Categoría: Administración

bjeto regular la concesión directa de subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 4 del mismo para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas. Para el desarrollo de los itinerarios de inclusión social a través de proyectos piloto se ha establecido un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. Además, para su ejecución, se han previsto según las bases reguladoras de la subvención aprobada antes del 31 de diciembre de 2021, contratos de duración determinada estrictamente vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, la situación de extraordinaria y urgente necesidad que dimana del contexto y naturaleza de las medidas dirigidas al cumplimiento de los hitos establecidos para el Componente 23, Inversión 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el plazo acordado, motiva incluir un régimen transitorio que garantice la continuidad, el cumplimiento y la íntegra ejecución de los proyectos piloto de inclusión social en fase de ejecución, dirigidos a contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas, de los colectivos más vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos. Concurren, pues, los presupuestos necesarios para acordar esta medida por medio de real decreto-ley, en tanto en cuanto se hace necesaria la regulación específica que solvente la situación de dichos contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos hasta su fin, el 30 de junio de 2023.
En otro orden de cosas, la pérdida de vigencia, el 31 de marzo de 2022, de las medidas de transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, determina sin solución de continuidad la necesidad de que empresas pertenecientes a sectores que han sufrido cambios estructurales y permanentes puedan adoptar, ya desde tal fecha, medidas de transición y recualificación profesional. Y lo anterior con el objetivo de que puedan superar situaciones de dificultad estructural derivadas de cambios que se califican expresamente de permanentes, mediante las citadas medidas de flexibilidad en lugar de otras de carácter definitivo o traumático, como serían los despidos colectivos.
Es necesario, asimismo, que tales empresas afectadas por la situación sectorial descrita puedan acceder a los beneficios en materia de Seguridad Social, previstos en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que se apliquen las medidas de protección social de las personas trabajadoras, establecidas en la disposición adicional cuadragésima primera del mismo texto legal, para los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Es este el caso de las empresas pertenecientes al sector de las agencias de viaje que no han mostrado el mismo ritmo de desaceleración que otros sectores, conforme remitía la pandemia, y en donde de promedio todavía el 30 % del total de afiliados en esta rama se encuentran en un esquema de protección al empleo, frente al 2 % del resto de sectores.
Este comportamiento, parece que no tiene tanto que ver con la evolución de la pandemia aunque haya sido acelerada por esta, sino con un cambio estructural que se está produciendo en el sector, lo que obliga a una respuesta temprana que permita proteger el empleo durante esta fase de transición y la recualificación profesional de las personas trabajadoras gracias a las previsiones expresamente recogidas en sendas disposiciones transitorias como fórmula necesaria, adecuada y proporcionada para dar solución a una situación concreta, que de otra manera quedaría desprotegida.
Para hacer efectivo lo anterior se introducen en el presente real decreto-ley sendas disposiciones adicionales, una de acceso a los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otra sobre la constitución del Fondo RED; así como tres disposiciones transitorias relativas al procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, la protección social de las personas trabajadoras y la cobertura transitoria de las necesidades de financiación del Mecanismo RED.
Por su parte, la necesidad de fijación de un precio de los recursos hídricos procedentes de las instalaciones de desalación de agua del mar y de las infraestructuras de transporte que bombean el agua a cotas muy elevadas, como la conducción Júcar-Vinalopó es de extraordinaria y urgente necesidad ya que la viabilidad de las explotaciones agrarias que utilizan esos recursos se ve fuertemente comprometida como consecuencia de su alto coste energético actual.
La situación es extraordinaria ya que el coste medio del agua desalada en las instalaciones de desalación de aguas marinas (IDAM) ha pasado de una cifra media del orden de 0,45 euros/m3antes de la crisis energética a una cifra que se sitúa en media en 1,2 euro/m3en la actualidad, lo que supone un precio medio del agua desalada que no se puede asumir por los usuarios de riego. Igual sucede con el coste de las aguas procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó, que pasan de unos 0,30 euros/m3antes de la crisis energética a 0,85 euros/m3en la actualidad. Es una situación extraordinaria que nunca antes se había producido y que en caso de no adoptar las medidas previstas tendrá como consecuencia inmediata, agravada por la situación de sequía, una pérdida de una parte importante de la producción del regadío del sureste español y un impacto importante sobre el empleo en la zona.
Asimismo, es urgente establecer en breve plazo un precio asumible por los usuarios del regadío de las aguas desaladas y de las procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó, ya que en este momento del año están iniciándose las campañas de riego y un retraso en la adopción de estas medidas las haría inviables.
Respecto de la situación de escasez de recursos que existe en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, es preciso adoptar con urgencia medidas, de diversa naturaleza, en la doble dirección que se ha señalado: por una parte, preservar el importante valor socioeconómico y ambiental que representa el regadío en estas cuencas hidrográficas, dado que actualmente las reservas de recursos hídricos se encuentran muy reducidas respecto de su capacidad total. Este déficit de reservas pone de manifiesto que la situación es extremadamente delicada. Por otra, es también necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y los ecosistemas dependientes y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias, pues se han registrado problemas de calidad del agua debido a la escasez de las reservas al tiempo que debe solucionarse la falta de fuentes alternativas de suministro.
La situación de extraordinaria y urgente necesidad está claramente definida por la sequía en la que se encuentra la cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, motivada por la sucesión de años con déficit acusados de aportaciones, que a pesar de las restricciones a la demanda impuestas, no han sido suficientes para que las reservas disponibles en la actualidad sean suficientes para afrontar un futuro incierto, con las repercusiones socioeconómicas y ambientales, entre otras, que ello comporta.
Por lo demás, la norma opera dos modificaciones puntuales en dos normas reglamentarias, en las que concurre la imperiosa necesidad de modificación, como corolario de las situaciones descritas y de las disposiciones que contiene el propio real decreto-ley, que las hacen, por consiguiente, indisociables de las anteriores, todo ello sin perjuicio de la salvaguarda de su rango meramente reglamentario. Así, por un lado, se modifica el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, como se ha indicado, con el fin de que los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, modificación estrechamente ligada a las circunstancias que se han descrito más arriba y que integra el conjunto de medidas acordado en esta norma y, al propio tiempo, asociada a la inminente entrada en vigor del nuevo régimen laboral en este punto. Por otro lado, se modifican aspectos puntuales del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación, con el fin de armonizar su contenido con la remisión que en este real decreto-ley se contiene al mismo en su artículo 6, dada la intensa interconexión entre la nueva línea de financiación, cuya puesta en marcha deriva precisamente de estas circunstancias excepcionales, y la regulación reglamentaria que se prevé para los avales que en él se contienen, que funcionan como un todo indivisible en la precitada línea de apoyo al sector primario.
La situación descrita evidencia la urgencia existente en la aprobación de las medidas, de modo que resulta patente que estas no pueden ser adoptadas mediante los instrumentos normativos ordinarios, pues el decreto-ley es un instrumento jurídico excepcional, cuyo empleo solo se justifica cuando el recurso a aquellos instrumentos no permitiría acometer con la urgencia necesaria la situación extraordinaria definida.
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una situación de necesidad fundamentada en datos concretos; la urgencia de las medidas que deben aplicarse respecto a esta situación de necesidad, que no puede atenderse acudiendo al procedimiento legislativo de urgencia; y la existencia de una conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para afrontarla.
Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para subvenir a estas necesidades. En cuanto al principio de transparencia, se preserva dada la claridad con la que se exponen sus objetivos, medidas y causas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta regulación, siendo de mínimos, introduce sólo en los elementos necesarios el contenido esencial que se estima procedente para la salvaguarda del interés público, sin limitar los derechos de los ciudadanos ni imponerles nuevas obligaciones, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulación actual.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
De este título competencial se exceptúan los artículos 2 y 3, que se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre «régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas», los artículos 4, 5 y 15, que se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, en materia de Hacienda general y Deuda del Estado, y el artículo 10, el capítulo V, excepto el artículo 15, las disposiciones adicionales primera a tercera y la disposición final quinta, que se dictan al amparo del artículo 149.1.22.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2022,
Este real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias, de forma que contribuyan a la recuperación de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas como consecuencia de la situación de sequía, así como por el incremento de los costes de producción y por la actual situación económica internacional, junto con medidas laborales de protección de las personas trabajadoras.
Asimismo, se establecen medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos que permitan paliar los efectos de la sequía y medidas de apoyo a los titulares de derechos de uso de agua para riego incluidos en los ámbitos territoriales afectados por la sequía previstos en el artículo 11, cuando hayan sufrido reducciones respecto de lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua.
Las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a mayo de 2022, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de abril a junio de 2022, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con carácter general en la normativa de la Seguridad Social, con las siguientes particularidades:
1.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas señaladas en el párrafo primero de este artículo y las mismas determinarán que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.
2.ª Será de aplicación un interés del 0,5 por ciento, en lugar del previsto en el artículo 23.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de cuatro meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.
4.ª En ningún caso este aplazamiento será aplicable a las empresas con deudas que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, ni a los trabajadores por cuenta propia con deudas que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el momento de la resolución.
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha fecha, residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o de la renta agraria, establecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto en el citado Sistema de la Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecido, respectivamente, en el artículo 2.1.c) del primero o en el artículo 2.1.d) del segundo de los reales decretos citados, siempre que tengan cubierto en dicho Sistema Especial un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, y reúnan el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 288 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con lo establecido en los citados reales decretos.
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3. En las solicitudes que se presenten e en el ámbito territorial indicado en el apartado 1 de este artículo, se estará a lo siguiente:
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en la forma prevista en dicha disposición.
b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas cotizadas, se considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive.
1. La reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 20 por ciento para las actividades incluidas en el anexo I de la citada orden.
2. Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en el artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Se concede la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2022 a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones, siempre que los titulares de dichas explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior al de aplicación de esta exención, pérdidas de ingresos en las mismas de, al menos, un 20 por ciento con respecto a los últimos tres años en zonas con limitaciones naturales o específicas del artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y de un 30 por ciento en las demás zonas.
2. La exención de las cuotas en el tributo señalado en el apartado anterior comprenderá la de los recargos legalmente autorizados sobre aquél.
3. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes al citado ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
4. La disminución de ingresos en tributos locales que los apartados anteriores de este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, «LINEA ICO MAPA SAECA», en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, no reembolsable, que se instrumentará mediante un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales, ya se trate de condiciones meteorológicas extremas, crisis sanitarias o alimentarias o distorsiones graves en el aprovisionamiento de materias primas ocasionadas por fluctuaciones en el mercado mundial. Estas ayudas tendrán un límite equivalente a la menor de las siguientes cantidades: el 10 por ciento del principal del préstamo o 10.000 € de ayudas acumuladas para las operaciones de un mismo cliente.
2. Podrán beneficiarse de dicha línea quienes sean titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas regulado por Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro General de la Producción Agrícola regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, con domicilio social y fiscal en España, que tengan una fecha de constitución anterior a 1 de marzo de 2022 y cuyos ingresos provengan al menos en un 50 por ciento de la actividad agraria en el año anterior al de la presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio, salvo que hayan iniciado la actividad agraria dentro de los tres años anteriores a la convocatoria.
3. No podrán concurrir los solicitantes incursos o que reúnan los requisitos para estar incursos en procedimiento de insolvencia colectiva, así como en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de grandes empresas, deberán estar en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B- oratingequivalente interno de la entidad financiera.
4. La ayuda tendrá carácterde mínimis,de acuerdo con el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudasde mínimis.
El montante total de la ayuda no podrá superar el límite de 20.000 euros en el periodo del año en curso en el momento de la formalización de la operación y los dos ejercicios anteriores, incluidas las ayudas previas declaradas por el solicitante.
5. La solicitud del préstamo deberá contar con el aval de SAECA, el cual podrá ser objeto de bonificación, en su caso, en el marco del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.
6. El ICO y SAECA actuarán como entidades colaboradoras de las subvenciones en el marco del convenio de colaboración suscrito al efecto, a cuyo efecto asumirán la gestión íntegra de las mismas, incluida la justificación y control por parte de SAECA, en los términos establecidos en dicho convenio.
7. En la presentación de las solicitudes de ayuda será de aplicación lo previsto en los artículos 7 y 8 y concordantes del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio.
8. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación dictará resolución motivada a la vista de los certificados que remitan SAECA y el ICO. El periodo de admisión de solicitudes de ayuda comenzará con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la orden de convocatoria, que se realizará de acuerdo con las bases establecidas en este artículo. Las ayudas de concederán por riguroso orden de presentación hasta agotar el límite presupuestario.
9. Tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una dotación inicial de 10 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de préstamos con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento del sector.
En el caso de que fuera necesario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación, previa la tramitación de las modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En aplicación de las disposiciones comunitarias sobre causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan, de manera excepcional, flexibilizar determinados requerimientos, condiciones de subvencionabilidad y compromisos de las ayudas de la PAC al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece para el año 2022 los siguientes importes por metro cúbico de agua, IVA excluido, que deben satisfacer los usuarios de regadío de las siguientes infraestructuras:
1. Las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca hidrográfica del Guadiana tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por su parte, las exenciones del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua regulados en el artículo 114.1 y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aplicarán a las campañas de riego de los años 2021 y 2022 conforme a lo previsto en el artículo 15.
2. El ámbito territorial de aplicación de este real decreto-ley distingue los siguientes supuestos:
a) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir:
1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.A).
2.º Las medidas a adoptar en la campaña 2022, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.A).
La inclusión de las unidades territoriales de escasez en el anexo II, requiere que se encuentren en situación de emergencia durante dos meses consecutivos, de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Sequía.
b) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadiana:
1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.B).
2.º Las medidas a adoptar en la campaña 2022, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.B).
1. Se modifican temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utilización, y en particular las relativas a:
a) Reducir o suspender las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos.
b) Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio.
c) Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el plan hidrológico.
d) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas terrestres asociados.
e) Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades, con el fin de compatibilizarlos con otros usos.
2. Se constituirán de oficio las Juntas Centrales de Usuarios que sean necesarias para ordenar y vigilar la gestión coordinada de los recursos hídricos.
1. La Comisión Permanente de Sequía, conforme establece el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, estará integrada por los siguientes miembros:
a) El Presidente del organismo de cuenca, que presidirá la Comisión.
b) El Director de la Oficina Técnica de Sequía, que actuará como secretario con voz y voto.
c) Los siguientes vocales:
1.º El Comisario de Aguas, el Director Técnico, el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.
2.º Un representante de la Dirección General del Agua, y otros dos de entre los representantes del resto de Ministerios participantes en la Junta de Gobierno.
3.º Representantes de las comunidades autónomas en la Junta de Gobierno relacionados con la gestión de las aguas y el uso de los recursos hidráulicos: dos representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura, un representante de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4.º Representantes de los usuarios: un representante de abastecimiento, un representante del regadío y un representante del uso industrial, elegidos entre quienes representan a estos sectores en la Junta de Gobierno.
d) También formarán parte de la misma los siguientes vocales, con voz y sin voto:
1.º Un representante de las administraciones locales, elegido por ellos mismo entre quienes ostentan esta representación en la Junta de Gobierno.
2.º Un representante de las organizaciones sindicales, otro de las empresariales y otro de las organizaciones que actúan en defensa de los intereses ambientales, elegidos entre quienes representan a estos sectores en el Consejo del Agua de la Demarcación.
2. Corresponde a la Comisión Permanente de Sequía el estudio y valoración de las medidas administrativas excepcionales a proponer a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reguladas en el artículo 12.
1. Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de las propuestas realizadas por la Comisión Permanente de Sequía.
2. Imponer a los titulares de derechos la ejecución de aquellas obras de control o de medida de caudales que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos o acordar subsidiariamente su realización.
3. Igualmente, podrá ejecutar obras de investigación hidrogeológica, captación, transporte o adecuación de infraestructuras y de control de la evolución de las masas de agua subterránea. Si las obras descritas correspondieran al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por ser de interés general del Estado o en razón a su cuantía, el Presidente del Organismo de cuenca, le elevará la solicitud de ejecución.
1. En la cuenca hidrográfica del Guadalquivir:
a) Para el período impositivo de 2021, se concede a los titulares de derechos al uso de agua beneficiarios directos de las obras de regulación, que hayan tenido una reducción de la dotación global de al menos el 40 % respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparan su derecho al uso del agua, y se encuentren en Unidades Territoriales de Escasez relacionadas en el anexo I, el 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua y establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Para el periodo impositivo de 2022, en el ámbito de aplicación territorial establecido en el anexo II, se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para el riego que hayan tenido una reducción respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones:
1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de entre un 40 % y un 60 %.
2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de más del 60 %.
c) Para los periodos impositivos 2021 y 2022, se concede a los titulares de derechos al uso del agua beneficiarios indirectos de las obras de regulación una reducción 40 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. En la cuenca hidrográfica del Guadiana:
a) Para el período impositivo de 2021, a los titulares de derechos al uso de agua beneficiarios de las obras de regulación, que hayan tenido una reducción de la dotación global de al menos el 60 % respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparan su derecho al uso del agua en el ámbito territorial que se relaciona en el anexo I.B), se concede una reducción del 100 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.
b) Para el periodo impositivo de 2022, en el ámbito territorial establecido en el anexo II.B), se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para el riego que hayan tenido una reducción respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones:
1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de entre un 40 % y un 60 %: UTE 09 Sistema General (excepto Orellana).
2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de más del 60 %: UTE 05 Gasset-Torre de Abraham, UTE06 Vicario y Orellana (UTE 09 Sistema General.
3. Los sujetos pasivos de las exacciones señaladas en los apartados anteriores que hubieran satisfecho total o parcialmente las cuotas correspondientes, tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas que correspondan.
1. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir queda facultada para autorizar la ejecución y puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier sondeo u obra de captación, cuente con instalación elevadora o no, que permita la aportación provisional de nuevos recursos.
Esta facultad incluye la puesta en servicio de sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos, en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales que puedan satisfacer las demandas más urgentes.
Su explotación no supondrá una merma en la calidad actual de las aguas subterráneas y circulantes por los cauces que las haga inadecuadas para los usos a los que se destinan.
Dejarán de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en todo caso, a la finalización del plazo de vigencia del presente real decreto-ley, y en ningún caso generarán nuevos derechos en favor de quienes hayan obtenido la citada autorización del organismo de cuenca.
Las extracciones desde estos sondeos y obras de captación se efectuarán de manera que no comprometan los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
2. Conforme dispone el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, los que se beneficien de obras hidráulicas de captación y transporte de aguas subterráneas hasta los lugares de aplicación financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, abonaran la «tarifa de utilización del agua» que corresponda, destinada a compensar los costes de inversión soportados por la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, podrá autorizar, con carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso de agua que no respeten el orden de preferencia definido en el plan hidrológico o en el artículo 60.3 de dicha ley, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en su párrafo 1.º, siempre que se mantenga el régimen de caudales ecológicos y se garantice el abastecimiento de la población.
Las medidas establecidas en este real decreto-ley, incluidas las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico, no tendrán carácter indemnizable.
Para la adecuada gestión y seguimiento de las medidas objeto de este real decreto-ley, las empresas suministradoras de servicios energéticos a que hacen referencia la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, facilitarán la información que les sea solicitada por las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana de forma telemática y, en especial, los consumos energéticos realizados por las correspondientes instalaciones de elevación e impulsión de las aguas, con el objeto de poder estimar, en función de dicho consumo energético, el volumen de agua detraído.
1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales previstas en este real decreto-ley tendrán carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En su virtud, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. El Organismo de cuenca, cuando lo estime necesario, procederá a la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico reconocidas a los titulares de derechos, con sujeción al siguiente procedimiento:
a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, notificándose a los interesados el acuerdo de inicio.
b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte de la Comisaría de Aguas y deberá ser informada por la Oficina de Planificación Hidrológica.
c) El plazo para realizar la audiencia de los interesados se reducirá a cinco días.
d) La aprobación de la propuesta de resolución corresponderá al Presidente del organismo y será motivada en todo caso.
e) La Presidencia de la Confederación Hidrográfica adoptará las medidas precisas para hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico.
3. La resolución adoptada, de acuerdo con el apartado anterior, determinará la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico mientras se mantenga vigente el presente real decreto-ley o no sea expresamente revocada. Tal revocación deberá realizarse cuando se aprecie que las circunstancias que motivaron la resolución han desaparecido.
1. El incumplimiento por los usuarios de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante, modificadas temporalmente en virtud del artículo 12 del presente real decreto-ley constituirá infracción tipificada en el artículo 116.3.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico.
2. La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, constituye una infracción administrativa del artículo 116.3.b) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda, se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico.
3. El incumplimiento de las restantes medidas adoptadas por el Organismo de cuenca, en aras de garantizar la finalidad del presente real decreto-ley, constituirá infracción tipificada en el artículo 116.3.g) del texto refundido de la Ley de Aguas y la sanción que corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico.
1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento o aquellos en quien se delegue la competencia, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
2. Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales:
a) Sellado de las instalaciones, aparatos, equipos y pozos.
b) Cese o suspensión temporal de actividades.
c) Aquellas otras medidas que, para la protección del dominio público hidráulico, se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
3. Las medidas provisionales podrán dejarse sin efecto o modificarse durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
4. A estos efectos, los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana dictarán un acuerdo motivado que habilitará a los agentes medioambientales del servicio de control y vigilancia y guardas fluviales que les presten apoyo y asistencia, así como a otros servicios con carácter de autoridad y con competencia para ello, para ejecutar las medidas provisionales que se consideren necesarias y proporcionadas de manera inmediata y que posteriormente, en el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador, habrá de ser confirmadas, modificadas o levantadas.
Las Presidencias de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana comunicarán a los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas por este real decreto-ley las actuaciones que deban realizarse con el fin de conseguir el cumplimiento de las medidas contenidas en él.
1. Se declaran de emergencia las actuaciones que se incluyen en el anexo III.
2. La tramitación de los procedimientos que resulten necesarios para la ejecución de las actuaciones contempladas en el anexo IV (Guadiana), así como otras actuaciones diferentes de la contempladas en el anexo III (Guadalquivir), tendrá carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en el anexo III y en el anexo IV, llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
Lo dispuesto en en este real decreto-ley se entenderá sin menoscabo de las medidas previstas en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, que deben ser aplicadas en su totalidad, salvo que se motive adecuadamente su insuficiencia o la imposibilidad de acometerlas con carácter urgente.
La creación y funcionamiento de la Comisión Permanente de Sequía de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, serán atendidos con los recursos asignados a los órganos administrativos y organismos públicos en ella representados y no supondrán incremento alguno del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
1. A los efectos previstos en la disposición adic