Categoría: Administración

rias, siguiendo el orden de prelación de la lista de valoración global, bien hasta agotar el presupuesto establecido, bien hasta que no resten solicitudes sin ayuda asignada.
En ambos casos, i) o ii), para aquella solicitud cuya asignación de ayuda agotase el presupuesto preasignado y no cubriese el total de la ayuda solicitada, podrá considerarse si se asigna el presupuesto restante correspondiente, lo que puede dar lugar a la asignación parcial de la ayuda solicitada.
d) En una segunda ronda, una vez excluidos los estudios ya adjudicados de Canarias en las rondas anteriores de la lista de valoración global, se procederá a adjudicar el presupuesto de la Inversión 1 del Componente 7 a las solicitudes restantes de dicha lista, que incluirá las solicitudes sin adjudicar de Canarias más las solicitudes del resto del territorio nacional, por orden de prelación, hasta agotar su presupuesto asignado. Si el presupuesto disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial. En caso de ser aceptada, se considerará que el solicitante renuncia a acceder al resto de la ayuda.
e) La Comisión Técnica de Valoración podría revisar la asignación presupuestaria entre las solicitudes presentadas, con el objeto de otorgar la máxima ayuda a los estudios de viabilidad con mayor puntuación en la lista de valoración y optimizar el reparto de los presupuestos de la Inversión 2 y la Inversión 1, sin alterar la metodología de valoración de las solicitudes aquí incluida.
6. La convocatoria podrá especificar una puntuación mínima en cada uno de los criterios de selección.
1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas por esta Orden de Bases, así como el responsable del seguimiento de los estudios subvencionados, será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en adelante, el órgano instructor.
2. El órgano concedente será la persona titular de la presidencia del IDAE, que resolverá y notificará el procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
3. El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión, podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano concedente.
4. Será competente para valorar las ayudas, en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
Presidente: La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE.
Vocales:
a) Un representante de la Subdirección General de Energías Renovables o de la Subdirección General de Minas de la Dirección General de Política Energética y Minas.
b) Un representante del C.N. Instituto Geológico y Minero de España (C.N. IGME-CSIC).
c) Un representante designado por la Dirección General de IDAE.
Secretario con voz, pero sin voto: Un representante del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía Ambiente de IDAE.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, mediante resolución que se publicará en la página web del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva derecho a la percepción de ninguna retribución.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, con los medios personales, técnicos y presupuestarios de IDAE.
5. En virtud de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, las personas involucradas en dichas actividades deberán cumplimentar una DACI y en caso de que se identifique un potencial conflicto de intereses, se procederá a las medidas que se establecen en la citada orden.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y de la correspondiente propuesta que eleve la Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en el artículo 18 de la presente Orden de Bases.
2. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del IDAE. Surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. En el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al de notificación de la propuesta de resolución provisional, las entidades solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, a través de la sede electrónica de IDAE.
4. Examinadas las alegaciones, en caso necesario, realizando de nuevo el procedimiento de clasificación y selección de las solicitudes de acuerdo con el artículo 17.4 de esta Orden de Bases y de acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los interesados mediante su publicación en la página web del órgano concedente, o el medio alternativo que pueda fijarse en las convocatorias, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación, los beneficiarios propuestos y aquellos que figuren en la lista de espera, definida en el siguiente apartado, comuniquen la aceptación de propuesta de resolución definitiva, entendiéndose que desisten de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo. En el caso de las solicitudes en lista de espera con ayuda parcial asignada, la comunicación de aceptación se referirá al importe de tal ayuda parcial. Para las solicitudes en lista de espera sin ninguna ayuda asignada, la comunicación de aceptación se referirá al caso de que resultasen adjudicatarias en la resolución definitiva, por el desistimiento o renuncia de otras solicitudes.
5. La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una lista de espera, que será una relación ordenada -con indicación de la puntuación otorgada en función de los criterios de valoración previstos en la Orden de Bases- de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta Orden de Bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido propuestas como adjudicatarias y, en su caso, de aquellas que, aun habiendo sido propuestas, se les haya asignado ayuda de manera parcial respecto a la solicitada.
En el caso de desistimiento o renuncia a la subvención por alguna o algunos de los potenciales beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender solicitudes admitidas que no habían resultado propuestas como adjudicatarias o las propuestas con asignación de ayuda parcial.
A estos efectos aquellas solicitudes que consten en la propuesta de resolución definitiva en lista de espera deberán haber comunicado su aceptación en el mismo plazo indicado en este apartado 4.
6. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. La persona titular de la presidencia del IDAE resolverá y notificará el procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley General de Subvenciones, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE.
2. En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar, al menos, la identidad de los beneficiarios de la ayuda concedida, así como cualquier información que la correspondiente convocatoria especifique.
3. La resolución, además de contener la entidad solicitante o relación de entidades solicitantes a las que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Asimismo, en la resolución se hará constar lo siguiente, con el nivel de detalle que se señale en la correspondiente convocatoria:
a) Datos del solicitante y del estudio de viabilidad a llevar a cabo.
b) El importe de los costes subvencionables.
c) La cuantía de la ayuda solicitada, y las anualidades, en su caso, que la convocatoria correspondiente pudiera prever.
d) Los plazos máximos para la conclusión del estudio y para la presentación de la justificación de su realización.
e) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con las actuaciones incluidas en el estudio de viabilidad y su ejecución, que pudieran haberse requerido en la convocatoria.
4. Asimismo, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta Orden de Bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del presupuesto fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la convocatoria. Esta lista de espera tendrá un plazo de vigencia de un año a contar desde la fecha de publicación de la resolución de concesión.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. La resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica de IDAE o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación conforme a lo establecido en dicho artículo.
6. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
7. Contra la resolución definitiva, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, y el artículo 7.6 del Estatuto del IDAE, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos y el plazo previsto de un (1) mes recogido en los artículos 123 y 124 de la citada ley. Transcurrido dicho plazo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
8. Las entidades beneficiarias de la ayuda serán incluidos en una lista de beneficiarios/as, publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
9. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Los estudios de viabilidad con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que –a tal efecto, entre ellas específicamente se citan la necesidad de prolongación del plazo para la realización de las actuaciones o la posibilidad de efectuar modificaciones internas en los costes inicialmente presupuestados–, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión ante el mismo órgano que la dictó.
Para la realización de cualquier cambio en el estudio se requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Que la modificación solicitada no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que la modificación afecta a la determinación del beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la entidad jurídica inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b) Que la modificación solicitada obedezca a causa o causas sobrevenidas y excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud. A efectos de esta Orden de Bases, esta modificación podría deberse, entre otras, a la reducción del número de sondeos previsto respecto al número indicado en la solicitud de la ayuda o variación en los requisitos a cumplir de las actuaciones subvencionables establecidos en la convocatoria debidamente justificado mediante informe de un tercero independiente de reconocido prestigio en la ejecución de sondeos profundos (investigación geotérmica o de hidrocarburos) que demuestre que los resultados obtenidos durante la ejecución del primer sondeo, imposibilitan continuar con el mismo o con la ejecución de sondeos adicionales.
c) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que la solicitud de modificación se realice, al menos, tres meses antes de la finalización del plazo de ejecución del estudio, y sea aceptada expresamente por el titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
e) En ningún caso se podrá ampliar plazo por encima de lo definido en el artículo 22.
2. Se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión para el cambio de beneficiario y transmisibilidad de subvenciones concedidas al amparo de esta Orden de Bases cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los previstos, en su caso, en estas bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente, y particularmente:
i. Que el cesionario no esté incurso en ninguna de las prohibiciones que establece el artículo 13 de la LGS.
ii. Que el cesionario cumpla todos y cada uno de los requisitos, circunstancias o cualificaciones exigidas en las bases reguladoras de la concesión de la subvención.
iii. Que concurra una causa que, objetivamente considerada, justifique suficientemente la subrogación de un tercero en la situación o posición jurídica del beneficiario inicial de la ayuda pública.
iv. Que se verifique que las bases reguladoras no prohíben expresamente la transmisibilidad de la subvención.
b) Que se haya ejecutado una parte del estudio de viabilidad subvencionado en, al menos, un 20 por ciento del gasto o coste subvencionable.
c) Que la transmisión del estudio subvencionado se formalice en escritura pública.
3. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de la modificación y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior.
4. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación que supongan una variación de la resolución definitiva, será el titular del órgano que dictó la resolución de concesión. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación que no supongan una variación de la resolución definitiva será el órgano instructor, sin necesidad de recabar autorización previa administrativa.
5. El plazo máximo para dictar la resolución de modificación será de tres meses. Superado dicho plazo si no se ha emitido resolución por parte del órgano concedente al respecto, se entenderá desestimado la solicitud.
1. El plazo máximo para la realización del estudio de viabilidad objeto de ayuda, incluyendo todas las actuaciones necesarias para su ejecución, será el establecido en las convocatorias correspondientes, que se computará siempre a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda. Esta fecha se incluirá en la resolución definitiva.
2. Podrá ampliarse el anterior plazo de realización del estudio de viabilidad mediante la modificación de la resolución de concesión, que podrá llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de esta Orden de Bases.
3. Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo el estudio de viabilidad, con las actuaciones previstas en el plan de trabajo hasta la fecha indicada en las correspondientes convocatorias, que no podrá ser posterior al 30 de junio de 2026. No obstante, se considerará el plazo máximo que se determinase, en caso de que tuviese lugar una ampliación de plazos en la normativa reguladora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
2. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título II, capítulo II, de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y conforme a los requisitos específicos que se establezcan por la normativa aplicable y en las correspondientes convocatorias.
3. La justificación por parte de las entidades beneficiarias de la realización de las actuaciones subvencionables que conformen el estudio de viabilidad deberá realizarse ante el órgano instructor en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la realización del estudio de viabilidad, objeto de ayuda.
4. La justificación documental por parte de las entidades beneficiarias de la ejecución y pago de las de las actuaciones subvencionables que conformen el estudio de viabilidad se realizará telemáticamente a través de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pudiera haberse establecido por la correspondiente convocatoria, mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, cumpliendo los requisitos establecidos en la Orden de Bases y en las correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas, si aplica. Esta cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su página web, será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica y deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte integrante de la misma:
a.1 Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación aportada, fechada y suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a.2 Declaración responsable del beneficiario (según modelo que estará disponible en Web del IDAE) que garantice:
i. el proceso de contratación de las actuaciones del estudio objeto de ayuda, la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
ii. el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
iii. el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se han respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
iv. el compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a.3 Justificación por parte del beneficiario sobre el proceso de contratación de las actuaciones que integran el estudio incentivado. En el caso de personas jurídicas públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de chequeo relativa al cumplimiento del procedimiento de contratación que sea de aplicación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de chequeo será suscrita por el beneficiario y sellada y firmada por la persona auditora.
a.4 Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Domicilio, Inscripción en el Censo de empresarios de la AEAT o equivalente (si desarrollan actividad económica) y la Aceptación de la cesión de estos datos entre las Administraciones Públicas implicadas.
a.5 Informe de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el presente apartado. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario.
Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario en el que figurarán como mínimo los siguientes extremos:
– Obligación del beneficiario de confeccionar y facilitar al auditor cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
– Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
– Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
– Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y compromiso del beneficiario de autorización de comunicación entre auditores.
El informe a emitir por la persona o empresa auditora debe hacer mención expresa a los siguientes extremos de la revisión de la cuenta justificativa: objeto, naturaleza, alcance, resultado, fecha y firma.
El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o empresa auditora incluirá, como mínimo, el análisis, comprobación y copia de los siguientes documentos e información:
1.º La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión del incentivo, conforme a lo exigido por las bases reguladoras, la normativa de aplicación, convocatoria y la resolución de concesión, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente que será el autor del estudio o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página web del IDAE.
Dicha memoria incluirá como mínimo:
1.1 Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del estudio de viabilidad incentivado objeto de la ayuda, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones, incluyendo el programa de trabajo con el soporte documental de los resultados de ensayos, analíticas y sondeos (diagrafías, master log, pruebas de producción, modelo 3D, entre otros). Y en su caso, información sobre la modificación de las condiciones técnicas declaradas en el momento de la solicitud en la memoria descriptiva de las actuaciones.
1.2 Relación de las preceptivas licencias, permisos, concesiones y autorizaciones administrativas con las que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
1.3 Reportaje fotográfico de los ensayos, instrumental y equipos principales, debidamente identificados, y donde se muestre, de ser aplicable, el cartel publicitario de las actuaciones. Información y enlace al sitio de Internet del beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde éste informará al público del apoyo obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
1.4 Informe que contenga:
– Justificación del cumplimiento por el estudio de viabilidad del principio de no causar perjuicio significativo (principio do no significant harm – DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
– Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo
2.º La memoria económica abreviada. Esta memoria económica incluirá, al menos:
2.1 El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. Los documentos originales, o convertidos a formato electrónico, acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder del beneficiario, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con las facturas aportadas y deberán permitir identificar al beneficiario siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al tercero que percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación definido en la presente Orden de Bases, con su correspondiente justificante, y no aceptándose pagos en metálico. La fecha de los justificantes de pago deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
2.2 La relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago y copia de los mismos.
2.3 En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los contratos suscritos por el beneficiario para la realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios de licitación y formalización de contratos, acuerdos del órgano de contratación. Se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros, de conformidad con lo establecido por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2.4 Asimismo, debe acreditar:
2.4.1 La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y el mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, cuando le resulte de aplicación.
2.4.2 La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del análisis y comprobación de la justificación realizada por el beneficiario sobre dicho proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
2.4.3 Que dispone de, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el resuelve octavo.
2.4.4 El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas al beneficiario, de conformidad con lo establecido en la presente Orden de Bases.
2.4.5 Debe acreditar la existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de incentivos, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.
b) Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado a) anterior, el beneficiario deberá presentar los siguientes documentos:
b.1 Documentación justificativa de que el beneficiario es titular del número o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b.2 Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c) La acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. La presentación de la cuenta justificativa suscrita por el beneficiario incluirá autorización expresa para la realización de dichas consultas telemáticas. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios deberán de aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el órgano concedente requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
5. Toda la documentación justificativa será revisada durante el proceso de evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente. En el caso de que así se dispusiera en la convocatoria, IDAE podría contratar una asesoría técnica a un medio externo para un correcto seguimiento de las actuaciones subvencionadas necesarias para la realización del estudio de viabilidad.
6. En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
7. La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en ningún caso la aceptación de cualquier desviación existente con respecto a lo establecido en la resolución de concesión de subvención.
8. La no justificación en plazo por parte de las entidades beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho a su percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido hasta el momento.
9. El órgano instructor podrá requerir al beneficiario la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
10. El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto, quedando el beneficiario obligado a facilitarlas.
11. El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que estime oportuno y/o, por otro, utilizar los servicios de empresas independientes especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para realizar la inspección y el seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se pueda comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se conceden las ayudas así como todo lo relacionado con el procedimiento de control establecido.
12. El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años en general y de tres años en los casos en los que la financiación sea de un importe igual o inferior a 60.000 €,a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de las actuaciones y costes subvencionables necesarios para la ejecución de las actuaciones correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el órgano concedente le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
13. Con independencia de lo anterior, el órgano Instructor podrá elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
1. Los beneficiarios que lo soliciten, mediante escrito dirigido a la Dirección General del IDAE, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia convocatoria, podrán solicitar anticipos como máximo del importe de la ayuda concedida, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Ser titular de un permiso de investigación.
b) La solicitud de anticipo deberá ser aceptada por el órgano concedente, que podría denegarla o condicionarla a la entrega de documentación adicional.
c) El anticipo se abonará, en su caso, teniendo en consideración las garantías asociadas reguladas a tenor de lo establecido en el artículo 25.
d) En el supuesto de incumplimientos imputables al beneficiario que reduzcan la cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en el artículo 29. El órgano concedente notificará al beneficiario las cantidades que deba reembolsar del anticipo percibido.
e) Dichos anticipos no superarán el 100 % del importe total de la ayuda que se vaya a conceder al beneficiario.
f) Dichos anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir gastos del estudio de viabilidad objeto de subvención.
g) De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado.
h) Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
i) La solicitud de anticipo podrá realizarse desde la notificación de la resolución definitiva hasta seis meses antes de la finalización del plazo máximo de ejecución. En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico para solicitar el anticipo de la ayuda y la liquidación de las ayudas concedidas.
2. El anticipo será atendido en función de las disponibilidades presupuestarias, teniendo en consideración las garantías asociadas exigidas según lo expuesto en el artículo 25 de esta Orden de Bases y en las correspondientes convocatorias, en los términos y condiciones regulados en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Las garantías deberán ser constituida por el beneficiario, a disposición del IDAE.
2. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, bajo la modalidad de aval o seguro de caución, en la forma y procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
3. Cuando proceda, la incautación se realizará según la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías recogida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
4. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6 de esta Orden de Bases dará lugar a la incautación de las garantías establecidas en el presente artículo.
5. La descripción de la obligación garantizada incluirá el texto que se establezca en la correspondiente convocatoria.
6. Las garantías se liberarán tras la certificación final definitiva, si en ella se acredita el cumplimiento total de la ejecución de las actuaciones y condiciones del estudio de viabilidad o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda correspondiente.
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el estudio de viabilidad se encuentra totalmente finalizado en plazo en virtud del artículo 22 y emitida la certificación final definitiva prevista en esta orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía que corresponda.
7. Procederá la constitución de garantías relativas a los pagos anticipados asociados al programa, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) El abono del anticipo será objeto de una garantía con arreglo a lo previsto en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A estos efectos, no será de aplicación la exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho reglamento.
b) La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
c) Previo al abono del anticipo, en los términos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor del órgano concedente.
d) El período de vigencia de la garantía será de duración indefinida, teniendo validez hasta su cancelación por parte de IDAE, sin perjuicio de los límites establecidos en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
e) El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía. El período de cálculo de interés comprenderá como mínimo el plazo máximo de finalización del estudio de viabilidad más un período de 18 meses.
f) La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al beneficiario supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del estudio de viabilidad.
g) En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación final definitiva fuera inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada.
h) En caso de otros incumplimientos y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda.
8. Procederá la constitución de garantía para la realización del estudio de viabilidad, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La solicitud deberá ir acompañada del resguardo de la Caja General de Depósitos acreditativo de haber depositado una garantía económica a favor del IDAE. A estos efectos, será de aplicación la exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho reglamento. La cuantía de la garantía será del 5 % del coste subvencionable del estudio de viabilidad.
b) El período de vigencia de la garantía será de duración indefinida, teniendo validez hasta su cancelación por parte de IDAE, sin perjuicio de los límites establecidos en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
c) Una vez se publique en la sede electrónica del IDAE la resolución definitiva de concesión de la ayuda, el IDAE procederá de oficio a la cancelación de la garantía de aquellas solicitudes que no hayan sido beneficiarias de ayudas.
d) Una vez superado el plazo de realización del estudio, previsto en el artículo 22, se procederá a la incautación de la garantía constituida para garantizar la correcta ejecución del estudio de viabilidad cuando la realización del estudio de viabilidad se haya realizado con manifiesto incumplimiento de los requisitos establecidos.
1. El beneficiario recibirá la subvención correspondiente a la ayuda concedida, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del estudio y se certifiquen los costes subvencionables incurridos.
2. No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3. Para tramitar el pago final de la ayuda deberán haberse entregado los documentos acreditativos de que las actuaciones del estudio de viabilidad objeto de ayuda han sido efectivamente realizadas en las condiciones impuestas por esta Orden de Bases, la normativa de aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación de los costes subvencionables y la ejecución total de las actuaciones correspondientes al estudio.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente forma:
4. A la finalización del estudio, y una vez realizada la correspondiente verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Orden de Bases, así como de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será notificado por el órgano instructor a la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica del IDAE, otorgándose un plazo de diez días hábiles a ésta para formular alegaciones. Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se formulará por el órgano instructor certificación final definitiva de verificación, con la que se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta certificación final definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así como cualquier otra información que la correspondiente convocatoria pudiera especificar.
5. En el caso de que si así se dispusiera en la convocatoria, si el beneficiario hubiera solicitado el pago anticipado de la ayuda, las garantías se liberarán, de oficio, tras la verificación final de la ejecución del estudio, una vez acreditado el cumplimiento total de los objetivos y condiciones del estudio y la inversión válidamente justificada resulte igual a la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial del importe cobrado en exceso, incrementado en los intereses que correspondan.
En el caso de que el importe de la ayuda que finalmente corresponda fuera inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada por el importe que corresponda al importe cobrado en exceso más los intereses que correspondan.
1. El órgano concedente en el ámbito de sus competencias, garantizará la adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y comprobación de las mismas.
2. Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto social y económico de los estudios financiados, para lo cual podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.
3. El seguimiento de las actuaciones incluidas en el estudio de viabilidad se realizará en los términos que determinen las convocatorias.
4. Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido en la resolución de concesión.
5. Las convocatorias podrán especificar el cumplimiento de hitos de control intermedios.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previst