Categoría: Normativas

El Secretario General de Agricultura y Alimentación y el Consejero Delegado de la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA han suscrito un convenio para el apoyo al emprendimiento y a la pyme innovadora en el sector agroalimentario y el medio rural mediante el desarrollo de la línea de préstamos participativos: Línea Agroinnpulso. Plan de Recuperación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea-Nextgeneration EU–.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la presente resolución.
Madrid, 19 de septiembre de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Domínguez Álvarez.
En Madrid, a 22 de julio de 2022.
De una parte, don Fernando Caballero Rojas, Secretario General de Agricultura y Alimentación, en virtud del Real Decreto 542/2018, de 18 de junio, y actuando en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA), conforme a las atribuciones que le confiere el capítulo II, apartado segundo.1, de la Orden APA/21/2019, de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Y de otra parte, don José Hidalgo Santiago Jiménez, Consejero Delegado de la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA (en adelante, ENISA), con NIF A-28749885, domiciliada en Madrid, con sede en calle José Abascal, 4, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid don Manuel Vega Ortega Bravo el 18 de octubre de 2018, número 2.186 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 31.932, folio 170, hoja M-62782, inscripción 250.ª y de conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de ENISA adoptado en reunión de 28 de junio de 2022, según consta en certificado expedido por la Secretaria del Consejo, doña María Torres Ortiz, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo don Galo Lozano Sanz Ramírez ambos en razón de sus respectivas competencias y reconociéndose poderes y facultades suficientes para formalizar el presente convenio, a tal efecto,
El MAPA es el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación, según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 5.1, letras h), i) y j), del Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA), dependiente de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, las competencias para desarrollar las funciones del Departamento en materia de digitalización, en particular de la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural y de sus planes de acción, así como el fomento de la implantación de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario y en el emprendimiento rural y la coordinación con otros departamentos. Dichas competencias se ejercen por la Subdirección General de Innovación y Digitalización (SGID).
En el ejercicio de las citadas competencias, se encargará de la gestión de la línea de préstamos participativos para dar apoyo al emprendimiento de base digital en el sector agroalimentario.
La actuación objeto de este convenio está recogida en el II Plan de Acción 2021-2023 de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural.
El Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), en su artículo 6, apartado 8, establece que queda adscrita a dicho Ministerio, y en concreto a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la sociedad estatal Empresa Nacional de Innovación S.M.E., SA (ENISA).
El apartado d) del artículo 2 de los Estatutos de ENISA establece que, constituye el objeto de la sociedad «Conceder préstamos y/o créditos a personas físicas o jurídicas, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas».
ENISA será entidad prestataria del MAPA y con el préstamo recibido por parte del Ministerio gestionará la línea de préstamos participativos que se propone en el presente convenio.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), micropymes y autónomos constituyen el 98,99 % del tejido empresarial español y el 49,58 % del empleo, y presentan un grado de integración de tecnología digital que las sitúa en el año 2020 en el número 13 en el ranking europeo.
La digitalización de las PYMES adquiere una especial urgencia ante las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19, cuyo impacto es especialmente severo en PYMES, particularmente por sus niveles más altos de vulnerabilidad y más bajos de resiliencia relacionados con su tamaño.
De hecho, el impacto económico de la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico, haciendo todavía más imprescindible la adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, a las nuevas demandas de sostenibilidad ambiental, los canales de distribución y formas de trabajo mediante herramientas digitales, al trabajo a distancia, al comercio electrónico así como el marketing digital.
Por todo lo expuesto anteriormente, es necesaria una mayor concentración del presupuesto en implantar nichos de innovación digital agroalimentaria, así como apoyar a los ya existentes, capitalizar las acciones emprendidas por las plataformas digitales que desarrollen iniciativas de emprendimiento y apoyarlas para el cumplimiento de objetivos de generación de riqueza y empleo en el medio rural.
Es de gran importancia destinar presupuesto al apoyo a PYMES agroalimentarias de base tecnológica para el emprendimiento, mediante financiación, asesoramiento, acompañamiento en el proceso y conexión con el ecosistema de emprendedores.
En esta línea, se puede constatar la eficacia de la financiación de ENISA y su importante efecto tractor en el desarrollo del mercado de capital privado, que se debe, principalmente, a las ventajas que ofrecen los préstamos participativos, pensados para arrastrar la coinversión.
Los préstamos participativos concedidos por ENISA no incorporan avales ni garantías, algo fundamental para startups y pymes que están iniciando su recorrido empresarial. Tampoco diluyen capital, por lo que son de gran interés para completar rondas posteriores de financiación y, al no computar como deuda en la CIR del Banco de España, permiten completar la estructura de deuda de muchas empresas, permitiéndoles seguir avanzando en el desarrollo de la innovación, más allá de las necesidades de liquidez.
Debido a la escasa trayectoria empresarial y la ausencia de garantías reales hace que, en la fase inicial, a los emprendedores les resulte muy difícil conseguir financiación bancaria tradicional. En este escenario, obtener financiación, tanto en recursos propios como ajenos, resulta fundamental para construir una estructura financiera equilibrada y asegurar el correcto funcionamiento y evolución de la empresa.
El Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025, tiene una estructura que se basa en cinco ejes y dieciséis medidas de actuación y concretamente la medida 11 del citado plan incluye programas de apoyo al emprendimiento digital del tipo que se propone ejecutar en el presente convenio.
Como consecuencia de la crisis que ha supuesto el COVID-19 en las perspectivas económicas, sociales y presupuestarias en la Unión y en el mundo, se ha requerido una respuesta urgente y coordinada tanto de la Unión Europea como a nivel nacional, poniendo en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros (EE.MM.) a absorber la perturbación económica provocada por la crisis del COVID-19, así como a aumentar la resiliencia de sus economías.
Para lograr la recuperación y reforzar la resiliencia de la Unión y sus EE.MM. este Mecanismo ofrecerá apoyo financiero a gran escala para reformas e inversiones públicas en cohesión, sostenibilidad y digitalización.
Los EE.MM. han redactado sus planes nacionales de recuperación y resiliencia acordes con las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por la Comisión en el Semestre Europeo.
Los planes incluyen paquetes coherentes de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyen a las transiciones verde y digital y a potenciar la creación de empleo.
Asimismo, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como mínimo el 20 % de las asignaciones totales de fondos deben destinarse a la transición digital.
Por otro lado, deben ser propuestas con gran potencial para la creación de empleo y crecimiento, así como para el aprovechamiento de las ventajas de las transiciones ecológica y digital.
La línea de apoyo al emprendimiento de base digital objeto de este convenio, forma parte de la componente 3 correspondiente al MAPA del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión en junio de 2021, y se centra fundamentalmente en impulsar la transición digital, la competitividad y la innovación de las PYMES, ámbitos de actuación recogidos en los pilares sobre los que deben sustentarse los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por otro lado, se trata de una actuación ya contemplada en el marco de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, así como en el Plan Digitalización de PYMES 2021-2025, con presupuesto propio consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por lo que se respeta el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión y no sustituye en ningún caso gastos nacionales recurrentes, sino que mediante su inclusión en el citado Plan, esta actuación se ve reforzada y alcanzará mayor impacto.
Adicionalmente, cabe resaltar que esta Línea de financiación Agroinnpulso es una medida transformadora integrada en el eje 2 de «Digitalización del sector agroalimentario» del PERTE Agroalimentario aprobado por Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2022.
El MAPA y ENISA coinciden en la convicción de que las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y del medio rural constituyen un entramado básico de la economía nacional y necesitan un impulso financiero que les facilite la transición digital, así como el emprendimiento.
La Ley 22/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, prevé una línea de financiación destinada a favorecer la financiación de los proyectos empresariales de base tecnológica promovidos por las Pequeñas y Medianas Empresas del sector agroalimentario, con objeto de mejorar su competitividad y contribuir a la generación de empleo en dicho sector y a reforzar su sostenibilidad económica, social y medioambiental, apoyando su transformación digital, en coherencia con los objetivos de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural. Para apoyar los proyectos empresariales se utilizará el préstamo participativo.
A tal fin, dicha Ley prevé que ENISA recibirá del MAPA en el ejercicio 2022 un importe máximo de 10 millones de euros en concepto de préstamo sin intereses y con un plazo máximo de amortización de diez años.
Mediante el presente convenio entre el MAPA y ENISA se establecen, en cumplimiento de lo previsto en la referida Ley, las condiciones, criterios, procedimientos y control que esta deberá establecer para la concesión de los préstamos participativos. El convenio contempla asimismo las obligaciones asumidas por cada una de las partes en la gestión de esta línea de financiación, denominada Línea Agroinnpulso.
La financiación del referido préstamo a favor de ENISA (con un máximo de 10 millones de euros en 2022) se efectúa con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, resultándole de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto instrumentalizar la transferencia de fondos del MAPA a ENISA con destino a la línea de financiación a proyectos empresariales de base digital promovidos por las pequeñas y medianas empresas del ámbito agroalimentario a través de la figura del préstamo participativo.
Asimismo, el presente convenio tiene por objeto regular las condiciones, criterios, procedimientos y control que ENISA deberá aplicar a la concesión de los préstamos participativos.
ENISA recibirá un préstamo del MAPA en el año 2022 por un importe de hasta 10 millones de euros, con el objeto de favorecer la financiación de proyectos empresariales innovadores y digitales promovidos por PYMES agroalimentarias. El préstamo tendrá un período máximo de amortización de diez años, a tipo de interés cero y sin necesidad de garantías.
El préstamo será concedido con cargo a la aplicación presupuestaria 21.050.41CE.829.00 (partida presupuestaria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), 10 millones, del vigente presupuesto, y financiará los préstamos participativos aprobados por ENISA contra la presente línea de financiación a proyectos empresariales de base digital promovidos por las pequeñas y medianas empresas del ámbito agroalimentario a través de la figura del préstamo participativo (Línea Agroinnpulso).
Los fondos previstos para esta línea de financiación en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, se transferirán por el MAPA a ENISA una vez firmado el presente convenio.
1. Según lo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en el presente convenio, se entiende por préstamo participativo aquél que reúna las características y condiciones previstas en el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, modificado por la disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de Medidas Fiscales Urgentes sobre Corrección de la Doble Imposición Interna Intersocietaria y sobre Incentivos a la Internacionalización de Empresas, por la disposición derogatoria única, apartado 1.c), del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el hoy derogado texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y por la disposición adicional tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
2. Estos préstamos tendrán un plazo de amortización máximo de nueve años dentro de los cuales se contempla un periodo de carencia máximo de siete años para la devolución del principal. El vencimiento final de los préstamos participativos no podrá superar, en ningún caso, el 31 de diciembre de 2032. Los préstamos, por lo general, se amortizarán mediante cuotas de amortización constantes.
3. La cuantía de los préstamos estará comprendida entre 25.000 euros y 1.500.000 euros.
4. Los préstamos devengarán un tipo de interés variable acorde con lo dispuesto en el artículo 20.uno.a) del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica.
El tipo de interés se aplicará en dos tramos:
– Un primer tramo (fijo) que se devengará a un tipo determinado por el euríbor a un año más 3,75 puntos porcentuales. Su liquidación será por trimestres naturales vencidos.
– Un segundo tramo (variable) que se devengará y calculará a un tipo nominal anual calculado en base al porcentaje que, en cada ejercicio, represente el resultado antes de impuestos sobre los fondos propios medios de la empresa prestataria (ambos del ejercicio al que corresponde la liquidación de intereses). Una vez determinado dicho porcentaje se restarán los puntos porcentuales en que se exprese el primer tramo, constituyendo la diferencia resultante el tipo nominal anual al que se efectuará la liquidación del interés exigible en este segundo tramo.
Se entenderá por «fondos propios medios» la media aritmética de los fondos propios al inicio y al final del ejercicio, sin tener en cuenta como fondo propio el resultado del ejercicio al que se refiere la liquidación. En el supuesto de que los «fondos propios medios» fuesen negativos se considerarán con valor igual a un euro.
En caso de que el tipo aplicable a este segundo tramo resultase negativo se considerará como tipo cero. En ningún caso, en función del nivel de rating de las empresas, de si la empresa cuenta o no con datos históricos en los términos definidos en el anexo I del presente convenio o de si la operación es una refinanciación, el tipo aplicable a este segundo tramo será superior a:
Tampoco el importe a pagar en concepto de segundo tramo por todos los préstamos participativos vivos concedidos a una misma prestataria podrá ser superior al 50 % del resultado antes de impuestos ni al patrimonio neto de la prestataria en cuestión.
La determinación del nivel de rating se llevará a efecto de acuerdo con el Manual de Análisis de Operaciones que se adjunta como Anexo I del presente convenio.
El tipo correspondiente al segundo tramo se liquidará a los diez meses del cierre del ejercicio contable. Para calcularlo la prestataria deberá remitir a ENISA, en el plazo máximo de nueve meses desde el cierre del ejercicio contable, autoliquidación del tipo correspondiente al segundo tramo y copia de las cuentas anuales presentadas en el Registro Público que legalmente corresponda, junto con justificante de presentación o, en los casos establecidos en el apartado 7 del anexo I de este convenio, una copia de las cuentas anuales auditadas externamente presentadas en el Registro Público que legalmente corresponda junto con justificante de presentación. En caso de no presentarse la información señalada en el plazo previsto, se les practicará la liquidación al tipo máximo que proceda. No obstante lo anterior, se establece un periodo de regularización del tipo correspondiente al segundo tramo que expirará, cumplidos once meses desde el cierre del ejercicio contable y que supondrá la aplicación de un recargo por presentación extemporánea de documentación equivalente al 10 % del interés máximo aplicable.
5. El préstamo participativo devengará una comisión de apertura del 0,5 % del importe del mismo.
6. En los casos de morosidad o de potencial morosidad, las solicitudes de renegociación se gestionarán intentando adaptar los calendarios de amortización de los préstamos a las previsiones de la capacidad de devolución de la empresa deudora, siempre dentro del período máximo establecido en el apartado 2 de esta cláusula.
Las condiciones que, en general, se aplicarán a las renegociaciones serán:
– Se incrementará en un 1 % el tipo de interés del primer tramo manteniendo la participación del MAPA en la liquidación de los mismos de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del presente convenio.
– Se reconocerá expresamente, a efectos de lo dispuesto en la Ley Concursal, el carácter ordinario de los créditos renegociados excluyendo, expresamente, la subordinación de los mismos en sede concursal.
– En la fecha de firma de la modificación de las condiciones de los préstamos la empresa deberá estar al corriente en el pago de intereses.
7. En el supuesto de amortización anticipada del préstamo, se satisfará una comisión equivalente al importe que el préstamo hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo de interés se hubiese liquidado al tipo máximo, deduciendo los intereses de segundo tramo devengados hasta la fecha de amortización anticipada.
Se exceptuarán de esta comisión las amortizaciones anticipadas que se produzcan como consecuencia de una operación de refinanciación.
A efectos de este convenio, se entiende por supuestos de refinanciación, aquellos en los que se produce la cancelación total de un préstamo otorgado por ENISA mediante la concesión de un nuevo préstamo por ENISA con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto empresarial.
8. En el caso de cambio en la mayoría de control de la empresa prestataria y/o de transmisión global por cualquier título de los activos de la empresa prestataria, se establece la opción a favor de ENISA de declarar el vencimiento anticipado del préstamo. En el caso de ejercer dicha opción, se establecerá una penalización por vencimiento anticipado equivalente al importe que el préstamo hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo de interés se hubiese liquidado al tipo máximo, deduciendo los intereses de segundo tramo devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado.
9. Para la concesión del préstamo no se exigirán garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial.
10. La empresa prestataria queda obligada a facilitar a ENISA la información sobre su evolución económica y financiera que, en su caso, le sea requerida.
11. El resto de condiciones del contrato de préstamo participativo serán las habituales de ENISA que, en cualquier caso, se ajustarán a la legislación referida en el apartado 1 de esta cláusula.
12. ENISA asegurará que los préstamos participativos concedidos al amparo del presente convenio cumplan con el Manual de Procedimiento de Concesión y Control de Préstamos Participativos que se adjunta como Anexo II.
1. Podrán obtener los préstamos participativos las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de toda la cadena de valor, incluidas las que desplegando su actividad en el medio rural, desarrollen actividades de base tecnológica que apliquen sobre esta (Agrotech), con especial atención a aquellas con capacidad de generar empleo de calidad para jóvenes y mujeres, que tengan su domicilio social en España, que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto empresarial basando su actividad en la generación de nuevos productos, procesos o servicios. Estos proyectos empresariales han de ser viables técnica y económicamente, así como tener un modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas.
2. Adicionalmente, para acceder a los préstamos participativos las empresas solicitantes deberán presentar proyectos concretos, incluidos los supuestos de refinanciación, dirigidos a la consolidación y mejora de la competitividad de la empresa. Estos proyectos deberán contar con un plan económico financiero viable que permita el desarrollo de sus planes y que cubra de forma razonable los compromisos derivados de su estructura financiera.
Los proyectos deberán contribuir a la digitalización de la PYME conforme al ámbito de intervención 10 según la metodología para el etiquetado digital establecida en el anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En todo caso, en el desarrollo de dichos proyectos las empresas solicitantes ejecutarán sus actuaciones conforme al principio de no causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales tal y como aparece recogido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
En aplicación del artículo 17 del citado Reglamento 2020/85, a la hora de evaluar una actividad económica, de conformidad con los criterios sobre perjuicio significativo establecidos, sobre:
a) Mitigación del cambio climático;
b) adaptación al cambio climático;
c) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d) transición hacia una economía circular;
e) prevención y control de la contaminación;
f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Se deberá tener en cuenta el impacto ambiental tanto de la propia actividad como de los productos y servicios generados por esa actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, en particular teniendo en cuenta la producción, el uso y el final de vida útil de esos productos y servicios.
El incumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales tal y como aparece recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.
3. En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades:
a) Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigación del cambio climático.
b) Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía Técnica de la Comisión Europea.
c) Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto.
d) Compensación de los costes indirectos del RCDE.
e) Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras. Esta exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
f) Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico. Esta exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
g) Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.
1. Serán funciones de ENISA la gestión y administración del préstamo recibido del MAPA, lo que supone, la realización a su cargo de las siguientes actividades:
a) Evaluar y, en su caso, aprobar las solicitudes de préstamos participativos.
b) Informar a la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula octava del presente convenio de los préstamos participativos aprobados o denegados con cargo a la aportación financiera del MAPA.
c) Exigir a las empresas prestatarias el cumplimiento de lo establecido en el capítulo II, titulo II, libro I, de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre capacidad y solvencia del empresario.
d) Llevar una contabilización individualizada de cada uno de los préstamos apoyados por la línea de financiación Agroinnpulso.
e) Realizar el seguimiento y control de los préstamos concedidos, verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas tanto en el presente convenio como en el contrato de préstamo participativo.
f) Garantizar que las inversiones realizadas con esta financiación se ajusten a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de pruebas de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.
g) De cara a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado digital, verificar que los proyectos contribuyan al 100 % según la metodología para el etiquetado digital establecida en el anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estando enmarcados en el ámbito de intervención n.º 10, Digitalización de PYMES.
h) Presentar a la Comisión de Seguimiento, a la fecha del vencimiento del préstamo, el valor de la liquidación del préstamo otorgado por el MAPA para su propuesta de aprobación por el Secretario General de Agricultura y Alimentación.
i) Elaborar y aprobar un Manual de Lucha contra el Fraude, que integre las actuaciones previstas para la prevención, detección y persecución del fraude y el conflicto de intereses en la gestión de la línea de financiación Agroinnpulso objeto de este convenio.
j) Recopilar la información requerida en el mecanismo de verificación de esta medida según establecen las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación.
k) Seguimiento y envío de la información requerida por el sistema de información COFFEE según establecen las Ordenes HFP1030/2021 y HFP1031/2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por las que se establecen el sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
l) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación de la Unión.
m) Cualquier otra tarea prevista en la gestión, seguimiento y control de actuaciones integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. ENISA realizará, con carácter semestral, un informe sobre la actividad y situación de la línea de financiación que será remitido al MAPA que incluya:
a) Un balance económico-financiero de la línea de financiación y evolución de los proyectos en los que se hayan comprometido fondos: número y volumen total de préstamos concedidos, préstamos rechazados, amortizaciones efectuadas, volumen de intereses, fallidos, etc.
b) Explotación estadística agregada sobre características de las empresas en cuanto a subsector agrícola, número de empleados, años de funcionamiento desde su creación, etc.
1. Los fallidos generados por la aplicación de esta línea reducirán la cuantía del préstamo a devolver por ENISA en el momento de la liquidación del mismo.
A los efectos del presente convenio, se entenderá por préstamos fallidos aquellos en los que se hubiera producido un vencimiento (ya sea de intereses o de la amortización del principal) y/o concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. El deudor haya puesto en conocimiento del Juzgado competente el inicio de negociaciones con los acreedores al amparo del artículo 583 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, habiendo alcanzado o no acuerdo con ENISA.
2. El deudor haya homologado judicialmente un acuerdo de refinanciación en el marco de lo establecido en capitulo II, título II, libro segundo, del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, habiendo alcanzado o no acuerdo con ENISA.
3. Se haya solicitado o declarado el concurso de acreedores de la prestataria.
4. La Abogacía del Estado correspondiente haya iniciado contra el deudor las oportunas acciones judiciales a instancia de ENISA.
En cualquier caso ENISA actuará con la máxima diligencia para procurar el cobro de dichos préstamos. No obstante, si con posterioridad se produjera una recuperación total o parcial del fallido, ENISA se compromete a reintegrar dichos fondos al Tesoro Público imputando las cantidades recibidas, en primer lugar, al pago del valor de liquidación del préstamo que corresponde al MAPA.
2. Se entenderá por plusvalía el montante total del segundo tramo de intereses a que se refiere la cláusula cuarta, apartado 4.
3. El valor de la liquidación del préstamo que el MAPA ha concedido a ENISA se determinará deduciendo del valor nominal del mismo los fallidos producidos y añadiendo el 80 % de la plusvalía generada por los préstamos participativos concedidos por ENISA, así como 1,5 puntos porcentuales del montante total del interés del denominado primer tramo y el 50 % del montante total de la penalización por vencimiento anticipado. El 20 % restante de la plusvalía, así como el resto del interés del primer tramo, comisiones y recargos quedaran a disposición de ENISA.
4. ENISA procederá a liquidar el importe del préstamo recibido en 2022 mediante un único pago antes del 31 de diciembre de 2032, deduciendo los correspondientes fallidos, así como el importe que en su caso, hubiera tenido que devolver al MAPA anticipadamente (según establece el apartado 5 de esta cláusula) y añadiendo el 80 % de las plusvalías generadas, 1,5 puntos porcentuales del montante total del interés del primer tramo y el 50 % del montante total de la penalización por vencimiento anticipado a que se refiere la cláusula cuarta de este convenio.
La liquidación a efectuar por ENISA del préstamo concedido por el MAPA para el ejercicio presupuestario 2022 se aprobará, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y se realizará mediante un único pago antes del 31 de diciembre de 2032.
Aprobada ésta se emitirá una carta de pago por el importe a liquidar que se remitirá a ENISA.
A partir de la fecha de recepción de la carta de pago, ENISA deberá reintegrar al Tesoro Público el importe de la liquidación aprobada de conformidad con los plazos de pago en periodo voluntario que establece el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Asimismo y de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ENISA deberá abonar al Tesoro Público el interés previsto en el artículo 17 de dicha Ley, el cual deberá aplicarse sobre la cuantía de la liquidación realizada y computarse desde el momento en que se hubiera abonado a ENISA el importe del préstamo y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o, en su caso, hasta la fecha en que ENISA proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos.
5. No obstante lo anterior, a partir del 31 de agosto de 2026 en el plazo de un mes, ENISA procederá al reintegro al MAPA de los importes no concedidos respecto de los fondos transferidos por el MAPA previstos en la cláusula tercera, que antes de dicha fecha no se hubieran comprometido.
Las partes constituirán una Comisión de Seguimiento que velará por el correcto funcionamiento del presente convenio.
Esta Comisión estará compuesta por dos representantes de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA y dos representantes de ENISA. De los representantes del MAPA, uno de ellos, con categoría mínima de Subdirector/a General o equivalente, la presidirá y tendrá voto de calidad. Como Secretario/a de la Comisión actuará un representante de ENISA.
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Conocer la actividad y situación de la línea de financiación.
b) Certificar los préstamos participativos aprobados por ENISA con cargo a la presente Línea Agroinnpulso.
c) Proponer la liquidación del préstamo del MAPA de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del presente convenio.
d) Proponer el reintegro al Tesoro Público del anterior valor de liquidación.
e) Velar por el debido cumplimiento de este convenio y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto al mismo.
f) Cualesquiera otras que se deriven de este convenio.
La Comisión de Seguimiento celebrará su primera reunión en el mes siguiente a la fecha de firma del convenio.
La vigencia del convenio será de diez años. Asimismo, se inscribirá en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), a efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad activa.
Sin perjuicio de lo anterior, los pagos asociados a este convenio comprenderán los préstamos participativos cuya concesión haya sido aprobada por ENISA, una vez que el MAPA transfiera los importes señalados en la cláusula tercera contra la presente Línea Agroinnpulso.
El convenio extenderá su vigencia hasta que se produzca el efectivo cumplimento de las obligaciones derivadas del mismo y el reembolso del importe del préstamo en el Tesoro Público en los términos de la cláusula séptima, es decir, el 31 de diciembre de 2032.
El convenio podrá ser denunciado con tres meses de antelación por alguna de las partes firmantes. En caso de resolución del convenio, por denuncia de una de las partes, se procederá a la inmediata liquidación del préstamo del MAPA a ENISA y al reembolso al Tesoro Público del importe de dicho préstamo una vez deducida la suma de los préstamos participativos cuya concesión haya sido aprobada por ENISA al amparo del presente convenio, procediéndose a la devolución del resto de los fondos a medida que se vaya produciendo la amortización de los préstamos participativos, excepción hecha de los fallidos.
En el supuesto de que una de las partes denuncie el convenio por incumplimiento de la otra tendrá derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados que con arreglo a derecho proceda.
La determinación de la indemnización que pudiere proceder, corresponderá a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava.
El presente convenio quedará extinguido ante el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de las Partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en cualquier ley o norma de derecho nacional o europeo que resulte de aplicación.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes dará lugar a la resolución del convenio.
El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las Partes.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las Partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de aquellas que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el párrafo anterior.
Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio, que no hayan sido resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
En prueba de conformidad con sus términos, suscriben el presente convenio en lugar indicado en el encabezado y en la fecha de la firma electrónica.–El Secretario General de Agricultura y Alimentación, Caballero Mendoza Mendoza.–El Consejero Delegado de la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, José Hidalgo Santiago Jiménez.
1. Introducción.
2. Proceso de admisión y análisis de solicitudes.
3. Calificación cuantitativa (solo empresas con históricos).
4. Calificación cualitativa.
5. Calificación Plan de Negocio (solo empresas con históricos).
6. Percepción del analista y garantías.
7. Exigencia de auditoría externa de cuentas.
8. Régimen de aprobación de las inversiones.
9. Límites y diversificación de las inversiones.
El presente manual recoge los procesos de admisión y análisis de las solicitudes de financiación que recibe ENISA, así como los criterios y factores que se aplican para dicho análisis y la calificación del rating.
Estos criterios y factores permiten estudiar, evaluar y emitir una opinión favorable o no, de las solicitudes de financiación en función de la viabilidad, solvencia financiera y capacidad de las empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de la financiación otorgada por ENISA.
El modelo de medición del riesgo en ENISA se basa en la utilización del nivel de rating de los clientes/operaciones, tanto como factor determinante para la selección de inversiones en el proceso de análisis, como expresión de la valoración de la calidad crediticia de la cartera a través de su mantenimiento actualizado en el proceso de seguimiento.
Los diferentes niveles de rating intentan agrupar los activos con características homogéneas por nivel de riesgo asumido, en base a la probabilidad de incumplimiento, y en consecuencia, a la pérdida esperada.
Se trata de un modelo básicamente cuantitativo para prestatarios que cuentan con estados financieros históricos y, teniendo en cuenta la filosofía propia de ENISA, se incluye un módulo de valoración cualitativa y del plan de negocio, asignándole un peso mucho mayor a los propios ratios económico-financieros.
El proceso de admisión, tiene como objetivo decidir sobre la admisión de las solicitudes de financiación, en base a la idoneidad inicial de la empresa solicitante, así como la existencia de la información necesaria para el análisis posterior de dicha solicitud según los requisitos publicados en la página web de ENISA.
Todas las solicitudes de financiación deben pasar por el proceso de admisión. Dicho proceso se inicia con la cumplimentación por parte de la empresa de una solicitud de financiación a través del sistema informático existente a tal efecto y accesible a través de la web de ENISA/Portal del Cliente (https://portaldelcliente.ENISA.es ).
En todos los casos, los pasos que se van a requerir a la empresa solicitante son:
I. Registrarse como empresa.
II. Cumplimentar varios formularios web, equivalentes a un plan de negocio, que debe incluir la siguiente información:
– Datos básicos de la empresa. Descripción de la misma y su entorno (actividad, antecedentes, accionistas, equipo gestor, mercado, modelo de negocio, ventajas competitivas, etc.).
– Estados financieros históricos y previstos.
– Descripción de la estrategia futura (objetivos y necesidades financieras asociadas).
III. Incorporar documentación obligatoria y complementaria, tales como: DNI/NIF de los socios en vigor, certificado de situación censal, acta de titularidad real, etc. y cualquier otro documento que la empresa solicitante considere relevante para la mejor comprensión de su solicitud de financiación.
Una vez que la empresa ha cumplimentado debidamente la solicitud, ha subido la documentación requerida al Portal del Cliente y cumple con los requisitos de la línea de financiación a la que aplica (antigüedad de la empresa, edad de los socios, etc.), la solicitud inicia el proceso de análisis, comunicándose tal circunstancia a la empresa.
En los supuestos de no admisión, se comunica a la empresa dicha circunstancia, explicando, en cada caso, los motivos por los que la solicitud no ha sido admitida.
Las solicitudes de financiación admitidas serán sometidas al proceso de análisis, cuyo objetivo es evaluar dichas solicitudes y emitir una opinión favorable, junto con el importe del préstamo y las condiciones propuestas, o bien una desfavorable, desaconsejando la financiación por parte de ENISA.
El análisis se realizará mediante la evaluación de carácter experto de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la solicitud, sintetizándose en la asignación de un nivel de rating, que refleja la opinión sobre la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y mantenerse en el negocio.
No se aplicará la metodología de análisis y calificación de rating ENISA, rechazándose la solicitud, en los supuestos siguientes:
– Cuando con la solicitud de financiación, se superan los límites de concentración del riesgo establecidos por los órganos de gobierno de ENISA.
– Cuando haya inconsistencias graves en la documentación presentada (detalle de deuda que no se corresponde con las partidas de deuda del balance, gastos activados mayores de los que figuran en la cuenta de resultados, inversiones no recogidas en el balance, así como cualquier otra que impida realizar la calificación del rating).
– Cuando la empresa solicitante no tenga condición de pyme (de acuerdo con la definición de la UE).
– Cuando exista una situación de morosidad con ENISA.
– Cuando los modelos de negocio sean ilegales o no se ajusten al código ético de ENISA.
– Cuando se trate de sectores excluidos de la financiación de ENISA (inmobiliario y financiero en los términos definidos en los convenios reguladores de las líneas de financiación).
– Cuando los modelos de negocio impliquen incumplimiento de regulación y/o conlleven riesgos regulatorios relevantes.
– Cuando los modelos de negocio impliquen actividades esencialmente especulativas que deriven en la utilización de paraísos fiscales para la gestión de los recursos, bien sean propios, bien sean de clientes.
– Cuando los modelos de negocio impliquen graves riesgos sociales o medioambientales.
– Cuando el otorgamiento de financiación pública pueda implicar riesgo reputacional para ENISA, bien por el modelo de negocio propuesto, bien porque los administradores u otros representantes legales de la sociedad solicitante de financiación y/o sus titulares reales, se encuentren en situación de investigado o condenado en un proceso penal por delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, delito de financiación ilegal de los partidos políticos, delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delito contra los derechos de los trabajadores, delito de falsedades, delito contra la Administración Pública, delito contra la libertad e indemnidad sexuales o delitos por violencia de género.
– Por otros motivos que permitan deducir la existencia de riesgos para la continuidad de la empresa y la devolución del préstamo en su caso.
En cualquier caso, deberán ser explicados y justificados en la propuesta de rechazo, los motivos del mismo.
Igualmente en los supuestos de refinanciación no se elaborará el rating de la empresa. Se entenderá por supuestos de refinanciación, aquellos en los que se produce la cancelación total de un préstamo otorgado por ENISA, mediante la concesión de un nuevo préstamo de ENISA con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto empresarial, independientemente de su situación de morosidad con ENISA.
Las solicitudes no incursas en los anteriores supuestos serán evaluadas para determinar su nivel de rating.
El nivel de rating se determinará en base a dos modelos de valoración. Uno diseñado para empresas con históricos y otro para empresas que no disponen de históricos.
Se define una empresa con histórico aquella que tiene dos o más ejercicios cerrados con al menos 30.000 euros de gastos de explotación por ejercicio. Las empresas sin histórico serán las que no cumplan las condiciones anteriores.
– Las empresas con históricos se valorarán con las siguientes calificaciones:
• Cuantitativa: Ratios sobre los dos últimos estados financieros históricos. En concreto se emplean siete ratios para el análisis económico y cinco para la parte de análisis financiero.
• Cualitativa: Valoración de nueve variables agrupadas en dos apartados: Valoración de producto, demanda y mercado y valoración de accionistas y gerencia.
• Plan de negocio: Se valorará con los mismos ratios de la parte cuantitativa pero en lugar de calcularse sobre los dos últimos ejercicios cerrados se emplean los dos primeros ejercicios proyectados.
– Las empresas sin históricos se valorarán con la siguiente calificación:
• Cualitativa: Valoración de doce variables agrupadas en tres apartados: valoración de producto, demanda y mercado; la valoración de accionistas y gerencia y por último la valoración del plan de negocio.
En las valoraciones de las empresas sin histórico no se realizan por tanto ni la calificación cuantitativa ni la calificación de plan