Análisis de la normatividad colombiana en materia contractual frente a la lucha contra la corrupción
Facultad: Derecho

 La corrupción en la contratación pública ha sido un fenómeno que aunque no es para nada nuevo, actualmente es materia de interés a nivel nacional e internacional debido al avance que ha tenido en cada uno de los campos de acción a nivel de la Administración Pública. Tal es su avance, que las formas delictuales a través de las cuales se manifiesta dejan con asombro hasta a los países más desarrollados en materia normativa y contractual.

Además, se observa que la necesidad del servidor público de enriquecerse con el patrimonio estatal lo lleva a incurrir en conductas que son lesivas y contraproducentes tanto para la Administración Pública como para la sociedad; puesto que como resultado del detrimento patrimonial del Estado, menores serán los recursos para la inversión social, empresarial, salud y demás áreas que permitan el desarrollo del país y como consecuencia no habrá un desarrollo económico adecuado que permita erradicar la pobreza generada y el avance constante de lugares geográficos poco desarrollados, atentando contra la legitimidad del Estado.

Como veremos más adelante en el desarrollo de este trabajo, la corrupción en la contratación estatal específicamente en la licitación pública es más común de lo que se cree, por ello veremos las diversas tipologías de corrupción en esta modalidad de contratación, ya que en la mayoría de los casos estas conductas son realizadas con pleno conocimiento de la ley. De ahí, que Transparencia Internacional tenga el siguiente concepto sobre la corrupción:

La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajo estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la ley. El comportamiento corrupto deriva beneficios ilícitos a una persona o grupo pequeño al ignorar reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y eficiencia. Produce resultados injustos, ineficientes y antieconómicos. Las recompensas ilícitas para un grupo pequeño que rompe las reglas se producen a expensas de la comunidad en general. Existen otros perdedores individuales, como aquellos que son obligados a pagar sobornos, los que se les niega el derecho a beneficios por no poder pagarlos y los que pierden licitaciones para suministrar bienes o servicios debido a sobornos pagados por otros.

La corrupción en la contratación estatal arrasa completamente con los principios plasmados en la Ley 80 de 1993, texto base para el desarrollo total del tema en las entidades públicas. Principios como la transparencia, la selección objetiva, la igualdad, economía, planeación, etc. son los cimientos en los cuales toda entidad se debe apoyar para que un proceso contractual sea exitoso, y así evitar que en medio del camino se presenten situaciones extraordinarias que deriven en una terminación anormal del proceso o la adjudicación de un contrato a un proponente equivocado.

Cabe destacar que el fenómeno no es simplemente en la contratación a nivel Colombia sino también es a nivel internacional, se observa la preocupación de Organizaciones Internacionales como la OEA, la OMC, la OCDE, Transparencia Internacional, etc., que han realizado estudios que propenden buscar cómo la corrupción en la contratación sigue abriéndose camino y por qué aumenta de forma alarmante. 

Es preciso resaltar la labor del Gobierno Nacional en cuanto al tema, puesto que en los últimos años se ha creado la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y en el año 2011 fue expedida la Ley 1474 denominada Estatuto Anticorrupción, en la cual se establecen medidas penales, disciplinarias y administrativas. Estas medidas de alguna manera brindan cierto parte de tranquilidad a la ciudadanía, quien ya tiene una idea preconcebida de no participar en procesos de contratación por creer que los pliegos de condiciones están hechos y ajustados para entregar a personas específicas, sin tener en cuenta los demás proponentes.

Así mismo, la expedición de múltiples normas en materia de Contratación Pública, sigue en auge. Ello se evidencia con la expedición de la Ley 1150 de 2007, que modifico la Ley 80 de 1993, posteriormente fue promulgada la Ley 1474 de 2011 como se indicó anteriormente y el Decreto Ley 019 de 2012, algunos decretos reglamentarios (2474 de 2008, 2025 de 2009, 3576 de 2009, 4266 de 2010, 734 de 2012), este último derogado por el decreto 1510 de 2013 y este a su vez por el 1082 de 2015.

En algunas de estas modificaciones, el legislador ha querido introducir medidas para combatir la corrupción, ya que ésta se ha venido convirtiendo en un obstáculo para la adecuada inversión de los recursos públicos, a través de la incorporación de modalidades de contratación como la subasta inversa, la aplicación de algunos criterios para la selección y evaluación de propuestas, la aplicación de reglas de subsanabilidad, la aplicación de principios en la selección de contratistas, etc., disposiciones que deben generar un cambio positivo en los servidores que tienen a cargo la inmensa  responsabilidad de brindar mejores condiciones de vida a los gobernados.

La aplicación de la ética por parte de los servidores públicos que tienen a cargo la actividad permanente en la contratación estatal se ha venido reduciendo de manera que afecta los intereses de la comunidad, cada vez es más visible esta conducta y cada vez el Estado busca medidas para combatir este flagelo, sin lograr resultados positivos.

Es por ello, que lo que se busca con este trabajo es profundizar un poco más en la normatividad expedida en materia de contratación pública y ver qué tan favorable ha sido la creación de las mismas en pro de la lucha contra la corrupción sin perder de vista claro está el esfuerzo que ha hecho el legislador para estar a la vanguardia tanto nacional como internacional, teniendo como soporte la agencia Colombia Compra Eficiente quien ha surgido con el fin de dar un enfoque más organizado y eficiente a la contratación, permitiendo unificar documentos, guías y manuales que anteriormente no se acostumbraba a utilizar, pero que ha sido una herramienta útil para el desarrollo de la actividad en las entidades estatales.

De allí que para finalizar, daremos un vistazo a la reforma que presenta Colombia Compra Eficiente y así orientarnos hacía donde va dicha reforma y cuáles son los cambios más enfáticos que generaran un vuelco completo al procedimiento actual establecido en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. Pero algo que en necesario tener presente es que si los servidores públicos no cambian la mentalidad que busca solo generar beneficios en pro de sus intereses particulares, muy difícilmente habrá disminución de la corrupción así la producción normativa traiga consigo múltiples avances en materia contractual.