Categoría: Administración

legislación europea o nacional.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito nacional que sean desestimadas conforme a este apartado, contra la resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura cabrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de su notificación conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si la documentación presentada no reuniere los requisitos establecidos, fuera errónea o incompleta, la autoridad competente requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos en el plazo de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
En caso de no corregir la solicitud o presentarse la citada subsanación en el plazo descrito, el órgano competente podrá entender desistida la petición, previo dictado de la correspondiente resolución en los términos de los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. En el caso de que la Administración competente aprecie que la solicitud se ajusta a las condiciones establecidas en la legislación europea y nacional, la solicitud se remitirá a las autoridades europeas.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito nacional, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, una vez comprobado que se cumple lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, y una vez concluido el trámite de audiencia pública, en su caso, procederá a su perceptiva comunicación a la Comisión Europea.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito autonómico, concluidos los trámites administrativos previos, incluido el trámite de audiencia pública, en su caso, deberá comunicar a la Secretaría General de Pesca su informe favorable en el que consten las comprobaciones que se hayan realizado y remitir una copia del expediente completo para que ésta proceda a su perceptiva comunicación a la Comisión Europea.
El plazo desde el día en que haya tenido entrada en el registro de la administración competente para resolver toda la documentación necesaria hasta que se produzca la comunicación a la Comisión Europea no será superior a seis meses.
4. Una extensión de normas sólo podrá aplicarse con la previa autorización de la Comisión Europea según lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1419/2013, de la Comisión, de 17 de diciembre.
En caso de que la Comisión Europea no adoptase una decisión dentro del plazo de un mes desde la recepción de la notificación, se considerará que la extensión de las normas ha sido autorizada por la Comisión.
5. Una vez autorizada por la Comisión Europea, la extensión de normas se adoptará en un plazo no superior a dos meses, mediante orden ministerial en el caso de que sea de ámbito nacional o mediante la disposición autonómica que al efecto determine la comunidad autónoma en caso de que sea autonómica.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito nacional, el acto de aprobación se dictará mediante orden ministerial, que será publicada a efectos informativos en el “Boletín Oficial del Estado”, y se procederá a su notificación mediante dirección electrónica habilitada en un plazo no superior a los diez días.
Contra la orden ministerial de extensión de normas de ámbito nacional, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante desde el día siguiente a su notificación ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito autonómico, la disposición se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y en el Diario Oficial correspondiente.
6. Las extensiones de norma autorizadas podrán prorrogarse por períodos similares a la duración inicial, previa comunicación por parte de la OPP o AOP a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dos meses antes de la finalización de su vigencia y siempre que no exista oposición por parte de la Comisión Europea.
7. La propuesta de modificación o prórroga de una extensión de normas autorizada deberá seguir el procedimiento establecido en el presente artículo.
8. La Comisión Europea podrá revocar la autorización de una extensión de normas aprobada si constata el incumplimiento de los requisitos de dicha aprobación. La Administración competente deberá habilitar en la disposición que regule la extensión de norma una reserva para poder suspender la aplicación de la misma mediante resolución del órgano competente.»
Dieciséis. Se suprime el apartado 2 del artículo 13.
Diecisiete. Se introduce un nuevo artículo 13 bis:
1. Adoptado un acuerdo en la organización interprofesional pesquera relativo al contenido de la norma, para iniciar el trámite de su aprobación dicha entidad deberá solicitar la extensión de norma a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiendo la aprobación, en su caso, de ésta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante orden ministerial de la propuesta de extensión de todas o algunas de sus normas al conjunto total de productores y operadores del producto en cuestión, que ejerciendo la misma actividad que los representados en la organización no pertenecen a ella.
2. Sólo podrá solicitarse la extensión de normas en el seno de una organización interprofesional pesquera nacional cuando concurran los siguientes requisitos:
a) La organización interprofesional abarque como mínimo el 65 % de cada una de las actividades siguientes: producción y transformación o comercialización, incluida la distribución, del producto en cuestión durante el año anterior en la zona o zonas de que se trate, y presente la solicitud correspondiente,
b) El acuerdo esté respaldado por al menos el 50 % de cada una de las ramas profesionales implicadas y las normas que vayan a extenderse a otros operadores se refieran a cualesquiera de las medidas establecidas en el artículo 13 letras a) a g) del Reglamento (UE) n.º 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 y no ocasionen perjuicio alguno a otros operadores.
c) Cualquier acuerdo tomado en el seno de una organización interprofesional pesquera que se pretenda hacer extensible al conjunto de los operadores implicados deberá tener en cuenta los intereses de los consumidores. Asimismo, el acuerdo deberá respetar las reglas de libre comercio, las normas de competencia previstas en el capítulo V del Reglamento 1379/2013 y en ningún caso podrá comprometer los objetivos del artículo 39 del TFUE.
3. La aprobación y publicación de una extensión de normas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será de aplicación a todo el ámbito territorial que abarque la OIP. En todo caso, aunque hayan sido reconocidas organizaciones interprofesionales para productos pesqueros con derecho al uso de figuras de protección de la calidad diferenciada estos productos, sus miembros también quedarán vinculados a los acuerdos de extensión de normas aprobados y publicados por otra organización interprofesional reconocida para el mismo sector o producto de carácter general y estatal, en el que queden sectorialmente incluidas.
4. Las extensiones de normas de las organizaciones interprofesionales pesqueras nacionales serán de aplicación a todo el ámbito territorial en ellas delimitado, con independencia de la existencia de otras extensiones de normas de organizaciones interprofesionales de ámbito autonómico, de organizaciones de productores o de asociaciones de organizaciones de productores, cuyo ámbito esté incluido territorialmente dentro de la organización interprofesional de carácter estatal o supraautonómico.»
Dieciocho. Se introduce un nuevo artículo 13 ter:
1. La organización interprofesional pesquera nacional dirigirá solicitud de extensión de norma según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 13 bis y, en su caso, de las aportaciones económicas necesarias para la aplicación del acuerdo, exponiendo los motivos de dicha solicitud y acompañada de los siguientes datos y documentos:
a) Certificación del acta del órgano competente que adoptó el acuerdo de solicitud de extensión de la norma que incluirá el texto íntegro del acuerdo objeto de extensión.
b) Período de vigencia que se propone, que no podrá ser superior a tres años o campañas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 quater.4.
c) Acreditación del porcentaje de respaldo del acuerdo. Dicho porcentaje, se acreditará conforme al baremo dispuesto en el artículo 9.
d) Memoria justificativa y económica que fundamente la extensión de normas, con especificación del destino que se va a dar a los fondos recaudados, así como una distinción clara entre los gastos de funcionamiento de la organización y los gastos de la actividad a la que se dirige la extensión de normas. Las aportaciones de los no miembros únicamente podrán estar dirigidas a financiar estos últimos, y así debe hacerse constar en la memoria.
e) En caso de que el procedimiento para el control y seguimiento de los acuerdos no haya sido establecido en los estatutos de la organización, esta última deberá remitir una certificación del acuerdo de control y seguimiento adoptado al respecto por sus órganos de gobierno.
2. Una vez presentada la solicitud de extensión de normas por una OIP ante la Administración competente, esta última podrá desestimar de plano la solicitud de extender las normas, mediante resolución motivada, cuando aprecie que la solicitud no reúne los requisitos sustantivos establecidos en la legislación europea o nacional.
En el caso de las solicitudes de extensión de normas de ámbito nacional que sean desestimadas conforme a este apartado, contra la resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria cabrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de su notificación conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si la documentación presentada no reuniere los requisitos establecidos, fuera errónea o incompleta, la autoridad competente requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos en el plazo de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
En caso de no corregir la solicitud o presentarse la citada subsanación en el plazo descrito, el órgano competente podrá entender desistida la petición, previo dictado de la correspondiente resolución en los términos de los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El procedimiento de elaboración de la orden de extensión se ajustará a lo previsto en el título V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los actos de instrucción necesarios para el conocimiento y comprobación de los datos en los que se fundamenta la extensión de normas se realizarán por la Dirección General de la Industria Alimentaria.
4. La Dirección General de la Industria Alimentaria solicitará informe del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, el cual deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.»
Diecinueve. Se introduce un nuevo artículo 13 quater:
1. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y previo a su firma y publicación, el proyecto de orden por el que se aprueba la solicitud de extensión de normas de una organización interprofesional pesquera se comunicará a la Comisión Europea junto con el expediente.
2. Una extensión de normas sólo podrá aprobarse con la previa autorización de la Comisión Europea según lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1419/2013, de la Comisión, de 17 de diciembre. En caso de que la Comisión Europea no adoptase una decisión dentro del plazo de un mes desde la recepción de la notificación, se considerará que la extensión de las normas ha sido autorizada por la Comisión.
3. Una vez autorizada por la Comisión Europea la extensión de normas se adoptará mediante orden ministerial y se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”.
4. Las extensiones de las normas autorizadas podrán prorrogarse mediante orden, que deberá seguir el procedimiento establecido en el presente artículo y en el artículo 13 ter, por períodos iguales o inferiores a la duración inicial, previa comunicación por parte del personal responsable de la OIP a la Dirección General de Industria Alimentaria, con antelación suficiente a la finalización de su vigencia, y en todo caso seis meses antes de dicha fecha, y siempre que no exista oposición por parte de la Comisión Europea.
5. La propuesta de modificación de los términos de una extensión de norma previamente autorizada deberá seguir el procedimiento establecido en el presente artículo y en el artículo 13 ter.
6. La Comisión Europea podrá revocar la autorización de una extensión de norma aprobada previamente si constata el incumplimiento de los requisitos de dicha aprobación. La Orden Ministerial por la que se apruebe la solicitud de extensión de normas contendrá una reserva para poder suspender la aplicación de la misma.»
Veinte. Se introduce el siguiente artículo 13 quinquies:
1. Cuando, en los términos establecidos en el artículo anterior, se extiendan normas al conjunto de los operadores implicados de la cadena de suministro, de las fases de la producción, la transformación o comercio, incluida la distribución, las organizaciones interprofesionales pesqueras podrán proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la aprobación, en su caso, de una aportación económica por parte de aquéllos que no estén integrados en las mismas, de acuerdo con los principios de proporcionalidad en la cuantía respecto a los costes de las acciones y de no discriminación con respecto a los miembros de las organizaciones interprofesionales pesqueras.
2. No se podrán repercutir gastos de funcionamiento de la organización interprofesional que no correspondan de forma directa a las acciones previstas en la extensión de normas.»
Veintiuno. Se introduce un nuevo artículo 13 sexies:
1. Cuando una organización interprofesional dirija, según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 13 bis, una extensión de normas que exija aportación económica a todos los operadores del sector, deberá establecer mecanismos de información suficiente y de forma detallada, que permitan que todos los obligados a satisfacer la aportación económica puedan tener conocimiento de las cantidades recaudadas, así como de las actividades financiadas y gastos satisfechos con dichas cantidades. Dichos mecanismos deberán estar previstos y detallados en el acuerdo de extensión de normas. En ningún caso los gastos destinados a la gestión de la extensión podrán superar el 10 % de lo recaudado.
2. Las organizaciones interprofesionales que hayan solicitado una extensión de normas se comprometerán a publicar los resultados, tanto de carácter técnico como económico, obtenidos durante la ejecución de esta a través de la página web de la organización, garantizando el acceso público.
3. Finalizado el periodo de la extensión de normas, la organización remitirá a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informe detallado de los resultados de esta, garantizándose el acceso público al mismo, mediante la página web de la organización.
4. El contenido de este artículo se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa vigente de defensa de la competencia y en la normativa europea.»
Veintidós. El artículo 14 queda modificado como sigue:
1. Se introduce un nuevo apartado 3 bis, que redactado como sigue:
«3 bis. Los planes de producción y comercialización presentados a la Administración competente para su aprobación, así como las revisiones de los mismos, en su caso, deberán haber sido aprobados previamente por el órgano de gobierno de la OPP cuya acta o certificado deberá presentarse conjuntamente con el plan.»
2. Se modifica el apartado 5, que queda redactado como sigue:
«5. La Administración competente procederá al estudio y en su caso, aprobación, de los planes de producción y comercialización en los plazos establecidos en los artículos 2 y 3 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1418/2013, de la Comisión, de 17 de diciembre, transcurridos los cuales, se entenderá aprobado.»
3. Se modifica el apartado 6, que queda redactado como sigue:
«6. Las OPP podrán proponer a la autoridad competente la revisión de los planes ya aprobados, para una nueva aprobación. Podrá realizarse una sola vez por campaña, tal y como establece el apartado 4 y solo cabrá una segunda modificación en una misma campaña por razones excepcionales debidamente motivadas. No se podrán presentar solicitudes de revisión de los planes con posterioridad al 30 de septiembre del año que corresponda. Este plazo no será de aplicación en el caso de las revisiones excepcionales, justificadas y previamente autorizadas por la autoridad competente.»
4. Se modifica el apartado 7, que queda redactado como sigue:
«7. Los planes aprobados serán notificados a las OPP mediante resolución del órgano competente, y contendrán en la misma un extracto de las medidas con contenido económico.»
5. Se introduce un nuevo apartado 7 bis, que queda redactado como sigue:
«7 bis. En el caso de las OPP de ámbito autonómico, la Administración competente notificará a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la aprobación de los planes en un plazo de 15 días desde la fecha de la resolución y asimismo se trasladará la información de la misma a la aplicación informática establecida en el artículo 6.»
6. Se introduce un nuevo apartado 9, que queda redactado como sigue:
«9. La presentación de los planes de producción y comercialización e informes anuales de las OPP y AOP reestructuradas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Las OPP o AOP reestructuradas deberán presentar un nuevo PPYC ante la Administración competente resultante de la reestructuración en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la resolución de reconocimiento.
b) El nuevo plan comenzará su vigencia el 1 de enero del año siguiente a que se produzca la reestructuración efectiva.
c) Las OPP o AOP reestructuradas deberán presentar los informes anuales de los PPYC que se aprobaron antes de la reestructuración y cuya vigencia termine el año en que se hace efectiva, incluso en nombre de OPP o AOP extintas por el proceso de reestructuración, ante la Administración de origen, subrogándose las nuevas en las obligaciones de las OPP o AOP originarias de dicha reestructuración.
d) Los informes anuales derivados de los nuevos PPYC aprobados tras la reestructuración serán presentados por la nueva OPP o AOP reestructurada ante la Administración de destino para su aprobación.»
Veintitrés. Se suprime el apartado 5 del artículo 15.
Veinticuatro. El artículo 16 queda modificado como sigue:
1. El apartado 1 queda redactado como sigue:
«1. Las OPP y AOP podrán utilizar el mecanismo de almacenamiento previsto en los artículos 30 y 31 del Reglamento de la OCM en caso de acontecimientos excepcionales que generen una perturbación significativa de los mercados y siempre que la Comisión lo determine en una decisión de ejecución, tal y como establece el artículo 26.2 b) del Reglamento (UE) 2021/1139, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021. Mediante resolución de la Secretaría General de Pesca, se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado” los precios de activación que se determinen previstos en el artículo 31 del Reglamento de la OCM y los costes técnicos y financieros en aplicación de la decisión de ejecución de la Comisión mencionada.»
2. Se suprime el apartado 2.
Veinticinco. Se incorpora una nueva disposición adicional tercera:
En el ámbito de las competencias atribuidas a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, la aplicación informática OPPES contará con la información de cofradías de pescadores y sus Federaciones, así como otras organizaciones representativas de la producción. Para ello dichas entidades deberán suministrar antes del 30 de marzo de cada anualidad los datos actualizados relativos a su listado de miembros y unidades de producción.»
1. El requisito establecido en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 en la redacción dada por el presente real decreto únicamente será de aplicación para aquellas organizaciones transnacionales de productores pesqueros que sean reconocidas con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto.
2. En todo caso, las convocatorias de ayudas relacionadas con estas organizaciones que estén en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto se regirán por los requisitos fijados por la normativa en vigor en el momento de su aprobación.
La fila relativa a la lubina del anexo del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras, queda redactada como sigue, y se añade una nueva nota (***) con el siguiente contenido:
Con salvaguarda de su rango, se incorpora un párrafo al apartado 5 del artículo 18 de la Orden APA/1018/2018, de 17 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera en el periodo de programación del fondo europeo marítimo y de pesca, con el siguiente contenido:
«En cualesquiera modelos, tanto en soporte papel como electrónico, en todo instrumento de comunicación con el interesado, en la resolución de concesión y, en su caso, de pago, así como en cualesquiera soportes o medios de difusión deberá indicarse el origen de la financiación, especificando la cantidad procedente de los fondos estatales. En todo caso, se empleará el logo GOBIERNO DE ESPAÑA-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, y, en su caso, el de la Unión Europea, y las representaciones gráficas que se determinen, conforme al modelo que se establezca.»
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto la nueva redacción dada al artículo 2.6, que será aplicable transcurridos tres meses desde la entrada en vigor.
Dado en Madrid, el 18 de julio de 2023.