Categoría: Administración

La finalidad perseguida por la Administración General del Estado con las subvenciones reguladas en esta orden de bases es favorecer el acceso a las actuaciones en materia de prevención y control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) por parte de la población general y de aquellos grupos de la población más expuestos o vulnerables frente a estas infecciones, a tenor de la distribución y epidemiología de estas infecciones.
En la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se atribuye a la Administración General del Estado el desarrollo de actuaciones de coordinación de los servicios competentes de las distintas administraciones públicas sanitarias en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia de interés nacional e internacional y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se describen las actuaciones en promoción de la salud y el apoyo y colaboración de las administraciones públicas con las entidades y organizaciones que desarrollen actividades de salud pública. Asimismo, se establece que las acciones de protección de la salud se desarrollarán de acuerdo a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la máxima eficacia y eficiencia y que las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de protección de la salud. A la autoridad sanitaria estatal le corresponde con carácter general la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que presenten riesgo evidente para la salud de la población, siempre que la evidencia disponible así lo acredite.
Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico vigente en España de prevención y control de la infección por VIH y otras ITS (en adelante, Plan Estratégico). En todo caso, se atiende a sus principios rectores de cobertura universal en salud, equidad, apropiación, coordinación y complementariedad y a los enfoques transversales de derechos, género, situación migratoria y diversidad sexual, contribuyendo a los objetivos del citado Plan Estratégico.
Esta línea de subvención se incluye en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 con los objetivos de financiar actuaciones de prevención y control de la infección por VIH/Sida y otras ITS tanto dirigidos tanto a población general como a colectivos específicos con mayor riesgo de adquisición de la enfermedad o en situación de vulnerabilidad y la mejora de la calidad de vida de las personas infectadas por el VIH o con diagnóstico de sida; disminuir el número de nuevas infecciones por el VIH; fomentar el diagnostico precoz de VIH e ITS; mejorar la calidad de vida de las personas con infección por VIH y otras ITS; prevenir comorbilidades asociadas y disminuir la discriminación de las personas con VIH e ITS, para lo que se cuenta con indicadores incluidos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023.
Los programas impulsados por las administraciones sanitarias en la prevención y control de las infecciones por VIH y otras ITS son coordinados a través de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas sobre el Sida, cuya composición, funcionamiento y adscripción al Ministerio de Sanidad viene determinada en el Real Decreto 592/1993, de 23 de abril, por el que se determina la composición y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, que asegura la participación de las administraciones sanitarias autonómicas a través de su representación institucional en esta Comisión. Con estas ayudas, se pretende promover, coordinar y complementar coherentemente las actuaciones de las diferentes administraciones sanitarias dirigidas a controlar la transmisión de la infección por el VIH y otras ITS en nuestro país, a través de la armonización de las actuaciones en esta materia de las entidades no gubernamentales y comunitarias sin ánimo de lucro. Se trata, por tanto, de facilitar la implementación de medidas, actuaciones y programas de alcance estatal con una vocación clara de complementación de la actividad que desarrolla cada comunidad autónoma, siempre en el marco de los programas coordinados a través de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas sobre el Sida.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala la gestión por la Administración General del Estado de las subvenciones que tengan carácter supraautonómico, en aras de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional (STC. 146/1986, de 25 de noviembre).
Las características de estas subvenciones amparan un modelo de gestión centralizada, conforme a la Constitución Española y al supuesto excepcional admitido por el Tribunal Constitucional, al tratarse de ayudas económicas a entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es estatal que incluyen objetivos y actividades que precisan de una gestión centralizada y trascienden la compartimentación en ámbitos territoriales. En todo caso, las actuaciones a subvencionar en las convocatorias reguladas por esta orden se ajustarán al ámbito de competencias de la Administración General del Estado. En este caso, la base constitucional que sustenta esta intervención se encuentra en la competencia exclusiva que ostenta el Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad, conforme al artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española.
La multidimensionalidad de la actuación tanto por la diversidad temática como por los distintos destinatarios de la misma, que afecta de manera desigual a los distintos territorios, y que, en consecuencia, genera en los posibles beneficiarios de estas ayudas características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de los proyectos, hace que resulte imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las comunidades autónomas. Así, este cumulo de circunstancias impiden la previa territorialización de los créditos entre las comunidades autónomas y exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar la igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en su sentencia 13/1992, de 6 de febrero, la centralización «sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al mismo tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector».
En un supuesto similar, resuelve el Tribunal Constitucional en sentencia 15/2018, de 22 de febrero, indicando que «la previa territorialización de los fondos asignados a la compra de estos créditos determinaría inevitablemente la consecuencia de que en alguna Comunidad Autónoma quedaran proyectos que no podrían beneficiarse de esta posibilidad por haberse agotado en ella los fondos asignados mientras que en otras quedaran fondos excedentes por no haberse presentado proyectos que reunieran las condiciones exigidas para su adquisición en la correspondiente convocatoria». Por todo ello, resulta imprescindible una acción centralizada como la que se establece en la presente orden ministerial.
Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma la armonización de los criterios que deben guiar la concesión de estas ayudas. Para la efectiva aplicación de dichos criterios es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos destinados a incentivar las citadas actuaciones en cualquier punto del territorio nacional.
Con carácter general, estas ayudas se destinarán a las prioridades de actuación señaladas en el Plan Estratégico que se determinen en cada convocatoria y a programas de ámbito nacional o supraautonómico, entendido este como un número igual o superior a tres comunidades o ciudades autónomas. La concesión de estas ayudas se efectuará en un régimen de concurrencia competitiva. Ello, no obstante, como se ha indicado, estas ayudas no comportan el establecimiento de actuaciones estanco, sino, por el contrario, se pretende conseguir una coordinación y complementariedad con las actuaciones impulsadas por las propias comunidades autónomas. Además, se pone de manifiesto que no se han producido hasta el momento presente controversias competenciales en relación con estas ayudas.
Las subvenciones reguladas en la presente orden no implican ayuda de estado, de conformidad con el artículo 107.1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE), que define las ayudas de Estado como «las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». Asimismo, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 del TFUE (2016/C 262/01), en la que aclara los distintos elementos constitutivos del concepto de ayuda de estado, el mismo no sería aplicable a las subvenciones que se vienen a regular, al no concurrir los requisitos que determinan la existencia de una empresa, u otros como la concesión de una ventaja y su efecto sobre la competencia y los intercambios comerciales.
La presente orden de bases reguladoras se justifica por el desarrollo normativo ocurrido desde la entrada en vigor de la orden de bases reguladoras previa, Orden SAS/1462/2010, de 28 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación de programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA, que conduce a una necesaria actualización de la misma. La presente orden de bases se sustenta en la experiencia de gestión y su régimen jurídico regulados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La gestión de esta línea de subvención estará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar la adecuación de la presente orden a los principios de buena regulación; principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Concretamente, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las referidas actuaciones en materia de prevención y control de la transmisión de VIH y otras ITS y resulta proporcional porque se trata de un instrumento útil y pilar necesario para la ejecución de la acción con poblaciones expuestas o especialmente vulnerables. Además, no existe alternativa efectiva a la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la financiación de intervenciones dirigidas a la prevención y control de la transmisión del VIH y otras ITS.
Igualmente, se cumple el principio de proporcionalidad, dado que la presente iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Esta norma garantiza el principio de seguridad jurídica y responde a razones de interés general, con respeto al principio de lealtad institucional y en colaboración con los órganos competentes de la Administración General del Estado, con el resto de administraciones públicas competentes, con la sociedad civil, el sector privado y la sociedad en su conjunto.
En aplicación del principio de transparencia se han definido claramente el alcance y objetivo y atiende al principio de eficiencia, al no suponer cargas administrativas accesorias y contribuir a la gestión racional de los recursos públicos existentes.
Esta orden, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad. Asimismo, ha sido sometida a los trámites de consulta pública previa y de información pública, se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y ha informado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El citado artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a la financiación de gastos ocasionados por actuaciones dirigidas a la prevención y control de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (en adelante, VIH) y otras infecciones de transmisión sexual (en adelante, ITS), en la población en general y en colectivos vulnerables, expuestos o afectados por dichas infecciones.
2. Las actuaciones subvencionadas de prevención y control de las infecciones por VIH y otras ITS estarán alineadas con las acciones del Plan Estratégico vigente y sometidas a sus orientaciones y objetivos.
3. En cada convocatoria, se indicarán las prioridades para el desarrollo de actuaciones de prevención y control.
1. Las subvenciones cuyo objeto se recoge en el artículo anterior, se regirán por lo previsto en esta orden y en todo caso, por lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
2. Las subvenciones que se otorguen en virtud de esta orden, en cuanto que financian actividades no económicas, no tendrán la consideración de ayudas de Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión relativa al marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01) y, por lo tanto, no les será de aplicación lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias aquellas entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro que reúnan todos los requisitos siguientes, con vigencia acreditada en el momento de presentación de la solicitud y hasta finalizado el plazo de ejecución:
a) Estar legalmente constituidas y poseer personalidad jurídica propia.
b) Tener un ámbito de actuación estatal según sus estatutos o normas por las que se rijan.
c) Tener fines institucionales según sus propios estatutos o normas por las que se rijan, adecuados y compatibles con las actividades consideradas financiables en cada convocatoria.
d) Cumplir con los requisitos para acceder a la condición de entidad beneficiaria establecidos en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Cumplir con los requisitos previstos en los artículos 57 a 59 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el supuesto de que el programa objeto de la subvención incluya como destinatarios a personas menores de edad.
f) No incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro que reúnan las siguientes condiciones:
a) Cada entidad integrante de una agrupación reunirá los mismos requisitos exigidos a las entidades en el apartado 1.
b) Las agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada entidad que la conforma y el importe de la subvención a aplicar a cada una de ellas.
c) Deberán contar con un representante, nombrado entre las entidades, con poder bastante y vigente en el momento de la solicitud y durante el plazo de ejecución del programa, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
d) El programa para el que se solicite la subvención deberá, obligatoriamente, tener carácter unitario.
e) La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Podrán acceder a la condición de beneficiarias las federaciones y confederaciones que reúnan los requisitos siguientes:
a) Los enumerados en el apartado 1 de este artículo.
b) El programa para el que se solicite la subvención deberá, obligatoriamente, tener carácter unitario.
4. El cumplimiento de los requisitos enumerados en los apartados anteriores podrá acreditarse mediante declaración responsable, conforme al artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 24.7 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que deberá estar firmada por el representante legal de la entidad, agrupación de entidades, federación o confederación beneficiarias. Esta declaración responsable no eximirá de la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos con carácter previo a la propuesta de resolución de la concesión de subvención.
5. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales, las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades científicas, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.
1. La concesión de las subvenciones reguladas por la presente orden será financiada con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad y quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión, con arreglo a lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias determinarán los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.
1. Podrán solicitar estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de entidades, federaciones o confederaciones que acrediten el cumplimiento de los requisitos contemplados en los puntos primero, segundo y tercero del artículo 3, según corresponda.
2. En el momento de la presentación de la solicitud, las federaciones y confederaciones solicitantes deberán aportar, junto a la solicitud, el compromiso, en su caso, de las entidades miembros de efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la subvención, así como la documentación a que se refieren los apartados siguientes correspondiente a cada una de estas entidades.
3. La acreditación de tales requisitos podrá realizarse del siguiente modo:
a) La acreditación de que la entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social se realizará mediante la presentación de las certificaciones previstas en el artículo 22.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la entidad beneficiaria podrá autorizar al órgano competente para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
b) En el caso de solicitar financiación para un programa que incluya entre las personas beneficiarias a población menor de edad, en virtud de lo previsto en los artículos 57 a 59 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las entidades beneficiarias han de presentar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, la cual podrá sustituirse por una declaración responsable en el momento de la solicitud de la subvención, pero deberá aportarse aquella certificación con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) El cumplimiento de las demás condiciones enumeradas en el artículo 3 podrá acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal del beneficiario, sin perjuicio de que el órgano instructor requiera la documentación acreditativa en cualquier momento y por comparecencia en sede electrónica, del cumplimento de las condiciones de acceso de los beneficiarios a la subvención y que se determinará en la convocatoria correspondiente. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención.
1. Las solicitudes de subvención y la documentación correspondiente se dirigirán a la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, por medios electrónicos. La presentación de la solicitud deberá ajustarse a los formatos establecidos a tal efecto incluidos en cada convocatoria, a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad.
2. El plazo de presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente convocatoria, no pudiendo ser inferior a diez ni superior a treinta días hábiles, a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3. La presentación de solicitud deberá ajustarse a los formatos establecidos a tal efecto, incluidos en cada convocatoria a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad.
4. La presentación de solicitudes por medio de representante legal requiere la acreditación de la representación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículo 32 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
5. Si la solicitud presentada no reuniera los datos de identificación o de acreditación de cumplimiento de la condición de beneficiaria de la entidad, federación, confederación o agrupación de entidades, se requerirá a la solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa notificación de la resolución que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 21 de la misma Ley.
1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial del Estado que incluirá el contenido previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS), junto con un extracto de la misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
3. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conforme al artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública, en virtud del apartado 8. f) del artículo 4 del Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. A efectos de la comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención, se recabará el bastanteo de la documentación administrativa presentada por el solicitante, conforme a los términos del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El órgano instructor realizará una primera evaluación de índole técnica en base a los criterios de valoración contemplados en el artículo 12 y en el anexo.
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para el estudio y valoración de solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación de Proyectos (en adelante, Comisión de Evaluación), cuyo funcionamiento se atendrá a lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
a) Dos representantes del Ministerio de Sanidad: las personas titulares de la Dirección General de Salud Pública y de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, que ejercerán la presidencia y la secretaría de la Comisión, respectivamente. La persona titular de la secretaría tendrá voz y voto. Las titulares podrán ser sustituidas en la Comisión de Evaluación por personal funcionario de las citadas Dirección General y División.
b) Dos representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla designados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que designará titular y suplente por cada representante. Para ello, se utilizará una tabla ordenada según uno de los indicadores de seguimiento del Plan Estratégico. De esta tabla se elegirán dos comunidades autónomas que, con carácter consecutivo y anual, ostentarán la representación autonómica. Esta tabla se actualizará periódicamente una vez que todas las comunidades y ciudades autónomas hayan ostentado esta representación.
5. La persona titular de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, elevará a la Comisión de Evaluación un informe descriptivo de la convocatoria que contenga al menos el número de entidades solicitantes, número y tipo de proyectos solicitados y cuantías solicitadas, junto con el resultado de la evaluación técnica.
6. Corresponde a la Comisión de Evaluación, de acuerdo con los criterios de valoración del artículo 12 de la presente orden y anexo, emitir un informe de valoración dirigido al órgano instructor en el que se concrete el resultado de la valoración realizada, la prelación de las solicitudes y la cuantía propuesta para subvención.
7. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Evaluación, efectuará la propuesta de resolución provisional que publicará en el portal de internet del Ministerio de Sanidad y lo comunicará a los interesados por medios electrónicos a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad, concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. La propuesta deberá contener la relación de entidades solicitantes para las que se propone financiación y su cuantía, desglosada para cada programa y según concepto de gastos. Asimismo, contendrá la relación de solicitantes inadmitidos, excluidos, o en su caso, ambos, y sus causas.
1. En el caso de que el importe de la propuesta de resolución provisional sea inferior al de la solicitud presentada, se requerirá a la entidad, federación, confederación o agrupación de entidades solicitante la presentación de una reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos económicos y los aspectos técnicos a la cuantía propuesta, en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación.
2. La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como mantener el cumplimiento de los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes. El programa reformulado contendrá al menos la nueva previsión de gastos, desglosada por conceptos, ajustada a la propuesta de resolución provisional y la nueva memoria del programa que señale la adaptación realizada, sin perjuicio de que el órgano instructor identifique contenidos o cambios adicionales a realizar en la reformulación y que en cada convocatoria se determinen.
3. La reformulación de la solicitud deberá ajustarse a los formatos establecidos a tal efecto incluidos en cada convocatoria, a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad. De no presentarse la reformulación, se exigirá la justificación del desarrollo del proyecto en los mismos términos que los recogidos en la solicitud inicial.
4. Una vez examinadas las memorias reformuladas y las alegaciones de los interesados, la Comisión de Evaluación informará de la citada revisión para la formulación de la propuesta de resolución definitiva por el órgano instructor, que será elevada al órgano competente para la resolución del procedimiento. La propuesta de resolución definitiva deberá contener la relación de entidades beneficiarias solicitantes con indicación de la cuantía de la financiación concedida desglosada por programa y concepto de gasto, así como la relación de solicitantes inadmitidos, excluidos, o en su caso, ambos, y sus causas.
1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad.
2. La Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, dictará resolución motivada de concesión de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria e incluyendo la relación de entidades y los programas para los que se concede subvención por orden de prelación con indicación de la cuantía de la subvención. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia del derecho, inadmisión o imposibilidad material sobrevenida.
3. La resolución de concesión se publicará en el portal de internet del Ministerio de Sanidad y se comunicará a los interesados por medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución no podrá exceder de seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, según se establece en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del plazo máximo de resolución y publicación, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La concesión de una subvención al amparo de esta orden no comporta obligación alguna por parte del Ministerio de Sanidad de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para programas similares.
6. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, potestativamente, recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Sanidad en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad, o impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
1. La percepción de esta subvención será compatible con otras ayudas o subvenciones que puedan conceder otras Administraciones públicas, entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, tanto locales, autonómicas y nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, sin que aisladamente o en concurrencia con otra, se pueda superar en ningún caso el coste total del programa objeto de subvención de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las entidades, federaciones, confederaciones o agrupaciones de entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que hayan obtenido para la misma actividad o programa con independencia de las fuentes de financiación y aceptarán las eventuales minoraciones aplicables, conforme al artículo 34 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este caso, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del programa subvencionado, junto con la exigencia del interés de demora correspondiente.
La declaración de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos se realizará a través de comunicación electrónica al órgano instructor a la mayor brevedad posible desde que se tenga conocimiento de ello, indicando el importe y la procedencia.
1. La adecuación de los programas a los señalados como prioritarios en cada convocatoria es una condición de obligado cumplimiento para el otorgamiento de subvención.
2. Para el otorgamiento de las subvenciones reguladas en esta orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Se requiere alcanzar una puntuación mínima exigida para optar a concesión de subvención que se determina en el anexo a esta orden.
b) La valoración de las entidades, agrupaciones de entidades, federaciones o confederaciones supondrá el 10% del total.
c) La valoración de los programas supondrá el 60% de la puntuación total.
d) La valoración de la coordinación general de acciones, supondrá el 20% del total.
e) La valoración de innovación o respuesta a necesidades emergentes, supondrá el 10% de la puntuación total.
La puntuación mínima exigida, los criterios de valoración de las entidades, de valoración técnica de los proyectos y programas solicitados, así como la valoración de la coordinación general de acciones y la respuesta a necesidades emergentes se detallan en el anexo de la presente orden.
3. Para la consideración de los criterios de valoración se contará con una guía y cuestionario de evaluación.
1. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas se determinará en cada convocatoria y no podrá superar un máximo de 24 meses.
2. En cada convocatoria se indicará la documentación de obligada presentación al órgano instructor por parte de las entidades, federaciones, confederaciones o agrupaciones de entidades que hayan recibido financiación para programas con un plazo de ejecución superior a 12 meses.
1. Tanto la concesión de la subvención, como su cuantía, quedarán supeditadas a la disponibilidad presupuestaria correspondiente del Ministerio de Sanidad.
2. La cuantía de la subvención concedida a un programa no superará, con carácter general, el 15% del importe total disponible en cada convocatoria. Con carácter excepcional se podrán conceder cantidades superiores hasta un límite máximo del 25% del importe total disponible, en cuyo caso será obligada la motivación y consideración favorable de la Comisión de Evaluación.
3. La cuantía individualizada de la subvención se propondrá en base a los siguientes criterios: proporcionalidad de solicitudes presentadas, calidad técnica del proyecto y adecuación a las prioridades y líneas de acción priorizadas.
4. Se consideran gastos subvencionables, conforme al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en el artículo 13.1 de la presente orden. En ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
5. Se considerará gasto realizado, a los efectos previstos en estas bases reguladoras, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, y que corresponda a gastos devengados en el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán sometidos a las siguientes limitaciones:
a) Gastos de desplazamientos, alojamientos y manutención: No podrán superar en su conjunto el 8% del importe total del programa. Este tipo de gastos se atendrán, por analogía, a lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siéndole de aplicación las cuantías correspondientes al grupo 2 en vigor en cada momento. Dentro de este concepto podrán computarse las indemnizaciones que se efectúen a favor del voluntariado de la entidad para cubrir gastos de traslados o manutención en los términos descritos en los artículos 3, 8, 10 y 12 y apartados g) e i) del artículo 6.1 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre, del voluntariado.
No serán objeto de subvención los gastos de taxi o de vehículos de transporte con conductor (VTC), salvo en casos extraordinarios debidamente justificados.
b) Las retribuciones del personal contratado imputables a la subvención estarán limitadas por las establecidas en el Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, vigente en el momento de la convocatoria. A las retribuciones se sumarán los gastos de Seguridad Social correspondientes a la empresa y que se devenguen por el importe de las retribuciones objeto de subvención y su total constituirá el gasto subvencionable por costes de personal. Se podrá considerar también los gastos derivados del personal administrativo.
c) Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, modalidad ésta que siempre tendrá carácter excepcional, se admitirán únicamente en los casos en que, por las especiales características del programa, no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a contrato laboral en la entidad. Estas retribuciones quedarán también afectadas, con carácter general, por las limitaciones señaladas en el apartado anterior.
d) Gastos de gestión y administración, así como los gastos generales indispensables para la adecuada preparación, ejecución o justificación de las actividades del programa, se limitarán al porcentaje que se determine en cada convocatoria y en ningún caso excederá el 10% del importe total subvencionado, pudiéndose imputar a estos gastos, los costes derivados de las auditorías externas para la justificación económica del programa.
e) Gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa del programa por auditoría hasta un límite del 6% del presupuesto del programa subvencionado y en ningún caso superior a la cuantía que se determine en cada convocatoria. Estos gastos se incluirán en el presupuesto del programa solicitado y del programa subvencionado.
f) Los gastos indirectos subvencionables no podrán superar en conjunto el límite máximo del 5% de los gastos directos justificados, sin que sea preciso su justificación documental conforme a lo dispuesto en el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, General de subvenciones. No obstante, estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la beneficiaria, en la que se describirán los tipos de gastos incluidos y los importes destinados a cada uno de ellos.
7. En ningún caso serán gastos subvencionables, los gastos de amortización de bienes inventariables, de adquisición de bienes inmuebles, los intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, los gastos de procedimientos judiciales, previstos en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los gastos originados por las actividades realizadas en la condición de miembros de las Juntas directivas, consejos de dirección u órganos de gobierno de las entidades, según la normativa que las rija.
8. En el caso de que la subvención incluya la autorización de gasto para la adquisición de bienes inventariables y una vez concluido el periodo de ejecución del programa, dichos bienes deberán permanecer en la entidad beneficiaria y servir para los mismos fines para los que fue adquirido durante un mínimo de 2 años o hasta la finalización de la vida útil del mismo.
9. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida, conforme al punto 5 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la subvención y mediante certificación acreditativa que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
2. Con carácter general, las subvenciones se percibirán en un único pago anticipado.
3. Las subvenciones que transcurran en un plazo superior a doce y hasta un máximo de veinticuatro meses, se percibirán conforme al artículo 57 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se podrán realizar pagos anticipados en las subvenciones que transcurran entre los doce y los 24 meses, que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a los términos del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En la convocatoria correspondiente se determinará la documentación necesaria a presentar por la entidad, agrupación, federación o confederación beneficiaria que informe y justifique la evolución de la ejecución de las actividades subvencionadas.
4. En la convocatoria correspondiente se determinará la naturaleza plurianual de la tramitación para aquellas subvenciones que se desarrollen en un plazo superior a doce y hasta un máximo de veinticuatro meses.
5. Considerando el carácter de los beneficiarios como entidades no lucrativas para desarrollar proyectos o programas con fines de acción social, no se constituirá garantía, según lo previsto en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Las entidades beneficiarias de la subvención, además de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Realizar el programa que fundamenta la concesión de la subvención respetando el objeto de la misma, así como respetando que se trate de programas de ámbito nacional o supraautonómico, entendido éste como un número igual o superior a tres comunidades o ciudades autónomas.
b) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades objeto de subvención, así como a las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones determinados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno. Cuando las entidades beneficiarias hicieran públicos los programas o actividades financiados en una convocatoria regulada por esta orden, deberán hacer constar expresamente el siguiente texto: «Subvencionado por el Ministerio de Sanidad» o la imagen institucional que corresponda.
c) Remitir al órgano instructor la maqueta o proyecto de cualquier material formativo o informativo tanto escrito como audiovisual –previsto entre las actividades incluidas en el programa– para la aprobación previa a su publicación y con una antelación mínima de quince días hábiles. Asimismo, deberá remitir al órgano instructor en el mismo plazo la información sobre la realización de cursos, jornadas, seminarios u otras actividades similares en relación con el proyecto subvencionado incluyendo al menos en la información remitida la convocatoria, el programa, calendario, contenidos, ponentes y participantes estimados.
d) Justificar ante el órgano instructor la realización del proyecto o programa que hayan sido objeto de subvención, de acuerdo con lo que dispone este artículo.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la subvención a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida.
f) Comunicar tras tener conocimiento, y en todo caso con anterioridad a la justificación final del programa, la obtención de otras ayudas para la misma finalidad procedentes de otros órganos de la Administración, otras administraciones públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.
g) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la entidad beneficiaria podrá autorizar al órgano competente para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, en cada caso, que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, de la Administración del Estado y de las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Reinvertir, en cualquiera de los programas subvencionados, los posibles ingresos que generen los programas subvencionados u otros rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios.
l) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los programas para los que se solicita la subvención.
De forma excepcional, los beneficiarios podrán subcontratar algunas de las actividades subvencionadas siempre que el programa así lo requiera, hasta el límite máximo del cincuenta por ciento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La subcontratación de actividades se solicitará expresamente en la solicitud de la subvención y deberá ser autorizada por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo que se determine en la convocatoria de la subvención.
m) Comunicar, al órgano instructor, cualquier variación producida