Premisa: por ende, el concepto de riesgo social no se refiere a la protección constitucional contra contingencias individuales eventuales sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en la protección de los derechos constitucionales de los posibles usuarios del servicio
Hipótesis: este fallo reitera los argumentos planteados en la sentencia T-225 de 1993 (MP
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