marco de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado. Todos conocemos las sentencias, todos sabemos lo que dice la Constitución, el artículo 149, etcétera. Lo que pasa es que ustedes asumen, automáticamente, que es la Administración General del Estado la que tiene que cumplir esa función que se dice que les corresponde proteger y, por lo tanto, no Entienden que las comunidades autónomas, sobre la base de sus competencias, también son Estado. En ese sentido, podemos dar muchas vueltas y podemos leer y podemos articular, pero lo dicho ya está dicho. Los que han presentado la enmienda a la totalidad y nosotros, que vamos a defenderla, es decir, que vamos a apoyarla, entendemos lo mismo, hemos hecho la misma lectura de este proyecto de ley. El propio texto constitucional no reservó al Estado competencia alguna en materia de deporte, sino que, por medio del artículo 148.1.19.ª, sitúa dicha competencia con carácter exclusivo en las comunidades autónomas. Se define esa misma competencia en términos similares en el antes citado 43.3, referido a la promoción del deporte y adecuación del ocio. Está claro en el caso del Estatuto de Autonomía de Euskadi, dentro del bloque de constitucionalidad, pues el artículo 10.36 dice que tiene competencia exclusiva en materia de deporte y ocio. En términos generales el Proyecto de Ley del Deporte se refiere - textualmente - al respeto por las competencias autonómicas y por el marco vasco de decisión en materia de deporte, al menos en su ámbito territorial y tal como corresponde a un Estado descentralizado, pero hay una serie de aspectos recogidos en el proyecto que es necesario aclarar con el fin de evitar intromisiones estatales en el ámbito de las competencias exclusivas autonómicas, intromisiones que, de facto, se dan. En Este sentido, se repite a lo largo de todo el texto del Proyecto de Ley del Deporte que desde la Administración del Estado - aprendan bien este verbo - se coordinen o se puedan coordinar actuaciones relacionadas con el deporte o con una actividad deportiva que afecten al ámbito autonómico o se desarrollen en el mismo. Utilizan 'coordinar con' y yo considero que no es correcto, porque se 'coordina a'. Eso de coordinar con las comunidades autónomas es algo que ustedes quieren que parezca una cosa, pero luego, de facto, es otra. Es coordinar a las autonomías, a las comunidades autónomas, porque coordinar es un sinónimo de dirigir. Por tanto, dirige una materia cuya competencia original y primigenia es autonómica y al Estado el Tribunal Constitucional le ha reconocido su intervención en la misma, más que sobre un título competencial específico, sobre un argumento recogido en un pronunciamiento del alto tribunal. La constante alusión a la coordinación estatal que se recoge a lo largo del texto, en la medida en la que la intervención estatal está soportada fundamentalmente, como decíamos, en el 43, que vincula a todos los poderes públicos, supone cierto poder de dirección por parte de quien coordina, como decíamos. En este sentido, esa facultad puede extenderse en términos de coordinación hacia ámbitos de la competencia exclusiva autonómica. Pero nosotros no queremos que nadie nos coordine. Cabe destacar que también utilizan un elemento, una nueva herramienta, que yo digo que es el gran invento de los últimos años, la conferencia sectorial. Debe de ser la panacea la conferencia sectorial, la solución de todos los elementos que en un momento dado pudieran generar la idea de que esto es competencia autonómica. De repente, nos convertimos en asamblearios y decidimos en la conferencia sectorial que por mayorías nos juntamos, independientemente de que cada una de las autonomías tenga o no tenga competencia en esa materia. Pues, miren, no. Cabe destacar el protagonismo y las atribuciones que el proyecto de ley atribuye a la conferencia sectorial, habida cuenta de que parte de las mismas podrían tener como efecto la vulneración o, cuando menos, la afección a las competencias autonómicas en materia de deporte y de que, a través de la intervención de la conferencia sectorial, se podrían fijar criterios comunes y uniformizadores en una materia que es competencia de las comunidades autónomas. Pero hay más cosas. Algunas se han repetido y otras las plantearé. Señor Iceta, el punto 11 del acuerdo y el compromiso de legislatura firmado por el partido nacionalista y el Partido Socialista parece abrir cauces para promover larepresentación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural, algo que al señor Merino le genera crispación. Estoy de acuerdo. En esta ley nada de eso aparece, nada de eso se contempla. Espero que ustedes cumplan lo comprometido y que esta ley, a la hora de aceptar las enmiendas, contemple ese compromiso, ese deseo que muchas veces se ha expuesto claramente no solo desde una perspectiva política, sino desde el propio deporte vasco, desde las propias federaciones, desde los propios deportistas. Porque usted ha dicho una palabra que queda muy bien, y es que el deporte debe servir para unir y no para separar. ¿Y qué me dice de obligar a estar unidos? ¿Es acaso eso más democrático? ¿Es acaso mejor? ¿O es que tienen ustedes miedo a que alguien diga que no quiere ir? Porque el artículo 62 obliga a los deportistas a acudir a las citas de la selección y el artículo 98 considera como infracción muy grave desobedecer. Deben tener ustedes mucho miedo a que alguien diga que no quiere ir a la selección - digo yo - para que sea considerado como infracción muy grave. ¿En qué régimen vivimos para que a alguien se le obligue a acudir a la selección y si no va se considera como una infracción muy grave? ¿Qué ley de deportes está? Por último - no me quedan más que cincuenta segundos -, hay un apartado referido también al deporte escolar. Ustedes ponen que el Consejo Superior de Deportes fija los criterios para el deporte escolar, pero es que el deporte escolar está transferido - en este caso a Euskadi - y son las diputaciones las que gestionan y llevan la materia de deporte y de educación. Mire por dónde son dos temas totalmente transferidos. ¿Y ahora decimos que aquí el Consejo Superior de Deportes tiene capacidad? Miren, consideramos que es lógico y necesario nuestro apoyo a la enmienda. Ahora bien, ya sé que ya tienen el socio para que esto no salga, pero espero que en la fase de enmiendas se pueda flexibilizar. Nosotros planteamos en las enmiendas todo lo que he dicho aquí, y espero que sean mucho más flexibles que lo que hasta ahora a la hora de redactar esta ley, que, evidentemente, no contempla, para empezar, los compromisos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
Muchas gracias. Ha hecho el portavoz de Esquerra Republicana referencia aquí a los países catalanes. Por si hay algún geógrafo buscándolos, están entre Narnia, Pitufilandia y debajo de Mordor; lo digo por si se pierden buscándolos. Señores de Esquerra Republicana, cuando vi que presentaban ustedes una enmienda a la totalidad reconozco que me hizo ilusión, porque soy muy aficionado a la ciencia ficción, incluso a la de serie B - sería el caso hoy -, y pensé que me iba a encontrar con un texto como el que prepararon para la memoria histórica, que iba desde una versión alternativa de la guerra del Rif hasta Wifredo el Velloso. Este género ucrónico, al que nos tienen acostumbrados y que tiene profunda tradición en el nacionalismo, es muy entretenido. Pero de pronto veo que han abandonado ustedes la creación literaria y que vienen sin texto alternativo. Qué decepción. Esquerra considera que el deporte no precisa una ley y no propone siquiera un texto alternativo. Tuve una segunda decepción con ustedes. Reconozco que, cuando comencé la lectura de su enmienda, a los pocos párrafos tuve lágrimas en los ojos. Los señores de Esquerra Republicana, para argumentar esta enmienda a la totalidad, se basaban en una institución muy concreta. No se basaban en un hecho secreto desde 1711 que solo ellos conocen y que desenterró el Instituto de la Nueva Historia en una noche de inspiración opiácea. No. No se basaban en un diario secreto en una abadía andorrana, perdido entre los billetes de Jordi Pujol. Tampoco. Ni siquiera se basaban en una nota perdida entre las páginas del Quijote original, que, como todo el mundo sabe, es en catalán. No. Los señores de Esquerra se basaban - agárrense - en el Tribunal Constitucional de España [[se ríe]] En este momento, señor Rufián, me emocionaron ustedes, tengo que reconocerlo. Salí a contárselo a mi familia y llamé a mis amigos para decirles que Esquerra citaba al Tribunal Constitucional como autoridad para su enmienda a la totalidad. Cuando ya les imaginaba haciendo camisetas para reivindicar el Tribunal Supremo, como un puñal en el corazón me sentó seguir leyendo su enmienda, porque ustedes citaban al Tribunal Constitucional Tergiversando absolutamente todo lo que se refiere al artículo 149.1,1.ª Y no puede ser interpretado, decían ustedes. Cogen párrafos muy concretos del Tribunal Constitucional. Pero ustedes leen las sentencias del Tribunal Constitucional como el gran Antonio Ozores, y me explico. Un párrafo como el de la sentencia 61/1997, que citan varias veces, dice - abro comillas -: una regulación básica que garantice la igualdad sí corresponde por entero y en exclusiva al Estado. Y esto lo leyeron ustedes así: una regulación básica que garantiza... [[continúa su intervención mascullando las palabras]] Y luego fueron a otra cosa, saltándose aquellos párrafos que no les interesaban. Hicieron exactamente lo mismo con la Ley 30/1987, de la recogen también los párrafos que les interesan pero obvian, por ejemplo, algunos como este, que dice - abro comillas -: de ello no cabría concluir sino que el Estado podría regular las condiciones básicas que garanticen una igualdad de trato a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos - cierro comillas -. Esto es lo que hace esta ley. Supongo que cuando alguien de Esquerra dijo en el grupo, cuando se reunieron para esto, que el Estado sí tiene competencias en garantizar igualdad de trato a todos los españoles en ejercicio de sus derechos hubo miradas tensas y dijeron: tacha toda esa parte. Es decir, Esquerra ha hecho con la sentencia del Tribunal Constitucional lo mismo que hace con la historia, una leyenda urbana, un texto mitológico. ¿Para qué ha servido el deporte en la historia? Y con esto quiero hacerles reflexionar a todos los partidos nacionalistas que han defendido aquí tumbar esta ley. ¿Para qué ha servido el deporte? Desde la Grecia clásica los Juegos Olímpicos ya suponían la apertura de una paz sagrada, que se conocía como la tregua olímpica: se paraliza cualquier conflicto en aras del deporte; la ciudad Olimpia era territorio neutral; se llegaba a multitud de tratados de paz en la ciudad Olimpia; hasta Licurgo, el rey Esparta, al que le gustaba más una batalla que a Podemos contratar asesores, firmó la primera tregua olímpica de la historia. ¿Saben cuándo fue la última vez que se instó a una tregua olímpica? En la guerra de los Balcanes, en el año 1991, cuando el Comité Olímpico Internacional instó a todos los países a una tregua olímpica. ¿Saben, señores de Esquerra Republicana, para qué Juegos Olímpicos pidió el COI una tregua olímpica en la guerra de los Balcanes del año 1991? Para los de Barcelona 92. El deporte, que ha sido capaz de unir al mundo parando guerras, no es capaz de conseguir que Esquerra y los demás partidos nacionalistas no mezclen aquí sus ansias secesionistas. El nacionalismo siempre ha visto en el deporte una herramienta de conflicto. Lo que digo a continuación - entiéndanlo bien - no está puesto en el mismo plano de igualdad, ni muchísimo menos, que lo que ustedes plantean, pero quiero argumentar cómo el mal ha intentado utilizar el deporte siempre a su favor. Lo vimos, por ejemplo, con Hitler en los juegos de Múnich, que intentó imponer sus tesis raciales sobre la raza aria - no tiene nada que ver con lo que plantean ustedes, pero quiero hacer un recorrido histórico de cómo los grandes locos de la historia han utilizado el deporte también -, y Jesse Owens lo humilló. Miren, la dictadura comunista de la RDA hormona y destrozó la vida de deportistas por intentar ganar eventos deportivos. Putin dopó a delegaciones enteras de deportistas. Al final, el deporte se impuso y quedaron absolutamente en ridículo cada uno de estos intentos. Piensen en la tregua de Navidad de 1914 entre alemanes y británicos. Tuvo como protagonista un partido de fútbol - hay quien dice que varios - en torno a la ciudad de Ypres. Les pido, señores de Esquerra, que abandonen el narcisismo de la diferencia; que retiren esta enmienda que no tiene sentido, porque el deporte no tiene fronteras y cuando se las imponen las derriba; que dejen de reventar la candidatura conjunta, por cierto, de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno [[aplausos]], y que aprovechen esta tramitación para lo mismo que vamos a hacer nosotros en Ciudadanos, para ampliar la igualdad. Señor ministro, ya le adelanto las enmiendas que nos gustaría que tuvieran en cuenta: ampliar la igualdad, mejorar infraestructuras, el voluntariado, el mecenazgo, la representación internacional del deporte español... Si hace caso alseñor del PNV y dan selecciones a cada partido nacionalista, nos bajaremos de la ley, también se lo anuncio. Votaremos en contra de esta enmienda. El territorio no es más importante que los deportistas. Las razas, credos y lenguas, las diferencias, quedan fuera de la competición. El deporte es igualdad y esfuerzo. No lo perviertan también. Miren al pasado, admiren lo que el deporte ha conseguido y retiren esta enmienda. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señor presidente. Señor ministro, coincidimos con Esquerra y con los demandantes en denunciar el centralismo del texto. No por casualidad salen aquí a defenderlo el Partido Popular y Ciudadanos; falta VOX, faltaba también Putin, pero ya salió. Podemos Compartir la orientación de muchas de las políticas previstas, sí, pero no que se haga arrogándose competencias que corresponden a las comunidades autónomas, en nuestro caso a Galiza, por tener competencias exclusivas en deporte, y que lo haga limitando su capacidad de desarrollo en esta materia. Pero más allá de esto no puedo dejar pasar hoy la oportunidad de referirme a una cuestión fundamental, un derecho que el Estado niega a naciones como Galiza y que esta ley sigue sin solucionar, la cuestión de las selecciones deportivas nacionales. En este 2022 se cumplen cien años de la gestación de la primera selección absoluta de fútbol de Galiza, que, tras distintas etapas, fue recuperada en el año 2005. En 2007 se constituyó la femenina, pero ambas están imposibilitadas de participar en competiciones oficiales representando a Galiza. Lo mismo sucede en otros deportes y modalidades deportivas, incluidas aquellas en que somos una potencia, como el triatlón, la vela o el piragüismo, con la única excepción, eso sí, del fútbol gaélico, en que las selecciones nacionales de Galiza masculina y femenina participan en competiciones internacionales, por cierto con gran éxito tanto en los juegos europeos como en los mundiales. Reclamamos hoy aquí el reconocimiento de las selecciones deportivas de Galiza, como lo está haciendo la plataforma Vía Galega, y el derecho a competir en todos los ámbitos bajo nuestra bandera 'Galiza, una nación, una selección'. Obrigado.
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
[[Comienza su discurso en valenciano.-Aplausos]] El proyecto tiene aspectos positivos. He sido maestro de Educación Física y me parece importante que se reconozca el derecho a la práctica deportiva y que el deporte y la actividad física se consideran actividades esenciales. Apuesta también por la igualdad y la inclusión de las mujeres, del colectivo LGTB y de las personas con discapacidad. Sin embargo, estoy de acuerdo con Esquerra y con otros portavoces en que hay invasión competencial. Es preocupante y, por tanto,anunciamos nuestro voto a favor de esta enmienda a la totalidad. El proyecto constata el fracaso de obligar a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, y por eso se corrige, porque no ha garantizado su solvencia económica y ha servido en muchos casos para la despersonalización de los clubes, para la pérdida de muchas señas de identidad y para la aparición de los tiburones financieros con intereses alejados en muchas ocasiones de los intereses del club o de los aficionados, así como para la privatización neoliberal de entidades sociales. Por eso desde Compromís queremos mejorar el texto, para que se pueda proteger a las aficiones, democratizar los clubes y acercar el Gobierno a sus aficiones, en línea con la tendencia que recorre Europa. Como valenciano, un par de cuestiones, y acabó. Queremos modificar la normativa vigente para permitir el reconocimiento de la pilota valenciana como deporte y queremos que se reconozca de una vez por todas al Levante Unión Deportiva la Copa De la España Libre-Trofeo del Presidente de la República, ganada en 1937 y organizada por la España legítima y constitucional. Es una deuda histórica con este club y con los valencianos. Moltes gràcies. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
Gracias, presidente. Señor ministro, señor presidente del consejo, me he dedicado durante más de veinticinco años al periodismo deportivo, así que, si me lo permiten, voy a utilizar un símil futbolístico. Si esta ley fuera un jugador de fútbol y las invasiones del terreno competencial se sancionarán con tarjeta roja, este jugador sería expulsado en el minuto uno. La enmienda a la totalidad de Esquerra es de devolución, y es evidente, porque este texto hay que enviarlo de regreso al vestuario. Sería naif preguntarnos ahora y aquí, después de tanto robo de balón con falta por parte del Estado, por el fair play. En otros proyectos de ley lo estamos viendo. ¿O nos van a respetar el canon de residuos, como estamos pidiendo? Sigo con el símil futbolístico. Esta ley del deporte tiene un continuo de faltas, alguna con los pies por delante, contra las competencias en deporte de las comunidades autónomas, exclusivas, por cierto, según el Constitucional. Estamos hablando del 134.1 del estatut d'autonomia, que determina que Cataluña pueda, por ejemplo, organizar, ordenar, regular y planificar todo lo que tiene que ver con la práctica... [[Rumores]]
Un segundo, señoría. [[Pausa]] Silencio, por favor.
Ya ven, estaba hablando de fútbol y parece que el partido tiene dos partes. En fin, decía que estamos hablando del 134.1 del estatut d'autonomia, que determina que Cataluña pueda organizar, ordenar, regular y planificar todo lo que tiene que ver con la práctica o los eventos deportivos. Les ha dado lo mismo que el Tribunal Constitucional arbitrará en contra del Gobierno en numerosas ocasiones, y no por gusto, sino porque se han saltado de manera tan flagrante la Constitución que no hay BAR que lo arregle, entre otras cosas, porque dicen querer respetar las competencias autonómicas sin explicar claramente en qué se supone que son ustedes competentes. ¿Qué es el deporte estatal más allá de la representación de las selecciones españolas, por ejemplo? ¿Qué deporte está dentro de lo que el Tribunal Constitucional considera como una actuación supra autonómica? Parece que pretendan que juguemos el partido en un terreno de juego sin líneas marcadas y que encima no les discutamos la jugada. Así que, para defender las competencias de Cataluña, toca trazar las líneas, de momento rojas. Han presentado un texto que, además de recentralizar competencias - lo que denuncia la enmienda a la totalidad -, niega a Cataluña la capacidad, por ejemplo, de organizar competiciones internacionales, si no es bajo la tutela de los organismos del Estado, o de participar en competiciones internacionales con las selecciones catalanas, ni siquiera en el caso de eventos o competiciones en los que no participe la selección española. Es decir, si yo no juego, pinchamos el balón. Seguramente al final vamos a tener que volver a pedir arbitraje, vamos a tener que volver al VAR del Tribunal Constitucional, porque, siendo realistas, los votos de esta Cámara les van a dejar seguir jugando. Eso sí, la exposición de motivos viene equipada de valores de deporte y de igualdad, pero llevamos ya muchos partidos en esta Cámara para saber que, cuando se trata de restarle competencias, tienen ustedes superioridad numérica, ya lo hemos visto. Pero - y no es la primera vez que lo digo; ayer lo hice celebrando mi primer año como diputada - hay derrotas que nos hacen más fuertes... [[pronuncia palabras en catalán]] Hoy Esquerra pone en balón, nosotros lo rematamos y, aunque este gol no va a subir al marcador... [[continúa su intervención en catalán]] Hagan una ley respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas; facilitan, por ejemplo, esos 300 millones de euros de fondos europeos para la digitalización del deporte o la transformación ecológica de las instalaciones; se conviertan de nuevo a las comunidades autónomas en gestoras.
Señoría, debe finalizar.
Jueguen limpio y pasen el balón. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
Bon dia, senyor president; bon dia, senyor Iceta. Señorías, voy a ser breve, porque esta enmienda no habla de deporte, no habla de desacuerdos en la estructura que se propone, no habla de cómo potenciar el deporte ni de cómo garantizar la igualdad de oportunidades. Señorías de Esquerra Republicana, nos ha quedado claro su enfado, pero ¿de verdad consideran necesaria esta enmienda a la totalidad de la Ley del Deporte? ¿De verdad prefieren que siga vigente una ley del deporte de hace treinta y dos años,totalmente inútil, totalmente desfasada? Porque si esta enmienda prosperará, en esta legislatura posiblemente tampoco habría una nueva ley del deporte. Los motivos que alegan son muy claros; literalmente, que puede afectar a las competencias de la Generalitat, que puede afectar a la autonomía local de gestión y regulación de las instalaciones deportivas y que puede suponer un exceso del marco establecido por el régimen jurídico del sector público. Pero deberían considerar que, aparte de lo que fuera posible, podrían, a través de la presentación de enmiendas adecuadas, revertir cualquier disfunción o cualquier invasión posible de competencias autonómicas, porque en la defensa de nuestras competencias también nos van a encontrar empujando. Nuestro grupo parlamentario considera que el deporte merece una ley actualizada a los nuevos tiempos y que debe hacerse en esta legislatura, que el deporte no puede seguir anclado en los años noventa. La pandemia ha demostrado la necesidad inaplazable de que se reconozca el derecho a la actividad física y al deporte como actividad esencial, no solo por salud física, sino también por salud mental, una enfermedad que está haciendo estragos en nuestros jóvenes. No podemos seguir con unas estructuras deportivas patriarcales, en las cuales es casi imposible una representación razonable, ya no paritaria, de las mujeres. Esta no es la mejor ley posible, pero es una base para la modernización que, sin duda, las aportaciones de los grupos parlamentarios durante la ponencia van a mejorar. Ustedes transcriben en la exposición de motivos lo que el proyecto de ley pretende fomentar: la igualdad y la inclusión a todos los niveles. Esta ley también garantiza la presencia de las mujeres en los órganos directivos, porque, aunque las turbas fascistas lo nieguen, no hay igualdad real; elimina discriminaciones, modificando la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte; considera el deporte inclusivo y los programas que lo desarrollan de interés general; pretende dotar de seguridad y estabilidad a los y las deportistas, reconociendo derechos y obligaciones, y por primera vez abre una vía a la estabilidad personal una vez finalizada la vida deportiva. Es una ley que revierte errores, abriendo la participación en las competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal a clubs, ampliando el modelo anterior que para nada fue exitoso; moderniza el modelo de las entidades deportivas, e introduce en el mundo del deporte,aunque de forma liviana, la transición ecológica y una apuesta por la innovación digital. Pero de todo esto, de cómo mejorarlo, de cómo cambiarlo, no habla esta enmienda a la totalidad ni es lo que se ha venido a debatir aquí. Vamos a votar no a la enmienda a la totalidad porque su intención no es proponer otras estructuras o'modelos, sino que, como decía la semana pasada el señor Matutes, a veces se invoca la invasión competencial para lanzar pelotas fuera. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor FernándezLomana Gutiérrez. [[Aplausos]]
Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Republicano ha presentado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Deporte, aprobado el 17 de diciembre de 2021 por este Gobierno socialcomunista en Consejo de Ministros, y lo hace porque considera que dicho proyecto es inconstitucional. Resulta sorprendente que la ultraizquierda independentista y republicana apele a nuestra Constitución, de la que reniegan abiertamente y de la que hace tan solo cuatro meses afirmaron que estaba deslegitimada; es decir, que la Constitución les viene bien y la utilizan para lo que les interesa y siempre en beneficio propio. [[Aplausos]] Mi grupo parlamentario, VOX, quiere manifestar su oposición a dicha enmienda a la totalidad por tratarse simplemente de una enmienda de devolución y no proponer alternativas. Creemos que es necesaria una nueva ley del deporte, una ley moderna, renovada y avanzada que sustituya a la actual de 1990. Consideramos que hay que actualizar el marco normativo del deporte, hay que dotar al ordenamiento jurídico deportivo de herramientas básicas para afrontar los retos de las próximas décadas y es necesaria una regulación completa y adecuada a las necesidades del deporte actual. Esto no significa que compartamos el contenido íntegro del proyecto, con el que somos muy críticos, y esto se refleja en nuestras enmiendas parcial a su articulado [[aplausos]], pero creemos en la necesidad de una nueva ley, una ley de consenso, una ley a la altura de lo que merece el deporte español que tantas glorias ha dado a nuestra nación española. [[Aplausos]] El Grupo Parlamentario Republicano no ofrece alternativas simplemente porque no tiene ningún interés por el deporte español. Basa su enmienda en que se invaden las competencias autonómicas en materia de deporte. Incluso se atreven a incluir en su consideración de inconstitucional a la Conferencia Sectorial del Deporte. Quizás no saben que ya existe desde 2008 con el nombre de Conferencia Interterritorial del Deporte y con la función de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y, por cierto, hasta el día de hoy no hay ninguna queja sobre dicha conferencia por parte de esta formación de ultraizquierda, independentista y republicana. Es posible que el Grupo Parlamentario Republicano no quiera una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia, motivo por el cual no han dicho nada en los últimos catorce años de la existencia de este órgano. En definitiva, aceptar las tesis fundamentales del Grupo ParlamentarioRepublicano implicaría reconocer que el Estado español carece de potestad para legislar en el ámbito deportivo, que es lo que les gustaría, pero lamentablemente para ellos este debate fue zanjado hace ya mucho tiempo por el Tribunal Constitucional. Aunque han sido varios los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia, me basta con citar tres sentencias. La primera, de 1986, del 10 de enero. El Tribunal Constitucional sostuvo que la atribución estatutaria de la competencia exclusiva en materia de deporte a las comunidades autónomas debe conectar, de un lado, con las competencias autonómicas y, de otro, con los intereses generales del deporte español en su conjunto, cuya defensa y promoción corresponderá entonces al Estado. Dicha sentencia resolvió precisamente un conflicto entablado por la Generalitat de Catalunya sobre la posible participación federativa catalana en competiciones internacionales cuando no comparezca la federación deportiva española correspondiente. Aquí el Tribunal Constitucional hizo hincapié en que la posible intervención administrativa no puede corresponder a las autoridades de la comunidad autónoma, puesto que existen intereses que son propios del deporte federado español en su conjunto. Segunda sentencia, 8/2012, de 18 de abril. El Alto Tribunal declaró que incluso las competencias que han sido configuradas como exclusivas de las comunidades autónomas deben ejercerse con respeto a las competencias que puedan corresponder al Estado de acuerdo con el principio de competencias territoriales como algo implícito al propio sistema de autonomías. Y añadía que la propia realidad poliédrica de la materia deportiva en sus diferentes facetas - salud, educación, cultura,investigación, educación física, profesiones reguladas o legislación mercantil - determina necesariamente la concurrencia de las diversas administraciones públicas: estatal, autonómica y local. Además, en algunos casos exige un enfoque global y no fragmentado por tratarse de actuaciones en que la materia del deporte se entronca con otra materia atribuida competencialmente al Estado, como, por ejemplo, la especial vinculación del deporte con la salud. Finalmente, en la sentencia 16/1996, de 1 de febrero - van tres sentencias señores republicanos -, el Tribunal Constitucional declaró que el Estado ostenta competencias sobre determinadas materias, singularmente educación y cultura, que pueden incidir también sobre el deporte. Todo ello, sin perjuicio de las competencias específicas que la Ley 10/1990, del Deporte, atribuye al Estado. Y añadía que la citada ley se aprueba con el objeto de proceder a la ordenación del deporte de acuerdo con las competencias que corresponden a la Administración del Estado y a la coordinación con las comunidades autónomas y, en su caso, con las corporaciones locales que pueden afectar directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte en el ámbito nacional. El Tribunal Constitucional recordó que dicha ley no fue objeto de reproche competencial alguno por parte de ninguna comunidad autónoma, como tampoco lo fue su predecesora, la Ley 13/1980, de 31 de marzo. En conclusión - y con esto cerramos nuestro alegato de oposición a la enmienda a la totalidad del Grupo Republicano -, el Tribunal Constitucional ha dejado más que claro que el ejercicio de las competencias asumidas como exclusivas por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía tiene como límite el ejercicio de las competencias propias del Estado. Desde mi grupo parlamentario, VOX, propondremos siempre políticas de unidad nacional, porque todos los españoles tenemos los mismos derechos y debemos también tenerlos en el deporte y porque es lo que necesita y merece el deporte español, en contra de todos aquellos que quieren dividirnos continuamente, en busca de su propio interés económico y partidista, muy propio de este Gobierno socialcomunista y de sus socios independentistas y bildutarras. Por eso, a esta enmienda a la totalidad vamos a decir abiertamente: No. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soto Burillo.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señor secretario de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes. Señorías, el potencial del deporte es ilimitado. Su universal lenguaje y su capacidad para unir en la diversidad le convierten en una potente palanca para la transmisión de mensajes de valores y de principios basados en la tolerancia, el respeto y la convivencia en paz. Por ello, permítanme que mis primeras palabras sean de apoyo y de solidaridad con todas las personas deportistas de Ucrania [[aplausos]], especialmente con las personas LGTBI, las personas con discapacidad y las mujeres deportistas ucranianas, que están viendo amenazados sus derechos y sus libertades. Señorías, hoy debatimos una enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana de devolución del Proyecto de Ley del Deporte, por entender que se invaden competencias. En el Grupo Parlamentario Socialista no compartimos el fondo de esta enmienda, por lo que votaremos en contra de la misma por los siguientes motivos: primero, porque la consideramos desproporcionada e inoportuna en estos momentos y, segundo, porque este proyecto de ley se dicta con base en el artículo 43.3 de la Constitución, respetando las competencias autonómicas con base en dicho texto. Señorías, este Gobierno, este grupo parlamentario, este partido, siempre respetan las reglas del juego, siempre respetan las reglas del juego democrático, siempre respetan la Constitución y los estatutos de autonomía. [[Aplausos]] Señorías de Esquerra Republicana, señor Álvarez, usted se ha pasado y se ha equivocado en la mañana de hoy. No voy a caer en sus provocaciones, en las pueriles trampas que ha intentado poner esta mañana, pero sí le voy a decir un par de cosas. Le voy a decir que los socialistas no llevamos careta; los socialistas vamos de cara y con la cabeza bien alta [[aplausos]] y no utilizamos el deporte para fracasadas aspiraciones. Pero es más, señor Álvarez, le voy a decir que ni en el deporte ni en la política hay espacio para el insulto y para las faltas de respeto que usted esta mañana ha vertido sobre un ministro que lleva por bandera la defensa de la convivencia democrática en paz. [[Aplausos]] Miren, señorías, con la nueva Ley del Deporte estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad de país, de unir nuestras fuerzas para mejorar la vida de las personas deportistas y del conjunto de la sociedad española. Es un texto que da respuesta a las demandas de todo el ecosistema deportivo. Han sido muchos años de diálogo y también de participación; diálogo con todos los grupos parlamentarios, en el Congreso, en el Senado; diálogo con todas las federaciones deportivas, con los clubes, con las entidades deportivas; diálogo con las personas deportistas, con sus asociaciones y sus sindicatos, y diálogo también con las administraciones públicas. Señorías, diálogo y participación, y también consenso. Muchas iniciativas parlamentarias que se han debatido y aprobado en esta casa hoy se recogen en este Proyecto de Ley del Deporte, un proyecto que queremos mejorar, sin duda, y queremos hacerlo, en la tramitación parlamentaria, con todos los grupos parlamentarios. Señorías, estamos sin duda ante un buen texto, gracias a diferentes gobiernos y gracias sobre todo al equipo del Consejo Superior de Deportes que hoy nos acompaña. Estamos ante una gran oportunidad de modernizar nuestro modelo deportivo y me gustaría destacar algunas de las cuestiones, algunas de las novedades más importantes. Miren, se reconoce el deporte como un derecho y como una actividad esencial; se apuesta por la cohesión territorial; se eliminan toda clase de desigualdades; se regula la promoción del deporte inclusivo y del deporte practicado por personas con discapacidad; se lucha contra la LGTBfobia; se vela porque el tratamiento mediático de las mujeres deportistas esté libre de cosificación y libre de estereotipos sexistas. [[Aplausos]] Pero es más, fíjense, ¿quién puede estar en contra en esta Cámara de que se impulsen planes de conciliación y corresponsabilidad con medidas de protección de la maternidad y la lactancia? ¿Quién puede estar en contra de que se promueva la igualdad de premios entre hombres y mujeres deportistas? Señorías, me gustaría destacar algo muy importante y novedoso: las mujeres que compitan con sus selecciones, con esta ley, cobrarán lo mismo que sus compañeros. [[Aplausos]] Señorías, desde mi grupo parlamentario no nos cansaremos; seguiremos trabajando a través del diálogo y los acuerdos para aprobar la mejor ley del deporte, porque, como bien saben, los grandes avances siempre vienen de la mano de grandes consensos. Todos somos conscientes de que vivimos momentos muy difíciles, y el deporte puede generar espacios amables para el encuentro y también para los reencuentros. Pongamos todo de nuestra parte para dos cosas: una, para hacer de esta ley un proyecto de país que nos una en la diferencia y, dos, para devolver al deporte, y sobre todo a las personas deportistas, lo que han dado a nuestro país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Soto. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]]
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos delas Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
Buenos días nuevamente. Egun on. Señoras y señores diputados, señor presidente, el gran mérito de esta ley es sin duda algo tan sencillo como intentar hacer fácil lo difícil: identificar y dar contenido a la accesibilidad cognitiva. Dar sustantividad a las diferentes facetas de la accesibilidad universal - que son la física, la sensorial y la cognitiva - tiene como objeto hacer efectivo el derecho de las personas que padecen algún tipo de limitación cognitiva a poder acceder a un mecanismo tan fácil como necesario, que es el de poder entender las cosas, ya que la accesibilidad cognitiva se dirige a eso, a ser una herramienta que permita a quienes padecen algún tipo de discapacidad intelectual - pero también a quienes no la padecen - acceder a herramientas que les faciliten la comprensión del entorno físico y la información que reciben. Por ello, la accesibilidad cognitiva, identificada como un derecho sustantivo, se ha de convertir en la clave para poder acceder a otros derechos, y en eso radica la importancia de esta iniciativa, en que la accesibilidad cognitiva se pueda convertir en la llave a partir de la cual quien padece algún tipo de limitación pueda intentar hacer efectivos sus derechos y, por ello, exigir tanto a los poderes públicos como a los privados, a los particulares, medidas que le permitan acceder a la información y el conocimiento como condición previa a la posibilidad de hacer efectivos sus derechos. Esto es, como requisito sin el cual predicar la igualdad de oportunidades, no sería más que un ejercicio de retórica y no de justicia. Por ello, herramientas tales como la lectura fácil, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los pictogramas y otra multiplicidad de medios humanos y tecnológicos se convierten en herramientas que sirven a ese propósito fundamental. En un mundo donde cada vez es más difícil percibir la realidad de la realidad y donde las falsedades o medias verdades forman parte de la apariencia de normalidad, donde una fake es una falsedad disfrazada para conducir al engaño de los sentidos, facilitar el acceso al conocimiento - yo diría que a todos los individuos, pero en particular a quienes tienen algún tipo de dificultad - es simplemente ofrecer un escenario de igualdad de oportunidades. Tenemos que entender, por tanto, que aprobar hoy, tras una larga trayectoria - una travesía diría yo -, esta proposición de ley por la que se modifica el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva como una faceta sustantiva del derecho a la accesibilidad universal es, sobre todo, la fórmula más adecuada para hacer efectivo el derecho que asiste a todo individuo al acceso, en condiciones de igualdad, al goce de todos los derechos y servicios. Pero, señorías, no se trata simplemente de un ejercicio retórico, no lo convirtamos en un mero ejercicio de retórica. A partir de su aprobación, el reto del reconocimiento del derecho a la accesibilidad cognitiva es hacerlo efectivo, esto es, disponer medios económicos dirigidos a hacer efectivo el derecho, lo que supone una mayor implicación de todas las administraciones públicas, pero también del legislador, en contemplar dicho objetivo entre las prioridades del gasto público. Pretendía añadir - y voy finalizando -, que además era un motivo de satisfacción hacerlo de forma unánime, ya que ha sido el consenso el criterio rector de los debates y de su aprobación hasta la fecha. Supongo que así será al final, pero sucede sin embargo - y quiero advertirlo - que superado todo debate y llegados a este momento de la convalidación en el Congreso de las enmiendas incorporadas por el Senado, observó con desagrado algún intento del Partido Popular, señorías, en orden a modificar aquel texto y con relación a enmiendas incorporadas a propuesta de mi grupo precisamente en el ámbito competencial. Como ya sucedió en el Senado y, antes, en la Comisión correspondiente del Congreso, votaremos a favor del texto propuesto en su integridad, no sin antes poner en evidencia la actitud del PP, quien incluso votó a favor de algunas de nuestras enmiendas en el Senado para intentar ahora ponerlas en cuestión en una votación separada, obteniendo así algo no deseable en aquella Comisión, que es quebrar el tono de confianza y consenso que ha reinado hasta la fecha en esta cuestión. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
Gracias, presidente. Señorías, hoy termina un proceso legislativo para aprobar una ley que impulsó Ciudadanos en el Senado, una ley que supone un reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Al igual que fuimos los liberales quienes impulsamos la prohibición de la esterilización forzada de las personas con discapacidad o quienes hemos aprobado en este Congreso la toma en consideración de la ley para apoyar a los pacientes con ELA y sus familias, hoy nos encontramos ante un avance en el reconocimiento de derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables de nuestra sociedad. Cada vez que esta Cámara aprueba una ley histórica, Ciudadanos está en el lado correcto de la historia, ya sea como promotor de la iniciativa, ya sea integrando el consenso. Hoy, señorías, es un nuevo día para hacer mucho mejor nuestro país, un país igualitario, un país más propicio para que sus ciudadanos puedan desarrollar el proyecto de vida que quieran, sin barreras de ningún tipo. Hoy nos acompañan en este hemiciclo representantes de la sociedad civil a quienes quiero saludar. Representantes del CERMI y representantes del resto de entidades sociales del movimiento de la discapacidad, muchas gracias por vuestra excelente labor. Igualmente, quiero mostrar mi agradecimiento al compañero Tomás Marcos, quien inició este gran camino en el Senado hace más de dos años. Hablamos de accesibilidad cognitiva. Permítanme, señorías, que les lea la definición que el CERMI establece para este término: Es la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Y ahora voy a leer su adaptación a lectura fácil: Característica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan todas las personas. Señorías, una de las cosas que buscamos con esta iniciativa es permitir que aquella parte de la población que se siente excluida, por ejemplo, de la actividad política que aquí realizamos por su discapacidad intelectual o psicosocial o'por cualquier tipo de trastorno, se sienta partícipe, haciéndoles llegar la accesibilidad. Se trata, en definitiva, de hacer un mundo más fácil de entender. Cuando hablamos de accesibilidad tenemos que tener en cuenta que nos referimos a una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de una forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Muchas veces, cuando hablamos de barreras pensamos en establecer rampas para aquellas personas que necesitan desplazarse con una silla de ruedas o en traducir al lenguaje de signos un discurso público; sin embargo, tenemos que ser conscientes de que hay otras muchas barreras que impiden a muchas personas comprender un texto u orientarse en una ciudad. De alguna manera, lo que estamos haciendo si no eliminamos estas barreras es impedirles el ejercicio de su derecho a la igualdad. Esta iniciativa da un paso más en este sentido y deja claro que la accesibilidad cognitiva se encuentra incluida en la accesibilidad universal. En la práctica, nos referimos a la necesidad de abordar la igualdad de trato y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o trastornos del desarrollo como, por ejemplo, el autismo. Si una persona no puede entender una carta del banco, una notificación del juzgado, un informe médico,las indicaciones para viajar, no puede comprender una película, un programa electoral, yo me pregunto, señorías, ¿se está respetando su derecho a la información? ¿Se está respetando su derecho a la participación social? ¿Se está respetando su derecho a la igualdad? Por eso, hablamos de accesibilidad cognitiva como un derecho clave, porque permite a estas personas participar de una manera autónoma en nuestra sociedad. Es una condición necesaria tener este derecho reconocido, y además posible en el ejercicio práctico, para ejercer su derecho a la salud, su derecho al empleo, su derecho a la educación, su derecho al uso de los bienes y servicios. Por lo tanto, estamos hoy ante una iniciativa que puede mejorar mucho, muchísimo,nuestra sociedad, y es que la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que una de cada tres personas necesitan accesibilidad cognitiva en su día a día. Es una normativa que intenta, además, establecer o adecuar nuestro ordenamiento a loestablecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, al igual que en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad yen las observaciones que su comité ha realizado al Estado español. Creo que todos coincidimos en que si una persona tiene problemas de entendimiento o comprensión, tiene derecho a recibir la información a través de los sistemas que favorecen la misma, como la lectura fácil, como los sistemas aumentativos o como, por ejemplo, los pictogramas. En una democracia avanzada, señorías, tenemos que demostrar el avance social a través del pleno ejercicio de la ciudadanía de todas las personas. Si realmente no solucionamos esta cuestión, estamos atentando contra la dignidad de las personas que padecen esta enfermedad, estos problemas de salud que les impiden la comprensión. Por ello, creo que es importante desarrollar este avance; tiene que poder ejercer su derecho a la participación en todos los espacios de la sociedad. Eso es inclusión; lo contrario es exclusión, es dejar a una parte de nuestra sociedad fuera, lo que creo que nos hace peores como país. Indirectamente, lo que hacemos es que un país esté discriminando a una parte de su sociedad. Por ello, aquellos que creemos en el avance en la sociedad de los grupos vulnerables celebramos que se promueva este avance como un buen cambio en la vida de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial o trastornos del desarrollo, pero también de ello se van a beneficiar personas con niveles de alfabetización mínima, personas mayores, personas que no conocen suficientemente las lenguas oficiales. Esta iniciativa no va a ocupar ningún telediario, señorías, pero realmente cuando alguien cree en la política como un instrumento transformador y de mejora de nuestra sociedad se puede sentir orgulloso de liderar en esta Cámara este tipo de iniciativas. Creo que tenemos que volver a trabajar en unanimidad, tenemos que volver a trabajar en acuerdo, y debemos evitar cualquier tipo de actuación que rompa la igualdad, el avance en derechos en esta Cámara.
Señoría, debe finalizar, por favor.
Por eso, espero que todos apoyen esta iniciativa. Gracias. [[Aplausos]]
Gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia hoy de los representantes de las entidades en este hemiciclo, en una votación sin duda importante, pero igual de importante es el largo recorrido que ha tenido la tramitación de esta iniciativa. Igual que hay que agradecer la presencia de los representantes de las entidades en el hemiciclo, también hay que agradecer - creó - el consenso, el acuerdo, la forma de trabajo que ha tenido esta iniciativa a lo largo de su trayectoria parlamentaria. Son, sin duda alguna, aquellos temas que ponen en evidencia que la política es posible para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de estas personas, de aquellos que conviven con nosotros, y por tanto es de aquellas iniciativas políticas que sí vale la pena poner en valor como política en mayúsculas, como política para avanzar en la igualdad de derechos. Este camino, este largo recorrido, se fecha en octubre de 2017. Entidades como CERMI o como Plena Inclusión ya apuntaban en sus iniciativas la necesidad de regular por ley está accesibilidad cognitiva. La diputada Giménez, de Ciudadanos,apuntaba antes la definición clásica de la accesibilidad cognitiva y su conversión luego en una forma de lectura fácil. Este es uno de los instrumentos a los que hay que apelar. Hay cuestiones muy complicadas que para mucha gente necesita la traducción o la adaptación a sus capacidades y a sus posibilidades. Por tanto, que exista una ley que reconozca la necesidad de hacer este acceso fácil es más que necesario. Y uno se puede preguntar de qué personas estamos hablando. Pues estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, personas con parálisis cerebral, personas con problemas de salud mental, personas con dificultades para leer,personas mayores con deterioro cognitivo. Si bien esta lista puede parecer cuantitativamente no muy grande o no muy concreta, sí que se puede poner el ejemplo de que esto afecta a una de cada tres personas. Se daban algunos ejemplos que yo creo que son muy gráficos: 268 633 personas con discapacidad intelectual, tantas personas como las que viven en Gijón; 481 544 personas con problemas de salud mental, tantas personas o más que las que viven en Murcia; ocho millones seiscientos y pico mil personas mayores, que prácticamente son más personas de las que viven en Andalucía. Por tanto, la importancia de la aprobación de esta ley es también la importancia cuantitativa de que afecta a una de cada tres personas de nuestro entorno y la necesidad de las personas de que se adopten estas medidas de accesibilidad cognitiva. Esta es la forma de conseguir que todas estas personas tengan las condiciones adecuadas para que cumplan sus derechos y, por tanto, en esa línea, en la línea de trabajo, el apoyo y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el PeCAT por supuesto que estará contribuyendo a hacer una sociedad mejor para todas aquellas personas con discapacidad. Y finalmente, en este ámbito, hoy nos llega aquí lo que corresponde a las enmiendas que vienen del Senado... [[Rumores]]
Un segundo, señorías. [[Pausa]] Continúe.
Decía que hoy nos llegan aquí, después de este largo camino, de esta reflexión previa, las enmiendas provenientes del Senado, con algunas mejoras en el preámbulo, como es el hecho de mencionar expresamente otros sistemas, medios, formatos o técnicas que ayuden a materializar esta accesibilidad cognitiva, o algunas mejoras técnicas, como las remisiones a artículos o referencias a la estructura ministerial actual, con lo cual, por nuestro lado, no vemos en las enmiendas del Senado ningún problema para votarlas favorablemente y que definitivamente esta ley pueda aparecer ya publicada y que entre en vigor cuanto antes mejor. Por tanto, señorías, el voto del PeCAT en esta ley y en las enmiendas que vienen del Senado va a ser favorable, deseando, eso sí, que esta aplicación y la plena integración de la accesibilidad cognitiva en nuestro ordenamiento jurídico esté vigente cuanto antes mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.
Gràcies, presidente. Buenos días, señorías. Hay personas que para poder saber qué dice una notificación del juzgado necesitan una tercera persona para que interprete esta carta. Hay personas para las que llevar a cabo una cuestión vital y cotidiana, como recibir y comprender un diagnóstico de salud, se convierte en un jeroglífico indescifrable. Hay personas a las que visitar un museo les supone una experiencia aterradora debido a la inexistencia de pictogramas y señalética que faciliten su experiencia cultural. Hay una accesibilidad que pasa inadvertida hasta en la propia normativa y cuyo desconocimiento provoca que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo o con trastorno mental vean en muchas ocasiones limitada su participación en la sociedad. La Accesibilidad es el elemento que permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, pero también es parte del contenido esencial de los derechos. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. Ya lo hemos oído. ¿Cuántas personas necesitan una accesibilidad cognitiva? Pues, según la OMS, estamos hablando de una de cada tres personas. La accesibilidad se desarrolla de manera detallada en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata, además, de un principio reconocido en el artículo 3, que atraviesa todo el tratado, al igual que sucede con la igualdad y la no discriminación. La accesibilidad cognitivaes el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se llevan a cabo, sin ningún tipo de discriminación. Lo que más cuesta comprender a la sociedad en general es que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma forma que el resto. Se entiende y acepta - aunque todavía no en toda su extensión - que si la persona no puede andar debe llevar un bastón, una prótesis, una silla de ruedas o contar con un asistente, y aunque ha costado, se entiende también que debe haber rampas o ascensores, pero se sigue sin entender que si la persona tiene dificultades para memorizar o para razonar debe aportarse entornos, productos comprensibles y también los productos o personal de apoyo que precisen. Sin duda, la accesibilidad, incluyendo la eliminación de barreras - que no se detectan a simple vista -, se ha convertido en uno de los mayores retos a afrontar en cuanto a la garantía de los derechos de todas las personas. Por ello, se deben brindar todas las facilidades para que las personas con discapacidad psicosocial - incluidos niños y niñas y adolescentes - puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de los servicios y disponer de todos los recursos que garanticen la comprensión, comunicación, movilidad, comodidad y seguridad. Entendemos que esta reforma dará respuesta a las observaciones finales de Naciones Unidas al Estado Español sobre el cumplimiento de la convención, que recomendaba velar para que los lugares abiertos al público o de uso público cuenten con señalización e información en braille y lectura fácil, y que se proporcione asistencia humana e intermediarios, lo que comprende guías, lectores, intérpretes profesionales de lengua de signos para facilitar el acceso a los edificios y servicios públicos, en especial a las personas con discapacidad intelectual del desarrollo o trastorno mental. Esperamos que esta iniciativa ayude a robustecer el ejercicio de los derechos y la participación comunitaria en mayor plenitud por parte de un numeroso grupo de personas con discapacidad, eliminando estas barreras invisibles de las que hablaba, trascendiendo, además, a este sector social y extendiendo sus efectos benéficos y de mejora colectiva a otros segmentos de la comunidad, como son las personas mayores, personas con reducido nivel de alfabetización o personas migrantes,entre otras. Y sabemos que con el derecho a la accesibilidad abrimos la puerta a otros derechos, como son el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la educación. Nuestro grupo, el Grupo Republicano, creemos firmemente en la justicia social y en la igualdad de oportunidades, por eso daremos apoyo a esta reforma. [[La señora]] Queremos agradecer públicamente el trabajo incansable de las entidades del tercer sector para poder llegar hoy aquí con el máximo consenso, y gracias por acompañarnos hoy en este hemiciclo, después del trabajo incansable que lleváis a cabo. Este éxito es colectivo, es de consenso, y públicamente merecéis este agradecimiento. Muchísimas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Pujol. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.
Gràcies, presidenta. Buenos días. Bon dia. Nuestro grupo, Unidas Podemos, va a votar a favor de las enmiendas introducidas en el Senado a esta ley que regula la accesibilidad cognitiva. Hoy es un día importante. Esta ley fue aprobada con un amplísimo consenso político como respuesta a una demanda persistente de la sociedad civil. Aprovecho aquí para saludar y agradecer a las personas y las entidades que aquí nos acompañan, al CERMI y otras, que han trabajado mucho por esta ley. [[Aplausos]] Esta ley es importante, supone un paso más en el objetivo de que toda persona, sean cuales sean sus características personales, pueda funcionar de manera autónoma, pueda ser dueña de su propia vida. Para ello, todos los entornos, servicios y procesos deben ser universalmente accesibles. Esta exigencia de accesibilidad responde al cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad. Actualmente se considera que todas las personas somos diversas funcionalmente y que las limitaciones en autonomía y acceso no son inherentes a la persona; son las barreras existentes en el entorno físico, social y comunicativo las responsables de que muchas personas no puedan ejercer plenamente sus derechos. Por tanto, la accesibilidad universal, es decir, la supresión de todas las barreras posibles, debe ser un principio de organización de toda sociedad que se diga inclusiva. Ocurre que las barreras físicas en cuanto al acceso a espacios y servicios suelen detectarse con mayor facilidad, son más evidentes. Otras barreras no son tan reconocibles. Se ha hablado aquí de la complejidad en la señalización en un edificio público o la terminología usada en informaciones de interés general, que pueden obstaculizar seriamente o impedir su comprensión por parte de muchas personas. Son las barreras a la accesibilidad cognitiva, que con frecuencia no son tenidas en cuenta cuando se trata de garantizar el acceso de toda la población a un espacio o servicio; es esta invisibilidad y falta de consideración de estas barreras cognitivas lo que se intenta corregir con esta ley, que especifica que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal, que asegura la comprensión y comunicación más amplia a un mayor número de personas y que especifica que deben tomarse medidas para la supresión de todas las barreras y prever los apoyos complementarios necesarios para que los espacios, servicios y actividades sean cognitivamente accesibles a toda la población. Esta ley, reconociendo que las barreras a la accesibilidad cognitiva parten de una menor percepción y consideración,establece mecanismos de corrección como estudios específicos sobre accesibilidad cognitiva, un reglamento que desarrolle las condiciones básicas en esta materia, un plan de accesibilidad cognitiva o la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Avanzamos, por tanto, en la especificación y garantía de esta accesibilidad, no siempre, como decimos, evidente ni suficientemente atendida en la norma. Señorías, la ley de derechos de las personas con discapacidad es una buena ley, que reguló la accesibilidad universal y abrió vías a una sociedad más inclusiva. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad Consolidó un nuevo tiempo en la concepción y en la respuesta a las exigencias de la diversidad funcional. Sin embargo, ha faltado durante muchos años voluntad política para avanzar en el despliegue de estas leyes. Este Gobierno de coalición, este Ministerio de Derechos Sociales, entre otras cuestiones relacionadas con la inclusión educativa, la autonomía personal o la atención a la dependencia, ha trabajado mucho para hacer frente a las nefastas políticas del Partido Popular respecto a la diversidad funcional en años anteriores y ha impulsado avances muy serios en políticas públicas que aseguren la accesibilidad universal y, más en concreto, la accesibilidad cognitiva: con el Plan España País Accesible de 2021 a 2023, con una inversión de 170 millones repartidos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para avanzar especialmente en accesibilidad cognitiva en centros y servicios públicos. También, con la aprobación en 2021 del decreto para la asignación de más de 50 millones a las comunidades autónomas para la accesibilidad en la vivienda. Con el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, actualmente en elaboración, que contempla medidas concretas en cada uno de los ejes de la accesibilidad cognitiva, y con la creación del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que se pondrá en marcha próximamente, antes del verano. Asimismo, este Ministerio de Derechos Sociales ya ha previsto incluir estas medidas contempladas en la ley en el próximo programa de ayudas al estudio del Real Patronato sobre la Discapacidad. Pero es claro que queda muchísimo por hacer para que nuestra sociedad sea realmente universal en accesibilidad. Esta ley de regulación de la accesibilidad cognitiva supone un avance a celebrar, pero también, señorías, un toque de atención muy serio. Aún hoy, los transportes no son físicamente accesibles. Este edificio del Congreso presenta todavía barreras físicas, sensoriales y cognitivas muy serias. Nuestras ciudades están repletas de barreras porque se diseñan para los coches. Hay centros educativos, aún hoy, con barreras de acceso, y qué decir de las barreras para el acceso a los servicios bancarios para una gran parte de la población. Es todavía muy frecuente que las administraciones públicas y entidades privadas no detecten las barreras o, si lo hacen,implementen soluciones insuficientes o segregadoras. Sirva la aprobación de esta ley para dejar claro que el diseño universal es exigible desde el principio y de raíz para eliminar todas las barreras en todos los espacios, infraestructuras, bienes y servicios. Solo entonces podremos hablar de una sociedad realmente inclusiva. Moltes gràcies. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Saavedra. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches. [[Aplausos]]
Gracias, señora presidenta. Señorías, en VOX estamos totalmente comprometidos con el reto que tiene la sociedad española de acercarnos en todo lo posible a un escenario en el que la accesibilidad general sea un derecho universal. Dentro de esta accesibilidad, un aspecto especialmente importante en el que tenemos la obligación de avanzar es, desde luego, en la accesibilidad cognitiva. Entendemos por ésta la cualidad que deben cumplir los mensajes de cualquier tipo que se muestran en el ámbito público o'social para que todas las personas, o al menos la mayor parte de ellas, puedan entenderlos con facilidad. Resulta evidente que esa accesibilidad cognitiva es clave para el efectivo ejercicio de determinados derechos, como son el derecho a la salud,el derecho a la educación, al empleo, a la cultura, a la movilidad e incluso a los derechos políticos, como puede ser el de sufragio. Comprobamos también como el ámbito de la accesibilidad cognitiva va más allá de las personas con discapacidad. Vivimos en un mundo muy complejo, en el que se están acelerando los cambios sociales y tecnológicos de una manera verdaderamente vertiginosa. Esto está produciendo una profunda grieta entre aquellas personas que tienen acceso a la información - por ejemplo, por el hecho de saber manejar herramientas digitales o tecnológicas - y las que se han quedado atrás, bien por tener cierta edad, bien por vivir en zonas rurales o desfavorecidas o bien por alguna circunstancia social, como decimos, ajena a la propia discapacidad. En VOX celebramos la voluntad de consenso que todos los partidos han manifestado con respecto a una cuestión en la que no deberían caber posiciones enfrentadas y que en gran medida responde a las demandas expresadas por la sociedad civil. [[Aplausos]] Estamos oyendo los mensajes que emiten en esta Cámara todos los partidos y, en efecto, todos dicen estar a favor de la inclusión y de remover, en la medida de lo posible, las barreras físicas o morales que obstaculizan el libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién puede no estar de acuerdo con esto? Pero tengo que recordarles que todos ustedes - insisto, todos ustedes - coinciden en una cuestión. Todos ustedes están de acuerdo en ayudar a las personas con discapacidad,salvo que estas se encuentren en el seno materno [[aplausos]], porque entonces todos ustedes están dispuestos a aplicarles la pena de muerte por el simple hecho de estar en el seno materno. También tenemos que denunciar que en la tramitación de esta iniciativa se ha producido un verdadero boicot a las propuestas de VOX, con el indisimulado deseo de excluir nuestra participación en este proceso legislativo. Pero, eso sí, se nos ha advertido por activa y por pasiva que teníamos que sumarnos al consenso, al consenso de todos ustedes, a fin de garantizar esta iniciativa [[aplausos]], un ejemplo perfecto de la hipocresía y del sectarismo, que desgraciadamente abundan en esta Cámara. Nos hubiera gustado que hubieran aceptado algunas de las propuestas que hizo el Grupo Parlamentario VOX, pero aquí hemos oído desde esta tribuna esta mañana al señor Ramos Esteban decir que hay que silenciar a VOX. Miren, señorías, por si no se han enterado,VOX - mal que les pese a todos ustedes - es, a día de hoy, la tercera fuerza política, y sigue subiendo, así que, cuanto antes lo asumas, mejor será para todos. [[Aplausos]] Con nuestras propuestas tratábamos de mejorar expresiones que pagan el peaje correspondiente a los consabidos delirios ideológicos de los partidos progres, que son todos ustedes. Puede que les dé igual, pero nosotros creemos que es importante evitar redundancias y someter el lenguaje a las normas de corrección lingüística que marca la Real Academia Española. Centrándonos ya en un punto de vista más sustancial y hablando de cuestiones que realmente también les deberían preocupar a ustedes, nosotros entendemos que muchas de las medidas específicas que se le imponen, tanto a las empresas del sector público como a las del ámbito privado, pueden resultar excesivamente gravosas. No podemos olvidar el contexto de grave crisis energética y económica que están atravesando todos nuestros sectores productivos. Por tanto, se tendrían que haber previsto incentivos y ayudas económicas que hicieran posible la adecuación de las entidades a los requerimientos legales. Y, por el mismo motivo, también habría sido conveniente revisar el régimen sancionador previsto en el título III del texto refundido. También creemos que se tendría que haber habilitado un procedimiento para conceder ayudas a entidades locales, dado su escaso margen financiero, con las que hacer frente a las exigencias económicas derivadas del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y su debida coordinación con el resto de administraciones territoriales. Señorías, yo estoy convencida de que no hay ni una sola empresa que no esté de acuerdo con mejorar la accesibilidad cognitiva para las personas que lo necesiten, pero no se puede legislar en abstracto sin tener en cuenta la realidad sociológica en la que tenemos que aplicar la norma. Porque, señorías, nadie con sentido común puede entender que una ministra de Igualdad se vaya a gastar 20 319 millones de euros en políticas de género, en eso que ustedes llaman políticas de igualdad. [[Aplausos]] Y, mientras, las familias españolas siguen asfixiadas por la grave crisis que estamos padeciendo. A ver de qué igualdad me están hablando ustedes. Señorías, VOX es un partido serio y somos conscientes de nuestra responsabilidad, por tanto, vamos a afrontar el reto de la accesibilidad cognitiva sin incurrir en consideraciones partidistas, pensando siempre en lo mejor para el conjunto de la sociedad. Por eso no quiero terminar sin recordar, una vez más, que VOX es el único partido que defiende la dignidad de todas las personas, independientemente de sus capacidades dentro y fuera del seno materno. [[Aplausos]] El principal derecho de las personas es el derecho a la vida, y en esto, como en tantas otras cuestiones, permítanme que les diga que solo queda VOX. [[Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie]]
Gracias, señora Romero. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.
Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar, en nombre de mi grupo parlamentario, al presidente del CERMI, Luis Cayo, y a los demás miembros de su comité ejecutivo, que esta mañana nos acompañan desde la tribuna, como artífices de esta iniciativa legislativa que son. Y también quiero felicitarles por este nuevo logro en la conquista de derechos para las personas con discapacidad, que esta mañana, por fin, tras una ardua y extensa tramitación parlamentaria en el tiempo, se consuma, y se establecerá por ley el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Es un paso más que damos para mejorar la vida de las personas, de todas las personas y especialmente de las personas con discapacidad,y desde el Grupo Parlamentario Popular nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a este logro y de haberlo hecho de la mano del sector, de la mano del CERMI, como entidad representativa de las personas con discapacidad. [[Aplausos]] Así lohemos hecho siempre cuando hemos gobernado, es la trayectoria que nos avala y este Grupo Parlamentario Popular ha sido sostén, tanto en el año 2013, sosteniendo al Gobierno con la ley de inclusión, no discriminación y accesibilidad universal, con eltexto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y especialmente también adoptando medidas, siendo estas las mejores para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, como aumentarun 20 % la empleabilidad de las personas que tienen discapacidad. Esa es la mejor medida para garantizar su inclusión, y así lo hemos hecho. Con esta pretensión del CERMI, esta mañana damos cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que nos daban en el año 2019 y que encomendaba a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas y también presupuestarias necesarias para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos. La accesibilidad, señorías, no es solo salvar una barrera arquitectónica, hay procesos, entornos, servicios, productos - y ya se han dicho aquí por los anteriores compañeros que me han precedido -. cuya accesibilidad requiere de señalización, de métodos de lectura fácil, pictogramas, en definitiva, que hagan accesibles cognitivamente para garantizar la igualdad y la plena inclusión de laspersonas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista, con deterioro cognitivo por el envejecimiento o por estar convaleciente de enfermedades neurodegenerativas, por escasa alfabetización o accesoa información o por el desconocimiento que puede tener del idioma cualquier persona extranjera. Con lo cual, esto no solo afecta a los discapacitados, sino que es un avance en los derechos de todas las personas. Cualquiera nos podemos encontrar ahí. Para dar cumplimiento a este reconocimiento, el CERMI, como expresión del movimiento social de la discapacidad, que aglutina a más de 800 entidades y que representan a casi cuatro millones de españoles y de personas con discapacidad en su labor de incidencia e interlocución política - que, por cierto, ejercen con maestría y que nos han dado buena muestra de ello con esta ley -, colocó en la agenda política el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva. La Constitución atribuye la iniciativa legislativa a los grupos parlamentarios. Esta era una petición rogada que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero yo quiero recordarles que también lo hizo el Grupo Parlamentario Popular en la XIII Legislatura y que la disolución anticipada de la Cámara impidió su tramitación. Nada importa eso hoy porque la ley que modificará el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social es del sector y en los mismos términos que el sector ha querido. La accesibilidad cognitiva tiene un amplio consenso técnico, académico y social, y requería de ese reconocimiento legal, y también la lectura fácil, y que ambos tuviesen su definición en texto normativo. Requería Un plan de accesibilidad cognitiva específico, es decir, dotación presupuestaria para hacerlo efectivo, un comité estatal de referencia de accesibilidad cognitiva para su estudio y para la mejora de la misma y un calendario de adaptación de servicios, procesos y productos de difícil comprensión en un plazo razonable pero sin dilación. La toma en consideración de esta proposición de ley por unanimidad en el Senado dio paso a su tramitación en el Congreso, donde auguramos que iba a ser rápida y fácil. Sin embargo, nos sorprendieron las enmiendas del Grupo Socialista y de Unidos Podemos, porque tenían entre sus objetivos rebajar la expectativa del alcance de la pretensión que tenía el CERMI a este respecto. Se opusieron a la definición propia de la accesibilidad cognitiva, a postergar los plazos de su desarrollo reglamentario de dos a tres años y a sustituir un plan de accesibilidad cognitiva por el segundo plan de accesibilidad universal, financiado con los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es más, se atrevieron a enmendar el texto con eslóganes gubernamentales: España puede. Pero la España que puede es la que se sienta ahí arriba [[señalando a la tribuna de invitados]] y la que representa a cuatro millones de españoles [[aplausos]], que es la España que no ha cejado en su empeño y que nos ha empujado a todos a que hoy se vote por unanimidad esta ley a pesar de que hayan adelgazado el objetivo, porque así votamos en esta Cámara. La suerte de nuestro sistema democrático es que tenemos una cámara de segunda lectura, el Senado, que puede examinar y modificar vía enmienda lo acordado en el Congreso de los Diputados, y el CERMI, en un ejercicio admirable... [[Rumores]]
Señorías, mantengan un poco de silencio, por favor.
..., ha querido mejorar la vida de las personas con discapacidad y no cejó en el empeño de que la ley contase con una definición de accesibilidad cognitiva y lectura fácil, aunque fuese en el preámbulo de la ley. Sugirió la enmienda, que en un ejercicio de coherencia el Grupo Parlamentario Popular presentó, entre otros grupos parlamentarios, y es justo reconocer que el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos votaron a favor de la misma, porque de ella han nacido la unanimidad y el consenso que esta mañana se alcanza en la casa y de los que tan escasos estamos en esta legislatura. Bien está lo que bien acaba, señorías, y esto acaba mucho mejor de como salió del Congreso el pasado 21 de diciembre,con lo cual estamos satisfechos, sobre todo porque hoy las personas con discapacidad son los protagonistas de haber mejorado y participado en mejorar la vida de todos. Al Grupo Parlamentario Popular la coherencia de acción le impide votar a favor de las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco porque son un capricho de tintes nacionalistas, no asumir los plazos de la ley en defensa de su autonomía o la participación del propio sector en la elaboración de los planes de accesibilidad, con lo que el Grupo Parlamentario Popular sí estamos de acuerdo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Navarro. [[Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores]] Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lima Cid.
Gracias, presidenta. En primer lugar, saludo en nombre de nuestro grupo a quienes hoy nos acompañan y para quienes es un grandísimo día. Sí, para ellos. Hoy no era el día de sus señorías de VOX, hoy no era el día de sus señorías del Partido Popular, hoy es su día [[señalando a la tribuna de invitados]], el día del CERMI, el día de Plena Inclusión, el día de las más de cuatrocientas entidades que lo acompañan. También le voy a dar la enhorabuena al CERMI por esos veinticinco años de trayectoria, que hoy reciben este reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa. Gracias por todo. [[Aplausos]] Señorías, hoy llegamos al último trámite de esta proposición de ley, destinada a establecer y regular la accesibilidad cognitiva. Y dirán: ¿qué es esto de la accesibilidad cognitiva? Es que nuestro mundo sea más fácil de entender,dirigido específicamente a las personas con discapacidad intelectual o con autismo, pero que en general nos hace la vida más fácil a todos y a todas, partiendo de que nuestra sociedad está compuesta por personas diversas, que tenemos capacidades distintas y que lo único que está discapacitado, señorías, es nuestro entorno. Señorías, como decía hace unos días, el ejercicio político parte de la convicción y transita por el diálogo para culminar en el consenso. Nuestro Grupo Socialista parte de la convicción de estar haciendo lo mejor para toda la sociedad y bajo la responsabilidad que nos compete en el marco del Poder Legislativo. Nuestra base: primero, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ratificamos en el año 2007, que habla del acceso a la información, a la señalización de espacios públicos y que todas las personas deben y tienen que tener el derecho a la participación en la vida política y pública; segundo, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, desde donde se define la accesibilidad universal como la condición que debe cumplir todo nuestro entorno en base a que sea comprensible, utilizable y practicable, y con objetivos claros, que es lo que defendió el Partido Socialista. La accesibilidad universal engloba todas las discapacidades y agregarlas sería un retroceso. Debemos velar como diputados y diputadas por el principio de la seguridad jurídica y la mejora de la calidad técnica y lingüística como elementos esenciales a la hora de legislar. Este fue el primer posicionamiento - se lo explico por si no lo ha entendido el Partido Popular - que mantuvo el Partido Socialista. Posteriormente transitamos a la escucha activa, al diálogo, elemento fundamental para avanzar desde la convicción, porque, si no es así, señores de VOX, es una sinrazón, y desde aquí y por parte de nuestro grupo agradecemos las aportaciones y realidades que nos transmitieron la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y Otras Demencias, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Down España, la Confederación Autismo España, Salud Mental España, Asociación de Parálisis Cerebral, Federación Española de Daño Cerebral, la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de la Junta de Extremadura, y, por supuesto, CERMI y Plena Inclusión, que nos han acompañado en todo este camino. [[Aplausos]] Nos encontramos en este punto, en las enmiendas que nos llegan del Senado. Se las voy a explicar, porque la mención del Partido Popular ha tergiversado el mensaje, como siempre. Incorporamos en el preámbulo las definiciones de accesibilidad cognitiva y lectura fácil; se precisa la aplicación de las medidas que garantizan la igualdad de oportunidades, ampliando el concepto de administraciones públicas, y se hacen enmiendas técnicas y se separan las competencias de Estado Y comunidades autónomas, como no puede ser de otra forma. Transacciones posteriormente para llegar a ese consenso, para intentar llegar a un acuerdo con el resto de grupos. No pudimos, señorías de VOX, porque obviamente ni nosotros ni nosotras vamos a permitir que el lenguaje del preámbulo y del resto del texto no sea inclusivo; es que eso no lo vamos a permitir. [[Aplausos]] Cumplimos, por lo tanto, con este trabajo conjunto gracias a todas las organizaciones y gracias a todos los partidos políticos con cordura, con razón y con argumentos, que es lo más importante en política. Por lo tanto, nuestro país cumple a nivel europeo con el compromiso que ratificó. Avanzamos normativamente ante un déficit existente en la materia, impulsamos herramientas esenciales, llevaremos a cabo los estudios específicos, el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad,el segundo plan de accesibilidad universal, el centro de referencia español de accesibilidad cognitiva e, importantísimo, esta ley abre la puerta a la generación de empleo de las personas con discapacidad intelectual, pues se necesitarán validadores y validadoras. Señorías, termino. Alimentemos una de las grandes capacidades del ser humano, el diálogo, porque, como dice Habermas, lo que se necesita más bien es un juego de argumentación en el cual razones motivantes reemplacen a argumentos definitivos. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Lima.
Pasamos a examinar el punto de orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados. Ningún grupo parlamentario intervendrá en este punto.
Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria [[procedente del Real Decreto Ley 1/2022, de 18 de enero]] Esta propuesta se someterá a votación junto con el resto de asuntos al final de esta sesión. Votaremos en cinco minutos. [[Pausa]]
Señorías, vamos a dar inicio a las votaciones. Comenzamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sra Oramas GonzálezMoro, relativa a la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 312 más 11 votos telemáticos, 323; abstenciones, 19.
En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A PRIORIZAR LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE ESPAÑA. [[Número de expediente 162/000838]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a priorizar la reindustrialización de España. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 96 más 4 votos telemáticos, 100; en contra, 178 más 7 votos telemáticos, 185; abstenciones, 57.
En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sra Oramas GonzálezMoro, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que llegue a todas las personas que lo necesitan. Se procederá a la votación separada por puntos. Punto 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 191 más 7 votos telemáticos, 198; en contra, 13 más 3 votos telemáticos, 16; abstenciones, 127 más 1 voto telemático, 128.
En consecuencia queda aprobado el punto. Punto 2. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 187 más 7 votos telemáticos, 194; en contra, 13 más 3 votos telemáticos, 16; abstenciones, 131 más 1 voto telemático, 132.
Queda aprobado. Punto 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 187 más 7 votos telemáticos, 194; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 144 más 1 voto telemático, 145.
Queda aprobado. Punto 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 64; en contra, 125 más 10 votos telemáticos, 135; abstenciones, 142 más 1 voto telemático, 143.
Queda rechazado. Punto número 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 11 votos telemáticos, 341; a favor, 204 más 7 votos telemáticos, 211; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 126 más 1 voto telemático, 127.
Queda aprobado. Punto 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 11 votos telemáticos, 341; a favor, 109 más 4 votos telemáticos, 113; en contra, 117 más 4 votos telemáticos, 121; abstenciones, 104 más 3 votos telemáticos, 107.
Queda rechazado. Punto 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 109 más 4 votos telemáticos, 113; en contra, 144 más 7 votos telemáticos, 151; abstenciones, 78.
Queda rechazado. Punto 8. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 109 más 4 votos telemáticos, 113; en contra, 144 más 7 votos telemáticos, 151; abstenciones, 78.
Queda rechazado. Punto 9. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 110 más 4 votos telemáticos, 114; en contra, 144 más 7 votos telemáticos, 151; abstenciones, 77.
Queda rechazado. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR DÉ CUENTA DE LOS SUCESIVOS ASALTOS A LA VALLA DE MELILLA Y DE LA POLÍTICA DE SU MINISTERIO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS MISMOS. [[Número de expediente 173/000131]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el ministro del Interior dé cuenta de los sucesivos asaltos a la valla de Melilla y de la política de su Ministerio para la prevención y el control de los mismos. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 96 más 4 votos telemáticos, 100; en contra, 178 más 7 votos telemáticos, 185; abstenciones, 57.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS EN CEUTA Y MELILLA. [[Número de expediente 173/000132]]
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger las fronteras españolas en Ceuta y Melilla. Se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 53; en contra, 193 más 8 votos telemáticos, 201; abstenciones, 85 más 3 votos telemáticos, 88.
Queda rechazada.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas para la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera y del Funcionamiento de la Cadena Logística, y por el que se traspone la Directiva [[UE]] 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el Desplazamiento de los Conductores en el Sector del Transporte por Carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 272 más 11 votos telemáticos, 283; abstenciones, 59.
Queda convalidado el real decreto ley. Se ha solicitado la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 100 más 11 votos telemáticos, 111; en contra, 229; abstenciones, 2.
Por tanto, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de Ley del Deporte presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 33; en contra, 293 más 11 votos telemáticos, 304; abstenciones, 5.
Queda rechazada.
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de este proyecto de ley presentado por los grupos parlamentarios Republicano y Plural. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 323 más 10 votos telemáticos, 333; abstenciones, 8 más 1 voto telemático, 9.
En consecuencia, queda revocado por el Pleno el proyecto de ley.
Enmiendas del Senado. Proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al preámbulo y al artículo Único. Apartados nuevos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 279 más 11 votos telemáticos, 290; abstenciones, 52.
Quedan aprobadas. Enmienda al artículo Único. Dos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 331 más 11 votos telemáticos, 342.
Queda aprobada. Resto de enmiendas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 11 votos telemáticos, 342; a favor, 193 más 8 votos telemáticos, 201; en contra, 86 más 3 votos telemáticos, 89; abstenciones, 52.
Quedan aprobadas.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 11 votos telemáticos, 338; a favor, 322 más 11 votos telemáticos, 333; en contra, 3; abstenciones, 2.
Queda aprobado el dictamen.
Avocación de iniciativas legislativas. Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 9/2012, de 14 noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito; la Ley 11/2011, de 18 de junio, de Recuperación de Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión, y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se Establece el Régimen Jurídico de las Sociedades de Gestión de Activos en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325 más 11 telemáticos, 336; a favor, 325 más 11 votos telemáticos, 336.
En consecuencia, queda revocado por el Pleno el proyecto de ley. Muy buenas tardes a todos. Se levanta la sesión. Eran las una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.