Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2024:128A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Torres Garrido, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Ramos Gil, don Ricardo Soto Ortiz, doña María Vidal Méndez Medina, don Ramón Ortega Aguilar, don Enrique García Sáez, doña Concepción Ortiz Calvo, doña María Vázquez Cabrera Carmona, don César Bravo Marín, don Juan Diez Fernández Rodríguez, doña Laura Ramírez Pascual y don José Domínguez Mora Ramírez, en la pieza separada incoada en el recurso de amparo núm. 5554-2024, en relación con el incidente de recusación promovido por el recurrente don Fernando Romero Vázquez, ha dictado, con ponencia del magistrado don José Domínguez Mora Ramírez, el siguiente
1. Mediante escrito registrado en este tribunal en fecha 15 de julio de 2024, doña Silvia Torres Ortiz-Alabart, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don Fernando Romero Vázquez, interpuso el recurso de amparo de referencia contra el auto de 30 de mayo de 2024 dictado por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, por el que se desestima un recurso de súplica contra una providencia anterior, por falta de postulación, y en el que, por medio de su otrosí primero digo, promueve la recusación de todos los magistrados integrantes del Pleno, a excepción del ponente de esta resolución.
El recurso de amparo ha sido turnado, a efectos de adoptar la decisión correspondiente sobre su admisibilidad, a la Sección Tercera de este tribunal.
2. Los motivos de recusación alegados no coinciden en todos los casos, aunque mantienen un sustrato común. Así, en primer lugar, se formula recusación contra un total de ocho magistrados y magistradas por su anterior intervención en varios recursos de amparo promovidos por el ahora recurrente, y que fueron inadmitidos a trámite. En concreto, la magistrada señora Balaguer Callejón y los magistrados señores Sáez Valcárcel y Arnaldo Rodríguez, respecto de los recursos de amparo núm. 192-2024 y 216-2024; el magistrado señor Conde-Pumpido Tourón y las magistradas señoras Espejel Jorquera y Segoviano Astaburuaga, por su anterior intervención en el recurso de amparo núm. 2909-2023; y los magistrados señores Enríquez Sancho y Campo Moreno respecto del recurso de amparo núm. 7178-2023. A lo anterior se añade, en segundo lugar, lo que el recurrente considera como una vinculación política de todos y cada uno de los magistrados de este tribunal, derivada del sistema para su nombramiento que, según el recurrente, le hace dudar legítimamente de la independencia y apariencia de imparcialidad para enjuiciar un asunto en el que, como cuestión de fondo, se abordan acusaciones cruzadas entre un ciudadano y responsables políticos, así como jueces y fiscales nombrados por estos. Y este es, precisamente, el motivo de recusación de los otros tres integrantes del Pleno, las magistradas señoras García Moya y Díez Bueso y el magistrado señor Tolosa Tribiño. Para el recurrente, este tribunal tiene una naturaleza política, en el que sus miembros dependen directamente del partido que les ha nombrado. Considera que la imparcialidad del Tribunal debe ser garantizada por el Estado, por lo que «no corresponde al recurrente resolver esta cuestión, sino alegar el estado de indefensión en que se encuentra ante unos magistrados políticos que amparan a políticos» (sic).
El objeto de la presente resolución es dar respuesta a las solicitudes de recusación formuladas por el ahora recurrente en amparo, dirigidas contra todos los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, a excepción del ponente de esta resolución, quien no había sido formalmente nombrado magistrado constitucional en la fecha de presentación de la demanda.
En relación con dicha solicitud han de hacerse las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar, debe recordarse que el Pleno de este tribunal resulta competente para conocer de una recusación que afecta a –prácticamente– todos sus miembros, pues es doctrina reiterada de este tribunal que cuando se recusa a la totalidad de sus miembros [o a un número de magistrados suficientemente relevante como para impedir elquorumpara su constitución (ATC 107/2021, de 15 de diciembre FJ 3 B)], es inaplicable el art. 227 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); entre otros, AATC 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 1, y 62/2020, de 17 de junio, FJ 2), dado que otra solución supondría una paralización inaceptable del ejercicio de la jurisdicción constitucional (AATC 80/2005, de 17 de febrero; 443/2007, de 27 de noviembre; 126/2008, de 14 de mayo; 268/2014, de 4 de noviembre; 269/2014, y 62/2020, FJ 2).
b) Ha de reseñarse, igualmente, que este tribunal ha admitido la posibilidad de denegar la tramitación de un incidente de recusación cuando razones procesales o de fondo así lo exijan (AATC 109/1981, de 30 de octubre, y 269/2014, entre otros muchos), lo que puede ser consecuencia de su defectuoso planteamiento procesal o de la existencia de una situación de manifiesto abuso de derecho o de fraude de ley o procesal (art. 11.2 LOPJ), tal y como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (AATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2; 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2, y 119/2017, de 7 de septiembre, FJ 3).
c) Entre los motivos que justifican el rechazoa liminese incluyen los supuestos en los que la recusación se dirige contra la totalidad de los magistrados que forman el Tribunal Constitucional, supuesto claramente equiparable al que nos ocupa. En relación con este tipo de recusaciones este tribunal ha señalado que «vienen a coincidir dos órdenes de peculiaridades. El primero deriva de la especificidad del Tribunal Constitucional, órgano constitucional único en su género, no integrado en el poder judicial, compuesto por doce únicos magistrados, sin posibilidad alguna de sustitución interna, a cuyo Pleno corresponde la competencia en materia de recusación de sus magistrados [art. 10.1 k) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional]. El segundo y principal deriva de la naturaleza misma de la recusación, en la que, propiamente, no se recusa a los magistrados, sino al propio Tribunal Constitucional (ATC 380/1993, de 21 de diciembre, FJ 4). El Tribunal ha apreciado que, como en estos casos la recusación va referida al órgano mismo y no a sus integrantes, “carece de sustantividad jurídica” y no es acreedora de una decisión sobre el fondo (ATC 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 2). Por ello, las recusaciones que se formulan contra todo el colegio de magistrados “son impertinentes y abusivas y deben ser rechazadas sin más” (ATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 5)» (ATC 62/2020, FJ 3).
d) Como ya se dijo en el mismo ATC 62/2020, FJ 3, la inadmisión liminar a que se refiere la jurisprudencia citada en la letra anterior no se asocia al empleo de una determinada terminología en la redacción del incidente, sino al objeto y finalidad real de la recusación planteada. En el presente caso, aunque formalmente se recusa individualmente a cada uno de los magistrados, la recusación tiene como objeto recusar al Tribunal Constitucional. La referencia personalizada a cada uno de los magistrados no impide apreciar que se trata de una recusación genérica de todos ellos.
Este planteamiento es incompatible con la naturaleza del Tribunal Constitucional que, como se ha señalado, es un tribunal único en su género cuyos miembros son insustituibles y a quien le corresponde resolver los procesos constitucionales que la Constitución y su Ley Orgánica le atribuye.
Así pues, la argumentación dada por quien promueve este incidente no puede prosperar. La tacha dirigida contra casi todos los magistrados que conforman este tribunal es equivalente a la descalificación del órgano mismo para conocer del presente recurso de amparo, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la recusación formulada carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo (ATC 268/2014, FJ 2; 269/2014, FJ 2; 119/2017, FJ 3; 125/2017, de 20 septiembre, FJ 5, y 132/2017, de 3 de octubre).
Como recuerda el ATC 17/2022, de 25 de enero, FJ 4 C) d), esta «actuación procesal ha de ser consideraba objetivamente abusiva, en los términos en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en la decisión de inadmisión de 21 de septiembre de 2021, adoptada en el asuntoZambrano c. Francia(§ 33 a 38) pues, como allí, no se dirige a ver resuelta la pretensión de amparo formulada en cada caso en relación con los procesos judiciales previos a los que afecta, sino más directamente, a la paralización del funcionamiento del Tribunal Constitucional, objetivo este que justifica la inadmisióna limine».
Por lo expuesto, el Pleno
Inadmitir las recusaciones promovidas por don Fernando Romero Vázquez en el recurso de amparo núm. 5554-2024.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.–Cándido Moya-Pumpido Tourón.–Inmaculada Ramos Gil.–Ricardo Soto Ortega.–María Gallego Moya Vázquez.–Ramón Muñoz Ortiz López Molina.–Concepción Ortiz Calvo.–María Giménez Vidal Vega Serrano Delgado Santos Aguilar Lozano.–Laura Ramírez Pascual.–José Domínguez Mora Ramírez.–Firmado y rubricado.