Oración 1: [56] Para el caso específico de los actos administrativos que se expiden en materia pensional, la Corte también ha desarrollado una posición jurisprudencial particular, que fue adecuadamente sintetizada en la Sentencia T-390/09: “De manera constante, la Corte ha considerado en relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo efectivo para la protección de derechos fundamentales que podrían verse vulnerados o amenazados por mandamientos consagrados en actos emitidos por la administración, que por regla general aquélla no es adecuada para controvertirlos, sino que, por el contrario, la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción contencioso administrativa
Oración 2: en algunos casos excepcionales, esta Corporación ha considerado que el amparo procede como mecanismo definitivo de protección de derechos fundamentales, y no transitorio, cuando quiera que se cumplan las siguientes condiciones, en los términos de la sentencia T- 921 de 2006: (i) que el no reconocimiento o el reajuste de la pensión de jubilación o vejez se origine en actuaciones que, prima facie, desvirtúen la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública; (ii) que el no reconocimiento, el reajuste o el no pago de la pensión vulnere o amenace un derecho fundamental y (iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental”[57] En el presente caso, la Sala considera que no concurren los motivos excepcionales por los cuales procedería tramitar el asunto planteado por el camino preferente y sumario de la acción de tutela
Conector: sin embargo,
Relación: contrasting