Categoría: Administración

Los «Proyectos Importantes de Interés Común Europeo» (IPCEI por sus siglas en inglés) reúnen y atraen conocimientos, experiencia, recursos financieros y agentes económicos procedentes de diferentes Estados miembros (EE. MM.) de la Unión Europea en torno a sectores o ámbitos determinantes para la aplicación de las estrategias de esta en materias como la medioambiental, la climática, la energética, la de transportes, la sanitaria, industrial o digital, por lo que constituyen un instrumento vital para la aplicación de las mismas.
Un IPCEI es un «proyecto integrado» conformado por una serie de proyectos individuales desarrollados por empresas procedentes de países de toda la Unión que se insertan en una estructura, plan de trabajo o programa comunes, compartiendo un objetivo único con un enfoque armónico y coherente. Los componentes individuales del «proyecto integrado» pueden referirse a diferentes eslabones o niveles de la cadena de valor considerada, pero siempre deben resultar complementarios y necesarios para la realización del objetivo común.
Estos proyectos individuales deben tener un significativo carácter innovador y aportar un sustancial valor añadido en términos de I+D+i habida cuenta del estado de la técnica en el sector de que se trate, y los proyectos que incluyen el primer despliegue industrial deben permitir que se desarrollen productos o servicios nuevos con un elevado contenido de investigación e innovación, o que se despliegue un proceso de producción fundamentalmente innovador. Además, deben cumplir con otra serie de requisitos como demostrar que están concebidos para superar deficiencias del mercado importantes o sistémicas que impiden su ejecución en la misma medida o de la misma manera en la que tendrían lugar en ausencia de las ayudas de Estado; que sus beneficios no se limitan únicamente a las empresas o al sector o sectores concretos sobre el que se desarrollan, sino que deben resultar de relevancia y de aplicación a la economía o a la sociedad de la Unión en su conjunto a través de los denominados efectos de arrastre positivos (efectos sistémicos sobre diferentes niveles de la cadena de valor, o sobre mercados en las fases anterior o posterior de la producción, utilizaciones alternativas en otros sectores y transferencia modal, entre otros); así como que contribuyen significativamente a las políticas y acciones que persiguen objetivos europeos comunes.
En cuanto a la financiación, también resulta importante resaltar que bajo el esquema de un IPCEI son los EE. MM. los que presentan los proyectos individuales con los que pretenden participar, y no las empresas promotoras de los mismos a título particular, y que el apoyo financiero público a dichos proyectos individuales proviene únicamente de los EE. MM. que los presentan, sin que exista ningún programa de la Unión Europea específico para co-financiarlos.
Desde el inicio de la pandemia de COVID a principios de 2020, en Europa y en otras regiones del mundo han tenido que afrontar importantes retos en relación al suministro y escasez de chips con el consiguiente menoscabo de la producción industrial y el desarrollo económico en todos los sectores que dependen de ellos. Las interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores han situado a los chips en el foco de la atención mundial como núcleo de la economía y de nuestra vida cotidiana.
La producción de chips tiene lugar en una cadena de suministro global compleja que requiere de tecnologías específicas y conocimientos especializados, así como de equipos y materiales de alto rendimiento sujetos a una rápida evolución tecnológica. Todo esto hace que precise de mucho capital y conocimientos, y que en algunos segmentos importantes se encuentre sumamente concentrada. Europa tiene posiciones competitivas a nivel mundial en algunas de estas áreas, pero también tiene importantes vulnerabilidades y dependencias en otras cuya eliminación, o al menos reducción, requiere de un enfoque estratégico coordinado.
En este contexto, surgen los trabajos de preparación del IPCEI sobre Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación (ME/TC), que comenzaron a finales de 2020 con el propósito de promover la colaboración paneuropea en este ámbito, reuniendo a los agentes industriales de toda la cadena de valor de los semiconductores, desde las materias primas hasta los sistemas finales, así como a los Estados miembros de prácticamente toda la Unión para contribuir a potenciar sus puntos fuertes, superar las debilidades y crear valor añadido para la sociedad europea. Con su puesta en marcha se pretende, entre otros objetivos, crear soluciones de microelectrónica y de conectividad que se sitúen a la vanguardia del estado del arte mundial; impulsar sistemas electrónicos e infraestructuras de fabricación de gran eficiencia desde el punto de vista energético y del ahorro de recursos; así como promover normas europeas en materia de seguridad de datos y ciberseguridad en todos los niveles de la cadena de valor de la microelectrónica, especialmente en el ámbito de las comunicaciones.
Durante el primer semestre de 2021, la mayoría de los países implicados pusieron en marcha sus procedimientos de selección de proyectos con los que participar, en la mayoría de los casos a través del lanzamiento de uno o varios anuncios de manifestaciones de interés (MDI), con el objetivo de identificar e involucrar al mayor número posible de empresas nacionales de la cadena de valor de la microelectrónica y las tecnologías de la comunicación en este macro proyecto europeo.
Para las empresas seleccionadas, el paso de la condición de «potencial interesado» a «firme candidato» a participar en el IPCEI requirió el encaje adecuado de sus proyectos individuales en la estructura del macroproyecto europeo a través del denominado «chapeau document» (o Memoria descriptiva, en terminología del IPCEI), encaje que se consigue a través de la cumplimentación y elaboración de un buen número de formularios, estadísticas, encuestas y documentos de diversa índole, además de su involucración en numerosas reuniones y talleres de trabajo organizados por los coordinadores alemanes del IPCEI. En relación a estos últimos, cabe destacar la habilitación de una plataformaMatch-makingvirtual que estuvo abierta durante todo el mes de julio de 2021 con el objetivo de facilitar las colaboraciones entre los potenciales participantes identificados por los diferentes EE. MM.
Posteriormente, entre agosto y noviembre de ese mismo año los candidatos tuvieron tiempo para adaptar sus proyectos y preparar las memorias técnicas y económicas conforme a las especificaciones y formatos requeridos por la Comisión Europea (Directorate General for Competition –Dirección General de Competencia–) para la prenotificación de los mismos por parte de sus EE. MM. Esta prenotificación tuvo finalmente lugar en dos períodos, diciembre de 2021 con carácter general para la mayoría de los países participantes, y febrero de 2022 para los que solicitaron un aplazamiento.
Durante el período comprendido entre febrero de 2022 y abril de 2023 la Comisión Europea analizó, solicitó y recibió información complementaria sobre los expedientes prenotificados por los EE. MM., sobre algunos de los cuales se celebraron además reuniones virtuales a nivel técnico con el fin de aclarar su contenido en mayor detalle.
El proceso de notificación de los proyectos que superaron la fase de prenotificación se realizó en el período comprendido entre 13 y el 20 de abril de 2023. El 8 de junio de 2023 tuvo lugar la aprobación del IPCEI ME/TC con la comunicación de la Decisión C(2023) 3817 final, de 8 de junio de la Comisión Europea, en adelante, la Decisión C(2023) 3817 final.
En el IPCEI ME/CT existen tres modalidades de participación: la de participante directo, la de participante asociado, y la de participante indirecto, siendo las diferencias fundamentales entre ellas las siguientes:
Los participantes directos, que se recogen en la Decisión C(2023) 3817 final como «participantes», se han sometido a un procedimiento de selección nacional previo para participar en el IPCEI ME/CT. Contribuyen al mismo con un proyecto propio que ha sido notificado a la Comisión por su EE. MM., por lo que pueden recibir ayuda de este para ejecutarlo en las condiciones establecidas en la Decisión final de aprobación de esta. Están obligados a participar en colaboraciones efectivas con otros participantes directos del mismo IPCEI, y participan directamente en los órganos del gobierno de éste: tienen derecho a voto en la Asamblea General (IPCEI ME/CT GA) y en el Supervisory Board (SB), siendo además elegibles para el Grupo de Facilitación (IPCEI ME/CT FG).
Los participantes asociados han sido sometidos a un proceso de selección nacional similar al de los participantes directos para participar en el IPCEI. También contribuyen al mismo con un proyecto propio que, en este caso, no ha requerido ser notificado a la Comisión por su EE. MM. al poder recibir ayuda estatal de este en el marco del Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, modificado por el Reglamento (UE) 2023/1315 de la Comisión de 23 de junio de 2023, o de otros regímenes o planes de financiación nacionales o regionales de ayudas de Estado. Tienen una colaboración efectiva con al menos un participante directo, y toman parte de una forma más restringida en los órganos de gobierno: sólo pueden participar como observadores en la Asamblea General (IPCEI ME/CT GA) y en el Supervisory Board (SB), y no son elegibles para el Grupo de Facilitación (IPCEI ME/CT FG).
Los participantes indirectos no contribuyen al IPCEI ME/CT con un proyecto propio, sino que lo hacen a través de colaboraciones efectivas con al menos un participante directo o asociado. Pueden participar como observadores en el IPCEI ME/CT GA.
El número de participantes directos en el IPCEI ME/TC es de 56, pertenecientes a 14 EE. MM. (Alemania, Austria, Chequia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia y Rumanía), y el de participantes asociados de 46, pertenecientes tanto a los mencionados 14 EE. MM., como a otros cinco (Bélgica, Hungría, Letonia, Portugal y Eslovenia), además de Noruega, que sólo aportan participantes en esa modalidad.
De acuerdo con la Decisión C(2023) 3817 final, España participa en el IPCEI ME/TC con cuatro participantes directos y seis participantes asociados.
Para preparar esa participación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó en 2021 dos anuncios de manifestaciones de interés (MDI) con el objetivo de identificar potenciales candidatos nacionales interesados en participar en el mismo. El primer anuncio se efectuó el 25 de febrero, recibiendo diecinueve propuestas de proyectos de dieciocho empresas diferentes. El segundo anuncio se publicó el 29 de junio con la intención de no dejar a nadie atrás en el proceso, y recibió seis nuevas propuestas de proyectos.
Además de poner a disposición de los potenciales interesados un buzón electrónico específico para la resolución de dudas, ipcei@mincotur.es, a mediados de junio del 2021 se organizó una reunión informativa con los participantes en la primera MDI sobre la organización y el funcionamiento del IPCEI (ME/CT), así como sobre el alcance de la plataformaMatch-makingque se iba a poner a su disposición durante todo el mes de julio por parte de la Comisión Europea. Esta plataforma fue utilizada por la mayoría de las empresas interesadas, incluyendo las identificadas en la segunda MDI con dos claros objetivos: (1) entender mejor la estructura delchapeau documentdel IPCEI ME-CT en el que debían integrar sus proyectos individuales (líneas de actuación (work streams) y paquetes de trabajo (work packages), y (2) establecer las colaboraciones con otros miembros del IPCEI necesarias para obtener la condición de «participante directo» o «participante asociado».
Posteriormente, en septiembre de 2021 se abrió un nuevo período de tres meses para la reformulación de las propuestas iniciales, y transcurrido ese tiempo, esas propuestas «reforzadas», once en total, fueron prenotificadas por las autoridades españolas ante la Dirección General de Competencia (DG COMP) de la Comisión Europea en diciembre de 2021.
Durante el período comprendido entre febrero de 2022 y abril de 2023, la Comisión Europea solicitó y recibió información complementaria sobre cuatro de los once proyectos prenotificados, que fueron finalmente notificados a la Comisión Europea en abril de 2023 y aparecen reconocidos en la Decisión C(2023) 3817 final como «participantes» (directos).
Con respecto a los siete expedientes restantes, la Comisión instó a las autoridades españolas a financiarlos, en su caso, en el marco del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y, por consiguiente, a no continuar con el proceso de notificación. A partir de entonces, las empresas promotoras de seis de esos siete proyectos, que aparecen recogidas en el anexo II de la Decisión C(2023) 3817 final continuaron contribuyendo a los trabajos de preparación del IPCEI ME/TC con los mismos proyectos prenotificados en diciembre de 2021 cambiando su status de «participantes directos» por el de «participantes asociados».
Esta orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones a entidades españolas reconocidas en la Decisión C(2023) 3817 final, como participantes (directos y asociados) en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación, en adelante IPCEI ME/TC, para la realización de los proyectos que conforman el mismo.
De acuerdo con el Real Decreto-ley 36/2020, y en aplicación de su artículo 62, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, en tanto se trata de subvenciones relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo objeto es financiar actuaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos y las condiciones establecidas en la presente orden, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en las convocatorias.
Asimismo, a través de la presente Orden, se realiza la convocatoria correspondiente a 2024, mediante tramitación anticipada, para participantes directos. La exigencia de ejecutar las actuaciones antes del 30 de junio de 2026 unido a la necesidad de cumplir con los hitos y objetivos del PRTR, aconsejan la apertura del plazo de presentación de solicitudes lo más pronto posible y, dado que, en vista de las fechas actuales la convocatoria sería instruida y resuelta durante 2024, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias de este Ministerio, se ha optado por una convocatoria de carácter anticipado, correspondiente a 2024 en lugar de una convocatoria correspondiente a 2023. Esta convocatoria anticipada se imputará con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Ministerio de Industria y Turismo, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2024.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo. La Comunicación (2021/C 528/02) de la Comisión Europea establece unas orientaciones sobre los criterios que la Comisión debe aplicar para evaluar la ayuda estatal concedida para fomentar la ejecución de los IPCEI, sin excluir la posibilidad de que la ayuda para fomentar la ejecución de estos también pueda considerarse compatible con el mercado interior sobre la base de otras disposiciones del Tratado.
Las subvenciones que se otorguen en el marco de esta orden constituyen ayudas de Estado:
a) Las ayudas a otorgar a proyectos promovidos por participantes directos en el IPCEI ME/TC fueron notificadas a la Comisión Europea en abril de 2023 en virtud de lo establecido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE y declaradas compatibles con el mercado interior en el marco del artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la Decisión C(2023) 3817 final.
b) Las ayudas a otorgar a los proyectos promovidos por participantes asociados en el IPCEI ME/TC en futuras convocatorias, que fueron prenotificadas a la Comisión Europea en diciembre de 2021, se acogerán al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y resultarán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, quedando exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en dicho Reglamento, particularmente las contenidas en los artículos 4 y 25 del mismo.
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia de COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) número 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la pandemia de COVID-19, y el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo, que tiene como objetivo general fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión, tiene como objetivo específico proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus Planes de Recuperación y Resiliencia.
En el contexto anterior, el Gobierno de España presentó a la Comisión Europea el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación), aprobado el 13 de julio de 2021, mediante la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España [COM (2021) 322 final] (Decisión CID por sus siglas en inglés).
El Plan de Recuperación inicialmente aprobado contemplaba diez políticas palanca y 30 componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
Por otra parte, el 6 de junio de 2023, España presentó a la Comisión un Plan de Recuperación modificado que fue aprobado mediante la Decisión de Ejecución del Consejo de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (en adelante, Plan de Recuperación modificado).
El componente 12 del Plan de Recuperación, «Política Industrial», tiene como objetivo impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios mediante una adopción más rápida de la transición digital y ecológica. Dentro de dicho componente, la inversión 2 «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» (C12.I2), tiene como finalidad promover la transformación de sectores estratégicos que son clave para la transición industrial de España, como el de los vehículos automovilísticos y eléctricos, la agroalimentación, la sanidad, los sectores aeronáutico y naval, los sectores industriales vinculados a las energías renovables, y/o las capacidades de diseño y producción de tecnologías de procesadores y semiconductores.
El Plan de Recuperación modificado consta de 31 componentes, e incorpora nuevas medidas en distintos componentes del Plan de Recuperación entre las cuales, con respecto a las relativas al componente 12, incluye una nueva inversión 4 denominada «PERTE CHIP: Fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de los semiconductores» (C12.I4) que tiene como objetivo ofrecer apoyo mediante la adjudicación de ayudas a proyectos relacionados con la cadena de valor de la industria de los semiconductores para fortalecer el ecosistema nacional de la microelectrónica y aumentar la repercusión de la participación de las empresas españolas en el IPCEI ME/TC.
Las ayudas que se concedan en el marco de esta orden se instrumentarán a través de convocatorias específicas para cada una de las inversiones del componente 12 en las que se enmarca, contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a las mismas. En concreto:
a) La primera convocatoria, destinada a financiar actuaciones o proyectos de participantes directos del IPCEI ME/TC y que se efectúa conjuntamente con esta orden, se incardina en la inversión 2 del componente 12 (C12.I2) del Plan de Recuperación modificado, contribuyendo parcialmente al cumplimiento de los objetivos número 185 y 186 recogidos en el anexo del mismo.
b) Las ayudas que se convoquen para financiar actuaciones o proyectos de participantes asociados del IPCEI ME/TC se incardinarán en la inversión 4 del componente 12 (C12.I4) del Plan de Recuperación modificado, contribuyendo parcialmente al cumplimiento de los objetivos 444 y 445 recogidos en el anexo del mismo.
En cualquier caso, la Secretaría de Estado de Industria, que actuará como entidad ejecutora de ambas inversiones del componente 12, verificará el cumplimiento de los objetivos señalados en cada una de ellas con sendos documentos resumen en los que justifique debidamente este cumplimiento, incluyendo los elementos relevantes de cada objetivo, tal y como se enumeran en su descripción en el anexo del Plan de Recuperación modificado, de acuerdo a lo siguiente:
Las acciones que se deriven de esta orden y que se enmarcan en la inversión 2 del Componente 12 (C12.I2) deben cumplir las condiciones específicas previstas en la misma con arreglo a lo dispuesto en el referido Plan de Recuperación modificado, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), tanto en lo referido al principio DNSH («Do No Significant Harm»), como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6, 7 y 8 del documento del componente del Plan.
Las etiquetas digitales asociadas a los proyectos de las entidades beneficiarias de las ayudas que se otorguen al amparo de la presente orden son las 010 [Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas)], y la 010bis [Digitalización de grandes empresas (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas)]. Ambas etiquetas tienen un coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos y medioambientales del 0 %. El coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital es del 100 %.
Las acciones que se deriven de esta norma y se enmarquen en la inversión 4 del componente 12 (C12.I4) deberán cumplir las condiciones específicas previstas en la misma con arreglo a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta orden es todo el territorio nacional.
La competencia del Estado para dictar esta orden se ampara en el artículo 149.1.13.ª y 15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, F.J. II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, F.J. 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, (FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, F.J. 62).
En este caso, el ámbito de aplicación es de carácter nacional, y en beneficio de la efectividad y operatividad de la participación nacional en el IPCEI ME/TC, así como del cumplimiento de los objetivos CID, que son puntuales y no permanecen en el tiempo, es conveniente la concentración de fondos que financian esta participación.
En la elaboración y tramitación de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y eficacia de esta orden se fundamentan, según se ha enunciado en los párrafos anteriores, en el objetivo pretendido por el Gobierno de España de hacer de España uno de los ecosistemas más desarrollado en la prestación de servicios de digitalización disruptivos para pymes coadyuvando así a la autonomía digital de Europa.
Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada en la exigencia de impulsar el desarrollo de un avanzado ecosistema nacional de microelectrónica integrado en la cadena de valor europea que, a su vez, promueva por el denominado efecto de arrastre o desbordamiento («spillover»), la renovación del capital tecnológico de un gran número de compañías pertenecientes a otros sectores industriales al poner a su disposición nuevas soluciones avanzadas que favorezcan su competitividad, su internacionalización, y su adaptación a la transición ecológica y digital contemplada en el Plan Nacional de Recuperación modificado.
Con esta regulación, las entidades beneficiarias quedarán sujetas a las obligaciones que se establecen en el Plan de Recuperación modificado, en relación con las Inversiones 2 y 4 del Componente 12 respectivamente y a los mecanismos de gestión y control establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control de este. En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El buen desarrollo del Plan de Recuperación se evalúa mediante la consecución de los hitos y objetivos asignados a cada inversión y componente, aprobados en el marco de este, lo que constituye condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país. Por ello, las entidades beneficiarias de las ayudas deberán contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos asignados por el Componente 12 del Plan de Recuperación modificado.
En cuanto al principio de proporcionalidad, esta orden no contiene restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. Por lo que afecta al principio de seguridad jurídica, la orden es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y con los planes y normativa vigente en materia de digitalización de pymes y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple asimismo con el principio de transparencia ya que define claramente sus objetivos, reflejados en esta exposición de motivos y en la memoria que acompaña a la norma.
Se ha prescindido de los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública debido al carácter singular y extraordinario de la disposición, que no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Por último, el principio de eficiencia queda garantizado porque la norma no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Asimismo, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y el sector privado.
De acuerdo con lo anterior, la tramitación de esta orden se ha ajustado a lo establecido en los artículos 47 y 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, siéndole además de aplicación lo regulado en los artículos 61 y siguientes de dicho real decreto-ley, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones a entidades españolas reconocidas en la Decisión C(2023) 3817 final, de 8 de junio de 2023, de la Comisión Europea, en adelante la Decisión C(2023) 3817 final, como participantes, directos y asociados, en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación, en adelante IPCEI ME/TC para la realización de los proyectos que conforman el mismo.
2. La regulación de estas subvenciones tiene por tanto su fundamento en la Decisión C(2023) 3817 final, en la que se detalla el procedimiento seguido por los Estados miembros y la propia Comisión para la selección de los proyectos que participan en el IPCEI ME/TC, así como, en el caso de los participantes directos, las ayudas máximas autorizadas para la ejecución de cada uno de ellos. En su anexo II, la Decisión C(2023) 3817 recoge asimismo el listado de las entidades reconocidas como participantes asociados.
3. Esta orden contribuye a la ejecución parcial de las siguientes inversiones del componente 12 «Política Industrial» de la Decisión de Ejecución del Consejo de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (en adelante, el Plan de Recuperación modificado).
a) La inversión 2 «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» (C12.I2).
b) La inversión 4 «PERTE CHIP: Fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de los semiconductores» (C12.I4).
4. Los proyectos que se lleven a cabo con cargo a las subvenciones reguladas por esta orden contribuirán no sólo a reforzar las competencias tecnológicas y las capacidades de producción de las entidades que los promueven, sino las de otras muchas compañías, españolas y europeas, que dependen de las soluciones avanzadas proporcionadas por ellos.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por lo dispuesto en la misma, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Igualmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Decisión de Ejecución del Consejo de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2023 relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás normativa tanto europea como nacional que sea de aplicación a la gestión, seguimiento, verificación, publicidad y control en el marco del Plan de Recuperación, entre ellas, el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
2. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que para la ejecución de los proyectos subvencionados se celebraran contratos que deban someterse a dicha ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma.
3. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principiodo no significant harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
4. Asimismo, será de aplicación la Decisión C(2023) 3817 final, de 8 de junio de 2023, de la Comisión Europea, así como la Comunicación (2021/C 528/02) de la Comisión Europea sobre los criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo, así como las demás disposiciones de la Unión Europea que pudieran ser de aplicación, en especial las relativas a ayudas de Estado.
1. Las subvenciones reguladas por esta orden se financiarán con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.
2. Las ayudas que se concedan en el marco de esta orden se instrumentarán a través de convocatorias específicas para cada una de las inversiones, (C12.I2) y (C12.I4), del componente 12 en las que se enmarca, contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a las mismas en el Plan de Recuperación modificado:
a) La primera convocatoria, que se regula en el capítulo III de esta orden y se dirige específicamente a participantes directos en el IPCEI ME/TC, se incardina en la inversión (C12.I2), contribuyendo parcialmente al cumplimiento de objetivos CID número 185 y 186 del anexo del Plan de Recuperación modificado que se describen en el anexo 1 de la orden.
b) Las ayudas que se convoquen en el marco de esta orden para participantes asociados en el IPCEI ME/TC se encuadrarán en la inversión (C12.I4) del Plan de Recuperación modificado, contribuyendo al cumplimiento parcial de sus objetivos número 444 y 445 que se describen en el anexo 1 de la orden.
3. El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del territorio nacional.
4. Las ayudas previstas en esta orden tendrán un ámbito temporal conforme a la normativa europea de aplicación.
1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concurrencia no competitiva, conforme al artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Las convocatorias establecerán los límites y las intensidades máximas de las ayudas en función de la disponibilidad presupuestaria, así como de los siguientes umbrales:
a) En el caso de las convocatorias para participantes directos en el IPCEI ME/TC, los límites y las intensidades de ayudas autorizados en la Decisión C(2023) 3817 final.
b) En el caso de las convocatorias para participantes asociados en el IPCEI ME/TC:
i. Los límites señalados en el artículo 4.1.i) del Reglamento (UE) n.º 651/2014, para las ayudas de investigación y desarrollo.
ii. Las intensidades máximas indicadas en los artículos 25.5, 25.6, y 25.7 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, para las ayudas de investigación y desarrollo.
1. Las entidades beneficiarias objeto de las subvenciones reguladas por esta orden podrán ser las siguientes:
a) Las entidades promotoras de los proyectos autorizados por la Comisión Europea en la Decisión C(2023) 3817 final, o participantes directos en el IPCEI ME/TC, legalmente constituidas en España como sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
b) Las entidades incluidas en el anexo II «Table of Associated Participants» de la Decisión C(2023) 3817 final, o participantes asociados en el IPCEI ME/TC, legalmente constituidas en España como sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en los artículos 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Tampoco podrán tener la condición de beneficiario las entidades que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiario aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
1. Las actuaciones financiadas por las subvenciones reguladas por esta orden deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) En el caso de las actuaciones desarrolladas por participantes directos en el IPCEI ME/TC, estar incluidas en la documentación aportada en la notificación a la Comisión Europea efectuada en abril de 2023(projectportfolioyfunding gap)y autorizadas por la Comisión en la Decisión C(2023) 3817 final.
b) En el caso de las actuaciones desarrolladas por participantes asociados, estar incluidas en la documentación aportada en la prenotificación a la Comisión Europea efectuada en diciembre de 2021(projectportfolioyfunding gap). Entre dichas actuaciones, sólo resultarán financiables las enmarcadas dentro de las siguientes categorías según se definen a continuación:
1.º Estudios de viabilidad: la evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito;
2.º Proyectos de Investigación industrial: la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o encaminados a lograr una mejora significativa de los productos, procesos o servicios existentes, incluidos los productos, procesos o servicios digitales, en cualquier ámbito, tecnología, industria o sector (incluidas, aunque no exclusivamente, las industrias y tecnologías digitales, como la supercomputación, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de cadena de bloques, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los macrodatos y las tecnologías en la nube); la investigación industrial incluye la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica;
3.º Proyectos de desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y utilización de conocimientos y capacidades científicas, tecnológicas, empresariales y de otros tipos existentes con el objetivo de desarrollar productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, incluidos los productos, procesos o servicios digitales, en cualquier ámbito, tecnología, industria o sector (incluidas, aunque no exclusivamente, las industrias y tecnologías digitales, como la supercomputación, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de cadena de bloques, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los macrodatos y las tecnologías de computación en nube o periférica); podrá englobar también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios; el desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la realización piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento cuando el objetivo principal sea aportar mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente fijados; podrá incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación; el desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
2. No serán actividades elegibles o financiables:
a) Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58, de 18 de febrero de 2021, p. 1).
b) Las actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.
c) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico;
d) Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.
3. Se considerará que cumplen lo dispuesto en la Guía técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» aquellas actuaciones de I+D+i dedicadas a aumentar sustancialmente la sostenibilidad medioambiental de las empresas (como la descarbonización, la reducción de la contaminación y la economía circular) si el objetivo principal de dichas actuaciones es desarrollar o adaptar alternativas con el menor impacto medioambiental posible en el sector.
4. La fecha de inicio y la fecha de fin de las actuaciones financiadas en el marco de esta orden será la que figure en la resolución de concesión, de conformidad con la Decisión C (2023) 3817 final y el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a las inversiones (C12.I2) y (C12.I4) en el Plan de Recuperación modificado. En cualquier caso, la fecha de inicio no podrá ser anterior a la correspondiente a la prenotificación de las ayudas a la Comisión Europea por parte de las autoridades españolas el 20 de diciembre de 2021, ni la de finalización podrá ser posterior al 30 de junio de 2026.
1. Las subvenciones que se otorguen en el marco de esta orden estarán sujetas a las siguientes obligaciones derivadas del Plan de Recuperación modificado:
a) En el caso de