Se abre la sesión. Según lo establecido en el artículo 68.1 del Reglamento y acordado en Junta de Portavoces, les comunico que el punto 27 del orden del día, relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, pasará a debatirse como primer asunto en la sesión del jueves mientras que el decreto-ley pasará a ser el segundo punto. ¿Lo acuerda así la Cámara? [[Asentimiento]]
Proposición de ley del Grupo Socialista sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Para la presentación de la iniciativa y su defensa, tiene la palabra la señora Gallego.
Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender una vez más - y ya van muchas - la universalización de la asistencia sanitaria pública. Y digo una vez más porque son innumerables, a lo largo de esta legislatura, las intervenciones de mi partido y del resto de los grupos parlamentarios para intentar convencer a la mayoría absoluta del Partido Popular de dar marcha atrás en una de las decisiones más injustas, más ineficaces, más antisociales, más antipolíticas y yo diría que más crueles, la decisión unilateral que tomó el Partido Popular en abril del 2012 de cambio de nuestro modelo sanitario, de ruptura del pacto sanitario que se habían dado los diferentes partidos que representan a todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio español a lo largo de casi treinta años, desde que un Gobierno socialista aprobara la Ley General de Sanidad. Se presentó una PNL en abril del 2014 por el portavoz socialista Pepe Martínez Olmos - por cierto, muchas gracias al compañero Pepe por su gran labor parlamentaria -, pero esa PNL fue rechazada en solitario por la mayoría del Partido Popular; se ha insistido en las diferentes comparecencias, pero ha dado exactamente igual. El Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, llamado de forma rimbombante de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, va a pasar a la historia como ejemplo de lo que no se debe hacer en política y será fundamental tener memoria histórica para no repetir este tremendo error de excluir a las personas de la asistencia sanitaria pública con fondos públicos. Señores del Partido Popular, ustedes solos se han cargado de un plumazo el derecho constitucional a la protección de la salud que está recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución y que literalmente, en su punto 1, dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud y, en su punto 2, habla de la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios. Para nada dice nuestra Constitución que para tener derecho a la protección de la salud hay que estar asegurado, es algo inconcebible. Además han hecho caso omiso de las medidas constitucionales de protección que contiene el artículo 43, que prohíbe la adopción de decretos-leyes que afecten al derecho a la protección de la salud. Desde el primer momento este real decreto ha contado con la oposición y el rechazo unánime de amplios sectores de las asociaciones profesionales, de organizaciones no gubernamentales, de partidos, de sindicatos y de la sociedad civil; especialmente ha contado con informes muy duros de la oficina del Defensor del Pueblo, que precisamente es designado, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de nuestra Constitución, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos recogidos en su título I. Cuanto más se lee acerca de lo que significa el desarrollo de este real decreto - sobre todo cuando ya se pueden evaluar sus efectos después de tres años - mayor es el convencimiento de la enorme chapuza que ha supuesto a todos los niveles. Lo más sorprendente - ya no, ya no nos sorprende nada - es el empecinamiento en seguir adelante con su desarrollo, en hablar de sus bondades poniendo en evidencia incluso a presidentes y presidentas de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que ya no saben cómo defender lo que es indefendible. A estas alturas de la legislatura ya podemos evaluar los efectos y consecuencias que ha tenido para la ciudadanía la política sanitaria, que ha hecho que la sanidad entre dentro de las preocupaciones de la población. Lo que nació para hacer sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud se ha convertido en un arma de destrucción de nuestro sistema público con un objetivo claro, que es abrir el negocio jugoso de la sanidad. Es muy curioso además que quien tiene que evaluar el impacto, quien tiene que evaluar los resultados de esta reforma, que es el Ministerio de Sanidad, no lo haya hecho. Tres años después de que se anunciara la medida como la salvación de nuestro Sistema Nacional de Salud, nos encontramos con una infrafinanciación clarísima del mismo, con más de 21.000 millones de euros de recortes, con una deuda acumulada de 28.000 millones de euros, con 17 sistemas de salud diferentes, con un gran batiburrillo administrativo y con dificultades en parte de la población para acceder a tratamientos por los copagos impuestos. Nos lo están diciendo todos los días los jubilados, los enfermos crónicos, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades raras, y a ustedes también se lo están diciendo. Se ha perdido la equidad en el acceso a la sanidad pública. Los ciudadanos dependen más de donde nazcan o vivan que del derecho en sí de ciudadanía. Se les han caído los principales argumentos o excusas que han mantenido para poner en marcha este decreto, como que eran necesarias reformas, como la herencia socialista o como la peregrina idea de controlar el fraude del turismo sanitario. Por cierto, voy a definir lo que es el turismo sanitario. Se define como viaje a ciudad o país para recibir algún tipo de tratamiento, atención médica como cirugía, tratamientos de rehabilitación, estéticos o de spa. ¿De verdad pueden sostener ustedes que los excluidos en España de la tarjeta sanitaria venían a hacer turismo sanitario, a relajarse a un spa o a hacerse una liposucción? Si lo pueden sostener, díganselo a la familia de Alpha Pam, por ejemplo, el joven senegalés que murió de tuberculosis en 2013 por no contar con la tarjeta sanitaria. Sobre todo existe una vulneración clarísima del derecho universal a la salud. Estos días nos llena de vergüenza el informe de más de trescientas organizaciones que integran Reder, entre las que están Médicos del Mundo y semFYC, sobre más de mil quinientos casos documentados entre enero de 2014 y julio de 2015. Al final, y lo dice este informe, hay un auténtico sistema de exclusión generalizada, que dista mucho de ser universal y se aleja ostensiblemente de los principios rectores que definieron nuestro Sistema Nacional de Salud en 1983. Sorprende que la respuesta del ministerio sea que no conoce ese informe; sorprende su insistencia diciendo que quien no reciba asistencia sanitaria debe demandarla y que se queden tan panchos, porque su obligación es conocer las dificultades burocráticas y administrativas con las que se enfrentan todos los días los no asegurados y, por tanto, los excluidos. El año 2015, año electoral, empieza con un cambio de cara en el ministerio. A la señora Mato la sustituye el señor Alonso, que ciertamente despertó expectativas, pero al final observamos que estas expectativas de cambio se quedan en meros anuncios preelectorales, como el anuncio de retomar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en marzo, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, para posteriormente intimidar de manos de su número dos a las autonomías que hayan osado devolver el derecho a la protección a la salud con burdas amenazas de sanción de la Unión Europea. Realmente se ha producido un gran cambio, un cambio con expectativas de verdad. El panorama político de las comunidades autónomas ha cambiado de signo y lo primero que han hecho las comunidades autónomas socialistas ha sido devolver la atención sanitaria a las personas excluidas del sistema, devolviéndoles así la dignidad y la creencia en la política con mayúsculas. Por eso expresamos nuestra felicitación a las comunidades de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Valencia y, por supuesto, mi tierra, Cantabria. Vaya también nuestra felicitación a comunidades como Asturias, Andalucía, el País Vasco o Canarias por la oposición que hicieron, ya que fueron la punta de lanza, y vaya el reconocimiento y la admiración profunda del Partido Socialista a los miles de profesionales que resisten al decreto y que están atendiendo a los excluidos por la puerta de atrás. Por todo ello, el Partido Socialista ofrece una última oportunidad para que el Gobierno reflexione, rectifique, evalúe y acepte lo que es obvio, como que un plato es plato, y tome en consideración esta proposición de ley cuyo objeto es universalizar la asistencia sanitaria pública. Esperamos que, aunque le queden unos pocos meses, este Gobierno vuelva a la cultura del pacto, a la cultura del diálogo y a la cultura de la tolerancia. Pedimos el apoyo del resto de los grupos de la Cámara, que también se han opuesto desde el primer momento a la nefasta reforma sanitaria. La renovación que pedimos es muy pequeñita. Se trata de definir cuatro artículos, con un trámite administrativo muy rápido, lo que permitiría que antes de Navidades esta proposición de ley estuviese preparada. Para acabar, quiero recordar un compromiso ineludible del Partido Socialista: Cuando gobernemos vamos a derogar este real decreto de la vergüenza y nos comprometemos a volver a la sanidad universal. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Gallego. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.
Señoras y señores diputados, lo primero que quiero hacer es felicitar al pueblo catalán por el importante paso que ha dado este fin de semana en el camino hacia la conquista de su libertad, su soberanía y su independencia. Esperamos que en las próximas semanas puedan seguir avanzando en esta misma dirección, de lo cual nos congratulamos. Así pues, que no decaiga. En primer lugar, quiero decir que nuestro voto será favorable a la proposición de ley que estamos discutiendo, planteada por el Grupo Socialista, con alguna precisión que luego realizaré. En definitiva, se trata de rebobinar, de dar marcha atrás en la postura reaccionaria del Gobierno con relación a la asistencia sanitaria pública, en especial en lo que se refiere al colectivo de personas inmigrantes. Médicos del Mundo y Amnistía Internacional han hecho referencia a cómo la puesta en práctica de las medidas acordadas por el Gobierno ha supuesto sacar de la asistencia sanitaria pública a casi un millón de personas, lo cual es un atentado muy grave contra el derecho a la asistencia sanitaria de la que antes venían disfrutando. Lo que se trasluce en el fondo es la conceptuación - diría yo - por parte del Gobierno de estas personas como intrusas en nuestra sociedad, como personas que son calificadas de segunda categoría en lo que se refiere a los derechos de residencia, a los derechos sanitarios y a las prestaciones sociales de los que las demás personas disfrutamos. Según esto, estos derechos deben ser sometidos a la criba de las conveniencias económicas o políticas y a la necesidad de practicar la beneficencia de este Gobierno sin considerar a todas estas personas como lo que son, personas con plenos derechos humanos y sociales. En la intervención del Grupo Socialista se ha hecho referencia a que algunas comunidades autónomas, desobedeciendo la norma emanada del Gobierno - por ejemplo, el Parlamento foral -, han adoptado una ley extendiendo estos derechos que habían sido retirados a la población inmigrante. Esta ley fue recurrida por el Gobierno junto - aprovecho para decirlo - a otras catorce leyes sociales de contenidos similares aprobadas por el Parlamento foral en esta legislatura, echadas atrás por el Gobierno y suspendidas en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, atentando así de una forma importante no solo contra las competencias expresas reconocidas a la Comunidad Foral de Navarra, sino también contra la propia soberanía de nuestro pueblo para decidir quiénes son las personas que cuentan con asistencia pública sanitaria. Para terminar mi intervención quiero hacer un par de comentarios más con relación a la propuesta que se ha hecho. Hay un requisito que ha sido criticado por las asociaciones y grupos que trabajan en Navarra en este tema y es el que hace referencia a la exigencia de empadronamiento de estas personas, por las dificultades y por la imposibilidad que muchas veces tiene buena parte de este colectivo para realizar este empadronamiento. En Navarra el único requisito ha sido el de residencia, que es bastante más accesible, y las cosas han funcionado bastante bien, por lo que pensamos que tendrían que encauzarse de la misma manera. La segunda consideración a realizar es la que tiene que ver con la asistencia médica de urgencia que se plantea en esta proposición de ley. Al igual que existen los apartados 1 y 3 de la proposición de ley que se plantea, debería recalcarse que esta deberá practicarse en las mismas condiciones que al resto de la población existente en el Estado español, para que no dé lugar a interpretaciones restrictivas de esta norma. Gracias.
Muchas gracias, señor Cuadra. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
Gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo quiero felicitar también al pueblo catalán por haberse pronunciado en los términos en los que lo ha hecho. El Grupo Socialista trae una proposición de ley que no es nueva; es decir, lo que trae ya lo hemos tenido entre manos más de una vez, con algún que otro nombre, con algún que otro cambio, pero con el mismo objetivo y con la misma orientación; orientación y objetivo compartidos por mi grupo en su totalidad, porque no solamente lo han hecho ellos, sino que, a excepción del Grupo Popular, todos los demás grupos hemos solicitado en esta Cámara todas estas cuestiones. Por tanto, es una petición razonable y justa a la vez que repetida. Tiene un objetivo global que ya ha expuesto la señora Gallego en su intervención: la universalización del derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la asistencia sanitaria universal. No hace falta explicar más porque la propia oración dice lo que es, pero tiene dos vertientes: una, que las personas sin nacionalidad o sin ciudadanía española que residan o se encuentren en el Estado tengan esa asistencia, y dos, que las personas con ciudadanía española, independientemente de su estado cotizante y de sus aportaciones a la Seguridad Social o a lo que fuera, tengan asistencia sanitaria pública gratuita y universal. Se basa sin duda alguna en un principio humanista, base del Estado del bienestar que las sociedades avanzadas, democráticas, occidentales establecieron tras la Segunda Guerra Mundial en la construcción europea, una base que mi grupo desde su inicio, allá por los años cuarenta, ya compartía. No se trata de que la asistencia sanitaria sea, que lo es, un derecho personal; se trata de que es un derecho personal y una obligación estatal. Hay que dejar claro que el meollo de la cuestión, cuando el Partido Popular cambia este criterio, es que pensamos que la sanidad es fruto de las cotizaciones que cada ciudadano aporta a la Seguridad Social, cuando no es así. La sanidad depende de los Presupuestos Generales del Estado y por tanto de los impuestos que pagamos los ciudadanos, estemos donde estemos; en el caso de Euskadi, los impuestos que pagamos por medio del concierto y que administramos en nuestra Hacienda. Lo que no puede hacerse es lo que hizo el Partido Popular con el tema central - fue el tema estrella - en materia sanitaria en esta legislatura: el Real Decreto 16/2012. Como algún que otro compañero ha dicho, tenía un rimbombante título, pero tenía cuatro ejes centrales que fueron los que, a nuestro entender, destruyeron el concepto que algunos tenemos de sanidad pública. En primer lugar, derogaba la universalidad; en segundo lugar, implantaba copagos adicionales; en tercer lugar, amputaba capacidades autonómicas ya transferidas y, en cuarto lugar, reducía los recursos en materia sanitaria a aquellas comunidades autónomas que dependen de lo que el Estado les aporte. No puede haber mayor desastre que el Real Decreto 16/2012; ha sido la peor medida que se ha tomado en materia sanitaria desde que estas Cortes son democráticas. Dicho esto, creemos que ha de derogarse tal decreto - lo hemos pedido más de una vez - y volverse a la universalidad, a que todas las personas sean atendidas tengan la procedencia que tengan, el estatus social que tengan o la nacionalidad que tengan, que estén en paro, trabajando, sean multimillonarios o pobres de solemnidad, porque la asistencia sanitaria es la base de cualquier Estado del bienestar y es algo que desde un planteamiento puramente humanista ha de atenderse no por una cuestión de misericordia ni de caridad, sino porque es un precepto democrático básico. Hay una cuestión que no se nos ha pasado en esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que solo aparece en el último punto. En uno de sus apartados dice que recurre al artículo 149 de la Constitución para colgar de la misma esta proposición de ley. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, no nos gusta nada eso, precisamente porque es el artículo al que siempre ha recurrido el Partido Popular - y también el Partido Socialista en su momento - cuando ha querido recentralizar y asumir competencias que ya estaban transferidas. Puede ser el 1 o el 19, pero el artículo 149 ha sido siempre una especie de cajón de sastre que lo abarca todo. Siempre que se ha querido dotar al Estado de competencias que ya estaban transferidas se ha recurrido al artículo 149. Por eso decimos sin complejos que no nos gusta, porque no hace falta recurrir al artículo 149. Euskadi tiene competencias plenas en sanidad; tiene capacidad para legislarse y no necesita que ustedes planteen el artículo 149 para que las personas que no podían ser atendidas pudieran serlo. Agradezco que el Grupo Parlamentario Socialista haya mencionado al final a Euskadi, porque fue seguramente la primera comunidad que planteó una especie de desobediencia civil a un decreto que consideraba ilegítimo - aunque fuera legal - e iba en contra de sus principios. Nadie - y cuando digo nadie, es nadie - se ha quedado sin ser atendido en Euskadi cuando este real decreto estaba en vigor y cuando algunas comunidades autónomas no estaban en manos de quienes están ahora. Se utilizaron recursos - porque aquí a la mínima recurren al Tribunal Constitucional y, como el Tribunal Constitucional juega en casa, nunca hay posibilidad de hacer nada - para que estas personas pudieran ser atendidas sin perjuicio alguno para ellas. Este es un elemento a tener en cuenta. Por último, quiero decir que siempre que el Partido Popular ha defendido la necesidad de que ese real decreto tuviera utilidad ha argumentado que era para ahorrar, porque España estaba en una situación de crisis y no se podía permitir no sé qué despilfarros. Señores del Grupo Parlamentario Popular, cada vez que subo a esta tribuna para hablar de esta materia - y ya han sido unas cuantas - les pregunto lo mismo: ¿Cuánto ha ahorrado el Estado con este real decreto? Todavía no ha subido nadie a dar una cifra y a decir que a partir de ese decreto el Estado ha ahorrado dinero; es más, creo que la gestión del propio decreto cuesta más de lo que se ahorra. Por otro lado,, gestionar esta materia de la manera que ustedes plantean es ingobernable por algunas comunidades autónomas. Por tanto, ni se ha ahorrado ni ha valido para nada. Ha sido injusto y un grave cercenador de derechos básicos de los ciudadanos. Acabo diciendo que vamos a apoyar esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. No nos gusta lo del artículo 149, pero consideramos que de alguna manera sin el artículo 149 también se puede dotar de estas medidas a las comunidades autónomas que son competentes en esta materia. Una vez más pedimos la derogación de este real decreto y pedimos que todos los ciudadanos tengan acceso a una sanidad gratuita, universal y pública, tal como ocurre ya en algunas comunidades autónomas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vaya por delante que desde nuestro grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, apoyaremos esta toma en consideración de proposición de ley que nos trae el Grupo Socialista sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Por un lado, porque estamos completamente de acuerdo con lo que se expone y con lo que en ella se demanda y, por otro, porque desde nuestro grupo siempre se suelen apoyar las tomas en consideración de proposiciones de ley. Consideramos que enriquece el proceso legislativo, diversifica los temas que se tratan en esta Cámara y sirve de alguna forma para arrancar de las manos del Gobierno esta confusión entre Legislativo y Ejecutivo en la que ellos se encuentran y a la que someten a la opinión pública en muchas ocasiones. Centrándonos en el debate que tenemos hoy aquí, ¿han supuesto todas las modificaciones introducidas por el Gobierno Popular una mejora en la asistencia sanitaria pública? ¿Han asegurado la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? ¿Lo han hecho más accesible, más universal, de igual acceso a prestaciones sanitarias? ¿Lo cohesionan? ¿Han frenado el deterioro de los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas? ¿Han garantizado los derechos de los dependientes? [[Asentimiento]] Asienten mucho, pero la respuesta sencilla a todas estas preguntas es no, no, no, no y no. Las modificaciones introducidas por el Gobierno del Partido Popular hacen que la sanidad en España sea menos gratuita, menos accesible y menos universal. Se nos ha vendido que gracias a estas modificaciones se han logrado ahorros de cientos de millones de euros, pero lo que tenemos que preguntarnos es: ¿Es siempre el ahorro sinónimo de eficiencia y calidad en el servicio? Diferentes asociaciones de profesionales sanitarios, como la Organización Médica Colegial, la Asociación de Estudiantes de Medicina, colegios de enfermería o el Foro español de pacientes señalan en sus informes que, a su juicio, para nada. La sanidad española no es universal digan lo que digan en sus intervenciones las responsables del PP; quedan cubiertos solo aquellos ciudadanos que coticen a la Seguridad Social o estén cubiertos por esta por parentesco familiar con un asegurado. Toda persona mayor de veintiséis años que no haya cotizado y que no esté cubierta por sus progenitores queda fuera. Los inmigrantes indocumentados han dejado de recibir asistencia sanitaria incluso en casos en los que la falta de tratamiento de sus enfermedades en un medio y largo plazo puede suponer riesgos para la salud pública, como puede ser - a la luz de diferentes estudios epidemiológicos y médicos - el caso de inmigrantes indocumentados afectados por VIH, que supondría un mayor gasto en el medio y largo plazo del que se ahorra al privarles de tratamiento de antirretrovirales. Se han denegado asistencias a menores y mujeres embarazadas en unas comunidades autónomas, en otras no. Las barreras idiomáticas de algunas comunidades autónomas en los concursos públicos de empleo o la necesidad de colegiarse en el territorio donde se va a desarrollar la función profesional, como en el caso de los enfermeros, siguen siendo importantes obstáculos a la movilidad profesional; siguen existiendo importantes trabas burocráticas imposibilitando la movilidad de profesionales sanitarios por el territorio nacional. No está garantizado un igual acceso a prestaciones sanitarias porque varía según la comunidad autónoma en la que se resida, pues las modificaciones legislativas del PP dejan abierta la posibilidad de que algunas comunidades autónomas - las que se lo puedan permitir - puedan introducir prestaciones adicionales. En estos cuatro años de nefasta legislatura en sanidad y servicios sociales no ha aumentado la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Las trabas burocráticas y conflictos administrativos entre diferentes territorios autonómicos sigue siendo una constante. No se ha conseguido frenar el deterioro de los servicios de sanidad en diferentes comunidades autónomas. Las listas de espera siguen aumentando en todas las comunidades por la falta de medios y de personal y existe desabastecimiento de fármacos en algunas comunidades; por ejemplo, en la Comunidad Valenciana las farmacias han estado en el pasado en huelga por impagos de la Administración, igual que en otras comunidades autónomas. Lejos de solucionarse el problema con el cambio de Gobierno autonómico, la semana pasada el Consejo valenciano de colegios oficiales de farmacéuticos avisaba de que se encuentran en la misma situación de partida que cuando empezó a aplicarse el Real Decreto-ley de 2012. Además, en estos cuatro años no se ha garantizado el derecho de los dependientes; una gran mayoría de los dependientes no está recibiendo prestaciones por la reducción de las partidas presupuestarias y los nuevos clasificados no tienen la esperanza de recibirlas teniendo sus familias que hacerse cargo de su cuidado cuando tienen el derecho reconocido de asistencia en este tipo de situaciones. Los usuarios de la sanidad española o los aspirantes a ser usuarios no podemos seguir sufriendo unas medidas que han resultado lesivas en derechos sanitarios, en calidad asistencial y en prestaciones. Como he dicho al principio de mi intervención - y ya para finalizar -, nuestro grupo votará a favor de esta toma en consideración de proposición de ley del Grupo Socialista, y en caso de que la tramitación siguiera adelante UPyD contribuiría a ampliar sus aspiraciones con algunas aportaciones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Lleonart. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Castaño.
Señor presidente, señorías, abordamos hoy el debate en torno a la universalización de la cobertura de la sanidad pública. La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en la que repone la situación jurídica anterior al Real Decreto-ley 16/2012, y que ya adelanto que votaremos a favor, reitera - ya se ha dicho en intervenciones anteriores - iniciativas que han sido debatidas en esta Cámara. Si no recuerdo mal, nuestro grupo ha propuesto hasta en cuatro ocasiones iniciativas de un corte similar a la que hoy se presenta - la última en mayo por mi compañero Gaspar Llamazares -, iniciativas que no han tenido, como saben ustedes perfectamente, éxito ninguno. En esta tribuna, con motivo de su presentación, y hoy nuevamente, se darán numerosos argumentos en contra del modelo sanitario que se intenta consolidar con el real decreto-ley al que he hecho referencia. Se trata de un modelo que nos retrotrae a mediados de los años ochenta y que nos aleja del camino que hasta ese momento se venía recorriendo, un camino que se caracterizaba por el incremento de cobertura y de universalidad del sistema, ya que recogía cada vez más a colectivos que estaban al margen del sistema sanitario o que no tenían suficiente cobertura por parte de este. Ese modelo sanitario que se había construido a lo largo de la democracia fue desarrollado con amplio consenso social, era un modelo universal, gratuito en el momento de uso y se financiaba a través de la vía impositiva directa. El proceso de humanización de la sanidad al que respondía ese modelo se quebró, se truncó, como ya se ha dicho, con el Real Decreto 16/2012. En este debate se han empleado diversos argumentos en contra de las restricciones que se establecen en la norma de 2012 y se han dado todo tipo de razones: que vulneran los derechos humanos, que es un error desde el punto de vista económico, que nos está saliendo más caro a todos los ciudadanos y que, además, es un grave error desde el punto de vista sanitario. Son razones y argumentos que llegan desde todos los sectores de la sociedad, de profesionales, de sociedades científicas, de sindicatos, de organizaciones de usuarios, desde las ONG, de Gobiernos de algunas comunidades autónomas que, como se ha hecho referencia anteriormente, se niegan a aceptar la exclusión de sectores de la población de la atención sanitaria, y a los que el Ejecutivo ha respondido con la amenaza y la intimidación. Pero las críticas también han llegado desde organismos y organizaciones internacionales. Todas las razones, todos los argumentos, todas las consideraciones han sido desoídas de manera sistemática, porque - no nos vamos a engañar - lo que subyace detrás de la contrarreforma de la sanidad impulsada por el Partido Popular, lo que se oculta detrás de las actuaciones que la han acompañado y a lo que responde el real decreto-ley es una concepción de la sanidad no como un derecho sino como una mera mercancía, una concepción que reduce la atención sanitaria a un cruel y sucio gran negocio, basado en la atención del beneficio, en el sufrimiento y en el dolor de las personas. He hecho referencia a declaraciones de organismos internacionales, y me voy a permitir incorporar en mi intervención una declaración de una organización que espero no tilden de radical y peligrosa, la Organización de Naciones Unidas, que en resolución aprobada el 12 diciembre 2012 sobre la cobertura sanitaria universal destaca la importancia fundamental de la salud para el desarrollo internacional. En dicha resolución se insta a los Gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad. La ONU reconoce que la cobertura universal de salud implica que todas las personas tienen acceso sin discriminación a un conjunto de servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación, así como a medicamentos esenciales seguros, asequibles, efectivos y de calidad, velando por que la utilización de estos servicios no exponga a los usuarios a graves dificultades económicas y haciendo especial hincapié en los segmentos pobres, vulnerables y marginados de la población. En la citada resolución la ONU alienta además a los Estados miembros a que, en colaboración con otros interesados y cuando corresponda, planifiquen o lleven a cabo la transición de sus sistemas de salud hacia una cobertura universal, sin dejar de invertir en sistemas de atención a la salud y de reforzarlos a fin de aumentar y salvaguardar el ámbito y la calidad de los servicios y de responder adecuadamente a las necesidades sanitarias de la población. Transición de los sistemas de salud hacia la sanidad universal, recomienda la ONU. Pues bien, en esta legislatura el Partido Popular ha hecho el camino contrario. Durante su mandato la sanidad ha dejado de ser universal, ya que no todas las personas tienen derecho a ella, y de las personas que tienen acceso no todas lo tienen en igualdad de condiciones. Recordemos exclusiones parciales que han tenido que ver, por ejemplo, con la instauración de copagos en sectores muy frágiles, como el de los enfermos crónicos. Esta legislatura - se dirá muchas veces y lo seguiremos repitiendo a lo largo de estos días - toca a su fin. Con ello y tomando prestado el título de un disco de un grupo de mi tierra, Asturias, de Ilegales, voy a finalizar mi intervención, alterando ese título y hablando de que finalizan los tiempos salvajes y llegan los tiempos nuevos. Los tiempos salvajes de ataque al sistema público de salud están a buen seguro a punto de finalizar, y lo digo con la autoridad que da el saber que la mayor parte de las organizaciones y partidos que concurrirán a las próximas elecciones hemos firmado la declaración institucional por la universalidad del derecho a la salud y nos hemos comprometido a llevar a cabo las acciones precisas que garanticen la restitución efectiva del derecho universal a la salud para todas las personas que viven en el Estado español. Lo afirmo con la convicción de que en el nuevo Parlamento que se configurará a partir de diciembre ustedes no podrán seguir ejerciendo su asfixiante mayoría. Los tiempos salvajes tocan a su fin y el tiempo nuevo está a punto de llegar. Hoy es probable que esta nueva iniciativa no salga adelante. Ustedes tendrán ocasión de poner en práctica su mayoría absoluta. Aplastarán probablemente esta iniciativa y nuevamente votarán en contra de que todas las personas que viven en este país tengan la seguridad de que cuando estén enfermas recibirán la mejor atención posible; pero cada vez les queda menos tiempo, cada vez está más cerca el tiempo nuevo, el tiempo de las personas, el tiempo de todas las personas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Castaño. Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra la señora Gomis.
Gracias, señor presidente. Señorías, haré la intervención en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió. El Real Decreto 16/2012 es el ejemplo de cómo han adoptado las medidas en materia sanitaria en la presente legislatura: con carácter de urgencia, unilateralmente, sin diálogo y sin consenso de ningún tipo, ni social ni político, y con consecuencias para todos los ciudadanos en el acceso a la atención sanitaria que han sido muy graves. Se han adoptado medidas que no debían adoptarse y se han dejado de adoptar las que eran más necesarias: la sostenibilidad del sistema sanitario, el gran tema pendiente no solo en esta legislatura sino también en las anteriores; aumentar los recursos presupuestarios estatales destinados a la financiación autonómica de la sanidad, y resolver la infrafinanciación que padece el sistema sanitario, atribuyendo financiación específica para las nuevas prestaciones aprobadas por el Gobierno del Estado. Todo esto ha sido un despropósito. Nada de esto se ha hecho, y todo esto continúa pendiente. No se ha querido abordar la sostenibilidad del sistema sanitario. Hoy vuelve a aparecer en esta mesa una proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. En nombre de nuestro grupo parlamentario, avanzo que daremos nuestro voto favorable a esta proposición de ley. No hacerlo sería ir en contra de nuestras ideas y no sería coherente con la manera en que lo hemos hecho desde el sistema sanitario catalán. No es la primera vez - ni creo que sea la última - que tengamos este debate, desgraciadamente. El motivo principal de nuestro apoyo a la proposición es porque nos da la oportunidad de recuperar el sistema sanitario universal que el Gobierno - con el decreto que antes he mencionado 16/2012- abolió sin consenso y sin consultar, en lugar de buscar un pacto sanitario de asistencia sanitaria, algo que desde nuestro grupo venimos reclamando desde hace unos días. Un pacto entre todos los grupos parlamentarios, los profesionales sanitarios y las organizaciones sociales que, de una manera u otra, representan a los usuarios. Señorías, con esta proposición de ley existe hoy la posibilidad de modificar algunos de los artículos sin necesidad de reglamentos futuros que los desplieguen. Nunca debimos perder la seguridad sanitaria para toda la ciudadanía. No me cansaré decirlo. Cuando Cataluña tuvo las competencias en materia sanitaria con la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria, el sistema sanitario catalán estableció tres ejes: salud pública, atención sanitaria y servicios sociales y atención a la dependencia. En aquel momento se detectaron, aproximadamente, 70.000 personas que no cotizaban, pero se les dio tarjeta sanitaria. Digo esto porque en Cataluña el Gobierno de Convergència i Unió de aquel momento ya fue pionero al tener una asistencia universal para todos. Señorías, hay que reivindicar y solicitar - y así lo haremos - de nuevo la seguridad sanitaria para todos. Quitar el derecho de acceder a la sanidad no es deseable ni constitucional y, a criterio de nuestro grupo, la Generalitat de Catalunya por indicación del Parlament abrió un proceso de inconstitucionalidad a este hecho. Esta proposición de ley hoy nos da la oportunidad de recuperar el derecho a la sanidad pública para una parte de ciudadanos excluidos de ella, pero tenemos otros motivos por los que nuestro grupo quiere dar soporte a esta proposición de ley. Hay que corregir y eliminar aspectos nefastos o injustos. Entre otras medidas, les hablaré del copago en transporte sanitario urgente o de la dietoterapia, que deberían pasar a la cartera de servicios comunes, o del copago hospitalario por ingreso de pacientes en el hospital que en algunas comunidades autónomas se ha rechazado poner en marcha. Tenemos pues, una vez más, la oportunidad de redactar enmiendas que corrijan y permitan retroceder al pasado y mejorarlo, si podemos. Retroceder al pago farmacéutico, que existía ya pero que se aumentó con el decreto-ley hasta unos niveles totalmente injustos. Las personas que ganan entre 18.000 y 99.000 euros tienen que aportar el 50 % del coste de sus medicamentos. ¿Es esto justo para un paciente crónico de una determinada edad? ¿Es lógico gravar igual a quien gana 19.000 que al que gana 99.000? ¿No sería adecuado establecer franjas de aportaciones progresivas para obtener la medicación necesaria? La Generalitat de Catalunya se hace cargo del 90 % de este copago farmacéutico para personas vulnerables que ganen menos de 24.000 euros, así el copago para estos pacientes se reduce a un 10 % del establecido por el decreto. Estos pacientes lógicamente pueden mantener más fácilmente el tratamiento y en definitiva su calidad de vida. Nos oponemos totalmente a los criterios economicistas que están utilizando, señorías del Gobierno. Queremos criterios respetuosos y más humanos. Avanzar solo por el lado economicista es peligroso, porque se caminará hacia un deterioro de la salud por su dosificación terapéutica, lo cual implicaría más ingresos hospitalarios, dependencia y empeoramiento de la salud, es decir, a la larga sería contraproducente. La visión de la naturaleza humana propia de nuestro grupo tiene presente que nuestra salud depende de parámetros tanto orgánicos como no orgánicos. La presunción del derecho a la salud y la confianza de que va a ser posible la medida terapéutica necesaria son factores que pueden mejorar la evolución y el pronóstico de una enfermedad. Señorías, el juramento hipocrático ya establecía hace más de dos milenios que la asistencia al enfermo precisa de unas condiciones materiales dignas tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Por ello, hoy les ruego que tomen en consideración la proposición de ley del Grupo Socialista. Es bueno que se reabra el debate sanitario y se involucre en el mismo a los grupos políticos y, como decía antes, a los sociales. Nuestro grupo cree que es posible mejorar medidas con tranquilidad y diálogo, alcanzar un pacto sanitario con universalización de la asistencia sanitaria gratuita para todos. Como se ha manifestado en esta sala hace un momento, somos muchos los presentes que queremos compartir nuestros puntos de vista. Yo les puedo sugerir que en Catalunya tenemos el sistema sanitari català. Si conviene, les podemos echar una mano. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Gomis. Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Teresa Angulo.
Gracias, señor presidente. Señorías, debatimos hoy un asunto del que ya hemos hablado de manera reiterada en esta Cámara y en el que, por ello, son de sobra conocidas las posiciones de las partes: la posición de quienes creemos que, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular, este tema debe ser abordado con rigor, con seriedad y sabiendo conjugar el derecho de los ciudadanos que residan en España a una asistencia sanitaria pública con una gestión eficiente y adecuada de los recursos que faciliten esa asistencia, y la posición de quienes, instalados en la irresponsabilidad más absoluta, el único objetivo que tienen cuando plantean estos temas es el arma electoral, aunque sea ocultando información y a costa de poner en peligro nuestro sistema, ese que sostenemos todos los españoles con nuestros impuestos. Lo primero que tenemos que discutir es un mito, una ficción a la que siempre aluden, aquella de que en la España del año 2011 la sanidad era universal, y en este sentido vamos a hacernos unas preguntas. ¿En 2011 en España todos los españoles tenían derecho a la cobertura sanitaria? No, había españoles, precisamente quienes estaban en la peor situación posible porque estaban parados y sin ningún ingreso, que no la tenían. ¿Y por qué no la tenían, señorías? Porque el Partido Socialista, en un acto de insensibilidad y podríamos decir que hasta de crueldad, se la quitó. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, aunque la sanidad se financia vía impuestos, había españoles que pagaban sus impuestos - abogados, procuradores, ingenieros...- a los que el Partido Socialista les denegaba la cobertura sanitaria. Por lo tanto, ¿sanidad para todos los españoles el año 2011? No, señorías, no. Hablemos de los extranjeros. En la España del Partido Socialista del año 2011, ¿a todos los extranjeros que vivían aquí se les daba tarjeta sanitaria? Pues tampoco; se le daba si era un ciudadano en situación irregular, pero si era un ciudadano de la Unión Europea algunas comunidades autónomas como Andalucía se la estaban denegando. Por lo tanto dejen de engañar, en la España gobernada por el PSOE la sanidad no era universal, era discriminatoria. Esa es la verdad, como lo es que todos los que ahora intentan darnos lecciones de derechos sociales, acusándonos de dejar sin asistencia sanitaria a algunos ciudadanos - cosa que no es cierta -, estuvieron muy calladitos cuando el PSOE tuvo la crueldad de dejar sin cobertura sanitaria a muchos cientos de miles de españoles solo por haber tenido la desgracia de haber perdido el trabajo. Eso fue lo que ustedes hicieron. ¿Entonces no había Constitución, señora Gallego? Había una Constitución que también los protegía. Y precisamente porque esa era la realidad de España - que aquí se discriminaba -, fue por lo que la Unión Europea nos abrió un dictamen motivado, ese del que ustedes no quieren hablar y que cuando se nombra tergiversan y manipulan solo para ocultar las nefastas consecuencias de su actuar irresponsable. Pero hay más, en la España gobernada por el Partido Socialista, no contentos con la crueldad de dejar sin cobertura sanitaria a cientos de miles de españoles, se instalaron en la desidia de no cobrar a otros países la asistencia que les dábamos aquí a los ciudadanos a su cargo, a pesar de que el Tribunal de Cuentas les advirtió a ustedes de que con ello estaban poniendo en peligro nuestro sistema sanitario. Y mire, señora Gallego, no venían a un spa, pregúnteselo a la presidenta de Andalucía, pregúntele por esos ciudadanos que venían a operarse o a recibir tratamiento en la Costa del Sol; no venían a un spa. [[Aplausos]] Ustedes pensarían: ¿Para qué vamos a cobrarles? Si nosotros aquí no pagamos las facturas, dejamos de pagar a los proveedores españoles, hundimos sus empresas, mandamos a sus trabajadores al paro, pero a los ricos alemanes y a los ricos franceses no les cobramos. Esa era su gestión, no me extraña que nos encontráramos el país como nos lo encontramos. [[Aplausos]] Esa era su gestión sanitaria, y ustedes pretendían que el Gobierno no hiciera absolutamente nada, que lo dejara así. Pues no, señorías, por esas tropelías económicas y sociales que ustedes hicieron fue por lo que fue necesario aprobar esta reforma. Una vez más en su proposición exponen un planteamiento erróneo al decir que con el real decreto se ha alterado el ámbito subjetivo de la cobertura sanitaria y se ha expulsado a ciudadanos del sistema, cuando precisamente lo que ha hecho el real decreto es poner orden, dejar de discriminar a ciudadanos - como hacían ustedes -, garantizar el sistema y ampliar la cobertura a personas que hasta entonces no tenían derecho a ella. Siguen ustedes asustando a los ciudadanos, que es su forma de hacer política, la de meter miedo. En España se llevan a cabo más de 500 millones de actos médicos al año, y no hay noticias en el Gobierno ni en las comunidades autónomas de personas que estén dejando de recibir asistencia porque no la pueden pagar. Hablen con rigor. El 62 % de los medicamentos de este país cuesta menos de 2 euros. Hagan el favor de no meter miedo, que es su forma de hacer política. Usted da las gracias a esos Gobiernos autonómicos y lo que les pido a esos Gobiernos autonómicos es que por favor dejen de utilizar ese poder - que, insisto, han conseguido en los despachos y no en las urnas - simplemente para hacer campaña electoral contra el Partido Popular, sin importarles a costa de qué, como hicieron por cierto en sus años de Gobierno. Lo que no es responsable ni es mejor para los españoles es volver al escenario del año 2011. La reforma que hizo este Gobierno era necesaria y además es la que ha ofrecido a las personas que viven aquí irregularmente la atención más generosa de nuestro entorno. Sí tienen, señor portavoz de UPyD, cubiertos todos los programas de salud pública porque - volvamos a hablar con rigor - eso está garantizado por la Ley General de Salud Pública y no hace falta tener la tarjeta sanitaria para recibir esas ayudas y esos programas de salud pública. De hecho, hoy en España se está atendiendo a más de 185.000 extranjeros irregulares, por lo que pagamos 244 millones de euros al año; claro que se les está atendiendo y precisamente el Gobierno de España va a más porque en esa función de cohesión que está ejerciendo, que es la que le corresponde, quiere seguir garantizando esa asistencia sanitaria pero de manera armonizada en todo el territorio nacional y, sobre todo, hacerlo a través de un mecanismo que impida el fraude y el turismo sanitario que el PSOE permitió y que no suponga un riesgo para el sistema sanitario español. Un mecanismo que sea el mismo en toda España y que garantice la atención de la cartera básica de servicios - aunque sea entrando desde la atención primaria pero con lo que prescriba el médico -, especializada, hospitalaria y prestación farmacéutica, pero en toda España por igual y con rigor porque volver al sistema que esta proposición plantea, el del año 2011, sería dejar de ingresar, por ejemplo, los 560 millones de euros que ahora el Gobierno sí cobra a esos países por la atención que les prestamos aquí. [[Aplausos]] Eso es un efecto del real decreto: 560 millones de euros al año que el PSOE no ingresó en las cuentas de la sanidad pública española. Por eso les pedimos aquí responsabilidad, señores del PSOE. El lugar adecuado para abordar este tema es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde lo ha planteado el ministerio con lealtad y pensando solo en atender a los ciudadanos que viven en España, garantizando a su vez la supervivencia de nuestro sistema. ¿Es eso lo que queremos todos? Porque a ver si va a ser que no es lo que quieren algunos cuando siguen planteando de nuevo este mismo tema. ¿Les importa a ustedes de verdad seguir manteniendo un sistema sanitario público, fuerte, sostenible, capaz de responder a las necesidades de todos los ciudadanos que hoy vivimos aquí y de los que quieran venir en busca de nuevas oportunidades? ¿De verdad? Porque, a lo mejor, si ustedes no se dedicaran a utilizar este tema únicamente como arma arrojadiza contra el Gobierno, los podríamos creer, sobre todo cuando su sensibilidad se basa en la crueldad a la que me he referido de quitarle la cobertura a la gente que perdía su trabajo. Hablan ustedes del pacto. Desde el inicio de la legislatura, tanto este Gobierno como mi grupo parlamentario les ofrecimos un pacto por la sanidad y ustedes ni siquiera se quisieron sentar a dialogar. ¿Ahora vienen a acordarse del pacto? Pues este grupo lo acepta, el ofrecimiento sigue ahí y aunque la legislatura termine todavía hay ocasiones para demostrar que verdaderamente ustedes no quieren obtener de esto un rédito electoral y que lo que quieren es alcanzar ese pacto. Ahora tienen ustedes mayores responsabilidades en las comunidades autónomas; les pido que administren esas responsabilidades para construir y no para desmontar y destruir todo lo bueno que se ha conseguido en estos cuatro años, que es lo único que han hecho en estos cien días de gobierno. Señores del PSOE, los españoles no nos podemos permitir otra vez que ustedes pongan en peligro nuestros empleos, nuestro bienestar, nuestra sanidad y, lo que es peor, solo en beneficio de una ambición personal - de eso ya tuvimos un ejemplo - y siempre que nos pidan que volvamos al escenario del 2011 les vamos a decir que no. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Angulo. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL, QUE INCORPORA UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ESPECIAL PARA PERSONAS FÍSICAS EN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES O, COMO TRABAJADORES AUTÓNOMOS, EN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES. [[Número de expediente 122/000194]]
Proposición de ley del Grupo Catalán de Convergència i de Unió de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales. Tiene la palabra la señora Ciuró.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es cierto que la proposición de ley que presentamos hoy a debate viene fechada a 27 de febrero de 2015 y fue efectivamente presentada por nuestro grupo en esa fecha. La debatimos hoy porque, desgraciadamente, a nuestro entender, si bien algunas de las disposiciones ya se reconocen en la nueva Ley Concursal, en la reforma que se hizo de dicha ley el pasado junio, en lo sustancial entendemos que no recoge suficientemente bien los aspectos que para nosotros son importantes. Básicamente es todo lo que hace referencia a las situaciones de sobreendeudamiento, a las situaciones de pérdida de vivienda habitual, ya sea por impago de cuotas hipotecarias, ya sea por impago de rentas de alquiler. Hemos querido debatirlo en este Pleno para dejar constancia de que sigue siendo una asignatura pendiente arreglar estas situaciones de pérdida de vivienda habitual. Es una de las cuestiones sociales más importantes que hemos debatido en esta Cámara durante toda la legislatura y a la que posiblemente, a nuestro entender, peor respuesta ha sabido dar el Gobierno y el partido que le apoya. Además, ha adoptado una serie de medidas que son parches y medidas timoratas de forma unilateral, sin el concurso del resto de los grupos de la oposición, sin atender demasiado a ninguna enmienda pero, eso sí, casi parecía al dictado del lobby de la banca, que si en este país estuviese regulado el tema de los lobbies, posiblemente estas leyes llevarían el marchamo de quién las ha inspirado, que en este caso sería el lobby de la banca. Dicho esto, no quisiera dejar pasar la oportunidad de explicar que ustedes empezaron a tomar cartas en el asunto en 2012, mediante las medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios. Ahí tomaron en cuenta la aprobación del código de buenas prácticas bancario y recientemente el quinto informe de funcionamiento de este código bancario de buenas prácticas, pero de 37.416 tramitaciones, escasamente han sido tramitadas 14.000, básicamente porque los solicitantes no cumplían los requisitos para poder acogerse al código de buenas prácticas. Es cierto que en junio de 2015, casi cuatro años después, han ampliado los criterios para que las personas físicas puedan acogerse a este código de buenas prácticas. Veremos qué respuesta dan con esta nueva adecuación y esta modificación recientemente aprobada. A finales de 2012, a la vista de que resultó insuficiente el código de buenas prácticas, propusieron un real decreto de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. A esta tramitación se le cruzó en el camino una ILP promovida por la plataforma de afectados por la hipoteca que, a base de presiones de todos los grupos parlamentarios y, cómo no, de agentes sociales y de los propios miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, no tuvieron más remedio que aceptarla a trámite. En el último segundo aceptaron a trámite esta ILP que dio a luz a la Ley 1/2013, de protección de deudores hipotecarios, que al final lo que hizo fue diluir enormemente lo que supuso el espíritu de la ILP que contenía la reestructuración de deudas, la dación en pago, cosa que no quedó recogida en la Ley 1/2013. Lo que hicieron fue crear un fondo social de vivienda que, de nuevo, resultó insuficiente. Dos años y medio de vida de este fondo y, a día de hoy, solo están ocupadas el 30 % de las viviendas. Un pobre balance, porque los bancos aportaron casi 6.000 viviendas a este fondo voluntario y solo se han adjudicado en estos dos años y medio 1.767 viviendas. Un fondo social con unos límites de nuevo excesivamente restrictivos y el Ejecutivo tuvo que volver a incrementar los umbrales para que pudiesen acogerse con criterios de adjudicación que no tenían en cuenta la ubicación física de las familias, por tanto, ningún criterio de proporcionalidad geográfica, atendiendo a las necesidades de la familia solicitante y, además, en precario estado de conservación. Todo esto no hace atractivo, a día de hoy, este fondo social de viviendas que, como decimos, lleva escasamente 1.767 viviendas ocupadas. Además, instauraron una moratoria de dos años que les advertimos desde mi grupo que era pan para entonces y hambre para el año pasado porque, de nuevo, tuvieron que ampliar a dos años más la moratoria, pero lo que sucede es que a estas suspensiones de lanzamientos lo que se hace es acumularles, día tras día, los intereses de demora. Por tanto, cuando a estas familias tengan que ejecutárseles el lanzamiento, se encontrarán con que, además, la deuda se ha incrementado enormemente, siendo muy difícil que puedan hacer frente a ningún tipo de reestructuración. Simultáneamente, viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le saca los colores al Estado español diciéndole que lleva veinte años de retraso en la adecuación de la directiva comunitaria en materia hipotecaria. Veinte años de retraso son muchísimos y, viendo cómo durante todo 2014 una media de ciento ochenta y cuatro desahucios se producían cada día, los consumidores españoles tuvieron la sensación y además sufrieron en sus propias carnes la inacción de un Gobierno paralizado y completamente secuestrado por intereses que no eran precisamente los de la sociedad española que más sufría los efectos de la crisis y que no podía hacer frente a las cuotas hipotecarias ni a las rentas de alquiler por causa de insolvencias sobrevenidas y de buena fue. Fue la Unión Europea la que tuvo que decirle al Estado español que tenía que ponerse las pilas en materia de cláusulas abusivas, que no servía la fórmula con la que aquella ley hipotecaria trataba las ejecuciones, que dejaban prácticamente en indefensión a las personas afectadas y, por tanto, tuvo que ponerse a modificar esta normativa. Incluso el Parlament de Catalunya vino aquí, al Congreso de los Diputados, a pedir que hiciesen una ley de sobreendeudamiento y de reestructuración, pero dijeron que no. No escucharon la propuesta bien trabajada y aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya - por unanimidad significa de todos los grupos, también del grupo que aquí en el Congreso ostenta la mayoría - para poder sacar adelante una ley que protegiese a los deudores hipotecarios. Por tanto, lastraron la capacidad en este caso del Parlament de Catalunya de poder dar una solución a las familias que más sufrían las consecuencias de la crisis, perdiendo sus viviendas, siendo la Comunidad Autónoma de Cataluña la que más incidencia tenía en materia de ejecuciones hipotecarias. Dijeron que no. ¿Para qué? Para esperar al mes de junio de ese mismo año para poder tramitar la suya, y ahí viene nuestra propuesta. Tramitaron una ley de segunda oportunidad que en absoluto es una ley de segunda oportunidad, a nuestro entender. Además, no aceptaron ninguna de las enmiendas que nosotros les propusimos. No es de segunda oportunidad la posibilidad de que a los cinco años pueda resucitar un crédito o una deuda porque resulta que el deudor ha venido a mejor fortuna y luego el acreedor le pueda exigir que pague todas sus deudas. No nos parece un aliciente para ningún tipo de deudor acometer ninguna actividad emprendedora sabiendo que existe la posibilidad de que dentro de cinco años sus deudas resuciten. Además, para ustedes es una nueva reforma, pero que se inspira en las partidas de Alfonso X El Sabio, en lugar de inspirarse en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Somos el único país de la Unión Europea que no tiene una buena ley de segunda oportunidad. El propio Banco Mundial les ha advertido de que no permitir la exoneración, la compensación o las quitas en las deudas públicas, aquellas que uno puede mantener con la Hacienda Pública o con la Seguridad Social, no es de recibo, no puede formar parte de una buena ley de segunda oportunidad. Ustedes tampoco han hecho caso al Banco Mundial. Ustedes han decidido sacar adelante una ley que lo que hace es amparar a medias a los deudores y para nada evita la muerte civil de las personas, una muerte civil que se produce cuando las personas no pueden cotizar a la Seguridad Social, no pueden tener una nómina porque corren el riesgo de ser embargadas. Nosotros hemos presentado esta proposición de ley y lo que queremos es amparar a los deudores de buena fe con una insolvencia sobrevenida, pero no solo de los que ahora en adelante incurran en deudas, sino de todos aquellos deudores que han sido víctimas de la crisis económica, todos aquellos deudores desde 2005, 2006 y 2007 hasta 2010 que han sufrido especialmente la crisis económica y que, a nuestro entender, los mecanismos de la ley que ustedes han aprobado no permiten que se acojan a la fórmula para reestructurar sus deudas. Por tanto, les sugerimos que tomen en consideración esta proposición de ley, que abran la posibilidad de que las familias españolas puedan acogerse a la reestructuración, a quitas superiores al 50 %, a esperas de hasta tres años y también que puedan exonerar o hacer quitas en la deuda pública, que se permita aplicar sobre todo a situaciones de insolvencia anteriores a la protección que dispensa esta ley de futuro que entendemos que puede ser necesaria pero insuficiente para ayudar a las familias que hoy en día siguen sufriendo los desahucios. Según el INE, en los años 2014 y 2015 se han producido en el Estado español 50.758 lanzamientos, y desde el año 2013 a 2015, según el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 74.185 desahucios. Estos son 124.943 familias que han perdido su vivienda habitual y familiar, muchas familias que continúan aún en riesgo de perderla. Lamentablemente no han sabido solucionar el problema y han perdido muchas oportunidades. Nos dicen de forma reiterada que son el único Gobierno que ha tomado medidas al respecto, que ha hecho cosas. Pero aparte de hacer cosas, hay que hacerlas bien, si no, no es suficiente. No han priorizado, como hemos dicho, los intereses de la ciudadanía. Señorías del Grupo Popular, parece que no conocen la realidad social ni tampoco la territorial del Estado que están gobernando; parece que sean de Marte. Acepten esta tramitación, intenten dar una solución y acaben la legislatura pudiendo decir al menos que se les acabó la legislatura para encontrar medidas eficientes para terminar con el drama de los desahucios. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Ciuró. Se ha solicitado la utilización de un turno en contra por el Grupo Popular. En su representación, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
Presidente, señorías, como siempre, subo a esta tribuna con el convencimiento de que estar aquí es una alta responsabilidad. Lo digo ahora, precisamente en esta temporada que estoy viviendo. Nunca subo aquí con frivolidad, nunca lo he hecho y por supuesto no lo hago hoy. Subo con la responsabilidad de saber que a esta tribuna se viene siempre a exponer las opiniones de cada grupo parlamentario en defensa del interés general, y les concedo a todos los grupos que lo hacen así, pero quiero decir, señorías, que todo el mundo sabe que hay maneras de aprovechar el tiempo, y desde luego no lo es debatir hoy una proposición de ley que, independientemente de la voluntad del presidente del Gobierno, está condenada a que no se tramite, y esto lo saben todos ustedes, porque no hay tiempo para tramitarla, aunque fuera en lectura única. Es una manera de exponer cada uno lo que quiere políticamente, sabiendo que la eficacia para cambiar el marco legislativo es nula. En cualquier caso, como venimos aquí, señora Ciuró, a escuchar posiciones políticas, le quiero decir que hay que venir sabiendo de lo que se está hablando. Señora Ciuró, usted viene aquí a hablar de vivienda, y ya sé que de ese tema se ha preocupado muchísimo en esta legislatura. Fue usted la impulsora de la señora Colau, usted fue la que realmente le patrocinó venir a este Parlamento. Está usted en este tema desde el minuto uno, eso se lo concedo, pero estará conmigo en que una cosa es predicar y otra dar trigo, una cosa es predicar y otra solucionar los problemas de los ciudadanos, una cosa es hablar, como han hecho algunas personas que hoy están o no aquí, y otra es solucionar el problema de los ciudadanos. Quien ha intentado arreglar el problema de los ciudadanos desde el minuto uno es este Gobierno. Usted me puede decir que lo ha hecho mejor o peor, me puede decir que el Gobierno ha avanzado más o menos, pero donde no había nada se ha abierto un camino en la protección de los ciudadanos que por causas sobrevenidas se veían abocados a no poder hacer frente a los compromisos de pago, y eso lo ha hecho este Gobierno. Quien ha puesto en marcha un Fondo social de vivienda o quien ha impulsado que desde la Sareb se pongan viviendas a disposición de los ciudadanos ha sido este Gobierno y, por cierto, donde más en Cataluña. [[La señora]] Y no es verdad, señora Ciuró, que sean 1.700 las usadas en el fondo. No es verdad. Usted puede tener un dato, pero no es verdad y de datos no se discute. Son más de 4.000 - muy próximos a 4.100- las viviendas que se han utilizado en el Fondo social de viviendas y desde septiembre hay 9.900 puestas a disposición con condiciones más flexibles. Se puede decir más o menos, pero se han parado con la legislación del Partido Popular más de 16.000 lanzamientos, señora Ciuró, más de 16.000. Usted puede decir que habría que hacer mucho más y entonces da una cifra - lo que dice el Consejo General del Poder Judicial o los organismos internacionales -,y me parece bien -, pero ¿ha pensado - seguro que sí - si son segunda vivienda? ¿Ha pensado si son viviendas que están ocupadas? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado en la flexibilidad que se da para la negociación o no? Está muy bien que usted presente una proposición de ley - lo acepto -, pero al principio ya ha manifestado que dicha proposición está fuera de tiempo. Es lógico que lo diga porque esta proposición de ley, en su página segunda, en la exposición de motivos, cuando hace referencia a las reformas que se han hecho en nuestro país, habla de las tres reformas que se han hecho en la Ley Concursal en la legislatura anterior, en la del PSOE, y de las que se han producido en esta legislatura, pero se para. Se para y no contempla la Ley 25/2015, que viene del Decreto 1/2015, de segunda oportunidad. Usted se para, a pesar de que su grupo - entonces eran un grupo unido - a través del representante que subió a la tribuna, que ya no es de su grupo sino de otro, valoró muy positivamente la parte de segunda oportunidad. Está reflejado en el 'Diario de Sesiones'. A lo mejor a usted le parece mal, pero lo dice el 'Diario de Sesiones'. Esa modificación da solución a un problema. Es fácil subir a la tribuna y decir: hay ciudadanos que por razones sobrevenidas, sin tener ninguna culpa, se han visto abocados a no poder hacer frente a los compromisos de pago, sean personas físicas o también personas físicas empresarias. Es verdad, pero el monopolio de la sensibilidad para atender los problemas lo tenemos todos. No le quito la categoría humana ni personal para defender esas situaciones, pero mi grupo también la tiene y desde el primer día lo hemos hecho, desde el primer día, porque veíamos que era un problema, que había personas que por la crisis económica se veían abocadas a no poder hacer frente al pago de su casa, el lugar donde vivían, que no solo habían perdido su puesto de trabajo, sino que además no podían hacer frente al pago de su vivienda. Eso, señoría, es muy duro y usted lo dice desde la tribuna - me parece muy bien -, pero mi grupo parlamentario y cada uno de los diputados que pertenecen al mismo tienen la misma capacidad, la misma sensibilidad para ver el problema y buscar soluciones, porque no es de recibo, señoría, decir: vengo aquí, no tengo que gobernar, no tengo que hacer nada y les digo que ustedes son insensibles. No, señoría. Yo le digo que usted es sensible, pero mi grupo también; cada uno de los diputados y todos nosotros sabíamos que había que dar solución a este problema. Este problema no empezó el 20 de noviembre de 2011, este problema vino con la crisis y hasta el 20 de noviembre de 2011 no se da ninguna solución. [[Aplausos]] A usted le parecen pocas las que se han dado y me parece bien, porque usted habría hecho todo, incluso regalarles las embajadas para que vivan unos cuantos, pero, señoría, este grupo ha hecho muchas cosas y le he dado números. Este grupo es sensible también - de esto ha hablado menos, quizá porque lo ha estudiado menos - hacia los miles y miles de autónomos que por la crisis han visto cómo cerraba su negocio, que tenían que hacer frente a deudas que no podían pagar y, aún perdiendo los activos que tenían, se quedaban con deudas para toda su vida. Este grupo parlamentario lo ha visto y por eso trajo aquí la Ley de Segunda Oportunidad. Señora Ciuró, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reconocido que la Ley de Segunda Oportunidad es un paso importante para facilitar el desapalancamiento de consumidores y autónomos que actúen de buena fe para que puedan iniciar otra vida empresarial. Le puede parecer bien o mal, pero la Ley de Segunda Oportunidad no solo es un marco de futuro para que cuando los autónomos tengan dificultades puedan iniciar una segunda andadura. Tampoco es solo una protección para el emprendimiento que, por cierto, no existía en España. Le puede parecer mal, pero no existía; solo existe a partir de ahora. Es un acto positivo de defensa del emprendimiento porque no solo se ayuda al emprendedor, sino que se le dice que si fracasa de buena fe podrá empezar otra vez de nuevo y tendrá una segunda oportunidad. Eso hace la Ley de Segunda Oportunidad con el futuro, pero, señora Ciuró, la ley mejoró con las enmiendas del señor Caldera - también es justo reconocerlo - y es también una ley de rescate para los autónomos que se han quedado atrapados en el pasado. Esta era una sensibilidad del señor Caldera, porque el monopolio de la sensibilidad social no lo tiene nadie. Todos tenemos sensibilidad y, cuando una persona quiere atribuirse ese monopolio para sí misma, le digo con toda honestidad y humildad que se está pasando de la raya. El señor Caldera dijo desde el primer momento que tenía que ser una ley de rescate para los que ya se habían quedado atrapados y la Ley de Segunda oportunidad es también un rescate para que puedan rehacer su vida los que se han quedado atrapados en el pasado. Señora Ciuró, usted podría decir que esto tendría que haber ido más allá y también las deudas públicas con la Seguridad Social y Hacienda; por cierto, dígaselo también a los sindicatos. Podría decir eso, pero que esto está avanzando es una realidad. Esta ley les está viniendo muy bien a las personas físicas empresarias y autónomos para poder iniciar una nueva vida sin tener la carga de las deudas pasadas. Ya hay decenas de personas que se ha acogido en el poco tiempo que lleva aprobada. Usted sabe que para las personas físicas que no tienen otra deuda que la vivienda, el concurso no es la mejor solución; usted sabe que la mejor solución no es que pierdan la casa y que luego no tengan más deudas, la mejor solución es facilitar una vivienda para que puedan vivir con dignidad. [[Aplausos]] Esa es la mejor solución, y en eso es en lo que estamos trabajando: en facilitar el pago, en flexibilizar los pagos, en negociar los pagos, en dialogar los pagos y, en último caso, en facilitarles una vivienda para que se puedan trasladar con su familia y tengan un techo, porque la solución no es perder todo. Señora Ciuró, se ha hecho mucho. Se podría haber hecho más, pero todo lo que se ha hecho en el marco legal español para facilitar el pago de las deudas hipotecarias de las familias, que por razones sobrevenidas no podían pagarlas, ha sido gracias a este Gobierno; todo lo que se ha hecho para que los autónomos puedan iniciar una nueva vida, y no se vean agobiados por la losa de las deudas pasadas, lo ha llevado a cabo este Gobierno; además lo hemos hecho con equilibrio para que nadie - tampoco los pequeños deudores - se vea afectado sin cobrar. Señora Ciuró, a lo mejor no somos perfectos, pero tenemos la conciencia tranquila de haber trabajado bien y tenemos la misma sensibilidad que usted. Cuando usted nos la niega, está negando a mi grupo lo que ha hecho, y a eso sí que no estoy dispuesto, señora Ciuró. [[Aplausos]]
Gracias, señor Martínez-Pujalte. Señora Ciuró.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte, por sus apreciaciones, pero veo que ni me ha escuchado ni se ha leído la proposición de ley que hemos traído a debate. En primer lugar, cuando he empezado he dicho que hemos presentado una proposición de ley de 27 febrero de 2015. Imagino que no lo ha escuchado porque a lo mejor no estaba en ese momento en el hemiciclo, pero le he dicho que el 27 de febrero de 2015 hemos presentado esta proposición y le he dicho que ya reconocíamos que se había tramitado una proposición de ley en esta Cámara, aprobada en junio de 2015, y que algunos aspectos ya se habían recogido, pero usted no estaba en la Cámara para poder escucharlo. Además, usted casi me riñe por el hecho de traer en el ejercicio del turno de este grupo parlamentario - porque tenemos unos turnos - una proposición de ley; usted me recrimina que no se podrá tramitar en esta legislatura y se le olvida que están tramitando ustedes unos Presupuestos Generales del Estado para que los aplique otro Gobierno que no va a ser el suyo. ¿Eso sí que es democrático, señor Martínez-Pujalte? ¿Eso sí que es lógico? [[Aplausos]] Me parece que se ha pasado en este aspecto en relación con esta diputada por el mero hecho de presentar una proposición de ley que no se va a poder tramitar en esta legislatura, porque se puede tramitar en la siguiente. Señorías del Grupo Popular, yo les he dicho que han hecho cosas pero que no las han hecho bien. Sin embargo, en el Parlamento de Cataluña, donde tenemos competencias, sí que hemos hecho algunas actuaciones muy importantes. Además, se acaba de aprobar en el último día de legislatura una Ley de sobreendeudamiento y de protección a las personas más vulnerables, sobre todo en materia de energía, en materia de deudores vulnerables y en materia de suministros básicos, porque resulta que sistemáticamente ustedes recurren en el Tribunal Constitucional todo aquello que aprobamos en el Parlamento de Cataluña en el ejercicio de nuestras competencias, en lugar de tomar nota y aplicarlo donde ustedes las tienen. En Cataluña nosotros hemos hecho una Ley de Sobreendeudamiento - como le digo, aprobada en el último periodo -; supongo que la recurrirán en el Tribunal Constitucional, pero la aplicaremos mientras podamos. Lo que ahí hacemos es establecer un procedimiento extrajudicial previo, porque estamos de acuerdo, señor Vicente Martínez-Pujalte, en que no es de recibo o no es la única solución un concurso, pero usted no se ha leído la proposición de ley. En esta proposición de ley le presentamos una mediación obligatoria; ya la tenemos en Cataluña en el Codi de Consum, que ustedes nos han recurrido, y la hemos vuelto a poner aquí. ¿Para qué? Para que las familias afectadas por un proceso de impago de rentas de alquiler o de cuotas hipotecarias tengan que ir a una mediación obligatoria antes de acudir al juzgado. Los jueces de Cataluña, señor Martínez-Pujalte, no van a admitir a trámite ninguna demanda que no lleve esta mediación acreditada previa. Ellos sí que están por la labor también de dar soluciones; se pueden hacer cosas y, además, bien. Hemos hecho esta ley porque, para poder hacer una buena mediación, se debe acudir a los órganos facultados a tal efecto para poder comprobar la situación de la persona que no puede pagar y derivarla a los servicios sociales, que concurren también en este proceso obligatorio de mediación que les presentábamos aquí y que tenemos en Cataluña y, además, para poder analizar qué condiciones fueron las que inspiraron al banco para el otorgamiento de ese crédito. No me negará - usted lo conoce tan bien como yo - que hubo un tiempo en España que era más fácil comprarse un piso a crédito que una nevera, que había mucha alegría crediticia y que a veces no se concedían hipotecas con las garantías de solvencia requeridas para los propios deudores. En Cataluña, los grandes tenedores de viviendas, de patrimonio - me refiero por ejemplo a grandes inmobiliarias, a empresas o a Socimi que acuden a la compra masiva de bienes patrimoniales, muchos de ellos viviendas ocupadas por personas a las que seguramente estas Socimi no tendrán ningún inconveniente en echar a la calle cuando se produzca el primer impago de la renta de alquiler o del crédito hipotecario que puedan tener -, si tienen más de veinte viviendas, están obligados a no desalojar sin poner a disposición de estas personas una vivienda social o, al menos, ubicarlas en algún tipo de vivienda social. Por tanto, son los propios grandes tenedores quienes tienen que velar para que haya una reubicación de esas personas y, si no, no las pueden echar a la calle. Velamos también por que no haya pobreza energética y, sobre todo, por aquellos dependientes que la necesitan para su subsistencia sanitaria. Todo esto hemos hecho en Cataluña. Esperamos que nos lo recurran en el Tribunal Constitucional, pero con suerte no llegarán a tiempo, ya que no estarán ustedes cuando eso pueda suceder. Me ha dicho que mi grupo ha instigado - no sé qué palabra ha utilizado - para que comparezca la señora Colau. Pues sí, porque nos gusta escuchar. Nuestra misión como políticos es escuchar.
Señora Ciuró.
Termino, señora presidenta. Cuando estaban compareciendo estas personas, ustedes ya tenían redactado el proyecto de ley. Por tanto, aquellas comparecencias de aquella primera vez de poco sirvieron para informar. Si les hubiesen escuchado, seguramente hubiese salido un mejor proyecto en aquel momento. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Ciuró. Señor Martínez-Pujalte.
Gracias, señora presidenta. Señora Ciuró, la he escuchado desde el primer minuto. ¡Si todo en su vida es tan verdad como lo que ha dicho...! Estaba sentado y, además, cosa rara, no me ha sonado el móvil. No he hablado por el móvil en toda su intervención, la he escuchado y, además, con interés, señora Ciuró. Pero no hacía falta escucharla con interés, pues el boletín ya pone la fecha. Lo que le he dicho, señora Ciuró, es que estaba superada. Usted ha apuntado, y yo lo he recalcado, que estaba superada. Tan superada estaba que usted, en la segunda intervención, se refiere solo al tema de la vivienda y deja sin comentar todo el problema de la segunda oportunidad, quizá porque usted no la ha estudiado con la misma profundidad y no estaba en la Comisión en que se debatió. Se ha regulado, señora Ciuró. Ya hay miles de personas que se están acogiendo a ello. Respecto a la vivienda, señora Ciuró, los datos son contundentes. Más de cuatro mil familias. No sé si eso le parece mal, no sé si lo hemos hecho fatal, pero a las cuatro mil familias no les parece mal. Más de dieciséis mil lanzamientos frenados. No sé si le parece mal, pero seguro que a las familias a las que se les ha frenado el lanzamiento, acogiéndose a las modificaciones legales aprobadas en esta legislatura, no les parece mal. Seguro que no, señora Ciuró. Viene y me dice que en el Parlamento catalán están haciendo mucho y: hagan ustedes eso. Me parece sensacional que el Parlamento catalán se dedique a promover, en el marco de sus competencias, el bienestar de los ciudadanos y que no se dedique a otras cosas - eso es una opinión personal -. [[Aplausos]] ¡Si es lo que tienen que hacer, si es para lo que les eligen los ciudadanos y no para ensoñaciones de otro tipo! Me parece bien, pero, señora Ciuró, en la Ley de Segunda Oportunidad la mediación, tanto para personas físicas como para personas físicas empresarias, se recoge como fórmula previa. Léase la Ley de Segunda Oportunidad con detenimiento. Vaya a la Cámara de Comercio de España, ahora que han nombrado a una diputada de su grupo directora general, y pregúntele cuántas mediaciones ha habido ya; pregúntele, señora Ciuró - es muy fácil -, era diputada de su grupo y ha sido recientemente elegida. Señora Ciuró, de verdad, no la regaño por traer esta proposición de ley; estamos aquí para hacer política. Lo que le he dicho, y no es regañar a nadie, es que no da tiempo para su tramitación. No soy el señor Rajoy ni sé cuándo va a convocar, pero convoque cuando convoque no da tiempo para su tramitación. Usted y todos lo diputados de esta Cámara lo saben. Usted lo mezcla con el presupuesto y le digo, señora Ciuró, que aprobar el presupuesto para 2016 es nuevamente un gesto de responsabilidad de este Gobierno. La situación económica que están pasando miles y miles de familias y empresarios no permite que haya un espacio sin presupuesto aprobado. El Gobierno que venga puede hacer las modificaciones que quiera, pero el 1 de enero los pensionistas saben que cobrarán su pensión ajustada al incremento que figura en el presupuesto, los funcionarios también lo saben, los investigadores saben que va a haber programas de I+D+i, todas las empresas saben que va a haber programas. Luego, el Gobierno que venga, que lo cambie si quiere porque es muy fácil, pero hacer el presupuesto es un gesto de responsabilidad para que España siga creciendo y generando empleo. Acabo, señora Ciuró. Daría igual que votáramos sí o no: no se va a tramitar y va a decaer. Podríamos hacer el postureo de votar que sí y parecer modernos. Usted diría que somos modernos y le estaría tomando el pelo, pero voy a votar que no para que quede claro que este grupo parlamentario, por sensibilidad social y por pensar en los ciudadanos, ha hecho muchas cosas. Seguro que en la legislatura que viene se harán muchas más, pero seguro que hemos hecho muchas más que en la legislatura anterior. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Martínez-Pujalte. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Señor Azpiazu, ¿va a intervenir? [[Asentimiento]] Adelante.
Gracias, presidenta. Ya que me da la oportunidad, voy a intervenir para decir que nuestro grupo también tiene sensibilidad por estas cuestiones, señor Pujalte, cómo no, por los efectos nefastos de la crisis económica en las empresas y sobre todo en las personas que tan mal lo han pasado. Según el señor Pujalte, el señor Caldera era sensible, el Grupo Popular era sensible, supongo que Convergència i de Unió también, pues en el Grupo Vasco también somos sensibles a los problemas de las personas. Sabemos, señores de Convergència, que a estas alturas de la legislatura, y con la que está cayendo, desde el punto de vista material esta iniciativa es poco más que un brindis al sol, y lo digo solo porque quedaría en suspenso pase lo que pase con la votación de hoy. Vaya por delante la intención del Grupo Vasco de votar afirmativamente esta iniciativa, pues su contenido merece todo nuestro interés y apoyo. Hemos hablado largo y tendido a lo largo de la crisis económica sobre esta cuestión. A lo largo de esta legislatura, es cierto, señor Pujalte, que ha habido iniciativas que han ido avanzando y mejorando la situación de la gente y de las empresas que lo estaban pasando mal. El tema de la segunda oportunidad es un tema realmente importante. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a una segunda oportunidad o a una tercera oportunidad, ¿por qué no se puede fracasar también dos veces? Hay que dar facilidades a todo el mundo para que tengan precisamente esa oportunidad, aunque sea a estas alturas de la crisis, que puede ser menos interesante que en otros momentos, pero en el Grupo Vasco pensamos que no por el hecho de dejar que las cosas transcurran se van a solucionar los graves problemas que aún colean por el efecto, repito, de la crisis económica. Por eso, creo que hay que facilitar la vida a los que tienen problemas y hacerlo cuanto antes. Insisto, los problemas no se resuelven con el mero paso del tiempo y con la inacción que, a veces, caracteriza al Gobierno del Partido Popular. El Grupo Vasco va a votar favorablemente la toma en consideración con la firme voluntad de que esta cuestión - la de ir más allá de lo que se ha ido hasta este momento y que es importante para resolver estos problemas - se aborde cuanto antes al inicio de la siguiente legislatura, sea por parte de Convergència o de cualquier otro grupo, pero que se presente una iniciativa similar precisamente para esto, para ir más allá y para ir aliviando los problemas de aquella gente que todavía, por efecto de la crisis, está viviendo situaciones preocupantes. Muchas gracias.
Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.
Gracias, señora presidenta. Señorías, durante el tiempo que llevo en esta Cámara, y desde luego hoy en las intervenciones, oigo constantemente hablar de cómo hay que defender los derechos de unos o los derechos de otros. Esto, técnicamente, se llama un juego de suma nula, porque lo que ganan los acreedores lo pierden los deudores o al revés. Lo paradójico es que nunca - o casi nunca, para ser exactos - oigo hablar del bien común, del interés general; o sea, del que incluye a los deudores y a los acreedores, a los que aportaron el dinero para la hipoteca y a los que tienen que devolverlo, a los que se quedan con la casa cuando no se paga la hipoteca y a los que la pierden. Hago esta reflexión porque estamos en un momento político de este país en el que lo que hace falta es el discurso del interés general, lo que nos es común a todos, y eso es lo que hay que defender. Con esa intención, nuestro grupo parlamentario, a las pocas semanas de tomar posesión - yo no estaba todavía como diputado -, ya presentó una proposición de ley precisamente para abordar un problema que es un problema común. El problema de los deudores familiares que no pueden hacer frente a su deuda, sea hipotecaria o no, o de los autónomos que arriesgando su patrimonio tienen que hacer frente después a su incapacidad de pago, a su insolvencia, no es solo su problema; es el problema de este país, porque esta cuestión se arrastraba desde mucho antes de la crisis. La crisis lo único que hizo fue aflorar el problema con unas dimensiones que impedían que esta Cámara pudiese ignorarlas, pero no creó la situación; se arrastraba desde mucho antes. Las deficiencias jurídicas de la Ley Hipotecaria, que puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eran muy anteriores. Lo único que pasa es que creó unas dimensiones del problema que hacía imposible que se pudiesen ignorar. Por eso, nuestro grupo parlamentario hizo su proposición de ley; una proposición de ley que, obviamente, con la mayoría absoluta del Partido Popular fue vetada y no se pudo tramitar. Y vuelvo a la reflexión del bien común, porque nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición de ley no porque creamos que sea la mejor proposición de ley, sino porque creemos que contiene elementos que mejorarían la legislación, que también apoyamos, de segunda oportunidad. Porque pensamos en el bien y en el interés general del país, apoyamos aquellas iniciativas que hacen avanzar la resolución de los problemas que tiene este país. Porque no es una cuestión de sensibilidad, señor Martínez-Pujalte, es una cuestión de responsabilidad, y ahí sí estoy de acuerdo con usted: sensibilidad, cada uno tiene la suya; cada uno es sensible a lo que es sensible, pero la responsabilidad es común, o al menos yo, en una presunción iuris tantum, la hago común a todos los representantes de la soberanía popular que están en esta Cámara. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Apoyaremos esta proposición de ley sabiendo que va a decaer, porque no se puede ir solo con una concepción utilitarista de la labor parlamentaria, sino que también hay una función simbólica de representatividad de la voluntad de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos sabiendo que no nos iban a aprobar ninguna, pero no lo hacíamos con el criterio utilitarista, señor Martínez-Pujalte, sino con el criterio de demostrar que hay alternativas a la solución de los problemas de este país, y al mismo tiempo somos capaces de apoyar iniciativas aunque creamos que sean perfectibles: apoyamos la Ley de Segunda Oportunidad y vamos a apoyar esta proposición de ley, a pesar - y dejo simplemente esa reflexión - de que creemos que es más sencilla que la Ley de Segunda Oportunidad desde el punto de vista técnico-jurídico, y aunque también creemos que tiene deficiencias, y ahí es donde reside la grandeza de haber podido negociar - y cuando se ha hecho, lo hemos podido comprobar - los proyectos de ley y no quedar sometidos al imperativo de la mayoría absoluta. Cuando se han negociado los proyectos de ley han salido tremendamente reforzados desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista político, pero lamentablemente - al menos en mi breve experiencia - esa ha sido la excepción a la regla. En esa línea, la proposición que presentan tiene imperfecciones técnicas. Por ejemplo, el artículo 25 quáter 3, donde se fija el periodo obligatorio de tres meses, no especifica a partir de quién se insta ese periodo; se especifica que cuando se constate que... Pero, ¿quién lo constata, el deudor o el acreedor? ¿O ambos? ¿O el que pasa por allí? Esa es una imprecisión técnico-jurídica, porque dicen: En todo caso, cuando se proponga la comunicación al juez. Muy bien y, mientras tanto, qué. Lo diré de otra manera: ¿cuántos meses de impago de la hipoteca determinan la imposibilidad de hacer frente a las deudas? ¿Quién determina esa imposibilidad, el acreedor o el deudor? No me diga que está resuelto en el texto de la proposición de ley, porque no lo está. Por ejemplo, es verdad que ponen la mediación obligatoria previa en el caso del impago de la hipoteca de la vivienda habitual, pero que una mediación sea obligatoria no la hace más eficaz. Las mediaciones para que sean eficaces tienen que ser voluntarias y aceptadas por las partes. La prueba paradigmática de que una mediación obligatoria no resuelve el problema de ir a juicio es la legislación laboral, donde hay mediación laboral obligatoria, y en la mayoría de los casos no se llega a un acuerdo y se va a juicio. Por tanto, está bien hacer proposiciones de ley, y defenderemos y apoyaremos la que nos presentan, pero vuelvo al punto inicial: o empezamos a pensar en lo que es común a todos, o si cada uno va pensando en qué hay de lo mío, la verdad es que esto no contribuirá - y este es un ejemplo paradigmático - a mejorar las condiciones del país, gobierne quien gobierne. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Calduch. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.
Señora presidenta. La usura de los bancos es una de las principales responsables del sobreendeudamiento o de la insolvencia sobrevenida de las personas físicas - en el caso de que hayan actuado de buena fe -, que puede darse en la esfera más familiar en caso de no poder hacer frente al pago de las cuotas de un préstamo hipotecario para acceder a la propiedad de la vivienda habitual, o cuando se le exigen responsabilidades por haber otorgado un aval que no puede cubrir, o incluso por el hecho de no poder pagar el alquiler mensual de su vivienda habitual. Es evidente que la crisis ha golpeado dramáticamente a numerosas familias y emprendedores, con unos impactos brutales. Entre 2007 y 2014 hubo más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, un promedio de unas 200 ejecuciones diarias en los últimos siete años; el 58 % de los casos fueron en Andalucía, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, y estamos viendo que el repunte económico no amortigua las ejecuciones hipotecarias de manera suficiente. En 2014, el INE certificó que había 34.680 viviendas habituales, es decir primera vivienda, afectadas por embargos y desahucios; un incremento del 7,14 % respecto al año anterior. Esa es la cara más dramática de la crisis y el debate generado por la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i d´Unió sigue siendo oportuno, a pesar de que hace algo más de dos meses se aprobó una modificación legislativa en materia de segunda oportunidad. El debate generado es oportuno desde nuestro punto de vista por la importancia del procedimiento concursal abreviado, y procedimiento especial y negociado, que permita resolver de forma pactada entre partes y ratificada por el juez. Nuestro grupo ya presentó en mayo de 2014 una proposición de ley para regular un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. No prosperó por la oposición del Partido Popular, pero es que tampoco prosperaron otras proposiciones como la que presentó en este Congreso de los Diputados el Parlamento de Cataluña en 2012, cuando trajo una proposición de ley aprobada allí por unanimidad, y cuando digo unanimidad me refiero también al Partido Popular, que lo aprobó en Cataluña y lo rechazó en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular planteó hace pocos meses en solitario una modificación de la Ley Concursal insuficiente, que no aborda de manera global el impacto de la crisis ni las consecuencias ni los dramas humanos y familiares que los bancos y la crisis han generado en los últimos ocho años. Es evidente que nosotros planteamos y defendemos una iniciativa del procedimiento concursal especial por procedimiento negociado que implique que, mientras se inicie ese procedimiento, no puedan iniciarse ejecuciones singulares judiciales o extrajudiciales ni apremios administrativos y tributarios. Nosotros defendemos la posibilidad de que se establezcan quitas. La propuesta de Convergència i d´Unió no lo contempla claramente y lo rechaza el Partido Popular. Nosotros defendemos la dación en pago, algo que defiende también la propuesta de Convergència i d´Unió pero que no defiende el Partido Popular. Nosotros defendemos preservar el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor, consumidor y usuario, y que no se vea reducido su derecho de alimentos a menos de una tercera parte de sus ingresos habituales. Esto no está contemplado en la proposición de ley de Convergència i de Unió ni es asumido por el Partido Popular en su reforma de ley aprobada hace dos meses. Nosotros hicimos una propuesta en la que defendíamos claramente un procedimiento especial para consumidores y usuarios que garantizara de verdad la paralización de los lanzamientos sin limitación de plazo, de momento, y que el deudor de buena fe pudiera reestructurar su deuda de manera que pudiera mantener el acceso a la vivienda habitual - insisto, a la vivienda habitual -, y que quedaran condonados los créditos para acceder a los bienes básicos, así como a los suministros básicos. Es necesaria una ley de segunda oportunidad que dé cobertura no solo a deudores principales, sino también a avalistas y fiadores vinculados al deudor, que garantice la prevalencia de los créditos laborales, tanto en los procesos preconcursales como en los procesos concursales. Planteamos muy claramente que es necesario, imprescindible que - no este Gobierno, porque tiene una sensibilidad diferente a la que nosotros expresamos - el futuro Gobierno aborde de manera clara una propuesta de renta mínima garantizada de ciudadanía para que los deudores de buena fe atrapados económica y vitalmente en sus deudas tengan de verdad una segunda oportunidad. Para ello es necesario regular los procedimientos concursales que garanticen una correcta reestructuración de la deuda, y sobre todo que garanticen que se excluyen del proceso de ejecución de las deudas los ingresos mínimos para subsistir, el acceso y disfrute a una vivienda y también a los suministros básicos. Pero sin duda la garantía máxima de una segunda oportunidad es que la persona pueda tener unos ingresos mínimos con los que poder subsistir y hacer frente a sus responsabilidades como deudor. Con lo que estamos diciendo, señorías, esperamos que el próximo Gobierno - este no, porque tiene otra sensibilidad - plantee de verdad una ley de segunda oportunidad que responda a los problemas reales que tiene el conjunto de la ciudadanía española, como consecuencia de una crisis que ha puesto en la ruina y en dificultades a numerosos ciudadanos de nuestro país. Esa es nuestra voluntad y así lo hemos expresado; lo hemos expresado con una proposición de ley que planteamos en su día, lo hemos defendido en el Parlamento de Cataluña, se ha traído al Congreso de los Diputados, y la sensibilidad del Partido Popular ha estado en rechazar cada una de esas propuestas que permitían avanzar hacia una forma de entender la acción parlamentaria y la acción política en beneficio del conjunto de la ciudadanía. El próximo Gobierno tendrá seguro más sensibilidad para abordar de manera global e integral estos problemas generados por una crisis, como consecuencia de la usura de los bancos y la incapacidad del actual Gobierno para responder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Pérez Moya. Por último, por el Grupo Socialista, señor Caldera.
Gracias, señora presidenta. Los efectos de la crisis, como indicaban todos los portavoces, han sido devastadores, no han acabado y proporcionalmente, señorías, cuando uno mira lo ocurrido en nuestro país puede contemplar cómo la afectación principal ha sido a personas físicas y a trabajadores autónomos, que son los que más han sufrido esta crisis. Personas que, debido a un sobreendeudamiento en el que no incurrieron de mala fe, sino de buena fe, han visto trabados sus bienes y paralizadas sus expectativas de vida y de futuro, en muchas ocasiones con resultados realmente trágicos. La normativa era bastante inflexible y no estuvo a la altura de las necesidades de estas familias, de estas personas físicas, de estos microempresarios o de estas empresas afectadas. Es por eso por lo que hubo que hacer con bastante rapidez muchas reformas. Lo indicaba el señor Pujalte: tres en la anterior legislatura, tres en esta legislatura. Créanme, señorías, se ha avanzado bastante, lo reconozco, con la cooperación de todos los grupos parlamentarios, pero aún quedan espacios para la mejora, aún quedan procedimientos por modificar, aún quedan alternativas que seguir. Es por eso, señora Ciuró, por lo que mi grupo votará a favor de su proposición de ley, que aporta algo esencial: la simplificación de los procedimientos. Mi grupo parlamentario ya presentó una enmienda en la Ley de Segunda Oportunidad destinada a tal fin: simplificación de procedimientos para cientos de miles de personas físicas, cientos de miles de autónomos con poco patrimonio, cuyo pasivo está por debajo de los tres millones de euros que señala la proposición de ley, pero que las complejidades del procedimiento, sus costes, sus exigencias les han hecho imposible poder acudir a él. Y lamentablemente en muchas ocasiones su patrimonio ha quedado completamente liquidado, y lo que es peor, todavía el artículo 1.911 establece que sus deudas serán eternas, y es esta una contradicción bastante notable. La Ley de Segunda Oportunidad resolvió en parte este problema, pero hablo para el futuro, señorías, tenemos que resolverlo del todo. Fíjense qué contradicción. Una empresa puede quebrar, puede limpiar su pasado, puede eliminar sus deudas y puede reiniciar sus actividades. Una persona no, un ser un humano no, un padre o una madre de familia no. Puede que las deudas le persigan para siempre, y esto es una contradicción notable en un mundo que debe acercarse a las soluciones directas a favor de las personas más necesitadas. Es una tragedia económica y social lo que ha ocurrido. Piensen ustedes en familias, en trabajadores que han perdido su empleo, en pequeños empresarios o autónomos que han devenido en un tremendo sobreendeudamiento porque a quienes prestaron sus servicios no se los abonaron, entre ellos las administraciones públicas, y que se encuentran en una situación dramática ante la cual los poderes públicos no pueden cerrar sus ojos. Vuelvo a decir, señoras y señores diputados, que la legislación ha mejorado y bastante, pero aún contiene insuficiencias. Lo que incorpora esta proposición de ley es razonable, tiene también algunos errores, pero siempre pueden ser subsanables. Y para el futuro espero que este Parlamento, la sociedad española sea capaz de resolverlo, sea capaz de establecer una legislación adecuada que impida esas tan difíciles situaciones, porque, señorías, hasta ahora se ha contemplado la vivienda - hablo de la vivienda habitual y hablo de la situación de un deudor de buena fe - como un bien con valor económico destinada al tráfico mercantil. No. La vivienda habitual es mucho más que eso. Es el lugar de los afectos y de la proyección de vida de millones de familias. Es el lugar donde nacieron tus hijos y donde se educaron. Trasciende mucho más allá de su contenido económico. Se da puede dar la circunstancia de que algún día - espero que pronto y le insto al Gobierno futuro, a las futuras cámaras a resolverlo - seamos capaces de crear un derecho de ciudadanía que signifique que el titular de una vivienda habitual, aquella en la que mora habitualmente, deudor de buena fe por causas sobrevenidas, no la pierda - la legislación debe garantizar ante todo ese hecho - porque tiene negativas consecuencias económicas y también negativas consecuencias sociales. Permítanme, señorías, una última palabra, señora presidenta, dado que probablemente será mi última intervención en esta Cámara, en la que he tomado asiento con alto honor en nombre de los ciudadanos españoles durante treinta y tres años. Como será probablemente mi última intervención permítanme, señorías, que les haga una recomendación: que quienes continúen resuelvan este problema. Es posible. ¿Saben por qué? Porque todos los aquí presentes somos parte de una comunidad, no somos elementos extraños. Las comunidades avanzan cuando tienen confianza y autoestima, y la sociedad española tiene razones para la autoestima. La sociedad española es la que en los últimos treinta y ocho años más ha avanzado de los países desarrollados. Salvando el caso del desarrollo económico y social de Corea del Sur, el otro gran ejemplo de avance económico y social es el que ha protagonizado la sociedad española. Fíjense en que las diferencias de renta disponible en nuestro país entre las comunidades menos avanzadas y más avanzadas son menores que las diferencias de renta disponibles entre el sur y el norte de Italia o entre Turingia, en Alemania, y Hamburgo. Este es un país donde hoy vemos a jóvenes brillantes, políglotas, jóvenes muy preparados, algunos denuncian el régimen de 1978, que pudieron alcanzar esa brillantez debido al acceso equitativo al sistema educativo que las últimas dos generaciones de españoles han conquistado, y de los cuales me siento profundamente orgulloso. Es un país que ha sido capaz con su sociedad - y acabo, señora presidenta - de construir un formidable capital social, si no, no se hubiera entendido cómo un país con un 26 % de paro en estos últimos siete años no se ha roto. No se ha roto por eso, porque ha sido capaz de dotarse de un formidable capital social, de modernizar sus instituciones, de avanzar en sus infraestructuras y de dar un salto espectacular en el desarrollo económico y social. Quedan muchos problemas que hay que corregir y resolver, claro que sí, pero permítanme esta apelación a la autoestima. Parecería, por lo que uno escucha, que no hay autoestima en la sociedad española. Debe haberla y les pondré dos últimos ejemplos. Por tanto me siento orgulloso de esta sociedad a la que he representado treinta y tres años en este Parlamento. Dos ejemplos. La sociedad española es aquella donde más órganos se donan de todo el mundo, señorías, y donde el sistema de gestión de la donación de órganos, algo vital, es el mejor del mundo también. Se ha puesto por parte de la Unión Europea como ejemplo a seguir por el resto de los países, muchos de ellos más avanzados en renta per cápita que nosotros. Una sociedad así, donde existe ese alto grado de solidaridad, es una sociedad estimable. Igualmente una sociedad como la nuestra es la que más niños adopta en proporción a los habitantes del mundo, y no solo la que más niños adopta, sino la que mejor integra a los niños adoptados en sus familias, y una sociedad así cuenta con elementos muy positivos. ¡Claro que hay un alto paro! ¡Claro que hay una grave crisis económica! La superaremos, señorías, y entre otras cosas les pido que sean capaces de alumbrar ese nuevo derecho de ciudadanía que implica que un ser humano cuando tiene su vivienda habitual por la que tantos esfuerzos ha hecho no la pierda por causas no imputables a él, a consecuencia de una crisis económica, y que la mano pública le ayude a preservarla, porque estoy seguro de que con su esfuerzo posterior devolverá, y con mucho, el esfuerzo que antes hizo la Administración a su favor. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Señor Caldera, siento tener que decirle adiós, porque creo que a usted le queda, como a otros compañeros, y a alguna compañera que va a intervenir después, muchísimo que dar a este país y mucho ejemplo que dar a este Parlamento. Siento decirle adiós, porque ha sido un gran parlamentario, un hombre que ha colaborado al desarrollo que usted mismo ha planteado y que yo comparto con usted en su exposición última. Le deseo lo mejor del mundo, porque usted ha sido un gran compañero. Muchas gracias. [[Prolongados aplausos]]
Pasamos al punto del orden del día correspondiente a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, relativa al cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora González Vázquez.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En 1905 la baronesa Bertha von Suttner, austríaca, presidenta honoraria de la Oficina Internacional por la Paz, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Fue la segunda mujer, después de Marie Curie, que consiguió esta distinción y la primera en conseguir el premio en esta categoría. Después de ella otras quince mujeres, muchas de ellas procedentes de áreas geográficas desgarradas por cruentos conflictos bélicos, como Birmania, Irán, Liberia o Yemen, han sido destacadas con este galardón por su contribución a la resolución de los problemas de cuyo origen y evolución la historia las mantuvo al margen durante siglos. El último Premio Nobel de la Paz, el de 2014, fue concedido a Malala Yousafzai, de Pakistán, por su valiente lucha por el derecho de las niñas a la educación en su país. El día 31 de octubre de 2015, ciento diez años después de que la baronesa von Suttner escribiese: la paz es y debería ser el único esfuerzo de todas las mujeres, se cumplen quince años de la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la Resolución 1325, una resolución histórica, innovadora, que reconoce dos cuestiones esenciales: por un lado, la necesidad de protección especial de las mujeres y de los niños y niñas en caso de conflicto bélico, en caso de guerra, puesto que se encuentran entre los seres humanos más perjudicados, muy particularmente las mujeres, botín de guerra desde el principio de la historia y sometidos a todo tipo de violaciones y violencia de carácter sexual. Por otro lado, está la constatación de que la resolución de las guerras en las mesas de negociación se hace al margen de las mujeres, quedando estas habitualmente apartadas de la toma de decisiones que afectarán de manera fundamental a su futuro, puesto que son la mitad de la población de la región sobre la que se están tomando decisiones que establecerán el marco político de referencia a partir de ese momento. Por ello esta resolución marca un antes y un después en la actividad de Naciones Unidas, ya que manteniendo la necesidad de especial protección que tienen las mujeres como víctimas de las guerras, llama la atención sobre la imperiosa necesidad de incorporarlas como agentes con voz y voto, con demandas propias en las negociaciones posteriores a esos conflictos, y como sujetos esenciales en el mantenimiento de la paz y la concordia en la etapa posbélica. Como decía Unifem en su día: las mesas de paz siguen siendo feudo de los artífices del conflicto, de los generales participantes en las batallas, y no de quienes quieren ponerle fin, entre ellos evidentemente las mujeres. Sergio Vieira de Mello, el recordado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fallecido trágicamente en Irak en un atentado en el año 2003, decía con relación al cruento conflicto desarrollado en Timor-Leste: las mujeres son un factor de estabilidad y reconciliación. Sus contribuciones pueden mejorar la calidad de las decisiones y la efectividad de los esfuerzos de recuperación. Desde la ONU promovemos la participación de las mujeres, porque tienen el mismo derecho que los hombres a tomar parte en las decisiones y porque su aportación supone un valor añadido en todas ellas. La Resolución 1325 propone aumentar la participación de las mujeres en los procesos de paz y la correspondiente toma de decisiones en aras de la prevención de conflictos bélicos, así como apoyar técnica y financieramente esta tarea. De la misma manera insta a la ONU a aumentar la participación de las mujeres como representantes y enviadas especiales en misiones, tanto como observadoras, policías, soldados o personal dedicado a tareas humanitarias. También apoya decididamente la introducción de la perspectiva de género en la capacitación y formación del personal que trabaja en los acuerdos y misiones de paz, y la obligación de aplicar las disposiciones del derecho internacional humanitario para proteger a las mujeres, niños y niñas durante y después de los conflictos, con una especial atención a la violencia sexual, poniendo fin a la impunidad de los crímenes relacionados con esta violencia. Es decir, incorpora a la gestión de conflictos bélicos la llamada estrategia de las tres pes: la prevención de los conflictos mediante una intervención activa de las mujeres, la participación de las mismas mujeres en los asuntos de seguridad y paz, y la protección de los civiles - y particularmente de nuevo de las mujeres - de la violencia de género, violaciones y otras formas de abusos sexuales, así como de la trata de mujeres y niños, a los que sistemáticamente da lugar la situación de guerra. La resolución recomienda además a los Estados miembros la elaboración y aprobación de planes nacionales en los que establezcan de qué manera van a poner en marcha las decisiones de la resolución en su trabajo, tanto a nivel interno como en su despliegue en misiones exteriores. Desde su aprobación cerca de cincuenta países han aprobado esos planes nacionales, lo cual supone un número importante. En España el 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el plan de acción, cuya elaboración fue responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A nivel internacional tanto la OTAN como la Unión Europea o la OSCE han seguido las premisas de la resolución a la hora de poner en marcha sus correspondientes acciones, pero a pesar de todo ello, ahora que se acerca el 15.º aniversario de su aprobación y culmina el proceso de revisión de la resolución el próximo 22 de octubre, vemos con inquietud que los progresos han sido relativamente escasos y que el número de mujeres participantes en los procesos de paz y posbélicos, tanto en las fuerzas de paz de Naciones Unidas como en las negociaciones, es muy reducido. Aunque se ha mejorado sensiblemente el concepto de seguridad, a través de una visión integral que incorpora a las mujeres y a las niñas, en 2014 el 97 % del personal militar de mantenimiento de la paz y el 90 % de la policía desplegada por Naciones Unidas, y por tanto por sus Estados miembros, son hombres, aunque el objetivo a alcanzar era que hubiese un 20 % de mujeres. Y de un total de 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010 solo 92 contenían referencias a las mujeres. Ellas continúan sufriendo violencia sexual en los conflictos bélicos que tienen lugar ahora mismo en Mali, en la República Centroafricana, en Costa de Marfil, en Sudán del Sur, en la República Democrática del Congo, en Nigeria, y en último término recientemente en Siria. En su candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2015-2016 el Gobierno de España señaló la igualdad de género como uno de los objetivos principales de su política exterior y de su diplomacia. Nuestro país presidirá el próximo mes de octubre el Consejo de Seguridad, coincidiendo con el examen de alto nivel para evaluar el progreso de la aplicación de la Resolución 1325, que a su vez coincide con el 70.º aniversario de Naciones Unidas, una circunstancia que hace especialmente importantes ambas efemérides. En este sentido el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha participado recientemente en Nueva York en una reunión de alto nivel, en la que ha expresado la voluntad de nuestro país de asumir objetivos ambiciosos en esta materia, y ha hecho hincapié en la voluntad de acelerar la implementación de la resolución, mejorando la protección de las niñas y mujeres en situación de conflicto, y muy especialmente la protección de activistas en materia de derechos humanos o mujeres indígenas, la creación de un grupo informal de expertos que promueva la aplicación de la resolución, la intensificación de la colaboración con la sociedad civil, y un tema fundamental: la movilización de los recursos precisos, lanzando una campaña de información que contribuya a la labor necesaria. Todo ello podría dar lugar a la elaboración de una nueva resolución que defina el papel del Consejo de Seguridad en esta materia, y que permita exigir resultados al sistema global de Naciones Unidas o incluso que incorpore medidas nuevas contra nuevas amenazas, como el papel de las mujeres en la lucha contra el extremismo violento. El Grupo Parlamentario Popular quiere mostrar, igual que ha hecho el Senado muy recientemente, su satisfacción con las propuestas del Gobierno, instándole a través de la proposición no de ley que defendemos ahora mismo a que esos objetivos planteados para el próximo mes de octubre sean extremadamente ambiciosos, con las medidas que en este documento se articulan muy detalladamente: asegurar la participación activa y la protección de las mujeres en todo el sistema de Naciones Unidas, y particularmente en las operaciones de paz con recursos materiales y personales adecuados; fomentar la participación de las mujeres en todas las discusiones internacionales sobre paz, seguridad y desarrollo; promover el liderazgo de las mujeres, tanto en la sede de Naciones Unidas como en las operaciones desplegadas; solicitar de todos los Estados miembros la financiación necesaria para implementar la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, incluidos los planes nacionales de acción, con al menos el 15 % de todo el gasto destinado a la gestión de crisis y conflictos, y defender el derecho de las niñas a acceder a la educación, muy especialmente en situaciones de conflicto. Presidenta, quiero terminar mi intervención reconociendo el gran trabajo llevado a cabo por la diputada doña Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad de esta Cámara, que ha sido la que ha liderado la presentación de esta proposición no de ley, que hoy no defiende en esta tribuna por una cuestión de agenda. Muchas gracias, señoría, por su compromiso en un tema tan importante para todas las mujeres que viven situaciones muy complicadas en diferentes partes del mundo. [[Aplausos]] Finalizo pidiendo al resto de los grupos de la Cámara que se sumen a esta propuesta que implica no solo al Gobierno español, sino a todos los Estados de Naciones Unidas y a la propia organización de una manera más intensa y más efectiva, con mayor capacidad de evaluación de los avances obtenidos, para que se haga por fin realidad la frase que la escritora Christa Wolf pone en boca de Casandra, la célebre profetisa griega: Entre morir y matar hay una tercera posibilidad: vivir. Es esta la posibilidad de las mujeres y además lo ha sido siempre. Muchas gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señora González Vázquez. En defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Nuet.
Gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario asiste a este debate con la mejor intención; lo digo porque básicamente estamos de acuerdo. Creemos que es una propuesta positiva y evidentemente la vamos a apoyar. Es cierto que hace quince años ya desde la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que significó en su momento un hito histórico en la consideración del papel de la mujer en situaciones de conflicto y posconflicto, y significó sobre todo el reconocimiento de la doble faceta de la mujer en situaciones de conflicto; como víctima de la violencia, pero también como agente necesario e imprescindible para la paz duradera. Estamos de acuerdo, pero nos gustaría aun reforzar el concepto de la mujer como agente de prevención antes de que el conflicto aparezca. Por eso hemos presentado una enmienda que nos gustaría que el grupo proponente pudiese tener en cuenta. La enmienda es muy sencilla. Dice: Aumentar los esfuerzos para la prevención de conflictos, apoyándose en un análisis sistemático desde el punto de vista de género y en la promoción de la igualdad de género, y abordando más las principales causas de los conflictos, como son las desigualdades sociales y económicas, el desigual acceso a los servicios y recursos básicos, los efectos del cambio climático, el mal gobierno, la deficiente rendición de cuentas y el militarismo. Asimismo debe ofrecerse un apoyo más integral al papel y la participación de la mujer en las iniciativas de prevención y resolución de conflictos, así como hacer frente al extremismo político. Igual que el grupo proponente deseamos también que el Consejo de Seguridad renueve el mandato y lo refuerce, porque después de quince años aún tenemos muchas cosas por hacer. Muchas gracias.
Gracias, señor Nuet. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco [[EAJ-PNV]], señor Agirretxea.
'Entre mujeres y niñas, unas quince fueron violadas en distintas cabañas de la aldea. Los yanyauid rompieron las extremidades a varias mujeres y niñas para que no pudieran escapar. Se quedaron en la aldea unos seis o siete días. A lo largo de seis días entre cinco y seis hombres nos violaron durante horas, uno tras otro, todas las noches. Mi esposo no pudo perdonarme después de aquello, me repudió'. Este es el testimonio de una refugiada sudanesa. Mujeres y niñas son objeto de violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla. Las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas y a menudo son tratadas como trofeos de guerra. Aunque algunas han sido agredidas por razones diferentes al género, muchas han sufrido abusos sexuales por el simple o mero hecho de ser mujeres. Tercer informe. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha declarado: Las mujeres palestinas han soportado la carga de la escalada del conflicto y de décadas de ocupación israelí mientras en la sociedad palestina han estado sometidas a un sistema de leyes y normas que las tratan como miembros no iguales en la sociedad. Dice una mujer israelí: 'En el control de la frontera había varios soldados; nos ignoraron. Me arrastré detrás de un bloque de cemento junto al control para tener algo de intimidad y di a luz allí, en el polvo, como un animal. Sostuve a mi hija en los brazos y se movía un poco, pero al cabo de unos minutos murió en mis brazos'. A su vez, Rufayda Qaoud, de diecisiete años de edad, fue violada por dos de sus hermanos y cuando su familia descubrió que estaba embarazada su madre la mató, la madre que sostiene que tuvo que matar a Rufayda para proteger el honor de la familia y que no ha sido procesada. Son tres testimonios cogidos al azar de tres informes diferentes de Amnistía Internacional. Los tres son verídicos, uno es en Sudán, otro es en Colombia y el otro es en Palestina e Israel. Evidentemente la situación que las mujeres y las niñas padecen en y tras un conflicto armado, tal y como se ha especificado aquí, es doblemente dolorosa y sobrepasa cualquier vulneración de derechos y dignidad humana. Las mujeres, por el mero hecho de ser del género femenino, son maltratadas, violadas, torturadas y culpadas siempre que se dan conflictos armados o guerras, siendo sin duda alguna las que soportan y padecen más duramente las consecuencias de ese conflicto bélico. Los informes de ONU, Amnistía Internacional, de diferentes ONG y de organismos internacionales que trabajan y operan en estas zonas son todos ellos demoledores. Es cierto que se han tomado cartas en el asunto, teóricamente se han tomado cartas en el asunto, ¿pero podemos decir que en la práctica se han llevado a cabo políticas para erradicar todas estas barbaridades que hemos dicho? Desgraciadamente tenemos que decir que no. Porque - alguien lo ha dicho - quienes evidentemente han de poner en marcha políticas que sustituyan a las que existían son las mismas personas, los mismos organismos o los mismos grupos que hacían semejantes barbaridades, no podemos encontrar nunca una solución. Hoy tenemos esta proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular, que nos parece bien, pero creemos que el Gobierno español puede y debe hacer valer su posición para que se cumpla eso que llamamos la Resolución 1325. ¿Si no se hubiera traído esta PNL a esta Cámara y si el Partido Popular no lo hubiera propuesto, el Gobierno español no habría solicitado en los organismos que le competen que se cumpla la Resolución 1325? Es su obligación. Por tanto, me parece muy bien que el Partido Popular proponga para todos, pero, independientemente de que todos aquí aprobemos esto, el Gobierno español está obligado a pedir que se cumpla esta resolución. Volviendo al contenido, el uso - y digo uso en el peor término de la palabra - de la mujer es y ha sido en toda la historia una estrategia de guerra, siempre. Los embarazos y partos obligatorios son utilizados por el ejército invasor, fuera quien fuere, en el territorio que fuere, como estigma, como castigo de guerra, se han dado en toda la historia y han sido una constante. Los tres casos de los que hemos hablado son un ejemplo paradigmático sin duda alguna. Para acabar, ¿cuántas mujeres han estado en el poder cuando se han producido esos conflictos armados o donde se han producido esos conflictos armados? Seguramente ninguna. Por tanto, cuando se dice que se dé una oportunidad a la paz, yo pido como hombre que se le dé una oportunidad a la mujer para que esté donde debe estar, porque seguramente muchísimos conflictos que los hombres hemos provocado en el mundo quizá no se hubieran dado si hubieran estado las mujeres. Muchas gracias.
Gracias, señor Agirretxea. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Lleonart.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la realidad de las mujeres y las niñas en escenarios de conflicto y su papel en la construcción de la paz no mejorarán sin acciones más firmes y decididas y un claro impulso político y de financiación a los objetivos acordados por la Resolución 1325 de Naciones Unidas. La frase no es mía, la frase es de María Solanas, coordinadora de programas del Real Instituto Elcano, en el informe Mujeres, paz y seguridad: lejos de las aspiraciones de la Resolución 1325. Dicho informe, de fecha 15 de septiembre de 2015, hace escasos días, pone de manifiesto a lo largo de nueve páginas que, tras quince años de la histórica resolución, no ha mejorado lo esperable la situación de las mujeres y las niñas, especialmente en lo que se refiere a las mujeres y niñas en situaciones de conflicto. España presidirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el momento en que esto alcance los quince años de edad y se trata de una oportunidad única para que desde nuestro país se impulse una agenda por la igualdad de género y nos comprometamos no solo a convocar un debate abierto, sino a liderar realmente el avance necesario en esta materia. En el año 2007 España aprobó un plan nacional de acción que implementaba esta Resolución 1325. De hecho fuimos uno de los primeros países en aprobar uno de estos planes con objetivos concretos trasladados al ámbito nacional. Han pasado ya ocho años de este plan y, atendiendo a los informes de evaluación del mismo, tanto los emitidos por la Administración pública como los emitidos por parte de la sociedad civil, va siendo hora de que elaboremos entre todos un nuevo plan nacional de acción. Sobre este punto quiero detenerme, no en el plan nacional sino en la necesidad de nuevas medidas y acciones. Desde nuestro Grupo Parlamentario de UPyD hemos leído con detenimiento la proposición no de ley que ha traído el Grupo Parlamentario Popular y, dado que se queda en meras cuestiones declaratorias, dado que realmente no avanza en la materia, no amplía, no abunda, nos parece poco ambiciosa. De hecho, nos parece casi una declaración institucional, con buen fondo, pero una declaración institucional, y nos preguntamos si para este viaje hacían falta estas alforjas, la forma que se le ha dado. Podríamos haber pactado un texto entre todos los grupos que se podría haber leído por parte del presidente de la Cámara y, al final, el efecto real que tendría, porque esto es una proposición, sería el mismo. Decíamos antes que han pasado quince años de la histórica, ambiciosa y necesaria Resolución 1325, pero mientras hoy aquí abundamos en ella las Naciones Unidas han seguido trabajando, han seguido haciéndolo en la vía de la protección, de la prevención, y han generado seis resoluciones más que incluyen todo lo que las anteriores iban desarrollando, que son mucho más ambiciosas y que reflejan aspectos que esta resolución no incluía, con lo cual lo que deberíamos estar tratando y a lo que deberíamos aspirar, si somos realmente ambiciosos y queremos proteger más y mejor a las mujeres y a las niñas en situación de conflicto, es a que los objetivos de la 1325 obviamente se cumplan, pero también a que se cumplan los de todas las resoluciones posteriores que se han ido desarrollando, incluyendo la última, de 2013, la 2122. Pese a ello, porque desde UPyD estamos convencidos de que nos queda muchísimo camino que recorrer en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo en situaciones de conflicto, y porque necesitamos recordárnoslo a nosotros mismos, votaremos a favor de esta proposición. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señor Lleonart. Grupo de Convergència i de Unió. En primer lugar, señor Picó.
Gracias, señora presidenta. El señor Nuet calificaba de hito histórico la adopción de la resolución 1325 y, efectivamente, con la previsión de la participación de las mujeres en la toma de decisiones para la prevención y resolución de los conflictos armados y la construcción de una paz duradera, lo fue. También cabe recordar las resoluciones derivadas en este sentido y sobre todo la resolución 2106 de 2013, que nos reclamaba - y nos reclama - hacer más para implementar los mandatos anteriores. Porque, señorías, en la actual situación de numerosos conflictos armados en África o en Oriente Próximo, la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene toda la razón de ser, pero nos hubiera gustado que hubiese dado un paso más, y me explicaré. La resolución 1325 no se concibió como un instrumento para la consecución de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero en la práctica ha servido para ese fin. La violencia armada deja al descubierto y agudiza las permanentes condiciones de violencia bajo las que viven muchas mujeres en el mundo, violencia directa y violencia estructural. Por eso mismo los pasos dados para protegerlas o hacer oír su voz en situaciones de conflicto forzosamente han de confrontarse con la desigualdad y la discriminación que viven las mujeres. Aunque la resolución realiza el llamamiento a la protección de las mujeres como grupo vulnerable en situaciones de conflicto, la noción de víctimas y de actores para su resolución reclama promover el derecho de las mujeres a ser reconocidas como sujetos con voz propia. Precisamente este reconocimiento a su participación en la resolución de conflictos es una reafirmación del derecho a la igualdad. Por tanto, podríamos haber dado un paso más en esta proposición no de ley. Quiero recordar que la semana pasada la Asamblea de Naciones Unidas aprobó los objetivos de desarrollo sostenible, y el objetivo quinto va dirigido a esto. Finalmente, una agenda universal y global para los próximos quince años reclamaba reconocer esa igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Echo en falta en su proposición no de ley esta situación.
Señor Picó.
Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Picó. Señor Guillaumes, por el mismo grupo.
Gracias, presidenta. Señorías, estamos hablando de la Resolución 1325, que hasta donde yo sé - quizá me equivoque - es la única que anualmente se celebra en las universidades y en muchos actos cívicos y públicos, y no es por casualidad. En derecho internacional, en caso de conflicto, existe un pequeño tesoro, que son las convenciones de Ginebra. Es un tesoro porque las han firmado prácticamente todos los países del planeta, pero justamente del tema de género casi no hablan; hablan en un sentido muy de su época de la defensa del honor y del pudor de las mujeres. Este hueco lo viene a ocupar la resolución 1325 y las seis subsiguientes que la complementan. Hablamos de atención al tema de género no solo en cuanto a la mujer como víctima, que también, sino asimismo en cuanto a la mujer en el momento de tratar de solucionar el conflicto, de tratar con las otras víctimas del conflicto, y a la hora de negociar las soluciones del mismo el papel femenino es imprescindible por dos motivos: uno obvio: son el 50 % de la población, y otro porque tienen una problemática específica evidente que se concreta desgraciadamente en la trata y en el abuso sexual, una problemática específica que se ha de tratar. Hay una frase famosa que dice que no hay paz sin mujeres. Es cierto. Que se curen las heridas que se generan a partir de los conflictos y que luego sea la mujer la que tenga un recuerdo más claro del conflicto y la que, dentro del ámbito familiar, lo recuerde para que no se vuelva a repetir es absolutamente imprescindible para la prevención de conflictos. Nosotros, desde la humildad, el día que se haga un plan nacional daremos algunos consejos - porque, como ha dicho algún otro portavoz, estamos ante una declaración muy genérica -, primero - muy rápidamente -, que los operativos del Ejército español cuando actúen en conflicto tengan en cuenta todo lo que prevé el Código Penal en cuanto a la defensa de la mujer, porque es prolijo, completo y permitiría una actuación mucho más contundente; segundo, que tengan instrucciones claras de actuar en temas de género y que en ningún caso, en ninguna negociación de ningún conflicto se incluya, dentro de la amnistía de los que han generado el conflicto, la amnistía para las situaciones de abuso de sexo. Esto puede complicar una negociación, pero, a la larga, si esta gente sabe que esto nunca va a ser amnistiado, será la solución para que no ocurran estas cosas en este tipo de conflictos. Con estas aportaciones y viendo también con buenos ojos la enmienda que propone La Izquierda Plural, nos felicitamos de que se celebre la iniciativa de esta resolución. Gracias, presidenta.
Gracias, señor Guillaumes. Por el Grupo Socialista, señora Jiménez.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el 31 de octubre del año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325. Se trataba de la primera vez que el Consejo de Seguridad se ocupaba del papel de las mujeres en las situaciones de conflicto armado y de posconflicto. Desde entonces se han aprobado otras seis resoluciones relacionadas con este tema sobre la mujer en situaciones de conflicto, sobre violencia sexual como arma de guerra, sobre el papel de las mujeres en los procesos y negociaciones de paz. En total, son ya siete resoluciones las que constituyen lo que denominamos un acervo normativo importante, de relevancia, en relación con la mujer en la paz y la seguridad. En este sentido el próximo día 31 de octubre vamos a celebrar el decimoquinto aniversario de la adopción de esta resolución, aniversario que va a coincidir con la Presidencia española del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es en este contexto en el que el Grupo Popular ha traído esta proposición no de ley que estamos debatiendo y que ya anuncio que mi grupo va a respaldar. La resolución 1325 fue un hito incuestionable a nivel mundial de concienciación sobre el sufrimiento, sobre la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas en los conflictos armados y sobre la importancia de su implicación en los procesos de prevención y solución de los mismos. Es un documento que es muy conciso, pero que no presenta ningún tipo de ambigüedad. Es un documento que insta, que exhorta, que pide acción y compromisos concretos tanto de la ONU y sus órganos como de los Estados miembros. La importancia y vitalidad de esta resolución la encontramos no solo en la reiteración total o parcial en resoluciones posteriores, sino también en la incorporación de las exigencias de la resolución a las formas de actuar por parte de los Estados pertenecientes a la ONU. La incorporación de la mujer a las misiones de la ONU, bien como observadoras o bien como integrantes de la fuerza, como es el caso de España, la preocupación por el incremento de la presencia de mujeres en los procesos de búsqueda de soluciones a los conflictos o la incorporación de sus necesidades al listado de asuntos a tratar en el marco de resolución de conflictos son muestras de la vigencia y relevancia de este documento. España además no ha sido ajena a la importancia de la resolución ni a sus exigencias. En el año 2007 el Gobierno socialista aprobó el Plan de acción para la Resolución 1325, plan que dos años después tuvo su implementación en el ámbito de la cooperación al desarrollo con el Plan de acción mujeres y construcción de la paz de la cooperación española. Estos dos planes han servido de marco a un importantísimo esfuerzo inversor, a un decidido apoyo a las exigencias y estructuras de Naciones Unidas en favor del desarrollo de las mujeres y de la infancia y, dicho sea de paso, dando gran relevancia a la lucha contra la violencia de género, que es uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad española y en la sociedad internacional en su conjunto. Por tanto, a nadie debería sorprender el apoyo de mi grupo a esta iniciativa. Es verdad que el Gobierno en diciembre de 2012 cerró la oficina de Naciones Unidas aquí en España y es verdad que hemos podido discrepar en muchas de las leyes y de los avances normativos en los que hemos podido estar implicados, pero, señorías, como recordaba hace un momento la presidenta, esta va a ser mi última intervención en esta Cámara y estaba pensando que si hago un balance de los últimos treinta años en los cuales he estado dedicada a hacer política, el balance es muy positivo. Pienso que las mujeres de todos los grupos políticos hemos trabajado y hemos luchado mucho juntas. Hemos podido tener discrepancias, pero estas han venido dadas más por razones políticas que por convicciones y por razones de defensa de la libertad y de los derechos de las mujeres. Echo la vista atrás y pienso en todo lo que hemos construido para conseguir tener lo que hoy tenemos, que es un país desarrollado, moderno, igualitario, de derechos y de libertades. Es tanto lo que hemos conseguido que ha merecido la pena. Ahora llegan otros, tomarán el relevo y estoy segura de que lo harán también muy bien, pero yo me quedo con ese buen sabor de boca de haber tratado siempre de conciliar, de dialogar, de llegar acuerdos, de llegar a consensos. Creo que eso es algo de lo cual nos podemos vanagloriar muchos de los que estamos sentados hoy aquí. Por tanto, ha sido un balance tan positivo que también significa mucho poder dar las gracias a todos aquellos con los que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de estos años. Queda mucho por hacer, pero realmente ha sido mucho lo que ya hemos conseguido. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Gracias, señora Jiménez. Antes he tenido que dirigirme en este mismo Pleno a otro compañero de esta casa, al señor Caldera - lo hecho en otros plenos con otros compañeros de diferentes grupos políticos -, y, sinceramente, en el caso de la señora Jiménez, significa un paso más para mí. Creo que las campañas electorales en Málaga no van a ser iguales sin la señora Jiménez, lo puedo garantizar. Ha sido una magnífica compañera, ha sido una persona defensora de los mismos derechos que defiendo yo y que defendemos todas las mujeres que nos sentamos aquí y nos sentimos todas profundamente orgullosas de que haya sido diputada y ministra durante tanto tiempo. Enhorabuena y muchísimas gracias, señora Jiménez. [[Aplausos]] Señora González, respecto a la enmienda, ¿sí o no? Como Cristo nos enseña, decían en mi tiempo.
En unos minutos se lo diré, presidenta, porque vamos a negociar un texto.
Perfecto. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CRISIS HUMANITARIA DE REFUGIADOS. [[Número de expediente 162/001298]]
Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la crisis humanitaria de refugiados. Para su defensa y presentación tiene la palabra la señora Esteve. [[Pausa]] Señora Esteve. [[Pausa]] Está emocionada.
Gracias, presidenta. Señorías, perdónenme, pero estaba algo distraída precisamente hablando de los refugiados, del tema que nos ocupa hoy. Quiero contar un poquito cómo se inicia esto. En el Grupo Parlamentario Socialista hace ya un cierto tiempo - me imagino que a todos ustedes les pasa igual - este tema nos viene ocupando y preocupando. Creo que no solo nos hemos sensibilizado, sino que hemos tomado conciencia de que los grupos políticos, los que tenemos responsabilidades públicas no podíamos quedarnos ajenos al problema, al drama humano, a las muertes y que algo teníamos que hacer, no solo lo que nos viene dado por las obligaciones que tienen el Estado y este Parlamento, sino algo más, algo de lo que hoy podemos sentirnos satisfechos y es que presentamos una proposición no de ley cuyos datos muy prontito quedaron obsoletos. Esto nos da una idea de la dinámica que tiene el tema, de cómo van sucediendo los acontecimientos, cada vez con más pérdida de vidas, más horror y más huidas. Esto ha permitido - también gracias al grupo que da apoyo al Gobierno - que hoy presentemos una enmienda que no es del Grupo Socialista, sino de todos los grupos que están aquí, una enmienda que probablemente no recoge lo que cada uno de los grupos por separado hubiéramos puesto o las exigencias que tenemos cada uno acerca de cómo tiene que ir tal o cual cosa - el presupuesto, las competencias -, pero creo que esto es menos importante que ser capaces de pactar diez puntos que sean no un punto de llegada sino un punto de salida para caminar y dar un ejemplo a la ciudadanía de que este Parlamento es capaz no solo de actuar con rigor y racionalidad sino también con comprensión, con empatía y haciéndose cargo del dolor de los seres humanos, que son los dos aspectos fundamentales que creo que tiene esta enmienda que presentamos. Es una enmienda que es de todos, aunque probablemente cada uno de los grupos después dirá que no contiene algo que les hubiera gustado y que es fundamental. Tenemos todo el derecho de defensa de aquellas particularidades que no están recogidas aquí, pero hay diez puntos sobre los que me parece que vale la pena que recordemos aquello en lo que nos comprometemos hoy y al final - quizá porque hemos estado con Antonio Trevín, con todos los compañeros, con Beatriz, Betina, trabajando - uno tiene la sensación de que esto está dentro, de que forma parte de uno mismo. A mí me parece que estos puntos son importantes y los voy a repasar en el tiempo que me queda, que todavía es bastante. La proposición no de ley recoge, primero, ofrecer una visión de conjunto y plantear objetivos para actuar en los diferentes planos - internacional, europeo y nacional -. Nos responsabilizamos con el papel que hemos de tener con todos los organismos internacionales y con los propios. Segundo, apoyar una verdadera política europea común. Fíjense que este no es un tema de agregaciones ni de deseos de unos y otros países. El mundo global conlleva compromisos globales y Europa debe dar respuesta a los retos también de forma global, con principios, con integración, con ayuda y con la cooperación de los terceros países. Tercero, comprometer al Gobierno - hoy del Partido Popular, mañana veremos lo que dirán las urnas, pero esto es un pasaporte para todos, es una garantía, un cojín en el que todos nos vamos acomodando -, que el Gobierno se comprometa a que todas las administraciones participen en la planificación, es decir desde el inicio, no se hace para, sino que se hace con, por tanto, con la acogida y la integración. También instamos a que el Gobierno establezca un fondo económico de apoyo a la acogida y a la integración porque es fundamental. Habilitar un dinero - además del que vendrá de Europa - significa también un compromiso con aquello que hemos de hacer en cada uno de los territorios, que es donde más impacto tendrá la llegada de estas personas, que merecen lo mejor de nosotros. Cuarto, promover una campaña de sensibilización. Fíjense, este tema lo consideramos todos muy importante, Carles. ¿Por qué? Porque con nuestro ejemplo estamos diciendo a los ciudadanos que no se trata tanto de esta ayuda puntual que uno hace - y hace bien en sentir y querer acoger y querer ayudar - sino de que se haga sobre la base de un proyecto planificado que permita ir más allá de las emociones, que permita la vida, que permita la convivencia, que permita cohesionar unas nuevas realidades que cada día cambian y que son muy dinámicas. Esto me parece muy hermoso, muy hermoso y además evita la aparición de actitudes racistas o xenófobas. Pero lo que yo destacaba es el compromiso, establecer un compromiso recíproco de apoyar las líneas anteriores, lo que se ha hecho; habremos hecho las cosas mejor o peor y quizá peor que mejor, porque el tema del asilo no ocupaba, como la inmigración, un primer plano en nuestro trabajo, en nuestras prioridades, probablemente porque la presión no era tan alta. Es verdad que en este tema hemos de mejorar y no hay una ocasión como esta para hacerlo. Hay que sacarlo de la confrontación de los partidos políticos. No pongas un refugiado en tu grupo para tirárselo a la cara al otro porque sería despreciar el valor humano que conlleva esta actuación; por tanto, fuera de la confrontación. Voy acabando. Más allá de todo esto, tenemos la obligación moral, como país, de comprometernos con las personas perseguidas por conflictos y guerras que intentan salvar sus vidas con su propia vida. Hoy es Siria, es Eritrea, son todos esos países en los que cada día vemos imágenes del horror, pero antes fuimos nosotros. Recordemos las imágenes de después de nuestra Guerra Civil, huyendo a Francia y Latinoamérica: 800.000 personas se desplazaron. La memoria a veces es corta y se trata de no perderla y de comprender que hay dinámicas en este mundo global que generan injusticia e indefensión de los seres humanos y que a veces los propios países que acogemos somos causantes de ellas; es causa, respuesta, responsabilidad, dónde empieza y dónde acaba. Cuando los refugiados están huyendo, cuando traspasan fronteras, cuando se encuentran con vallas, merecen que al final, como seres humanos, se les acoja, se les dé una oportunidad. Antes hablábamos de menores, de cuántos menores - alrededor de 70.000- podrían estar de paso en España. Estamos hablando de un fenómeno terrible y les pido solidaridad en estado puro y racionalidad y política en estado puro también. Convirtamos esta alienación en integración, construyamos en definitiva un modelo flexible de convivencia. No construimos para que todo se quede igual, construimos para adaptarnos a un mundo que cambia cada día en nuestros barrios y en nuestras ciudades, cada uno con su historia. El momento actual nos exige a los políticos - y acabo - flexibilidad, dirección, comprensión, mirada larga pero también concreción, pensando en nuevos paradigmas de convivencia que hemos de ir tejiendo a diario no para buscar el mundo ideal, que seguro que no existe, sino para contribuir al mejor mundo posible. [[El señor]] Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Esteve. Se han presentado varias enmiendas a esta iniciativa. Empezamos por el Grupo Mixto y tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora Esteve, qué enorme satisfacción que en uno de los últimos plenos de esta legislatura podamos tratar un tema sobre el que la sociedad española nos pedía responsabilidad, nos pedía diálogo, nos pedía que no hubiera confrontación política. Qué enorme satisfacción que demos dignidad a esa representación que tenemos del pueblo de este país, que no sigamos el ejemplo de otros países europeos que están pensando en claves políticas, en pactos políticos, en discursos de campañas electorales y que hoy logremos un consenso político en el tema de los refugiados. Es un tema que no está empezando. El acuerdo europeo al que se ha llegado es una pequeña gota y hasta que no haya una solución definitiva en todas las zonas de conflicto, fundamentalmente en este momento en Siria, Afganistán e Irak, va a estar ahí. Estemos a la altura de las circunstancias. Estoy feliz de que una propuesta que hizo esta diputada, quizá por la sensibilidad de haberlo vivido, sobre el tema de los menores haya quedado recogida en la propuesta. Me siento feliz de que esté ahí específicamente. Esa denuncia de Unicef, hace casi una semana, de que hay cien mil menores inmigrantes no acompañados vagando por Europa es un tema a considerar. España tiene mucha experiencia en la gestión de menores inmigrantes no acompañados. Tenemos que aportarla y tenemos que saber que podemos estar en punta en una materia tan sensible. No queremos ver niños en la playa, pero tampoco queremos ver niños abandonados en Europa. Antes de terminar, permítame, señora presidenta, dirigirme a doña Trinidad Jiménez, porque como canaria viví con ella el otro drama de la inmigración. Una de las políticas más importantes fue la de cooperación con los países del entorno africano-canario, haciendo desarrollo, haciendo cooperación. El Instituto de Medicina Tropical es en este momento un referente en África y en Latinoamérica, luchando contra la malaria, trayendo investigadores africanos y latinoamericanos, teniendo uno de los dos laboratorios de alto riesgo de España, y nunca se hubiera conseguido sin la sensibilidad que ella tuvo con esta diputada en aquel momento. Es un ejemplo - estamos hablando de refugiados y estamos hablando de desarrollo - de lo que tiene que ser este país. Muchas gracias y que le vaya bonito. Gracias, señores diputados. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Oramas. Señor Tardà.
Gracias, señor presidente. Señora Esteve, la memoria es corta y España no ha sido ejemplo de nada en todo lo relativo a refugiados. En treinta años España ha acogido tantos refugiados como en un solo año Alemania. Le recuerdo que cuando hicimos la Ley del año 2009 - con la que fuimos muy críticos porque se convirtió en una de las leyes más restrictivas de Europa -, aun cuando gobernaba la socialdemocracia en el Estado español, se acogía el 10 % de lo que acogía la República italiana de Berlusconi, con lo cual está todo dicho. Datos Eurostat de 2014: Unión Europea 185.000 solicitudes; España, 1.583 concesiones. Luego el Estado español se ha convertido en un fortín. A pesar de lo dicho, a pesar de que el Estado español no es un Estado ajeno a muchos conflictos bélicos causa de esta diáspora del horror, a pesar de la venta de armas a Estados que vulneran los derechos humanos, a pesar de que siempre, de forma repetida, se nos han rechazado enmiendas estos últimos años - hablo de hace muchos años - que tendían a incrementar los recursos para los refugiados, a pesar de todo votamos a favor. Proponemos también dos enmiendas in voce que hemos presentado atendiendo al procedimiento un tanto irregular de esta iniciativa. Primero, solicitamos que se haga una transacción a fin de que se pueda votar. Pedimos que se introduzca en el punto número 7 que se debe garantizar una distribución de las personas refugiadas entre las comunidades autónomas en proporción al parámetro de población o quizás al parámetro PIB; no me importa, puede ser objeto de debate. Segundo, planteamos que el fondo que ha propuesto sean los recursos que se transfieran y distribuyan a las comunidades autónomas en función del número de personas refugiadas, a fin y efecto de que puedan llevar a cabo en el marco de sus competencias lo que nos proponemos hacer bien. ¿Por qué? Porque si hoy queda claro esto evitaremos peleas futuras. Dice usted que no hay que utilizar políticamente a las personas refugiadas; por supuesto, sería un pecado mortal, pero hagámoslo bien desde el principio, porque, como venimos de donde venimos y sabemos cuántas veces han despreciado nuestras propuestas desde hace muchos años en todo aquello que afecta a las personas refugiadas, nos queremos curar en salud. Así pues, les pido que en la transaccional que finalmente hagamos se incluyan estas dos variables. Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra también el señor Iñarritu.
Gracias, señor presidente. Señorías, Amaiur apoyará esta proposición, si bien, a decir verdad, nos ha costado, ya que algunas de las afirmaciones que se realizan en la parte expositiva son falacias. Entre ellas destacan algunas que obvian esas palabras del señor ministro cuando calificaba de goteras a los refugiados y los criminalizaba dejando caer que algunos podían tener vinculaciones yihadistas, cuando son precisamente las personas que huyen del yihadismo las que están llegando, o cuando hablaba de asaltos o invasiones. Por un lado nos dicen que España está a la altura, pero por otro lado nos dicen que han contribuido a una acción europea sistemática, generosa y efectiva. Es un chiste, ¿verdad? Vayan a Melilla y verán que hay 1.500 sirios hacinados en el CETI, con sus familias bloqueadas en Nador, que solo pueden acceder a territorio europeo pagando a mafias parapoliciales. Los niños tienen que pasar por manos de las mafias y todo esto está ocurriendo en una frontera europea. No hace falta mirar a los sirios que están ahora en Grecia, Macedonia o Hungría; hay ya un problema aquí, en este territorio, en el que España está a la altura - dicen ustedes -, pero a la altura del barro. Por otro lado, la señora Esteve nos decía que hay un deber ético y moral, pero va mucho más allá, hay un deber jurídico. Hay directivas, hay leyes y hay convenios que se están incumpliendo y que España se salta a la torera. De igual forma nos dicen que esta crisis humanitaria se debe al desplazamiento de miles y miles de personas, pero la causa no es el desplazamiento, las causas son otras en las que en muchas ocasiones los Gobiernos de la Unión Europea han sido cómplices por acción u omisión. Voy acabando, señor presidente. Es curioso que nos digan que continúan adaptando la normativa, cuando ni los Gobiernos del Partido Socialista ni los del Partido Popular han movido un dedo para trasponer directivas y aprobar un reglamento a la Ley de Asilo. En definitiva, Amaiur apoya estas propuestas como un primer paso, como unos mínimos, pero echa en falta otras propuestas que hablen de rutas legales y seguras de libre circulación, de salvamento y rescate y de reunificación familiar. Lo dicho, esperemos que esto sirva como un primer paso contra la actitud vergonzosa que el Gobierno ha mantenido hasta ahora en este asunto. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Esteve, quiero felicitarla por su calidad retórica, que es indiscutible, pero no por el contenido material de todo lo que ha dicho, porque todo el mundo sabe ya a estas alturas que la retórica muchas veces encubre la exacta identidad de los problemas que hay que resolver. Tiene usted razón; tanta razón tiene que mi grupo va a retirar, señor presidente, las cuatro enmiendas que mantenía vivas con relación a esta proposición, por entender que el consenso es un valor preeminente en una materia de esta envergadura y de este dramatismo sobre cualquier posición que podamos legítimamente mantener los distintos grupos parlamentarios. Lo cortés no quita lo valiente. Quiero dirigirme personalmente a doña Trinidad Jiménez, porque en los últimos Plenos, señor presidente, estamos asistiendo recurrentemente a la despedida de personas que han constituido verdaderos activos parlamentarios en la historia de estas incipiente transición democrática del Estado español. En los próximos Plenos se van a despedir otras personas. Al que le suceda a usted no le arriendo la ganancia, y esto cójalo a beneficio de inventario. No sé lo que va a tener que gestionar, pero ya puedo augurar que no va a ser fácil. En todo caso y dicho esto, señora Esteve, usted seguramente conoce, porque se ha publicado en un medio de comunicación de amplia difusión y que usted seguramente lee todos los días, lo que dice un filósofo de nacionalidad iraní y catedrático de la Universidad de Toronto, Ramin Jahanbegloo. Con relación al problema que nos ocupa, afirma que el mundo de sufrimientos y tragedias de los emigrantes que contempla hoy Europa está tan lejos de sus pensamientos - de los pensamientos de Europa - como el más remoto de los planetas. Comparto esta opinión, amén de otras reflexiones particularmente ilustrativas de este filósofo iraní, catedrático en la Universidad de Toronto. Su retórica no puede compensar esta reflexión tan lúcida, porque tiene carencias que usted conoce perfectamente, como las conozco yo. Las vamos a relativizar por mor de la necesidad de consenso, incluso de lo que usted preconizaba originariamente, que es la necesidad de un pacto de Estado, porque si algún problema requiere un consenso que se aproxime por lo menos a un pacto de Estado es este con el que estamos conviviendo. Sin embargo, en su proposición faltan muchas cosas, y faltan porque usted ha buscado el consenso renunciando a parte de su acervo intelectual y a parte de sus planteamientos sobre los problemas que nos afectan. Usted nos ha presentado una proposición no de ley que raya en el optimista desiderátum. Aquí también hay que comentar aquellos aspectos que deben ser objeto de crítica. Lo más positivo de lo que usted nos presenta es que se comunitariza o se le da una dimensión europea - por fin, después de tantos años - al problema de la emigración, al problema de la extranjería y al problema de los refugiados. Se acepta como un aspecto relevante para todos o casi todos los países de la Unión Europea este problema, pero hay muchos problemas que usted no atiende por mor de recabar los consensos que han posibilitado algo muy parecido a un pacto de Estado, que es una proposición no de ley, instrumento insuficiente jurídica y también parlamentariamente para configurar un pacto de Estado sobre esta materia. ¿Hasta qué punto es razonable y coherente con los requerimientos de la Convención de Ginebra, su protocolo de desarrollo en Nueva York y los requerimientos del Tratado de Viena una política de cuotas? ¿Por qué una política de cuotas? ¿Desde cuándo la condición de refugiado y la adquisición del derecho de asilo tienen que estar parcelados en forma de cuotas? La cuota que asume el Estado español no llega ni al 0,036 % de la población del Estado español. ¿Es generosa esta posición? ¿Vamos a realizar una reflexión apologética de la generosidad del Estado español en materia de aceptación de refugiados - que tienen toda la legitimidad del mundo para que se les reconozca, porque son perseguidos, su condición de refugiados y el derecho de asilo - cuando la propia legislación española, el reglamento de la Ley 12/2009, que usted exige y nosotros también, está pendiente de desarrollo? ¿Por qué todas las instituciones públicas han sido adelantadas por la sociedad civil? ¿Por qué se nos han adelantado Amnistía Internacional, Acnur o la Iglesia católica? Todas las instituciones, personas particulares, familias y clubes de fútbol han actuado de forma más rápida y seguramente más solidaria que la propia institución que representa la soberanía del Estado español. Tenemos que hacer una reflexión autocrítica sobre esta cuestión que su retórica ha edulcorado por mor del consenso. ¿Por qué la Comisión Europea no realiza reflexiones mucho más contundentes contra lo que se está haciendo en países como Hungría y otros, que levantan vallas vergonzantes y vergonzosas, contrarias al acervo comunitario, amén de los convenios que hemos citado, como fundamentalmente la Convención de Ginebra, en relación con los refugiados y el asilado? Eso es contrario al acervo comunitario. Un país que practica estas políticas no puede pertenecer - el señor Juncker se lo debería decir - a la Unión Europea porque no forma parte de los principios inspiradores del acervo comunitario, que son las normas, la filosofía y los principios inspiradores de una especie de constructus que estamos haciendo los países comunitarios, basado en los derechos fundamentales y las libertades públicas de tratados que están suscritos hasta por Hungría paradójicamente. Fíjese hasta qué punto estamos llegando a la paradoja, porque también el Estado español se erige en ejemplo cuando su política en materia de extranjería es la que usted y yo conocemos. Se acaba de legalizar la devolución en caliente; los CIES están en la situación que ha sido comentada por algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero lo más grave son algunas reflexiones de personas relevantes del Partido Popular, que no es que rayen en la xenofobia, es que penetran directamente en ella, estigmatizan a las personas que huyen del terrorismo.
Señor Olabarría, tiene usted que terminar.
Ya acabo, señor presidente. Y como siempre, la gran bombero del Gobierno del Partido Popular, la señora vicepresidenta, ha tenido que salir a dar una rueda de prensa específicamente para intentar atenuar el efecto demoledor de estas reflexiones xenófobas. Desde esta perspectiva, le agradezco su optimismo, su buenismo. Es la primera aproximación normativa a una verdadera política de Estado en esta materia, y hay que agradecérselo, pero conoce las carencias, las dificultades y las reservas mentales que a usted, a mí y a todos los demás nos genera una proposición de estas características. El bien del consenso es un bien - casi es un valor - superior del ordenamiento jurídico y por eso vamos a votar que sí. El contenido material es tan deletéreo todavía que usted, yo y ojalá todos los demás - cuando digo todos los demás me estoy refiriendo también al ministro del Interior, ocupado en otros avatares de mayor dimensión conceptual seguramente - tenemos que avanzar hacia posiciones mucho más concretas que configuren una política de asilo y de refugio que por lo menos se compadezca - solo pido eso -...
Señor Olabarría.
Ya acabo.
No; es que tiene usted que acabar porque está repitiendo lo mismo.
Acabo ya, señor presidente. ... con la legislación española en esta materia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Olabarría. En efecto, se ha pasado del tiempo, pero tengo que agradecerle su referencia a los diputados que se están despidiendo, que han sido pilares de esta Cámara y que vamos a perder. Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente para anunciar que mi grupo por supuesto va a apoyar esta iniciativa parlamentaria y que nos alegramos mucho de que sea en un tema de tanta importancia, porque en realidad se trata de un problema de la democracia y no solamente, como quizá se repite con demasiada facilidad, de un problema humanitario o sentimental, aunque también lo sea. Es evidente que en la crisis de los refugiados hay un enorme componente emocional y que muchas veces lo que ha conseguido que cambien de opinión prácticamente todos los Gobiernos de Europa, incluido el español, han sido las reacciones emocionales de la opinión pública, lo cual habla bien por una vez del género humano y de su predisposición a la compasión y a la solidaridad. La verdad de fondo es que estamos ante una crisis democrática, que lo es porque nos hemos encontrado con un problema que nos ha desbordado, pues de una manera absolutamente carente de previsión no habíamos acabado de entender en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo globalizado y los grandes desplazamientos de población, que siempre han existido - desde que tenemos historia, sabemos que han existido -, se han convertido ahora en algo visible y escandaloso. Eso no se puede esconder debajo de la alfombra. Es un problema de la democracia no porque sea tremendo - que lo es -, no porque sea terrible el sufrimiento de tantas personas inocentes - que lo es -, sino sencillamente porque pone de manifiesto que las costosas estructuras administrativas que hemos ido creando siguen siendo incapaces a día de hoy de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de garantizar que haya Gobiernos que se hagan cargo de sus propias poblaciones y que no traten a sus ciudadanos como enemigos, como está ocurriendo en Siria, en Afganistán y en tantos otros Estados fallidos que hay por el mundo, en muchos casos como consecuencia de los procesos poscoloniales. [[Rumores]] En España no habíamos escapado ni mucho menos a la insensibilidad o a la negación del problema democrático que significa la existencia de personas carentes de derechos. Como decía, mi grupo se congratula mucho de que haya sido posible llegar a este texto consensuado, pero no tenemos mucho de que presumir; además, nadie en particular. Estaría completamente fuera de lugar que hubiera manifestaciones de superioridad moral e ideológica a las que tan acostumbrados estamos. Me gustaría recordar que en el año 2008 el Gobierno de Rodríguez Zapatero denegó nada menos que el 95 % de las peticiones de asilo, lo cual es verdaderamente escandaloso. El año pasado el Gobierno actual algo mejoró en esta materia, pero tampoco mucho: denegó el 57 %. La consecuencia ha sido que, como a otros países de la Unión Europea, se nos ha abierto un procedimiento por posible vulneración de los acuerdos europeos en materia de asilo político. Hay que cambiar todo esto y, aunque el contenido material de esta proposición no de ley no esté ni mucho menos acabado ni sea perfecto - seguramente no lo será nunca -, más vale dar este paso en la buena dirección - en este caso lo digo sin ninguna ironía - que mantenerse en la negación y en dar la espalda a la realidad incómoda del mundo en que vivimos y que no va a cambiar. Además, España es un país que tiene una nefasta tradición histórica en la producción de refugiados. Hemos sido un país que ha expulsado a grandes masas de población. En 1492 expulsó a los judíos, en 1609 a los moriscos y durante la Guerra Civil hubo cientos de miles de personas que se desplazaron dentro del propio territorio de una zona a otra y otros cientos de miles más que salieron como consecuencia de la victoria de Franco. Por lo tanto, deberíamos ser un país con una sensibilidad especial para darnos cuenta de que siempre que se provoca una marea de refugiados lo que está ausente es la democracia, y no solo la democracia, sino que está ausente considerar a nuestros semejantes como iguales en el sentido democrático del término. [[Rumores]] Para acabar, ya que es una ocasión extraña y poco frecuente para poder hablar de generalidades éticas y políticas en un tono que no es de reproche, me gustaría decir que la democracia se basa en una idea muy sencilla, que es la idea de la intercambiabilidad. Es la idea de que el otro en el fondo es igual que yo; aunque no sea igual en talento, en fortuna o en nacimiento, desde luego sí lo es desde el punto de vista de que es un ser humano. De ahí viene esa máxima ética universal que es muy popular y conocida y que no dice otra cosa que no hagas al otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. Como digo, nuestro país ha producido cientos de miles de refugiados y no solamente en caso de guerra. Me gustaría también aprovechar la ocasión para recordar algo que no se recuerda muy a menudo. [[Rumores]] ETA produjo también decenas de miles de desplazados por la amenaza de la violencia en años muy recientes y siguen desplazados fuera de las casas donde les gustaría vivir. Sin embargo, lo fundamental es que entendamos esto: si hay refugiados, algo ocurre en la democracia, y cuando hay cientos de miles o millones de refugiados está fallando justamente la estructura política del mundo que estamos construyendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. [[Rumores]] Por favor, ruego silencio. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
Gracias, señor presidente. [[Rumores]] Si algo está dejando claro el debate de esta tarde en la Cámara, aparte del consabido ruido antes de las votaciones por la incorporación de los diputados que vienen a terminar de charlar de sus asuntos en la Cámara y no dejan expresarse a los portavoces, es que hay una importante voluntad de consenso por parte de todos los grupos parlamentarios respecto al tema de la crisis de asilados que estamos padeciendo en Europa. La segunda cuestión que está dejando bastante clara es que hay importantes diferencias en las visiones políticas de cada uno de los grupos parlamentarios respecto a la cuestión de la inmigración. No podemos ocultar las diferencias enormes que han separado a muchos de los grupos de esta Cámara de las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno del Partido Popular bajo esta proposición no de ley que de forma unánime va a aprobar la Cámara y que contará también con el voto afirmativo de mi grupo parlamentario, que igualmente firma la enmienda. Las diferencias han sido importantes, pero eso no nos debe hacer olvidar la voluntad... [[Rumores]]
Perdón, señor Sixto. Por favor, no se oye al orador. Despejen sobre todo los pasillos. [[Pausa]] Continúe, señor Sixto.
Gracias, señor presidente. A veces con este ruido es complicado escucharse a uno mismo para seguir el discurso. Decía que las diferencias son importantes, no las vamos ocultar, algunos portavoces de los grupos parlamentarios ya las han dicho. A mí me gustaría dejar negro sobre blanco que nos habría gustado que se hubiese contemplado una mayor referencia a la apertura necesaria en el conjunto de la Unión Europea de corredores humanitarios que no obliguen a los asilados a tener que ir corriendo de unas fronteras a otras o cruzando canales de mar en condiciones lamentables, sino abrir de una vez unos corredores humanitarios que puedan llevar a los refugiados desde su punto de origen hasta los puntos de destino. Abrir vías de acceso cotidiano, no solamente ante esta crisis; abrir vías a otros refugiados de otros conflictos, no solamente el conflicto de Siria; ampliar el papel de las legaciones diplomáticas de España y de los otros países de la Unión Europea en terceros países para facilitar el asilo desde los países de origen, desde los países intervenidos. Son cuestiones que nos habría gustado que se hubiesen incluido en esta declaración, pero es una declaración de mínimos, no es una declaración que cierre el proceso. Tampoco es una declaración de ratificación de la política del Gobierno. Es cierto que la política del Gobierno ha cambiado a este respecto en los últimos meses. Hace unos meses el Gobierno y el ministro del Interior ni siquiera aceptaban el mínimo de las cuotas, que tampoco es el sistema ideal. En el tema del asilado compartimos con el Partido Nacionalista Vasco que no es una cuestión de cuotas, uno tiene que acoger lo que tiene que acoger en función de la legalidad internacional y la realidad de los conflictos que existen, pero al menos se ha avanzado, el Gobierno ha avanzado, y ni siquiera por el mérito del Partido Popular y del resto de los grupos de la Cámara, sino que - lo han dicho otros portavoces - gracias al mérito de la sociedad española, de las organizaciones no gubernamentales, que nos han dado una lección a todos, que han dado una lección indubitable sobre una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad española, que sin duda no olvida que hemos padecido a lo largo de nuestra historia y recientemente en el siglo pasado, al final de la guerra civil, el problema del asilo. Nos habría gustado que se hubiesen incluido otras cuestiones. En este sentido, quiero decirle a Esquerra Republicana que compartíamos buena parte de la enmienda que planteaba. Asimismo, quiero decirle al Grupo Vasco que habríamos compartido que las cinco enmiendas que ha presentado se hubieran podido admitir, sobre todo por la cuestión de las devoluciones en caliente, sobre lo que no me voy a extender, porque es un tema muy sensible sobre el cual se ha legislado hace poco en la Cámara. Entendemos que muchas veces es una cuestión sangrante. Por todo ello mi grupo parlamentario se va a sumar al consenso. Como decía el señor Olabarría, el consenso es un valor superior, y a ese consenso nos sumamos. Las diferencias siguen siendo todavía importantes. El tema tampoco se cierra hoy. Mi grupo parlamentario interpela mañana al Gobierno precisamente sobre este tema. Hay también mañana varias preguntas al Gobierno sobre este asunto, muestra de que los grupos parlamentarios y de que esta Cámara no cierran hoy aquí la cuestión sino que pretenden hacer un seguimiento de la política que va a desarrollar el Gobierno respecto a los asilados, al comportamiento político, a la evolución y a la dotación presupuestaria. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Sixto. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene en primer lugar la palabra el señor Picó.
Gracias, señor presidente. Empezaré por el final de lo que tenía pensado decir. El resultado del acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, ciertamente un acuerdo de mínimos, a Unió le satisface. Todos hemos tenido que renunciar a propuestas concretas que hemos formulado ante esta crisis - la señora Esteve lo decía -, y Unió también lo ha hecho, pero esto es la política: dialogar, pactar, renunciar en parte para alcanzar acuerdos que den respuestas a realidades. Es una realidad que reclamaba, en primer lugar, una respuesta que debía comprometer a todas las administraciones, a la central, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, cada una en sus respectivas competencias. En segundo lugar, reclamaba una respuesta integral, amplia, que debía satisfacer las necesidades de las personas y de las familias que acogeremos; no hacerlo así sería una irresponsabilidad por nuestra parte. También reclamaba una respuesta a una situación de crisis, pero sostenida en el tiempo, porque no será una situación puntual, y debemos prepararnos para ello, ante reacciones populistas que no compartan esta respuesta. Pero, señorías, hoy solo cumplimos con nuestra obligación, que no es otra que proteger a quien merece ser protegido. Garantizar protección internacional a quien cumple los requisitos para solicitarla es una obligación de derecho internacional, por tanto no hacemos nada más que cumplir la legislación internacional cuando nos disponemos a recibir a todas aquellas personas que viven en zonas de conflicto y que han vivido bajo circunstancias durísimas. Dos comentarios. Primero, quisiera resaltar la valentía y la resolución de la Comisión Europea, especialmente de su presidente, Jean Claude Juncker. La crisis migratoria ha puesto de manifiesto un eterno problema europeo: quién debe tener la legitimidad y soberanía para adoptar medidas ante problemas conjuntos de Europa. Creo que, ante la posición que adoptaron muchos de los Estados miembros, inicialmente también el Gobierno del Estado, la respuesta está clara: solo tenía y tiene sentido responder como Europa, como un todo ante esta situación. Un segundo comentario, que es una crítica. No hemos sido suficientemente conscientes de la situación que se vive en Siria y en los países vecinos de Siria. No hemos sido suficientemente solidarios. De los casi 3.000 millones de euros que la comunidad internacional se comprometió a donar para ayuda humanitaria en el conflicto de Siria a Acnur, al Programa Mundial de Alimentos, etcétera, solo se ha hecho efectivo un 31 %. La situación ha colapsado porque no hemos sido suficientemente corresponsables para encontrar una solución al conflicto de Siria. Dicho de otra forma, somos corresponsables de estar donde estamos actualmente ante esta crisis migratoria. Repito que nos congratulamos por el consenso alcanzado sobre las medidas que debemos adoptar como Estado respecto a la crisis humanitaria de refugiados. Muchas gracias, señor presidente. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Picó. Por el mismo Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene ahora la palabra el señor Campuzano.
Gracias, señor presidente. Señorías, mi grupo, como no puede ser de otra manera, comparte el contenido del texto que vamos a someter a votación, así como el discurso apasionado y bien construido de la señora Esteve, con argumentos no habituales en el debate de la Cámara, y con el que nos sentimos muy reflejados. Pero esta discusión de hoy por la tarde debe introducir elementos críticos sobre la cuestión de fondo, sobre cómo Europa ha gestionado esta crisis. Europa ha llegado tarde y no suficientemente bien. En las fronteras de Europa hemos visto escenas que nos han conmovido y que nos han avergonzado, y hemos escuchado a líderes políticos europeos, como al primer ministro Orbán, que no respondían a los valores que constituyen la esencia de la Unión Europea. Y lo que es más relevante: la crisis de los refugiados ha puesto de manifiesto que no existe un verdadero sistema de asilo europeo. Lo sabíamos, la crisis lo ha puesto de manifiesto, y ello obligaría en los próximos tiempos a avanzar hacia una verdadera política común en materia de asilo que hoy no existe. En el caso español la crisis de asilo y refugio también pone de manifiesto las enormes debilidades estructurales de nuestro sistema de asilo. La cuestión no es tanto, señorías - que lo es también -, el escasísimo número de solicitudes de asilo que llegan a España y el escasísimo número de solicitudes de asilo que son favorablemente respondidas en España en relación con el resto de Estados europeos - las cifras son realmente escandalosas -, sino que lo que es realmente grave es la indefensión a la que están sometidos aquellos demandantes de asilo, que pueden pasarse meses esperando recibir una respuesta a su solicitud. Se publicaba estos días en la prensa de Barcelona, en La Vanguardia, casos de personas que están cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve meses pendientes de recibir respuesta y viviendo en la calle sin ningún tipo de ayuda; o las opacidades de nuestro sistema de acogida a los refugiados - y quiero destacar el caso concreto de El Vendrell -; o, lo que es más escandaloso, la situación que se continúa viviendo en el CETI de Melilla, la situación que hasta muy poco se vivía en la frontera exterior de Ceuta y Melilla. No tenemos una buena política de asilo en España y esta crisis debe servir para responder a la crisis europea y asumir nuestras obligaciones como socios europeos, pero también para abordar las cuestiones de fondo, como las debilidades, las opacidades o los problemas estructurales del sistema de asilo. Señorías, cómo responden el Estado español y Europa a esta crisis tiene que ver con los valores reales en los que fundamentamos nuestra convivencia. Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, tenemos la obligación de hacerlo mejor porque eso marcará el tono moral de la sociedad europea, el tono moral de la sociedad española. En este compromiso estamos los diputados de Convergència Democràtica. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Campuzano. Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
Muchas gracias, presidente. Ante todo voy a agradecer a la señora Esteve y al señor Trevín - que no lo veo, pero supongo que estará por aquí - lo bien que hemos trabajado. Partimos de una iniciativa suya, la hemos trabajado en común, cada uno ha aportado lo que ha podido, se ha recabado el acuerdo con los demás grupos y creo que se ha trabajado especialmente bien. En esta tarde de hoy hemos tenido diversas despedidas, la de doña Trinidad Jiménez y la del señor Caldera y, sumándome a lo que todos han dicho de ellos, quiero agradecerles su labor. A saber dónde estaremos los demás en la próxima legislatura. Estamos hablando de la cuestión más grave y dolorosa que hemos visto y a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son escalofriantes. Estamos hablando de más de 250.000 muertos - me refiero solo a la cuestión siria -, de más de 10 millones de desplazados internos, de 4 millones de refugiados en campos de países muy generosos, como Turquía, Jordania, Líbano e Irak. Es una situación - se ha dicho aquí - en la que hay más de 80.000 niños, muchos de ellos solos, que la mayor parte llevan años sin escolarizar, que han huido de la guerra, del exterminio, y que vagan - ahora viene un invierno que será especialmente duro - en viajes de más de dos años. Yo me congratulo de que los grupos lleguemos a un acuerdo. No quiero decir la palabra satisfacción, porque esta palabra no cuadra cuando estamos hablando de esta cuestión, pero sí que hay que hacer un reconocimiento, y tiene mucho valor que enviemos a una sociedad que ha demostrado ser muy solidaria el mensaje de sacar esto fuera de la pendencia política; sería obsceno hacerlo de otra manera. Voy a dar una pequeña prueba, ahora personal, de que la quiero sacar de la pendencia política, que es aceptar las críticas y no contestarlas. Bienvenidas, las estudiaremos pero, efectivamente, no voy aprovechar este turno para contestarlas. Como aquí ya se han dicho muchas cosas, y la señora Esteve ha explicado los diez puntos, yo creo que muy bien, voy a hacer algunas precisiones. La primera es una alusión que me parece extraordinariamente importante a la raíz de esta cuestión. La raíz lleva más de cinco años, cuando el régimen sirio empieza a exterminar a su pueblo; los mata, los bombardea y los extermina. La raíz está en que de ahí sale Daesh, y huyen porque están degollando a sus vecinos, y la raíz de lo que está pasando ahora está también en que los campos de los países que les han acogido están desbordados. Tenemos que meditar sobre si hemos actuado bien en la raíz, tal como el presidente del Gobierno repite sin cesar. En cualquier caso, son lecciones aprendidas pero, por lo menos, comportémonos bien con las víctimas de esta tragedia. Otra precisión del señor Picó - y estoy de acuerdo - es que el asilo no es solo una cuestión de generosidad y solidaridad; es un derecho. Para ellos es un derecho y para nosotros un deber, y esto es especialmente importante. A todo aquel que tenga derecho a recibir asilo se le dará. Con esto entro en otra precisión que me parece también importante. Yo creo que hay una confusión en esta cuestión de las cuotas. Las cuotas son un procedimiento de emergencia puesto en marcha por la Unión Europea. Nosotros, claro que sí que vamos a asumir nuestras cuotas, y lo haremos de la manera más eficaz y más responsable posible. Pero aquí mismo dijo el ministro del Interior que, además de las cuotas, acogeremos a todos aquellos que pidan a nuestras puertas asilo, y llegaremos, posiblemente el año que viene, no a la cuota que nos ha fijado la Unión Europea y que aceptamos con enorme responsabilidad, sino casi a 35.000 asilados que vendrán no por la cuota, sino por el procedimiento ordinario por el que este año, por ejemplo, hemos recibido ya a 7.000 personas. Si estas precisiones las he hecho porque me parecen importantes, también quiero decir - recordando lo que dijo la señora Báñez - que hay que actuar diferenciando en este momento lo urgente, que es la acogida, y trabajemos desde ya en lo importante, y lo importante - voy a usar las palabras que utilizó el Papa en las Naciones Unidas - son las tres tés: tierra, techo y trabajo. Actuemos ahora mismo con emergencia, ya, con la Unión Europea. Se ha dicho aquí que la Unión Europea ha trabajado mal, pero dentro de un mes, la Unión Europea tendrá puestas unas estructuras magníficas - seguro -, un sistema preciso. Esto ha desbordado las previsiones. Querría añadir otra cuestión, los fondos; habrá los que se necesiten; absolutamente, habrá los que se necesiten, y ese es nuestro compromiso. Como he dicho antes, tendremos a las 18.000 personas de esta llamada cuota, pero llegaremos a mucho más; posiblemente, dijo el ministro, a 35.000 refugiados. En la Unión Europea estamos trabajando en esa política común de asilo, y ojalá seamos capaces de tener una prisa enorme y tenerla en los próximos meses. Quiero también aquí hacer un reconocimiento...
Señora Rodríguez-Salmones, tiene que acabar, porque se ha excedido mucho de su tiempo.
Ahora mismo termino, señor presidente. Como decía, quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones sociales, sin las cuales no podríamos estar haciendo todo esto: Acnur, CEAR, Cruz Roja, Cáritas, etcétera. Quiero garantizarles sencillamente que el mecanismo que ha puesto en marcha la vicepresidenta del Gobierno con ocho ministerios pondrá todo nuestro sistema autonómico, local y social a funcionar para esto. Antes de terminar, presidente, me quiero sumar a lo que ha dicho la señora Oramas respecto al drama de los niños. El 85 % de los niños está...
Señora Rodríguez-Salmones, tiene que terminar. No puede sumarse a nada.
Termino en este momento. Señorías, vuelvo a agradecer el consenso con el que hoy vamos a votar esta proposición. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. Se ha presentado una enmienda por parte de todos los grupos, que creo que será la que sometamos a votación. ¿Es así, señora Esteve? [[Asentimiento]] En dos minutos procederemos a votar. [[Pausa]]
Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. Sustitución de doña María Luisa Carcedo. Pregunto a don Adrián Barbón Rodríguez si jura o promete acatar la Constitución.
Sí, prometo. [[Aplausos]]
Don Adrián Barbón ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. [[Aplausos]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 2 votos telemáticos, 309; a favor, 141 más 1 voto telemático, 142; en contra, 166 más 1 voto telemático, 167.
Queda rechazada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL, QUE INCORPORA UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ESPECIAL PARA PERSONAS FÍSICAS, EN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES O, COMO TRABAJADORES AUTÓNOMOS, EN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES. [[Número de expediente 122/000194]]
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales. Hay dos votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305 más 2 votos telemáticos, 307; a favor, 129 más 1 voto telemático, 130; en contra, 172 más un voto telemático, 173; abstenciones, 4.
Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por La Izquierda Plural. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; en contra, 1.
Queda aprobada. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CRISIS HUMANITARIA DE REFUGIADOS. [[Número de expediente 162/001298]]
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la crisis humanitaria de refugiados. Hay una enmienda presentada conjuntamente por todos los grupos, que es la enmienda que se somete a votación. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.
Queda aprobada por unanimidad. Se suspende la sesión. Eran las ocho de la noche. Corrección de error. En el Diario de Sesiones número 306, correspondiente a la sesión plenaria número 286, celebrado el miércoles 16 de septiembre de 2015, en la página 5, en la línea decimotercera, donde dice 'Fernando Vera' debe decir 'Hernando Vera'.