Categoría: Judicial

l sea la naturaleza de la nueva persona jurídica que ha decidido instituir. En efecto, esta ausencia de determinación legal condiciona, e incluso imposibilita, el correcto desarrollo reglamentario de la Ley 19/2022, pues sin que esta lo disponga no cabe que el reglamento pueda válidamente innovar, estableciendo si la persona jurídica creada por dicha ley se sujeta al Derecho privado o al Derecho público. En el fundamento jurídico 5 c) de la sentencia se reconoce expresamente que la Ley 19/2022 no precisa la naturaleza pública o privada de la nueva persona jurídica que crea, pero luego, sorprendentemente, no se extrae ninguna conclusión de dicha indeterminación, de manera que queda en el limbo cuestión de tamaña relevancia y trascendencia.
La previsión, en el art. 3 de la ley, de tres órganos de «representación y gobernanza» de la laguna del Mar Menor, esto es, el Comité de Representantes (con prevalencia numérica de miembros de la ciudadanía, que «inicialmente» lo serán los miembros del grupo promotor de la iniciativa legislativa popular que ha dado lugar a la Ley 19/2022, en una suerte de «patrimonialización» del cargo), la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, no palía, como es obvio, esa insuficiencia legislativa.
Por lo demás, no podemos dejar de llamar la atención sobre la innegable conexión de la exigencia de seguridad jurídica con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (lo que incluye al legislador), principio reconocido, junto al de legalidad, en el mismo art. 9.3 de la Constitución, lo que conduce a la exigencia de un mínimo de racionalidad legislativa. Ciertamente, como ya hemos señalado, el legislador goza de una amplia libertad de configuración, que deriva en último término de su legitimidad democrática, pero esa libertad del legislador para convertir en ley sus opciones políticas no es omnímoda, sino que debe respetar los límites constitucionales. Libertad de configuración no equivale a caprichoso arbitrio. Sin duda las exigencias dimanantes de los principios constitucionales de seguridad jurídica en las leyes y de interdicción de la arbitrariedad en la actuación del legislador imponen, conforme a la tradición ilustrada, que las leyes obedezcan a criterios de racionalidad. Por lo demás, si la Constitución en su art. 103.1 exige a las administraciones públicas (bajo la dirección del poder ejecutivo: art. 97) que sirvan con objetividad los intereses generales y actúen con eficacia y plena sujeción a la Ley y al Derecho, carecería de sentido ser menos exigentes con la labor del legislador, pues está en juego la calidad democrática.
4. Vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) como consecuencia de la notoria indefinición de los «derechos» del Mar Menor (art. 2) y de la insuficiente disposición derogatoria.
La sentencia divide artificiosamente el motivo único de vulneración del principio de seguridad jurídica que los recurrentes dirigían contra dos preceptos conjuntamente: por un lado, el art. 2, que regula y define los «derechos» del Mar Menor, y, por otro, la disposición derogatoria, que dispone simplemente que «se derogan todas las disposiciones contrarias a las disposiciones recogidas en esta ley» (motivo tercero del recurso: págs. 10 a 14 del escrito de interposición).
La sentencia inadmite la impugnación del art. 2 porque la considera una impugnación «preventiva o hipotética» [fundamento jurídico 2 d)]. Y, una vez desgajada esta parte del motivo, desestima la impugnación contra la disposición derogatoria porque la considera una cuestión de «técnica legislativa» que, además, ni siquiera le parece defectuosa, puesto que esa disposición simplemente reproduce –dicen nuestros compañeros– «la norma subsidiaria del art. 2.2 del Código civil» (fundamento jurídico 6).
a) Como premisa, no podemos aceptar la calificación de la impugnación del art. 2 como «preventiva o hipotética» [fundamento jurídico 2 d)]. Por definición, todo recurso de inconstitucionalidad se dirige contra preceptos legales que no han sido aplicados en un caso real. El objeto de este recurso «abstracto» [por todas, STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 c)] es contrastar esas prescripciones normativas con las establecidas en la norma de superior rango que es la Constitución. Tal como lo expresa el art. 27.1 LOTC «]m]ediante [el recurso de inconstitucionalidad] el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados».
Por lo tanto, la denuncia de que una ley contiene términos vagos o imprecisos contrarios al mandato de seguridad jurídica del art. 9.3 CE no es una denuncia preventiva «desconectada del precepto» y referida «a posibles, y aun no producidas, aplicaciones» del mismo, como dice la mayoría. Al contrario: es un reproche de inconstitucionalidad dirigido contra la redacción de un precepto legal que es, justamente, el objeto de un recurso abstracto como este enderezado a la «depuración objetiva del ordenamiento mediante la invalidación de la norma inconstitucional» (así, invariablemente desde las SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 1, y 26/1987, de 27 de febrero, FJ 1). De no entenderse así, todos los recursos de inconstitucionalidad incurrirían en este vicio de impugnación preventiva.
b) Además, la impugnación conjunta del art. 2 y la disposición derogatoria estaba perfectamente justificada. La absoluta imprecisión de estos dos preceptos, constitutiva por sí sola de infracción constitucional, se agrava como consecuencia del contexto normativo en el que se dicta la Ley 19/2022. Como la propia sentencia reconoce (fundamento jurídico 6), «existe un amplio acervo normativo de tutela ambiental de la laguna [del Mar Menor] y su cuenca», y, además, los recurrentes «identifican» esas normas en su escrito de interposición. Sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse como más relevantes las siguientes:
(i) En primer lugar, las leyes estatales generales de aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), y costas (Ley 22/1988, de 28 de julio), y también otras como la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
(ii) En segundo lugar, sobre ese mismo espacio son de aplicación algunas leyes y disposiciones autonómicas.
Por un lado, la comunidad autónoma ha aprobado una ley especial sobre el mismo espacio: la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, que ha sido declarada constitucional por nuestras SSTC 112/2021, de 13 de mayo, y 126/2023, de 27 de septiembre (esta última desestimado el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno contra algunas modificaciones introducidas en aquella por el Decreto-ley del Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto).
Y, por otro, al amparo de los arts. 43 y 44 de la Ley 42/2007, antes citada, el Gobierno regional, que es el competente para ello, ha declarado el Mar Menor «zona especial de conservación» y «zona de especial protección para las aves» [arts. 1.1 f) y 2.1 del Decreto del Gobierno de la Región de Murcia 259/2019, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de la Región de Murcia» (BORM) núm. 242, de 19 de octubre de 2019], con el régimen de protección que les es propio. Además, este mismo Decreto 259/2019 ha aprobado el «Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia» (art. 4) y el «Plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar» (art. 5), un espacio incluido también dentro del ámbito de aplicación de la ley impugnada y que fue declarado parque regional, al amparo del actual art. 31 de la Ley 42/2007, por la disposición adicional tercera de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia. En los anexos del Decreto 259/2019 puede apreciarse la coincidencia de estos espacios con la delimitación efectuada en el art. 1 de la Ley 19/2022 (págs. 628 y 725 del BORM antes citado, entre otras).
(iii) Finalmente, el Mar Menor es también objeto de protección internacional: es humedal de importancia internacional (HII) conforme al Convenio sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convenio Ramsar: Instrumento de adhesión de 18 de marzo de 1982, publicado en el BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1982), y es zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) incluida en el lugar denominado «Área del Mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia», al amparo del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación y de los protocolos anejos, hecho en Barcelona el 16 de febrero de 1976 (BOE núm. 44, de 21 de febrero de 1978).
c) Teniendo presente este entramado normativo que simplemente hemos esbozado para no alargar este voto particular más de lo necesario, constituye una vana petición de principio de la mayoría sostener que la Ley 19/2022 se integra armónicamente en el mismo como «instrumento adicional» dirigido a «la protección del mismo sustrato» (fundamento jurídico 6).
Entre la nueva ley y las normas anteriores a ella existen evidentes e importantes contradicciones. Por ejemplo, cabe preguntarse si la Ley 19/2022, como ley especial y posterior, ha derogado las normas generales de responsabilidad medioambiental contenidas en la Ley estatal 26/2007. Puede sostenerse que sí, puesto que según esta nueva ley las obligaciones de «restauración» corren «a cargo de los gobiernos y habitantes ribereños» (art. 2), con exclusión, por tanto, de los causantes del daño, contraviniendo así el principio «quien contamina paga» [arts. 191.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 45.3 CE], el art. 19 de la Ley 26/2007 y el sentido común. Y cabe preguntarse también si, en su condición de ley estatal «básica» (declarada por su disposición final segunda y confirmada por nuestra sentencia), la Ley 19/2022 prevalece sobre la Ley regional 3/2020, antes citada, y por tanto si subsisten o no las ya de por sí limitadas posibilidades de explotación agrícola autorizadas en esta última ley. Esta Ley 3/2020 fue recurrida precisamente por contener limitaciones a los derechos de propiedad y libertad de empresa de los empresarios agrícolas excesivas y desproporcionadas, aunque tales limitaciones fueron declaradas constitucionales desde la doble perspectiva competencial y sustantiva en la STC 112/2021. A pesar de esta declaración de constitucionalidad, no cabe duda de que estas posibilidades de explotación, por limitadas que sean, vulneran el «derecho» del Mar Menor «a evolucionar naturalmente» [art. 2.2 a)] e implican además un «riesgo» para el mismo [art. 2.2 b)], por lo que parecen proscritas por los preceptos citados. ¿Debe entenderse entonces que los agricultores del Mar Menor legalmente establecidos antes de la Ley 19/2022 han quedado incursos tras su entrada en vigor en la «responsabilidad» aludida en el art. 4 a causa de esta vulneración de los «derechos» establecidos en el art. 2 de la Ley 19/2022. Ni lo resuelve la ley, ni lo explican nuestros compañeros.
d) La «seguridad jurídica» que garantiza el art. 9.3 CE consiste en «la certeza sobre la regulación jurídica aplicable» y «la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (recientemente, STC 168/2023, de 22 de noviembre, FJ 6, declarando inconstitucionales varios preceptos legales autonómicos por este motivo, y también STC 135/2018, de 13 de diciembre, FJ 5, anulando por idéntica razón un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas con cita de sentencias anteriores). En parecidos términos, hemos considerado que la reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales (art. 53.1 CE) impone a las leyes delimitadoras de esos derechos la suficiente «calidad» para que la actuación de los poderes públicos «tenga bajo sus pies un suelo firme de Estado de Derecho, ajeno a la incertidumbre y la arbitrariedad» (STC 76/2019, de 22 de mayo, FFJJ 5 y 8, declarando inconstitucional un precepto de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general que no delimitaba con la suficiente precisión las condiciones, límites y garantías de la recopilación de datos por partidos políticos).
Es verdad que la imprecisión de una ley es una cuestión de grado que no siempre acarrea la vulneración del principio de seguridad jurídica. El empleo de «conceptos jurídicos indeterminados […] de suyo no es contrario a la Constitución» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 2). Y, de la misma manera, existen inevitables imprecisiones legales que pueden salvarse mediante el empleo de las técnicas interpretativas habituales en Derecho [así se entendió, por ejemplo, en el caso de la STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 7 b)]. Ahora bien, por debajo de un determinado umbral de calidad y previsibilidad, la ley provoca una «confusión normativa» y una «perplejidad» en los operadores que sí debe conducir a su declaración de inconstitucionalidad, tal como se apreció en la STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4:
«La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes e incluso cuáles sean estas. La vulneración de la seguridad jurídica es patente y debe ser declarada la inconstitucionalidad también por este motivo.»
Este razonamiento nos parece perfectamente trasladable al supuesto que nos ocupa, y hubiera debido conducir a la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 y la disposición derogatoria de la Ley 19/2022, por respetable y elevado que fuera su propósito.
e) A nuestro juicio, el art. 2 se sitúa por debajo del umbral mínimo de calidad, previsibilidad y certeza que impone el art. 9.3 CE. Este art. 2 reconoce una serie de «derechos» al Mar Menor («a existir y evolucionar naturalmente» con «respeto a [la] ley ecológica»; a «detener y no autorizar aquellas actividades que supongan un riesgo o perjuicio para el ecosistema»; a la «preservación de especies y hábitats» y a «la gestión», y, finalmente, «a la restauración» y «reparación» del «daño» producido que «restablezcan la dinámica natural y la resiliencia» de la laguna y sus «servicios ecosistémicos») definidos en términos tan amplios, vagos e imprecisos que hacen imposible conocer su contenido ni, consiguientemente, planificar la propia conducta y anticipar las consecuencias jurídicas de los propios actos.
Esta no es una mera cuestión de técnica legislativa, como quiere hacer ver la mayoría. Tiene importantes consecuencias. Por un lado, la vulneración de estos derechos «por cualquier autoridad pública, entidad de derecho privado, persona física o persona jurídica, generará responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa» (art. 4), además de la invalidez del acto o actuación en cuestión, pública o privada (art. 5). Y, por otro, «[c]ualquier persona física o jurídica está legitimada» para «hacer valer» estos «derechos» ante tribunales y administraciones, según el art. 6, que obliga así a destinar recursos públicos escasos –personales y materiales– a la quimérica tarea de tutelar estos etéreos e indefinidos «derechos».
Por lo tanto, esta absoluta falta de precisión en una ley que impone obligaciones y reconoce derechos a los ciudadanos constituye una vulneración del art. 9.3 CE (y del art. 53.1) que debe ser enjuiciada y declarada por este tribunal, y no reenviada al control de su aplicación por la administración y los tribunales ordinarios implicados, como ha hecho irresponsablemente la mayoría. Y este examen de constitucionalidad debería haber conducido, por la absoluta falta de concreción del art. 2, a su declaración de nulidad por vulneración del art. 9.3 CE.
f) Lo mismo sucede con la disposición derogatoria. El complejo entramado normativo descrito más arriba (internacional, estatal y autonómico; legal y reglamentario) permite poner de manifiesto una primera consideración que, nos parece, salta a la vista: en contra de lo que sugiere la sentencia (fundamento jurídico 3), el lamentable estado de conservación del Mar Menor, que nadie discute, no se debe a la inactividad del legislador o de los poderes públicos estatales o autonómicos, ni a una visión «antropocéntrica» del medio ambiente que se haya revelado insuficiente y deba ser superada por un «ecocentrismo» de cuya eficacia duda la propia mayoría a lo largo de toda la sentencia. Si el legislador estatal verdaderamente quería incrementar la protección ambiental del Mar Menor tenía a su disposición una herramienta sencilla, conocida desde antiguo en nuestro derecho y de acreditada eficacia: podía simplemente declarar el Mar Menor parque nacional, otorgándole así la superior protección ambiental que reconoce nuestro ordenamiento para espacios naturales (cfr. art. 31 de la Ley 42/2007, y Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales).
No lo ha hecho así, sin embargo. Ha optado por la novedosa técnica de atribuir «personalidad jurídica» y «derechos» a un espacio natural. En todo caso, esa (supuesta) elevación de la protección ambiental de un espacio sobre el que concurrían múltiples normas, ya citadas, exigía del legislador un mínimo esfuerzo normativo para clarificar la situación posterior a la entrada en vigor de la nueva ley. Así lo hizo, por ejemplo, en una ley coetánea e igualmente ambiciosa: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Con toda naturalidad, esta ley especifica «la norma subsidiaria del art. 2.2 del Código civil» a que alude la mayoría e incluye una serie de disposiciones transitorias sobre las situaciones existentes y consolidadas en el dominio público marítimo-terrestre que la Ley 7/2021 regula novedosamente, por elementales razones de seguridad jurídica.
Al no hacerlo así en este caso, la Ley 19/2022 ha sumido a todos –ciudadanos, operadores, administraciones y tribunales– en la perplejidad y confusión más absolutas acerca del régimen de protección medioambiental vigente en el Mar Menor y su cuenca delimitados en el art. 1 de la Ley.
g) En fin, por todo lo anterior, nos parece que el art. 2 y la disposición derogatoria de la Ley 19/2022, examinadas conjuntamente en relación con el contexto normativo en que se vienen a integrar, han dado lugar a una situación análoga a la que se apreció en la antes citada STC 46/1990, FJ 4, y que dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal por vulneración del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.
5. Una obligada mirada al Derecho de la Unión Europea … que la sentencia soslaya.
Es doctrina constitucional consolidada como recuerda, con cita de otras, la STC 81/2020, de 15 de julio, FJ 2, que «el Derecho de la Unión Europea no es en sí mismo canon directo de constitucionalidad en los procesos constitucionales, de modo que la eventual infracción de las normas de la Unión Europea por leyes estatales o autonómicas constituye un conflicto de normas que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, en su caso, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras muchas, SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 128/1999, de 1 de julio, FJ 9; 173/2005, de 23 de junio, FJ 9; 135/2012, de 19 de junio, FJ 2; 64/2013, de 14 de marzo, FJ 4, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3)».
Sin embargo, el respeto a la anterior doctrina constitucional no obsta a que prestar atención a lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea pueda no solo ser útil, sino conveniente, dada la necesidad de una interpretación de las disposiciones legales acorde con las exigencias de ese ordenamiento. Ese análisis está completamente ausente de la sentencia de la que discrepamos.
La sentencia no toma en consideración que el art. 3 del Tratado de la Unión Europea incluye entre sus objetivos el de alcanzar un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y el art. 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) recoge su carácter de competencia transversal, al establecer que «[l]as exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular, con objeto de fomentar un desarrollo sostenible». Así, entre los objetivos que se enumeran en el TFUE cabe citar: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de las medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y, en particular, a luchar contra el cambio climático. Se incluyen también algunos principios que deben inspirar el conjunto de técnicas para desarrollar, como el de cautela y acción preventiva, el de corrección de los atentados al medio ambiente y el no menos importante de «quien contamina paga».
Particularmente relevante en este aspecto resulta lo dispuesto en los arts. 191 a 193 TFUE, en los que se desarrollan las políticas medioambientales, régimen que debe entenderse como un estándar de protección mínima, entre el que se encuentra el ya citado principio de que «quien contamina paga», expresamente incluido en el art. 191.2 TFUE. Como es conocido, dicho principio impone al agente contaminante, por una parte, la obligación de hacer frente a los gastos derivados de la contaminación que ha causado y, por otra, también le obliga a reparar los daños causados por la ejecución de las medidas de prevención y control de la contaminación que las administraciones puedan imponer para evitar la degradación del medio ambiente. Conecta así con la imposición de deberes de reparación que deriva del art. 45.3 de la Constitución, conforme al cual la obligación de reparar el daño causado debe recaer sobre los que han llevado a cabo una utilización irracional de los recursos naturales.
Como acabamos de comprobar, la protección del medioambiente ha merecido una respuesta enérgica por parte de la Unión Europea. Sin embargo, pese a su importancia, nada de esto se contempla en la sentencia de la que discrepamos y tampoco, antes al contrario, en la propia Ley 19/2022, pese a que se trata de una iniciativa legislativa sin precedentes en Europa, según la sentencia enfatiza, deslizándose hacia modelos de otros ordenamientos jurídicos absolutamente desconectados del nuestro.
El resultado es que la perspectiva respecto al problema constitucional que debía resolverse en la sentencia queda sesgada y limitada, en tanto que no es completa, al eludir, siquiera como contexto, al Derecho de la Unión Europea y su mandato de obtención de un nivel elevado de protección ambiental (mientras que, por el contrario, en el prolijo fundamento jurídico 3, se hace referencia a normas de diversos ordenamientos extranjeros insertos en un contexto muy diferente del europeo). En particular, está ausente cualquier consideración respecto al ya mencionado principio de que «quien contamina paga». De hecho, el art. 2.1 de la Ley 19/2022 reconoce al Mar Menor y su cuenca el derecho «a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños». Ese derecho a la restauración implica, según el art. 2.2 d) «acciones de reparación en la laguna y su cuenca vertiente, que restablezcan la dinámica natural y la resiliencia, así como los servicios ecosistémicos asociados». Es decir, lo que parece pretenderse es que sean los habitantes ribereños (habrá que entender que son los residentes permanentes y turistas), junto a los «gobiernos» (más precisamente las administraciones públicas competentes), los que pechen con tales obligaciones y corran con los gastos de restauración. Con ello se obvia que no todas las personas contaminan de igual manera ni se benefician en el mismo grado de la explotación ambiental y se desconoce la asignación de costes y la intervención de los poderes públicos que tal principio conlleva. De suerte que se llega, por tanto, a contravenir el Derecho de la Unión Europea en materia de responsabilidad ambiental y el propio art. 45.3 de la Constitución.
6. Conclusión.
Por todas las razones expuestas, los magistrados que suscribimos este voto consideramos:
a) que la sentencia de la mayoría plantea un cambio de paradigma injustificado hacia un «ecocentrismo» en la interpretación del art. 45 CE que es ajeno a nuestra tradición jurídica, principios y valores (art. 1.1 CE) y puede tener además imprevisibles y peligrosas consecuencias;
b) que la Ley 19/2022 rebasa el ámbito exclusivamente «básico» que el art. 149.1.23 CE reserva a la legislación del Estado en materia de protección del medio ambiente al regular el completo régimen jurídico de un espacio natural protegido;
c) que la falta de concreción de la naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada de la persona jurídica creada por la ley (art. 1), de sus órganos rectores (art. 3), del contenido de los «derechos» a ella reconocidos (art. 2) y de la relación de esta nueva ley con otras leyes, reglamentos y normas internacionales aplicables sobre el mismo espacio a los que se superpone (disposición derogatoria) vulnera el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE);
d) y, finalmente, que la Ley 19/2022 vulnera también el Derecho de la Unión Europea y, en particular, el principio «quien contamina paga» de los arts. 191.2 TFUE y 45.3 CE.
Y en este sentido emitimos este voto particular.
Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro.–Ricardo Enríquez Ortiz.–Enrique Arnaldo Morales.–Concepción Espejel Jorquera.–César Tolosa Tribiño.–José María Macías Castaño.–Firmado y rubricado.