Categoría: Judicial

ho, a que también persistan dudas fundadas respecto del cumplimiento de los requisitos materiales de admisión de esta invocación.
15. Por tanto, reiteramos que el presente recurso plantea unas particularidades en cuanto a su objeto y el desarrollo del procedimiento judicial subyacente del que trae causa que, por los singulares perjuicios que se provocan con la mera persistencia del litigio, hubieran debido llevar al Tribunal a extremar su diligencia en la decisión de admisión mediante una rigurosa comprobación del cumplimiento de sus requisitos. Consideramos que hubiera resultado preciso exponer de una manera más minuciosa, y sin perjuicio de lo que se decidirá en sentencia, la concurrencia indiciaria de los requisitos no solo materiales, sino también formales necesarios para la admisión, despejando las dudas iniciales que se planteaban ya en esta fase de admisibilidad sobre su íntegro cumplimiento y que, en su caso, no cabe excluir que podrían haber llevado a una decisión de no admisión tanto por razones de forma como de fondo.
Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.–Juan Antonio Santana Giménez.–María Luisa Guerrero Sanz.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, formulo el presente voto particular. La decisión de la mayoría acuerda admitir el presente recurso de amparo en virtud de dos circunstancias que no puedo compartir, dicho sea esto con el máximo respeto al acuerdo alcanzado:
(i) Porque el recurso tiene especial trascendencia constitucional ya que da ocasión al Tribunal para aclarar su doctrina respecto a cuándo resulta improcedente que un magistrado que ha intervenido en un tribunal que ha dictado una sentencia, conozca después en vía de recurso de casación de un incidente de ejecución planteado y decidido por el tribunal que dictó aquella sentencia.
(ii) Porque en principio no puede descartarse la verosimilitud de las vulneraciones constitucionales denunciadas en este recurso de amparo.
Por las razones que ahora expondré entiendo que ninguno de esos dos requisitos concurre, y que además y con carácter previo, una de las quejas formulada está afectada de un óbice procesal que impide su examen de fondo, justamente la queja que funda la especial trascendencia constitucional apreciada para su admisión.
1. Óbice procesal respecto de la queja de falta de imparcialidad de dos de los magistrados firmantes de la STS 162/2022.
A) Las demandas de amparo plantean entre otras quejas, la lesión del derecho al juez imparcial respecto de los magistrados señora Huerta Garicano y señor Olea Godoy, por haber firmado la STS 162/2022, de 9 de febrero, que resolvió el recurso de casación núm. 7128-2020 interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción-CODA contra los autos dictados en incidente de ejecución definitiva, correspondientes a las sentencias núms. 195/2011 (recurso núm. 753-2007, promovido por la entidad Adenex) y 196/2011 (recurso núm. 561-2007, promovido por la entidad Ecologistas en Acción), ambas de 9 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que estimaron los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 55/2007, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A., consistente en la reclasificación y ordenación de terrenos situados en Isla Embalse de Valdecañas, con destino a la construcción del complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres, declarando ambas sentencias nulos tanto el decreto como el proyecto.
B) El examen de las actuaciones revela que este motivo de vulneración constitucional no fue denunciado por la Junta de Extremadura hasta el escrito de nulidad de actuaciones presentado contra la STS 162/2022, afirmando en él que la magistrada doña Inés Silva Parra habría formado criterio sobre el fondo del recurso de casación núm. 7128-2020, al haber participado en la Sala que había acordado su admisión; mientras que el magistrado don Wenceslao Soto Romero Peña habría perdido su imparcialidad por haber sido el ponente de las sentencias de 9 de marzo de 2011 ya citadas.
En el incidente de nulidad de actuaciones formalizado a su vez por las comunidades de propietarios del complejo residencial norte, centro y sur de la isla Valdecañas, contra la misma sentencia 162/2022, nada se dice sobre la parcialidad de la magistrada señora Huerta Garicano (tampoco en su demanda de amparo, recurso de amparo 3934-2022), limitándose el escrito de nulidad a referirse a la situación del magistrado señor Olea Godoy en similares términos a los expresados por la Junta. Por último, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo no formularon incidente de nulidad, sino que en el trámite de audiencia concedido por la sala de casación se adhirieron a los presentados, reiterando este motivo en la demanda de amparo.
C) La queja de falta de imparcialidad debió promoverse por los recurrentes desde que tuvieron conocimiento por su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» («BOE»), de la composición de las secciones encargadas de la admisión y resolución sobre el fondo del recurso de casación, conforme a la doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional que así lo exige, con excepción de los casos en que se hubieren producido traslados, jubilaciones u otros cambios sobrevenidos en dicha composición y estos no se hubieran comunicado a las partes, lo que aquí no ha sucedido [últimamente, SSTC 106/2021, de 11 de mayo, FJ 5.3.3 b) (ii), y 121/2021, de 2 de junio, FJ 6.3.2.3 a)].
a) En lo que respecta en primer lugar a la magistrada señora Huerta Garicano: (i) su designación como integrante de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para el año judicial 2021 –con competencia para resolver los recursos de casación en materia de urbanismo y ordenación del territorio– se adoptó por acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de diciembre de 2020, que ordenó publicar el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020 en tal sentido («BOE» de 15 de febrero de 2021); (ii) su designación a su vez como integrante de la sección de admisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con efectos del día 22 de enero de 2021 al 22 de julio de 2021, inclusive, se produjo por acuerdo de la comisión permanente del Consejo, de 4 de febrero de 2021, que publicó el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2021 en tal sentido («BOE» de 22 de febrero de 2021); (iii) desde el día de esta última publicación en el «BOE», 22 de febrero de 2021, por tanto, los recurrentes en amparo conocían que la magistrada señora Huerta Garicano formaba parte tanto de la sección que debía resolver sobre la admisión del recurso de casación núm. 7128-2020, como de la sección llamada a resolver el fondo del recurso si este se admitía; es decir, conocían ya la causa de parcialidad que esgrimen ahora ante este Tribunal Constitucional y debieron por ende denunciar entonces la vulneración; (iv) el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de casación mencionado, en el que figura como ponente la señora Huerta Garicano, fue dictado el 6 de mayo de 2021 y notificado a las partes el 19 de mayo de 2021. La lesión tampoco fue denunciada desde ese día y hasta el 21 de julio de 2021, último día en el que dicha magistrada estuvo adscrita a la Sección Quinta; (v) sin embargo, de nuevo volvió a ser designada para integrar la referida sección de enjuiciamiento –con la misma competencia material–, por el posterior acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial de 24 de noviembre de 2021, que ordenó publicar el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2021 en tal sentido, con efectos para el año judicial 2022 («BOE» de 22 de diciembre de 2021). Este último dato es omitido en las demandas de amparo que nos ocupan.
Por tanto, la lesión atribuida a la magistrada doña Inés Silva Parra pudo denunciarse durante todo el tiempo en el que aparecía como miembro de ambas secciones (admisión y enjuiciamiento); y como muy tarde desde el conocimiento de la composición de la Sección Quinta el 22 de diciembre de 2021, evitando así que esta última dictara sentencia con la participación de dicha magistrada; sin que en cambio nada hicieran las partes. La STS 162/2022 se dictó el 9 de febrero de 2022 y la queja de falta de imparcialidad de aquella magistrada se denunció en el posterior incidente de nulidad de actuaciones de la Junta de Extremadura, en los términos ya relatados, por escrito firmado el 14 de marzo de 2022, de manera por ello extemporánea.
b) Por lo que respecta al magistrado don Wenceslao Bravo García, su integración en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en lo que importa a estos recursos de amparo, se dispuso de manera ininterrumpida en el acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial de 22 de diciembre de 2020 ya citado; en el posterior acuerdo de la comisión permanente del Consejo de 21 de julio de 2021, que ordenó publicar el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2021 en tal sentido, con efectos del día 22 de julio de 2021 hasta el 22 de enero de 2022 («BOE» de 30 de julio de 2021), y en el acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial de 24 de noviembre de 2021, ya también citado.
Por lo tanto, desde el 15 de febrero de 2021 podía haberse denunciado la supuesta causa de parcialidad objetiva de este magistrado, que se remonta según los recurrentes a su participación en las sentencias de instancia de 9 de marzo de 2011, sin esperar por ello a que se admitiera el recurso de casación núm. 7128-2020 y desde luego menos todavía, a que se dictara sentencia definitiva sobre el fondo, como sin embargo sucedió, denunciándose así también de manera extemporánea.
D) Constituye doctrina consolidada de este Tribunal Constitucional la que declara que el incidente de recusación regulado en los arts. 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en las correspondientes leyes procesales es el cauce previsto por nuestro ordenamiento jurídico para denunciar la vulneración del derecho al juez imparcial, garantía como se sabe inicialmente predicada del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley del art. 24.2 CE (SSTC 47/1982, de 12 de julio, FJ 3, y 44/1985, de 22 de marzo, FJ 4), aunque poco tiempo después (SSTC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5; 164/1988, de 26 de septiembre, FJ 1, y 151/1991, de 8 de julio, FJ 3) y hasta hoy, como una faceta del derecho a un proceso con todas las garantías, también art. 24.2 CE.
El papel asignado al incidente de recusación reviste un tratamiento bifronte para las partes del proceso, como derecho y a la vez como carga procesal. En el primer aspecto, ya la STC 47/1982 hablaba del «derecho a formular la recusación» como integrado en la garantía del juez imparcial (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Al mismo tiempo, sin embargo, si el juez o magistrado no formula abstención para apartarse de un asunto, las partes tienen la carga de proponer el motivo legal de recusación «tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde», como reza el art. 223.1 LOPJ. Carga procesal de la que se derivan tres consecuencias, relacionadas entre sí:
(i) La primera, que «la omisión de la recusación no puede ser suplida con posteriores recursos contra la resolución de fondo basados en la alegación posterior a esta de la concurrencia de una supuesta causa de recusación en alguno de los magistrados que la han dictado» (STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4).
(ii) Que como consecuencia de lo anterior, si la supuesta causa de parcialidad se invoca en un momento posterior del proceso, dejando de promover en plazo el incidente de recusación, la queja no solamente incurre por ello en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo,exart. 44.1 a) LOTC (entre otras, SSTC 129/2018, de 12 de diciembre, FJ 3; 130/2018, de 12 de diciembre, FJ 6; 131/2018, de 12 de diciembre, FJ 6, y 25/2022, de 23 de febrero, FJ 2.2.3.1); sino que cuando con posterioridad la misma se formalice, incumplirá a su vez el requisito procesal de denuncia temporánea de la vulneración constitucional «tan pronto como, una vez conocida, hubiere lugar para ello» [art. 44.1 c) LOTC], y no podrá ser examinada por este tribunal en amparo (SSTC 46/1998, de 2 de marzo, FJ 8, y 26/2022, de 24 de febrero, FJ único). Lo mismo, claro, si se deduce la queja directamente en la demanda de amparo [SSTC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 6.1.1 e); 25/2022, de 23 de febrero, FFJJ 2.1.1 e) y 2.2.3.1; 45/2022, de 23 de marzo, FFJJ 6.1.1 e) y 6.3.3, y 46/2022, de 24 de marzo, FJ 7.2.3 e)]. Como enseña esta última sentencia, con cita de la STC 140/2004, FJ 5, y otras posteriores: «Existen, pues, muy poderosas razones para impedir que la alegación de las causas de recusación que traducen dudas sobre la imparcialidad subjetiva de un tribunal se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo. Resulta, en consecuencia, constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa de recusación que eventualmente se invoque».
(iii) No solamente toca a la parte la carga de promover en los plazos legales el incidente de recusación (salvo si la causa de parcialidad se conoce con el dictado de la sentencia, debiendo entonces impugnarse esta). También si la recusación se rechazase, tiene la carga de continuar instando el control de la presunta causa de parcialidad judicial –y de las eventuales infracciones procesales con incidencia material, producidas durante la tramitación de aquel incidente– ante los tribunales ordinarios, a través de los trámites y recursos dispuestos por la ley en el orden jurisdiccional de que se trate. La mera promoción del incidente de recusación, aunque necesaria, no agota la vía judicial previa al amparo (SSTC 129/2018, FJ 3; 130/2018 y 131/2018, FJ 6).
E) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado asimismo que la existencia de procedimientos nacionales destinados a garantizar la imparcialidad judicial representa un factor relevante para valorar la realidad en cada Estado del derecho al juez imparcial del art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH; SSTEDH de 15 de octubre de 2009, asuntoMicallef c. Malta, § 99; de 3 de octubre de 2019, asuntoPastors c. Alemania, § 57, y de 2 de marzo de 2021, asuntoKolesnikova c. Rusia, § 40).
En particular, ha precisado el Tribunal Europeo que el incidente de recusación regulado en España debe ser interpuesto a efectos de que la demanda presentada ante él resulte admisible en relación con el requisito del previo agotamiento de las vías de recurso internas, exigido por el art. 35.1 CEDH [STEDH de 6 de diciembre de 1988, asuntoBarberá, Messegué y Jabardo c.España, § 59; decisiones de 22 de octubre de 1997, de la Comisión, asuntoHinojosa Bolívar c. España, FJ 1 b); de 1 de julio de 1998, de la Comisión, asuntoHernández Rodríguez-Calvo y otros c. España, FJ único; de 21 de junio de 2001, asuntoSánchez Navajas c. España, FJ 1; de 10 de julio de 2001, asuntoPlazuelo Caballero c. España,FJ 2, y de 22 de marzo de 2005, asuntoRodríguez-Porto Pérez c. España, FJ 1 a)].
F) Se sigue de todo lo expuesto que la recusación de la magistrada señora Huerta Garicano y el magistrado señor Olea Godoy, debió ser propuesta por los recurrentes tan pronto como conocieron la inclusión de ambos en las secciones de admisión (la primera de ellos) y de enjuiciamiento del recurso de casación que pendía ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo cual no hicieron, incurriendo con ello en falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo, y en invocación extemporánea de la queja en el escrito de nulidad de actuaciones contra la STS 162/2022.
No obsta a lo dicho que en la demanda de la Junta de Extremadura se defienda la no extemporaneidad de la queja, so pretexto de que el deber de abstención de jueces y magistrados constituye un presupuesto de orden público. Dejando a un lado que tal apodíctica afirmación sobre la no extemporaneidad no va acompañada de la cita de doctrina del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le sirva de respaldo, confunde la demanda dos cosas distintas, la primera real y la segunda no: la primera, que respecto de la persona del juez o magistrado la posibilidad de plantear su propia abstención no precluye y puede formalizarla mientras el proceso a su cargo no haya concluido, en cuanto sea consciente de que dicha causa de parcialidad existe; la segunda, que independientemente de lo anterior, el cauce de la recusación es de configuración legal y en los preceptos que la regulan no aparece nada semejante a lo postulado aquí por la demanda; más bien todo lo contrario, está sujeta a un régimen de preclusión.
G) Finalmente en esta consideración sobre el óbice concurrente, no me pasa inadvertido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido dar por cumplido el requisito del agotamiento de las vías de recurso internas, a efectos de la demanda presentada ante él, cuando pese a haber sido planteada la queja de modo defectuoso la autoridad competente sin embargo ha entrado en su examen (SSTEDH de 24 de julio de 2008, asuntoVladimir Romanov c. Rusia, § 52; de 30 de junio de 2009, asuntoVerein Gegen Tierfabriken Schweiz c. Suiza–núm. 2–, § 34, y de 28 de octubre de 1998, asuntoCastillo Algar c. España, § 34 y 35; o la decisión de 12 de junio de 2006, asuntoRomero Martín c. España, FJ 1), lo que aquí ha sucedido con el auto de la Sección Quinta de 8 de abril de 2022, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones contra la STS 162/2022, pues, tras considerar correctamente extemporánea la queja de falta imparcialidad, la rechazó además en cuanto al fondo. Ahora bien, como he dicho son decisiones adoptadas en el caso por el Tribunal Europeo, no es una doctrina seguida por nuestro Tribunal Constitucional al efecto de ponderar si se ha cumplido con los requisitos del recurso de amparo, tanto el de agotamiento previo de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], como el de denuncia temporánea de la lesión [art. 44.1 c) LOTC], sino que impera el criterio contrario según se ha expuesto. De hecho, únicamente este tribunal tiene en cuenta si la queja ha sido resuelta en el fondo, pese a ser el medio de impugnación intentado manifiestamente improcedente por ley, cuando se trata de flexibilizar el plazo de interposición de la demanda de amparo y no inadmitir el recurso por extemporáneo (por todas, STC 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, y las anteriores que se citan), lo que es algo muy distinto. En todo caso, la adopción de dicha jurisprudencia del Tribunal Europeo, que obligaría a revisar la nuestra ya explicada en este voto, no ha sido defendida por la mayoría del Pleno que ha acordado admitir estos recursos de amparo, como se desprende de la argumentación del auto dictado.
2. En cuanto al fondo, no concurren los motivos de parcialidad alegados.
A) No son aceptables las razones que aporta la parte demandante en el recurso de amparo 3868-2022 para sostener que la magistrada doña Inés Silva Parra debió haberse abstenido del conocimiento del recurso de amparo a partir del momento en que participó en el trámite de admisión de dicho recurso, porque al fijar el objeto del interés casacional que debía resolver la sentencia prejuzgó la controversia. Lo que plantea es si el hecho de que en el Tribunal Supremo exista dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo una sección dedicada exclusivamente a decidir sobre ese primer trámite de admisión, supone un obstáculo para que después, todos o algunos de los magistrados que han intervenido en ese trámite deban apartarse del conocimiento del recurso si el mismo se admite.
En cuanto al magistrado don Wenceslao Bravo García, se aduce que su intervención como ponente en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anuló el proyecto de interés regional a cuyo amparo se había autorizado la urbanización de la isla de Valdecañas y ordenó la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto, le inhabilita para conocer después de un recurso de casación en que se enjuicia un auto de esa misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaró la imposibilidad material de ejecutar esa sentencia en cuanto a las construcciones que en desarrollo de dicho proyecto se habían levantado.
En ambos casos parece aludirse como motivo de parcialidad objetiva de tales magistrados a la causa de recusación 11 del art. 219 LOPJ, en concreto: «haber […] resuelto el pleito o causa en anterior instancia».
B) Nuestra doctrina, concordante con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este punto es clara. Cuando un juez interviene en un proceso que guarda cierta conexión con otro previo anterior en el que también han intervenido, hay que valorar si esa conexión entre ambos procesos es tan estrecha que puede crear en el juez un prejuicio respecto a la decisión de ese segundo proceso, pues solamente en tal caso debería abstenerse o, si es recusado, debería estimarse la recusación:
a) Como tenemos dicho en reiterada doctrina acerca de la llamada imparcialidad objetiva, que trae a colación la STC 46/2022, de 24 de marzo, FJ 7.1.1, con cita de otras anteriores, «[l]a determinación de cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo».
Así por ejemplo, hemos rechazado que exista parcialidad objetiva que obligue a un magistrado a apartarse del conocimiento de un recurso extraordinario de revisión planteado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la que forma parte, habiendo integrado antes dicho magistrado esa misma Sala que a la sazón dictó sentencia desestimatoria de un recurso de casación promovido contra la misma sentencia de la que ahora se pide la revisión (SSTC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 3, y 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2).
Tampoco concurre parcialidad objetiva porque los magistrados que han dictado una sentencia resuelvan después un incidente de nulidad de actuaciones suscitado contra aquella [SSTC 170/2002 de 30 de septiembre, FJ 11, y 121/2021, de 2 de junio, FJ 6.5.3 b)]. Del mismo modo que no queda comprometido el derecho fundamental del que se habla si al juez que ha dictado una sentencia, tras resultar anulada por un tribunal superior, se le encomienda de nuevo dictar sentencia resolviendo el asunto (STC 269/2005, de 24 de octubre, FJ 4, y ATC 294/2006, de 26 de julio, FJ 2).
b) Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que los requisitos de un juicio justo garantizados por el artículo 6.1 CEDH no impiden automáticamente que el mismo juez ejerza sucesivamente funciones diferentes en el marco del mismo proceso, insistiendo en que la evaluación de si la participación del mismo juez en diferentes etapas del proceso satisface o no la garantía de la imparcialidad del art. 6.1 CEDH debe hacerse «caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias del caso individual», así como atender a «las características de las normas pertinentes de procedimiento […] aplicadas al caso» (SSTEDH de 16 de enero de 2007, asuntoWarsicka c. Polonia, § 40, y de 2 de mayo de 2019, asuntoPasquini c. San Marino,§ 148).
Además, el mero hecho de que un juez ya haya tomado decisiones previas al juicio no puede considerarse por sí solo como un motivo de preocupación sobre su imparcialidad; como tampoco el hecho de que el juez tenga un conocimiento profundo de las actuaciones. Un análisis preliminar de la información disponible tampoco significa que haya prejuzgado el análisis final (STEDH de 6 de junio de 2000, asuntoMorel c. Francia, § 45).
C) La doctrina jurisprudencial citada no requiere ser aclarada ni modificada, lo que descarta por tanto que concurra la especial trascendencia constitucional del recurso que aprecia el auto de la mayoría, pues no estamos aquí ante una faceta inédita de un derecho fundamental o ante un problema constitucional nuevo [STC 155/2009, FJ 2 a)], sino a lo sumo ante un caso más con sus particularidades, lo que no reviste sin embargo por sí mismo trascendencia alguna.
D) Esa doctrina, ya en cuanto al fondo, nos lleva al análisis de las características de esos dos procesos sucesivos para determinar si concurren los presupuestos que hubieran representado un obstáculo a la intervención de los magistrados doña Inés Silva Parra y don Wenceslao Bravo García en la sentencia contra la que se ha planteado este recurso de amparo. El resultado, se anticipa, es negativo:
a) En primer lugar, y por lo que respecta a la magistrada señora Huerta Garicano, basta atender al contenido del auto de admisión del recurso de casación en cuya adopción participa, para evidenciar que en dicha resolución no se formula en modo alguno un prejuicio sobre el fondo del recurso ni de sus posibilidades de éxito en la futura sentencia. Se limita a constatar que se cumplen los requisitos formales previstos en el art. 89.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y a fijar el interés casacional objetivo a dilucidar en sentencia, a partir del enunciado de los factores ponderados en los autos de ejecución que impugna el recurso de casación, sin adelantar el resultado de ese examen «si cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de una sentencia –respecto de todo lo que ya ha sido construido– cuando, en otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente garantizada la integridad ambiental». Todo ello en concordancia estricta con el art. 90.4 LJCA sobre el contenido de los autos de admisión. Nada más pide la ley en dicho trámite, y nada más resuelve el auto de 6 de mayo de 2021, con lo que no hay causa de parcialidad extraíble de la actuación de dicha magistrada en la admisión del recurso 7128-2020.
b) En cuanto al magistrado señor Olea Godoy, no hay que argumentar demasiado para concluir que entre las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordenaron en 2011 la reposición de los terrenos de la isla de Valdecañas a la situación anterior a la de la aprobación del proyecto de interés regional que anula; y los dos autos posteriores del mismo tribunal que en 2020 acuerdan solo la reposición parcial de esos terrenos, por imposibilidad material de ejecutar el resto, hay una conexión, y por lo tanto en esa medida, también la hay con la sentencia 162/2022 que en sede de casación ha anulado ambos autos; sentencia en la que intervino, ya como magistrado del Tribunal Supremo, don Wenceslao Serrano Garrido.
Pero una cosa es que exista conexión y otra muy distinta que esa conexión sea tan intensa que el juicio emitido en aquellas dos primeras sentencias de instancia prejuzgue el que debe emitirse en la segunda de casación sobre un incidente de ejecución. No existe tal intensidad porque el objeto de ambos procedimientos es diferente:
(i) En el primero, que acabó con las referidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 195/2011 y 196/2011, la Sala hizo un enjuiciamiento de la legalidad del proyecto de interés regional aprobado por el Decreto impugnado desde parámetros estrictamente jurídicos, esto es, de si se cumplía o no con la legalidad (urbanística y de ordenación del territorio) reguladora de la potestad de autorización ejercitada. No se anuló el proyecto porque las construcciones previstas en él adolecieran de estos u otros defectos. Se anuló el proyecto, (1) aparte de por la falta de justificación del interés regional, de la utilidad pública y de la protección medioambiental; (2) por haber incurrido el estudio de impacto ambiental en una causa de nulidad, al no haber incluido un estudio de alternativas, y (3) por infringir la prohibición de reclasificar un terreno clasificado por el planeamiento urbanístico como no urbanizable de especial protección.
Si los dos primeros motivos pudieron haber sido objeto de subsanación, el último no, pues era la consecuencia de resultar incluida la isla en una zona de especial protección para las aves.
Por eso el fallo de la sentencia incluyó lo que es la consecuencia natural de esa decisión: no solo debía declararse la nulidad del proyecto de interés regional, sino que se ordenaba la restauración de los terrenos al estado anterior.
No hay dato alguno del grado de urbanización que se había desarrollado durante la tramitación del proceso en instancia hasta las sentencias de 9 de marzo de 2011, ni prueba alguna que pudiera acreditar la mayor o menor dificultad de proceder a esa restauración.
(ii) Y este es precisamente el objeto del incidente que, de acuerdo con lo previsto en el art. 105.2 LJCA, puede plantear la parte obligada a la ejecución de una sentencia cuando entienda que dicha ejecución no es posible.
Nada hay en las dos sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en las que intervino el magistrado don Wenceslao Bravo García, que contenga alusión alguna a las mayores o menores dificultades que se producirían por la ejecución de la restitución paisajística acordada y, menos aún, que la transformación operada hiciera imposible su restauración a su estado original.
Por ello no cabe presumir prejuicio alguno en el citado magistrado a la hora de resolver sobre el recurso formulado contra los indicados autos de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Cierro este apartado con una reflexión: en términos generales, y guardando la debida autonomía de procedimiento por supuesto y las garantías a efectos de emplazamiento debido de las partes en cada uno de ellos, la ejecución supone un incidente derivado de la previa actividad judicial declarativa. De allí que nuestro ordenamiento jurídico opte en los diversos órdenes jurisdiccionales por atribuir su competencia al mismo órgano judicial que conoció de la causa en la instancia (art. 103.1 LJCA; art. 545.1 de la Ley de enjuiciamiento civil; art. 237.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social; arts. 985 y 986 de la Ley de enjuiciamiento criminal). No se postula seriamente por ello que tales normas sean inconstitucionales por infringir el derecho al juez imparcial, ni se considera que el juez se encuentra «contaminado» para dirigir la ejecución solo por el hecho de haber sido el autor de la resolución judicial que se ejecuta, y que por tanto la ejecución deban llevarla órganos judiciales distintos. Todo lo contrario, se le presupone siempre a aquel en mejor condición para lograr en cada caso el cumplimiento íntegro de lo ordenado en el título, que es el objeto de una ejecución, precisamente porque conoce mejor lo resuelto. En el presente caso, sin embargo, se trata de peor condición a un magistrado que ni siquiera forma ya parte del órgano judicial de instancia que dictó las sentencias a ejecutar, sino que conoce mediatamente del asunto, bajo los condicionantes de lo que es un control en casación donde se parte de los hechos de la instancia y se revisa solo el auto que resuelve un incidente de imposibilidad de ejecución, tildándole por ello de parcial.
En estos términos, la vulneración constitucional alegada no es verosímil.
3. Tampoco concurren los defectos de juicio que se alegan de la STS 162/2022 impugnada.
A) La admisión de un recurso de amparo exige pues una valoración previa de la cuestión de fondo de la que pueda deducirseprima facie, que las vulneraciones constitucionales denunciadas en la demanda presentan algún grado de verosimilitud que justifique un examen más profundo en sentencia, también respecto de las que se refieren a la decisión de fondo adoptada.
No creo que pueda decirse que en la demanda de amparo presentada se denuncien vulneraciones constitucionales que presenten algún grado de verosimilitud. Aunque puedan discutirse algunos de los argumentos de la sentencia en el plano estricto de la legalidad ordinaria, los razonamientos que contiene satisfacen con creces el canon de enjuiciamiento aplicable para declarar su constitucionalidad desde la óptica del derecho fundamental que aquí se denuncia como vulnerado, el derecho a una resolución jurídicamente fundada, vertiente a su vez del derecho fundamental la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y donde nuestro canon de control externo, porque no somos una tercera instancia, se limita a comprobar que la resolución impugnada está motivada y no incurre en irracionalidad, arbitrariedad o error patente (refiriéndose a sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, nuestras SSTC 130/2021, de 21 de junio, FJ 2, y 40/2022, de 21 de marzo, FJ 7). Ninguno de estos vicios puede ser imputado a la sentencia objeto de este recurso de amparo.
Conviene recordar que la existencia de un recurso de casación no deriva de una exigencia constitucional; corresponde al legislador la decisión de establecerlo y diseñar las concretas facultades del tribunal encargado de resolverlo, en este caso en el orden contencioso-administrativo (por todas, SSTC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2, y 112/2019, de 8 de octubre, FJ 4). Por eso pueden descartarse todas las vulneraciones denunciadas que se basan en lo que la demanda considera extralimitaciones por parte del Tribunal Supremo a los estrictos límites de conocimiento del recurso de casación en cuanto a la valoración de los hechos y a la supuesta extensión del fallo estimatorio hasta el punto de desnaturalizar dicho recurso. Se trata en realidad de cuestiones de legalidad ordinaria y que, al haber sido examinadas por la sentencia recurrida extensa y razonadamente, no se les puede hacer reproche constitucional alguno. En todo caso, nadie discute la constitucionalidad de que el legislador permita el acceso a casación [art. 87.1 c) LJCA] de autos que resuelven incidentes de ejecución de sentencia en aplicación del art. 105 LJCA, ni se postula por ello la desnaturalización de este recurso extraordinario.
B) Tampoco cabe reprochar a la sentencia recurrida en amparo que haya incurrido en incongruenciaextra petitaal basar la demolición total de lo construido en consideraciones medioambientales, pese a que tales consideraciones según la demanda eran ajenas al debate procesal. Es difícil entender esta denuncia porque, más allá de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anularon el proyecto de interés regional de la isla de Valdecañas tuvieran en cuenta los perjuicios que la ejecución de este proyecto podía llegar a causar en un terreno calificado de protección especial, e incluido en una zona de especial protección para las aves perteneciente a la Red Natura 2000, lo cierto es que son justamente las consecuencias medioambientales provocadas por los hechos consumados de lo construido en estos años y la posibilidad de la reintegración total del entorno lo que determina si el incidente de ejecución ha sido resuelto por la Sala del Tribunal Superior de Justicia conforme a Derecho, es decir, si esta ha acreditado la causa de imposibilidad parcial de ejecución que acuerda, y que es lo que la STS 162/2022 de manera razonada niega.
Precisamente la STC 134/2019, de 13 de noviembre, del Pleno de este Tribunal Constitucional, de cita frecuente en la sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo, declaró terminantemente que sobre los terrenos protegidos en razón a su incorporación a una zona de especial protección para las aves no cabe ninguna actuación de transformación urbanística, de modo que la consecuencia obligada es la demolición de todo lo construido.
Una cosa es que, en su día, mostrase mi discrepancia con la solución alcanzada en esa sentencia del Pleno, y otra muy distinta, que una vez dictada la STC 134/2019, los argumentos expuestos en ella sean tenidos lógicamente en cuenta por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para reforzar la decisión a que ha llegado en la sentencia aquí impugnada.
No solo la consecuencia a que ha llegado el Tribunal Supremo no es irrazonable, sino que lo irrazonable sería decir que la mitad de la isla puede seguir tal como está, pero la otra mitad no, perpetuando un perjuicio medioambiental que, sin argumento apreciable alguno, considera la parte recurrente susceptible de fragmentación.
Y en tal sentido emito este voto particular.
Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), formulamos el presente voto particular. Consideramos, a diferencia de la resolución adoptada por el Pleno, que el recurso de amparo debió ser inadmitido a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC].
La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, condicionó la admisión a trámite del recurso de amparo a que el asunto en él planteado tuviera especial trascendencia constitucional, «que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación y alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC]. Consideramos que ninguno de los problemas jurídico-constitucionales que plantea el presente recurso merece una resolución sobre el fondo por parte de este tribunal por carecer de dicho requisito. Nada aportaría en relación con las finalidades que dicho precepto anuda a la jurisdicción de amparo un nuevo pronunciamiento de este tribunal respecto de los derechos fundamentales invocados como vulnerados –derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y al juez imparcial–, respecto de los que existe una doctrina constitucional pacífica y constante. Por otro lado, y respecto de la eventual concurrencia de la causa contenida en el apartado g) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, el auto del que discrepamos no aporta razón alguna para llegar a tal conclusión.
Y en tal sentido emitimos este voto particular.
Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.–Ramón Sáez Valcárcel.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.