Categoría: Judicial

bogado del Estado, a don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Hernández i Negre y don Josep Moreno i Andreu, representados por el procurador de los tribunales don Aníbal Martínez Vázquez, a don Carles Cabrera i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Hernández Santana Castillo, y al partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
15. El abogado del Estado, por escrito registrado el 21 de diciembre de 2020, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso. Argumenta, en relación con la alegada vulneración del art. 24 CE por incongruencia omisiva del auto resolutorio de la súplica que «basta una lectura del auto de 9 de enero para comprobar que el mismo da respuesta a todas las cuestiones planteadas por el demandante, con independencia de que la misma no sea la que él pretende», destacando que «se da respuesta a todas las cuestiones planteadas y se estima el recurso de súplica, pero se explica que materialmente no existe lesión, pues incluso en un ejercicio hipotético de cuál habría sido el sentido de la resolución si anticipadamente se hubiera contado con la novedosa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la restricción de la libertad habría sido mantenida por la Sala, sin perjuicio de una ágil activación del suplicatorio».
El abogado del Estado también niega que se haya producido una vulneración del art. 23.2 CE exponiendo que la STJUE de 19 de diciembre de 2019, si bien declara que la inmunidad de la que gozaba el demandante implica un levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta para su desplazamiento al Parlamento Europeo, añade a continuación que ello no impide el mantenimiento de la situación de esa medida cautelar si se solicita el suplicatorio a la mayor brevedad, que es la interpretación adoptada por el auto impugnado, dándose también las razones por las que ya no resultaba procedente la solicitud del suplicatorio una vez que la privación de libertad se había transformado en el cumplimiento de una pena firme.
16. El partido político Vox, por escrito registrado el 28 de diciembre de 2020, formuló alegaciones solicitando la inadmisión del recurso por falta de justificación suficiente de su especial transcendencia constitucional, ya que no desarrolla la invocación de la causa de transcendencia alegada siendo un enunciado meramente apodíctico; destacando también que no es cierto que no existan precedentes sobre la cuestión planteada a la vista de la STC 23/2020, de 13 de febrero.
Esta parte, subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso, ya que «la conclusión a la que cabe llegar es que la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no era aplicable a esa fecha de forma efectiva en la causa penal al no existir ya medida cautelar de prisión provisional afectada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, tampoco con respecto a la denegación del permiso penitenciario solicitado al no cumplirse las condiciones para su concesión en el momento de dictarse la sentencia». De ello deriva que el recurso ha perdido sobrevenidamente su objeto una vez que la situación del demandante de amparo pasó de ser de prisión provisional a condenado por sentencia firme y destaca que en cualquier caso como resultado de este procedimiento no cabe modificar la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2020.
17. El demandante de amparo, por escrito registrado el 30 de diciembre de 2020, formuló alegaciones ratificándose en las expuestas en su demanda de amparo. Insiste en la necesidad de acumulación de los recursos de amparo avocados núms. 212-2020, 1523-2020, 1621-2020 y 1634-2020, ya que todos ellos tienen como elementos de conexión el defectuoso entendimiento de la inmunidad europea del demandante de amparo y el apartamiento de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las cuestiones prejudiciales planteadas. También analiza distintos trabajos doctrinales sobre la afectación de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 a la condena de la que fue objeto antes de su pronunciamiento y el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2020, asunto T-24/20.
18. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 22 de enero de 2021, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso. Argumenta, tras poner de manifiesto que la invocación del art. 24 CE es instrumental de la del art. 23.2 CE, que es la nuclear en el planteamiento de la demanda en tanto que aparece referida a la alegada inmunidad parlamentaria del demandante de amparo, que no cabe advertir vulneración alguna de dicho derecho a la vista del contenido de las resoluciones impugnadas.
A esos efectos, afirma, en relación con el auto de 14 de junio de 2019, que, «estando en juego –en definitiva– el mantenimiento de la prisión provisional, rige la regla de que no se puede cuestionar la pertinencia y ajuste constitucional de la prisión preventiva desde un controlex posten función del desenlace posterior del proceso al socaire de circunstancias relevantes aparecidas ulteriormente, puesto que su procedencia y corrección ha de valorarse “a partir de toda la información disponible en el momento en el que ha de adoptarse la decisión” o, en su caso, al tiempo de su mantenimiento o revisión (por todas, STC 14/2000, de 17 de enero, FJ 4)».
Por su parte, en relación con el auto de 9 de enero de 2020, destaca que lo significativo es que la Sala rectificó y estimó el recurso de súplica «proclamando el derecho a un permiso penitenciario para cumplimentar los trámites que, con anterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia se consideraban esenciales para la adquisición de la condición de europarlamentario, si bien, al haber cambiado la situación personal, pasando a ser de procesado acusado a condenado con pena de prisión privativa de libertad e inhabilitación absoluta, los efectos predicados del reconocimiento del derecho se mantuvieron en el plano declarativo». Además, tras exponer el contenido del fallo de este auto, concluye que no se corresponde con la realidad que «no dé respuesta [a] las cuestiones planteadas por el recurrente demandante, con independencia de que la misma no sea la que le satisface. Incluso cuando el recurrente transmuta su pretensión no en obtener el permiso penitenciario sino en lograr el levantamiento inmediato de la prisión provisional por entender que esta es la única consecuencia admisible de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019».
El Ministerio Fiscal también destaca que «[s]i bien dicha sentencia señala que “esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas”, no parece reparar el recurrente en que añade acto seguido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que “Si el tribunal nacional competente estima no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo”. Pues bien, la locución adversativa “no obstante”, etimológicamente derivada del antiguo participio activo del verbo obstar, significa “impedir”, “contradecir” u “oponerse una cosa a otra”, y se emplea para establecer una oposición entre dos elementos, de los cuales uno de ellos corrige al otro, de modo que la premisa anterior “no obsta”, ni impide, ni imposibilita lo siguiente, esto es, que “si el tribunal nacional competente estima [...] que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo”. Y “mantener”, conforme al diccionario de la RAE, equivale a “conservar”, “darle permanencia” y “proseguir en lo que se está ejecutando”, que en el instante referente era precisamente la medida cautelar y situación personal del recurrente de prisión provisional, y es precisamente por ello, porque se mantiene y no se levanta la prisión provisional, por lo que ha de solicitarse el suplicatorio “a la mayor brevedad” posible». De ello concluye el Ministerio Fiscal que «no yerra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando de la lectura detenida de la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye en su auto de 9 de enero de 2020 que “Con carácter excepcional, esa concreta inmunidad, obtenida desde la proclamación como electo, es compatible con el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad”». Destaca el Ministerio Fiscal que «este entendimiento es precisamente el que mejor se ajusta a la necesaria y “adecuada ponderación de los derechos e intereses constitucionales en juego” que en casos similares de solicitudes de permisos penitenciarios extraordinarios por quienes se encontraban sometidos a prisión provisional ha venido postulando la doctrina constitucional más reciente (por todas, SSTC 23/2020, de 13 de febrero; 4/2020, de 15 de enero; y 155/2019, de 28 de noviembre) entre los derechos a la participación y representación política y los fines del proceso penal y la prisión provisional».
19. La Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal, por diligencia de ordenación de 9 de diciembre de 2020 pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 1634-2020, acordó tener por personado al abogado del Estado, a don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Hernández i Negre y don Josep Moreno i Andreu, representados por el procurador de los tribunales don Aníbal Martínez Vázquez, a don Carles Cabrera i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Hernández Santana Castillo, y al partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
20. El demandante de amparo, por escrito registrado el 30 de diciembre de 2020, formuló alegaciones ratificándose en las expuestas en su demanda de amparo. Insiste en la necesidad de acumulación de los recursos de amparo avocados núms. 212-2020, 1523-2020, 1621-2020 y 1634-2020, ya que todos ellos tienen como elementos de conexión el defectuoso entendimiento de la inmunidad europea del demandante de amparo y el apartamiento de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las cuestiones prejudiciales planteadas. También analiza distintos trabajos doctrinales sobre la afectación de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 a la condena de la que fue objeto antes de su pronunciamiento y el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2020, asunto T-24/20.
21. El abogado del Estado, por escrito registrado el 18 de enero de 2021, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso. Argumenta, en relación con la diversidad de derechos fundamentales invocados, que la queja del recurrente debe centrarse en el derecho de representación política (art. 23.2 CE) al encontrar su fundamento en la institución de la inmunidad parlamentaria. A esos efectos, señala que la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 dictada en la causa principal es plenamente válida y en modo alguno procedía su anulación como consecuencia de los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, tomando en consideración las inmunidades de las que gozaba el demandante, ninguna de ellas implicaba la necesidad de suspender el procedimiento penal ni impedía que se dictara sentencia en el procedimiento penal principal.
22. El partido político Vox, por escrito registrado el 18 de enero de 2021, formuló alegaciones solicitando la inadmisión del recurso por falta de justificación suficiente de su especial transcendencia constitucional, ya que no desarrolla la invocación de la causa de transcendencia alegada siendo un enunciado meramente apodíctico; destacando también que no es cierto que no existan precedentes sobre la cuestión planteada a la vista de la STC 23/2020, de 13 de febrero.
Esta parte, subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso, ya que la cuestión prejudicial planteada se refería a los efectos sobre la prisión provisional pero no respecto de los efectos en el cumplimiento de la pena a la que posteriormente fue condenado. De ello deriva que el recurso ha perdido sobrevenidamente su objeto una vez que la situación del demandante de amparo pasó de ser de prisión provisional a condenado por sentencia firme y destaca que en cualquier caso como resultado de este procedimiento no cabe modificar la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2020 ni resulta procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial que se propone en la demanda.
23. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 28 de enero de 2021, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso. Argumenta que las resoluciones impugnadas han dado una respuesta conforme a Derecho a las cuestiones que le fueron suscitadas sin que concurra ninguna de las vulneraciones aducidas en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal destaca que en el auto de 9 de enero de 2020, en el que se exponen los efectos reflejos de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 sobre el proceso principal, aparece un correcto entendimiento de la limitación de efectos en tanto que en el momento de su pronunciamiento ya se había producido la condena firme y, por tanto, el demandante había incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad (art. 6 LOREG) y de incompatibilidad (art. 211 LOREG), lo que determina que (i) fuera improcedente la petición de suplicatorio tanto en el último tramo del proceso, ya solo pendiente de sentencia, como una vez dictada esta; (ii) resultase innecesario pronunciarse sobre la petición de libertad para acudir al Parlamento Europeo una vez perdida su condición de diputado como consecuencia de su condena; y (iii) no fuera preciso el planteamiento de la cuestión prejudicial instada por el recurrente, como tampoco lo es en el presente recurso de amparo por las mismas razones de que no cabe «albergar duda alguna sobre el alcance y consecuencia de la decisión del Tribunal de Justicia en la pieza principal, ni sobre los preceptos del Derecho de la Unión que menciona y aplica en el auto de 9 de enero de 2020».
24. El Pleno del Tribunal, por sendos AATC 18/2021, de 16 de febrero, y 48/2021, de 21 de abril, acordó admitir las abstenciones formuladas por los magistrados don Antonio Carmona Arias y don Cándido Santiago-Pumpido Tourón, respectivamente, para el conocimiento de, entre otros, los recursos de amparo núms. 212-2020, 1523-2020 y 1634-2020, quedando apartados definitivamente de los referidos recursos y de todas sus incidencias.
25. El demandante de amparo, por escrito registrado el 3 de diciembre de 2021 en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020, a la vista del dictado de la resolución del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2021, en el que se incide en el carácter suspensivo para el procedimiento principal derivado del planteamiento de una cuestión prejudicial en una pieza de situación personal, en aplicación del principio de cooperación leal [art. 4.3.I del Tratado de la Unión Europea (TUE)], pone de manifiesto que dicha decisión apoya su pretensión en este recurso de amparo.
26. El Pleno del Tribunal, por ATC 18/2022, de 26 de enero, acordó la acumulación de los recursos de amparo avocados núms. 1523-2020 y 1634-2020, al recurso de amparo avocado núm. 212-2020, para que siguieran una misma tramitación hasta su resolución también única desde el común estado procesal en que se hallan, pendientes de señalamiento para la deliberación y votación de la sentencia.
27. Por providencia de 28 de junio de 2022, se señaló ese mismo día para la deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Objeto del recurso.
a) El presente recurso de amparo avocado acumulado tiene como objeto diversas resoluciones judiciales adoptadas en momentos procesales distintos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017. En concreto las resoluciones impugnadas son las siguientes:
(i) Los autos de 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019 pronunciados en la ejecutoria de esa causa especial, mediante los cuales se acordó y ratificó, respectivamente, posponer la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta de trece años impuesta al demandante de amparo en la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, pero no la de la pena privativa de libertad, condicionado a la resolución del recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de mayo de 2019, en el que se había acordado plantear la cuestión prejudicial C-502/19 en relación con el alcance de la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo prevista en el art. 9 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
(ii) Los autos de 14 de junio de 2019 y de 9 y 22 de enero de 2020 pronunciados en la pieza de situación personal de esa causa especial, mediante los cuales se resolvió la petición del demandante de amparo de la concesión de un permiso penitenciario extraordinario para acudir a la Junta Electoral Central a prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como condición para acceder a la condición de diputado del Parlamento Europeo, y en cuyo contexto se planteó la cuestión prejudicial C-502/19, resuelta por la STJUE de 19 de diciembre de 2019.
(iii) Los autos de 9 y 29 de enero de 2020 pronunciados en la pieza principal de esa causa especial, mediante los cuales se acordó y ratificó, respectivamente, denegar la autorización del demandante de amparo para desplazarse al Parlamento Europeo, su puesta en libertad, la anulación de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 y no haber lugar a la tramitación del suplicatorio una vez dictada la STJUE de 19 de diciembre de 2019, pronunciada en la cuestión prejudicial C-502/19, habida cuenta de que ya había sido condenado en firme por sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre.
b) El demandante de amparo ha invocado respecto de todas estas decisiones su derecho de representación política (art. 23.2 CE) vinculado, por un lado, a la circunstancia de que no se suspendiera la tramitación de la pieza principal del procedimiento o de las consecuencias jurídicas de su condena a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas en la pieza de situación personal; y, por otro, a que una vez dictada la STJUE de 19 de diciembre de 2019 dando respuesta al cuestionamiento prejudicial no se le ha dado plena efectividad, ya que ni se le ha permitido desplazarse a la sede del Parlamento Europeo, ni se le ha puesto en libertad, ni se ha anulado la sentencia condenatoria ni se ha solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo. En ese sentido, el presente recurso de amparo avocado acumulado plantea cuestiones muy semejantes a las ya resueltas en la STC 45/2022, de 23 de marzo, cuya fundamentación servirá de elemento rector para la presente resolución.
El demandante ha vinculado la invocación del art. 23.2 CE con otros derechos fundamentales que en el contexto de cada una de las demandas de amparo aparecen solo indirectamente afectados como son el derecho a la libertad (art. 17 CE), en tanto que considera que la inmunidad de la que es beneficiario debería implicar su puesta en libertad, o los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE), en tanto que considera que no se ha dado efecto suspensivo al planteamiento de la cuestión prejudicial sobre la situación de inmunidad en la causa principal o que una vez reconocida dicha inmunidad por la jurisdicción comunitaria no se ha solicitado el suplicatorio como requisito de procedibilidad para su enjuiciamiento y condena. Por tanto, en la medida en que la fundamentación fáctica y jurídica de las invocaciones realizadas por el demandante de amparo se apoyan en la institución de la inmunidad parlamentaria derivada de su condición de diputado electo del Parlamento Europeo, el parámetro de control a aplicar en esta resolución será el del derecho de representación política.
La única excepción será la invocación del art. 24.1 CE hecha de manera autónoma en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020 respecto del auto de 9 de enero de 2020 dictado en la pieza de situación personal al que el demandante de amparo imputa haber incurrido en incongruencia omisiva.
c) Por tanto, la sistemática a seguir en la presente resolución será, tras analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad puestos en duda por algunas de las partes personadas (fundamento jurídico 2), resolver, de manera conjunta, la invocación del art. 23.2 CE realizada en todos los recursos respecto de las respectivas resoluciones judiciales (fundamento jurídico 3) para, posteriormente, abordar la invocación del art. 24.1 CE relativa al auto de 9 de enero de 2020 planteada en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020 (fundamento jurídico 4); dejando para un último fundamento la respuesta a la petición de planteamiento de una cuestión prejudicial realizada en el recurso de amparo avocado núm. 1634-2020 (fundamento jurídico 5).
2. El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.
a) La abogacía del Estado solicita la inadmisión del recurso de amparo avocado núm. 212-2020 por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC], argumentando que la cuestión suscitada en las resoluciones impugnadas, relativa al alcance material de su inmunidad en relación con la pena de prisión a ejecutar, es meramente interlocutoria respecto de un pronunciamiento definitivo y firme posterior, «el expresado en los autos de 9 y 29 de enero de 2020, que es el que debería ser objeto, en su caso, de amparo constitucional».
El Tribunal no considera que concurra esta causa de admisión, ya que constata que, sin perjuicio de las muy diversas resoluciones judiciales en que se ha abordado esta cuestión y del reenvío entre ellas, formalmente los autos impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020 se han pronunciado dentro de la ejecutoria de la causa especial núm. 20907-2017 en relación con el posible aplazamiento de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial C-502/19 planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, los autos de 9 y 29 de enero de 2020 se han pronunciado dentro de la pieza principal en relación con los efectos que tendría la STJUE de 19 de diciembre de 2019, en que se resolvió dicha cuestión prejudicial, sobre la sentencia condenatoria. Por otra parte, tampoco esta causa de inadmisión tendría ningún efecto útil en la medida en que los mencionados autos de 9 y 29 de enero de 2020 son el objeto de impugnación del recurso de amparo avocado núm. 1634-2020, que también está acumulado en el presente recurso de amparo avocado.
b) El partido político Vox solicita la inadmisión de (i) la totalidad de los recursos de amparo avocados que han sido acumulados por falta de justificación suficiente de la especial transcendencia constitucional (art. 49.1in fineLOTC), al considerar que el demandante de amparo no desarrolla la causa de especial transcendencia constitucional alegada de que se plantee una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay jurisprudencia constitucional, siendo un enunciado meramente apodíctico; y (ii) la de los recursos de amparo avocados núm. 1523-2020 y 1634-2020 por falta de especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC], ya que respecto de la cuestión suscitada existiría el precedente de la STC 23/2020, de 13 de febrero.
El Tribunal no considera que concurran estas causas de inadmisión. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que «la previsión del art. 49.1in fineLOTC, según la cual “[e]n todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”, se configura como una carga procesal de la parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de demanda (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es exigible un “esfuerzo argumental” (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el artículo 50.1 b) LOTC; criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único). Es preciso que “en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional” (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2)» (STC 91/2021, de 28 de febrero, FJ 2).
En el presente caso, los respectivos escritos de demanda destacan para justificar la especial trascendencia constitucional de los recurso de amparo, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, que se trata de supuestos respecto de los que no existe jurisprudencia constitucional debido a la singularidad del caso, pues aparece referido tanto a los efectos suspensivos del planteamiento de una cuestión prejudicial como a los derivados de la declaración de una situación de inmunidad de diputados del Parlamento Europeo. A la vista de esta motivación se concluye que las razones dadas en los respectivos escritos de demanda son suficientes para considerar cumplimentada la carga que impone el art. 49.1 LOTC, ya que se constata el esfuerzo argumental del demandante de amparo a fin de desligar los argumentos expresados para demostrar la realidad de las lesiones denunciadas, de aquellos otros destinados a denotar la relevancia constitucional de los recursos conforme a los parámetros que, sin ánimo exhaustivo, se recogen en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009.
En relación con la segunda causa de inadmisión opuesta de que no concurre la necesaria especial trascendencia constitucional exigida en el art. 50.1 b) LOTC, en la medida en que ha de entenderse como un requisito material, el Tribunal ha de reiterar que, «[c]onforme a reiterada doctrina constitucional, el momento procesal idóneo para el análisis del cumplimiento de este requisito material de admisibilidad es el trámite de admisión de la demanda de amparo, correspondiendo únicamente a este tribunal apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa especial trascendencia constitucional, esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, “a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales” (por todas, SSTC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2; 136/2017, de 27 de noviembre, FJ 2; 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, y 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2)» (STC 63/2022, de 10 de mayo, FJ 2).
3. La invocación del derecho de representación política (art. 23.2 CE) en relación con la garantía de inmunidad del demandante de amparo como diputado del Parlamento Europeo.
El demandante de amparo, en los términos ya expuestos anteriormente, ha invocado respecto de las decisiones impugnadas en los diferentes recursos de amparo avocados acumulados en este proceso su derecho de representación política (art. 23.2 CE) vinculado a lo que considera ha sido la negativa judicial a dar efectividad a la inmunidad parlamentaria de la que era beneficiario en su condición de diputado del Parlamento Europeo, que fue declarada por STJUE de 19 de diciembre de 2019 tras resolver unas cuestiones prejudiciales planteadas en la pieza de situación personal, ya que no se dio efecto suspensivo respecto del proceso principal, provocando con ello el pronunciamiento de la sentencia condenatoria núm. 459/2019, de 14 de octubre, sin que se suspendiera el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta (autos de 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020) y sin que, con posterioridad, tampoco se acordara su puesta en libertad para poder desplazarse al Parlamento Europeo, la anulación de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 ni la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo (autos de 14 de junio de 2019 y de 9 y 22 de enero de 2020 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020; y autos de 9 y 29 de enero de 2020 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 1634-2020).
Esta invocación es coincidente en gran medida con la que ya fue realizada por el demandante de amparo en el recurso de amparo avocado núm. 1621-2020 –en el que impugnó la sentencia condenatoria núm. 459/2019, de 14 de octubre, y el auto de 29 de enero de 2020 desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017–, y que fue resuelto en el fundamento jurídico 13 de la STC 45/2022, de 23 de marzo. De hecho, se da la circunstancia de que el auto de 29 de enero de 2020 impugnado en aquel recurso de amparo desestimó la invocación del art. 23.2 CE con una remisión al auto de 9 de enero de 2020, que es uno de los impugnados en el presente recurso, y de que el órgano judicial, tras pronunciarse la STJUE de 19 de diciembre de 2019 resolviendo las cuestiones prejudiciales planteadas, procedió con la misma fecha de 9 de enero de 2020 a resolver de manera coordinada los diferentes aspectos que se planteaban en la causa a consecuencia de ese pronunciamiento tanto en lo que respecta a la pieza de situación personal como a la pieza principal.
Esta coincidencia de planteamientos y de las respuestas judiciales aportadas determina que en la resolución de este recurso de amparo avocado acumulado deban reiterarse los razonamientos ya expuestos en el citado fundamento jurídico 13 de la STC 45/2022, con las adaptaciones que se consideren necesarias. A esos efectos, se expondrá (i) la regulación de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo (FJ 3.1, que se corresponde con el fundamento jurídico 13.1.1 de la STC 45/2022); (ii) las respuestas judiciales dadas a las diversas solicitudes del demandante de amparo derivadas de la presentación y de la solución dada a la cuestión prejudicial formulada en la causa (FJ 3.2, que se corresponde parcialmente con el fundamento jurídico 13.1.3 de la STC 45/2022); (iii) la doctrina jurisprudencial sobre la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria (FJ 3.3., que se corresponde con el fundamento jurídico 13.1.4 de la STC 45/2022); y (iv) la resolución concreta de las quejas (FJ 3.4, que también se corresponde parcialmente con el fundamento jurídico 13.1.5 de la STC 45/2022).
3.1 La regulación de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo.
Para facilitar la comprensión de las quejas del recurrente conviene comenzar por exponer el marco normativo regulador de las inmunidades de los miembros del Parlamento Europeo.
A) El Protocolo núm. 7 al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea dedica su capítulo III a los «miembros del Parlamento Europeo». A los efectos que a este recurso de amparo acumulado interesan, su art. 9, que forma parte de dicho título, resulta del siguiente tenor:
«Mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones, sus miembros gozarán:
a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;
b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.
No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá esta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»
Por su parte, el art. 6.2 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976 (en adelante, Acta electoral) dispone que «[l]os diputados al Parlamento Europeo se beneficiarán de los privilegios e inmunidades que les son aplicables a tenor del [Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea]».
B) En virtud de la remisión de la letra a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo núm. 7, a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país para determinar las que gozan los diputados del Parlamento Europeo en su propio territorio nacional, es preciso recordar que el art. 71.2 CE prevé que «[d]urante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva».
Los reglamentos de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales (arts. 11 del Reglamento del Congreso de los Diputados: RCD, y 22.1 del Reglamento del Senado: RS) regulan la prerrogativa de la inmunidad y, en particular, la exigencia de autorización para poder inculpar o procesar a los diputados y senadores «en términos sustancialmente idénticos a los del art. 71.2 CE, con la adición en el caso del art. 22.1 RS de un inciso final, según el cual “[e]sta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador”. Esta última referencia procesal a las causas penales “que estuvieren instruyéndose”, […] sitúa temporalmente la obligación de pedir suplicatorio en un momento anterior a aquel en el que la fase de instrucción ha sido judicialmente declarada conclusa» [STC 70/2021, de 18 de marzo, FJ 5 b)].
La Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las causas contra senadores y diputados, y los arts. 750 a 756 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) completan la regulación de la prerrogativa. La pervivencia de esta normativa preconstitucional solo se explica por el olvido del legislador a los llamamientos efectuados por este tribunal para su actualización y acomodo al texto constitucional. En todo caso, la primacía de la Constitución impone la interpretación conforme a la misma de dicha ley [STC 70/2021, FJ 5 b)].
3.2 Las respuestas judiciales dadas a las diversas solicitudes del demandante de amparo derivadas de la presentación y de la resolución dada a la cuestión prejudicial formulada en la causa.
A) El planteamiento de la cuestión prejudicial y el alcance de sus efectos suspensivos.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, finalizadas las sesiones del juicio oral y en la pieza de situación personal del demandante de amparo acordó por auto de 1 de julio de 2019 plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se tramitaron acumuladamente bajo la referencia C-502/19, en relación con el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
En el fundamento de Derecho primero del auto de planteamiento, que tiene por rúbrica «Precisión del incidente donde se suscita la cuestión», la Sala señala que «[l]a cuestión a dirimir en el incidente en el que se suscita la cuestión prejudicial es la concesión o denegación de un permiso penitenciario extraordinario a un acusado por delitos graves y en situación de prisión provisional por riesgo de fuga». El permiso «tendría como finalidad prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española, requisito normativo establecido para que el organismo central electoral –Junta Electoral Central– incluya al electo en la lista que remite al Parlamento Europeo y se posibilite la toma de posesión del escaño correspondiente.
El objeto principal del proceso penal, seguido desde finales de 2017 [se afirma en el auto] es el enjuiciamiento de hechos calificados como delitos de rebelión (alternativamente de sedición), malversación y desobediencia», habiendo finalizado ya «todas las sesiones del juicio oral, […] celebrado la totalidad de la prueba, […] escuchado los informes de las partes y […] ejercido por todos los acusados el derecho a la última palabra. Se ha invertido en el desarrollo del juicio [continúa el auto] cuatro meses», habiéndose «celebrado cincuenta y dos sesiones», de modo que «[l]a causa se halla, por tanto, solo pendiente de sentencia que, por razón de su complejidad, exigirá para su redacción varios meses».
Precisa la Sala que «[e]l objeto de la cuestión prejudicial se suscita en la pieza de situación de privación de libertad» del señor Junqueras y «[s]u tratamiento procesal es autónomo, aunque siempre en relación de dependencia con la causa principal».
Así pues, «[l]a resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal», que «[e]stá relacionada con la concesión de un concreto permiso penitenciario de salida de naturaleza extraordinaria. De ahí que no condicione el contenido de nuestro pronunciamiento a la hora de dar respuesta a la pretensión acusatoria que se ejerce». En efecto –concluye la Sala en este extremo– «[e]sta sigue su curso al margen de la eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar».
En cuanto al contenido de las cuestiones prejudiciales suscitadas la Sala afirma en el fundamento de Derecho cuarto del auto, intitulado «Justificación del planteamiento de la cuestión», que «[p]ara resolver la concesión o denegación del permiso penitenciario al procesado –eurodiputado electo– en situación de prisión preventiva, resulta inexcusable conocer el alcance de la eficacia de las prerrogativas contenidas en el artículo 9 del Protocolo núm. 7. Más concretamente la prevista en su párrafo segundo: “gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este”. Se trata de resolver cuándo se consolida el estatus parlamentario, decisión que condiciona el contenido dispositivo de la resolución que, sobre el permiso penitenciario extraordinario, hemos de adoptar. Sobre esta norma [añade la Sala], a pesar de haber sido objeto de análisis en diversas resoluciones de ese Tribunal de Justicia, está todavía pendiente de clarificar su dimensión temporal, así como su contenido subjetivo y objetivo».
En definitiva, «la procedencia de la formulación de esta cuestión prejudicial es obvia, pues no existe un pronunciamiento expreso sobre el alcance temporal (extensión a momento previo de las sesiones), subjetivo (extensión a los electos) y objetivo (extensión de la expresión “cuando se dirijan”) del artículo 9. No cabe deducir de los términos de esta norma europea, ni de los preceptos a los que se remite, ni de la jurisprudencia existente sobre la misma, una única solución hermenéutica que se imponga por su propia evidencia, no solo al órgano jurisdiccional competente sino al resto de los Estados miembros».
El demandante de amparo, mediante escrito registrado el 17 de septiembre de 2019, solicitó que se dejara en suspenso la resolución de la causa especial 20907-2017, a resultas del planteamiento de la cuestión prejudicial, con fundamento en que, si bien la cuestión se suscita en un incidente autónomo, tiene, como se señala en el propio auto de planteamiento, una eficacia refleja o indirecta sobre el pleito principal. La solicitud fue denegada por auto de 3 de octubre de 2019 argumentando que ya se había fijado en el auto de 1 de julio de 2019 «qué alcance debía tener respecto a la tramitación de este procedimiento penal el planteamiento de las cuestiones prejudiciales en él fijadas»; concretamente que «se suspendía el recurso de súplica formulado en su día por la representación del señor Oriol Junqueras contra el auto de 14 de mayo [sic] de 2019 (sobre denegación de permiso extraordinario de salida para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución española para consolidar la situación de eurodiputado electo del primero), y en el que dicha representación había invocado las prerrogativas y privilegios establecidos en el artículo 9 del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea».
De modo que –continúa la Sala– «[l]a cuestión prejudicial se ha suscitado pues, como decíamos en el auto citado, en la pieza de situación de privación de libertad y la resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal, sin condicionar el contenido del pronunciamiento que dé respuesta a la pretensión acusatoria formulada».
Y sobre la eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar, afirma la Sala que, «de existir, habrán de ser valorados, con las debidas adaptaciones, según la resolución final que recaiga, en la fase procesal correspondiente, pero no condicionan el resultado de dicha resolución y, por tanto, no justifican la pretensión formulada» (fundamento de Derecho segundo).
B) La respuesta judicial sobre los efectos del planteamiento de las cuestiones prejudiciales en la ejecución de la pena privativa de libertad en los autos de 14 de octubre y de 18 de noviembre de 2019 (recurso de amparo avocado núm. 212-2020).
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por auto de 14 de octubre de 2019, acordó proceder a la ejecución de la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, en la que se condenó al demandante de amparo a las penas de trece años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público representativo, incoando la correspondiente ejecutoria. Se afirma en ese auto que «[e]n cuanto a la pena de inhabilitación, esta puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación contra el auto de 14 de mayo de 2019. Como quiera que esa pena se integra por una parte privativa de derechos no susceptible de suspensión y por una delimitación temporal de su ejercicio, la Sala acuerda posponer su ejecución hasta la resolución del recurso».
El demandante de amparo interpuso recurso de súplica solicitando también la suspensión de la pena privativa de libertad argumentando tanto el efecto suspensivo derivado del planteamiento de las cuestiones prejudiciales como que no cabía excluir la posibilidad de que dadas las preguntas efectuadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuviera que ser puesto en libertad. El recurso fue desestimado por auto de 18 de noviembre de 2019 con fundamento en que «[e]l objeto y alcance de la cuestión prejudicial fueron expuestos con claridad en el auto en el que se acordó su planteamiento y han sido reiterados en anteriores resoluciones de esta Sala ante las peticiones de alguna de las partes relativas a la suspensión de este procedimiento a la espera de su resolución», incidiendo en que «[e]se objeto y ese alcance son los que justifican la decisión adoptada en la resolución recurrida y con la extensión en ella indicada. Solo de la pena de inhabilitación son predicables las características que justifican que esta Sala posponga su ejecución».
C) La respuesta judicial sobre los efectos de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 en la pieza de situación personal en los autos de 9 y de 22 de enero de 2020 (recurso de amparo avocado núm. 1523-2020).
La cuestión prejudicial fue resuelta por STJUE de 19 de diciembre de 2019, declarando que el artículo 9 del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que: (i) goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión; y (ii) esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo protocolo.
El órgano judicial, por auto de 9 de enero de 2020, una vez resueltas las cuestiones prejudiciales, resolvió el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019, acordando, por lo que interesa a este recurso de amparo, que (i) el demandante de amparo adquirió el estatuto derivado de la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019; y que (ii) procedía el mantenimiento de su prisión preventiva, con los condicionantes derivados del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos que son expuestos en la resolución de esta misma fecha que queda incorporada a la causa principal.
En justificación de estos acuerdos, el órgano judicial declaró que (i) la duda suscitada acerca de si el art. 9 del Protocolo núm. 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea rige antes del período de sesiones ha de resolverse afirmativamente, lo que supone «que el candidato proclamado por la autoridad nacional como electo, por el solo hecho de serlo, goza de inmunidad, incluso, cuando se encuentre en situación de prisión preventiva en un proceso penal por delitos graves y el órgano jurisdiccional competente haya denegado el permiso para cumplir las formalidades impuestas por el derecho nacional tras la proclamación como electo»; (ii) esta inmunidad se concreta en autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo, con el fin de que pueda cumplir allí las exigencias formales requeridas y obliga al órgano jurisdiccional a hacerlo acordando el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta; pero que, (iii) con carácter excepcional, esa concreta inmunidad «es compatible con el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad».
La resolución judicial destacó que, conforme a estos pronunciamientos, «se concreta la estimación del recurso, pues era eso –no otra cosa– lo que se solicitaba por la defensa del señor Junqueras en el escrito de 4 de junio. Incluso en un ejercicio hipotético de cuál habría sido el sentido de nuestra resolución si anticipadamente hubiéramos contado con la novedosa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la restricción de la libertad habría sido mantenida por esta Sala, sin perjuicio de una ágil activación del suplicatorio».
El demandante de amparo solicitó la aclaración del fallo de dicho auto con el argumento de que si bien en su fundamentación jurídica se afirma «que procede su estimación en un determinado sentido, así, el de reconocer el derecho a un permiso penitenciario para cumplimentar los trámites que, con anterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia se consideraban esenciales para la adquisición de la condición de europarlamentario, seguramente debido a error involuntario no figura en su parte dispositiva ni la mención a la estimación ni al sentido de dicha estimación previamente explicada en el cuerpo de la resolución, elemento esencial de la respuesta judicial motivada a una petición formulada por la parte».
El auto de 22 de enero de 2020 acordó no haber lugar a dicha aclaración, al considerar que «[l]a parte dispositiva del auto dictado por esta Sala –como sus fundamentos de Derecho– es suficientemente clara y expresiva, por lo que no precisa de aclaración alguna. Tampoco adolece de ningún error material».
D) La respuesta judicial sobre los efectos de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 en la pieza principal en los autos de 9 y 29 de enero de 2020 (recurso de amparo avocado núm. 1634-2020).
El órga