Categoría: Administración

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tiene como funciones las relativas a la política de impulso de los servicios de comunicación audiovisual.
Las funciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han sido legalmente atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 10. 1 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Específicamente le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones orientados al fomento de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual y gestión coordinada de esta política con los correspondientes programas europeos e internacionales en estas materias; la promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de servicios de comunicación audiovisual, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio; y la elaboración, gestión y seguimiento de programas y actuaciones para fomentar el acceso y uso de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual y facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las infraestructuras y las tecnologías digitales y los servicios de comunicación audiovisual, especialmente para aquellos ciudadanos con necesidades específicas, en su caso en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en otras políticas con las que esas materias estén relacionadas.
En el espacio tecnológico e industrial objeto de las competencias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital está teniendo lugar un proceso de integración de distintas tecnologías que afectan a la conformación de la web en su desarrollo actual y, por tanto, a la forma en que los contenidos audiovisuales e interactivos son accedidos y utilizados por los ciudadanos. La llamada «Web 3» supone la necesidad de integrar nuevas tecnologías –las llamadas «tecnologías emergentes»– en los procesos de digitalización y explorar sus potenciales beneficios para las empresas y los ciudadanos. «Son tecnologías asociadas al desarrollo de productos de Animación, Contenidos Audiovisuales, Inmersividad a través de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, Mundos Virtuales y Videojuegos las que toman un protagonismo especial en la aplicación práctica de la Web 3». En concreto en los dos grandes modelos de aplicabilidad en términos de interfaz de esta iteración de la Web: Los gemelos digitales y el llamado «Metaverso».
Mientras que el uso industrial a través del uso de objetos sintéticos de la realidad para simulaciones de todo tipo es reconocido en todo el mundo bajo el término «digital twins», el concepto de «Metaverso» aún es muy incipiente como para determinar su contorno. No así las tecnologías con las que se relaciona y que son, entre otras, las apuntadas anteriormente, junto con determinados usos de Inteligencia Artificial o BlockChain.
Este desarrollo a gran velocidad de tecnologías que convergen para crear un escenario de conectividad, interacción y acceso a contenidos transformado puede convertirse en una nueva brecha digital en términos económicos y sociales si no se incorporan consideraciones alineadas con los objetivos asumidos a nivel nacional e internacional en este sentido, especialmente los objetivos 5 y 10 de la Agenda 2030.
El desarrollo de las actividades de fomento de la producción audiovisual y el sector de videojuegos, a través del desarrollo innovador de contenidos digitales, se lleva a cabo, entre otros instrumentos, mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por lo que esta orden se dirige al establecimiento de las bases generales reguladoras del procedimiento específico para ello, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las actuaciones a realizar por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales al amparo de la presente orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Las ayudas previstas en esta orden de bases se ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado (en adelante, «Reglamento general de exención por categorías»), en particular, en lo previsto en su artículo 25 «ayudas a proyectos de investigación y desarrollo».
Las actuaciones que se desarrollan a partir de esta orden tienen como finalidad el fomento del desarrollo de contenidos inmersivos e interactivos desde la perspectiva de la integración de las mujeres dentro de la industria de producción audiovisual y del sector del videojuego a través del apoyo proyectos de desarrollo experimental e investigación industrial a nivel de prototipado mediante tecnologías asociadas al concepto de Metaverso, incluyendo entornos tridimensionales accesibles desde cualquier dispositivo –navegador, móvil, aplicaciones de Realidad Virtual (VR) o Realidad Aumentada (AR)–, y la implementación de usos de Inteligencia Artificial y Blockchain que favorezcan:
– La puesta en marcha de nuevas herramientas de producción audiovisual y de contenidos digitales.
– El uso de las tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3 para la transformación social y la integración de colectivos desfavorecidos.
– La creación de nuevos espacios de trabajo y colaboración virtuales.
– Herramientas de diseño de infraestructuras sostenibles.
– La utilización de estas tecnologías para el sector cultural, sanitario o educativo.
Dentro de los objetivos de las actuaciones previstas en las presentes bases se incluye de forma destacada la voluntad de promover la integración de las mujeres en la industria de la producción audiovisual, el videojuego y los contenidos inmersivos.
Por otra parte, se trata de actuar en el fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual con el objetivo de mejorar la competitividad, competencia y resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual y del videojuego. Asimismo, las ayudas objeto de estas bases se dirigen a pymes según la definición del artículo 2 del anexo I del Reglamento UE 651/2014.
La presente orden se estructura en 2 capítulos y 23 artículos y un anexo I con la convocatoria de ayudas al fomento de la producción audiovisual y el sector de videojuegos, compuesta a su vez por 21 artículos y cuatro anexos.
El primer capítulo de la orden recoge disposiciones de carácter general como el objeto, régimen jurídico, ámbito material, geográfico, los objetivos, la convocatoria, la financiación de las actividades subvencionadas, los requisitos de los beneficiarios, las obligaciones de los beneficiarios, los criterios objetivos para la concesión de la subvención, las garantías y el pago de las ayudas, la subcontratación, la incompatibilidad con otras ayudas y los conceptos susceptibles de ayuda.
El capítulo segundo se refiere al procedimiento para el otorgamiento de ayudas, los órganos competentes, el plazo de presentación de solicitudes y notificaciones, la formalización y presentación de solicitudes, la comisión de evaluación y la instrucción del procedimiento, su resolución, la modificación de la resolución de concesión, la justificación del proyecto y la aplicación de las subvenciones, la publicidad y los incumplimientos, reintegros y sanciones.
Las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de I+D tienen un carácter transversal. En este sentido, las bases de las ayudas reguladas en esta orden se dictan al amparo del artículo 149.1.15. ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en materia de telecomunicaciones, respectivamente. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el departamento de la Administración General del Estado encargado, entre otras competencias, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y de desarrollo de la sociedad de la información. La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de las mismas.
De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar la adecuación de la presente orden a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La necesidad y la eficacia de este programa se fundamentan en el objetivo pretendido del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de impulso de los servicios de comunicación audiovisual y la mejora de la competitividad mediante el avance tecnológico buscado así como la integración de las mujeres y la contención de los posibles efectos de nuevas brechas digitales por razón de género o sobre colectivos especialmente vulnerables.
En cuanto a la proporcionalidad, la presente orden queda justificada sobre la base del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que exige que las bases reguladoras de las subvenciones se aprueben por orden ministerial.
Por lo que afecta a la seguridad jurídica, la orden es coherente con el resto del ordenamiento jurídico en materia de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información.
En materia de transparencia, al margen de la que proporciona la publicación del BOE, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales posibilitará en su sede electrónica el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor que resulta de aplicación.
Por último, la eficiencia de la presente orden queda garantizada porque el equilibrio entre recursos destinados y beneficios esperados es claramente positivo.
Esta orden, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.
El citado artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
Madrid, 6 de julio de 2022.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Morales Santamaría.
1. Constituye el objeto de esta orden la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en los siguientes programas:
a) Proyectos de desarrollo experimental, tal y como se define en el artículo 3 de la presente orden, en el marco de las tecnologías asociadas al Metaverso y la Web 3.
b) Proyectos de innovación de procesos mediante el uso de las tecnologías señaladas tal y como se define en el artículo 3 de la presente orden.
2. En ambos casos los proyectos tendrán, al menos, una de las siguientes finalidades:
a) Prototipado o procesos innovadores de nuevas herramientas de producción audiovisual y de contenidos digitales.
b) Prototipos o procesos innovadores que hagan uso de las tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3 para la transformación social y la integración de colectivos desfavorecidos, especialmente en lo referente a la brecha de género.
c) Creación de nuevos espacios de trabajo y colaboración virtuales.
d) Prototipos o procesos innovadores que implementen las tecnologías asociadas al Metaverso en entornos culturales, sanitarios o educativos.
3. Asimismo, es objeto de la actuación la promoción e integración de las mujeres en las industrias asociadas al audiovisual, el videojuego y los contenidos digitales e interactivos y el apoyo a la digitalización de las pymes.
4. Mediante la presente orden se establecen las bases reguladoras de estas ayudas y se acompaña en anexo I la convocatoria de ayudas de 2022 para proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos a través de tecnologías asociadas al Metaverso y la Web 3 (en adelante, «la convocatoria»).
1. Las subvenciones previstas en la presente orden se sujetan a derecho administrativo y se regirán por lo previsto en la presente orden, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, en particular, lo establecido en sus artículos 2.86; 3; 4.1.i) iii) 25 y 29 relativos a las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en la vertiente de desarrollo experimental y a las ayudas a la innovación en materia de procesos.
3. Asimismo, serán de aplicación el resto de las disposiciones, tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
1. Este programa comprende la realización de proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos asociados a los contenidos digitales, así como la generación de estos contenidos, en la medida en que sean necesarios para el objeto demostrador del desarrollo experimental que se realiza.
De conformidad con el artículo 2.86) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, los proyectos de desarrollo experimental podrán incluir la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados.
Los prototipos, resultado de los proyectos objeto de las ayudas, no podrán utilizarse comercialmente, salvo que necesariamente constituyan el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación.
Los proyectos de demostración tecnológica deben contemplar actividades de desarrollo y mejora funcional. No se considerarán proyectos meramente integradores de tecnologías de terceros.
2. Asimismo, comprende la «innovación en materia de procesos»: la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos). No se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y la comercialización de productos nuevos o significativamente mejorados.
3. Por contenidos digitales se entenderá la puesta a disposición de datos o activos digitales de forma masiva y en formatos reutilizables creados mediante tecnologías de VR/AR/XR, WebGL/Web3D/WebXR, motores de videojuegos y otras tecnologías asociadas al concepto de Metaverso como son las herramientas de representación digital de humanos (generación de avatares, digital humans, etc) y tecnologías de gestión y diseño de espacios con el propósito de ser utilizados en el ámbito del artículo 1, excluyéndose tecnologías y herramientas cuya finalidad esté relacionada con la emisión y gestión de criptomonedas o que tengan por objeto principal la realización de transacciones financieras de cualquier tipología mediante criptoactivos. En cada convocatoria se podrá limitar el objeto a una o varias de las tipologías de contenidos digitales descritas en el apartado anterior o ampliar el contenido de la lista mencionada anteriormente.
Podrán tener la condición de beneficiarios, en los términos que establezcan las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden, las empresas cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, o disponga de una residencia fiscal o un establecimiento permanente en territorio español de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Asimismo, los centros operativos de las empresas que reciban dichas ayudas deben estar ubicados en territorio español.
La convocatoria pretende estrechar la brecha de género en el ámbito de las tecnologías emergentes relacionadas con el Metaverso y la Web 3, en cuanto a empleo y liderazgo. En este sentido, no podrán ser objeto de las ayudas aquellos proyectos que no contemplen la participación activa de mujeres en el equipo de trabajo destinado al proyecto por vínculo contractual laboral o de prestación de servicios en exclusiva por debajo del 25 % a lo largo de todo el plazo de ejecución del proyecto.
Además, se pretende la mejora de la competitividad empresarial, la creación de empleo neto y de calidad, favorecer la participación y digitalización de las pymes y la cohesión territorial o, mejorando la innovación relacionada, entre otros, mediante:
a) Impulso de proyectos, promovidos o con presencia significativa de mujeres, con el alcance establecido en el primer párrafo de este artículo y que implementen las tecnologías asociadas al Metaverso y la Web 3 como son los mundos virtuales y entornos inmersivos para su uso industrial, educativo, sanitario, de transformación social, el trabajo remoto y colaborativo y la sostenibilidad.
b) La integración de nuevas tecnologías en la producción audiovisual y de contenidos mediante la incorporación de nuevos usos de herramientas inmersivas de creación, el uso de la inteligencia artificial y el blockchain para la mejora y modernización de los procesos productivos.
Las ayudas asociadas a lo descrito en el artículo 3, tendrán las siguientes características:
a) Estas ayudas, de carácter dinerario, consistirán en subvenciones destinadas a financiar proyectos presentados por los solicitantes, según el modelo que se defina en cada convocatoria.
b) El solicitante podrá presentar propuestas de proyectos subvencionables que consistan en una de las siguientes tipologías de actuaciones:
i. Actuaciones para el desarrollo funcional de su producto o solución tecnológica, orientadas a la mejora funcional, la seguridad, la estabilidad y la madurez de la solución tecnológica. En ningún caso se aceptará la mera prestación de servicios.
ii. Actuaciones de desarrollo encaminadas a la validación, certificación y puesta en marcha de prototipos en entornos representativos de condiciones reales de producción.
1. El presupuesto subvencionable del proyecto o actuación estará compuesto por el total de los gastos subvencionables necesarios para la realización de dicho proyecto o actuación. El importe de la ayuda se calculará como un porcentaje del presupuesto subvencionable de acuerdo con los artículos 25.5 y 29 del Reglamento de General de Exención por Categorías que recoge las ayudas al desarrollo de experimental y a la innovación de procesos, respectivamente. Serán de aplicación las definiciones de pequeña y mediana empresa recogidas en el anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías.
2. En la siguiente tabla se indican las intensidades máximas de ayuda a aplicar:
3. El presupuesto mínimo del proyecto será de 150.000 euros y el máximo de 1.000.000 de euros.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios, en los términos que establezcan las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden, los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas que sean de nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España. Se entiende por microempresa y por pequeña empresa las que con tal carácter se definen en el anexo I del Reglamento 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las entidades sin ánimo de lucro.
2. Mediante la documentación que se establezca en la convocatoria correspondiente, los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que su domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, o disponga de una residencia fiscal o un establecimiento permanente en territorio español de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y como se establece en el artículo 4 de esta orden.
b) Que los centros operativos de las empresas que reciban dichas ayudas estén ubicados en territorio español.
c) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) No tratarse de una empresa de naturaleza pública, entidad de derecho público, ni estar participada mayoritariamente por éstas, ni tratarse de empresas, de cualquier tipo, que tengan por actividad la gestión de un servicio público.
e) No tratarse de meras agrupaciones de personas físicas o jurídicas, asociaciones o fundaciones.
f) No tratarse de sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.
g) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
h) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C249/01).
i) Finalmente, los solicitantes deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica o profesional, en los siguientes términos.
Solvencia económica y financiera: se evaluará la capacidad de la entidad solicitante desde el punto de vista económico-financiero para abordar el proyecto para el que se solicita la ayuda. A los efectos de esta orden, se entenderá que una empresa tiene capacidad suficiente para abordar el proyecto o conjunto de proyectos subvencionables si al menos cumple con alguno de los cuatro criterios siguientes:
i. El volumen anual de negocio de la entidad solicitante, referido al último ejercicio cerrado deberá ser igual o mayor que el 50 % del presupuesto total del proyecto o conjunto de proyectos.
ii. Los fondos propios de la entidad solicitante en el último ejercicio cerrado deberán ser iguales o mayores que el 50 % del presupuesto total del proyecto o conjunto de proyectos.
iii. El volumen de negocio medio de los tres últimos ejercicios cerrados deberá ser mayor o igual que el 50 % del presupuesto total del proyecto o conjunto de proyectos.
iv. Aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por el 50 % de la ayuda total solicitada. Dicha garantía responderá de la aceptación de la ayuda en caso de concederse, siendo independiente de la que se constituya como garantía del pago anticipado. Su liberación se practicará de oficio si no se concede ayuda o, en caso de concederse, cuando se constituya la garantía del pago anticipado.
En el caso de que un solicitante presente más de un proyecto a la convocatoria la evaluación de este criterio se realizará de forma conjunta a todas las propuestas presentadas, descartando proyectos en función de la puntuación recibida para el resto de los criterios de valoración, comenzando con los de menor puntuación, hasta verificar o no el cumplimiento de alguno de los criterios anteriormente indicados.
La solvencia técnica o profesional del solicitante se valorará teniendo en cuenta:
i. La experiencia previa de las entidades solicitantes en el ámbito de aplicación del proyecto con objeto de determinar que disponen de la capacitación necesaria para la ejecución exitosa de las actividades.
ii. En caso de subcontratación, aplicarán los mismos criterios de solvencia técnica a la empresa subcontratada que se requieren para la entidad solicitante. Deberá definirse el alcance de la actividad a subcontratar incluyendo las tareas a realizar, dimensionamiento y estimación económica, así como la justificación de la necesidad de dicha subcontratación.
La adecuación del equipo de trabajo a la realización del proyecto se valorará teniendo en cuenta:
i. La capacitación técnica para la consecución de los objetivos identificados en la propuesta presentada.
ii. Habilidades, conocimientos y experiencia adecuados para la ejecución de las funciones a desarrollar, así como composición de los equipos con los perfiles necesarios y con los apropiados niveles de dedicación.
1. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las contenidas en esta orden, las que se determinen en cada convocatoria y las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas, así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la ley citada, de las presentes bases y de cada convocatoria, dicte la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en materia de ejecución, seguimiento, entrega de las subvenciones, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. El beneficiario deberá comunicar al órgano concedente, si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para el mismo gasto subvencionable procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales tan pronto como tengan conocimiento de ello, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
3. El beneficiario mantendrá un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto financiado o, al menos, contará con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
4. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales o cualquier otro organismo en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas, a los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas.
Los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos justificativos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago, y cualquier otra documentación relevante para acreditar correctamente el desarrollo de las actuaciones del proyecto subvencionable de acuerdo con lo descrito en la correspondiente convocatoria.
Asimismo, deberá conservar la documentación justificativa, incluidos los registros contables, durante el plazo establecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La recepción de esta ayuda implicará la necesidad, por parte de los beneficiarios, de declarar la misma como un ingreso percibido.
6. Los beneficiarios tendrán:
a) La obligación de reporte de información que permita al órgano concedente medir la contribución de la actividad subvencionada al objetivo perseguido según los procedimientos que se establezcan en las convocatorias.
b) La obligación de información en cuanto a la identidad del destinatario último de la subvención.
7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
8. La obligación de mantener un mínimo del 25 % de mujeres en el proyecto supone una condición exigible y comprobable por la Administración a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Si por efecto de una razón sobrevenida (rotación de personal, baja laboral, etc.), la entidad adjudicataria viera disminuido el porcentaje, deberá comunicar este hecho a la entidad adjudicataria y proceder a la subsanación en el plazo máximo de un mes. Si, el porcentaje mínimo exigido se incumpliera a lo largo de sesenta días se perderá la condición de beneficiario con los efectos que legalmente procedan.
1. Se establecerá un orden de prelación que se determinará en base a la suma de los valores obtenidos en cada uno de los criterios que se establecen en este artículo, ordenado de mayor a menor.
2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
3. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo.
4. En las convocatorias se determinará el detalle y, en su caso, la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de cada criterio.
5. Para los programas comprendidos en esta orden se valorarán los siguientes criterios:
a) Solución tecnológica y grado de innovación del proyecto: se evaluará el grado de innovación y reto tecnológico del proyecto, la calidad y metodología de la propuesta presentada.
b) Impacto potencial en el futuro desarrollo de productos y servicios en el mercado: se valorará el impacto potencial sobre el futuro desarrollo de nuevos productos en el entorno en el que se aplica el proyecto y los posibles efectos positivos en el empleo y la competitividad de las pymes españolas futuras beneficiarias de la tecnología apoyada por estas ayudas.
c) Impacto social: se valorará el potencial transformador, educativo e integrador del proyecto incluyendo el desarrollo de usos seguros de estas tecnologías, la capacidad de integración de colectivos especialmente protegidos, con especial incidencia en la brecha de género.
6. Los criterios de otorgamiento de la ayuda y la ponderación de los mismos son los que se recogen a continuación. Los umbrales representan los límites que es necesario superar para poder ser objeto de ayuda. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos. En ningún caso se podrán conceder ayudas a aquellos proyectos cuya puntuación no alcance los referidos umbrales, el umbral total o no superen los criterios excluyentes.
7. Efecto incentivador de la ayuda. Las ayudas deben tener efecto incentivador de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento general de exención por categorías.
Junto a la documentación presentada por el beneficiario se incorpora una memoria que demuestre el efecto incentivador de la ayuda sobre las actuaciones para las que la solicita, valorando uno o más de los criterios siguientes:
1.º Aumento sustancial del alcance del proyecto o actividad gracias a la ayuda.
2.º Aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad gracias a la ayuda.
3.º Aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate.
8. Para la aplicación de los criterios de evaluación se tomará en consideración lo siguiente:
8.1 Adecuación de la capacidad de la empresa al proyecto presentado. Se tomará en consideración:
a) La adecuación de la empresa, los recursos humanos y materiales para la ejecución de las tareas de la propuesta en términos de dedicación y determinación de entregables.
b) La experiencia previa de las entidades solicitantes en el ámbito de aplicación del proyecto con objeto de determinar que disponen de la capacitación necesaria para la ejecución exitosa de las actividades.
c) Habilidades, conocimientos y experiencia adecuados para la ejecución de las funciones a desarrollar, así como composición de los equipos con los equipos con los perfiles necesarios y con los apropiados niveles de dedicación.
d) El presupuesto presentado debe ser realista permitiendo el seguimiento posterior del proyecto y detallando los costes por concepto financiable, actividades y su correspondencia con los entregables del producto o servicio a desarrollar. Además, ha de ofrecer una relación clara con los recursos necesarios y ser coherente con el equipo humano de trabajo propuesto y cada una de las actividades del plan de trabajo.
Quedarán excluidas las solicitudes que incurran en alguna de estas circunstancias:
a) Que no aporte información suficiente para poder valorar los criterios que se establecen para este apartado.
b) Que no se acredite la experiencia ni los conocimientos adecuados de los perfiles presentados, a las necesidades del proyecto, para llevar a cabo las tareas encomendadas en el plan de trabajo.
c) Que no proporcionen la información necesaria para una comprensión clara del coste por concepto financiable del producto o servicio a desarrollar.
d) Que la estructura, perfiles y dimensionamiento del equipo de trabajo no estén debidamente justificados o no sean coherentes con el producto o servicio a desarrollar en el proyecto.
e) Que no especifiquen los procedimientos utilizados para establecer una relación clara entre los costes y los entregables del producto o servicio a realizar y las actividades necesarias, los recursos materiales y el equipo humano implicado de cada beneficiario.
f) En caso de subcontratación de determinadas actividades que no se defina la actividad subcontratada, o no sea coherente con el plan de trabajo presentado, el alcance de la colaboración, las tareas a realizar por la entidad subcontratada y el dimensionamiento y estimación económica.
g) Las que se determinen en las convocatorias.
8.2 Efecto incentivador de la ayuda. Las ayudas deben tener efecto incentivador de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento general de exención por categorías.
Junto a la documentación presentada por el beneficiario se incorpora una memoria que demuestre el efecto incentivador de la ayuda sobre las actuaciones para las que la solicita, valorando uno o más de los criterios siguientes:
1.º Aumento sustancial del alcance del proyecto o actividad gracias a la ayuda.
2.º Aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad gracias a la ayuda.
3.º Aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate.
8.3 Inclusión de Mujeres en el Proyecto. Se trata de un objetivo esencial del programa por lo que se pondrá especial atención en el análisis del rol asignado a las mujeres en los proyectos presentados, la existencia de Planes de Igualdad en las empresas y de protocolos para eliminar las brechas de género. Se valorarán aspectos tales como que el proyecto sea dirigido por una directora de proyecto o el esfuerzo femenino de dedicación al proyecto como porcentaje de las horas imputadas al proyecto.
Igualmente se valorará la posesión por el solicitante de algún distintivo empresarial en materia de igualdad.
8.4 Solución tecnológica y grado de innovación del proyecto:
8.4.1 Grado de innovación y reto tecnológico del proyecto. Para la valoración de la innovación tecnológica se tendrán en cuenta dos factores: El grado de madurez tecnológica y el impulso que el proyecto da a la misma.
El concepto de madurez tecnológica sitúa a una tecnología en una línea continua de avance tecnológico ayudando a entender las posibilidades de que se produzcan avances adicionales en ella. El impulso de una tecnología es un indicador de la importancia de esos avances. Finalmente, y contra lo que podría creerse, también en la industria audiovisual la elección de qué tecnología desarrollar tiene impacto en la sostenibilidad. En esta convocatoria pretendemos apoyar prioritariamente nuevos desarrollos que apuesten por la sostenibilidad del medio ambiente.
En este criterio se valorará, por lo tanto, el punto de partida del grado de madurez de la tecnología que se emplee, y el impulso en esa escala de madurez que, como consecuencia del proyecto, se le va a dar a esa tecnología.
En las convocatorias se determinará el modelo que se utilice para la valoración del grado de madurez tecnológica que tendrá en cuenta el especial estado de desarrollo en el que se encuentran algunas de las tecnologías a las que se alude en esta orden de bases y que están sometidas a una evolución continua y, en algunos casos, acelerada.
En ningún caso superarán el umbral establecido para este criterio aquellos proyectos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no aporten un impulso a la tecnología.
b) Que no aporten información suficiente sobre el problema a resolver, la deficiencia de las soluciones actuales, la valoración tecnológica frente a otras posibles y la oportunidad en el contexto socio-económico.
c) Que no se pueda acreditar el punto de partida del grado de madurez de la tecnología que se emplee en el proyecto y el impulso que se le va a dar.
d) Que compartan objetivos o desarrollen productos o servicios que coincidan con objetivos, productos o servicios de otros proyectos en ejecución o finalizados.
e) Las que se determinen en las convocatorias.
8.4.2 La calidad y metodología de la propuesta presentada: se valorará teniendo en cuenta que:
– El proyecto debe estar soportado por un plan de trabajo realista y que proporcione una planificación inicial en términos de alcance y tiempo que permita el seguimiento posterior del proyecto. El plan de trabajo debe contener la descripción del producto o servicio que se pretende desarrollar, las actividades y recursos necesarios para obtener dicho resultado, hitos y entregables claros y verificables.
– El plan de trabajo ha de ofrecer una relación clara entre las personas y las tareas que realizan y ser coherente con el equipo humano de trabajo propuesto y el presupuesto de cada una de las actividades.
En ningún caso superarán el umbral establecido para este criterio aquellos proyectos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no proporcionen la información necesaria que permita una comprensión clara del producto o servicio que se pretende desarrollar.
b) Que no especifiquen los procedimientos utilizados para establecer una relación clara entre los entregables del producto o servicio a desarrollar y las actividades necesarias, los recursos materiales y el equipo humano implicado.
c) Las que se determinen en las convocatorias.
8.5 Impacto potencial en el desarrollo futuro de productos y servicios en el ámbito de aplicación del proyecto. Se valorará tomando en consideración:
– Se podrá valorar la resolución de un problema no resuelto y su capacidad de acceder o crear un mercado potencial en el ámbito de las tecnologías asociadas al Metaverso como consecuencia de la realización del proyecto teniendo en cuenta el volumen de negocio potencial y el efecto tractor en el sector en el que se desarrolla el proyecto, siempre y cuando no concurran ninguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no aporten información suficiente sobre la necesidad del mercado detectada y acceso a mercados potenciales como consecuencia de la realización del proyecto.
b) Que compartan objetivos o tengan como foco productos o servicios que coincidan con objetivos, productos o servicios de otros proyectos en ejecución o finalizados.
c) Las que se determinen en la convocatoria.
– Se podrá valorar la capacidad de introducir procesos, metodologías y tecnologías dirigidos a la optimización de la creación audiovisual y de contenidos digitales, teniendo en cuenta:
a) El impacto potencial en procesos de producción creativa y mejoras propuestas por el proyecto para alcanzar un mayor competitividad y optimización de recursos en el sector al que se dirige el proyecto.
b) La capacidad efectiva de incorporar las herramientas desarrolladas para ser introducidas en el ámbito de aplicación propuesto.
Y siempre y cuando no concurran ninguna de siguientes circunstancias:
a) Que no aporten información suficiente sobre la internacionalización y acceso a otros mercados como consecuencia de la realización del proyecto.
b) Las que se determinen en la convocatoria.
Las convocatorias podrán determinar cuestiones adicionales en esta materia que serán tenidas en cuenta en la evaluación.
– Adecuación de la capacidad de la empresa al proyecto presentado: La adecuación de la empresa, los recursos humanos y materiales para la ejecución de las tareas de la propuesta en términos de dedicación y determinación de entregables se valorará teniendo en cuenta:
a) El presupuesto del proyecto debe ser realista y debe permitir el seguimiento posterior del proyecto. Este presupuesto debe detallar los costes por concepto financiable, actividades y su correspondencia con los entregables del producto o servicio a desarrollar.
b) El presupuesto ha de ofrecer una relación clara con los recursos necesarios y ser coherente con el equipo humano de trabajo propuesto y cada una de las actividades del plan de trabajo.
En ningún caso superarán el umbral establecido para este criterio aquellos proyectos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no proporcionen la información necesaria para una comprensión clara del coste por concepto financiable del producto o servicio a desarrollar.
b) Que no especifiquen los procedimientos utilizados para establecer una relación clara entre los costes y los entregables del producto o servicio a realizar y las actividades necesarias, los recursos materiales y el equipo humano implicado de cada beneficiario.
c) Las que se determinen en las convocatorias.
Adicionalmente, la adecuación de la capacidad de la empresa al proyecto presentado se valorará teniendo en cuenta:
a) La experiencia previa de las entidades solicitantes en el ámbito de aplicación del proyecto con objeto de determinar que disponen de la capacitación necesaria para la ejecución exitosa de las actividades.
b) En caso de subcontratación, la definición del alcance de la actividad a subcontratar incluyendo las tareas a realizar, dimensionamiento y estimación económica, así como la justificación de la necesidad de dicha subcontratación.
c) La capacitación técnica para la consecución de los objetivos identificados en la propuesta presentada.
d) Habilidades, conocimientos y experiencia adecuados para la ejecución de las funciones a desarrollar, así como composición de los equipos con los perfiles necesarios y con los apropiados niveles de dedicación.
En ningún caso superarán el umbral establecido para este criterio aquellos proyectos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no se aporte información suficiente para valorar el criterio.
b) Que no se acredite la experiencia ni los conocimientos adecuados de los perfiles presentados, a las necesidades del proyecto, para llevar a cabo las tareas encomendadas en el plan de trabajo.
c) Que no se defina la actividad subcontratada, o no sea coherente con el plan de trabajo presentado, el alcance de la colaboración, las tareas a realizar por la entidad subcontratada y el dimensionamiento y estimación económica.
d) Que la estructura, perfiles y dimensionamiento del equipo de trabajo no estén debidamente justificados o no sean coherentes con el producto o servicio a desarrollar en el proyecto.
e) Las que se determinen en las convocatorias.
8.6 Impacto social transformador. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta tanto el impacto potencial del proyecto en el uso de las tecnologías asociadas al Metaverso y la Web 3 como que estas tecnologías se apliquen de forma segura con especial atención a colectivos vulnerables.
8.6.1 Potencial de transformación social a través de la tecnología del Metaverso. Se valorará que los desarrollos propuestos se orienten a la mejora de la vida de las personas, promoviendo la igualdad, ayudando a la digitalización, la «media literacy», promuevan la creatividad, la accesibilidad, la salud y el conocimiento científico y cultural.
En ningún caso superarán el umbral establecido para este criterio aquellos proyectos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no justifiquen el impacto de los resultados del proyecto en la sociedad.
b) Las que se determinen en las convocatorias.
8.6.2 Creación de entornos seguros para las mujeres, los menores u otros colectivos especialmente protegidos. En este apartado se valorará que los desarrollos propuestos contengan medidas para el uso seguro de las tecnologías objeto de estas bases incorporando elementos que puedan evitar comportamientos indeseados o abusivos sobre colectivos de especial protección como los menores o que permitan su uso para actividades ilícitas o discriminatorias por motivos de género.
Para la valoración los proyectos propuestos incorporarán una memoria especificando que medidas o tecnologías se incorporarán en este sentido o justificación de por qué no le son aplicables.
9. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en la tabla de este artículo, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. Si el empate en puntación fuera completo criterio a criterio, primará la solicitud presentada en primer lugar.
1. La modalidad de pago será de pago único de forma anticipada, por el total de la ayuda, tal y como se detalle en la convocatoria correspondiente.
2. El pago anticipado de la ayuda tendrá la consideración de pago a cuenta. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Asimismo, el pago podrá condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión.
3. De acuerdo con lo establecido en la sección 7.ª del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
La constitución de las garantías exigidas para la realización del pago se llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Se concederá al solicitante o beneficiario un plazo de quince días desde la publicación de la Resolución de concesión definitiva, para que constituya y presente garantías por el cien por cien del importe de la ayuda, en los términos que se establezcan en las convocatorias. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos en las modalidades reguladas en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, exceptuando la modalidad de efectivo y con los requisitos establecidos para las mismas.
b) El pago de la ayuda quedará condicionado a la presentación de los resguardos de constitución de las garantías que, en su caso, se hayan establecido y a que exista constancia por el órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en el artículo 8 de esta orden, los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en la correspondiente convocatoria.
En caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del de