Categoría: Judicial

o judicial que incorpora la sentencia o auto definitivo que se examina. Es, por el contrario, un procedimiento excepcional, en el que la declaración del error constituye un requisito previo al ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial del ‘Estado-juez’, en los términos que resultan de los artículos 121 de la Constitución y 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es, la pretensión de declaración de error judicial se contrae a la exclusiva finalidad de constituir presupuesto inexcusable para una ulterior acción resarcitoria, por responsabilidad patrimonial de Estado-juez, sin que, por tanto, la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se imputa dicho error judicial se pueda ver alterada o modificada por una declaración que reconozca la existencia de aquel».
En todo caso, por lo que a la resolución de este recurso de amparo interesa, de este régimen legal cabe destacar que, dentro de los requisitos procesales para obtener la declaración del error judicial, el art. 293.1 a) LOPJ dispone que «la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse». De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este plazo de tres meses lo es de caducidad y se ha de computar «a partir del día en que pudo ejercitarse», cómputo que ha de efectuarse de fecha a fecha, sin descontar los días inhábiles y considerándose como hábil, a estos efectos, el mes de agosto, por tratarse de un plazo sustantivo y no procesal.
Como ha quedado expuesto al delimitar el objeto del recurso de amparo (supra, fundamento jurídico 1), la cuestión que aquí nos ocupa consiste en dilucidar si la determinación deldies a quopara el ejercicio de la acción de error judicial efectuada por la resolución recurrida en este caso concreto incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. El derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.
El procedimiento previsto en el art. 293.1 LOPJ constituye un procedimiento especial autónomo establecido legalmente para el ejercicio de una acción ante los órganos judiciales en orden a obtener la declaración de error judicial. No es una instancia más en la que replantear el debate fáctico y jurídico, sino un nuevo proceso derivado de una novedad extrínseca al procedimiento que constituye su objeto.
Por esta razón, desde nuestra perspectiva constitucional, al dirigirse el recurso de amparo contra una resolución judicial que acuerda la inadmisión de una demanda de error judicial por extemporaneidad, el derecho fundamental concernido es el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción que, por lo demás, es la que reputa vulnerada la demanda de amparo y la que ha sido identificada como objeto del recurso tanto por el abogado del Estado como por el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, es la que debemos tomar en consideración para nuestro enjuiciamiento.
En consecuencia, la decisión constitucional del presente caso no debe limitarse a controlar la existencia de motivación en la resolución judicial de inadmisión y la razonabilidad de la misma, sino que opera aquí el principiopro actione, entendido como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo o por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.
En relación con el acceso a la jurisdicción y el principiopro actione, existe una doctrina consolidada de este tribunal que, de modo resumido, podemos concretar en los siguientes aspectos:
(i) El primer contenido del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, «se concreta en el derecho a ser parte en el proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas».
(ii) Es un derecho prestacional de configuración legal, de tal manera que «su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal». No es, pues, un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni tampoco un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino «un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos».
(iii) Este derecho fundamental queda, también, «satisfecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley, si este es, a su vez, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental».
(iv) Por tratarse del derecho de acceso a la jurisdicción, en el que opera con toda su intensidad el principiopro actione, «no solo conculcan este derecho las resoluciones de inadmisión o desestimación que incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino también aquellas que se encuentren basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que la causa legal preserva y los intereses que se sacrifican».
(v) Aunque la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a la jurisdicción está sujeto constituye, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde resolver a los jueces y tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE, hemos señalado, también, que «el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principiopro actione, principio de obligada observancia por los jueces y tribunales, que impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida».
(vi) En definitiva, el principiopro actione, en los supuestos de acceso a la jurisdicción, obliga, pues, «a los órganos judiciales a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos del acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24 CE, aunque ello no implica necesariamente la selección forzosa de la solución más favorable a la admisión de la demanda de entre todas las posibles, ni puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes».
Esta doctrina se recoge con profusión en la STC 82/2022, de 27 de junio, FJ 3 b), por todas, aunque con cita, a su vez, de las SSTC 83/2016, de 28 de abril, FJ 5; 12/2017, de 30 de enero, FJ 3, y 140/2021, de 12 de julio, FJ 4.
Por último, dado que la cuestión sobre la que versa este recurso de amparo viene referida a la determinación del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de error judicial [art. 293.1 a) LOPJ], cabe recordar que es doctrina reiterada de este tribunal la que viene considerando que el cómputo de los plazos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), si bien el problema «adquiere relevancia constitucional no solo cuando la decisión judicial de inadmisión sea fruto de un error patente en el cómputo del plazo o de una interpretación arbitraria o manifiestamente irrazonable de la legalidad, sino también cuando sea consecuencia de la utilización de un criterio interpretativo rigorista, excesivamente formalista o desproporcionado en relación con los fines que trata de proteger y los intereses que sacrifica, habida cuenta de la mayor intensidad con la que se proyecta el principiopro actionecuando, como aquí sucede, se arriesga el derecho de acceso a la jurisdicción y, por tanto, la obtención de una primera respuesta judicial sobre la pretensión formulada» (SSTC 76/2012, de 16 de abril, FJ 3, y 209/2013, de 16 de diciembre, FFJJ 3 y 4).
5. Aplicación al caso. Estimación de la demanda de amparo.
Con base en las consideraciones precedentes, estamos ya en disposición de examinar si, en el caso enjuiciado, la forma de efectuar el cómputo del plazo de tres meses previsto para el ejercicio de la acción para la declaración del error judicial previsto en el art. 293.1 a) LOPJ vulneró o no el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo.
A) Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el auto impugnado declaró la inadmisión de la demanda de error judicial por extemporaneidad. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó que el plazo debía computarse desde el momento en que la acción pudo ejercitarse, identificando comodies a quola fecha en que se dictó el auto de 19 de junio de 2019 acordando la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta en la sentencia de la misma fecha al exmarido de la recurrente.
Por el contrario, la demandante de amparo y el Ministerio Fiscal postulan la estimación de la demanda de amparo. A tal efecto, sostienen que la interpretación del requisito temporal establecido en el art. 293.1 a) LOPJ realizada por el auto impugnado resulta excesivamente formalista y que, en su lugar, el plazo debió computarse desde la fecha en que se produjo la muerte del hijo de la demandante de amparo, presuntamente causada por su padre, esto es, el 25 de julio de 2019. De haberse tomado comodies a quoesta segunda fecha, la demanda de error judicial, registrada el 23 de octubre de 2019, habría sido tempestivamente presentada y no habría dado lugar a su inadmisión.
En este sentido, afirma el Ministerio Fiscal que el control constitucional de las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre la inadmisión de demandas responde a un canon reforzado respecto del control externo de la racionalidad de la resolución judicial de inadmisión, en cuanto que está en juego el derecho de acceso a la jurisdicción. Por ello, a juicio del Ministerio Fiscal, atendiendo a la finalidad de la acción judicial para el reconocimiento del error, su ejercicio no puede quedar desvinculado de la existencia del daño cuya reparación se pretende.
B) Antes de abordar el enjuiciamiento de la cuestión de fondo suscitada por este recurso es necesario hacer las siguientes precisiones:
a) En primer lugar, como se ha expuesto [supra, fundamento jurídico 3 b)], es cierto que la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de error judicial se estructura en dos fases sucesivas y separadas: una primera fase dirigida a obtener una resolución judicial que reconozca la existencia del error judicial; y una segunda fase en la que se presenta la petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia. Como afirma el abogado del Estado, en esta primera fase en la que se ubica la demanda inadmitida por el auto impugnado en amparo, al efecto de determinar si se produjo o no el supuesto error judicial denunciado, el Tribunal Supremo no ha de valorar si de dicho supuesto error se siguió un daño real, efectivo e individualizado, susceptible de indemnización; esta es una cuestión que ha de decidirse en la fase inmediatamente posterior y solo en el caso de haberse obtenido previamente una sentencia declarando la existencia de dicho error judicial. Por otra parte, tanto la doctrina constitucional como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo [por todas, STC 39/1995, FJ 4, y STS de 9 de marzo de 2012, citadassupra, FJ 3 b)] han afirmado que la acción para el reconocimiento del error judicial tiene por finalidad primordial la de obtener la declaración judicial que ha de servir de presupuesto previo e inexcusable para la posterior reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado, por lo que la situación jurídica declarada o reconocida por la resolución a la que se imputa dicho error judicial no se puede ver revisada, alterada o modificada por una eventual sentencia que reconozca la existencia de dicho error.
En este sentido, conviene recordar que la eventual concurrencia o no del error judicial que denunció la demandante en el proceso judicial está imprejuzgada, por cuanto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente para su enjuiciamiento y resolución, no ha llegado a valorar si incurrió o no en error el auto de 19 de junio de 2019 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, que le imputa la actora. No hay, pues, una resolución del Alto Tribunal que haya acordado la existencia o inexistencia de error judicial.
b) En segundo lugar, como apunta el abogado del Estado en sus alegaciones, la interpretación de lo que dispone el art. 293.1 a) LOPJ, en lo relativo al cómputo del plazo previsto en el mismo y a la determinación de la fecha de inicio de dicho cómputo y su aplicación al caso concreto es una cuestión de legalidad ordinaria, que incumbe en exclusiva al órgano judicial competente, sin que este tribunal deba, en principio, pronunciarse sobre la corrección de dicho cómputo, si aquella no incurre en vulneración alguna de derechos fundamentales (STC 11/2011, de 28 de febrero, FJ 7).
c) Por último y enlazando con la consideración anterior, es necesario reiterar lo ya dicho (supra, fundamento jurídico 4). Desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, este tribunal puede enjuiciar tanto la racionalidad de la argumentación sobre la que el auto del Tribunal Supremo ha fundamentado la decisión de inadmitir la demanda como si aquella se ha apoyado en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelan una clara desproporción entre los fines que la causa legal preserva y los intereses que se sacrifican, vulnerando el principiopro actione.
C) Dicho esto, nuestro enjuiciamiento ha de partir de la dicción literal del art. 293.1 a) LOPJ, que establece que el plazo trimestral de caducidad para el ejercicio de la acción para el reconocimiento del error judicial comienza a correr «a partir del día en que pudo ejercitarse». El precepto legal no fija comodies a quola fecha de notificación de la resolución judicial a la que se imputa el supuesto error, sino que esta identificación entre «el día en que pudo ejercitarse» y la fecha en que se notificó la resolución judicial pretendidamente errónea es resultado de la interpretación del precepto legal efectuada por el auto impugnado.
Este tribunal considera que, con carácter general, el criterio interpretativo seguido por el auto recurrido es conforme a las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, interpretado a la luz del principiopro actione, pues cabe afirmar que, también como regla general, en la inmensa mayoría de los casos de error judicial, todos los presupuestos fácticos y jurídicos para el ejercicio de la acción conducente a obtener su declaración están determinados o resultan fácilmente determinables desde el momento de la notificación de la resolución judicial a la que se imputa el error causante de los daños sufridos.
Ahora bien, en un caso como el presente, este tribunal aprecia que concurren circunstancias particulares que hacen que el criterio hermenéutico seguido por el auto impugnado, que, por lo demás, como ya se ha dicho, constituye una interpretación constitucionalmente válida de la legalidad ordinaria como regla general, resulte, al aplicarse directamente a este caso concreto, excesivamente riguroso y formalista y termine por ocasionar la desproporcionada consecuencia de impedir materialmente el ejercicio del derecho, previsto en el art. 121 CE, de reclamar una indemnización al Estado por los daños sufridos como consecuencia de un supuesto error judicial.
En este punto, no puede este tribunal dejar de tomar en consideración que, si bien en principio y con carácter general las partes en el proceso pueden conocer o, al menos, prever los eventuales daños que pueden seguirse para ellas de una resolución que quepa calificar como palmariamente errónea desde el momento de su notificación, en el caso sometido a nuestro examen no puede afirmarse que así fuera. En un supuesto como el que nos ocupa, al tiempo de dictarse el auto de 19 de junio de 2019, la demandante de amparo no podía razonablemente prever que, más de un mes después, su exmarido fuera a acabar con la vida del hijo de ambos. Al tiempo de dictarse y notificarse la resolución judicial supuestamente errónea no era previsible que del supuesto error judicial pudiera seguirse el resultado trágicamente dañoso que finalmente tuvo lugar.
En el caso enjuiciado, este tribunal estima que no cabía razonablemente esperar, ni tampoco puede por ello el ordenamiento razonablemente exigir, que la demandante de amparo hubiera de plantearse la posibilidad legal de promover la declaración del error judicial, al tiempo de dictarse y notificarse el auto de 19 de junio de 2019, pues en dicha fecha no conocía ni tampoco podía prever el resultado de muerte que finalmente aconteció, y que constituye el daño que eventualmente habría justificado el ejercicio por su parte de las acciones conducentes a su reparación. El rigor en el cómputo de los plazos para el ejercicio de acciones no puede llevarse hasta el extremo de imponer al justiciable un estándar de diligencia procesal que le obligue a interponer la demanda de error judicial con carácter preventivo, antes incluso de que pudieran preverse los hechos que, en su caso, podrían motivar una eventual petición indemnizatoria, esto es, antes de que dicha acción de error judicial se revelara como útil para el cumplimiento de su finalidad última, que no es otra que la de reclamar responsabilidad patrimonial al Estado, con arreglo a lo previsto en el art. 121 CE.
En supuestos tan excepcionales como el que aquí se analiza, una interpretación excesivamente rigurosa y formalista del cómputo del plazo previsto en el art. 293.1 a) LOPJ, desvinculado de la finalidad última de dicha acción, de carácter indemnizatorio, comporta, como expone el Ministerio Fiscal al defender la estimación del recurso de amparo, un obstáculo desproporcionado para impetrar la tutela de los tribunales en los casos de error judicial, impidiendo de manera irrazonable el acceso al cauce procedimental establecido para reclamar la indemnización prevista para estos casos en el art. 121 CE.
Además, y en conexión con el razonamiento anterior, a la hora de determinar eldies a quopara efectuar el cómputo del plazo establecido en el art. 293.1 a) LOPJ, el auto impugnado no solo obvió la finalidad última a la que sirve el ejercicio de la acción para el reconocimiento del error judicial, ya mencionada, sino que tampoco valoró en su justa medida las consecuencias desproporcionadas que se derivaban de su decisión de inadmisión. Dada la enorme gravedad de los perjuicios que llevaron a la demandante de amparo a ejercitar la acción de error judicial, consistentes en la muerte de su hijo presuntamente a manos de su exmarido, mediante la descripción de un relato fáctico que hacía alusión a un posible supuesto de violencia vicaria con afectación de sus derechos fundamentales, el órgano judicial debió haber tomado en consideración que la aplicación estrictamente formalista del criterio interpretativo seleccionado para efectuar el cómputo del plazo de caducidad de la acción dejaba a la actora en una situación material de imposibilidad, no ya solo de obtener, sino simplemente de instar el resarcimiento por los gravísimos daños sufridos. En otras palabras, al decidir sobre la inadmisión a trámite de la demanda de error judicial, el órgano judicial debió tener en cuenta que, en el caso examinado, la interpretación rigorista de la norma procesal conducía a un resultado desproporcionado y no justificado por la finalidad a que responde la causa legal de inadmisión por extemporaneidad aplicada. Al no haberlo hecho, la decisión de inadmisión no satisface el canon reforzado de control constitucional que deriva de las exigencias del principiopro actione.
Por otra parte, debe también ponerse de relieve que, como se viene argumentando, existía y existe una interpretación constitucional de la regla de cómputo del plazo prevista en el art. 293.1 a) LOPJ que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del principio de proporcionalidad, sin sacrificar las notas de certeza y claridad que derivan del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), a las que responde la fijación de plazos legales para el ejercicio de acciones y que tienden a evitar, en la medida de lo razonable, que los mismos puedan permanecer abiertos por tiempo indefinido o que su cómputo dependa de la mera voluntad del actor. Como ya se ha señalado, el criterio hermenéutico seguido por el auto impugnado es perfectamente lícito como regla general, si bien en supuestos excepcionales como el aquí enjuiciado, en los que al tiempo de la notificación de la resolución judicial supuestamente errónea no se conociera ni pudiera racionalmente preverse el daño real, efectivo, individualizado e indemnizable, el principiopro actioneimpone que el plazo no deba comenzar a correr sino desde el momento en que se produce el hecho lesivo. Esta interpretación, aunque inevitablemente introduce una variable de incertidumbre en la determinación del momento a partir del cual puede ejercitarse la acción para la declaración del error judicial, no va más allá de lo estrictamente imprescindible para asegurar la efectividad del derecho de acceso a la jurisdicción y, desde luego, no deja la determinación deldies a quoa la elección del interesado, puesto que el momento en que se produce el daño, que el demandante considera una consecuencia del pretendido error judicial cuya declaración postula, es una cuestión fáctica que corresponde determinar al órgano judicial. Además, no dista tanto de otras formas de computar los plazos para el ejercicio de acciones en nuestro ordenamiento jurídico-procesal.
En efecto, no puede este tribunal dejar de recordar que existen otros supuestos legales en los que el plazo para el ejercicio de acciones se hace depender de circunstancias respecto de las que existe una incertidumbre acerca de cuándo ocurrirán o, incluso, de si ocurrirán. Sin ánimo de exhaustividad, así ocurre, por ejemplo, con el ejercicio de la acción para solicitar la revisión de sentencias firmes, íntimamente relacionada con la acción para obtener el reconocimiento del error judicial [art. 293.1 c) LOPJ], en la que el plazo de tres meses comienza a contarse a partir de que se produzca alguna de las causas que pueden motivar su ejercicio (art. 512.2 en relación con el art. 510 LEC), si bien con el límite máximo de los cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia (art. 512.1 LEC). Y así ocurre también, singularmente, con el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de la administración pública, que está sujeto al plazo de prescripción de un año «de producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo» con carácter general, si bien la ley contempla también la regla especial, de génesis jurisprudencial, en virtud de la cual «en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas» (art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas), introduciendo con ello un cierto margen de indeterminación en la fijación deldies a quodel plazo de prescripción con la evidente finalidad de no cerrar de manera desproporcionada el acceso al procedimiento para solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración.
Finalmente, el razonamiento que antecede no queda desvirtuado por las alegaciones del abogado del Estado relativas a si la demandante de amparo se aquietó inicialmente a la resolución a la que posteriormente achaca el error o si presentó o dejó de presentar los recursos pertinentes contra la misma. Estas alegaciones resultan irrelevantes para la resolución de este recurso de amparo porque el objeto del mismo, la resolución judicial contra la que se dirige, esto es, el auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es una decisión de inadmisión de la demanda de error judicial por extemporaneidad, en aplicación del art. 293.1 a) LOPJ, y no por el motivo de inadmisión previsto en el art. 293.1 f) LOPJ, que es al que se han de entender referidas estas alegaciones de la representación procesal del Estado. Como ya se ha indicado al exponer las razones por las que este recurso de amparo presenta especial trascendencia constitucional [supra, fundamento jurídico 2 c)], el órgano judicial no se ha pronunciado sobre esta cuestión ni ha acordado la inadmisión con fundamento en ese motivo y, por lo tanto, cabe ahora añadir que tampoco corresponde a este tribunal efectuar pronunciamiento alguno acerca de si pudieran concurrir otras posibles causas de inadmisión no apreciadas en el auto recurrido, so pena de incurrir no solo en incongruencia, sino en un claro exceso en el ejercicio de nuestra jurisdicción constitucional.
Por todo cuanto antecede, este tribunal concluye que, a la hora de proceder a determinar eldies a quopara el cómputo del plazo de caducidad de tres meses previsto en el art. 293.1 a) LOPJ, el auto impugnado incurrió en una interpretación excesivamente formalista del referido presupuesto procesal, desvinculado de las excepcionales circunstancias del caso concreto, de la afectación a un derecho fundamental en el daño supuestamente causado por el error judicial y de la finalidad de la acción ejercitada, que no satisface el canon de control constitucional reforzado que impone el principiopro actione, lesionando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la recurrente en amparo.
6. Alcance del amparo otorgado.
En virtud de lo expuesto, procede la estimación del recurso de amparo interpuesto y la declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.
La estimación del recurso de amparo comporta un fallo limitado a la declaración de nulidad del auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado para que, una vez descartada la extemporaneidad de la demanda de error judicial, decida sobre la admisión a trámite de la misma con pleno respeto al derecho fundamental vulnerado.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Laura Hernández Lozano y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (error judicial núm. 20870-2019), con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado, para que el órgano judicial decida sobre la admisión a trámite de la demanda de error judicial con pleno respeto al derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Montalbán Bravo Enríquez Sancho.–María Crespo Rivera Cabrera Santiago Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Pérez Álvarez.–María Luisa Rojas Vicente.–César Tolosa Tribiño.–Juan Carlos Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–José María Macías Castaño.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo avocado por el Pleno núm. 3835-2020, que ha conducido a la estimación de la demanda.
A mi juicio, y tal y como defendí en la deliberación del Pleno, la sentencia tenía que haber acogido el óbice de inadmisibilidad del recurso por incumplimiento del requisito inexcusable del previo agotamiento de la vía judicial legalmente procedente [art. 44.1 a) LOTC], invocado en sus escritos de alegaciones por el ministerio fiscal y por el abogado del Estado, al no haber promovido la recurrente un incidente de nulidad de actuaciones ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de esta de 25 de junio de 2020, que impugnó de manera exclusiva en su recurso de amparo. En consecuencia, la sentencia debió limitarse a inadmitir la demanda, sin haber entrado en el fondo de la queja planteada. Las razones para sustentar este criterio son las siguientes:
1. La sentencia apoyada por la mayoría del Pleno resuelve el citado óbice en el fundamento jurídico 2. Para ello empieza por sistematizar la doctrina constitucional aplicable, haciendo cita correcta de las siguientes: (i) la que contempla la posibilidad de efectuar un control de los presupuestos procesales del recurso en fase de sentencia, aunque aquel ya estuviera admitido a trámite (doctrina que sin embargo luego no aplica); (ii) la que destaca la importancia del incidente de nulidad de actuaciones como cauce reparador de la vulneración de derechos fundamentales en la jurisdicción ordinaria (siempre que, se entiende, concurran los requisitos para su procedencia en el caso concreto), (iii) la que proclama que el citado requisito del art. 44.1 a) LOTC cumple la función de preservar la subsidiariedad de esta jurisdicción constitucional, a fin de evitar que los asuntos lleguen a este tribunalper saltumsin dar la oportunidad a los órganos judiciales de reparar la lesión por ellos causada; y (iv) la que precisa que la exigencia de agotamiento previo se refiere a aquellas acciones, recursos o en general medios impugnatorios que no ofrezcan dudas interpretativas en cuanto a la aplicación de la norma procesal al caso concreto. Nada que objetar hasta aquí. El problema es que entonces la sentencia pasa a resolver el óbice mediante una argumentación que resulta insostenible, precisamente por resultar contraria a tales doctrinas.
2. Para este propósito, la sentencia acuña una distinción artificial e inédita en nuestra doctrina, distinguiendo en el requisito de procedibilidad del art. 44.1 a) LOTC, entre una supuesta perspectiva o plano «formal», y otro «material». Conforme a la vertiente «formal», la sentencia reconoce que la recurrente no invocó «expresamente la vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción» contra el auto del Tribunal Supremo que inadmitió por extemporánea su demanda de error judicial, antes de venir en amparo, por lo que «[b]astaría» con apreciar este hecho procesal para «acordar la inadmisión de la demanda de amparo». Sin embargo, la sentencia prosigue diciendo que, en cambio, si se mira la cuestión desde un «plano material», no considera que la promoción del incidente de nulidad fuera «claramente exigible», teniendo en cuenta unos datos a los que de seguidas hace referencia la sentencia y en los que luego nos detendremos.
Procede en todo caso salir al paso de esta extraña premisa, sobre el supuesto carácter bifronte del requisito procesal en examen. No es cierto que existan dos caras o perspectivas, sea para conceptuar o sea para verificar su concurrenciaad casum, de cualesquiera de los requisitos procesales derivados del art. 44 LOTC. Simplemente, o el requisito de que se trate se ha cumplido en el supuesto concreto, o no lo ha sido. Y en función de ello la queja resulta de inadmisión o no, pero no según una determinada perspectiva o plano.
No se puede decir una cosa (se incumplió el requisito del previo agotamiento de la vía judicial procedente) y la contraria (no es exigible el incidente, luego no se incumplió), como sostiene la sentencia.
En lo que aquí importa, la doctrina de este tribunal es reiterada –aunque no la cite la sentencia de la que discrepo–, al declarar que cuando la vulneración del derecho fundamental esgrimida en la demanda de amparo ha sido causada por una resolución dictada por alguna de las Salas del Tribunal Supremo, y contra esa resolución no cabía recurso ante dicho Alto Tribunal, la parte debe interponer un incidente de nulidad de actuaciones contra ella a fin de permitir la reparación del derecho fundamental por la propia Sala, cuya estimación evite acudir al proceso de amparo. Si no lo hace, se debe acordar la inadmisión de la demanda (salvo que se hayan deducido otras quejas no afectadas por el óbice, lo que no es este caso) incluso en sentencia, por incumplimiento del art. 44.1 a) LOTC, dejando con ello imprejuzgada la queja de fondo. Así, entre otras, las SSTC 41/2014, de 24 de marzo, FJ 4; 57/2014, de 5 de mayo, FJ 4; 186/2014, de 17 de noviembre, FJ 2 b); 189/2016, de 14 de noviembre, FJ 3, y 95/2018, de 17 de septiembre, FJ 2 a); y las que en ellas se citan; así como el ATC 182/2002, de 14 de octubre, FJ 3, a propósito justamente de la no interposición de un incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de inadmisión de una demanda de error judicial ante el Tribunal Supremo, alegándose en la demanda de amparo –como aquí– la lesión del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
Puede consultarse cualquiera de estas resoluciones de nuestra doctrina, que de manera clara evidencian que deviene insoslayable acordar la inadmisión del recurso de amparo si no se ha promovido el incidente de nulidad, como de hecho así lo venimos acordando frecuentemente mediante providencia cuando se invoca en la demanda de amparo la lesión del derecho al recurso (art. 24.1 CE) contra autos de inadmisión de recursos de casación.
Cuestión distinta a lo expuesto es que este tribunal haya apreciado, de manera específica, que aun cuando la lesión de un derecho fundamental sustantivo (no los derechos del art. 24 CE) la haya causado la resolución del Tribunal Supremo, si el debate constitucional de fondo ya se había planteado en grados anteriores de la jurisdicción, como sucede en los supuestos de conflicto entre los derechos fundamentales sustantivos del art. 18.1 CE (honor, intimidad e imagen) y los del art. 20.1 a) y d) CE (libertad de expresión y libertad de información), se puede dispensar a la parte de tener que interponer el incidente de nulidad antes de venir en amparo [STC 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 2 d)]. Sin embargo aquí, como ahora se verá, en modo alguno ha sucedido algo parecido, por lo que resultaba necesario promover el incidente de nulidad, lo que no se hizo.
3. La sentencia de la que se discrepa afirma que no era necesario interponer el incidente contra el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que declaró la inadmisión, por extemporánea, de la demanda de error judicial interpuesta por la recurrente, porque según se dice en el fundamento jurídico 2, «la fecha de inicio del cómputo del plazo del art. 293.1 a) LOPJ» ya había sido propuesta en dicho escrito, por lo que la cuestión «fue valorada por la Sala […] que la rechazó en su auto». Frente a esta argumentación ha de indicarse lo siguiente:
a) La única valoración que tendría que haber tenido la ocasión de realizar la Sala Segunda, para dispensar de la promoción del incidente de nulidad a la parte antes de venir en amparo, sería la valoración constitucional de haberse producido la lesión del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de la recurrente. Y esto, desde un parámetro de simple lógica, no es posible que hubiera podido proponerse en la demanda de error judicial, porque la lesión mencionada solo podría ocasionarla una resolución no dictada aún, precisamente la que determinó inadmitir su pretensión. Ni era posible ni desde luego se formuló en la demanda de error judicial tal cosa.
b) Pero incluso si la demanda de error judicial, sin aducir (lo que era todavía imposible) la lesión consumada de su derecho de acceso a la jurisdicción, hubiera dedicado algún párrafo de su escrito a advertir que si la solicitud llegaba a ser inadmitida se produciría dicha vulneración constitucional, tampoco así podría considerarse que tal admonición, con o sin cita de doctrina constitucional de apoyo, relevaba de tener que interponer el incidente de nulidad tras serle notificado el auto de inadmisión. Como es doctrina constitucional en el ámbito del trámite de alegaciones abierto por las Salas del Tribunal Supremo para que las partes aleguen sobre la posible inadmisión de un recurso de casación, doctrina esta que resulta trasladable sin esfuerzo al presente caso, lo que la parte recurrente alegue en su escrito acerca de una futura lesión del derecho al recurso (art. 24.1 CE) si se acordara tal inadmisión, no supone agotar la vía judicial previa al amparo por cuanto la lesión del derecho fundamental solo la produce, si es que se llega a dictarse con ese tenor, el auto de inadmisión del recurso, contra el que por tanto sí hay que promover el incidente de nulidad (o en su caso, si se ofrece, el recurso de reposición u otro): por todos, AATC 10/2010, de 25 de enero, FJ único, y 41/2010, de 9 de abril, FJ único.
c) Si la demanda de error judicial hubiera dedicado un párrafo a hablar solamente del cumplimiento del plazo de tres meses del art. 293.1 a) LOPJ y de cuál era el día inicial de su cómputo, a fin de entender cumplido lo dicho en la norma, estaríamos ante una afirmación de legalidad ordinaria que desde luego no puede reconvertirse de oficio por este tribunal en un debate constitucional acerca de los efectos de la extemporaneidad posteriormente declarada por el auto del Tribunal Supremo.
Lo que hace la sentencia de la que ahora se discrepa es todavía peor que esa reconversión de oficio: en realidad, la «demanda de reconocimiento de error judicial» presentada por la recurrente no dedica ni una sola línea a explicar el cumplimiento del plazo de caducidad de la acción, como sí se argumenta con otros requisitos procesales (competencia de la Sala, legitimación e idoneidad de la vía procedimental utilizada). De este modo, la sentencia construye un inexistente discurso sobre el cumplimiento del plazo de caducidad, al unir dos datos del apartado de hechos de la demanda de error judicial: por un lado donde se achaca el error al auto de 19 de junio del juzgado de violencia sobre la mujer (hecho octavo), y de otro al afirmarse de las «lamentables consecuencias de lo que por esta parte se consideran un grave error judicial» (hecho noveno), aludiendo al trágico asesinato de su hijo menor a manos de su exmarido, el 25 de julio de 2019.
En definitiva, la sentencia de la que se discrepa no es que reconvierta una alegación de legalidad ordinaria en otra constitucional (lo que evidentemente nos está vedado), sino que hilvana una argumentación sobre el cumplimiento del plazo de caducidad del art. 293.1 a) LOPJ, que la demanda de error judicial ni siquiera trae en ningún aspecto (tampoco en el de legalidad ordinaria). Con estos mimbres es que se fundamenta, desde un además inexistente «plano material» del requisito del agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], que el óbice por su incumplimiento no concurría.
La insostenibilidad de todo este discurso es patente, y debieron ser atendidas las observaciones de los magistrados del Pleno que así lo pusimos de relieve, en vez de desatenderlas sin razón.
4. El auto por el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite la demanda de declaración de error judicial presentada por la aquí recurrente, ofrece la fundamentación típica que suele emplear en este tipo de resoluciones, enunciando en el fundamento de derecho primero la naturaleza de esta acción y los tres requisitos para que «prospere» (existencia de un daño probado, efectivo y evaluable; el agotamiento en la impugnación de la resolución causante del error; y que se trate de un error calificable como tal por ser manifiesto y palmario «en la fijación de los hechos o en la aplicación de la ley»), y en el fundamento segundo explica por qué el plazo de tres meses del art. 293.1 a) LOPJ es sustantivo de caducidad e improrrogable, y no puede por ello ser interrumpido. No refiere esa motivación general cuál ha de ser considerado el día inicial (dies a quo) de cómputo del plazo, lo que ya deja para la argumentación particular de cada resolución. El criterio general al respecto –examinados diversos autos de este tipo– es considerar comodies a quola fecha de notificación de la resolución de la que se impetra la declaración de error, por la sencilla razón de que el daño que causa en términos patrimoniales (véase STS, Sala Segunda, de 5 de octubre de 2023, ECLI:ES:TS:2023:4214 –recurso 20461-2022–) o personales como una privación de libertad (véase ATS, Sala Segunda, de admisión a trámite, de 21 de diciembre de 2022, ECLI:ES:TS:2022:18568A –recurso 20670-2022–), se evidencian por los efectos de la propia decisión adoptada y, por ende, desde la fecha de su notificación –y consiguiente lectura– se inicia el cómputo del plazo.
5. La decisión de extemporaneidad se adopta en el auto recurrido en este amparo en apenas un párrafo, ya al final, donde la Sala se limita a decir que la demanda se interpuso pasados los tres meses previstos en el art. 293.1 a) LOPJ, siendo eldies a quode dicho plazo, esto es y según la norma, «a partir del día en que pudo ejercitarse» la acción, el día 19 de junio de 2019, fecha del auto del juzgado de violencia sobre la mujer que suspendió la pena de cuatro meses de prisión al exmarido de la recurrente (acordada en la sentencia de la misma fecha por haber cometido el delito de quebrantamiento de condena), siendo que la demanda –dice la Sala– se formalizó el 13 de octubre de 2019 (en realidad lo fue el 23 de octubre de 2019, como quedó estampado en el registro de Sala, y lo aclara la sentencia de la que ahora se discrepa); añadiendo en apoyo de lo que resuelve («ver en igual sentido») la cita de tres autos de la misma Sala Segunda que inadmiten otras tantas demandas de error judicial. Pues bien:
a) De los tres requisitos que según la jurisprudencia de la Sala condicionan el que «prospere» (en este caso, se admita a trámite) la demanda de error judicial, uno de ellos, la existencia de un daño cierto e indemnizable se produjo, según este escrito de la recurrente, en la fecha en la que su exmarido asesinó al hijo menor de la pareja, el 25 de julio de 2019. Daño que según reconoce la sentencia de la que ahora se discrepa, al tiempo «de dictarse y notificarse la resolución judicial supuestamente errónea no era previsible».
Otro de los requisitos, la existencia del error en sí, la demanda no lo vincula al auto de 19 de junio por no haber ponderado este, al resolver la suspensión de la pena de prisión del exmarido, una eventual peligrosidad de este acreditada en las actuaciones, cuestión sobre lo que nada se dice, sino que en el hecho octavo del escrito se alega que: (i) el auto de 19 de junio de 2019 entró en contradicción con otro anterior del 5 de junio del mismo juzgado, donde ya se supeditaba la suspensión de la pena de prisión por una anterior condena al exmarido por un delito de coacciones en el ámbito familiar (art. 172.2 CP), a la condición de que no delinquiera en el plazo de dos años, lo que sin embargo incumplió pocos días después; y (ii) el juzgado en el auto de 19 de junio vulneró el art. 80.2.1 CP porque les preguntó si estaban conformes con la suspensión, cuando se trataba de un delito público y no a instancia de parte, que es donde se prevé que sean oídas las partes. Asimismo, la demanda reprochó un error a la sentencia del 19 de junio de 2019 por decir que el reo carecía de antecedentes penales cuando en realidad había sido condenado por sentencia firme el 5 de junio, aunque el escrito no conecta dicha sentencia con los hechos del 25 de julio siguiente (el daño).
b) Siendo todo ello así, si la Sala del Alto Tribunal entendía que el día inicial del cómputo del plazo de los tres meses seguía siendo, conforme a la solución particular que viene aplicando en este tipo de demandas, la de la fecha de notificación del auto de 19 de junio de 2019, debió en todo caso explicar también, no solo para ser congruente con lo planteado en la demanda presentada sino porque su decisión iba a cercenar el derecho de la aquí recurrente a una decisión de fondo en ese proceso autónomo, por qué no cabía situar el daño indemnizable en los hechos acaecidos el 25 de julio de 2019, como se sostenía en el escrito; por qué no se aceptaba que el daño pudiera ser posterior a los estrictos efectos derivados de la resolución que se tacha de errónea (la suspensión de la pena de prisión), y si en esa consideración final tenía alguna relevancia el carácter imprevisible (a fecha 19 de junio de 2019), de aquellos hechos posteriores. Nada de esto se explica, sino que el auto responde de manera casi apodíctica aplicando su criterio general de que el plazo de los tres meses se inicia con la notificación del auto del juzgado, sin más.
c) La cita en el mismo auto en refuerzo de lo decidido, de otros autos de inadmisión de la Sala Segunda por extemporaneidad de demandas de error judicial, no resulta útil a ese fin porque no se refieren a una situación similar a la aquí planteada: (i) el de 5 de junio de 2015 (recurso 20130-2015) desestima una alegación de interrupción del cómputo de caducidad; (ii) el de 25 de noviembre de 2015 (recurso 20731-2015) incide en que la propia parte ha reconocido la superación del plazo legal contado desde el día de la notificación de la resolución; y, en fin, (iii) el de 22 de enero de 2016 (recurso 20841-2015), versa sobre un auto confirmatorio de un sobreseimiento libre, en el que la parte no cuestiona tampoco que los tres meses se computasen desde la notificación de dicha resolución.
6. Todo esto es lo que, con la debida invocación como vulnerado del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, debió alegar la recurrente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en ese incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de 25 de junio de 2020 nunca por ella intentado, con el fin de que reparara la lesión que, de ser así, habría evitado venir en amparo.
Al no haberlo hecho, incurrió en el óbice de orden público procesal e insubsanable consistente en incumplir el requisito del art. 44.1 a) LOTC. Óbice que la sentencia de la que se discrepa pasa por alto del modo como hemos explicado, sin razón alguna que lo justifique, ni en términos de necesidad de fijación de doctrina (porque no es más que un caso concreto de lesión del derecho de acceso a la jurisdicción), ni desde luego tampoco en razones humanitarias vinculadas a la situación personal de la recurrente, comprensibles por todos sin duda, pero que no pueden significar la ruptura de la seguridad jurídica y la igualdad de los recurrentes en amparo que derivan de una consolidada doctrina constitucional sobre la exigencia del requisito del necesario agotamiento de la vía judicial procedente, previa a la interposición de la demanda de amparo, y sobre las consecuencias anudadas a su inobservancia.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad conferida por el art. 90.2 LOTC y con respeto a la opinión de nuestros compañeros, formulamos el presente voto particular, por las razones que defendimos durante la deliberación en el Pleno del Tribunal y que exponemos a continuación. A nuestro parecer, el presente recurso de amparo incurre en un óbice procesal que debió determinar, en su momento, su inadmisión y, en el actual estado procesal, su desestimación. Sin perjuicio de ello, aunque pudiera salvarse ese óbice, como finalmente se establece en la sentencia, el recurso debería haber sido desestimado, pues no cabe apreciar la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo impugnado en amparo.
I. Los antecedentes relevantes para la resolución del asunto.
Los términos de la controversia planteada en el recurso pueden expresarse de manera sintética del modo que sigue.
1. El 5 de junio de 2019, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia dictó sentencia que, entre otros pronunciamientos, condenó a don DSO, como autor de un delito de coacciones contra doña LHM (la recurrente), de la que se estaba divorciando, a la pena de seis meses de prisión y le impuso la prohibición de aproximarse a la recurrente a una distancia inferior a 100 metros durante dieciséis meses. Firme la sentencia por conformidad del condenado, el mismo día se dictó auto de suspensión de la pena de prisión condicionada a la no comisión de otros delitos ni a incumplir la prohibición de aproximación durante dos años.
2. El 18 de junio de 2019, don DSO incumplió la prohibición de aproximación. El 19 de junio de 2019, el mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer volvió a condenarlo, esta vez por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena, a la pena de cuatro meses de prisión. La sentencia devino