Categoría: Cultura

junto de medidas orientadas al freno de la contaminación por sustancias prioritarias, nutrientes y basuras marinas. Estas medidas serán revisadas y actualizadas en el tercer ciclo de las estrategias marinas (2027).
Asimismo, por su parte, en el ámbito del tercer ciclo de planificación hidrológica y los programas de medidas asociados, se impulsarán medidas para la lucha contra la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Con respecto a la caza y la pesca y para eliminar los riesgos del plumbismo para la fauna y para las personas, se promoverán acciones de sensibilización sobre los impactos del plomo y se aprobará antes de 2025 una normativa para eliminar de forma progresiva el uso de plomo en los aparejos de pesca y en la munición para caza mayor, en todo el territorio nacional y en 2030, a más tardar, la eliminación de plomo se extenderá a la munición de caza menor(77)y al tiro deportivo. Entre tanto, en todo caso, se continuará con la realización de estudios de toxicidad por contaminación por plomo de las especies cinegéticas y no cinegéticas, y sus efectos en su ecología, fisiología y/o estado sanitario y en los medios en los que habita, y se trabajará, en colaboración con el sector cinegético y las autoridades competentes en materia de gestión cinegética, para avanzar en el desarrollo de alternativas técnicas para la sustitución del uso de la munición de plomo por otros materiales no tóxicos para distintos elementos de la biodiversidad en los terrenos donde se desarrolla el aprovechamiento cinegético, así como para, en su caso, diseñar medidas adicionales de acompañamiento y/o ayudas indemnizatorias.
Contaminación lumínica.
Antes de 2025, se aprobarán en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana unas directrices básicas para minimizar el impacto de la contaminación lumínica en infraestructuras de transporte y en infraestructuras energéticas, incluyendo la generalización del uso de equipos de baja contaminación lumínica(78), contribuyendo a mejorar la consideración de estos aspectos en los procedimientos de evaluación ambiental y en el diseño de dichas infraestructuras. Las directrices diseñadas deberán asegurar la compatibilidad de acciones con la normativa de seguridad vial y aérea.
Junto al desarrollo de estas directrices, se promoverá un Plan de Adaptación Lumínica de parques eólicos existentes y vías de comunicación, implementado medidas para mitigar y reducir los efectos de la contaminación lumínica en el medio natural y sus efectos directos e indirectos sobre la fauna silvestre y el paisaje.
Contaminación atmosférica.
Los objetivos marcados por la Unión Europea en relación con la disminución de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, con respecto a las emisiones existentes en el año 2005 son, para los años 2020 al 2029, reducciones de un 67 % las emisiones de SO2, de un 41 % las de NOx, de un 39 % las de COVNM, de un 3 % las de NH3y de un 15 % las de material particulado. A partir del año 2030 las reducciones de las emisiones serán de un 88 % las emisiones de SO2, de un 62 % las de NOx, de un 22 % las de COVNM, de un 16 % las de NH3y de un 50 % las de material particulado. Para alcanzar estas reducciones de emisiones en España se ha elaborado el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) que, en sinergia y coordinación con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, establece medidas para el cumplimiento de esos objetivos. Con las medidas de reducción de emisiones contempladas en el PNCCA actual y la última información enviada a la Comisión europea de proyección de las emisiones, solamente no se alcanzaría el objetivo establecido para los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano a partir del año 2028.
Como ya se ha mencionado, otra de las obligaciones de la Directiva 2016/2284 es la creación de una red de lugares del seguimiento de la contaminación en los ecosistemas. Esta red se ha creado tomando como punto de partida los sitios de monitoreo existentes en relación con los ecosistemas terrestres y los programas de seguimiento de la Convención del Aire y los establecidos en el medio acuático para seguimiento de la Directiva Marco del Agua. El Sistema nacional de seguimiento y gestión del conocimiento del patrimonio natural y de la biodiversidad en España que se implanta en esta Estrategia servirá para cumplimentar la información que se necesite en relación con el seguimiento de la contaminación atmosférica y sus efectos en el patrimonio natural español.
Contaminación acústica.
Se revisará la normativa sobre contaminación acústica en el medio terrestre, su aplicación efectiva y su efectividad en la prevención de sus impactos sobre la fauna silvestre(79)y sobre los espacios naturales protegidos, apoyándose en el desarrollo normativo de diferentes instrumentos de planificación acústica, tales como las reservas de sonidos de origen natural(80) (81).
En lo relativo a los procesos de evaluación ambiental, se elaborarán unas directrices generales sobre el impacto acústico en la fauna en los procesos de evaluación ambiental, y se impulsarán mediciones periódicas de control de ruido durante la fase de explotación(82).
Además, se impulsarán medidas para reducir la contaminación acústica en el medio marino(83)(84), en aplicación de las estrategias marinas de España(85).
En los procesos de evaluación ambiental, se revisarán los criterios y procedimientos para aquellas actividades marinas que generan ruido, atendiendo a las recomendaciones del Convenio sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres(86)y el Convenio de Diversidad Biológica(87). En las campañas geofísicas de prospección sísmica marina con fines industriales y científicos(88) (89), se implantarán de manera efectiva directrices de mitigación de ruido en las aguas españolas(90).
Para mejorar el conocimiento sobre el impacto del ruido sobre la biodiversidad marina(91) (92), se pondrá en marcha un registro nacional de seguimiento del ruido submarino(93)impulsivo, de acuerdo con lo previsto en el marco de las Estrategias Marinas, así como de estudios conexos sobre valores umbrales(94). Este registro empleará estándares de datos compatibles con otros organismos e iniciativas internacionales(95), lo que permitirá una transferencia de datos y un trabajo coordinado. Asimismo, en el marco de las Estrategias marinas se llevará a cabo una monitorización y mapeado del ruido continuo aguas bajo soberanía española.
En el marco de los programas de medidas de segundo ciclo de las estrategias marinas (2021-2022) se incluirán un conjunto de medidas orientadas a mejorar el conocimiento y reducir el ruido submarino, así como prevenir/mitigar sus efectos en los ecosistemas y especies marinas. Estas medidas serán revisadas y actualizadas en el tercer ciclo de las estrategias marinas (2027).
Lucha contra el comercio y la recolección ilegal del patrimonio geológico de tipo paleontológico y mineralógico.
Objetivo general:
– Regular la recolección y evitar el comercio ilegal de fósiles, minerales y meteoritos (elementos muebles) del patrimonio geológico español.
Medidas para alcanzar el objetivo:
Impulsar los mecanismos legales y administrativos necesarios para regular de manera ordenada la recolección de los elementos muebles del patrimonio geológico español, con el fin último de garantizar su protección y su conservación. Este patrimonio natural posee unas singularidades que hacen del mismo un caso especial dentro del patrimonio geológico en lo referente a su conservación, tenencia, utilización y protección legal. Al igual que los Lugares de Interés Geológico, las colecciones y ejemplares de minerales, rocas, fósiles y meteoritos que se custodian en museos públicos y privados, universidades, centros de interpretación o en propiedades particulares, son parte del patrimonio geológico del país. El coleccionismo irracional, la recolección y, sobre todo el comercio ilícito y descontrolado, junto con el vandalismo, son los principales problemas que inciden negativamente en la conservación del patrimonio geológico. Los minerales, fósiles y meteoritos caídos en territorio español que pasan a ser patrimonio geológico mueble cuando se extraen de los yacimientos que están incluidos en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico deben ser una prioridad para la conservación del patrimonio natural en España. Promover los mecanismos que regulen el comercio y prohíban la venta ilícita de los elementos mueble del patrimonio paleontológico a escala internacional debería ser un objetivo prioritario de todos los países implicados, potenciando la cooperación entre los mismos.
Prevención y extinción de incendios forestales.
Objetivo general:
– Reducir los impactos y vulnerabilidad ante los efectos, sociales, económicos y ambientales originados por los incendios forestales.
Medidas para alcanzar los objetivos:
Se desarrollarán las líneas de trabajo contenidas en las Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España(96):
1. Gestionar el territorio rural para lograr su sostenibilidad ante los incendios forestales.
2. Reducir el riesgo de incendio forestal y preparar a los ecosistemas y la sociedad ante su ocurrencia.
3. Involucrar en la gestión del riesgo por incendios forestales a políticas sectoriales estratégicas.
4. Adaptar los dispositivos de defensa contra incendios a los nuevos escenarios y reforzar la cooperación entre ellos.
5. Profundizar sobre el conocimiento en incendios forestales e influencia del fuego en los ecosistemas.
6. Fomentar la participación y la sensibilización de la sociedad en la gestión de los incendios forestales.
Cambio de estilos de vida: acción contra las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad.
Se impulsarán medidas y actuaciones de mejora de la información, de la formación, de la gobernanza, de las prácticas de consumo de alimentos, de productos y servicios sostenibles y responsables, y de la sensibilización, relacionadas con los necesarios cambios de estilos de vida para recuperar la naturaleza, que representan los valores y los comportamientos sociales que marcan las decisiones y hábitos de consumo responsables y necesarios para la conservación de la biodiversidad, evitando el consumismo de productos en términos generales, y el tránsito hacia dietas más saludables y sostenibles. Estos cambios de estilos de vida han de ser social y ambientalmente justos, particularmente con los países en vías de desarrollo, e integrar el enfoque de género, para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, la Fundación Biodiversidad del MITECO liderará el proyecto «Cambio de estilos de vida para recuperar la naturaleza» con el objetivo de impulsar estilos de vida y de consumo más sostenibles en sectores como la alimentación, el ocio, el turismo y el textil, que fomenten la conservación y recuperación de la biodiversidad y mejoren la salud y el bienestar de la ciudadanía a través de políticas sectoriales.
Igualmente, se impulsarán programas de sensibilización y capacitación en esa materia para mejorar el desempeño del personal técnico y gestor de espacios naturales protegidos, así como de agentes sociales cuya actividad socioeconómica se desarrolla en estos lugares.
Objetivo general:
– Contribuir a la conservación y mejora de la biodiversidad y los ecosistemas más allá del territorio nacional, mediante el impulso de la cooperación internacional, actuando de manera concertada a nivel regional o de país, buscando conjuntamente fórmulas que faciliten soluciones en los países y/o regiones con quienes se colabora.
– Incrementar la presencia española en los convenios y procesos internacionales para tener un mayor peso en la toma de decisiones a nivel global, acorde con la relevancia que la biodiversidad española tiene a nivel internacional, y participar activamente en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
Medidas para alcanzar los objetivos:
Regulación más efectiva del comercio de especies y refuerzo de la lucha contra el comercio ilegal de especies y de madera y productos de la madera.
De acuerdo con el Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre(97),por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio CITES y del Reglamento CE 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejercerá las competencias como Autoridad administrativa y órgano de gestión principal del Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Asimismo, continuará ejerciendo como Autoridad Competente Nacional FLEGT y como Autoridad Competente Nacional EUTR de coordinación e interlocución con la Comisión Europea con la finalidad de asegurar la legalidad de la comercialización de la madera y productos de la madera.
Se habilitará antes de 2025 un centro de rescate estatal de especímenes CITES, que a su vez actuará como centro coordinador de la Red de centros de rescate de especímenes CITES, y se trabajará en la línea de las repatriaciones de los especímenes vivos incautados o su incorporación en programas de conservaciónex-situ. En 2022 se ha creado una línea de subvenciones para apoyar a los centros que colaboran con la recogida de ejemplares incautados y se ha potenciado la colaboración con las Comunidades Autónomas para dicho fin.
Se creará antes de 2025 el Cuerpo de Inspectores del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para controlar la correcta aplicación del Convenio CITES y de los Reglamento FLEGT y EUTR, y asegurar la tolerancia cero con el comercio ilegal de especies silvestres y de madera procedente de talas ilegales.
Se seguirá colaborando con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el intercambio de información en el marco de aplicación del Sistema de Licencias FLEGT.
A partir del trabajo realizado durante el primer periodo de aplicación del Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres(Plan TIFIES)se elaborará en 2023 una actualización ambiciosa del mismo para el periodo hasta 2025. En línea con el Plan TIFIES, se promoverá la prohibición del comercio del marfil en España antes de 2023 y se apoyarán las iniciativas que se pongan en marcha en esta materia en la Unión Europea.
Se colaborará con los organismos científicos especializados para mejorar las técnicas de identificación de maderas y de su aplicación tecnológica sobre el terreno, tanto en el marco de la aplicación de los Reglamentos FLEGT y EUTR como de CITES.
Se reforzará la colaboración, mediante convenios de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Dirección General de la Guardia Civil, para el desarrollo de las actuaciones y provisión de las herramientas, formación y conocimientos necesarios para el desarrollo de investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico de vida silvestre, y de madera ilegal, tanto a nivel nacional como internacional. La unidad encargada de materializar esta colaboración será la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales encuadrada en la Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil. Se fomentará especialmente esta colaboración en el ámbito marino.
En la persecución del delito contra el patrimonio natural y la biodiversidad resulta fundamental fortalecer las capacidades del personal especializado, por lo que se desarrollará un programa de formación y actualización permanente dirigido a la Red de Fiscales Especialistas en Medio Ambiente y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), así como al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Asimismo, se promoverá el reforzamiento de las necesarias medidas de control, vigilancia y sanción administrativa. En cualquier caso, cuando haya indicios de delitos contra el medio ambiente (regulados en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) o de daños medioambientales (regulados por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental) que afecten a la biodiversidad y el patrimonio natural, se hará partícipe a la correspondiente Fiscalía de Medio Ambiente/ Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales del SEPRONA. Del mismo modo se fomentará el papel de vigilancia que puede ejercer la sociedad civil respecto a la prevención y persecución de estos delitos.
Se promoverá activamente el desarrollo y aplicación de normativa comunitaria y otras medidas adecuadas destinadas a evitar la llegada al mercado de productos forestales que causan pérdida y degradación de bosques naturales, en particular las enmarcadas en los reglamentos FLEGT y EUTR. Asimismo, se apoyarán las acciones de la Unión Europea, tanto regulatorias como no regulatorias, que derivarán de la Comunicación de la Comisión Europea «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo», así como de las recomendaciones del Parlamento, para conseguir que las cadenas de suministros de productos comerciales estén libres de deforestación y degradación forestal. En línea con los compromisos asumidos por España mediante su adhesión a la Declaración de Ámsterdam para reforzar la cooperación contra la deforestación, se garantizará, para 2025, el suministro agrícola sostenible y libre de deforestación y degradación forestal, el cual debe garantizar también que la presión y la degradación no se trasladen de los bosques a otros ecosistemas.
Se reforzará la aplicación del Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, que establece las disposiciones necesarias para la aplicación en España del Reglamento EUTR. En particular, se aplicará y actualizará, en colaboración con las comunidades autónomas y la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales encuadrada en la Jefatura del SEPRONA de la Dirección General de la Guardia Civil, el Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada.
Con el fin de reducir el riesgo de utilización en todo el territorio nacional de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos obtenidos de forma ilegal, tanto en España como en terceros países Parte del Protocolo de Nagoya, se adoptará antes de 2023, el Plan estatal para el control de la legalidad de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados en España, de conformidad con lo previsto por el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.
Se reforzará el compromiso de España con los tratados internacionales de conservación del patrimonio natural y conservación de la biodiversidad, para mantener el liderazgo en aquellos en los que cuenta con una mayor representatividad en su territorio. Entre otros, esto sucede con el Programa MaB de la UNESCO y, en concreto, con la Red Mundial de Reservas de la Biosfera con una experiencia superior al medio siglo, y por el gran número de Reservas de la Biosfera que España alberga en su territorio, entre ellas tres reservas de la biosfera transfronterizas con Portugal y una intercontinental con Marruecos. En lo que respecta al Convenio de Ramsar y otras iniciativas internacionales relacionadas con la conservación de los humedales, se aplicará lo previsto en el nuevo Plan estratégico de humedales aprobado en 2022.
Refuerzo de la colaboración con terceros países.
Para fomentar una mayor colaboración con los países con los que España comparte importantes lazos históricos y culturales se restablecerá, antes de 2023, la Red Iberoamericana de Directores Generales de Biodiversidad, con el objetivo de facilitar la cooperación y el intercambio de información y capacitación técnica en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, contribuyendo así a los futuros objetivos internacionales en la materia. En este sentido también será de gran utilidad potenciar la colaboración y cooperación en el marco de la Red de Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El Caribe (IberoMaB).
Se promoverán Acuerdos bilaterales en materia de patrimonio natural y biodiversidad con los países limítrofes, Francia, Portugal y Marruecos, en los que se incluirán el uso de herramientas tecnológicas para el intercambio de información sobre la biodiversidad. En este contexto, sobre la base de las experiencias previas, se reforzará la colaboración y coordinación interestatal para la conservación de la biodiversidad ibérica, impulsando acciones de conservación coordinadas transfronterizas, prestando especial atención a los corredores ecológicos, corredores fluviales y sistemas montañosos, así como a la gestión y recuperación de especies amenazadas, en especial en el ámbito de las Reservas de la Biosfera Transfronterizas españolas y de las redes internacionales de reservas de la biosfera en las que participa España.
Se incrementará la colaboración con terceros países que compartan el ámbito territorial de las especies migradoras presentes en España, fomentando su conservación y seguimiento fuera de nuestras fronteras y la reducción y minimización de las causas que las amenazan.
Se incluirá el patrimonio natural y la biodiversidad como un pilar fundamental de la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Se reforzará la consideración de la biodiversidad y el patrimonio natural en el Plan Director de la Cooperación Española 2022-2025 y siguientes, en respuesta a los compromisos en materia de cooperación internacional en el contexto del Convenio sobre Diversidad Biológica y otros acuerdos internacionales en materia de patrimonio natural y biodiversidad. De este modo, la cooperación española contribuirá a la elaboración, aprobación y ejecución de Estrategias y planes de acción nacionales en biodiversidad por terceros países, en cumplimiento de sus compromisos en el Convenio de Diversidad Biológica y como herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se fomentará la cooperación para el desarrollo sostenible en materia de biodiversidad y ecosistemas con regiones y países extracomunitarios.
Se reforzará el papel de colaboración y las actuaciones conjuntas en el marco de los convenios marinos regionales, como los Convenios OSPAR, Barcelona, el Acuerdo de Mónaco sobre la conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), la Comisión Ballenera Internacional o el Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), y otras iniciativas como la Unión por el Mediterráneo. Asimismo, se fomentará la coordinación y cooperación en el marco de los organismos o foros internacionales de protección de la biodiversidad y las organizaciones regionales de gestión pesquera, a fin de promover y reforzar la consideración de la biodiversidad en dichos foros.
También se reforzará la presencia en programas internacionales de carácter científico-técnico para la conservación de la biodiversidad, como el programa Horizonte Europa.
Se apoyará la aprobación del futuro Convenio sobre biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional (conocido como Convenio BBNJ por sus siglas en inglés), que supondrá una oportunidad para regular la protección y uso sostenible del medio marino en todo el mundo.
Objetivo general:
– Garantizar una adecuada financiación de las acciones necesarias para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, aprovechando al máximo las oportunidades de financiación tanto públicas como privadas.
Medidas para alcanzar los objetivos:
Resulta decisivo transformar la situación actual para detener cualquier apoyo financiero que dé soporte a un uso insostenible del patrimonio natural y la biodiversidad. Para ello, se identificarán y priorizarán para 2025 los subsidios e incentivos que resultan perjudiciales para el patrimonio natural y la biodiversidad de forma directa o indirecta. Para 2025, se reformarán, se reconducirán o se eliminarán el 50 % de los subsidios perjudiciales identificados y se garantizará que para 2030, todos los subsidios o incentivos resulten neutros o positivos para el patrimonio natural y la biodiversidad y que incorporen adecuadamente las externalidades ambientales.
En línea con los principios del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, se aplicarán criterios de compatibilidad con la biodiversidad en la financiación y soporte público de proyectos y actividades a través de créditos, préstamos, avales, subvenciones, incentivos o subsidios. Deben aplicarse los principios de «el usuario paga» y «quien contamina paga» para prevenir y corregir la degradación de la naturaleza.
Se garantizará la movilización de los recursos necesarios, de las diferentes fuentes posibles, para la financiación de todas las actividades y prioridades identificadas en el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España, de acuerdo con el cual se precisa, al menos, una inversión de 1.408 millones de euros anuales para una gestión efectiva de esa red. También se tendrán en cuenta para la movilización de recursos otras redes de áreas protegidas como la Red de Parques Nacionales y la Red Española de Reservas de la Biosfera.
Se focalizarán fondos de la AGE para el desarrollo de las medidas de este Plan para que sean desarrollados por el tercer sector ambiental, entidades científicas y otras entidades públicas o privadas a través de las convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Asimismo, se desarrollarán mecanismos para facilitar y canalizar la financiación del sector privado de acciones de integración sectorial del patrimonio natural y la biodiversidad y de su conservación y uso sostenible. De la misma forma se promoverá a las entidades de custodia del territorio, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Igualmente, se potenciará el establecimiento de sinergias entre el tercer sector y el sector privado con el fin de favorecer la financiación y la colaboración estratégica en iniciativas y proyectos a favor de la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
En línea con estos objetivos, antes de 2024, se llevará a cabo un análisis de las oportunidades y posibles modalidades para el desarrollo de mecanismos que impulsen el pago por los servicios ambientales prestados por los ecosistemas bien conservados y gestionados.
Se adoptarán medidas para garantizar, antes de 2024, que al menos el 1 % del presupuesto en obra pública se destine a financiar acciones que contribuyan a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y a su uso sostenible.
Teniendo en cuenta las necesidades de financiación para la biodiversidad, en particular las identificadas en el Marco de Acción Prioritaria, y sobre la base de un análisis de los presupuestos destinados a inversiones en políticas activas de conservación y restauración de la biodiversidad en 2020, se impulsará el objetivo de duplicar la inversión en biodiversidad para 2025, y, en 2030, al menos mantener el nivel alcanzado en 2025. Con respecto a los equipos humanos de la AGE dedicados a conservación de la biodiversidad, se doblarán en 2030 sus efectivos.
Se reitera que invertir en la protección y recuperación de la naturaleza será fundamental para la recuperación económica de España tras la crisis de la COVID-19 y para hacer mejorar la resiliencia de nuestra sociedad y ambiente frente a los retos ambientales presentes y futuro(98). Ante esta coyuntura, la financiación requerirá tanto la canalización de diferentes fuentes de financiación como el compromiso de asegurar un flujo presupuestario durante todo el periodo de implementación del Plan estratégico.
Se han identificado varias fuentes de financiación que abarcan diferentes estamentos y escalas públicas a nivel nacional, instituciones de carácter regional como la Unión Europea y finalmente las posibilidades de financiación externa privada. Por un lado, a través de los presupuestos generales del Estado y el Fondo de restauración ecológica y resiliencia(99)y por otro, de aquellas procedentes de fondos europeos existentes, especialmente en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia(100)y el marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2021-2027(101)(Pacto Verde Europeo: Mecanismos de Transición Justa(102), Fondo Social Europeo Plus(103), Fondo Europeo de Desarrollo Regional(104), Fondo Europeo Agrícola de Garantía y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural(105), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca(106), Programa LIFE(107), Horizonte Europa(108)y Banco Europeo de Inversiones(109)). En este sentido, cobrará especial interés el instrumento de recuperación «Next Generation EU(110)».
En todo caso, se mejorarán, para 2023, los sistemas de contabilización de la financiación para la conservación de la biodiversidad, apoyándose en las metodologías existentes de la OCDE y las que desarrolle la Comisión Europea.
Asimismo, conforme al componente 4 (Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), se incorporará el enfoque de género a los recursos destinados a sensibilización, formación, investigación, empleabilidad y emprendimiento en los distintos ámbitos relacionados con la biodiversidad y la gestión forestal, para tener en cuenta las necesidades, intereses, comportamientos, conocimientos, oportunidades y recursos diferentes con los que parten las mujeres y hombres de distintos grupos sociodemográficos en el uso, gestión y disfrute sostenible de los recursos naturales a fin de promover y lograr la igualdad efectiva a la par que la sostenibilidad, de manera sinérgica.
Objetivo general:
– Mejorar e impulsar la consideración de la biodiversidad y el patrimonio natural en la actividad ordinaria y en la toma de decisiones de las empresas y el sector público.
– Fomentar la participación de los actores interesados vinculados a la biodiversidad y el patrimonio natural, en la elaboración de la planificación y normativa ambiental.
Medidas para alcanzar los objetivos:
Se impulsarán procesos de participación pública en la planificación y gestión de la biodiversidad, con el objetivo de fortalecer la gobernanza. Para ello, se elaborarán guías de buenas prácticas para su puesta en marcha.
Se potenciará el diálogo con el sector privado a través de las plataformas existentes, como la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad (IEEB), para promover una mejor integración del capital natural en las actividades empresariales y una contribución más efectiva de las empresas a la conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. A través de estas plataformas, se fomentará la difusión de buenas prácticas empresariales, en particular en el ámbito de la gobernanza empresarial sostenible, incluyendo los procesos de diligencia debida para cadenas de valor y la elaboración de reportes de información financiera y no financiera, así como la adopción de soluciones basadas en la naturaleza como fuente de innovación y de oportunidades comerciales y de empleo.
Se apoyará la creación de marcas de calidad para productos y servicios ambientalmente sostenibles, teniendo en cuenta la reglamentación sectorial que resulte de aplicación en cada caso, así como la futura propuesta de un marco de etiquetado de alimentos sostenibles de la UE. Asimismo, se desarrollarán y fomentarán mecanismos para integrar el patrimonio natural y la biodiversidad en la gestión empresarial de las PYMES.
Se desarrollarán orientaciones que ofrezcan metodologías claras a partir de datos disponibles y que permitan a empresas y organizaciones privadas asegurar que los proyectos de inversión y la financiación de los mismos, resultan neutros o positivos para el patrimonio natural y la biodiversidad, en el marco del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y de la estrategia española de finanzas sostenibles actualmente en redacción.Se potenciará el reconocimiento de las mejores prácticas empresariales con la biodiversidad.
Se apoyarán iniciativas para fomentar el empleo verde y facilitar la transición hacia una economía sostenible e inclusiva, que tenga en cuenta los aspectos de género y el reto demográfico, en línea con las previsiones de este Plan Estratégico. En este contexto, se apoyará de forma específica a PYMES para su mejora del desempeño ambiental en materia de biodiversidad. Y asimismo se fomentará el emprendimiento verde de las mujeres, con especial interés por el emprendimiento verde de las mujeres de ámbitos rurales, mediante la sensibilización, el asesoramiento, la capacitación, la formación en competencias, aptitudes y actitudes, mentorías, programas y/o subvenciones, etc.
Se incluirán criterios de patrimonio natural y biodiversidad en la gestión del sector público institucional estatal, en especial en las Sociedades Mercantiles Estatales y en las Entidades Públicas Empresariales, de forma que además puedan servir de modelo y ejemplo para el sector privado.
Se continuará trabajando en la aplicación plena y continua de los objetivos y acciones del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, impulsando, entre otras acciones, el Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000 y fomentando la colaboración reforzada en materia de turismo de naturaleza y biodiversidad con la Secretaría de Estado de Turismo.
Se incorporarán medidas para impulsar la circularidad en el medio natural con criterios de conservación de la biodiversidad en los planes de acción trienales de la Estrategia España Circular 2030, que serán propuestas por la unidad responsable en la materia o en coordinación con otras unidades de la Administración General del Estado. Igualmente, las unidades responsables de la ejecución de las medidas incluidas en los sucesivos planes de acción velarán para que éstas no causen ningún perjuicio significativo a otros objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020. De acuerdo con lo establecido en la Estrategia España Circular 2030 y en sus sucesivos planes de acción, se continuará trabajando en la aplicación de medidas legales ambiciosas para reducir el residuo alimentario, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, y con lo previsto en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Antes de 2024, se revisará e incrementará el número de productos y servicios incluidos en el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025). Se hará un inventario de los productos y servicios que consumen las Administraciones Públicas, y se priorizarán según su impacto en el patrimonio natural y la biodiversidad, identificando alternativas que minimicen este impacto para incorporarlos a los productos y servicios a adquirir bajo el Plan de Contratación Pública Ecológica. En la selección de alternativas y en función del tipo de producto, se priorizarán artículos con certificado de agricultura ecológica, certificación forestal o etiqueta ecológica ecolabel, o medios de prueba equivalentes, entre otros posibles, y se garantizará que son productos libres de deforestación y degradación forestal, de modo que la compatibilidad con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad esté asegurada. Se reforzarán las medidas para asegurar que todos los materiales a base de madera procedan de fuentes legítimas, en base a la normativa FLEGT y EUTR.
Se regularán los productos y servicios que obligatoriamente habrán de ser objeto de contratación pública ecológica y respetuosa con la biodiversidad por cualquier Administración Pública para garantizar que se abordan adecuadamente las causas subyacentes de pérdida de patrimonio natural y biodiversidad en España, teniendo en cuenta las disposiciones de la normativa comunitaria que establezca obligaciones en materia de compra pública ecológica, salvo que las necesidades a satisfacer exijan unas características que no lo permitan, o cuando razones de eficiencia económica, falta de concurrencia suficiente o urgencia, lo desaconsejen.
Tras más de una década de vigencia desde su adopción, se hace preciso evaluar en profundidad y, en su caso, revisar, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta revisión examinará las posibilidades para reforzar el marco legislativo y de gobernanza para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en España y mejorar, por tanto, la instrumentalización e implementación del presente Plan estratégico.
A fin de mejorar y reforzar la participación de las organizaciones profesionales, científicas, empresariales, sindicales y ecologistas más representativas en la toma de decisiones relacionadas con la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad, antes de 2024 se llevará a cabo una revisión del funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Para ello será asimismo clave mejorar la integración del enfoque de género en el sistema de gobernanza y del marco legislativo, en sintonía con el borrador de Plan de Acción sobre el Género Posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
A continuación, se incluye una estimación presupuestaria general global para responder a los objetivos y actuaciones desarrollados en el presente Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030.
La naturaleza de este Plan Estratégico, y de los objetivos y líneas de actuación, no permite una estimación detallada a nivel de cada actuación, por tratarse, en su mayoría, de medidas y actuaciones a desarrollar por las administraciones competentes en el ámbito de su trabajo, que en algunos casos se integrará dentro del presupuesto y recursos ordinarios de las administraciones y en otros casos podrá requerir de recursos adicionales.
Por ello, las estimaciones presupuestarias planteadas se basan en la propuesta, que se realiza en el propio contenido del Plan Estratégico, de duplicar la inversión en biodiversidad para 2025, y, en 2030, al menos mantener el nivel alcanzado en 2025. Esta propuesta, por tanto, supondría un incremento muy sustancial de recursos presupuestarios para biodiversidad, en línea con el incremento de ambición de las políticas de biodiversidad que se plantea a lo largo del Plan.
Esta estimación presupuestaria se presenta distribuida esencialmente en aquellas líneas de actuación que requerirán, de acuerdo con lo planteado en el Plan Estratégico, un mayor incremento de inversión, como son las líneas en materia de: «conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad»: «protección y conservación de la naturaleza»; recuperación de ecosistemas»; y «reducción para el patrimonio natural y la biodiversidad».
A diferencia de esos ámbitos, en los que se prevé una clara necesidad de incremento inversor y presupuestario, en los ámbitos de «compromisos internacionales en materia de patrimonio natural y biodiversidad», «financiación del patrimonio natural y la biodiversidad», «patrimonio natural y biodiversidad y empresas y sector público» y «refuerzo del sistema de gobernanza y del sector público» no se han especificado estimaciones presupuestarias específicas por entenderse que las líneas de actuación previstas en esos ámbitos se podrán desarrollar mediante la integración de estas cuestiones en el ámbito de los recursos previstos en las dotaciones presupuestarias generales, incluyendo en las líneas de actuaciones 1 a 5.
Puesto que la ejecución de este Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad requiere de la participación y cooperación de diferentes Administraciones Públicas y departamentos, en su implementación y seguimiento se garantizará la adecuada cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas implicadas, incluyendo a través de los órganos consultivos y de coordinación relevantes, en particular, la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tanto en el marco de sus comités especializados como, si fuera preciso, mediante la articulación de nuevos mecanismos para el refuerzo de la coordinación administrativa.
La elaboración de los Informes de seguimiento y evaluación del presente Plan estratégico, se realizarán alineados con los informes nacionales de seguimiento a remitir al Convenio sobre Diversidad Biológica sobre el cumplimiento de los objetivos acordados en el marco global sobre biodiversidad para el periodo posterior a 2020. En la medida de lo posible, la elaboración de estos informes se hará coincidir con los plazos para la elaboración de informes sexenales nacionales que se deben remitir a la Comisión Europea en aplicación de las Directivas de Naturaleza.
Por tanto, se prevé la elaboración de un informe intermedio de seguimiento y evaluación en el primer semestre de 2026, que se podrá integrar o coordinar con el informe sexenal del Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y que se centrará en la evaluación del estado de implementación de las líneas de acción planteadas en el presente Plan Estratégico y en el análisis de indicadores de estado y tendencias de la biodiversidad.
Estos informes de seguimiento y evaluación, además de cumplir con el contenido que se establezca en el marco del CDB, ampliarán la información con los contenidos que se consideren relevantes a efectos del Plan estratégico, en cuanto al grado de ejecución de las acciones previstas.
En la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación, se utilizarán los indicadores globales que se acuerden en el marco del CDB y resulten de uso obligado y se complementarán por otros indicadores complementarios relevantes, así como mediante indicadores de ámbito nacional incluidos en el sistema de indicadores del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Se realizará, asimismo, un seguimiento de la inversión asociada a la ejecución del Plan.
En función de los informes de seguimiento del Plan durante su periodo de vigencia y del nuevo marco global sobre biodiversidad para el periodo posterior a 2020 que se acuerde en el ámbito del Convenio sobre Diversidad Biológica, el presente Plan estratégico podrá ser modificado puntual o parcialmente para asegurar que su contenido es adecuado en todo momento para alcanzar los objetivos nacionales e internacionales en materia de conservación y usos sostenible de la biodiversidad.