Categoría: Judicial

erechos civiles y políticos, ya que los privaron de toda efectividad con base en una aplicación desproporcionada de la prisión provisional. Los órganos judiciales, sin justificarlo debidamente, no han tomado en consideración medidas alternativas compatibles con la prisión provisional.
La vulneración de los derechos políticos de los recurrentes se habría producido también por la negativa a trasladarles a cárceles situadas en Cataluña, viéndose además privados de otras formas de ejercicio del derecho de representación política actualmente importantes, como el acceso a internet para poder seguir la información política y mantener una adecuada presencia en las redes sociales.
15.1.2 La participación en campañas electorales.
El derecho de participación y representación política de los recurrentes fue vulnerado además durante las campañas electorales de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019.
Diversas decisiones tomadas por distintos organismos les impidieron participar en dichas campañas electorales en condiciones de igualdad con el resto de candidatos. Se trae a colación en la demanda la decisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, de 10 de abril de 2019, que rechazó la petición de que se autorizase la organización de actos electorales en prisión, aduciendo que afectarían a la «seguridad y convivencia ordenada» y al «orden regimental de los centros penitenciarios», alterando «la funcionalidad», «los horarios prestablecidos» y la distribución de comidas» etc. Existen formas –se afirma en la demanda– de organizar un acto electoral en determinados espacios delimitados de una prisión manteniendo las condiciones de seguridad: desde un debate entre distintas formaciones, hasta una retrasmisión televisiva remota. La neutralidad e igualdad de condiciones que reclama el art. 23 CE se ve irremediablemente dañada si a algunos candidatos se les impide realizar actos de campaña electoral, aunque sea en condiciones limitadas por su estancia en prisión.
Se cita también el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2019. Seguidamente se hace una referencia indeterminada en la demanda a decisiones de la Junta Electoral Central, identificando de modo expreso únicamente la de 16 de abril de 2019, dictada en el expediente núm. 293-930, por la que se denegó al señor Junqueras la participación en determinados debates televisivos, previo permiso de salida vigilada o, si no fuera posible, desde el propio centro penitenciario. Esta decisión de la Junta Electoral Central se dice que fue anulada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que reconoció que no existía ninguna razón que justificara la limitación del derecho de sufragio pasivo del señor Junqueras.
La misma situación se reprodujo durante la campaña electoral de las elecciones europeas de 26 de mayo de 2019. A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo antes citada hizo posible algunas breves intervenciones televisadas grabadas, no se le permitió al señor Junqueras la participación en debates electorales, ni siquiera de manera remota, así como tampoco la organización de actos electorales dentro del centro penitenciario.
15.1.3 La suspensión en el ejercicio de cargos públicos.
Los recurrentes estiman asimismo lesionados sus derechos políticos por la aplicación del art. 384bisLECrim. La primera vez, por el auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, que los suspendió en su condición de diputados del Parlamento de Cataluña. La segunda, por los acuerdos de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 24 y 29 de mayo de 2019, por los que se les suspendió, respectivamente, en su condición de diputado y senador.
En la demanda se solicita la reconsideración de la doctrina de este tribunal sobre el citado precepto legal, pues, a juicio de los recurrentes, el art. 384bisLECrim es inconstitucional, porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y el derecho de representación política (art. 23 CE). Alegan al respecto que el precepto impide tomar en consideración las circunstancias concretas que puedan concurrir en el caso e impone automáticamente la suspensión, sin que exista sentencia condenatoria, sea o no firme, por lo que es incompatible con la más elemental presunción de inocencia. Además, al ser una medida automática lesiona igualmente el derecho de representación política. Y, en fin, dada la íntima relación entre los dos apartados del art. 23 CE, contraviene también el interés público de todos los ciudadanos en que las cámaras parlamentarias representen fielmente sus preferencias políticas expresadas en las elecciones respectivas.
De otra parte, la aplicación de leyes penales que suponga la pérdida de derechos fundamentales, aunque sea provisional, no puede quedar en manos de las mesas de las cámaras legislativas, sino que es competencia exclusiva de la jurisdicción penal. Aunque la suspensión se produzcaex lege, se requiere una declaración del tribunal competente, en este caso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su aplicación no puede delegarse en otro poder del Estado y, menos aún, en un órgano de dirección y coordinación, como son las mesas de las cámaras.
Finalmente, los recurrentes sostienen que tampoco se cumplían en este caso los requisitos exigidos para la aplicación del art. 384bisLECrim, pues el auto de procesamiento no era firme, ni los hechos investigados eran constitutivos de un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. En consecuencia, las decisiones adoptadas con base en el citado precepto legal supusieron una vulneración directa de los derechos de participación y representación política (art. 23 CE).
El abogado del Estado y el Ministerio Fiscal consideran que las quejas relativas a la lesión del art. 23 CE ahora consideradas ya han sido planteadas y desestimadas en los recursos de amparo resueltos por las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, 9/2020, de 8 de enero, 11/2020, de 28 de enero, y 22/2020, de 13 de febrero, a cuyo contenido se remiten.
15.2 Respuesta del órgano judicial.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo analiza en la sentencia impugnada en amparo [fundamento de Derecho C) 17.5.4] el derecho de representación política (art. 23 CE) como posible causa de exclusión de la antijuridicidad. Desde esta perspectiva, considera que «no es posible abarcar en el efecto exoneratorio que concede el art. 20.7 del CP los hechos que se atribuyen a los procesados», pues «[e]l ejercicio de un cargo político no legitima acciones en clara oposición a bienes jurídicos tutelados penalmente». Con referencia a los limites funcionales inherentes a la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria como causa de justificación de la antijuridicidad, que examinó en el fundamento de Derecho C) 17.3, afirma que «[c]uando ahora se alude, sin más, al derecho de representación política, vienen a adquirir sentido los obstáculos que venimos apuntando para una concepción de la función política entendida como una fuente de inmunidad para todo acto penalmente sancionado». Se remite la sala, por lo tanto, a lo ya abordado al tratar de los límites de la inviolabilidad y, de modo especial, al contenido de las numerosas resoluciones dictadas por el instructor, por la sala de recursos y por la propia sala de enjuiciamiento en las que se ha admitido, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «la legitimidad de una limitación del derecho de representación siempre que aquella sea necesaria para preservar un fin constitucionalmente legítimo y propio de una sociedad democrática».
La sala recuerda a continuación, abandonando la perspectiva del derecho de representación política como causa de exclusión de la antijuridicidad, «que ya ha resuelto con anterioridad quejas referidas a la quiebra de ese mismo derecho de participación política, pero desde la perspectiva de su restricción jurisdiccional, derivada de la privación de libertad acordada con carácter cautelar». Desde este enfoque «no se trata de analizar la dimensión exoneratoria que atribuyen las defensas al ejercicio del derecho de representación política, sino la incidencia que las limitaciones jurisdiccionales podrían proyectar sobre el derecho a la libertad personal y, por ende, sobre el derecho a la participación en asuntos públicos».
En este sentido, reproduce la fundamentación jurídica de su auto de 25 de enero de 2019 en relación con la viabilidad de la adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva, afirmando que era consciente «de la importancia de ponderar medidas alternativas a la prisión preventiva cuando lo que podía estar en juego era la influencia de esa restricción de libertad en el pleno ejercicio del derecho de participación política».
15.3 Doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la participación y representación política.
A) El art. 23.2 CE, en lo que ahora interesa, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Derecho sobre cuyo alcance material este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas resoluciones, que han dado lugar a una consolidada doctrina constitucional [por todas, SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FFJJ 15 y 20 A); 4/2020, de 15 de enero, FFJJ 3 y 4 a); 9/2020, de 28 de enero, FFJJ 4 y 5 a); 23/2020, de 13 de febrero, FFJJ 4 y 5 a); 36/2020, de 25 de febrero, FFJJ 4 y 5, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 6 A)].
a) Desde las SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2, y 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3, hemos afirmado que el derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa implica también, necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas. Esta última garantía adicional resulta de particular relevancia cuando la petición de amparo, como ocurre en el presente caso, se presenta por un representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que, en tal supuesto, resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE.
b) El derecho de acceso a los cargos públicos, como inequívocamente se desprende del inciso final del propio art. 23.2 CE, es un derecho de configuración legal correspondiendo a la ley (concepto en el que se incluyen los reglamentos parlamentarios) ordenar los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos públicos, pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que sus titulares podrán defender, al amparo del art. 23.2 CE, elius in officiumque consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos de los poderes públicos.
c) También caracteriza al precepto constitucional el amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el ejercicio del derecho, si bien su libertad tiene limitaciones que son, de una parte, las generales que impone el principio de igualdad y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza, y, de otra, cuando se trata de cargos públicos representativos, la necesidad de salvaguardar la naturaleza de la representación.
d) El derecho a acceder a los cargos públicos representativos no es, ante todo, y al igual que ocurre con el resto de los derechos, incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual de las formulaciones. Es, por el contrario, un derecho delimitado en su contenido tanto por su naturaleza como por su función.
Así pues, aunque el derecho se impone en su contenido esencial también al legislador, este podrá regularlo e imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese contenido y los imperativos del principio de igualdad, se ordenen desde la perspectiva constitucional a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad. Limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho que pueden provenir de las normas legales que lo regulen o incidan en el mismo y, por tanto, también de los aplicadores de dichas normas y, en especial, de los órganos judiciales; si bien, en este caso, tales injerencias, de conformidad con nuestra doctrina sobre los límites o restricciones que pueden sufrir los derechos fundamentales, han de estar previstas por la ley, han de responder a un fin constitucionalmente legítimo, han de ser adoptadas mediante resolución judicial especialmente motivada y, en fin, no han de manifestarse desproporcionadas en relación con la finalidad perseguida por ellas.
e) Este tribunal también ha declarado, en lo que interesa a las quejas que ahora nos ocupan, que la condición de miembro de una cámara legislativa y, por tanto, el derecho de representación política que conlleva, no es obstáculo para que, cuando concurran las condiciones constitucionales y legales necesarias, pueda acordarse y mantenerse en el tiempo su prisión provisional, pese a las restricciones de diversa naturaleza que le son inherentes.
B) Los criterios reseñados de la doctrina de este tribunal en relación con el contenido y límites del derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) son semejantes, como ya hemos tenido ocasión señalar desde la STC 155/2019 [FJ 15 B)], a los que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 3 del Protocolo adicional núm. 1 al Convenio relativo a un «derecho a elecciones libres».
El Tribunal Europeo Derechos Humanos tiene declarado que los derechos garantizados por el art. 3 del citado Protocolo, inherentes al concepto de sistema verdaderamente democrático, serían meramente ilusorios si los representantes electos o sus votantes pudieran ser privados de ellos arbitrariamente en cualquier momento. Además, ha sostenido sistemáticamente que el art. 3 garantiza el derecho de una persona a presentarse a las elecciones y, una vez elegida, a ocupar su escaño en el parlamento.
Reitera también que los derechos consagrados en dicho art. 3 no son absolutos, sino que pueden ser objeto de «limitaciones implícitas», disponiendo los Estados de un amplio margen de apreciación en este ámbito. Ahora bien, estas limitaciones no han de restringir los derechos en cuestión hasta el punto de menoscabar su propia esencia y privarlos de su eficacia; han de pretender alcanzar un objetivo legítimo; y los medios empleados han de ser proporcionados.
El Tribunal Europeo Derechos Humanos advierte, asimismo, que el art. 3 del mencionado Protocolo no impide que se imponga una medida de privación de libertad a un miembro del parlamento o a un candidato a elecciones parlamentarias. En otras palabras, entiende que la imposición de tal medida no constituye automáticamente una violación de este artículo. No obstante, habida cuenta de la importancia que reviste en una sociedad democrática el derecho a la libertad y seguridad de un parlamentario, los tribunales nacionales deben demostrar, en el ejercicio de su facultad discrecional, que al ordenar la detención preventiva inicial y/o continuada de una persona han ponderado los intereses pertinentes, en particular los de la persona en cuestión, salvaguardados por el art. 3 del Protocolo adicional núm. 1, frente al interés público que supone privar a esa persona de su libertad cuando así lo exija un procedimiento penal. Un elemento importante de ese ejercicio de ponderación es si los cargos tienen base política. La función del Tribunal Europeo Derechos Humanos consiste entonces en revisar las decisiones de los tribunales nacionales desde el punto de vista del Convenio, sin sustituir a las autoridades nacionales pertinentes (por todas, STEDH de 22 de diciembre de 2020, GS, asuntoSelahattin Demirtaş c. Turquía–núm. 2–, § 382 a 389 y sentencias allí citadas).
15.4 Resolución de la queja.
15.4.1 Consideraciones generales.
Los recurrentes, bajo la invocación del derecho de participación y representación política (art. 23 CE), no cuestionan la constitucionalidad de su prisión provisional, que en la demanda constituye un motivo de amparo distinto y sobre la que este tribunal ya se ha pronunciado con ocasión de los recursos que promovieron contra las decisiones judiciales que la acordaron (SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FFJJ 11 a 15, y 20/2020, de 13 de febrero, FFJJ 7 a 10). Sus quejas se contraen ahora a la incidencia de esa situación cautelar en aquel derecho fundamental, porque se les ha impedido el ejercicio de sus funciones como parlamentarios, al haberles denegado permisos penitenciarios para asistir a las sesiones de las cámaras a las que pertenecían; asimismo, por haberles impedido participar en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos en las campañas electorales de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019; y, en fin, por haberles suspendido, en aplicación del art. 384bisLECrim, en el ejercicio de sus cargos como miembros del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados y del Senado.
Una vez sintetizado el contenido de la queja que ahora corresponde resolver, previamente procede formular una consideración previa, dada su notable importancia. El objeto y el contenido de las resoluciones recurridas en amparo –la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, que les condena como autores de sendos delitos de sedición (arts. 544 y 545.1 CP) y de malversación de caudales públicos (art. 432 y 3 CP) y el auto de 29 de enero de 2020, que desestima los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos, entre otros, por los demandantes contra aquella sentencia– son ajenos a la quejas ahora formuladas, pues ni en aquella sentencia ni en este auto se efectúa pronunciamiento alguno sobre la concesión o denegación de permisos penitenciarios, la participación de los demandantes en las referidas campañas electorales, ni, en fin, sobre la suspensión en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados y del Senado. Las vulneraciones que los demandantes denuncian, de las que nos ocuparemos seguidamente, serían imputables, en su caso, a las resoluciones –judiciales y parlamentarias– que durante la tramitación de la causa penal denegaron los permisos penitenciarios que hubieran solicitado, impidieron su participación en condiciones de igualdad en aquellas campañas electorales y acordaron, en aplicación del art. 384bisLECrim, la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que ostentaban. En consecuencia, aun en la hipótesis de que se pudiera apreciar aquí que estas resoluciones –judiciales y parlamentarias– hubieran podido vulnerar el derecho de participación y representación política de los recurrentes, en ningún caso se podría dar satisfacción a la pretensión que formulan en elpetitumde la demanda de que se declare la nulidad de la sentencia y el auto impugnados, dada la ajenidad y falta de conexión de su objeto y contenido con este motivo del recurso de amparo, que ni los condiciona ni predetermina. De modo que los efectos de una supuesta inconstitucionalidad de aquellas resoluciones no podrían extenderse a la sentencia y al auto ahora recurridos.
15.4.2 La denegación de permisos penitenciarios.
a) Los demandantes estiman lesionados sus derechos políticos inherentes al ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento de Cataluña, primero, del Congreso de los Diputados y del Senado, después, y, en fin, del Parlamento Europeo, al haberles denegado reiteradamente los órganos judiciales –magistrado instructor y tribunala quo– permisos penitenciarios de salida para asistir, de forma más o menos ordinaria, a las sesiones de las cámaras a las que pertenecían.
Sin perjuicio de reiterar que los motivos que se indican en el párrafo anterior son ajenos las resoluciones que conciernen al presente recurso de amparo son ajenas, hemos de añadir, no obstante, que los recurrentes no identifican las resoluciones judiciales a las que sería imputable la vulneración que se denuncia –con la excepción a la que a continuación nos referiremos–, ni, lo que es sin duda, más relevante, rebaten mínimamente las razones en las que los órganos judiciales han podido fundar la denegación de los permisos solicitados, siendo claramente insuficiente la genérica e inconcreta calificación, sin más razonamiento, de aquellas resoluciones como desproporcionadas por la aplicación que han hecho de la prisión provisional. La falta de identificación y, sobre todo, la ausencia de reproches específicos y singulares a las referidas resoluciones, en atención a su contenido, supone, de acuerdo con una conocida doctrina constitucional, la omisión del deber de diligencia procesal que corresponde a los demandantes no solo de abrir la vía para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su queja, sino también de colaborar con la justicia constitucional mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que suscitan. En definitiva, este motivo de amparo carece del imprescindible desarrollo argumental en la demanda, lo que impide su consideración por parte de esta jurisdicción, al no cumplir el requisito mínimo exigible para que pueda ser tenido en cuenta como base de una posible pretensión de amparo. Como hemos señalado reiteradamente, no corresponde a este tribunal reconstruir de oficio la demanda de amparo, ni suplir las razones de las partes, sobre las que recae la carga de la argumentación, cuando aquellas no se aportan al recurso. En palabras de la STC 97/2020, «a quien recurre correspondía aportar el razonamiento que omitió y que el tribunal, ciertamente, no ha de articular mediante conjeturas propias» (FJ 3) (en este sentido, SSTC 123/2006, de 24 de abril, FJ 3; 80/2011, de 6 de junio, FJ 3; 23/2014, de 13 de febrero, FJ 6, y 9/2020, de 28 de enero, FJ 1, por todas).
b) En la demanda únicamente se cita, a título de ejemplo, el auto del magistrado instructor, de 12 de enero de 2018, que fue confirmado en apelación por auto de la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de marzo de 2018, que denegó al señor Junqueras, entonces diputado del Parlamento de Cataluña en situación procesal de prisión preventiva, el otorgamiento de los permisos de salida necesarios para asistir a los plenos de la Cámara con las medidas de seguridad que fuesen convenientes, especialmente, a la sesión de constitución del Parlamento convocada para el 17 de enero de 2018, así como a una posterior sesión de investidura del presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ambas resoluciones, las únicas recaídas en la causa especial núm. 20970-2017 sobre permisos penitenciarios que el señor Junqueras ha impugnado ante este tribunal, fueron objeto del recurso de amparo núm. 2327-2018, en el que recayó la STC 9/2020, de 28 de enero, a cuyos razonamientos hemos de remitirnos para reiterar que dichas resoluciones judiciales no lesionaron el derecho del demandante a la representación y participación política (art. 23 CE).
En síntesis, dijimos entonces (fundamentos jurídicos 5 a 7), y en ello hemos de insistir ahora, que «las decisiones judiciales cuestionadas en este proceso de amparo, por las que se denegó al recurrente la autorización solicitada para ser excarcelado y asistir al Parlamento de Cataluña para su sesión constitutiva y la de investidura, no son la fuente directa de las limitaciones que fundamentan su queja, sino que estas derivan de una previa y legítima situación de prisión provisional; por más que el modo de ejercicio de tales funciones representativas se haya mantenido restringido, y en esta medida afectado, como consecuencia de la denegación que se cuestiona». Precisamos que no es a este tribunal «sino a los órganos de la jurisdicción ordinaria a quienes en primer lugar compete determinar en cada caso, atendidas las circunstancias concurrentes, cuáles son esos otros “importantes y comprobados motivos” [art. 47.1 LOGP] que pueden dar lugar a la concesión de permisos extraordinarios». En este aspecto particular destacamos que «las resoluciones judiciales impugnadas no niegan la posibilidad abstracta de obtener permisos extraordinarios de salida para ejercer funciones propias del cargo representativo obtenido, sino que, en este caso, la denegación de su autorización se fundamenta en atención a las circunstancias objetivas concurrentes, a la naturaleza de los delitos que se imputan y a la apreciación actualizada de riesgo de reiteración delictiva».
Desde la perspectiva de control que nos corresponde, afirmamos que «la ponderación efectuada por las resoluciones judiciales impugnadas es conforme con las exigencias de proporcionalidad en la afectación a los derechos fundamentales», pues «con la motivación desarrollada –que toma en consideración, por un lado, la relevancia del derecho fundamental subjetivo limitado y su conexión con intereses objetivos esenciales en un sistema de democracia parlamentaria y, por otro, los intereses constitucionales que la decisión está llamada a salvaguardar– es preciso concluir que la prevalencia de estos últimos determina, atendiendo a las circunstancias del caso, la necesidad de un sacrificio de los primeros y de desechar la posibilidad de haberse accedido a la solicitud del demandante».
En definitiva, consideramos que «los órganos judiciales, con la inmediación que es propia en el ejercicio de sus funciones, han ponderado de manera constitucionalmente adecuada la concurrencia de datos objetivos y constatables que permiten fundamentar la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva». Asimismo, el tribunal observó que, «en el presente caso, también se fundamenta en evidencias de hechos objetivos y constatables la afirmación de la posibilidad de que la concesión de la autorización instada por el recurrente, y las conducciones que esto comportaría entre el centro penitenciario y el Parlamento de Cataluña, pudieran suponer una alteración de la seguridad pública cuya magnitud permite justificar la privación al demandante del ejercicio de la función representativa en actos que estaba previsto desarrollar, pese a su trascendencia y singularidad especial en el orden parlamentario».
Al margen de lo anterior, valoramos de igual manera que «las resoluciones judiciales impugnadas ponderaron la repercusión que la decisión de denegar la autorización a los investigados para asistir a las sesiones del Pleno del Parlamento de Cataluña pudiera tener sobre una conformación de la voluntad de este órgano respetuosa con los resultados electorales, por lo que se permitió que por el Parlamento de Cataluña se habilitasen los instrumentos precisos para que el demandante de amparo pudiera acceder a la condición de diputado a pesar de la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraba, así como para que pudiera delegar su voto, si la mesa de la Cámara no contaba motivo alguno para oponerse a ello».
La delegación de voto del señor Junqueras fue autorizada por la mesa de la Cámara por acuerdo de 20 de enero de 2018, y la del señor Romeva, acordada su prisión provisional siendo ya diputado por auto del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018, también fue autorizada por acuerdo de la mesa de 26 de marzo de 2018.
c) En la demanda se tilda de incongruente que se les permitiera a los recurrentes presentarse como candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, así como asistir a las sesiones constitutivas de las respectivas cámaras el día 21 de mayo de 2019 para tomar posesión de sus actas y, sin embargo, se les impidiese después el ejercicio de sus funciones como parlamentarios. A pesar de la falta de referencia en la demanda a alguna concreta resolución judicial que hubiera impedido a los demandantes el ejercicio de sus funciones como diputado, en un caso, y senador, en otro, es suficiente para poner de manifiesto la absoluta carencia de fundamento de esta alegación con advertir que fueron suspendidos en sus cargos públicos, en aplicación del art. 384bisLECrim, con efectos desde el 21 de mayo de 2019 –fecha en la que adquirieron la condición de miembros de una y otra Cámara– por sendos acuerdos de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 24 y 29 de mayo de 2019, respectivamente. Circunstancia temporal que revela la improcedencia de cualquier eventual concesión de un permiso penitenciario para el ejercicio de unas funciones parlamentarias en el que habían sido suspendidos.
Respecto a la condición de diputado electo del Parlamento Europeo del señor Junqueras, es cierto que, hallándose en situación de prisión provisional, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 14 de junio de 2019, le denegó la concesión de un permiso extraordinario de salida para asistir a la Junta Electoral Central a fin de cumplimentar los trámites exigidos por el art. 224 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general y evitar que su escaño fuera declarado vacante. Este auto, como ya se ha indicado, es objeto de un recurso de amparo distinto (núm. 1523-2020) al ahora enjuiciado, por lo que no resulta procedente ni, por consiguiente, cabe esperar aquí ningún pronunciamiento de este tribunal respecto al mismo por ser ajeno al objeto de este proceso.
d) Los demandantes concluyen sus alegaciones en relación con esta primera queja afirmando, sin hacer mención expresa a ninguna resolución judicial, que la vulneración de sus derechos políticos se ha producido también por la negativa a trasladarles a cárceles situadas en Cataluña y por verse privados de acceso a internet.
En cuanto a la denegación del traslado a un centro penitenciario en Cataluña, hemos de reiterar, al igual que ya hicimos con una queja semejante en la STC 9/2020 (FJ 1), que la respuesta jurisdiccional que se les ha dado en la vía judicial previa (entre otros, autos del magistrado instructor de 12 de enero y 14 de junio de 2018), en el sentido de que el instructor no es competente para definir el concreto centro penitenciario en el que deben quedar confinados los recurrentes, debiendo formular esa reclamación ante la autoridad penitenciaria (arts. 79 LOGP y 31 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario), no ha sido controvertida en la demanda de amparo mediante el necesario soporte argumental que hubiera permitido a este tribunal conocer las razones de su impugnación. Como ya hemos señalado no le corresponde a esta jurisdicción reconstruir de oficio la demanda de amparo, ni suplir las razones de las partes, sobre las que recae la carga de la argumentación, cuando aquellas no se aportan al recurso.
En lo que atañe al uso de internet en el centro penitenciario, en modo alguno se acredita que los demandantes hubieran sido privados de la posibilidad de acceder a internet en las condiciones previstas en el régimen ordinario del centro penitenciario, máxime cuando el magistrado instructor autorizó su uso a otros imputados en la causa e internos en el mismo centro (en este sentido, STC 36/2020, FJ 6). En consecuencia, al no satisfacer los recurrentes su deber de acreditar el sustrato fáctico de la lesión que denuncian, también debe decaer su queja en este extremo.
15.4.3 La participación en campañas electorales.
a) El derecho de participación y representación política de los recurrentes también habría resultado vulnerado por decisiones tomadas por distintos organismos que les impidieron el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos durante la campaña electoral de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y, además, para el señor Junqueras durante la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019.
Dos de las decisiones identificadas en la demanda a las que se le imputa la lesión denunciada –el acuerdo del secretario general de Instituciones Penitenciaras de 10 de abril de 2019 y el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de abril de 2019, recaído en el expediente núm. 293-930– resultan totalmente ajenas a la causa penal en la que se han dictado las resoluciones judiciales impugnadas en amparo –STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, y auto de 20 de enero de 2020–, a las que en ningún caso sería atribuible la supuesta lesión que se denuncia. Incluso la revisión jurisdiccional de aquellos acuerdos no corresponde a los tribunales del orden penal, sino a los del orden contencioso-administrativo. Además, se afirma en la propia demanda que el citado acuerdo de la Junta Electoral Central fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que reconoció que no existía razón alguna que justificara la limitación del derecho de sufragio del señor Junqueras. La falta de idoneidad de los referidos acuerdos para ser objeto del presente recurso de amparo nos exime, sin necesidad de entrar en otro tipo de consideraciones, de cualquier pronunciamiento sobre los mismos en esta sentencia.
b) Por su parte, el auto de la Sala de enjuiciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2019, que se cita en la demanda de amparo, no deniega una solicitud de permiso penitenciario de salida, como en aquella se dice, sino una nueva petición de los recurrentes, entre otros encausados, para que se dejase sin efecto su prisión provisional. La sala se remite así en el referido auto a resoluciones precedentes, entre ellas al auto de 25 de enero de 2019, dictadas «al resolver las sucesivas peticiones que han sido formuladas en el mismo sentido», en las que se había pronunciado como órgano de enjuiciamiento sobre los presupuestos que justificaban el mantenimiento de la prisión preventiva. Considera que «[l]as razones sobrevenidas que ahora son alegadas por las defensas para reivindicar el cese de la medida cautelar que afecta a los acusados, no son atendibles», concurriendo, «[p]or si fuera poco un elemento de indispensable ponderación que aconseja descartar la libertad interesada. En efecto –continúa el auto– el juicio oral está en pleno desarrollo. Se ha celebrado ya un número importante de sesiones. La desatención al llamamiento judicial para la continuación de las sesiones del plenario, introduciría una importante disfunción, frustrando el sentido de toda medida cautelar privativa de libertad, que se orienta, precisamente, a asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del juicio oral».
En lo que ahora interesa, la sala desestima como argumento en favor de una modificación de la situación personal de algunos acusados el hecho de que sean candidatos a las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y a las europeas de 26 de mayo de 2019. Tras afirmar, con una nueva remisión al auto de 25 de enero de 2019 y con cita de la STEDH de 20 de noviembre de 2018, asuntoSelahattin Demirtaş c. Turquía, que el hecho de que un procesado sea miembro o candidato a un Parlamento «no excluye la prisión preventiva que, por sí misma, no implica una vulneración de sus derechos políticos», estima que «[l]os presupuestos para el mantenimiento de la medida preventiva de libertad –analizados con detalle en esta resolución, como en otras anteriores de esta Sala– continúan concurriendo y lo hacen, según hemos explicado, con especial fuerza si valoramos el momento del juicio en el que nos encontramos».
Por consiguiente, la sala concluye que «el mantenimiento de la privación de libertad es proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados. La decisión misma de presentarse como candidato es una manifestación de este derecho esencial consagrado en el artículo 23 CE y una muestra de que los acusados son plenos titulares del mismo» (fundamentos de Derecho 2 y 3).
El auto transcrito es coherente con la finalidad justificativa de la prisión provisional adoptada y expresa una ponderación de los derechos e intereses constitucionales en juego, lo que impide calificar las limitaciones cuestionadas, en principio, como injustificadas, desproporcionadas o inequitativas (en este sentido, STC 36/2020, FJ 5). En todo caso, la demanda de amparo se limita a citar el referido auto, sin ofrecer razonamiento alguno que rebata o cuestione la ponderación llevada a cabo por el órgano judicial, incumpliendo los recurrentes de nuevo su deber de ofrecer la debida carga argumental para que la lesión denunciada pueda ser enjuiciada por este tribunal.
c) No obstante, a mayor abundamiento, como ya hemos tenido ocasión de declarar con quejas similares suscitadas por otros acusados en el mismo proceso penal, no resulta ocioso recordar que los demandantes de amparo, cuando fueron designados candidatos a las elecciones generales y europeas, eran plenamente conscientes de las consecuencias de su situación de prisión provisional y, por consiguiente, no podían esperar «razonablemente que se les permitiera participar en esas elecciones sin ninguna restricción, en pie de igualdad con otros candidatos que no eran objeto de proceso penal alguno» (STEDH de 20 de diciembre de 2016, asuntoUspaskich c. Lituania). Los demandantes de amparo han participado directa e indirectamente en la campaña electoral de las elecciones generales y europeas (véase, en este sentido, entre otros, acuerdos de la Junta Electoral Central de 16, 22 y 25 de abril de 2019 y de 9 y 16 de mayo de 2019, respectivamente). Si bien no han podido hacerlo presencialmente en los mítines convocados al efecto, no es cierto, sin embargo, que no hayan podido transmitir en ningún momento de manera efectiva sus propuestas electorales a los ciudadanos. De otra parte, la prisión provisional no era incomunicada, de manera que han contado con las posibilidades ordinarias de comunicación exterior reconocidas en el ordenamiento penitenciario a los presos preventivos. Y, en fin, no se puede dejar de tomar en consideración que los demandantes eran líderes políticos conocidos, así como que la formación política que ha presentado las candidaturas de las que han formado parte y el resto de los miembros que las integraron pudieron trasladar al electorado, indirectamente, pero de forma efectiva, sus propuestas políticas (STC 36/2020, FJ 5).
En consecuencia, por las razones expuestas esta segunda queja del presente motivo de amparo ha de igualmente ser desestimada.
15.4.4 La suspensión en el ejercicio de cargos públicos.
15.4.4.1 Los recurrentes impugnan en relación con la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que ostentaban durante la tramitación de la casusa especial núm. 20907-2017, por la aplicación del art. 384bisLECrim, el auto del magistrado instructor, de 9 de julio de 2018, confirmado en apelación por el auto de la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2018, que acordó comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de sus funciones como miembros de la Cámara, y los acuerdos de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 24 y de 29 de mayo de 2019, confirmados en reconsideración por sendos acuerdos de 11 de junio de 2019, que suspendieron, respectivamente, al señor Junqueras en el ejercicio del cargo de diputado y al señor Romeva en el de senador.
En la demanda vuelven a reproducir las alegaciones que efectuaron en el recurso de amparo que en su día interpusieron contra aquellos autos; esto es, la vulneración del derecho al ejercicio de cargo público representativo (art. 23.2 CE), por considerar que el art. 384bisLECrim es contrario a este derecho fundamental y por estimar que, en todo caso, no concurrían los presupuestos legales para su aplicación –la firmeza del auto de procesamiento y que los hechos investigados fueran constitutivos de un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes–. A estas quejas añaden ahora que la aplicación del citado precepto, por una parte, no puede corresponder a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, sino a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al implicar una pérdida de derechos fundamentales, habiendo resultado lesionado, en consecuencia, su derecho de representación política (art. 23.2 CE); y, por otra, que resulta contraria al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al imponerse automáticamente la medida de suspensión, sin que exista sentencia condenatoria.
Este tribunal se ha pronunciado ya sobre la constitucionalidad del art. 384bisLECrim y sobre la concurrencia de los presupuestos legales para su aplicación a algunos de los procesados en la causa especial núm. 20907-2017 en las SSTC 11 y 38/2020, de 28 de enero, que desestimaron, la primera, el recurso de amparo interpuesto entonces por los ahora demandantes, y, la segunda, el promovido por otros procesados contra los mismos autos del magistrado instructor y de la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El tribunal entiende que no concurren razones para reconsiderar la doctrina constitucional recogida en ambas sentencias sobre el art. 384bisLECrim, ni resulta convincente a este respecto la argumentación expuesta de la demanda, por lo que procede remitirse a los razonamientos de la STC 11/2020 (FFJJ 7 a 9), para reiterar que las citadas resoluciones judiciales, con base en las quejas entonces formuladas y que ahora se vuelven a reproducir, no resultan lesivas del derecho de representación política de los demandantes de amparo.
En síntesis dijimos entonces sobre la constitucionalidad del art. 384bisLECrim, con base en las conclusiones que extrajimos de la STC 71/1994, de 3 de marzo, que «el precepto legal no configura una suspensión del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE en el sentido del art. 55 CE» y que, por el contrario, «engarza directamente en los derechos del art. 23.2 CE como derechos de configuración legal […], pues “[e]n definitiva, la regla enjuiciada no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los requisitos para el mantenimiento en el ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por delito por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”»; que «[l]a medida en cuestión no es autónoma sino que surge de la confluencia de dos factores: la situación de prisión provisional; y el procesamiento por delito cometido por persona integrada o relacionada “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”»; por lo que concluíamos «reconociendo la legitimidad constitucional de la medida en función de la conjunción de los dos elementos o factores referidos», de modo que «“el supuesto contemplado en el art. 384bisbien puede ser visto por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por esos delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que suponga ejercicio de tal función o cargo”. El requisito negativo de no hallarse en situación de prisión provisional por aquellos delitos es “una condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE”».
Tras definir el canon de control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales impugnadas, afirmamos que la respuesta ofrecida por el Tribunal Supremo respecto al presupuesto legal para la aplicación del art. 384bisLECrim consistente en la firmeza del auto de procesamiento lo superaba, pues «la provisionalidad de la calificación jurídica contenida en el auto de procesamiento no contradice la noción de firmeza, en cuanto este concepto cobra todo su sentido al hacerse equivalente a inimpugnabilidad formal de tal resolución judicial, cuando contra ella no cabe recurso alguno, bien por haber dejado transcurrir el plazo para recurrir bien por haberse rechazado el último recurso disponible según la legislación procesal, como sucedió en el caso examinado en relación con los demandantes de amparo».
Por lo que se refiere al presupuesto legal de que el procesamiento y la prisión provisional tengan su causa en la imputación de un «delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», consideramos que las resoluciones judiciales impugnadas «ofrecen una respuesta a esta cuestión respetuosa con la doctrina constitucional y que cumple con las exigencias de suficiencia y razonabilidad que hemos señalado». Argumentamos al respecto que «[a]l incluir dentro del ámbito de protección de la norma a los recurrentes en tanto que procesados por presunta participación de un delito de rebelión, las resoluciones judiciales cuestionadas no se apartan del tenor literal y del significado gramatical de la norma, respetan el contenido de la STC 71/1994, y no incurren en aplicación extensiva del precepto legal», pues la citada sentencia «no vincula la restricción legal del derecho fundamental de que se trata con el empleo de armas o explosivos por la persona procesada o por el grupo u organización en la que presuntamente se integra o con la que se relaciona». «Lo determinante –proseguíamos– es que la medida se inserta en la persecución de “delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático tal como ha encontrado reflejo en el propio texto constitucional”», de modo que «el juicio de subsunción efectuado por el Tribunal Supremo, al entender incluidos a los procesados por el delito de rebelión al que provisionalmente apuntaban los indicios, delito en cuya definición legal aparece en primer lugar la finalidad de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” (art. 472.1 del Código penal), no puede calificarse de arbitrario, irrazonable ni incurso en error patente» [FJ 9 B)].
En consecuencia, concluimos que «la interpretación llevada a cabo [del art. 384bisLECrim] por las resoluciones judiciales impugnadas respetó la exigencia constitucionalexart. 23.2 CE de motivación suficiente y razonable».
15.4.4.2 Tampoco puede prosperar la denunciada vulneración del derecho al ejercicio del cargo representativo (art. 23.2 CE) por la supuesta falta de competencia de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado para aplicar el art. 384bisLECrim, debiendo adoptarse la medida de suspensión, según los recurrentes, por la jurisdicción penal, en este caso, por la sala de enjuiciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Una queja idéntica a la ahora suscitada ha sido desestimada en la STC 97/2020 frente a los mismos acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que declararon «automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso», además del ahora recurrente en amparo señor Junqueras, a otros tres diputados procesados también en la causa especial núm. 20907-2017.
Declaramos en la citada sentencia que no cabía censura jurídica-constitucional alguna por el hecho de que la mesa del Congreso de los Diputados, pronunciamiento que es lógicamente extensible ahora a la mesa del Senado, procediera a la aplicación de la medida de suspensión del art. 384bisLECrim. Razonamos al respecto que «“la peculiaridad que presenta la medida […] reside en que surge automáticamenteex lege,sin dejar margen alguno en su aplicación más allá de la verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal medida”, sin que “los órganos llamados a aplicarla o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o modularla” (STC 11/2020, FJ 8)». De modo que «[l]a suspensión de que se trata no trae causa jurídica directa de una resolución judicial, que aquí, por tanto, no cabe echar en falta, sino de un mandato legal imperativo, y de cumplimiento inexcusable, ligado a la adopción de sendas resoluciones que sí tienen aquel carácter jurisdiccional, procesamiento en firme y prisión provisional en las causas por los delitos que el precepto dice, de modo que a los órganos judiciales no les corresponde sino comunicar a quienes hayan de hacer efectiva la medida el dictado en el procedimiento penal de las decisiones determinantes de la misma o hacer lo propio, respecto de cualquier otra resolución judicial que modificara uno u otro de los presupuestos legales de la suspensión, suspensión que, una vez declarada inicialmente por quien corresponde, ha de ser de nuevo aplicada, también por quien proceda, si el afectado accediere a otra función o cargo público». En este caso, concluye la sentencia, ni siquiera era necesario, en rigor, una explícita comunicación judicial para que la mesa del Congreso de los Diputados, y lo mismo cabe decir ahora también de la mesa del Senado, procediera a la aplicación de la medida de suspensiónexart. 384bisLECrim [FJ 6 C) a)] una vez que los demandantes de amparo hubieran adquirido, respectivamente, la condición de diputado y senador.
Y, en fin, igual suerte desestimatoria ha de merecer la invocada lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues «[n]i el artículo 384bisLECrim establece sanción o pena alguna», ni su aplicación por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado ha deparado la condena de los demandantes. «El precepto legal no es una norma punitiva, sino establecedora de una medida provisional vinculada, de manera inmediata y necesaria a otras previas –procesamiento firme y prisión provisional– adoptadas por la autoridad judicial» [STC 97/2020, FJ 5 B); con cita de las SSTC 71/1994, FJ 7; 11/2020, FJ 9 B), y 38/2020, de 25 de febrero, FJ 6].
Por las razones expuestas ha de ser desestimado este motivo del recurso de amparo.
16. La individualización de la pena impuesta: el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales (arts. 24.1 y 120 CE) y del derecho a un proceso equitat