Se reanuda la sesión. Antes de comenzar la sesión de control al Gobierno, recuerdo a los grupos parlamentarios que, para procurar un desarrollo ágil del debate y de las votaciones correspondientes a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, comuniquen no más tarde de las 9:30 horas sus solicitudes de votación separada y las enmiendas que afectan a sus propuestas, a fin de determinar el orden y los términos en que se someterán a votación.
Pasamos, a continuación, a tratar las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias. Buenos días, señora presidenta, señorías. Señor presidente del Gobierno, en el último CIS, un 19 % de la ciudadanía reconoce informarse a través de Radiotelevisión Española. Hace cinco años esa cifra ascendía al 39 %. Es una caída de 20 puntos en cinco años. Mientras tanto: cambio unilateral de la mayoría para elegir al presidente, denuncias de manipulación por parte de los profesionales y también una drástica disminución de la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Hoy tenemos una Radiotelevisión Española con unos excelentes profesionales, pero desfondada desde el punto de vista de la credibilidad, la calidad y la audiencia, y con un modelo económico cuestionado en estos momentos respecto a su sostenibilidad. Le he oído decir en diversas ocasiones, señor Rajoy, que su modelo ideal es el de la BBC, y lo que quiero saber es si creen que han dado los pasos adecuados para conseguirlo y, en caso contrario, qué van a hacer a partir de ahora. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor Hernando. Señor presidente del Gobierno.
Gracias. Muchas gracias, señor Hernando. La Corporación Radiotelevisión Española y los profesionales que en ella trabajan son plurales e independientes. A usted, igual que a mí, podrá gustarle más o menos cómo se da una u otra noticia, pero yo desde luego defiendo la profesionalidad y la independencia de sus profesionales. En la Televisión Española y en Radio Nacional se entrevista a líderes de distintos partidos de los que forman parte de esta Cámara, a usted, a mí, probablemente a usted en más ocasiones que a mí; además, en los programas informativos intervienen habitualmente colaboradores externos, periodistas que trabajan en distintos medios de comunicación con distintas formas de ver las cosas y allí opinan como estiman oportuno y conveniente. En cuanto a la economía de Televisión Española, recuerdo que ustedes hicieron un ERE que le costó 1.500 millones de euros al erario público y le recuerdo que nos dejaron sin ingresos porque suprimieron la publicidad. También le digo que, por primera vez en mucho tiempo, este año Televisión Española va a cerrar sus cuentas sin ningún tipo de déficit. Y, en cuanto a las audiencias, vea que en las audiencias del mes de noviembre, los servicios informativos de la Corporación de Radiotelevisión Española son los que acumulan un mayor número de espectadores. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Hernando.
Evolucione, señor presidente. Mire, nuestro objetivo es garantizar un servicio público de calidad, con unos contenidos que sean atractivos, independientes, creíbles y sostenibles económicamente. Y como estamos al principio de una legislatura y al final de un mandato-marco, lo que le propongo a usted y al resto de grupos de la Cámara es que lleguemos a un gran acuerdo para hacer un nuevo modelo de financiación, un nuevo modelo de gobernanza de la Corporación Radiotelevisión Española y un nuevo modelo de programación de servicio público, señor Rajoy, que garantice, por una parte, la excelencia y, por otra parte, el futuro de Radiotelevisión Española y de sus profesionales. Y, ¿por qué ahora? Porque ustedes no tienen mayoría absoluta. Y eso es muy positivo, señor Rajoy, porque eso les obliga a rectificar y a negociar en este tema de Radiotelevisión Española y también en otros temas, como, por ejemplo, el de las pensiones. Han vetado la subida de las pensiones que hemos pedido varios grupos de la Cámara, y los mayores necesitan esa subida de las pensiones, señor Rajoy. La semana pasada le dije: tienen una importante reunión con los sindicatos; y a ustedes esa reunión no les salió bien, porque los sindicatos al día siguiente estaban convocando unas movilizaciones que nosotros apoyamos porque se niegan a reformar los aspectos más dañinos de su reforma laboral. Esta semana tienen el Consejo de Política Fiscal y Financiera que irá mal si ustedes se empeñan en no negociar con las comunidades autónomas y con los grupos para que no haya recortes en las prestaciones, en los servicios que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. Por lo tanto, señor Rajoy, no se obsesione con las políticas del pasado, no se obsesione con el pasado. Rectifique y rectifique ya en Radiotelevisión Española y también respecto a la subida de las pensiones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor presidente del Gobierno.
Gracias. Ha hecho usted un mix, señor Hernando [[Risas]], porque por aquí han aparecido las pensiones, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los sindicatos y demás compañeros. Yo estoy dispuesto a hablar con usted de todo lo que quiera. Sí quiero señalarle una cosa y es que el reto más importante que tiene Televisión Española no es el reto al que usted ha hecho referencia - este es el discurso que hemos oído los últimos cuarenta años y lo hemos hecho ustedes y nosotros -, el reto más importante que tiene Televisión Española hoy en día es conseguir que esté en la vanguardia de los movimientos que se están produciendo. En el mundo audiovisual están pasando algunas cosas importantes: las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo, la interactividad, la multiplicación de la oferta; hoy hay nuevos distribuidores y nuevos productores que compiten con los operadores clásicos; hoy se consumen contenidos a través de las pantallas, de los móviles, de las tabletas, de los ordenadores; hay mucha gente que ya ve la televisión a la carta, es muy importante también la gente que ve la televisión bajo demanda; y creo que el reto más importante que tiene Televisión Española hoy es adaptarse a los cambios que se están produciendo en el mundo audiovisual. Yo estoy dispuesto a hablar con usted de lo que quiera, pero este, sin duda alguna, es el tema capital y es el que servirá para garantizar el futuro de Radiotelevisión Española. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. - DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO EJECUTAR LAS DECISIONES DEL PODER LEGISLATIVO? [[Número de expediente 180/000042]]
Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué piensa hacer el Ejecutivo para aplicar las decisiones del Legislativo?
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar.
Señor Iglesias.
Impresionante respuesta, señor Mariano Rajoy. Como usted sabe, la Constitución española, como es normal, reserva la capacidad legislativa a las Cortes Generales, capacidad que estas Cortes comparten con el Gobierno por delegación a través de los decretos legislativos o a través de la propia iniciativa del Gobierno mediante decretos-leyes. No voy a caer en la tentación de citar al barón de Montesquieu para hablarle de la división de poderes, para eso ya está su socio Albert Rivera que ayer se cubrió de gloria reivindicando al antisemita Henry Ford como figura emprendedora. Sí le diré que en España, señor Mariano Rajoy, la soberanía reside en el Parlamento y la soberanía se expresa a través de la capacidad del Parlamento de hacer leyes que modifiquen en algo la vida de la gente. La primera cuestión es, señor Mariano Rajoy, que ustedes han dicho que vetarán cualquier decisión de este Parlamento que afecte al presupuesto. Han llegado a utilizar el veto para posicionarse en contra de una decisión de este Parlamento como la paralización del calendario de la Lomce, que es una demanda social de este país. Primera pregunta, señor Mariano Rajoy: ¿no le parece a usted que si este Parlamento no puede tomar decisiones que afectan al presupuesto su capacidad legislativa y, por lo tanto, su ejercicio de la soberanía se ve comprometido y limitado? En segundo lugar, señor Mariano Rajoy, usted ha informado a este Congreso de que están disconformes con que aquí se tramiten proposiciones que tengan que ver con temas tan dispares como las tasas judiciales o la pobreza energética. Le hago una pregunta: ¿a usted qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy, lo que piense este Parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel? Porque creo que en España hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que en España manda más la señora Merkel que este Parlamento, y ese es un problema que a usted le debería preocupar. [[Aplausos]]
Señor presidente del Gobierno.
A mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo, porque le llamaré la atención. [[Risas]] Señor Iglesias, vivimos, como muy bien ha dicho el señor Rivera, en un sistema de división de poderes. Los poderes son tres, cada uno tiene sus funciones y hay que respetar las funciones de los tres. El Poder Legislativo, artículo 66 de la Constitución, tiene fundamentalmente tres funciones: aprobar los presupuestos, controlar la acción de Gobierno y ejercer la potestad legislativa. Por tanto, ahí manda el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, según el artículo 97 de la Constitución, tiene otras funciones: dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado; ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria; o sea, gobernar, y en ese ámbito quien decide, como es natural, es el Gobierno. Aún hay otro poder, el Poder Judicial, que garantiza el cumplimiento de la ley por parte de todos, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de cualquier ciudadano. Eso es la democracia, tres poderes, cada uno con sus funciones y cada uno independiente. Por tanto, el control al Gobierno se hace como dice esta Cámara, el presupuesto que se aprueba es el que aprueba esta Cámara y las leyes que el Gobierno tiene que cumplir y atacar son las que dice esta Cámara. El resto es función del Gobierno, gobernar. Eso, señor Iglesias, es así, tengo que decir que por fortuna, lo es en todos los países de nuestro entorno, lo es en nuestro país desde el año 1977 y espero que lo siga siendo en el futuro. Se trata de respetar las competencias de todos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Sinceramente, creo que no es tan difícil. Muchas gracias. [[Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ POLÍTICAS ESTÁ LLEVANDO A CABO SU GOBIERNO PARA FOMENTAR EL USO DEL PRESERVATIVO? [[Número de expediente 180/000024]]
Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Gracias, presidenta. Señor presidente, como usted sabe, mañana es un día importante, es el Día internacional de lucha contra el sida y, como seguramente también sepa, el preservativo es nuestro principal aliado en esta lucha. No lo digo yo, lo dicen expertos tan insignes como Bonaventura Clotet. Dado que desde que usted es presidente del Gobierno el presupuesto en esta materia se ha reducido un 70 %, ¿qué tipo de medidas tiene pensadas para fomentar el uso del preservativo? Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias. Señor Rufián, efectivamente mañana es el Día mundial de la lucha contra el sida, un recordatorio para que todos sigamos combatiendo esta enfermedad y otras enfermedades de transmisión sexual. Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, como usted sabe, en materia de prevención y de tratamiento, pero hay que seguir trabajando con los grupos de riesgo, hay que combatir los efectos de carácter social o laboral que estas enfermedades generan, hay que concienciar a los ciudadanos, hay que avanzar en el diagnóstico precoz y hay que impulsar aún más la formación del personal sanitario, entre otros muchos ámbitos. Es un esfuerzo que procuraremos redoblar esta legislatura continuando los esfuerzos que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, que tienen una parte sustancial de las competencias en esta materia, hemos hecho en los últimos años. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Rufián.
Señor presidente, la verdad es que la pregunta iba en torno al preservativo, al condón; no estamos hablando de Bárcenas, lo puede decir: condón, preservativo. Dicho esto, dado que parece no tenerlo muy claro, desde Esquerra Republicana le proponemos que, por ejemplo, no se pague el mismo IVA por una suite de hotel que por un condón, y ya puestos, que no se pague el mismo IVA por un Jaguar que por un pañal. Muchas gracias. [[Rumores]]
Muchas gracias. Silencio, por favor. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, por su réplica, señor Rufián. Como usted sabe, aunque a usted no le parezca, se hacen numerosos esfuerzos por parte del Ministerio de Sanidad y, como le decía antes, también por parte de las comunidades autónomas en la lucha contra el sida. Las medidas de prevención son muy importantes, son imprescindibles, y por eso el Gobierno coordina mediante el Ministerio de Sanidad el Plan estratégico de prevención y control de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual; un plan que está consensuado con las comunidades autónomas y las sociedades científicas. Además, el Gobierno colabora en distintos programas con subvenciones a las organizaciones no gubernamentales. Estas subvenciones han experimentado un incremento del 72 %, y este viernes en el Consejo de Ministros acordaremos el reparto de las mismas. Asimismo, hay que sumar a estos programas los desarrollados por las comunidades autónomas, en los cuales también colabora el Gobierno que yo presido, cuyo objetivo básico es sensibilizar especialmente a los adolescentes en comportamientos preventivos y responsables. Por otra parte, también hay una gran batalla a nivel internacional por parte de Naciones Unidas en la lucha contra el sida. España ya ha cumplido dos de los grandes objetivos para el año 2020; ya lo hizo en 2015. Más del 90 % de las personas diagnosticadas están en tratamiento antirretroviral y más del 90 % de las que están en tratamiento presentan carga viral indetectable. Quedan, sin duda alguna, muchas cosas por hacer, pero vamos a seguir trabajando en la misma dirección, coordinados con las organizaciones no gubernamentales, las comunidades autónomas, las sociedades científicas, y el Gobierno de España espera que usted aporte... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor presidente. Acabó el tiempo. - DE LA DIPUTADA DOÑA MERITXELL BATET LAMAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CÓMO PIENSA PLANTEAR EL GOBIERNO SU RELACIÓN CON CATALUÑA? [[Número de expediente 180/000034]]
Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, un modelo de financiación pendiente de renovación desde 2013, ausencia de Conferencia de Presidentes, ni una comisión bilateral, silencio ante los temas planteados por el Govern de Catalunya y, por supuesto, ninguna cuestión de calado, como la renovación del pacto de convivencia de 1978; una legislatura perdida de prácticamente cinco años. Es verdad que algo se ha empezado a mover, pero ya le digo que los esfuerzos van a tener que ser mayúsculos para intentar cambiar las cosas, y esta legislatura es una ocasión; es una buena ocasión para incorporar a su actitud diaria, a la de este Gobierno, la pluralidad del país y, sobre todo, para acercar los dos Gobiernos y las sociedades que representan para bajar la conflictividad. ¿Cómo piensa afrontar la relación de su Gobierno con las instituciones y la sociedad catalana? [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Batet, este Gobierno lo hará con la búsqueda del consenso, dentro de la legalidad institucional, respetando y pidiendo a otros que respeten el marco constitucional de convivencia y atendiendo a las necesidades reales de los catalanes, de todos los catalanes; en fin, señoría, dialogando y dialogando mucho, especialmente con su grupo parlamentario. Creo que podríamos hablar mucho de los errores del pasado, de unos y de otros, pero a mí me gustaría extraer una sola conclusión: cuando el Partido Popular y el Partido Socialista hemos trabajado juntos es cuando hemos acertado, porque en este tema, señora Batet, no caben las equidistancias. Espero que ustedes y nosotros estemos siempre en el mismo sitio, en el respeto a la ley y en nuestro marco constitucional de convivencia. Ese es el entorno adecuado para el diálogo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Batet.
Gracias, presidenta. Le proponemos abordar la cuestión de fondo. Está bien haber pasado de una política de frentes a una de gestos, pero hay que llegar a la política de los acuerdos, de las acciones. La renovación del acuerdo territorial mediante la reforma de la Constitución es urgente en Cataluña, llevamos años insistiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista. Este grupo parlamentario es plenamente consciente de que la política de Estado requiere de consensos, de unanimidad incluso, pero para ello hay que trabajarlo con objetivos que valen la pena desde nuestro punto de vista: el derecho a convivir, el derecho a construir juntos un proyecto ilusionante. Y para eso es urgente dejar de parapetarse detrás de la Constitución y de la ley y utilizarlas para hacer política, una política de diálogo, de negociaciones honestas y sobre todo de consensos. No puede ser que el Gobierno de España no tenga una política, una respuesta, para Cataluña y para los ciudadanos de Cataluña, de la misma manera que no puede ser que el Govern de la Generalitat deje sin voz a sus ciudadanos y a sus ciudadanas ante los órganos del Estado, como la Conferencia de Presidentes. Por todo ello, señora vicepresidenta, lo que le pedimos, lo que le urgimos es que trabaje para encontrar cauces políticos para hacer política y que dé respuestas. Los socialistas les ofrecemos lo que nosotros llevamos defendiendo desde hace años: la reforma de la Constitución. Los catalanes y catalanas nos lo merecemos y el conjunto del Estado se lo merece. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Batet, usted plantea aquí una reforma de la Constitución y a mí me gustaría decirle varias cosas. En primer lugar, que esa es la vía, la democráticamente correcta, cuando uno lo que plantea es modificar el marco de convivencia que nos hemos dado todos. En segundo lugar, que esa vía, como usted sabe muy bien y lo ha dicho, exige consenso. Exige consenso en el punto de salida y en el punto de llegada, exige que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico de los problemas y también en las soluciones. Me imagino que hoy en esta Cámara veremos distintas afirmaciones en este punto. Yo les pediría a todos una cosa. El éxito de la Constitución de 1978, señora Batet, que no es un parapeto, es nuestro marco constitucional de convivencia que protege a todos, fue que siendo un producto de todos, servía para dar cobijo a todos. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que se llama concordia. Y solo si mantenemos la concordia que logramos en 1978, lograremos fortalecer nuestro modelo y no debilitarlo. Por lo demás le diré que el Gobierno va a trabajar para abrir cauces de diálogo, para ensanchar los cauces de diálogo. Nos hemos preocupado siempre por las necesidades reales de los catalanes. Han estado siempre en nuestra agenda, señora Batet, y puede repasar lo hecho y lo que haremos. Este Gobierno, le recuerdo, es Gobierno también en Cataluña y de todos los catalanes, señoría, porque aquí de lo que se trata es de dar respuesta a todos los catalanes. Cataluña es muy plural; tan plural que no es solo como la ven unos y otros, sino como seamos capaces de verla todos y también el conjunto de los españoles, que la sienten como parte querida y apreciada. Muy buenos días. [[Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien]] - DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ABORDAR EN ESTA LEGISLATURA UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN? [[Número de expediente 180/000040]]
Pregunta del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pues en la misma línea, señora vicepresidenta: ¿Tiene previsto el Gobierno abordar durante esta legislatura la reforma constitucional?
Muchas gracias. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Errejón, la Constitución española se ha reformado dos veces - yo fui ponente de una de sus reformas - y las dos veces se ha hecho por iniciativa legislativa de esta Cámara. Se lo digo no por escurrir el bulto, sino porque acabo de oír al señor Iglesias que le planteaba al señor Rajoy que quieren gobernar desde el Parlamento. Bueno, pues a lo mejor en este tema, que es una reforma de la Constitución, que parte de una iniciativa legislativa de las Cortes, puede también usted hacer algo y dejar solo de preguntar al Gobierno; convendría que ambos vinieran consensuados de casa [[Rumores]], porque en una reforma de la Constitución es de lo que se trata, ponerse de acuerdo, como le decía a su compañera, en lo que queremos reformar, en para qué queremos hacerlo y cuál es el punto final, para que logremos entre todos un gran consenso. [[Aplausos.-Rumores]]
Muchas gracias. Señor Errejón, adelante.
Se lo decía, señora vicepresidenta, porque el próximo martes se cumplen treinta y ocho años de la Constitución de 1978 y creemos que ante ese hecho va a haber dos grandes actitudes. Va a haber un gran grupo de ustedes que se autoproclaman constitucionalistas que hablarán de cosas que pasaron hace cuarenta años, repetirán muchas veces concordia, se vestirán de traje, acudirán a las ceremonias y puede que incluso el señor Rivera acabe citando a Adolfo Suárez. [[Rumores]] Va a haber otro grupo para el que en lo fundamental homenajear a la Constitución tiene que ver con actualizarla por el país que somos hoy y no por el que éramos hace cuarenta años; actualizarla y ensancharla. Decimos actualizarla y ensancharla porque tenemos la sensación de que las políticas de su Gobierno han estrechado la Constitución porque tienen una idea más estrecha de España. Han estrechado la Constitución - al menos déjeme citarle tres ejemplos - en lo que tiene que ver con la autonomía municipal y con la autonomía de los ayuntamientos. La ley de su colega Montoro es una ley hecha contra la autonomía municipal consagrada en el artículo 137 y es una ley que permite que presupuestos que cuadran perfectamente, como los de Madrid o Barcelona, estén en riesgo de intervención. Ustedes han estrechado la Constitución porque tienen una visión estrecha de la nación española y como no son capaces de entender la plurinacionalidad no tienen nada que ofrecer a Cataluña más allá de las amenazas. Ustedes han estrechado la Constitución porque cuando firmaron con el Partido Socialista la reforma del artículo 135 para que tuviera prioridad por encima del gasto social el pago de los intereses de la deuda, dejaron en agua de borrajas la definición de España como Estado social, y una buena parte de los derechos - al empleo, a la educación, a la sanidad - contenidos en el Título I quedan supeditados a la acción de los mercados financieros y, por tanto, rompen una parte fundamental del acuerdo de convivencia. Bien, eso no podría volver a pasar. Cuando ustedes hicieron eso en el verano de 2011 les dijimos desde fuera del Parlamento que ustedes no podían hacer eso sin consultar al pueblo español. Hoy estamos aquí y garantizaremos que nunca más se hará una reforma constitucional de ese calado sin consultar en referéndum al pueblo español. La pregunta es: ¿hacia delante tienen ustedes pensado algo para que quepa más gente dentro del acuerdo constitucional para ensanchar el acuerdo constitucional? Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Errejón, le he escuchado con mucha atención y, mire, reformar la Constitución es trabajo de algo más que de minorías ruidosas, como ustedes se califican a sí mismos, ni siquiera de mayorías transversales. Reformar la Constitución tiene que ser una tarea de todos, una tarea además muchas veces poco ruidosa pero mucho más efectiva sencillamente, porque la Constitución - esa que ustedes tanto critican - tiene que servir para dar cobijo a todos. Aunque hoy ha hablado más de legislación ordinaria que de Constitución, he leído y he debatido con algunos de sus compañeros lo que ustedes proponen: unos cambiar la forma del Estado; otros reformar derechos, no solo ampliarlos sino también estrecharlos, como la libertad de expresión, un referéndum de autodeterminación que, señor Errejón, a mi juicio lo que hace es liquidar la esencia de la nación misma. Esa que usted quiere ensanchar y que yo veo tan grande como una nación de ciudadanos libres e iguales dueños exclusivos de su soberanía. A lo mejor lo que quiere hacer usted es que España se parezca un poquito más a Unidos Podemos, Madrid y sus confluencias pero creo que, sencillamente, España es otra cosa: una nación de ciudadanos que aspiran a vivir en libertad, a tener los mismos derechos y obligaciones, a ser solidarios entre sí y a que nosotros les demos también un poquito más de concordia. Muchas gracias. [[Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON OSKAR MATUTE GARCÍA DE JALÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿VA A RETIRAR EL GOBIERNO, ABANDONANDO LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE RECURRIR LAS LEYES LEGÍTIMAMENTE APROBADAS POR LAS INSTITUCIONES VASCAS Y NAVARRAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS QUE OSTENTA, EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA SOCIAL Y POLÍTICA DE AMBAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, LOS RECURSOS PRESENTADOS HASTA EL MOMENTO? [[Número de expediente 180/000001]]
Pregunta del diputado don Oskar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, siendo ya habitual la apelación de su Gobierno en esta nueva fase a la apertura y la inauguración de un nuevo tiempo político marcado por el diálogo, le realizamos la siguiente pregunta. ¿Va a retirar el Gobierno, abandonando la práctica sistemática de recurrir las leyes legítimamente aprobadas por las instituciones vascas y navarras y en cumplimiento de las competencias que ostenta, expresión de la voluntad de la mayoría social y política de ambas comunidades autónomas, los recursos presentados hasta el momento?
Muchas gracias. Señora vicepresidenta.
Señor Matute García de Jalón, me pregunta usted por los recursos frente a leyes de instituciones vascas y navarras. ¿Sabe por qué puede hacer esta pregunta? Porque usted es un representante del conjunto del pueblo español y como tal, aunque sea diputado por la circunscripción de Vizcaya, puede preguntar por los asuntos que afectan a todos, pero son dos comunidades autónomas distintas con sus propias instituciones, con su propia dinámica y con su propia actividad legislativa. Respecto del País Vasco, le diré que el Gobierno vasco ha recurrido en treinta y cuatro ocasiones disposiciones que emanan del Gobierno español y nosotros diecisiete disposiciones del Gobierno vasco y que nuestra voluntad es reducir la conflictividad, incluso reanalizar si algunos de esos recursos pueden ser negociados y con los consiguientes cambios actualizados. Con respecto a Navarra, habla usted de sus instituciones. Pues bien, le diré que el Gobierno de la nación ha recurrido quince disposiciones del Parlamento de Navarra que precisamente fueron aprobadas en contra de algunas instituciones navarras, de los servicios jurídicos de su Cámara parlamentaria, del Gobierno de Navarra, que no las apoyó - en aquel momento estaba presidido por Unión del Pueblo Navarro -, y de la mayoría parlamentaria, no absoluta pero sí amplia, existente en esa Cámara. Por tanto, señor Matute, diferencia en las instituciones, porque, por un lado, son comunidades autónomas distintas y, por otro, han funcionado de una manera también diferente. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Matute, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, no me otorgue más galones de los que deseo. Soy representante de una parte de la ciudadanía vasca, ciudadanía vasca de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca en todo caso, pero no representante del conjunto del pueblo español ni de nada parecido. [[Rumores]]
Silencio, por favor. Silencio.
Nos resulta paradójico que su voluntad para renegociar, para cambiar la posición mantenida hasta la fecha de interponer recursos a decisiones adoptadas por la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra pueda ser manejada en función de los nuevos tiempos, porque eso puede significar que su determinación para interponer recurso por un supuesto incumplimiento legal no lo era tanto si a la vez está dispuesta a renegociarlo ahora, en voluntad de un nuevo tiempo. En cualquier caso, para que la gente conozca los recursos de los que estamos hablando, son recursos que no afectan al núcleo de la Constitución, a aquello que en una anterior respuesta ha dicho que era la soberanía nacional española. Tienen que ver con cosas como los desahucios, el copago sanitario, la asistencia sanitaria a inmigrantes o la regulación de los clubes de cannabis en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma vasca y con la prohibición de la práctica extractiva del fracking en nuestra comunidad o la consideración del derecho a la vivienda como derecho subjetivo dentro de nuestro ordenamiento. Todo esto es lo que su Gobierno ha paralizado de forma sistemática, negando así la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas vascas y navarras puedan vivir mejor, de una manera más digna, puedan tener unas cotas de dignidad que quizá ustedes en su Gobierno no contemplan para sus ciudadanos y ciudadanas, pero nosotros y nosotras sí quisiéramos y estamos en disposición de ofrecerlo para los nuestros y nuestras. Para finalizar, quiero decir que quizá tenía razón el catedrático emérito del Tribunal Supremo español, el señor Martín Pallín, cuando hace dos días decía algo como lo siguiente: Hay una tendencia, quizás heredada de cuarenta años de dictadura, de confundir Estado de derecho y Estado de leyes. Me da lástima tener que recordar a mis colegas que el Estado de derecho se califica por los principios y no...
Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta.
Señor Matute, usted es representante del pueblo español, elegido por la circunscripción de Vizcaya, y le recuerdo que en Navarra no tienen ninguna representación porque allí no han sacado ni un solo escaño, por lo que si usted pregunta por Navarra lo hace como representante del pueblo español. [[Aplausos]] Si quiere, puede preguntar por Vizcaya todo lo que quiera, pero en Navarra no tienen representación. Y tanto que hablan de democracia, respeten ustedes las decisiones de los ciudadanos que habitan en Navarra, que han decidido organizarse como una comunidad autónoma, con una ley de amejoramiento pactada con el Estado que nosotros respetamos. Es decir, respete un poquito más la democracia de los demás. Señor Matute, no vea fantasmas. Estas no son cuestiones identitarias ni sociales. Cuando ustedes recurren disposiciones del Gobierno de España lo hacen en defensa de su autogobierno y cuando el Gobierno recurre disposiciones de comunidades autónomas lo hace en defensa de las competencias que ejerce en beneficio de todos los españoles. Por eso, en ocasiones se reúne la Comisión bilateral del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora vicepresidenta. - DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS CAMPO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES VAN A SER LAS PRIORIDADES DEL MINISTRO DE JUSTICIA TRAS HABER RECHAZADO ESTA CÁMARA LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PACTO DE INVESTIDURA EN ESTE ÁMBITO? [[Número de expediente 180/000035]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Juan Carlos Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, usted entra en el Gobierno sustituyendo a un ministro cuya gestión bien puede calificarse de la peor de la democracia para la justicia. Le pidieron que aterciopelara algunas de las cuestiones que habían causado más daño a la ciudadanía. Pronto se ganó su gestión el calificativo de contrarreforma. Efectivamente, maquilló la Ley de tasas, pero fue un maquillaje insuficiente, como les ha dicho el Tribunal Constitucional, y no olviden la gran frustración que se ha generado en nuestra ciudadanía. Se maquilló, con una retirada parcial, la Ley del aborto y, efectivamente, hay que poner en su haber que generó un nuevo ámbito de diálogo - tenue, pero diálogo - en el sector justicia. Pero no olvidemos que la X Legislatura es la legislatura del rodillo. Es la legislatura que se recordará por cuestiones como la prisión permanente revisable y la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, si no nos movemos con cuidado, va a generar la impunidad de grandes delincuentes. Es la legislatura del bochorno de Lexnet, un mecanismo de agilización procesal que se convierte en sonrojo por su disfuncionalidad y que, lejos de ahorrar papel, está generando las mayores compras en las papelerías. Es una legislatura que olvidó el incremento de la planta judicial, la modificación de la planta y de los órganos judiciales. Es, en suma, una legislatura que olvidó al ciudadano. Con esta nueva legislatura y con un pacto con Ciudadanos nos presentan un modelo de justicia que ya ha tenido el primer revés en esta Cámara la semana pasada. Ya les dijimos que no es buen método la imposición, no es buen método el contrato de adhesión. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos: señor ministro, ¿cuáles son las prioridades del Gobierno de la nación para solventar los problemas de nuestra maltrecha Administración de Justicia? ¿Se va a poner el foco de atención en el ciudadano para dotar de contenido a ese derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas? Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, presidenta. Señor Campo, como usted decía, la semana pasada aquí, en esta Cámara, hubo un debate de aproximación a las ideas generales en torno a la reforma de la justicia y yo me quedo con algunas de las frases que usted mismo puso de manifiesto, como que hay que trabajar de manera consensuada, hay que buscar acuerdos y hay que trabajar por el ciudadano, porque no tenemos que olvidarnos de que al final de todo esto está el ciudadano. Le compro absolutamente esos planteamientos y le ofrezco que empecemos a trabajar en esa dirección. Durante la X Legislatura han sido muchas las reformas que se han abordado en esta Cámara y en el Senado, y no tendríamos tiempo en estos dos minutos y medio para hacer balance de lo que ha salido bien y de lo que ha salido menos bien, porque es verdad que no siempre acertamos con nuestras propuestas, aunque partan de la mejor buena fe. Lo que sí es seguro es que para el futuro, leyendo sus programas electorales y lo que hemos dicho en campaña los partidos políticos, parece que tenemos claramente identificado qué es lo que hay que hacer: Hay que agilizar nuestra justicia, en particular la justicia penal; hay que fortalecer la democratización y la independencia del Poder Judicial; hay que mejorar la gestión, el día a día de nuestra Administración de Justicia, la del Estado y la de las comunidades autónomas, ya que hay una responsabilidad compartida en ello; hay que trabajar con herramientas de gestión propias del siglo XXI, y hay que seguir mejorando algunos aspectos como, por ejemplo, el fortalecimiento del derecho a la defensa a través de la abogacía y de la asistencia jurídica gratuita para garantizar la tutela judicial efectiva de todos. Son simplemente algunas cuestiones. Tendré la oportunidad el próximo lunes de comparecer en la Comisión de Justicia, como usted bien sabe, y allí tendremos el tiempo suficiente para debatir y compartir ideas. Nosotros queremos que esta legislatura se caracterice por el diálogo, por el debate, por la búsqueda de alternativas razonables y por un gran consenso en torno a la reforma de la justicia. Nos lo están pidiendo los ciudadanos hace ya mucho tiempo y nos lo están pidiendo los profesionales: los jueces, los fiscales, los abogados y los procuradores. Ahora mismo tenemos una demanda social y se ha generado una gran expectación, y le aseguro que nosotros no vamos a dejar de atender esa expectativa. Ojalá con ustedes y con el resto de los grupos de la Cámara tengamos la oportunidad de abordar esas reformas que tan necesarias son en la justicia del siglo XXI en España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Campo.
Señor ministro, acababa mi intervención la semana pasada diciéndole que, si ese es el camino real que van a poner en marcha, encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista siempre dispuesto a hablar, a confrontar y a lograr una mejor justicia para nuestros ciudadanos, pero tienen que ponerse a ello. Gracias. [[Aplausos]]
Señor ministro.
En eso estamos, señor Campo. El lunes nos vemos en la Comisión de Justicia y ahí empezamos a trabajar todos juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON FRANCESC XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN SON INJUSTAS? [[Número de expediente 180/000039]]
Pregunta del diputado don Francesc Xavier Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señor ministro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuantifica la pérdida por casos de corrupción en España en unos 48.000 millones al año, que es la misma cantidad que el total de recortes que hemos vivido de 2009 a 2010. Es decir, la corrupción no solo recorta nuestros derechos, sino que además cercena la democracia. La corrupción hace que, finalmente, manden los corruptores y no los ciudadanos. En ese sentido, queríamos preguntar al señor ministro y al mismo Gobierno si consideran, tal y como dijo el ministro de Educación - precisamente el ministro de Educación -, que las medidas contra la corrupción son injustas. Gracias.
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, presidenta. Señor Domènech, creo que coincidimos todos en que la corrupción es una auténtica lacra en cualquier sociedad y muy en particular en las sociedades democráticas. Por lo tanto, el compromiso de todos en la lucha contra la corrupción tiene que ser un eje que enmarque absolutamente nuestras líneas de actuación, nuestras políticas y así lo hemos hecho durante la pasada legislatura. Durante la X Legislatura hemos traído a esta Cámara y se han aprobado un conjunto de reformas que ponen de manifiesto el compromiso del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy en esta dirección. También es verdad que, además del punto de vista de los valores democráticos, económicamente también tiene un grave impacto en nuestra economía. Por lo tanto, le aseguro que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor Domènech.
Creo que ante la envergadura de lo que estamos viviendo en casos de corrupción las buenas palabras no bastan. De hecho, se imponen los hechos y en los hechos, creo que por primera vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con su ministro de Educación. Es decir, que las políticas contra la corrupción que aplica este Gobierno son injustas en la medida en que este Gobierno indulta a corruptos del Partido Popular, del PSOE o de Unidad Democrática. Son injustas en la medida en que este Gobierno se niega, como se negó en mayo de 2015, a acabar con los indultos por corrupción. Son injustas en la medida en que ustedes, justo antes de perder la mayoría absoluta, hacen una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se llama ley de punto final por lo jueces y fiscales. Nunca tantos jueces y fiscales estuvieron tan de acuerdo en contra de una reforma que se hizo justo cuando se recortaron los medios de jueces y fiscales para acabar con la corrupción. Por tanto, ciertamente estamos de acuerdo. Las políticas contra la corrupción que hacen ustedes son injustas, son palabras, no son hechos, porque los hechos contradicen todo lo que ustedes pueden decir en este sentido. Y es normal porque, sinceramente, ustedes son los campeones de la corrupción y no solo por la multitud de casos - Gürtel, Taula, Palma Arena -, sino porque, además, ustedes, en un hecho inaudito en la historia de la democracia de este país - y diría de la historia de las democracias occidentales y europeas -, su partido, todo él, está imputado por corrupción. Por tanto, ustedes no serán la solución cuando forman parte del problema o directamente son el problema. Acabar con la corrupción significa acabar con los indultos injustos, con la misma institución de indultos por corrupción, acabar con la corrupción... [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señoría. Estoy muy de acuerdo con usted, hacen falta hechos y no palabras, y hechos son las leyes que ha aprobado este Parlamento, a propuesta y con el voto exclusivo del Grupo Parlamentario Popular, para que los partidos políticos tengan una financiación transparente y rindan cuentas - cosa que antes no pasaba -, para que quien la haga la pague y pague hasta el último euro con la creación de una oficina de recuperación de activos, para incrementar las penas en el Código Penal, para que haya una Ley de Transparencia, que no la había habido nunca en España, y que existe porque la promovió el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Todos esos son los hechos con los que nosotros acreditamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, otros ni han votado esas leyes ni de momento se les conoce ninguna buena acción en esta materia. Hoy, un cargo público condenado por corrupción no puede ir en listas electorales, antes sí que podía. Hoy, los partidos políticos tienen responsabilidad penal y antes no la tenían. Todos esos son hechos que ha promovido el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular. Señoría, cuando quiera podemos compartir la información sobre los indultos. Ni un solo indulto ha concedido este Gobierno en materia de condenas por corrupción - ni un solo indulto, en absoluto -, de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es una ley de punto final sino que ha permitido agilizar nuestra justicia. Estoy seguro de que a usted también le parece muy bien que las causas - más de 300.000- que estaban embalsadas, hayan podido ser tramitadas en menos de seis meses y puesta al día en ese sentido nuestra justicia. El Partido Popular es quien ha promovido durante la X Legislatura todas estas reformas, todas estas medidas de lucha contra la corrupción y, por tanto, ninguna duda sobre el compromiso, nuestro compromiso... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DE LA DIPUTADA, DOÑA MARTA MARTÍN LLAGUNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO PIENSA IMPULSAR LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS PARA INCORPORAR A NUESTRO CÓDIGO CIVIL LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODALIDAD MÁS DESEABLE EN EL CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO? [[Número de expediente 180/000031]]
Pregunta dirigida también al ministro de Justicia, de la diputada doña Marta Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Gracias, señora presidenta. Señor Catalá, quiero traer ante esta Cámara y ante usted como ministro de Justicia la urgencia de la necesidad de regulación de la custodia compartida en todo el territorio nacional. El año 2005 se introdujo esta figura en el Código Civil y es cierto que a partir de las resoluciones del Tribunal Supremo y de las de muchos tribunales de justicia y jueces, se está implantando cada vez más crecientemente esta fórmula, pero también es verdad que todavía no es la fórmula preferente y que solamente uno de cada cuatro divorcios la utiliza. También es cierto que el auge de la fórmula de la custodia compartida responde en buena parte a la existencia de leyes autonómicas que ha habido en la Comunidad Valenciana, en Navarra o en Aragón y yo, que precisamente soy de la Comunidad Valenciana, escuchaba esta semana cómo el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley de Custodia Compartida por invadir competencias estatales. Se están produciendo situaciones de desigualdad, no solamente ante los ciudadanos de los territorios, sino, sobre todo y especialmente, ante los menores. Por eso, le apremio a que regulemos urgentemente la custodia compartida en todo el territorio nacional. Y le apremio a que lo hagamos por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por dar cumplimiento a la Carta europea de derechos del niño, que dice que los niños, los menores, tienen derecho a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones y también que los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y la responsabilidad sobre la educación de los menores. Pero también le apremio a que lo hagamos por una cuestión de igualdad de género desde un sentido europeísta para que entendamos la igualdad entre hombres y mujeres erradicando estereotipos sexistas y dando igualdad de oportunidades y de trato. Señor ministro, nuestro acuerdo, el acuerdo de investidura, contempla en el punto 68 - y leo literalmente - que el Gobierno - su Gobierno - se ha comprometido a impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable, haciendo prevalecer siempre el interés superior del menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Cuándo piensa impulsar las reformas legales necesarias para incorporar a nuestro Código Civil la custodia compartida...
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, presidenta. Señoría, coincido absolutamente; ahí está el acuerdo que firmamos y, entre las 150 medidas, nuestro compromiso para desarrollar los proyectos normativos que hagan de la custodia compartida la modalidad más habitual en esta cuestión. Ese es nuestro compromiso y lo mantenemos absolutamente. Somos conscientes de los acuerdos que alcanzamos y de las obligaciones que conllevan, además, firmamos las cosas que firmamos con plena consciencia y no nos cuesta, por tanto, cumplirlo; estamos confortables en esa declaración. Durante el tiempo pasado hemos trabajado en esta dirección, hemos conocido la legislación autonómica, estamos conociendo las sentencias que el Tribunal Supremo está dictando y estamos convencidos de que por ahí debemos caminar porque es la manera más equilibrada de concertar los intereses de excónyuges y, sobre todo y lo más importante, los intereses de los niños, que hay que ponerlos siempre por delante. Es verdad que la custodia compartida puede ser una buena manera de garantizar los derechos del menor - no en todos los casos, no siempre, dependerá de las circunstancias - y, por tanto, que la reforma legal, la reforma del Código Civil camine en esa dirección nos parece que es un buen camino. Dicho esto, usted conoce perfectamente los intereses sociales, los conflictos, la distinta representación de la sociedad que en esta materia concurren y, por tanto, quiero aprovechar su pregunta para pedirles a ustedes y al resto de los grupos de la Cámara que trabajemos juntos; el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular van a avanzar en esa dirección. Sería muy conveniente que tuviéramos un gran acuerdo, una unanimidad, si es posible, en esta materia porque hay discrepancias en la sociedad y, por lo tanto, tendremos que trabajar en este sentido. También me parece que esto no es solamente un enfoque de la ley. La ley nos va a ayudar, la ley nos puede orientar en ese sentido, la ley fijará un criterio que aplicarán los tribunales, pero hace falta debate social. Por lo tanto, también en ese sentido hay que promover una reflexión en el conjunto de la sociedad española sobre los derechos de los menores y también sobre los derechos de los progenitores. En los debates - y nosotros hemos tenido muchas reuniones - generalmente todas las partes tienen su parte de razón y, por lo tanto, la relación más equilibrada será la que consiga hacer que al final la custodia compartida se convierta en una relación de normalidad en nuestro país. Por eso, por nosotros, empecemos ya a trabajar en esta materia, presentemos un primer anteproyecto o proyecto de ley y, a partir de ahí, regularemos esta cuestión como se está demandando por amplios sectores de la sociedad española. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DEL DIPUTADO DON AVELINO DE BARRIONUEVO GENER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO FOMENTAR Y PROMOVER EL INSTRUMENTO DE LA MEDIACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA? [[Número de expediente 180/000030]]
Pregunta también dirigida al señor ministro de Justicia, del diputado don Avelino de Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, la mediación es un cauce complementario de la resolución de conflictos, una fórmula válida y aceptada en el Estado de derecho que se ajusta a una nueva realidad en la justicia, al tiempo que es una nueva concepción de la justicia que constituye una pieza relevante en la modernización de la misma. Señorías, son muy diversos los ámbitos en los que la mediación proyecta satisfactoriamente su potencialidad pacificadora de conflictos como herramienta complementaria a las soluciones tradicionales de tener que acudir a un juzgado o a un tribunal. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos necesario apostar por un modelo de justicia que incorpore la mediación como forma de gestión de conflicto y como medio de difusión de una cultura de justicia de calidad. La mediación, como servicio público y como una medida de política social, fomenta el diálogo y valores como la tolerancia, la cooperación, la participación activa de la sociedad, la solidaridad y el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, elementos todos indispensables para solucionar de manera efectiva, pronta, económica y equitativa los conflictos de una sociedad del siglo XXI. La mediación cumple así satisfactoriamente los requisitos para poder ser contemplada como una política social porque incentiva la participación activa de la ciudadanía en la resolución de conflictos, porque previene la aparición de nuevos conflictos y muy especialmente porque refuerza el tejido social y la reeducación, y el fortalecimiento de las estructuras para el establecimiento de una cultura de paz. Sabemos que en la anterior legislatura han sido muchos los esfuerzos hechos por la mediación, sabemos que se ha aprobado la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y mi pregunta, señor ministro, es: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para seguir fomentando y promoviendo el instrumento de la mediación en la transformación de la justicia? Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, presidenta. Señor Barrionuevo, para nosotros, para el Ministerio de Justicia, para el Gobierno constituye una de las piezas claves de la manera de entender la resolución de conflictos en nuestra sociedad, como he contestado antes, fortalecer el sistema jurisdiccional sin duda, fortalecer nuestra justicia, pero también avanzar en los sistemas de autocomposición de conflictos, de búsqueda del diálogo, de las soluciones concertadas, y ahí la mediación tiene un papel fundamental. Reducir la litigiosidad en sí mismo es un buen objetivo, pero, sin duda, promover en el conjunto de la sociedad española una cultura en torno al acuerdo, a la búsqueda de soluciones pactadas y no necesariamente litigiosas también me parece un buen eje de trabajo de futuro. Por eso, esta Cámara aprobó la Ley 5/2012, que nos da las herramientas normativas suficientes y adecuadas, sin perjuicio de que se pueda promover alguna pequeña reforma basada en la experiencia. Por tanto, no creo que lo que nos queda por delante sea tanto una cuestión de aprobar una ley nueva o de dotarnos de más instrumentos normativos, hay que trabajar más en el plano de la cultura, de crear opinión. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Nosotros pensamos que hay que hacer campañas informativas y es muy importante el papel de los profesionales: de los abogados, de los procuradores, de todos los profesionales que quieren y están trabajando ya en la mediación, para que desde las corporaciones profesionales, desde los colegios, se traslade a los ciudadanos esa solución como una solución posible e incluso deseable. Ahí tienen mucho papel que desempeñar también las propias comunidades autónomas, las instituciones y el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a trabajar para potenciar la mediación intrajudicial y hay algunos profesionales, como los letrados de la Administración de Justicia, que tienen atribuidas competencias en esta materia. Tampoco descarto que podamos mejorar el marco legislativo, por ejemplo, cuando podamos incorporar la obligatoriedad de las sesiones informativas que un juez pueda acordar y, por tanto, sea obligatorio participar en esta situación. Hoy hay 2.500 mediadores en España, 1.350 mediadores concursales en el registro constituido en el Ministerio de Justicia. Hemos dado pasos en esa dirección y me parece que trabajar, como hemos dicho, en la mediación es reforzar valores democráticos, valores de diálogo y una nueva cultura en la sociedad española. Por tanto, estaremos comprometidos en ello a lo largo de esta legislatura. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON MIKEL LEGARDA URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿TIENE VOLUNTAD EL GOBIERNO DE ABORDAR LA CUESTIÓN DE LOS TERRENOS DE LOS CUARTELES DE LOIOLA CON EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA A FIN DE LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD? [[Número de expediente 180/000043]]
Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa, del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra de Defensa, aprovecho esta primera ocasión que tengo para felicitarle por su nombramiento y para plantearle una de las cuestiones más importantes que tiene el Ayuntamiento de Donosti, San Sebastián. Como usted sabe, por su ubicación geográfica y a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, tiene una gran carestía de territorio apto para su desarrollo urbano, lo que conlleva el éxodo de buena parte de sus ciudadanos más jóvenes cuando se emancipan para instalarse en municipios de entorno, problema que se agrava al ser una ciudad con un buen índice de crecimiento económico, lo que también presiona para su expansión. En este escenario, la Vega del Urumea es el principal recurso para su extensión; es uno de los pocos territorios llanos situados en la trama urbana, bien comunicado y con un entorno de calidad. Por eso, el desarrollo de la Vega del Urumea es la principal apuesta urbanística de la ciudad y, dentro de la Vega del Urumea, ocupan un lugar destacado unas instalaciones del Ministerio de Defensa conocidas como los cuarteles de Loiola, con cerca de 17 hectáreas, óptimo para la creación de un nuevo barrio de uso mixto, sostenible, moderno y de calidad, con más de 1.600 viviendas y con una actividad económica compatible. Esos cuarteles fueron construidos en 1925 en terrenos cedidos por el ayuntamiento junto al río Urumea, que en la actualidad han quedado un tanto obsoletos y absorbidos por la trama urbana, por lo que su emplazamiento no se considera el óptimo y, además, alberga unas capacidades para la defensa, aparentemente y a juicio del consistorio, muy inferiores a las instalaciones que ocupa. Señora ministra, el consistorio de la ciudad, en distintos momentos ya desde el 2003, se ha dirigido al ministerio que usted dirige interesándose por los cuarteles, a fin de iniciar negociaciones para la adquisición de los terrenos que ocupan y, en su caso, traslado y reubicación de las instalaciones militares a otro lugar, pero por distintos motivos las conversaciones no se han iniciado. Por eso le pregunto, señora ministra: ¿Tiene voluntad el Gobierno de abordar la cuestión de los terrenos de los cuarteles de Loiola con el Ayuntamiento de Donosti, a fin de lograr un mejor desarrollo urbanístico de la ciudad a la par que se atienden las necesidades e intereses de su departamento? Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora ministra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Legarda, por sus palabras. Señoría, el Ministerio de Defensa y esta ministra que le habla tenemos totalmente la intención de hablar con partidos y con instituciones en todo aquello que sea bueno para el interés de España y de la defensa nacional. Me consta que usted sabe que he dado instrucciones al director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa para que se ponga a disposición del alcalde de San Sebastián y de esta manera podamos abrir un diálogo sobre esta cuestión. También tengo que plantearle, con toda franqueza, que el acuartelamiento de Loiola hoy se considera, en sus dimensiones y en sus características, indispensable y necesario para el interés de la defensa nacional. Gracias, señoría. [[Aplausos]]
Señor Legarda.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora ministra.
Muchas gracias. Señoría, le reitero la disposición al diálogo que tiene este ministerio y, en concreto, esta ministra. Vamos a hablar con el alcalde de San Sebastián y con la corporación municipal de San Sebastián para tratar de llegar a acuerdos que sean convenientes para ambas administraciones. También le tengo que reiterar que los cuarteles de Loyola, con las características, la infraestructura y la extensión que tienen hoy, son necesarios y prioritarios para la defensa nacional y están cumpliendo su objetivo en cuanto a la preparación, el alojamiento y la gestión de las unidades que están allí destinadas. Pero me comprometo a dos cosas aquí y ahora, señoría. En primer lugar, a que podamos llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de San Sebastián. En ocasiones anteriores se han hecho propuestas por el ayuntamiento, como en el caso de Antondegi, que sabe su señoría que fueron infructuosas porque no eran válidas, pero me comprometo a que las Fuerzas Armadas Españolas puedan seguir teniendo su hogar y su residencia en la ciudad de San Sebastián durante mucho tiempo. Muchas gracias, señoría. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DEL ACUERDO DE FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO? [[Número de expediente 180/000036]]
Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública. En primer lugar, de la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Señor ministro de Hacienda y Función Pública, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al acuerdo de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2017 y qué medidas piensan adoptar para que se cumplan? Lo que más nos interesa y preocupa es si la consolidación fiscal para el año 2017 por parte del Gobierno puede implicar recortes en el Estado del bienestar. Gracias. [[Aplausos.-Rumores]]
Muchas gracias. Señorías, ruego silencio y que ocupen sus escaños o, si no, que abandonen el hemiciclo. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, le puedo garantizar que el proyecto del Gobierno no implica reducciones de gasto de bienestar ni prácticamente de nada en la categoría de gasto público. Lo que vamos a promover esta misma tarde en la Comisión Nacional de Administración Local y mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son los primeros pasos del ciclo presupuestario, incluyendo la definición de los objetivos de nuestras administraciones territoriales y de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social. Iremos a estos consejos para convencer sobre la oportunidad de reducir el déficit público dentro de la senda que hemos acordado con las instituciones europeas, pero también para ser convencidos. Nuestra actitud va a ser, por tanto, muy receptiva en relación con las necesidades y las oportunidades que nos planteen las administraciones territoriales. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Botella.
Gracias, presidenta. Señor ministro, celebro su cambio de actitud, pero comprenda nuestra preocupación. Le voy a contar brevemente lo que ha pasado para podernos situar. Venimos de una legislatura en la que ustedes, en un momento de máximo empobrecimiento de la sociedad española, no han dudado en dar regalos fiscales a las rentas más altas y a las grandes corporaciones. Le pongo un ejemplo. En el último medio año ustedes no han dudado en regalar - insisto - aproximadamente el 1,5 % del PIB a las rentas más altas. Esto equivale a 15.000 millones de euros. Con una mano están dando esos 15.000 millones de euros y con la otra mano están sacando del Fondo de reserva de las pensiones aproximadamente 50.000 millones de euros, que es lo que el fondo tiene y lo que produce. Comprenderá nuestra preocupación y que tengamos ahora que mirar para delante, pero sabiendo de dónde venimos. También quiero recordarle todos los incumplimientos que ustedes han ido manifestando ante la Comisión Europea, que han sido motivo de preocupación, de irritación y en muchos momentos de chanza para la imagen del Gobierno de España, hasta el punto de que ya nadie se cree las cuentas que cada año ha ido remitiendo el Gobierno de España. Señor Montoro, el balance de esos cuatro años de incumplimiento sistemático - insisto - de los objetivos de déficit, de deuda, de regla de gasto, de techo de gasto, nos llevan a una conclusión muy básica, que creo que usted sabe: su política de estabilidad presupuestaria no está llevando a una política de estabilidad presupuestaria. Así que - insisto - acuerde, negocie. Me parece muy bien su actitud, sobre todo por una cuestión: la sociedad española, que está detrás de todos esos grandes números que ustedes manejan, necesita respuestas y no podemos esperar ya más ninguno de los españoles. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Con la brevedad propia de esta sesión de control, señora Botella, estamos empezando la XII Legislatura y, con mucho gusto, podemos debatir la anterior de la anterior de la anterior, estoy a su disposición; con mucho gusto lo hago, repito, pero también con las cifras en la mano, porque la rebaja que hemos hecho de impuestos usted la ha cifrado en nada menos que 15.000 millones de euros, y no es verdad, fueron 9.000 y a las rentas medias y bajas de España, por eso hay crecimiento y hay consumo. Y también lo hicimos a las empresas, y especialmente a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, por eso están creciendo e invirtiendo. Pero vamos a lo que vamos, que es la XII Legislatura. Vamos a proponer dar los pasos necesarios para la consecución de los objetivos de déficit que le convienen a España. Y eso, se lo voy a decir con toda claridad, no lo podemos hacer sin ustedes. Vamos a construir juntos esta XII Legislatura. Ustedes gobiernan la mitad de las comunidades autónomas de España, gobiernan buena parte de las corporaciones locales de España y, por tanto, en una legislatura con un Gobierno en minoría, la única manera de aplicar cualquier política, y desde luego la política presupuestaria del Estado, es, decimos, a través del diálogo. No, no solo del diálogo, sino de llegar a la concreción del diálogo, a las conclusiones de ese diálogo. Por lo tanto, vamos a concertar, y estoy seguro de que su grupo también colaborará, para afianzar la recuperación económica y la creación de empleo. [[Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROLDÁN MONÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017? [[Número de expediente 180/000032]]
Pregunta del diputado don Antonio Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Buenos días, presidenta. Señor ministro Montoro, en esta pregunta quería aprovechar el tiempo para hacerle básicamente una reflexión. En el acuerdo que firmamos hace tres o cuatro meses el Gobierno y Ciudadanos, teníamos tres grandes prioridades. La primera era cambiar el rumbo del modelo de crecimiento de este país - o sentar las bases de ese cambio -, apostando por la educación, apostando por un mercado laboral más estable y apostando por la innovación. La segunda era avanzar en los problemas sociales que tenemos: revertir los recortes sociales en educación, en sanidad y en dependencia. Y el tercer gran punto del acuerdo era dar un giro claro y acabar con las subidas de impuestos a la gran clase media. Ustedes se comprometieron a no subir el IRPF, a no subir el IVA. Mi pregunta es muy sencilla: ¿se compromete usted, señor Montoro, a no hacer más recortes en sanidad, a no hacer más recortes en dependencia? ¿Se compromete, como se firmó en el acuerdo, a ahorrar 1.000 millones en duplicidades? Ahora mismo, el candidato a presidente francés, François Fillon, dice que va a ahorrar 100.000 millones. Nosotros hemos acordado 1.000 millones simplemente en duplicidades y en burbuja política. ¿Se compromete también a no subir, como digo, los impuestos a la clase media y trabajadora y no subir el IRPF, como hizo - con la mayor subida - en la pasada legislatura y a no subir el IVA? ¿Se compromete a no recortar en todas las partidas de futuro fundamentales para cambiar ese modelo de crecimiento y avanzar hacia una economía del conocimiento basada en la educación y la innovación?
Muchas gracias. Señor ministro.
Gracias, señora presidenta. Señoría, como acabo de expresar en relación con el Grupo Socialista, la participación del Grupo Ciudadanos es absolutamente fundamental en esta legislatura. Son ustedes un partido, una formación política nueva en esta Cámara, pero absolutamente fundamental para la acción de Gobierno y para la estabilidad política en España y, en definitiva, para definir esos objetivos. Yo, no es que me comprometa como ministro, es que no estamos ya en eso. Vamos a ver, hoy, año 2016, las administraciones públicas en España gastamos 5.000 millones más en sanidad que en el año 2007. O sea, ya hemos subido el gasto en sanidad. Lo que tenemos que hacer entonces es acomodar ese gasto de sanidad al crecimiento de la economía para que no lo exceda y se haga una gestión pública eficaz y eficiente de los servicios públicos. Eso ya está ocurriendo. Hoy estamos gastando en educación la misma cantidad que en el año 2007. Y ya en los años pasados hemos devuelto en bajada del IRPF lo que desgraciadamente tuvimos que subir en el año 2012, cuando nos encontramos con un déficit público muy superior al que esperábamos; en definitiva, que recibimos esa herencia. Ahora es el momento de construir y quiero coincidir con ustedes en adquirir unos compromisos que, francamente, no son compromisos, no estamos en eso. Sí estamos en afianzar la recuperación económica, en hacer de España un modelo de crecimiento económico creador empleo, empleo estable y de calidad, y de cada vez más calidad; en hacer una economía cada vez más competitiva; en hacer una Administración pública cada vez más moderna, que sea capaz de ahorrar en su gestión y de ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos. Ese es el compromiso y ese es el acuerdo con Ciudadanos como lo debemos entender. También promover una bajada de impuestos en la próxima legislatura. La legislatura está empezando, este es el primer año. También quiero invitarle, dentro de sus características y condiciones obviamente, a que se comprometan con algo que no le he escuchado, señor Roldán: con la reducción del déficit público, de acuerdo con la senda que hemos acordado con la Comisión Europea. Esto es absolutamente fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo en nuestro país. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor Roldán.
Gracias. No solo estamos absolutamente comprometidos con la reducción del déficit público para pasar del 4,6 al 3,1 como nos comprometimos en el acuerdo, sino que además lo firmamos y le propusimos las medidas para lograr ese objetivo. Precisamente por eso en el acuerdo que firmamos - a lo mejor usted no está conforme con ese acuerdo - había 5.000 millones de aumento de gasto y 5.000 millones de ahorro y de subidas mínimas en el impuesto sobre sociedades para que eso se pudiera cumplir. Insisto, ¿está usted dispuesto a cumplir ese acuerdo? Y, por favor, le pediría que me concretara un poco más, si puede, las medidas de ahorro en duplicidades. Gracias. [[Aplausos]]
Señor ministro.
Sí, estoy de acuerdo. [[Risas.-Aplausos]] - DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CONTINUAR AVANZANDO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA, ESPECIALMENTE ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA SEGURIDAD? [[Número de expediente 180/000028]]
Pregunta del diputado don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con la Administración de forma electrónica a través de Internet ha sido y es, sin duda, uno de los grandes objetivos del Gobierno del Partido Popular en la tarea de modernizar los servicios públicos de nuestro país. Durante los últimos años se han puesto en marcha muchas iniciativas y muchas medidas para impulsar ese desarrollo de la Administración electrónica y se ha hecho a través y de la mano de las actuaciones realizadas por el Gobierno en el marco de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas. Entre esas iniciativas y medidas puedo citar, por ejemplo, la red SARA para la interconexión de todas las administraciones; la plataforma de intermediación de datos para que los ciudadanos no tengan que aportar una y otra vez el mismo documento que ya obra en poder de la Administración; el registro electrónico común; el registro de facturas electrónicas, que ha supuesto sin duda un gran avance en la disminución de la morosidad y a la hora de garantizar el cobro de las facturas a los proveedores - más de 12 millones de facturas electrónicas emitidas por 126.000 proveedores desde enero de 2015-; la comunicación telemática de nacimientos, que ha permitido que se hayan inscrito ya por este sistema más de 70.000 niños, o la receta electrónica, que ha hecho que el 99 % de las recetas que se expiden en España sean ya electrónicas. Quiero destacar también, señor ministro, porque es muy importante, que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales sus sistemas informáticos, lo que supone, sin duda, reducir costes y evitar gastos duplicados. Señorías, el último estudio de Naciones Unidas sobre Administración electrónica dice que España es hoy el séptimo país del mundo en servicios online y en participación electrónica ciudadana. Señor ministro, después de una legislatura en la que se ha producido este gran impulso, estamos, a juicio del Grupo Popular, más cerca de ese gran objetivo que es tener una Administración totalmente electrónica y, con ello, una administración más eficiente, más cercana, más transparente y más barata, con importantes ahorros para empresas y ciudadanos. Por ello, le pregunto, señor Montoro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para continuar avanzando en la implantación de la Administración electrónica en España? Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Señor Matarí, en primer lugar quiero agradecerle el enfoque y el contenido de su pregunta. El Gobierno ha impulsado la Administración digital dentro de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, uno de cuyos ejes esenciales ha sido precisamente la apuesta por una Administración electrónica materializada en numerosos proyectos. A este respecto quiero anunciar esta mañana que los proyectos de reforma de la Administración no se agotan con los que ya hemos realizado en la X Legislatura. Este ministerio va a coordinar la implantación de nuevas medidas en un nuevo plan de impulso y transformación de la Administración pública para el periodo 2017-2019. Daríamos así continuidad al Plan CORA en los ejes de reforma de gobernanza pública, nuevas tecnologías, empleo público y racionalización de las estructuras del sector público, con un impacto para el año 2017 de ahorro de 900 millones de euros. Estamos hablando de un proceso, la digitalización de la Administración, que sin duda alguna tiene límites todavía lejanos. Tenemos mucha capacidad para desarrollarlo. Pondré algunos ejemplos. Hoy dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas y más de 8.000 entidades locales están adheridas al sistema FACE, de facturación electrónica, que es compatible con todos los sistemas de administraciones públicas y de las empresas. En lo que va de año se han remitido a través de este sistema en torno a 2 billones 625.000 facturas, lo que supone un ahorro de 13 millones de euros para los ciudadanos y las empresas. Además, como su señoría ha destacado, también así se gestiona con mayor rigor y claridad. Por otro lado, también quiero destacarles el sistema de intercambio de registros, al que hay miles de entidades locales adheridas y quince comunidades autónomas integradas. Todo ello permite que tengamos cada vez una Administración mejor intercomunicada y más eficiente al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA ESTHER PEÑA CAMARERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CREE QUE EL GOBIERNO ACTÚA EN MATERIA DE REFUGIADOS CON RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD? [[Número de expediente 180/000037]]
Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Esther Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Señor ministro del Interior, vergüenza es la palabra: vergüenza el acuerdo con Turquía, vergüenza la subasta de vidas humanas y vergüenza la gestión de su Gobierno. Sí, un Gobierno que todavía no ha acogido ni al 4 % de los refugiados que pactó acoger con la Unión Europea; vergüenza la que nos hacen sentir a todos los españoles, cuyas comunidades y ayuntamientos están a la espera de ejercer esa solidaridad que ustedes les niegan negándosela a los propios refugiados y negándosela también a los socios europeos que les acogen con dificultad. ¿De verdad cree que su Gobierno actúa con responsabilidad y solidaridad en la gestión del problema de los refugiados? [[Aplausos]]
Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Ante la crisis migratoria que están padeciendo la Unión Europea y España le puedo asegurar que me avergüenzo de haber escuchado esas afirmaciones por su parte, pero sí le voy a decir que el Gobierno está siendo responsable, no lo dude, con la demanda de solidaridad que nos vienen haciendo miles de personas. [[Aplausos]]
Señora Peña.
Señor ministro, no basta con la gestión de su Gobierno, que lo único que ha hecho hasta ahora es acordar unas cuotas y sentarse a esperar. ¿Dónde están las campañas de sensibilización? ¿Cuántos visados humanitarios ha ofrecido? ¿Cuántas becas para estudiantes? ¿Cuántas reunificaciones familiares? De las más de 17.000 personas que se comprometió a acoger, este Gobierno solo ha reasentado o reubicado a unas 700. Con esta actuación tan solidaria y responsable tardarían veintiséis años, y no dos, en cumplir con su obligación. Si en lugar de compromisos de fondo humanitario fueran deudas económicas, seguro que no permitiría tan flagrantes incumplimientos. Así que no, señor Zoido, no es solidario ni es responsable aprobar una ley que ampara las devoluciones en caliente e impide la solicitud de protección internacional en territorio español. No es responsable un Gobierno que lleva guardando en un cajón durante la última legislatura un reglamento de asilo que hay que aprobar. Señor ministro, ¿se compromete usted a aprobarlo? Cumplan con su palabra y traigan a las personas que se comprometieron. Aumenten el presupuesto en cooperación e integración, y pónganse enfrente del espejo de la sociedad española, de esos voluntarios y voluntarias que trabajan aquí, pero también lo hacen en los territorios en conflicto jugándose la vida. Eso sí que es responsabilidad y eso sí que es solidaridad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Señor ministro.
Señora Peña, yo estoy convencido de que la sociedad española, al igual que todos los que nos sentamos en esta Cámara, tenemos muy claros los sentimientos hacia esas personas que tienen que salir de sus países huyendo, no le quepa la menor duda. Pero sigo estando sorprendido por esas afirmaciones formando usted parte de un partido que ha tenido que gobernar durante muchos años este país y que sabe las grandes responsabilidades que se tienen asumidas también desde el punto de vista internacional. Me va a permitir que le recuerde que España es solidaridad y lo está demostrando. Y también me va a permitir que le siga recordando la gran crisis migratoria que se está padeciendo en España pero también en la Unión Europea. Por darle algunas cifras le diré - sin que lleguemos a olvidar que detrás de esos fríos números siempre hay alguna persona - que han sido 14.713 las solicitudes que hemos tenido en España de protección internacional, de los que 5.500 eran sirios, y las mismas han sido en el año 2016, aproximadamente unas 15.000. Estas magnitudes nos dicen que tenemos que funcionar, como es lógico, como un Gobierno con responsabilidad y con solidaridad, pero al mismo tiempo con eficacia y sabiendo que tenemos que dar cumplimiento a los compromisos y a las decisiones que se vienen adoptando en el marco y en el seno de los Consejos de la Unión Europea. Señora Peña, le pido por favor que siga usted siendo responsable a la hora de hacer afirmaciones de este tipo. Le tiendo la mano, como se la vamos a tender a todos los diputados que han ido, y el otro día ya recibí una solicitud para que podamos vernos y compartir lo que algunos diputados han podido comprobar allí. Pero permítame que le diga, cuando dice usted que hay que subir los presupuestos, que se han subido, porque no cabe la menor duda de que en materia de protección internacional se ha subido un 105 %, pero también hemos incrementado de una manera notable los recursos personales y materiales de la Oficina de Asilo y Refugio. Y le voy a recordar una cosa: a pesar de las dificultades que surgen en todos y cada uno de los países de origen, han sido ya 400 las personas que han sido reubicadas, 350 de Grecia, 50 procediendo también de Italia. Y a todo ello tenemos que incorporar otras, las que provienen... [[Aplausos]]
Señor ministro, el tiempo ha terminado. - DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE MARÍA MONTERO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CIE, CONCRETAMENTE EL DERECHO A NO SER SOMETIDO A MALOS TRATOS O TORTURAS RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE CEDH? [[Número de expediente 180/000041]]
Pregunta de la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la pregunta es muy concreta: ¿Se vulneran los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros y concretamente el derecho a no ser sometido a malos tratos o torturas, que viene recogido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos?
Muchas gracias. Señor ministro.
Usted pudo comprobar el otro día en la visita que no se vulneran los derechos humanos ni tampoco se producen torturas en los CIE. [[Aplausos]]
Señora Montero.
Mire, señor ministro: moro de mierda; sudaca; en tu país no comes, coges las sobras, son algunos maltratos verbales que según el juez de control del CIE, don Ramiro García, se producen a los internos. Quizá no haya datos de torturas o de malos tratos y quizá no haya condenas porque no se investiga, y lo dice este mismo juez de control. Mire, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España ocho veces, costándoles a los españoles 155.000 euros, por no investigar torturas. Y el propio juez de control, el señor Ramiro García, dice claramente que cuesta investigar las torturas y los malos tratos, primero porque muchas veces los internos no pueden denunciar porque tienen miedo o no conocen los procedimientos, y segundo porque cuando denuncian son inmediatamente deportados o puestos en libertad, lo cual dificulta finalmente que se pueda investigar. Nosotros estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido y sabe usted que después de las últimas protestas en el CIE de Aluche ha habido una denuncia por malos tratos. Le voy a citar lo que dice este juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García. Cito literalmente: Es una falacia que no se vulneren los derechos humanos en el CIE; el solo hecho de privar a una persona de libertad por una falta administrativa, como podría ser una multa de tráfico, el solo hecho de privar de libertad a una persona por una falta administrativa, que no es un delito penal, constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos. Pero es que además hay casos como el de Samba Martine, que murió después de pedir diez veces asistencia médica sobre el que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que esa muerte se podría haber evitado. En el tiempo que me queda, le hago dos preguntas y una recomendación. Las dos preguntas son: ¿Quiénes son los responsables de lo que ocurre en los centros de internamiento de extranjeros? ¿Van a acabar ustedes con la opacidad y a dejar a los medios de comunicación y la prensa de nuestro país entrar en los centros de internamiento? Y la recomendación es muy sencilla. Los CIE son centros ineficaces, nos cuestan 8,8 millones de euros y más de la mitad de las personas - vecinos y vecinas nuestros - que internamos finalmente no son deportados, así que cambiemos la política migratoria, centrémonos en gestionar la diversidad en nuestro país y cerremos los CIE. El único CIE que respeta los derechos humanos, señor ministro, es el que está cerrado. Por el cierre de los CIE. [[Aplausos]]
Señor ministro, adelante.
Está claro, señoría, que ni usted ni su formación política son partidarios de la existencia de los CIE, pero la verdad es que se está demostrando que los CIE son un instrumento eficaz y necesario para internar a esas personas que deben ser después expulsadas como consecuencia de unas decisiones judiciales. [[La señora Montero Gil hace signos negativos]] Me va a permitir que le diga que es un instrumento necesario y así está previsto en la legislación europea y también en la legislación española. La semana pasada tuve la oportunidad de decir en esta Cámara que tenemos uno de los sistemas más garantistas que hay en la Unión Europea, afortunadamente, porque soy de los convencidos - igual que mi grupo - que la garantía de los derechos y libertades hay que preservarla permanentemente. Es curioso, el límite máximo de permanencia en nuestro país es de sesenta días, muy inferior al de los países de nuestro entorno. Tenemos una tasa de ocupación del 42,40 % y en los últimos años la estancia media se ha reducido, pero además han disminuido también los ingresos. Fíjese, ¿qué opacidad hay cuando veintiséis diputados de esta Cámara han podido visitar el pasado día 2 de noviembre el CIE? Creo que vamos a seguir con una política de transparencia y le tiendo la mano para darle todas las explicaciones que considere necesarias. Pregunta quiénes son los responsables. Los responsables estamos en el Ministerio del Interior y no le quepa la menor duda de que aquellas actuaciones que haya que corregir serán corregidas. Tampoco le quepa la menor duda de que seguiremos trabajando para mejorar cada día las instalaciones de los CIE, desde el punto de vista de sus instalaciones pero también desde el punto de vista de los medios personales. Estamos estudiándolo. El otro día anuncié que se está examinando un protocolo para ver qué medidas son las que tenemos que tomar. Ahí es donde nos vamos a encontrar. Insisto, hasta ahora se está demostrando que es un medio eficaz y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y perfeccionarlo. No le quepa la menor duda de que próximamente podrá tener y analizar distintas modificaciones que se van a efectuar, que seguro que no la van a complacer porque usted no cree ni en los CIE ni cree muchas veces en la aplicación del derecho comunitario. [[Aplausos.-La señora Montero Gil: En los CIE no, en el derecho comunitario sí]] - DEL DIPUTADO DON FERRAN BEL ACCENSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONTEMPLA EL GOBIERNO EL TRASPASO DE LA RED Y COMPETENCIAS DE RODALIES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, COMO OPCIÓN MÁS EFICIENTE, FRENTE AL INCUMPLIMIENTO CRÓNICO DE COMPROMISOS POR PARTE DEL ESTADO EN ESTA RED BÁSICA DE TRANSPORTE? [[Número de expediente 180/000025]]
Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto.
Buenos días, señor ministro. Me permitirá en nombre propio y en nombre de mi grupo, en primer lugar, que le dé la enhorabuena por su nombramiento y le desee suerte y aciertos, como tuvo en otras responsabilidades. Hoy nosotros queremos hablar de la situación de las Rodalies en Cataluña. No voy a describir la situación caótica ni voy a hablar de los incumplimientos en las inversiones, solo le pido una cosa, señor ministro, si me va a contestar como contestó a mi compañero la semana pasada, al diputado Alonso, revise sus fuentes, venga a Cataluña y conozca cuál es la situación real de Rodalies. Mi pregunta es muy concreta, ¿contempla el Gobierno el traspaso de la red y las competencias de Rodalies a la Generalitat de Catalunya de forma integral? Y en caso de respuesta negativa, ¿cuál es su alternativa? Muchas gracias.
Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Bel. Lo que contempla el Gobierno es continuar con el impulso a las inversiones en servicios e infraestructuras de transporte en Cataluña, a las que el Ministerio de Fomento ha dedicado 11.200 millones de euros desde el año 2012 en los Presupuestos Generales del Estado. [[Aplausos]] Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Bel.
Señor ministro, la falta de compromiso de su Gobierno con la red convencional de ferrocarril se manifiesta en el presupuesto. Presupuesto de 2016 en el conjunto del Estado español: inversión en infraestructuras ferroviarias, 4.300 millones de euros; inversión en la red convencional, exceptuando ADIF Alta Velocidad, 630 millones de euros, solo un 14 %. Con la situación de Cataluña no pueden decir que van a continuar invirtiendo, porque les tengo que recordar que de los 4.000 millones de inversión del Plan de cercanías 2008-2015 de Barcelona solo ejecutaron un 10 %. Y del acuerdo con el conseller Vila, que se firmó en 2013, sobre inversiones necesarias y urgentes para cercanías -306 millones de euros -, actualmente solo hay ejecutado un 4,1 % de obras en servicio. Por tanto, señor ministro, no nos digan que van a hacer lo mismo que han hecho porque eso genera indignación, como también genera indignación oír que España tendrá la flota más moderna de trenes de alta velocidad: 760 millones de euros invertidos en quince trenes, que es un 25 % más de toda la inversión... [[Aplausos]]
Muchas gracias, señoría. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Bel. Esta es la tabla de la realidad de las cosas, la tabla de la liquidación del presupuesto en el año 2015: inversión en carreteras, ferrocarriles, puertos, todos los modos de transporte de la Generalitat, 522 millones de euros; inversión del Estado en Cataluña, más de 1.600 millones de euros, es decir, tres veces más de lo que la propia Generalitat está invirtiendo. Da la sensación por su intervención de que aquí la Generalitat no tiene nada que ver cuando usted sabe perfectamente que desde el año 2009 las competencias del servicio de Rodalies en horarios, frecuencias, precios o política comercial recaen íntegramente en la Generalitat y nosotros tenemos las de desarrollar infraestructuras de la red ferroviaria de interés general. Esto es así no porque le parezca bien o mal al Gobierno, sino porque así está contemplado en la Ley del Sector Ferroviario como vías esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario, necesarias para el correcto funcionamiento del mismo, entre otras cosas para plantear las conexiones internacionales o el enlace con distintas comunidades autónomas. Así que lo que contempla este Gobierno no es otra cosa - seguro que usted lo entenderá - que hacer cumplir la ley. Y me gustaría volver a insistirle en que más del 40 % de la inversión que hace el Estado en el conjunto del país se hace - me refiero a cercanías - en Cataluña. En estos momentos tenemos importantes inversiones en marcha. Señor Bel, usted y yo hemos estado sentados en el mismo lado de la mesa durante muchísimo tiempo en las comisiones nacionales de la Administración local defendiendo el municipalismo español. Nunca pedimos más competencias, sino más dotaciones para ser más eficientes y eso es lo que le propongo a usted, que trabajemos juntos, que alcancemos un acuerdo en torno a un nuevo plan de Rodalies y que prestemos un mejor servicio entre todos de forma coordinada, que seguro que es lo que realmente les importa a los catalanes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GUINDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RITMO DE REDUCCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE ACUERDO CON LOS ÚLTIMOS DATOS OFICIALES DADOS A CONOCER POR EL INE? [[Número de expediente 180/000027]]
Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, de la diputada doña María del Carmen González Guinda, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, permanecer en el sistema educativo más allá de la educación obligatoria y finalizar con éxito la etapa educativa de educación secundaria posobligatoria es considerado por los países europeos y de la OCDE como el nivel mínimo necesario para obtener una posición satisfactoria y competitiva en el mundo laboral actual. Alcanzar este nivel educativo por parte de nuestros jóvenes es trascendental para su futuro. Aquellos que no lo finalizan se enfrentan a graves dificultades para acceder al mundo laboral y cuando logran hacerlo reciben salarios más bajos y corren mayor riesgo de caer en exclusión social. Una educación de calidad es aquella que nos permite conseguir que nuestros alumnos no abandonen el sistema educativo, aquella que persigue rebajar la tasa de abandono escolar temprano que, como muy bien usted sabe, señor ministro, llegó a alcanzar hasta un 30 % en años pasados. Las políticas educativas del Partido Popular tienen y siempre han tenido entre sus prioridades alcanzar los objetivos de la estrategia de formación y educación 2020 de la Unión Europea, que son entre otros conseguir unas tasas del 15 % de abandono en el año 2020. En el momento actual, momento de consensos, ha sido usted precisamente, señor ministro, quien ha ofrecido desde el primer minuto un gran pacto de Estado por la educación. En ese sentido, ya los grupos parlamentarios han consensuado la futura creación de una subcomisión de Educación para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político que permita alcanzar los objetivos educativos recogidos en la ya citada estrategia europea educación y formación 2020. Por tanto, conociendo la gran importancia que para todos los grupos parlamentarios tiene la reducción de la citada tasa, le pregunto, señor ministro, cómo valora el Gobierno el ritmo de reducción de la tasa de abandono escolar temprano de acuerdo con los últimos datos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Señora presidenta, señoría, los valora muy satisfactoriamente. Por las razones que usted ha dicho, la tasa de abandono escolar era una de las grandes preocupaciones del sistema educativo español. En 2011 alcanzaba el 26,4 %, es decir, uno de cada cuatro estudiantes, cuando abandonaba la enseñanza básica obligatoria, no volvía a estudiar. Eso tiene unas consecuencias enormemente perjudiciales, especialmente en tiempo de crisis, pero también para su inclusión económica y social. Por tanto, el hecho de que la hayamos bajado casi 7 puntos en este periodo de tiempo y que España haya conseguido ser el segundo país en que más baja es una satisfacción para todos los diputados de esta Cámara. [[Aplausos]] Aprovecho el tiempo que me queda, señora presidenta, para decir que, además de las buenas noticias en la tasa de abandono escolar, ayer tuvimos otra noticia importante. Los resultados del informe TIMSS dicen que hemos subido 23 puntos en competencia matemática y 18 en competencia de ciencias. Por tanto, nuestros alumnos se encuentran ya por encima de la media de la OCDE. Esta es una gran ventaja. Por eso, cuando vamos a acometer ese pacto de Estado social y político por la educación, tenemos que tener en cuenta lo que hemos hecho para no derribarlo todo, para construir sobre lo que estamos haciendo. Especialmente quiero aprovechar mi intervención en esta Cámara para agradecer su labor a los profesores y a los docentes, que son los que realmente están todos los días en nuestro sistema educativo contribuyendo a que estemos mejorando en la tasa de abandono y también en la mejora de nuestros estudiantes. Por tanto, con ellos contaremos en ese pacto social y político por la educación en España. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL DIPUTADO DON ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES? [[Número de expediente 180/000029]]
Pregunta dirigida al señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pregunta del diputado don Antonio González Terol, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, como sabe, la digitalización de la economía, entendida como la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a todo el ciclo de producción, es una realidad mundial. Sabe que la digitalización aumenta la competitividad de los países y de las economías. Aplicada a las administraciones públicas, aumenta la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y, además, las hace más accesibles para los ciudadanos. Esto es lo que se hace en las denominadas ciudades digitales, que son unas ciudades que integran las TIC en sus rutinas de trabajo que, por un lado, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y aseguran un desarrollo económico, social y ambiental sostenible con medidas como la telegestión en el riego urbano o en el alumbrado público; por otro lado, tienen un gran potencial de creación de riqueza y empleo, puesto que se estima que en este sector se puede generar un mercado de 1,5 billones de dólares hasta 2020. Por estos motivos sociales y económicos, el Gobierno de la nación, con el apoyo de las fuerzas políticas, impulsa la economía digital y la transformación de nuestras ciudades en ciudades digitales y lo hace a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, puesto en marcha en marzo del año 2015, que nos ha convertido en un referente mundial y que pretende impulsar la mejora de los servicios públicos y una industria tecnológica propia. Gracias a ello, y teniendo un punto de partida en el mapa de ciudades europeas, donde aparece España junto a Reino Unido e Italia como el país con mayor número de ciudades inteligentes, ese punto de partida hizo importante que el Gobierno apostase por ello. De ahí que se crease un plan no solo con medidas sino también con un presupuesto inicial de 153 millones de euros, que cuatro meses después se incrementó en un 20 % hasta llegar a los 188 millones de euros. Eso ha permitido poner multitud de iniciativas en marcha en ayuntamientos, comunidades autónomas y también en empresas, donde se han implantado soluciones TIC. Pero transcurridos dos años llega el momento de hacer una evaluación sobre esos veinticinco proyectos puestos en marcha por cuarenta administraciones públicas, con un presupuesto de 108 millones de euros. Por ello quisiera conocer la valoración que hace de la ejecución y del grado de cumplimiento de los objetivos de este Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señor ministro.
Muchas gracias, señor González Terol. Este es un tema que usted conoce muy bien y lo conoce en su doble condición de portavoz de agenda digital y como alcalde. Usted sabe lo importante que es la agenda digital y lo que es la introducción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión diaria de los servicios públicos en las entidades locales. Las ciudades inteligentes están ayudando mucho a mejorar esos servicios públicos y a mejorar también la vida de las personas, a integrar sistemas complejos - antes usted ha hablado del riego y también le puedo hablar de la energía - y, desde luego, a fomentar el desarrollo sostenible porque se utilizan menos recursos, se utilizan mejor y es más respetuoso con el medio ambiente. En este sentido ha habido un gran esfuerzo, como usted ha dicho, en el Plan de Ciudades Inteligentes y en las convocatorias que se han realizado. Se han hecho tres, dos de ciudades y una de islas; en la segunda, el éxito de convocatoria fue tal que se produjo un aumento del presupuesto inicial de 93 millones pasándose a 108 millones. Hoy hay cuarenta y cuatro entidades locales que se han beneficiado con proyectos apoyados por estas convocatorias. Se trata de proyectos en diversos ámbitos, si bien destacan algunos como la utilización de vehículos eléctricos en flotas municipales, lo que ha permitido generar ahorros del 75 % del coste por kilómetro o la instalación de sensores de llenado de contenedores de residuos produciéndose un ahorro del 39 % en el consumo de combustible. Este es uno de los grandes temas de futuro, uno de los grandes temas que hay que impulsar. Se estima que el mercado mundial de ciudades inteligentes crecerá a un ritmo anual de más del 20 % y que en 2020 puede acumular hasta 1.500 millones de dólares. Por tanto, estamos ante una de las grandes oportunidades, no ya solo de desarrollar mejor nuestros servicios públicos sino de apoyar la creación de un sector muy interesante para la economía española, especializado, de alto valor añadido y alto valor tecnológico. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿VA A INCREMENTAR EL GOBIERNO EL PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA? [[Número de expediente 180/000038]]
Pregunta de la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, presidenta. El próximo día 14 de diciembre se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Dependencia. El gran logro de esta ley fue sacar del cajón de la beneficencia la atención a las personas en situación de dependencia para convertirlo en un derecho universal y con garantía pública. En estos cinco años de Gobierno del Partido Popular hemos visto, primero, cómo frenaron la aplicación de esta ley para después pasar a demolerla. El balance es claro: El Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el sistema de atención a la dependencia a base de recortes en prestaciones y de recortes presupuestarios. Por eso, señora ministra, le pregunto si piensan incrementar la inversión presupuestaria en la atención a la dependencia. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señorías, señora Ramón, la voluntad de este Gobierno es seguir afianzando la Ley de Dependencia con el máximo consenso con las comunidades autónomas y con la sociedad civil, con el objetivo de garantizar la atención al dependiente, el mantenimiento de su dignidad - sin olvidar a los cuidadores -, con una gestión más ágil, más transparente, con mayor énfasis en la calidad de la atención y en la prevención de la dependencia. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora Ramón.
Señora ministra, nada más llegar Rajoy al Gobierno decidió paralizar el calendario de aplicación de la ley. Poco después, en los Presupuestos Generales del año 2012 eliminó la partida correspondiente al nivel acordado, 283 millones de euros, y más tarde, por si no fuese bastante, rebajó en un 13 % la aportación para el nivel mínimo. En total, más de 1.800 millones de recortes. El Real Decreto 20/2012 fue demoledor; demoledor por los retrasos en la aplicación de la ley, demoledor por los recortes y demoledor porque más de 178.000 personas, la inmensa mayoría mujeres, quedaron fuera del sistema de cobertura de la Seguridad Social. El balance de su Gobierno en dependencia no puede ser más desolador; desolador porque hay casi 400.000 personas en lista de espera y desolador porque 125.000 personas han fallecido esperando ser atendidas. Su Gobierno solo aporta el 18 % de la financiación, cuando saben que deberían aportar el 50 % y que están asfixiando a las comunidades autónomas. Señora ministra, el próximo 3 de diciembre se celebra el Día internacional de las personas con discapacidad. Seguramente les oiremos un bonito discurso, pero ni ellos ni otros que están en situación de dependencia necesitan un bonito discurso, necesitan financiación, la financiación que venimos reclamando desde el Grupo Socialista y que ustedes han negado durante estos cinco años. [[Aplausos]]
Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señora Ramón, no hemos recortado la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia; por mucho que repitan una afirmación, no se va a convertir en veraz. Es cierto que se ha eliminado el nivel concertado, pero se ha compensado, se ha incrementado la financiación adicional que proviene de la Lofca y, por tanto, la aportación global de la Administración General del Estado ha sido superior. No se puede tomar la parte por el todo y confundir la aportación del Estado al nivel mínimo de protección con el total de la aportación del Estado a la dependencia. Usted sabe tan bien como yo que hay dos sistemas de financiación: uno, Presupuestos Generales del Estado, que es finalista y, el otro, el de la Lofca, el de financiación autonómica. La aportación del Estado por estas dos vías de financiación ascendió en el periodo 2007-2011, cuando ustedes gobernaban, a 11.400 millones de euros y, en el periodo 2012-2015, a más de 16.000 millones de euros; 4.668 millones más. El Tribunal de Cuentas lo dice: el 49,2 % de la financiación total es del Estado y las comunidades autónomas han aportado el 50,8 %. Por tanto, el Estado ha cumplido aportando la mitad de la dependencia. Además, le recuerdo una cosa: la atención a la dependencia es un derecho subjetivo y eso significa que su financiación no es discrecional, no depende de la voluntad el Gobierno sino que responde al reconocimiento de un derecho y, por tanto, de un gasto reglado; detrás hay una persona que pide ese derecho subjetivo. De cada 10 euros de presupuesto del ministerio, 7 van a dependencia. En el presupuesto del 2016 se han incrementado las partidas un 6,4 % y son 75 millones más en el 2016 respecto al 2015. Por tanto, mantendremos la política presupuestaria responsable que nos ha permitido reducir el déficit y crear más empleo porque con más empleo pagaremos la dependencia.
Muchas gracias. [[Aplausos]] - DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ IMPLANTANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA REDUCIR LA PREVALENCIA DEL SOBREPESO Y FOMENTAR HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLES DESDE EDADES TEMPRANAS? [[Número de expediente 180/000026]]
Pregunta, también para la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la diputada doña María Eugenia Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como la epidemia del siglo XXI por su impacto en la mortalidad y en la calidad de vida. La prevalencia global del sobrepeso a nivel mundial y de la obesidad en niños de 0 a 5 años ha aumentado del 4,2 % en 1990 al 6,7 % en 2010 y se calcula que en 2020 será del 9,1 %. Señorías, en la infancia y en la adolescencia el exceso de peso tiene repercusiones en la salud, repercusiones muy graves. La obesidad temprana se asocia con factores de riesgo de enfermedad: diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico, peor situación antioxidante o incluso trastornos psicológicos y del sueño. Los cambios de nuestros patrones alimenticios mediterráneos, la comida rápida, la omisión de frutas, verduras y cereales en las dietas, el hecho de que el 8 % de los niños vayan al colegio sin desayunar, junto al ocio asociado a nuevas tecnologías, tienen especial incidencia en niños y adolescentes. La estrategia NAOS que lleva a cabo su ministerio cuenta ya con once años de andadura; sus objetivos consisten en sensibilizar a la población sobre el problema para lograr así que los ciudadanos, especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludable a lo largo de toda su existencia. Su lema es: 'Come sano y muévete'. Señorías, las autoridades sanitarias advierten de que somos lo que comemos, ¿pero somos conscientes los españoles de lo que comemos? ¿Somos conscientes del daño que hace el sedentarismo? ¿Les transmitimos esta conciencia a nuestros hijos? Los hábitos alimenticios y comportamientos sedentarios se desarrollan en la infancia y la adolescencia, siendo luego muy difíciles de modificar. Informar, educar en un consumo responsable es, por tanto, desde la infancia y desde edades más tempranas una obligación y una responsabilidad de todos los poderes públicos. Por el interés que tiene el Grupo Popular en ello, le preguntamos a la señora ministra: ¿Qué medidas está implementando el misterio del que es titular para reducir la prevalencia del sobrepeso y fomentar hábitos de consumo saludable desde edades tempranas? [[Aplausos]]
Señora ministra.
Gracias, presidenta. Señorías, señora Romero, le agradezco su pregunta y su preocupación por el sobrepeso y los hábitos de consumo de nuestros hijos. En los últimos años se han producido una serie de cambios tanto sociales como laborales que han repercutido negativamente, provocando estilos de vida más sedentarios y un deterioro de nuestros hábitos dietéticos. La lucha contra el sobrepeso infantil es una prioridad para este Gobierno. Hace pocos días hemos conocido un dato positivo: la reducción del 3 % de la tasa de sobrepeso infantil entre niños de seis a nueve años. Aunque este dato es positivo, tenemos que seguir trabajando porque la tasa sigue siendo elevada. La reducción de estos 3 puntos es el resultado de las acciones impulsadas por el Gobierno, como bien decía usted, la Estrategia NAOS, cuya finalidad es la mejora de los hábitos alimentarios y favorecer la práctica de la actividad física; la puesta en marcha del Código PAOS para regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores, y también el Plan Havisa para fomentar hábitos de vida saludable. En España tenemos la suerte de poder contar con una de las mejores dietas del mundo, la dieta mediterránea, y yo me pregunto cómo puede ser que teniendo una dieta tan rica y tan saludable seamos el segundo país de la Unión Europea con el índice de obesidad infantil más alto. ¿Hemos hecho lo suficiente? Pues está claro que no, pero hemos dado un primer paso para invertir la tendencia negativa y conseguir esta reducción de estos 3 puntos. Pero dado que tenemos esta base de la dieta mediterránea, tenemos que continuar fomentando y creando hábitos de consumo saludable, hay que involucrar más a los centros educativos y a las familias en la educación nutricional de nuestros hijos. Precisamente la Estrategia NAOS propone acciones concretas en las escuelas, incluyendo en el currículum académico conocimientos y habilidades relativos a la alimentación y a la nutrición, así como reforzar talleres extraescolares en la iniciación de los niños en el mundo de la cocina, mejorar la formación de nuestros educadores, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que un 20 % de nuestros hijos realiza la principal comida, durante cinco días a la semana, en los comedores escolares. Por este motivo es de especial importancia perseguir la mejora de los índices de obesidad infantil en los colegios. El ministerio desde hace once años está desarrollando el programa Consumópolis, con el que estamos trabajando en todas las escuelas, este último año con 8.000 chavales. Pero esto solo lo conseguiremos juntos con la Administración, la sociedad, los padres, las madres y las escuelas. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el futuro de las autopistas de peaje. Para la defensa, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
Molt bon dia a totes y a tots. Hace dos minutos me ha parecido adecuado ir a presentarme al señor ministro para felicitarle por su nombramiento y para desearle que tenga mucha fortuna en su gestión. El ministro me ha mirado y me ha dicho: De hecho, solo hablo de Cataluña. Llevo cuatro días nombrado como ministro y solo hablo de Cataluña. Y yo le he dicho: Ministro, es normal. Ya se dará usted cuenta. Empezaré con dos datos importantes. El primer dato, el tramo de la AP-7 entre Molins de Rey y Martorell se ha pagado ochenta veces. Repito, hemos pagado nada más y nada menos que ochenta veces la inversión inicial. Segundo dato, en el año 2014 las autopistas con peaje explícito, el de la barrera, el de sacarte algo del bolsillo, pagar y abrir la barrera, recaudaron 1.722 millones de euros, de los cuales 967 millones, es decir, el 56 %, se recaudó en Cataluña. Más de la mitad del dinero recaudado en todas las autopistas de peaje del Estado fue recaudado en Cataluña. Señor ministro, las catalanas y los catalanes estamos hartas y hartos de pagar estos peajes. De hecho, Cataluña se puede recorrer a lo largo y a lo ancho mediante autopistas de peaje y si Cataluña lleva pagando cincuenta años de autopistas es porque el Gobierno español no ha hecho las autovías gratuitas que sí ha hecho, por ejemplo, en Madrid. Porque, lejos de primar la comunicación de los ejes productivos como, por ejemplo, el corredor mediterráneo mediante autovías gratuitas que beneficiarán la competitividad de las empresas, cosa que parece muy lógica, España siempre ha primado un modelo ideológico centralista y, vamos a decirlo, radial. De hecho, esto es así desde 1720 cuando se aprobó el primer plan de caminos que definía a la perfección una estructura centralista y radial, esto sí, con Madrid en el ombligo. Siempre les ha podido más el centralismo que el racionalismo. No en vano, tienen un mapa radial de alta velocidad antes que en el corredor mediterráneo que conecte el principal eje económico del Estado con África y con Europa. Las catalanas y los catalanes, repito, estamos pagando sobradamente la concepción ideológica del Estado y lo estamos pagando en dos conceptos, el primero en calidad de vida y el segundo en dinero. En calidad de vida porque los tres tramos de autopista con mayor intensidad media diaria de todo el Estado están en Cataluña o porque es una autopista catalana la que soporta la mayor circulación de vehículos pesados y también lo estamos pagando en dinero. ¿Por qué? Porque Cataluña paga los peajes más caros de todo el Estado con un coste de 23 céntimos/kilómetro, mientras que en España el kilómetro se paga a 14 céntimos de media. ¿Por qué un ciudadano que vive en Rubí y va a Barcelona a trabajar - que sería, para que me entiendan, como vivir en Torrelodones y trabajar en Madrid - paga casi 2.000 euros al año en peajes? Pues bien, como les decía, las catalanas y los catalanes estamos hartas y hartos de pagar y no queremos pagar más, señor ministro. Y como caduca la concesión de las autopistas de peaje de titularidad estatal que pasan por Cataluña, esto es, la AP-2 y la AP-7, queremos que usted nos garantice que no nos van a alargar más esta concesión y que vamos a dejar por fin de pagarlas. No en vano, las hemos pagado ya veinticinco veces. Ha empezado la cuenta atrás para que termine, como decía, la concesión de la AP-7. De aquí a poco más de dos años, el 31 de diciembre de 2019, Abertis tendrá que librar al Estado español, titular de la autopista, el tramo de Tarragona a Alicante y, dos años después, la parte norte de Tarragona hasta la frontera del Estado francés así como la AP-2, el tramo desde el enlace con la AP-7 hasta Zaragoza. Así pues, lo que pase con las barreras de accesos, estas que se levantan cuando pagas, el día después que la Administración reciba la infraestructura, es una de las decisiones importantes que hoy tiene el Gobierno Popular encima de la mesa. En plena campaña electoral, concretamente el 16 de abril de este año, la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, dijo textualmente que con el Partido Popular la AP-7 quedaría libre de peajes, y esto fue ratificado por el portavoz popular, Rafa Hernando, un mes después en antena en Cataluña Radio. Si este propósito se acaba llevando a la práctica, querrá decir que más de medio siglo después, más de cincuenta años después de la entrada en servicio del primer tramo de autopista, el de Malgrat a Mataró, un conductor podrá atravesar Cataluña, desde La Jonquera hasta Les Cases d'Alcanar, sin tener que pararse en ninguna barrera ni pagar el correspondiente peaje, unos 34 euros en el caso de un vehículo ligero. Así pues, se pondrá fin a una de las discriminaciones más sangrantes entre territorios. ¿Pero esto va a ser así?, ¿puede afirmarnos, señor ministro, que no se alargará la concesión de la AP-7 y de la AP-2? Señor ministro, nos ha llegado por varias vías el rumor - ya sabe que cuando los rumores suenan a veces acaban siendo verdad - que la finalización de las autopistas de peaje catalanas dependerá del rescate de las autopistas radiales madrileñas. Al parecer, alguien tiene la brillante idea de que la quiebra de las autopistas radiales madrileñas la paguemos también las catalanas y los catalanes ampliando los peajes de la AP-7 y de la AP-2. Espero, señor ministro, espero, que desmienta absolutamente este extremo desde esta misma tribuna, porque además la quiebra de las autopistas madrileñas es culpa del Gobierno Aznar. No en vano, durante el Gobierno de Aznar se licitaron y se adjudicaron un total de quince autopistas, entre las cuales ya han quebrado en este preciso momento nueve: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la autopista madrileña Eje Aeropuerto, la M-12, que une la ciudad con el aeropuerto de Barajas, la AP-41, Madrid-Toledo, y la AP-36, Ocaña-La Roda, la de Cartagena-Vera, que es la de Almería-Murcia, y la circunvalación de Alicante. El problema, señor ministro, es que gracias a las generosas cláusulas de las concesiones los riesgos y la quiebra no son asumidos por las empresas concesionarias, sino que las asume el Estado, que más allá de los 5.000 millones adelantados como seguro de cambio y de otros créditos participativos, ahora tendría que hacer frente a las quiebras y asumir el rescate de las autopistas que la patronal cifra entre, más o menos, 5.700 millones y 8.000 millones de euros. Una auténtica vergüenza. ¿Y sabe por qué? Porque las autopistas no responden a un evidente interés público. Evidentemente que no. El primer Gobierno de Aznar aprobó la construcción de las autopistas radiales de Madrid R-2, R-3 R-4 y R-5 en dirección a Guadalajara, Arganda, Ocaña y Navalcarnero, respectivamente. Una vez aprobada la construcción en febrero de 1997, una orden ministerial declaraba que las actuaciones eran urgentes, urgentes y de especial interés, en tanto que se consideraban imprescindibles, ya que las que nuevas radiales de Madrid garantizaban adecuadamente la movilidad metropolitana ante la -¡atención!- congestión de las actuales carreteras - decían, y añadían - en las cuales se supera el 80 % de la capacidad de las respectivas vías, junto con, junto con, el crecimiento previsto de las viviendas ocupadas de la periferia madrileña. En definitiva, y resumiendo, las autopistas de peaje proyectadas no están pensadas como necesarios ejes viarios del Estado, sino que están pensadas para descongestionar y permitir el crecimiento urbanístico - claro está, claro está - de la ciudad de Madrid. Tanto es así que, a la par con los concursos de licitación de la R-1, la R-3, la R-4 y la R-5, se licita también la M-50 - el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que viene después de la M-30 y de la M-40-. La adjudicación de las obras se realiza al final de la primera legislatura de Aznar y se inauguran justo al final de la segunda, poco antes de las elecciones del año 2004. Estas fechas parecen tan casuales como las fechas en que algunos dirigentes de las empresas constructoras aparecen en los apuntes del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, tal y como han denunciado ante la justicia - no descubro nada -, entre otros, Ecologistas en Acción. Acabo esta primera intervención de la interpelación, señor ministro, diciendo que no sé qué idea tiene para pagar la quiebra de estas autopistas, si es que tienen alguna idea al respecto, que espero que sí, y que no sea la que antes apuntaba que se rumorea. Pero le advierto, otra vez - sin ánimo de amenazar, faltaría más - que las catalanas y los catalanes no estamos dispuestos, señor ministro, a que nos alarguen la concesión de nuestros peajes para pagar su desastre. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.
Buenos días, señora presidenta. Señoría, es cierto que en las intervenciones que voy teniendo en el Senado y aquí mismo, Cataluña es el foco principal de atención, pero también es cierto que, en materia de infraestructuras y transportes, en Cataluña hay muchos asuntos urgentes y, alguno de ellos, me atrevería a decir que inaplazable. Por eso, lo primero que quisiera manifestarle es mi sorpresa por el hecho de que, entre todos ellos, para usted y para su grupo el más urgente - por eso esta es una interpelación urgente - sea saber qué va a hacer el Gobierno de España dentro de tres años en una autopista. Para poderle dar un contexto sobre esa decisión, me gustaría darle algunos datos sobre las autopistas en general en la Red de carreteras del Estado. La red tiene 26.330 kilómetros, lo que le supone aproximadamente el 16 % del total de kilómetros de carreteras que hay en España - me refiero a la red del Estado -. A este gran patrimonio viario, entre el año 2012 y 2016, hemos destinado cerca de 13.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Por lo que usted dice, da la sensación de que no ha habido ningún tipo de inversión. En cuanto a las de gran capacidad, las autovías y las autopistas de peaje, en estos momentos suponen más de 12.000 kilómetros, de los que 3.000 corresponden a autopistas de peaje. Estos 3.000 se reparten en 28 autopistas de peaje, gestionadas por 21 entidades y sociedades concesionarias; y, además, existen otros 500 kilómetros de autopistas de peaje en régimen de concesión que no dependen del Estado, que dependen de otras administraciones, y que son gestionadas por 11 empresas concesionarias. Es decir, si vemos el número de kilómetros y el número de autopistas de peaje, en primer lugar, nos damos cuenta de que, en relación con otros países de Europa, la proporción de kilómetros de autopistas de peaje en relación con la red de alta capacidad no es, ni con mucho, de las más elevadas. Por poner un ejemplo, en Francia hay más de 9.000 kilómetros. Estas autopistas se usan cada vez más. Es un dato conocido que el incremento que se produjo el año pasado con respecto al anterior fue del 6,4 %, para llegar a una densidad media de casi 17.400 vehículos. Si nos vamos a Cataluña existen 12.000 kilómetros de carreteras, de los que 1.814 pertenecen a la red estatal. En estos kilómetros de red estatal hay 883 que son de alta capacidad; y de ellos, 463 kilómetros son autopistas de peaje. No habla usted - se le olvida - de las autopistas de peaje de la Generalitat, que es titular de otros 212 kilómetros de autopistas en régimen de concesión, casi la mitad de las que tiene el Estado. Por lo tanto, estamos ante una red madura, con un alto porcentaje de infraestructuras viarias de altas prestaciones. Lo que vamos a hacer en esta legislatura, por supuesto, es continuar con el importante impulso inversor que se ha hecho en este periodo 2012/2016, al que se han destinado para este tipo de infraestructuras más de 1.200 millones de euros. Estas inversiones han permitido en Cataluña la puesta en servicio de 67 kilómetros de nuevas autovías, 80 kilómetros de carreteras existentes, 18 de nuevas carreteras convencionales y la puesta en servicio y remodelación de cinco enlaces. Hemos tenido que pagar más de 200 millones de euros en expropiaciones correspondientes al periodo 2007/2009 - que no se pagaba a la gente -, y hemos licitado actuaciones por más de 500 millones de euros, entre las que destaca, como bien conoce, el acceso sur viario al puerto de Barcelona o el enlace de Vidreres en la A-2 de Girona. Descendiendo ya a la cuestión relacionada con las concesiones de autopistas de peaje, permítame decirle que desde el año 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy no ha aprobado ninguna ampliación de períodos concesionales con estos fines. No estamos aquí para hablar de rumores, estamos para hablar de hechos y los hechos nos dicen que no ha existido ninguna ampliación. Por contra, lo que se ha hecho es fomentar el uso de este tipo de infraestructuras a través de la aprobación de una serie de bonificaciones al peaje. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento y la ministra Ana Pastor, en una decisión muy afortunada, en perfecta coordinación con la Generalitat de Catalunya, han venido aplicando desde abril de 2013 en el corredor viario de la AP-7 - autopista que usted ha mencionado -, de Maçanet a la frontera francesa, medidas de reducción del peaje a los vehículos pesados hasta en un 50 %, prohibiendo su circulación por la N-II. Con esta medida se ha conseguido retirar de la circulación de esta carretera a 3,7 millones de vehículos pesados, lo que permitió su descongestión y, desde luego, un tráfico más fluido y, lo que es muchísimo más importante, se ha conseguido un alto nivel de seguridad vial en relación con la situación anterior. Desde que se aplicó esta medida se ha producido en la N-II en Girona una reducción de los accidentes mortales del 73 % y una reducción de las víctimas del 63 %. Así que con todos estos antecedentes el Ministerio de Fomento - ya le puedo decir -, lo que no contempla a corto plazo es prorrogar los plazos concesionales de ninguna de estas autopistas ni de ninguna otra autopista de peaje en régimen de concesión administrativa. La previsión es que cuando llegue a su término, cuando llegue el momento de la reversión y estas pasen a la Administración General del Estado, es cuando la Administración General del Estado tendrá que decidir la forma de explotación de las mismas a partir de ese momento. Ha mencionado usted también en su intervención la situación de las radiales y otras autopistas que, como ya es conocido, se encuentran en una situación muy comprometida, puesto que están en fase de procedimiento concursal. Son ocho concesiones de autopistas de peaje las que se han visto sometidas a una situación complicada, en primer lugar, por los sobrecostes de la propias expropiaciones que inicialmente eran 400 millones, pero que finalmente han sido cerca de 2.300 millones de euros y, además, por una existencia de tráfico real que era inferior al estimado en las ofertas hasta en un 45 %. Lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy es no cruzarse de brazos y, desde el año 2012, ha emprendido una serie de reformas para tratar de mitigar el impacto de la problemática de este tipo de concesiones y para prevenir problemas en el futuro con numerosas medidas, entre las cuales cito la última, la correspondiente al año 2015: se ha limitado la responsabilidad patrimonial de la Administración en los casos de la resolución anticipada de los futuros contratos concesionales. También se ha venido trabajando en una propuesta de convenio consistente en una renegociación de la deuda fundamentalmente con los acreedores, pasando la empresa pública Seitt a adquirir los activos de las concesiones para la gestión y su puesta en valor. Aún no se ha conseguido, y es una cuestión francamente difícil por la desinversión que se producido entre los principales accionistas, pero sí le puedo decir que vamos a tratar, aunque sea muy difícil, de seguir intentando ese posible acuerdo con las entidades financieras. De hecho, ya hemos iniciado los contactos para ver si es posible minimizar el impacto para el conjunto de la sociedad española. Estamos trabajando paralelamente en el supuesto de que se produzca esa liquidación definitiva y acometer las actuaciones en dichas autovías. Concluyendo, para las que están próximas a su finalización o reversión, nuestro deseo es no prorrogar los plazos en los períodos concesionales, por lo tanto, revertirán a la Administración General del Estado y será esta la que decida en su momento la forma de explotación de las mismas a partir de ese momento. Por otro lado - insisto -, desde el año 2012, el ministerio está trabajando intensamente en articular un conjunto de actuaciones alrededor de las concesiones de autopistas de peaje que se encuentran en esas dificultades de viabilidad económica y financiera, con una premisa fundamental - quiero recordarle que en este punto que usted ha hecho mención solo a un partido político -, hay muchas actuaciones realizadas por otros partidos políticos que no ha mencionado y que yo sí mencioné la semana pasada. Me refiero, por ejemplo, a decisiones que tomó el Grupo Socialista de incluir préstamos participativos en estas concesiones para compensar sobrecostes en las mismas, hasta un valor de 483 millones de euros - nada más y nada menos - o la creación de cuentas de compensación para anticipar los ingresos operativos hasta el 80 % de los ingresos previstos en las ofertas - lo que supuso una inversión adicional de otros 80 millones de euros - o de la devolución finalmente de esos préstamos participativos mediante una autorización en los años 2010 y 2011 de modificaciones contractuales, eso sí, para elevar las tarifas de peaje y los plazos concesionales. Nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en lo importante, en lo fundamental, que no es otra cosa que garantizar que esas y otras autopistas van a seguir funcionando y estando disponibles en todo momento en óptimas condiciones de servicio para quienes deseen utilizarlas. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Jordà i Roura. [[El señor]]
Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Le haré un par de consideraciones: la primera es que sí, que sí es urgente; ya sé que faltan dos años para el 2019 y otros dos para 2021, pero les conocemos, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que le doy la razón en que ahí también tienen parte en la tarta. En cualquier caso, como los vemos venir, les advertimos y queremos que usted haga buenas hoy las palabras que nos dijo la ministra Pastor y que ratificó el portavoz Hernando. Seguramente en 2021, cuando acabe la segunda concesión, ya tendremos nuestro propio ministerio de fomento, pero ustedes cumplan, que esto es lo que les pedimos. Y no me hable de nacional N-II, señor ministro. Sí, es cierto que después de la presión de la Generalitat y con la buena predisposición de la ministra, conseguimos sacar los camiones porque la nacional N-II en Girona, por ejemplo, es una de las vías donde más gente ha perdido la vida y es una vía que aún no está desdoblada; así que no me ponga este ejemplo. Ya se lo he dicho, las autopistas de peaje catalanas han afectado no solo a nuestra calidad y nivel de vida, sino también a nuestra competitividad; cosa también muy importante. Y estamos quemadas y quemados cada vez que tenemos que rascarnos el bolsillo en un peaje. Como sabe bien, esto es una reivindicación histórica en Cataluña - no me lo he sacado yo del bolsillo -. Repito, es urgente, porque no es urgente hoy ni dentro de un año, sino que ya lo era hace dos años. No en vano el Parlament de Catalunya aprobó una proposición de ley para la creación de un fondo de rescate de nuestros peajes. Esta iniciativa fue tomada en consideración por el Congreso en el año 2008. No obstante, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo - una vez más - para alargar los plazos de enmiendas a la proposición de ley, de manera que la iniciativa decayó con el fin de la legislatura, y las catalanas y los catalanes hemos seguido pagando. Es que es el cuento de la lechera, lo de siempre, lo mismo. La oposición de la sociedad catalana a los peajes ha ido creciendo en los últimos años, siendo conscientes de que ya los hemos pagado sobradamente. Por otro lado, se han creado plataformas ciudadanas que han impulsado el debate a lo largo de los años. La abundante producción científica generada en las universidades, la creación de un grupo de trabajo específico en el Parlament de Catalunya, etcétera, han hecho converger muchas opiniones hacia la misma idea, la misma: el peaje financiero actual está agotadísimo, señor ministro, y es absolutamente necesario avanzar y evolucionar hacia un modelo de peajes que sea homogéneo, que sea armónico y evidentemente que sea sostenible. A pesar de la injusticia y el agravio, continuamos teniendo serias dudas de que el Gobierno español acepte que en Cataluña dejemos de pagar los sangrantes peajes de la P-7 y de la P-2, en primer lugar, porque tenemos dudas - usted también ha hablado de esto - sobre la libertad real que tendrá del Gobierno español - esto es muy importante - a la hora de tomar cualquier decisión de este tipo sin que antes se haya resuelto el conflicto con la concesionaria, que en estos momentos reclama 1.235 millones de euros, en virtud de un compromiso de demanda no lograda, aparte de otras problemáticas de las que no me da tiempo a hablar; problemáticas derivadas, evidentemente, de la ineficiencia española así como de una clara política de -¡atención!- socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Así va: al amparo de una Ley de contratos del sector público hecha a medida, evidentemente, como tantas cosas, de las grandes empresas y del chanchullo. Acabo. Esto que le he dicho es lo que pasó exactamente con el proyecto Castor, con el túnel del Pertús o ahora con las autopistas radiales madrileñas. Por cierto, todos estos proyectos, todos, tienen en común a un mismo Florentino Pérez; por si alguien no se había dado cuenta. En cualquier caso, y sea como sea que paguen las autopistas en quiebra - que deseamos que las paguen -, olvídense de que las paguemos nosotros; con pagar las nuestras veinticinco veces, señor ministro, ya hemos tenido más que suficiente. Muchas gracias, señor presidente [[Aplausos]]
Muchas gracias, señora Jordà. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Jordà. Señoría, vuelvo a insistirle en las inversiones que ya estamos haciendo en Cataluña, que parece que usted obvia y que son importantes. Vuelvo a darle el dato de los 11.200 millones de euros que se han invertido desde el año 2012 con ese incremento para este año 2016 de un 7 %. Esto le puede parecer a usted mucho, poco o muy poco; pero para ponerlo en el contexto adecuado, me refiero a la contestación que he dado al señor Bel hace escasamente unos minutos, es tres veces más [[1.600 frente a 552]] de lo que la propia Generalitat ha invertido en las redes de infraestructuras y transporte. Y en lo que se refiere a la mayor proporción de autopistas de peaje y a ese discurso victimista que usted ha hecho sobre la situación en Cataluña, permítame darle cuatro datos. Uno: su comunidad autónoma no es la comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de red de autopistas de peaje respecto a las carreteras totales de alta capacidad en servicio en la comunidad teniendo en cuenta el PIB y la población. Dos: en lo que su comunidad autónoma sí es la mejor es en la recepción de subvenciones al peaje; es la comunidad autónoma que más ha recibido durante el periodo 2012-2015, cuatro veces más que la siguiente. Tres: la red de carreteras autonómicas con mayor longitud de peajes es la catalana; esta es una realidad y eso no se puede achacar al Gobierno de España. Y, cuatro - que usted decía, y lo decía muy claro, que no quería pagar más en lo referente a los precios medios de los peajes -: las autopistas estatales en Cataluña tienen un precio que se ajusta a la media; pero le puedo decir que las autopistas autonómicas cuestan un 75 % más que las autopistas estatales. Así que, señoría, si me lo permite, creo que sería más productivo y, desde luego, mucho más interesante para el conjunto de los catalanes, si en lugar de dedicar el esfuerzo a interpelar al Gobierno, que esta bien, que está muy bien, lo dedicara o lo canalizara a solicitar también una rebaja de esos peajes de las autopistas de titularidad autonómica. Le vuelvo a insistir: no son dos años, son tres años, son tres años y finaliza en diciembre del año 2019. Lo que trato de decirle es que para nosotros lo verdaderamente urgente, lo verdaderamente importante - mucho más que la decisión que pueda tomar el Gobierno dentro de esos tres años - es, por ejemplo, tomar una decisión lo antes posible sobre las autopistas AP-7 en Tarragona y AP-2 en Lleida, para mejorar la seguridad vial y para disminuir también la siniestralidad, de acuerdo con lo que ya se ha hecho en el corredor norte, en la AP-7 en Girona, para conseguir que la N-340 en Tarragona o que la N-240 en Lleida puedan verse beneficiadas de un descenso en el tráfico y, por lo tanto, puedan mejorar las condiciones de seguridad vial. Eso es lo importante para nosotros y eso es lo que queremos trabajar junto con la Generalitat para implantar medidas de desvío de los vehículos pesados en estas dos autopistas: en la AP-7 en Tarragona y en la AP-2 en Lleida, y nos comprometemos, por supuesto, a participar en esas compensaciones en forma de bonificaciones de peaje para ese tipo de vehículos, con lo que esto supondrá - vuelvo a repetir - para las nacionales 340 y 240. Esa es la verdadera cuestión que a nosotros nos preocupa, la mejora de la seguridad vial que es inmediata. En cualquier caso, déjeme insistirle que en relación con las concesiones, que llegarán a su término a su reversión, estas revertirán a la Administración General del Estado y, en su momento, decidirá su forma de explotación. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias, señor ministro. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO [[SEÑOR HOMS MOLIST]], SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DA EL GOBIERNO DE ESPAÑA A LOS 46 TEMAS PLANTEADOS EL 20 DE ABRIL POR EL PRESIDENTE PUIGDEMONT. [[Número de expediente 172/000006]]
Pasamos al siguiente punto del orden del día: interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Homs, sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el presidente Puigdemont. Para su defensa, tiene la palabra el señor Homs Molist.
Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta del Gobierno, es un honor debatir con usted especialmente diez años después de coincidir en el debate del Estatut catalán, aquel que les motivó tanto, tanto y tanto que recogieron firmas por doquier. - Se acordarán ustedes seguro -. En diez años, la verdad es que ha llovido mucho y han pasado muchas cosas. No voy a hacer el repaso, tampoco tendría sentido ni tiempo pero, cordialidad aparte - que la mantenemos - entonces usted ya presentaba recursos contra el Estatut de Catalunya, y yo lo defendía. Ustedes alegaban la ley para limitar la democracia, y nosotros alegábamos la democracia para cambiar la ley. Nosotros ganamos un referéndum, y ustedes lo perdieron. Ustedes ganaron una sentencia ante el Tribunal Constitucional, y nosotros montamos la primera gran manifestación - entonces, recordarán, encabezada por el president Montilla - con un lema que decía: Som una nació. Nosaltres decidim - Somos una nación. Nosotros decidimos -. Hago estas referencias porque están en buena parte en el fondo de un debate que seguro que nos preocupa a todos, al menos a nosotros, sobremanera. Porque, si bien ha llovido mucho, lo cierto es que hay actitudes que no han cambiado para nada. Si acaso han ido a peor, al menos desde nuestra perspectiva. Voy a recurrir a un artículo publicado por un periodista que se llama Jofre Llombart que de una forma muy didáctica sitúa las muestras de diálogo que hemos conocido durante estos últimos años, ya que ahora hablamos tanto de diálogo. Dice así: ¿Solucionar la pobreza energética? Respuesta de ustedes, no. ¿Al menos la de los meses de invierno? No. ¿Pacto fiscal? No. ¿Recaudar impuestos? El FLA. ¿Prohibir el fracking? No. ¿Cobrar un impuesto a las grandes fortunas? No. ¿Proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes? No. ¿Decidir sobre los horarios comerciales? No. ¿Hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres? No. ¿Decidir cuál es la lengua vehicular en la escuela? No. ¿Cobrar una tasa a las operadoras de Internet para dedicarlo a la cultura? No. ¿Prohibir las corridas de toros? No. ¿Sancionar a las cadenas televisivas que emitan contenidos inapropiados? No. ¿El corredor mediterráneo? No. ¿Arreglar cercanías? No. ¿Selecciones deportivas catalanas? No. ¿Votaremos si vale la pena seguir? No. Pues simularemos que votaremos. Tampoco y, si lo hacemos, imputaremos. ¿De verdad que en todas estas cuestiones no tenemos autonomía política desde la perspectiva de autogobierno de Cataluña? ¿Está usted segura de que cuando decía esta mañana, que la Constitución daba cobijo en el 78 a todos - seguro no tengo ninguna duda porque así se votó en referéndum - hoy esta Constitución da cobijo a todos? ¿De todo esto no se puede hacer nada? Es donde estamos en estos momentos. En fin, a nuestro modo de ver resulta estremecedor, y algunos aún se preguntan qué pasa en Cataluña. Pues ahí tienen una parte, al menos desde nuestra perspectiva, de la respuesta. El documento, que usted conoce, que el presidente Puigdemont entregó al presidente Rajoy hacía referencia, entre otras muchas cosas, a esta esquemática relación de hechos que le acabo de citar. Fue entregado, como sabe usted, en abril, hace siete meses. Era parecido además al que Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, entregó en julio de 2014, es decir, hace veintiocho meses. Ya sé que han estado ustedes en funciones, pero precisamente por eso tiempo han tenido para elaborar una respuesta política a todos y cada uno de los asuntos planteados, respuesta que hoy espero que nos dé, si no en todo al menos en parte, durante su intervención, porque hasta ahora ha sido nula, como usted sabe. Ahora proliferan las crónicas periodísticas en las que se cuenta que hay una gran disposición al diálogo. Si de verdad eso es así, nos van a encontrar siempre, porque siempre hemos tenido la voluntad de diálogo. La hemos practicado, la practicamos y la practicaremos siempre. Razones no nos faltan, ni - me va a permitir una referencia personal - a mí tampoco, para ser escépticos con ustedes, pero la actitud dialogante forma parte de nuestros principios y de nuestros valores y no los vamos a cambiar hagan ustedes lo que hagan; no se confunda esto, dicho sea de paso, como muchas veces parece que se hace, con estar dispuestos a renunciar ni a nuestro programa ni a nuestros compromisos, porque también forman parte de nuestros principios y de nuestros valores. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dijo el pasado lunes el señor Feijóo, precisamente en Barcelona: no es bueno poner líneas rojas. Nosotros no las ponemos y espero que ustedes tampoco. Se debe poder hablar de todo, señora vicepresidenta, y además tenemos el deber de dialogar, porque estamos comprometidos democráticamente con lo que la ciudadanía ha votado, ustedes y nosotros, todos. Puede gustar más o menos, a ustedes y a nosotros, pero sinceramente creo que el principio democrático debería ser el marco en el que desarrollar un diálogo franco y sincero. Al menos así lo vemos nosotros. Me parece oportuno hacer una referencia concreta a la cuestión clave para resolver lo que para ustedes es un desafío y para nosotros una oportunidad: la celebración de un referéndum. En la democracia creemos que está la solución, no los problemas; lo que pasa es que la democracia exige convencer y no sirve solo vencer. Ustedes vencieron con la sentencia contra el Estatut d' Autonomia de Catalunya de 2010, pero no convencieron. La prueba de ello es donde estamos. Nunca en Cataluña el independentismo había tenido tanta fuerza como ahora. Por cierto, no tenga usted ninguna duda - ya lo sabe porque me conoce - de que me alegro. Conozco su opinión y la de su Gobierno sobre la cuestión del referéndum - esta mañana la ha vuelto a expresar -, pero sería inteligente y útil políticamente darnos la oportunidad - fíjense lo que planteo - de simplemente poder hablar a fondo de ello, que no lo hemos hecho. Hasta ahora ustedes no han querido ni tan siquiera hablar. No les pido que cambien de opinión - la conozco -, pero tampoco nos pidan que cambiemos la nuestra porque no lo haremos; eso sí, al menos démonos la oportunidad de hablar a fondo de ello. El Parlament de Catalunya aprobó el 6 de octubre de este año el tenor literal siguiente, que creo que aún no está suspendido: Se acuerda impulsar - dice el Parlament de Catalunya - las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Estado español para hacer posible la celebración de un referéndum sobre la opinión de la ciudadanía de Cataluña en relación con el futuro político de Cataluña como nación. Esto lo aprobó el pasado mes de octubre el Parlament de Catalunya. Unos días más tarde, el 10 de octubre, el president Puigdemont vino a Madrid y dijo lo siguiente. Se lo reproduzco porque hubiera estado bien, ya que están dispuestos al diálogo, escuchar lo que decía. Dijo el president Puigdemont: La propuesta catalana al Estado es prioritaria. Lo es para mi Gobierno, y si se empieza a negociar para su implementación, ello marcaría la agenda del Gobierno que presido. Una agenda en la que, con el objetivo de llamar a los catalanes a las urnas para que decidan, no debería haber restricciones previas para hablar de, primero, la fecha del referéndum, cuándo debería celebrarse y en qué condiciones; segundo, la pregunta a realizar, qué preguntamos concretamente - nuestra propuesta es clara, pero ¿hay una propuesta por parte del Estado?-; tercero, los resultados para considerar válida la respuesta y el compromiso para implementarla; y cuarto, obviamente también se puede hablar de un compromiso de moratoria antes de volver a promover un referéndum similar. Mi grupo hace suyas estas afirmaciones, las del Parlament de Catalunya y las del president de la Generalitat. Son posiciones políticas que hace un año no contaban con el respaldo mayoritario de los diputados catalanes en esta Cámara. Se nos dijo en abril de 2014 - y razón no faltaba - que cómo podíamos pedir un referéndum si ni tan siquiera la mayoría de los cuarenta y siete diputados catalanes lo respaldaba en esta misma Cámara. Pues bien, ahora sí que existe este respaldo. Ya sé que la mayoría de esta Cámara hoy no está por esta labor, pero en Cataluña las cosas han cambiado y la apuesta por el referéndum no solo es persistente, sino que recoge una amplísima y creciente mayoría política y social. Por todo esto, mi grupo les plantea simplemente poder hablar de ello con un mínimo de serenidad y tranquilidad. Propusimos durante la campaña electoral constituir una comisión de trabajo sobre el referéndum y la cuestión catalana en el Congreso de los Diputados. Es una propuesta sencilla para abrir el diálogo de forma sincera y constructiva, sin pedir a nadie que renuncie a nada. Insisto en que tampoco se nos puede pedir esto a nosotros, porque entonces ya no estaríamos en el marco del diálogo y del respeto, sino de la pura y simple imposición. Ya le digo en ese sentido de forma clara que no vamos a aceptar nunca ninguna imposición por muchas amenazas, imputaciones e inhabilitaciones que nos echen encima. Señora vicepresidenta, esta es una propuesta sencilla pero de calado. Es compatible - debe serlo - con las relaciones institucionales que su Gobierno tiene que mantener con la Generalitat de Catalunya - cosa a la cual la animo - y, tal y como nos sugiere nuestro Parlament de Catalunya, creemos que podría ser útil para este debate también su institucionalización en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. De hecho, ustedes disponen de un incierto respaldo parlamentario que les obliga a actuar de forma permanentemente vinculada a esta Cámara. Insisto en que la propuesta es muy concreta y para ser ejecutada en un plazo también muy concreto de no más de tres o cuatro meses. Creo sinceramente que no estamos en condiciones ni ustedes ni nosotros de mantener un ritmo - dicho con todo el respeto - al estilo Rajoy para lo que tenemos entre manos. Es evidente que seguir jugando a través de los tribunales y de la judicialización de aquello que debería ser campo de la política no es el camino correcto, y el tiempo lo cura todo, tampoco. Está en sus manos - también en las del resto de la Cámara que la operación diálogo no se convierta en una operación monólogo. Muchas gracias por su atención, señora vicepresidenta. [[Aplausos]]
Gracias, señor Homs. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Con la venia, señor presidente. Señor portavoz, me agrada que recuerde usted esos años. Todos hemos envejecido un poco y algunos también han evolucionado. Algunas cosas de las que le he oído hoy aquí no se las escuché entonces, pero tiempo tendremos para recuperar algunas cuestiones. Señor Homs, me gustaría hacerle un análisis previo. Los problemas y las necesidades de los catalanes han sido y son responsabilidad del Gobierno de España. El Gobierno de España es Gobierno para 46,5 millones de españoles y, entre ellos, para 7,5 millones de catalanes. Estamos aquí, el Gobierno está aquí y yo estoy aquí contestando a su interpelación con mucho interés para buscar soluciones a sus demandas y necesidades reales, que son tanto su responsabilidad como la mía. Siempre he defendido - y me lo oyó usted decir hace diez años - que este Congreso de la nación, del que usted y yo somos miembros, el Gobierno, la Generalitat de Catalunya y las distintas corporaciones locales somos Estado. Cada uno de nosotros, desde la potestad legislativa, desde el control del Parlamento o desde la potestad ejecutiva del Gobierno, tiene la responsabilidad de buscar el bienestar de todos los ciudadanos. En un Estado tan descentralizado como el español, que ocupa los puestos más altos en descentralización en todos los ránquines de las organizaciones internacionales, todas las administraciones públicas estamos llamadas a poner de nuestra parte para colaborar desde nuestras competencias particulares en la consecución del interés general. Por eso le diré que nos corresponde a todos ejercer una responsabilidad compartida que va más allá del recurso al reproche o al agravio en ocasiones comparativo. Señor Homs, el mundo incierto que viene se afronta no buscando en otros el origen de los problemas, sino el interlocutor necesario para las soluciones, y yo desde luego vengo con ese ánimo. Les invito por tanto - si ustedes se toman en serio, como nosotros lo hacemos, eso que llaman operación diálogo y que para nosotros es, desde luego, un método y un instrumento de resolución de problemas - a que superemos la fase de los reproches y a que nos concentremos en lo tangible. Siempre lo hemos hecho, siempre este Gobierno ha estado pendiente de las dificultades por las que atravesaba Cataluña, especialmente en los momentos más agudos de la crisis. [[La señora]] Lo hemos hecho con convicción y con gusto, porque todo lo que atañe a los catalanes nos incumbe y nos importa. Antes de que hablemos de los 46 puntos - aunque usted se ha centrado en uno solo -, permítame que le haga balance de lo que hemos hecho hasta ahora. En política fiscal y financiera entre 2012 y 2016, Cataluña ha recibido 55.000 millones de euros a través de mecanismos de liquidez y un ahorro de intereses - porque a usted también le preocupa en su documento de 46 puntos el ahorro de intereses - de 16.000 millones de euros. En infraestructuras, el Gobierno ha destinado a Cataluña 11.000 millones de euros entre 2012 y 2016, siendo la segunda comunidad con mayor inversión. Estas cosas se ven y son tangibles, señor Homs. Hemos realizado la conexión por AVE de las cuatro capitales de provincia y con Francia y también hemos trabajado en los avances, de los que luego hablaré, en el corredor mediterráneo, en la finalización de la T1 y en una tercera pista en el aeropuerto del Prat, así como en los accesos terrestres al puerto de Barcelona. También se ha invertido en infraestructuras del agua. Sin ir más lejos, en el canal Segarra-Garrigues - porque a usted también en sus 46 puntos le preocupa el tema hidrológico - se han invertido 444 millones desde el año 2012. Hemos apoyado la industria del automóvil - que usted no cita en sus 46 puntos, pero yo sí - y al Barcelona World Mobile Congress. Se han mejorado las interconexiones en energía - que sí citan - y las inversiones en I+D+i, como el Centro de Supercomputación. También en política cultural - que a ustedes les preocupa en sus 46 puntos -, entre 2004 y 2016, el Gobierno del Partido Socialista y el Gobierno del Partido Popular han invertido en el Liceo de Barcelona - del que es miembro de su consejo de administración el señor Ayllón - 130 millones de euros en ese plazo. Por tanto, hemos hecho cosas hasta la fecha, pero sin duda estamos llamados a hacer más. Su señoría alude a los 46 puntos expuestos en la reunión entre el señor Rajoy y el señor Puigdemont, que duplican los 23 que en la reunión celebrada nueve meses antes le presentó el señor Mas, pero estamos dispuestos a hablar. Eso sí, usted diferencia 45 y uno; pues bien, yo voy a hablar de los 45 - de los que usted ha hablado más bien poco - y luego, si quiere, también hablamos del uno. Usted ha elegido el formato y doce minutos me van a dar para lo que me van a dar, pero el señor Junqueras y yo abordamos estos primeros temas en una reunión el 21 de julio y estamos emplazados para una segunda reunión en Barcelona, y yo, desde luego, me estoy estudiando con gran interés los documentos que en materia de infraestructuras me ha enviado el señor Junqueras, que he visto que también preocupan, y mucho, a Esquerra Republicana de Cataluña, que ha hablado de peajes más que de reformas. Sí quiero, dentro de lo que me da el tiempo, hablar de algunos asuntos que me parecen importantes. Le voy a admitir el test del sí o el no, que es como usted me ha planteado algunas cosas - aunque ya sabe que en lo del diálogo ni uno puede perder al cien por cien ni otro gana en ese porcentaje, siempre es una cosa que ha de compartirse -, pero si se trata de que los catalanes, todos los catalanes, ganen en bienestar, ya le digo yo que sí. El primero de los puntos del documento es el relativo a la política fiscal y financiera. Bien, señor Homs, sí. Mañana se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como pedían en su punto 23, habrá una mayor amplitud que hemos obtenido de Bruselas para cumplir la senda de consolidación fiscal y, a partir de ello, mecanismos de financiación para poder financiar ese déficit autorizado. El segundo asunto es la política de infraestructuras; pues también sí, señor Homs. No es tiempo para discutir aquí, en estos minutos, la metodología de medición de la Cámara de Comercio de Cataluña o del BBVA o del Instituto de Estudios Económicos, pero sí le voy a concretar. ¿Corredor mediterráneo? Sí, señor Homs, se están acometiendo las obras para implantar el tercer carril entre Castellbisbal, Barcelona, Tarragona, Vilaseca, y le puedo decir que trabajaremos para que la circulación de trenes en pruebas en el tramo Vandellós-Tarragona pueda hacerse a finales del 2017. ¿Acceso ferroviario al puerto de Barcelona? Sí, señor Homs. En junio de 2016 se han firmado con la Generalitat - lo conoce bien - los convenios precisos para la ejecución del acceso. ¿Lanzadera ferroviaria al aeropuerto de Barcelona, El Prat? Sí. Las obras se iniciaron el 22 de julio de 2015; inversión, 272 millones de euros. ¿Inversión en infraestructuras? También, señor Homs: acceso viario al puerto de Barcelona, se está tramitando un modificado; cuarto cinturón; desdoblamiento de la N-340, se está negociando con la Generalitat; medidas complementarias de desvíos obligatorios de tráfico; desdoblamiento de la N-II; también las rodalies. Ya han oído ustedes al ministro de Fomento, queremos trabajar de forma consensuada un nuevo programa de actuaciones para seguir impulsando la mejora de las infraestructuras ferroviarias y los servicios asociados. Respecto a la política energética, permítame que le diga una cosa, señor Homs; aquí le voy a corregir un poco el informe, porque para una cosa que no está recurrida, usted la pone mal. No está recurrida. Los artículos relativos a la pobreza energética de la Ley 24/2015 no están recurridos ante el Tribunal Constitucional. Se siguió el informe del Consejo de Estado y no se han recurrido y, por tanto, la Generalitat puede, en el marco de su ley, hacer toda la política energética que quiera porque tiene todas las posibilidades. Pero como usted me ha venido a pedir diálogo y esto es una autovía de ida y vuelta, yo también le pido diálogo. El señor Nadal, ministro de Energía, está trabajando para lograr un acuerdo sobre el bono social de todos los grupos, y si a usted le preocupa la política energética, que no solo afecta a Castelldefels o a Castellbisbal, pongámonos de acuerdo en el bono social que afecta a todos los españoles. También voy a hablar de conflictividad institucional. Ustedes dicen que lo recurrimos todo y yo podría decirle - es muy sencillo, no lo voy a hacer - que ustedes recurren más, pero hay una cosa que también podía contarle el señor Romeva, y es que entre el señor Romeva, que es el miembro de la Comisión bilateral de cooperación, y yo hemos logrado resolver el 40 % de los litigios entre el Estado y Cataluña. No es mala cifra. Oiga, si ustedes quieren, sentémonos y pasemos del 40 % al 60 %, al que haga falta, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, porque no es cuestión de que uno retire y el otro siga recurriendo, es cuestión de que negociemos ambos. Señoría, el respeto al marco constitucional nos obliga a todos. Cualquiera está en su derecho de hacer una modificación. Usted habla de consenso, usted quiere cambiar ese marco, usted quiere hablar de estas cuestiones y tiene la libertad que tienen todos los grupos para traer a esta Cámara una modificación constitucional. Esas son las reglas de la democracia, señor Homs. Usted me ha interpelado fundamentalmente por un asunto: el uno o el 46, como quiera llamarlo, que es una oferta de pacto de un referéndum independentista. Y usted me dice, como dijo el señor Puigdemont en todo lo que usted ha citado: referéndum independentista sí o sí. Oiga, ¿de qué color es esa línea que pone usted al diálogo con el Gobierno de la nación? ¿Me puede decir de qué color es esa línea cuando usted me está diciendo referéndum sí o sí? ¿En qué queda el diálogo que usted ofrece cuando, dialogue o no el Gobierno, usted dice que ese referéndum va a celebrarse? Yo le voy a decir una cosa, señor Homs: no es que el Gobierno quiera o no dialogar, no es que las Cortes Generales creemos una comisión para decidir referéndum sí o no, es que eso no nos pertenece; eso le pertenece al conjunto de la nación española, al conjunto de los españoles que, como usted ha recordado, votaron una Constitución y dijeron a las siguientes generaciones: ustedes pueden cambiarla, en la Constitución se puede cambiar absolutamente cualquier artículo, pero pónganse de acuerdo en que el producto resultante sea una Constitución para todos. Por tanto - y termino ya -, señor Homs, yo le invito a que trabajemos por la estabilidad y no por la incertidumbre. Yo le invito, y mi invitación es sincera, a que dialoguemos desde la libertad institucional y no desde el enfrentamiento. Y sobre todo le digo una cosa: si usted y yo pensamos en los catalanes, en todos los catalanes, acertaremos, porque, desde luego, este Gobierno tiene una voluntad de servicio a la nación y a las necesidades de todos los españoles, y muy especialmente también de los catalanes, que pondremos en marcha y haremos evidente en ese diálogo. Muy buenos días, señor Homs. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Homs.
Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, un día se debería hacer un análisis sereno y tranquilo, sin reproches, porque por nuestra parte lo que constatamos son hechos, no reproches, sobre el nivel de autonomía y cómo ha evolucionado en estos últimos diez años, porque tenemos menos capacidad de decidir en puertos, urbanismo, comercio, políticas sociales, autonomía financiera, cultura, enseñanza, sanidad, etcétera, de la que teníamos hace diez años, ¿o usted cree que el sentimiento mayoritario que hay en Cataluña es fruto simplemente de un enloquecimiento o una improvisación o un malestar promovido por cuatro políticos a los que se nos ha subido a la cabeza no sé qué? Todo esto tiene más fondo y deberían hacer un esfuerzo no digo por compartir - no les estoy pidiendo esto, porque su idea es distinta de la nuestra, eso es seguro - pero al menos por entender lo que se plantea desde Cataluña. Habla usted de financiación, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Oiga, cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, fíjese lo que le digo; no la van a cumplir en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves. Hay unos criterios en esta ley para establecer la distribución de los objetivos de déficit y no los han cumplido ni un año. Infraestructuras, decía usted: sí cumplimos. Pues no. Cumplan la disposición adicional tercera; no la han cumplido ni un año, incluso hay acuerdos de la comisión bilateral formalizados que no se han cumplido. En relación con las infraestructuras de transporte, cumplan el plan que está aprobado, que es un instrumento de referencia, el Plan de cercanías; ni tan siquiera han cumplido el 10 % de las inversiones previstas. En política energética, no se equivoque, ustedes han recurrido el Codi de consum, el Código de consumo. En cuanto a la conflictividad... Dice usted: es que lo recurren todo; pero se olvida de una diferencia, que cuando ustedes recurren, suspenden, circunstancia que evidentemente no se produce en relación con lo que está al alcance de la Generalitat de Cataluña. No hay manera de abordar la cuestión catalana si no se asume que se requiere un compromiso democrático, evidentemente, siempre en el marco de la ley. Nosotros nunca hemos dicho una cosa distinta. A ustedes aquí les resulta sorprendente que alguien como nosotros diga - y además es que no podríamos decir otra cosa -: referéndum o referéndum; claro que sí, porque quiere decir democracia o democracia. A mí lo que me sorprende es que ustedes contesten, ante este referéndum sí o sí - que es democracia sí o sí -, referéndum no o no, que quiere decir democracia no o no. Y yo le pregunto: ¿De qué color es su línea roja, si su respuesta es referéndum no o no, que quiere decir democracia no o no? Se hizo un referéndum hace diez años y hay un conflicto evidente de legitimidades entre la legitimidad democrática, que fue aquello que el pueblo de Cataluña votó - y solo el pueblo de Cataluña - en cuanto al nivel de autogobierno, y la legitimidad formal, que viene de una sentencia de un Tribunal Constitucional que todo el mundo sabe, ustedes también, en qué condiciones se dictó. Podemos hacer ver que todo esto no pasó y que la ley es la ley, la ley y la ley, pero la solución democrática allí se alteró. Aquello que la gente había votado en Cataluña fue alterado por un Tribunal Constitucional, por cierto, con un prestigio bajo tierra. ¿Qué sensación tenemos? Se lo digo desde el absoluto respeto. Tenemos la sensación de que a ustedes esto de la democracia, contraponer sus propuestas a las nuestras ante la población de Cataluña, les da miedo y buscan todo tipo de excusas. Insisto - y acabo con esto -, señora presidenta, nosotros el diálogo lo hemos practicado siempre, lo practicamos y lo practicaremos, porque, como he dicho antes, forma parte de nuestras convicciones y de nuestros valores. Usted ahora se apunta al diálogo. No sabemos - entenderá que se lo diga con toda cordialidad - si es fruto de la circunstancia de la aritmética o porque se han convertido al parangón del diálogo. Mejor que estén en la línea del diálogo, nos alegramos y se lo digo sinceramente, pero fíjese que no me ha contestado. ¿Ustedes están dispuestos, no a compartir la idea del referéndum, que ya sé que no la comparten, pero sí a hablar a fondo de todo esto? ¿Tienen la disposición de institucionalizar un debate al respecto como lo hemos hecho y lo hacemos en esta Cámara en tantas otras cosas? ¿Tienen disposición de hablar a fondo con la Generalitat de Cataluña de lo que está encima de la mesa? Usted aún no me ha respondido. Le ruego, para compartirlo todo, un poco menos de actitud a la defensiva, porque ustedes tienen seguro, seguro muchas cosas que ofrecer y esto no requiere tanta actitud a la defensiva como ha mostrado en su primera intervención. Muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Señora vicepresidenta.
Señor Homs, usted ha dicho que nunca faltarán al diálogo y que siempre estarán dispuestos a él y yo le tomo la palabra. Espero verles a ustedes en todos los foros de diálogo en los que se aborden los problemas que nos preocupan a los catalanes y al conjunto de los españoles. Le tomo la palabra, señor Homs. La sinceridad en el diálogo la iremos viendo paso a paso, pero usted se ha comprometido aquí a que no faltarán a ese diálogo y espero verles siempre presentes. En segundo lugar, señor Homs, con todos mis respetos, permítame que le diga que es un poquito maniqueo esto de contraponer democracia a no democracia y que uno tiene la sensación de que cuando ustedes hablan de democracia, la democracia son ustedes y los demás parece que estamos aquí puestos por el ayuntamiento. No, señor, en esta Cámara hay diputados elegidos por las circunscripciones catalanas, diputados elegidos por otras circunscripciones y todos somos demócratas. Eso es la democracia, y da la casualidad de que aquí los martes y los jueves se aprueban leyes, que no las aprueba el Gobierno de España, las aprueba esta Cámara. Esas leyes son la expresión democrática de la soberanía nacional de la que somos representantes. Por tanto, esa contraposición de la ley y la democracia, como que la democracia son unos y los otros simplemente obedecemos a no sé qué mandato, señor Homs, no es manera, a mi juicio y humildemente, de centrar el debate. Cuando uno pretende modificar un marco que afecta a todos, tiene que saber muy bien a quién ha de hacer la pregunta para encontrar la verdadera respuesta. Me explico. Si usted quiere cambiar el marco de organización que el conjunto de los españoles nos dimos, es al conjunto de los españoles a quien debe usted hacer esa pregunta. Se lo decía hace un momento: nada en nuestra Constitución es intocable. En otras constituciones, sí. Hay constituciones que no dejan tocar ninguno de sus puntos. En la nuestra, desde el artículo 1 hasta el final, hasta las últimas de sus disposiciones, pueden modificarse. Se hizo entonces de aquella manera para que el resultado final respetara a las mayorías y a las minorías. Fíjese, señor Homs, lo que algunos llaman rigidez fue una manera de proteger al conjunto de los partidos representados en esta Cámara. Y miro al señor Domènech, porque si lee las intervenciones parlamentarias de algún constituyente en aquel debate, que seguro que pueden sentirse identificados algunos de su formación política, verá que eso es así. ¿Y por qué es así, señor Homs? Porque la democracia es respetar la voluntad de todos. Usted dice: Hablemos de esa democracia. Y yo le digo: ¿Y quién es el titular último de esa democracia, a quién hay que preguntarle? Al conjunto del pueblo español, porque ahí ni usted ni el Gobierno ni los grupos podemos disponer si todos los españoles no son los que están de acuerdo. Creo también que esa es una manera de hablar a fondo, y hemos hablado de ese tema a fondo y estoy dispuesta a seguir hablando a fondo de lo que estoy diciendo, pero usted no me puede elegir el carril, porque sencillamente el carril es más grande y afecta a 46,5 millones de españoles. Hablemos de la posición de esos 46,5 millones de españoles sobre este asunto. Hemos avanzado, señor Homs. Soy optimista realista, pero soy positiva. Creo que es bueno que hablemos. Creo que un formato de doce minutos da para lo que da. Estoy haciendo el trabajo. Ahí hay unos puntos en los que podemos mejorar. Habla usted de infraestructuras. No le he sacado el cuadro de cómo han evolucionado las infraestructuras en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña porque sencillamente hemos gestionado ustedes y nosotros la penuria de una crisis económica. Le puedo decir también cómo van sus inversiones, y si se las provincializo y si se las munipalizo van a tener ustedes un problema, porque con la crisis tuvimos un problema todos. Aprovechemos la oportunidad de la recuperación, trabajemos juntos - termino ya, señora presidenta - y, sobre todo, señor Homs, y creo que eso es importante, seamos conscientes de que respetaremos de verdad la democracia si en nuestras prioridades dejamos de hablar cada uno por el todo y concretamos lo que cada uno puede aproximar por su parte. Muchísimas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. - DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO [[EAJ-PNV]], SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR EL PREOCUPANTE AUMENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES. [[Número de expediente 172/000008]]
A continuación, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores. Para su defensa, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señora ministra, el pasado 2 de noviembre una menor de doce años falleció en un hospital madrileño a causa de un coma etílico. Hace dos días conocimos la noticia de que otra menor de trece años permanecía ingresada en estado grave tras sufrir un coma etílico después de haber asistido a un botellón. Los hechos, según se puede leer en los medios escritos, son bastante parecidos: un grupo de menores queda, compra una gran cantidad de alcohol, se desplaza hasta un lugar donde tiene pensado iniciar ese botellón y termina en el hospital. Estos dos ejemplos no son hechos aislados, son dos ejemplos que les he citado. Es una realidad latente que entre la población más joven se está dando cada vez más. De hecho, cinco mil jóvenes son ingresados al año en hospitales del Estado español. Pero en realidad pueden ser más porque, al final, el recuento que se hace es utilizando criterios diferentes según cada hospital, pero lo que nos vale es el dato global, que es cuantificar el problema. Como decía, no se recoge estadísticamente de la misma manera, pero esa especificidad del dato, por muy importante que sea, no es relevante ni condiciona en absoluto la constatación del problema que nos atañe: el dramático aumento del abuso de alcohol en los jóvenes menores de edad. Desde hace algunos años asistimos a un incremento del consumo de grandes ingestas de alcohol en menores, concentradas en un corto periodo de tiempo para alcanzar rápidamente un alto nivel de embriaguez. Ese es el resumen de lo que está sucediendo. Sobre el alcohol podríamos hablar largo y tendido. No vamos a discutir que es una droga como tal, que genera cambios físicos y mentales y que su consumo condiciona la conducta en un momento dado. Además, puede generar dependencia y puede generar tolerancia. Su uso nocivo es uno de los cuatro factores de riesgo destacados en el Plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles. El alcohol - digámoslo de paso - está tolerado legalmente, aceptado socialmente y tiene restricciones de venta y consumo en unas franjas de edades concretas, pero riesgos tiene muchos. Y esos riesgos se agravan sustancialmente cuando quienes abusan del alcohol son adolescentes y, en este caso, adolescentes menores de edad, ya que el cerebro de estos es especialmente vulnerable a los efectos del alcohol. Podríamos hablar mucho sobre los efectos del alcohol en las personas adultas en la sociedad, pero me gustaría que la interpelación de hoy se centrara en el problema que estamos teniendo con el consumo excesivo de alcohol en menores, porque durante la adolescencia el efecto nocivo es aún mayor. Sabemos que el alcohol es un importante factor de riesgo en la salud; y, en concreto, es un factor de riesgo tres veces más importante que la diabetes, por ejemplo, o cinco veces más importante que el asma. Aparte de las consecuencias físicas, puede inducir a trastornos mentales, etcétera. Tampoco podemos obviar las consecuencias catastróficas que produce el exceso de alcohol en accidentes de tráfico. Los menores no conducen automóviles, pero muchos menores conducen motocicletas, y están produciéndose muchísimos accidentes debidos al consumo excesivo de alcohol y, después, la conducción de motocicletas en menores en esa franja entre dieciséis y dieciocho años. Estos cambios se viven, sin duda alguna, de diferente manera en cada ciudadano, en cada joven, cambios físicos, hormonales, etcétera. También podemos entender que, en los rituales de paso de la edad joven a la edad adulta, el alcohol ha tenido una preeminencia, un protagonismo importante en todas las sociedades y, de alguna manera, ha sido de una forma consentida, consciente y asumida como algo de paso a esa edad adulta. Pero en la actualidad el consumo de estas sustancias se ha convertido en ese ritual de paso con unas consecuencias muy graves en muchos casos. Destacaría el informe Euskadi y Drogas 2012, que entre otras conclusiones nos dice que la iniciación al consumo de alcohol es temprana y se produce en el periodo de entrada a la adolescencia; el salto se produce entre los dieciséis y los dieciocho años, pero es que con el tiempo ha cambiado y esa edad ha bajado. Hoy en día ocho de cada diez escolares alcanza la mayoría de edad habiendo probado el alcohol. Pero es que la mitad de la población escolar de entre catorce y quince años consume habitualmente alcohol. Viendo estos datos, no es de extrañar si les digo que el consumo de bebidas alcohólicas está históricamente arraigado y aceptado socialmente. Pero hay que implicar activamente a toda la ciudadanía en el abordaje del fenómeno del uso del alcohol, hay que concretar los objetivos, las acciones y los agentes implicados para que la sociedad, en su conjunto, sea parte activa en la solución. Y digo en la solución porque para que haya solución primero tiene que haber consciencia de problema, y creo que tenemos un problema. El Grupo Vasco al que represento, señora ministra, tiene claro que muchas de las medidas que se han de tomar para solucionar este problema son de ámbito puramente autonómico, por lo menos en lo que a Euskadi se refiere, y por eso, estamos desarrollando planes e incluso leyes específicas con el objeto de encauzar esta problemática. Lo tenemos muy claro. Pero hay otra serie de cuestiones que atañen a todo el Estado y también a los ciudadanos vascos que por decisiones que deba tomar el Estado también van a sentirse afectados. No son de nuestra competencia y las tienen que desarrollar ustedes. Por eso lo planteamos aquí hoy y también porque nos preocupa en su globalidad, porque no nos preocupan solo los jóvenes vascos que tengan problemas con el alcohol, no queremos ver a otros jóvenes también con problemas de alcohol. Hoy venimos, sobre todo, porque su Gobierno no ha hecho el esfuerzo legislativo suficiente ni ha tomado nunca la iniciativa en esta materia. Antes del verano de 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció la presentación de un proyecto de ley para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y sus efectos. Ese proyecto de ley lo anunció a bombo y platillo Ana Mato en respuesta a una pregunta de nuestro grupo en el Senado; pues hasta hoy. No se supo nada más - no voy a decir de Ana Mato - de la ley ni por parte de quien le sucedió para poner en marcha esta medida legislativa. Además, según palabras de la ministra - esto lo recoge la prensa, son declaraciones - esta ley tenía como objetivo aumentar controles de venta, suprimir publicidad directa, etcétera; toda una serie de medidas. Han pasado tres años y aquí no ha habido ninguna iniciativa. Por lo tanto, no existe una ley de ámbito estatal que regule de forma conjunta la venta, consumo y publicidad; existen normas sueltas y no conexas entre sí, como la Ley de Seguridad Ciudadana - ley de 1992-, que considera una infracción leve que en alguna discoteca o bar se encuentre algún joven bebiendo y también existe la Ley General de Publicidad, que prohíbe a las bebidas alcohólicas de más de 20 grados ser anunciadas. Además de esta ausencia legislativa, señora ministra, tampoco es un tema al que el ministerio haya plantado cara en la conferencia sectorial, por ejemplo, que es donde ustedes se reúnen y donde los consejeros tratan sobre este tema, ni siquiera como tema de análisis. Esto es preocupante. Tampoco han aumentado las restricciones publicitarias tanto directas como indirectas en medios de comunicación a los que tienen acceso los menores. A su vez, asistimos impasibles a ciertos programas de televisión que, además de deleznables en su contenido y calidad, se convierten en modelos y marcan pautas de conducta a menores, que, desgraciadamente, mezclados con otra serie de enganches temáticos, transmiten a este colectivo hábitos y formas de entender el ocio, las relaciones, el trato entre personas, etcétera, que, lejos de ser razonablemente aceptados, no solo en el ámbito del alcohol, sino también en temas como la igualdad, son negativos y perjudiciales. Ya sé que no es un ámbito puramente del Gobierno, pero el Gobierno puede hacer muchas cosas para que esas empresas privadas no puedan transmitir en su programación valores que son todo lo contrario a lo que nosotros, en un contrato social, estimamos como aceptable y no perjudicial, sobre todo para esa población tan débil en ese sentido como es la población de los menores. En esos programas el atractivo del alcohol es evidente. En Euskadi desde el Gobierno vasco - y veo que no me queda casi tiempo - se ha aprobado la Ley de atención integral a adicciones y drogodependencias, porque, visto este problema, se tuvo que atender a unas nuevas necesidades, a nuevas adicciones. De eso podríamos hablar largo y tendido y tener un debate sosegado y sereno, pero vamos a centrarnos en el tema que nos atañe, el alcohol. Ha habido que articular medidas en el ámbito educativo, en el de la publicidad, en el de los medios de comunicación, etcétera. Creo que es interesante que puedan acceder a esa ley porque es bastante clara, evidente y muy precursora. Ese proyecto de ley se ha trabajado conjuntamente y de ahí han salido una serie de conclusiones. Está claro que esta interpelación que le planteamos, señora ministra, tiene como objetivo reducir los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol; retrasar la edad de inicio y reducir los consumos en menores, evitando sus usos problemáticos, y mantener y mejorar la planificación, diseño, formulación, gestión y evaluación de los diferentes programas a desarrollar en materia de adicciones. Por lo tanto, tenemos un problema. El alcohol en los menores se está convirtiendo en un importante problema de salud y es necesario desarrollar políticas de sanidad pública y de control de consumo de alcohol, sin interferencia de intereses comerciales o económicos de terceros. Hay que proporcionar a los jóvenes la oportunidad de participar en el proceso de desarrollo de dichas políticas y hay que determinar objetivos a escala estatal porque no todas las comunidades autónomas son competentes en algunas materias. Así pues, le pido, señora ministra, que el Gobierno tome las iniciativas necesarias para que este problema, que cada vez es mayor, cada vez sea menor. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, presidenta. Señor Agirretxea, quiero que mis primeras palabras sean para lamentar el fallecimiento de Laura, la niña de San Martín de la Vega, que solo tenía doce años. Deseo transmitir a su familia nuestro más sincero pésame y nuestro firme compromiso de trabajar todos unidos para evitar que se vuelva a repetir. Como decía usted, también hemos tenido noticia del coma etílico de una niña de trece años en Leganés, que podía haber tenido fatales consecuencias. Todos sabemos que no es una tarea fácil. El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad constituye un fenómeno que conlleva consecuencias claramente perjudiciales para su salud física, psíquica y social, y por consiguiente, para toda la sociedad. De acuerdo con los datos de la última Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, si bien es cierto que en los últimos dos años se ha reducido el consumo de todas las sustancias, especialmente del alcohol, y que también hay un descenso en los ámbitos más nocivos, como borracheras y atracones, seguimos tenido cifras muy preocupantes entre los menores de edad. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los menores de catorce a dieciocho años. En 2014 el 68 % había consumido alcohol en el último mes. La edad de inicio en el consumo del alcohol en España es muy baja, tanto de manera ocasional, que es a los trece años, como con periodicidad establecida, que es a los quince años. El consumo se realiza mayoritariamente el fin de semana, pero un 2 % de los jóvenes de catorce a dieciocho años dicen que consumen alcohol diariamente y en los últimos treinta días. Una importante proporción de los menores de edad que consumen bebidas alcohólicas realizan consumos intensivos en frecuencia y en cantidad. El 22 % admitió haberse emborrachado en el último mes y el 32 % haber realizado el consumo en atracón, que significa cinco o más copas en un intervalo no superior a dos horas. Solo el 55 % de los estudiantes de catorce a dieciocho años considera que tomar cinco o seis copas en el fin de semana puede ocasionar bastantes o muchos problemas, y nueve de cada diez estudiantes de catorce a dieciocho años opinan que es fácil, muy fácil, conseguir alcohol. ¿Qué nos describen todos estos datos? Nos describen que para los menores el alcohol es un producto sin riesgos, muy accesible y normalizado en la sociedad, que el consumo de bebidas alcohólicas a diario o en el fin de semana es la conducta considerada menos peligrosa por los menores, a mucha distancia del resto de drogas - lo mismo sucede en la franja de edad de quince a sesenta y cuatro años -, y que la permisividad de los padres con el consumo del alcohol por menores es el doble que para el consumo del tabaco. Por tanto, en la sociedad de hoy los menores, con respecto al consumo del alcohol, combinan una menor percepción del riesgo, una mayor tolerancia al consumo y una mayor disponibilidad y accesibilidad al alcohol, lo que conlleva que un mayor número de menores consuman alcohol, es decir, mayores prevalencias de consumo y, por tanto, mayores riesgos para su salud y la salud pública. Así pues, es un problema muy importante que usted ha comentado perfectamente en su interpelación. El Gobierno es consciente del problema. ¿Qué medidas hemos adoptado hasta ahora? La gravedad descrita exige promover y adoptar medidas preventivas urgentes, eficaces para evitar dicha problemática o al menos reducir su dimensión y efectos para garantizar la protección del derecho a la salud de los menores. Conscientes de todo ello, el ministerio considera una prioridad revertir esta situación y por ello se han priorizado en el Plan de acción 2013-2016, que ahora termina, aprobado por unanimidad en la Conferencia sectorial del Plan nacional sobre drogas en enero de 2013, aquellas actuaciones focalizadas en el ámbito de la prevención de las conductas adictivas en general y específicamente en la prevención del consumo por parte de los menores. Me referiré a las propuestas que vamos a impulsar en esta legislatura. Queremos progresar con paso firme y decidido en el objetivo común del consumo cero entre los menores. Vamos a trabajar en dos ámbitos: el social, incidiendo en la opinión que tienen los ciudadanos sobre el consumo y sus consecuencias; y el normativo, regulando su consumo. Es cierto que durante la pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular empezó a trabajar con expertos y asociaciones para establecer unas bases de consenso para el desarrollo de una norma estatal. Señor Agirretxea, aquí le doy mi compromiso y les anuncio que con esa base que trabajamos en la pasada legislatura vamos a dar los pasos oportunos para la búsqueda de un consenso político, social y científico para la aprobación de una ley de prevención del consumo de alcohol por menores de edad. Quiero hacerlo, eso sí, desde el consenso y voy a dedicar todo mi empeño para llegar al acuerdo. Quiero que esta ley refuerce la actividad preventiva en los ámbitos familiares, educativos, de ocio, de tiempo libre y de sensibilización social. Sin duda, esta norma contribuirá a generar un efecto educativo y a instaurar un debate en la sociedad que ya ocurrió en tres leyes muy significativas en España y que también fueron todas aprobadas por unanimidad: la de violencia de género, la ley del tabaco y la de seguridad vial por puntos. Todas fueron aprobadas por unanimidad y lo que conseguimos con esas tres leyes fue sobre todo generar el efecto educativo y el debate en la sociedad, la pedagogía en la sociedad. Por lo tanto, estoy convencida de que esta ley busca y quiere lo mismo. La finalidad de la ley será el objetivo común de consumo cero de alcohol entre menores, elevar la edad del inicio del consumo de alcohol en los menores, reducir y evitar el acceso de los menores al alcohol y garantizar la salud de nuestros menores y evitar que un consumo temprano comporte una adicción o dependencia posterior. Dos ámbitos de actuación principales tendrá la ley, prevención y sensibilización. La prevención irá dirigida a varios ámbitos, el primero, el familiar. La familia es imprescindible para conseguir la erradicación del consumo de alcohol en los menores, en el seno familiar podemos transmitir unos valores adecuados sobre el consumo del alcohol o un mensaje que promueva dicho consumo. En el ámbito educativo, la escuela es el espacio de transmisión de valores que debe complementar a los transmitidos por la familia, deben ir en la misma dirección y complementarse; en ningún caso podemos pretender que la escuela sea un sustituto de la familia en la transmisión de valores porque la realidad nos demuestra que no es un planteamiento válido. En el tercer ámbito, ocio y tiempo libre, tenemos que plantear alternativas de ocio y tiempo libre que sean atractivas sin asociarlas al consumo de alcohol en los menores. La segunda pata importante es la sensibilización. Se trata de instaurar un debate en la sociedad para que todos tomemos conciencia real del riesgo para la salud del consumo de alcohol por nuestros menores, un proceso muy parecido al del tabaco y, por tanto, necesario. Respecto a los medios de comunicación y redes sociales, nuestros jóvenes se informan en las redes sociales y en estas hay de todo, la verdad pero también la mentira, el machismo y la igualdad, está todo y, por tanto, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a saber filtrar bien y educarlos bien en los contenidos que hay en Internet. Por lo tanto, esta ley lo que pretende es complementar la actual regulación estatal, autonómica y local sobre el acceso y consumo de alcohol entre los menores. La ley pretende completar el actual marco normativo vigente sobre acceso y venta de alcohol, consumo de alcohol en espacios públicos y establecimientos de pública concurrencia, y esto solo lo podemos hacer - estoy convencidísima - juntos, con consenso, con acuerdo, con todas las administraciones públicas, con todos los partidos políticos, con toda la sociedad científica, con las asociaciones del tercer sector, los sectores productores y de distribución, los padres y las madres, la sociedad y las escuelas. Estoy convencidísima de que si nos ponemos lo vamos a conseguir. Paso a enumerarles otros compromisos en esta legislatura. Aprobar la estrategia nacional sobre drogas 2017-2024, ya que termina este año 2016 la actual estrategia, donde el objetivo prioritario tiene que ser el del consumo cero. Y esta nueva estrategia siempre se ha hecho desde el consenso y la unanimidad, y estoy convencidísima de que volveremos a conseguirlo. Por otra parte, la representación española en la Unión Europea seguirá insistiendo en la necesidad de elaborar una nueva estrategia europea, de la que en este momento carecemos, y que nos hará a todos los Estados miembros más capaces de atajar un fenómeno que ocupa y preocupa a las autoridades sanitarias de todos los países. Y hay más compromisos, desarrollar, en el marco de la estrategia de promoción de la salud y prevención en colaboración con las comunidades autónomas, corporaciones locales y sociedades científicas y asociaciones, entre otras medidas la implementación en todas las consultas de atención primaria del cribado con Audit, test que evalúa la dependencia de una persona hacia el alcohol, sobre el consumo de riesgo y perjudicial que tiene el alcohol, y diseñar, por tanto, un reconocimiento explícito para las entidades locales, sectores de hostelería y alimentación que se distingan por las buenas prácticas. Toda la sociedad debe conjurarse para conseguir un objetivo muy concreto. En todas las comunidades autónomas existe legislación, usted mencionaba la legislación que hay en el País Vasco, que establece que a los menores de edad no se les pueda vender ni entregar bebidas alcohólicas de ningún tipo. En cambio, déjeme decirle una cosa, la realidad de nuestras calles demuestra en demasiadas ocasiones que esta prohibición es papel mojado. Todos debemos contribuir para garantizar que esta prohibición sea efectiva. Tenemos que involucrarnos y hacer cumplir desde las administraciones públicas, los cuerpos policiales, los empresarios, los padres, los familiares - hermanos, primos, tíos -, las madres, que en muchas ocasiones facilitamos ese alcohol pensando que no es para tanto que llegue al acceso de nuestros jóvenes; todos nos debemos sentir apelados a garantizar el cumplimiento de las normativas actuales que existen. Mientras nuestros hijos de doce o trece años ingresen en los hospitales con comas etílicos, no podemos mirar hacia otro lado. Como padres y madres debemos asumir nuestra responsabilidad de orientar a nuestros hijos y a no ser permisivos en el consumo del alcohol. Los poderes públicos, comunidades autónomas, corporaciones locales, deben asumir su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley sobre el acceso de los menores y sobre su consumo en el espacio público. Señoría, existe un gran compromiso por parte del Gobierno, por parte de esta ministra para revertir esta situación. Estoy convencidísima de que llegaremos al acuerdo porque la salud de nuestros jóvenes no tiene ideología, sino la preocupación de todas las administraciones, de todos los partidos políticos, de todos los sectores comerciales de producción, distribución y ocio, medios de comunicación, comunidad educativa, padres y madres. Por tanto, juntos lo conseguiremos. Muchísimas gracias, señor Agirretxea. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Señora ministra, de sus doce minutos de intervención ha utilizado diez casi u ocho a decir todo lo que van a hacer. No me ha dado ni tiempo a apuntarlo. Evidentemente, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Si van a hacer todo eso, quiere decir que hasta ahora su Gobierno - que ha estado gobernando en los últimos años - no ha hecho nada de eso? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado usted, incluso estoy de acuerdo en que para que esto se lleve a cabo hace falta un consenso y hacen falta unas políticas activas, hace falta también presupuesto, pero sobre todo convicción. Al final, considero que usted es la nueva titular, se lo exijo a usted. Usted personalmente no es la responsable de sus antecesores, pero es la responsable política de ese departamento con toda su historia porque, entre otras cosas, pertenece al mismo grupo político que ha estado estos años. Cuando le hacía referencia a la oferta que hizo la ministra en su momento, es que decía todas esas cosas y me pregunto qué ha pasado en ese ínterin. ¿Es que ese problema ha desaparecido o hasta ahora no hemos tenido necesidad? ¿Se ha podido prorrogar durante tres años? Bueno, vamos a darle la confianza. De todas formas, en la moción consecuencia de esta interpelación que mi grupo va a redactar, solicitará las medidas que tenga que tomar el Gobierno del Estado para que esto vaya adelante. Espero que sus palabras, a lo que usted se ha comprometido aquí, vayan adelante y atajemos este problema como se merece porque, como usted sabe, y estoy convencido, todos los grupos políticos que estamos en esta Cámara somos también conscientes de ello. Entre otras cosas, porque hay una cuestión que tampoco hemos añadido en la descripción de todo lo que genera - ninguno de los dos hemos sido capaces de dar ninguna cuestión positiva, por lo tanto, somos conscientes del carácter negativo - y es la cantidad de delitos contra la integridad sexual que se producen a raíz de estos abusos del alcohol entre los menores; jóvenes menores para los que el concepto de violencia de género todavía está en ese límite, en ese limbo legal en el que no hemos sido capaces de determinarlo con una terminología concreta, pero se parece mucho a la violencia de género, con el agravante del consumo excesivo de alcohol. Las situaciones de debilidad que se producen por un lado y las de superioridad que se producen por otro tienen como consecuencia delitos contra la integridad sexual de las personas. Como conclusión, vamos a incidir en las peticiones. Acepto su explicación y espero que sea así. Espero que el compromiso de su partido y de su Gobierno sea el que usted ha manifestado a la hora de tomar medidas de prevención universal, pues la prevención es una parte importante. Por eso le hablaba del ámbito educativo. Usted ha mencionado la familia y es así, pero el entorno en el que se mueven los jóvenes actuales, las pautas de conducta, los modelos que se están dando en cuanto al consumo del alcohol, lo que puede generar esas situaciones es algo a lo que tenemos que atender de forma importante. Tenemos una prevención selectiva: el conjunto de acciones y estrategias dirigidas a ciertos subgrupos de la población que han sido identificados como sujetos de alto riesgo. Las escuelas tienen capacidad para identificar a esos subgrupos, a esos grupos de riesgo mayor que otros por el ambiente en el que puedan vivir, por las ausencias de alternativas de ocio que puedan tener. Yo le pediría dos cosas. Sin duda alguna, respeto al ámbito competencial. Algunos hemos hecho cosas y creo que nos está yendo bien y, aunque el problema sigue siendo igual, las formas de atajarlo son importantes. Por otra parte, ustedes sustituyeron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero es que en su alternativa tampoco veo ninguna política de prevención educativa en esta materia. Sean, pues, valientes; nosotros se lo pediremos en la moción. La semana que viene debatiremos en esta Cámara sobre este tema y a partir de ahí espero que sea verdad el compromiso de ese proyecto de ley que anunciaron y que no ha aparecido y que el consenso, el riesgo y ser valientes a la hora de exigir lo que haya que exigir sea una constante en su política. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, señora presidenta. Señor Agirretxea, claro que hemos hecho y mucho - usted lo sabe - en la estrategia nacional sobre drogas 2009-2016. Dentro del Plan de acción 2013-2016, que ahora termina, se fijaron diversos objetivos, hasta treinta y seis, de los cuales diez eran de prevención. Luego si quiere le hago un repaso de todo lo que hemos hecho. Tenía entendido que usted era conocedor de todo lo que se ha hecho durante la pasada legislatura en prevención sobre el tema de drogas y consumo de alcohol en menores. Déjeme decirle solo una cosa. Los datos - ya que usted ha hablado antes de la ley del País Vasco - dicen que los menores en el País Vasco se inician antes en el consumo que los del resto de España. En el País Vasco se inician a los 13,6 años y en el resto de España a los 13,8. También hay un mayor número de menores en el País Vasco que manifiestan que se han emborrachado, que han hecho botellón o beach drinking. Y ya que usted me pregunta como si no supiera lo que hemos hecho, le diré que con cargo al Fondo de bienes decomisados se han asignado por parte del Gobierno de España subvenciones al País Vasco para el desarrollo de planes y programas sobre drogas y consumo del alcohol en menores por valor de 1,5 millones de euros. También quiero decir que en el Convenio de fondos de bienes decomisados de 2016 el Gobierno vasco manifestó que no tenía plazo suficiente para formalizar el convenio. Por tanto, por su falta de tiempo suya no han podido acceder a 354.000 euros en este programa. Asimismo, ya que usted hablaba de esta ley del Gobierno vasco en la que proponían la prohibición de consumir alcohol en la vía pública, hay que decir que fue tumbada por Bildu. Llegaron ustedes a acuerdos, pero se cayó una enmienda tan importante como la de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública. Por tanto, en el País Vasco no hay prohibición de consumir alcohol en la vía pública. Pienso sinceramente que todos tenemos que hacer autocrítica para mejorar. La autocrítica no sirve para reñirnos, sino para mejorar y para concienciarnos todos respecto a este grave problema del consumo en menores. Déjeme que le hable de los treinta y seis objetivos que se han avanzado en la estrategia 2009-2016, porque se han hecho muchísimas cosas. Se han hecho estudios de la normativa nacional e internacional sobre la prevención del consumo. Se ha desarrollado un espacio de trabajo propio en redes sociales. Usted mencionaba el ámbito familiar y el ámbito escolar, pero los chavales se mueven en otros ámbitos, sobre todo en el de las redes: WhatsApp, Facebook o Twitter. Por tanto, ya hemos desarrollado un espacio de trabajo propio en redes sociales como forma de acercar la información a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes. Hemos actualizado la página web de la delegación para facilitar el acceso a la información de interés a profesionales, a la población en general y a los chavales. Hemos hecho campañas de prevención subvencionadas por la delegación en el contexto de las ayudas a las ONG por un importe de 800.000 euros. Se han puesto en marcha programas para promocionar una cultura responsable en la venta de alcohol en la hostelería y la prevención del consumo de drogas ilegales en locales de ocio nocturno a través del Plan de prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero. En este contexto, se ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2012 y más de cien proyectos de entidades locales han resultado beneficiarios por un importe de 450.000 euros. Se han hecho programas de formación de agentes tutores en el marco también del convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias centrando la atención sobre todo en el ámbito escolar y el medio abierto, sobre todo en el consumo en la vía pública. Se ha hecho un proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención breve en la atención primaria y urgencias. Hemos puesto en marcha el proyecto de implementación de protocolos para la detección precoz e intervención en menores vulnerables. Ha habido una convocatoria de ayudas en régimen competitivo para todas las ONG y centros de investigación durante el periodo 2012-2016 a las que se han dedicado casi 30 millones de euros para subvencionar más de 700 programas debidamente contrastados con evidencias científicas y dirigidos a la sensibilización de todos los sectores significativos de la población. Hemos hecho muchísimo, pero tenemos que hacer más. Lo importante es que estamos concienciados con el problema desde el Gobierno y tienen el compromiso de esta ministra para avanzar en esta nueva ley desde el acuerdo y desde el diálogo por el bien de nuestros chavales y de nuestros hijos y para conseguir un objetivo prioritario: consumo de alcohol cero en menores. Hago un llamamiento y una llamada de socorro a todos, porque todos debemos velar para que se cumpla la prohibición de vender o facilitar alcohol a los menores. Cuando veamos a un chaval en una plaza pública no debemos mirar hacia otro lado. Por tanto, tenemos que concienciarnos todos. Lo conseguiremos desde el acuerdo y el diálogo y aquí tienen el compromiso de que voy a cumplir mi palabra y la ley llegará a esta Cámara. Muchísimas gracias, señor Agirretxea. Gracias, presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia correspondiente al año 2014. Se han presentado 127 propuestas de resolución por los grupos parlamentarios Mixto - señores Bataller i Ruiz y Homs Molist -, Vasco, PNV, de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Socialista y Popular en el Congreso. Los grupos parlamentarios podrán intervenir en orden de menor a mayor por un tiempo máximo de cinco minutos para la defensa de las propuestas y las enmiendas presentadas, así como para fijar posición respecto a las de los grupos parlamentarios restantes. Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer término el señor Bataller i Ruiz.
Señora presidenta, señorías, Compromís ha presentado cuatro propuestas de resolución y considero que tres de ellas - las numeradas del 98 al 100- no necesitan de una gran explicación para comprender su sentido. Nosotros queremos, por una parte, que el Poder Judicial incluya en las sucesivas memorias que presente, con la debida separación, una mención a las abundantes quejas y denuncias que se reciban con motivo del incumplimiento por la Administración de Justicia de sus obligaciones de respeto a las diversas lenguas cooficiales del Estado. Quienes vivimos en un territorio dotado de una lengua cooficial propia sabemos que esta situación de postergación de nuestra lengua es muy evidente, sabemos que las quejas son abundantes y queremos que se reflejen debidamente en la memoria. Asimismo, también queremos que se reflejen las quejas relativas a la situación de las personas en los centros de internamiento de extranjeros. Hemos tenido ocasión de conocer esos centros, ver en qué condiciones están y sabemos que tienen verdaderamente un carácter carcelario, contraviniendo así las prevenciones que el Tribunal Constitucional señaló al respecto. En Compromís abogamos por el inmediato cierre de estos centros de internamiento de extranjeros, pero en cualquier caso insistimos en que en la memoria se incluyan estas quejas. También queremos que se eleve una petición al Consejo General del Poder Judicial para que se adopten las medidas necesarias para evitar la excesiva movilidad que se produce en numerosos órganos judiciales. En la práctica vemos que existe una justicia de dos velocidades porque numerosos órganos judiciales, sobre todo los radicados en pueblos pequeños, no son atendidos por jueces y magistrados más que por un tiempo mínimo. No es un problema de interinidad, es un problema de que como muchos juzgados no se consideran apetecibles se permanece poco tiempo en ellos y al final los ciudadanos reciben una justicia de peor calidad que la que tenemos quienes vivimos en ciudades grandes. Como ejemplo les citaré el Juzgado de Nules, donde se llevó la instrucción de la causa de Carlos Fabra y que tardó ocho años en realizar tal instrucción precisamente por los reiterados cambios de titulares que experimentaba el citado juzgado. Quiero detenerme un poco más en la propuesta número 97 que hemos presentado porque quiero aclarar su sentido. Cuando nosotros decimos que queremos que se asegure el conocimiento oral y escrito de las respectivas lenguas oficiales por parte de jueces y fiscales, queremos decir exactamente eso, es decir, que sea un requisito, porque nosotros contemplamos el problema también desde el punto de vista del servicio público que es la justicia y entendemos que los usuarios de este servicio público, que se ven obligados a cambiar de lengua cuando acuden a los juzgados, no están siendo atendidos debidamente. Por tanto, consideramos, y lo digo así, que los jueces y fiscales que sirven en juzgados ubicados en lugares que tienen una lengua que no conocen, que no son capaces de entender, no están cumpliendo adecuadamente sus funciones y no son aptos para el puesto. Se está contraviniendo así lo que establece el artículo 120 de la Constitución, que exige que las actuaciones judiciales sean predominantemente orales, especialmente en materia criminal. ¿Qué oralidad, qué inmediación van a ofrecer unos jueces y fiscales que no conocen la lengua del lugar donde ejercen? Es hora ya de que se acabe con esta situación de discriminación y de que los ciudadanos que habitamos territorios con otra lengua oficial dejemos de ser en este aspecto ciudadanos de segunda y pasemos a contar con unos profesionales que ciertamente están capacitados para desempeñar su trabajo en el lugar donde están destinados. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto, la señora Ciuró i Buldó.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Partit Demòcrata hemos presentado una serie de propuestas de resolución a la memoria del Consejo, que podríamos agrupar en tres grandes temas. El primero, la calidad de acceso a la justicia y la garantía de los derechos. Es básico que a uno le entiendan y que pueda hacerse entender; mecanismo: la palabra, la lengua, y esto no se puede abordar con paños calientes. Ustedes saben, señorías, que es necesario que se pueda entender a quien habla y solo hay una manera: garantizar que sea un requisito poder acceder a las plazas de jueces y fiscales en las comunidades con lengua propia para que tengan el conocimiento sobrado de la lengua de cara a que se pueda entender al justiciable. Por tanto, pedimos que sea un requisito y cualquier otra medida nos parece, como digo, paños calientes. Segunda línea de propuestas de resolución: la despolitización de la justicia en el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial como actor principal. ¿Qué queremos decir con esto? El Consejo General del Poder Judicial tiene mucho que hacer en esta materia, mucho en lo que ayudar, y la política de nombramientos tendría que ser en base, única y exclusivamente, a los criterios de mérito y capacidad. No se ha producido así siempre. Quiero recordar que en el nombramiento de la persona que iba a ostentar la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona concurrieron requisitos de sexismo y politización frente a requisitos de mérito y capacidad; es decir, ella estaba mejor preparada objetivamente, pero tuvo el atrevimiento de defender el derecho a decidir de los catalanes, cosa que le mereció no poder ser nombrada para esta plaza, a pesar de tener, objetivamente como digo, mejores méritos que el propuesto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, más de lo mismo: tuvo la acertada forma de conducirse al alinearse con las tesis del Gobierno en lo que hace referencia a la cuestión catalana, al tema del encaje territorial de Cataluña y le valió, como consecuencia de ello posiblemente, su nombramiento para el TSJ de Cataluña. Por tanto, despolitización de la justicia y actor principal para ello el Consejo General del Poder Judicial. Última línea de propuestas de resolución: que se convoquen más plazas de jueces, que se valore la carga de trabajo que tiene cada juez en su demarcación, que se remunere de acuerdo con esa carga de trabajo y, por tanto, que se cambien los criterios de remuneración y de evaluación de las cargas de trabajo de estos jueces. Pocos jueces con mucha carga de trabajo y mal remunerados son garantía, eso sí, de una justicia de mala calidad. Los alardes van en contra de los intereses de los ciudadanos, hay que poner las medidas necesarias para que estos alardes sean los menos, que haya poco abandono de las plazas de los jueces que tienen una designación y, por tanto, coadyuvar a que la justicia, mediante estos mecanismos, pueda ser un poco más ágil y un poco más eficaz. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Las propuestas de resolución que este grupo parlamentario plantea se ordenan en varios ejes: en primer lugar, unas propuestas y un diagnóstico sobre la situación de la justicia en este momento. Para eso reclamamos la elaboración por el consejo de un libro blanco de la justicia, al modo en que se hizo en 1997, para que lo remita a esta Cámara a fin de su debate y, en su caso, se enriquezca y se apruebe. En segundo lugar, y en relación con las funciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la formación, nombramientos e inspección, se plantean una serie de propuestas que se agrupan de la siguiente manera: en cuanto a las funciones de formación, se propone la promoción de la especialización que evite la transversalidad en el entendimiento de los asuntos, prever la formación de violencia de género, menores incursos en causas, delitos de odio, utilización de lenguas oficiales distintas al castellano y también la recuperación de Rights International Spain para que vuelva a ser incluido en sus programas y actividades formativas; también formación específica sobre la memoria histórica y los derechos de las víctimas en delitos contra la humanidad. En cuanto a las funciones de nombramiento de altos cargos de audiencias, tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y Tribunal Supremo, que se establezca una baremación de méritos ex ante y se promueva la igualdad de género en la promoción a los cargos de las altas magistraturas. En cuanto a las funciones de inspección de servicios, se propone que se culmine una propuesta sobre la carga de trabajo en relación con el riesgo para la salud de jueces y magistrados y que se informe a esta Cámara; que finalmente se acabe de elaborar un código ético y se deje de usar el iberoamericano, y que se agilice también la instrucción y enjuiciamiento de causas de corrupción. Asimismo, que se siga promoviendo la mediación intrajudicial como mecanismo procesal complementario para la resolución de conflictos y como método complementario de la tutela judicial. También figuran unas cuestiones vinculadas a las funciones de promoción de la justicia: que se evalúe y se dictamine en el momento actual la conveniencia de mantener o la adaptación del derecho de gracia y los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico. Hay otro bloque de propuestas de resolución que versan sobre la adecuación territorial de la justicia. En este sentido, se propone que se den pasos hacia la plenitud de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas tanto respecto al ordenamiento jurídico autonómico como al estatal, incluyendo los recursos extraordinarios, y que se establezcan las facultades del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, es decir, para sus funciones nomofilácticas. También se propone la desconcentración gubernativa de las funciones del consejo general en los tribunales superiores de justicia, en concreto en sus salas de gobierno; se propone también que el personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto los cuerpos de letrados como el resto de cuerpos, en estos últimos se elimine su carácter de cuerpo nacional y que se establezca una regulación al modo que se establece en el EBEP, como un marco jurídico básico, o en la Inspección de Trabajo, y que los letrados dependan de las comunidades autónomas en la medida en que estas gestionan las oficinas judiciales. Respecto al derecho y lengua oficial propia, que se establezca como un requisito, que se paralicen las reformas del Registro Civil y que se sigan manteniendo en el ámbito de la Administración de Justicia, y proponemos que el frente de ellos estén los letrados. Por último, en cuanto a las enmiendas que plantean a nuestras propuestas, admitiremos las números 23 y 24 del Grupo Parlamentario Popular frente a las propuestas 29 y 40 que hemos formulado, y las números 6 y 7 del Grupo Ciudadanos frente a nuestras propuestas 42 y 45. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y en su caso de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
Gracias, presidenta. Señorías, Esquerra Republicana ha presentado propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial vinculadas básicamente a la independencia judicial, a la política de nombramientos, a la paridad entre hombres y mujeres, a las garantías de acceso a la justicia de las personas LGTBI, al uso de las lenguas propias distintas del castellano, a los plazos de aprobación de la relación de puestos de trabajo, a la estabilidad de los jueces y servicio de estadística judicial. En primer lugar, y en cuanto a la independencia judicial, en Esquerra Republicana vemos con preocupación, y así se lo manifestamos al presidente del Consejo General del Poder Judicial, la política de nombramientos del consejo porque creemos que se basa en posicionamientos ideológicos, por cuanto son cesadas y no nombradas personas que tienen posicionamientos contrarios al Gobierno del Partido Popular. Además, consideramos que muchos de estos nombramientos han sido discriminatorios, contrarios a los acuerdos en materia de igualdad y no basados en los méritos, las competencias y la capacidad de los candidatos o candidatas. Por cierto, algunos de estos nombramientos y por lo que no respecta a Cataluña, sino al Estado español, han sido impugnados ante el Tribunal Supremo y han sido efectivamente revocados. Otros han sido también abiertamente criticados por la carrera judicial. Ejemplos de esta política de nombramientos - se refería antes la portavoz de PDC - es el de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la no renovación del presidente porque no estaba alineado con la línea que seguía el Gobierno del Estado en la causa incoada por la consulta del 9 de noviembre. Otro caso o ejemplo en la política de nombramientos discriminatorios es la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. La candidata Àngels Vivas tenía más méritos, antigüedad, capacidad y competencia que el candidato nombrado. ¿Por qué no fue nombrada? Porque, casualidades, efectivamente había firmado el manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña. Por eso nosotros proponemos que se abandone la arbitrariedad en la política de nombramientos y se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, los nombramientos en relación con la paridad o la igualdad -¡viva la igualdad y qué lejos estamos de la paridad!- en atención a la composición de la propia carrera judicial. En estos momentos el 68 % son mujeres. Si se analiza la política de nombramientos en lo que tienen que ser los órganos superiores, presidencias de audiencias provinciales y presidencias de tribunales superiores de justicia comprobaremos que las mujeres desaparecen de esta política de nombramientos. Por eso, nosotros proponemos que se tomen medidas a fin de tender a la paridad entre hombres y mujeres en la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, en relación con la mención de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, proponemos que el Consejo General del Poder Judicial garantice el acceso a la justicia de las personas LGBTI, desarrollando las acciones necesarias para lograr una mayor sensibilización de los jueces y magistrados. En cuarto lugar, en relación con el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en aquellos territorios con lengua propia, no les desvelo ningún secreto que Esquerra Republicana defiende que esto sea un requisito y no sea simplemente un mérito o, en todo caso, que sea una indicación. Nosotros pensamos que efectivamente es un tema de creerse o no creerse que la justicia es un servicio público y, entre otras cosas también, que España cumpla con las directrices de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. En este sentido, el Comité de Ministros del Consejo de Europa así lo recomendó y tiró de las orejas al Gobierno del Estado español. En este caso nosotros solicitamos que se cumpla la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias y, en consecuencia, que puedan ser usadas con plena normalidad las lenguas que son propias en las distintas comunidades que tienen lengua propia y que además es oficial. En cuanto al resto de propuestas, instamos al Consejo General del Poder Judicial a reducir - voy acabando, señora presidenta - los plazos de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, las órdenes de creación de los servicios comunes procesales, puesto que se aprueban en plenos un día al mes. También que el servicio de inspección y el servicio de estadística judicial lleve a cabo los cambios necesarios para dar respuesta al nuevo modelo organizativo de la oficina judicial, mejorando su coordinación y además que impulse la inspección remota y respetar el test de compatibilidad pese a las decisiones del comité técnico estatal. Finalmente, creemos que, vistos los datos de alta temporalidad, el Consejo General del Poder Judicial debe tomar las medidas oportunas para lograr una mayor estabilidad de la plantilla de jueces. En ese sentido, indicamos que tampoco aceptaremos ninguna de las enmiendas que se han planteado a las propuestas de resolución que proponía Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
Gracias, señora presidenta. Señorías, paso a defender lo que son las propuestas de resolución que ha presentado nuestro grupo en relación con la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Quiero decir, en primer lugar, que dado el formato de este debate, su escaso tiempo, la amplitud de esta memoria y que además estamos haciendo referencia a una memoria referida al año 2014, es evidente que mi intervención en este momento tiene que ser forzosamente de carácter general, pero no por ello me parece menos importante. En primer lugar, quiero señalar que la justicia es, a nuestro modo de ver, la gran olvidada de los servicios públicos de nuestro país desde hace más de cuarenta años. En otras secciones de la Administración pública otros servicios públicos se han modernizado y han sufrido un proceso de reorganización a lo largo de los últimos años, pero lo cierto es que en la justicia no se ha actuado con la misma profundidad ni con la misma eficacia. Por ello, creemos que en este momento son cuatro los retos que tiene que afrontar nuestra Administración de Justicia, nuestro Poder Judicial, en términos generales. Estos cuatro retos se resumen en convertirlo en un verdadero servicio público, eficaz, eficiente y capaz de cumplir con su verdadera función, que es ser la garantía última, la garantía jurisdiccional de los derechos y libertades de los españoles. Para ello, hay que actuar en cuatro líneas, y ese es el resumen de las dieciséis propuestas de resolución que hemos presentado. La primera línea de actuación es, evidentemente, en el ámbito de la despolitización de nuestra justicia, la despolitización del Poder Judicial. Quiero señalar, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que cuando hablamos de despolitización no estamos hablando de la despolitización de los jueces y magistrados, que no tenemos ninguna duda que se rigen por criterios únicamente vinculados a la aplicación de la ley, sino de la despolitización de los órganos de gobierno del Poder Judicial. En ese sentido, creemos - y ya lo hemos debatido en esta Cámara - que hay que recuperar la designación por parte de la carrera judicial de los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial, y esto es así porque los ciudadanos no perciben hoy que se atiendan sus reclamaciones por parte de un Poder Judicial presidido por el criterio de independencia sino por el de dependencia partidista, y es absolutamente fundamental combatir esa apreciación. Es también absolutamente imprescindible recuperar una verdadera carrera judicial presidida por los criterios objetivos de mérito y capacidad; una carrera judicial que permita a cualquier juez de ingreso saber que su ascenso en esa carrera estará presidido exclusivamente por esos criterios y no por afinidades políticas, como sucede en este momento. Una segunda línea en la que hay que actuar es en la dotación de más recursos humanos y técnicos para nuestra Administración de Justicia; más recursos humanos, que exigen, evidentemente, una reorganización de la oficina judicial, y más recursos técnicos. En primer lugar, hay que actuar propiciando la interoperabilidad entre los distintos sistemas judiciales que, por la dispersión competencial de nuestro sistema, han permitido que en muchos casos no sean siquiera interoperables. Indudablemente, también hay que actuar, señorías, para una mejor organización en cuanto a la planta judicial, que no se adapta a las características sociodemográficas de una sociedad española del siglo XXI, que ha evolucionado muchísimo, y que responde a una organización absolutamente obsoleta. Y también, en cuanto a esta mejora organizativa, es indudable que hay que actuar en el ámbito de los procedimientos, que hay que modernizar y someter a una importante revisión, fundamentalmente en el ámbito del procedimiento penal, el único código procesal que no ha sufrido una revisión completa después de nuestra Constitución. Esas son las ideas generales, como les decía, que animan esas dieciséis propuestas de resolución. Respecto a las propuestas de resolución de los demás grupos, encontramos un amplio ámbito de confluencia y, por tanto, vamos a votar favorablemente muchas de ellas, aunque algunas no. Aceptaremos la enmienda presentada a nuestra propuesta 68 por el Partido Popular, que creemos que va en la línea correcta de lo que planteamos. Finalizo, señorías. En realidad, instamos al Consejo General del Poder Judicial a que desarrolle determinadas políticas, pero, como conclusión, deberíamos entender que los destinatarios de todas estas propuestas deberíamos de ser nosotros, los diputados de esta Cámara, las fuerzas políticas que tenemos una magnífica oportunidad de alcanzar ese pacto por la justicia, ese pacto por la modernización, por la actualización de la justicia y por convertirla de verdad en ese servicio público que sea la última garantía de las libertades y derechos de nuestros ciudadanos. Por tanto, deberíamos entender que somos los destinatarios fundamentales de la inmensa mayoría de estas propuestas que estamos formulando hoy. Muchas gracias
Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sixto Iglesias.
Gracias, señora presidenta. Vemos hoy, en virtud de lo que dispone el artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la memoria del año 2014. Es un año que me gustaría recordar por dos cuestiones. En primer lugar, porque fue el año en el que el señor Lesmes, todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, nos deleitó con aquella magnífica frase de que al juez se le controla con el palo y la zanahoria, algo que ha caracterizado la actuación de ese presidente del Consejo General del Poder Judicial. También fue el primer ejercicio completo después de la aprobación de la Ley 4/2013, de reforma de la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, Ley 6/1985. Una ley que, como tantas otras, aprobó el Grupo Popular en práctica soledad en la Cámara y con el enfrentamiento del resto de los grupos, y una ley que ha producido una serie de efectos colaterales deseados por el Grupo Parlamentario Popular, que ha llevado a lo que podemos decir que es el fracaso más palmario por parte del Consejo General del Poder Judicial en cumplir su principal finalidad, que es velar por la independencia de jueces y magistrados. Señorías, no es una cuestión que señalemos nosotros en solitario, sino que la señala el informe Greco del Consejo de Europa, que ya en enero del año 2014, el mismo año cuyo informe analizamos, hacía recomendaciones respecto a esta falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, a raíz de la reforma de la Ley 4/2013, y que el Gobierno contestó. Sin embargo, ese informe que acabamos de conocer ha sido publicado el mes pasado e incide en esa falta de convicción del Consejo de Europa respecto a la independencia del gobierno del Poder Judicial en España. Los cambios de esa Ley 4/2013 han reforzado el poder omnímodo de un presidente y de una comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que tiene todos los poderes del consejo, en detrimento de un pleno, que el constituyente quiso que tuviese veinte miembros y que por esa composición recogiese la pluralidad política, y al final, el legislador quiso que esa pluralidad política fuese la que emana de esta Cámara. Sin embargo, esa ley lo torció y ha hecho que al final sea ejecutada por una mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Esta mayoría podría variar. Hay un artículo en esa Ley Orgánica 6/1985 - el 601- que habla de la rotatividad de los miembros de la comisión ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial, y dice que es una rotatividad que se procurará. Es un fallo del legislador decir que se procurará la rotatividad y no obligar a esa rotatividad con mínimo medio para asegurar la pluralidad de la comisión ejecutiva. Una forma de funcionar que al exigir solamente mayorías simples frente a las mayorías cualificadas, o que la votación para los nombramientos sea pública en lugar de votación secreta, hace que después vengan determinadas recriminaciones. Como contraparte a esa política de nombramientos que otros grupos han criticado y que constituye la política de la zanahoria, tenemos la política del palo, que decía el señor Lesmes, ejecutada por el promotor de la acción disciplinaria, regulado por el artículo 603 y siguientes; un auténtico ejecutor de la política de castigos, que el presidente de confianza del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial ha venido ejerciendo contra jueces y magistrados. Mi grupo parlamentario, para corregir todas estas deficiencias que deberá corregir el legislador mediante una reforma que esperemos que llegue más pronto que tarde, una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha presentado veinticuatro resoluciones por lo que afecta al comportamiento del propio Consejo General del Poder Judicial. El legislador ya resolverá lo que tenga que resolver. Y estas indicaciones al Consejo General del Poder Judicial van sobre los temas que he comentado o sobre otras cuestiones tan fundamentales como la igualdad, la medición de las cargas judiciales, la independencia de la Policía judicial, reforzar los jueces de adscripción territorial frente a una justicia interina, que otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra también han comentado, o mejorar la estadística. Hablamos de las sentencias no ejecutadas; un porcentaje altísimo de las sentencias no se ejecutan, un 62 %. Hablamos de la dotación de juzgados, de la planta judicial, de la atención a las mujeres víctimas de violencia, de las salas amables y de la formación de personal. Hemos presentado varias sobre la cuestión lingüística por lo que afecta no solo al derecho de los usuarios de la justicia a dirigirse a ella en la lengua que consideren oportuno y conveniente sin que ello ocasione un retraso de la acción judicial, sino también a que en la acción de la justicia se utilice el resto de lenguas oficiales del Estado y no solamente el castellano, que se halla sobradamente protegido. También sobre el destino de las tasas judiciales, sobre el funcionamiento de Lexnet - ya paradigmático - y la compatibilidad de los diversos sistemas informáticos. Por último, para concluir, señora presidenta, las enmiendas que han presentado Ciudadanos y el Grupo Popular no las vamos a aceptar. Se han puesto de acuerdo en entrar en el tema de lengua y ahí compartimos criterio con otros grupos de la Cámara. Vamos a someterlas a votación en su integridad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz González.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos hoy en el Pleno del Congreso las propuestas de resolución relativas a la memoria del consejo del año 2014. Esta sería la primera reflexión. Terminando el año 2016, estamos debatiendo sobre la memoria del año 2014, quizás por aquello de la tan cacareada lentitud de la justicia. [[Rumores]]
Un segundo, señor Muñoz. Señorías, queda todavía una parte importante del Pleno. Como ya hice ayer, entiendo que será la última vez que llame a sus señorías a guardar silencio. Se lo ruego porque no voy a llamar uno a uno al orden, a quienes llevan de pie más de media hora, a quienes llevan hablando más de media hora; no les voy a llamar uno a uno. Por favor, el señor Muñoz está haciendo uso de la palabra y tienen que respetar al orador, en este caso al señor Muñoz. Adelante, señor Muñoz.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo ha presentado diversas propuestas de resolución pero, escuchando a algunos de los anteriores intervinientes de otros grupos parlamentarios, tendría que decirles que estamos presentando enmiendas a las propuestas de resolución a una memoria del consejo, no estamos enmendando la política judicial del Gobierno. Eso lo hará nuestro grupo en la comparecencia del ministro de Justicia que se celebrará el lunes y en ella hablaremos de lo que nosotros entendemos como el pésimo funcionamiento del servicio público de la justicia por el Gobierno del Partido Popular. También hablaremos del colapso de Lexnet; en el ámbito del ministerio, hablaremos de la oficina judicial y su no implementación, del compromiso presupuestario que no existe, de la no dotación de plazas y de la falta de medios. Hablaremos de esas normas procesales, algunas obsoletas y otras reformadas que son peor que las obsoletas. Hablaremos también de la privatización del Registro Civil. De lo que estamos hablando hoy es de la memoria del consejo. En cuanto a la memoria del consejo, tenemos que circunscribirnos a la última sentencia, de 15 de noviembre de este año, del Tribunal Constitucional, que enjuició aquello a lo que se refería anteriormente el señor Sixto. El problema es que ya nos lo ha resuelto el Tribunal Constitucional, que ha dicho, por ejemplo, en relación con este tema que la única comparecencia que cabe exigirle al presidente del consejo es precisamente aquella en la que viene a la Cámara para hablar de la memoria. Las iniciativas que hemos presentado se agrupan en varios grupos. En primer lugar, para nosotros es fundamental la atención y defensa de las víctimas. Hay una primera en relación con las víctimas y dos específicas relacionadas con dos colectivos especialmente sensibles para nosotros: uno de ellos son los relativos a los procesos de desahucio y el otro, la propuesta de resolución 125, que tiene que ver con la violencia de género especialmente en relación con los menores. La violencia de género es una lacra que nuestra sociedad tiene que combatir, que las instituciones tienen que combatir, por lo que tiene que haber un compromiso expreso por parte del consejo - que ahí sí tiene competencia - para llevar a cabo actuaciones en esta materia. Otro grupo de medidas tiene que ver con la formación, asignada por la ley y por la reserva que esa ley establece, de los jueces y magistrados, que tiene que ser una formación continua en relación con la cada vez más necesaria especialización. Otro grupo de iniciativas tiene que ver con la dotación de los medios, especialmente en los órganos judiciales que enjuician procesos de corrupción; un plan de choque para los cuellos de botella que se generan en algunos ámbitos y órganos judiciales, la actualización del modelo de división de cargas de trabajo y la mejora de la estadística judicial; en definitiva, un aumento de los jueces, en la medida en que eso también tiene alguna posibilidad de hacerlo el Consejo del Poder Judicial. También que cuando se proveen las plazas, haya una actuación positiva del consejo en relación con la igualdad efectiva en el acceso a las plazas. Por último, también hay medidas organizativas - en las que sí tiene competencia el consejo -, que son fundamentalmente la implementación y la generalización de la doble instancia penal en las salas de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia. Y luego una competencia clara del consejo. Nosotros queremos que se extremen la transparencia y la objetividad en las normas de reparto y asignación de causas para garantizar un principio que es determinante: el juez ordinario predeterminado por la ley, porque por esa gatera se acaba colando arbitrariedad. Recuerdo que en el último trámite que se dio a la memoria del año 2013 - algunos de ustedes eran diputados - nos pasamos gran parte de esa comparecencia hablando del juez Ruz. Por tanto, tiene que haber transparencia en relación con todo ello. Quisiera detenerme, por último, en que vamos a votar a favor de las iniciativas que entendemos técnicamente bien planteadas por parte de algunos grupos en relación con las lenguas. Vamos a votar a favor de la propuesta de resolución 13 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y de la 34 del Grupo Parlamentario Vasco. Y lamentamos especialmente que haya otros grupos que no hayan querido aceptar una enmienda que venía a decir aquello que dijimos nosotros en la Comisión y que nos parece que era una enmienda razonable, que atendía a los dos aspectos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales: uno, el derecho que tiene el ciudadano cuando asiste a la Administración de Justicia en territorios donde hay lenguas cooficiales y dos - vuelvo a decir y termino con ello -, hablando de la actuación del consejo, aquello que el consejo puede proveer en relación con que los derechos lingüísticos queden reflejados para quienes trabajan en los órganos judiciales. Muchas gracias, señorías. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y, en su caso, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Según el artículo 558 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al consejo le corresponde el gobierno de los jueces y ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, con las atribuciones del artículo 560. A su vez, el artículo 563 obliga a remitir cada año una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio consejo y de los juzgados y tribunales. En este trámite estamos, como muy bien han dicho el señor Muñoz y el señor Sixto, y como también ha señalado el portavoz socialista, una ley reguladora declarada plenamente constitucional este mes por decisión unánime del Alto Tribunal. No obstante, como se ha dicho ya, completamos, en este caso de forma muy atrasada, el trámite correspondiente al año 2014, cuando nos encontramos con una memoria encima de la mesa para 2015 ya presentada en esta Cámara y después de permanentes llamamientos año tras año desde el Congreso por agilizar la presentación y abordar con la máxima aproximación al ejercicio concluido la dación de cuentas del presidente del consejo. En esta ocasión, como sus señorías conocen, el gran desfase se debe a la anómala sucesión de la finalización e inicio de legislaturas en un año. En la apertura judicial de este año 2016 el presidente del consejo señaló que, haciendo suyas las palabras del profesor Toharia, el sistema judicial se debate en nuestro imaginario colectivo entre el respeto y la confianza, y el recelo y la desafección. Las encuestas proporcionan cotidianamente elementos que confirman tal ambivalencia. Sin embargo, nuestra sociedad tiene que saber que cuenta con 5.500 jueces y juezas con espíritu de servicio y que el promedio de sentencias dictadas por cada juez en 2015 alcanzó casi las 300, en torno a un total de 1,5 millones de sentencias que han significado mayor seguridad jurídica, mayor respeto a los derechos frente a los abusos y menor conflictividad social. Y nosotros no podemos sino manifestar nuestro respeto a estos y otros profesionales de la justicia. Estos datos son importantes pero no llegan, en su alcance, nítidos a los ciudadanos y en los discursos políticos muchas veces se confunde la labor jurisdiccional con la de la Administración de Justicia. Nosotros, como se acaba de decir, no venimos a debatir casos concretos ni sobre la jurisprudencia de los tribunales, ni a dudar de la calidad de los profesionales de la Administración de Justicia. Pero sí nos preocupan los tiempos de respuesta, las dificultades para la ejecución, los informes de sobrecarga de trabajo. Junto a la sociedad a la que representamos, y escuchando a los operadores jurídicos, somos transmisores de percepciones y de realizaciones, porque también somos responsables de impulsar, aprobar y apoyar los instrumentos normativos necesarios para mejorar la situación de nuestra Administración de Justicia. Por más que algunos se empeñen en lo contrario, muchos han sido los cambios que se han producido, y muy positivos, en el último periodo, por lo que la distorsión de lo que hablamos en esta memoria no favorece en absoluto la verdadera percepción actual. En todo caso, los grupos hemos presentado 127 propuestas que hacen un recorrido sobre preocupaciones sobre las que existe un amplio nivel de consenso más allá de las decisiones políticas - yo creo que de bajo alcance - a la hora de aceptar resoluciones de otros. Nosotros vamos a aceptar más de sesenta porque creemos que hay que trabajar sobre más transparencia en el consejo, la sociedad nos la demanda a los políticos, también al Consejo General del Poder Judicial; más democracia e igualdad en el trato en los vocales del consejo y en su actuación. Trabajamos sobre la creación de órganos, sobre la mejor gestión de la planta judicial, sobre compatibilidad en los nombramientos, sobre mediación, lucha contra el fraude, lenguas cooficiales, aunque no aceptan - y estoy de acuerdo - la enmienda que hemos presentado y que responde a la que ya presentara el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión y con la que estábamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Ciudadanos y nosotros. Se han reiterado muchas cuestiones pero me gustaría, en el breve tiempo que tengo y con un poquito de consideración de la Presidencia, señalar que en nuestras enmiendas - que son cinco pero que acogen muchos de estos temas que están aquí, más todas las que vamos a aprobar desde nuestro grupo - nos preocupan todos estos aspectos organizativos. No queremos justicia de dos velocidades en función de la comunidad autónoma. También estamos convencidos de que es necesaria la modernización. La justicia no puede seguir perdiendo el tren de la modernización. No es fácil, no se hace en un minuto, pero el consejo también tiene que colaborar, y lo hace y lo hará mejor en la medida en que escuche a todos los profesionales de la justicia, nosotros colaborando desde estas Cámara y el Gobierno colaborando en el ámbito de sus competencias con el consejo y este con el Gobierno. Hablamos de las ventajas de la mediación - se ha dicho hoy en la sesión de control - y los grupos, otros grupos, demandan más información en la memoria. Nosotros pedimos, además, que se haga una rendición de cuál es el impacto de los cambios normativos. Creemos que esa es la mejor medida de cómo hacemos nuestro trabajo y, de verdad, en qué sentido lo hacemos. Estamos de enhorabuena, así lo creemos porque hoy el portavoz y desde luego el interviniente del Grupo Parlamentario Socialista han cambiado de actitud. Esto no es una tierra quemada, no es una tierra de nadie. Estamos de acuerdo, como es evidente, en el objetivo y en muchas cosas. Aquí se ha puesto de manifiesto su voluntad de trabajar, su voluntad de impulsar el objetivo, que es mejorar la justicia, ayudar a los profesionales a trabajar mejor y que los ciudadanos se sientan mejor defendidos en sus derechos. Es el apoyo que nosotros vamos a dar a las enmiendas y es un gesto importante en el día de hoy para trabajar todos juntos en ese objetivo común. Muchas gracias [[Aplausos]]
Pasamos a examinar el último punto del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, y declaración que España desea formular. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se va a abrir un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición y el dictamen se someterá a votación por asentimiento. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Buenos días, señora presidenta, señores ministros. Hace unos días salía publicada una entrevista a Norman Foster, y preguntado sobre si había la posibilidad de revertir la situación de calentamiento global que estaba viviendo nuestro planeta, respondió: lo que no nos podemos permitir es no empezar a intentarlo. Hoy creo que el Gobierno se ha dado cuenta de que no nos podemos permitir no empezar a intentarlo y traen aquí ese acuerdo para ratificarlo y para llevar hacia delante el Acuerdo de París, que tiene - ustedes saben - como objetivo luchar contra el cambio climático que nos afecta a nosotros pero que afecta también a todo el mundo y que tiene una influencia especial sobre aquellos países más desfavorecidos. Ha entrado en vigor el acuerdo con el apoyo de más de cincuenta y cinco países que son responsables de más del 55 % de las emisiones de CO2 del mundo y España no ha estado allí. España llega tarde, una vez más, a la lucha contra el cambio climático pero llega. Por eso hoy tenemos el corazón dividido. Por un lado, estamos satisfechos de que el Gobierno se haya dado cuenta de que no podemos dilatar más esta situación, de que la situación de dejadez que se había instaurado en el Gobierno en lo que afectaba a la lucha contra el cambio climático no podía perdurar más y ha traído este acuerdo aquí. Por otro lado, estamos tristes porque llegamos tarde, porque es una vergüenza que un país como este llegue tarde a un acuerdo como el de París. Un acuerdo que hicimos nuestro en Cataluña, que se hizo vuestro en esta Cámara y hoy los grupos parlamentarios tenemos la posibilidad de ratificar este acuerdo que el Gobierno nos presenta. Como decía, señorías, el acuerdo que hoy vamos a apoyar, la ratificación del Acuerdo de París que llega tarde es importante para la lucha contra el cambio climático pero lo es también para los países más desfavorecidos a los que no podemos olvidar en momentos como estos, en los que el calentamiento global les afecta de manera especial. Por eso, ministra, le pido que no se permita no empezar a intentarlo. No hacía falta la ratificación de este acuerdo para empezar a luchar y tomar medidas contra el cambio climático y no lo hemos hecho. Ahora que ya no tenemos excusa para no hacerlo, hagámoslo. Luchemos contra el cambio climático y empecemos a invertir los 120 millones de fondos extras comprometidos donde nos toque. Por favor, no se permita otra vez no volver a intentarlo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Gracias, señora presidenta. Intervendré muy brevemente. Como grupo, celebramos el Acuerdo de París y reivindicamos el papel subestatal para la gobernanza climática mundial, sin duda alguna. El País Vasco fue socio fundador en el 2012 de la Red de Gobiernos regionales para el desarrollo sostenible. Nuestra economía crece reduciendo emisiones y nuestro país preside la sección europea de The Climate Group, que vincula a cuarenta y cuatro Gobiernos regionales y locales de todo el mundo. Nuestro lehendakari, Íñigo Urkullu, presentó en París la semana pasada la aportación de este grupo para reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y al 80 % para 2050, en un área habitada por 315 millones de personas, que suponen una octava parte de la economía mundial. Creo que es de celebrar y solamente le pediría al Gobierno español - tal y como la semana pasada en la Comisión de Cambio Climático, entre los diferentes grupos abordamos el asunto y llegamos a cierta unanimidad en algunos criterios - que sea valiente, que asuma los retos, que asuma los compromisos que esta Cámara le pide, porque no es solamente una cuestión de ahora sino que en otros acuerdos anteriores los compromisos adquiridos desde Kioto son una obligación para el Estado en la parte que le corresponde y que colabore con las diferentes comunidades autónomas que son competentes en materia medioambiental para que entre todos podamos alcanzar los logros que en su momento se fijaron para que el cambio climático, ya que nos va a afectar, lo haga lo menos posible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Gracias, señora presidenta. Ha pasado casi un año de los acuerdos de París. Nos reafirmamos en que no han dado todo lo que se esperaba, pero si lo comparamos con Copenhague, por fin muchos se han dado cuenta de que no hacer nada es la peor solución. Si hay una cosa que se ha conseguido en estos seis años es que se ha marginado a los que llamaríamos los climaescépticos, como aquel primo de Rajoy que decía que no existía. Es cierto que algunos, no pocos, estadounidenses han dado su voto a Donald Trump pensando que el cambio climático no existe. Pero, a pesar de estas últimas desgracias, no nos equivocaremos si afirmamos que ahora la mayoría de la población admite que el clima está cambiando, que esto puede llevarnos al desastre y que hay que actuar para frenarlo. Posiblemente este cambio en la percepción de la gente es lo mejor que nos ha podido pasar, pues sin duda llevará a muchas empresas a cambiar su actitud por el fuerte impacto en la opinión pública. El Acuerdo de París no es vinculante, por eso nos obliga a elaborar una ley de bases que, en coordinación con las comunidades autónomas, pueda hacer eficaz este trabajo pendiente. En el Parlament de Catalunya se está trabajando en este sentido. Voy a empezar a acabar mi intervención diciendo que no estaría mal... [[Rumores]]
Silencio, por favor. Guarden silencio.
... que la Comisión para el Estudio del Cambio Climático fuese legislativa y pudiese abordar esta futura ley como elemento claro y monográfico para conseguir avanzar. Y ahora sí acabo diciendo que en L'Homme révolté Abert Camus nos interpela diciendo que la verdadera generosidad con el porvenir consiste en darlo todo en el presente. Hagámosle caso porque al hacer caso a un poeta seguro que no nos equivocaremos. Gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
Gracias, señora presidenta. Han tenido que pasar casi 20 años desde la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, pasando por Kioto y Copenhague, para que el mundo tome conciencia del cambio climático y sus funestas consecuencias y que se plasme en los acuerdos de París, que es lo que compete y el tema que tratamos hoy en esta Cámara. Hablar de cambio climático supone hablar de salud, de prosperidad y de seguridad de los ciudadanos, y es sin duda la mayor amenaza a la que nos enfrentamos como nación. Está en juego la vida del propio planeta y el que no se produzcan daños irreparables e irreversibles en nuestros ecosistemas, que al final son la fuente de la vida. El futuro de nuestro planeta depende del compromiso mundial de reducir los gases de efecto invernadero y mantener la temperatura global del planeta por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Ningún país por sí solo puede hacer frente a esta amenaza. No es una cuestión de tamaño, de población, de ejércitos o de potencias económicas, sino un problema planetario creado por el hombre, que lleva doscientos años utilizando como base de su desarrollo económico la quema de combustibles fósiles. El Acuerdo de París es el principio de un modelo de desarrollo social y económico que debe ser diferente y la toma de conciencia a la que han llegado más de 196 países que estaban presentes en la firma y que unen su destino para luchar juntos y hacer frente a este desafío. Señorías, no nos queda tiempo, no hay tiempo, no tenemos tiempo. El año 2015 ha sido el más cálido desde que se tienen registros climáticos desde hace ciento treinta y seis años. España, por su situación geográfica dentro de Europa, es uno de los países más expuestos y más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. España no puede ser un espectador, sino que debemos ser actores y asumir el liderazgo en políticas de mitigación y adaptación, y promover energías limpias y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No son buenas medidas como el impuesto al sol, penalizando el consumo energético de una energía limpia y barata, o el aumento que se ha producido en el año 2015 por parte de España de los gases de efecto invernadero, que han aumentado un 3,2 % con respecto al año anterior, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea, que llevan años disminuyendo los gases de efecto invernadero y que han reducido sus emisiones casi un 4,1 %. El Acuerdo de París no es perfecto, tiene algunos déficits: no plantea objetivos vinculantes de reducción de emisiones y no fija mecanismos de penalización que garanticen su cumplimiento, con lo cual cada país puede fijar sus propios objetivos, que pueden ser poco rigurosos. Pensamos que la Unión Europea, así como tiene una política exterior común, debe tener también una política energética común y ser parte activa en este liderazgo. Debemos ser ambiciosos. No se trata solo de reducir los gases de efecto invernadero, se trata de apostar por un modelo de economía y sociedad donde los países puedan crecer y prosperar sin poner el planeta en peligro. En definitiva, se trata de poder disociar el crecimiento económico y la producción de energía del aumento de emisión de los gases de efecto invernadero, y esto se consigue con mayor eficiencia energética y una apuesta decidida por las energías renovables. [[Rumores]] Por supuesto que vamos a ratificar este tratado. Se trata de completarlo en el tiempo, conforme vayamos avanzando, con medidas eficaces de control y cumplimiento en materia de emisiones, y en esto la Unión Europea debe ser líder. Esperamos que en el próximo desarrollo en la ley de cambio climático que se nos anuncia seamos valientes y seamos capaces de alcanzar un consenso y propugnar una ley de cambio climático que sirva para las generaciones futuras, que asegure el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias. Antes de dar la palabra al señor López de Uralde Garmendia, les vuelvo a recordar que es una absoluta falta de respeto estar hablando mientras interviene un orador. Es una falta de respeto y lo que en algún momento haya podido parecer normal, no es normal. No convirtamos lo que no es normal en normal. Aquí se está para escuchar al orador y cada uno tiene su turno de intervención, y les pido por favor respeto a las personas que hacen uso de la palabra. Espero y deseo que así sea y que haya respeto en esta Cámara, respeto a todos y cada uno de los oradores. Señor López de Uralde Garmendia, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ya en el año 1992, hace veinticinco años, en la Cumbre de Río de Janeiro, nos dotamos de una herramienta, la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, precisamente conscientes de la gravedad de este problema. Han pasado veinticinco años y desgraciadamente la situación no ha hecho más que agravarse. Las emisiones de gases de efecto invernadero - las emisiones que causan el cambio climático - no paran de aumentar año tras año. Si en el año 1992 estábamos en 21 gigatoneladas de CO2, en la actualidad las emisiones globales han aumentado a 33 gigatoneladas de CO2. En este momento la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está en las 400 partes por millón, es decir, en los límites de lo que la comunidad científica nos ha advertido que nos lleva a un cambio climático catastrófico. Desgraciadamente, la falta de voluntad política ha hecho que el proceso de negociaciones internacionales vaya renqueando de fracaso en fracaso: el Protocolo de Kioto tardó ocho años en entrar en vigor, desde el año 1997 en que se firmó hasta el año 2005; la Cumbre de Copenhague se quedó en un rosario de compromisos incumplidos, y así llegamos a la Cumbre de París en el año 2015. El Acuerdo de París, señoras y señores diputados, no nos engañemos, es un acuerdo necesario pero absolutamente insuficiente. De cumplirse a partir de este momento los compromisos de los países firmantes del Acuerdo de París, nos llevarían a un aumento de las temperaturas medias globales de 3 grados centígrados, cuando la comunidad científica nos ha advertido una y otra vez de que en ningún caso deberíamos superar los 1,5 grados de aumento de las temperaturas medias globales. Por lo tanto, el Acuerdo de París, que afortunadamente hoy vamos a ratificar, es un acuerdo necesario pero insuficiente. Además, este acuerdo llega a esta Cámara tarde; llega a esta Cámara tarde porque ya ha entrado en vigor, ya ha sido ratificado por más de un centenar de países y ya se ha producido la primera cumbre después de la Cumbre de París, que fue la Cumbre de Marrakech, hace solo unos días. Llega tarde por la falta de voluntad política del Gobierno del Partido Popular para traerlo a este Congreso a su debido tiempo. Se utilizó como excusa que el Gobierno estaba en funciones; sin embargo, la misma excusa no sirvió para aprobar la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, CETA. Ahí se ve que es distinta la voluntad política por parte de este Gobierno para promover el libre comercio que para luchar contra el cambio climático. Esa falta de voluntad política nos lleva a que las emisiones en España en el año 2015 hayan aumentado el 3,5 %. Por lo tanto, seguimos aumentando las emisiones y seguimos agravando el cambio climático. Además, según datos de la ONG Oxfam Intermón, España solo ha aportado el 1 % de lo que debe aportar a los fondos para la lucha contra el cambio climático. Estamos, por tanto, ante una situación en la que nuestro Gobierno, desgraciadamente, no hace frente a su responsabilidad en esta lucha tan relevante. Esperemos que esta ratificación sea definitivamente el cambio de rumbo porque nosotros entendemos que España, siendo un país víctima del cambio climático, debe hacer de la lucha contra el cambio climático una oportunidad para impulsar nuestra economía a través de un cambio de modelo energético impulsando las energías renovables. Adelante con el Acuerdo de París, pero, no nos engañemos, esto no es un punto final, es solamente el comienzo. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.
Muchas gracias, señora presidenta. El pasado mes de octubre se alcanzó el requisito que permitió la entrada en vigor del Acuerdo de París, es decir, la aceptación formal por parte de cincuenta y cinco países que dan cuenta de un mínimo del 55 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Al cierre de la Conferencia de Marrakech ya habían ratificado el acuerdo un total de ciento once países, más de las tres cuartas partes de las emisiones globales. Lamentablemente, el Gobierno del Partido Popular no ha valorado la importancia y la oportunidad de que España forme parte de los países que fomentaron la entrada en vigor. La victoria de Trump en las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos no fue obstáculo para que más de doscientos países firmaran, con el más alto nivel de compromiso político, la conocida como Declaración de Marrakech para combatir el cambio climático y reducir sus impactos. No se trata de un documento que vincule a las partes, pero orientará por dónde debe diseñarse la acción política para la redacción de un texto normativo que permita la aplicación práctica del acuerdo. España va con retraso, lo que lamentamos, pero nos congratulamos de que finalmente se asuman las responsabilidades. Se ha fijado el plazo de 2018 para poner en marcha las normas que pondrán a andar este acuerdo. La Conferencia de Marrakech, a la que tuvimos el honor de asistir representando a este Parlamento, sirvió para comprender mejor las numerosas cuestiones que conlleva el perfeccionamiento de la arquitectura de asuntos contenidos en el acuerdo para delinear las áreas de convergencia y divergencia y también para adoptar un plan de trabajo, el Reglamento de Paris - the Paris Rulebook -, que incluye la mitigación, la adaptación, las finanzas y la transparencia, pero también los mecanismos de mercado, la aplicación y el cumplimiento de compromisos sobre los que adoptar decisiones definitivas a partir de 2018, cuando el IPCC, el grupo de expertos de la ONU, avanzará un nuevo informe sobre el efecto del cambio climático y los aumentos de temperaturas. Quedan aún, no obstante, asuntos pendientes que resolver en estos próximos dos años. La adaptación y mitigación del impacto del cambio climático necesitará fondos adicionales. La firma de un convenio para concretar el Fondo de adaptación al cambio climático necesitará de más negociaciones. Otro asunto pendiente es el Fondo Verde para el Clima, que precisará más financiación. En definitiva, la lucha contra el cambio climático no acaba en este tratado. Como políticos, afrontamos una responsabilidad en el desarrollo de políticas de apoyo a la adopción de decisiones en esta materia. España y sus comunidades autónomas deben involucrarse seriamente en compromisos de reducción de emisiones y transformación de sus sistemas energéticos para producir energía cien por cien renovable e introducir sistemas de coeficiencia de la gestión energética. En conclusión, las implicaciones de la firma de este acuerdo nos conducen a poner en marcha políticas y protocolos para actuar con la perspectiva de los próximos dos años y diseñar los procedimientos financieros y de transparencia necesarios, lo que incluye asumir responsabilidades en materia de construcción de esta arquitectura normativa necesaria para la implementación de la acción política, pero también cumplir los compromisos del acuerdo a nivel planetario e implementar las políticas nacionales que reduzcan las emisiones de CO2 en todos los sectores de la economía y las herramientas para cumplirlos. Identificar estas políticas requerirá también explorar las combinaciones más efectivas, dado el carácter transversal, del modo en que debe operarse contra el cambio climático. Este tratado y su ratificación pueden verse como un punto referente de expansión, un tippin point que dirían los británicos, que señala el momento en que la idea de lucha contra el cambio climático se convierte ya en una tendencia social irreversible que se vuelca y se esparce sin retorno. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bajo Prieto.
Gracias, señora presidenta. Señorías, todos los aquí presentes vamos a participar en un día histórico para la lucha contra el cambio climático: aprobaremos el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores por el que se ratifica el Acuerdo de París, un acuerdo que consigue una participación universal de todos los países para que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales y recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo. Señorías, podemos lamentarnos de la tardanza en tener un Gobierno con la confianza de la Cámara, que en ningún caso ha sido intención ni culpa del Partido Popular, pero lamentarse de la tardanza en la ratificación del Acuerdo de París es un sinsentido porque no obedece a ningún déficit de voluntad ni a no hacer las cosas bien, obedece, como sus señorías saben, a que un Gobierno en funciones no puede ratificar un tratado internacional de este calado. Es más, tendrían que felicitar al Gobierno y a las Cortes Generales por la celeridad en la ratificación del acuerdo; un trámite parlamentario que suele tardar seis meses se lleva a cabo en un mes. Hoy es un día muy importante para nuestro país y debería serlo para los políticos que integramos la Comisión de Cambio Climático, y, sobre todo, es la evidencia del compromiso y de la responsabilidad de este Gobierno y de su presidente en la lucha contra el calentamiento global. Como decía Ban Ki-moon, somos la última generación que puede tratar de evitar el cambio climático. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Señorías, con carácter previo a las votaciones, por la secretaria primera se va a proceder a la lectura de una declaración institucional en conmemoración del Día internacional de la acción contra el sida. La señora secretaria primera tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, mañana jueves, como cada 1 de diciembre, se conmemora el Día internacional de la acción contra el sida. A pesar de los avances que se han producido en la lucha contra esa enfermedad, según datos de la ONU, el VIH es todavía un problema de salud pública a nivel mundial. Desde que se conoce la enfermedad, 78 millones de personas en todo el mundo han contraído la infección y 35 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH. En 2015, 36.700.000 personas conviven con la enfermedad. Durante ese año se infectaron más de 2 millones de personas, entre ellas 150.000 niños y niñas. El Congreso de los Diputados declara su compromiso con un día que pretende sensibilizar, concienciar y actuar contra esa epidemia global y, en particular, con los objetivos 90-90-90 de Onusida para el año 2020, que buscan asegurar que el 90 % de las personas con VIH conozcan su estado serológico, que el 90 % de las personas que saben que tienen la infección tengan tratamiento y que se produzca la supresión de la carga viral del 90 % de quienes reciben dicho tratamiento. Señorías, la Declaración de París de 2014, firmada por alcaldes y alcaldesas de todo el mundo, supone el compromiso para seguir colocando a las ciudades en la primera fila de la respuesta al VIH y situar a estas en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en 2020. Con el cumplimiento de estos objetivos se pretende poner fin a la epidemia del sida para el año 2030. Los avances evidentes que se han dado en la lucha contra el VIH en España no deben hacernos olvidar que todavía hoy debemos centrar nuestros esfuerzos en el primero de dichos objetivos: que el 90 % de las personas infectadas conozcan su situación y que aún hoy las personas con VIH llevan sobre sus hombros un estigma social al que desde esta Cámara debemos ayudar a derrotar. Las personas con VIH no solo necesitan tratamientos médicos y farmacológicos, necesitan también derribar el muro de cristal que aún les impide acceder a una integración plena de derechos en el mundo social y laboral, por eso sigue siendo necesario establecer medidas efectivas para reducir el estigma y la discriminación de esta enfermedad en todos los ámbitos sociales. Para cumplir estos objetivos, el Congreso de los Diputados considera necesario buscar un amplio consenso en torno a las políticas relativas al VIH que permita un marco estable de actuación en relación con esta enfermedad. Asimismo, reitera el compromiso de España con el Fondo global contra el sida, la malaria y la tuberculosis, y el reforzamiento de campañas de concienciación y promoción del diagnóstico precoz del virus. Todo ello, señorías, en recuerdo de todas aquellas personas que han fallecido como consecuencia de esta epidemia, en recuerdo de los que todavía la sufren, así como de las organizaciones y profesionales que dedican su vida a luchar contra el sida o a atender a quienes padecen esta enfermedad. Muchas gracias. [[Aplausos]]
Muchas gracias.
Señorías, ocupen sus asientos, va a comenzar la votación. [[Pausa]] Votamos, en primer término, las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia, correspondientes al año 2014. Les anuncio que son muchas votaciones y el tiempo para votar, en vez de los quince segundos habituales, será de diez segundos; por lo tanto, estemos todos muy atentos y colaboremos para que la votación se realice de una forma eficaz. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Propuesta número 1. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 117; en contra, 206; abstenciones, 1.
Queda rechazada. Propuesta número 2, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Propuesta número 3. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 168; en contra, 124; abstenciones, 32.
Queda aprobada. Propuesta número 4. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 196; en contra, 124; abstenciones, 4.
Queda aprobada. Propuesta número 5. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 107; en contra, 211; abstenciones, 6.
Queda rechazada. Propuesta número 6. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 199; en contra, 124; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Propuesta número 7. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 118; en contra, 122; abstenciones, 83.
Queda rechazada. Propuesta número 8. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 126; abstenciones, 82.
Queda rechazada. Propuesta número 9. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 242; en contra, 82.
Queda aprobada. Propuesta número 10. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 321; abstenciones, 2.
Queda aprobada. Propuesta número 11. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 118; en contra, 123; abstenciones, 83.
Queda rechazada. Propuesta número 12, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 117; en contra, 205.
Queda rechazada. Propuesta número 13. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 201; en contra, 121; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Propuesta número 14, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 200; abstenciones, 124.
Queda aprobada. Propuesta número 15, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 198; abstenciones, 124.
Queda aprobada. Propuesta número 16, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 83; en contra, 157; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Propuesta número 17, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 199; en contra, 124; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Propuesta número 18, que se vota también en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 81; en contra, 240; abstenciones, 3.
Queda rechazada. Propuesta número 19. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 83; en contra, 240; abstenciones, 1.
Queda rechazada. Propuesta número 20, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 124; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Pasamos a votar la propuesta 21. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 200; en contra, 123; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Pasamos a la propuesta 22. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 116; en contra, 207.
Queda rechazada. Propuesta número 23. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 82; en contra, 128; abstenciones, 114.
Queda rechazada. Pasamos a la propuesta 24. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 190; en contra, 127; abstenciones, 6.
Queda aprobada. Propuesta número 25. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 168; en contra, 156.
Queda aprobada. Votamos, a continuación, las propuestas 26, 27 y 28. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 85; en contra, 238; abstenciones, 1.
Quedan rechazadas. Votamos ahora la propuesta 29, en los términos de la enmienda 23 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 240; en contra, 82; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 30, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 85; en contra, 156; abstenciones, 83.
Queda rechazada. Votamos la propuesta 31. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 269; en contra, 5; abstenciones, 49.
Queda aprobada. Vamos a votar a las propuestas 32, 33 y 34. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
Quedan aprobadas por unanimidad. Pasamos a las propuestas 35 y 37. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 241; abstenciones, 83.
Quedan aprobadas. Pasamos a votar la propuesta 36. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 118; en contra, 2; abstenciones, 203.
Queda aprobada. Pasamos a la 38 y 43, que se votan de forma conjunta. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
Quedan aprobadas. Propuesta 39, Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 85; en contra, 124; abstenciones, 115.
Queda rechazada. A continuación, votamos la propuesta 40, en los términos de la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 239; en contra, 84.
Queda aprobada. Propuesta 41. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 200; en contra, 105; abstenciones, 18.
Queda aprobada. Votamos, a continuación, la propuesta 42, en los términos de la enmienda 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 240; abstenciones, 84.
Queda aprobada. Propuesta 44. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 199; en contra, 125.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 45, en los términos de la enmienda 7, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 322; en contra, 1; abstenciones, 1.
Queda aprobada. Pasamos, a continuación, a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En primer lugar, la propuesta 46, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 83; en contra, 156; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Propuesta 47, que también se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 80; en contra, 240; abstenciones, 4.
Queda rechazada. Votamos la propuesta 48, en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 84; en contra, 240.
Queda rechazada. Propuestas 49 y 50. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 167; en contra, 124; abstenciones, 33.
Queda aprobada. Propuesta 51. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 124; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Votamos la propuesta 52, en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 53. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 54. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitido, 324; a favor, 84; en contra, 156; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Vamos a votar a continuación las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, la propuesta 55, que se vota en sus propios términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 40; en contra, 130; abstenciones, 154.
Queda rechazada. Votamos las propuestas 56, 57, 59 y 63 a 67. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 247; abstenciones, 77.
Quedan aprobadas. Votamos a continuación las propuestas 58 y 62. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 121; en contra, 125; abstenciones, 77.
Quedan rechazadas. Pasamos a votar la propuesta 60. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 36; en contra, 127; abstenciones, 160.
Queda rechazada. Pasamos a votar la propuesta 61. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 165; en contra, 83; abstenciones, 74.
Queda aprobada. Vamos a votar ahora la propuesta 68, en los términos de la enmienda 29, del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 163; en contra, 83; abstenciones, 77.
Queda aprobada. Votamos ahora la propuesta 69. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 163; abstenciones, 158.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 70. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 121; en contra, 1; abstenciones, 199.
Queda aprobada. Pasamos a continuación a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Homs. Comenzamos con las propuestas 71 y 76. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 85; en contra, 238.
Quedan rechazadas. Pasamos a votar la propuesta 72, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 85; en contra, 237; abstenciones, 2.
Queda rechazada. Votamos a continuación la propuesta 73, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 83; en contra, 208; abstenciones, 32.
Queda rechazada. Votamos ahora las propuestas 74, 87, 90 y 96. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 199; en contra, 124.
Quedan aprobadas. Votamos las propuestas 75 y 95. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 83; en contra, 156; abstenciones, 84.
Quedan rechazadas. Votamos ahora de forma conjunta las propuestas 77, 85, 89 y 91. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 320; en contra, 1; abstenciones, 1.
Quedan aprobadas. Votamos la propuesta 78. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 169; en contra, 155.
Queda aprobada. Votamos las propuestas 79, 81 y 88. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 83; en contra, 239.
Quedan rechazadas. Votamos ahora la propuesta 80, en los términos de la enmienda 31, del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.
Queda aprobada. Votamos ahora la propuesta 82 y 84. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 83; en contra, 126; abstenciones, 114.
Quedan rechazadas. Votamos la propuesta 83. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 84; en contra, 204; abstenciones, 33.
Queda rechazada. Votamos ahora la número 86. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 241; abstenciones, 83.
Queda aprobada. Votamos ahora la propuesta 92. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 125; abstenciones, 83.
Queda rechazada. Votamos la propuesta 93. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 115; en contra, 209.
Queda rechazada. Votamos ahora la propuesta 94, en los términos de la enmienda 32, del Grupo Parlamentario Popular. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 209; en contra, 82; abstenciones, 33.
Queda aprobada. Pasamos a continuación a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto [[señor Bataller]] En primer término, la propuesta 97, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 84; en contra, 238; abstenciones, 1.
Queda rechazada. Pasamos a votar la propuesta 98. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 200; en contra, 124.
Queda aprobada. Pasamos a votar la propuesta número 99. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 124; abstenciones, 84.
Queda rechazada. Votamos a continuación la propuesta número 100, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 166; en contra, 155.
Queda aprobada. Pasamos a continuación a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, propuestas 101 y 102. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 247; abstenciones, 77.
Quedan aprobadas. Pasamos a votar la propuesta 103, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 243; en contra, 81.
Queda aprobada. Votamos la propuesta 104. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 163; abstenciones, 161.
Queda aprobada. Pasamos a votar la número 105. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 247; abstenciones, 77.
Queda aprobada. Pasamos a continuación a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, propuesta 106, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 322; en contra, 2.
Queda aprobada. Votamos a continuación las 108, 111 y 127. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 199; en contra, 124; abstenciones, 1.
Quedan aprobadas. Votamos la propuesta 110, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
Queda aprobada. Votamos la 115, que se vota en sus propios términos también. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
Queda aprobada. Votamos las propuestas 117 y 126. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 292; abstenciones, 32.
Quedan aprobadas. Votamos la propuesta 118, que se vota en sus términos. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 165; en contra, 125; abstenciones, 32.
Queda aprobada. Votamos ahora el resto de las propuestas. Comienza la votación. [[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, 1.
Queda aprobada.
Votamos a continuación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, y declaración que España desea formular. ¿Acuerda la Cámara su aprobación por asentimiento? [[Asentimiento]] En consecuencia, queda aprobado el dictamen. [[Aplausos]] Se levanta la sesión. Eran las dos y treinta minutos de la tarde. Corrección de error. En el Diario de Sesiones número 18, correspondiente a la sesión plenaria número 17, celebrada el martes 29 de noviembre de 2016, en la página 2, en el primer punto del Sumario, Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados, ha de constar también doña Isabel Cabezas Regaño.