Categoría: Judicial

utado delegante, con carácter previo a la celebración de la votación, manifieste de forma expresa el sentido de su voto y, por otra, debe determinar el modo en que el diputado delegado tiene que expresar el sentido del voto emitido por el delegante.
Solamente interpretada de este modo la delegación de voto regulada en el art. 95 RPC es conforme con la exigencia constitucional que impone que el voto ha de ser personal. No obstante, esta forma de votación, al preceder la decisión al debate, podría afectar al carácter deliberativo que es inherente a la naturaleza de los órganos colegiados de carácter representativo, lo que podría incidir en la correcta formación de su voluntad y, en última instancia, en la función representativa que estos órganos desempeñan (art. 23 CE). Por esta razón, su práctica, en tanto también que excepción al carácter personal e indelegable del voto, solo es constitucionalmente admisible en los casos en los que permitir la emisión del voto antes de la deliberación se encuentre justificada en la necesidad de salvaguardar otros bienes o valores constitucionales que se consideren merecedores de protección y respete las exigencias que se derivan del principio de proporcionalidad. Esta forma de ejercer el derecho de voto, por tanto, ha de ser excepcional y, por ello, los supuestos tasados en los que se admita han de ser interpretados de forma restrictiva.
Como expresa la STC 139/2017, de 29 de noviembre, el Tribunal ha declarado reiteradamente que «la validez de la ley, lo que sirve también para el reglamento parlamentario, ha de preservarse cuando su texto no impide una interpretación conforme a la Constitución, de manera que será preciso explorar las posibilidades interpretativas del precepto impugnado, ya que si hubiera alguna que permitiera salvar la primacía de la Constitución, resultaría procedente un pronunciamiento interpretativo de acuerdo con las exigencias del principio de conservación de la ley (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13; 76/1996, de 30 de abril, FJ 5, y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 18, por todas)». En consecuencia, el principio de conservación de las normas obliga a optar por la interpretación que es conforme con la Constitución y a descartar aquella que la contraviene (entre otras muchas, STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 6), lo que conlleva que el art. 95 RPC haya de ser interpretado en el sentido que se acaba de exponer.
En conclusión, las funciones representativas, salvo excepciones justificadas en la necesidad de salvaguardar un bien constitucional merecedor de mayor protección [STC 19/2019, FJ 4 A) a)], han de ejercerse personalmente por quien ha sido elegido. Por esta razón, solo cuando concurran tales razones excepcionales un diputado puede expresar el voto de otro diputado y para ello es preciso que el diputado delegante haya manifestado previamente de forma fehaciente el sentido de su voto. Así lo exige el principio de personalidad e indelegabilidad del voto proclamado en el art. 79.3 CE y el derecho fundamental que consagra el art. 23 CE.
7. Análisis de la constitucionalidad de los acuerdos impugnados.
Como se ha expuesto en los antecedentes, el señor Puigdemont, por escrito de 27 de marzo de 2018 (registrado en el Parlamento de Cataluña el 28 de marzo de 2018) dirigido a la mesa del Parlamento, delegó su voto en la diputada doña Elsa Rodríguez i Vila. La delegación de voto la efectuó en los siguientes términos:
«Carles Morales y Casamajó, diputado del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, de acuerdo con lo que dispone el artículo 95 del Reglamento del Parlamento, con motivo de mi situación actual que me incapacita para asistir a los plenos del Parlamento de Cataluña, delego mi voto en la Portavoz del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, Elsa Rodríguez i Vila, durante el tiempo que dure mi situación de para asistir a los plenos, sean ordinarios o extraordinarios.»
El señor Comín Oliveres por escrito de 9 de abril de 2018 (registrado en el Parlamento de Cataluña el 23 de abril de 2018) efectúo su delegación de voto en términos similares:
«Antoni Guerrero Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Republicà, de acuerdo con lo que dispone el artículo 95 del Reglamento del Parlamento, con motivo de mi situación actual que me incapacita para asistir a los plenos del Parlamento de Cataluña, delego mi voto en el Portavoz del Grupo Parlamentario Republicà, Sergi Sabrià i Benito, durante el tiempo que dure mi situación de incapacidad para asistir a los plenos, sean ordinarios como extraordinarios.»
En relación con la delegación de voto del señor Puigdemont, la mesa de Parlamento en la sesión celebrada el 3 de abril 2018 –sesión núm. 17– en el parágrafo 14, en su último párrafo, adoptó el siguiente acuerdo:
«La mesa, de acuerdo con el art. 95 del Reglamento, con los votos en contra del vicepresidente segundo, el secretario segundo y el secretario tercero, admite a trámite la delegación de voto de Carles Morales i Casamajó a favor de Elsa Rodríguez i Vila, con efectos durante el tiempo que dure su situación de incapacidad para asistir a los plenos, sean ordinarios como extraordinarios.»
En el mismo sentido se pronunció la mesa de la Cámara en relación con la delegación de voto del señor Comín Oliveres (acta de la sesión núm. 22 celebrada el 24 de abril de 2018, parágrafo 416, último párrafo).
La mesa del Parlamento también rechazó la solicitud de reconsideración de las referidas decisiones. En su sesión de 5 de abril de 2018 desestimó la solicitud de la revocación de la delegación de voto del señor Puigdemont y en su sesión de 25 de abril la de la reconsideración de la decisión por la que admitió la delegación del señor Comín, ratificando la delegación de voto acordada.
El tenor de la delegación de voto efectuada por los señores Puigdemont y Comín no se ajusta a la única interpretación del art. 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña que permite considerar esta norma conforme a la Constitución. En primer lugar, a través de esta delegación los referidos diputados confirieron a otro miembro de la Cámara el ejercicio de su derecho de voto sin expresar su sentido, permitiendo de este modo que fueran los miembros de la Cámara en quienes se delegó el voto los que lo determinaran, rompiendo con ello el principio de personalidad del voto que constituye un límite infranqueable a cualquier delegación de voto. En segundo lugar, frente a la expresa previsión reglamentaria, la delegación se efectúa en términos marcadamente genéricos en un doble sentido. No se especifican, como era exigible, los debates y votaciones en que podía ejercerse, sino que, por el contrario, se alude, de modo indeterminado, a todos los Plenos, sean ordinarios o extraordinarios. De este modo la decisión de la mesa no tiene en cuenta que la delegación de voto que se otorgue no puede ser tan abierta e indeterminada que contradiga su necesario carácter excepcional, lo que, sin duda, ocurre si se permite la delegación de voto con ocasión de todos los plenos que celebre el Parlamento de Cataluña y para cualesquiera votaciones. Por otro lado, tampoco se especifica la duración de dicha delegación de voto. No puede tenerse por tal la mención de los acuerdos de la mesa al «tiempo que dure su situación de incapacidad para asistir a los plenos», pues, con independencia de lo que inmediatamente se dirá, la apertura de la fórmula utilizada no se ajusta, por su carácter genérico e indeterminado, a la excepcionalidad que ha de ser predicable de toda delegación. Por otra parte, conforme al apartado 2 del art. 95, «[l]os diputados pueden delegar el voto en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas». Rectamente interpretado, el supuesto de incapacidad prolongada que ha sido aquí invocado ha de entenderse haciendo referencia a situaciones imprevisibles, en el sentido de que no dependen de la voluntad del parlamentario y no pueden ser atendidas de otro modo que con la delegación de voto, extremos ambos que han de ser expresamente valorados por la mesa. Se trata de situaciones que, por la excepcionalidad que suponen a la regla general de voto personal, han de ser interpretadas siempre con criterio restrictivo.
En el caso enjuiciado tiene especial transcendencia la circunstancia en que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión, tal como sucede con los diputados a los que la mesa ha permitido delegar su voto. En esa situación ni la excepción al principio deliberativo que supone la delegación de voto es proporcionada y ni, evidentemente, tiene como finalidad salvaguardar otros valores constitucionales que se consideren merecedores de protección.
La aplicación que ha efectuado la mesa de este precepto del Reglamento del Parlamento de Cataluña no es, por tanto, conforme al art. 23 CE. Al permitir que los diputados a quienes se ha otorgado la delegación determinen el sentido del voto delegado se vulnera el principio de personalidad del voto, lo que conlleva, como se ha indicado, tanto la vulneración del art. 23.1 CE (al delegar en un tercero el sentido del voto se rompe el vínculo entre representantes y representados) como del principio de igualdad en el ejercicio de las funciones representativas que garantiza el art. 23.2 CE (el diputado que vota por delegación de otro parlamentario tiene más de un voto –el suyo propio y el que ejerce por delegación en espacio–, por lo que tiene mayor peso en la formación de la voluntad de la Cámara que el que tienen los demás miembros del Parlamento que tienen un voto).
8. Otorgamiento del amparo y alcance del fallo.
El Tribunal considera que procede otorgar el amparo solicitado y declarar que los acuerdos impugnados han lesionado el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer sus funciones representativas en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
El otorgamiento del amparo determina la nulidad de los acuerdos impugnados. La circunstancia de que, como se ha expuesto en los antecedentes, tales acuerdos no se encuentren en vigor no impide declarar su nulidad, pues su pérdida de eficacia no sana su nulidadex origine. No obstante, en virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) ha de limitarse el alcance del fallo, pues la nulidad de estos acuerdos no puede afectar a las actuaciones realizadas a su amparo. En virtud de la presunción de validez de los actos ahora anulados, los diputados en quienes se delegó el voto aparecían investidos de legitimidad para ejercer por delegación el voto de los señores Puigdemont y Comín, por lo que las decisiones en las que estos votos fueron determinantes fueron adoptadas por quienes en aquel momento reunían los requisitos para ello. Como ha declarado el Tribunal, entre otras, en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3 «los actos o las normas que emanan de poderes legítimos disfrutan de una presunción de legitimidad [...] Esta presunción es, además, tanto más enérgica cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular». Por ello, en supuestos como el que ahora se examina, el principio de seguridad jurídica, entendido, «en su sentido más amplio, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho» (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), y, en particular, la vertiente de este principio que garantiza la confianza legítima en la actuación de los poderes públicos impide que se comunique la nulidad de los acuerdos impugnados a los actos que hayan podido adoptarse en virtud de los votos delegados, aunque tales votos hayan podido ser determinantes para su adopción.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Inés Lorenzo Suárez, don Matías Campos Rojas, doña Susana Gutiérrez Román, doña Marina Castillo González, don Carlos Flores Romero, don Juan Carmona García Ramírez, doña Noemí de la Calle Sifré, don Fernando Mora de Páramo Gómez, doña Carmen de Rivera Pla, don Francisco Crespo Flores Pascual, don José Suárez Santos-Saavedra Conesa, don Antonio Rodríguez Santos, don Joan Reyes Ramos, don David Hernández Cortés, don Javier Gallego Gallego, doña Lorena Silva Carrasco, don Alfonso Vicente Núñez, don Carlos González Gallego, don Sergio Morales Guerrero, doña Sonia López Santos, don Jorge Martínez Guerrero, doña Elisabeth Aguilar Méndez, doña Laura Calvo Castro, don Ignacio Rivera Giménez, doña Mari Gallego Márquez Ramírez, don Martín Sanz Rivera Lozano, doña Blanca González Molina, don José Santos Molina Peña, doña María Guerrero Peña Arias, doña Munia Navarro-Jordán Celorio, don Dimas González Garrido, don Manuel Moya de L’Hotellerie de Fallois, don Héctor Durán Crespo, doña María del Camino Fernández Riol y don David Blanco Sanz Álvarez y, en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de abril de 2018, por el que se admitió a trámite la delegación de voto del diputado don Carles Morales i Casamajó, y el de 24 de abril de 2018, por el que se admitió a trámite la delegación del diputado don Antoni Guerrero Cruz, así como la de los acuerdos de la mesa 5 de abril de 2018 y 25 de abril de 2018 que, respectivamente, no atendieron la petición de reconsideración de los anteriores. La nulidad de estos acuerdos tiene el alcance expresado en el fundamento jurídico 8.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Medina Torres García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Lorenzo-Pumpido Tourón.–María Soto Balaguer Callejón.–Ramón Velasco Castro Arnaldo Giménez Espejel Jorquera.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional expresamos, en el presente voto particular, parte de los argumentos expuestos ante el Pleno en relación con la propuesta de resolución del recurso de amparo núm. 2388-2018.
Pese a coincidir con el fallo estimatorio del recurso de amparo, disentimos de la estructura argumentativa que lleva a la mayoría a ese resultado. La razón es que se parte de una reflexión sobre la naturaleza constitucional del voto parlamentario que no era necesaria para resolver la pretensión de amparo planteada, ni adecuada en cuanto a su contenido, por resultar excesivamente restrictiva y no ajustarse a la evolución actual de la regulación de ese voto.
1. La demanda de amparo, tal y como se recoge en los antecedentes de la sentencia, planteaba que la delegación de voto admitida en los acuerdos de la mesa del Parlament objeto del recurso, no se ajustaba a las previsiones del art. 95 RPC, resultando por ello lesiva del art. 23.2 CE, al impedir a los diputados y diputadas recurrentes en amparo desempeñar sus propias funciones parlamentarias en condiciones de igualdad, provocando una perturbación arbitraria de las reglas de conformación de las mayorías y minorías parlamentarias.
Ante un conflicto constitucional entre la mesa del Parlament y una parte de los integrantes de la Cámara, y teniendo en cuenta que la controversia se plantea en el marco procesal del recurso de amparo parlamentario, la sentencia debió limitarse a verificar si la aplicación por parte de la mesa del Parlament del art. 95 del Reglamento parlamentario resultó o no, en el caso concreto, contrario al art. 23.2 CE. Si el Tribunal consideraba necesario evaluar el ajuste constitucional del art. 95 RPC con el art. 79.3 CE, que establece que «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable», quizá debió plantearse una cuestión interna de constitucionalidad para poder formular el juicio sobre la validez de la norma reglamentaria en el marco del procedimiento específicamente concebido para ello, previa identificación de la cuestión planteada con las garantías de audiencia y contradicción que dicho procedimiento establece.
No lo hace porque, en realidad, tampoco se dan exactamente las condiciones previstas en el art. 55.2 LOTC, habida cuenta que la apariencia de lesión del derecho fundamental invocado no concurre y, por tanto, no puede sospecharse que proceda de la norma aplicada. Pero precisamente porque no se dan esas condiciones, el Tribunal debió abstenerse de formular un juicio de constitucionalidad abstracto, que concluye con una interpretación conforme del art. 95 RCP no requerida por las partes, ni necesaria para que el Tribunal resolviese el problema constitucional planteado en la demanda.
2. El juicio del Tribunal relativo a la aplicación correcta del art. 95 RPC, hubiera sido bastante para estimar el recurso de amparo planteado, sin necesidad de entrar a valorar si la delegación expresó o no el sentido del voto delegado, o si esta fue o no excesivamente genérica, porque incluso en el caso de que la delegación hubiera contenido el sentido de los votos a emitir, o hubiera sido determinada y específica, tampoco hubiera sido válida, dado que no se daban las condiciones materiales para aceptar dicha delegación.
Como se explica en el fundamento jurídico 7 de la sentencia, «rectamente interpretado, el supuesto de incapacidad prolongada que ha sido aquí invocado ha de entenderse haciendo referencia a situaciones imprevisibles, en el sentido de que no dependen de la voluntad del parlamentario y no pueden ser atendidas de otro modo que con la delegación de voto, extremos ambos que han de ser expresamente valorados por la mesa. Se trata de situaciones que, por la excepcionalidad que suponen a la regla general de voto personal, han de ser interpretadas siempre con criterio restrictivo». Y esa era la únicaratio decidendinecesaria para resolver el recurso de amparo parlamentario sometido a juicio.
El art. 95 RCP es una habilitación del legislador autonómico que hace posible el voto no presencial, tanto en su modalidad de delegación en sentido propio, como en una eventual modalidad de voto telemático (art. 95.3 RPC). Se trata, por tanto, de una excepción a la presencialidad del voto en el marco del desarrollo de la actividad parlamentaria, entendida la presencialidad como elemento definitorio del voto personal que, por lo demás, no viene definido en el Reglamento del Parlamento como voto indelegable, a diferencia de lo que sí prevé el art. 79.3 CE para el voto de diputados y senadores.
Por tanto, si se acepta el voto no presencial como excepción a la comprensión general del voto parlamentario (tal y como se deriva de los arts. 91 a 94 RPC), es preciso formular una interpretación restrictiva de la excepción, para no subvertir el sentido de la regla general de la presencialidad. Y esa interpretación restrictiva debe tener en cuenta tanto la previsión normativa que contempla las causas justificativas de la delegación de voto, como la finalidad que persiguen esas causas.
Entre las razones justificativas que contempla el art. 95 RPC está la baja por maternidad o paternidad, la hospitalización, la enfermedad grave o la incapacidad prolongada. Siendo evidente que la situación en la que se encontraban los señores Puigdemont y Comín no estaba comprendida en ninguno de esos supuestos, el único concepto susceptible de interpretación por la mesa es al que se acude para justificar la delegación de voto. Y la mesa entiende que la situación de los delegantes es de incapacidad prolongada. Pero esa interpretación abierta no tiene en cuenta la finalidad que justifica la delegación de voto en el ordenamiento autonómico catalán, que, tal y como está regulada, pretende asegurar la conciliación de la vida personal con el ejercicio del cargo representativo y preservar la salud e integridad física de los diputados y diputadas, para evitar que el cumplimiento del deber de presencia en el Parlament, para proceder a una votación, pueda tener un impacto negativo en la salud de los parlamentarios. En ese contexto debería entenderse la incapacidad prolongada en el sistema catalán, teniendo en cuenta, además, que esa finalidad tiene soporte constitucional en los arts. 9.2 y 14 CE, por cuanto se refieren a la consecución del objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, en los arts. 15 y 43 CE, referidos respectivamente a la garantía de la integridad física y a la preservación del derecho a la saludo, y el art. 39 CE, por cuanto se refiere a la protección de la familia y de la infancia.
No puede ignorarse que el origen del voto no presencial se sitúa en el ordenamiento autonómico andaluz, que introdujo en 1995 una modificación al art. 85.2 del Reglamento de Parlamento entonces vigente, para permitir, en los supuestos de embarazo o parto reciente, la posibilidad de que el voto fuera válido sin necesidad de que la parlamentaria estuviera presente en la Cámara. Desde ahí la previsión se fue extendiendo, con distinto alcance y una diversidad normativa destacable, a otros ordenamientos autonómicos, con particular intensidad después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Perturba esta comprensión de la finalidad del precepto la idea de «incapacidad legal prolongada» contenida en el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, al que este tribunal no debe sentirse vinculado, siquiera implícitamente. Pero, incluso aceptando a meros efectos dialécticos esta ampliación de la noción de incapacidad, que merecería una reflexión más detallada y un análisis más profundo desde la perspectiva constitucional, no podría entenderse que los delegantes en este caso, los señores Puigdemont y Comín, se encuentran en esta situación. No existe falta de capacidad para acudir al Parlament, cuando lo que concurre es falta de voluntad personal de presentarse en la sede parlamentaria ante el riesgo de detención derivado de la situación procesal de los delegantes. No existe finalidad constitucionalmente legítima que ampare la voluntad de no estar presente en este caso, sino un abierto fraude de ley si se utiliza como causa justificativa de la delegación de voto.
Y estos argumentos hubieran sido bastantes para estimar el amparo parlamentario, reconociendo que la interpretación extensiva formulada por la mesa del Parlament en relación con una regla que excepciona el principio de presencialidad y voto personal, supone una vulneración del derecho de participación política en condiciones de igualdad de los diputados y diputadas recurrentes en amparo, al alterar las reglas de funcionamiento ordinarias y previsibles de la Cámara, y afectar a los equilibrios entre las fuerzas parlamentarias presentes en la Cámara.
3. Sin embargo, los fundamentos jurídicos 5 y 6 formulan un juicio abstracto de constitucionalidad sobre el art. 95.2 RPC, tras desarrollar un canon innovador en relación con la personalidad del voto, que no solo era innecesario, como se ha explicado, sino que define un solo modelo constitucionalmente admisible de voto delegado que genera más incertidumbres de las que resuelve y que pierde de vista la realidad del estado autonómico en el que tendrá que desenvolverse y aplicarse, pro futuro, esa doctrina.
La sentencia proyecta sin reservas el carácter personal e indelegable del voto de diputados y senadores que prevé el art. 79.3 CE a los parlamentos de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, a pesar de que varios reglamentos de las asambleas correspondientes, como es el caso del Reglamento del Parlamento de Cataluña, no integran expresamente los caracteres de voto personal e indelegable. La sentencia reconoce que los arts. 67.2 y 79.3 CE son preceptos que se refieren a los miembros de las Cortes Generales, pero afirma que las exigencias en ellos contenidas «son inherentes al ejercicio de la función representativa, en cuanto afectan a su esencia, se encuentran implícitos en el derecho que consagra el art. 23 CE». Pero las consecuencias que se extraen de esa formulación no parecen idóneas, porque se hace derivar del art. 23 CE una configuración del voto parlamentario en las asambleas autonómicas que impone una uniformidad no prevista en el título VIII de la Constitución.
De hecho, la STC 179/1989, de 2 de noviembre, vino a establecer en su FJ 6, que el art. 79 CE se integra «en el título III de la misma, intitulado ‘De las Cortes Generales’, en su capítulo primero, bajo la rúbrica ‘De las Cámaras’, lo que conduce sin dificultades a apreciar que la materia allí regulada se refiere a las Cámaras componentes de las Cortes Generales, y no otras: máxime cuando en el mismo art. 79, apartado 3, se hace mención del ‘voto de Senadores y Diputados’». La sentencia de la que discrepamos es consciente de esta jurisprudencia previa, y por ello reconduce la cuestión de la naturaleza del voto al art. 23 CE, trasladando la personalidad e indelegabilidad al contenido propio de dicho precepto.
Pero esta opción interpretativa, obvia otra consideración contenida en el FJ 6 de la STC 179/1989, que resulta fundamental en el caso que nos ocupa: no existe un mandato constitucional de uniformidad del modelo de organización parlamentaria. Dice la sentencia: «no es en modo alguno exigible, en virtud de los mandatos constitucionales, que las instituciones legislativas de las comunidades autónomas deban adecuar su estructura, funcionamiento y organización a las correspondientes de las Cortes Generales, ni que deban aplicarse a las Cámaras legislativas de las comunidades autónomas, en forma directa o supletoria, las normas constitucionales que regulen la organización y funcionamiento de las Cortes Generales, entre ellas el art. 79.2 CE». La sentencia aprobada por la mayoría, transforma el art. 23 de la Constitución, mediante la interpretación dada, en el mecanismo de equiparación del funcionamiento de las Cámaras autonómicas en lo que a la organización y modalidades de voto se refiere, estableciendo la inconstitucionalidad del voto delegado siempre que no se cumplan las condiciones que, la propia sentencia, considera imprescindibles para aceptar el voto delegado como excepción a lo que la sentencia considera un mandato constitucional de indelegabilidad aplicable con carácter general a todo tipo de ejercicio del derecho al voto.
La voluntad unificadora contenida en la sentencia parece ignorar que todas las comunidades autónomas excepto dos (Castilla La Mancha y Murcia), así como las dos ciudades autónomas han regulado en sus respectivos reglamentos parlamentarios diversas modalidades de voto no presencial, considerando sistemáticamente la existencia de excepciones, de diverso alcance, a la obligación de voto personal e indelegable.
Esas previsiones legales contemplan dos tipos de excepciones: la modalidad de voto telemático o la delegación de voto en sentido estricto, que si bien actúan ambas como excepción a la presencialidad, y se justifican en gran medida en la preservación de bienes constitucionales equivalentes, no son idénticas, ni plantean los mismos problemas teóricos.
Una parte de los reglamentos contemplan exclusivamente el voto telemático bajo esta u otra denominación. Es el caso de las Cortes Valencianas (art. 82.5 de su Reglamento); el Parlamento de Cantabria (art. 88.2); el Parlamento de La Rioja (art. 73); las Cortes de Aragón (art. 129); el Parlamento de las Illes Balears (art. 85.3); las Cortes de Castilla y León (86.2); la Asamblea de Madrid (art. 16.3 RAM); la Junta General del Principado de Asturias (art. 11.2); la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta (art. 59.5 del Reglamento de la Asamblea), y la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (art. 59.2 siempre del Reglamento de la Asamblea).
Dos reglamentos contemplan exclusivamente el voto delegado. Es el caso del reglamento del Parlamento Vasco (art. 89.1 RPV) y del Reglamento del Parlamento de Navarra (art. 94.2).
Y un tercer grupo prevén ambos instrumentos excepcionales. Es el caso del Parlamento de Andalucía (art. 85.5 y 6 RPA); la Asamblea de Extremadura (art. 142); Parlamento de Canarias (art. 92.5 a 10 RPCan); y el Parlamento de Galicia (art. 84.3 a 5 RPG).
Y, actualmente, también el art. 82.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, contempla la modalidad de voto telemático, aunque no reconoce el instrumento de la delegación de voto, sucediendo lo mismo en el Senado, si bien en este caso son normas internas de la mesa las que definen las modalidades de ejercicio del voto a distancia.
4. La diversidad de regulaciones existente, y el contenido de la sentencia, pueden generar incertidumbre en la práctica parlamentaria.
Según la jurisprudencia contenida en el pronunciamiento el voto delegado solo cabe: (i) como expresión del voto previamente indicado, de forma fehaciente, por el delegante; (ii) cuando sea posible la solicitud del voto delegado con carácter previo a la celebración de la votación, es decir que el voto ha de emitirse antes de la deliberación; (iii) siempre que la mesa establezca, y el diputado delegado cumpla, el procedimiento de expresión del sentido del voto emitido por el delegante.
La sentencia está formulando una definición del voto delegado que lo transforma en una mera modalidad de manifestación del voto, equivalente al voto telemático pero que se articula a través de otro diputado o diputada y no a través de medios electrónicos. En suma, un voto delegado que no es un voto por procuración o una delegación de voto en el sentido propio de esta noción y que, cuando se ejerza, presupone que el debate parlamentario previo es perfectamente prescindible y en nada va a influir en el sentido del voto. Condición esta que no se comprende desde una definición del voto que se construye desde la prohibición del mandato imperativo, y desde la consideración de la naturaleza personal del voto, esto es, desvinculada del mandato del partido o grupo parlamentario.
Esto podría suponer que los reglamentos autonómicos que prevén el voto delegado en exclusiva, o con aceptación del voto telemático, deberían revisar el contenido de la regulación, para verificar si se ajusta o no a las previsiones jurisprudenciales. O, en defecto de revisión normativa, los preceptos que regulan el voto delegado deberán ser interpretados, por las propias mesas de las cámaras autonómicas, en el único sentido considerado constitucionalmente viable por el Tribunal. Es decir, la sentencia tiene un efecto expansivo y unificador, proyectándose sobre el contenido de una serie de normas que integran el bloque de la constitucionalidad, que excede con mucho de las pretensiones de la demanda de amparo y que hubiera exigido una reflexión más detenida sobre los efectos de este pronunciamiento.
Pero, además, la construcción jurisprudencial que se da al voto delegado lo anula en la práctica como modalidad de consideración del voto del diputado ausente. No cabe, según esta sentencia la posibilidad de sustitución del parlamentario, porque lo único que se acepta es el reemplazo en la manifestación de la voluntad del diputado que no delega su voto, sino la expresión del mismo que, además queda desvinculada del debate que debiera conducir a la adopción de la decisión, reforzando de ese modo la erosión de la prohibición de mandato imperativo.
Las razones político-constitucionales que han conducido al reconocimiento de la delegación de voto en las disposiciones autonómicas que lo prevén, y que sustentan también la previsión del voto telemático, se han reforzado tras la crisis provocada por el Covid-19. Ello no significa que la fuerza de los hechos deba llevarnos a negar el sustento dogmático de los sistemas democráticos, pero debe hacernos pensar en la necesidad de reflexionar más y mejor sobre esos dogmas, algunos de ellos difícilmente justificables en el marco de sociedades en que los entornos digitales, y el ejercicio de derechos a través de ellos es elemento clave de la participación política. Una vez que se consideren plenamente las posibilidades de participación del diputado y la diputada ausente, se deben desarrollar mejores mecanismos de control para que la manifestación del voto, en estos supuestos, no suponga una distorsión de la configuración de la voluntad de la Cámara.
Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.