Categoría: Administración

(cfr. artículos 56.5 de la Ley Concursal, actual artículo 147.1), que los bienes concernidos no están afectos a actividad profesional o empresarial del concursado, y ello tanto conforme a la legislación vigente al tiempo de la declaración del concurso, como conforme al actual texto refundido, que, en esencia, mantiene los mismos principios suspensivos de los procedimientos de ejecución singular, siendo además nulas, como dispone el inciso final del apartado 1 del artículo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, todas las actuaciones que se hubieran realizado desde ese momento, nulidad que reintroduce el Real Decreto 1/2020, de 5 de mayo, tras haber sido eliminada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que dio nueva redacción al apartado 3 del antiguo artículo 55 de la Ley Concursal.
Además, la anterior conclusión debe confirmarse si se tiene en cuenta que al tiempo de la presentación en el Registro del mandamiento judicial ordenando la práctica de la anotación preventiva de embargo ya había sido declarada la fase de liquidación del concurso en virtud de auto que, si bien no fue objeto de la pertinente anotación o inscripción en el Registro de la Propiedad, sí se publicó en el Registro Público Concursal, cuya toma en consideración directa por el registrador es obligada.
Sin ánimo de profundizar en la cuestión, la apertura de la fase de liquidación implica, por una lado, una serie de limitaciones en cuanto a los actos jurídicos que pueden concluirse durante la misma, en la medida en la operación esencial que se lleva a cabo es la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, bien conforme al plan de liquidación aprobado por el juez del concurso (artículo 148 de la Ley Concursal y 415 del texto refundido, al que la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ha dado nueva redacción sustituyendo el plan de liquidación por las denominadas «reglas especiales de liquidación» que el juez del concurso en su caso establezca), o bien conforme a las reglas legales supletorias (artículo 149 de la Ley Concursal, actuales artículos 421 y siguientes del texto refundido), para, con lo obtenido, proceder al pago de los acreedores en los términos y por el orden que resultan de los artículos 154 y siguientes de la misma ley, actuales artículos 429 y siguientes.
Y, por otro lado, la apertura de la fase de liquidación constituye un límite para la iniciación «ex novo» y al margen del proceso liquidatorio de procedimientos ejecutivos, ya sean estos de carácter administrativo, ya de carácter judicial, ya en cumplimiento de un crédito concursal, ya de un crédito contra la masa, pues ello contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, con las únicas excepciones determinadas por las ejecuciones de garantías reales en los términos que determinan los artículos 57 de la Ley Concursal y actual 149, así como la doctrina fijada por este Centro Directivo (cfr. Resoluciones 19 de enero de 2017, 24 de julio de 2019 y 19 de octubre de 2020), precepto que no resulta aplicable al presente supuesto por cuanto no se trata de la ejecución de una garantía real, sin que la recurrente tenga la condición de acreedora hipotecaria o pignoraticia (cfr. artículos 90 de la Ley Concursal, actual 270) y, por tanto, pueda resultar aplicable el artículo 146 del texto refundido.
6. Finalmente, el segundo defecto debe, por el contrario, revocarse. La eficacia que la anotación de embargo ha de tener en determinados supuestos (cfr. artículos 613, apartados 2 y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) exige que se concrete la cantidad por la que se traba el embargo (cfr. Resoluciones 22 septiembre de 2008 y 21 de abril de 2010). Ahora bien, una interpretación integradora del documento –de cuyo encabezamiento resulta expresamente que «para garantizar la suma de 364.981,1 euros que se reclaman en la demanda, con fecha de hoy se decretó el embargo de la finca (…)»– junto con una interpretación literal del artículo 166.Tercera, del Reglamento Hipotecario –que ordena que se exprese el importe de lo que por principal y, cuando proceda, por intereses y costas se trate de asegurar– lleva a concluir necesariamente que la cantidad reiteradamente expresada en el mandamiento supone el principal que se trata de asegurar con la anotación preventiva ordenada, sin que hayan quedado concretadas las responsabilidades por intereses y costas, y, por ende, sin que las mismas deban quedar aseguradas mediante la anotación, pero sin que esto último impida, en modo alguno, que se pueda asegurar el principal expresado en el mandamiento.
Esta Dirección General ha acordado desestimar parcialmente el recurso, respecto del primero de los defectos impugnados, y estimarlo respecto del segundo defecto.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de enero de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.