Categoría: Judicial

denunciada vulneración del art. 3 CEDH, por la realización de actos de violencia por parte de funcionarios policiales españoles sobre un detenido, pero sin que se hubieran podido derivar otras consecuencias procesales más allá de la lesión así apreciada.
f) En definitiva, con lo hasta ahora dicho, podemos concluir que el recurrente ha pretendido volver a discutir, solicitando la apertura de un procedimiento de revisión, lo que no hubo impugnado en el proceso penal correspondiente, a través de la vía de los recursos ante la jurisdicción ordinaria. La ausencia de un elemento que revelara la improcedencia de una sentencia condenatoria y el desenfoque en el ejercicio de la pretensión del recurrente justificaba la resolución de inadmisión. Planteada la revisión en esos términos, la decisión del Tribunal Supremo no se puede considerar como excesivamente rigorista o formalista, sino adecuada a la naturaleza, requisitos, fundamento y fines de este instrumento procesal extraordinario que es el del denominado recurso de revisión, en el que la seguridad jurídica debe prevalecer cuando no hay razón de justicia material que justifique dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme.
El motivo de amparo, apoyado en la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por lesión del derecho de acceso a la jurisdicción, debe ser desestimado.
6. Alegadas vulneraciones de los derechos, a la presunción de inocencia, integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes: Desestimación.
Descartada la posible vulneración del anterior derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, decaen también las alegaciones sobre el resto de los derechos invocados, que aparecen íntimamente vinculadas a aquel. El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) no puede ser objeto de valoración en este recurso de amparo. La presunción de inocencia ya fue enervada en el procedimiento penal de origen, seguido ante la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la validez y suficiencia del caudal probatorio que determinó la condena no podía ser objeto de análisis en un procedimiento autónomo como es el recurso de revisión. Por el mismo motivo, tampoco puede ser objeto de pronunciamiento alguno por nuestra parte, porque la resolución dictada en ese procedimiento no ha sido objeto de impugnación en este amparo. De hecho, ni siquiera fue recurrida por el ahora demandante, mediante la interposición de los correspondientes recursos contra la sentencia condenatoria que, debido a su inacción, devino firme.
Finalmente, la vulneración del derecho a la integridad física y moral, así como a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) ya fue objeto de reparación a través de la STEDH de 13 de febrero de 2018, que declara vulnerado ese derecho desde la perspectiva del art. 3 CEDH, en sus vertientes material y procesal, sancionando a quien se considera responsable en los términos fijados en ese convenio, es decir, el Estado español, mediante la condena al abono de la indemnización correspondiente. El respeto a esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone que este tribunal deba abstenerse de todo pronunciamiento al respecto.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Igor Cano Román contra el auto de 18 de marzo de 2019, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acordó no autorizar la apertura de un recurso de revisión, así como contra la providencia del mismo Tribunal de 21 de febrero de 2020, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad promovido contra el anterior.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintidós.–Pedro Navarro Durán Prieto.–Juan Antonio Xiol Vicente Martínez-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Díaz Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Castro Pastor Rodríguez Castro López.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Bravo Santos.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulamos el presente voto particular por discrepar del fallo de la sentencia recaída en el presente proceso de amparo y de la fundamentación que lo sustenta, en cuanto desestima íntegramente las pretensiones planteadas por el recurrente tras considerar que el auto de 18 de marzo de 2019 dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le denegó autorización para interponer recurso de revisión contra su condena penal, no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, singularmente su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto comprende el de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 de la Constitución).
En lo que sigue, dejamos constancia de los fundamentos de nuestra posición discrepante con el fallo y, también en gran medida, con los razonamientos aplicativos que sustentan la posición de la mayoría.
1. Consideraciones iniciales.
a) Debemos destacar en este momento inicial la singularidad y novedad del presente caso que, según entendemos, debió ser eje central del análisis de la pretensión de amparo y, al mismo tiempo, parámetro de su resolución.
La solicitud de revisión para la que se reclamó autorización a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tenía como fundamento dar cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; concretamente la sentencia de 13 de febrero de 2018, asunto Portu Juanena y Sarasola Yarzábal c. España, que, a instancias del recurrente y otro, declaró la vulneración de sus derechos a no ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH). Los malos tratos se produjeron en enero de 2008, durante la inicial detención gubernativa practicada en la causa penal en la que, junto con otros, el recurrente fue condenado a graves penas privativas de libertad como autor de varios delitos de terrorismo relacionados con el atentado con explosivos cometido en diciembre de 2006 en la terminal núm. 4 del aeropuerto de Madrid. Como con detalle se recoge en los antecedentes y fundamentos de esta resolución, tras apreciar la existencia de malos tratos policiales durante la detención gubernativa del recurrente y otros solicitantes de revisión, así como la insuficiencia de la investigación practicada sobre dicha conducta policial, la sentencia del tribunal europeo falló, por unanimidad, que las autoridades españolas habían violado el art. 3 CEDH en su aspecto material (se produjeron los malos tratos) y en su aspecto procesal (no fueron suficientemente investigados y esclarecidos por las autoridades españolas).
Según se ha alegado en la petición de revisión judicial y en la demanda de amparo, la citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendría incidencia directa sobre dicha condena penal, pues esta última vino apoyada de forma determinante en las declaraciones incriminatorias prestadas por uno de los coimputados durante su detención policial incomunicada. En tal medida, el recurrente, que aún está extinguiendo en régimen de cumplimiento dicha condena privativa de libertad, solicitó su revisión al amparo de la nueva redacción del art. 954 LECrim recogida en la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
Por tanto, en la presente resolución, el Tribunal Constitucional aborda por primera vez la respuesta judicial a la alegación de una nueva causa de revisión penal (art. 954.3 LECrim) según la cual: «Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión».
b) En segundo lugar, queremos dejar constancia de nuestra coincidencia con la aproximación que en el fundamento jurídico 3 de la sentencia se desarrolla sobre la doctrina constitucional previa acerca de la naturaleza y fundamento del procedimiento de revisión penal, que consideramos certera y correcta.
Coincidimos también en el encuadramiento de las quejas que fundamentan la pretensión de amparo en el contenido del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). Tratándose de una decisión de denegación de la autorización para interponer el recurso de revisión penal pretendido, el canon de control constitucional aplicable al caso impide que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso de revisión obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. Específicamente, hemos destacado reiteradamente que este derecho puede verse conculcado por aquellas interpretaciones de las reglas de acceso a la jurisdicción que sean arbitrarias, manifiestamente irrazonables, incurran en un error de hecho patente, o se apoyen en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que la causa legal aplicada preserva y los intereses que se sacrifican (STC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5).
Compartimos también la reflexión desarrollada en el fundamento jurídico 4 acerca de la necesidad de aclarar y, en su caso, adaptar la previa doctrina constitucional a la reforma del recurso de revisión penal producida por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Dicha reforma legal –además de otras modificaciones en los motivos de revisión–, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico una previsión expresa dirigida a hacer efectivas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, hasta su entrada en vigor, solo podían hacerse valer a través de los cauces procesales establecidos por la jurisprudencia y, en última instancia, a través del recurso de amparo. Así lo establece la exposición de motivos de la ley cuando establece: «la necesidad de establecer en el ordenamiento español un cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta ahora sin otra cobertura que la interpretación jurisprudencial, impone la reforma de los motivos del recurso de revisión, en el marco de la mejora técnica de los diversos supuestos».
Por último, nuestro concurso se extiende al razonamiento y al pronunciamiento establecido en el fundamento jurídico 5, letra C) de la decisión de la mayoría en cuanto, a partir de los valores constitucionales que justifican la posibilidad del recurso de revisión penal, vinculado a las exigencias de justicia, dignidad humana y presunción de inocencia, declara que incurre en rigorismo excesivo el primero de los motivos de inadmisión apreciado por el auto del Tribunal Supremo, según el cual «la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que invocan los recurrentes como motivo de revisión basado en el punto 3 del art. 954 de la LECrim […], no se refiere a la sentencia 18/2010 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, objeto de revisión».
En tal medida, el análisis del recurso de amparo queda así reducido a poner en relación las causas de revisión aducidas por el recurrente con el segundo motivo de inadmisióna limineque fundamentó la resolución judicial recurrida en amparo.
2. Parámetros de enjuiciamiento que debieran haber sido tomados en consideración en la resolución del recurso de amparo
Nuestra discrepancia con la decisión de la mayoría puede expresarse haciendo referencia a la insuficiente relevancia que ha atribuido a diversos parámetros de enjuiciamiento constitucional que son obligados en este caso, debieran haber sido centrales en la resolución del presente recurso y debieran haber conducido a una solución estimatoria de la pretensión de amparo por vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción.
a) En primer lugar, el punto de partida de nuestro análisis hubiera debido ser la naturaleza penal del recurso de revisión cuya autorización fue solicitada. Al igual que enfatizamos en las SSTC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5, y 70/2007, de 16 de abril, FJ 3, debemos ahora destacar que, en el ámbito penal, el recurso de revisión tiene dos marcadas peculiaridades: una que es común a todos los ámbitos, pues se dirige a la rescisión de una sentencia condenatoria firme, constituyendo por ello una excepción a su intangibilidad; pero otra está estrechamente vinculada a nuestro sistema de derechos fundamentales, pues se hace a través de la reivindicación de la inocencia de quien resultó firmemente condenado. En el caso presente se plantea el acceso a la jurisdicción de revisión por parte de una persona condenada que pretende dejar de estarlo, por lo que –como se alega en la demanda de amparo– pueden estar también en juego sus derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y, en último término –por las razones alegadas– la interdicción constitucional de los tratos inhumanos y degradantes. No cabe olvidar que, como hemos reiterado en anteriores resoluciones, «al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema –la pena criminal–, actuación que implica una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más "sagrado" de sus derechos fundamentales» (STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5).
b) En segundo lugar, como hemos ya anticipado, la causa de revisión alegada ante la jurisdicción ordinaria (art. 954.3 LECrim) debiera haber sido parámetro central de nuestro debate y reflexión, pues su fundamento es la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando han declarado la vulneración de derechos fundamentales esenciales del recurrente cuyos efectos persisten, como son los reconocidos en el art. 3 CEDH, expresivos de la misma idea de dignidad humana. En la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se adujo como motivo de revisión, el tribunal europeo declaró la existencia de una vulneración del Convenio especialmente cualificada, recordando que «el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas y un derecho absoluto e inalienable estrechamente vinculado al respeto de la dignidad humana». Un derecho que no admite restricciones y que «no es en manera alguna derogable, incluso en caso de peligro público que amenace la vida de la Nación» (§ 69).
Resulta preciso destacar que a lo largo de su jurisprudencia, antes de que el legislador español introdujera como causa de revisión de las condenas penales firmes la declarada violación de derechos reconocidos en el Convenio europeo de derechos humanos que, por su naturaleza y gravedad, persistan en el tiempo (art. 954.3 LECrim), el Tribunal Constitucional ha mantenido siempre una decidida postura en favor de la necesidad de hacer efectivos en nuestro ordenamiento jurídico los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaran la violación de los derechos reconocidos en el Convenio que constituya asimismo la violación actual de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución (de forma expresa, desde la STC 245/1991, de 16 de diciembre, de la que son secuela las SSTC 240/2005, de 10 de octubre; 313/2005, de 12 de diciembre; 197/2006, de 3 de julio, y 70/2007, de 16 de abril, así como los AATC 260/2000, de 13 de diciembre, y 96/2001, de 24 de abril).
En los citados pronunciamientos se ha reconocido, a partir de la regulación del Convenio y de su interpretación por el Tribunal Europeo, que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos carecen de eficacia ejecutiva y no anulan ni modifican por sí mismas los actos declarados contrarios al Convenio. El Tribunal tiene declarado también que, desde la perspectiva del Derecho internacional y de su fuerza vinculante (art. 96 CE), el Convenio ni ha introducido en el orden jurídico interno una instancia superior supranacional de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco impone a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación del Convenio declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, se añadía ya entonces que lo expuesto «no significa que, en el plano de nuestro sistema constitucional de protección de los derechos fundamentales, los poderes públicos hayan de permanecer indiferentes ante esa declaración de violación del derecho reconocido en el Convenio, ni que sea conforme a nuestro sistema constitucional el mantenimiento […] de una situación que puede implicar lesión actual de derechos fundamentales de los recurrentes» (STC 245/1991, FJ 2).
Por tanto, la obligación de todos los poderes públicos de tutelar y reparar satisfactoriamente las lesiones actuales de los derechos fundamentales constituye una exigencia constitucional que, ya antes de la entrada en vigor de la Ley 41/2015, condujo a este tribunal a establecer una interpretación del art. 954 LECrim favorable a dar efectividad a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, criterio que fue extendido al cauce de nulidad de actuaciones (art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y, en última instancia, llevó a declarar abierta la vía del recurso de amparo para conocer y pronunciarse sobre las alegadas infracciones de derechos fundamentales cuando solo son susceptibles de reparación efectiva mediante la pérdida de efectos de la decisión judicial condenatoria de origen.
Esta exigencia constitucional se proyecta hoy sobre la interpretación judicial de los cauces procesales legalmente habilitados para hacer efectivos los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reúnan las características que han sido señaladas (vulneración actual de un derecho fundamental que puede ser efectivamente reparada mediante la pérdida de efectos de la condena de origen). En esa medida, las decisiones judiciales de inadmisióna liminede las peticiones de revisión penal han de ser analizadas en sede de amparo aplicando un canon de escrutinio estricto, ya vengan justificadas en razones formales o de fondo.
No cabe olvidar que, de todos los posibles, el legislador ha recogido en el art. 954 LECrim aquellos motivos de revisión cuya concurrencia, por razones de justicia material o de protección de los derechos fundamentales, justifican indefectiblemente la rescisión de una sentencia condenatoria firme. En tal medida, solo las pretensiones manifiestamente infundadas o que carezcan de cualquier vinculación con las causas previstas en la ley pueden fundamentar la denegación de la autorización para tramitar el proceso de revisión. Y no es este el caso.
c) Dado que todas las causas de revisión penal reconocidas por el legislador en el art. 954 LECrim comparten el mismo fundamento de justicia material, su comprensión judicial no puede ser aislada causa a causa, sino sistemática. La interpretación rigorista de los requisitos de una de las causas de revisión no puede justificar su denegación si el supuesto a que se refiere aparece recogido entre los motivos de revisión establecidos en los apartados 1 y 3 del precepto legal.
En el caso presente, a la vista de la solicitud inicial de revisión, se pone de manifiesto la interrelación existente entre las que han sido alegadas, pues han sido invocadas conjuntamente desde la más genérica vulneración actual reparable de un derecho fundamental declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (apartado 3), a las mucho más específicas referidas a la condena penal firme adoptada tras valorar «la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción» [apartado 1 a)] o al conocimiento de hechos que «de haber sido aportados hubieran determinado la absolución o una condena menos grave» [apartado 1 d)]. Así ha sido valorado por la decisión mayoritaria cuando, al rechazar la suficiencia del primer motivo de inadmisión apreciado judicialmente, destaca que «aunque el procedimiento seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya tenido por objeto la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional, eso no puede impedir la apertura del procedimiento extraordinario de revisión si se aporta un dato que permita apreciar la improcedencia de la condena» [FJ 5 C) a)]. Como desarrollaremos en el siguiente apartado, entendemos que, muy al contrario, dicha comprensión sistemática no ha sido tomada en consideración al validar el segundo de los motivos de inadmisión expresados por el auto del Tribunal Supremo que se impugna.
d) Por último, como desarrollaremos más adelante, al determinar si los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegada en la solicitud de revisión inciden jurídica y materialmente sobre la condena penal por delitos de terrorismo cuya revisión se solicita, apreciamos que la decisión de la mayoría no ha tomado debidamente en consideración la estrecha y necesaria relación que existe entre la interdicción de los tratos inhumanos y degradantes y la validez de las pruebas obtenidas en relación o como consecuencia de estos (STC 7/2004, de 9 de febrero, FFJJ 2, 7 y 8, y STEDH de 25 de septiembre de 2012, asuntoEl Haski c. Bélgica, § 99).
Es cierto que la alegación en un proceso penal de la vulneración del derecho a la integridad física y moral reviste siempre un carácter instrumental respecto de las relativas a las garantías de la prueba y a la presunción de inocencia. Pero resulta indudable que una declaración obtenida en relación o como consecuencia de malos tratos policiales acaecidos en la fase pre-procesal de la causa penal puede incidir sobre la validez como pruebas de cargo de las declaraciones prestadas por los detenidos, se encuentren o no incomunicados. La conclusión se extiende tanto a las declaraciones prestadas ante los agentes de policía como, inmediatamente después, ante el juez instructor de la causa.
Esta interrelación jurídica y material justificaba suficientemente ya –por sí misma– la autorización para iniciar el proceso de revisión en el que dilucidar contradictoriamente si la declarada vulneración material y procesal del art. 3 CEDH produjo y sigue produciendo efectos actuales como consecuencia de la condena penal asociada a dichas vulneraciones.
3. Discrepancias de fondo con el razonamiento desestimatorio.
a) Consideración previa sobre el procedimiento de revisión.
La singular regulación procesal del denominado «recurso de revisión penal» establece en el art. 957 LECrim un primer procedimiento de admisibilidad conforme al cual la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe dar autorización para formalizar el recurso. Así, en ese precepto se establece que «La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará o denegará la interposición del recurso. Antes de dictar la resolución, la Sala podrá ordenar, si lo entiende oportuno y dadas las dudas razonables que suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime pertinentes, a cuyo efecto podrá solicitar la cooperación judicial necesaria. Los autos en los que se acuerde la autorización o denegación a efectos de la interposición no son susceptibles de recurso alguno. Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de quince días para su interposición».
Una vez autorizado, se formaliza la demanda de revisión y se desarrolla el procedimiento para resolver sobre el fondo de la petición, analizando si se dan las causas previstas legalmente para la revisión de la condena (art. 954 LECrim) al tiempo que se determinan los efectos en cada caso de su eventual estimación (art. 959 LECrim).
Esta estricta división entre fase de admisibilidad y de pronunciamiento sobre el fondo de la revisión es heredera de la histórica regulación de este procedimiento cuando, si bien los interesados y allegados tenían la capacidad de promover este procedimiento acudiendo al Ministerio de Justicia (art. 955 LECrim en su redacción originaria), el único legitimado para interponerlo era el Ministerio Fiscal, bien a petición del Ministerio de Justicia o de oficio (arts. 956 y 957 LECrim en su redacción originaria), que era quien valoraba si había fundamento para ello a manera de un juicio de admisibilidad.
Este sistema de control previo de admisibilidad por parte del Ministerio Fiscal fue objeto de severas reservas por la jurisprudencia constitucional (así, SSTC 7/1981, de 30 de marzo, y 124/1984, de 18 de diciembre), lo que determinó su modificación legislativa por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal, que instauró el vigente sistema, según el cual también la decisión sobre admisibilidad recae en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La cuestión más problemática de esta regulación es que, si bien se mantiene una separación muy estricta entre la fase de admisibilidad y la de pronunciamiento sobre el fondo, sin embargo en el art. 954 LECrim solo se establecen las causas de la revisión (esto es, cuando procede estimar la revisión de una sentencia penal condenatoria firme), pero no se prevén causas de inadmisión de carácter sustantivo (más allá de las puramente formales referidas a la competencia, legitimación, postulación, etc.). Esto determina que la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la admisibilidad de este procedimiento, prevista en el art. 957 LECrim, en el caso en que no se refiera estrictamente al incumplimiento de requisitos formales, supone siempre un juicio anticipado sustantivo sobre el fondo de la concurrencia de las causas de revisión previstas en la ley procesal.
En este contexto normativo, el juicio de constitucionalidad de la decisión judicial de admisibilidad de este procedimiento, cuando se apoya en razones sustantivas, queda muy seriamente condicionado por la citada inexistencia de motivos legales de inadmisión y su única vinculación a la eventual concurrencia de la manifiesta inexistencia de fundamento de las causas de revisión alegadas.
En definitiva, al no existir específicos motivos sustantivos de inadmisión del juicio de revisión, la decisión judicial al respecto es susceptible de un control de constitucionalidad más estricto de evitación de que dicha decisión suponga prejuzgar la inexistencia de la causa de revisión de la condena sin llegar a tramitarla. Esto es, el juicio sustantivo de inadmisibilidad debería quedar vinculado a la manifiesta inexistencia de la concurrencia de las causales de revisión alegadas por el recurrente. Circunstancia que, como veremos, no concurre en este caso.
b) A partir de la anterior precisión, no podemos compartir los razonamientos y conclusiones que se recogen en el fundamento jurídico 5 de la decisión que se funda en la opinión de la mayoría, en tanto asume como razonable, no rigorista y proporcionado el segundo motivo de inadmisión con el que el Tribunal Supremo ha justificado la denegación de la autorización para interponer el recurso de revisión pretendido. Sintéticamente expuesta, la decisión desestimatoria considera que la falta de conexión que el auto del Tribunal Supremo aprecia entre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la condenatoria de la Audiencia Nacional es conforme con el canonpro actioneaplicable a las decisiones de inadmisión de la solicitud de revisión, para desarrollar a continuación su análisis de forma extensa a partir del repaso de ambas sentencias.
En el presente caso, la revisión pretendida por el recurrente tenía por objeto dilucidar la incidencia que, en la licitud y el valor probatorio de las declaraciones auto y heteroinculpatorias realizadas durante la detención policial, pudieran haber tenido tanto los malos tratos policiales acaecidos durante su desarrollo que han sido declarados en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegada, como las sospechas de tortura en el curso de una detención no suficientemente investigada por el Estado.
Para el Tribunal Supremo, en una interpretación que ha sido validada por la decisión desestimatoria fundada en la opinión de la mayoría, lo exigido para acceder a tramitar el proceso de revisión es que se haya declarado en sentencia firme la obtención bajo mediante violencia o coacción de una manifestación relevante para la condena [motivo de revisión previsto en el apartado 1 a) del art. 954 LECrim]. El auto impugnado hace especial incidencia en que no queda acreditado que la confesión hubiera sido arrancada por violencia ni desde luego que la violencia ejercida fuera constitutiva de tortura.
Sin embargo, no fue este el planteamiento jurídico del recurrente. No creemos que pueda ser controvertido que el art. 954.1 a) LECrim no impone la necesidad de que la confesión sea producto de un delito de tortura, sino que es suficiente con que hubiera sido arrancada «por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero». Por tanto, resulta indiferente la calificación de los actos policiales como tortura o tratos inhumanos o degradantes –esta última es la calificación que les da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, lo relevante es que hubiera violencia u otro hecho ilegítimo conectado causalmente con la confesión.
El hecho objetivo de la violencia –sea calificada de tortura o trato degradante– desplegada contra los condenados es reconocida no solo en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que incluso la sentencia de la Audiencia Nacional núm. 18/2010 que condenó, entre otros, al recurrente, también puso de manifiesto en un apartado expresamente dedicado a la declaración del coimputado don Mattin Morales (FJ 2) que se ejerció violencia sobre los detenidos y que existía un procedimiento penal abierto por las lesiones que presentaba, si bien excluyó que fuera con fines vindicativos o indagatorios, recordando la campaña de la organización terrorista para hacer siempre alegaciones falsas sobre conductas de tortura.
De esta manera, el examen de la solicitud de autorización para la revisión muestra que, tras defender que las declaraciones policiales del coimputado señor Sarasola constituyen la prueba de cargo central de su condena, la necesidad de revisarla se justifica en que ese valor se atribuyó por la Audiencia Nacional sobre la premisa de que no había habido malos tratos; premisa que es expresamente negada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que esos malos tratos policiales se produjeron. A partir de ahí, el recurrente solicita la revisión para que sea examinada la incidencia que, en la validez de la prueba, tiene la vulneración de derechos fundamentales, esto es, la existencia de malos tratos policiales en el curso de su detención. Se trata de un planteamiento más global que el que toma en consideración el Tribunal Supremo y el que funda la resolución desestimatoria fundada en la opinión de la mayoría. En consecuencia, esa reducida consideración no satisface debidamente el derecho de acceso a la jurisdicción. Por otro lado, frente a este planteamiento, que evidencia que el motivo de revisión no era sino dar eficacia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se contestaper saltumde forma no convincente al aducir que no puede ser objeto de revisión el valor probatorio de la confesión.
Consideramos, sin embargo, que no solo una confesión policial obtenida bajo tortura es una prueba constitucionalmente inidónea para enervar la presunción de inocencia. También una confesión o inculpación obtenida en un contexto coactivo, que parece innegable en casos de maltrato policial como el acreditado en este caso, puede adolecer de valor probatorio suficiente para fundar una condena.
Hay que recordar aquí, de partida, la llamada «regla de exclusión» en todo tipo de procesos, desde luego en los penales, de aquellas pruebas que hayan sido obtenidas mediante tortura o malos tratos. Así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es mandato expreso del art. 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Así, en la STEDH de 25 de septiembre de 2012, asuntoEl Haski c. Bélgica, § 99, señaló que la vulneración del art. 6 CEDH en los casos de alegación de que una confesión ha sido obtenida con tortura se produce a partir de la verificación de que existía un riesgo real de que hubieran sido obtenidas con una vulneración del art. 3 CEDH, ya que «el artículo 6 de la Convención obliga a los tribunales internos a no admitirlos como prueba, a menos que hayan verificado previamente, en vista de los elementos propios del caso, que no se han obtenido de esa manera. Como se indicó anteriormente, al desestimar la solicitud del demandante para la exclusión de esas declaraciones, el Tribunal de Apelación de Bruselas simplemente concluyó que no había aportado ninguna "prueba concreta" que pudiera suscitar una "duda razonable" a este respecto. Esto es suficiente para que el Tribunal declare que ha habido una violación del artículo 6 en el presente caso, sin que sea necesario comprobar si, como sostiene la demandante, esa disposición también ha sido violada por otras razones».
En la misma medida debemos también traer a colación lo expresado en la STC 7/2004. Se examinaba entonces el recurso de amparo interpuesto por varios miembros de un comando terrorista donde existían visos de verosimilitud de haber prestado las declaraciones ante la policía después de haber sido sometidos a malos tratos. La cuestión debatida era si la obtención de declaraciones autoinculpatorias o incriminatorias para otros en régimen de incomunicación y bajo tortura no solo determinaba la nulidad de las declaraciones policiales (ya expulsadas del acervo probatorio por la sentencia de la Audiencia Nacional), sino también la de las declaraciones judiciales subsiguientes que el tribunal sentenciador sí valoró. Se señaló entonces que «la libertad de quien declara como imputado en un proceso penal constituye el presupuesto material de su validez como prueba de cargo, por lo tanto, la misma debe ser efectivamente garantizada pues, de lo contrario, las declaraciones no pueden considerarse prueba válida para enervar la presunción de inocencia» (FJ 8). Y el tribunal añadía que la validez de la confesión dependerá de las condiciones externas y objetivas de su obtención para concluir justamente que la verosimilitud de la existencia de torturas durante el periodo de permanencia en dependencias policiales lleva a expulsar del acervo probatorio las declaraciones prestadas ante las fuerzas policiales por hallarse viciadas.
Pero esa falta de libertad se va a proyectar incluso respecto a la cuestión que fue entonces sometida al proceso de amparo: las declaraciones sumariales prestadas inmediatamente después de haberse levantado la incomunicación, que habían sido consideradas válidas por la sala sentenciadora y no las había expulsado del acervo probatorio. Este tribunal concluyó entonces que «es cierto que la declaración judicial en sí misma se practicó formalmente con todas las garantías y, desde luego, no se imputa al juez instructor el ejercicio de violencia o coacción alguna. No obstante, en las circunstancias que acaban de relatarse, no puede afirmarse que con ello quede materialmente garantizada la libertad de actuación de quienes durante cinco días habían sido sometidos a torturas y malos tratos, en régimen de incomunicación y, sin solución de continuidad, sin haber podido entrevistarse con ninguna persona de su confianza, ni tampoco con el abogado que les asistía, son llevados a presencia judicial para declarar sobre los mismos hechos acerca de los que habían sido interrogados policialmente bajo tortura. Pues el efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en el que físicamente cesa aquella y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva. Así pues, el cumplimiento de las garantías formales legalmente previstas –que en circunstancias normales permite afirmar la espontaneidad y voluntariedad de la declaración sin mayores indagaciones, como anteriormente se señaló–, en las presentes circunstancias excepcionales, no puede llevarnos a la misma conclusión. En tales circunstancias hubiera sido necesario eliminar la sospecha de falta de libertad (en la declaración judicial)» (STC 7/2004, FJ 8).
Lo expuesto determina que tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la constitucional han establecido un concepto de causalidad en la confesión consecuente a malos tratos policiales en términos de existencia de riesgo real –que no de acreditación fehaciente– y de pervivencia de los efectos de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del individuo –que no de acreditación fehaciente de una finalidad vindicativa o indagatoria– que, por otra parte, es indistinta tanto para la prohibición del art. 15 CE, como del art. 3 CEDH y también para la comisión del delito por tratos contrarios a esos preceptos en el ordenamiento penal español (arts. 174 y 175 CP).
Por otra parte, además de la propia doctrina constitucional sobre la admisibilidad del régimen de incomunicación y su reflejo en la falta de valor procesal de los testimonios policiales (STC 7/2004, FJ 6, con referencias ulteriores a sentencias anteriores), en un contexto de asistencia letrada limitada por la incomunicación tiene mucha mayor relevancia la existencia de un clima de coacción como el que puede generar la concurrencia de malos tratos.
c) En definitiva, los argumentos esenciales para considerar que la decisión de inadmisión del procedimiento de revisión ha vulnerado el art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, serían los siguientes:
(i) La causa de revisión del art. 954.1 a) LECrim tiene su fundamento, en atención al carácter absoluto de la prohibición de la tortura y otros tratos prohibidos establecida en el art. 15 CE, en excluir cualquier condena penal que pueda traer causa en una confesión obtenida en esas condiciones.
(ii) El art. 954.1 a) LECrim establece los presupuestos materiales de esa revisión (condena penal firma en que se haya valorado como prueba la confesión del encausado arrancada por violencia o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero), pero no impone necesariamente que esos presupuestos hayan sido declarados en sentencia penal firme, sino que basta un principio de prueba, toda vez que permite los supuestos en que se hubiera iniciado un procedimiento penal sobre el particular, de modo tal que incluso no se excluye que esos extremos deben poder acreditarse dentro del procedimiento de revisión.
(iii) En el caso presente, ese principio de prueba no puede excluirsea liminehasta el punto de provocar la inadmisión del procedimiento de revisión, ya que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera acreditada la conducta policial contraria al art. 3 CEDH y, respecto a su relación de causalidad con la confesión inculpatoria, aunque la STEDH no la afirma tampoco la excluye y lo hace, además, en un contexto en que también se ha condenado a España por una investigación insuficiente e ineficaz de esta denuncia. Ambas circunstancias, por tanto, determinan que no se puede excluir que puedan ser objeto de prueba y debate en el procedimiento de revisión.
d) Por último, apreciamos que, a partir de las reflexiones anteriores, la argumentación justificativa de la decisión sustentada en la opinión mayoritaria acerca de carácter razonable de la decisión denegatoria del Tribunal Supremo queda sin contenido, pues se asienta en premisas fácticas y jurídicas incorrectas que impiden considerarlas debidas.
Así, la decisión apoyada en la opinión de la mayoría desarrolla tres razones por las que se aprecia que no hay conexión entre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la condena penal que se pretende revisar: (i) la falta de conexión temporal, espacial y personal entre los malos tratos y la declaración tenida como prueba de cargo; (ii) el aquietamiento frente a la sentencia condenatoria, que no fue recurrida en casación, y la renuncia a la declaración de los médicos forenses en el juicio, y (iii) la falta de determinación de la finalidad de los malos tratos que reconoce la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que en la sentencia de instancia, dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa se cifró en el castigo y no en la presión para la confesión.
A las mismas cabe hacer tres objeciones de método que impide valorarlas como convincentes:
Primera. Suplen la motivación del Tribunal Supremo sobre la aducida falta de conexión, cuando el parámetro de control constitucional es el examen externo de la motivación para ver si cumple el canonpro actione. Con ello, paradójicamente, se pone más aún en evidencia que no existe un razonamiento suficiente por parte del Tribunal Supremo conforme exige el art. 24.1 CE.
Segunda. Justamente la compleja elaboración de las tres razones expuestas en la decisión desestimatoria para sostener la corrección de fundar la no autorización de la revisión en la falta de conexión revela que no es una conclusión jurídica evidente que pueda justificar tal rechazoa limine. Más bien pone de relieve, a nuestro juicio, que sí había conexión y que, en puridad, lo que se hace es entrar en el fondo para cuestionar que esa conexión deba conducir a una absolución en revisión.
Tercera. Con esta última conclusión, de forma que estimamos no concorde con la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, la decisión desestimatoria se fundamenta en una respuesta anticipada a la cuestión de fondo que debió ser analizada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una vez otorgada la autorización para tramitar el proceso de revisión.
En suma, por las diversas razones que han sido expuestas, resulta cuestionable considerar que estemos ante una confesión policial libre que, sin más, pueda fundar una condena penal, por lo que cerrar el paso a una decisión fundada del Tribunal Supremo que resuelva al respecto, pronunciándose sobre la eficacia debida de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegada para justificar la propuesta de revisión, supone, en nuestra opinión, una decisión excesivamente rigorista y desproporcionada en favor de la firmeza de la condena, que no atiende a los valores en juego y, en tal medida, es lesiva del art. 24.1 CE en cuanto garantiza el acceso a la jurisdicción de revisión.
En consecuencia, entendemos que el recurso de amparo debió ser estimado acordando la retroacción del procedimiento con el fin de que la revisión pretendida fuera tramitada, analizada contradictoriamente y resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con libertad de criterio mediante una decisión fundada en Derecho que valorase la incidencia de los parámetros constitucionales que justifican este voto particular disidente.
Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Cándido Serrano Hernández.–María Luisa Balaguer Santana Sáez Valcárcel.–Inmaculada Ibáñez Huertas.–Firmado y rubricado.