Oración 1: para ello, este Tribunal ha sostenido que es razonable desde una perspectiva constitucional que el legislador le otorgue a las empresas prestadoras de servicios públicos la facultad de cobrar por la prestación del servicio, y les imponga el deber de suspender el servicio público
Oración 2: la Corte ha sido cuidadosa en recordar, en primer lugar, que la suspensión de servicio público persigue tres objetivos constitucionales “(i) la de garantizar la prestación del servicio público a los demás usuarios; (ii) la de concretar el deber de solidaridad, que es un principio fundamental del Estado; y (iii) la de evitar que los propietarios no usuarios de los bienes, sean asaltados en su buena fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones contractuales”[58]
Conector: en efecto,
Relación: entailment
Género: legal