Categoría: Administración

La Circular 3/1996, de 30 de abril, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones sobre función Interventora, hace referencia en su instrucción primera a un posible supuesto de delegación de competencias por parte de las Intervenciones Regionales en los siguientes términos:
«Por lo que se refiere a los supuestos en los que la competencia del órgano gestor tenga un ámbito territorial pluriprovincial, se extienda o no a toda una Comunidad Autónoma, la intervención de los actos dictados por aquél corresponderá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.4.a) del Real Decreto 405/1996, de 1 de marzo, de reorganización de la IGAE, al Interventor regional. En el caso de que la sede del órgano gestor se encuentre en una localidad distinta a aquella en la que radique el Interventor regional, se podrá proceder, en aras a la agilidad en el normal desenvolvimiento de los servicios, a delegar la competencia en el Interventor delegado territorial de la provincia donde tenga la sede el órgano gestor.»
A la Intervención Regional de Castilla y León, integrada orgánicamente en la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Castilla y León, radicada en Valladolid, le corresponde, de acuerdo con el artículo 19.4.c)1.º del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública [al que ha de entenderse efectuada la referencia que en la instrucción citada se hace al artículo 7.4.a) del Real Decreto 405/1996], objeto de nueva reacción por Real Decreto 611/2022, de 26 de julio:
«1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la persona titular de la Intervención General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de contenido económico dictados por los servicios periféricos de la Administración General del Estado en virtud de una competencia que tengan atribuida como propia, o que se adopten por aquellos por delegación, así como, previa designación de la persona titular de la Intervención General, por los servicios periféricos de los organismos autónomos, siempre que unos y otros tengan su sede en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que actúan y su competencia exceda del territorio de una provincia de esta.»
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, dependiendo de dicho Ministerio a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, desarrollan sus competencias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León dos Gerencias Territoriales: la Gerencia Territorial de Burgos, radicada en dicha ciudad como sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y la Gerencia Territorial con sede en Valladolid, al existir en esta última ciudad Salas desplazadas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Las competencias de la Gerencia Territorial de Burgos se extienden a todo el territorio de la Comunidad Autónoma excepto en lo que afecta a las cuestiones relativas a las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social con sede en Valladolid, que tienen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Por otra parte, dependiendo de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desarrollan sus competencias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental y Oriental, correspondiendo el ámbito de actuación de esta última a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, y estando radicada actualmente la Jefatura de la Demarcación en Burgos.
Concurren por tanto, respecto de los dos centros gestores mencionados, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Burgos y la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, los supuestos previstos en la instrucción primera de la Circular 3/1996, es decir: se trata por una parte de centros gestores con un ámbito territorial pluriprovincial, aunque no se extienda necesariamente a todas las provincias de la Comunidad Autónoma, de forma que la competencia para el ejercicio de la función interventora respecto de los actos adoptados por dichos centros gestores corresponde a la Intervención Regional; y por otra, su sede radica en una localidad distinta a aquella en que radica la Intervención Regional.
Y concurren en cualquier caso motivos de eficacia, tanto por la asignación existente de recursos humanos como por razones de proximidad, que aconsejan la delegación de las competencias para el ejercicio de la función interventora por parte de la Intervención Regional de Castilla y León, en estos supuestos concretos, en la Intervención Territorial de Burgos.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo:
Aprobar la delegación por la persona titular de la Intervención Regional de Castilla y León de las competencias en materia de función interventora, en la persona titular de la Intervención Territorial de Burgos, respecto de los actos dictados por la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Burgos en virtud de una competencia que tenga atribuida como propia, o que se adopten por esta en virtud de la correspondiente delegación de competencias.
Aprobar la delegación por la persona titular de la Intervención Regional de Castilla y León de las competencias en materia de función interventora, en la persona titular de la Intervención Territorial correspondiente a la provincia donde radique la Jefatura de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental, respecto de los actos dictados por esta en virtud de una competencia que tenga atribuida como propia, o que se adopten por la misma en virtud de la correspondiente delegación de competencias.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de diciembre de 2022.–El Interventor General de la Intervención General de la Administración del Estado, Pablo Martín Sáez.