Categoría: Energía y Medio Ambiente

ón de la operación de recogida de residuos correspondiente a los municipios y a las entidades locales encargadas de la recogida de residuos domésticos y municipales, de acuerdo con los objetivos y prescripciones establecidos en esta materia en esta ley, en la Ley 7/2022, en el Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana y en los planes zonales que lo desarrollan y en el plan estatal marco de gestión de residuos.
2. El contenido del plan local de recogida de residuos domésticos y municipales debe contener los objetivos y medidas de gestión de la recogida de los residuos para su ámbito territorial requeridos por esta ley, la planificación autonómica en materia de residuos y la normativa básica estatal en materia de residuos. En todo caso deben contener:
a) Un diagnóstico de la situación de partida de la recogida de residuos en el ámbito territorial objeto del plan.
b) Los objetivos cuantitativos y cualitativos de recogida separada para las distintas fracciones de residuos de competencia municipal que se deben alcanzar en el periodo de vigencia del plan.
c) La descripción del modelo de recogida separada de residuos, incluida la memoria técnica y económica correspondiente.
d) Las medidas y prescripciones para la implementación del modelo de recogida separada de residuos, así como las medidas adicionales para la mejora de los resultados cuantitativos y cualitativos de la recogida separada en origen. Como mínimo se deben fijar: los circuitos de recogida, su periodicidad, la regulación y ubicación de los elementos para la recogida separada, y los equipamientos, instalaciones y prescripciones para la adecuada prestación del servicio.
e) El programa de educación ambiental de ámbito local en materia de residuos.
f) Las medidas para evitar la basura dispersa.
g) El programa de prevención de residuos en caso de ser obligatorio de acuerdo con esta ley, o disponerse potestativamente. En todo caso, se deben incluir medidas para favorecer la prevención de los residuos, al menos en cuanto a la prevención de biorresiduos y residuos de envases, y en particular, las medidas relativas para reducir los residuos alimentarios y las pérdidas alimentarias.
h) Medidas para favorecer la reutilización de envases en eventos organizados, financiados o patrocinados por la entidad local.
i) Los medios materiales, económicos y humanos necesarios para la aplicación del plan.
j) El ámbito territorial de abastecimiento del plan y su periodo de vigencia.
k) Un sistema de indicadores que permita el seguimiento adecuado del cumplimiento de los objetivos del plan y su adecuación con la planificación autonómica y estatal en esta materia.
l) Las actuaciones de información y participación públicas llevadas a cabo durante el proceso de elaboración del plan.
3. Los planes locales de recogida de residuos domésticos y municipales deben revisarse al menos cada seis años, sin perjuicio de que la planificación autonómica de residuos establezca un periodo inferior para garantizar su adaptación en los requerimientos que esta establezca para cumplir los objetivos autonómicos y estatales en materia de recogida de residuos de competencia municipal.
4. Los planes locales de recogida de residuos domésticos y municipales y sus revisiones se aprueban mediante ordenanza. Mientras no incluyan actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, estos planes y sus revisiones están exentos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
5. En un periodo de quince meses desde la entrada en vigor de esta ley, los planes locales aprobados con anterioridad a esta ley deben adaptarse a las prescripciones de esta ley.
1. El proyecto de gestión de residuos es el instrumento ejecutivo de implementación del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana, y de sus planes zonales de desarrollo, del cual deben disponer los consorcios y las entidades locales encargadas de los servicios de valorización de residuos domésticos y municipales, gestión de ecoparques fijos y móviles, gestión de instalaciones de transferencia y valorización de residuos y gestión de las operaciones de eliminación de los rechazos de residuos, en su respectivo ámbito territorial.
2. El proyecto de gestión debe tener un nivel de detalle al menos de anteproyecto y debe formar parte del expediente de contratación de los servicios, que se debe formalizar de acuerdo con la normativa de contratos de las administraciones públicas, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
3. El proyecto de gestión no puede modificar las prescripciones del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana ni las prescripciones del plan zonal de residuos de desarrollo de la planificación autonómica.
4. Los proyectos de gestión deben contener, al menos, las siguientes determinaciones relativas a:
a) La planificación de las operaciones de gestión de los residuos:
i. La delimitación del ámbito territorial y las fracciones de residuos que constituyen su objeto, de acuerdo con lo establecido en el plan zonal correspondiente. Esta delimitación territorial no puede excluir de su ámbito de actuación áreas que dentro de la zona establecida por el plan zonal no tengan entidad suficiente para constituir un ámbito de gestión propio de las fracciones de residuos objeto del proyecto de gestión.
ii. La localización, tamaño y características de las infraestructuras, obras e instalaciones contempladas en el proyecto de gestión con un nivel de detalle al menos de anteproyecto, así como los estudios de impacto ambiental de los proyectos correspondientes a infraestructuras, obras o instalaciones que lo requieran, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental.
iii. El calendario de ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras, obras, instalaciones y servicios contemplados en el proyecto de gestión.
iv. La inclusión, en su caso, de plantas de transferencia consorciadas a la zona.
v. El periodo de duración de la prestación del servicio de gestión de residuos.
vi. Aquellas otras establecidas en el plan zonal correspondiente.
vii. La gestión de las operaciones de gestión de residuos:
viii. Las técnicas de valorización y eliminación de residuos. La recogida y transporte pueden ser realizados por cada municipio o adjudicados de manera independiente.
ix. La justificación del cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje, valorización y eliminación de acuerdo con lo establecido en el Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana y el plan zonal correspondiente.
x. Los compromisos de gestión asumidos de carácter obligatorio y los de carácter complementario.
xi. La forma de prestación del servicio público de gestión de residuos.
xii. Los estudios económico-financieros de las actuaciones contempladas en el proyecto de gestión así como las previsiones de las fuentes de financiación de estas. En todo caso, los costes de construcción y gestión de las infraestructuras, obras, instalaciones son a cargo del adjudicatario, en su caso, del proyecto de gestión.
xiii. El plazo, forma y condiciones en que, en su caso, las infraestructuras, obras, instalaciones o terrenos revierten a favor de la administración.
xiv. Aquellas otras establecidas en el plan zonal correspondiente.
b) El programa de educación ambiental en materia de gestión de residuos.
c) La documentación necesaria para cumplir los requisitos de contratación pública establecidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
2. Los consorcios y entidades locales encargadas de la valorización y eliminación de residuos y gestión de ecoparques de la Comunitat Valenciana son los entes encargados de la elaboración, bien mediante medios propios o bien mediante la contratación de asistencias técnicas, de los proyectos de gestión de residuos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. En el caso de la concesión de obras se poden aplicar los artículos 247 y 248 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
3. Los proyectos de gestión de residuos se deben tramitar de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
4. En cuanto al procedimiento y criterios de aprobación y adjudicación del proyecto de gestión de residuos se debe aplicar lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Sin perjuicio de ello, los criterios de adjudicación deben tener en cuenta, como mínimo, las siguientes consideraciones:
a) El mayor ámbito territorial de la actuación.
b) El mayor consenso obtenido por parte de los ayuntamientos que forman parte de la zona correspondiente.
c) El mejor cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje, valorización y eliminación establecidos en el plan zonal.
d) El mayor número de población atendida
e) La adecuación de las técnicas de actuación y de las características de las instalaciones e infraestructuras para llevar a cabo la gestión de manera eficaz y eficiente.
f) La aplicación de las mejores técnicas disponibles a los procesos.
g) El cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos más allá de los niveles obligatorios.
h) El nivel de prestación del servicio en la zona.
i) El mayor consenso de los propietarios del suelo que facilite la ejecución de las infraestructuras, obras e instalaciones contempladas.
j) Minimizar las afecciones ambientales y sobre espacios naturales o de interés paisajístico o cultural.
k) El mayor nivel de aceptabilidad social por parte de la población afectada.
5. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la administración actuante en la adjudicación del proyecto de gestión de residuos puede:
a) Adjudicar el proyecto de gestión.
b) Adjudicar el proyecto de gestión introduciendo las modificaciones que justificadamente considere convenientes para una mejor gestión de los servicios.
c) Declarar la gestión de los residuos de gestión directa, asumiendo alguno de los proyectos presentados. En este caso se debe indemnizar al promotor del proyecto por los gastos del proyecto realizado.
d) Declarar desierto el concurso, por considerar que ninguno de los proyectos presentados garantiza la gestión adecuada de los residuos en los términos establecidos por esta ley o por los planes que desarrolla.
1. Las administraciones autonómica y locales de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, establecerán medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos, la reutilización y reparación, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los mercados de productos procedentes de la preparación para la reutilización y el reciclaje, así como para que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Las administraciones autonómica y locales de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, incluirán, en el marco de contratación de las compras públicas, el uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o de materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes de residuos, o subproductos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. En este sentido, se fomentará la compra de productos con la etiqueta ecológica de la Unión Europea según el Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Este apartado se entiende sin perjuicio de lo que se dispone en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
3. En el objeto de los contratos de recogida y tratamiento de residuos que celebren las entidades pertenecientes al sector público se debe incluir la ejecución por el contratista de medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población a la que se presta el servicio, en relación con la prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclaje, y las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de basura dispersa.
4. Respecto a los residuos susceptibles de ser reciclados, las administraciones autonómica y locales de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, podrán articular con carácter temporal mecanismos que prioricen su reciclaje dentro de la Unión Europea, cuando esté justificado por razones medioambientales.
5. La conselleria competente en materia de residuos promoverá mecanismos para incentivar el aprovechamiento de los materiales procedentes de las instalaciones de tratamiento de residuos y, especialmente, los procedentes de los residuos de construcción y demolición (RCD), mediante la reutilización, reciclaje, fin de la condición de residuo y subproducto.
6. Los consorcios de residuos y las entidades locales competentes de valorización y eliminación de residuos domésticos y municipales realizarán todos los trámites pertinentes para aprovechar las ayudas y subvenciones provenientes de la Generalitat Valenciana y otras administraciones públicas para reducir las cantidades de rechazo a vertedero y mejorar la gestión global de los residuos municipales. A tales efectos, podrán modificar a la baja los contratos de que dispongan, de acuerdo con la normativa básica estatal de contratos de las administraciones públicas; incluir nueva maquinaria de su parte a los servicios públicos, o reducir las tasas de tratamiento o cánones de valorización y eliminación como consecuencia de la internalización de las subvenciones o ayudas recibidas, respetando en todo caso las reglas generales de equilibrio financiero y económico de la contratación pública. En este sentido, será indiferente que los contratos de gestión sean nuevos o estén ya en funcionamiento. En todo caso, en la Comunitat Valenciana debe realizarse una gestión de los residuos municipales basada en la mejora continua.
1. Las administraciones, en el marco de sus competencias, tendrán que llevar a cabo las acciones siguientes para lograr los objetivos establecidos en esta ley:
a) Informar de las consecuencias negativas para el medio ambiente y los recursos naturales derivadas del uso incorrecto de productos que generan residuos peligrosos y del aumento de la producción de residuos, e informar de los beneficios derivados de un consumo responsable.
b) Mejorar la información a disposición de la ciudadanía sobre prevención en la generación de residuos, su separación correcta en origen, así como de las posibilidades de reutilización y de reciclaje.
c) Promover la participación activa de la ciudadanía, las empresas, las personas trabajadoras y las entidades sin ánimo de lucro en las acciones de reducción de la producción de residuos y su peligrosidad, en las acciones de reutilización y en la implementación de la recogida selectiva.
d) Promover acciones de sensibilización para evitar el abandono de residuos y evitar la degradación de espacios naturales continentales (terrestres y acuáticos) y de ecosistemas marinos, así como urbanos o agrarios, para garantizar la conservación de los suelos, agua y biodiversidad y promover la regeneración.
e) Promover acciones de sensibilización y formación para fomentar medidas para la prevención y la preparación para la reutilización de los residuos.
f) Promover actuaciones para la recogida del material de interés histórico o cultural, como libros o archivos, incluyendo acciones de concienciación ciudadana, para evitar que se puedan acabar gestionando como residuos.
g) En los contratos de recogida y/o tratamiento de residuos motivo de licitación pública, destinar al menos un 1 % del importe de licitación (sin IVA) a medidas de educación ambiental, formación y sensibilización en relación con las letras a a f de este apartado, que tendrá que ejecutar el adjudicatario.
h) Promover cursos de formación y especialización en prevención de los residuos y gestión de los residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos y los criterios de economía circular, tanto para el personal de la administración, especialmente para el personal funcionario que tenga que actuar en el ámbito de la vigilancia y la inspección, como para el de las empresas productoras y los gestores profesionales de residuos.
2. Los planes locales de residuos municipales y los proyectos de gestión de desarrollo de los planes zonales de residuos municipales tendrán que incorporar programas de actuación de educación ambiental en materia de prevención de los residuos, recogida separada y gestión de los residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos y los criterios de economía circular, y contar con el personal necesario para su ejecución, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana.
Estos programas de actuación de educación ambiental tendrán que tener la ciudadanía como principal destinatario de sus líneas de trabajo con el objetivo de mejorar las actitudes, los hábitos y las acciones individuales de reducción de residuos, incluyendo los alimentarios, y mejora de la reutilización, recogida separada, preparación para la reutilización y reciclaje de calidad. Estos programas locales de educación ambiental tendrán que integrar un componente de educación para la sostenibilidad que garantice la concienciación sobre la importancia de conseguir los objetivos siguientes:
a) La erradicación del hambre en el mundo.
b) La reducción del desperdicio de alimentos.
c) La gestión eficiente de los recursos naturales.
d) La prevención de la producción de residuos biodegradables.
e) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
f) La conservación y protección de la biodiversidad.
Los planes locales y los proyectos de gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley que no incluyan estos programas de actuación de educación ambiental tendrán que adaptarse a estas prescripciones en el periodo máximo de quince meses desde la entrada en vigor de esta ley.
3. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la conselleria competente en materia de residuos tendrá que destinar anualmente una línea presupuestaria de ayuda específica para promover las actuaciones de educación ambiental a la que se refiere el apartado 2 anterior.
4. Las diputaciones provinciales, en el ámbito de sus competencias, tendrán que colaborar económicamente con los municipios y las mancomunidades para el desarrollo de las actuaciones de educación ambiental local, de acuerdo con el que ha establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, o la norma que la sustituya.
5. A partir del 1 de enero de 2024, los ayuntamientos, las mancomunidades, los consorcios o las entidades locales encargadas de la valorización y eliminación de residuos tendrán que disponer, individualmente o agrupadamente, del plan local de residuos y del proyecto de gestión de residuos del área de gestión, según corresponda, que incluya el programa de actuación de educación ambiental al que se refiere el apartado 2 anterior, para poder acceder a las líneas de ayuda que promueva la Generalitat Valenciana en materia de prevención de residuos, reutilización y gestión de residuos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, esta ley establece como objetivo mínimo a conseguir en la Comunitat Valenciana en términos de reducción en peso de los residuos generados, con arreglo al siguiente calendario:
a) El 2025, un 13% respecto a los generados en 2010.
b) El 2030, un 15% respecto a los generados en 2010.
2. El Programa de prevención de residuos de la Comunitat Valenciana, incluido en el Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana:
a) Puede establecer objetivos de prevención de residuos más exigentes que los establecidos en el apartado 1 de este artículo.
b) Puede incluir objetivos específicos de prevención y/o reutilización para determinados productos, en especial para los aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción, de acuerdo con las particularidades y las necesidades de la Comunitat Valenciana, y en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
3. Los objetivos generales y específicos de prevención de residuos o reutilización de productos establecidos en esta ley y en el Programa de prevención de residuos de la Comunitat Valenciana serán vinculantes para todos los agentes públicos y privados, así como para los instrumentos de planificación de prevención y gestión de residuos de ámbito territorial inferior al ámbito autonómico.
1. A todos los efectos, las autoridades autonómicas y locales competentes tendrán que adoptar medidas en el ámbito de sus respectivas competencias cuyas finalidades, al menos, sean las siguientes:
a) Promover y apoyar a los modelos de producción y de consumo sostenibles y circulares.
b) Fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos y fiables (también en términos de vida útil y ausencia de obsolescencia prematura), reparables, reutilizables y actualizables.
c) Identificar los productos que contengan materias primas fundamentales definidas por la Comisión Europea, a fin de prevenir que estas se conviertan en residuos mediante la aplicación otras medidas contempladas en este apartado.
d) Fomentar la reutilización de los productos y componentes de productos, entre otros, mediante donación, y la implantación de sistemas que promuevan actividades de reparación, reutilización y actualización, en particular para los aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.
e) Fomentar, cuando sea necesario y sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la disponibilidad de piezas de repuesto y herramientas necesarias, manuales de instrucciones, información técnica u otros instrumentos, equipos o programas informáticos que permiten reparar, reutilizar y actualizar productos sin poner en peligro su calidad y seguridad, habiendo de tenerse en cuenta las obligaciones establecidas en el ámbito de la Unión Europea o estatal sobre piezas de repuesto disponibles para determinados productos.
f) Reducir la generación de residuos en la producción industrial, en la fabricación, en la extracción de minerales y en la construcción y demolición, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles y las buenas prácticas ambientales.
g) Reducir la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, en la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares, de forma que se consiga una reducción del 50 % de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y de los consumidores y una reducción del 20 % de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, respecto a 2020, como contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
h) Fomentar la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano, priorizándolo frente a la alimentación animal y a la transformación en productos no alimenticios.
i) Fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos de acuerdo con los requisitos legales armonizados relativos a estos materiales y productos establecidos a escala de la Unión Europea, evitando, especialmente, la presencia de sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento Reach o sustancias restringidas recogidas en su anexo XVII, y de los alteradores endocrinos. En particular, y de conformidad con lo previsto en estas normas, está prohibida la utilización de ftalatos y bisfenol A en envases.
j) Reducir la generación de residuos, particularmente de los residuos que no son aptos para su preparación para reutilización o para su reciclaje.
k) Identificar los productos que constituyen las principales fuentes de basura dispersa, especialmente en el entorno natural, agrario, periurbano y marino, mediante las metodologías acordadas existentes en España, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir y reducir la basura dispersa procedente de estos productos. Cuando estas medidas impliquen restricciones de mercado, tendrán que proponerse al ministerio competente en materia de residuos para su adopción de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1.k de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
l) Frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo. A tal efecto, a partir de la entrada en vigor de esta norma, los ayuntamientos pueden regular las limitaciones de liberar globos de manera intencionada y de fumar en las playas, que se pueden sancionar en las ordenanzas municipales con arreglo al régimen de infracciones y sanciones de esta ley.
m) Desarrollar y apoyar campañas informativas de sensibilización y programas de educación ambiental sobre la prevención de residuos y el abandono de basura dispersa.
n) Promover y facilitar la reincorporación en las cadenas de valor de subproductos o de materias, sustancias u objetos para los que se ha declarado el fin de la condición de residuo.
o) Fomentar la reducción de la generación de residuos en el ámbito del comercio mediante la venta de productos a granel, la venta y el uso de envases o dispositivos reutilizables, entre otros.
p) Fomentar actuaciones como la implantación de medidas de compra pública sostenible en materia de los recursos que contienen los residuos, acciones de divulgación y promoción de un nuevo modelo de producción y consumo basado en la transición ecológica bajo criterios de economía circular, la creación de mercados de materias primas secundarias y la generación de iniciativas de simbiosis industrial, entre otros.
q) Promover en la actividad agrícola el uso de polímeros biodegradables, tanto en acolchados, según la norma UNE-EN 17033:2018, como en otras aplicaciones difíciles de gestionar al final del cultivo, como los clips e hilos usados en invernaderos, según la norma UNE-EN 13432, y la sustitución de los plásticos agrícolas convencionales como medida de prevención de generación de residuos.
r) Las medidas necesarias en el ámbito de las competencias de las autoridades autonómicas y locales de la Comunitat Valenciana para contribuir al cumplimiento de los objetivos y prescripciones establecidas en el título V de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, relativo a la reducción del impacto de determinados productos de plástico sobre el medio ambiente.
Las medidas previstas en este apartado pueden ser establecidas y desarrolladas reglamentariamente por las administraciones locales y autonómicas, en el marco de sus competencias.
2. Queda prohibida la destrucción o la eliminación mediante depósito en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos como por ejemplo textiles, juguetes o aparatos eléctricos, entre otros, salvo que estos productos tengan que destruirse conforme a otra normativa o por protección del consumidor y seguridad. Estos excedentes se tendrán que destinar, en primer lugar, a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, en la preparación para la reutilización o a las siguientes opciones de la jerarquía de residuos, respetando el orden establecido en el artículo 6.1.b.
3. A fin de reducir el consumo de envases desechables y garantizar el derecho humano de acceso al agua potable:
a) Las administraciones públicas autonómicas y locales de la Comunitat Valenciana y el sector público instrumental, con independencia de su modalidad de gestión, en el marco de sus respectivas competencias, tendrán que:
I. Fomentar el consumo de agua potable y gratuita en sus dependencias y los espacios públicos, mediante el uso de fuentes, preferentemente de aquellas conectadas en la red de suministro de agua potable del mismo edificio, en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, o el uso de envases reutilizables, entre otros, sin perjuicio que en los centros sanitarios se permita la comercialización en envases desechables.
II. Promover el suministro de envases o vasos reutilizables o bien garantizar que los vasos desechables suministrados sean de papel reciclable o compostables y que hay depósito de recogida selectiva de estos vasos una vez utilizados para garantizar una correcta gestión de estos residuos.
III. Promover la instalación y el mantenimiento correcto de fuentes públicas y gratuitas de agua potable en los espacios públicos abiertos, en condiciones que garanticen las condiciones higiénicas y de seguridad alimentaria.
IV. Desarrollar campañas periódicas informativas y de promoción de consumo del agua potable del grifo, procedente de la red municipal de abastecimiento de agua potable. Mediante estas campañas, se tendrá que suministrar a la ciudadanía información actualizada y periódica sobre la calidad y las garantías sanitarias, la seguridad alimentaria y las propiedades organolépticas del agua potable suministrada a través de las redes municipales de abastecimiento, así como el coste por litro del agua del grifo y su contribución para garantizar el derecho humano al agua potable, a los objetivos de prevención de residuos y de basura dispersa así como a los objetivos de lucha contra el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
V. Garantizar que se implanten alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos desechables y, en todo caso, garantizar el acceso a agua potable no envasada o bien envasada en envases reutilizables o con una recogida selectiva específica, en todos los acontecimientos y actos públicos, incluidos los deportivos, que tengan apoyo de las administraciones públicas valencianas, autonómica o local, sea en concepto de patrocinio, organización o cualquier otra fórmula. Así mismo, garantizar mediante las ordenanzas municipales que se implante un sistema de afianzamiento o de cualquier otro tipo para la recogida separada de envases y vasos para evitar el abandono a la vía pública o en espacios públicos o privados y la gestión incorrecta, de acuerdo con la normativa básica estatal.
b) En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a las personas consumidoras, clientas o usuarias de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua potable no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento.
4. Con el fin de promover la prevención de envases desechables, a partir del 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o superior a 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20 % de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables.
Todos los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, tendrán que aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, fiambreras, botellas, entre otros) adecuados para la naturaleza del producto y debidamente higienizados, siendo las personas consumidoras las responsables de su acondicionamiento. Tales recipientes podrán ser rechazados por el comerciante para el servicio si están manifiestamente sucios o no son adecuados. A tal fin, el punto de venta tendrá que informar a las personas consumidoras finales sobre las condiciones de limpieza e idoneidad de los recipientes reutilizables.
En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración, las personas consumidoras, clientas o usuarias de sus servicios tendrán que tener a su disposición la posibilidad de llevarse, bajo su responsabilidad, los restos de alimentos no consumidos en envases que cumplan lo establecido en el artículo 35.4 de esta ley. Quedan excluidos de esta obligación los establecimientos que ofrecen alimentos servidos que no hayan sido contratados directamente por las personas consumidoras.
5. Para dar cumplimiento a las obligaciones de información en materia de prevención de residuos, la conselleria competente en materia de residuos podrá establecer los procedimientos de obtención de la información que considere necesarios, en especial en materia de residuo alimentario y reutilización, sin perjuicio de la normativa estatal en esta materia.
6. Cuando el centro productor de residuos peligrosos esté ubicado en la Comunitat Valenciana, el plan de minimización de residuos peligrosos al cual se refiere el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular tendrá que estar a disposición de las autoridades competentes y la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, y los productores tendrán que informar de los resultados cada cuatro años a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular.
7. Los productores de residuos no peligrosos podrán elaborar planes de prevención que tengan en cuenta las medidas recogidas en el apartado 1, sin perjuicio que estos programas sean obligatorios en conformidad con la normativa de desarrollo para determinados flujos de residuos.
8. En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consell tendrá que impulsar, en colaboración con los consorcios de residuos y entes locales competentes de la Comunitat Valenciana en materia de valorización de residuos domésticos, tejido empresarial y universidad y centros de investigación, la investigación, desarrollo e innovación sobre el residuo cero, con objetivos de análisis, visibilización, difusión y reducción en continuo de las fracciones resto de los varios procesos de clasificación y reciclaje de residuos domésticos y municipales en la Comunitat Valenciana.
Estas actividades pueden financiarse, total o parcialmente, con cargo al Fondo Ambiental de Residuos y Economía Circular, sin perjuicio de su financiación mediante los presupuestos generales de la Generalitat o la obtención de fondos específicos de carácter público o privado.
Los resultados de estas actividades de investigación, desarrollo e innovación tendrán que incorporarse progresivamente en el funcionamiento de las instalaciones y procesos de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana y se tendrán que tener en consideración en la elaboración de los instrumentos de planificación en materia de residuos así como en los procesos de contratación pública.
9. Con el fin de prevenir la generación de residuos de envases industriales y comerciales y promover la implantación de los envases reutilizables en la actividad económica, los propietarios y proveedores de servicios de envases reutilizables industriales y comerciales, sean primarios, secundarios o terciarios, son a efectos de esta ley los operadores de la preparación para la reutilización y pueden constituirse a tal efecto como sistemas de gestión de envases reutilizables. Una vez constituidos, están obligados a comunicar a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular la cantidad de envases reutilizables puestos en el mercado cada año y el número de retornos para la preparación para su reutilización.
Los envases industriales y comerciales, primarios secundarios o terciarios, gestionados por un sistema de gestión de envases reutilizables, una vez usados, tendrán que devolverse por el poseedor al operador responsable con el fin de prepararlos para su reutilización. Los sistemas de gestión de envases industriales y comerciales reutilizables se tendrán que organizar de acuerdo con el que establece el anexo 3 de esta ley.
La Generalitat Valenciana en el ejercicio de sus competencias y potestades velará por la defensa de la propiedad intelectual e industrial de los envases reutilizables industriales y comerciales primarios, secundarios o terciarios, puestos al mercado por los operadores de sistemas de gestión de envases reutilizables, así como el reconocimiento de la propiedad de aquellos en el mercado para garantizar su recuperación, preparación para la reutilización y gestión como residuo, una vez agotado su ciclo de vida.
1. El Programa de prevención de residuos de la Comunitat Valenciana tendrá que contener un apartado específico sobre reducción de los residuos alimentarios, en el cual se tendrán que especificar las actuaciones a llevar a cabo por parte de la administración autonómica en esta materia, de acuerdo con las orientaciones, actuaciones y líneas de trabajo establecidas en el Programa estatal de prevención de residuos, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en las letras g y h del apartado 1 del artículo 32 de esta ley.
2. El Consell tendrá que llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias dirigidas a la prevención y la reducción de las pérdidas y del despilfarro alimentarios en la producción primaria, la transformación y la fabricación, la distribución mayorista y minorista de alimentos, los servicios de hostelería y restauración y los hogares. En este sentido, al menos, tendrá que:
a) Realizar un diagnóstico sobre las pérdidas y el despilfarro alimentarios en la Comunitat Valenciana y elaborar una estrategia valenciana de prevención y reducción del despilfarro y de las pérdidas alimentarios con el horizonte 2030.
b) Desarrollar una regulación, mediante los instrumentos jurídicos adecuados, dirigida a la disminución del despilfarro y de la pérdida alimentarios que, como mínimo:
I. Evite la eliminación como residuos de los alimentos en buen estado a los establecimientos mayoristas y minoristas que comercializan alimentos.
II. Informe y conciencie a las personas consumidoras respecto al impacto ambiental, social y económico del despilfarro y de la pérdida de alimentos, tanto a escala de unidad familiar y local como del conjunto de la sociedad, el territorio y el medio ambiente.
III. Establezca las condiciones de seguridad alimentaria y sanitaria para posibilitar la entrega segura a comedores sociales y particulares que lo necesiten, de comer cocinado excedente de comedores colectivos públicos o privados y de establecimientos de alimentación, hostelería y restauración.
IV. Contemple el espigueo como actividad complementaria y sin ánimo de lucro para la prevención de las pérdidas alimentarias.
3. De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las empresas de la producción primaria, las industrias alimentarias, y las empresas de distribución y de restauración colectiva tendrán que priorizar por este orden:
a) La donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano, o la transformación de los productos que no se han vendido, pero que continúan siendo aptos para el consumo.
b) La alimentación animal y la fabricación de piensos.
c) Su uso como subproductos en otra industria.
d) En última instancia, ya como residuos, al reciclaje y, en particular, a la obtención de compuesto y digerido de máxima calidad para su uso en los suelos con el objetivo de producir un beneficio a estos y, cuando no sea posible lo anterior, a la obtención de combustibles.
4. Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y los indicados en los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para ser reconocidas como entidades sin fines lucrativos, y que tengan en sus estatutos como fines y actividades sociales, los asistenciales o benéficos, tendrán que tener la consideración, a efectos fiscales, de consumidores finales, tal como estos se definen en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, respecto a los donantes de alimentos, pero tendrán que mantener las obligaciones como operadores alimentarios respecto a sus beneficiarios, en los términos que establece dicha ley.
5. Las entidades locales pueden establecer también medidas para favorecer la reducción de los residuos alimentarios, si procede, en colaboración con los establecimientos de restauración y distribución de alimentos, y teniendo en cuenta lo establecido en los programas estatal y autonómico.
6. En cuanto a la reducción del residuo alimentario en las empresas de distribución alimentaria y de restauración, las entidades locales pueden establecer en las correspondientes ordenanzas sobre la financiación de los servicios de recogida de residuos, bonificaciones en las tasas o, si es procedente, en las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario que graban la prestación de estos servicios de recogida, en los términos previstos en la disposición final primera de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
7. Obligaciones de la administración pública:
a) La administración pública y el resto de entidades del sector público tienen las obligaciones siguientes:
I) Incorporar, en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el despilfarro y las pérdidas alimentarias.
II) Facilitar la creación de espacios y de sistemas para la distribución de los excedentes alimentarios.
III) Dotar de incentivos económicos los proyectos que incluyan la reducción del despilfarro y de la pérdida alimentarios y que generan el empleo de colectivos desfavorecidos.
IV) Elaborar un directorio de referencia con la información de las pérdidas y el despilfarro alimentarios de las empresas y entidades, desglosada por territorios, que facilite a los agentes de la cadena alimentaria el destino de los alimentos a diferentes usos de acuerdo con la jerarquía de prioridades establecida por la administración.
V) Velar para que la publicidad institucional, especialmente la que va dirigida a los menores, fomente el consumo responsable de alimentos.
VI) Elaborar el Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, que se tendrá que desarrollar por reglamento.
VII) Facilitar guías para la elaboración de los planes propios o colectivos de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
VIII) Incluir en los programas de alimentación en las escuelas medidas educativas para prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
IX) Habilitar al departamento de la administración autonómica con competencias respecto a la reducción del despilfarro de alimentos a la creación de un sello de buenas prácticas al aprovechamiento alimentario.
8. Derechos de las personas consumidoras:
a) Recibir información por parte de la administración pública y de las empresas alimentarias sobre programas de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
b) Obtener información veraz y suficiente sobre el estado de los alimentos que reciben como donación.
c) Llevarse de los establecimientos de restauración los alimentos que no hayan consumido.
d) Quedan excluidos de la facultad establecida por la letra c del apartado 1 los alimentos servidos procedentes de los servicios que no hayan sido contratados directamente por el consumidor.
9. La administración pública tendrá que llevar a cabo las acciones siguientes:
a) Sensibilizar, formar y capacitar a todos los agentes de la cadena alimentaria sobre la necesidad de prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios, recuperar el valor de los alimentos y promover el aprovechamiento, y especialmente sobre la diferencia entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad.
b) Incluir, dentro de los planes educativos, elementos de concienciación, información y educación sobre las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
c) Promover la investigación y la innovación para explorar nuevas vías de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y de aprovechamiento de los alimentos, incentivando la tarea de las universidades y de los institutos de investigación tecnológica alimentaria.
d) Promocionar instrumentos económicos y financieros e incorporar la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y el aprovechamiento de los alimentos como criterios para valorar en las acciones de fomento de las actividades empresariales, en el marco del desarrollo de la economía circular y la bioeconomía y la mitigación del cambio climático.
e) Incorporar la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios entre los requisitos de los distintivos de calidad ambiental, los sistemas de gestión ambiental y otros instrumentos equivalentes.
f) Incentivar la adopción de acuerdos o convenios de colaboración entre los agentes de la cadena alimentaria y las entidades de iniciativa social.
g) Impulsar proyectos cívicos, comunitarios, de participación ciudadana y de voluntariado que tengan la finalidad de sensibilizar y promocionar las prácticas para prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios, preferentemente los proyectos de inserción sociolaboral o de atención de colectivos vulnerables.
1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo tendrá que aprobar un plan de contratación pública sostenible con los objetivos de prevenir los residuos e impulsar la economía circular. En este plan se tendrán que establecer los criterios a aplicar en el ámbito de la contratación y compra públicas de la administración pública valenciana y de su sector público instrumental. Al menos se tendrán que desarrollar los criterios para la contratación y compra públicas respecto a los aspectos siguientes:
a) En los comedores colectivos dependientes de la administración pública valenciana y su sector público instrumental, o bien sostenidos con fondos públicos autonómicos, reducción de los residuos alimentarios, fomento de la adquisición de alimentos bajo criterios de dieta mediterránea, producción de proximidad y de temporada, gestión ambiental sostenible de la producción de alimentos y contribución a la biodiversidad agraria y marina.
b) Priorización de la adquisición de productos y materiales reutilizables, reutilizados, reparados, biodegradables, reciclables y reciclados.
c) En los pliegos de condiciones técnicas de contratación pública de proyectos y ejecución de obras, inclusión de criterios de diseño bioclimático, autoconsumo a partir de energías renovables, suministro de energía procedente de fuentes de energía renovable, soluciones basadas en la naturaleza y objetivos cuantitativos respecto a la utilización de materiales reutilizables, biodegradables, reciclables y reciclados, de elevada durabilidad, de proximidad o de bajo impacto ambiental conforme el análisis de ciclo de vida, de acuerdo con el tipo de obra de que se trate.
d) Priorización de la adquisición y el uso de productos de diseño ecológico, ajustados a los criterios de la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva 2009/125/CE, sobre diseño ecológico.
e) Priorización de la adquisición y uso de productos con etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel), de acuerdo con el Reglamento (CE) número 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, y el Real decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) número 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea.
f) Priorización de la adquisición de productos y servicios registrados en sistemas con declaraciones ambientales de producto (environmental product declarations, EPD), conforme a la norma internacional ISO 14025, basada en el análisis de ciclo de vida.
1. Queda prohibido en la Comunitat Valenciana el etiquetado de bolsas de plástico y film que legalmente no estén considerados como envases por la normativa básica estatal, así como de embalajes legalmente considerados envases pero que no sean reciclables por las tecnologías disponibles, que contengan la expresión «envases», «envase» o similar, en tanto estos materiales no estén adheridos a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor o los sistemas integrados de gestión.
2. En relación con la comercialización de paquetes de latas de bebidas o botellas de bebidas mediante envases secundarios, se permite una o varias de las siguientes alternativas:
a) Los envases secundarios de plástico film deben contener al menos un 50 % de plástico reciclado y no fragmentable, según la norma UE-EN 15343:2008, a partir del 1 de enero de 2023. El porcentaje anterior se tendrá que aumentar al 70 % a partir del 1 de enero del 2025.
b) Los envases secundarios de plástico film deben contener al menos un 50 % de plástico de origen biológico, certificado mediante la norma UNE-CEN/TS 16137:2012, a partir del 1 de enero de 2023. El porcentaje anterior se debe aumentar al 70 % a partir del 1 de enero de 2025.
c) Los envases secundarios de plástico film deberán contener al menos un 50 % de materias primas renovables, bioplásticos, o materiales provenient