Categoría: Cultura

democracia republicana, siendo posteriormente víctimas de la represión. En este sentido, se establecerá reglamentariamente un procedimiento para que se reconozca jurídica y moralmente a los miembros de las fuerzas del orden republicanas que fueron desposeídos de sus cargos por causa de su fidelidad institucional y también a las personas que perdieron la vida ante las fuerzas de orden público o por las fuerzas armadas en acciones contra la Dictadura, como es el caso de las y los guerrilleros antifranquistas.
d) Los riojanos y riojanas que fueron privados de libertad en el sentido del artículo 6.d).
e) Los riojanos y riojanas que sufrieron represión debido a su orientación sexual o por razón de género, conforme al artículo 6.e).
f) Los riojanos y riojanas que se posicionaron en defensa del Gobierno legítimo que representaba la Segunda República y de la democracia.
g) Aquellos grupos o sectores sociales, profesionales, ideológicos o religiosos que sufrieron una específica represión individual o colectiva.
h) Los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales represaliados por el franquismo.
i) Las personas que ejercieron cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República que fueron represaliadas.
j) Las personas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.
k) Las personas que padecieron violencia, represión, privación de libertad e incluso la muerte como consecuencia de la defensa de sus propiedades legítimas, con especial mención a las y los agricultores y las y los ganaderos del mundo rural.
l) Las personas condenadas o ejecutadas sin procedimiento o de forma sumaria, careciendo de todos los derechos y garantías procesales inherentes al Estado de derecho.
m) Las personas víctimas a las que se refiere el artículo 6.b).
La consejería competente en materia de memoria democrática, en colaboración con las entidades memorialistas y el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, y de acuerdo con las entidades locales, impulsará un protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes de las víctimas y asegurar su conservación.
La Administración y los poderes públicos de La Rioja impulsarán las acciones necesarias para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y reparación a las organizaciones empresariales, sociales, religiosas y de cualquier otra naturaleza que utilizaron los trabajos esclavos en su beneficio, ejercieron o colaboraron en el ejercicio de cualquier tipo de represión en el periodo histórico al que se aplica la presente ley.
La investigación científica, así como la difusión del conocimiento en materia de memoria democrática, mediante el fomento de publicaciones, revistas, materiales audiovisuales y temáticos, la realización de congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y divulgativo, será una prioridad de la Administración de La Rioja como medida específica de reconocimiento y reparación a las víctimas, en la medida de sus posibilidades presupuestarias. Se atenderá de forma singular la investigación y divulgación sobre la experiencia específica de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática.
Para las actuaciones previstas en el apartado anterior, se establecerá un marco de colaboración con las entidades memorialistas, la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos.
La Administración de La Rioja impulsará la aplicación del derecho internacional referente a los crímenes contra la humanidad, las desapariciones forzadas, la tortura y las violaciones de los derechos humanos.
La condición de víctima del franquismo será especialmente evaluable para la concesión de las condecoraciones, reconocimientos y rehabilitación de derechos económicos derivados de su condición de víctimas que pudieran corresponderles conforme a su profesión, ocupación o lugar de residencia.
1. El Gobierno de La Rioja, por sí o en colaboración con cualquier otra Administración, impulsará medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos, monumentos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas del franquismo.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará todo tipo de actividades para preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del franquismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos.
Se velará, en cualquier ámbito de actuación de la Administración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las víctimas del franquismo en todos los actos institucionales que les afecten.
La Administración educativa riojana, al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsará planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del franquismo.
Se considerará lugar de la memoria democrática de La Rioja aquel espacio, inmueble o paraje en el que se hayan desarrollado hechos relevantes por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo riojano por sus derechos y libertades democráticas, y también con la represión y violencia sobre la población a lo largo de la Guerra Civil o de la Dictadura franquista, así como con la resistencia popular y el sostenimiento de los valores democráticos.
Se creará un Catálogo de los Lugares de la Memoria Democrática de La Rioja, de acceso público, en el que se inscribirán y caracterizarán todos los lugares con dicha denominación.
Corresponde al Consejo de Gobierno de La Rioja la declaración como lugares de la memoria democrática de los espacios del territorio riojano que así se consideren. Tal decisión se adoptará previa consulta preceptiva al Consejo de la Memoria Democrática y a iniciativa de:
a) Las entidades memorialistas de La Rioja o de ámbito estatal.
b) Los municipios en cuyo término municipal se localice tal espacio, previo acuerdo plenario al respecto.
1. Se declara el Memorial «La Barranca» como lugar de referencia de la memoria democrática de La Rioja, como espacio de transmisión de la memoria democrática que contribuya a promover una cultura de paz y convivencia.
2. Para la correcta gestión y mantenimiento del lugar, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja firmará anualmente un convenio con La Barranca, Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja, entidad que gestiona el espacio, para su conservación, para mantenimiento, difusión y estudio del lugar.
3. Dicho convenio anual no podrá ser nunca de cantidad inferior al del ejercicio presupuestario anterior y se deberá actualizar, como mínimo, según el IPC.
1. La iniciación del procedimiento de declaración se realizará mediante acuerdo motivado del consejero competente en materia de memoria democrática, que incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Identificación del bien.
b) Descripción y determinación de las partes del bien que son objeto de inscripción.
c) Delimitación cartográfica del mismo con sus correspondientes coordenadas geográficas.
d) Medidas cautelares, en su caso, que fuesen necesarias para la protección y conservación del bien.
2. La iniciación llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Catálogo de los Lugares de la Memoria Democrática y determinará la suspensión cautelar, cuando proceda, de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización de la consejería competente en materia de memoria democrática, la cual deberá resolver la solicitud de autorización en el plazo máximo de seis meses. La denegación de la autorización llevará aparejada la necesidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia concedida. La protección cautelar derivada de la anotación preventiva cesará cuando se deje sin efecto la iniciación, se resuelva el procedimiento de inscripción o se produzca su caducidad.
3. El acuerdo de iniciación del procedimiento de inscripción en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática riojana será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».
4. En el procedimiento para la inscripción será preceptivo el trámite de información pública, de audiencia a las personas particulares directamente afectadas y de audiencia al Ayuntamiento donde radique el lugar.
5. La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería con competencias en materia de memoria democrática. El acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial de La Rioja».
6. La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos doce meses desde la fecha de su iniciación sin que se haya dictado y notificado su resolución. Declarada la caducidad del procedimiento, no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que se realice a instancias de la persona titular del bien.
7. La consejería competente en materia de memoria democrática dará traslado a la competente en materia de cultura de todas las inscripciones que se realicen en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática.
La consejería competente en materia de memoria democrática podrá proponer la modificación o cancelación de la declaración de un lugar de memoria democrática de La Rioja cuando hayan cambiado o desaparecido las circunstancias y valores que motivaron su declaración. La modificación y la cancelación se realizarán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 32 para su declaración.
Las áreas declaradas como lugares de la memoria democrática de La Rioja serán objeto de preservación especial, de conformidad con las figuras de planeamiento urbanístico y el desarrollo reglamentario de la presente ley.
Se realizará la identificación documental, la conservación y la puesta en valor de los lugares de la memoria democrática, sin menoscabo de la colaboración y participación de otras Administraciones u organismos públicos o privados.
Para cada lugar de memoria democrática, la consejería competente en materia de patrimonio cultural establecerá medios de difusión e interpretación de lo ocurrido en el mismo. Reglamentariamente se determinarán los materiales, condiciones y medios de difusión apropiados, así como la participación y colaboración de las entidades locales del entorno, de las entidades memorialistas y, en su caso, de la Universidad de La Rioja.
1. Ruta de memoria democrática de La Rioja es el conjunto formado por dos o más lugares de memoria democrática que se encuentren cercanos entre sí, conteniendo el espacio que los une elementos interpretativos significativos en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia.
2. La consejería o departamento competente en materia de memoria democrática, en colaboración con las Administraciones públicas implicadas, podrá impulsar la creación de una ruta de memoria democrática.
3. Cuando las rutas de memoria democrática presenten valores relevantes de tipo ambiental, paisajístico, etnográfico, antropológico o de cualquier otro tipo, se impulsará, en colaboración con los departamentos o consejerías competentes en materia de patrimonio histórico, educación, medioambiente y turismo, la configuración de itinerarios de tipo interdisciplinar, donde se integre la memoria democrática asociada con los valores ambientales y con la ocupación humana del territorio desde una perspectiva histórica.
La memoria democrática estará incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación Profesional, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos y ejemplarizante.
La Administración riojana apoyará las actividades culturales y académicas que tengan como objetivo el análisis y el conocimiento veraz de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición. Para ello, podrán establecerse convenios o acuerdos de colaboración con la Universidad de La Rioja, los centros de profesorado y las asociaciones culturales o entidades memorialistas sin ánimo de lucro.
La Administración riojana, en el marco de sus competencias, procederá a:
a) La actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y actualizada sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la memoria democrática riojana, incorporando los nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años e incluyendo la perspectiva de género.
b) La implementación de actividades extraescolares que refuercen suficientemente los contenidos curriculares, incluyendo la realización de visitas a rutas y lugares de memoria.
c) La inclusión de contenidos adecuados en materia de memoria democrática en los procesos de formación del funcionariado cuya labor pueda afectar al desarrollo de las políticas públicas de memoria, bajo los principios de verdad, reparación y justicia como garantías de no repetición.
d) La oferta de las actividades oportunas dentro de otros planes formativos específicos para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
La Administración riojana impulsará la investigación en materia de memoria democrática mediante la consignación presupuestaria necesaria que permita realizar proyectos de investigación que favorezcan el conocimiento de los hechos a los que hace referencia esta ley.
Se prohíbe la publicidad que utilice la imagen de las víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o sensacionalista o con ánimo lucrativo.
La Administración riojana, en el ámbito competencial que le corresponda, velará para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones, adoptando las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las víctimas del franquismo conforme con los principios y valores democráticos, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan adoptar otras entidades.
1. La Administración riojana colaborará, en la medida de sus posibilidades y competencias, para que los medios de comunicación fomenten la protección y salvaguarda de la imagen de las víctimas del franquismo, evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella.
2. En tal sentido, ayudará a que la difusión de informaciones relativas a las víctimas del franquismo tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias.
1. A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 43, la Administración riojana promoverá acuerdos de autorregulación dotados de mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
2. Para facilitar la realización de los fines indicados en este capítulo, la Administración riojana promoverá campañas de sensibilización y formación continuada de los y las profesionales de la información.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por la accesibilidad de los archivos de titularidad autonómica relacionados con el periodo de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición. El acceso a los archivos de la represión es una condición necesaria para la satisfacción y respeto del derecho a la verdad y a la justicia que ampara a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y a sus familiares. Para el efectivo ejercicio de estos derechos, el Gobierno de La Rioja impulsará la firma de convenios con otras Administraciones públicas, así como con personas jurídicas públicas y privadas.
2. Se reconoce la necesidad de proceder a la desclasificación y catalogación de los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático, así como la necesidad de realizar un inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las Administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
3. Se ha de reconocer asimismo el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de las personas responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
4. En su ámbito competencial, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará las medidas necesarias para contribuir a materializar las necesidades explicitadas en materia de archivo y, en aquellos casos en que se requieran acciones que rebasen su límite competencial, se dirigirá al organismo estatal correspondiente para propiciar que esta política sea una política de Estado.
5. En todo caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por el acceso público de los archivos relacionados con el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
El acceso a los archivos se garantizará mediante la firma de acuerdos y convenios con las instituciones en las que se encuentren ubicados.
Con el objeto de hacer más accesibles dichos archivos al conjunto de los ciudadanos, y especialmente a las personas encargadas de la investigación histórica, se procederá a la digitalización de los mismos.
1. La exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación, legitimación, justificación, enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, o en general de cualquier organización contraria a los principios democráticos, será considerada contraria a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas.
2. Las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado 1, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad.
3. No se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos a los que hace referencia el apartado 1, aunque se encuentren en edificios o lugares históricos, salvo informe favorable en tal sentido del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, que será emitido en el plazo máximo de tres meses a solicitud de la consejería competente en materia de memoria democrática.
4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas o comunidades propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación.
6. No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere este artículo de manera voluntaria, la consejería con competencias en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.
7. En todo caso, se dará trámite de audiencia a las personas interesadas, por un plazo máximo de quince días hábiles. La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo. Transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.
8. La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse.
9. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la Administración riojana podrá realizar la retirada subsidiariamente.
Cuando los símbolos se encuentren en edificios de relevancia patrimonial o histórica, se actuará conforme a la legislación aplicable. Si no es posible la retirada de estos símbolos, se colocará una placa explicativa del motivo.
Los objetos y símbolos retirados pasarán a formar parte del archivo documental de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
1. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática es un órgano colegiado de participación de carácter consultivo, de impulso y asesoramiento, cuya composición y funcionamiento regulará el desarrollo reglamentario de la presente ley, contando al menos con la participación de las entidades memorialistas, el Gobierno de La Rioja, partidos políticos con representación parlamentaria, la Universidad de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios.
2. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática, con la composición y estructura que se establecen, se integra en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se adscribe a la consejería competente en materia de memoria democrática, que le facilitará los medios materiales y técnicos para el cumplimiento de sus funciones.
1. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática se constituye para el asesoramiento, la información, el debate, el estudio, la propuesta en la defensa y promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática y su difusión, y el reconocimiento institucional y social de las personas asesinadas, desaparecidas, perseguidas y represaliadas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Entre las funciones del Consejo Asesor de la Memoria Democrática figurará la elaboración de un informe anual público y con traslado al Gobierno central sobre los planes y el cumplimiento y desarrollo de la presente ley, así como el cumplimiento y desarrollo en el territorio de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, o cualquier otra ley de carácter estatal que la modifique o sustituya en el futuro.
1. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo, así como las generales de nuestro ordenamiento jurídico.
1. Serán responsables como personas autoras las personas físicas o jurídicas que, a título de dolo o culpa, realicen acciones u omisiones contrarias a esta ley.
2. En su caso, serán responsables solidarios de las infracciones previstas en esta ley quienes hubieran ordenado la realización de tales acciones u omisiones.
Las infracciones a lo dispuesto en esta ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de restos de personas desaparecidas víctimas de la represión.
b) La realización de excavaciones sin la autorización prevista en esta ley.
c) La destrucción de fosas en los terrenos incluidos en los mapas de localización elaborados o en un lugar de memoria democrática.
d) La destrucción de restos y fosas que, no habiendo sido incluidos en los mapas de localización elaborados o calificados como lugar de memoria democrática, pudieran constituir un hallazgo, hasta ese momento desconocido, dentro del marco de aplicación de la presente ley.
e) El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de los lugares de la memoria democrática.
2. Son infracciones graves:
a) El traslado de restos humanos sin autorización.
b) La falta de comunicación del hallazgo de restos que pudieran pertenecer a personas desaparecidas víctimas de la represión, de acuerdo con el artículo 13.
c) El incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos conmemorativos o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.
d) La realización de cualquier obra o intervención en un lugar de la memoria democrática sin autorización, que pueda afectar a fosas comunes de víctimas de la represión.
3. Son infracciones leves:
a) El impedimento u obstaculización de la visita pública a los lugares de la memoria democrática.
b) La realización de daños a los espacios o mobiliario de los lugares de la memoria democrática.
c) El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos, conmemorativos o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.
d) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta ley no tipificados en ninguno de los apartados anteriores de este artículo.
En caso de reincidencia, se estará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se podrán sancionar con sanciones pecuniarias y no pecuniarias.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes, en función de la gravedad de la infracción:
a) Para infracciones muy graves: Multa de entre 10.001 y 150.000 euros.
b) Para infracciones graves: Multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
c) Para infracciones leves: Multa de entre 100 y 2.000 euros.
3. Las sanciones pecuniarias anteriores podrán ser sustituidas, de acuerdo con la persona infractora y por resolución motivada del órgano competente para dictar resolución, por trabajos en beneficio de la comunidad en áreas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, o por la realización de cursos de sensibilización y formación en materia de memoria democrática y de derechos humanos. Cada 100 euros de multa podrán sustituirse por un día de trabajos o cursos, hasta un máximo de trescientos sesenta y cinco días, debiendo, en el caso de que la multa no pueda ser sustituida en su totalidad, realizar el curso en su máxima duración y abonar el resto de la multa en metálico.
1. Será pública la acción para denunciar ante la consejería competente en materia de memoria democrática las infracciones en materia de memoria histórica y democrática.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la consejería competente en materia de memoria democrática.
3. La iniciación del procedimiento se realizará por acuerdo de la persona titular del órgano competente en materia de memoria democrática de oficio, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.
Son competentes para la iniciación y resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en esta ley:
a) Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular de la consejería competente en materia de memoria democrática.
b) Tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la dirección general competente en materia de memoria democrática.
El Consejo de Gobierno de La Rioja instará al Gobierno del Estado a la adopción de las medidas de todo orden que procedan para que se declare la nulidad de todos los juicios a ciudadanas y ciudadanos riojanos realizados por tribunales militares o civiles por motivos políticos vinculados a la República o a la lucha en defensa de la democracia durante la Dictadura o la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y Tribunal del Orden Público (TOP), con el objeto de satisfacer el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas. Concretamente, hará uso de los canales que conforme a derecho le correspondan para propiciar, entre otras:
a) La anulación de las sentencias dictadas en Consejos de Guerra desde el 18 de julio de 1936 por delitos de rebelión, adhesión a la rebelión o similares previstos en el artículo 237 del Código de Justicia Militar vigente durante la Guerra Civil, de acuerdo con el bando de declaración del estado de guerra de 28 de julio de 1936.
b) La anulación de las sentencias dictadas en Consejos de Guerra por motivos políticos en base a la Ley de 29 de marzo de 1941, de reforma del Código Penal de delitos contra la seguridad del Estado; Ley de 2 de marzo de 1943, de modificación del delito de rebelión militar; Decreto-ley de 18 de abril de 1947, de definición y represión de delitos de bandidaje y terrorismo; Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público; Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, de refundición de la ley de 2-3-43 y el DL de 18-4-47, sobre rebelión militar y bandidaje y terrorismo, hasta la muerte del dictador en el año 1975.
c) La anulación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, de acuerdo con la Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, y disposiciones concordantes.
d) La anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de responsabilidades políticas en base a la Ley de 9 de febrero de 1939 y disposiciones concordantes.
e) La anulación de las sentencias dictadas por el denominado Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo en base a la Ley de 1 de marzo de 1940, hasta su disolución en 1963.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja solicitará al Estado español que disponga lo necesario en aras de la adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte de las personas perseguidas por el franquismo. Especial consideración será otorgada al hecho de la modificación de la Orden de 6 de junio de 1994, sobre supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de defunción, y la Orden de 13 de octubre de 1994, por la que se modifica la de 6 de junio, sobre la supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de defunción, en base a las cuales el encargado del Registro puede tachar de oficio la causa de la muerte, impidiendo de este modo el acceso a la verdadera causa de la muerte.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a los que se refiere el artículo 49. En caso contrario, la consejería competente en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, se otorgará la condición política de riojanos a aquellos miembros de la resistencia antifranquista y enlaces de esta que, sin ser riojanos y riojanas, a título honorífico o a título póstumo hayan defendido en La Rioja al Gobierno legítimo de la Segunda República.
El Gobierno de La Rioja realizará un acto institucional el 22 de julio de cada año en favor de las demandas de las personas afectadas por los crímenes del franquismo, fecha de los primeros enterramientos republicanos asesinados por defender al Gobierno legalmente constituido. Se articulará la instalación de una placa o monumento de recuerdo en un lugar céntrico de la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en colaboración con su ayuntamiento.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.
Se habilita al Consejo de Gobierno de La Rioja para dictar las normas de desarrollo y ejecución de lo establecido en la presente ley.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, se dictará la norma de carácter reglamentario de creación, funcionamiento y gestión de un Centro de Interpretación de la Memoria de La Rioja.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se establecerá, reglamentariamente, un protocolo para la debida protección y seguridad de los lugares de la memoria democrática de La Rioja.
En el plazo máximo de un año desde la aprobación de la ley, deberá estar desarrollado el reglamento de funcionamiento de la ley de memoria.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja», excepto las medidas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto del ejercicio en curso, que entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logroño, 25 de abril de 2022.–La Presidenta, Concepción Moya Jiménez.