Categoría: Judicial

zonada, razonable y no causante de indefensión. Como señala el Ministerio Fiscal, la demanda no especifica ningún documento con relevancia en el sentido del fallo y cuya incorporación se hubiese denegado. Hemos de insistir en que la denegación de la propuesta probatoria de que se trata obedeció a sólidas razones que no han sido refutadas: la noción estricta de documento que mantiene el tribunal de enjuiciamiento y su criterio de formar su convicción exclusivamente a partir de las pruebas introducidas en el juicio oral.
(iii) Finalmente, los recurrentes se refieren a su propuesta de aportación de documentos de audio comprensivos de manifestaciones de ciertos responsables públicos que resultaron lesivas de su derecho a la presunción de inocencia. También esta proposición contó con una respuesta explícita de la sala de enjuiciamiento, que hemos reseñado, y que resulta conforme con la doctrina constitucional aplicable. En un fundamento jurídico posterior examinaremos la denunciada vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal, queja que goza de autonomía en la demanda. En el punto en que nos encontramos, solo cabe adelantar que la cuestión probatoria no está presente en esa queja. Ni la decisión de la sala de enjuiciamiento sobre este particular tuvo sustento en la insuficiencia probatoria, ni en el análisis de ese motivo de amparo este tribunal atenderá a razones de esa índole. La impertinencia de esta prueba deriva de la notoriedad de los hechos que pretenden introducirse a través de ella, como señaló el Tribunal Supremo. Además, según se infiere de la respuesta dada por la sala, que confirmamos en el fundamento jurídico dedicado a este tema, al que nos remitimos, esos hechos no fueron determinantes del fallo recurrido en amparo.
b) Respecto de las pruebas testificales propuestas e inadmitidas:
(i) En relación con las testificales del señor Puigdemont y de la señora Rovira, ratificamos la posición expresada por la sala juzgadora. El interrogatorio del señor Puigdemont en calidad de testigo resulta incompatible con su posición procesal, hasta el punto de que la práctica de esta prueba pugnaría con las garantías del art. 24.2 CE (STC 91/2021, FJ 7.2.3).
(ii) La irrelevancia de la declaración del senador señor Cosidó, a fin de valorar la imparcialidad del tribunal de enjuiciamiento, resulta de lo declarado en un fundamento jurídico precedente de esta misma sentencia, en el que hemos desestimado la vulneración del derecho al juez imparcial a causa de las palabras contenidas en un mensaje telemático procedente del citado senador sobre el presidente de la sala. Ni la realidad del texto de ese mensaje ni su origen suscitan controversia, de lo que resulta la impertinencia de esta prueba que, además, tenía su sede natural en el incidente de recusación.
(iii) Finalmente, la falta de correspondencia entre la prueba propuesta y los hechos enjuiciados es la causa de la impertinencia de la declaración del señor Bayo y de la investigación de la cuenta de la red social Twitter del señor Baena. Los recurrentes tratan de fundar esta queja en la supuesta falta de neutralidad del que consideran jefe de la investigación, tacha que es reiterada a lo largo de la demanda. Sin embargo, no concretan ni un solo hecho del relato histórico contenido en la sentencia en que haya tenido alguna incidencia una decisión sobre el operativo policial adoptada por esa persona o su testimonio vertido en juicio. Como viene a señalar el Tribunal Supremo, no fue objeto del proceso penal del que tratamos la ideología ni el comportamiento del teniente coronel de la Guardia Civil, señor Baena. La juridicidad de sus actuaciones pudo cuestionarse en la causa y la credibilidad de su testimonio ponerse en duda con ocasión de su interrogatorio en el plenario y a la vista de lo revelado por cualesquiera otras pruebas.
c) En cuanto a la prueba pericial de don Hugh Moya y don Duncan McCausland, propuesta por la defensa del señor Cuixart cumple decir que, como indica el Ministerio Fiscal, una vez que se reconoce la admisión como «informe documentado» del elaborado por las citadas personas, la parte no expone la trascendencia de la omisión de su explicación en el juicio oral. Al rechazar la prueba de que se trata, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo efectuó una importante aclaración sobre la naturaleza de la misma que descarta la utilidad de su introducción en el juicio oral mediante el interrogatorio de los autores del mencionado informe. Destaca así que la apreciable experiencia en conflictos históricos en otros países que pudieran aportar los peritos propuestos «no puede identificarse con una metodología científica susceptible de contradicción y análisis en el plenario». Dicho de otro modo, el interrogatorio de las personas autoras del mencionado informe carecía de utilidad.
Esto nos lleva, en aplicación de la doctrina constitucional expuesta, a desestimar el alegato de vulneración del derecho a la prueba.
B) Una última consideración es procedente respecto del aducido trato dispar dispensado a las partes en materia de admisión de pruebas que se aduce en la demanda.
Muy sintéticamente, conviene recordar que la igualdad de partes en el proceso constituye un principio constitucional integrado en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), y «significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente obligados a aplicar la ley procesal de manera igualitaria, de modo que se garantice a todas las partes, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato favorable a ninguna de ellas en las condiciones de otorgamiento y utilización de los trámites comunes, a no ser que existan circunstancias singulares determinantes de que ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda mantenerse con un tratamiento procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado con el fin precisamente de restablecer dichos equilibrio e igualdad (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4)» (STC 130/2002, FJ 3).
En el fundamento jurídico siguiente, dedicado al derecho de defensa en el juicio, abordaremos las quejas de los recurrentes sobre el modo de conducirse el juicio oral en lo que atañe a la práctica de determinadas pruebas en el mismo desde la perspectiva de la igualdad de partes.
En lo que concierte a la decisión relativa a la admisión de las pruebas propuestas por las partes, no proporciona la demanda ningún dato que permita fundar la desigualdad que alega. Habla de la «inadmisión generalizada de prueba de defensa en contraposición a la admisión de la prueba de acusación», pero la lectura del auto de 1 de febrero de 2019, tantas veces citado, evidencia que la gran mayoría de las pruebas, tanto las propuestas por las acusaciones como las de las defensas, fueron admitidas, y que las inadmisiones, comunes a todas las partes, fueron excepcionales y, en todo caso, cuidadosamente motivadas.
Para tratar de proporcionar base a su alegato, la demanda se refiere después a una prueba que, a su juicio, fue indebidamente admitida a la abogacía del Estado. Sin embargo, el soporte fáctico del motivo decae desde que se constata que la pericial de las denominadas «expertas» fue propuesta por el Ministerio Fiscal y como tal figura admitida en el apartado 2.1.3 del auto de 1 de febrero de 2019.
En definitiva, este tribunal no encuentra base alguna para sostener que la igualdad de las partes no ha sido respetada por la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre admisión de las pruebas propuestas por las partes.
Por consiguiente, ha de ser desestimado este motivo del recurso de amparo.
9. El derecho de defensa en el juicio oral.
9.1 Posiciones de las partes.
La demanda invoca los derechos de defensa, de prueba y a un proceso justo con todas las garantías (arts. 24.1 y 24.2 CE, y art. 6 CEDH), para denunciar un conjunto de infracciones procesales que tienen en común haber tenido lugar durante la fase de juicio oral del proceso penal. Podemos distinguir tres apartados:
a) Imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. Se quejan los demandantes de que, si bien al inicio del juicio oral el órgano enjuiciador permitió la exhibición de videos a los testigos y acusados, posteriormente modificó esta regla cuando las defensas propusieron interrogar a agentes de policía acerca del contenido de determinados videos y no les permitió confrontar la declaración de algunos testigos con esos documentos. A juicio de los recurrentes, la práctica de prueba videográfica durante los interrogatorios de testigos o peritos debe acordarse en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente útil: es conveniente cuanto un testigo deba reconocerse en una determinada filmación como partícipe, y así poder corroborar la razón de ser de su conocimiento sobre los hechos grabados o bien cuestionarla; y cuando el testigo exprese hechos incompatibles o divergentes sustancialmente con los que aparezcan en grabaciones sobre esos mismos hechos o bien alegue desconocimiento sobre hechos presumiblemente acaecidos. La decisión del tribunal, en el sentido apuntado, ha mermado sustancialmente las posibilidades de que pudieran interrogar eficazmente, contrastando el contenido de las imágenes con lo declarado por los testigos, lo que ha supuesto una afectación del derecho a la prueba y a la defensa con resultado de indefensión.
b) «Contrainterrogatorio» de las defensas. Según la demanda, el hecho de no haber propuesto a un testigo no puede impedir que la defensa lo interrogue una vez la prueba se admite, sin más límites que el objeto del procedimiento definido por las acusaciones. Este debe ser el canon interpretativo del art. 708 LECrim en conjunción con el art. 24 CE, que no establece límites a la intervención de las partes no proponentes. Sin embargo, el tribunal enjuiciador mantuvo un criterio contrario, que se manifestó por primera vez cuando impidió que la defensa interrogara al presidente del Parlament, don Roger Romero, sobre lo que presenció en relación con los hechos acaecidos el 20 de septiembre de 2017, ya que espontáneamente dijo haber estado presente. Esa decisión conculcó el derecho a la prueba y a la defensa.
c) Interrogatorio por parte del presidente del tribunal. Los demandantes critican el hecho de que, tras haber vetado una pregunta del fiscal al testigo señor Trapero, el propio presidente formulara esa pregunta, que era claramente «de cargo» a la vista de la valoración que de la respuesta se efectúa en la sentencia, y la formuló a una persona que, materialmente, debía considerarse coacusado, todo ello con pretendido fundamento en lo dispuesto en el art. 708 LECrim. Para los demandantes, la presidencia vulneró lo establecido en el art. 708, párrafo segundo, de la citada Ley de enjuiciamiento criminal, en su interpretación acorde con el art. 24 CE.
La abogacía del Estado, en cuanto al primer bloque de quejas, asume la respuesta dada en el fundamento de Derecho 16.1.2 de la sentencia impugnada, en el sentido de que las defensas yerran sobre el significado de la garantía de contradicción, que se ha respetado estrictamente. Tampoco considera que haya irregularidad alguna en la limitación de las repreguntas a las que resultasen pertinentes «a la vista de las contestaciones» ofrecidas por el testigo a la parte que hubiese propuesto la prueba, en aplicación del art. 708 LECrim, de acuerdo con los razonamientos de la sentencia recurrida al respecto (FJ 16.2.2). Por último, acoge también las razones dadas en el fundamento jurídico 16.3.5.3 de la tan citada sentencia impugnada para rechazar el supuesto rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal al formular una pregunta al testigo señor Trapero.
El partido político Vox, como hemos señalado, contesta genéricamente afirmando que, de acuerdo con la doctrina constitucional, las eventuales infracciones de las normas o reglas procesales solo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías si con ellas se ocasiona una merma relevante de las posibilidades de defensa, de modo que el sumatorio de muchas pequeñas vulneraciones irrelevantes en sí no puede convertirse en una merma relevante de las posibilidades de defensa.
El Ministerio Fiscal, en relación con la cuestión relativa a la exhibición del material videográfico durante los interrogatorios, indica que la sala sentenciadora actuó de acuerdo con la normativa procesal y los usos forenses tradicionales, y el modo de practicar la prueba se aplicó por igual a todas las partes. Añade que la sala exhibió a algunos testigos la documental solo cuando se cuestionaba la autenticidad o integridad de esta, no siendo necesario en los demás casos en los que la prueba videográfica se reprodujo del modo usual, tras la práctica de la prueba testifical y pericial. En segundo lugar, considera que la limitación del interrogatorio de los testigos afectó por igual a todas las partes intervinientes «sin que ello haya supuesto indefensión alguna de los demandantes o desventaja respecto de las acusaciones». «Por lo demás, la formulación de una única pregunta por el presidente del Tribunal a un testigo, sobre una cuestión ampliamente debatida y sobre una reunión acreditada, tampoco puede ser tachada de pérdida de imparcialidad del Tribunal y de auxilio a la posición del Ministerio Fiscal, más cuando la respuesta ha sido calificada de prescindible».
9.2 Respuestas del órgano judicial.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da una respuesta expresa a cada una de las quejas formuladas en la sentencia que es objeto del presente recurso de amparo.
9.2.1 Reproducción de la documental videográfica.
La problemática de la reproducción de la prueba videográfica con ocasión de los interrogatorios está tratada en el apartado 16.1 del fundamento de Derecho A). Tras una amplia referencia al significado del principio de contradicción con cita de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo argumenta lo que sigue:
«El compartido error de las defensas consiste en identificar el principio de contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y Rull–, “[…] de contrastar la veracidad de los testigos declarantes”. Y, sobre todo, con la posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara.
Y no es ese el contenido material del principio de contradicción.
Contradecir supone tener la oportunidad de interrogar a todos y cada uno de los testigos del fiscal y de las acusaciones para neutralizar su testimonio. Contradecir implica la posibilidad de aportar pruebas personales y documentales que debiliten el valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los documentos presentados como prueba de cargo. Y, desde luego, las defensas no tuvieron limitación al respecto. La presentación de centenares de testigos de descargo y de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una evidencia que ha quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del juicio oral.
Contradecir no significa valorar la credibilidad del testigo mientras este presta declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de prueba el valor jurídico que quieran atribuirle.
Ese contraste es, sin embargo, obligado cuando lo que se está cuestionando no es la virtualidad probatoria de una declaración testifical o de un documento, sino cuando lo que se pone en duda es su integridad o su autenticidad. En tales casos, la Sala no tuvo inconveniente en acordar la inicial exhibición de documentos que, por una u otra razón, llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su propia versión de lo que ese vídeo expresaba:
“[…] es que lo estoy viendo yo”, llegó a afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito careo entre el ciudadano que declara y el Letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El Tribunal ha tomado en consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil–. Y, en fin, ha proclamado sus inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que “[…] la pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su utilidad de cara a la formación de la convicción del Tribunal, que se vincula con la necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente útil”.
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que presidió su actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero interpretan la declaración de los testigos de las defensas como el testimonio de ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere Álvarez, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y se le acercaron dos policías, “[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas”. Al cabo de un momento, sin decir nada, “[…] le cogieron de los testículos y le levantaron hasta dejarlo caer”. Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina Vargas, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía “[…] el ambiente fue distendido” y que “[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna agresividad, sino todo lo contrario […] Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o alerta”. Don Cabrera Herrera, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les agredió, “[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio ninguna patada”. El testigo don Jaume Guerrero, abogado mediador, declaró que él estaba sentado en el suelo y los antidisturbios “arrancaban a la gente del suelo”. Pero “nadie ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún escupitajo”. Doña Soto Gallego Domínguez, también abogada mediadora, declaró, en relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos: alguien dijo en catalán “hijos de puta”. Y sobre la inflamación testicular sufrida por un policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que buscarla –según puntualizó– en el hecho de que, en el momento de la intervención, los agentes están “cuerpo con cuerpo y los escudos y las porras están muy próximos”.
Son solo cinco cualificados ejemplos del tono general de las declaraciones testificales presentadas por las defensas. El verdadero principio de contradicción consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al Tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al órgano decisorio. Una verdad enriquecida por la exhibición –ya en la prueba documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre vulneración de derechos fundamentales, dio paso a la práctica ordenada del interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente y ofrecida a todas las partes siempre que estuviera en juego la autenticidad del documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era ofrecer a la Sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos».
9.2.2 Alcance de los interrogatorios.
El apartado 16.2 del fundamento de Derecho A), aborda la queja sobre la indebida restricción del alcance de los interrogatorios, con especial referencia a la declaración del señor Torrent.
La respuesta parte de la interpretación que la sala efectúa del primer párrafo del artículo 708. LECrim, que dispone que «el presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones».
La sala de enjuiciamiento describe su criterio interpretativo en el apartado 16.2.2 de la siguiente forma:
«La redacción originaria de la LECrim lleva a sus últimas consecuencias el verdadero significado del principio de contradicción. Tras las preguntas predefinidas por el art. 436 –generales de la ley–, […] el presidente ha de dar oportunidad a quien lo haya propuesto para formular las preguntas que tenga por conveniente. Terminado su interrogatorio, es el turno de las demás partes. Pero las preguntas susceptibles de formulación condicionan el juicio de pertinencia a que se formulen “a la vista de sus contestaciones”. Solo entonces se está haciendo realidad el interrogatorio cruzado que anima y da vida al principio de contradicción y, con él, al derecho de defensa.
Cuando, como en este caso, la defensa propugna una interpretación en la que el turno de repreguntas no conozca límites, se está arriesgando a que sus testigos se conviertan en testigos de cargo. Para ello solo es necesario contar con la habilidad del Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones. Si después del interrogatorio de la defensa el presidente de la Sala permitiera que las repreguntas del fiscal no fueran tales, sino que abordaran aspectos que no han aflorado en el examen verificado por la defensa, se produciría una mutación de la prueba de descargo. El letrado que la hubiera propuesto tendría que observar con resignación y paciencia, como su testigo sería implacablemente interrogado sobre aspectos que interesaran al fiscal y que no tuvieran la más mínima conexión con las razones que justificaron la llamada de ese testigo como testigo de descargo. Bien es cierto que ese defecto podría aliviarse si se abriera un nuevo turno de repreguntas que diera a la defensa oportunidad para contradecir las respuestas ofrecidas por el declarante. Pero bastaría que cualquiera de esas preguntas en turno de réplica desbordara los términos del contrainterrogatorio del fiscal para tener que abrir un nuevo debate. Se estaría alentando así un encadenamiento dialéctico de la prueba testifical que implicaría, además de una permanente confrontación ajena al principio contradictorio, una vulneración del derecho de defensa».
Se refiere después, en el apartado 16.2.3, a la valoración concreta de la relevancia del interrogatorio del testigo señor Torrent: Y dice:
«[S]i el testimonio del señor Torrent sobre lo que sucedió el día 1 de octubre era tan importante, no se entiende bien la razón por la que no fue propuesto como testigo por las defensas. Con independencia de ello, mal puede hablarse de un testigo indispensable para el esclarecimiento de los hechos cuando su aportación –que hasta ese momento había pasado desapercibida para las defensas– se limitaba a contar su experiencia el día 1 de octubre. Sobre el desarrollo de esa jornada, sus vicisitudes, la actitud de la ciudadanía y el papel de los agentes antidisturbios, han declarado más de un centenar de testigos. Todos ellos han contado su personal vivencia durante ese día. No puede hablarse, pues, de indefensión derivada de la imposibilidad del señor Torrent de explicar su particular experiencia sobre hechos que fueron descritos detalladamente por otros muchos testigos presenciales».
Respecto de la protesta formulada por algunas de las defensas de haberse desbordado el objeto de los interrogatorios de algunos testigos de la acusación, el apartado 16.2.4 añade lo siguiente:
«Este razonamiento, que motivó una protesta formal durante el plenario, se adscribe a una visión ya superada del proceso penal. La idea de que solo pueden ser traídos a juicio aquellos testigos que previamente han declarado en la instrucción, trastoca la funcionalidad de las fases de investigación (cfr. art. 299 LECrim) y del juicio oral. Solo a partir de un erróneo entendimiento del plenario como un trámite en el que se da oportunidad a las partes para “ratificar” ante el tribunal sentenciador lo que ya se ha declarado ante el juez instructor, podría suscribirse ese razonamiento. Ver en un testigo que no ha declarado en la fase sumarial una potencial fuente de indefensión, supone un retroceso histórico que pugna, no ya con la previsión del art. 715 de la LECrim, sino incluso con conocidos pasajes –de ahí su innecesaria cita– de laexposición de motivosde la decimonónica Ley de enjuiciamiento criminal».
9.2.3 Rol inquisitivo del presidente del tribunal.
La sala de enjuiciamiento responde a las protestas formuladas por las distintas defensas respecto del alcance de los interrogatorios en el apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, cuyo contenido venimos describiendo. A rechazar el motivo sobre el denunciado «rol inquisitivo» asumido por el presidente del tribunal con ocasión de la testifical del señor Trapero dedica la citada resolución el apartado 16.3.5 de ese mismo fundamento jurídico A).
Comienza la sala sentenciadora por reseñar el contenido del primer párrafo del art. 708 LECrim trascrito más arriba. Añade que el segundo párrafo dispone que «el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren». Tras ello describe brevemente las circunstancias en que se desarrolló el interrogatorio:
«[E]l testigo señor Trapero había sido propuesto por la acusación popular y por las defensas de los señores Sànchez, Cuixart y Forn. Tras finalizar el interrogatorio de la acusación popular y después de preguntar aquello que estimó conveniente, el Ministerio Fiscal formuló al testigo una pregunta relativa a la reunión de la junta de seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Como quiera que la única acusación no había traído a colación ese encuentro durante su interrogatorio, la defensa del señor Forn intervino para advertir a la Sala que, de conformidad con el criterio suscrito por la Sala en la interpretación del primero de los párrafos del art. 708 de la LECrim, el fiscal no podía interrogar al testigo sobre ese extremo. La queja fue acogida por la Sala, se abrió turno para el interrogatorio de las defensas y, al terminar este, el presidente formuló una única pregunta, al amparo del párrafo segundo del art. 708 de la LECrim, sobre las razones que motivaron ese encuentro».
Acto seguido se exponen algunos pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la interpretación que debe darse al citado precepto, a fin de conjugar su aplicación con el respeto a los derechos de las partes. Se citan y extractan parcialmente, a tal efecto, la STS 28/2011, de 26 de enero, y otras anteriores de 31 de mayo de 1999 y 28 de septiembre de 1994. Para el Tribunal Supremo, «se impone […] la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del juez que con su actuación busca suplir las deficiencias de la acusación –lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad– y la de aquel que solo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado la prueba […] y que las preguntas de las partes no han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna». También se reseña parcialmente la STS 1084/2006, de 24 de octubre, en la que se destacó la existencia de facultades similares en los sistemas procesales de nuestro entorno (Alemania, Italia, Francia y Portugal). En la más reciente STS 205/2015, de 10 de marzo, se distinguía entre imparcialidad y absoluta pasividad, y se contemplaba expresamente el supuesto de «juicios largos con algunas dosis de lógica tensión», en las que las facultades de dirección del acto obligan a sostener una posición pro activa en la que pueden cometerse errores, a los que «nadie está sustraído», pero que no son «necesariamente signo de parcialidad, ni han de interpretarse como tales, ni bastan para anular un juicio. Pueden ser fruto de un determinado estilo o forma de dirigir el debate. Para afirmar que se ha producido un desbordamiento tal de la función de la Presidencia que ha degenerado en parcialidad, no basta cualquier presunto exceso o desacierto».
Para la sala de enjuiciamiento, la doctrina del Tribunal Supremo está en línea con los pronunciamientos de este tribunal, entre los que se destacan y extractan parcialmente las SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, y 334/2005, de 20 de diciembre. Lo relevante es que las preguntas del órgano enjuiciador versen sobre los hechos objeto de la acusación, a los efectos de alcanzar el grado preciso de convicción para la adopción de una decisión. No pueden ser manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta. Tampoco generan indefensión si la parte pudo formular alegaciones al respecto en el acto de la vista.
Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, según la sentencia impugnada. Un «juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica sobre la que ha de aplicar el Derecho. No parece jurídicamente admisible privar al órgano jurisdiccional de esa cuestionada iniciativa probatoria –que en nuestro Derecho cuenta con suficiente base legal–, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la propia causa, y que, en todo caso, se respeten convenientemente el principio de contradicción y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en el proceso. Con estas limitaciones, la actuación judicial no atenta contra el principio acusatorio ni el juez pierde por ello su necesaria imparcialidad».
Expuesto lo anterior, la sentencia ahora impugnada señala lo siguiente:
«[L]a pregunta formulada por el presidente al testigo –señor Trapero– no introdujo elemento alguno que no hubiera sido objeto de debate cruzado entre las partes. El testigo había sido ampliamente interrogado sobre la reunión de la junta de seguridad celebrada el día 28 de septiembre de 2017. Al término del interrogatorio de las partes, conforme consta en el soporte digital en el que fue grabada la declaración del señor Trapero, el presidente procedió a dar lectura al párrafo segundo del art. 708 de la LECrim y formuló –previa deliberación del Tribunal que así lo había acordado– la siguiente pregunta: “[…] usted ha declarado sobre una reunión que promueve, en la que están responsables políticos […] y de la fuerza que usted dirigía. Se habló de la presencia del señor Castellví […] La pregunta, buscando lo que el precepto establece, […] es una pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta […] a instancia de su letrado. Es exactamente: ¿qué preocupación motivó la iniciativa que provoca que convoque o exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? Exclusivamente es eso”.
Una vez obtenida la respuesta del señor Trapero, la presidencia del tribunal ofreció a los letrados de las defensas la oportunidad de repreguntar lo que a su derecho conviniera. La defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez pidió en ese momento una aclaración acerca de la autoría de unas declaraciones públicas de uno de los acusados. Esa pregunta, por cierto, no fue precedida ni seguida de ninguna protesta por el mismo Letrado que ahora ve en la iniciativa del Tribunal una gravísima quiebra de la imparcialidad. La defensa de los señores Junqueras y Romeva tampoco formuló protesta y renunció a su derecho a hacer alguna pregunta. Y el Letrado del señor Forn –que tampoco hizo constar ninguna protesta– dijo textualmente: “[…] creo que ya se lo había preguntado, pero sin todo este antecedente. Una vez que ha explicado todo esto, la pregunta sería […]”.
A juicio de la sala, esta explicación –“creo que ya se lo había preguntado”– es la mejor muestra de que la pregunta del presidente, amparada en el art. 708 de la LECrim, solo buscó lo que el precepto autoriza, esto es, depurar los hechos sobre los que el testigo ha declarado. La propia defensa reconoció que, sin la minuciosidad de las aclaraciones sobrevenidas, la pregunta ya había sido hecha.
Concluir que esa pregunta implicaba la prueba de un cognitivo prejuicio del presidente –y con él, de toda la sala– sobre la culpabilidad de cualquiera de los acusados, carece del más mínimo sentido. Cuando en un juicio oral en el que se ha recibido declaración a un número próximo a los cuatrocientos testigos, el origen de la quiebra de la imparcialidad se construye a partir de una única pregunta, el discurso argumental ha de ser, desde luego, más consistente. El hecho sobre el que se preguntó había sido introducido por un testigo anterior, en términos que podrían reputarsea priorino favorables para algunos de los acusados. Preguntar a otro de los asistentes a ese encuentro sobre el decurso de la reunión, no era tanto para acreditarla –que ya lo estaba, por esa y por otras declaraciones posteriores– como para esclarecer la forma en que se desenvolvió lo queex antepodría, según la respuesta, beneficiar también a las defensas. No necesariamente habría de ser un testimonio más incriminatorio. Y podemos decir, en todo caso, que la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es totalmente prescindible a efectos de construir el relato de hechos probados, en tanto que esa reunión ha quedado acreditada por varias fuentes de prueba en términos esencialmente iguales».
9.3 Encuadramiento de las quejas y doctrina constitucional.
Las quejas agrupadas en este motivo de amparo, con cita nominal de varios derechos fundamentales, tienen en común versar sobre irregularidades procesales acaecidas durante la fase de juicio oral del proceso penal. Las denunciadas vulneraciones tuvieron lugar con ocasión de la práctica de determinadas pruebas, y si bien se invoca el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), no se desarrolla una argumentación específica sobre los aspectos fácticos en que las mencionadas irregularidades pudieron incidir. Todas ellas han de reconducirse, por tanto, para integrarse en la esfera de protección del derecho de defensa en condiciones de igualdad.
Siguiendo la STC 130/2002, de 3 de junio, podemos sistematizar la doctrina constitucional sobre este derecho fundamental en el ámbito proceso penal en los siguientes términos:
a) «La primera y más importante garantía debida del proceso penal, a los efectos de que este pueda tenerse por un juicio justo, es indudablemente aquella que impone al juez (hasta el punto de constituir parte de su estatuto constitucional, art. 117.1 CE), y en lo que ahora interesa, al juez penal, la inquebrantable obligación de someterse de forma exclusiva y sin desfallecimiento o excepciones al ordenamiento jurídico. Especialmente, a las normas procesales que establecen la forma en la que debe ejercer su función jurisdiccional en los procesos penales. Pues su estricta sujeción a la ley, en este caso, a la ley procesal, garantiza la objetividad e imparcialidad del resultado de su enjuiciamiento del asunto que se someta a su examen.
La estricta sujeción del juez a la ley penal sustantiva y procesal que rige sus actos y decisiones constituye la primera y más importante garantía del juicio justo en la medida en que dicha sujeción asegura a las partes en el proceso que el juez penal es un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñen en el proceso. Alejamiento que le permite decidir justamente la controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. Por esta razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte (STC 18/1989, de 30 de enero, FJ 1, con cita de la STC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 y 2), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas, lo que es aún más relevante cuando se trata del imputado en el proceso penal (por todas STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3 y, con posterioridad, SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3).
«De ahí que la imparcialidad objetiva del juez penal resulta sin duda una garantía esencial y debida del proceso penal justo. El juez debe garantizar que el órgano judicial ha actuado de forma que se excluya toda duda legítima sobre su neutralidad. Hemos tenido ocasión de afirmar que en esta materia “las apariencias son muy importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos” (STC 162/1999, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3). Muy expresivamente, «la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza» [En palabras de la STEDH de 26 de octubre de 1984, asuntoDe Cubber c.Bélgica,§ 26, «según un adagio inglés citado en la sentenciaDelcourtde 17 enero 1970,justice must not only be done: it must also be seen to be done»; expresión reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (entre otras, en las SSTEDH de 15 de octubre de 2009, casoMicallef c.Malta;§ 98, y de 22 octubre 2019, casoDeli c.Moldavia, § 36)].
«También hemos sostenido que aquel puede traspasar el límite que le impone el principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2).
El derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), por lo tanto, otorga al acusado y procesado el derecho a exigir del juez penal la observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las partes en el proceso. Pues esa igualdad, que constituye un principio constitucional de todo proceso integrado en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente obligados a aplicar la ley procesal de manera igualitaria, de modo que se garantice a todas las partes, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato favorable a ninguna de ellas en las condiciones de otorgamiento y utilización de los trámites comunes, a no ser que existan circunstancias singulares determinantes de que ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda mantenerse con un tratamiento procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado con el fin precisamente de restablecer dichos equilibrio e igualdad (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4)» (STC 130/2002, FJ 3).
b) Como ya hemos expuesto, no toda infracción de una norma procesal genera necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional de indefensión (art. 24.1 CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE). «Para que esa irregularidad procesal o infracción de las normas de procedimiento alcance relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE). En definitiva, ha de comportar una indefensión material y no meramente formal o, aun no causando esa indefensión material, la irregularidad o infracción de las normas procesales ha de suponer una quiebra de las garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 de mayo). Así ocurriría de haber provocado esa irregularidad o infracción de normas procesales la pérdida de neutralidad del juez penal, traspasando los límites constitucionales que a su obrar le imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el principio acusatorio, ocasionando una objetiva ruptura de la igualdad y equilibrio procesales de las partes en litigio, que el juez debe preservar aplicando con corrección las normas procesales que sirven justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4). De no hacerlo así, el juez habrá vulnerado el derecho a un proceso judicial con todas las garantías (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)» (STC 130/2002, FJ 4).
c) «El régimen procesal de la prueba en el proceso penal posee una indudable relevancia constitucional habida cuenta de su estrecha conexión con las garantías constitucionales del acusado, y muy en particular con los derechos fundamentales a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La estricta sujeción del juez penal al régimen procesal de la prueba en sus distintas fases, y muy en especial la relativa a su admisión y práctica, constituye una garantía más del proceso justo (art. 24.2 CE) en los términos señalados con anterioridad» (STC 130/2002, FJ 5).
La facultad de intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica y contradecirla es también una específica manifestación del derecho de defensa del acusado (por todas, SSTC 176/1988, de 4 de octubre; 122/1995, de 18 de julio, y 76/1999, de 26 de abril) e incluye «interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él», dando al mismo una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 57/2002, de 11 de marzo, FJ 3, con cita de SSTEDH de 24 de noviembre de 1986, casoUnterpertinger c. Austria, § 31; de 20 de noviembre de 1989, casoKostovski c. Holanda, § 41; de 27 de septiembre de 1990, casoWindisch c. Austria, § 26; de 19 de febrero de 1991, casoIsgrò c. Italia, § 34; de 20 de septiembre de 1993, casoSaïdí c. Francia, § 43, y de 27 de febrero de 2001, casoLucà c. Italia, § 40).
d) Si bien no todas las irregularidades e infracciones del régimen legal de prueba poseen relevancia constitucional a los efectos de las garantías del art. 24.1 y 2 CE, «no es menos cierto que el impulso probatorio del órgano judicial (tanto de oficio como a petición de parte) puede, en ocasiones y a la vista de las circunstancias del caso, traspasar los límites que le imponen el debido respeto al principio acusatorio, en el sentido de que quien debe formular la acusación y sobrellevar la carga de la prueba inculpatoria es la acusación y no quien ha de dictar sentencia en el proceso, menoscabando reflejamente aquella apariencia de imparcialidad objetiva que debe preservarse en todo momento (STC 186/1990, de 5 de noviembre, FJ 5). Por ello debe indagarse –a la vista de los datos objetivos que quepa extraer del modo de proceder que en cada caso haya observado el órgano judicial– si tras un impulso probatorio aparentemente neutral, incluso al abrigo de lo dispuesto en el art. 729.2 LECrim, el juez no ha emprendido en realidad sino una actividad inquisitiva encubierta» (STC 130/2002, FJ 5, con cita de la STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2). La observancia de tales principios se impone también en el interrogatorio de los testigos en el acto del juicio oral, como se refleja, entre obras, en la STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14. En todo caso, para determinar si se ha producido la quiebra de esta esencial igualdad de armas es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso.
9.4 Resolución de las quejas.
9.4.1 Exhibición de prueba documental videográfica.
El motivo de amparo que denuncia un desigual tratamiento en la exhibición de la prueba documental videográfica durante los interrogatorios no aparece ligado en la demanda a merma o desventaja alguna en cuanto a las posibilidades de contradicción, ni a incidencia en el resultado probatorio.
Este mismo motivo de amparo fue desestimado, si bien desde la perspectiva del derecho a la prueba, en el fundamento jurídico 7.2.2 de la STC 91/2021, de 22 de abril, al que siguen fundamentos análogos de las asimismo citadas SSTC 106 y 121/2021. En la STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 8.4.1, hemos rechazado también que este mismo proceder haya vulnerado el derecho de defensa en condiciones de igualdad.
En línea con lo que allí se argumentaba cabe señalar que esta queja, en lo relativo al modo de practicar el interrogatorio de testigos, toma un punto de partida inexacto. No se impidió contrastar las declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. El contraste existió, pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de los testigos y se reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga de aclarar desde un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba documental videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy distinto.
Entendemos que el Tribunal Supremo ofrece una contestación fundada, tomando en consideración, principalmente, las siguientes razones:
a) Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio.