Categoría: Administración

El deporte se erige hoy en día tanto como una actividad enormemente enriquecedora y generadora de bienestar personal, como un importante instrumento de cohesión social, un eficaz vehículo para la transmisión de valores y un sólido elemento de impulso económico, consolidándose durante la crisis sanitaria como una actividad esencial para los españoles. La contribución de la industria del deporte a la economía española es del 3,3 por ciento.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos Ministeriales, le corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.
La Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte considera el deporte y la actividad física como una actividad esencial y reconoce que todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria.
La industria del deporte y el ejercicio físico tiene, además, un impacto directo y de gran relevancia en la economía española y en la generación de empleo. No en vano, el deporte está considerado como palanca generadora de industria y riqueza a través de múltiples actividades y agentes que constituyen el denominado ecosistema deportivo a través del deporte profesional, de la prestación de servicios deportivos y de las nuevas industrias del deporte que incorporan el desarrollo tecnológico y la innovación.
El reconocimiento del deporte como derecho tiene, por lo tanto, carácter transversal y afecta a todos los ámbitos vinculados al fenómeno deportivo: el de la propia práctica y sus diferentes fórmulas, el económico, laboral, turístico, comunicativo, educativo, sanitario, social e internacional. El análisis de los diferentes datos derivados del deporte en España resalta su transformación y la necesidad de adaptar la normativa vigente a su situación actual, necesidad que el propio sector deportivo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años. Cabe destacar que dimensiones como la inclusión social, la igualdad y la diversidad, la cohesión territorial y social, la transición ecológica y la innovación a través de la digitalización son fundamentales para adecuar el deporte a la realidad socioeconómica actual y futura.
Por su parte, el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, atribuye a este organismo competencias destinadas a desarrollar el mandato constitucional de fomento de la educación física y el deporte y las que se le atribuyan en la normativa legal y reglamentaria, incluyendo entre las atribuciones de su Presidencia la concesión de las subvenciones económicas que procedan con cargo a los presupuestos del organismo.
Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, de la pandemia internacional provocada por la COVID-19, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía. Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión, habiendo influido directamente en todos los ámbitos del tejido relacionado con la actividad deportiva.
Las necesarias medidas de contención acordadas han supuesto un impacto económico considerable, ya que implicaban reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos ámbitos, incluido el deporte. Por ello, se han venido adoptando medidas económicas y sociales que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y empresas, y sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando la recuperación de la actividad económica.
En ese sentido, el mandato explícito a los poderes públicos que realiza el artículo 43.3 de la Constitución Española sobre el fomento de la actividad física y el deporte como uno de los principios rectores de la política social y económica, es suficiente para explicar que el fomento de una actividad como el deporte puede realizarse mediante actuaciones que abarcan desde la ordenación de su desarrollo hasta el apoyo a su financiación si las circunstancias así lo requieren. La práctica deportiva, como otros sectores, ha sufrido las consecuencias derivadas de la pandemia debido, entre otras circunstancias, a la paralización prácticamente total de su actividad y a la reducción o ausencia prolongada, completa o prácticamente completa, de la asistencia de público a las competiciones deportivas durante la crisis sanitaria.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo singular y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) número 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, MRR). Dicho Mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. La financiación ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento a largo plazo.
Con base en lo anterior, el Gobierno de España elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en lo sucesivo, Plan de Recuperación) que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. El Plan de Recuperación fue aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Entre las diez políticas tractoras se encuentra la cultura y el deporte, con un 1,1 por ciento de los recursos al tratarse de dos industrias indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta.
Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación, alineados con los objetivos del MRR, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación se van a desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.
El Componente 26 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de fomento del sector del deporte», aborda aspectos tan variados como la digitalización del sector deporte, la inversión dirigida a optimizar los recursos e implementar medidas de sostenibilidad ambiental en las instalaciones deportivas, el desarrollo de infraestructuras que permitan un mejor acceso a la actividad física saludable en zonas en riesgo de despoblación, el fomento de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física, mejorando la salud de la ciudadanía y el desarrollo de sectores específicos que promuevan la igualdad y la inclusión en el deporte. En los pilares del desarrollo de infraestructuras para favorecer hábitos saludables y en el fomento de estos es donde se circunscriben las medidas proyectadas en la presente disposición, orientada a establecer una estrategia de creación de estructuras deportivas que potencien la atracción del turismo internacional a través del deporte vinculado a la naturaleza. Paralelamente, estas actuaciones darán, además, lugar a la formación de profesionales y a la disposición de un sistema de prescripción de la actividad y el ejercicio físico eficiente y sostenible.
Las medidas proyectadas en esta Orden de bases son un elemento prioritario para enfatizar el fomento del turismo sostenible del deporte. Se pretende incrementar la actividad económica sostenible y el empleo, especialmente en zonas rurales, de menor densidad de población o que están siendo abandonadas. Del mismo modo, contribuyen a la consecución del objetivo e hito número 373 del citado Componente 26:At least 40 technical centres and 45 sport facilities shall have been renovated and will have achieved improved energy efficiency and/or optimisation of use through digitalisation, and/or improved accessibility. The mean of verification of the completion of works shall be the works completion certificates. Interventions on energy efficiency shall achieving on average at least a 30 % primary energy demand reduction. The list of facilities shall be made public(al menos 40 centros técnicos y 45 instalaciones deportivas deberán haber sido renovados y habrán logrado una mayor eficiencia energética y/u optimización del uso a través de la digitalización, y/o una mejor accesibilidad. El medio de verificación de la terminación de las obras serán los certificados de terminación de dichas obras. Las intervenciones en materia de eficiencia energética lograrán, por término medio, una reducción de la demanda de energía primaria de, al menos, el 30 %. La lista de instalaciones se hará pública).
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas por la correspondiente convocatoria deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés,Do Not Significant Harm). Esta actuación incentiva la ejecución de proyectos que fomenten la eficiencia energética y la transición digital, y contribuye al etiquetado verde y al digital, tal y como recoge el Componente 26 presentado a la Unión Europea.
Las ayudas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han sido incorporadas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del Ministerio de Cultura y Deporte en virtud de la Orden Ministerial de 15 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dicho Plan ha sido actualizado en 2023 y contempla en su línea estratégica 5 «Fomentar la actividad física y el deporte» las ayudas que son objeto de la presente Orden.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, las subvenciones proyectadas no constituyen ayudas de Estado, ya que los beneficiarios serán Administraciones Públicas y, a través de estas, la población general. Dichas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, respetarán la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 18.ª de la Constitución Española y se estructura en dos capítulos. En el primer capítulo se contiene una disposición general referente al objeto de las ayudas y el régimen jurídico aplicable. El segundo capítulo recoge las disposiciones de carácter general que constituyen las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas y se refieren a aspectos como los objetivos generales, los tipos de actuación financiables, los beneficiarios, las características de financiación y sus límites.
Esta Orden de bases incorpora las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen.
Asimismo, esta Orden es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establecen la normativa europea y la española. Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente.
La presente Orden ha sido aprobada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha sido informada por la Abogacía del Estado del Departamento así como por la Intervención Delegada del Consejo Superior de Deportes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En su virtud, dispongo:
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones a Administraciones Públicas territoriales y aquellos organismos públicos y entidades de derecho público dependientes de dichas Administraciones Públicas, que sean titulares de instalaciones y/o espacios deportivos, destinadas a la inversión para promover la reforma sostenible e inclusiva de instalaciones y espacios deportivos en los que se puedan desarrollar proyectos relacionados con el sector del turismo deportivo, con el fin de modernizar nuestra industria turística asociada al deporte, y cuyo plazo de ejecución se encuentre entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2025.
2. La finalidad de estas ayudas es además de contribuir a los objetivos descritos en el párrafo anterior, coadyuvar a la consolidación de estructuras que fomenten la igualdad, difusión y visibilidad, la formación, la eficiencia energética, la transformación digital y la accesibilidad.
3. Los proyectos subvencionables en el marco de esta Orden incluirán la adecuación, reforma, mejoras y mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el turismo deportivo, especialmente en las zonas más despobladas, de conformidad con los gastos subvencionables detallados en el artículo 9 de esta Orden.
4. Las ayudas que se financien con arreglo a esta Orden se enmarcarán en las inversiones del Componente 26, Plan de fomento del sector del deporte, con cargo al programa 33ZB del Plan de Recuperación del Gobierno de España, y las aplicaciones presupuestarias 24.106.33ZB.759, 24.106.33ZB.769 Y 24.106.33ZB.719, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados al componente.
En todo lo no previsto en esta Orden será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y resto de disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y normas estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
1. El procedimiento de concesión se tramitará de conformidad a lo establecido en los artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria pública.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de esta en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones o ayudas para las que exista consignación presupuestaria las Administraciones Públicas territoriales y aquellos organismos públicos y entidades de derecho público dependientes de dichas Administraciones Públicas, que sean titulares de instalaciones y/o espacios deportivos en los que se puedan desarrollar actividades de turismo deportivo sostenible.
2. A los efectos de esta Orden, se entenderá como turismo deportivo aquel que implique el desplazamiento y/o alojamiento de personas para presenciar y/o participar en algún evento de carácter deportivo o para practicar actividad físico-deportiva en todos sus ámbitos de actuación.
3. Los beneficiarios deberán acreditar ante el Consejo Superior de Deportes (en lo sucesivo, CSD) que reúnen condiciones de solvencia económica, técnica y profesional para realizar la actividad de que se trate, en los casos y plazos que determine la correspondiente convocatoria.
4. La admisión a trámite de una solicitud de subvenciones o ayudas no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
Los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en esta Orden de bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria de las ayudas.
2. La condición de beneficiario de la ayuda implica que asumirá frente a la entidad convocante la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Las acciones que realicen los beneficiarios de las ayudas cumplirán con lo estipulado en estas bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria de las ayudas.
4. Las entidades beneficiarias tendrán suficiente capacidad de obrar y no se encontrarán inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con el Estado u otros entes públicos. No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y adicionalmente y en particular, las siguientes:
1. Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención, que contribuye al cumplimiento de los objetivos e hito número 373 en el plazo comprometido en el Plan de Recuperación.
2. Justificar ante el CSD o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones para concurrir a la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
3. Comunicar al CSD la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
4. Acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado.
5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en la forma que se determina en el artículo 22.2 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, con las excepciones recogidas en su artículo 24. No obstante, cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable.
6. Facilitar cuanta información les sea requerida por el CSD, por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas u otros órganos de control externo de la Unión Europea y someterse a las actuaciones de comprobación que puedan efectuar estos órganos en relación con la concesión o justificación de la subvención.
7. Cumplir las obligaciones o deberes que específicamente establezcan esta Orden y la respectiva convocatoria para cada tipo de subvención.
8. El beneficiario adoptará las medidas de difusión necesarias para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la inversión objeto de la subvención, incluyendo la imagen institucional del CSD y del Plan de Recuperación, especificando sus papeles de fomento en la totalidad de las acciones de divulgación que realice.
9. En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10. Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano gestor de las ayudas.
11. Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) número 1296/2013, (UE) número 1301/2013, (UE) número 1303/2013, (UE) número 1304/2013, (UE) número 1309/2013, (UE) número 1316/2013, (UE) número 223/2014 y (UE) número 283/2014 y la Decisión número 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012.
12. En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación de España.
13. Asimismo, en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación se tendrá en cuenta el cumplimiento de las condiciones del etiquetado verde asignado al Plan de Recuperación establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021.
14. Prestar compromiso escrito a conceder los derechos y los accesos y tratamiento de datos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
15. Cumplir con toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y comprometerse a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución del proyecto. Los beneficiarios tendrán en cuenta, en particular, las especificidades del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en su título IV, Especialidades de Gestión del Plan de Recuperación y, en particular, el capítulo V. Medidas de agilización de la subvención financiable con fondos europeos (artículos 60-65).
16. Cumplir con las medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses.
17. Deberán cumplir con las obligaciones en materia de publicidad e información específicas para aquellos proyectos financiados con cargo a los fondos del Plan de Recuperación establecidas en el artículo 23 de la presente Orden.
18. Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en la normativa que resulte de aplicación a las ayudas.
1. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100 por ciento de las actividades necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos que motivan el otorgamiento de estas ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que no sea contrario al objeto y finalidad de la subvención concedida y sin perjuicio de que el beneficiario asuma la responsabilidad total por la ejecución de la actividad subvencionada.
2. Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias consignadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
3. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, además de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 29.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre en el caso de que la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
4. En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con las exigencias derivadas de la gestión de los fondos europeos y, en particular, con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» y con las disposiciones relativas a los mecanismos para la prevención del fraude y del conflicto de intereses.
1. Podrán actuar como entidad colaboradora aquellas que cumplan con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dando cumplimiento a las obligaciones y requisitos que se establecen en los artículos 13, 15 y 17.3.c) de dicha ley.
2. Las funciones para desempeñar por parte de la entidad colaboradora vendrán especificadas en el convenio a suscribir con el CSD en el que se regulen las obligaciones y condiciones que asumirá cada una de las partes, en base a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. En dicho convenio se establecerán asimismo medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses.
3. La entidad colaboradora, en su caso, podrá percibir por su actuación únicamente una compensación de gastos que estará contenida en el convenio, en base al artículo 16.3.m) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Cada entidad solicitante deberá presentar una única solicitud, que podrá contener hasta un máximo de dos proyectos para los que se solicite financiación, que se ejecuten entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2025, pudiendo englobar una o varias de las categorías de gastos indicadas a continuación.
Gastos de inversiones:
a) Adecuación y mejoras de espacios e instalaciones deportivas.
b) Adecuación y mejora de accesos y aparcamientos.
c) Adecuación de vestuarios y otros espacios complementarios de apoyo a la actividad deportiva, como gimnasios, salas de readaptación y enfermería, así como residencias y salas destinadas a la formación
d) Mejoras en la eficiencia energética.
e) Adecuación, adaptación y mejoras de las instalaciones, siempre que el resultado implique una mejora en la consecución de los objetivos de transición ecológica, digitalización, igualdad e inclusión, accesibilidad y/o seguridad en las instalaciones.
f) Actuaciones que desarrollen y/o mejoren la digitalización de la actividad turístico-deportiva en todos sus ámbitos de desarrollo.
g) Elaboración del diseño y/o proyecto de inversión de las actuaciones recogidas en el presente apartado.
No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, teniendo en cuenta que el incumplimiento será causa de reintegro de los fondos. Por otra parte, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en relación con el etiquetado verde.
2. En ningún caso se considerarán subvencionables los salarios de las personas empleadas.
3. De conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
1. Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación deberán enmarcarse en, al menos, una de las categorías de gasto contempladas en el artículo 9 de la presente Orden, y llevarse a cabo en el territorio nacional.
2. La ayuda que se conceda se imputará a los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio del CSD, procedentes del MRR, conforme a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en la respectiva convocatoria.
3. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
4. Se establece un importe total máximo a percibir por cada entidad beneficiaria de 600.000 euros, con independencia de si se presentan uno o dos proyectos en la solicitud.
No será preciso constituir ninguna garantía por los beneficiarios ni por la entidad colaboradora.
1. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta Orden será la Presidencia del CSD. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Deportes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4.b) del Real Decreto 460/2015, de 5 de julio.
2. La Dirección General de Deportes será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas.
3. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas a través de la sede Electrónica del CSD, accesible en la dirección electrónica: (https://sede.csd.gob.es).
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica antes referida donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del CSD (https:// sede.csd.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
5. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la sede electrónica del CSD y deberán ser obligatoriamente utilizados.
7. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar específicamente en la solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte del CSD, así como los órganos competentes de la Unión Europea, de los datos incluidos en la solicitud por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestará la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación de esta ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria, sin que en ningún caso supere el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La presentación de solicitudes fuera del plazo establecido para ello dará lugar a su inadmisión.
1. Las solicitudes para la obtención de la subvención deberán presentarse a través del modelo normalizado disponible en la sede electrónica del CSD (https://sede.csd.gob.es) y dirigirse a la Dirección General de Deportes, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento.
2. Cada entidad solicitante presentará una única solicitud, que podrá contener uno o dos proyectos financiables, la cual deberá ir acompañada de la siguiente documentación en castellano, lengua del procedimiento de conformidad con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
2.1 Por cada proyecto presentado en la solicitud, un anteproyecto, firmado electrónicamente, en el cual se especifiquen los siguientes apartados:
a) Descripción de las actuaciones y obras desarrolladas y/o a desarrollar.
b) Tabla de presupuestos y valoración de las inversiones señalando las cuantías con y sin IVA, que faciliten su correlación con los importes incluidos en la solicitud.
c) Cronograma de todas las actuaciones diseñadas especificando en los mismos los meses y años, de inicio y fin, de manera clara y concreta.
d) Planos de todos los proyectos y/o actuaciones.
e) Acreditación, en su caso, de la certificación energética de la instalación, aportando para ello estos dos documentos diferenciados:
– Certificado de eficiencia energética del edificio en el estado anterior a la realización de las actuaciones para la que se solicita la ayuda, con el contenido que establece el artículo 6 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Dicho certificado de eficiencia energética deberá ir firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Necesariamente este certificado inicial debe ser de fecha anterior a la realización de la actuación subvencionable.
– Certificado de eficiencia energética del edificio (previsto, si la actuación aún no se ha realizado) en el estado alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita el incentivo, realizado según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto para el que solicita la ayuda permite alcanzar una reducción de, al menos, el 30% del consumo de energía primara no renovable (kW/m²año) y mejora en, al menos, 1 letra la calificación energética medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita el incentivo. El certificado estará firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Si las actuaciones se realizan en exteriores (por ejemplo, alumbrado) se deben aportar dos certificados:
– Certificación energética de instalaciones de alumbrado exterior de la situación real antes de las actuaciones para las que se solicita el incentivo, realizada de conformidad con la regulación aplicable (Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre). Y, adicionalmente, justificación de la reducción de consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30 % (ambos documentos firmados por técnico competente). Necesariamente este certificado inicial debe ser de fecha anterior a la realización de la actuación.
– Certificación energética de instalaciones de alumbrado exterior (prevista, si la actuación aún no se ha realizado) de la situación alcanzada tras la reforma propuesta para la que se solicita el incentivo, realizada de conformidad con la regulación aplicable (Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre). Y, adicionalmente, justificación de la reducción de consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30% (ambos documentos firmados por técnico competente).
2.2 Por cada proyecto presentado en la solicitud, una memoria resumen del anteproyecto, elaborada según el modelo presentado como anexo en la convocatoria.
2.3 Una memoria descriptiva de análisis de gestión de las instalaciones y/o espacios deportivos objeto de la subvención y en el cual se especifiquen los siguientes apartados:
a) Plan de uso general en la instalación en donde se realizarán las obras y/o inversiones, de las actividades programadas relacionadas con la actividad física y deportiva en todos sus ámbitos de desarrollo.
b) Temporalidad de los programas diseñados y meses de uso de la instalación por año.
c) Estimación de impacto del uso de las instalaciones en lo que se refiere a usuarios locales, autonómicos, nacionales e internacionales.
d) Convenios y alianzas estratégicas locales, autonómicas, nacionales e internacionales, tanto con entidades públicas como privadas, que apoyen a una gestión sostenible de dicha instalación o espacio deportivo, señalando los programas de actividades previstas e inicialmente comprometidas.
e) Durabilidad y permanencia del proyecto con un análisis de impacto y reactivación económica estimado.
f) Estimación de desarrollo y mejora de empleabilidad una vez se implementen las obras y actuaciones objeto de esta subvención.
g) En su caso, explicación del proyecto dentro de una red autonómica, estatal y/o internacional de turismo deportivo sostenible.
2.4 Acreditación de la titularidad de la instalación.
2.5 Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
2.6 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
2.7 Declaración responsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que hayan solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones.
2.8 Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2.9 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.10 Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
2.11 Datos de la cuenta bancaria del beneficiario de la ayuda.
2.12 Declaración de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, de acuerdo con el Anexo I.
2.13 Declaración sobre el cumplimiento de la obligación de prevención del fraude y el conflicto de intereses, de acuerdo con el Anexo II.
2.14 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, contenida en el Anexo III.
2.15 Declaración de compromiso de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias y de tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, contenida en el Anexo IV.
2.16 Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
3. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en la sede electrónica del CSD, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los docum