Premisa: tal y como lo explicó la Corte Suprema de Justicia[60], “cuando el ente acusador hace uso de esta opción, no se presenta, como equivocadamente lo plantea el censor, alteración de la competencia funcional; el desplazamiento en estos casos es del funcionario, no de sus funciones, y por ello, quien asume el conocimiento de la investigación debe hacerlo con respeto del marco de competencia propio del Fiscal desplazado… De no ser así, habría que aceptar que a través de una resolución administrativa del Fiscal General, o de sus Fiscales Delegados ante los Tribunales, se puede modificar el sistema de competencia legalmente establecido, lo cual resulta jurídicamente insostenible, en cuanto implicaría el desconocimiento de la normatividad legal reguladora de la materia y, por contera, de la garantía constitucional del juez natural, sin contar, además, la usurpación que de la función legislativa por parte del Fiscal ello comportaría”
Hipótesis: esta jurisprudencia, que fue adoptada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-956 de 1999[61], permite desestimar el cargo del actor consistente en que mediante el ejercicio de las facultades en comento se desconoce el mandato constitucional según el cual la competencia de los jueces debe estar prefigurada en la ley (C
Conector eliminado: en otros terminos,
Etiqueta del conector: entailment
Etiqueta humana (mayoría): reasoning