Categoría: Administración

Este real decreto tiene el objetivo de completar y actualizar la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para poder ejercer sus competencias de manera más eficaz.
El Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital fue creado por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y en él se establece que corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para la transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial.
Por su parte, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijó la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel de dirección general.
El Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estableció la estructura del Departamento, de acuerdo con la nueva estructura organizativa dispuesta por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y concretó las competencias del departamento como encargado de la propuesta, coordinación y ejecución de la política del Gobierno en materia económica, de apoyo a la empresa y de reformas para la mejora del crecimiento potencial y de la necesaria interlocución en estos asuntos con la Unión Europea y otros Organismos Económicos y Financieros Internacionales; así como de la política de telecomunicaciones y para la transformación digital, en particular impulsando la digitalización de las Administraciones Públicas. Igualmente le corresponde el establecimiento de las disposiciones y directrices necesarias para su funcionamiento, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.
En el ámbito de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se llevan a cabo varias modificaciones.
En primer lugar, entre las competencias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se encuentra la política financiera, incluyendo, entre otros aspectos, la adaptación del marco normativo para adecuarlo a la normativa europea y a cambios estructurales que afectan al conjunto de los mercados, instrumentos e instituciones financieras.
Dos de las transformaciones en curso que requieren una especial atención desde la política financiera son la transición ecológica y digital. Por un lado, el sector financiero, lejos de ser neutral ante el desafío ambiental y climático, es un agente de cambio de primer orden para lograr la transición ecológica, siendo fundamental que los criterios de sostenibilidad formen parte integral de las decisiones financieras de todos los agentes, públicos y privados. Desde la política financiera, debe promoverse un triple objetivo: (i) la transformación del sector financiero, asegurando su adaptación al nuevo modelo de neutralidad climática, al mismo tiempo que se preserva la estabilidad financiera como bien público; (ii) la reorientación de los flujos de capital hacia una economía e inversiones más sostenibles, fomentando la coherencia del sistema financiero con los objetivos del Acuerdo de París, y (iii) estimular, para incrementar, la función que desempeña el sector financiero español en la financiación empresarial, especialmente a la pequeña y mediana empresa, para su adaptación y transición a un modelo productivo bajo en carbono y aprovechando la creación de valor a medio y largo plazo que se deriva de una economía más sostenible. Todo ello se plasmará en un futuro Libro Verde para el desarrollo de las Finanzas Sostenibles en nuestro país.
Por otro lado, la incorporación de las nuevas tecnologías en la industria financiera plantea una serie de retos que también requieren una aproximación específica desde el ámbito regulatorio y de política financiera. Los nuevos desarrollos tecnológicos están transformando los modelos de prestación de servicios financieros y facilitando el surgimiento de nuevos instrumentos de inversión. Los desarrollos recientes de la normativa europea en materia de criptoactivos son un buen ejemplo de la necesidad de una especialización en este aspecto.
En definitiva, ante el reto de la doble transición ecológica y digital y su impacto sobre el sistema financiero, se considera necesario acometer una reordenación de las atribuciones relativas a la dirección, desarrollo y ordenación de la política financiera y su regulación, dentro de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que identifique e impulse la sostenibilidad y digitalización como los dos ejes estratégicos de la política financiera actual.
Estas materias se han ido tratando de manera transversal por distintas subdirecciones a medida que las finanzas sostenibles y las finanzas digitales han ido alcanzando áreas como la emisión de deuda con la emisión del primer bono verde del Tesoro, o debates en foros internacionales. Igualmente, la innovación y digitalización financiera, incluyendo las entidades, instrumentos y servicios de pagos –con un peso cada vez mayor de la digitalización– y las iniciativas de datos abiertos en el sector financiero, han experimentado importantes avances que, en la fase actual marcada por iniciativas legislativas, requiere una mayor especialización.
Aunar las competencias relativas a estos dos ejes prioritarios en una única subdirección permitirá, en primer lugar, tener una visión estratégica que permita identificar riesgos y oportunidades con diligencia, visión completa y capacidad para realizar las propuestas normativas que puedan considerarse necesarias u oportunas. En segundo lugar, se podrán aprovechar más eficientemente las sinergias y oportunidades que presentan estas materias, así como lograr una mayor especialización y asignación de recursos a estos dos temas. Se crea, por tanto, bajo la dependencia de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Subdirección General de Finanzas Sostenibles y Digitales.
La creación de la nueva Subdirección General de Finanzas Sostenibles y Digitales se acompaña de una reagrupación del resto de las competencias que ostentan actualmente la Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago, salvo las relativas a las entidades, instrumentos y servicios de pagos, y la Subdirección General de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros en una única Subdirección General de Legislación Financiera. Esta reagrupación contribuirá a garantizar una visión horizontal y un aprovechamiento de las sinergias en la negociación europea y en la tramitación interna de expedientes normativos, en ambos núcleos de actividad –mercado de valores y entidades de crédito–, en un entorno exigente marcado por el calendario fijado para los distintos proyectos normativos internos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los expedientes actualmente en negociación en la Unión Europea y las previsiones de nuevas iniciativas por parte de la Comisión Europea, todo ello teniendo en cuenta asimismo que España ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.
Por otro lado, se crea una nueva Subdirección General de Análisis Financiero cuya misión es proporcionar análisis cuantitativo en las distintas áreas de competencias de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional que puedan incorporarse al proceso de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que tiene encomendadas. Además, esta nueva subdirección general podrá proporcionar apoyo al resto de subdirecciones generales en las labores de análisis que estas desarrollen de manera autónoma.
Las razones que aconsejan la creación de esta nueva subdirección, cuyas funciones estaban atribuidas en su mayoría al Gabinete Técnico y de Análisis Financiero son varias. En primer lugar, el aumento del volumen de datos disponibles en distintos ámbitos financieros requiere, para su explotación, una mayor dedicación de recursos humanos. En segundo lugar, el proceso continuo de mejora de las capacidades analíticas de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional pasa por la evolución de las herramientas analíticas existentes y el desarrollo de otras nuevas, lo que precisa de personal especializado. Por último, una unidad específica con funciones de análisis y evaluación en materia de políticas financieras puede servir de asistencia y sustento al resto de subdirecciones generales en sus tareas específicas de desarrollo normativo.
La nueva Subdirección General de Análisis Financiero asume las funciones de seguimiento y análisis del sector financiero y de la evolución de los mercados nacionales e internacionales, incluyendo la elaboración de informes periódicos, y de coordinación de las autoridades nacionales competentes en materia de estabilidad financiera en el marco de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y el impulso de la adopción de las medidas necesarias, también en materia de gestión de riesgos operativos, previamente encomendadas al Gabinete Técnico y de Análisis Financiero. Además, también asume la participación en el Consejo de Estabilidad Financiera, principal organismo dedicado a esta materia a nivel internacional, así como en el Comité de Mercados Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por último, se le atribuyen las funciones de recopilación y explotación de bases de datos económico financieras para la generación de análisis cuantitativo que apoye el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas financieras.
En atención a lo anterior, se modifican los artículos 3 y 4 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, para atribuir la participación en el Consejo de Estabilidad Financiera a la Subdirección General de Análisis Financiero de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y para crear tres nuevas Subdirecciones Generales. Dos de ellas se encuadran bajo la Dirección General del Tesoro y Política Financiera −Subdirección General de Finanzas Sostenibles y Digitales y Subdirección General de Legislación Financiera−, que sustituyen a las actuales Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago y Subdirección General de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros, y la Subdirección General de Análisis Financiero, se encuadra bajo la dependencia de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
En segundo lugar, entre las competencias de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, se encuentra también la representación permanente del Reino de España ante distintas instituciones financieras internacionales, así como la definición de la posición española en aquéllas. Esto incluye, entre otros aspectos, la representación en los grupos del circuito de finanzas del G20, la coordinación en materia de política económica y financiera ante el Fondo Monetario Internacional, el diseño de la política de España ante el Grupo Banco Mundial y otros bancos multilaterales, así como la negociación y gestión de contribuciones financieras a estas instituciones.
Los retos a los que se enfrenta el contexto internacional durante los últimos años, desde el inicio de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y el impacto en términos de carestía de alimentos y de energía, especialmente grave en países de renta baja y media altamente endeudados, que se suman a los retos de largo plazo como el cambio climático, están generando nuevas necesidades de financiación y de adecuación de los instrumentos disponibles a un escenario cambiante. Así, asistimos a un proceso de reflexión acerca de la idoneidad de la arquitectura financiera internacional que busca reforzar su capacidad de reacción ante un escenario complejo y de contribuir al mantenimiento de los bienes públicos globales. Por tanto, la nueva Subdirección General de Bancos Multilaterales de Desarrollo, FMI y G20 aunará las tareas hasta ahora desempeñadas por dos subdirecciones generales (Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales y la Subdirección General de Relaciones con el FMI y el G20) para coordinar la estrategia española en este ámbito, aprovechando las sinergias desarrolladas durante los últimos años, y así dar mejor respuesta a los retos actuales
Como consecuencia de todo lo anterior, el número de subdirecciones generales dependientes de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional permanece inalterado, evitando, así, incurrir en gastos adicionales.
Por otro lado, en el actual contexto de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el peso de las actividades relacionadas con el seguimiento y negociación de las reformas y las inversiones en la Dirección General de Política Económica es cada vez mayor. El carácter estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es manifiesto, en tanto supone la hoja de ruta de política económica del país con un horizonte que se extiende hasta 2026, incluyendo una amplísima y ambiciosa batería de medidas que inciden en todos los sectores productivos y ámbitos socio-económicos con capacidad de transformación, potenciación del crecimiento y creación de empleo, al tiempo que se fomenta la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
El Plan marca la evolución de la política económica española en el corto y medio plazo. Asimismo, muchos sectores productivos se encuentran en un profundo proceso de trasformación, impulsados en parte por las reformas e inversiones del Plan que obliga a actualizar de manera permanente los postulados económicos en la materia y por lo tanto las aproximaciones de política económica.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye un conjunto coherente de reformas e inversiones que se complementan entre sí y refuerzan mutuamente su eficacia. Por tanto, la labor de seguimiento de la Dirección General de Política Económica no se limita a las reformas, sino que, necesariamente, ha de incluir el análisis de las inversiones, teniendo en cuenta su carácter estructural. En particular, se requiere un estudio profundo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (en adelante, PERTE), proyectos prioritarios, especialmente complejos o en los que existe un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Se trata de proyectos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones.
La implementación de todas estas medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige la aprobación de instrumentos jurídicos de diverso rango legal, que incluyen no solo la regulación para la ordenación de sectores económicos y de otros aspectos de carácter transversal, sino también la definición de bases reguladoras de las convocatorias de ayuda o el establecimiento de criterios de reparto de fondos entre Comunidades Autónomas para su gestión en el ejercicio de sus competencias.
Todas estas normas son sometidas a informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos encargada, entre otras competencias, de estudiar las directrices generales de política económica y velar por la coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales. En este sentido, la labor dentro de la Dirección General es doble. De un lado, la organización y gestión de la Comisión Delegada, a través de su Secretaría Técnica y, del otro lado, el análisis de los asuntos a tratar.
Pero la labor de la Dirección General de Política Económica a la hora de hacer seguimiento, valoración y negociación de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no se limita a analizar los instrumentos jurídicos en los que se sustentan las reformas e inversiones, sino que conlleva una interacción continua con otros departamentos ministeriales y la propia Comisión Europea, mediante la participación en las reuniones técnicas y de alto nivel en las que se analiza el avance en la ejecución de las medidas incluidas en los 30 componentes del Plan.
Asimismo, el trabajo de coordinación y comunicación de la definición y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye la elaboración de los documentos para el apoyo de las discusiones sobre los desembolsos de fondos del Mecanismo de Resolución y Resiliencia a España.
Adicionalmente, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia persigue apoyar la autonomía estratégica y digital de la Unión Europea para lo que se requiere un refuerzo adicional para analizar otras cuestiones que igualmente han incrementado sustancialmente la carga de trabajo desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19 como son la evolución de los marcos de ayudas de estado necesarios para facilitar su ejecución de las medidas adoptadas por los Estados Miembros y alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea, así como el estudio del impacto sectorial y de mercado de la inversión extranjera en sectores estratégicos.
Por último, se requerirá que, al menos hasta 2026, se refuercen los recursos humanos de la Dirección General de Política Económica, por el mayor trabajo que deberá realizar en relación con la gestión, coordinación y seguimiento de las medidas que se incluirán en la adenda al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se presentará en los próximos meses.
Actualmente, las funciones de seguimiento de las reformas e inversiones del Plan recaen fundamentalmente en las cuatro subdirecciones, sin que se haya producido un incremento en la dotación de efectivos. De un lado, las Subdirecciones Generales de Análisis Sectorial y de Ordenamiento Jurídico Económico llevan a cabo un análisis, evaluación y seguimiento detallado de las reformas, en el ámbito de sus competencias. Del otro, la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos permite el seguimiento transversal, estableciendo, además, la vinculación con el Programa Nacional de Reformas en el contexto del Semestre Europeo.
En cuanto a la Subdirección General Mejora de la Regulación, Apoyo a la Empresa y Competencia también ha visto incrementadas sus competencias y tareas con motivo de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia: por un lado, por el análisis de los marcos temporales de ayudas de estado de la Comisión Europea aprobados desde 2020 (Marco Covid y Marco Ucrania) y su implementación en España a través de la elaboración y negociación con la Comisión Europea de los marcos nacionales –marcos paraguas–, así como la asesoría, evaluación y análisis de ayudas definidas y propuestas por otros centros directivos en aplicación de estos marcos paraguas; por otro, en 2021 se ha aprobado un nuevo Reglamento para la ejecución del Instrumento de apoyo técnico de la Comisión para el que esta subdirección es la Autoridad Nacional, con un incremento de presupuesto y de trabajo considerables y vinculado a la definición y ejecución de las reformas e inversiones establecidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Cabe señalar asimismo que en julio de 2021 se constituyó la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, que es un compromiso operativo del Plan, del que esta unidad asume las funciones de Secretaría y que asumirá en breve (tal y como se prevé en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas) la gestión de un Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias.
Por todo lo anterior, se modifica el artículo 5 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para cambiar la denominación de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos –con nivel orgánico de subdirección general–, que pasa a denominarse Subdirección General para la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y para el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, además de las funciones relacionadas con la mencionada Comisión Delegada, le corresponde supervisar la ejecución del citado Plan en su conjunto, coordinando la actividad de análisis de las subdirecciones generales que conforman la Dirección General de Política Económica, así como haciendo el seguimiento de la actividad de otros centros directivos dentro y fuera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sus funciones conllevarán, asimismo, la participación en las reuniones técnicas y de alto nivel con la Comisión Europea para el seguimiento del avance de la ejecución del Plan y de los desembolsos de fondos asociados. Todo ello, en referencia no solo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ya está en proceso de ejecución, sino también respecto de la adenda del mismo.
Se justifica la atribución de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Subdirección General que desempeña, también, las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el carácter transversal de la misma en la labor de seguimiento de la ejecución de aquél, y por las funciones que tiene en la interlocución de España ante la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo, la coordinación del Programa Nacional de Reformas y el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el mismo, en particular respecto al cumplimiento de las recomendaciones específicas dirigidas a España por parte de la Unión Europea, ya que ahora está estrechamente ligado a los Planes de Recuperación de los Estados Miembros de acuerdo con el Reglamento regulador del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta subdirección pasaría a denominarse Subdirección General para la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y para el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el ámbito de la Secretaría de Estado Digitalización e Inteligencia Artificial el artículo único modifica el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, comenzando por el artículo 8 e introduciendo un nuevo apartado 2 bis para la creación de dos Subdirecciones Generales dependientes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
En primer lugar, se crea una Subdirección General competente en materia de ciberseguridad. Por un lado, es fundamental hacer frente con garantías a las competencias y funciones asignadas a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en materia de seguridad TIC como consecuencia de la adopción del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Security of Network and Information Systems, NIS).
En este sentido, a esta Subdirección, se le atribuirán las competencias, relativas a ciberseguridad, comprendidas en las letras f), g), h), i), j) y k) del apartado 1 del artículo 8 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, que se refieren a la aplicación de la misma en la transformación digital del sector privado y la ciudadanía, el ejercicio de las facultades de supervisión, control, e inspección en materia de ciberseguridad de los servicios digitales, la elaboración y propuesta de normativa en materia de ciberseguridad de los servicios digitales, la participación en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter nacional, europeo e internacional, tanto públicos como privados y la gestión de ayudas y subvenciones públicas en el ámbito del Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad
Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (en adelante, INCIBE), es una sociedad mercantil estatal de las definidas en el capítulo V del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ha sido designado por España como Centro de Nacional de Coordinación en materia de ciberseguridad, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2021/887 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación de Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación. Este Reglamento establece que «otras entidades del sector público o entidades que desempeñen funciones administrativas públicas en un Estado miembro deben poder prestar asistencia al centro nacional de coordinación en dicho Estado miembro en el ejercicio de sus funciones». Dado que el INCIBE carece, por su naturaleza jurídica, de la potestad de concesión de ayudas públicas se debe asignar dicha competencia a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, previa gestión de la Subdirección General de Ciberseguridad.
Por otra parte, la Subdirección General de Ciberseguridad debe coordinarse con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Secretaría General de Administración Digital, y el propio INCIBE en el ejercicio de las competencias atribuidas en el presente real decreto.
En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta el significativo incremento del importe económico en concepto de ayudas que se van a distribuir desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, como consecuencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta circunstancia hace necesaria la creación de una nueva Subdirección General de Ayudas, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos l) y m) del apartado 1 del artículo 8 como órgano único para la gestión integral de las mismas en todo su ciclo de vida, aportando economías de escala y eficiencias en la instrucción de los procedimientos administrativos y en la gestión de los recursos técnicos y humanos, entre ellos las infraestructuras y plataformas digitales de soporte a la gestión. En efecto, esto implica la tramitación administrativa de un ingente número de procedimientos de concesión de ayudas para lo que se hace necesario que se actúe con diligencia y eficacia.
El hecho de unificar en un solo órgano toda la tramitación de las concesiones de las ayudas y subvenciones que competen a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial supondrá una agilización en los procedimientos, al encargarse ese órgano único especializado de su tramitación.
De este modo, esta Subdirección General será la competente para la gestión de los procedimientos de ayudas y subvenciones públicas concedidas por las Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a excepción de las atribuidas a la Subdirección General de Ciberseguridad, así como los procedimientos de reintegro y de pérdida del derecho al cobro y el informe para la resolución de los recursos que pudieran presentarse. Esta competencia la llevarán a cabo con el apoyo de las Subdirecciones Generales que aportarán el conocimiento técnico en la fase de evaluación y en cualquier otro momento que sea requerido por la Subdirección General de Ayudas. Asimismo, corresponderá a esta Subdirección General el seguimiento técnico y económico de las ayudas concedidas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a excepción de las atribuidas a la Subdirección General de Ciberseguridad, incluyendo la comprobación de la justificación y el control de las actuaciones subvencionadas, y contando de nuevo con el apoyo de las Subdirecciones Generales cuando sea requerido por la Subdirección General de Ayudas. Por tanto, la Subdirección General de Ayudas se justifica en la necesidad de coordinación de las actuaciones de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la centralización de toda la tramitación de los procedimientos de ayudas y subvenciones concedidas por la Secretaría de Estado en una única unidad.
A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta que la Subdirección General de Ciberseguridad gestionará la concesión de ayudas y subvenciones públicas gestionadas, a su vez, por el Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad. Esto se debe a la imposibilidad de la asunción de dicha competencia por el INCIBE, Sociedad Mercantil Estatal, debido a que carece, como ya se ha comentado anteriormente, por su naturaleza jurídica, de la potestad de concesión de ayudas públicas, por lo que se debe asignar dicha competencia a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, previa gestión de la Subdirección General de Ciberseguridad. Sin embargo, la Subdirección General de Ayudas asume gestión de dichos procedimientos, los procedimientos de reintegro y de pérdida del derecho al cobro, el informe para la resolución de los recursos que pudieran presentarse, el seguimiento técnico y económico, incluyendo la comprobación de la justificación y el control de las actuaciones subvencionadas. Todo ello con el apoyo técnico de la Subdirección General de Ciberseguridad, con la finalidad de unificar la tramitación de estos procedimientos en esta Subdirección General.
Además, será la encargada de custodiar los expedientes administrativos de ayuda y de atender las relaciones con los interesados, coordinar la respuesta, mediante una gestión y un control centralizados de las ayudas que desarrollará todas las labores administrativas y procedimentales, con objeto de agilizar los trámites administrativos necesarios para la gestión de las ayudas.
Por último, se modifica el artículo 9 bis, para regular la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, con el objeto de aclarar las competencias de la misma.
Así mismo, se reasigna la competencia recogida en la letra k) del apartado 1 del artículo 9 bis del real decreto modificado, que pasa de la Subdirección General de Economía del Dato y Digitalización a la Subdirección General para la Sociedad Digital.
En el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales también se llevan a cabo algunas modificaciones.
En primer lugar, el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, establece los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas e inalámbricas basados en la tecnología de quinta generación (5G). Estas redes y servicios 5G presentan riesgos específicos derivados de su arquitectura de red más compleja, abierta y desagregada, de la existencia de paradigmas propios de la informática y los servicios de computación en nube, apartándose del enfoque tradicional de las arquitecturas de las redes de comunicaciones electrónicas, así como de su capacidad para transportar ingentes volúmenes de información y permitir la interacción simultánea de múltiples personas y cosas.
En la aprobación del citado Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, se ha tenido en cuenta la Recomendación (UE) 2019/534, de 26 de marzo de 2019, de la Comisión Europea, sobre la ciberseguridad de las redes 5G, el análisis de riesgos coordinado de los Estados miembros y la «caja de herramientas», acordada por éstos como base común para un desarrollo seguro de la tecnología 5G en Europa y, en particular, se han incluido las recomendaciones fundamentales que la Comunicación de 29 de enero de 2020 de la Comisión Europea «Despliegue seguro de la 5G en la UE-Aplicación de la caja de herramientas de la UE» (COM (2020) 50 final) realizaba a los Estados miembros sobre la utilización de la «caja de herramientas».
Una de las recomendaciones contempladas en la caja de herramientas de la UE sobre ciberseguridad 5G, concretamente la primera de todas ellas, consiste en la necesidad de reforzar el papel de las autoridades nacionales, asignándolas funciones regulatorias, de ejecución, supervisión, control y sanción para garantizar un adecuado cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con tecnología 5G. Por tanto, la aprobación de esta normativa ha implicado la atribución de nuevas funciones y cometidos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A tal efecto, se crea, dependiendo de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, la Subdirección General de Integridad de las Telecomunicaciones, que se hará cargo de impulsar, tramitar y controlar el cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con tecnología 5G.
También se modifica el artículo 10 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el objetivo de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pueda disponer de la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas, habida cuenta de que resulta necesario disponer de un órgano administrativo expresamente constituido dedicado a gestionar sus competencias en materia de programación económica, contratación y gestión del Organismo Intermedio de fondos europeos, las cuales se han visto considerablemente incrementadas al asumir la ejecución de tres planes que sucesivamente han sido presentados por el Consejo de Ministros, «Plan para la Conectividad e Infraestructuras Digitales», «Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G» y «España, Hub audiovisual de Europa», y su continuación con los programas que se implementarán dentro del marco financiero de la UE para el periodo 2021-2027. A esta carga adicional de tareas, debe añadirse que el Consejo de Ministros, en su reunión de 24 de mayo de 2022, ha aprobado el PERTE de microelectrónica y semiconductores, con una inversión pública prevista de 12.250 millones de euros, que viene a añadirse al conjunto de actuaciones, planes y programas derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuya gestión y ejecución corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
En el ámbito de la Subsecretaría se modifica el artículo 12 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, para crear la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento de fondos europeos, dependiente de la Subsecretaría, que se encargará de coordinar la programación económica y presupuestaria de los proyectos de inversión y las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con las Secretarías de Estado, siendo el punto de contacto con la Secretaría General de Fondos Europeos; del seguimiento de la ejecución de las inversiones y reformas; de la detección de desviaciones respecto al cumplimiento de hitos y objetivos; del cumplimiento de los principios transversales definidos en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; de elaborar los informes de seguimiento de hitos y objetivos y de aplicación de fondos europeos; de realizar el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de las desviaciones detectadas; de la elaboración, firma y tramitación del Informe de gestión de los componentes de los cuales es responsable el Ministerio y de la revisión de las previsiones y la detección de riesgos de incumplimiento.
Este real decreto es coherente con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que atiende principalmente a la necesidad de adaptar la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las diferentes necesidades de las áreas del Ministerio y para lograr una adecuada ejecución eficaz y eficiente de los componentes 11, 13, 15, 16, 19 y 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como para agilizar la gestión procedimental de las ayudas y es eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito, sin afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos. Además, la norma no contiene medidas restrictivas de derechos ni impone obligaciones a los ciudadanos o empresas.
Se adecua a un objetivo de interés general, como es dotar a la tres Secretarías de Estado y a la Subsecretaría del Ministerio de una estructura organizativa adecuada para afrontar con éxito los retos a los que se enfrentan: la incorporación de las nuevas tecnologías en la industria financiera para afrontar el reto de la doble transición ecológica y digital, o la nueva regulación de los criptoactivos y su impacto sobre el sistema financiero; el reto de la Transformación Digital de las Administraciones Públicas, en el contexto del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y empresas, superar la actual brecha digital y favorecer la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, avanzando hacia una Administración del siglo XXI y contribuyendo a la consecución de objetivos de resiliencia y transición digital perseguidos también por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la adecuada ejecución las nuevas funciones atribuidas por la normativa reguladora de la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con tecnología 5G, así como de los fondos y las ayudas dentro de los programas de impulso y actuaciones para la promoción de inversiones en el ámbito de las telecomunicaciones, infraestructuras digitales y de los servicios de comunicación audiovisual, y es eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito; y coordinar la programación y hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión y las medidas del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por último, contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, al adecuar y adaptar aquélla a las necesidades organizativas actuales. Además, es coherente con el resto de ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea.
Cumple también con el principio de transparencia, en la medida en que la norma identifica claramente su objeto y finalidad tanto en el real decreto como en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al mismo. Además, dicha memoria estará accesible en el portal de transparencia. Dado que se trata de una norma puramente organizativa, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas.
Finalmente, es también adecuada al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas y trata de asignar los recursos públicos de la mejor manera para alcanzar los objetivos programados.
Esta norma tiene su fundamento jurídico en el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2023,
El Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
1. La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional tiene las competencias que le atribuye la legislación vigente y, en particular, las siguientes:
a) La coordinación y la representación permanente del Reino de España en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea y el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, así como en sus grupos de trabajo respectivos, participando en los trabajos del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Consejo ECOFIN) y del Eurogrupo; la coordinación y la representación permanente del Reino de España en los grupos de trabajo del Consejo encargados de la negociación, seguimiento y revisión de los elementos que conforman la gobernanza económica europea.
b) La representación permanente y la coordinación de la política del Reino de España en el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, así como en los fondos multidonantes gestionados o cogestionados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.
c) La representación permanente y la coordinación de la política del Reino de España en la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
d) La representación permanente y la coordinación de la política del Reino de España en el Grupo del Banco Mundial, y ante todos los bancos multilaterales y fondos multilaterales gestionados por los mismos.
e) La coordinación, negociación, tramitación y gestión de las contribuciones a fondos multidonantes, fondos multilaterales, fondos de asistencia técnica, fondos de capacitación y otras aportaciones a instituciones financieras multilaterales, así como aquellas destinadas a la promoción de la participación de profesionales españoles en el personal de dichas instituciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.
f) La representación permanente y coordinación de la política del Reino de España ante las instituciones financieras de ámbito europeo, distintas del Banco Europeo de Inversiones.
g) La representación permanente del Reino de España y la coordinación en materia de política económica y financiera ante el Fondo Monetario Internacional, así como la definición de la posición española en esta institución y la negociación, tramitación y gestión de aportaciones a fondos fiduciarios en la misma. Asimismo, el análisis y seguimiento en lo relativo al sistema financiero internacional, a las necesidades internacionales de financiación y a la arquitectura financiera internacional.
h) La representación del Reino de España en el G20 y sus grupos de trabajo dentro del circuito de finanzas. También le corresponde la preparación, coordinación y representación de los intereses españoles en el Foro de Diálogo Económico Asia-Europa (ASEM) y otros foros internacionales con contenido financiero.
i) La elaboración de convenios monetarios con terceros países, salvo aquellos relacionados con la gestión de la deuda que el Estado español ostenta como acreedor, y los aspectos monetarios relacionados con la Unión Monetaria.
j) La representación permanente del Reino de España en el Comité de Mercados Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la Consejería Económica de la Delegación Permanente.
k) La definición de la posición del Reino de España respecto a la deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor, así como la negociación, reestructuración, conversión y gestión, bilateral y multilateral, de la misma y la representación del Reino de España en el Club de París.
l) El análisis y valoración de las condiciones financieras y garantías del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado y de la financiación reembolsable otorgada por el Reino de España, en particular, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), al Fondo para las Inversiones en el Exterior (FIEX), al Fondo para las Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) y al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) u otros fondos que se constituyan y puedan afectar a la posición financiera del Estado, principalmente para garantizar su coherencia con la política de gestión de la deuda externa.
m) La elaboración y la coordinación de las posiciones del departamento en relación con la política de financiación externa de la Unión Europea y la participación en los comités de los instrumentos financieros de la Comisión Europea en ese ámbito. Asimismo, la representación del Reino de España en fondos multidonantes de inversión dentro de ese marco y en los órganos responsables de la concesión de fondos comunitarios para garantías y operaciones deblendingen terceros países. En relación con estos últimos, le corresponderá hacer seguimiento de su interacción con los instrumentos de la arquitectura financiera española, con el fin de promover el máximo aprovechamiento y la eficiencia de los recursos financieros de la acción exterior de la Unión Europea. Todo ello, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
n) El diseño, desarrollo y gestión de las aplicaciones informáticas relacionadas con las funciones encomendadas a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, así como las competencias relativas a la gestión de los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados a la misma, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Secretaría General de Administración Digital y a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, a la Intervención General de la Administración del Estado en relación con el sistema integrado de información contable y, en todo caso, en coordinación con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría.
ñ) La coordinación de las autoridades nacionales competentes en materia de estabilidad financiera en el marco de la AMCESFI y el impulso de la adopción de las medidas necesarias, también en materia de gestión de riesgos operativos.
o) El seguimiento del cumplimiento de los objetivos generales de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB).
p) El seguimiento y análisis del sector financiero y de la evolución de los mercados nacionales e internacionales, incluyendo la elaboración de informes periódicos.
q) La representación permanente del Reino de España en el Consejo de Estabilidad Financiera y en sus grupos de trabajo, y el seguimiento, elaboración y coordinación de las posiciones del departamento en relación con las iniciativas a nivel europeo e internacional para favorecer la estabilidad financiera y, en particular, las vinculadas con el sistema monetario.
r) El asesoramiento, y autorizaciones en su caso, en relación con las inversiones de fondos, en cuanto le sea atribuido y, en particular, del Fondo de Reserva de Riesgos de la Internacionalización, del Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos y el asesoramiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante la participación como miembro de la Comisión Asesora de Inversiones y del Comité de Gestión.
s) La recopilación y explotación de bases de datos económico financieras para la generación de análisis cuantitativo que apoye el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas financieras.
2. De la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional depende directamente la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
3. Asimismo, dependen directamente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional:
a) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Bancos Multilaterales de Desarrollo, FMI y G20, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos d), e), f) g), h) e i) del apartado 1.
c) La Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y la Financiación Internacional, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos k), l) y m) del apartado 1.
d) La Subdirección General de Informática y de Gestión, que asumirá las funciones señaladas en el párrafo n) del apartado 1.
e) El Gabinete Técnico, con nivel orgánico de subdirección general, como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría General que, además, asumirá las funciones señaladas en los párrafos o) y r) del apartado 1.
f) La Subdirección General de Análisis Financiero, que asumirá las funciones señaladas en los párrafos j), ñ), p), q) y s) del apartado 1.
4. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional existirá una Abogacía del Estado integrada orgánicamente en la del departamento.
5. En la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional existirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado con nivel orgánico de subdirección general.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ejercerá las funciones previstas en el artículo 66 de la Ley 40/20