Categoría: Normativas

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
La resolución de los litigios que pudieran plantearse sobre la interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de lo previsto en el artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
2. El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, será causa de reintegro.
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la Comunidad Autónoma del País Vasco una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4. El Departamento de Trabajo y Empleo de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Organismo autónomo administrativo LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo responderá de forma solidaria de los reintegros motivados por cualquiera de los supuestos señalados en el apartado 1. A estos efectos, la responsabilidad solidaria únicamente alcanza, respecto de cada subvención, a la entidad beneficiaria principal de la misma a las entidades asociadas de aquella.
5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por duplicado ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la Secretaria General,  María Milagros Paniagua San Martín.–Por la Consejería de Trabajo y Empleo, la Vicelehendakari Segunda,Idoia Fernández Romero.
El Departamento de Trabajo y Empleo asignará a la Viceconsejería de Empleo e Inclusión, a través de la Dirección de Empleo e Inclusión, la coordinación general del programa con Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
A su vez, Departamento de Trabajo y Empleo asignará al Organismo autónomo administrativo LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, de él dependiente, la coordinación y ejecución técnica de los proyectos de inclusión y le transferirá íntegramente la subvención percibida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para ejecución del programa general de actividades.
LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo gestionará y ejecutará el programa de actuación a través de sus instrumentos y recursos.
Los proyectos constarán de 2 fases: formación y contratación, contemplando asimismo una orientación y acompañamiento integral y personalizado a las personas participantes a lo largo de todo el proceso.
Condiciones de la fase de formación:
El proceso formativo contemplará preferentemente al menos una formación cualificante asociada a los certificados de profesionalidad, además de poder desarrollar otra formación para la adquisición de competencias básicas en caso de resultar precisa para el buen fin del proyecto.
Se podrán impartir especialidades formativas adicionales de las existentes en el Catálogo de Especialidades Formativas o una nueva especialidad, creada específicamente para el proyecto, que habrá de ser aprobada previamente por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluida en el Catálogo con carácter previo a la solicitud del proyecto.
Toda la formación se desarrollará únicamente en modalidad presencial.
Las entidades beneficiarias deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas que configuran el proyecto formativo por el que solicitan ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la aprobación del proyecto, en el momento de inicio de la actividad formativa. La formación la podrán realizar:
– Con medios propios: para poder impartir la formación deberán acreditarse en el correspondiente certificado de profesionalidad o inscribirse en las especialidades no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, con carácter previo al inicio de la formación. El alta en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se mantendrá hasta la finalización de la formación, causando baja en dicho momento.
– Recurriendo a su contratación, con entidades acreditadas o inscritas en el Registro de Entidades de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.
El personal formador del proyecto deberá cumplir con el perfil y los requerimientos previstos en la normativa reguladora de las especialidades formativas, en particular en el caso de certificados de profesionalidad, que se impartan en cada caso.
Condiciones de la fase de contratación:
Durante la fase de contratación, las personas participantes en el proyecto serán contratadas por la entidad promotora del mismo o, en su caso, las entidades colaboradoras en la ejecución del proyecto, en la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje, percibiendo las retribuciones salariales que les correspondan de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
El marco de referencia para los programas mixtos de empleo-formación es el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
De conformidad con la disposición adicional primera, apartado 3, del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, la actividad formativa en estos contratos, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, podrá estar constituida por los contenidos formativos autorizados por el Servicio Público de Empleo competente, en este caso Lanbide.
Al término de su participación en el proyecto, las personas participantes que hayan finalizado con aprovechamiento recibirán un certificado expedido por la entidad promotora en el que se hará constar la duración en horas de su participación en el proyecto, el nivel de formación teórico-práctica adquirida y los módulos formativos cursados. La cualificación o competencia profesional adquirida será objeto de acreditación de acuerdo con la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad establecida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.
Durante la fase inicial, de formación, los participantes en el proyecto seguirán percibiendo la RGI o el IMV en las condiciones que les correspondan. Durante la fase de contratación percibirán, al menos, un salario equivalente al mínimo interprofesional anualmente establecido, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y se adecuará la cuantía de las prestaciones a sus ingresos, aplicándose en su caso los estímulos al empleo que correspondan.
Orientación y Acompañamiento:
Durante todo el periodo de ejecución del proyecto, se impartirán a las personas participantes acciones de orientación y acompañamiento, asesoramiento e información profesional para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. Para el desarrollo de estas actividades la entidad promotora deberá contar con el personal y los métodos adecuados.
El proyecto está destinado al desarrollo de itinerarios de acompañamiento integral para la inclusión sociolaboral con personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y/o la Renta de Garantía de Ingresos, personas desempleadas de larga duración (entendidas como tales las que hayan estado ocupadas 180 días o menos en los 540 días anteriores a la fecha del inicio del proceso de selección de las personas participantes en el proyecto), en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAPV).
1. El proyecto a desarrollar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo estará integrado por varios proyectos piloto de itinerarios de acompañamiento integral para la inclusión socio-laboral. En concreto comprenderá la realización de entre 15 y 20 proyectos piloto de empleo-formación, con los que se pretende llegar a un total de 300 personas beneficiarias, replicando esta cifra para el establecimiento de los grupos de control.
2. Será objeto de los proyectos la cualificación de las personas participantes en los mismos mediante iniciativas mixtas de empleo-formación, que respondan a las necesidades del entorno donde vayan a desarrollarse y que podrán desarrollarse en los siguientes ámbitos de actuación:
a) Mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno rural en los municipios o barrios más desfavorecidos o infradesarrollados.
b) Acompañamiento y atención a la tercera y cuarta edad (silver economy).
c) Cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos, personas dependientes por discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica.
d) Promoción de la cultura, la educación y la salud.
e) Promoción y recuperación del patrimonio artístico e histórico,
f) Reciclaje y reutilización de recursos.
g) Eficiencia energética y energías renovables.
h) Mantenimiento de espacios públicos.
i) Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte.
j) Conservación de la naturaleza: masas arbóreas, especies animales, limpieza de ríos y costas.
k) Eliminación de la brecha digital. Acompañamiento en la realización de tareas por vía electrónica con las Administraciones Públicas, compras electrónicas, operaciones bancarias, etc… a personas con pocas competencias digitales.
l) Recuperación de canteras en las que la empresa concesionaria haya finalizado los trabajos.
m) Instalación y mantenimiento de redes de recarga de vehículos eléctricos.
n) Rehabilitación y adaptación a la nueva normativa energética de edificios.
ñ) Movilidad sostenible.
o) Actividades socioculturales y de desarrollo comunitario, primando aquellas dónde puedan establecerse canales de comunicación intergeneracional.
p) Cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo.
3. Los proyectos estarán dirigidos a la participación de personas beneficiarias de la RGI o IMV y que sean además desempleadas de larga duración, entendidas como tales las que hayan estado ocupadas 180 días o menos en los 540 días anteriores a la fecha del inicio del proceso de selección de las personas participantes en el proyecto.
4. Los proyectos serán promovidos por entidades de carácter local, incluidas las entidades dependientes de las mismas. Las ayudas económicas a abonar a dichas entidades para la realización del programa se instrumentarán a través de la concesión de una subvención directa. Para hacer efectiva esta subvención se recurrirá al mecanismo excepcional previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que permite la concesión directa de subvenciones cuando «se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
5. Los proyectos tendrán una duración de doce meses y deberán iniciarse como fecha límite antes del 1 de junio de 2022 y estar finalizados como máximo antes del 31 de mayo de 2023.
6. Los proyectos estarán divididos en dos fases. La fase inicial de los proyectos, cuya duración será de un mínimo de dos meses y tendrá un carácter exclusivamente formativo. La segunda fase será de cualificación en alternancia y podrá comenzar una vez realizado al menos el 75% del programa formativo y siempre que se puedan compatibilizar ambas actividades.
7. Finalizados los proyectos, los mismos serán evaluados con metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT). Para cada proyecto se definirá un grupo de control que permita realizar una evaluación contrafactual a la finalización, a los tres y seis meses de la finalización del proyecto.
8. Lanbide desarrollará las herramientas necesarias para registrar toda la información necesaria para el seguimiento y control del proyecto. Dichas herramientas serán de uso obligado por parte de la entidad promotora del proyecto durante el periodo de ejecución del mismo.
9. Asimismo, Lanbide efectuará las actuaciones de comprobación y control de los gastos justificados e imputados por las entidades beneficiarias al desarrollo del proyecto o proyectos mixtos de formación y empleo.
10. Durante todo el periodo de ejecución del proyecto, se impartirán a las personas participantes acciones de orientación y acompañamiento, asesoramiento e información profesional para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. Para el desarrollo de estas actividades la entidad promotora deberá contar con el personal y los métodos adecuados.
La aportación económica de Lanbide se establecerá de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa vigente en materia de subvenciones y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los gastos previstos son:
a. Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
b. Costes del personal formador, de dirección y de apoyo, medios didácticos, material escolar y de consumo y otros gastos de funcionamiento que se considere justificados.
Además, durante la primera etapa, al ser exclusivamente formativa, se compensará el coste del seguro de accidentes del alumnado.
c. Costes del personal orientador.
d. Costes salariales derivados de los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban con las personas participantes. Asimismo, se subvencionarán las cuotas a cargo del empleador correspondientes a contingencias comunes y profesionales, Fondo de Garantía Salarial y desempleo. La cuantía de referencia de la subvención destinada a financiar estos costes será el equivalente al salario mínimo interprofesional anualmente establecido, incluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.
e. Los proyectos podrán contemplar la financiación de un plus de transporte para las personas participantes que residan en municipios con riesgo de despoblación y su participación en el programa requiera desplazarse a otro municipio. La Unión Europea califica a un municipio en riesgo de despoblación cuando su densidad de población está por debajo de 12,5 habitantes por Km2.
El seguimiento y evaluación del proyecto de itinerarios de acompañamiento desde su concepción integral, debe servir tanto a los responsables de su diseño como quienes se encargan de su gestión e implementación, a la que vez poner de manifiesto los resultados y logros alcanzados con las actuaciones de los proyectos de acompañamiento integral, en términos de la mejora de las posibilidades de inserción social y laboral de las personas desempleadas de larga duración beneficiarias del IMV y/o RGI.
El sistema propuesto se enmarca por tanto en una evaluación integral de diseño, implementación, resultados e impactos, y otros criterios complementarios como los de calidad y enfoque de género, con un planteamiento basado en dos premisas previas y con el fin de garantizar la necesaria visión holística de las políticas sociales y de empleo, y en particular de las de los programas de acompañamiento integral para la inclusión.
– La combinación y complementariedad de las técnicas cuantitativas y cualitativas, permitiendo ello un análisis integral desde el que se pueda abordar la complejidad y multidimensionalidad de los resultados de los itinerarios.
– La adaptación de las técnicas a cada enfoque de evaluación y a sus colectivos de destinatarios y participantes, que permite llevar a cabo una evaluación lo óptima para cada programa o iniciativa concreta desarrollada.
Los resultados obtenidos se medirán mediante el proceso de evaluación del impacto de los proyectos, en una doble vertiente:
– En comparación con la situación inicial de partida.
– En comparación con el grupo de control, para medir el resultado obtenido se utilizarán una serie de indicadores, tanto de inserción laboral como de mejora de la empleabilidad, que nos permitirán valorar el impacto de cada proyecto.
La medida del impacto de los proyectos promovidos por las entidades locales se realizará en términos de ocupabilidad e inserción socio laboral de las personas participantes en el conjunto de proyectos promovidos, y la valoración del grado de causalidad entre los resultados del programa, esto es que parte de los mismos derivan directamente de los proyectos. Ocupabilidad, como mejora del posicionamiento de los participantes en el mercado con la adquisición o refuerzo de variables situacionales profesionales y personales que «determinan el grado de probabilidad de acceder y/o mantener una ocupación en una coyuntura dada; y la inserción efectiva, en cuanto a la incorporación o continuidad de los participantes en el mercado laboral.
Más en concreto, entre los elementos posibles a evaluar señalar, el impacto efectivo del programa en clave de inserción laboral, a 3 y 6 meses de finalizados los proyectos, junto a su análisis desde el punto de vista de calidad del empleo (duración y tipo de contratos) y la adecuación con las necesidades del mercado laboral actual (inserción encajada en términos de ocupación); en la mejora de actitudes al empleo, habilidades de empleabilidad y el esfuerzo de afrontamiento del desempleo (inscripciones en ofertas de empleo y/o cursos de formación, actualización de datos de la demanda de empleo). O también, un análisis descriptivo de los perfiles de las personas beneficiarias y la caracterización y cuantificación de los servicios recibidos, así, como otros tipos de impactos más globales o de carácter social que se pudieran contemplar, y derivar de sus marcos lógicos.
La medición del impacto se realizará con un análisis contrafactual por medio de un diseño experimental donde tanto las personas participantes en los proyectos de itinerarios como aquellas personas integrantes del grupo control, o no participantes, se elegirán ex ante de manera aleatoria entre la población interesada de personas perceptoras y paradas de larga duración, y siempre antes de comenzar las intervenciones. Unas serán las «tratadas» y las otras «no» que conformarán el grupo de control. El hecho de que se trate de proyectos pilotos exploratorios o innovadores, puede ayudar a vencer posibles condicionantes éticos y técnicos o críticas de las personas interesadas.
La información compartida incluirá la información necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información específica según el tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
– Información de hogares/unidades de convivencia: composición, características adicionales, de renta mínima, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
– Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro de prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre los participantes para el diseño y evaluación, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
– Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios, variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
– Información de la intervención: itinerarios, tipologías, participantes, así como la información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
En caso de que la Comunidad Autónoma del País Vasco no tenga competencia normativa para recabar y ceder los datos necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios de inclusión deberán recabar el consentimiento expreso de los potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado con la subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. En concreto, El Departamento de Trabajo y Empleo de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Organismo autónomo administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo informará a los participantes de la finalidad del tratamiento de sus datos personales, de las posibles cesiones a las AAPP y terceras entidades que convenien en la ejecución de las finalidades del presente convenio, de la identidad del Delegado de Protección de Datos, informando de la existencia de un mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, en cualquier momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL, y se recabará el consentimiento de forma expresa mediante la firma del participante.
Así mismo, se le informa de los plazos de custodia y que, en caso de entender que se ha vulnerado alguno de sus derechos, tiene la posibilidad de establecer la correspondiente denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
El Departamento de Trabajo y Empleo de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Organismo autónomo administrativo Lanbide–Servicio Vasco de Empleo definirá un modelo de consentimiento detallado para los potenciales participantes.