Categoría: Administración

La Agenda España Digital 2025, actualizada el 5 de julio de 2022 con la hoja de ruta para la transformación digital denominada España Digital 2026, recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, marcándose como uno de sus objetivos, el continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025: 100 % del espectro radioeléctrico preparado para 5G).
De esta manera, la puesta a disposición de servicios e infraestructuras 5G va más allá del desarrollo de una nueva generación de telefonía móvil, abriendo nuevas posibilidades para la transformación industrial y social por sus características de muy alta capacidad, baja latencia y densidad de conexiones entre objetos, que favorecerán nuevos usos y modelos de producción, lo que será fundamental para el desarrollo económico en todos los ámbitos territoriales. Por ello, facilitar el despliegue del 5G en todos los ámbitos territoriales se convierte en una tarea fundamental para el desarrollo económico y la transformación digital del país.
Como parte del esfuerzo de la Agenda España Digital 2025 y la hoja de ruta España Digital 2026, la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, aprobada por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, contiene como medidas 5 y 6, el despliegue 5G en núcleos de población y el despliegue 5G en corredores de transporte, y como medida 7 el despliegue en 5G de una adecuada red de transmisión móvil.
En el ámbito de estas medidas se contempla acelerar el establecimiento de redes y el despliegue de la tecnología 5G, que debe alcanzar también el ámbito rural y la denominada «España vaciada», poniendo en marcha programas específicos que continúen con la extensión de la cobertura de servicios móviles en las zonas rurales alineándolo con los despliegues de corredores secundarios.
En lo que se refiere a los corredores secundarios, se contempla que el despliegue de infraestructuras 5G acompañe y sea parte de una política de vertebración territorial y cohesión económica y social y para ello, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue de infraestructuras 5G en carreteras nacionales, provinciales y otras vías secundarias, favoreciendo una extensión y continuidad de la cobertura de servicios 5G más allá de las zonas pobladas. Asimismo, la provisión de los nuevos servicios 5G se debe hacer con la capacidad necesaria para que sea posible la prestación de los nuevos servicios y aplicaciones que permite esta tecnología, mediante la extensión de la cobertura de redes de telecomunicaciones ultrarrápidas en todo el territorio, particularmente en las zonas rurales y zonas estratégicas, contribuyendo a cerrar las actuales brechas digitales sociales, económicas, de género y territoriales.
La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha exigido asimismo una respuesta común a escala europea que se ha materializado con la puesta en marcha del nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation EU» cuyo objeto es impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y sostenible de la economía española, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprobó la presentación a la Comisión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que traza la agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos económicos que provendrán de este Fondo. Asimismo, el 6 de junio de 2023, se aprobó en Consejo de Ministros el documento final de la Adenda de modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (en adelante Plan), para su remisión a la Comisión Europea. La Adenda incluye inversiones y reformas adicionales dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, las inversiones sostenibles de las empresas y el parque de vivienda para alquiler. Asimismo, la Adenda modifica algunos de los hitos y plazos originalmente establecidos en el Plan, y en concreto extiende el plazo de ejecución relativo a los hitos CID 243 y 244, que una vez la Adenda haya sido aprobada por la Comisión Europea, pasarán a ser el plazo exigible para esta actuación.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Con el objeto de facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, así como la implementación del Plan, mediante Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se han aprobado medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
A los procedimientos administrativos regulados por la presente orden les es de aplicación el artículo 48 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, relativo a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, dentro de la denominada «Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas», se incluye la componente, «Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G». Esta componente tiene entre sus objetivos el impulso a la transformación digital, apostando por el despliegue del 5G en todos los ámbitos territoriales, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
Esta actuación es complementaria a otras que se están llevando a cabo bajo la denominación paraguas UNICO 5G Redes, y se canalizará a través de ayudas en forma de subvenciones que se convocarán entre 2023 y 2024, en varias convocatorias, y estarán destinadas, a la dotación del equipamiento y de la infraestructura adicional necesaria para la provisión de servicio 5G en las zonas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcione al menos 50 Mbps en sentido descendente.
Serán elegibles las zonas geográficas ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes que carecen de servicio de comunicaciones móviles con tecnología 4G que proporcione al menos 50 Mbps en sentido descendente. Para la identificación de estas zonas elegibles se han excluido los municipios y carreteras en las que se han establecido obligaciones de cobertura, incluidas en los Apéndices II, VI, X y XI, del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 700 MHz, aprobado por la Orden ETD/534/2021, de 26 de mayo.
Entre los criterios de valoración a tener en cuenta para la concesión de la ayuda se incluyen criterios de creación neta de empleo en España, de participación de PYMES, y de cohesión territorial, así como la dimensión de género, conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU, publicada por el Ministerio de Igualdad.
Este equipamiento y la infraestructura adicional que pueda ser necesaria deberá poder proporcionar en las zonas elegibles servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente. Esta actuación contribuye al objetivo de conseguir la disponibilidad de los nuevos servicios que permite a tecnología 5G en todos los ámbitos territoriales, y facilitar, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, que los beneficios que proporcionará la tecnología 5G puedan llegar también a las zonas rurales, para contribuir a su desarrollo económico y a la reducción de la brecha digital.
De este modo, las ayudas contribuyen, por un lado, a la reducción de la brecha digital en zonas rurales y, por otro, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas que sufren despoblación. Asimismo, favoreciendo el acceso a procedimientos y trámites por vía telemática y evitando desplazamientos, se promueve el desarrollo sostenible, lo que redunda en una mayor eficiencia y ahorros energéticos.
El objeto de esta medida que pretende hacer llegar la disponibilidad de servicios 5G a las zonas elegibles, principalmente mediante la instalación de equipamiento 5G en emplazamientos ya existentes, permite adoptar zonas de concurrencia de nivel provincial de modo que se favorece de este modo que exista una amplia participación.
Con las ayudas contempladas en las convocatorias que se prevean para esta actuación, se contribuirá a la consecución de los objetivos del Componente 15 del PRTR, en concreto, se contribuirá al cumplimiento de los siguientes subproyectos de la Inversión I6 (C15.I6):
a) Se impulsará y acelerará el despliegue del 5G en los principales corredores de transporte (carreteras y ferrocarriles) tanto nacionales (corredores secundarios en determinadas zonas) como transfronterizos (corredores primarios). Estas iniciativas están en consonancia con los corredores 5G definidos por la Comisión Europea y potenciarán los corredores entre España y Portugal y España y Francia. Esta medida abarca las rutas secundarias que no estarán cubiertas por las obligaciones impuestas en las ofertas de espectro.
b) Despliegue del 5G en determinadas zonas con el objetivo de lograr la cobertura del 75 % de la población en la fecha de cumplimiento prevista en el Plan o la que se determine en la Adenda del mismo para su hito CID 244 en las bandas de preferencia 5G. A fin de facilitar este despliegue, se emprenderán asimismo acciones para aumentar la capacidad de la red existente de modo que pueda responder a la elevada demanda de ancho de banda en al menos 3.500 emplazamientos existentes o los que se determine en la Adenda del Plan, con acciones para aumentar la capacidad de su red de retroceso(Backhaul)y la instalación de equipos 5G.
De este modo, la presente Orden contribuye al cumplimiento parcial de los siguientes hitos CID(Council Implementing Decision):
a) #HITO 243: Antes de la fecha de cumplimiento prevista en la Adenda al Plan para este hito, deberá haberse realizado la publicación oficial de la adjudicación de proyectos de despliegue de 5G en los principales corredores de transporte nacionales (en determinadas zonas) y transfronterizos (4.000 emplazamientos), y con el objetivo de alcanzar una cobertura de la población del 75 % para 2025 en las bandas de preferencia 5G (7.000 nuevos emplazamientos 5G o los que se determine en la Adenda del Plan y 3.500 emplazamientos mejorados para la conectividad 5G o los que se determine en la Adenda del Plan).
b) #HITO 244: Finalización de los citados proyectos antes de la fecha de cumplimiento prevista en la Adenda al Plan para este hito.
Asimismo, con respecto a la presente actuación y conforme al anexo a la Decisión de la Comisión por la que se aprueban los acuerdos operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (EU) 2021/241, se estará a lo establecido en el acuerdo operativo OA 243.1.
En la elaboración y tramitación de esta orden se ha tenido en cuenta que deberá asegurarse el cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio donot significant harm-DNSH), de forma que los beneficiarios (y subcontratistas en su caso) garantizarán el pleno cumplimiento de dicho principio y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
En concreto, la contribución del componente 15 a la transición digital es del 100 %. Este Componente entronca de manera directa con «Connect», una de las siete áreas emblemáticas(Flagships areas: Power up, Renovate, Recharge and Refuel, Connect, Modernise, Scale-up and Reskill & Upskill)que señalaba la Unión Europea como ámbitos esenciales a los que animaba a los estados miembros a dirigir sus reformas e inversiones.
Por otro lado, el componente 15 completo se declara como contribución 0 % al etiquetado verde dentro del PRTR, por lo que no cabe esperar ninguna contribución específica de la actividad del beneficiario apoyada por esta convocatoria a la transición verde.
Asimismo, en la elaboración y tramitación de esta orden, que se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su desarrollo por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, respecto al principio de necesidad, las ayudas que se regulan en esta orden resultan imprescindibles para posibilitar que la disponibilidad de los nuevos servicios y aplicaciones que permite la tecnología 5G alcance a todos los ámbitos territoriales, impulsando un nuevo modelo transformador de crecimiento económico, principalmente, a través de los fondos provenientes del MRR de la Unión Europea para la consecución de los objetivos previstos en el PRTR, favoreciendo con ello la cohesión social y territorial del Estado.
En referencia al principio de proporcionalidad, sólo se otorgarán ayudas para la provisión de servicios 5G en los ámbitos geográficos de los municipios de menos de 10.000 habitantes en los que no existe cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcione al menos 50 Mbps en sentido descendente. Esta orden garantiza la seguridad jurídica ya que resulta acorde con el resto de normativa impulsada dentro de la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, habiéndose cumplido con el procedimiento de notificación de Ayudas de Estado ante la Comisión Europea, de modo que las ayudas no serán concedidas hasta que no se reciba la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea como establece el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las subvenciones a otorgar mediante la presente orden se califican como ayuda de estado al concurrir los cuatro requisitos previstos en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: la medida (i) supone una transferencia de recursos públicos (en el marco del PRTR) que (ii) confiere una ventaja a empresas (iii) de manera discrecional disponible para un número limitado de operadores de telecomunicaciones y que (iv) afecta a la competencia en el mercado interior en este sector.
Por tanto, en cumplimiento de lo establecido en el citado art. 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se ha notificado a la Comisión Europea la presente medida de ayudas para su consideración de compatibilidad con el mercado interior con arreglo a lo establecido en el artículo 107 del citado Tratado. En tanto no se reciba la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea, no podrá procederse a la concesión de las ayudas contempladas en esta orden.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus objetivos y establece su régimen de publicación. Asimismo, la información relativa a esta actuación se pone a disposición de los interesados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). El artículo 3.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, indica que «en el caso de subvenciones o ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos la información será igualmente suministrada por las Administraciones públicas y demás entidades contempladas en este artículo».
Además, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece en su artículo 22 que los datos personales indicados en el apartado 22.2.d) recabados a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos siguientes:
i) El nombre del perceptor final de los fondos;
ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión.
Se encuentra asimismo acreditado el principio de eficiencia dado que esta iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. De este modo, el balance entre recursos destinados a la medida y beneficios esperados es claramente positivo. La utilización de un mecanismo de asignación basado en un proceso competitivo maximiza asimismo la eficiencia de la medida y, por ende, los procesos administrativos para dotar de cobertura de alta velocidad a determinados territorios, haciendo uso para ello del mínimo de recursos de la administración.
También la norma atiende a la obligación del Reglamento (UE), n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, de evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación. En particular, resulta de aplicación el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del PRTR, elaborado siguiendo el documento de Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que «los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria». En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó en septiembre de 2019 su Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2019-2021 que fue posteriormente actualizado en octubre de 2020.
La presente actuación por su parte se enmarca en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G aprobada el 1 de diciembre de 2020, por lo que no se incardina en el PES 2019-2021 de este Ministerio. No obstante, se señala que el presente programa de ayudas UNICO 5G Redes activas está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el periodo 2022-2023.
En la tramitación de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se ha recabado el informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como informe preceptivo pertinente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1. 21.ª de la Constitución Española.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la provisión del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 50 Mbps en sentido descendente.
2. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Serán de aplicación: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Igualmente, será de aplicación la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, así como lo establecido en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como las demás normas que resulten de aplicación.
2. Será también de aplicación la normativa correspondiente a la gestión, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, también será de obligatorio cumplimiento lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. En la aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principiodo no significant harm-DNSH), se estará a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
4. Con respecto al etiquetado verde y digital, conforme con el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la presente actuación, englobada en la inversión I6 del componente C15, contribuye con el 100 % a la consecución del objetivo global para la transición digital del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y en un 0 % al objetivo de transición verde.
1. El ámbito material de esta orden se circunscribe a la provisión del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional que sea necesaria para la prestación de servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 50 Mbps en sentido descendente.
El equipamiento activo a proveer en un emplazamiento deberá proporcionar en las zonas elegibles incluidas en su ámbito de cobertura, servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente. Este equipamiento podrá incluir los elementos siguientes:
a) Unidad de banda base (BBU).
b) Unidad de radio (RU).
c) Antenas.
d) Elementos complementarios.
El equipamiento activo puede contemplar configuraciones de compartición de infraestructuras de acceso móvil como MORAN (Multi Operator RadioAccess Network)o MOCN (Multi OperatorCore Network). Los acuerdos de compartición que puedan ser necesarios deben ser previamente autorizados por la Administración y deberán ser aportados, en su caso, en los proyectos que se presenten a la correspondiente convocatoria.
2. En caso de que sea necesario para la prestación del servicio 5G con las características establecidas mediante el equipamiento activo indicado en el apartado anterior, para emplazamientos ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes, será subvencionable adicionalmente la infraestructura necesaria para dotar al emplazamiento en consideración de conexiónbackhaulde fibra óptica, para aquellos emplazamientos que no disponen de este tipo de conexiónbackhaulni está contemplada su provisión mediante la medida UNICO 5G-REDES BACKHAUL. Esto incluye tanto la infraestructura física a construir y los elementos pasivos de un despliegue de fibra oscura, como los elementos activos necesarios para la iluminación de la fibra y para la gestión del tráfico de datos generado por las estaciones base de telefonía móvil a las que se provee la citada conexiónbackhaulde fibra en un determinado emplazamiento, tales como:
a) Obras de ingeniería civil y de instalaciones estrictamente necesarias para la provisión de las conexionesbackhaulobjeto de este proyecto, asegurando el espacio necesario en los conductos para proporcionar servicio a un mínimo de 4 operadores.
b) Elementos pasivos necesarios para el despliegue de fibra oscura desde el punto de entrega (PdE)(1)del tráfico en el emplazamiento de la estación hasta el punto de interconexión adecuado en base al proyecto del beneficiario (PdI)(2).
c) Elementos activos necesarios para la iluminación de la fibra.
d) Elementos activos necesarios para la gestión del tráfico de datos.
e) Elementos complementarios.
Asimismo, se considerarán como inversión en coste financiable y subvencionable el establecimiento de Derechos irrevocables de uso (IRUs) para la conexión del emplazamiento abackhaulde fibra. El contrato IRU deberá contemplar los requisitos y obligaciones establecidos en las bases reguladoras de estas ayudas de modo que se cumpla el objetivo del proyecto, así como mantenerse durante el período de obligada actividad de la infraestructura subvencionada desde que finaliza la ejecución del proyecto. Estas infraestructuras objeto de subvención deberán ajustarse a la normativa específica de aplicación. En particular es de aplicación la norma UNE 133100: 2021 (partes 1 a 5).
3. También será subvencionable la infraestructura adicional necesaria para el refuerzo de los elementos de soporte (torres, mástiles o postes) de los emplazamientos existentes en consideración para que puedan alojar el equipamiento activo indicado en el apartado primero para la prestación del servicio 5G con las características establecidas.
4. En el caso de que no se identifiquen emplazamientos existentes adecuados para dar cobertura a algunas de las zonas identificadas como elegibles, se podrá incluir la provisión de la infraestructura física pasiva necesaria correspondiente a un nuevo emplazamiento.
Esta infraestructura física a construir incluye cualquier elemento necesario para albergar los elementos activos enumerados en el apartado 1 de este artículo, y deberá permitir un mínimo de dos operadores de servicios de comunicaciones electrónicas prestando servicio desde dicha infraestructura. Esta infraestructura incluye los elementos siguientes:
a) Torres, mástiles o postes.
b) Conductos, recintos o elementos constructivos para albergar los equipos activos de las redes de acceso.
c) Sistemas de alimentación de energía o redes de conexión a las redes públicas de energía.
d) Elementos y sistemas de protección de las infraestructuras.
e) Caminos de acceso a las infraestructuras.
f) Elementos complementarios, excluyendo cualquier elemento activo de la red de acceso de comunicaciones móviles para el usuario final.
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde su entrada en vigor hasta la fecha de cumplimiento prevista en el Plan o la que se determine en la Adenda del mismo, para su hito CID 244. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes de cada convocatoria.
1. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
2. El ámbito de concurrencia se corresponderá con las zonas geográficas en que se divida el territorio nacional, que se establezcan en las correspondientes convocatorias de ayudas.
3. Cada proyecto que opte a las ayudas deberá limitar su ámbito geográfico de actuación al ámbito de concurrencia al que se dirija, pudiendo presentar un mismo solicitante un solo proyecto por cada una de las zonas del ámbito de concurrencia.
4. Entre los solicitantes admitidos para cada ámbito de concurrencia, se otorgará la ayuda que corresponda según los criterios establecidos en la correspondiente convocatoria siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
1. El objetivo de cada proyecto susceptible de acogerse a las ayudas reguladas en esta orden debe consistir en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto, del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 50 Mbps en sentido descendente.
El equipamiento activo a instalar deberá ser capaz de proporcionar en las zonas elegibles que se incluyan en el proyecto, servicio 5G con las características indicadas. Las conexiones de backhaul de fibra óptica que se incluyan en el proyecto deberán estar dimensionadas para cursar el tráfico de un mínimo de 4 operadores, y la infraestructura deberá construirse de manera que no sea necesaria posteriormente obra civil adicional hasta el punto de entrega de tráfico del emplazamiento. Estos requisitos son aplicables tanto para el caso de utilización de emplazamientos ya existentes, como para el caso de construcción de nuevos emplazamientos.
2. Tras la elaboración de un mapa detallado de cobertura y la realización de una consulta pública, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales identificará y publicará las zonas elegibles para la convocatoria de ayudas, que se corresponderán, con aquellas situadas en municipios con una población de menos de 10.000 habitantes que no dispongan de cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 50 Mbps en sentido descendente, siempre que no existan planes creíbles para el despliegue de esta infraestructura por parte de ningún operador de servicios de comunicaciones electrónicas en los próximos tres años. En la identificación de las zonas elegibles se excluirán todas las zonas sujetas a obligaciones de cobertura, así como aquellas con planes de despliegue en los próximos tres años.
Las zonas elegibles se identificarán y publicarán como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido, incluyendo tanto zonas con construcciones como tramos de carreteras secundarias que cumplan la citada carencia de servicio. Esta información se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Esta información se publicará en la página web correspondiente del portal de ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud para cada una de las zonas del ámbito de concurrencia definido en cada convocatoria, es decir podrá presentar una solicitud para cada una de las zonas que se establezcan en la convocatoria como ámbito de concurrencia.
Dicha solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, constará de un formulario de solicitud y de una memoria detallada del proyecto con el contenido mínimo que se especifique en la convocatoria, debiendo incluir, entre otros, el objetivo de zonas elegibles en las que se proporcionaría servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente.
4. Los costes susceptibles de ayuda se corresponderán con los asociados a los conceptos referidos en el artículo 3 y en el artículo 14 y se limitarán a los necesarios para la provisión de servicio con las características indicadas en las zonas elegibles que el solicitante incluya en su proyecto.
5. Los proyectos se referirán a la provisión del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G nativo (5G SA) con las características de valor añadido de computación en el borde(edge computing)y virtualización múltiple de redes(network slicing),y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente en las zonas elegibles incluidas en el proyecto, y deberán garantizar poder dar los servicios mayoristas requeridos y los comprometidos en el proyecto.
1. Los beneficiarios deberán proporcionar a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que lo soliciten, acceso de forma transparente y en condiciones equitativas y no discriminatorias al equipamiento activo instalado que se haya beneficiado de esta ayuda(3).
Toda infraestructura subvencionada debe permitir un acceso efectivo a la misma, lo que en el caso de los equipos radio activos implica un Servicio mayorista activo (Servicio deroamingo de itinerancia nacional).
Se deberán también ofrecer productos de acceso mayorista proporcionados por las funcionalidades derivadas de la compartición activa de los recursos de acceso a la red, en particular los productos denominados Nucleo de red Multioperador [Multi-Operator Core Network (MOCN)], o Red de acceso Multioperador [Multi-Operator-Access Network (MORAN)], o la virtualización múltiple de redes (network slicing). Estos productos se deberán ofrecer, lo antes posible, cuando estén disponibles como productos de acceso mayorista estandarizados en España.
El punto de entrega (PdE) se define en cada uno de los propios emplazamientos con equipamiento 5G. Las características de los PdEs deben ser tales que su infraestructura soporte cada uno de los servicios mayoristas que se prestan desde él.
Los PdIs estarán localizados en cualquier ubicación que permita conectar la red de transmisión del operador mayorista y el operador activo en el emplazamiento o el operador solicitante de acceso mayorista, pudiendo reutilizarse cualesquiera infraestructuras preparadas para ello y en las que los operadores en cuestión ya ubican PdIs de otros servicios mayoristas. El mínimo n.º de PdIs exigible al adjudicatario para la prestación de servicios mayoristas activos será de uno por área de adjudicación, no siendo preciso construir nueva infraestructura civil para acceder a cada uno de ellos.
2. Deberá garantizarse acceso mayorista a los recursos del emplazamiento, incluida la torre, en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias y con capacidad para albergar al menos dos equipos activos radio, y a un número superior a dos en caso de demanda razonable. Este requisito aplica tanto para el caso de emplazamientos existentes como para el caso de nuevos emplazamientos.
Se entiende por demanda razonable cuando el solicitante de acceso presenta un plan de negocio claro y coherente que justifica para su desarrollo la utilización de esta infraestructura y cuando además no se encuentra en la misma zona geográfica una opción o producto de acceso similar, ofrecido con precios equivalentes a los de las zonas más densamente pobladas.
3. Las conexionesbackhaulmediante fibra que se hayan beneficiado de esta ayuda deberán dimensionarse en su totalidad para tener la capacidad para cursar el tráfico de un mínimo de 4 operadores, y la infraestructura deberá construirse de manera que no sea necesaria posteriormente obra civil adicional hasta el punto de entrega de tráfico de la estación.
4. Los beneficiarios deberán proporcionar acceso de forma transparente, equitativa y no discriminatoria a la infraestructura según lo descrito en los puntos 1 a 3 del presente artículo. Se deberá proporcionar acceso efectivo a la totalidad de la infraestructura subvencionada durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto, o durante todo el periodo de vida útil del equipamiento activo subvencionado si este es superior a 10 años, y de forma ilimitada en el tiempo en el caso de la parte pasiva de la infraestructura, a partir de la fecha de finalización de la ejecución del proyecto.
Toda infraestructura subvencionada debe permitir un acceso efectivo a la misma, lo que en el caso de las conexiones debackhaulde fibra óptica que se beneficien de la ayuda implica un Servicio mayorista de acceso a conductos e infraestructura pasiva, un Servicio mayorista de acceso a fibra oscura (para lo que se requiere un despliegue de conductos del tamaño adecuado o número suficiente de fibras oscuras) y al menos un servicio mayorista activo (Servicio de circuitos punto a punto o Servicio debitstream).
El punto de entrega para cada uno de los servicios mayoristas se define en cada uno de los propios emplazamientos conectados. Las características de los PdEs deben ser tales que su infraestructura soporte cada uno de los servicios mayoristas que se prestan desde él.
Cada servicio mayorista prestado sobre infraestructura debackhaulde fibra óptica desplegada por alguno de los beneficiarios de esta OM, contemplará PdIs con parámetros (características técnicas y número mínimo de PdIs) adaptados a cada servicio mayorista.
Para el Servicio de fibra oscura el PdI se ubicará en cualquier cámara, arqueta o central de la red del prestador del servicio mayorista a la que el operador activo en el emplazamiento se conecte. El mínimo n.º de PdIs exigible al adjudicatario para la prestación de servicios mayoristas pasivos será de uno por provincia, no siendo preciso construir nueva infraestructura civil para acceder a cada uno de ellos.
El acceso por un tercero a la infraestructura subvencionada, así como a la infraestructura para acceder al PdI será en condiciones objetivas, razonables y no discriminatorias.
Para los servicios mayoristas activos (Servicio de circuitos punto a punto o Servicio debitstream),los PdIs estarán localizados en cualquier ubicación que permita conectar la red de transmisión del operador mayorista y el operador activo en el emplazamiento o el operador solicitante de acceso mayorista, pudiendo reutilizarse cualesquiera infraestructuras preparadas para ello y en las que los operadores en cuestión ya ubican PdIs de otros servicios mayoristas. El mínimo n.º de PdIs exigible al adjudicatario para la prestación de servicios mayoristas activos será de uno por área de adjudicación, no siendo preciso construir nueva infraestructura civil para acceder a cada uno de ellos.
Los beneficiarios de las ayudas deberán explotar la infraestructura subvencionada y prestar servicios 5G con las características requeridas durante un mínimo de 10 años desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto, y durante todo el tiempo de vida útil del equipamiento activo subvencionado si es superior a 10 años. Las obligaciones de acceso y explotación asociadas a la infraestructura subvencionada, deberán recogerse en todo contrato de compra-venta de la misma, de modo que su cumplimiento se garantice independientemente del propietario y/o gestor de la infraestructura.
Aquellas partes del total de la infraestructura que ya existan (por ejemplo, canalización previa existente en el caso de conexionesbackhaulde fibra óptica) y que se beneficien de esta ayuda, deberán cumplir igualmente con lo establecido en este artículo.
5. En el anexo V se incluyen condiciones y precios para diferentes servicios mayoristas definidos a partir de la metodología y criterios contemplados en el «Informe sobre las condiciones y precios de los productos mayoristas de las ayudas al 5G (Programa Único 5G Redes Activas)-(INF/DTSA/041/23)», aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el 30 de marzo de 2023. Como se indica en el mismo, dicho informe se ha basado en los criterios y principios establecidos en el párrafo 131 de las Directrices de Banda Ancha. Para otros servicios mayoristas a prestar por los beneficiarios, no incluidos en el citado anexo V, se estará a lo dispuesto en los Informes que al respecto apruebe la CNMC.
6. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso a la que se refiere este apartado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la ayuda recibida.
El detalle de las ofertas de acceso a la infraestructura deberá estar disponible para los operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente, mínimo de seis meses, antes del inicio de la explotación comercial de la misma por el beneficiario.
7. En el caso de la parte de infraestructura pasiva y de conexiones debackhaulde fibra óptica, el beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que prestan servicios de comunicaciones móviles un acceso completo y no discriminatorio a la información sobre la infraestructura desplegada, de modo que estos puedan establecer fácilmente la posibilidad de acceso a dicha infraestructura.
8. Con objeto de facilitar el cumplimiento de los apartados 5 y 6 anteriores, el beneficiario, en el plazo máximo de seis meses desde la finalización de la ejecución del proyecto, deberá publicar y mantener actualizada en su página web la información de una oferta de referencia de acceso a las infraestructuras que hayan sido financiadas para cada uno de los servicios mayoristas incluidos en el proyecto, donde consten tanto los elementos pasivos como activos de la misma, capacidad disponible y precios, y comunicar estas ofertas de referencia y enlace web de publicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
9. En caso de que la infraestructura sea adquirida por otro propietario, deberá figurar en el contrato de venta la obligación de ofrecer el acceso a la infraestructura según lo expuesto en el presente artículo, así como el cumplimiento de las obligaciones y requisitos especificados para esta actuación.
1. En las convocatorias se establecerán los ámbitos de concurrencia y se determinará la asignación del presupuesto disponible para cada uno de ellos, así como si son anuales o plurianuales, en función de la disponibilidad presupuestaria.
También se establecerá la intensidad máxima de ayuda, en función de la disponibilidad presupuestaria, y del mayor o menor déficit esperado de rentabilidad.
2. Asimismo, en la convocatoria se determinarán como elegibles los emplazamientos a los que se refiere el artículo 6.2.
1. La ayuda máxima que se podrá solicitar por proyecto en cada ámbito de concurrencia no podrá superar las dotaciones asignadas ni las intensidades máximas de ayuda establecidas para ese ámbito en la correspondiente convocatoria.
2. Para evitar una sobrecompensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas podrán incluir una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, en función del tipo de proyecto y de las incertidumbres de previsión de la demanda de acceso a la infraestructura que se beneficie de la ayuda, o una obligación de inversión de todos los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de esta infraestructura en las mismas condiciones de la ayuda concedida. Cuando el importe de la ayuda supere los 10 millones de euros, esta cláusula será preceptiva.
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que dispongan de derechos de uso(4)de frecuencias en alguna de las bandas armonizadas en la Unión Europea para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, identificadas como prioritarias para el lanzamiento y prestación de servicios 5G en Europa, y estar al corriente del pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Asimismo, podrán obtener