Categoría: Economía y Empleo

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 10/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023.
El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual e incluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante, LFC), y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regir los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma constituye seguramente el instrumento de actuación más importante del Gobierno, en el que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento. En este sentido, siguiendo la línea de acción que ha caracterizado a este Ejecutivo a lo largo de la legislatura, las cuentas públicas para el ejercicio 2023 priorizan el bienestar de la sociedad cántabra reforzando los pilares del Estado de Bienestar y garantizando la calidad de los servicios públicos, al tiempo que buscan promover a través de la inversión pública un modelo de desarrollo económico más moderno, competitivo, resiliente y sostenible.
Este compromiso en defensa del Estado de Bienestar y la modernización de la economía se hace más necesario, si cabe, ante el actual contexto de incertidumbre derivado del conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales, con especial incidencia en los precios de la energía y de los alimentos. Así, además de dotar de mayores recursos a servicios públicos esenciales –Sanidad, Educación, Políticas Sociales, Empleo y Vivienda– y ampliar la red de apoyo y protección a las familias, pymes y autónomos, el proyecto de Presupuestos incorpora en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas una reforma fiscal dirigida a beneficiar a quienes precisan del apoyo público para afrontar con garantías el alza de precios –rentas medias y bajas–, así como una prórroga de la bonificación de 49 tasas y tarifas de la que se beneficia el sector empresarial.
Todo ello, sin olvidar la necesaria sostenibilidad de las cuentas públicas y la continuidad para seguir afrontando desafíos que para este Gobierno son fundamentales, como la lucha contra la despoblación y el cambio climático; el impulso a la industria, el turismo, la ciencia y la innovación o la modernización de la administración, desafíos que cuentan igualmente con dotación presupuestaria.
Cabe destacar que los Presupuestos de 2023 contemplan una importante financiación para iniciar la ejecución con éxito de proyectos considerados estratégicos para la Comunidad Autónoma, como son el nuevo desarrollo industrial y espacio logístico del Llano de la Pasiega y la nueva sede del Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC). Del mismo modo, recoge las inversiones previstas en el marco definido por el fondo de recuperaciónNext GenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, que ascienden a 194 millones de euros (programas presupuestarios 140A y 140B).
En suma, el presupuesto del próximo año prevé reforzar el Estado de Bienestar, garantizar la calidad de los servicios públicos básicos y ayudar al tejido empresarial a ser más competitivo, consolidando la recuperación económica anotada por la Comunidad Autónoma durante el ejercicio 2022.
El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, treinta y nueve artículos, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como tres anexos.
La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, en el que se aprueban las cuantías totales de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de la Comunidad Autónoma, indicando su distribución por políticas de gasto. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácter limitativo de los mismos, los créditos ampliables y los Fondos de Compensación Interterritorial. El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes y los costes de personal de la Universidad de Cantabria. Por último, regula en su Capítulo III, el régimen de presupuestación y contabilidad de los consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas y las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público.
En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda de 31 de diciembre de 2022, tanto a largo como a corto plazo, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del Sector Público.
El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y a la liquidación de los presupuestos. Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento de Cantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.
Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a su vez, en un Capítulo Único denominado «De los regímenes retributivos».
La situación económica y social, de la que podemos calificar como «era post-COVID», viene marcada por el contexto internacional y su repercusión en el ámbito interno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta circunstancia no puede ser ajena a la región y al enfoque que al gasto en recursos humanos deba darse para conjugar la tendencia seguida durante los pasados ejercicios de control de esa cifra significativa del gasto presupuestario con la garantía de la prestación de unos servicios públicos que tan necesarios resultan en una época de elevada inflación. El esfuerzo en este área del Capítulo I, en consecuencia, se traslada de la lucha contra el COVID que marcó los Presupuestos precedentes a continuar con la progresiva dotación de medios humanos a aquellas áreas como el empleo, los servicios sociales, el medio ambiente o el fomento de la actividad económica que contribuyan a superar la adversa situación económica que presumiblemente presidirá buena parte del ejercicio presupuestario 2023, con especial atención a las áreas destinadas a la gestión de los recursos procedentes de los fondos de recuperación y resiliencia.
En este Título se ubican, junto a la norma general relativa al incremento retributivo de los empleados públicos autonómicos, el conjunto de normas retributivas aplicables a los funcionarios y personal laboral; al personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en este caso siguiendo las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Presupuestos Generales del Estado y demás normas aplicables; al personal al servicio de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud; y las aplicables al personal funcionario interino, al personal eventual, y los empleados que prestan servicio en los organismos y entidades del Sector Público institucional de la Comunidad Autónoma.
Una vez finalizada la ejecución de las Ofertas de Empleo Público ordinarias y de estabilización de los ejercicios 2017 a 2019, la incorporación de nuevos efectivos a la Administración Autonómica de Cantabria se conducirá a través de los procedimientos selectivos tanto ordinarios como de estabilización derivados de la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Con ello se pretende dar cobertura a las plazas incluidas en la tasa de reposición ordinaria, manteniendo así el funcionamiento operativo de las Unidades y proseguir en la reducción de la tasa de temporalidad estructural en el empleo público por debajo del 8 % fijado por el legislador como objetivo a alcanzar para dar cumplimiento a los compromisos de España con la Unión Europea.
La dinámica orientada a la consecución de los objetivos reseñados en líneas precedentes es compatible con el mantenimiento de los instrumentos de control en materia de gasto de personal que vienen incluyéndose en la Presupuestos Generales de Cantabria, con el fin de no comprometer la financiación de otros objetivos importantes del esfuerzo presupuestario regional. Así, derivadas de las normas básicas estatales, se mantienen en el texto legal las medidas de limitación de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramiento o contratación de empleados públicos con carácter temporal, salvo en los sectores y para la ejecución de aquellas funciones que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Las Consejerías y resto de entidades de la Administración regional recurrirán con carácter preferente para la cobertura de las necesidades transitorias de personal, a los instrumentos organizativos de los disponen, recurriendo solo en última instancia, a la incorporación de nuevos efectivos cuando ello resulte imprescindible para atender a la ciudadanía de Cantabria.
Algunas de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de los presentes Presupuestos están conectadas con la materia retributiva y de gasto en recursos humanos que se aborda en el este Título V.
En el Título VI se completa la regulación en materia de contratación pública, determinando los supuestos en los que resulta necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno para la celebración de contratos y se desarrolla el régimen de control sobre la correcta ejecución de los mismos, haciéndolo extensible a convenios y encargos a medios propios personificados. Asimismo, se establecen los supuestos de preceptiva presencia de representantes de la Intervención General para los actos de comprobación.
Por último, en las doce disposiciones adicionales, se contemplan diversas situaciones que, bien por su carácter excepcional, bien por estar relacionadas con eventuales contingencias que no pueden quedar determinadas previamente, no han tenido el oportuno tratamiento en el articulado de la Ley.
Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, que están integrados por:
a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que incluye como Sección 11 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Salud, como Sección 13 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Empleo, como Sección 15 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como Sección 16 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Servicios Sociales y como Sección 17 el organismo autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria.
b) El presupuesto del organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local y el de la Escuela Regional de Protección Civil.
c) El presupuesto del organismo autónomo Centro de Investigación del Medio Ambiente.
d) El presupuesto del organismo autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.
e) El presupuesto del organismo autónomo Instituto Cántabro de Estadística.
f) El presupuesto del Consejo de la Juventud de Cantabria.
g) El presupuesto de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
h) El presupuesto de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.
i) El presupuesto de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria.
j) El presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla.
k) El presupuesto de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.
l) El presupuesto de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.
m) El presupuesto de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria.
n) El presupuesto de la Fundación Comillas del español y la Cultura Hispánica.
ñ) El presupuesto de la Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla.
o) El presupuesto de la Fundación Festival Internacional de Santander.
p) El presupuesto de la Fundación Camino Lebaniego.
q) El presupuesto del Instituto de Finanzas de Cantabria.
r) Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas.
s) El presupuesto de los fondos sin personalidad jurídica.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuesto del párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de tres mil quinientos cuatro millones sesenta y dos mil doscientos veintitrés euros (3.504.062.223 €) cuya distribución por política de gastos es la siguiente:
Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los organismos autónomos y entidades autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por organismo autónomo y entidad son los siguientes:
Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del Sector Público Institucional y resto de Entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.
Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2023 de la Comunidad Autónoma de Cantabria asciende a tres mil quinientos siete millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos veintitrés euros (3.507.353.723 €).
Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales se financiarán:
a) Con los recursos económicos de origen tributario y de derecho público que se prevén liquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capítulos del Presupuesto de Ingresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y tasas, precios públicos y otros ingresos).
b) Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los Capítulos IV a VII del Presupuesto de Ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).
c) Con los recursos detallados en el Capítulo VIII del Presupuesto de Ingresos.
d) Con el producto del endeudamiento, cuya previsión inicial se contempla en el Capítulo IX del Presupuesto de Ingresos, por importe de cuatrocientos noventa y siete millones quinientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y un euros (497.546.571 €).
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto propios como cedidos, se estiman en ochocientos trece millones seiscientos sesenta y tres mil euros (813.663.000 €). Su ordenación sistemática se incorpora como anexo III a este texto articulado.
Con independencia de la suspensión de las reglas fiscales, con objeto de llevar a cabo una gestión basada en el principio de responsabilidad en el gasto público, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y su posterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del estado de gastos, respetando en todo caso lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa básica.
Con vigencia exclusiva para el 2023, la Consejería de Economía y Hacienda, con periodicidad trimestral, de acuerdo a la evolución de la ejecución de los Ingresos no Financieros, podrá realizar retenciones de no disponibilidad en los Gastos no Financieros para asegurar el cumplimiento de la tasa de referencia de déficit asignada a la Comunidad Autónoma.
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparezcan en los respectivos estados de gastos:
a) En el Capítulo I, los conceptos: 143 «Otro personal»; 151 «Gratificaciones»; 154 «Productividad personal estatutario factor fijo» y 155 «Productividad personal estatutario factor variable».
b) En el Capítulo II, los subconceptos: 226.02 «Publicidad y propaganda»; 227.06 «Estudios y trabajos técnicos» y 227.99 «Otros».
c) Los créditos que establezcan transferencias nominativas.
d) Las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de la Administración Autonómica, cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas.
Dos. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, serán vinculantes a nivel de capítulo los créditos dotados en el programa presupuestario 140A destinados a la financiación de subvenciones, salvo las que tengan el carácter de nominativas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos incluidos en el Anexo I de la presente Ley.
Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por la Comunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.
Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen los referidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejo de Gobierno previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
Tres. El Gobierno informará, anualmente, a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen los referidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2023, es el fijado en Anexo II de esta Ley.
Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el Anexo II de la presente Ley.
En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.
Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo II de esta Ley.
La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo a las exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presente Ley.
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2023, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las organizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2023.
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los «gastos variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2023. La cuantía correspondiente a «Otros gastos» se abonará mensualmente pudiendo los centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.
En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400 horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo II, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso sin que ello suponga en ningún caso un incremento en la cuantía global resultante.
Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación Secundaria Obligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas en Bachillerato, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.
Esta medida se podrá extender, total o parcialmente, a los centros docentes que tengan unidades concertadas de primaria o del segundo ciclo de educación infantil.
Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 26 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitos que se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en el mismo se establezcan.
Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecido en la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1, de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo II de esta Ley.
En el caso de que se concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.
En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas de los niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter general para cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidades educativas especiales.
Asimismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobre ordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la misma forma que la establecida en esta Ley para las unidades de integración.
Las cantidades correspondientes al módulo de «Otros gastos» podrán incrementarse para la atención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, de la realización de experiencias pedagógicas que la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo o para la aplicación de medidas extraordinarias derivadas de circunstancias sobrevenidas.
Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece en su artículo 74 que la atención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados de educación especial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas de ofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integración social del alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el Anexo II de esta Ley, para la Formación Profesional.
Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18,03 y 36,06 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros gastos». La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente al componente de «Otros gastos» de los módulos económicos establecidos en Anexo II de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.
Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.
La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo II.
Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados en convenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes.
Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabria para el año 2023 por importe de cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y dos euros (44.142.862 €) para el personal docente funcionario y contratado docente y de diecinueve millones ciento veintisiete mil doscientos ochenta y cuatro euros (19.127.284 €) para el personal de administración y servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, ni aportaciones del Servicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas. También están excluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, títulos propios y de otras aportaciones que permitan la contratación de personal y los gastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidad de Cantabria. Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al servicio del Sector Público se establezca por la legislación aplicable para el año 2023.
Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este periodo, según resulte de la aplicación de los criterios recogidos en la legislación básica estatal.
Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario se remitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.
Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómica que deban satisfacer las entidades de derecho público podrán ser objeto de exacción mediante compensación de oficio o deducciones sobre transferencias, que se deberán comunicar previamente a dichas entidades.
Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes de pago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, no podrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva Entidad.
Tres. Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Entes vinculados o dependientes, a través de sus órganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas vencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación de la deuda y obligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá igualmente, un compromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.
Uno. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidad de emisión de títulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito o préstamo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldo vivo de la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2023, no supere en más de setenta millones de euros (70.000.000 €) el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2022.
Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientes razones:
a) Por el importe del endeudamiento legalmente autorizado para 2022 que no hubiera sido utilizado a 31 de diciembre de ese año.
b) En función del importe efectivo de las operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que respeten el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
c) En caso de modificarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
d) En caso de modificarse el límite de endeudamiento, por cualquiera de los motivos anteriores, se dará cuenta al Parlamento de Cantabria en un periodo no superior a quince días.
Tres. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2023 no podrá superar los ciento cincuenta millones de euros (150.000.000 €).
Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería de Economía y Hacienda podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponibles podrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyo caso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.
Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero oswap,con el objeto de prevenir fluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrá superar el que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de la cartera de endeudamiento.
Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Siete. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultada la persona titular de dicha Consejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosas para la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa para la instrumentación de esta medida.
Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total o parcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizada por la Consejería de Economía y Hacienda, contabilizándose tanto el ingreso como el gasto correspondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, al final del mismo, su saldo neto al presupuesto.
Nueve. La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y, supletoriamente y previa su autorización escrita, la persona titular de la Dirección General competente en materia de política financiera, podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente Capítulo.
Diez. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.
Uno. Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entes que conforman el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciación de otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamiento formalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.
En aplicación del artículo 108 de la Ley de Finanzas de Cantabria, se autoriza, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante 2023, al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), por importe de cuarenta y cinco millones de euros (45.000.000 €).
Uno. Con independencia de los límites señalados en los artículos anteriores, las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones y entidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo, que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.
Uno. Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presente Capítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo, que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entes que conforman el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenerse la expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económico-financiera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y la incidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referido informe será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, que deberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.
Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas:
Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en la presente Ley, por la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, y por cuanto se disponga en leyes especiales y en las disposiciones de desarrollo.
Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 43 de la Ley de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la sección, servicio u organismo público a que se refiera, así como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección General competente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidad de la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:
a) Clase de modificación que se propone, es decir, cuál de las distintas figuras modificativas es la que se propone utilizar.
b) Organismo público o sección a que se refiere la modificación, así como el programa, servicio u organismo público, capítulo, artículo, concepto o subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
c) Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que se basa.
d) La incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que la motivan, así como los efectos sobre los objetivos a que, en su caso, se renuncia.
Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del Capítulo I «Gastos de Personal», será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, el previo informe de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos de personal docente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación. En el caso de organismos autónomos y otras entidades públicas, solo será necesario informe previo del Presidente o Director del organismo o entidad, salvo en aquellos supuestos en que dichos créditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo caso será preceptivo el previo informe de esta.
Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para la creación de las aplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58.1.c) de la Ley de Finanzas de Cantabria.
Asimismo, se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para crear las estructuras presupuestarias necesarias en los estados de ingresos y gastos, a nivel orgánico, funcional y económico, como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspasos de competencias.
Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la Sección 14 «Deuda Pública» del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, el informe del Servicio de Política Financiera en el que se indique si existe disponibilidad presupuestaria para efectuar la modificación propuesta o, en su caso, cuál es dicha disponibilidad máxima en el momento de emitir el informe.
Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma haya sido nombrada «Coordinador principal» de determinados proyectos europeos.
Diez. La Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la minoración de créditos de naturaleza ampliable mediante transferencias de crédito, siempre y cuando no hayan sido previamente incrementados y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos. Estos mismos requisitos resultarán exigibles para la minoración de créditos de naturaleza ampliable que tengan lugar a través del resto de figuras modificativas. Una vez minorado un crédito ampliable, no podrá ser posteriormente ampliado.
Once. Durante el ejercicio 2023 los créditos consignados en el programa 140A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» únicamente podrán ser utilizados para financiar modificaciones presupuestarias dentro del mismo programa presupuestario.
Será competente para autorizar las modificaciones de crédito indicadas anteriormente la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda cuando dichas modificaciones afecten a distintas Secciones presupuestarias.
Serán competentes para autorizar las modificaciones de crédito indicadas en el primer apartado, dentro de su propia sección presupuestaria, las personas titulares de cada Consejería.
Quienes sean titulares de los organismos autónomos tendrán las competencias establecidas en el apartado anterior para las personas titulares de cada Consejería respecto de los créditos presupuestarios que gestionen.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, excepcionalmente, la Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar que los créditos del programa 140A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» se destinen a financiar otros programas presupuestarios, cuando se acredite la imposibilidad de ejecutar, total o parcialmente, dentro del ejercicio presupuestario, las actuaciones inicialmente previstas, sin perjuicio de reajustar, en su caso, las anualidades de las actuaciones inicialmente previstas para su ejecución con cargo a créditos de anualidades posteriores.
Doce. De acuerdo con los artículos 51 y 55 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, se podrán crear mediante generación de crédito o incorporación de crédito aportaciones dinerarias a favor de los Entes del Sector Público Autonómico cuyos presupuestos estén integrados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuando tengan la consideración de entidad ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y por trimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno de Cantabria.
Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.
Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2022 se determinará:
a) El estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
b) El estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
c) El resultado presupuestario.
Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2022 antes del 30 de junio de 2023.
Tres. El estado de liquidación del Presupuesto de 2022 será remitido al Parlamento de Cantabria antes del 15 de julio de 2023.
Cuatro. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2022 será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2023.
Uno. En el año 2023, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria experimentarán el incremento global previsto en la legislación básica estatal, del 2,5 por ciento, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, con la excepción prevista en el artículo 22 de esta Ley.
Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales respecto a los de 2022. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del Sector Público.
Igualmente, las retribuciones citadas en el párrafo primero de este apartado, podrán experimentar cualquier otro incremento retributivo previsto por el Estado y que resulte aplicable como normativa básica.
Dos. En el ejercicio 2023, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento fijado en el apartado Uno de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengados por el personal laboral en 2022, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.
Tres. Durante el ejercicio 2023 no se realizarán aportaciones para el personal incluido en el Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignaciones presupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación, siempre