Categoría: Administración

y 23 de abril de 2005, 20 de julio, 1 de octubre y 19 de noviembre de 2007, 8 de junio de 2009, 22, 29 y 31 de marzo de 2010, 19 de enero, 13 de junio, 3 de septiembre, 13 de noviembre y 9 de diciembre de 2011, 11 de abril, 4 de junio y 29 de octubre de 2012, 19 de diciembre de 2013, 16 de octubre de 2014, 24 de noviembre de 2015, 4 de mayo y 26 de julio de 2016, 11 de enero, 25 de mayo, 27 de junio, 8 de septiembre y 27 de noviembre de 2017, 28 de febrero, 22 de mayo, 7 de julio, 2 y 31 octubre, 7 de noviembre y 11 de diciembre de 2019 y 8 de enero de 2020, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 y 6 de marzo, 11 de junio, 15 de septiembre y 26 de noviembre de 2020.
1. En este expediente son relevantes las siguientes circunstancias:
En procedimiento judicial de liquidación de la sociedad de gananciales de la ahora recurrente y su esposo, por la contadora-partidora nombrada se elaboró cuaderno particional el día 15 de julio de 2019 con formación de inventario de bienes gananciales en el que se incluye la mitad indivisa de determinada finca, que se adjudica a la esposa, aunque la totalidad de la finca está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del marido, con carácter privativo a título de herencia.
Por sentencia, dictada el día 9 de marzo de 2012, en juicio verbal sobre formación de inventario en autos de liquidación de la mencionada sociedad de gananciales, se declaró que la referida mitad indivisa de finca tiene carácter ganancial por haberse probado que había sido vendida a los cónyuges por un hermano del esposo que la había adquirido por herencia.
En sentencia dictada en el mismo Juzgado el día 27 de noviembre de 2019 se desestimó la oposición del marido al referido cuaderno particional de adjudicación de bienes gananciales y éste fue aprobado por la juez. Dicha oposición, en lo que interesa en este recurso, se expresó por el citado señor sobre la base de que, a su juicio, debía adjudicarse a él la mitad indivisa de la finca porque es copropietario de ella y debe evitarse la situación de indivisión. Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por dicha persona, fue desestimado.
La registradora de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción solicitada en que, al constar inscrito el pleno dominio de la totalidad de dicha finca a nombre del marido, con carácter privativo y por título de herencia, desde el día 16 de septiembre de 1992, falta el título previo de aportación a la sociedad de gananciales de la mitad indivisa de la indicada finca registral. Añade que debería, por tanto, rectificarse la inscripción de herencia, adjudicando la mitad indivisa al hermano del titular registral, y la compraventa que el hermano del titular registral realizó a los citados cónyuges debe ser objeto de un procedimiento de reanudación de tracto o deben aportarse los títulos públicos en que se realicen dichas operaciones registrales para cumplir las exigencias del principio de tracto sucesivo.
La recurrente alega, en síntesis, que el carácter ganancial de los bienes incluidos en el activo de la sociedad de gananciales objeto de liquidación y adjudicación se determinó en dos juicios o procedimientos judiciales contenciosos que finalizaron por sentencias que son firmes; y en tales procedimientos ha sido parte el titular registral de la finca cuya mitad indivisa es objeto de adjudicación.
2. La liquidación de cualquier régimen económico-matrimonial que determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones puede llevarse a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, por el procedimiento judicial regulado en el Capítulo II del Título II del Libro IV («de los procesos especiales») de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. artículo 806), en el que una de las operaciones esenciales es la formación del inventario de activo y pasivo de la sociedad de gananciales disuelta, por lo que: «La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de la comunidad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administración y disposición de los bienes comunes» (artículo 809.2 «in fine»). Y, a falta de acuerdo entre las partes sobre la ejecución de la sentencia (artículo 810.5), la liquidación se lleva a cabo mediante la designación de un contador que es el encargado de realizar las operaciones de conformidad con las previsiones de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, entre ellas, las de los artículos 785 y siguientes. Conforme a tales previsiones, un momento de especial trascendencia es aquél en que los interesados, una vez llevadas a cabo las labores de avalúo, liquidación y división con adjudicación a cada uno de los partícipes (artículo 786), dan o no su conformidad a las mismas. Si las partes no consienten en la partición propuesta, el procedimiento se transforma en contencioso siguiéndose por los trámites del juicio verbal, a cuyo fin la sentencia que lo resuelva, una vez firme, será título suficiente a los efectos de la alteración del contenido del Registro de la Propiedad (artículo 40 de la Ley Hipotecaria), sin perjuicio de que los interesados ejerciten cualesquiera otra acción en los procedimientos judiciales que correspondan (artículo 787.5).
3. En el presente caso ha quedado probado que los derechos objeto de adjudicación tienen carácter ganancial, según sentencia firme, en un procedimiento con unos elementos de juicio mucho más amplios que los propios del procedimiento registral, y con intervención del titular registral, por lo que no hay obstáculo que impida la modificación del contenido del Registro (cfr. artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Por ello, el defecto invocado por la registradora debe ser revocado.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 21 de marzo de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.