Categoría: Administración

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación NextGenerationEU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, que proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde. El PNIEC 2021-2030 incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42 %.
En este contexto, deben llevarse a cabo actuaciones en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19, así como los impactos económicos que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, esta Orden ministerial contribuye al cumplimiento del objetivo CID 117 de la inversión 1 de la componente 7 de instalar al menos 3.800 MW de generación renovable para el primer semestre de 2026 según el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España», de fecha 16 de junio de 2021. Asimismo, contribuye a los indicadores de seguimiento 117.2 y 117.3 mediante, por un lado, la publicación de las correspondientes convocatorias de ayudas y, por otro lado, al alcanzar los objetivos de haber convocado ayudas por al menos 3.500 MW en el último trimestre de 2023 y por al menos 3.800 MW en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Agreement, o simplemente «OA» por su denominación en inglés) dentro de los paquetes de actuación de la inversión 1 (I1), Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos, de la Componente 7 (C7), Despliegue e integración de energías renovables. La medida C7.I1 tiene contribución a objetivos climáticos del 100 %, según el anexo VI del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
El campo de intervención asignado a esta actuación se corresponde con el asignado a la inversión 1 de la componente 7 que es el 029 (energía renovable: Solar), ya que se prevé que sea la tecnología con mayor despliegue en España tanto en los ámbitos térmico como eléctrico. Esto es así, aunque en esta línea se incluyan otras tecnologías renovables distintas de la energía solar, que incluso podrían llegar a tener más peso que ésta. En todo caso, los campos de intervención de otras tecnologías renovables tienen las mismas características a efectos de contribución climática y ambiental que el 029, por lo que la selección de dicho campo es consistente con el cómputo de contribución de esta línea a los objetivos establecidos.
La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.
La consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables establecidos en anteriores disposiciones normativas, así como los objetivos incluidos en el PNIEC 2021-2030, requieren abordar un proceso de transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo.
La transición ecológica es uno de los ejes centrales del PRTR, que tiene como objetivo acelerar los procesos de transformación iniciados en los tres pasados años como elemento clave en la fase de reconstrucción. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, el PNIEC 2021-2030, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 y la Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050 constituyen el Marco de Energía y Clima del Gobierno que guiará las actuaciones en este ámbito con el fin de reorientar el modelo productivo, impulsando la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue e integración de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía y la economía circular. Este marco estratégico incluye, desde el primer momento, la necesidad de que la ciudadanía adopte un rol central y proactivo en la transición energética.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas bandera europeas destaca el apoyo a la integración de energías renovables.
Por otra parte, el trabajo conjunto y complementario entre diferentes administraciones en todo el territorio nacional es imprescindible para el desarrollo de planes y programas equilibrados, efectivos y vertebradores que garanticen la óptima puesta en marcha y aplicación de una adecuada política energética en beneficio de la administración pública, de todos los agentes del sector energético implicados y de la población en general. Esto resulta especialmente relevante cuando se trata de políticas dirigidas a afrontar el reto demográfico para garantizar la necesaria cohesión social y territorial.
Las ayudas reguladas por esta Orden de Bases serán financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que las actuaciones contempladas por los programas que se implementan a través del mismo se encuentran incluidas en los paquetes de actuación de la inversión 1 (I1), Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos, de la Componente 7 (C7), Despliegue e integración de energías renovables, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tal efecto, en los Presupuestos Generales del Estado se ha previsto en la aplicación presupuestaria 23.50.42GA.74805 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento de los correspondientes fondos a IDAE.
Los fondos librados con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, IDAE distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás normativa reguladora, habiéndose reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago. integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable reguladora.
La utilización de energías renovables para la producción de electricidad y calor forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050, contribuyendo al logro de los objetivos de reducción de emisiones, así como de penetración de energías renovables, propuestos para España en el año 2030. También contribuyen a conseguir objetivos planteados en políticas transversales del Gobierno de España, tales como el desarrollo de la Economía Circular, el Reto Demográfico y la Transición Energética Justa e Inclusiva, presentando sinergias muy relevantes entre todas ellas.
Los proyectos del Programa de Incentivos estarán condicionados a la renuncia del beneficiario al régimen retributivo regulado por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de una planta de cogeneración o de tratamiento de residuos de la cual ha de ser titular. De este modo contribuyen a un doble objetivo, ya que, por un lado se contribuye a reducir los costes con cargo al Sistema Eléctrico al minorarse la producción eléctrica con aquellas plantas de cogeneración o de tratamiento de residuos que están acogidas al régimen retributivo regulado por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que opten por acogerse a este programa y, por otra parte, se sustituye energía eléctrica y térmica producidas con combustibles fósiles por producción a partir de fuentes renovables, contribuyendo a la descarbonización de la economía y reduciendo la dependencia energética del exterior, todo ello a la vez que se garantiza la competitividad de las industrias que sustituyen fósiles por renovables con los ahorros que ello puede suponer. Supone, por tanto, una alternativa a disposición de empresas de distintos sectores de actividad, fundamentalmente en el ámbito industrial, que les permite la obtención de energía térmica y eléctrica a precios competitivos a la vez que avanzar en sus respectivos procesos de descarbonización.
Del mismo modo, este tipo de actuaciones contribuyen tanto a la reducción de las importaciones de gas natural y otros combustibles fósiles, permitiendo reducir la dependencia energética de nuestro país y mejorando la seguridad de suministro energético, como a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por desplazar el consumo de combustibles fósiles.
El C7.I1 prevé acelerar el despliegue de renovables, en particular «tecnologías de valor añadido y mayor dificultad de implementación como pueden ser las renovables térmicas». Además, entre los programas de ayudas previstos, se incluye específicamente «incorporación de renovables térmicas en procesos industriales y sustitución de sistemas fósiles en la industria». Adicionalmente, la integración de renovables tanto eléctricas como térmicas en sectores productivos de la economía tiene un especial valor añadido debido a que reduce las pérdidas entre generación y consumo, permite la redistribución de los beneficios económicos de la transición energética, la mejor integración ambiental al ubicarse en entornos industriales o antropizados y en muchos casos en cubiertas, así como la mejora de la competitividad de las empresas, al reducir su dependencia energética de fósiles y protegiéndolas así de elevados costes y potencial variabilidad asociados a estas tecnologías. Asimismo, este programa tiene un carácter innovador, al plantear la integración conjunta de renovables térmicas y eléctricas directamente en actividades empresariales, una opción que todavía es residual en España.
En síntesis, el Programa de Incentivos propicia mediante la instalación de capacidad renovable la descarbonización de la economía, la reducción de las importaciones de gas natural y otros combustibles fósiles, y también ocasiona una reducción de costes del sobrecoste con cargo al Sistema Eléctrico. Todo esto supone que esta capacidad renovable que logra instalar el Programa de Incentivos tiene un alto valor añadido e interés para la sociedad
La ejecución y explotación de los proyectos objeto del Programa de Incentivos también favorecen un cambio en el modelo productivo de nuestro país, la generación de empleo y el impulso a la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. Cabe destacar el beneficio inducido que este programa tendrá para nuestro país, derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, así como de mejora de la calidad del aire.
Por lo anterior, es procedente establecer un sistema de concesión de ayudas a nuevos proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles.
Las ayudas reguladas por esta Orden de Bases atenderán al principio de «No causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, de acuerdo con lo previsto en el PRTR y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio DNSH, con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA). De este modo todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente Orden de Bases deben respetar el principio DNSH. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 7, así como en la medida I1 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan, en la CID y en el OA.
En la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encuentra el Programa de Incentivos a proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles que se implementa por esta Orden de Bases, que tiene el objetivo de contribuir a un mayor desarrollo de este tipo de proyectos.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas será llevada a cabo por E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de manera centralizada. Esta gestión centralizada se lleva a cabo por los siguientes motivos:
– Debido a la naturaleza de los proyectos y, sobre todo, a las especificidades de los beneficiarios, es previsible la concurrencia de un número limitado de solicitudes con unos importes elevados por cada una de ellas. Con esta circunstancia, la gestión centralizada permite evitar una fragmentación de los fondos que podrían ser incompatibles con las necesidades económicas de los proyectos objeto de ayuda, máxime cuando el presupuesto disponible para esta convocatoria es limitado. En diversas ocasiones, el importe de la ayuda, incluso para un solo proyecto, podría superar el total que pudiera corresponder a algunas comunidades autónomas a través de un convenio con un reparto por criterios objetivos (como por ejemplo PIB o población), no pudiendo ser objeto de ayuda por limitaciones presupuestarias para dicha comunidad autónoma.
– La gestión centralizada también permite la optimización de fondos públicos limitados, asegurando la plena efectividad del presupuesto disponible y garantizando en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y aplicación de las ayudas.
– También la gestión centralizada permite una selección de los mejores proyectos con independencia de la comunidad autónoma donde se ubiquen. De otro modo, una asignación objetiva del presupuesto disponible a las comunidades autónomas podría impedir una incentivación suficiente a este tipo de proyectos, en detrimento de los proyectos más interesantes que contribuyan a los objetivos de este Programa de Incentivos.
– La gestión centralizada de las ayudas permite el desarrollo de proyectos que afecten a varias comunidades autónomas, sin que se establezcan limitaciones respecto a la ubicación de los proyectos en distintas comunidades autónomas.
– Por último, la selección de los proyectos a subvencionar, aunque la instalación afecte a una sola comunidad autónoma, requerirá de una valoración técnica compleja y homogénea que garantizará la igualdad de acceso únicamente si es realizada por una misma entidad, por lo que se realizarán una o varias convocatorias a nivel nacional con una gestión centralizada de solicitudes por parte del IDAE, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor valoración según los criterios establecidos en las bases reguladoras contenidas en esta Orden de Bases.
De este modo, atendiendo a los dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, la gestión centralizada de estas subvenciones resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de valoración y selección establecidos en esta Orden de Bases.
Las ayudas objeto de este programa estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o en aquel que lo sustituya, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta Orden de Bases se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su aprobación, que son la necesidad de «descarbonizar» los distintos sectores de la economía, incentivar proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables que contribuyan a una menor dependencia energética, particularmente de las importaciones de gas y menores emisiones de CO2, así como a la reactivación de la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del PNIEC 2021-2030 y la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad, ya que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio, pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta Orden de Bases se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta Orden de Bases se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica así como del régimen minero y energético.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de esta Orden de Bases es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles, a través de un Programa de Incentivos que así mismo se aprueba, de conformidad con lo dispuesto en esta Orden de Bases, todo ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de su Componente 7, Despliegue e integración de energías renovables, Inversión 1, Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos.
2. Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases tendrán como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo CID 117, de la inversión 1 de la componente 7, de instalar al menos 3.800 MW de generación renovable para el primer semestre de 2026 según el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España», de fecha 16 de junio de 2021. Promoviendo la realización de proyectos de este tipo se contribuye a la «descarbonización» de distintos sectores de la economía, así como a la consecución de los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050.
3. Para determinar la contribución de las ayudas reguladas por esta Orden de Bases se tendrá en cuenta el mecanismo de verificación establecido para el objetivo CID 117. Dicho mecanismo de verificación es el siguiente:
Documento de síntesis que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, tal como se enumeran en la descripción del objetivo, y de la medida correspondiente en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo).
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con los siguientes elementos y documentos de prueba: una lista de las instalaciones de energía renovable instaladas que incluya respecto a cada una de ellas: a) un identificador único, el nombre, el lugar y una breve descripción de la instalación; b) extracto de las especificaciones pertinentes de las licitaciones que demuestre la conformidad con la descripción del objetivo y la inversión que figura en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo; c) el tipo de capacidad de energía renovable; d) la cantidad de capacidad de producción adicional acumulada de energía renovable instalada (en MW); y e) el tipo de capacidad renovable (innovadora o de valor añadido).
El documento irá acompañado de certificados de las Comunidades Autónomas o de la autoridad nacional competente que confirmen que la instalación ha sido verificada.
Sobre la base de una muestra que seleccionará la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales respecto a cada una de las unidades (instalaciones) seleccionadas:
a) una copia de la resolución de concesión individual indicada en la hoja de cálculo;
b) extracto de las especificaciones de la convocatoria; y
c) cuando sea necesario y esté disponible, cualquier otro extracto de certificados oficiales que acredite la información contenida en la hoja de cálculo.
1. Planta de cogeneración: Planta de generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso.
2. Planta de tratamiento de residuos: Planta de tratamiento y reducción de purines de explotaciones de porcino o de lodos derivados de la producción de aceite de oliva.
3. Energía renovable: La energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía mareomotriz, energía undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de depuración y biogás.
4. Biomasa: La fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos, incluidos residuos industriales y municipales de origen biológico.
5. Biogás: Combustibles gaseosos producidos a partir de biomasa.
6. Energía geotérmica: La energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida.
7. Energía ambiente: La energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el aire de salida), o en las aguas superficiales o residuales.
8. Instalación solar térmica: Conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar incidente mediante captadores solares térmicos (captadores de aire, de concentración, captadores planos, híbridos, tubos de vacío, etc.), transformarla directamente en energía térmica útil (calentando un fluido), transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de acumulación a través de un circuito para poder utilizarla después de forma directa como calor, o como frío, a través de máquinas de absorción, adsorción, etc., en los puntos de consumo.
1. El ámbito geográfico de las solicitudes que opten a las ayudas que se concederán al amparo de esta Orden de Bases es la totalidad del territorio nacional.
2. La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta Orden de Bases se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella, y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
1. Las ayudas que se regulan en esta Orden de Bases se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o aquel que lo sustituya, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. En particular, se atenderá a los límites establecidos en el artículo 41 del citado reglamento, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
i. Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
iii. El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv. La Decisión de Ejecución del Consejo, de 6 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
v. Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea.
vi. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
vii. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
viii. Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH):
– La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» (Guía Técnica de la Comisión Europea).
– El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088» (Reglamento de Taxonomía).
– El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales.
– En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d) El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular en lo que se refiere a las personas que intervengan en todos los procesos relacionados con la concesión de las ayudas de esta Orden de Bases, les será de aplicación lo recogido en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021 en cuanto a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, aplicándose asimismo los mecanismos para evitarlos y los procedimientos disponibles y aprobados al respecto por el órgano concedente.
e) En todo lo no previsto en esta Orden de Bases será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
f) En materia de fraude, corrupción y conflicto de intereses, esta Orden de Bases se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021. Este Plan recoge los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán cumplir todos los proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y resiliencia. Adicionalmente, la normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
i. En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
ii. El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
iii. El artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento financiero).
iv. El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
v. La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación en relación con la disposición adicional 112.ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. En este sentido, el artículo 7 de esta Orden establece que se solicitará la información de la titularidad real a los participantes en los procedimientos, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión de subvenciones en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.
g) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.
3. Asimismo, será de aplicación la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de fondos.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, como subvención a fondo perdido, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Las ayudas reguladas por esta Orden de Bases serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Un mismo coste no puede considerarse en distintas ayudas, independientemente de su finalidad.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias que se celebren al amparo de esta Orden de Bases cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas que tengan su domicilio fiscal en España, siempre que realicen la actividad que fundamenta su concesión en los términos establecidos por esta Orden de Bases, las respectivas convocatorias y la resolución de concesión correspondiente, y que cumplan todos los requisitos exigidos tanto en la presente Orden de Bases como en las respectivas convocatorias.
2. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, también podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas, tanto públicas como privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o que se encuentren en la situación que motiva la concesión, en la medida en la que cumplan las condiciones recogidas en la presente Orden de Bases y las correspondientes convocatorias.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Además, no podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la citada ley.
En este caso, uno de los integrantes de la agrupación sin personalidad jurídica actuará como coordinador de la misma. Dicho coordinador ejercerá como representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. El coordinador será el interlocutor y representante de la agrupación ante el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre éste y los miembros de la agrupación. El coordinador será el único con acceso a las notificaciones y comunicaciones del IDAE y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la agrupación, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. Asimismo, el coordinador recibirá el pago de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
Las citadas agrupaciones sin personalidad jurídica también deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo, los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de agrupación debería incluir, al menos, los aspectos recogidos en el citado artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3. El beneficiario ha de ser titular de una planta de cogeneración o de tratamiento de residuos, la cual ha de cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a. Que esté inscrita en el registro de régimen retributivo específico al que se refiere el artículo 27 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
b. En el caso que la planta sea de cogeneración, que pertenezca a los subgrupos a.1.1 o a.1.2 de acuerdo con las categorías establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
c. En el caso de que la planta sea de tratamiento de residuos, que esté acogida a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y que anteriormente se encontrasen acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
d. Que a fecha de presentación de la solicitud de ayuda permanezca dentro de la vida útil regulatoria a que se refiere el título IV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, teniendo de este modo derecho al régimen retributivo específico en el momento de la solicitud.
e. Que no haya renunciado al derecho de disfrutar del régimen retributivo específico, en el momento de presentar su solicitud de ayuda y hasta que se resuelva la misma, salvo en los casos contemplados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, sobre renuncia de las cogeneraciones al régimen retributivo específico a los efectos de la aplicación del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo.
f. Que haya funcionado durante el ejercicio anual 2021 al menos el ‘Número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo’ establecido en el artículo 21.4.b) del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de la instalación tipo a la que esté acogida. Para verificar este punto se incluirá en la documentación de solicitud acreditación del ahorro de energía primaria efectuada para el año 2021 al que se refiere el artículo 27.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Lo anterior se acreditará de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente convocatoria.
4. También el beneficiario ha de renunciar con carácter definitivo al régimen retributivo específico regulado por el título IV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de la planta de cogeneración o de tratamiento de residuos a que se refiere el apartado anterior de la cual es titular. De este modo se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. En la documentación de solicitud de ayuda se incluirá una declaración responsable, en la cual el beneficiario se compromete a solicitar la renuncia con carácter definitivo al régimen retributivo específico de la planta de cogeneración o de tratamiento de residuos en caso de resultar adjudicatario de la ayuda solicitada.
b. Una vez comunicada la Resolución definitiva de la ayuda, en los doce meses siguientes el beneficiario deberá presentar ante el órgano competente la solicitud de renuncia al régimen retributivo específico de la planta de cogeneración o de tratamiento de residuos regulada por el artículo 31 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La omisión de esta obligación será causa suficiente para la revocación de la ayuda concedida y de la ejecución de la garantía indicada en el artículo 24 de estas bases reguladoras.
c. Para poder percibir la ayuda el beneficiario ha de presentar Resolución del órgano competente por la que se cancela de forma definitiva la inscripción de la planta de cogeneración o de tratamiento de residuos en el Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. Dicha Resolución formará parte de la documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas.
Si a fecha de comunicación de la resolución definitiva el beneficiario ha agotado la vida útil regulatoria a que se refiere el título IV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, no será de aplicación lo establecido en este apartado 4 del presente artículo, a excepción de la documentación establecida en el anterior párrafo a) que deberá ser presentada en todo caso.
5. No podrá ser beneficiaria la Administración General del Estado.
6. Tampoco podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas en crisis, según se define esta situación en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o en el artículo correspondiente de aquel que lo sustituy