Categoría: Administración

el cambio sea aceptado expresamente por la Dirección General de Ordenación del Juego mediante la correspondiente resolución.
c) Que no dañe derechos de terceros.
d) Que la solicitud de modificación se haya presentado antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
e) Que la modificación no suponga un incremento de la subvención concedida.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de modificación señalada en el párrafo b) del apartado 3 es de tres meses desde que se produzca la comunicación a la Dirección General de Ordenación del Juego de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de modificación de la subvención.
No será necesaria autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego prevista en el párrafo b) del apartado 3 para los incrementos de hasta un 20 % en los conceptos objeto de subvención que figuren en la resolución de concesión de entre los previstos en el artículo 7.2 de estas bases reguladoras, que compensen con disminución de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda.
5. En el marco de lo establecido en este artículo, las convocatorias podrán, en su caso, concretar las condiciones específicas de cada modificación.
1. La subvención concedida por otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos internacionales, será compatible con la que se regula en esta orden, siempre que conjuntamente no superen el 100 % del total del proyecto subvencionado. En tal caso, el importe máximo de la subvención a conceder vendrá determinado por dicho límite.
En el supuesto de que se supere ese porcentaje, deberá minorarse la subvención concedida por la persona titular del Ministerio de Consumo.
2. El solicitante deberá declarar las ayudas que ha obtenido o solicitado, tanto al iniciarse el trámite como en cualquier momento en que se notifique la concesión de una ayuda o subvención.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el procedimiento sancionador.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas más los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su reglamento de desarrollo.
2. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de quince días hábiles.
Corresponderá dictar la resolución del expediente a la persona titular del Ministerio de Consumo debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe de la subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.
3. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora y financieros se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso modelo 069, para hacer efectivo el pago.
En los casos de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, la cantidad a reducir de la subvención concedida vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento de los fines para los que se concedió la subvención o de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, o la presentación fuera de plazo de los documentos asociados a dicha justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la subvención concedida.
b) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la subvención, la cantidad a reducir de la subvención concedida vendrá determinada exclusivamente por la cuantía correspondiente al importe del gasto subvencionable no justificado.
c) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable supondrá la reducción de las cantidades desviadas.
Esta orden ministerial se ampara en la competencia que al Estado confiere la regla 15.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 24 de mayo de 2022.–El Ministro de Consumo,Alberto Bravo Lozano Durán.