Categoría: Normativas

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concordancia con el Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
Primero. El gasto aplicado y afectado indubitativamente al presente convenio se justificará semestralmente. El periodo de ejecución semestral finaliza el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada anualidad, coincidiendo con el calendario del cumplimiento de los objetivos recogido en la cláusula octava. Esta justificación del gasto deberá presentarse por el Cabildo Insular antes de que finalice el mes siguiente al semestre a justificar, es decir, antes del 20 de julio y del 20 de enero. La justificación se hará acorde con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, «una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas».
Segundo. Presentar al final de la ejecución de las acciones, en un plazo máximo de tres meses a partir de dicha finalización, una cuenta justificativa final sobre la utilización de los fondos recibidos. Esta cuenta justificativa final incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en el convenio, con indicación del grado de cumplimiento de objetivos CID, del coste real de las acciones respecto del coste estimado inicialmente o revisado y la descripción de las acciones y de la manera de implementación de las mismas, así como de los mecanismos de control aplicados en su ejecución.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las acciones, que contendrá:
b.1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad. Y por cada uno de ellos, los datos de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación y fecha de la anotación contable e impuesto soportado.
b.2) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto anterior y la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los documentos contables expedidos por el sistema de la Corporación insular.
c) Una memoria descriptiva de las obligaciones de difusión realizadas en relación con las acciones subvencionadas, que incorpore copia de los materiales de divulgación, fotografía del cartel, etcétera y que permita acreditar el cumplimiento de la cláusula sexta de este convenio.
d) Copia de los materiales originados en la ejecución de las acciones, incluyendo estudios e informes.
e) En cuanto al cumplimiento del principio DNSH, se aportarán los documentos de verificación establecidos en la obligación octava de la cláusula quinta, sin perjuicio de que la Corporación aporte todos aquellos documentos que considere oportunos y contribuyan al cumplimiento de este principio fundamental del Mecanismo.
f) Por último y teniendo en cuenta que el mecanismo de verificación de la aportación de las acciones financiadas en este convenio para el cumplimiento de los Objetivos CID se debe ajustar a lo establecido en los Operational Arrangements (Disposiciones Operativas), acordadas entre la Comisión Europea y España y vigentes en la fecha de cumplimiento del Objetivo CID correspondiente, se aportará un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo ha siso satisfactoriamente cumplido. Este documento incluirá una hoja de cálculo con la siguiente información: a) el número de plazas individuales adaptadas, distinguiendo entre construidas o reformadas y, a su vez, identificándolas según sean residenciales, no residenciales o diurnas y que incorpore la localización exacta del centro y b) los códigos seguros de verificación de los certificados que demuestren que las acciones financiadas han sido concluidas (certificación de la comprobación material de la intervención a emitir por el órgano de control financiero de la corporación).
Tercero. La Consejería comprobará la documentación justificativa remitida y en caso de apreciar la existencia de defectos subsanables, lo pondrá en conocimiento del Cabildo Insular de La Gomera para su corrección.
El personal designado por la Consejería llevará a cabo asimismo la comprobación material de las actuaciones ejecutadas, pudiendo solicitar los accesos que precisen a los lugares de ejecución de los trabajos y cualquier documentación técnica existente sobre lo ejecutado.
La Consejería comprobará los extremos señalados en el artículo 36.3 del Decreto 36/2009:
a) La realización de la actividad conforme a las condiciones impuestas en el convenio, la normativa y los Acuerdos del CTSSySAAD aplicables a las inversiones financiadas con fondos provenientes del PRTyR.
b) El empleo de los fondos recibidos para la ejecución de las actuaciones.
c) El coste real ejecutado.
d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para las mismas acciones.
e) La obtención de ingresos propios o afectos a las actuaciones.
f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por la normativa aplicable y el presente convenio.
De las comprobaciones anteriores se dejará constancia mediante resolución de la Consejería en la que se declare expresamente, en su caso, justificada total o parcialmente la subvención. Dicho pronunciamiento se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.
Las ayudas reguladas en este convenio, reúnen las condiciones para calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normas aplicables. Estas ayudas no constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, al tratarse de un ejercicio de competencias públicas de carácter social.
En cualquier caso y respecto a la compatibilidad con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación, el Cabildo Insular de La Gomera debe aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa sobre ayudas de Estado y garantizar la ausencia de la doble financiación. Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las ayudas previstas deben respetar el principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación y, por lo tanto, solo se admitirá la compatibilidad siempre que quede garantizado que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE, Euratom 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero).
Asimismo serán compatibles con otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Las acciones llevadas a cabo por el Cabildo Insular no computarán para el alcance del objetivo CID establecido, 323, en el caso de que se haya llevado a cabo con financiación de otros fondos de la Unión Europea distintos de los pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en aplicación de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la ejecución de estos fondos en el marco de los convenios suscritos con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Correlativamente a las obligaciones asumidas en el presente convenio por parte del Cabildo Insular de La Gomera, se establecen las siguientes consecuencias en caso de incurrir en algún incumplimiento:
Primera. Cuando no se puedan lograr, en parte, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de La Gomera.
Segunda. Cuando no se puedan lograr, en su totalidad, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro total en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo de La Gomera.
Tercera. Cuando el Cabildo cumpla con los objetivos CID, pero con un gasto inferior a las cuantías reflejadas en el presente convenio: devolución de las cantidades percibidas y no aplicadas a la ejecución del presente convenio.
Cuarta. Cuando no pueda acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de La Gomera.
Quinta. Por la comisión de cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas y que conlleve el retorno de fondos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de La Gomera.
Primera. El presente convenio tendrá una vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.
La finalización de la vigencia del convenio se entiende sin perjuicio de las actuaciones relativas a la justificación de las acciones contempladas en el mismo.
Segunda. Se admitirán acciones iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020, en cumplimiento del artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y en la consecución del alcance de los objetivos del PRTyR deberán observarse los siguientes condicionantes, establecidos por los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el caso del Objetivo 323 el inicio efectivo de las acciones podrá haber tenido lugar desde el día 1 de febrero de 2020 y estarán finalizadas a 30 de junio de 2026.
Se tramitarán de oficio por el órgano concedente las modificaciones que se fundamenten en las circunstancias establecidas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
Antes de que concluya el plazo para la realización de las acciones para las que se haya obtenido la subvención con cargo a este programa, las entidades beneficiarias pueden solicitar modificaciones de la resolución de concesión ante el órgano concedente. Las modificaciones pueden solicitarse para la ampliación del plazo fijado, la reducción del importe concedido o la alteración de las acciones que se integran en la actuación; éstas serán autorizadas cuando se deriven de causas imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que se cumpla con lo preceptuado en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
No se podrán autorizar ampliaciones de plazos que pongan en riesgo el cumplimiento del horizonte temporal del objetivo CID 323 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De forma automática se puede proceder a la alteración de las cantidades que el Cabildo Insular ha propuesto repartir entre cada una de las actuaciones, así como la distribución de los créditos entre las distintas acciones de una misma actuación, en función de las circunstancias que puedan presentarse; así bien si se estará obligado a la comunicación de dicha modificación en el momento que se produzca.
Primero. Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto.
Segundo. Las partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos personales a los que tengan acceso. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este convenio, pudiendo ser comunicados recíprocamente, en los términos previstos en este Convenio, o cedidos a otros órganos administrativos o judiciales o Administraciones Públicas, en virtud de las competencias que la legislación les atribuya.
Tercero. Todo el personal, adscrito o no a la ejecución del presente convenio, que, por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, ocasional o habitual, tenga acceso a cualquier dato personal, tiene asimismo el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto, aun cuando dejare de prestar servicios para la administración pública.
Debido a la naturaleza de la aportación, consistente en fondos provenientes de créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el convenio se regirá, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que las entidades perceptoras de estos fondos deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o transposición de éstas.
Particularmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el caso de que en la ejecución de las acciones previstas en este convenio se celebren contratos que deban someterse a dicha ley y por las demás normas legales, reglamentarias y, en su caso, convencionales, que resulten de aplicación; particularmente por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de Hitos y Objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de los proyectos de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (documento CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del clausulado del presente convenio deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente o principio DNSH.
En todo aquello no previsto expresamente en el presente convenio y su normativa de aplicación directa, podrá recurrirse a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las restantes normas del Derecho Administrativo.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, conforme a lo que establece el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 40 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas al régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en todo aquello que constituya legislación básica, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias:
Primero. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Segundo. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y siguientes de la Ley 38/2003 y conforme al procedimiento sancionador previsto en el artículo 67.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación, cumplimiento y eficacia serán de conocimiento y competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en particular de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de acuerdo con las previsiones del artículo 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio; por la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Ramírez Marín Jiménez.–Por el Cabildo Insular de La Gomera, el Presidente, Casimiro Méndez Curbelo.
Este modelo se aprobó mediante Acuerdo alcanzado, el 16 de marzo de 2023, entre representantes del Departamento autonómico y representantes de todos los Cabildos Insulares. Y se ha realizado en función de los siguientes criterios:
El primer criterio de reparto, de los fondos asignados al programa 1-MRR, se concreta en el establecimiento de una parte fija y una parte variable. La parte fija consiste en la financiación determinada por las singularidades del territorio, recogidas en el artículo 53.2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC n.º 94 de 17 de mayo) y que, respecto a los criterios de financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales deberá tener en cuenta los costes derivados de la doble insularidad de las islas no capitalinas, cuya valoración podrá dar lugar al incremento del sistema de financiación que resulte necesario, siendo el valor de asignación la población empadronada.
La parte variable de la financiación se distribuye en función de diversos parámetros, determinados utilizando variables que cumplen criterios de transparencia, estabilidad y calidad. Estas variables se obtienen de fuentes oficiales y administrativas y de forma regular en el tiempo, son relativamente recientes, están disponibles desagregadas por islas, permiten atender equilibradamente a las necesidades territoriales e insulares y son pertinentes y no redundantes para los objetivos de la distribución.
Así la distribución de los fondos se realiza mediante las variables y ponderaciones siguientes:
Financiación determinada por la doble insularidad y que distribuye el 60 % de la asignación total del fondo, es decir, 43.200.000,00 €. Y medida a través de la población residente en el territorio a 01 de enero de 2022.
Financiación variable que distribuye el 40 % de la asignación total al programa, es decir, 28.800.00,00 €. Y cuyos indicadores obtuvieron el siguiente peso: 15,00 %, Variable X1: Población dependiente= población mayor o igual a 80 años; 5,00 %, Variable X2: Población potencialmente dependiente estimada entre 65 y 79 años; 25,00 %, Variable X3: Población potencialmente dependiente menor o igual de 65 años; 42,50 %, Variable X4: Ratio de plazas disponibles en relación al índice de cobertura promovido por la Organización Mundial de la Salud para personas mayores y 12,50 %, Variable X5: Ratio de plazas disponibles, índice modelo de cobertura del 5 % sobre el total de personas potencialmente dependientes entre 0 y 64 años.
Y con posterioridad al 24 de octubre de 2023, se estableció que el ochenta por ciento de la financiación adicional, que corresponde a la cantidad de 1.269.801,69 Euros, se distribuiría siguiendo el modelo de reparto inicial.
Y las cantidades asignadas para la Isla de La Gomera han quedado establecidas de la siguiente forma:
Síntesis de los criterios técnicos a seguir con respecto a las inversiones que en este convenio se financian para la aplicación conjunta del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE n.º 192 de 11 de agosto de 2022) y del Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias (BOC n.º 158 de 13 de agosto), reglamento modificado por Decreto 154/2015 (BOC n.º 128 de 3 de julio).
A) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado primero, de la letra b), del capítulo decimoséptimo del Título IV del Acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
B) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado a) y en los apartados primero y segundo de la letra b), del capítulo decimoséptimo del Título IV del Acuerdo. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
C) Las intervenciones que supongan la renovación, reforma o ampliación de centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado tercero de la letra b), del capítulo decimoséptimo, del Título IV del Acuerdo, en la medida que las instalaciones o la fase de ejecución o el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
D) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en la letra b) y en la letra c), en lo que les sea de aplicación, del apartado vigésimo primero del Título V del Acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
E) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin proyecto licitado, deberán aplicar lo indicado en el apartado vigésimo primero del Título V del Acuerdo. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
F) Las intervenciones que supongan la renovación, reforma o ampliación de centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en la letra b) y en la letra c), en lo que les sea de aplicación, del apartado vigésimo primero del Título V del Acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del Anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo.
D/Dña.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular, declara que con la formalización del presente convenio, el Cabildo Insular de La Gomera, en la condición de entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTyR), en el desarrollo de acciones necesarias para la consecución de los objetivos 323 y 470, este último por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la línea de inversión I1 del Componente 22 «C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología», manifiesta su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTyR, se compromete a respetar los principios de economía circular y a evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente en la ejecución de las acciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
A la fecha de la firma, D/Dña.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular, autoriza y concede los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo, así como a las autoridades nacionales competentes que ejerzan sus competencias de control y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, como receptor de los fondos desembolsados para las medidas de aplicación de las reformas y los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
D/Dña.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular, declara que con la formalización del presente convenio, el Cabildo Insular de La Gomera, en la condición de entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el desarrollo de las acciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en la Línea de Inversión 1 del Componente 22, declara conocer la normativa que es de aplicación, y en particular los siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, Manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
D/Dña.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular
Con NIF __________________________
Declaro bajo mi responsabilidad, que la entidad a la que represento, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante la implantación como al final de la vida útil, vela por el cumplimiento del principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:
Primero. No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación:
a) Mitigación del cambio climático (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero GEI).
b) Adaptación al cambio climático (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos).
c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas).
d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo para el medio ambiente).
e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo).
f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión).
Segundo. Que las acciones contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales asumidos por la Unión Europea y por España a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o PNIEC. En particular, que las reformas e inversión propuestas en el Componente 22 contribuyen en un 100 % al objetivo de integración del clima y en un 40 % al objetivo medioambiental, según define el ámbito de intervención 026 Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo del Anexo I del Reglamento 375/2018.
Tercero. Que las acciones que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y a su correspondiente Anexo.
Cuarto. Que las acciones que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.
Quinto. Que las acciones se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la Línea de Inversión 1 del Componente 22 y que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) y que se recogen en este convenio.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
D/Dña.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular, manifiesto que los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas que resultan de aplicación en la financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular las normas relativas a la prevención de los conflictos de interés, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación y del respecto al principio DNSH y de conformidad con el principio de buena gestión financiera.
Asimismo Declaro la veracidad de la información contenida en el Informe Semestral, que se remite en fecha __________, donde de detalla el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión Europea y el grado de ejecución, hasta la fecha, como la previsión de cumplimiento del alcance de los objetivos CID correspondientes ____________ (323).
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
D/DÑA.________________________, en calidad de Presidente/a del Cabildo de La Gomera y actuando en representación de esta Corporación Insular que tiene atribuida en virtud del apartado 4, letra ñ), del artículo 124, en relación con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como del artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, como persona facultada para la firma del presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 27 de Junio de 2023.
Primero. Que no incurre en ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
Segundo. Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del RD 887/2006.
Tercero. Que no se encuentra en situación de crisis y no está sujeto a una orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según el Reglamento General de Exención por Categorías (Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014).
Cuarto. Que con carácter previo al abono de la subvención contemplada por el presente convenio, autorizará expresamente a la Administración autonómica para obtener de oficio la documentación acreditativa de que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o bien aportará los certificados que acrediten dicha circunstancia.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
Aspectos generales de la intervención:
Definición de las actuaciones (repetir el cuadro tantas veces como actuaciones tenga previsto ejecutar):
Plan de inversión y financiación:
Lugar, fecha y firma electrónica.
De una parte, doña María Cruz Soto Soto, en calidad de Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, nombrada mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC n.º 138, de 15 de julio), actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 5.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre.
De la otra, don Alpidio Armas González, en calidad de Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del apartado 4, letra ñ), del artículo 124, en relación con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como del artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, como persona facultada para la firma del presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 17 de octubre de 2024.
Las partes, intervienen en nombre y representación de sus respectivas Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en el se contienen, y al efecto
Que la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 142 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de ello, ha presentado una serie de proyectos que se ajustan a los requisitos exigidos para el eje de «Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, entre los que se incluye el proyecto 1 «Equipamientos para cuidados centrados en la persona» con el fin de mejorar los equipamientos para cuidados de larga duración.
Que el Fondo de Recuperación es la respuesta europea coordinada para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, siendo el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia el núcleo del Fondo de Recuperación y Resiliencia «Next Generation EU», diseñando cada Estado miembro un Plan Nacional de Recuperación, para alcanzar sus objetivos, dictado en el marco del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Que, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que detalla las inversiones y reformas para el período 2021-2023 con la finalidad de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contra-cíclico. Este Plan articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, los gobiernos español, autonómicos e insulares y locales y los principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país; y más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales, aquellas necesarias para la implantación de un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes y refuerce los servicios sociales.
Que la instrumentalización de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realiza a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) de 13 de julio de 2021 y evaluado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021.
Que en fecha 16 de octubre de 2023 se ha emitido la Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (13695/1/23 REV 1) y en el anexo, de la misma fecha, y para la línea de inversión I.1 del Componente 22, que es donde se enmarca el proyecto 1 «Equipamientos para cuidados centrados en la persona», señala expresamente que «la aplicación de la medida finalizará a más tardar el 30 de junio de 2026».
Que, con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, se ha dotado al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de una cantidad de 73.683.504,44 millones de euros para la implementación de las inversiones asociadas al proyecto 1 «Equipamientos para cuidados centrados en la persona».
Que, de estos 73.683.504,44 millones de euros, 2.543.071,69 millones de euros serán ejecutados por el Cabildo Insular de El Hierro mediante acciones que deberán corresponderse con determinados tipos de inversión en materia de equipamientos para cuidados centrados en la persona, tal y como se establece en los Acuerdos reseñados en el apartado IV.
Que el Cabildo Insular de El Hierro, de conformidad con la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias y en relación con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de ello, ha presentado una serie de acciones que se ajustan a los requisitos exigidos para el eje de «Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la mejora de equipamientos para cuidados de larga duración.
Que el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé una serie de instrumentos jurídicos para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos, entre los cuales están las subvenciones. Siguiendo este mismo esquema lo ha hecho la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que recoge en los artículos 43 al 47 las especificidades en materia de subvenciones.
De esta forma, los convenios se configuran como el instrumento a través del cual las administraciones públicas intervinientes acuerdan los proyectos, hitos y objetivos de los mismos, así como la financiación y las condiciones establecidas para cada uno de ellos en cumplimiento de las normas reguladoras del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del resto de la normativa comunitaria, nacional y autonómica de aplicación a estos fondos.
Que en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el 15 de enero de 2021, se alcanzó el acuerdo sobre los criterios para la distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, se aprobó la propuesta de distribución territorial entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y los criterios de reparto de los créditos para la financiación, durante el período 2021-2023, de los distintos proyectos presentados por las Comunidades Autónomas, para su posterior aprobación en Consejo Territorial, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020 y el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (CTSSySAAD) aprobó, el 15 de enero y el 30 de abril de 2021, el Acuerdo para la distribución de los créditos para la financiación de los proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos se distribuyen territorialmente a través de las comunidades y ciudades autónomas que, a su vez, deberán establecer los instrumentos jurídicos adecuados para la distribución a las corporaciones de la administración insular o local de su ámbito por, al menos, un quince por ciento (15 %) de estos fondos, de acuerdo con las distintas realidades institucionales.
Que, en este contexto, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha promovido el fomento del nuevo modelo de cuidados de larga duración, impulsando la adaptación de los servicios sociosanitarios existentes, tanto de atención residencial como en centros de día, mediante la creación de nuevas plazas o adaptación de las existentes al nuevo modelo de cuidados. Y se ha dado cumplimiento al compromiso d