Categoría: Administración

gano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada, que se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen alegaciones si lo estiman oportuno. Este plazo podrá ser superior si así se establece expresamente en función de las características de la actuación. Dicha propuesta incluirá, como mínimo:
a) La entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la ayuda junto con la cuantía y condiciones de la misma.
b) Cuando corresponda, la relación de las solicitudes, ordenadas según su prelación, que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases y en las de cada convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en cada convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada en cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
2. Con ocasión del trámite de audiencia, cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse, en el mismo acto, la aceptación de la ayuda por las entidades solicitantes seleccionadas, así como la presentación de los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser entidad beneficiaria. Dichos documentos serán especificados en cada convocatoria junto con los plazos para su presentación.
A falta de respuesta de la entidad solicitante, se entenderá que esta ha desistido de su solicitud.
3. Finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la entidad solicitante o relación de entidades solicitantes para los que se propone la concesión de ayudas y su cuantía.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la FECYT mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.
5. La propuesta de resolución será sometida a la autorización previa del órgano competente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver, este dictará la resolución del procedimiento que pondrá fin al procedimiento de concesión.
2. La resolución estará debidamente motivada con referencias a las presentes bases y a la correspondiente convocatoria, a los informes del órgano instructor, así como al proceso de evaluación. En el caso de las solicitudes desestimadas, se indicará el motivo de desestimación y, en particular, se mencionará, en su caso, si no se ha alcanzado alguno de los umbrales.
La resolución de concesión se publicará en la página web de la FECYT y se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, debiendo contener, al menos:
a) La relación de las entidades solicitantes a las que se concede la ayuda, en la que figure la identificación de la actuación o actuaciones, la cantidad concedida a cada solicitante y la modalidad de ayuda, así como desestimación expresa de las restantes solicitudes.
b) Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada ayuda.
c) El presupuesto financiable, la forma y la cuantía de la ayuda concedida, así como la forma de pago.
3. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
4. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido en los casos previstos en el artículo 22.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El plazo máximo para resolver podrá ampliarse por un periodo máximo de seis meses en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La falta de resolución expresa en el plazo indicado legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
5. Asegurando la observancia del principio de igualdad en el otorgamiento, el órgano concedente podrá dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas sobre la totalidad de solicitudes presentadas a medida que el órgano correspondiente formule las correspondientes propuestas de resolución provisionales y definitivas parciales. En este caso, la convocatoria deberá establecer las medidas que garanticen dicho principio de igualdad en el otorgamiento.
6. La resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de las solicitudes atendiendo a la puntuación o prioridad alcanzada, en los términos establecidos en el artículo 21.1, en cuyo caso, si renunciase alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia, por parte de alguna de las entidades beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos a una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la ayuda, a través del órgano instructor, comunicará esta opción a las entidades interesadas, a fin de que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y aporten los justificantes o documentos requeridos. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21.2. Una vez aceptada la propuesta por parte de la entidad o entidades solicitantes, se dictará el acto de concesión y se procederá a su notificación.
Las convocatorias y las resoluciones de concesión fijarán las circunstancias y el plazo en el que podrá aplicarse lo dispuesto en este artículo.
1. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas que alteren las condiciones de cualquier índole que motivaron la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que establezca la convocatoria siempre y cuando no altere los criterios que sirvieron para la concesión de la ayuda garantizando los principios de igualdad de trato y no discriminación y concurrencia.
Cualquier cambio en el contenido de la resolución requerirá simultáneamente:
a) Que el mismo sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto o, en su caso, la anualidad correspondiente y sea autorizado expresamente por el órgano concedente. Las convocatorias podrán establecer un plazo y un número máximos de solicitudes de modificación por año.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación de la entidad beneficiaria, ni dañe derechos de terceros.
No obstante, en relación con la determinación de la entidad beneficiaria, sí se podrán autorizar:
1.º Las relacionadas con fusión, absorción y escisión de sociedades.
2.º El cambio de entidad beneficiaria de la ayuda, siempre que la nueva entidad cumpla los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de las presentes bases, y los demás establecidos en la convocatoria, y se comprometa a mantener la actividad objeto de la ayuda. La autorización requerirá de un informe técnico en el que se constate la idoneidad de la nueva entidad beneficiaria para garantizar la viabilidad del proyecto.
En este caso, el remanente de ayuda no gastado por la entidad beneficiaria originaria deberá ser transferido directamente a la nueva entidad, que adquirirá la condición de beneficiaria desde la fecha de la modificación de la resolución.
2. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el punto 1 del presente artículo.
3. Las convocatorias podrán autorizar de forma genérica, incrementos hasta del 20 por ciento de los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminuciones de otros conceptos, siempre que no se altere el importe total de la ayuda ni se incumpla su objetivo, y que se justifiquen adecuadamente las desviaciones acaecidas en la documentación de justificación. Cualquier incremento superior al 20 por ciento, deberá ser autorizado expresamente, conforme a lo establecido en el punto 1 del presente artículo.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de modificación de la resolución será de dos meses, debiendo entenderse desestimada la petición por silencio administrativo en caso de vencimiento de dicho plazo sin haber recibido resolución expresa al respecto.
5. En caso de denegación de la solicitud de modificación de la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido por el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada Ley, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes, entendiéndose desestimado este en caso de no dictarse resolución expresa en el señalado plazo.
1. Las ayudas que se concedan tendrán una dotación económica fija, cuyo pago podrá hacerse en forma de pago único o fraccionado, anual o plurianual, y de forma anticipada, a cuenta, con posterioridad a la realización de la actividad objeto de ayuda, o en una combinación de las formas anteriormente citadas.
2. Los pagos a cuenta deberán estar adaptados al ritmo de ejecución de la actuación, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada por la entidad beneficiaria en la forma y plazos que prevea cada convocatoria.
3. Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que la entidad beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no sea deudora por resolución de procedencia de reintegro o se hallen al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de ayudas concedidas por la FECYT.
4. El órgano gestor de las ayudas podrá condicionar un último pago, en el porcentaje del importe total de concesión que se determine en la convocatoria, a la finalización satisfactoria de la justificación económica, una vez efectuadas todas las comprobaciones necesarias respecto a la elegibilidad de los gastos imputados.
5. Asimismo, los pagos podrán condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión, a la constitución de garantías establecidas por el artículo 13 de las presentes bases, en su caso, o, cuando los pagos se realicen en varias anualidades, si procediera, a la presentación de la documentación requerida para el seguimiento o justificación de la actuación, o, eventualmente, a su evaluación positiva en la forma y circunstancias que se especifiquen en la convocatoria.
6. En todos estos casos, se podrá requerir a la entidad beneficiaria que aporte la documentación en el plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. Las convocatorias establecerán si la no aportación de la documentación puede conllevar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.
1. La justificación económica y técnica, así como de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas, se realizará en los términos previstos en cada convocatoria, por los medios y en los formatos que se establezcan al efecto.
2. La justificación revestirá la forma de cuenta justificativa en alguna de estas tres modalidades: ordinaria, con aportación de informe de auditor o simplificada. La utilización de una u otra modalidad se regirá por las reglas siguientes:
a) Cuenta justificativa ordinaria.
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
Adicionalmente, para poder llevar a cabo el análisisex postde la misma, podrá solicitarse información adicional relativa al impacto de la actuación financiada incluso una vez finalizada la actuación. Las convocatorias podrán determinar los indicadores asociados al objetivo de cada actuación que permitan realizar la comprobación y/o el análisisex posty que podrán ser requeridos en cada justificación técnica o informes de seguimiento.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
– Un informe económico sobre el coste total del proyecto, con independencia de la ayuda concedida, distinguiendo el coste por actividad y tipo de gasto.
– Una relación clasificada de los gastos de la actividad, conforme a lo establecido en el punto 3 de este artículo, en la que se incluirá una descripción del gasto realizado, la actividad concreta para la que se ha realizado, identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
– Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico o mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación mencionada en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
Estos documentos se presentarán escaneados, debiendo las entidades beneficiarias custodiarlos, quedando a disposición de la FECYT, que podrá requerirlos para su cotejo y comprobación en cualquier momento.
– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad objeto de la ayuda, con indicación de su importe y procedencia.
– La documentación contractual a que se hace referencia en el artículo 8 de las presentes bases.
– Certificación del régimen de IVA en la que conste el régimen de IVA soportado no deducible.
– En su caso, el comprobante de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
b) Cuenta justificativa simplificada. Para las ayudas de importe inferior a 60.000 euros, se podrá utilizar la cuenta justificativa simplificada con el contenido establecido en el párrafo anterior, a excepción de la aportación de las facturas o documentos de valor probatorio de los gastos incorporados en la relación justificativa.
En estos casos, la FECYT comprobará, a través de técnicas de muestreo basado en un sistema aleatorio, la adecuada aplicación de la ayuda para lo que requerirá a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto y pago y demás documentación que considere necesaria.
c) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
En estos casos, la cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
– Un informe económico sobre el coste total del proyecto, con independencia de la ayuda concedida, distinguiendo el coste por actividad y tipo de gasto.
– Una relación clasificada de los gastos de la actividad en la que se incluirá una descripción del gasto realizado, la actividad concreta para la que se ha realizado y la identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad objeto de la ayuda, con indicación de su importe y procedencia.
– En su caso, el comprobante de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
– Un informe de un auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de gastos y pagos efectuados con los fondos de las ayudas de la FECYT y de los ingresos generados por el proyecto, en su caso, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases y la contabilidad de la entidad. También se referirá a otras ayudas obtenidas para el proyecto objeto de la ayuda y el destino dado a las mismas.
El Informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. En todos los casos, las entidades beneficiarias deberán justificar el gasto del proyecto, de acuerdo a las siguientes reglas:
a) En caso de que la ayuda de la FECYT suponga más del 50 por ciento del presupuesto total del proyecto, la entidad beneficiaria justificará la totalidad del presupuesto.
b) En el caso de que la ayuda de la FECYT sea el 50 por ciento o inferior al presupuesto total del proyecto, la entidad beneficiaria justificará la totalidad de las partidas presupuestarias imputadas a la FECYT.
Cuando el periodo de ejecución de la acción financiada sea superior a doce meses, la entidad beneficiaria deberá presentar una memoria de seguimiento intermedio que será aportada, utilizando los modelos normalizados disponibles en el sistema electrónico de participación, debidamente firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la primera anualidad de ejecución de la acción financiada. En dicha memoria se incluirá la información sobre el desarrollo de las actividades, cumplimiento de los objetivos propuestos en la actuación, actividades realizadas, presupuesto ejecutado y resultados alcanzados.
4. Cuando la entidad beneficiaria actúe en colaboración con otras entidades que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda, la primera será la única responsable de la correcta justificación de la ayuda, así como la única interlocutora a tal efecto con la FECYT. Por lo tanto, la entidad beneficiaria responderá directamente ante la FECYT por la actividad de la entidad colaboradora en la relación con el proyecto.
5. En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 23, se hubiera producido una sustitución de la entidad beneficiaria, cada una de ellas será la entidad beneficiaria de la ayuda en el periodo y por la cuantía que determinen, consideradas conjuntamente, las resoluciones de concesión y de modificación de la concesión, a la vista del presupuesto gastado y de la actividad realizada en el momento de la sustitución. Cada entidad beneficiaria será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que le corresponda.
6. Las entidades beneficiarias, en todo caso, deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación.
7. El plazo de justificación por parte de la entidad beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda se establecerá en las convocatorias, no pudiendo ser superior a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. La FECYT podrá conceder una prórroga de este plazo, siempre que no exceda de la mitad del mismo, debiendo ser solicitada por escrito, antes de la finalización del plazo inicial establecido para la presentación de la justificación, y sea debidamente justificada por la entidad beneficiaria.
8. En el caso de que la documentación presentada adoleciera de algún defecto, desde la FECYT se requerirá a la entidad beneficiaria para que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de notificación del requerimiento, subsane la falta y acompañe la documentación preceptiva o adicional que considere pertinente.
1. El órgano que determinen las convocatorias, o en su defecto el órgano instructor, llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la actuación.
2. El seguimiento de la actuación se realizará con la frecuencia que determinen las convocatorias y una vez finalizada la misma (evaluaciónex post).
3. El seguimiento y control de las actuaciones podrá incluir la aportación de la documentación adicional que la FECYT estime oportuna, comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes parciales, visitasin situy control de la documentación recibida.
4. Las convocatorias podrán establecer la forma en la que los resultados de las evaluaciones intermedias, en su caso, yex post, de las actuaciones financiadas, puedan ser tenidos en consideración cuando la entidad interesada solicite una nueva ayuda de la FECYT.
5. Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido en la resolución de concesión.
1. El órgano concedente podrá realizar las acciones de comprobación que establezca para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas a la entidad beneficiaria y la realización por esta de la actuación objeto de ayuda.
2. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas y los documentos justificativos adicionales que la FECYT considere precisos con independencia de la modalidad que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Las facturas o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes podrán ser objeto de comprobación en los cuatro años siguientes, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a las entidades beneficiarias la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra.
3. Las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad de la entidad beneficiaria.
4. Lo establecido en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en los artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El procedimiento de revocación y reintegro se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo. Dicho procedimiento se ejercerá por el órgano que corresponda del Ministerio de adscripción de la FECYT, tal y como establece la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Procederá el reintegro de la ayuda en los siguientes casos:
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de los objetivos y actividades para las que fue concedida la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 25 de estas bases, si tras previo requerimiento para que, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación, siguiera sin entregarse la documentación justificativa.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 5.3 de estas bases.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el artículo 27 de estas bases y en la normativa de aplicación, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la FECYT a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la FECYT a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades financiadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladoras de estas ayudas.
3. La revocación de la ayuda llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas con la exigencia del correspondiente interés de demora (que será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente), desde el momento del pago de las mismas.
4. En los casos de renuncia voluntaria a la ayuda concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución definitiva, procederá tanto el reintegro de las cantidades percibidas hasta ese momento como la exigencia de los correspondientes intereses de demora desde el momento del pago de las mismas.
5. En caso de devolución voluntaria del anticipo recibido, entendiendo por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento del órgano concedente, la entidad beneficiaria deberá comunicar la devolución de forma fehaciente a la FECYT, que calculará los intereses de demora correspondientes hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.
6. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 29 de estas bases.
7. Igualmente, en caso de que el importe de la ayuda sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad financiada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad financiada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes bases, en la resolución de convocatoria de ayuda y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) Económicos:
– La falta de presentación de la memoria económica o documentación justificativa, una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la solicitud de la FECYT, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada.
– La presentación parcial, en tiempo o forma, supondrá aplicar una minoración de hasta un 10 % de la ayuda concedida.
– Incluir gastos que no respondan a la actividad financiada, que no supongan un coste susceptible de ayuda, que ya hubieran sido financiados en otras ayudas o que se hubieran justificado en su caso mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones (minoración aplicable: como mínimo en el importe de las facturas objeto de incumplimiento y como máximo el 100 % de la ayuda concedida).
– La realización de modificaciones no autorizadas en los costes del presupuesto financiable supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
– La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 7.5, cuando así se requiera por la FECYT, significará la reducción de la ayuda correspondiente al gasto en cuestión.
b) Técnicos:
– Incumplimiento total de los objetivos o de las actividades para las que se aprobó la ayuda, determinado a través de los mecanismos de comprobación técnicos y económicos, será causa de reintegro total de la ayuda. Especialmente, se considerarán incumplidos los objetivos cuando no se hubiera realizado un porcentaje adecuado, establecido en la convocatoria de las ayudas, en relación con las actividades, gastos e inversiones previstos en la actuación.
– Incumplimiento parcial de los objetivos, actividades concretas de la actuación o de los resultados, conllevará la devolución o la pérdida de derecho al cobro de aquella parte de la ayuda destinada a tales objetivos, actividades o resultados o bien un porcentaje equivalente sobre el importe concedido.
– No facilitar las funciones de seguimiento y control del proyecto (minoración aplicable: hasta un 10 % de la ayuda concedida).
– No presentar la memoria técnica y documentación adicional suficiente para la justificación de la ayuda, una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la solicitud de la FECYT, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada.
c) De impacto:
– No haber conseguido finalmente el impacto tanto cuantitativo como cualitativo indicado en la memoria técnica inicial del proyecto (minoración aplicable: hasta un 30 % de la ayuda concedida).
d) De publicidad:
– Incumplimiento de las obligaciones establecidas sobre difusión de las ayudas concedidas (minoración aplicable: hasta un 30 % de la ayuda concedida).
– Ausencia del logotipo de la FECYT y del Ministerio de Ciencia e Innovación en cualquier lugar donde se realice la publicidad del proyecto financiado (minoración aplicable: hasta un 30 % de la ayuda concedida).
– Colocación del logotipo de la FECYT y del Ministerio de Ciencia e Innovación en un lugar no preferente o igual que otros logotipos de entidades cuya aportación al proyecto sea menor (minoración aplicable: hasta un 30 % de la ayuda concedida).
– No respetar la imagen corporativa de la FECYT y del Ministerio de Ciencia e Innovación en lo relativo al diseño, formato, dimensiones y calidades facilitadas por la FECYT (minoración aplicable: hasta un 30 % de la ayuda concedida).
– Consideración incorrecta como organizadores, patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto (minoración aplicable: hasta un 10 % de la ayuda concedida).
e) De comunicación:
– Omisión de la comunicación de nuevas ayudas públicas o privadas concedidas para el proyecto objeto de financiación (minoración aplicable: hasta un 10 % de la ayuda concedida).
– Falta o modificación de alguna de las actuaciones que fundamentan la elección del proyecto sin previa autorización de la FECYT (minoración aplicable: hasta un 10 % de la ayuda concedida).
Las entidades beneficiarias podrán realizar la devolución voluntaria de remanentes no aplicados al fin para el que se concedió la ayuda. Procederá la exigencia de interés de demora desde la fecha de pago de la ayuda hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La propiedad intelectual o industrial generada por la entidad beneficiaria como consecuencia de la actividad financiada por esta convocatoria corresponderá a la misma.
En el caso de que la FECYT pudiera estar interesada en el uso de los resultados generados en el proyecto para el fomento de la investigación científica de excelencia, la FECYT y la entidad beneficiaria deberán suscribir un acuerdo que regule las condiciones de la transferencia de carácter gratuito. La entidad beneficiaria se compromete a colaborar con la FECYT en la difusión pública de los resultados generados con la ayuda.
1. Las respectivas convocatorias se sujetarán a lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Los datos de las entidades beneficiarias serán comunicados a las entidades financieras para el pago de la ayuda económica, en su caso, y a todas aquellas instituciones, organismos supervisores y de control a los que la FECYT esté obligada a remitir información conforme a la normativa legal aplicable, en particular, en los casos en que sea necesario para justificar las ayudas y para realizar las funciones derivadas de la exigencia de reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas.
3. La FECYT remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas.
4. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Las ayudas concedidas conforme a convocatorias derivadas de bases reguladoras de ayudas para el fomento de la investigación científica de excelencia anteriores, que se encuentren actualmente en periodo de ejecución, financiarán el coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para la realización de la actividad objeto de ayuda, resultando de aplicación a dichos contratos laborales las modalidades contractuales previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su caso, así como en el resto de la legislación laboral vigente y normativa a la que esté sometido la entidad beneficiaria.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de diciembre de 2022.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Vidal Guerrero.
1. Criterios excluyentes.
Para asegurar el principio de concurrencia en igualdad de términos no serán evaluados y quedarán excluidos de toda posible financiación aquellas entidades que no se adecúen a la categoría o subcategoría en la que se presentan.
La puntuación mínima exigida para poder beneficiarse de una ayuda es de 75 puntos.
2. Criterios de valoración.
Los criterios de valoración y su ponderación para los distintos tipos de actuaciones que se convoquen al amparo de estas bases reguladoras son:
a) Criterios de relevancia (máximo 55 puntos). Se valorará el impacto potencial en el desarrollo de la actividad investigadora de la entidad (máximo 55 puntos) en función del número de usuarios potenciales en el uso de herramientas que favorezcan la investigación científica de excelencia (máximo 55 puntos), o bien se valora la calidad del proyecto determinada por el contenido de la propuesta (máximo 15 puntos), los recursos propuestos (máximo 10 puntos), metodología propuesta (máximo 10 puntos), resultados esperados (máximo 10 puntos) y el nivel de desarrollo o detalle de la misma (máximo 10 puntos).
b) Criterios operativos (máximo 30 puntos). Se valorará el impacto científico técnico de la actividad (máximo 20 puntos) en función del número de publicaciones de la entidad que estén presentes en las herramientas para las cuales se solicita financiación y de los recursos disponibles para la investigación (máximo 10 puntos) en función del número de herramientas disponibles por la entidad para el desarrollo de su actividad investigadora, o bien se valorará la planificación (máximo de 10 puntos) en función de que el proyecto esté estructurado y planificado de manera correcta y realista, la existencia de cronograma, organigrama, plan de gestión de recursos y plan de contingencia; presupuesto (máximo 10 puntos) valorados en función de la presentación de costes y recursos a emplear razonables, justificados, adecuados al tamaño del proyecto, eficiencia en costes, partidas detalladas o la ratio coste/entidad participante, viabilidad y sostenibilidad del proyecto; y equipo de trabajo (máximo 10 puntos) valorados en función de la experiencia previa en el ámbito del equipo y responsables de la acción, la adecuación del plan de trabajo al tamaño, componentes y capacidad del equipo y descripción de responsabilidades, presencia equilibrada de mujeres y hombres.
c) Criterios sustantivos (máximo 15 puntos). Se valorarán los objetivos planteados en función de la alineación de la propuesta con los objetivos generales de la convocatoria, oportunidad, justificación de la necesidad del proyecto y diseño del proyecto adecuado.