Categoría: Judicial

judicial de los hechos».
En el texto transcrito queda así reflejada la capacidad movilizadora que el órgano sentenciador atribuye al señor Sànchez y al señor Cuixart, pese a las reticencias que los recurrentes formulan sobre esta cuestión. Por otro lado, debe rechazarse que lo expresado en el apartado 9 del relato de hechos probados (pág. 45 de la sentencia) en relación con el primero de los citados («que, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa») constituya un «salto lógico inexplicable y no explicado». Basta con retomar lo afirmado respecto de aquel en el párrafo inmediatamente anterior de la referida página, en el queda reflejado que ejerció funciones de interlocución entre los movilizados y los agentes actuantes, con capacidad para imponer condiciones a estos últimos y con autoridad para disponer lo necesario para aislar los vehículos al ser informado de que los mismos contenían armas, para constatar que la cuestionada aseveración en absoluto resulta ser ilógica o aberrante. Igualmente, debemos rechazar el error que se atribuye al tribunal sentenciador al razonar sobre los desperfectos que sufrieron los vehículos policiales pues, en la pág. 383 de la sentencia [apartado 1.8.3 del fundamento de Derecho C)] queda claro que la condena del señor Sànchez no se basa en su responsabilidad por dichos destrozos; y de tan categórico aserto no cabe deducir reproche alguno hacia el tribunal enjuiciador.
Tampoco cabe apreciar la contradicción ni el desbordamiento de las intenciones de los señores Cuixart y Sànchez, con la consecuencia de la no imputabilidad subjetiva que se sustenta en la demanda, por el hecho de que en la pág. 380 de la sentencia [apartado 1.8.3 del fundamento de Derecho C)] se afirme que «[e]sos mensajes eran reflejo fiel de la voluntad, compartida por los coacusados del delito de sedición, de hacer todo lo posible (con el límite –no se negará– de agresiones violentas, a salvo las previsibles pero no evitables que pudiesen protagonizar elementos no disciplinados), para impedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto autonómicos como estatales, desarrollar la actuación que les había sido judicialmente ordenada. Se les ponía así a los agentes en la disyuntiva de abdicar de su obligación de cumplir una orden judicial o enfrentarse a la multitud, incluido el uso de la fuerza representada por masas compactadas ejerciendo resistencia pasiva». Como queda reflejado, lo que el tribunal sentenciador admite es que los coacusados no pretendían exhortar a los ciudadanos congregados a que agredieran directamente a los agentes actuantes, pero sí les atribuye la intención concebida de consuno, en orden a impedir que las fuerzas policiales desarrollaran el cometido encomendado por orden judicial. Nada de lo argumentado por el órgano judicial incurre en irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad, de manera que la responsabilidad que de ello se hace derivar no resulta atentatoria para el derecho fundamental objeto de análisis.
b) Reprueban también los recurrentes que en la sentencia no se analicen ciertos aspectos relacionados con los registros; concretamente, que los detenidos habían renunciado a estar presentes en esa diligencia, que no se detalla por qué fue inviable su conducción al lugar donde se habían de practicar ni por qué no se citó a los abogados de los detenidos para que estuvieran presentes. Comenzando por el final, hemos de indicar que en lo concerniente a la citación de los abogados de los detenidos nada se dice en la sentencia ni tampoco en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. Pero no es menos cierto que, salvo error u omisión inadvertido, tampoco en el escrito por el que se promueve el referido incidente se alega ese pretendido déficit argumental; y al margen de esa circunstancia, aun cuando no hubieran sido citados los letrados de los detenidos, ese hecho en nada empece la condena de los demandantes por su participación en el delito de sedición, pues del contenido de la sentencia no se desprende que la responsabilidad penal de los recurrentes estuviera condicionada por esta circunstancia.
También debe rechazarse la denuncia referida a que el tribunal sentenciador no tomara en consideración la renuncia de los detenidos a asistir a la práctica del registro. La referencia a este extremo figura en la pág. 374 de la sentencia [apartado 1.8.1 del fundamento de Derecho C], la cual se inserta en el párrafo que a continuación se transcribe, en el que también se pone de manifiesto la importancia de la actuación llevada a cabo por don Jordi Sànchez:
«Objetivamente esa concentración tutelada por don Jordi Sànchez y la asociación que lideraba entorpeció la actuación judicial impidiendo su normal desarrollo. El jefe de la BRIMO llegó a decir que la dispersión de esa multitud no la lograría “[…] ni el séptimo de caballería” Más allá de que finalmente los detenidos renunciasen a estar presentes en el registro, lo cierto es que se había demostrado imposible su acceso en condiciones asumibles. Basta ver las imágenes de otros registros y de las salidas con detenidos en lugares con menos aglomeración de personas, para comprender que el acceso en la forma que proponía el señor Sànchez era inviable y había de desembocar en desórdenes públicos. No se pudieron realizar los registros en la forma en que se había dispuesto y que exige la Ley de enjuiciamiento criminal. El acusado rehusó una eventual desconvocatoria y mostró reticencias ante la necesidad de abrir un pasillo más amplio, o de establecer un perímetro más ancho, negándose a ello aduciendo imposibilidad de abrir espacios más holgados. Ha quedado también acreditado que indicó que no era posible una retirada parcial de los concentrados y que recurrió a un tono incendiario en algunos de sus mensajes (“han declarado la guerra”)».
El texto transcrito, junto con el relato que figura en las págs. 43 a 45 de la sentencia (apartado 9 de los hechos probados) permite refutar categóricamente los reproches que en la demanda se dirigen, pues quedan acreditadas las razones por las que no resultó razonablemente posible la conducción de los detenidos al lugar a registrar y que la diligencia judicial se pudiera realizar en condiciones de normalidad. Y en ese contexto, queda claro que el tribunal sentenciador no confiere la relevancia que en la demanda se deja entrever a la renuncia de los detenidos a estar presentes en el registro, porque como se expone en elfactum, los detenidos «debían estar presentes, conforme disponen las leyes procesales», y «la movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos»; conclusión que se acompasa con lo detallado en las págs. 362 y 363 de la sentencia [apartado 1.7.3 del fundamento de Derecho C)], de acuerdo con lo depuesto por los testigos que allí se identifican.
c) Critican los recurrentes que no se haya extraído consecuencia alguna de la desconexión personal del señor Romeva respecto de los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017, toda vez que se encontraba en Madrid y no en Barcelona. Al respecto de esa reprobación constatamos que ni en el relato histórico ni en el juicio de autoría se vincula la participación del aludido demandante en el delito de sedición con su intervención personal y directa en los acontecimientos habidos el día 20 de septiembre de 2017. Siendo así, tampoco cabe exigir al referido órgano que extraiga consecuencias respecto del dato que invocan los demandantes, cuya realidad, salvo error u omisión, tampoco se recoge en la sentencia. Si la presencia en Barcelona del indicado recurrente no ha sido tenida en cuenta a la hora de articular su responsabilidad por esa infracción penal, tampoco viene obligado el órgano sentenciador a establecer consecuencias de su pretendida ausencia de dicha ciudad, máxime porque su participación en el delito de sedición se explica motivadamente en el apartado 1.2 del fundamento de Derecho C) de la sentencia combatida en este sede. Y a mayor abundamiento, debemos reproducir la conclusión que formulamos en el apartado 11.4.3.1 de la STC 91/2021, ante el alegato del entonces demandante, también miembro del Govern, de que la sentencia no le atribuyó participación personal y directa en los sucesos del día 20 de septiembre:
«Los fragmentos transcritos ponen de relieve que la citada resolución sí expresa las razones por las que considera al recurrente responsable del “alzamiento tumultuario” acaecido el 20 de septiembre de 2017. Esa vinculación no se establece de manera individualizada ni tampoco se sustenta en que hubiera tenido una intervención personal en los incidentes. Como así se refleja en los párrafos reproducidos de la sentencia, su responsabilidad se anuda a una actuación realizada de consuno por varios acusados que, con su proceder respectivo, generaron o incrementaron el riesgo de inaplicación de las leyes y el incumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, de suerte que a todos los acusados mencionados les son imputables los actos hostiles y episódicamente violentos que se desencadenaron, dada la relación existente entre estos incidentes y la actuación precedente de aquellos. En suma, la vinculación del demandante con esos eventos se funda en la existencia de una acción concertada en la que este último participó, conforme a una estrategia de favorecimiento de la movilización de los ciudadanos, que fue diseñada a modo de instrumento efectivo de oposición a la vigencia de las leyes y al cumplimiento de los mandatos judiciales, con la finalidad de organizar un referéndum que fue declarado contrario a la Constitución por este tribunal».
d) También se objeta en la demanda que el órgano judicial atribuyera a quienes denomina los «Jordis» un papel singularmente relevante en la movilización. Sin embargo, esta consideración en absoluto puede ser catalogada como irrazonable o arbitraria visto lo reflejado en la pág. 374 [apartado 1.8.1 del fundamento de Derecho C)] en relación con don Jordi Sànchez –transcrito anteriormente– y lo referido en las págs. 385 a 387 [apartado 1.9.1 fundamento de Derecho C)] –que a continuación se reproduce– respecto de la participación de don Jordi Durán y de las fuentes de prueba que el tribunal sentenciador tuvo en consideración:
«Las fuentes probatorias que han permitido proclamar como probado lo que aconteció el día 20 de septiembre ante la Vicepresidencia del Govern y el protagonismo del acusado señor Cuixart son comunes a las que ya hemos analizado al describir la autoría de otros coacusados. La declaración de los agentes de la policía estatal y autonómica que estuvieron allí, el testimonio de los ciudadanos y responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y defensa y, sobre todo, la declaración del propio señor Cuixart, permiten dibujar un escenario fiel a lo verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el plenario –incluido el grabado por la cámara de seguridad que se hallaba en el interior del edificio que era objeto de registro– y la lectura de algunos de los mensajes enviados por redes sociales, refuerzan nuestras inferencias […].
Siguiendo la estrategia de movilización ciudadana acordada y planificada, al conocerse que se estaba produciendo el registro, con el fin de impedir por la vía de los hechos el cumplimiento de las decisiones judiciales, el acusado señor Cuixart en acción conjunta con el señor Sànchez, convocó a la población desde primeras horas de la mañana a través de las cuentas de Twitter, tanto las de las asociaciones que presidían como de las suyas particulares, para que los ciudadanos comparecieran ante la sede de la consejería citada. Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar.
Consta que en la tarde del día 20, don Jordi Durán se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos. Pese a reivindicar el pacifismo de la movilización –que la Sala no pone en duda–, apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión “¡no pasarán!”, y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales, acabando su alocución con las siguientes palabras; “hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera […] no tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad”».
e) Los recurrentes cuestionan la validez de la afirmación obrante al folio 42 (apartado 9 del relato de hechos probados), relativa a que «la ausencia de violencia en las convocatorias multitudinarias añadía una seña de identidad que reforzaba si cabe, su capacidad de convocatoria». Pues bien, al adentrarnos a valorar la adecuación de esa aseveración, teniendo en cuenta el parámetro de control al que estamos sujetos colegimos que la misma no resulta ilógica o aberrante; y en cualquier caso, si se analiza con objetividad su contenido, de ella no cabe derivar un efecto adverso para los recurrentes –en absoluto afectados por lo manifestado– ni tampoco para los directamente concernidos por la expresión, pues lo que se refleja en la sentencia es, precisamente, la ausencia de violencia en las convocatorias efectuadas; y de esa circunstancia no pueden derivarse efectos perjudiciales.
Respecto de lo que se define en la demanda como el «incidente de Badalona», se constata que en la pág. 389 de la sentencia [apartado 1.9.3 del fundamento de Derecho C)] se detalla con claridad la significación y alcance que se confiere a ese acontecimiento; y es notorio que se descarta su relevancia de cara a la condena del señor Cuixart, toda vez que expresamente se señala que «ese incidente es totalmente prescindible para la decisión a adoptar sobre la pretensión acusatoria». En lo atinente a la queja asociada a las concentraciones hostiles ante los cuarteles de la Guardia Civil y de policía que se recoge en el apartado 9.1 de los hechos probados (pág. 48 de la sentencia), simplemente hemos de indicar que esos acontecimientos no se vinculan expresamente con el proceder delictivo de los demandantes, lo que excusa de consideraciones adicionales. Y en cuanto a la expresión «¡no pasarán!» que profirió el señor Cuixart, no se antoja errático o absurdo que el tribunal sentenciador pueda contrastar el proclamado pacifismo de la movilización con el empleo de unos términos cuyo significado, cuando menos, insta a la resistencia.
11.1.4.2.2 Quejas asociadas principalmente a aspectos relacionados con la votación del día 1 de octubre de 2017.
Son numerosas las críticas que en la demanda se vierten sobre el tratamiento dado en la sentencia a lo sucedido durante el día 1 de octubre de 2017 y a determinados acontecimientos preliminares. Se objeta la indeterminación de que, en términos generales, adolece la sentencia al abordar los enfrentamientos que se produjeron ese día, pues en las páginas que se indican en la demanda no se describen con detalle los lugares en que hubo enfrentamientos ni se explicita en qué consistieron estos, sin que tampoco quede claro si los Mossos desistieron de intervenir porque así les fue ordenado o bien por la imposibilidad de hacerlo.
a) En la reiterada STC 91/2021, concretamente en su fundamento jurídico 11.4.3.2 tuvimos ocasión de responder a la censura que entonces se formuló en relación con los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017, por la excesiva concisión y falta de detalle en la descripción de los enfrentamientos que se refieren en la sentencia. Al respecto razonamos lo siguiente:
«Los extremos a que se refiere el recurrente figuran en el apartado 12 de los hechos declarados probados y, respecto del relato que allí se consigna cabe decir que, en efecto, los acontecimientos habidos se describen sucintamente y sin descender al detalle de ciertos aspectos, tales como la identificación de las personas y de los concretos lugares en que se produjeron los incidentes, así como las características particulares de cada uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar y las consecuencias que de ellos derivaron. Sin embargo, esa parquedad descriptiva no implica que se haya omitido la consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso contempla la activa promoción del referéndum, por parte del demandante y otros acusados, y del consiguiente llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar. Asimismo, detalla el comportamiento desplegado por parte del señor Forn y de la señora Bassa, en relación con lo ordenado por la referida resolución judicial.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En la mayoría de los casos, “la actuación de grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la que eran informados por los binomios de los Mossos comisionados”, dio lugar a que estos desistieran de cumplir la referida orden, ante la imposibilidad de vencer la resistencia de esas personas agrupadas. En relación con la intervención de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se describe, sin embargo, otra secuencia distinta: “[a]nte la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a la entrada de los centros, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa”. Finalmente, se afirma que “a primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar su propósito inicial”.
Los acontecimientos que se narran en el indicado apartado de los hechos probados reflejan que, desde el poder público autonómico se había promovido la celebración del referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse a cabo, con una participación, estimada por el entonces jefe policial de los Mossos d'Esquadra, de unos dos millones de personas. Así pues, teniendo en cuenta los acontecimientos precedentes y la naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, pese a la brevedad de detalles que el relato ofrece respecto de los enfrentamientos producidos, no debe apreciarse la insuficiencia de los hechos probados que proclama el demandante. Y ello, porque el relato histórico consignado en la sentencia alcanza el umbral exigido para considerar adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la norma penal de aplicación».
Resulta llamativa la crítica que en la demanda se achaca a la descripción del comportamiento de los Mossos, al manifestar que no se refleja con claridad si estos desistieron de intervenir por acatamiento de lo ordenado o por imposibilidad material de actuar. Sin embargo, la lectura del párrafo tercero de la pág. 54 de la sentencia (apartado 12 del relato de hechos probados) no permite albergar dudas sobre lo que se relata. En la mayoría de los casos, la oposición decidida de los grupos compactados que se negaban a acatar la orden judicial de la que informaban los «binomios de mossos comisionados», dio lugar a que estos desistieran de su objetivo ante la imposibilidad de vencer la resistencia opuesta. Esta idea es la que con carácter esencial subyace en el relato, puesto que es de todo punto lógico colegir que tan reducido número de agentes no pudieran vencer la resuelta oposición de los que se agruparon para proteger los centros de votación; y ello sin perjuicio de que se añada el dato de que las instrucciones recibidas por los actuantes fueran las de desistir ante tan adverso panorama. No obstante, para poder valorar globalmente la intervención que con carácter general tuvo el cuerpo policial autonómico debe tenerse en cuenta lo reflejado en el párrafo segundo de la indicada página de la sentencia, de cuyo tenor se infiere que, salvo contados episodios de intervención aparente, los Mossos no interfirieron en la votación.
b) En la demanda se reprueba que la descripción que figura en las págs. 388 a 390 de la sentencia (dentro del apartado correspondiente al juicio de autoría de don Jordi Durán i Navarro) sea estereotipada y basada en ideas preconcebidas, por no concretar la prueba en qué se funda. Al respecto, lo primero que constatamos es la inconcreción de la queja, ya que no se detallan qué concretos argumentos o consideraciones incurren en los déficits que les achacan. Pero al margen de esta circunstancia, no es cierto que el razonamiento del tribunal sentenciador no se sustente en pruebas. Basta recordar que en la pág. 388 de la sentencia [apartado 1.9.3 del fundamento de Derecho C)] se afirma que don Jordi Durán admitió que apoyó, estimuló, multiplicó y alentó el movimiento «Escoles Obertes», amén de que en la pág. 389 (apartado 1.9.4 del mencionado fundamento), en relación con la descripción efectuada en la página anterior se afirma que «[l]as manifestaciones en el acto del juicio oral de don Jordi Durán sintonizan en su totalidad con la descripción que acabamos de hacer. En realidad bastaría con reflejar los hechos que él asume y la interpretación que el mismo les confiere para encajarlas en el art. 544 CP». Y más adelante, en la pág. 392 (mismo apartado) se refiere que «[c]omo venimos razonando, la actuación sobre la que se edifica la condena de don Jordi Durán no está negada por él mismo […]».
c) Se quejan los demandantes de la «intoxicación de apreciaciones subjetivas» de que adolece la sentencia, que aboca a la predeterminación del fallo. Como ha quedado sintetizado con anterioridad, en la demanda se citan ejemplos de inclusión de elementos valorativos y subjetivos en el relato fáctico, en el cual, según afirman, solo deben expresarse proposiciones fácticas, mientras que en la fundamentación jurídica se quejan de la subjetividad y apasionamiento en que se incurre para explicar lo sucedido.
Más allá de la discrepancia que los recurrentes denotan respecto de lo relatado o argumentado por el tribunal sentenciador en los ejemplos que indican, del contenido de la queja no se desprende la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en que la censura se incardina. Tampoco cabe apreciar la predeterminación del fallo que los demandantes califican de «evidente», puesto que los ejemplos que estos últimos citan no reflejan la utilización de conceptos jurídicos en los hechos probados que impliquen la predeterminación del fallo a que se alude. Por otra parte, el hecho de que se empleen términos tales como «tumultuario referéndum» en la parte de los fundamentos jurídicos que se indica, en nada conculca el derecho fundamental objeto de análisis, conforme con el contenido y alcance que le es propio, según ha quedado reflejado al compendiar la doctrina constitucional.
d) En la demanda también se cuestiona el siguiente texto que obra en la pág. 54 de la sentencia: «a primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar el propósito inicial», pues se afirma que en el juicio oral no se probó quién dio esas supuestas órdenes.
Ciertamente, salvo omisión inadvertida no consta en la sentencia la identidad del autor o autores del mandato para que los actuantes obraran del modo que el párrafo transcrito refiere. Pero, sin perjuicio de lo dicho, se advierte que al articular su queja los recurrentes no ponen de manifiesto cuál es la relevancia de ese dato desde la perspectiva del derecho fundamental que dicen vulnerado; dicho en otras palabras, no explican en qué modo o manera la supresión o modificación de ese texto habría supuesto una variación del sustrato fáctico determinante de la condena por el delito de sedición, sin que este tribunal pueda remediarmotu propriola omisión a que se ha hecho referencia.
e) Sin abandonar el ámbito de la intervención policial durante la jornada de votación, en la demanda se enfatiza sobre las importantes omisiones que se detectan en la sentencia: concretamente, la ausencia de un análisis de la actuación de las fuerzas policiales, a la vista de las limitaciones impuestas en el auto de 27 de septiembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña («sin afectar a la normal convivencia ciudadana»), que no se haga referencia a la instrucción del secretario de Seguridad ni se valoren las exhortaciones a «la prudencia» por parte de la magistrada del órgano colegiado antes mencionado, para finalmente concluir que la violencia policial desplegada fue imprevisible, desproporcionada y contraria a lo acordado en el auto y la instrucción objeto de cita, siendo imposible concebir que «una votación pacífica animada por una ciudadanía gozosa de votar sería violentamente reprimida». Seguidamente, los demandantes explican la pretendida relevancia de estas objeciones, al afirmar que la sentencia rehúye el debate sobre este aspecto, porque para establecer la imputación objetiva y subjetiva del delito de sedición necesita fijar la «legitimación de la actuación policial claramente desproporcionada».
La denuncia que los recurrentes articulan al socaire de una omisión argumental parte, en realidad parte de la idea de que la actuación de las fuerzas policiales fue imprevisible, injustificada y manifiestamente desproporcionada, de manera que, en el fondo, lo que se sustenta en la demanda es que las fuerzas policiales no deberían haber intervenido para evitar que la votación masiva se llevara a cabo. Sin embargo, esa descalificación de la actuación de los agentes queda refutada por el auto de 27 de septiembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo contenido aparece reproducido en las págs. 49 a 51 de la sentencia (apartado 9.2 del relato fáctico), y de cuyo tenor claramente se constata que, taxativamente, se ordenó a los funcionarios policiales actuar para evitar la celebración del referéndum. Cierto es que en el referido auto se introduce la frase «sin afectar a la normal convivencia ciudadana»; y lo cierto es que, pese a lo que se afirma en la demanda, el tribunal sentenciador sí tuvo en cuenta ese inciso en su argumentación jurídica, sin que lo expresado al respecto adolezca de irrazonabilidad o arbitrariedad:
«La decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017 no supuso, desde luego, cambio sustancial alguno sobre el objetivo de la encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en relación a los actos relacionados con el citado referéndum. La referencia en sus fundamentos jurídicos a que esa actuación no afectara “a la normal convivencia ciudadana” no es sino una transcripción adaptada de los principios legalmente ya impuestos en la actuación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos d'Esquadra (cfr. arts. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad y su clónico art. 11 de la Ley 10/1994, 11 de julio, de policías de la Generalitat). Solo un sesgo malintencionado para disimulo de la verdadera voluntad obstruccionista puede conferir a aquel canon un alcance que desde el inicio lleve a hacer inoperativa la finalidad impuesta por la orden judicial, a cuya efectividad venían legalmente obligados los agentes de la policía autonómica».
En cuanto a la instrucción del secretario de Seguridad, que se dice que fue incumplida por la actuación policial, nada tenemos que manifestar al respecto habida cuenta de que, más allá de exponer ese juicio de valor, en la demanda no se explica en qué términos priorizaba esa instrucción «la protección de la convivencia por encima del objetivo táctico de la intervención policial» y por qué concretos motivos la actuación de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contravinieron lo ordenado en esa resolución. En todo caso, debemos puntualizar que la sentencia impugnada en el presente recurso de amparo no tiene por objeto enjuiciar el comportamiento de los participantes que se enfrentaron con los agentes de la autoridad en la jornada de la votación, ni tampoco la confrontación que estos últimos mantuvieron con aquellos. Por otro lado, en la demanda nada se dice en orden a acreditar la relevancia de esa temática, pues es notorio que los recurrentes no han sido condenados, como autores de un delito de sedición, por haber participado en enfrentamientos con las fuerzas policiales.
f) También se reprueba que el órgano judicial no haya identificado las fuentes probatorias de que se ha servido, no ofrezca una explicación sobre las mismas ni vincule las fuentes de prueba con las conclusiones que extrae. A continuación, en las págs. 227 y 228 de la demanda se citan ejemplos concretos de ese pretendido defectuoso proceder, amén de señalar, en la pág. 229 del citado escrito, que en la sentencia no se dedica «ni una línea a comentar la pericial médica aportada por esta defensa, que desacreditaba la existencia de cualquier lesión vinculada con los hechos del 1-O».
Comenzando por el final, resulta cuando menos llamativo que en relación con el ejemplo escogido por los recurrentes para poner de relieve la ausencia de valoración de la prueba de descargo, esto es el informe pericial médico que, supuestamente, desacredita cualquier lesión vinculada a lo acontecido el día 1 de octubre, no se mencione en absoluto cuál era el objeto de la pericia mencionada, las personas sobre las que ha versado dicho informe y las concretas conclusiones que el perito o peritos extraen. Por ello, debemos descartar la relevancia que al citado informe se pretende atribuir, ante la falta de argumentación sobre la naturaleza y características del mismo.
Los restantes ejemplos que se citan como acreditativos de los vicios procesales que se denuncian también deben ser rechazados. En las págs. 162 a 168 de la sentencia [apartado 16.1 del fundamento de Derecho A)], el tribunal rebate la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías que fue denunciado por no permitir confrontar las declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. En ese contexto, el órgano judicial expone de manera motivada las razones por las que no se conculcó el principio de contradicción y, con ese propósito, explica con detalle y desde una perspectiva crítica, cuál es el valor y entidad que confiere a las versiones testificales de cargo y de descargo, de cara a asentar el juicio histórico y la fundamentación jurídica reflejada en la sentencia. Y conforme a la posición en que se sitúa este tribunal, ningún reproche cabe dirigir a la justificación ofrecida por el órgano sentenciador para descartar la quiebra del principio de contradicción remitiéndonos, por lo demás, a lo ya resuelto al abordar esta queja.
Por otro lado, la referencia a que los acusados «habían llamado» a la ciudadanía no aparece reflejada en tales términos en la pág. 271 de la sentencia, en contra de lo que se afirma en la demanda. Y en lo que respecta a la indeterminación y a la falta o escasez de identificación de las fuentes de prueba, basta con decir que las objeciones referidas a la pág. 346 de la sentencia [apartado 1.5 del fundamento de Derecho C)] carecen de fundamento, toda vez que sí se detallan los principales documentos tenidos en cuenta para fundar la autoría del señor Rull; que en las págs. 362 a 367 (apartado 1.7.3 del indicado fundamento) están perfectamente identificados los testigos cuyas declaraciones tomó en consideración el tribunal sentenciador para fundar el juicio de autoría respecto de don Joaquín Mora, sin que en la demanda se especifique qué concretas objeciones se suscitan a las consideraciones vertidas en las páginas indicadas y sin que tampoco se controvierta la certeza de lo manifestado en el segundo párrafo de la pág. 370 (apartado 1.7.4 del reiterado fundamento), en relación con el comportamiento de alguno de los miembros del cuerpo de los Mossos.
g) En otro apartado de la demanda, los recurrentes coligen que la sentencia les condena por la «estimulación» de lo que simplemente fue una protesta y una manifestación ciudadana. Sobre ese particular, basta con remitirnos a las razones dadas en los respectivos juicios de autoría formulados en la sentencia respecto de algunos de los acusados, para constatar que la responsabilidad penal por el delito de sedición no se contrae a una simple actividad de «estímulo», como si todos los acontecimientos que se producen desde la ideación de la estrategia a seguir, principalmente el desarrollo normativo contrario a los postulados de la Carta Magna y la ejecución de las actividades que permitieron que la jornada de votación del día 1 de octubre de 2017 tuviera lugar, hubieran sido planificados y materializados por terceros y los demandantes se hubieran limitado a mostrar una postura aquiescente y a alentar a los encargados de llevarlo a cabo. Ese entendimiento de lo acontecido queda expresamente desautorizado en la sentencia, habida cuenta de las circunstancias tomadas en consideración para sustentar la participación de los demandantes y otros acusados en el delito de sedición. Cierto es que en la pág. 246 de la sentencia [apartado 17.5.2 del fundamento de Derecho A)]. figura el párrafo que en la demanda se entresaca: «[l]a estrategia desplegada, que en buena medida fue estimulada y alentada con entusiasmo y un innegable poder convictivo y movilizador por los acusados fue desplegada para lograr que la votación prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad». Pero la correcta intelección del texto transcrito no es la que patrocinan los demandantes; concretamente que la acción delictiva merecedora de reproche penal es «la estimulación de la protesta o manifestación ciudadana», pues lo que de su tenor rectamente se desprende es que la implementación de la estrategia concebida por los acusados también englobó el estímulo y aliento para lograr la movilización ciudadana, a fin de doblegar la actuación de los agentes de la autoridad y poder realizar la votación prohibida. Y esa actuación, concluye finalmente el tribunal sentenciador, «desborda los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos».
Lo dicho en este apartado es extensible a la consideración que en la demanda se formula acerca de lo manifestado en la pág. 388 de la sentencia: «[p]odemos admitir también que la organización y el apoyo al movimiento “Escoles Obertes” no fueron directamente ideados por los acusados». Si se repara en lo afirmado en el apartado 1.9.3. del fundamento de Derecho C), en el que se inserta el inciso indicado por los recurrentes, se constata que el mismo viene referido a don Jordi Durán y don Jordi Sànchez; y aun cuando se admite como posible que el movimiento «Escoles Obertes» no fuera ideado por ellos, como claramente se asienta a continuación, «sí fue apoyado, estimulado, multiplicado y alentado por estos últimos y sus respectivas asociaciones», lo cual de manera nítida se asocia a la intención de la estrategia que se detalla: evitar que los centros fuesen cerrados e impedir el paso a cualquier agente que pretendiese impedir u obstaculizar el referéndum.
h) Según sostienen los demandantes, las valoraciones que la sentencia formula en relación con la violencia u hostilidad vinculada a la sedición denotan serias contradicciones. A título de ejemplo indican que en la pág. 242 se alude a las convicciones pacifistas y a su compromiso con la no violencia, por parte del señor Cuixart, y se reconoce que los hechos acaecidos desbordaron sus intenciones. Y en la pág. 366, los altercados se vinculan con la izquierda radical que se «activaría y, para facilitar la votación ese día, llevaría a cabo aseguramientos de puntos de votación, ocupándolos desde el día antes del 1 de octubre».
En anteriores sentencias, este tribunal ha tenido ocasión de abordar las objeciones planteadas por los condenados por el delito de sedición ante el reconocimiento, por el tribunal de enjuiciamiento, de las actitudes y convicciones no violentas por parte de alguno de ellos. En concreto, en la STC 91/2021, FJ 11.4.3.2.1 resolvimos la queja del entonces recurrente (señor Turull), alusiva a que el órgano sentenciador no tuvo en cuenta el hecho de que aquel no promovió los enfrentamientos entre los votantes y policías, pese a que la propia sentencia reconoce que hizo llamamientos para que aquellos se comportaran de manera sosegada y pacífica. Respecto de ese alegato, el tribunal sentenciador respondió del siguiente modo, en el apartado 1.4 del fundamento de Derecho C):
«Es evidente que la llamada al mantenimiento de la calma, la serenidad y el civismo, de tanta importancia en situaciones de tensión como la vivida el día 1 de octubre, con la existencia de anuncios de previsibles altercados violentos por los máximos responsables del orden público, encierra un valor positivo. Pero no puede tener un significado excluyente de la antijuridicidad –o de la culpabilidad– respecto de una conducta que estuvo siempre tendencialmente ordenada a hacer realidad un referéndum judicialmente prohibido. El acusado era consciente de que esos llamamientos a la celebración del referéndum suspendido por la autoridad judicial implicaban una clara voluntad de promover la inobservancia de los mandatos jurisdiccionales».
Y esa argumentación mereció la consideración de este tribunal que, con finalidad ilustrativa, a continuación reproducimos: «[v]istos los párrafos transcritos, este tribunal constata que esas llamadas a la calma no tuvieron por objeto evitar el motivo principal de los enfrentamientos con las fuerzas policiales, habida cuenta de que el demandante exhortó a la ciudadanía para que continuara votando en los lugares donde pudiera hacerlo, asumiendo el riesgo de que los encuentros violentos con las fuerzas policiales pudieran seguir produciéndose. Por ello, debemos aquí ratificar, desde la perspectiva que nos es propia, la argumentación judicial dada para descartar el pretendido efecto de exoneración delictiva de las exhortaciones a la calma y la serenidad».
Descendiendo al caso que ahora nos ocupa, afirmamos que el razonamiento que obra en el párrafo primero de la pág. 242 [apartado 17.4.3 del fundamento de Derecho A)] en absoluto se antoja contradictorio o irrazonable. Resulta perfectamente compatible el reconocimiento de las convicciones pacifistas del señor Cuixart, a las que se refieren los recurrentes, y su compromiso con la no violencia en la defensa de sus ideas políticas, con la aseveración de que «el ámbito legítimo de protesta y de lucha por las propias ideas políticas y sociales quedó desbordado cuando los señores Sànchez y Cuixart lideraron el impedimento material de ejecución de decisiones judiciales, cuando abanderaron la derogaciónde facto–impuesta– de los principios constitucionales, en un determinado territorio y en unas determinadas fechas. Y ese desbordamiento les convierte directamente en responsables de las consecuencias penales que el ordenamiento jurídico asocia a esas conductas de aniquilación del pacto constitucional los convierte en responsables del delito de sedición». Como es de ver, el órgano sentenciador no achaca a los citados la incitación para que se produjeran enfrentamientos violentos con los agentes policiales; pero también reconoce que la superación del ámbito de la legítima protesta no les fue ajeno, puesto que lo propiciaron de la manera que en el párrafo reproducido se detalla, con las consecuencias que ello acarrea.
También reprueban los demandantes que, pese a que se reconoce, en la pág. 366 de la sentencia [apartado 1.7.6 del fundamento de Derecho C], la existencia de cursos causales alternativos y de dominio del hecho por terceros, al referir que «la izquierda radical se activaría y, para facilitar la votación ese día, llevaría a cabo aseguramientos de puntos de votación, ocupándolos desde días antes del 1 de octubre», no obstante ello, los demandantes hayan sido considerados autores del delito de sedición. Visto el párrafo en el que se inserta el texto que sustenta la queja, categóricamente debemos rechazar las dudas y contradicciones a que los recurrentes aluden. Como se advierte, el tribunal sentenciador trae a colación el contenido del análisis realizado por la comisaría general de Información sobre los escenarios previsibles, entre los cuales se menciona la posible actuación de lo que denomina «izquierda radical» para asegurar los puntos de votación. La referencia al informe citado se incardina en el juicio de autoría de don Joaquín Mora y, más concretamente, en el subapartado en que se explica que la movilización «Escoles Obertes» estaba dirigida a preparar los actos del referéndum. Por tanto, de lo razonado en la sentencia no cabe extraer la conclusión que se apunta en la demanda, pues la condena por el delito de sedición de que han sido objeto los demandantes y otros acusados no se funda en la actuación llevada a cabo por «la izquierda radical», expresión esta que no aparece en el relato fáctico de la sentencia. Lo que rectamente cabe deducir del texto en que se apoya la queja es que, para los autores del informe, era previsible que se produjera esa hipótesis; pero tal circunstancia no autoriza a entender, como se aduce en la demanda, que los recurrentes hayan sido condenados pese a que se hubieran producido cursos causales alternativos y el dominio del hecho por terceros.
i) En las págs. 234 a 238 de la demanda se cuestionan diferentes apartados de la sentencia. Para una mejor comprensión, al analizar cada una de las quejas que se articulan acotaremos el texto de la sentencia concernido.
(i) Critican que en la pág. 298 de la sentencia se construya una suerte de imputación con base en la comisión por omisión, concretamente al referir «[e]n cuanto a los acusados miembros del Govern la actividad penalmente típica –derogación de hecho de leyes vigentes y válidas a sustituir por no válidas y la movilización de ciudadanos para comportamientos tumultuarios obstativos de la ejecución de órdenes jurisdiccionales– les es objetivamente imputable como colectivo, en cuanto garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición». Afirman que el salto argumental es impresionante al situarles en una posición de garante genérica sin razonamiento sobre las posibilidades de control del resultado.
También objetan el argumento dado en la pág. 299 de la sentencia, porque no desciende al detalle ni se razona sobre la imputación concreta de los demandantes. En el texto objeto de crítica consta que «[p]ese al carácter genérico de tales competencias, estas confieren normativamente, y no solo como poder sino también como deber, un efectivo control del real cumplimiento de lo ordenado en su ejercicio. De otra suerte devendrían ineficaces. Aquella responsabilidad directiva, impone una obligación de vigilancia dirigida a garantizar que las fuerzas de seguridad dependientes garanticen el cumplimiento de la función de policía judicial y, en general, de orden público o mera seguridad ciudadana. Es decir, el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales. Mucho más, si cabe, a conjurar todo riesgo de obstrucción a tal cumplimiento».
En relación con esta queja cumple decir que el hecho de que a los acusados miembros del Govern se les atribuya, como colectivo, la actividad penalmente típica en tanto que garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido, no conculca al derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes. En segundo párrafo de la pág. 298 [apartado 1 del fundamento de Derecho C)], la sentencia colige que a algunos de los acusados miembros del Govern y a otros tres que no lo eran (la señora Forcadell y los señores Sànchez y Cuixart), les son atribuibles los riesgos de lesión de los bienes jurídicos protegidos por el delito de sedición e, incluso, su material concreción. Y se añade que la conducta individualizada que desempeñaron se enmarca en la estrategia que cada uno asumió, fruto de la decisión compartida por todos ellos.
En el párrafo en que se inserta el primer texto acotado en la demanda, la sentencia explica por qué la conducta típica (derogación de hecho de leyes válidas a sustituir por otras no válidas y la movilización de ciudadanos para la realización de comportamientos tumultuarios) les es objetivamente imputable en cuanto miembros del Govern, dado que, como tales, son garantes del bien jurídico protegido. Y esa obligación de garantes no se les asigna de manera inmotivada o genérica, sino con fundamento en la normativa que se transcribe a continuación:
«a) tal como concreta la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña, el Govern es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la administración de la Generalitat; b) el Govern ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y las demás funciones que le asignan la Constitución, el Estatuto y las leyes; c) de manera específica, además, la Ley catalana de la policía autonómica (Ley 10/1994, de 11 de julio) establece en su artículo 2 que corresponde al Govern de la Generalitat, por medio del presidente, el mando supremo del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Este mando lo ejerce la persona titular del Departamento de Gobernación, en los términos que establece el artículo 16. Y este atribuye al departamento correspondiente de la administración (artículo 16.2) el mando y la dirección superior del cuerpo de Mossos d'Esquadra».
Posteriormente, el órgano judicial remacha la argumentación con el texto que la demanda selecciona en segundo lugar; esto es, que las competencias que la normativa citada les atribuye les impone un efectivo deber de cumplimiento de sus funciones que, en el caso concreto, se tradujo en la específica obligación de vigilancia que en la demanda se cita.
Lo razonado por el órgano judicial no incurre en ningún vicio de inconstitucionalidad. Desde la perspectiva de enjuiciamiento a la que nos sujetamos debemos afirmar que lo expresado en este punto de la sentencia no puede ser tildado de ilógico, aberrante o arbitrario, pues el deber de garantizar el bien jurídico tutelado por el delito de sedición con fundamento en la normativa objeto de cita, resulta ser una interpretación plausible que no merece reproche en esta sede constitucional.
Por otro lado, el hecho de que en los textos acotados no se formule ningún razonamiento respecto de la imputación de los demandantes resulta de todo punto lógico, habida cuenta de que aquellos se refieren a todos los acusados miembros del Govern, entre los cuales figuran expresamente citados los recurrentes.
(ii) Se quejan los recurrentes de que en la pág. 300 la sentencia no se concrete elnomen iurisdel título de imputación, que discurre entre la comisión por omisión, la autoría mediata o el «autor tras autor», y de que no se argumente sobre la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 11 CP, amén de no despejar las dudas, lo que impide comprender su razonamiento, y estiman que lo afirmado sobre la generación del riesgo de lesión del bien jurídico constituye un salto lógico. Ante la inconcreción de la demanda, este tribunal ignora a qué apartados de la pág. 300 se asocian las críticas que se formulan. En cualquier caso, nos remitimos a lo dicho en el punto anterior sobre la determinación del título de imputación con base en la posición de garante, sin que el hecho de omitir la cita de un precepto penal o de una concreta modalidad de autoría conculque el derecho fundamental ahora analizado.
(iii) La denuncia asociada a lo dicho en el punto b) de la pág. 300 de la sentencia [apartado 1 del fundamento de Derecho C)] sí tiene encaje en el ámbito del derecho reconocido en el art. 24.2 CE, en tanto que se alega la ausencia de vinculación de lo afirmado con pruebas que lo refrenden y la falta de un juicio de inferencia que lo sustente. La crítica se dirige respecto del texto en el que se indica que «[e]n el caso aquí enjuiciado, además de que al respecto precedieron contundentes informes técnicos de los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden público eran de previsibilidad adecuada a la falta de una estrategia mínimamente prudente para evitarlos. Y no cabe decir que ello estaba fuera del alcance del aparato policial disponible por la administración de la que el acusado señor Forn era titular».
Pese a lo razonado en la demanda, que considera que las conclusiones de la sentencia son, en realidad, suposiciones, lo cierto es que en el propio párrafo transcrito se alude, como fuente probatoria, a los contundentes informes técnicos de los responsables policiales. Y no parece que esta última afirmación esté ayuna de prueba o resulte manifiestamente infundada pues, a modo de ejemplo, cabe citar el informe de 29 de septiembre de 2017, emitido por la comisaría g