Categoría: Administración

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo pretende que la Unión Europea sea el primer continente climáticamente neutro. Para lograrlo, la Comisión Europea ha presentado un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Este Pacto Verde forma parte, además, de la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea.
Como en todo proceso de cambio, los efectos sobre los diferentes grupos son desiguales. Si bien todos los Estados miembros, regiones y sectores deberán contribuir a la transición, la magnitud del desafío no es la misma. Algunas regiones se verán particularmente afectadas y sufrirán una profunda transformación económica y social. Por ello, el Pacto Verde Europeo traza el camino para una transición justa y socialmente equitativa, de modo que no se deje atrás a ninguna persona o territorio en este proceso de transformación. Aquí jugará un papel importante la política europea de cohesión.
La Comisión Europea ha creado el Mecanismo de Transición Justa como herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía climáticamente neutral ocurra de manera justa, sin dejar a nadie atrás. Este Mecanismo proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica a los Estados miembros e inversores y se asegurará de que las comunidades afectadas, las autoridades locales, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales estén involucradas; incluyendo un sólido marco de gobernanza centrado en planes territoriales de transición justa.
En línea con la nueva estrategia europea, el Gobierno de España presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que España cuente con un marco normativo sólido y estable para la descarbonización de su economía; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de medidas que buscan conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa, una estrategia quinquenal de acompañamiento solidario que asegure que las personas y los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás.
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, establece en su artículo 14 que corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial. Por otro lado, el artículo 2.8.a) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, adscribe a dicho departamento, a través de la Secretaría de Estado de Energía, al Instituto para la Transición Justa, O.A. El artículo 3.1 de sus estatutos, aprobados por Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, establece que su objeto es la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., es el organismo responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa y, como establece el Plan de Acción Urgente de dicha Estrategia de Transición Justa, debe abordar el mantenimiento y creación de actividad en las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón, de centrales térmicas de carbón, y de centrales nucleares sin planes de reconversión previos en los que tendrán que desarrollarse Convenios de Transición Justa para un plan de acción territorial integral. Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico.
Entre las funciones del Instituto para la Transición Justa, O.A., el artículo 4.d) de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, prevé que le corresponde «gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo de las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y descarbonización de la economía, incluyendo la gestión de cualquier tipo de ayuda o incentivo procedente de la Unión Europea cuya gestión le sea encomendada y que pueda contribuir a la consecución del objeto del Instituto; e impulsar cuantos incentivos financieros se consideren oportunos para fomentar el desarrollo económico alternativo de las zonas en transición».
Esta orden de ayudas se propone impulsar la generación de nueva actividad y la diversificación económica a través del apoyo a nuevas iniciativas empresariales o a proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, que son clave.
El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de las presentes bases es el de los municipios que figuran en los Protocolos de Generales de actuación para el diseño de los Convenios de Transición Justa acordados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como en los Convenios de Transición Justa que se suscriban de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y que se relacionan en el anexo I.
Este ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de cada zona se ha realizado por el Instituto para la Transición Justa, O.A., sobre la base de un estudio detallado del impacto socioeconómico de los cierres con especial foco sobre el empleo, para identificar qué municipios son los más afectados. Estos conforman la delimitación geográfica –zonas de transición justa– sobre las que se dirige el trabajo y actuaciones integrales de los convenios y que se acuerda con el resto de las administraciones en los Protocolos Generales de Actuación.
El Fondo de Transición Justa, parte del Mecanismo de Transición Justa, podrá cofinanciar los proyectos de inversión a que se refieren las presentes bases cuando sean elegibles en los términos del artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa, y cuando estén ubicados en las regiones que se incluyan en el Plan Territorial de Transición Justa de España a que hace referencia el artículo 11 de dicho Reglamento.
La presente orden establece las bases reguladoras que permiten la puesta en marcha de ayudas a empresas nuevas o existentes, con la finalidad de contribuir al desarrollo de regiones afectadas por los cierres de la minería del carbón, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares. El régimen de ayudas que se aprueba se adapta a la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C153/01) referida a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2022-2027, especialmente a lo establecido en el apartado 9 relativo a la aplicabilidad de las normas de ayudas de finalidad regional, y a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías).
El mantenimiento y creación de actividad y empleo en las zonas afectadas por la transición energética es el objetivo final de estas ayudas. Con objeto de que esta transición sea justa, se prestará especial atención a los colectivos de trabajadores que han perdido su empleo debido a los cierres, y a colectivos que ya plantean dificultades de empleabilidad en la actualidad (mujeres, mayores, jóvenes y personas con discapacidad). La cuantía máxima de bonificación por puesto de trabajo comprometido tendrá en cuenta la contratación de personas de estos colectivos, según se establece en el artículo 9, así como en los criterios de puntuación y priorización de los proyectos fijados en el artículo 19 de esta norma. En particular, la contratación de mujeres es clave tanto para que la transición genere mercados laborales más igualitarios, como para revertir tendencias de despoblación.
Adicionalmente, con el fin de que las inversiones en territorio sean más sostenibles económicamente en el tiempo, se deben incorporar elementos de innovación a los sistemas productivos, o de sostenibilidad ambiental y social, potenciando las inversiones que tengan un carácter tractor para la zona de transición justa, lo cual también será tenido en cuenta en la puntuación y priorización de los proyectos.
Esta orden se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2022-2024, aprobado el 28 de diciembre de 2021, que tiene como finalidad optimizar los recursos, racionalizar los procedimientos y dotar de transparencia a la gestión de subvenciones del Departamento. A través de este Plan se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El artículo 17 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que en el caso de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado corresponde a la persona titular del departamento ministerial la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
La presente orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se ha sometido a consulta de comunidades autónomas y sector afectado.
De este modo, cumple con los principios de necesidad y eficacia, dado que contribuye a asegurar un desarrollo económico alternativo sostenible para las áreas geográficas afectadas por el cierre de las explotaciones mineras, de centrales térmicas de carbón, y de centrales nucleares, mitigando los efectos desfavorables para el empleo y la actividad económica de las mismas y proporcionando alternativas de futuro. También contribuye a solucionar un problema social y económico y supone un instrumento eficaz para lograr estos objetivos, dado que el otorgamiento de las subvenciones es un mecanismo que permite que los proyectos objeto de las mismas puedan realizarse y tengan la viabilidad esperada.
También cumple con el principio de proporcionalidad, dado que constituye la regulación imprescindible para lograr los objetivos planteados, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Esto se debe a que articula un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se exige el menor número posible de cargas administrativas.
Por otro lado, los posibles beneficiarios de estas ayudas tienen capacidad económica, técnica o dedicación profesional que les permite el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para relacionarse con la Administración, motivo por el cual en estas ayudas se establece que el procedimiento será electrónico tanto para personas físicas como jurídicas.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente.
También se cumple con el principio de eficiencia al preverse convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62 y 64/2018, de 7 de junio. Esta orden ministerial establece un modelo para la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución Española, si bien, a través de una convocatoria de gestión centralizada, con un grado de consenso favorable entre las administraciones afectadas y la posibilidad de las mismas de participar como entidades colaboradoras en el procedimiento.
Dado que el ámbito de aplicación del régimen de ayudas está compuesto por diferentes comunidades autónomas, en beneficio de su efectividad y operatividad, se impone lógicamente la unidad de gestión de las ayudas, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto.
Por otra parte, si se tiene en cuenta que la concesión de las ayudas debe hacerse en concurrencia competitiva, resulta inviable hacer un reparto previo del presupuesto entre las comunidades autónomas, y que éste no pueda fraccionarse, dándose el supuesto del párrafo segundo del artículo 86.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y justifica la competencia estatal y la gestión centralizada de estas ayudas.
Esta Orden da continuidad y amplía el objeto de desarrollo de las ayudas reguladas en la Orden IET/1158/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2014-2018, y en la Orden TED/1294/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023; al amparo de las cuales se han publicado sucesivas convocatorias mediante gestión centralizada, con un modelo de ejecución aceptado por la comunidades autónomas en las que se han localizado los proyectos subvencionados, y que ha contado con la colaboración de entidades de las administraciones regionales. Este sistema permite garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte del conjunto de sus potenciales destinatarios en todo el ámbito geográfico de aplicación.
Asimismo, al establecer esta Orden que las ayudas puedan ser cofinanciadas con el Fondo de Transición Justa, todas las ayudas incluidas en el Plan Territorial de Transición Justa entre las que se incluye esta línea de gestión centralizada se han diseñado de manera conjunta con las CC.AA. afectadas.
Por último, también es coherente con el principio de seguridad jurídica dado que para su elaboración se ha cumplido con todos los trámites preceptivos y establece criterios y un procedimiento que son acordes con el ordenamiento jurídico.
La presente orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Instituto para la Transición Justa, O.A. A su vez se ha solicitado el informe a que se refiere el artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el período 2022-2027.
2. Las ayudas reguladas en la misma tendrán como finalidad promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, así como su entorno, con el fin último de generar actividades económicas alternativas en dichas zonas, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los ya existentes para incentivar el desarrollo de estas zonas, considerando su condición de regiones desfavorecidas.
1. Lo dispuesto en esta orden será aplicable a las ayudas a proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que se convoquen entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027.
2. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que cumplan con lo establecido en las presentes bases y que se localicen en los municipios de alguna de las zonas de transición justa que figuran en los Protocolos Generales de Actuación para el diseño de los Convenios de Transición Justa acordados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como en los Convenios de Transición Justa que se suscriban de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 7/2021, de 21 de mayo, de cambio climático y transición energética, y que se relacionan en el anexo I.
3. Los municipios donde se localicen los proyectos deben figurar en el Mapa de Ayudas de Estado con finalidad regional para España 2022-2027, aprobado por la Comisión Europea, o el que esté en vigor a la fecha de la concesión de las ayudas. A todos ellos les serán de aplicación los límites máximos de intensidad de ayuda que les correspondan según lo establecido en el mismo.
1. Estas ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas incluidas en el ámbito territorial definido en el artículo dos anterior, se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las ayudas reguladas en esta orden complementarán y serán compatibles con las concedidas por otras instituciones o administraciones públicas para instrumentar las políticas de desarrollo regional, independientemente de las generales derivadas de los programas de inversión, de medidas horizontales y de las específicas para las pequeñas y medianas empresas (pyme). El importe máximo de todas las ayudas no podrá exceder del coste de la inversión proyectada.
3. Cuando se soliciten o se obtengan ayudas de carácter público de otras instituciones o administraciones públicas para el mismo proyecto empresarial, deberá comunicarse al Instituto para la Transición Justa, O.A., de forma inmediata, para que éste verifique que no se han excedido los límites máximos de intensidad vigentes en cada convocatoria, de acuerdo con el mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión Europea. En el supuesto de que se hubiere excedido dicho límite, el Instituto iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para reducir la ayuda concedida hasta la cuantía necesaria para alcanzar el mismo.
De igual forma, se deberá comunicar al Instituto para la Transición Justa, O.A., la obtención de ayudas de carácter privado.
4. El régimen de ayudas cuyas bases reguladoras se aprueban mediante esta norma está exento de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, en aplicación de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Reglamento General de Exención por Categorías).
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será exigible el requisito de notificación previa prevista en el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el caso de ayudas regionales a la inversión, si se supera el umbral del «importe ajustado de la ayuda», calculado con arreglo al mecanismo definido en el artículo 2, punto 20 del Reglamento General de Exención por Categorías, cuando un proyecto de inversión único sea un gran proyecto de inversión (de acuerdo con la definición que figura en el artículo 2 del citado Reglamento). En tal caso, los solicitantes deberán informar inmediatamente al Instituto si la inversión propuesta forma parte de un «proyecto de inversión único» en virtud del artículo 14.13 del citado Reglamento.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que fundamenten la concesión de la ayuda. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, privadas, sin personalidad, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como tampoco aquella que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
3. No podrán concederse ayudas a empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2, punto 18, del Reglamento General de Exención por Categorías.
1. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en esta orden figurarán en el presupuesto de gastos del Instituto para la Transición Justa, O.A.
2. Para los diferentes ejercicios presupuestarios se publicará, mediante resolución de la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., la correspondiente convocatoria, que estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la convocatoria se establecerá la cuantía máxima del total de las subvenciones a conceder mediante su resolución. De conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, excepcionalmente la convocatoria podrá fijar, además, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, debiéndose cumplir a estos efectos las reglas establecidas en el citado artículo.
Si una vez resuelta la convocatoria y asignados los importes a los que se refiere el artículo 22.2 de esta orden, resultase remanente de crédito, podrá efectuarse una convocatoria complementaria.
3. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los ejercicios presupuestarios que correspondan.
Las ayudas a que se refiere esta orden se regirán, además de por lo particularmente previsto en la misma, por lo establecido en el Reglamento General de Exención por Categorías; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, las ayudas a que se refiere esta orden y que sean susceptibles de ser cofinanciadas con fondos procedentes del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea se regirán, además, por lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Agricultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, así como en el Reglamento (UE) 2021/1056, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa (Reglamento del Fondo de Transición Justa).
1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable, con las excepciones establecidas en este artículo.
2. No podrán concederse ayudas a sectores y actividades que estén excluidas en virtud de los artículos 1.2 y 1.3 del Reglamento General de Exención por Categorías que esté vigente en cada momento. En la fecha de aprobación de esta orden se incluyen las siguientes:
a) Las ayudas que favorezcan las actividades de los sectores del acero, el carbón, la construcción naval o las fibras sintéticas;
b) las ayudas al sector de los transportes, así como a las infraestructuras conexas, y a la producción, la distribución y las infraestructuras de energía;
c) las ayudas al sector de la pesca y la acuicultura, reguladas por el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo;
d) las ayudas al sector de la producción agrícola primaria. A estos efectos, se entiende por tal la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos;
e) las ayudas al sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los siguientes casos:
1.º Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
2.º Cuando la ayuda se supedite a su transmisión, total o parcial, a los productores primarios.
f) las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas y a empresas de la industria del carbón, tal como se contempla en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas;
g) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora;
h) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.
3. Tampoco podrán concederse ayudas a sectores y actividades que estén excluidos del alcance del Reglamento del Fondo de Transición Justa que esté vigente en cada momento. En la fecha de aprobación de esta orden se incluyen las siguientes:
a) La fabricación, la transformación y la comercialización de tabaco y productos de tabaco;
b) inversiones relacionadas con la producción, la transformación, el transporte, la distribución, el almacenamiento o la combustión de combustibles fósiles;
c) el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares;
d) la incineración de residuos.
4. En los supuestos de ayudas solicitadas por grandes empresas para proyectos localizados en zonas a) del Mapa de ayudas regionales, solo se concederán para una inversión inicial y para los proyectos localizados en zonas c) para una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica en la zona de que se trate. A los efectos de clasificación de las empresas, en el anexo II se recoge la definición de las pymes, según se establece en el anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías. Asimismo, se recoge en dicho anexo II la definición de inversión inicial e inversión inicial en favor de una nueva actividad económica, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Exención por Categorías.
5. No podrán ser objeto de ayudas los proyectos comprendidos en el sector servicios, con las siguientes excepciones:
a) Proyectos cuya actividad esté destinada a facilitar servicios industriales a las empresas;
b) residencias y centros de la tercera edad, para personas con discapacidad y otras actividades asistenciales y socio-sanitarias;
c) alojamientos turísticos (no incluye las viviendas turísticas), actividades relacionadas con el turismo, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre, si están localizados en municipios de menos de 40.000 habitantes;
d) proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías;
e) establecimientos de comercio al por menor de productos producidos por el promotor en municipios del anexo I.
6. Se excluirán los proyectos que conlleven actividades que se encuentren dentro de las divisiones 5 y 6 y la clase 7.21 de la sección b de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009, así como las actividades de: bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista no recogido en el apartado 5.e), lavanderías, tintorerías, peluquerías, despachos profesionales y consultoría, empresas de promoción de viviendas o suelo, inmobiliarias, de construcción, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y empresas de juego y apuestas.
7. Se excluirán aquellos proyectos que ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH), de acuerdo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Los requisitos exigibles a los proyectos para los que se soliciten las ayudas serán los siguientes:
1. Grado de realización de la inversión: Los proyectos no podrán haber iniciado los trabajos antes de la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. A estos efectos, se entenderá como «inicio de los trabajos» el inicio de los trabajos efectivos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o cualquier otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior. En cambio, no tendrá esa consideración la compra de terrenos y los trabajos preparatorios, tales como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad, cuando se realicen con anterioridad a la fecha de la solicitud. En estos casos, el proyecto podrá acceder a la ayuda, si bien, los costes de dichas actuaciones no serán considerados gastos subvencionables. Por el contrario, sí se considerarán gastos subvencionables en el caso de que se realicen con posterioridad a la fecha de la solicitud.
Este criterio será objeto de comprobación en la evaluación del proyecto, así como en el momento de procederse a la verificación del cumplimiento del requisito de la realización de la inversión subvencionable aprobada por el Instituto para la Transición Justa, O.A.
La presentación y justificación de partidas de inversión con fecha anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda dará lugar a la revocación total de la ayuda. No obstante, la presentación y justificación de partidas de inversión con fecha anterior a la de solicitud, pero que no tengan la consideración de inicio de los trabajos, no dará lugar a la revocación total de la ayuda.
2. Inversión mínima. Para los proyectos presentados, la inversión que resulte subvencionable deberá ser por un importe mínimo de 100.000 euros y deberá garantizarse siempre la ejecución de esta inversión mínima.
3. Creación y mantenimiento de empleo. Los proyectos objeto de las ayudas deberán generar como mínimo tres puestos de trabajo entre la fecha de solicitud de la ayuda y la fecha máxima que se establezca en la resolución de concesión, que deberán mantener durante un período mínimo de tres años. El incumplimiento de los requisitos anteriores dará lugar a la revocación total de la ayuda.
Excepcionalmente, si en la resolución de convocatoria se contempla esta posibilidad, en atención a la circunstancia excepcional de la existencia de una recesión económica, entendida como el crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres seguidos, las empresas con plantillas iguales o superiores a 10 puestos de trabajo podrán comprometerse a mantener exclusivamente la plantilla existente a la fecha de solicitud de la ayuda, durante un período mínimo de seis años. En ese caso, a efectos de la graduación del incumplimiento, se considerará que procede la revocación total de la ayuda si la plantilla media mantenida es inferior a la comprometida y existe destrucción de empleo.
A los efectos del cómputo de la plantilla existente a la fecha de la solicitud de la ayuda, se considerará como tal la plantilla media mantenida durante los doce meses naturales anteriores a dicha fecha o, en el caso de empresas constituidas dentro de este periodo, desde la fecha de alta del primer trabajador.
Serán admisibles para la creación de empleo las diversas formas de contratación previstas por la legislación laboral, así como la creación de empleo autónomo, en aquellos supuestos que no sea posible su inclusión en el Régimen General de cotización de la Seguridad Social y siempre que exista dedicación exclusiva a la actividad subvencionable. Los contratos fijos discontinuos y a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a la duración de la prestación.
El número de trabajadores corresponderá al número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, al número de asalariados a jornada completa empleados durante un año, constituyendo el trabajo a tiempo parcial o el trabajo estacional, fracciones de la UTA. Se entenderán aquí incluidos los contratos fijos discontinuos. Los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo no se contabilizarán a estos efectos.
No constituyen objeto de las ayudas reguladas en esta orden los proyectos de contratación laboral sin inversión o la transformación de formas jurídicas de contratación laboral.
En aquellos proyectos de creación de empresas, claramente vinculadas, en virtud de los tenedores de capital o propiedad de las empresas, a la extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con similar razón social o actividad de producción y localizadas en el ámbito territorial de aplicación de las ayudas reguladas en esta norma, se computará como empleo nuevo generado, la diferencia entre el empleo generado por el proyecto de inversión y el destruido previamente como consecuencia de la extinción o disolución de empresas o sociedades. En este sentido, se tendrá en cuenta la posible destrucción de empleo que tenga lugar en sociedades de idénticas características que mantengan su actividad durante el desarrollo de los proyectos por la entidad beneficiaria de la ayuda.
4. Inicio del proyecto. Todos los proyectos objeto de ayudas deberán ejecutar y haber pagado, al menos, un 15 por ciento de la inversión que se considere subvencionable antes del transcurso de los nueve meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución definitiva que apruebe la ayuda solicitada para el proyecto. El beneficiario deberá acreditar el cumplimiento de este requisito en los tres meses siguientes a la finalización de dicho plazo. Si transcurrido el plazo de nueve meses el beneficiario no ha cumplido con dicho requisito, se procederá a la revocación total de la ayuda.
A estos efectos no se computarán las inversiones y gastos que puedan ser considerados necesarios para la preparación del desarrollo del proyecto, tales como, por ejemplo, los referidos al diseño y elaboración del mismo, o aquellos gastos destinados a la solicitud de licencias o autorizaciones administrativas, así como los estudios previos de viabilidad.
5. Financiación. Se deberán cumplir los siguientes dos requisitos:
a) El 25 por ciento, al menos, del total de los costes subvencionables tendrá que ser financiado por el beneficiario mediante sus propios recursos o mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública. La acreditación de este requisito deberá realizarse en el momento de la justificación de la ayuda.
b) La empresa o beneficiario deberá acreditar una contribución financiera, mediante sus propios recursos o mediante financiación externa, que suponga al menos el 5 por ciento de los costes de inversión previstos. La acreditación de este requisito deberá realizarse en el momento de solicitud de la ayuda. En caso de no cumplir este requisito, se emitirá propuesta denegando la solicitud de la ayuda por falta de viabilidad del proyecto.
La acreditación de los requisitos anteriores deberá realizarse por cualquier medio que permita verificar el destino de los recursos anteriores al proyecto objeto de la inversión. No obstante, en cada convocatoria podrá establecerse su forma de acreditación.
6. Plazo de ejecución. El plazo máximo de ejecución del proyecto objeto de ayuda vendrá determinado en la correspondiente convocatoria.
7. Requisitos exigibles a los proyectos de grandes empresas:
a) En el caso de ayudas concedidas a grandes empresas para una transformación fundamental en el proceso de producción, los costes subvencionables deberán superar la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores.
b) En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento existente, los costes subvencionables deberán superar como mínimo el 200 % del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
1. Las ayudas revestirán la forma de subvenciones a fondo perdido.
2. Las ayudas reguladas en esta orden no podrán superar los límites de intensidad máxima establecidos en el Mapa de ayudas regionales para España 2022-2027, o el que esté en vigor a la fecha de la concesión de las ayudas, en función de los municipios que integran el ámbito territorial de aplicación de este régimen de ayudas.
Para la estimación del límite de intensidad, todas las ayudas deberán calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor de la ayuda, expresado en porcentaje del valor de los costes de inversión subvencionables, calculado en el momento de la concesión de la ayuda.
De acuerdo con lo establecido en el Mapa de ayudas regionales para España, los límites máximos previstos en el párrafo anterior podrán incrementarse en 20 puntos porcentuales para las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 10 puntos porcentuales para las ayudas concedidas a medianas empresas.
3. Para la determinación de la cuantía de las ayudas (en términos de subvención bruta), los proyectos que se localicen en los municipios relacionados en el anexo I podrán recibir una subvención de hasta el 100 por ciento del límite máximo de intensidad aplicable al municipio de que se trate, establecido en el mapa de ayudas regionales vigente en cada momento.
4. La cuantía total de ayuda estará constituida por la cuantía correspondiente a la componente de inversión incrementada, en su caso, por la cuantía correspondiente a la componente de empleo, hasta alcanzar el 100 por ciento del límite máximo de intensidad aplicable, sobre la base de los siguientes criterios:
Para el componente de inversión se considerará como ayuda máxima la equivalente a la mitad del límite máximo de intensidad aplicable según el mapa de ayudas regionales que esté vigente en cada momento.
La cuantía correspondiente al componente de empleo consistirá en bonificaciones por puesto de trabajo comprometido. Cada convocatoria determinará la cuantía máxima de bonificación por empleo creado, que podrá ser superior en los siguientes supuestos:
a) Compromiso de creación de empleo joven (considerando a estos efectos un intervalo de edad comprendido entre los dieciocho años y los treinta años, incluidos).
b) Compromiso de creación de empleo para personas mayores de cuarenta y cinco años.
c) Compromiso de creación de empleo femenino.
d) Compromiso de empleo destinado a trabajadores con discapacidad.
e) Compromiso de empleo para personas inscritas en las Bolsas de Empleo del Instituto para la Transición Justa, O.A., creadas como consecuencia del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027, suscrito el 24 de octubre de 2018, y del Acuerdo Marco por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre firmado el 17 de abril de 2020.
5. Las convocatorias podrán determinar un límite de cuantía máxima de ayuda por proyecto, empresa, o zona de transición justa, así como, en su caso, límites de intensidad de ayuda inferiores a los máximos indicados en el mapa de ayudas regionales vigente, con objeto de ajustarse al presupuesto disponible para cada convocatoria.
6. En el caso de tener que reducirse la cuantía de la ayuda, por aplicación del punto anterior, o porque se supere la intensidad máxima por concurrencia con otras ayudas, los componentes de ayuda se verán reducidos proporcionalmente hasta no superar los límites aplicables.
1. Se considera inversión subvencionable, a efectos de la ayuda regulada en esta orden, la resultante de sumar los siguientes conceptos:
a) Adquisición de terrenos necesarios para la implantación del proyecto, cuando la adquisición se realice con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá un tope máximo (en euros/metro cuadrado) para el coste de adquisición. Asimismo, respecto a la cantidad de metros a considerar, la convocatoria establecerá una ratio máxima expresada como superficie del terreno respecto a la superficie construida en planta baja.
b) Traídas y acometidas de servicios, cuando éstas se realicen con posterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la ayuda. Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto.
c) Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto, cuando éstas se realicen con posterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la ayuda.
Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá un tope máximo (en euros/metro cuadrado).
d) Obra civil (construcción o rehabilitación de bienes inmuebles). Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá unos topes máximos o módulos (en euros/metro cuadrado) para la obra civil en el sector industrial y servicios (aplicable a edificaciones como naves industriales, oficinas, hoteles, residencias, hostales, pensiones, campings, actividades de ocio/tiempo libre, clínicas, etc.).
En el caso de rehabilitación de edificios, la convocatoria establecerá un límite máximo (en porcentaje) respecto a los módulos establecidos; y en el caso de reacondicionamiento de instalaciones industriales y de apoyo a la industria, un límite máximo (en porcentaje) respecto a los módulos establecidos.
Todas las actuaciones relacionadas con edificación y obra civil cumplirán con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.
e) Adquisición de bienes de equipo. Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará como subvencionable el coste de adquisición declarado como previsto. Los elementos de transporte exterior no se considerarán subvencionables, a excepción de los vehículos especiales. Los bienes destinados al alquiler (como maquinaria, herramientas o vehículos) no se considerarán subvencionables.
f) Los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los trabajos. Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá un límite (en porcentaje), calculado como suma de la cuantía por estos conceptos, respecto a la inversión subvencionable aceptada para las partidas de obra civil, bienes de equipo e instalaciones.
Los trabajos preparatorios serán subvencionables cuando se realicen con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.
g) Otras inversiones en activos fijos materiales. Para la cuantificación de la inversión subvencionable, en el sector industrial, se considerará como subvencionable el coste de adquisición declarado como previsto. En el sector servicios, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá unos topes máximos o módulos (en euros/habitación, euros/sala, etc.) para los activos fijos materiales que no estén incluidos en las partidas anteriores (como mobiliario, enseres, decoración, menaje, etc.).
h) Activos inmateriales. Se consideran incluidos en este apartado de activos inmateriales los gastos ligados a activos que no tienen una materialización física o financiera, siempre que estén vinculados a la producción y se encuentren asociados al proyecto; como las inversiones en digitalización, innovación digital, la adquisición de software, la elaboración o personalización de aplicaciones de software a medida, la adquisición de patentes, licencias de explotación o conocimientos técnicos patentados, conocimientos técnicos no patentados y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, entre otros. No es elegible el alquiler de licencias de software.
Para la cuantificación de la inversión subvencionable, se considerará el coste declarado como previsto. No obstante, la convocatoria establecerá un límite (en porcentaje), calculado como suma de la cuantía por estos conceptos, respecto a la inversión subvencionable aceptada para las partidas de terrenos, obra civil, bienes de equipo e instalaciones.
2. Solamente podrán ser subvencionables aquellos gastos realizados por los conceptos señalados anteriormente en fecha posterior a la de presentación de la solicitud de la ayuda; y siempre y cuando sean acordes a lo regulado en el artículo 31 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Los activos inmateriales deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Serán explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
b) Serán considerados como elementos del activo amortizables.
c) Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado.
d) Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco años, o bien de tres años si se trata de una pyme.
En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos inmateriales únicamente serán subvencionables hasta un límite del 50 % del total de los costes de inversión subvencionables del proyecto para la inversión inicial.
4. Para la cuantificación de los conceptos señalados anteriormente la convocatoria establecerá, al menos, los criterios que se han indicado en el apartado 1 de este artículo para cada concepto.
5. En ningún caso se podrán considerar como subvencionables los gastos relativos a impuestos, licencias y tasas.
6. La inversión subvencionable considerada a efectos de ayuda deberá materializarse en activos de primer uso o de primera adquisición, excepto en el caso de una pyme, y deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años, o de tres si se trata de una pyme, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 14 del Reglamento General de Exención por Categorías. A estos efectos, debe entenderse siempre que la inversión deberá mantenerse product