Categoría: Administración

En el recurso interpuesto por don J. C. B. y doña A. B. M. F. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Pola de Siero, don Enrique Núñez Romero Carrasco, por la que tras la tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, constando oposición de un colindante catastral, se suspende la inscripción de la georreferenciación alternativa solicitada por el promotor.
Mediante instancias suscritas por don J. C. B. y doña A. B. M. F. se solicitaba la inscripción de la representación gráfica de la finca registral número 65.146 del Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con código registral único número 33016000096996, todo ello en base al levantamiento topográfico practicado por una ingeniera técnica en topografía, doña T. C. A., y que se reflejaba en un informe de validación gráfica.
Presentadas dichas instancias en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada: 734/2024 Asiento: 2742 Diario: 82.
Enrique Español Batalla, Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, previo examen y calificación, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, de los documentos presentados: 1.–Instancias suscritas por don J. C. B. y doña A. B. M. F.; 2.–Informe de Validación Gráfica emitido por la Sede Electrónica del Catastro con fecha trece de Enero de dos mil veinticuatro, con C.S.V.: (…); 3.–Certificado técnico expedido el día quince de Enero de dos mil veinticuatro por doña T. C. A., Colegiada número (…) en el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica; presentados en este Registro telemáticamente por doña A. B. M. F. el día veintiséis de Enero de dos mil veinticuatro, Asiento 2742 del Diario 82, ha resuelto suspender la inscripción de la representación gráfica de la finca en base al I.V.G.A. presentado por los siguientes
Hechos y fundamentos de Derecho:
Mediante los documentos presentados, se solicita conforme a lo establecido en los artículos 9 y 199 de la Ley Hipotecaria, la inscripción de la representación gráfica de la finca registral 65.146, con C.R.U.: 33016000096996, inscrita al folio 20 del Libro 1.210 de Siero, Tomo 1.424 del Archivo, inscripción 7.ª, todo ello en base al levantamiento topográfico practicado por la citada ingeniera técnica en topografía doña T. C. A., y que se refleja en el Informe de Validación Gráfica ya referido.
Con fecha veinticinco de Julio de dos mil veinticuatro se inicia el expediente a que se refiere el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, practicándose las correspondientes comunicaciones a los titulares de las fincas colindantes, en calidad de afectados en la operación, así como la publicación en el B.O.E. para aquellos que fueran desconocidos.
Con fecha ocho de agosto de dos mil veinticuatro, y hallándose dentro del plazo legal establecido para realizar alegaciones, comparece en el Registro doña M. J. C. P., en calidad de notificada y afectada en el procedimiento, como titular de la parcela catastral 33066A113005300000EF, y en posesión de escritura de herencia otorgada el día dieciséis de Octubre de dos mil dos ante el Notario de Pola de Siero don Andrés Herrera Herrera, protocolo 1408/2022, por la que se le adjudica la finca llamada (…), inventariada bajo el número ocho, la cual se identifica con la referida parcela catastral; y quedando debidamente acreditado ser la titular de la parcela colindante afectada, manifiesta que la representación gráfica de la finca registral 65.146 con C.R.U.: 33016000096996 que se pretende inscribir, invade parte de su propiedad, acompañando Informe Técnico realizado por la ingeniero agrícola doña A. M. F., Colegiada número (…) en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Asturias, del que resulta el levantamiento topográfico de su finca, resultando ser incompatibles las representaciones gráficas de las finca objeto de inscripción y de la finca propiedad de la colindante, existiendo solape entre ellas, como así se desprende de la siguiente captura (…)
Asimismo, superpuesta la geometría que ahora se pretende inscribir sobre Cartografía Catastral y PNOA de Máxima Actualidad, se observa que, dicha geometría no se corresponde con la realidad física de la finca establecida por los diferentes elementos físicos que la componen.
El opositor aporta una serie de documentos para tratar de poner de manifiesto de forma evidente el conflicto entre los colindantes sobre la delimitación gráfica de las fincas. Por tanto, de los datos y documentos que obran en el expediente, se evidencia que no es pacífica la delimitación gráfica alternativa propuesta que se pretende inscribir, resultando posible o, cuando menos, no incontrovertido, que con la inscripción de la representación gráfica se puede alterar el límite real entre ambas fincas, independientemente de lo que resulte físicamente en la actualidad, pudiendo afectar a los derechos de la colindante.
Por todo lo anteriormente expuesto, estimo la oposición elevada por la citada colindante, y se suspende la inscripción de la representación gráfica pretendida, instando a las partes a que lleguen a un acuerdo sobre la delimitación correcta de sus fincas, sin perjuicio de que en caso de no poder llegar a un acuerdo puedan acudir a los Tribunales ordinarios de conformidad con los establecido en el artículo 198 de la Ley Hipotecaria.
Resolución:
Y en base a los anteriores hechos y fundamento de derecho, se acuerda suspender la práctica de los asientos solicitados por los defectos subsanables indicados.
La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria
Contra la presente calificación (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Enrique Español Batalla registrador del Registro de la Propiedad de Pola de Siero el día doce de septiembre de dos mil veinticuatro.»
Contra la anterior nota de calificación, don J. C. B. y doña A. B. M. F. interpusieron recurso el día 26 de septiembre de 2024 mediante escrito en los siguientes términos:
«Hechos
Primero. (…)
Segundo. Esta parte no está de acuerdo con la calificación negativa del Sr. Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, por lo siguiente:
La resolución mediante la cual se suspende la práctica de los asientos solicitados es completamente arbitraria y las motivaciones expuestas son contrarias al ordenamiento jurídico español y a Derecho, por los defectos que a continuación se exponen:
1. Defecto del incumplimiento del trabajo topográfico de D.ª A. M. F. con las prescripciones técnicas de la ley 13/2015, establecidas en las resoluciones conjuntas que la desarrollan.
El levantamiento topográfico entregado por el titular de la finca colindante, firmado por la Ingeniero Técnico Agrícola, D.ª A. M. F., no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en las resoluciones conjuntas del Ministerio de Hacienda 11652 y del Ministerio de la Presidencia 11655, las cuales desarrollan la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
La exigencia de la firma del técnico facultativo viene reflejada en las resoluciones que desarrollan la Ley 13/2015, que se encuentran previstas en su disposición adicional sexta: La Disposición General del Ministerio de Hacienda 11652 y la Disposición General del Ministerio de la Presidencia 11655. En ellas se dicta lo siguiente:
“Cuando se aporte una representación gráfica suscrita por técnico competente, la definición geométrica de las parcelas derivada de un trabajo topográfico contendrá la fecha de realización, los datos del solicitante, la metodología utilizada, los datos de identificación de las parcelas catastrales afectadas, la representación gráfica de cada una de las parcelas resultantes, representadas sobre la cartografía catastral, la superficie obtenida y un listado de coordenadas de sus vértices.”
“El técnico que suscriba la representación gráfica deberá declarar, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en la presente resolución, siguiendo la metodología especificada, no estar incurso en causa alguna que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para su realización, así como el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos:”
A la vista de lo que pone en el texto normativo, podemos decir que el técnico facultativo firmante debe certificar mediante su firma el cumplimiento del trabajo respecto a los siguientes aspectos técnicos del trabajo topográfico que contempla la Ley:
a) Metodología de elaboración: la representación gráfica se podrá obtener mediante la realización de un levantamiento topográfico sobre el terreno, en el que se detallen, entre otras cuestiones, sus características técnicas y escala, o mediante otra metodología que se considere más apropiada al entorno de trabajo.
b) Sistema de georreferenciación: la descripción de las parcelas deberá estar georreferenciada en todos sus elementos. Se utilizará como sistema geodésico de representación el de la cartografía catastral, que es el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestral Reference System 1989) y en el caso de Canarias el sistema REGCAN95, empleando en ambos casos la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.
c) Topología: la representación gráfica de las parcelas deberá tener una topología de tipo recinto en la cual no existan auto intersecciones, pudiendo tener recintos inscritos en la finca (huecos, construcciones u otros). Los distintos objetos cartográficos adyacentes no pueden superponerse entre sí ni dejar huecos. En el caso de fincas discontinuas se efectuará una representación gráfica de cada una de las porciones que la compongan.
d) Representación sobre la cartografía catastral: los planos topográficos de las parcelas resultantes deberán estar representados sobre la cartografía catastral, a fin de permitir la comprobación de la correspondencia entre las parcelas objeto de las actuaciones y la descripción que figura en el Catastro Inmobiliario.
La representación gráfica comprenderá, por tanto, todas las parcelas catastrales que deban ser objeto de alteración o modificación, total o parcialmente, incluyendo no sólo las parcelas que correspondan con la finca objeto de la inscripción, sino también las parcelas catastrales o bienes de dominio público colindantes cuando resulten afectados, debiendo precisarse las partes afectadas y no afectadas.
La alteración cartográfica de las fincas afectadas habrá de respetar la delimitación del resto de las colindantes que resulte de la cartografía catastral, de modo que la delimitación del conjunto de las parcelas resultantes de la alteración o modificación, coincida con la delimitación del conjunto de las parcelas extraídas de la cartografía catastral, con una tolerancia en sus vértices de +/-1 cm.
Si se realiza un levantamiento topográfico que ponga de manifiesto que la cartografía catastral presenta un desplazamiento o giro, la representación gráfica resultante se deberá apoyar en la cartografía catastral existente respetando las distancias relativas. El técnico hará constar en su informe la magnitud y dirección del desplazamiento o giro observados.
e) Precisión métrica: la representación gráfica de las parcelas afectadas que proponga modificaciones o rectificaciones de la delimitación de las parcelas existentes en la cartografía catastral, deberá garantizar las precisiones métricas consecuentes con la metodología aplicada:
– Cuando la representación gráfica se derive de un levantamiento topográfico, éste deberá tener una precisión absoluta tal que el error máximo sea inferior a 25 cm y que el 85 % de los puntos tengan un error máximo de 20 cm, cualquiera que sean los medios utilizados (topografía clásica o técnicas de posicionamiento GNSS).
– Cuando la representación gráfica se realice mediante digitalización sobre la cartografía catastral, la precisión geométrica será de +/-0,20 m o de +/-0,40 m, según se represente sobre cartografía catastral urbana o rústica respectivamente.”
A la vista de lo requerido por la Ley 13/2015 deberá existir y realizarse la entrega de un documento con la firma del técnico competente, que deberá adjuntarse al trabajo topográfico y mediante el cual se certifique el cumplimiento de la Ley 13/2015 en todos y cada uno de los puntos anteriormente descritos, desde la letra a) hasta la letra e). Este documento, donde el técnico suscribe la conformidad y se hace responsable de las disposiciones de la Ley 13/2015 es de vital importancia en el procedimiento, ya que sólo mediante su petición y entrega se garantiza el cumplimiento con toda la normativa que afecta a este tipo de trabajos, e incluso se garantiza la continuidad de ese mismo trabajo con las exigencias las administraciones, existiendo la figura del profesional que se responsabiliza de la veracidad de lo suscrito.
En este caso en concreto la Ingeniera Técnico Agrícola, D.ª A. M. F., no aporta ninguna certificación firmada en el que se indique el trabajo topográfico realizado cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en las resoluciones conjuntas de la Ley 13/2015. Por este motivo, no se encuentra garantizado que el levantamiento topográfico aportado se encuentre en el mismo sistema de coordenadas oficial, que el aportado por la Ingeniera Técnico en Topografía, D.ª T. C. A., y por lo tanto representen espacialmente ambos trabajos topográficos la misma realidad física del terreno.
El levantamiento topográfico aportado por la Ingeniera Técnico Agrícola D.ª A. M. F. puede haber sido perfectamente desplazado y no encontrarse en el sistema de coordenadas oficial. Los linderos representados en el plano aportado, han sido desplazados hacia arriba, hacia abajo o en cualquier dirección de los puntos cardinales, la distancia suficiente para invadir al gusto y de forma totalmente arbitraria el lindero que comparte con la propiedad del titular. El trabajo topográfico aportado por el colindante muestra que el trabajo topográfico de D.ª T. C. A. aparentemente invade parte de su finca, pero igualmente si observamos detenidamente, éste trabajo topográfico muestra que respecto al camino que se ubica en el sur de la finca colindante hay un hueco considerable respecto a la cartografía catastral, por lo que este hecho es un indicio claro de que el trabajo de D.ª A. M. F. ha sido desplazado de manera arbitraria hacia el norte, con el objeto claro de invadir parte de mi finca de manera totalmente irresponsable. Nada garantiza que el trabajo aportado por D.ª A. M. F. se encuentre en el mismo sistema de coordenadas, el sistema oficial al que hace referencia las resoluciones conjuntas.
La prueba fundamental de todo ello es que no existe ni se aporta certificación alguna suscrita por parte de la Ingeniero Técnico Agrícola D.ª A. M. F. que garantice que la finca colindante medida en el trabajo topográfico de su autoría representa exactamente la misma realidad física y por lo tanto representa los linderos en el mismo sistema de coordenadas, no garantizándose el cumplimiento de las directrices técnicas de las resoluciones conjuntas que desarrollan la Ley 13/2015. Por otro lado, no existe motivación por parte del registrador en el que indique que el trabajo topográfico aportado por D.ª A. M. F. cumple con las directrices técnicas de las resoluciones conjuntas. No está de más recordar que el trabajo topográfico de D.ª T. C. A., por el contrario, certifica el cumplimiento de las resoluciones conjuntas mediante su firma, actuando como técnico competente.
Por este motivo no debe ser aceptado el trabajo topográfico de D.ª A. M. F., por el motivo de que no cumple con las directrices técnicas establecidas en la Ley 13/2015, carece del obligatorio certificado del técnico que lo suscribe donde se certifica este hecho y el registrador no ha motivado el cumplimiento de su trabajo con el ordenamiento jurídico, por lo que se demuestra el defecto descrito.
2. Defecto de falta de competencias de D.ª A. M. F. para la suscripción de trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015, según la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en la Sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo STS 1144/2023.
Las resoluciones conjuntas del Ministerio de Hacienda 11652 y del Ministerio de la Presidencia 11655, las cuales desarrollan la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, dictaminan que los trabajos topográficos deben encontrarse suscritos por técnico o facultativo competente. La definición de este concepto en la actualidad no es interpretativa ni se encuentra indeterminada, ya que el Tribunal Supremo ha establecido jurisprudencia acerca de lo que significa el concepto ‘técnico competente’ en el ordenamiento jurídico.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a través de la sentencia STS 1144/2023 deja bastante clara existencia de la reserva de actividad cuando en un texto normativo aparece el concepto “facultativo competente” o “técnico competente”. Esto contradice frontalmente a la Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública donde se llegaba a afirmar lo siguiente:
“…no resulta de la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General de Catastro de 26 de octubre de 2015 una determinada cualificación profesional exigible al técnico firmante del informe que contiene las coordenadas georreferenciadas de la finca cuya inscripción gráfica se pretende, por lo que, en consecuencia, no puede exigirse al técnico firmante del informe en que se basan las alegaciones del colindante una determinada cualificación profesional no exigida por las normas que regulan los requisitos técnicos aplicables a las representaciones gráficas alternativas que acceden al Registro.”
Esta explicación es completamente simplista, contradice completamente y choca frontalmente con la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en la STS 1144/2023, a la que tanto los notarios como los registradores de la propiedad se encuentran obligados a respetar y aplicar en sus procedimientos y actos, por lo que aplicar el párrafo establecido en la citada Resolución es un acto completamente arbitrario. La negación de la existencia de la reserva de actividad en la Ley 13/2015 en la exigencia de la firma del técnico competente para la realización de los correspondientes trabajos topográficos en el ámbito de la citada Ley es una falsedad palmaria. Habría que añadir la cuestión de que la explicación de la Resolución se encuentra redactada de manera deficiente ya que no distingue entre los trabajos resultantes de técnicas de “digitalización” sobre la cartografía catastral o trabajos derivados de levantamientos topográficos, lo cual determina la exigencia o no de la correspondiente firma del técnico competente, como se demostrará más adelante.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo mediante la sentencia STS 1144/2023 ha dejado completamente clara la cuestión de la existencia de la reserva de actividad cuando alguna norma adjudica la ejecución de actividades o la prestación de servicios a unos profesionales con una titulación determinada a través de la figura del “técnico competente”. Para entender un poco el contexto, la citada sentencia trata sobre la reserva de actividad para la realización de inspecciones técnicas en los edificios, y en la cual se equipara e incluye este tipo de inspecciones al proceso edificatorio del edificio, por lo que las competencias para realizar las ITEs son las determinadas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Aunque la sentencia no trata directamente sobre las competencias de la figura del técnico competente de la Ley 13/2015, nos deja unas definiciones contundentes y explica de una manera muy clara lo que es un “técnico competente”, afirmando la existencia de la correspondiente reserva de actividad que lleva implícito el concepto. Cualquier discusión acerca de la figura del técnico competente en la Ley 13/2015 no tiene cabida sin conocer ni aplicar la doctrina del Tribunal Supremo, que ahora está más clara que nunca. Ignorar los preceptos de la STS 1144/2023 desacredita automáticamente los argumentos que ignoran la reserva de actividad a unos determinados profesionales en la Ley 13/2015. Ante esto habría que preguntarse el motivo por el cual todavía a día de hoy no se aplica la doctrina del Tribunal Supremo en los procedimientos de la Ley 13/2015. Pero lo que está claro es que en el ámbito de la Ley 13/2015 no se debe realizar ningún acto al margen del ordenamiento jurídico, ignorando sistemáticamente la jurisprudencia establecida en la sentencia STS 1144/2023.
Las dos resoluciones conjuntas que desarrollan la Ley determinan que los trabajos topográficos que sirven de base para la corrección de la cartografía catastral deben encontrarse suscritos por el técnico competente. Entre los argumentos esgrimidos que contradicen completamente la doctrina del Tribunal Supremo se encuentra el apelar a la supuesta indeterminación de la Ley 13/2015 a la hora de describir la titulación del que debe suscribir los trabajos topográficos, argumentando que al no existir una exigencia implícita en el texto normativo del titulado correspondiente que debe realizar los trabajos topográficos, pues el técnico competente puede ser cualquiera. Otras veces se argumenta que el técnico competente de la Ley 13/2015 es el técnico competente del artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Todos estos argumentos se demuestran ser falsos y todos derivan directamente de la negación sistemática de la existencia de la reserva de actividad. Sobre esto, la STS se expresa en los siguientes términos a la hora de hablar precisamente sobre este asunto:
“En algunos casos, la norma reserva la ejecución de dichas actividades o la prestación de los servicios (trabajos de proyección, elaboración y ejecución) a unos profesionales con una titulación determinada, este es el caso de los arts. 10.2.a), 12.3.a) y 13.2.a) de la Ley de Ordenación de la Edificación. En otras ocasiones, la norma prevé que su ejercicio le corresponda a los ‘facultativos competentes’ (este es el caso previsto en el art. 10 del Decreto 117/2018, de 24 de julio de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad del País Vasco en el que se dispone que ‘la inspección técnica de los edificios será realizada por quien posea la titulación profesional habilitante según corresponda conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación’), esto es, a aquellos que por razón de su preparación y competencia tengan los conocimientos y la cualificación técnica necesaria para desarrollar dicha actividad de forma fiable.”
La sentencia es muy clara en el sentido de que indica la existencia de dos maneras o vías para establecer la existencia de una reserva de actividad en cualquier norma que se precie. La primera es una vía, llamémosla coloquialmente “vía directa”, en la cual se indica expresamente la titulación requerida para la ejecución o prestación de unos determinados servicios a unos profesionales que disponen de una titulación determinada, como ocurre en el articulado de la Ley de Ordenación de la Edificación. La segunda vía, llamémosle coloquialmente “vía indirecta”, es la de establecer que esos mismos ejercicios les corresponda al “facultativo competente”, palabra que judicialmente es sinónimo de “técnico competente”, tal y como ocurre en el caso de la Ley 13/2015 y en las resoluciones conjuntas que la desarrollan. Está claro que este párrafo en la sentencia del Tribunal Supremo pone punto final al debate que ha habido durante estos últimos años acerca de la figura del técnico competente. Se podría pensar y de hecho así se ha defendido durante los últimos años la idea de que la inserción en un texto normativo del concepto de “técnico competente” es una completa indeterminación, un mero concepto abierto a interpretaciones de todo tipo y condición, y que por lo tanto se puede sostener la idea de que es sinónimo de que no existe una reserva de actividad en una determinada materia a unos determinados profesionales titulados. Pero la realidad indica que este tipo de argumentos y afirmaciones resultan ser en la actualidad completamente falsos, ya que el Tribunal Supremo sostiene lo siguiente:
“En ambos casos, es la norma la que restringe el ejercicio de una actividad a determinados profesionales, limitando en consecuencia el libre ejercicio de dicha prestación a otros colectivos.”
Esto viene a demostrar que es absolutamente indiferente cuál es la vía utilizada por el legislador, ya que de una manera u otra se acredita la existencia de la reserva de actividad al profesional que dispone de las competencias, ya sea con una atribución directa o bien utilizando el vocablo “técnico competente”. Da completamente igual, el resultado que es lo que realmente importa, se utilice la fórmula legal que se utilice, es exactamente el mismo ya que en ambos casos existe la reserva de actividad y esto es un hecho completamente indiscutible descrito en la sentencia. Esta es la doctrina del Tribunal Supremo y no admite interpretaciones posibles. No es cierto por lo tanto que el concepto de ‘técnico competente’ al no estar definida la titulación requerida en el texto normativo, no exista reserva de actividad a unos determinados profesionales titulados. No es cierto tampoco que “técnico competente” puede ser cualquiera que disponga de un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles negligencias del trabajo realizado. Como tampoco es cierto que la exigencia de la intervención del “técnico competente” para la realización de trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015 no está definida en el ordenamiento jurídico español y por ende la técnica de la ingeniería topográfica en España no se encuentra regulada. Al igual que afirmar que la “delimitación precisa de las propiedades inmobiliarias”, el cual es un concepto inventado que no existe en el ordenamiento jurídico, pues tampoco dispone de regulación. La variedad de argumentos y discursos falsos derivados de la negación de la reserva de actividad en la Ley 13/2015 es amplia y variada.
La realidad es tajante y no admite discusión alguna, por mucho que se intente filosofar acerca de la figura del técnico competente, y por supuesto hay que mostrar respeto por las opiniones personales de cada uno, pero se da la circunstancia que se puede afirmar a estas alturas que la definición de la figura del técnico competente no es cuestión de opiniones personales o una cuestión de debatir sobre el asunto. El concepto de técnico competente lleva implícito el concepto de reserva de actividad ya que El Tribunal Supremo ha hablado y el tema está completamente zanjado. A la Administración a través de los actos de sus representantes no le queda otra solución que la de respetar su doctrina y jurisprudencia. Al igual que mantener a los técnicos no competentes en la Ley 13/2015 al margen de los trabajos topográficos de su ámbito, ya que no poseen ni la titulación requerida, ni las competencias ni por supuesto los conocimientos necesarios para ello. Únicamente se entiende que los técnicos no competentes pueden llegar a tener ánimo de lucro, pero esto último no es motivo alguno desde el punto de vista judicial para la aceptación de trabajos que no se encuentran dentro de su ámbito de competencia.
Se exponen a continuación una serie de conceptos legales que no pueden pasar desapercibidos para la valoración sobre las competencias en el ámbito de la Ley 13/2015 y que todos ellos se derivan de la doctrina establecida en la STS 1144/2023:
a) El concepto de reserva de actividad es compatible y acorde con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.
Como era de esperar, en la sentencia también se realiza referencias a la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, que implica también justificar el cumplimiento de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la Ley 25/2009, conocida también como Ley Ómnibus, ya que las tres se encuentran íntimamente relacionadas sobre el asunto de las competencias de las titulaciones técnicas:
“Tales restricciones, desde la perspectiva contemplada en el art. 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, están justificadas por razones imperiosas de interés general. Los posteriores actos administrativos, que en cumplimiento de estas previsiones requieren la intervención del profesional competente, no están obligados a motivar las razones de interés general, necesidad y proporcionalidad de dicha exigencia. La norma que estableció la necesaria intervención administrativa y la reserva de una actividad a unos titulados ya ponderó tales razones de interés general y la proporcionalidad de su implantación.”
En otras palabras: la sentencia viene a decirnos sin dubitaciones de ningún tipo que la inclusión del concepto de “técnico/facultativo competente” en cualquier norma, así como ocurre precisamente en las dos resoluciones conjuntas que desarrollan la Ley 13/2015, ya han pasado de manera satisfactoria por, vamos a llamarlo de una manera coloquial el “filtro de la Ley Ómnibus” y lo que está claro es que en ningún caso deja de existir reserva de actividad. Por lo tanto no es cierto que por el hecho de la publicación hace años de la Ley 17/2009 y la posterior 25/2009 no existe reserva de actividad en la Ley 13/2015. No es cierto que por este último motivo no se puede exigir la intervención de un profesional en función de su titulación y conocimientos. La apelación a las citadas leyes para la negación de la reserva de actividad en la Ley 13/2015 por lo tanto no es un argumento válido. Igualmente es igual de falsa e incluso ridícula la afirmación de que la Ley Ómnibus se aplica en el ordenamiento jurídico español con una especie de retroactividad que hace que las competencias de las profesiones técnicas aprobadas por los correspondientes decretos varios lustros atrás, pues que dejan de tener efecto mediante una especie de derogabilidad que se teletransporta en el tiempo.
Respecto a las referencias existentes en la STS 1144/2023 a la Ley 20/2013, de Garantía de Mercado, hay que recordar lo que en esta Ley aparece en su artículo 5:
“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes.
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser proporcionado de modo tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.
3. La necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas se evaluará de conformidad con el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.”
El punto 3 del artículo habla de las futuras y “nuevas regulaciones de profesiones”, por lo que no se entiende el argumento de que esta norma se aplica con efecto retroactivo en el tiempo. Lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que los decretos de las competencias de los profesionales técnicos siguen estando vigentes. En resumen: las resoluciones conjuntas de la Ley 13/2015 ya han pasado el correspondiente filtro legal y la reserva de actividad intrínseca que lleva asociada la propia definición de “facultativo competente” o “técnico competente” ya cuenta con el visto bueno previo de la Ley de Garantía de Mercado y en concreto cumple con todas las directrices de su artículo 5. Todo texto normativo que incluya la palabra “técnico competente” indica que las autoridades competentes ya han establecido límites al acceso de una actividad económica, su ejercicio, o bien exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad.
Todo esto es exactamente lo que ocurre en la Ley 13/2015 y en sus resoluciones conjuntas donde se exigen requisitos técnicos en los trabajos topográficos, los cuales deben ser suscritos por el técnico competente. La reserva de actividad en la Ley 13/2015 ya se encuentra motivada y no es necesario dar ningún tipo de explicación adicional. Por todo ello, no cabe la posibilidad de realizar una apelación a una supuesta vulneración en las cuestiones de la libertad de mercado, económicas y democráticas.
Para terminar de entender el encaje del concepto de la reserva de actividad con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado hay que leer lo que dice la STS 1144/2023:
“Sobre la formación de jurisprudencia relativa a la interpretación de los artículos 3, 10.2 a), 12.3 a) y 13.2 a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
De conformidad con lo razonado en el precedente fundamento jurídico, esta Sala, dando respuesta a la cuestión planteada que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara que reiterando la doctrina fijada en las sentencias antes reseñadas procede afirmar que los artículos 3, 10.2 a), 12.3 a) y 13.2 a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, deben interpretarse en el sentido de que establecen una reserva competencial de actividad para la emisión de los informes de inspección técnica de edificios en favor de los arquitectos y aparejadores y arquitectos técnicos, que se revela compatible con las exigencias establecidas en el artículo 5 de la 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en cuanto cabe apreciar que concurre una razón imperiosa de interés general vinculada a la seguridad de las personas, que justifica la restricción al ejercicio de esta actividad por otros profesionales, en los términos del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de la Directiva de Servicios y el resto de normas de la Unión Europea, lo que hace innecesario el planteamiento de cuestión prejudicial alguna.”
Reducir el asunto de que la reserva de actividad de las competencias técnicas puedan supuestamente atentar a la libertad de mercado a la frase “…lo que hace innecesario el planteamiento de cuestión prejudicial alguna” es evidente que es una respuesta del Tribunal Supremo realmente contundente y que no admite planteamiento en contra alguno. Ante tal doctrina se puede afirmar que en la cuestión de la reserva de actividad en la Ley 13/2015 igualmente no admite planteamiento alguno que haga referencia al articulad de la Ley 20/2013.
b) La exigencia de la intervención y la firma del técnico competente en el ámbito de la Ley 13/2015 únicamente se aplica a los trabajos topográficos y no se aplica a los trabajos derivados de las técnicas de “digitalización” sobre la cartografía catastral.
Para poder aclarar el asunto de la exigencia de la intervención del técnico competente en la Ley 13/2015, se transcribe a continuación exactamente lo que se redacta en las resoluciones conjuntas:
“Cuando se aporte una representación gráfica suscrita por técnico competente, la definición geométrica de las parcelas derivada de un trabajo topográfico contendrá la fecha de realización, los datos del solicitante, la metodología utilizada, los datos de identificación de las parcelas catastrales afectadas, la representación gráfica de cada una de las parcelas resultantes, representadas sobre la cartografía catastral, la superficie obtenida y un listado de coordenadas de sus vértices.”
“El técnico que suscriba la representación gráfica deberá declarar, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en la presente resolución, siguiendo la metodología especificada, no estar incurso en causa alguna que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para su realización, así como el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos:”
De estos dos párrafos se pueden extraer dos grandes conclusiones, las cuales determinan sin ningún género de dudas el papel y la naturaleza del denominado “técnico competente” en el ámbito de la Ley 13/2015:
Conclusión primera: Cuando la geometría que representa la realidad física sea obtenida siempre a través de un levantamiento topográfico, éste debe encontrarse realizado y firmado por el denominado “técnico competente”, el cual evidentemente debe ser competente en la realización de levantamientos topográficos por ley, o lo que es lo mismo, poseer los suficientes conocimientos técnicos necesarios para la realización y suscripción del trabajo, argumento este que coincide con la doctrina del Tribunal Supremo y su jurisprudencia.
Además, esta condición sine qua non cobra todo el sentido en el momento que se establecen en las citadas resoluciones una serie de prescripciones técnicas, las cuales deben encontrarse garantizadas mediante la firma precisamente del profesional técnico competente. También es importante recordar, que las dos resoluciones conjuntas abren las puertas a todas las técnicas de la ingeniería geomática y la ingeniería topográfica, por lo que el técnico competente debe estar en posesión de todos esos conocimientos y haber estudiado para ello. Coincide además con las competencias del Ingeniero Técnico en Topografía establecidas en el Decreto 2076/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos en Topografía:
Artículo 1.
El título de Ingeniero Técnico en Topografía faculta y es exigible para el libre ejercicio de la técnica concreta topográfica y cartográfica, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan legalmente a los Ingenieros geógrafos.
Artículo 2.
Las atribuciones de los Ingenieros técnicos en Topografía son:
Uno) El planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos clásicos, fotogramétricos u otros, responsabilizándose de los mismos con su firma.
(…)
Esto es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la definición de técnico competente, ya que como se ha dicho ya, la doctrina del Tribunal Supremo impone que el técnico competente debe poseer los necesarios conocimientos teóricos en la materia relativa al trabajo que suscribe. Con todo ello, debemos tener claro que el técnico competente que firme los trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015 que sirven para la corrección de la cartografía catastral, debe dominar la ingeniería geomática y la ingeniería topográfica y en España ese técnico competente es aquel que dispone del título necesario para ejercer la profesión del Ingeniero Técnico en Topografía (Orden CIN/353/2009). Ante esto último tampoco cabe la posibilidad de argumentar la existencia de diversos grados o niveles de competencias, ya que semejante afirmación no se sustenta en el ordenamiento jurídico español. No es serio realizar afirmaciones de que un profesional puede llegar a ser más o menos técnico competente, o incluso de primera o segundas y terceras categorías. Tampoco cabe la posibilidad de decir que un profesional u otro es “el más o menos adecuado técnico competente” en el ámbito de la Ley 13/2015. Aventurarse a decir que se es técnico competente “un poco” por el mero hecho de haber cursado una asignatura en la universidad, un máster o cualquier otra formación en forma de cursillo, en cuyo título aparezca la palabra “topografía” o “cartografía” es una afirmación insostenible. Lo que está claro es que en el mundo del derecho las cosas son, o no son. Aplicado directamente a la definición del técnico competente en el ámbito de la Ley 13/2015 solo hay dos modos de ser: O bien se es técnico competente o no se es técnico competente, o lo que es lo mismo, se es incompetente. No existe otro encaje legal más allá del ser o no ser, por lo que la aceptación de competencias parciales es un acto completamente arbitrario. A todo lo anterior hay que sumar que el técnico competente de la Ley 13/2015 no tiene desde el punto de vista legal absolutamente nada que ver con los todos los técnicos competentes de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Sobre esto mismo ya se habló y se dejó claro también en artículo anterior donde se hablaba de la sentencia judicial donde dejan muy claro este hecho, sin dar lugar a discusiones ni interpretaciones de ningún tipo. El artículo 10 de la LOE donde se define la figura del proyectista y que otorga competencias a un gran número de titulaciones, no sirve para todo, no se aplica ni por afinidad ni existe transposición para su aplicación a otras leyes, como es en nuestro caso la Ley 13/2015.
Conclusión segunda: Cuando la geometría que define una RGA no se haya generado a través de un levantamiento topográfico, no es necesaria la intervención de ningún técnico competente. No solamente es innecesaria su firma, sino que en realidad lo puede hacer cualquier ciudadano de a pie sin necesidad de contratar los servicios de terceras personas. Para realizar representaciones gráficas alternativas (RGA) mediante lo que en las resoluciones se denomina “digitalización” sobre la cartografía catastral, no se requiere la firma de ningún técnico. Es de reseñar que no parece que esté muy claro lo que significa exactamente el término “digitalización” pero todo parece indicar que éste término engloba a la realización de cualquier técnica para obtener una RGA que no sea la obtención de datos georreferenciados mediante técnicas de ingeniería topográfica, ya sea utilizar cualquier fuente, incluso de dudosa fiabilidad y precisión como son las herramientas disponibles en el portal web del catastro, trazar líneas sobre imágenes del Google Maps, calcar planos de escala inadecuada, etc.
A la vista de las conclusiones extraídas, se puede afirmar con rotundidad que únicamente es exigible la intervención del técnico competente en el ámbito de la Ley 13/2015 cuando se presente un trabajo topográfico en los procedimientos derivados de la Ley. Igualmente se puede afirmar que cualquier técnico competente del artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación, los cuales se encuentran perfectamente habilitados para la realización de técnicas de “digitalización” sobre la cartografía catastral, al igual que cualquier ciudadano de a pie, pero que en ningún caso actúan como la figura del técnico competente en el ámbito de la Ley 13/2015, ya que para las técnicas de digitalización las resoluciones conjuntas no exigen la firma y suscripción por parte de profesional alguno. Incluso para esto último, cualquier ciudadano puede realizar la técnica de digitalización sobre cartografía catastral con las herramientas adecuadas para ello, como pueden ser las habilitadas en el portal web de Catastro. Pero lo que es indudable es que no se puede afirmar que los técnicos competentes del artículo 10 de la LOE son técnicos competentes en materia de topografía por el mero hecho de poder actuar como técnicos para realización de técnicas de digitalización sobre la cartografía catastral y por supuesto que tampoco se puede realizar la afirmación de que son los técnicos competentes a los que hacen referencia las resoluciones conjuntas que desarrollan la Ley 13/2015. La afirmación de esto último es una falsedad y un argumento arbitrario sin sustento legal alguno.
c) La no existencia de grados o niveles de competencia en la figura jurídica del técnico o facultativo competente.
Otro hecho claro que describe la STS 1144/2023 es la inexistencia de grados de competencia en la figura del “técnico competente”. La sentencia no describe en ningún párrafo nada respecto a la existencia de diversos grados o niveles de competencia, ni hace diferenciación de competencias por diversas metodologías dentro de las especialidades técnicas, sino que realiza diferenciación por titulación, competencias profesionales establecidas y conocimientos técnicos adquiridos en función de los estudios de cada profesión, por lo que se puede afirmar con rotundidad que un profesional titulado se clasifica bien como técnico competente en una determinada materia o bien no lo es. Igualmente la STS 1144/2023 indica que para que un profesional pueda ser técnico competente en una materia determinada debe tener a la vez tanto competencias como conocimientos en función de los estudios: las dos premisas al mismo tiempo y en ningún caso por separado. No se puede afirmar tampoco que un técnico competente lo es de manera parcial o simplemente “un poco”. En el caso de la ingeniería topográfica no es sostenible afirmar que un técnico determinado es competente porque pueda llegar a tener ciertos conocimientos de alguna técnica de la ingeniería topográfica.
En el caso en concreto de las competencias de los Ingenieros Técnicos Agrícolas, que es la titulación de D.ª A. M. F., la georreferenciación mediante técnicas de ingeniería topográfica se encuentra directamente vetada en el texto del Decreto 2094/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de su titulación, es decir, de los Ingenieros Técnicos de especialidades agrícolas:
“Artículo segundo. Con independencia de lo establecido en el artículo precedente, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Ingenieros Superiores, los Ingenieros Técnicos, dentro de sus respectivas especialidades agrícolas, establecidas por el Decreto ciento cuarenta y ocho/dos mil novecientos sesenta y nueve, artículo tercero, apartado tres, tendrán las siguientes:
(…) C) En trabajos varios.
(…) Cuatro. Levantamientos topográficos en los que no se exijan triangulación ni nivelación de precisión.”
La georreferenciación no está en las competencias del Ingeniero Técnico Agrícola, ya que es un hecho sin discusión el asegurar que sin técnicas de triangulación pues no es posible la georreferenciación, por lo que motivar las competencias del Ingeniero Técnico Agrícola en el ámbito de la Ley 13/2015 resulta harto imposible. Las competencias del Ingeniero Técnico Agrícola en materia de topografía son muy limitadas y para trabajos de distinto cometido, en concreto para el desarrollo de los propios de su titulación y en ningún caso en el ámbito de la Ley 13/2015, al tener vetada directamente la georreferenciación en materia de técnicas de topografía. Aceptar la existencia de niveles de competencia en la figura del “técnico competente” por tener ciertas competencias o conocimientos parciales es un acto arbitrario por parte de la Administración.
Por el contrario, el ordenamiento jurídico español exige la intervención del Ingeniero Técnico en Topografía, que es el profesional que dispone de competencias plenas en materia de la técnica de la topografía. El concepto técnico competente exige las competencias plenas y no parciales de una materia en concreto tal y como deja claro la STS 1144/2023, ya que no se puede apelar a la existencia de niveles o grados de competencia. De tal manera se expresa el Decreto 2076/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos en Topografía:
Artículo 1.
El título de Ingeniero Técnico en Topografía faculta y es exigible para el libre ejercicio de la técnica concreta topográfica y cartográfica, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan legalmente a los Ingenieros geógrafos.
Artículo 2.
Las atribuciones de los Ingenieros técnicos en Topografía son:
Uno) El planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos clásicos, fotogramétricos u otros, responsabilizándose de los mismos con su firma.
(…)
Resulta determinante que las competencias para la suscripción y firma de toda clase de trabajos topográficos solo se de en las competencias del Ingeniero Técnico en Topografía y no en las competencias de otras titulaciones. Por esto mismo, cuando una determinada norma exija la firma y suscripción de un trabajo topográfico por parte de técnico competente, es de aplicación directa el Decreto 2076/1971. Esto es lo que ocurre precisamente en la Ley 13/2015 y las dos resoluciones conjuntas que la desarrollan. Además se remarca en el Decreto que el Ingeniero Técnico en Topografía es el profesional que se responsabiliza de los levantamientos topográficos mediante su firma, cosa que no se da en las competencias de los Inge