Categoría: Judicial

ya se recordó, también se utilizaba en la Ley 41/2015, que instauró el sistema de plazos. Se trata, por tanto, de una cláusula compatible con la propia naturaleza procesal de la norma y cuya aplicación, en consecuencia, no podía eludirse. En este supuesto, el plazo máximo previamente fijado no había finalizado en el momento de dictarse el auto del Juzgado Central de Instrucción, por lo que la causa se encontraba «en tramitación».
Por todo ello, se concluye que no se ha producido infracción alguna del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE), del que pudiera derivarse la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE.
En consecuencia, este motivo debe ser desestimado.
7. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
a) Planteamiento de la demanda.
A juicio del recurrente, el fundamento de la reforma llevada a cabo por la Ley 41/2015 era el establecimiento de un plazo máximo de instrucción, como instrumento para garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La reforma de la Ley 2/2020 responde a fundamentos distintos, que son más desfavorables para los investigados, ya que no fijan ese plazo máximo. En consecuencia, la aplicación automática de la Ley 2/2020 supone la extensiónsine diede la duración de la causa, lo que implica la vulneración del derecho invocado.
b) Doctrina constitucional.
Este tribunal ha declarado con reiteración que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE):
(i) «[E]s una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si esta puede considerarse justificada, porque no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración [de este] derecho» (por todas, STC 54/2014, de 10 de abril, FJ 4).
(ii) El derecho fundamental referido no puede identificarse con un derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad (STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 3). Como hemos subrayado, más recientemente, en las SSTC 89/2014, de 9 de junio, FJ 4; 99/2014, de 23 de junio, FJ 4, y 74/2015, de 27 de abril, FJ 4, con cita de la jurisprudencia precedente, la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los jueces y tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso.
(iii) En coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, ha declarado este Tribunal que «el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando. Tales son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades» (por todas, la STC 63/2016, de 11 de abril, FJ 4).
Se trata de una doctrina que, como se indica en esta sentencia, resulta coherente con la emitida por el Tribunal Europeo Derechos Humanos en diversas resoluciones. Entre otras, las sentencias de 12 de octubre de 1992, asuntoBoddaert c. Bélgica, § 36; 28 de junio de 1978, asuntoKönig c. Alemania, § 99; 27 de junio de 1968, asuntoNeumeister c. Austria, § 21; 16 de julio de 1971, asuntoRingeisen c. Austria, § 110; 25 de marzo de 1999, asuntoPélissier y Sassi c. Francia[GS], § 67, y 16 de julio de 1971, asuntoPedersen y Baadsgaard c. Dinamarca, § 45.
c) Resolución de la queja.
El recurrente atribuye la vulneración denunciada a la aplicación de la disposición transitoria de la Ley 2/2020. A su juicio, la mera ampliación de la duración de la instrucción implica la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Sin embargo, el mismo automatismo lesivo que la demanda atribuye a las resoluciones impugnadas es el que impide apreciar la vulneración invocada.
En efecto, como se deduce de nuestra propia doctrina, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no puede equipararse a una determinada duración de la tramitación de un procedimiento, o de una de sus fases. La improcedencia de una dilación puede manifestarse con independencia del lapso temporal del proceso, porque es un concepto eminentemente circunstancial. Depende de factores como la complejidad de los hechos investigados, la conducta procesal de los intervinientes y la diligencia del órgano judicial, así como la duración media de los procesos de características similares. De esta forma, hay procesos que se desarrollan durante un tiempo considerablemente amplio que, en función de sus circunstancias, no implican una dilación indebida. Y también puede suceder lo contrario.
Lo relevante, por tanto, son las concretas particularidades del asunto. Sin embargo, la pretensión del recurrente no va dirigida a exponer las circunstancias que, según su criterio, pondrían en evidencia una dilación indebida. Lo que se plantea en la demanda es que la aplicación de la Ley 2/2020, y la consiguiente ampliación del plazo de duración de la instrucción, supone, por sí misma, la vulneración de ese derecho.
El auto de 24 de agosto de 2020, dictado por el juez central de instrucción, deja sin efecto el plazo máximo anteriormente acordado, al entender que la nueva regulación derivada de la Ley 2/2020 resulta aplicable a ese procedimiento penal «en tramitación». El auto no fija la nueva fecha que deba entenderse como de finalización de la instrucción. Sin embargo, esta indefinición es más aparente que real, porque la interpretación lógico-sistemática de la norma conduce a afirmar que la investigación «se desarrollará en un plazo máximo de doce meses» (art. 324.1, primer párrafo LECrim), que se computará desde la fecha de entrada en vigor de la norma (disposición transitoria), es decir, desde el día 29 de julio de 2020. Por tanto, la instrucción se ha visto sometida a un nuevo plazo máximo. Eso no excluye que, como apunta la demanda, la causa pudiera ser objeto de «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses» (art. 324.1, segundo párrafo LECrim). Lo que lleva al recurrente a afirmar que, como el procedimiento se puede prolongar de manera indeterminada, se vulnera el derecho invocado, ya que la fecha de duración máxima anteriormente fijada y todo el periodo de tiempo ya transcurrido pareciera haber perdido toda relevancia. No obstante, el planteamiento del demandante no implica la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Varias son las razones que abonan esta idea.
En primer lugar, como señala el auto impugnado, el plazo máximo de doce meses no tiene por qué agotarse ni, en consecuencia, tienen que dictarse prórrogas sucesivas. En este punto, las eventuales vulneraciones serían meramente hipotéticas o conjeturales. Lo que acuerda el juzgado es un estudio pormenorizado de las distintas piezas, para impulsar su tramitación y adoptar la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en el art. 779 LECrim. Por lo tanto, la supuesta dilación indebida no vendría determinada por la mera entrada en vigor de la norma, sino, en su caso, mediante un análisis detallado del desarrollo de toda la instrucción, en función de sus circunstancias.
En segundo término, porque la Ley 2/2020 ha modificado el régimen de fiscalización sobre la duración de la instrucción, mediante una técnica legislativa distinta a la prevista en la Ley 41/2015, pero no ha eliminado todo sistema de control, en garantía del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En lo que ahora interesa, la reforma ha suprimido el plazo máximo, pero se ha limitado el lapso temporal de las prórrogas, que ahora se fijan en periodos iguales o inferiores a seis meses, y bajo la exclusiva responsabilidad del juez de instrucción.
Ese control podrá ejercerse de diversas formas. Así, a través de los informes emitidos por las partes con carácter previo a la eventual decisión sobre la prórroga (art. 324.1, párrafo segundo LECrim); o bien mediante los ulteriores recursos contra la resolución correspondiente que, como señala el precepto (art. 324.1, párrafo tercero LECrim), habrá de reflejar «razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación»; sin descartar el propio control que supone la determinación del momento en que la instrucción puede considerarse culminada, por haber «cumplido su finalidad» (art. 324.4 LECrim). Será en todos esos momentos cuando, entre otros factores, habrá de ponderarse el tiempo de investigación ya transcurrido que, por lo tanto, no puede considerarse como intrascendente desde la perspectiva del derecho al proceso sin dilaciones indebidas.
En definitiva, la mera aplicación de la Ley 2/2020 no implica, por sí misma, la vulneración del derecho invocado, sin perjuicio de lo que pueda concluirse por la jurisdicción ordinaria a la vista del análisis del conjunto de circunstancias concurrentes durante la instrucción de la causa. En este momento, el tribunal no puede pronunciarse sobre esa cuestión porque, además de no haber sido alegada expresamente, no existe pronunciamiento alguno de los órganos jurisdiccionales y, por tanto, cualquier declaración supondría ignorar el carácter subsidiario de esta jurisdicción [STC 128/2014, de 21 de julio, FJ 2 a)].
Por todo ello, la queja sobre la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas debe ser desestimada.
8. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
La desestimación de los anteriores motivos de amparo permite abordar, seguidamente, la primera de las alegaciones formuladas por el recurrente que, por razones de lógica sistemática, se había dejado para un eventual análisis posterior, a la vista del pronunciamiento sobre aquellos.
a) Planteamiento de la demanda.
El recurrente considera que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional era el órgano judicial competente (exart. 197 LOPJ) para conocer de su pretensión, consistente en que el recurso de apelación interpuesto contra el auto del juzgado central de instrucción fuera asumido por el propio Pleno. Hasta entonces, la Sección Cuarta de esa sala no tenía competencia para resolver esa pretensión y, tampoco, para resolver el recurso de apelación. Al hacerlo así, se habría vulnerado el derecho invocado.
b) Doctrina jurisprudencial aplicable.
Recientemente hemos tenido ocasión de examinar y resumir de forma extensa la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho alegado en esta queja (SSTC 34/2021, de 17 de febrero; 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio; 184/2021, de 28 de octubre, y 25/2022, de 23 de febrero). A su exposición debemos ahora remitirnos expresamente, sin perjuicio de sintetizar, a continuación, sus pronunciamientos más relevantes.
(i) El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano judicial, como sobre sus integrantes. Desde sus primeros pronunciamientos (STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar el fundamento y el contenido del derecho alegado.
(ii) A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. La generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza la inexistencia de juecesad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las reglas competenciales establecidas en las leyes, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8).
(iii) En relación con quienes lo integran, el derecho alegado garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente (SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4).
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, lo que constituye el interés directo protegido por el derecho al juez ordinario legalmente predeterminado, proclamado también expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio de Roma de 1950.
En este aspecto, el Tribunal ha reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar tan indeseado efecto, aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto o desacierto del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, sí le compete revisar en su análisis que la interpretación y aplicación de las normas de competencia realizada por el órgano jurisdiccional ordinario sea fundada en Derecho, esto es, no resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable o consecuencia de un error patente de hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, y STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto de tan improcedente aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la determinación previa del órgano judicial que ha de conocer del caso.
(iv) Por lo demás, «conviene recordar que “no puede equipararse la atribución de competencia a los diversos órganos judiciales, a la que afecta la predeterminación por ley formalexart. 24.2 de la Constitución, con el reparto o distribución del trabajo entre las diversas Salas o Secciones de un mismo tribunal, dotadasex legede la misma competencia material, que responde a exigencias o conveniencias de orden puramente interno y organizativo” (ATC 13/1989, de 16 de enero, FJ 2)». Por ello, «en principio, las normas de reparto de los asuntos entre diversos órganos judiciales de la misma jurisdicción y ámbito de competencia, [no afectan] al juez legal o predeterminado por la ley pues todos ellos gozan de la misma condición legal de juez ordinario (ATC 652/1986, de 23 de julio, FJ 2), por lo que la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos es ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y solo puede ser revisada en este tribunal en cuanto a su razonabilidad (ATC 113/1999, de 28 de abril, FJ 3)» (STC 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4).
c) Resolución de la queja.
El art. 196 LOPJ establece que «en los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarán tres magistrados para formar la Sala». A continuación, el art. 197 LOPJ dispone que, «ello no obstante, podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia». Ambos preceptos se encuentran incluidos en el capítulo II del título II de esa norma, dedicado a la «formación de las salas», y resultan aplicables a cualquier jurisdicción. Su mera lectura indica que la regla general es la composición de la sala por tres magistrados y, como excepción, la posibilidad de convocar al Pleno del órgano correspondiente.
En el presente caso, el recurrente solicitó expresamente que el recurso de apelación contra el auto por el que se dejó sin efecto el plazo máximo de instrucción fuera asumido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en virtud del citado art. 197 LOPJ. El recurso, sin embargo, fue resuelto por la Sección Cuarta de esa sala, que cumplía con lo dispuesto en el art. 196 LOPJ, y que era la competente para conocer de la apelación, conforme a las normas de reparto previamente establecidas, lo que el recurrente admite expresamente.
El auto de 11 de noviembre de 2020, ahora impugnado, por el que se desestima el recurso de apelación, no contiene un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión. Posteriormente, en su providencia de 3 de diciembre de 2020, también recurrida en amparo, la Sección inadmite el incidente de nulidad planteado, señalando sobre esta reiterada alegación que la resolución del recurso por su parte implicaba una desestimación tácita de la pretensión. Al margen de la mayor o menor extensión y/o fundamento de la respuesta ofrecida por la Sala, el motivo de amparo invocado no puede prosperar.
La previsión de que el Pleno de un órgano conozca de un asunto es un supuesto excepcional y su aplicación a cada caso concreto depende del propio órgano, a través de su presidente o de una mayoría de sus miembros. En cualquier caso, se trata una potestad del tribunal, conforme a criterios discrecionales de lo que se entienda como «necesario para la administración de Justicia». No existe un derecho a que un asunto sea conocido por el Pleno. Por lo tanto, el hecho de que el tribunal no haga uso de esa potestad no puede suponer la vulneración de un derecho inexistente. Y en cuanto a la falta de respuesta concreta a la petición formulada, fue debidamente subsanada, aunque de forma sucinta, en la resolución del incidente de nulidad de actuaciones.
En todo caso, conforme a nuestra doctrina, el reparto o distribución de asuntos entre las diversas salas o secciones de un mismo tribunal no afecta al derecho fundamental invocado. El recurso de apelación se resolvió por el órgano previamente determinado por la ley, investido de jurisdicción y competencia, y que no podía ser calificado como de carácter excepcional. La concreta sala de apelación estaba compuesta por quienes así venía indicado en las correspondientes normas de reparto, previamente conocidas. Normas que no fueron alteradas de manera indebida o injustificada. Todo lo contrario. El hecho de que el Pleno no haya ejercido la facultad que le permite el art. 197 LOPJ, no determina la falta de competencia de la Sección Cuarta de la Sala para el conocimiento del asunto, sino que la confirma. Por tanto, no se ha producido vulneración alguna del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
En consecuencia, el motivo de amparo sustentado sobre la alegada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley debe ser desestimado.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo formulado por don Francisco Delgado Diez Torres contra la providencia y los autos referenciados en este recurso, dictados por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 y por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recaídos en las diligencias previas 85-2014.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.–Juan Suárez Herrero Caballero.–Antonio Méndez Sánchez.–Cándido Diez Jiménez.–Ramón Marín Hernándeznrique Arnaldo López Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.