Categoría: Energía y Medio Ambiente

ada ámbito de planificación y por cada plan hidrológico, sino de una forma común, coordinada y centralizada, regulada por normas de carácter reglamentario. Los resultados se concretan en normas generales, como es el caso del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua superficial, y las normas de calidad ambiental. Dicha norma habilita al Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) para la aprobación de protocolos, instrucciones y documentos guía con los que completar el detalle de requisitos de la evaluación de las masas de agua. Entre dichos documentos puede mencionarse la Instrucción del SEMA, de 22 de abril de 2019, por la que se aprueban la revisión del «Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría río» y el «Protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua de la categoría río», o la Instrucción del SEMA de 14 de octubre de 2020 por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica.
Junto a esta última Instrucción se aprobaron y publicaron por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la «Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas», y de forma muy particular para considerar en este caso la «Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales de la categoría río». Este documento se preparó en consonancia con el Reglamento de la Planificación Hidrológica, la Instrucción de Planificación Hidrológica y la Guía CIS n.º 37. No parece oportuno que los planes hidrológicos se aparten singularmente del procedimiento general reglamentariamente establecido. En cuanto al empleo de indicadores biológicos más sensibles a las presiones hidromorfológicas, resaltar que en el tercer ciclo de planificación está previsto continuar con los muestreos de peces, cuyos resultados serán tenidos en cuenta en la revisión de los planes del cuarto ciclo, una vez se establezca un procedimiento claro para la integración de los resultados del indicador EFI+ integrado.
Respecto a la aplicación complementaria de indicadores cuantitativos objetivos del grado de alteración hidrológica que plantea la declaración ambiental:
i. Tal y como recoge el Anejo 9 del PHT, en las masas de agua muy modificadas de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que se ha aplicado el protocolo de hidromorfología ha sido posible complementar la evaluación del estado con los resultados obtenidos para los indicadores indirectos de hábitat (IIdeH), mejorando así el nivel de confianza de la evaluación de ciertas masas de agua de la cuenca.
ii. Asimismo, tal y como se describe en el Anejo 7 del PHT, se han calculado los indicadores de caracterización de las posibles fuentes de alteración hidrológica (ICAHs) siguiendo el protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos (M-R-HMF-2019). Los resultados obtenidos se han empleado en la evaluación del riesgo de cumplimiento de los objetivos ambientales por alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos
En cualquier caso, de cara a la próxima revisión de la caracterización de estas masas de agua que deberá abordarse en el momento de la actualización del Estudio General de la Demarcación (artículo 78 de Reglamento de la Planificación Hidrológica), se incidirá en analizar los problemas de continuidad y franqueabilidad que se destacan en la declaración ambiental estratégica.
Tal y como se menciona en el Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas en la consulta pública de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, está prevista la actualización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo del inventario de obstáculos. Esta actualización a nivel de demarcación hidrográfica conllevará la identificación de los títulos concesionales de dichos obstáculos, la revisión de estos, o el proceso de información pública en aquellos casos en los que se carece de dicho título. Asimismo, se visitarán en campo para analizar el estado en el en el que se encuentran, estudiándose la posibilidad de retirada o permeabilización en algunos de ellos, cuando se considere necesario. Todas estas tareas contribuirán a una mejora significativa en la continuidad fluvial de las masas de agua lineales de la cuenca.
Se realizará por tanto una nueva revisión de esta caracterización en el marco de la revisión del Estudio General de la Demarcación. En dicha revisión se tomarán de forma preferente en consideración las indicaciones recogidas en la declaración ambiental, siempre y cuando no resulten contrarias a las normas prevalentes o a los acuerdos que sobre estas metodologías de clasificación de las masas de agua se definan en el seno de la Estrategia Común de Implantación de la DMA dirigida por la Comisión Europea.
El programa de medidas incluye numerosas actuaciones dirigidas a la restauración y mejora del espacio fluvial y ribereño, enmarcadas conceptualmente en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que impulsa el Gobierno y se alinea con la Estrategia Europea de Biodiversidad. En esta línea de trabajo se han valorado las capacidades de restaurar masas de agua muy modificadas para, finalmente y después de reevaluar la situación, declarar como tales las que se indican en el plan hidrológico.
Las medidas asociadas con las presiones significativas de cada una de las masas de agua se recogen en el Anejo 10 del Plan de cuenca, y de forma particularizada para cada masa de agua en las fichas incluidas en el Apéndice 1 de dicho Anejo.
Respecto al análisis solicitado en la declaración ambiental de las concesiones con caducidad durante el tercer ciclo de Planificación:
iii. En el Estudio Ambiental Estratégico se señala que la caducidad no es inmediata por fin de plazo concesional, pues puede plantearse una novación y habría que instruir el expediente correspondiente. Por tanto, no puede conocerse el número de concesiones y derechos en situación de caducidad que serán motivo de extinción ya que la caducidad puede ir acompañada de una solicitud de novación y, si los criterios de garantía se cumplen, y los impactos no son comprobados, se podrían novar esas concesiones. No obstante, se ha comprobado que las concesiones cuyo plazo finalizaría antes de 2027 supondrían menos del 1% de los aprovechamientos, representando poco más del 1‰ del volumen otorgado mediante concesión.
iv. Asimismo, en el Estudio Ambiental Estratégico se valora la situación de los dos aprovechamientos hidroeléctricos cuyo plazo finalizará antes del 2027 («La Rocha» y «Zorita de los Canes»).
De cara al futuro, en la próxima revisión de esta caracterización y de la consiguiente actualización de la designación de masas de agua muy modificadas, se analizará, como recomienda la declaración ambiental, la posible finalización de las actividades socioeconómicas de las que trae causa la modificación y, con ello, la consiguiente renuncia a recuperar las condiciones naturales previas a la modificación.
b) Sobre la asignación y reserva de recursos:
La Declaración Ambiental Estratégica solicita que, para todas aquellas masas de agua superficial que no cumplen sus objetivos medioambientales y que padecen presión significativa por extracciones, se reduzcan significativamente las asignaciones. Se ha revisado el cálculo de asignaciones y reservas de recursos hídricos en la demarcación, tomando en consideración las recomendaciones de la declaración ambiental, observándose que de las 144 masas con presiones significativas por extracciones, sólo una masa no cuenta con otro tipo de presiones. En esa masa, la asignación para 2027 coincide con la demanda actual consolidada. En las otras 143 masas, no puede asumirse que sea preciso, de forma genérica, reducir las asignaciones de recursos planteadas en el proyecto de plan hidrológico, con el objetivo de alcanzar el buen estado de esas masas de agua superficial, cuando cuentan con otras presiones significativas, generalmente por contaminación puntual o difusa, cuyos impactos suelen ser más perniciosos. Además, hay que tener en cuenta que con independencia de las asignaciones previstas, el posible aumento de la presión extractiva está limitado por el cumplimiento de los caudales ecológicos. Para garantizar, en la medida de los posible, que dichos caudales se cumplan, el plan plantea restricciones a nuevos aprovechamientos de agua que afectan a 447 masas de agua superficial (de un total de 512), por lo general impidiendo nuevas extracciones durante el período de estío, donde se concentra el riego y por tanto las extracciones, aunque en algunas masas el período con restricciones se extiende a lo largo de todo el año. En el caso de las siete masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, a las que también se alude en la declaración ambiental, se ha contemplado en el artículo 35 de la normativa, que no se otorguen nuevas concesiones de agua que no sean para abastecimiento humano, en toda o parte de la masa de agua, en función del riesgo identificado. El planteamiento de reducción de asignaciones de la declaración ambiental, establecido de forma general sería contrario a la normativa vigente, y además parece poco coherente con un análisis específico de los problemas existentes y con todo el proceso metodológico y participativo de elaboración del plan hidrológico. En cuanto a la necesidad de analizar en el plan el efecto de las extracciones provocada por las reservas de recursos previstas para zonas regables sobre los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas, conviene destacar que la gran mayoría de las reservas asociadas a zonas regables corresponden a zonas regables ya existentes cuya concesión está en trámite, debiéndose valorar el efecto de esas hipotéticas extracciones, así como el resto de efectos ambientales de las nuevas zonas regables, en la tramitación ambiental de los expedientes asociados a las actuaciones correspondientes, sin que esta reserva de recursos presuponga la idoneidad de unas actuaciones para cuya aprobación habría que valorar no sólo aspectos asociados al medio hídrico, sino también el impacto de las emisiones asociadas al consumo de energía, la destrucción de hábitats por las superficies de cultivo, etc.
En relación con garantizar un nivel de adaptación frente al cambio climático mediante reducciones de las demandas, este plan hidrológico estudia el comportamiento de los balances al horizonte temporal del año 2039 para valorar el impacto del cambio climático sobre las asignaciones, pero no compromete derechos de utilización de agua para esa fecha. Las distintas soluciones de adaptación que se valoren para la próxima revisión del plan hidrológico, de acuerdo a las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, darán respuesta a este tipo de problemas. Además, la normativa del plan hidrológico, considera unos plazos concesionales para usos consuntivos de 15 años, salvo en el caso del uso de abastecimiento de poblaciones, plazo coherente con la adopción de las oportunas medidas de adaptación al cambio climático, y que sólo podría ampliarse por causas justificadas que tengan en cuenta el interés público de la actuación.
En cuanto a las posibles limitaciones del uso de aguas reutilizadas, se deberían descartar soluciones que supusieran el incremento de las presiones por extracción. Es preciso recordar que existe un mandato legal (art. 40.1 del TRLA) que señala entre los objetivos de la planificación hidrológica, el de incrementar la disponibilidad del recurso, acción que evidentemente debe contextualizarse en el marco de la necesaria adaptación al cambio climático y del logro de los objetivos ambientales. El programa de medidas incluye la elaboración de distintas actuaciones en esta línea, destacando un estudio de adaptación al cambio climático (ES030_3_519), donde se contempla el estudio de posibilidades de utilización de aguas regeneradas, y una medida general de gestión y administración del dominio público hidráulico (ES030_3_450), para permitir la correcta tramitación de estas actuaciones.
Las asignaciones que se recogen en el plan hidrológico son coherentes con los objetivos ambientales que el propio plan plantea, y resultado de verificar que se cumplen los criterios de garantía correspondientes al tipo de uso de que se trate, en los términos definidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Se ha revisado la adecuación del plan al detallado proceso metodológico establecido en el apartado 3.5 de dicha Instrucción, según el cual las asignaciones y reservas se establecen mediante el empleo de balances entre recursos y demandas en cada uno de los sistemas de explotación definidos, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes, y bajo la configuración que esos sistemas adoptan para el horizonte temporal del año 2027, al que se refieren las asignaciones.
Entre las medidas para la integración de recursos no convencionales se considerará, tal y como plantea la declaración ambiental estratégica, las posibilidades de reutilización de aguas residuales regeneradas, valorando el impacto de la reducción de los retornos que esta solución puede condicionar conforme a los criterios que a este respecto señala el Plan DSEAR, aprobado por la Orden TED/801/2021, de 14 de julio.
Por otra parte, en el marco de la asignación y reserva de recursos, se ha verificado su coherencia con las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de julio de 2022, en cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
c) Sobre el establecimiento del régimen de caudales ecológicos:
En primer lugar, conviene destacar algunos aspectos mencionados en el punto 3 de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE),Resumen del análisis técnico del expediente. Análisis y tratamiento de los impactos ambientales significativos, para una mejor comprensión del análisis realizado:
‒ Se menciona en la DAE el «empleo de solo dos secciones» (río Tajo en Almoguera y río Tajo en Toledo) para la fijación de caudales ecológicos en el eje del Tajo (entre Bolarque y Valdecañas). Sin embargo, entre los estudios de caracterización ecológica analizados hay tres secciones más: Tajo en Aranjuez, Tajo en Castrejón y Tajo en Talavera. De este conjunto de cinco análisis en el eje del Tajo, se tomaron los puntos del Tajo en Almoguera como referencia para el tramo Bolarque-Aranjuez (antes de la incorporación del Jarama) y el estudio del Tajo por Toledo como representativo del tramo del río Tajo Aranjuez (desde la incorporación del Jarama) hasta el embalse de Azután, pues mostraban datos más coherentes, como ya se explicó en las respuestas a las observaciones recibidas durante el período de consulta pública sobre este asunto.
‒ Se dice en la DEA que el incumplimiento de los caudales mínimos propuestos deberían ser excepcionales; sin embargo, en condiciones naturales, la frecuencia de los incumplimientos vendría dada por el percentil asociado al caudal ecológico propuesto. Un caudal ecológico definido por el percentil 15 de los caudales del mes de agosto, no se alcanzaría en condiciones naturales en el 15% de los meses de agosto, por ejemplo.
‒ Conviene matizar algún comentario que se hace en la DEA a la aplicación de los métodos hidrobiológicos recogida en la IPH, en especial cuando se indica: «los métodos de modelación del hábitat o ‘hábitat potencial útil’ alternativamente utilizados para determinar el régimen de caudales mínimos se aplican asumiendo siempre que dicho régimen producirá determinado nivel de reducción de dicho hábitat, que con carácter general quedaría reducido entre el 50% y el 80% del considerado máximo, lo que tampoco resulta consistente con el concepto de estado de conservación favorable». Conviene aclarar que la reducción teórica no sería del 50 al 80%, sino su complementaria al 100%; del 20% al 50%. Como se indicó en el Estudio Ambiental Estratégico,allí donde hay datos de estudios hidrobiológicos el caudal ecológico medio anual propuesto, supondría de media un 80 % del HPU, lo que parece coherente con mantener un estado de conservación favorable.
‒ Para respaldar el argumento de que los caudales ecológicos planteados se consideran insuficientes, en la DEA se menciona un escrito de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid que plantea revisar al alza los caudales mínimos en el eje del Lozoya entre los embalses de la Pinilla y el de Riosequillo. La respuesta a esta petición recibida en la consulta pública (escrito número 261) figura en el Informe del análisis de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas durante la consulta pública de la Propuesta de Proyecto Plan Hidrológico, informe que forma parte de los documentos remitidos al órgano ambiental durante la tramitación de la evaluación ambiental del plan. Como consecuencia de ese escrito de la Comunidad de Madrid, los caudales en el río Lozoya finalmente propuestos son significativamente superiores a los que figuraban en la versión del plan sometida a consulta pública, cuestión que no parece haberse tenido en cuenta en la elaboración de la declaración ambiental.
En cuanto a la manera en que en el plan hidrológico se incorporan las determinaciones, medidas y condiciones finales de la DEA, y en relación con la redefinición del caudal ecológico, con el marco jurídico vigente a la hora de aprobar este plan hidrológico, los regímenes de caudales ecológicos deben fijarse en los planes hidrológicos conforme a lo señalado en el Reglamento de la Planificación Hidrológica y, a mayor detalle, siguiendo los requisitos indicados en el apartado 3.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica. Además, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece criterios sobre la exigibilidad, control y aplicación de estos regímenes de caudales ecológicos. Este conjunto de requisitos reglamentarios fija, entre otras particularidades, las componentes del régimen de caudales ecológicos que deben establecerse, su aplicación en situaciones de normalidad hídrica y de sequía prolongada, la no aplicación de regímenes menos exigentes por sequía en espacios de la Red Natura 2000, etc. Existe además una importante jurisprudencia establecida sobre estas bases.
Este conjunto de normas está en proceso de actualización; ya se modificó el Reglamento de la Planificación Hidrológica, está en proceso la reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y se prevé una próxima reforma del TRLA de la que, muy posiblemente, se derivará otra futura actualización reglamentaria. El régimen jurídico de los caudales ecológicos es, previsiblemente, uno de los temas que puede ser objeto de revisión. En este marco, y no en otro, será posible valorar las indicaciones recogidas en la declaración ambiental estratégica al respecto de nuevas componentes, o de obligaciones distintas a las recogidas en la vigente reglamentación.
No es posible, en este momento y salvo casos muy específicos, modificar de manera generalizada el régimen de caudales ecológicos definido en el plan hidrológico para atender fines peculiares señalados por la declaración ambiental. Sin perjuicio de ello, en el plan hidrológico se han tomado en consideración muchos criterios orientadores de los que se indican en la DEA:
‒ En las reservas naturales fluviales se establece un régimen de caudales superior al ecológico para mantener la naturalidad del régimen hidrológico, incluido en el artículo 15.3 de la normativa del plan.
‒ El programa de medidas incorpora actuaciones para la mejora de la red de estaciones de aforo, destacando laAutomatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales ecológicos, que tendrá en consideración lo señalado en la Declaración Ambiental Estratégica, tanto en este punto, como en la necesaria evaluación ambiental de cada una de estas infraestructuras cuando afecte a la RN2000, pues no hay que olvidar que la propia instalación de una estación de aforos puede suponer un impacto significativo en la masa de agua, en masas que en ocasiones podrían estar en régimen natural o casi natural y donde conocer los caudales circulantes podría ser menos prioritario que en otros cauces.
‒ En las fichas de las zonas húmedas incorporadas en el apéndice 3 del anejo 4 se recoge el régimen de aportaciones naturales en los 93 humedales que forman parte del registro de zonas protegidas, que permitirán valorar la idoneidad de las futuras solicitudes de concesión que puedan afectar a dichos humedales, mientras que la normativa del plan, en su artículo 21.4 indica que «Los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas se condicionarán a la no afección a captaciones asociadas a aprovechamientos en vigor, ni al régimen de caudales ecológicos de los cauces próximos, ni a las necesidades hídricas de humedales u otros hábitats dependientes de las aguas subterráneas, para lo que se podrá solicitar al peticionario que aporte un estudio hidrogeológico justificativo que incluya la ejecución de ensayos de bombeo o aforos», aspectos, que junto con el informe de la administración competente en temas ambientales que forma parte de la tramitación de la concesión de aprovechamiento de agua, garantizan la preservación de estos espacios.
La implantación del régimen de caudales ecológicos es una medida de mitigación frente a las presiones por extracción y las alteraciones hidrológicas, no un objetivo ambiental. En este contexto, no se comprende la fijación de una componente de caudales medios mensuales como parece sugerir la declaración ambiental. Como se ha señalado anteriormente, el nivel de fallos en los caudales ecológicos se asocia al percentil utilizado para su definición, por lo que unos caudales ecológicos próximos al caudal medio, en condiciones naturales no se alcanzarían aproximadamente el 50% del tiempo, lo que da una idea de lo inadecuado del criterio propuesto en la DEA.
Por otra parte, no debe olvidarse que es el plan hidrológico quien fija los caudales ecológicos; en consecuencia, no es posible una determinación individualizada en cada solicitud de concesión que, simplemente, deberá acomodarse a las restricciones prevalentes establecidas (ver artículo 59.7 del TRLA). Tampoco es posible negar concesiones de forma generalizada, hay que estudiarlas caso a caso y valorarlas específicamente. Previamente al otorgamiento de cualquier nueva concesión, la Confederación Hidrográfica analizará su compatibilidad con el plan hidrológico, valorando entre otros aspectos la necesidad de respetar los regímenes de caudales ecológicos fijados en el plan. Si no es posible acreditar esa compatibilidad la concesión no será otorgada. No corresponde a la declaración ambiental definir el procedimiento para otorgar o tramitar concesiones, cuestión establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, norma reglamentaria de carácter prevalente sobre la declaración ambiental.
Es también importante destacar que no es necesario, a priori, modificar las concesiones para implantar el régimen de caudales ecológicos. Este es un aspecto que guarda relación con los posibles derechos indemnizatorios y que ha sido reiteradamente juzgado por el Tribunal Supremo asentando una significativa jurisprudencia.
Por otra parte, tal y como indica la declaración ambiental, se han incluido en los programas de medidas trabajos de seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos, previstos en los términos que señala la Instrucción de Planificación Hidrológica.
A pesar de lo que indica la declaración ambiental, no es posible asumir que el objetivo de los caudales ecológicos sea aproximar el régimen real alterado al régimen natural. El objetivo perseguido es el buen estado o potencial ecológico y el buen estado químico, tal y como señalan tanto la DMA como el TRLA. Las distintas componentes de los caudales ecológicos mitigan los impactos para mantener la fauna piscícola y la vegetación de ribera, y dar el necesario soporte al buen estado de las masas de agua.
También es erróneo interpretar que con el régimen de caudales ecológicos se asuma pérdida alguna de biodiversidad. El plan hidrológico no admite las pérdidas de biodiversidad ni el deterioro que conllevan. No es correcto relacionar esa hipotética pérdida con el porcentaje de HPU que se usa para determinar las componentes del régimen de caudales ecológicos que, simplemente, persiguen mitigar las afecciones en un rango razonable y reglamentariamente establecido, que el plan hidrológico está obligado a utilizar, cuestión que como se ha comentado previamente, no parece haber sido correctamente interpretada.
En relación con este asunto también la declaración ambiental estratégica insiste en la importancia de disponer de dispositivos de medida que permitan controlar el caudal realmente circulante en los tramos afectados por las concesiones. A este respecto se recuerda la obligatoriedad de control de los caudales derivados y los retornos, de naturaleza reglamentaria, que ya existe y, por otra parte, el impulso que se da a todos estos procedimientos de control tanto en el programa de medidas como con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE): Digitalización del ciclo del agua, aprobado por el Gobierno en marzo de 2022.
De la misma forma, el plan hidrológico no puede modificar los instrumentos económicos que se aplican a los usuarios del agua para la recuperación de determinados costes. Por tanto no puede atenderse la inclusión de un coste ambiental específico asociado a la necesidad de controlar el régimen de caudales circulante. Dicho cambio propuesto en la declaración ambiental aconseja un tratamiento común para todo el territorio y no singularizado por demarcación hidrográfica que, en el caso de que se estimase procedente, deberá abordarse desde la reforma del TRLA y el RDPH.
Es posible que algunos caudales ecológicos de los definidos, o algunas de las componentes, fijados en el plan hidrológico, no cuenten con el respaldo mayoritario de todas las partes interesadas en el plan hidrológico, incluso que existan informes contradictorios procedentes de distintas fuentes. Los planes hidrológicos no se aprueban por consenso, el Gobierno asume la responsabilidad de aprobarlos en los términos que estima procedentes, en función del interés general. En todo caso, la problemática relacionada con los caudales ecológicos fue considerada como uno de los Temas Importantes de la demarcación hidrográfica, y ha sido uno de los aspectos que han requerido una mayor atención y esfuerzo en los procesos participativos desarrollados a lo largo de la elaboración del plan.
El plan hidrológico aborda el establecimiento de los plazos de las concesiones, bajo el marco que para ello dispone a partir de la habilitación recogida en el TRLA. Sin embargo, no es posible en este momento reducir dichos plazos a la longitud temporal del plazo de revisión de los planes hidrológicos (seis años), como propone la declaración ambiental. No debe interpretarse que este hecho de recorte de concesiones pueda facilitar el incremento de los caudales ecológicos mínimos. Su cálculo es independiente de esa realidad y su fijación, sometida a un proceso de concertación, no debe alterar los valores establecidos.
En cuanto a que el plan debiera incluir unos regímenes de caudales ecológicos compatibles con el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua transfronterizas con Portugal, se ha de advertir que, salvo en el caso del embalse de Cedillo, en el resto de masas de agua compartidas con Portugal se ha propuesto un régimen de caudales ecológicos. El plan no fija caudales ecológicos en Cedillo, pues cuenta con un régimen de desembalses fijado por el Convenio de Albufeira. Este convenio establece el marco de colaboración entre España y Portugal para la gestión de las aguas de las cuencas hidrográficas compartidas entre ambos estados, entre ellas, parte de las del Tajo. El acuerdo fija, entre otros temas, el régimen de caudales a satisfacer por ambos estados en determinados puntos de control para la gestión de las aguas de la demarcación hidrográfica del Tajo al objeto de mantener las funciones hidrológicas y ambientales de los ríos, y asegurar los usos del agua tanto actuales como futuros de forma sostenible. Cualquier aspecto a desarrollar en el siguiente ciclo de planificación hidrológica deberá ajustarse al marco fijado por el Convenio, cuyo rango normativo es jerárquicamente superior a la declaración ambiental estratégica. Previamente a la fijación de un caudal ecológico en Cedillo, donde como se ha señalado ya existe un régimen de desembalses acordado entre las partes que contempla las necesidades ambientales, habría que coordinar la implantación de caudales ecológicos en el resto de masas compartidas, que como se ha indicado cuentan con una propuesta en el plan de la parte española de la demarcación, mientras que en los planes hidrológicos portugueses no se hace ninguna propuesta de caudales ecológicos, sino que se propone como medida la elaboración de una «Guia metodológico de definição de regimes de caudais ecológicos adaptado às diferentes regiões (com desenvolvimento de ferramenta informática), visando melhorar o estado das massas de agua».
d) Sobre el registro de zonas protegidas y sus objetivos ambientales:
En cuanto a la incorporación al registro de zonas protegidas de los tramos declarados por la Orden 9/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Trucha Común en Castilla-La Mancha, y establecer para dichas zonas los mismos objetivos de calidad de aguas salmonícolas indicados en el Anexo I de la Directiva 2006/44/CE relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, esta misma propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue respondida durante el proceso de consulta pública informando de que la trasposición de la Directiva 2006/44/CE relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, quedó derogada en 2013 por la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA). Los objetivos de dicha directiva están completamente integrados en los de la Directiva Marco del Agua, por lo que el cumplimiento de los objetivos marcados por la DMA conllevan la consecución de los límites de calidad que requería la directiva derogada, ya que tal y como indica el considerando 51 de la DMA «la aplicación de la presente Directiva permitirá alcanzar un nivel de protección de las aguas equivalente, como mínimo, al previsto en determinadas disposiciones existentes que deben ser derogadas una vez se apliquen plenamente las correspondientes disposiciones de la presente Directiva.» No obstante, si bien en este caso, al no suponer en las masas de agua asociadas ningún requisito adicional a los ya considerados, no se ha considerado necesaria esta incorporación. Dado que el registro de zonas protegidas debe mantenerse en permanente revisión, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco del Comité de Autoridades Competentes, entre cuyos cometidos está la supervisión de la actualización del registro de zonas protegidas, puede instar en cualquier momento a la incorporación de los espacios que deban conformar este registro.
e) Sobre las exenciones en los objetivos ambientales:
En lo que se refiere a las masas de agua subterránea, la declaración ambiental plantea la declaración en riesgo de forma automática, a los efectos del artículo 56 del TRLA, de aquellas masas de agua que no alcanzan los objetivos ambientales y, por tanto, son objeto de prórrogas para la consecución de dichos objetivos. Sin embargo, de acuerdo con el mencionado artículo 56 del TRLA corresponde al organismo de cuenca y no al plan hidrológico valorar la oportunidad de adoptar estas declaraciones. En todo caso, es un procedimiento que no corresponde sustanciar a través del plan hidrológico, sino que es una potestad de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca, sin que de ello se derive la obligación de modificar el plan hidrológico.
Específicamente se menciona el caso de la masa de agua subterránea Ocaña, para la que el plan hidrológico plantea una prórroga para el cumplimiento de sus objetivos medioambientales a 2033 por dificultades relacionadas con sus condiciones naturales, y para la que la DEA plantea que la normativa del plan determine la obligatoriedad de adoptar un programa de actuación específico para establecer el umbral máximo admisible de excedente de nutrientes para lograr el buen estado químico en el plazo prorrogado. El plan hidrológico recoge en el artículo 36 de la normativa y en el apéndice 17 de ésta, unos umbrales máximos de N/ha/año para su toma en consideración por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en la revisión de sus programas de actuación en línea con el Real Decreto 47/2022.
f) Sobre las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos ambientales:
La declaración ambiental estratégica pide la incorporación de un cuadro que resuma, para cada masa de agua que todavía no alcanza sus objetivos ambientales, las presiones significativas y los sectores de actividad que provocan el incumplimiento de los objetivos, la brecha de ese incumplimiento y las principales medidas que van a contrarrestar dicha brecha.
Además de las fichas elaboradas para cada masa de agua incorporadas en el apéndice 1 del anejo 10 del Plan de cuenca, que desarrollan esa información de manera pormenorizada, incluyendo las presiones significativas responsables del posible riesgo de no cumplir los OMA, los impactos, el riesgo, el estado ecológico, el estado químico, los indicadores generadores de incumplimiento, zonas protegidas asociadas, evaluación de los requisitos adicionales, objetivos medioambientales propuestos, estimación del grado de reducción o mejora necesario para los diferentes elementos de calidad o indicadores, y las medidas necesarias, se ha dotado a la aplicación PH-Web, que reúne toda la información de los planes hidrológicos españoles a los efectos que detalla el artículo 71.7 del RPH, de la capacidad de generar automáticamente fichas por masa de agua. Este servicio estará disponible al público, sin limitaciones de acceso, tras la aprobación de los planes hidrológicos por el Gobierno, en el momento que se consolide la información digital que se vaya a notificar a la Unión Europea.
Entre las medidas incluidas en el Programa de Medidas se encuentran las actuaciones establecidas en los marcos de acción prioritaria (MAP) de cada una de las Comunidades Autónomas con espacios protegidos de la Red Natura que se encuentran dentro de la cuenca del Tajo. Cada uno de los MAP aparecen como medida en el Programa de Medidas, pero en las fichas de las masas de agua del Apéndice 1 del Anejo 10 del Plan de cuenca se incluye de forma individualizada las actuaciones integradas en cada uno de ellos, quedando por tanto especificados los tipos de medidas a efectuar y la presión significativa sobre la que actúa.
De forma genérica la declaración ambiental también propone completar el marco de indicadores de estado o potencial ecológico de cara a su consideración en los planes del cuarto ciclo. Se ha de señalar que en el tercer ciclo de planificación está previsto continuar con los muestreos de peces, cuyos resultados serán tenidos en cuenta en la revisión de los planes del cuarto ciclo una vez se establezca un procedimiento claro para la integración de los resultados del EFI+ integrado, con el objetivo de considerar indicadores biológicos más sensibles a las presiones hidromorfológicas o biológicas. A este respecto hay que tener también en cuenta la actualización normativa que promueve la UE con una nueva propuesta de directiva que reformaría la DMA, la Directiva de aguas subterráneas y la Directiva de las normas de calidad ambiental. Con todo ello se dibuja un nuevo marco de referencia para la evaluación del estado y el potencial de las masas de agua que habrá de ser tomado en consideración en la próxima revisión de los planes hidrológicos.
Se resalta además la importancia, en aras de una mejor aplicación común de las normas de calidad, que no sea cada plan hidrológico quien particularice estos criterios salvo para masas de agua o circunstancias muy específicas, sino que el procedimiento de evaluación y diagnóstico se apoye en normas reglamentarias que apliquen por igual en todo el territorio donde se extiendan las mismas tipologías, y especialmente sobre las demarcaciones con cuencas intercomunitarias. A tal efecto se aprobó el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, referido a las aguas superficiales y el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Consecuentemente, para integrar la buscada mejora será preciso, cuando menos, la actualización de las citadas normas reglamentarias.
La declaración ambiental señala que se incorpore como medida la creación de grupos de trabajo en los que participe la Confederación Hidrográfica del Tajo, junto con las administraciones con competencias ambientales, con el objetivo de determinar los requerimientos necesarios para alcanzar el buen estado de conservación de especies y hábitats acuáticos y diseñar una red para el seguimiento de tales requerimientos. Como se ha señalado en el caso de los indicadores de calidad, parece recomendable que estos requisitos no se particularicen en cada demarcación hidrográfica, debiendo ser compartidos para cada especie, hábitat y ecotipo de masa de agua, independientemente de la demarcación hidrográfica.
También se requiere que se tengan en cuenta en el programa de medidas, los trabajos precisos para la identificación, en los planes del cuarto ciclo, de las presiones significativas y sectores que ponen en riesgo o provocan incumplimiento de los objetivos medioambientales, junto con la cuantificación de las brechas de incumplimiento en todas las masas de agua. Como ya se ha indicado, esta información se ha incorporado en el presente plan, en el apéndice 1 del anejo 10, y se irá actualizando mediante la herramienta PH-Web. Esta tarea forma parte de los trabajos de revisión de los planes hidrológicos, que ya cuentan con una asignación en el programa de medidas.
Adicionalmente, la declaración ambiental plantea determinaciones y condicionantes en relación a los siguientes tipos de medidas:
f.1 Medidas para hacer frente a la contaminación puntual:
Respecto a las medidas que se concretan en la construcción de infraestructuras de depuración (EDAR), la declaración ambiental pide incorporar en los planes una llamada a la necesidad de asegurar la aplicación del principio de «no provocar un perjuicio significativo (DNSH)». Al tratarse de una obligación común que corresponde aplicar sobre todos los planes hidrológicos, se recoge con carácter general en el real decreto aprobatorio mediante la inclusión de la disposición adicional octava: Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo».
En relación con las exigencias del tratamiento de los vertidos urbanos no solamente se persiguen los requisitos vigentes en las normas sectoriales como señala la declaración ambiental, sino que va a ser preciso tomar en consideración los nuevos requisitos que se establezcan con la revisión de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, de la que ya se conocen los primeros borradores y que muy previsiblemente se apruebe a lo largo del nuevo ciclo de planificación hidrológica.
f.2 Medidas para hacer frente a la contaminación difusa:
El plan hidrológico de esta demarcación está claramente comprometido en hacer frente al problema de la contaminación difusa. Para ello, en consonancia con los requerimientos planteados en la declaración ambiental estratégica, y atendiendo a normas prevalentes como el RPH y el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, el plan ha establecido límites a los excedentes máximos de nitrógeno que serían admisibles para seguir la senda de logro de los objetivos ambientales establecidos por el propio plan hidrológico. Los umbrales señalados deben ser tomados en consideración por los órganos competentes de las comunidades autónomas de cara a la revisión de sus programas de actuación sobre las zonas vulnerables (art. 8.3 del RD 47/2022, de 18 de enero). Este aspecto queda recogido en el artículo 36 de la normativa, que incluye requisitos adicionales para evitar el aumento de la contaminación asociada a nuevos aprovechamientos de agua, aunque no estén en zona vulnerable, o el control de los retornos de riego, tal como se plantea en la declaración ambiental.
Así mismo, en la actualización del Estudio General de la Demarcación, que deberá llevarse a cabo en las primeras fases de revisión de este plan hidrológico, se profundizará en el estudio de las presiones que generan la contaminación desde fuentes difusas, tanto en zonas vulnerables como fuera de ellas, tomando en consideración para ello los estudios hidroquímicos, isotópicos y microbiológicos que están en desarrollo para la mejor caracterización de este tipo de problemas.
Por otra parte, y en consonancia con lo planteado por la declaración ambiental estratégica, en el análisis previo al otorgamiento de cualquier concesión de aguas se analizará su compatibilidad con el plan hidrológico en los términos previstos en el TRLA y en el RDPH, así como según lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero. Si no es posible alcanzar esa compatibilidad la concesión no podrá ser otorgada.
f.3 Medidas para hacer frente a la presión por extracción:
La declaración ambiental dispone revisar la identificación de las presiones por extracción. Dicha revisión se llevará a cabo en el marco de la actualización del Estudio General de la Demarcación que se realice para la preparación del plan hidrológico de cuarto ciclo. No obstante, conviene recordar que frente al valor de WEI del 20% que propone la declaración como umbral para considerar una presión por extracción significativa en las masas de agua superficial, el plan hidrológico ha estimado, tras revisar el comportamiento de las masas de agua con índices biológicos con valores inferiores a bueno, que este umbral sería del 23%, considerando para su cálculo sólo las aportaciones y extracciones correspondientes a los meses de julio y agosto, obteniendo así una mejor correlación de este indicador de estrés, pues en estos meses se reducen las aportaciones naturales y suelen concentrarse las extracciones de regadío. El programa de medidas incluye medidas para mitigar esta presión, en aquellas masas donde ha sido identificada, tal como se plantea en la declaración ambiental.
Por otro lado, la declaración ambiental expresa su preocupación respecto a la eficacia de las medidas de modernización de regadíos como mitigadoras de las presiones por extracción o de las presiones por contaminación difusa, proponiendo la incorporación en el plan hidrológico de cautelas a este respecto. Para ello, y por tratarse de una problemática común que va más allá de este plan hidrológico concreto, aunque la cuestión ya se considera esencialmente en el artículo 24 de la normativa, la solución adoptada pasa por la inclusión en el real decreto aprobatorio de una disposición adicional séptima que regula los ahorros efectivos de agua en infraestructuras de regadío, de conformidad también con el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos elaborados por los Estados miembros en el marco de la política agraria común. Dicha disposición adicional, en su apartado segundo, incorpora la posibilidad de que los organismos de cuenca emitan un informe especificando el ahorro que debe ser aplicable a cada actuación concreta de modernización de regadíos.
La reutilización de aguas residuales regeneradas es una opción que, conforme a sus circunstancias específicas, puede contribuir a mitigar las presiones por extracción. Para su autorización se tomarán en consideración, conforme a lo establecido en la declaración ambiental estratégica, los criterios de selección de actuaciones de este tipo señalados en el Plan DSEAR, aprobado por la Orden TED/801/2021, de 14 de julio.
f.4 Medidas para hacer frente a las alteraciones hidrológicas:
A este respecto son de aplicación las mismas consideraciones que las realizadas respecto al establecimiento del régimen de caudales ecológicos que, como se ha explicado anteriormente, constituyen una medida de mitigación de las alteraciones hidrológicas y no un objetivo ambiental específico.
La declaración ambiental expresa su preocupación por la falta de adecuación de ciertos embalses para la correcta liberación de los caudales ecológicos, en especial cuando aguas abajo de las presas se encuentren espacios protegidos. Para facilitar la liberación de los regímenes de caudales ecológicos desde infraestructuras que puedan no reunir las adecuadas condiciones para ello, se habilita un plazo transitorio mediante la modificación del RDPH y, entre tanto se sustancia dicha modificación, mediante la incorporación de una disposición transitoria única en el real decreto aprobatorio que garantiza esta solución para todos los planes hidrológicos que se aprueban mediante el citado instrumento.
Además, y en relación a que las características físico-químicas del agua liberada sean las adecuadas para la conservación de las especies protegidas situadas aguas abajo, la normativa contempla en su artículo 12 la posibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Tajo pueda instar al titular de la presa a presentar un plan de gestión del riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales o de afección a la ictiofauna de la masa de agua receptora, que establezca medidas preventivas y correctoras en la gestión de las infraestructuras del aprovechamiento de que se trate, e integre un programa de muestreo y seguimiento.
La declaración ambiental también propone la modificación de los miembros de la Comisión de Desembalse y de las Juntas de Explotación del organismo de cuenca. La composición de estos órganos colegiados ha sido establecida reglamentariamente, por lo que no corresponde al plan hidrológico su modificación, ni tiene capacidad para ello. No obstante, se toma nota de las propuestas recogidas en la declaración ambiental de cara a una posible futura actualización de la estructura y composición de estos órganos de la Confederación.
f.5 Medidas para hacer frente a las alteraciones morfológicas:
Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la declaración ambiental estratégica en cuanto a la clasificación, según tipología y finalidad, de las actuaciones incluidas en este apartado.
Este tipo de medidas se llevarán a cabo en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, plenamente alineada con la Estrategia Europea de Biodiversidad.
Por otra parte, en concordancia con los requisitos de la declaración ambiental estratégica, se llevarán a cabo nuevas actualizaciones de los inventarios de infraestructuras transversales o longitudinales de los ríos, identificando aquellas vinculadas a aprovechamientos cuya concesión o autorización terminará a lo largo del ciclo de planificación, para reevaluar su continuidad conforme a los criterios que a tal efecto se indican en la normativa sectorial, y específicamente en el RDPH. Estas actuaciones quedan recogidas en el programa de medidas con las siguientes denominaciones: Restauración de la dinámica fluvial: Eliminación de barreras transversales y adecuación de estaciones de aforo en la cuenca del Tajo, Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
f.6 Medidas para hacer frente a presiones biológicas:
La declaración ambiental estratégica subraya el problema de las especies exóticas invasoras (EEI) en esta demarcación, por lo que se incide en la necesidad de reforzar la caracterización de este problema de cara a la siguiente revisión del plan hidrológico. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la lucha contra las EEI, problema que afecta a varias administraciones, ha formado parte importante de los trabajos desarrollados durante el ciclo de planificación. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha impulsado una acción coordinada mediante un Grupo de Trabajo de Dirección General del Agua, Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y organismos de cuenca inter e intracomunitarios que ha trabajado en el enfoque de los planes hidrológicos. Asimismo se ha elaborado y aprobado la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de 24 de febrero de 2021 para el desarrollo de actuaciones en materia de especies exóticas invasoras y gestión del dominio público hidráulico.
Por otra parte, la declaraci