Categoría: Normativas

Suscrito el convenio el 29 de noviembre de 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 30 de noviembre de 2022.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., Eloísa del Pino Matute.
En Santa Cruz de Tenerife y Madrid.
De una parte, don Carlos Castro Moreno, Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, actuando en nombre y representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), que interviene en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo del Consejo Rector del CSIC, en su reunión de 5 de julio de 2022. Además, actúa en ejercicio de la competencia que, en materia de convenios, tiene delegada por resolución de la presidencia del CSIC (artículo undécimo), de 21 de enero de 2021 (BOE de 28 de enero siguiente).
De otra parte, don José Herrera Fernández Molina, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que interviene en virtud de su nombramiento por el Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC núm. 137, de 18 de julio de 2019), y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y actuando en virtud de lo previsto en el artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para obligarse y suscribir el presente Convenio, y a tal efecto
Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley de la Ciencia), en su artículo 34.1, establece que «Los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo».
Concretamente, los apartados a), b) y c) de dicho artículo 34.1 prevén que podrán celebrar estos convenios, los propios agentes públicos entre sí para la realización conjunta de «Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación», la «Creación o financiación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación, e infraestructuras científicas» y la «Financiación de proyectos científico-técnicos singulares», supuestos que encajan con la actividad objeto de este documento.
Que el CSIC, provisto de NIF Q-2818002D, con sede central en Madrid (CP 28006) y domicilio institucional en calle de Serrano, 117, de conformidad con el artículo 47.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un organismo público de investigación (OPI) de la Administración General del Estado, actualmente adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.
El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo establecido en los artículos 108 bis a 108 sexies (introducidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), por las disposiciones de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, así como por lo previsto en el artículo 34 de la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Que el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) es un centro del CSIC, pertenecientes al Área de Recursos Naturales. Su función fundamental es llevar a cabo investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos en medio ambiente, cambio climático, química, agrobiología, así como en ecología y biodiversidad.
Que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (Consejería), tiene asignadas, como funciones de carácter general, el dirigir las políticas públicas en las materias de política territorial, medio ambiente, incluida la vigilancia de la calidad del aire, energía y aguas, así como la gestión de los respectivos servicios y competencias autonómicas sobre dichas materias. Adscrito a dicha Consejería se encuentra el Observatorio Canario del Cambio Climático, como un órgano colegiado de ésta, para la consecución de los fines a que alude el artículo 58, apartado 4, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo. Por otra parte, es competente para suscribir convenios y aprobar cuantas medidas de fomento se consideren necesarias en las materias del departamento, según se desprende del artículo 5.6 del citado Reglamento Orgánico de dicha Consejería. En concreto, la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica tiene atribuidas, en virtud del artículo 21 del Reglamento Orgánico de dicho departamento, diversas competencias en materia de cambio climático, tales como el fomento de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las políticas sectoriales del Gobierno de Canarias, así como la orientación, coordinación y asesoramiento en dichas materias a los distintos órganos y organismos del mismo y fomento, apoyo y colaboración con otras administraciones públicas canarias, empresas, organizaciones e instituciones en la definición y coordinación de políticas, planes, programas y actuaciones públicas y privadas en materia de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. Asimismo, la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, según el artículo 43 del citado Reglamento Orgánico, también tiene competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, y concretamente las de mantener actualizado el inventario de focos contaminantes a la atmósfera; evaluar y gestionar la calidad del aire ambiente en Canarias, en coordinación con la consejería competente en materia de sanidad y gestionar la Red de estaciones de medición de la calidad del aire de Canarias.
Que el CSIC y el Gobierno de Canarias, a través de la entonces Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, firmaron un Acuerdo Marco el 19 de julio de 2017, ya finalizado, con objeto de fomentar vías de colaboración para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Entre las modalidades de colaboración, se contempló la realización de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo en las áreas científicas de interés común, que se llevarán a cabo en los Centros, Institutos, Departamentos u otras unidades del CSIC.
Que en Canarias los aerosoles atmosféricos respirables, partículas en suspensión o material particulado atmosférico inferior a 10 y 2.5 micras (PM10y PM2.5), son un contaminante del aire que con cierta frecuencia presenta niveles altos, a causa de los aportes externos causados por las calimas de polvo desértico sahariano. Según la Organización Mundial de la Salud (Nuevas Directrices Globales de Calidad del Aire, del 22 de septiembre de 2021) las partículas respirables presentan efectos adversos en la salud y sus efectos pueden depender del origen y composición de las mismas, motivo por el que es necesario disponer de bases de datos que incluyan la composición y origen de este tipo de contaminante.
Que la variabilidad del clima y el cambio climático está influyendo en la circulación general de la atmósfera, con implicaciones en los patrones e intensidad de los eventos de polvo desértico sahariano. Canarias se está viendo afectada por fenómenos atmosféricos extremos, como los episodios de polvo sahariano que tuvieron lugar en enero de 2002, febrero de 2020 y enero y febrero de 2022, cuando las concentraciones de material particulado respirable (PM10) alcanzaron valores extremadamente altos, con valores medios diarios superiores a 1500 µg/m3y horarios superiores a los 3500 µg/m3.
Que es necesario realizar estudios sobre los niveles y composición de las partículas respirables del tipo PM10y del polvo desértico sahariano contenido en este tipo de partículas. Estudios científicos previos han observado que las calimas de polvo desértico también traen contaminantes urbanos e industriales mezclados con el polvo desértico norteafricano, por lo que es necesario cuantificar estos aportes externos de contaminantes, diferenciándolos de los aportes debidos a las emisiones de contaminantes en Canarias. Además, la composición del polvo desértico sahariano varía en función de la región fuente del mismo, motivo por el que Canarias necesita disponer de datos que le permitan identificar las variaciones de las regiones fuentes del polvo desértico y su relación con escenarios meteorológicos relacionados con el cambio climático. El polvo desértico sahariano contiene elementos que actúan como nutrientes y otros que actúan como contaminantes, afectando negativamente a los ecosistemas. El futuro de la calidad del aire en Canarias, así como la intensidad e impacto de las calimas y contaminantes en los ecosistemas, se va a ver afectado por el cambio climático. Motivo por el que es necesario crear programas de observación y bases de datos sobre la variabilidad y la composición de estos aerosoles.
Que durante las oleadas de polvo desértico sahariano las concentraciones de partículas PM10llegan a ser muy superiores (1) a los valores límite de exposición a PM10que establece la legislación vigente (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; y Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa) y que recomienda la Organización Mundial de la Salud (Nuevas Directrices Globales de Calidad del Aire, del 22 de septiembre de 2021), y (2) al valor máximo para el que están técnicamente diseñados los métodos de referencia con los que se mide la calidad del aire en la Unión Europea (150 µg/m3; EN 12341:2015). Por ello, es necesario disponer de herramientas científico-técnicas con las que (1) cuantificar la contribución del polvo desértico a los niveles de PM10, reconstruyendo la masa de este tipo de partículas en base al contenido en los distintos tipos de contaminantes, sal marina y de polvo desértico sahariano y (2) evaluar la calidad de las observaciones en condiciones de calima de polvo desértico, incluyendo el rango de concentraciones superior al de los métodos de referencia. Desde el punto de vista de gestión de la calidad del aire, estas concentraciones son muy superiores a los 50 µg/m3(media diaria) que establece la legislación de la Unión Europea (Directiva 2008/50/CE; Real Decreto 102/2011) y la Organización Mundial de la Salud como umbral de protección a la salud. Estas calimas de polvo sahariano afectan a la calidad del aire en Canarias, pero al mismo tiempo son un agente que interfiere con la vigilancia del grado de contaminación causado por las emisiones de contaminantes en procesos de combustión (automóviles, barcos, procesos industriales, etc..).
Es por ello por lo que las partes consideran que existe interés común y público en la creación del «Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias para el estudio de los aerosoles y las calimas de polvo desértico». Los resultados que se obtengan en este estudio a través de este laboratorio, permitirán (1) gestionar la calidad del aire con criterios científicos, segregando los aportes externos de polvo y contaminantes de los aportes de contaminantes emitidos en Canarias, y (2) realizar observaciones de la composición de la atmósfera que permitirán evaluar el impacto del cambio climático en la calidad del aire y en el aporte de nutrientes a los ecosistemas. El equipamiento que se pondrá en marcha en este proyecto representa una infraestructura científica singular, que estará instalada en un laboratorio gestionado por el CSIC en Canarias y que representa un complemento científico a la Red de Calidad del Aire de Canarias. Los datos e informes generados serán insertados en base de datos de redes científicas internacionales, y estarán disponibles en acceso abierto para la ciudadanía.
En virtud de lo expuesto, los intervinientes acuerdan la suscripción del presente Convenio, que se regirá por las siguientes
El objeto del presente Convenio es establecer la cooperación entre el CSIC y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería para la ejecución de actividades conjuntas de naturaleza científico-técnicas en relación con la creación y puesta en marcha del «Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias para el estudio de los aerosoles y las calimas de polvo desértico» (en adelante, el Proyecto), consistentes en el desarrollo de un programa de investigación científica orientado al estudio de los aerosoles, el polvo desértico y la calidad del aire en Canarias. En particular, el Proyecto tiene como objetivos:
1. La creación y puesta en marcha del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, que será una infraestructura científica sin personalidad jurídica propia que permitirá obtener datos sobre el origen y la composición de los aerosoles atmosféricos y, particularmente, de los aerosoles presentes en las calimas de polvo desértico.
2. El estudio de la composición de las partículas PM10y PM2.5en Canarias, incluyendo los componentes mayoritarios (sulfato, nitrato, amonio, orgánicos, carbono elemental, aluminio, hierro, sodio, cloro, magnesio, fósforo, potasio y calcio) y minoritarios (vanadio, arsénico, cadmio, níquel, plomo, titanio, benzo(a)pireno, e hidrocarburos policíclicos aromáticos) que permitan reconstruir los aportes antropogénicos y naturales.
3. Estudio sobre la variabilidad de la composición del polvo desértico que llega a Canarias, identificando las regiones fuentes del mismo, e incluyendo elementos que actúan como nutrientes para los ecosistemas.
4. Cuantificación de la contribución de las emisiones canarias y de los aportes externos a los niveles de PM10y PM2.5y a los niveles de materia orgánica, carbono elemental, sulfato, nitrato, amonio, arsénico, cadmio, níquel, plomo, y benzo(a)pireno.
5. Creación de una base de datos sobre niveles y la variabilidad y la composición del PM10,PM2.5y del polvo desértico que permita evaluar el impacto del cambio climático en la calidad del aire y en los ecosistemas, y que esté disponible en acceso abierto a la ciudadanía en general, y a investigadores sobre el impacto en la salud de los contaminantes del aire en particular.
Las partes se comprometen a actuar con la debida diligencia y conforme a las especificaciones técnicas, alcance y metodología que se definen en la memoria científico-técnica del Proyecto, que figura en el Apéndice, obligándose cada una de ellas a implementar los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para la adecuada consecución de los objetivos propuestos.
Para la ejecución de las labores objeto de este Convenio, las partes se comprometen a lo siguiente:
Por parte del CSIC:
a) Desarrollar las tareas previstas en la memoria científico-técnica del Proyecto de acuerdo con los plazos acordados.
Estas tareas incluyen, entre otras, gestionar el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias y generar y analizar datos para abordar los objetivos relacionados en la cláusula primera.
b) Entregar cuanta información sea necesaria para el correcto desarrollo de las diferentes actividades de I+D+i.
c) Proporcionar los medios humanos y materiales y las infraestructuras necesarias para la realización de la investigación según la planificación prevista.
d) Generar los datos sobre composición de los aerosoles, descritos en la memoria científico-técnica del Proyecto y de acuerdo con el siguiente apartado, facilitándolos al Gobierno de Canarias para el uso científico de los mismos.
e) Crear y mantener una base de datos de contaminantes del aire, que contendrá los datos generados en este estudio, y que estará disponible para futuros estudios de la atmósfera y diseño de planes de reducción de emisiones de contaminantes.
Por parte del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería:
a) Realizar la aportación económica comprometida en la cláusula tercera del Convenio.
b) Desarrollar las tareas previstas en la memoria científico-técnica del Proyecto de acuerdo con los plazos acordados.
Estas tareas incluyen, entre otras, facilitar datos y acceso a instalaciones de la Red de Calidad del Aire de la Consejería y realizar análisis de datos para abordar los objetivos relacionados en la cláusula primera.
c) Entregar los datos de los equipos automáticos de la Red de Calidad del Aire que sean necesarios para complementar los nuevos datos generados por el CSIC, y facilitar cuanta información sea necesaria para el correcto desarrollo de las diferentes actividades de I+D+i.
d) Proporcionar los medios humanos y materiales y las infraestructuras necesarias para la realización de la investigación según la planificación prevista.
e) Facilitar la tramitación de cuantas autorizaciones y permisos sean precisos para la correcta ejecución de las actuaciones objeto del Convenio.
f) Facilitar el acceso a las estaciones de la Red de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias, con el fin de poder instalar equipos de muestreo y coordinar con el CSIC la operación y mantenimiento de los mismos.
Informes:
Ambas partes compartirán los datos y resultados obtenidos, y prepararán conjuntamente los sucesivos informes de las memorias de seguimiento del Proyecto, correspondiendo a ambas partes la titularidad de los resultados derivados de este Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula undécima sobre la propiedad de los resultados. Estas memorias y entregables son:
– Informe 1: debe estar completado antes del 31 de diciembre de 2022, y deberá ser entregado antes del 15 de enero de 2023. Contendrá el estudio contemplado en la tarea 1.1 de la actividad 1, incluida en la memoria científico-técnica.
– Informe 2: debe estar completado durante el primer semestre del segundo año, y contendrá un informe con las actividades realizadas en la primera anualidad, los datos obtenidos y una descripción sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos del Proyecto.
– Informe 3: debe estar completado durante el primer semestre del tercer año, y contendrá un informe con las actividades realizadas en la segunda anualidad, los datos obtenidos y una descripción sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos del Proyecto.
– Informe 4: debe estar completado durante el primer semestre del cuarto año, y contendrá un informe con las actividades realizadas en la tercera anualidad, los datos obtenidos y una descripción sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos del Proyecto.
– Informe 5 (final): se entregará durante el primer semestre tras la finalización del Proyecto.
Ambas partes se quedarán con copia de estos informes.
Se nombran dos responsables que coordinarán el desarrollo del Proyecto a que se refiere este Convenio. Por parte del CSIC, el Investigador responsable será el Dr. Sergio Mora Parra Pascual parte de la Consejería, la persona que designe la persona titular de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Asimismo, las partes ejecutarán el Proyecto respetando los principios de actuación de cada una de las entidades. Como entidades del sector público, se guiarán en su actuación por los principios de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, actuando en un marco de objetividad y transparencia.
El coste total estimado en llevar a cabo el Proyecto de forma conjunta supone un importe total de dos millones seiscientos trece mil doscientos treinta y cinco euros con siete céntimos (2.613.235,07 €), de los cuales ciento un mil doscientos treinta y siete euros con siete céntimos (101.237,07 €) representan la valoración económica de lo que aporta el CSIC, en la que se incluye un valor estimado de noventa y siete mil doscientos treinta y siete euros con siete céntimos (97.237,07 €), en concepto de personal propio para tareas de ejecución del Proyecto.
Por su parte, el importe total del Proyecto que se imputa al Gobierno de Canarias asciende a dos millones quinientos once mil novecientos noventa y ocho euros (2.511.998,00 €), de los cuales se recoge una aportación dineraria por parte del Gobierno de Canarias por importe de dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros (2.499.998,00 €), destinados a sufragar los gastos marginales del CSIC (gastos adicionales), previendo un valor estimado de doce mil euros (12.000,00 €) en concepto de personal propio para tareas de ejecución del Proyecto.
Todo ello conforme a la siguiente tabla:
Se estima que la tasa de gasto anual de los costes marginales en el CSIC se distribuirá como se describe en el siguiente cuadro:
Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que se deriva del desglose del presupuesto, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la aplicación presupuestaria 12.04, programa 456D Coordinación y Planificación Medioambiental, Subconcepto: 640.01, Elemento PEP: 226G0167 «CSIC Observatorio para calidad del aire».
En cuanto a la aportación del CSIC, la financiación relativa a «Personal» se realizará con cargo de la aplicación presupuestaria 120.00 y la de «Otros gastos» a la aplicación 227.99, de los presupuestos del organismo, de conformidad con la tabla 1 anterior.
Las aportaciones del CSIC se realizan en concepto de horas de trabajo de su personal y servicios en infraestructuras del CSIC. Las aportaciones de la Consejería se realizan en concepto de equipamiento y horas de trabajo de su personal, tanto en la redacción de informes y propuestas como en las gestiones que se realicen en la colaboración, en la tramitación de cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones objeto del Convenio.
Las cantidades previstas en la tabla 2 se justificarán en firme por el CSIC y se abonarán conforme al calendario de pagos previsto.
El CSIC podrá redistribuir dentro de cada anualidad, a efectos de justificación, los distintos conceptos de gasto previstos, a fin de adecuar las necesidades reales a la propia naturaleza del gasto. En este sentido, las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento podrán promover y aprobar dicha redistribución dentro de cada anualidad de los distintos conceptos presupuestarios de gasto en función de la evolución de la ejecución del objeto y de las actuaciones contempladas en el presente Convenio, siempre que aquélla no suponga un incremento económico global del mismo, ni de su plazo de vigencia.
La aportación dineraria de la Consejería, destinada a sufragar los gastos marginales del CSIC, se hará efectiva mediante transferencia bancaria del Gobierno de Canarias en la cuenta del Banco Santander, IBAN ES93 0049 0275 1426 1073 2090 abierta en San Cristóbal de La Laguna a nombre del CSIC - Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA).
El importe a abonar por el Gobierno de Canarias no incluirá IGIC, pues la cantidad no es en concepto de contraprestación directa y equivalente a los servicios que prestará el CSIC, sino que estos carecen de onerosidad al tener como finalidad coadyuvar a la consecución del objeto común y a los fines del presente Convenio establecidos en la cláusula primera. En este sentido, la ausencia de onerosidad del objeto y actuaciones es clara y patente a la luz de los preceptos contenidos en el artículo 4.1 (sujeción de las entregas de bienes y prestaciones al impuesto) y el artículo 9.8.º y 9.º (no sujeción al impuesto cuando no existe contraprestación), de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
El pago y justificación de la aportación de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se realizará de acuerdo al siguiente calendario de pagos:
En cada una de las periodicidades antedichas, el CSIC deberá presentar una memoria económica que contendrá una relación valorada del gasto realizado, y en la que se justifique que tales gastos se ajustan al objeto del Convenio. Dichas memorias deberán ser suscritas y entregadas, en todo caso, por la autoridad competente del CSIC dentro de la semana siguiente a la finalización de cada uno de los plazos indicados.
Se ordenará el pago previa presentación del correspondiente documento electrónico justificativo del gasto, a través del punto de entrada de facturas electrónicas de Canarias (PeFAC) (código DIR3 05033174), y una vez surta efectos el presente Convenio.
Aquellas cantidades que no resulten debidamente justificadas deberán reintegrarse junto con los intereses de demora que, en su caso, se generen, y siguiendo los trámites, en los que resulte aplicable, el régimen jurídico establecido en la normativa de subvenciones.
Este Convenio se perfeccionará en la fecha de su firma y, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de dicho texto legal, debiendo publicarse a continuación en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.h) de la LRJSP y conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Se entiende que la fecha de firma del Convenio es la fecha en la que ha sido firmado por la última de las partes. Antes de la finalización de este plazo, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga, previa tramitación del correspondiente expediente y suscripción de la oportuna adenda, sin que su duración exceda de la legalmente prevista, esto es, otros cuatro años adicionales.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes. Cualquier modificación, incluida la prórroga prevista en la cláusula cuarta, se efectuará mediante la suscripción de la oportuna adenda al Convenio y siempre dentro del plazo de vigencia del mismo.
Asimismo, cualquier eventual modificación al Convenio deberá ser comunicada al Registro citado en el párrafo primero de la cláusula precedente, en consonancia con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la LRJSP, además de cumplir con los restantes trámites preceptivos contemplados en esta para su firma y eficacia, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios (Orden PRA/1267/2017-BOE de 22 de diciembre de 2017).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 51.1 de la LRJSP, este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución, según lo establecido en el apartado 2 del mismo artículo:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula séptima y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el apartado e) del artículo 49 de la LRJSP, los cuales serán determinados en el momento en que se produzca tal circunstancia, fijándose como uno de los criterios para determinar la posible indemnización por incumplimiento el posible lucro obtenido o el enriquecimiento injusto producido, de darse éste.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en alguna Ley.
En el supuesto de que este Convenio se diera por resuelto antes del plazo previsto para su finalización, el CSIC entregará a la Consejería un Informe con toda la documentación elaborada hasta la fecha en que se dé por resuelto el Convenio, en virtud de este supuesto, siempre que previamente la Consejería haya abonado los gastos correspondientes a las investigaciones realizadas hasta el momento de la resolución.
En caso de que existiesen actuaciones en curso de ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de la LRJSP, se podrá acordar la continuación y finalización de estas en un plazo improrrogable, transcurrido el cual el Convenio deberá liquidarse. Dicho plazo se fijaría por las partes cuando se resolviera el Convenio.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la LRJSP en relación con los efectos de la resolución de los Convenios, a lo que las partes firmantes quedan sometidas en lo que les sea de aplicación.
Para el adecuado seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y, por ende, de las actividades incluidas en el Proyecto objeto del mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento. Esta Comisión tendrá como principales funciones velar por la organización, gestión y seguimiento de las acciones objeto del presente Convenio, interpretar los términos del mismo que lo requieran y resolver las dudas que puedan surgir en su aplicación e interpretación, de acuerdo con lo expresado en esta cláusula.
La Comisión de Seguimiento, de carácter mixto y paritario, estará integrada por un máximo de dos representantes de cada entidad (cuatro miembros en total) según se detalla a continuación:
Por el CSIC:
– El/la investigador/a principal del Proyecto, designado/a como responsable de la coordinación y seguimiento de las distintas áreas de actuación y de las relaciones con la Consejería.
– La persona titular de la Dirección del IPNA, o la persona en quien delegue.
Por la Consejería:
– La persona titular de la Jefatura de Servicio de Prevención y Control de la Contaminación, de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, o la persona en quien delegue.
– La persona designada para las relaciones con las demás partes.
Serán funciones de la Comisión:
a. Evaluar, al menos anualmente, los resultados obtenidos con arreglo a la metodología y cronograma de trabajo fijado en la memoria científico-técnica, informando a las partes de posibles incumplimientos.
b. Vigilar y controlar las actuaciones que se haya previsto desarrollar.
c. Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actividades a desarrollar.
d. Informar sobre las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio o proponer razonadamente su modificación.
e. Resolver, de manera consensuada, las discrepancias relativas a la interpretación y aplicación del Convenio.
f. Resolver incidencias científico-técnicas que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto.
g. Determinar acciones de comunicación internacional sobre las investigaciones realizadas.
h. Proponer, en su caso, la redistribución en la justificación del gasto de las distintas partidas.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán de forma consensuada y se dejará constancia de los mismos mediante acta que se adjuntará al expediente del presente Convenio.
La Comisión de Seguimiento podrá ser convocada a petición de cualquiera de sus miembros y se reunirá cuantas veces sea necesario para el desarrollo de sus funciones.
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a sus reuniones a los expertos o técnicos que se consideren convenientes, los cuales tendrán voz, pero no voto.
En todas aquellas normas no establecidas en la presente cláusula, la Comisión de Seguimiento se regirá por lo establecido para los órganos colegiados en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la LRJSP.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá, además de por lo reflejado en el clausulado, en lo que le resulte aplicable por lo dispuesto en las siguientes normas:
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en especial por lo previsto en sus artículos 48 y 49.
– Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
– Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
– Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios (Orden PRA/1267/2017 - BOE de 22-12-2017).
– A la vista del artículo 7, apartado ñ), del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, exclusivamente a los efectos de poder eventualmente aplicar sus principios para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de este Convenio; no siendo de aplicación en todo demás, tal y como se recoge en sus artículos 4 y 6.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse, en primer término, por los representantes designados por cada una de las partes, de acuerdo con lo previsto en la cláusula séptima.
Si no se llegase a un acuerdo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio, podrán sustanciarse ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y conforme a sus normas de competencia y procedimiento.
Las partes se comprometen a mantenerse recíprocamente informadas, tanto de los avances científico-técnicos alcanzados, como de cualquier otro resultado que sea relevante para la consecución del buen fin del Convenio.
Asimismo, cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo de las actuaciones realizadas al amparo del presente Convenio, incluido todo el personal participante en los trabajos objeto del mismo, salvo que:
a) La información recibida sea de dominio público.
b) La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.
c) La parte receptora adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de confidencialidad.
Como principio general de entendimiento, se estimará que no podrá ser difundida, ni presentada a público conocimiento, ninguna información que pudiera menoscabar los derechos de propiedad intelectual o industrial que se deriven de la investigación común. Por ello, aquellos resultados que, no siendo en sí mismos objeto de patente u otra forma de protección, pudieran inhabilitar, por su publicación o difusión, el reconocimiento de propiedad sobre una obra, proceso, producto o modelo de utilidad, deberán ser considerados como materia reservada y no difundible.
Los resultados del Proyecto objeto del presente Convenio, o partes del mismo que pudieran tener consideración independiente, serán propiedad de las partes, así como todos los derechos relativos a la propiedad intelectual e industrial que pudieren derivarse de los mismos.
Asimismo, las partes se comprometen a no contraer obligación alguna que grave de cualquier modo el uso de derechos objeto del presente Convenio.
En cuanto a las distintas técnicas y metodologías de investigación, desarrolladas en el transcurso del Proyecto y como consecuencia del mismo, quedarán a libre disposición de las partes para su uso y empleo, con carácter general, en nuevas investigaciones.
Obedeciendo al carácter de las entidades firmantes y al objeto de este Convenio, en la utilización de los resultados, parciales o finales, susceptibles de ser explotados comercialmente, las partes ostentarán el derecho de explotación comercial, bien directamente o a través de terceros, en un marco de salvaguarda de los intereses de cada una de las partes, asegurándose que no se ocasionan daños o perjuicios mutuamente.
Tanto en publicaciones, como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores de las investigaciones que, en estas últimas, figurarán en calidad de inventores.
Las partes quedan sometidas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos.
Asimismo, y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018, las partes hacen constar de manera expresa que se abstendrán de cualquier tipo de tratamiento de los datos personales de que dispongan como consecuencia de este Convenio, exceptuando aquel que sea estrictamente necesario para las finalidades del mismo. En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los contengan, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos.
Las partes se comprometen a destacar su mutua colaboración en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de las acciones objeto del presente Convenio, respetando en todo caso el logotipo o las directrices de imagen externa que indiquen las partes.
Adicionalmente, se comprometen a dar la máxima difusión posible al proceso y al resto de las actividades a través de sus canales habituales y, en especial, a través de Internet u otros soportes electrónicos y la utilización de los enlaces en las páginas web de las partes.
Cualquier iniciativa de informar a los medios de comunicación sobre actividades, conclusiones o resultados relacionados con la naturaleza de este Convenio, deberá ser planificada y ejecutada con pleno conocimiento de los responsables de comunicación de las partes.
Las actividades objeto del presente Convenio, así como cualquier actividad de difusión y divulgación de la misma deberán utilizar los logotipos identificativos de las partes, en lugar, forma y tamaño que deberán ser objeto de validación previa por los responsables de comunicación de las entidades firmantes de este documento.
Por otra parte, los resultados que se obtengan en el Proyecto se podrán presentar en congresos y publicar en revistas científicas. Asimismo, dichos resultados se divulgarán a través de una página web que se creará para el Proyecto, prensa, redes sociales y otros medios de comunicación (diarios digitales, radio, TV etc.). También se podrán impartir charlas de divulgación científica.
En las publicaciones, presentaciones, bases de datos y otros medios de difusión y divulgación de resultados se reconocerá a la Consejería como organismo que financia y respalda esta actividad científica.
El presente Convenio será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y se inscribirá en el Registro General Electrónico de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
De igual forma, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Organismos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición adicional séptima de la LRJSP, en consonancia con lo expresado en el primer párrafo de la cláusula cuarta.
La adopción del Convenio afectará a la partida de gastos de la Comunidad Autónoma, pero no se prevé que afecte a su partida de ingresos. Tampoco tendrá repercusión sobre recursos humanos y no requiere la adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio, el 29 de noviembre de 2022.–El Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), Carlos Aguilar Guerrero Ferrer de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Herrera Fernández Molina.
Este proyecto aborda la problemática de la contaminación atmosférica, la calidad del aire, cambio climático y los impactos de la contaminación y los aerosoles en ecosistemas. Por su naturaleza archipielágica y su ubicación, en la banda de los vientos alisios y a barlovento del desértico del Sahara, Canarias (1) sufre oleadas de polvo desértico y (2) recibe contaminantes urbanos e industriales emitidos en el Norte de África y Sur de Europa. Estas características tienen implicaciones en la calidad del aire y los ecosistemas. El polvo desértico (1) interfiere con la vigilancia de los niveles de contaminación causados por las emisiones urbanas e industriales, (2) afecta a la salud humana e (3) influye en los ecosistemas mediante el aporte de nutrientes y de contaminantes mezclados con el polvo, aspectos relacionados con las competencias en medio ambiente, biodiversidad y gestión de áreas protegidas y parques nacionales del Gobierno de Canarias. El cambio climático y la variabilidad del clima están modificando las características de las calimas de polvo desértico. Canarias se ha visto muy afectada por eventos intensos de polvo Sahariano, como los acaecidos en enero 2002, febrero 2020 y, en menor medida, febrero de 2021, a causa de anomalías climáticas. Estos episodios saharianos, junto al transporte externo de contaminantes, hace que haya un estrecho vínculo entre calidad del aire y cambio climático, que a su vez tiene implicaciones en los ecosistemas, tal como ha quedado de manifiesto en periodos de afloramientos masivos de microorganismos marinos durante periodos de calimas persistentes (verano 2017). Es por ello que el Gobierno de Canarias apuesta por la gestión de sus competencias en medio ambiente y adaptación al cambio climático basada en el conocimiento científico.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
1. La implementación del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, que será una infraestructura científica que permitirá obtener datos sobre el origen y la composición de los aerosoles atmosféricos naturales y antropogénicos y, particularmente, de los aerosoles presentes en las calimas de polvo desértico,
2. El estudio de la composición de las partículas PM10y PM2.5en Canarias, incluyendo los componentes mayoritarios (sulfato, nitrato, amonio, orgánicos, carbono elemental, aluminio, hierro, sodio, cloro, magnesio, fósforo, potasio y calcio) y minoritarios (vanadio, arsénico, cadmio, níquel, plomo, titanio, benzo(a)pireno, e hidrocarburos policíclicos aromáticos) que permitan reconstruir la masa de PM así como los aportes antropogénicos y naturales,
3. Estudio sobre la variabilidad de la composición del polvo desértico que llega a Canarias, identificando las regiones fuentes de mismo, e incluyendo elementos que actúan como nutrientes para los ecosistemas,
4. Cuantificación de la contribución de las emisiones canarias y de los aportes externos a los niveles de PM10y PM2.5y a los niveles de materia orgánica, carbono elemental, sulfato, nitrato, amonio, arsénico, cadmio, níquel, plomo, y benzo(a)pireno.
5. Creación de una base de datos sobre niveles y la variabilidad y la composición del PM10, PM2.5y del polvo desértico que permita evaluar el impacto del cambio climático en la calidad del aire y en los ecosistemas, y que esté disponible en acceso abierto a la ciudadanía en general, y a investigadores sobre impacto en la salud de los contaminantes del aire en particular.
Este proyecto se desarrollará mediante la puesta en marcha del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, infraestructura científica singular, que aumentará la capacidad de Canarias para realizar observaciones de la composición de la atmósfera, generando un registro que permita (1) evaluar como afecta el cambio climático a los aportes de polvo Sahariano, (2) realizar futuros estudios de tendencias de contaminantes y polvo desértico, y (3) aumentar el conocimiento científicos sobre los vínculos entre los aportes de nutrientes y evolución de ecosistemas. Esta nueva infraestructura será usada para estudiar la composición de los aerosoles naturales y antropogénicos, y la variabilidad de la composición del polvo desértico norteafricano que llega a Canarias en relación a los patrones meteorológicos del Norte de África, evaluando la posible relación de los mismos con escenarios de cambio climático.
La mala calidad del aire debida a la contaminación atmosférica causa unos ~9 millones de muertes al año a nivel global (Lelieveld et al., 2020; Lui et al., 2019). Estas muertes se deben, principalmente, al desarrollo de la cardiopatía isquémica (∼40% de los fallecimientos), al accidente cerebrovascular (40%), a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (11%), al cáncer de pulmón (6%) y a la infección aguda de las vías respiratorias (3%, especialmente en niños), según la OMS (2014). Los contaminantes se encuentran en el aire ambiente en forma de gases (ozono – O3, óxidos de nitrógeno - NOx, dióxido de azufre - SO2y monóxido de carbono – CO) y de partículas respirables en suspensión de tipo PM10y PM2.5, es decir, partículas con tamaño inferior a 10 y 2.5 micras, respectivamente. Estas partículas son el contaminante que mayor impacto tiene en la salud, especialmente las partículas emitidas en procesos de combustión incompleta (partículas de hollín o carbono negro, entre otras; Lelieveld et al., 2020), pues además de estar asociadas a cardiopatías, son (junto a otros contaminantes) agente cancerígeno de nivel 1 (IARC, 2013). El impacto en la salud asociado a los contaminantes del aire también ha sido documentado en Canarias, en estudios clínicos focalizados en cardiopatías (Domínguez-Rodríguez et al., 2011, 2013, 2015) y en estudios epidemiólogos sobre mortalidad y enfermedades cardio-respiratorias (López Villarrubia et al., 2010, 2012).
Numerosos estudios científicos demuestran que en el territorio continental de la Unión Europea, los episodios de altas concentraciones de partículas PM10y PM2.5son predominantemente debidos a la contaminación ligada a emisiones de combustión (PM10y PM2.5predominantemente constituidos por sulfato, nitrato, carbono orgánico y carbono elemental, entre otros, emitidos por automóviles, industria y quema de biomasa; Putaud et al., 2010; Rodríguez et al., 2007), mientras que en Canarias los episodios de altas concentraciones de partículas de PM10y PM2.5se deben a las calimas de polvo Sahariano (Rodríguez et al., 2015, 2020a, 2020b, 2021). En el Archipiélago, la contribución de las fuentes de combustión al PM10y PM2.5son muy inferiores a las del polvo desértico (Rodríguez et al., 2010). Estos aportes de polvo son de tal magnitud que, Canarias es el territorio de la Unión Europea en el que se registran los mayores niveles de PM10y PM2.5, paradójicamente a causa de fuentes n