Categoría: Administración

en la Convocatoria.
4. No serán subvencionables aquellas actuaciones o sub-proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
5. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos.
6. No serán subvencionables los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, circulante y otros impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), licencias o tasas. Así mismo no serán subvencionables los gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que generen auto-facturación.
7. No serán subvencionables gastos asociados a la construcción, adecuación o modificación de infraestructuras de obra civil, edificios y construcciones, ni los correspondientes a mobiliario.
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar las actuaciones o sub-proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
1. Las actuaciones o sub-proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación deberán llevarse a cabo en el territorio nacional, y enmarcarse en, al menos, una de las categorías de gasto contempladas en el artículo 11 de la presente orden.
2. La inversión máxima a realizar en cada actuación o sub-proyecto, incluyendo la eventual aportación del beneficiario, será de diez millones de euros (10.000.000 €).
3. La inversión mínima a realizar en cada actuación o sub-proyecto, incluyendo la eventual aportación del beneficiario, será de cinco millones de euros (5.000.000 €).
4. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
5. El proyecto deberá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda con un mínimo de un 10% del presupuesto total. La cofinanciación podrá ser mayor, lo que determinará una valoración de la solicitud conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 20 de esta orden. La cofinanciación aportada por el beneficiario podrá destinarse a afrontar gastos necesarios para el desarrollo del proyecto que no sean subvencionables por estas ayudas.
6. En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la actuación.
No será preciso constituir ninguna garantía de conformidad con el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
1. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento será la Dirección de Servicios Públicos Digitales de la entidad pública empresarial Red.es. Ese mismo órgano será el responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas.
2. El órgano concedente de las subvenciones reguladas en la presente orden es el Presidente/a de la entidad pública empresarial Red.es, sin perjuicio de la posible delegación de competencias de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos, y en el caso de que la convocatoria se financie en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se utilizará el modelo previsto en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. El órgano concedente verificará que no participa en el procedimiento ninguna persona afectada por un conflicto de interés, y en el caso en que sea procedente, dispondrá de procedimiento en caso de conflicto y comunicará a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las actuaciones o sub-proyectos que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en la sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es/).
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica de Red.es, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede de Red.es, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
5. La publicación de las propuestas de resolución, así como de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica de Red.es, y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
6. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
7. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
8. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiéndose cumplimentar específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte de Red.es, de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestará la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación o sub-proyecto, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y con la legislación de régimen local.
2. El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que computará en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria, o superior si esta establece otro plazo.
1. Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, cuyos formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica de Red.es, donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
2. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud, conforme al modelo del anexo I, que incluirá una declaración de otras ayudas concurrentes con la inversión presentada, así como la ayuda solicitada, dentro de los intervalos de intensidad de la ayuda detalladas en el artículo 12.
b) Memoria descriptiva de la inversión, firmada electrónicamente, que se ajustará al modelo establecido en el anexo II.
c) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d) Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda. En el caso de solicitudes en agrupación, datos de las cuentas bancarias de cada uno de los beneficiarios.
e) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF»), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
f) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
g) Las siguientes declaraciones responsables, que en el caso de solicitudes en agrupación deberán ser aportadas por todos los integrantes de la misma:
1.º Declaración responsable del compromiso de cofinanciación, en el caso de que exista, por el solicitante de la ayuda, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto de la actuación o sub-proyecto.
2.º Declaración responsable en la que el solicitante haga constar las ayudas que hayan solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones.
3.º Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
4.º Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
5.º Declaración responsable de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) número 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) número 2019/2088 según el modelo establecido en el anexo III de la presente orden de bases.
6.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
7.º Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, las cuales serán determinadas en la convocatoria o, en su defecto, a las que se haya dado la debida publicidad normativa con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
4. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en la sede electrónica de Red.es, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
1. La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o locales, siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad subvencionada, y no se estén financiando los mismos costes. Por otro lado, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
2. Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto, tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la tramitación del procedimiento.
3. Se verificarán las ayudas obtenidas con posterioridad, a partir de la información presentada por el solicitante en la fase de justificación de las ayudas y, en caso de exceso de financiación, los beneficiarios estarán obligados al reintegro.
1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes, por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
2. Las solicitudes se puntuarán entre 0 y 100 puntos, conforme a los siguientes criterios:
a) Calidad técnica de la propuesta presentada. Se valorará la calidad técnica de la actuación o sub-proyecto presentado, así como la de la documentación aportada. En este criterio se valorará también la ambición y la amplitud de la propuesta técnica de forma que ésta se traduzca en la más amplia oferta de tecnologías y servicios puestos a disposición de las empresas del sector audiovisual. También será objeto de valoración en este criterio la ubicación y características de las dependencias donde se ubicará la infraestructura subvencionada, su funcionalidad, accesibilidad y eventual situación emblemática. Este criterio se puntuará entre 0 y 25 puntos.
b) Condiciones de acceso a la infraestructura, bienes y servicios objeto de la ayuda. El solicitante deberá incluir en su memoria un documento titulado «Condiciones de acceso a la infraestructura subvencionada» que regule el acceso a los recursos subvencionados, abierto y no discriminatorio, por parte de las empresas del sector audiovisual, así como la relación de acciones de difusión y estímulo para promover el acceso de las empresas. Se valorará en qué medida estas condiciones de acceso, así como las acciones de difusión y estímulo, facilitan y promueven el empleo de la infraestructura por parte de las empresas. Este criterio se puntuará entre 0 y 15 puntos.
c) Número de empresas del sector de producción de contenidos audiovisuales, incluidos videojuegos, CNAE 59 ó CNAE 5821, que manifiestan su apoyo al proyecto y su compromiso de hacer uso del equipamiento puesto a su disposición en el caso de que la solicitud fuese seleccionada. Este apoyo debe concretarse mediante una carta suscrita por un apoderado de la empresa, en la que se explicite el compromiso de esta de hacer uso de la infraestructura.
Este criterio se puntuará con un máximo de 10 puntos, asignando un punto por cada empresa que manifieste su apoyo y compromiso expresos, por encima del mínimo de diez; es decir, si se aporta el apoyo de once empresas se asignará un punto, y si se aporta el apoyo de veinte empresas se asignarán los diez puntos.
d) Se valorará la contribución de la entidad solicitante a la financiación del proyecto, con el siguiente desglose (0 a 50 puntos):
1.º Si la cofinanciación es igual o superior al 60%: 50 puntos.
2.º Si la cofinanciación es entre el 40% y el 59,99%: 40 puntos.
3.º Si la cofinanciación es entre el 20% y el 39,99%: 30 puntos.
4.º Si la cofinanciación es entre el 15% y el 19,99%: 20 puntos.
5.º Si la cofinanciación es entre el 10% y el 14,99%: 10 puntos.
6.º Si la cofinanciación es el mínimo exigido del 10%: 0 puntos.
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos para ser tomados en consideración.
3. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a) En caso de empate se dará prioridad a aquellas actuaciones o sub-proyectos en los que exista mayor cofinanciación por parte del solicitante.
b) Si aún persistiese el empate, se dará prioridad a aquellos proyectos en los que exista mayor número de empresas que hayan expresado su apoyo al mismo, comprometiéndose a ser usuarias de las tecnologías subvencionadas.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de evaluación estará compuesta por:
a) El Director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, que la presidirá. En caso de ausencia, la Presidencia corresponderá al vocal de la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es. citado en el apartado b).
b) La Directora Adjunta de Servicios Públicos de Red.es, que actuará como secretaria, con voz y voto.
c) La Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
d) El Vocal Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales designado miembro de la Comisión de Seguimiento prevista en la Resolución de fecha siete de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
En caso de ausencia, enfermedad o cese por conflicto de intereses y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes:
A) El suplente del Director de Servicios Públicos Digitales de Red.es será un miembro de la Dirección de Servicios Públicos Digitales, con rango mínimo de Subdirector Adjunto, que será designado por el órgano instructor.
B) El suplente de la Directora Adjunta de Servicios Públicos será un miembro de la Dirección de Servicios Públicos Digitales, que será designado por el órgano instructor.
C) El suplente de la Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual será un miembro de la Subdirección General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual que será designado por el órgano instructor a propuesta de la titular de la Subdirección.
D) El suplente del Vocal Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales designado miembro de la Comisión de Seguimiento prevista en la Resolución de fecha siete de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será un miembro del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que será designado por el órgano instructor a propuesta de la Directora del Gabinete.
La Comisión de evaluación podrá solicitar la asistencia de expertos terceros que podrán actuar con voz y sin voto para asesorar a la misma, si se considera necesario.
3. El funcionamiento de la Comisión de valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.
5. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros de la Comisión de Selección reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, pasando a cesar como vocal y a ser sustituido por el suplente correspondiente. A estos efectos, en el caso de que la convocatoria se financie en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se utilizará el modelo previsto en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
6. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación, elaborará la propuesta de resolución que deberá contener una lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de las solicitudes desestimadas especificando el motivo de dicha desestimación.
La lista de solicitantes para los que se propone la ayuda se elaborará aplicando las siguientes reglas:
a) Se agruparán las solicitudes presentadas en la misma comunidad autónoma, y se ordenarán de mayor a menor puntuación.
b) Seguidamente, se tomarán las primeras clasificadas de cada comunidad autónoma, y se ordenarán de mayor a menor puntuación.
c) A continuación, se colocarán las segundas mejor clasificadas de cada comunidad autónoma, ordenadas de mayor a menor puntuación, y así sucesivamente hasta confeccionar la lista completa.
d) Se propondrá provisionalmente como beneficiarios a los solicitantes mejor clasificados cuyas actuaciones o sub-proyectos puedan ser financiados con el presupuesto de la convocatoria.
e) En el caso de que quede remanente presupuestario sin asignar, se formulará propuesta provisional de resolución de concesión en favor del siguiente clasificado, al cual se instará, en la propuesta de resolución, a reformular su solicitud elevando su aportación hasta la cantidad necesaria para cubrir la totalidad del presupuesto presentado, sin que ello suponga un recálculo de los criterios de valoración.
8. El órgano de instrucción formulará la propuesta de resolución de concesión de la subvención, que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la subvención propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El órgano instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de resolución no crea derecho alguno en favor de los beneficiarios propuestos. mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. En un plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano competente dictará la resolución de concesión de las subvenciones, finalizando de este modo el procedimiento.
2. Dado que la selección de actuaciones o sub-proyectos está sometida a un régimen de concurrencia competitiva, la evaluación de las solicitudes dará lugar al establecimiento de una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el artículo 20 y las reglas de clasificación de solicitudes establecidas en el artículo 21. En caso de renuncia previa a la resolución definitiva podrán seleccionarse otras actuaciones o sub-proyectos aplicando el orden de prelación de las solicitudes.
3. La resolución de concesión se motivará, quedando suficientemente acreditados en el procedimiento los fundamentos de las decisiones que se adopten y deberán expresar la relación de solicitantes beneficiarios, las cuantías subvencionables, así como el resto de las condiciones de las ayudas y hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes e incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de evaluación previstos en la misma.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en la sede electrónica de Red.es. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.
5. La resolución de concesión se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
7. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.
8. La resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, por el 80 por ciento de la ayuda concedida, y se tramitará de oficio por el órgano instructor, tras la notificación de la concesión de la subvención. El 20% restante se pagará tras la justificación de la ayuda, detrayendo en su caso de ese importe pendiente las cantidades que no hayan sido adecuadamente justificadas.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a Red.es comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo a tal efecto, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una certificación de la entidad local beneficiaria.
El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por el órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en la correspondiente convocatoria.
En el caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo de 10 días naturales, contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
2. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018] la percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
3. Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al artículo 63 del Real decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
6. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La presentación electrónica de la documentación justificativa se entenderá que comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7. La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de la acción realizada, la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación firmada, justificativa del cumplimiento de las condiciones y la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera detallada cada una de las actuaciones o subproyectos indicando el correspondiente compromiso de apoyo a pymes realizado, indicando las pymes apoyadas, los resultados obtenidos, y los medios de comprobación del cumplimiento. La memoria deberá incluir los contratos o documentos que hayan articulado la utilización de la infraestructura por parte de las pymes.
b) Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano municipal competente u órgano equivalente, que acrediten la realización en tiempo y forma del gasto subvencionable. Las facturas deberán estar fechadas dentro del plazo de ejecución de la actuación o sub-proyecto, siendo necesaria la conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c) Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante justificantes bancarios con la fecha valor del pago realizado y la trazabilidad oportuna con la factura correspondiente, todo ello acompañado de las facturas u otros documentos acreditativos del pago.
d) En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas de contratación en relación con la adjudicación, adjudicaciones definitivas y presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea obligatorio la realización del correspondiente procedimiento de adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
e) En el caso de que la adjudicación haya sido por contrato menor, justificar adecuadamente que se han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público para este tipo de contrataciones.
f) Certificado del Secretario del Ayuntamiento o figura equivalente, de la realización de las actuaciones o sub-proyectos que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas. La certificación también deberá dejar constancia del número de pymes del sector audiovisual apoyadas.
g) Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
8. Se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.
9. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano concedente emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta certificación no eximirá al beneficiario del cumplimiento de la obligación de mantener la inversión por el plazo de cinco años establecido en el artículo 8, apartado 4.b, ni del eventual reintegro en caso de incumplimiento de dicha obligación.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión son:
a) Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad.
b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad, aprobadas con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c) La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
d) La prolongación del plazo de realización de las actuaciones o sub-proyectos.
3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a:
a) Aquellos aspectos propuestos por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
b) El cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo».
c) El número de pymes que se han comprometido a apoyar con la actividad o subproyecto subvencionado que contribuyen a la consecución de la parte correspondiente del objetivo CID# 366 del PRTR.
4. Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para la presentación de solicitudes de modificación concluirá tres meses antes de que finalice el período de realización de las actuaciones o sub-proyectos previsto en la Convocatoria. La modificación deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.
5. La sustitución de elementos del presupuesto financiable por otros con funcionalidad y objetivo equivalente no requerirá la solicitud de modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a) En el caso de gastos relacionados con la implementación de soluciones tecnológicas, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro de la actuación o sub-proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b) En el caso de colaboraciones externas, podrá sustituirse el colaborador inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c) En casos debidamente justificados, el órgano encargado del seguimiento de la ayuda podrá admitir, sin necesidad de modificar la resolución de concesión, incrementos de hasta un 20 por ciento en los conceptos susceptibles de ayuda y que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros, de forma que no se supere el importe total de la ayuda, no se altere esencialmente la naturaleza u objetivos de la ayuda y no suponga dañar derechos de terceros.
6. Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión se tuviera un exceso de ayuda concedida, y este fuese superior al 20% de ayuda retenido, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por el importe que corresponda.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Asimismo, será también de aplicación el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/441 del Parlamento Europeo del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad e información:
a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
i) El emblema de la Unión Europea.
ii) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». PRTR.
iii) El logo de la SETELECO, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de Red.es.
iv) El logo del Spain Audiovisual Hub (https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/).
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución número 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
v) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el enlace http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
b) Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es.
c) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad de la actuación o sub-proyecto.
3. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
1. El beneficiario podrá renunciar a la ayuda concedida siempre que la renuncia sea motivada y válida y no existan terceros que pudieran verse afectados, ni se perjudique el interés público.
2. La instrucción y toma de razón de las renuncias serán tramitadas por el órgano instructor para su aceptación por el órgano concedente.
3. La renuncia conllevará el reintegro de la cantidad anticipada.
4. El beneficiario podrá devolver voluntariamente la ayuda sin que medie requerimiento alguno por parte del órgano concedente, quien podrá reclamar cuando proceda los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018], podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación. Dichas medidas se encuentran recogidas en el Plan de Medidas Antifraude de Red.es, y pueden consultarse en el apartado de «Lucha contra el fraude» de la página web de Red.es (https://www.red.es/es/sobre-nosotros/financiacion-europea#luchacontraelfraude). A través del citado Plan, Red.es da cumplimiento al artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, «Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.»
3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Serán causa de reintegro los incumplimientos siguientes:
a) Los previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) El incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda. En este caso, el alcance del incumplimiento será total.
c) El no cumplimiento del hito de apoyar a un mínimo de diez pymes, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos para el PRTR, según lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
d) El incumplimient