Categoría: Economía y Empleo

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra.
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Objetivos de la norma.
Título I. Áreas de Promoción Económica.
Artículo 3. Definición.
Artículo 4. Naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 5. Finalidades.
Título II. Procedimiento para su constitución.
Artículo 6. Iniciativa de constitución del Área de Promoción Económica.
Artículo 7. Procedimiento para su constitución.
Artículo 8. Proceso de ratificación.
Artículo 9. Autorización de la constitución.
Artículo 10. El convenio.
Artículo 11. Publicidad.
Artículo 12. Procedimiento para la constitución de un Área de Promoción Económica en espacios geográficos supramunicipales.
Título III. Organización y funcionamiento.
Artículo 13. Órganos.
Artículo 14. La Asamblea General.
Artículo 15. La Junta Directiva.
Artículo 16. La Presidencia.
Artículo 17. La Gerencia.
Artículo 18. Foro consultivo de participación.
Artículo 19. Estatutos del Área de Promoción Económica.
Título IV. Financiación.
Artículo 20. Recursos económicos de las Áreas de Promoción Económica.
Artículo 21. Aportaciones obligatorias para la financiación de las Áreas de Promoción Económica.
Artículo 22. Exenciones.
Artículo 23. Obligación de satisfacer la aportación.
Artículo 24. Cuantificación.
Artículo 25. Bonificaciones.
Artículo 26. Pago.
Artículo 27. Gestión, recaudación e impugnación de las aportaciones al Área de Promoción Económica.
Artículo 28. Presupuesto de las Áreas de Promoción Económica.
Título V. Vigencia y extinción.
Artículo 29. Vigencia.
Artículo 30. Disolución y liquidación.
Disposición adicional primera. Ayudas para la constitución y mejora de las Áreas de Promoción Económica.
Disposición adicional segunda. Igualdad entre mujeres y hombres.
Disposición adicional tercera. Objetivos Agenda 2030.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La Constitución Española recoge en su artículo 130.1 la obligación de los poderes públicos de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos.
En relación con la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Constitución Española atribuye al Estado en su artículo 149.1. 13.ª la competencia exclusiva sobre «las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» y dispone en su artículo 148.1. 13.ª que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Foral de Navarra tiene atribuidas competencias exclusivas para el «fomento del desarrollo económico dentro de Navarra», así como en materia de comercio interior y de industria, en virtud de las previsiones contempladas en las letras a), b) y d) del apartado 1 del artículo 56 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Igualmente, Navarra tiene competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación del turismo, en virtud del artículo 44.13 de la citada Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto.
Asimismo, la presente ley foral, dictada también en aras de promover la sostenibilidad, la revitalización urbana y la inclusión social, se ampara en la competencia exclusiva sobre las materias de ordenación del territorio y urbanismo que ostenta la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con el artículo 44.1 de Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra ostenta plenas competencias sobre los tributos y demás recursos financieros de sus entidades locales, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y en el capítulo VI del título I del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
De acuerdo con el marco constitucional y estatutario expuesto, se dictan las disposiciones de esta ley foral, con pleno respeto a las normas básicas en materia de régimen local, a la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y al principio de autonomía municipal.
La presente ley foral tiene como objetivo posibilitar la creación de Áreas de Promoción Económica en el territorio de la Comunidad Foral con la finalidad de promover iniciativas económicas que comporten la revitalización de los centros urbanos, así como la mejora y promoción de otros entornos, como los polígonos industriales o zonas turísticas, entre otros.
Estas Áreas de Promoción Económica son la adaptación del instrumento de colaboración público-privada conocido de forma internacional como «Business Improvement District» (BID). Los BID surgieron como una iniciativa del sector privado para revitalizar los centros urbanos y combatir la descentralización. Quienes ostenten la titularidad de la propiedad de bienes inmuebles aptos para el desarrollo de actividades económicas que no puedan ser destinados a vivienda o el empresariado de una zona geográfica delimitada deciden mayoritariamente, tras un proceso participativo, obligarse a hacer aportaciones económicas para financiar un conjunto de actuaciones dirigidas a mantener, desarrollar y promocionar su área empresarial.
La rápida expansión de los BID por los diferentes continentes en sus casi cincuenta años de existencia y el elevado número de BID operando en diferentes ciudades del mundo demuestran su eficacia como instrumento para contribuir al desarrollo económico de la zona donde actúan. A su vez, desde la perspectiva de la gestión del espacio público, los BID facilitan una toma de decisiones sobre la mejora de la vitalidad y la sostenibilidad de determinadas zonas de forma más soberana, con la participación de todas las personas afectadas, y un control más efectivo a través de un procedimiento de rendición de cuentas. Es decir, han mostrado ser un buen instrumento de regeneración y de gobernanza urbana.
Las Áreas de Promoción Económica son un novedoso instrumento dirigido a superar las limitaciones que encuentran las actuales herramientas de impulso del comercio urbano y de proximidad. Como ponía de relieve el Plan de impulso del comercio minorista de proximidad de Navarra 2018-2020, se ha detectado un bajo nivel de asociacionismo zonal o sectorial. En efecto, el bajo asociacionismo de las zonas comerciales es uno de los principales problemas con que se enfrentan a día de hoy estas organizaciones, que tiene como consecuencia directa su deficiente financiación, derivada de la falta de cooperación de parte de los y las comerciantes del área, que, aun beneficiándose de las estrategias de dinamización comercial en marcha, no contribuyen en modo alguno a su sostenimiento. Ello provoca una alta dependencia de las ayudas y subvenciones públicas.
Una financiación basada en aportaciones privadas estrictamente voluntarias y en ayudas públicas variables en el tiempo no solo es insuficiente para desarrollar planes óptimos de revitalización, sino que además impide que se puedan planificar estrategias a medio plazo y profesionalizar su gestión.
Las Áreas de Promoción Económica se plantean no solo como un instrumento para fomentar y desarrollar económicamente los centros comerciales abiertos urbanos, sino que su objetivo es más ambicioso. Con ellas se pretenden abordar los nuevos desafíos urbanísticos que encaran los municipios navarros y afrontar los problemas ambientales derivados de la descentralización urbana.
Toda la actividad económica urbana, de la que el comercio es una parte fundamental, juega un papel fundamental en nuestras ciudades. Mantener una oferta comercial intensa y variada en nuestros núcleos de población dinamiza la vida urbana y contribuye a que los núcleos urbanos sean más compactos y más sostenibles. Las actividades económicas contribuyen a la revitalización del espacio público y mejoran la cohesión social. De ahí que existan numerosas razones, no solo de carácter económico, sino también urbanístico, medioambiental y social que aconsejan mantener y potenciar las actividades económicas situadas en la trama urbana de los municipios navarros. El modelo de actividad comercial que opera en los centros urbanos –frente a los formatos comerciales y de ocio de gran superficie de las periferias urbanas– facilita una ocupación y utilización más racional del territorio, contribuyendo a un urbanismo más sostenible y con menor impacto medioambiental, al reducir la movilidad y los desplazamientos.
Por otra parte, el modelo BID en el que se basan las Áreas de Promoción Económica se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las características y necesidades no solo de cada país, sino de cada zona geográfica en la que se implanta. Esta flexibilidad y adaptabilidad ha dado lugar a que el modelo se haya ido extendiendo a otras finalidades, como la promoción y renovación de destinaciones turísticas. La presente regulación permite que las Áreas de Promoción Económica no se limiten al fortalecimiento de la actividad económica urbana, sino que puedan dedicarse también a mejorar la gestión de polígonos industriales o a incrementar el atractivo de destinaciones turísticas, entre otras posibles finalidades.
La presente ley foral configura las Áreas de Promoción Económica como entidades privadas y sin ánimo de lucro que se gestionan autónomamente y que tienen como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de una concreta zona geográfica.
Dado que se dirigirán en primer lugar a responder a necesidades y a dar satisfacción a las prioridades de los agentes económicos situados en un área concreta, la iniciativa para constituirlas corresponde exclusivamente a dichos agentes económicos. Es decir, solo se constituirán Áreas de Promoción Económica allí donde las y los empresarios y profesionales decidan promoverlas y logren el respaldo de quienes se beneficiarán de sus actuaciones y se comprometan a financiarlas, sin que su creación pueda imponerse en ningún caso desde el sector público. La ley foral regula con detalle los requisitos para presentar la iniciativa de su constitución y su ratificación siguiendo un procedimiento rigurosamente democrático, bajo la supervisión de los municipios.
Debe, no obstante, tenerse en cuenta que las Áreas de Promoción Económica operarán principalmente en el espacio público y que, si bien sus actuaciones pueden tener indudables consecuencias positivas para la revitalización de la vida urbana en general, pueden también afectar a los intereses generales. Es preciso, por tanto, establecer instrumentos para evitar que las Áreas de Promoción Económica puedan acabar comportando una gestión privada de los espacios públicos o la sustitución de las administraciones públicas en la prestación de servicios o en las actividades que les son propias. Y en otro sentido, debe impedirse asimismo que las administraciones públicas hagan dejación de sus funciones en aquellas zonas en las que se creen Áreas de Promoción Económica.
Esta ley foral prevé mecanismos de diverso tipo para asegurar que las Áreas de Promoción Económica actúan en consonancia con los intereses generales en la persecución de sus propios objetivos y que no dan lugar a la privatización de los espacios públicos. En primer lugar, su constitución debe ser autorizada por los municipios, previa comprobación de que su plan de actuación se adecúa a los intereses generales y no supone una invasión de las competencias públicas. Con la misma finalidad, los municipios tendrán representantes tanto en la Asamblea General como en la Junta Directiva de las Áreas de Promoción Económica, al tiempo que se establecen una serie de mecanismos de control sobre sus actuaciones en favor de las administraciones públicas. Pero sin duda, el principal instrumento para lograr estos fines es el convenio que debe ser celebrado entre el Área de Promoción Económica y el municipio, en el que se establecerán las obligaciones que asume cada una de las partes. Este convenio constituye un elemento clave para garantizar la coordinación de los intereses públicos y privados en juego y que las Áreas de Promoción Económica constituyen una fórmula eficaz de colaboración público-privada en la que se respetan las esferas propias de actuación del sector privado y del sector público, sin que haya confusión o invasión entre ellas.
El elemento clave de esta regulación es el sistema de financiación de las Áreas de Promoción Económica, basado en las aportaciones obligatorias que deberán realizar quienes sean titulares de actividades económicas y, también, quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles desocupados aptos para alojar actividades económicas situados, y que no puedan ser destinados a vivienda, en su zona geográfica.
En todas las versiones de adaptación del modelo BID en los diferentes países, la obligación de colaborar económicamente a financiar el presupuesto del BID es un elemento invariable, ya que es el fundamento de sus buenos resultados: contar con una financiación suficiente y sostenida en el tiempo que permita planificar las actuaciones necesarias para dar cumplida respuesta a las necesidades específicas de cada BID, mediante una gestión profesionalizada. La obligatoriedad de estos pagos permite combatir el fenómeno de los denominados «free riders», que se benefician de las actuaciones de estas iniciativas colectivas, pero que no contribuyen económicamente a su sostenimiento. El bajo nivel de asociacionismo y un sistema de financiación basado en aportaciones voluntarias son las principales causas de que las iniciativas desarrolladas hasta hoy para la dinamización comercial hayan tenido resultados discretos. La obligación de colaborar económicamente a la financiación de las Áreas de Promoción Económica busca dar solución a este problema central.
Esta aportación obligatoria tiene naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributaria. La presencia de diferentes intereses públicos en que las Áreas de Promoción Económica puedan lograr sus objetivos justifica el establecimiento de una obligación de pago de este tipo. Se trata de una modalidad de las prestaciones de este tipo recogidas en la disposición adicional trigésima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
En efecto, mejorar la competitividad y el atractivo del comercio situado en los centros urbanos no solo genera riqueza y crea empleo, sino que permite reafirmar la personalidad propia y diferenciada del comercio de los municipios navarros frente a las fuertes tendencias homogeneizadoras de una tipología comercial con formatos clónicos, que reducen la oferta comercial disponible a las y los consumidores y provocan que las ciudades pierdan su identidad característica. Por otra parte, la existencia de una oferta comercial variada y de proximidad en los cascos urbanos actúa como dinamizadora de la vida urbana y favorece que los núcleos urbanos sean más compactos, puesto que permite cubrir las necesidades básicas sin requerir grandes desplazamientos o utilizar el transporte privado, lo que a su vez permite una integración equilibrada entre el uso residencial, comercial, de ocio y de servicios de los espacios del municipio. De esta manera, se revitaliza el espacio público y se consiguen ciudades más cohesionadas socialmente, al tiempo que se evita la degradación de estas zonas. Además, este modelo de comercio y de población, frente al que potencia el uso intensivo comercial y de ocio de las periferias urbanas, permite un urbanismo más sostenible y con menor impacto ambiental –al reducir la movilidad y los desplazamientos– y facilita una utilización más racional del suelo y del territorio.
En conclusión, los motivos para impulsar y promocionar la actividad económica urbana son de muy diverso orden y no se reducen a causas de tipo estrictamente comercial y económico. El desarrollo de un urbanismo característico, de un modelo de crecimiento y de una movilidad urbana más sostenibles y de menor impacto ambiental, el mantenimiento de la identidad propia de las ciudades e incluso de la cohesión social, son razones de evidente interés público que justifican el establecimiento de una obligación de pago a los y las titulares de actividades económicas establecidos en la zona de un Área de Promoción Económica para financiar su presupuesto. Se dan aquí todos los requisitos exigidos para el establecimiento de prestaciones patrimoniales públicas por la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en sus sentencias 182/1997, de 28 octubre, 233/1999, de 13 de diciembre y 63/2003, de 27 de marzo, entre otras.
La Comunidad Foral de Navarra es competente para habilitar a los municipios para establecer esta prestación patrimonial de carácter público no tributaria en virtud de sus competencias recogidas en los apartados 1 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra –aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre–, que atribuye a la Comunidad Foral de Navarra la competencia sobre las Haciendas Locales de su territorio.
La presente ley foral se estructura en un título preliminar, cinco títulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
En el título preliminar se contienen las disposiciones generales relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma y a sus objetivos.
El título I recoge la definición de las Áreas de Promoción Económica, establece su naturaleza y régimen jurídico y enumera sus principales finalidades.
En el título II se regula el procedimiento para su constitución, estableciendo mecanismos que aseguren su formación democrática. Al mismo tiempo, se atribuye la competencia para la autorización de la constitución de un Área de Promoción Económica y se regula el convenio que en todo caso deben suscribir el municipio y la nueva Área. Este convenio es el instrumento que articula esta nueva fórmula de gobernanza, y entre sus funciones destaca delimitar el campo de actuación al que se deben circunscribir las Áreas de Promoción Económica –sin invadir las competencias reservadas al sector público ni sustituirlo– y actuar como eficaz mecanismo de coordinación entre las partes. Asimismo, se prevé la posibilidad de que se creen Áreas de Promoción Económica que abarquen espacios geográficos de más de un término municipal o situadas en una comarca, y se contemplan las particularidades del procedimiento para su constitución.
En el título III se regulan los órganos gestores de las Áreas de Promoción Económica y sus estatutos. Además, se prevé la constitución un foro consultivo para promover la participación de todos aquellos afectados por la existencia de un Área de Promoción Económica.
El título IV regula los recursos financieros de las Áreas de Promoción Económica; en particular, la aportación obligatoria que deben satisfacer quienes se benefician por su actuación, así como su presupuesto.
El título V se dedica a la vigencia y eventual disolución de estas Áreas.
Por último, se incorporan al texto tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
La disposición adicional primera señala que las administraciones públicas, si así lo estiman pertinente, podrán aprobar medidas de fomento y divulgación de las áreas de promoción económica.
La disposición adicional segunda se dedica a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
La disposición adicional tercera incorpora los objetivos de la Agenda 2030 con los que se alinea la presente ley foral.
La disposición final primera faculta tanto al Gobierno de Navarra como a los municipios para desarrollar reglamentariamente esta ley foral. La disposición final segunda establece la entrada en vigor de la presente norma.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en la elaboración de esta ley foral han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación recogidos en el citado artículo. En concreto, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Finalmente, a lo largo del procedimiento de elaboración de la presente ley foral se ha tenido en cuenta el principio de transparencia en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El objeto de esta ley foral es posibilitar la creación de Áreas de Promoción Económica en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, para dinamizar la economía, contribuir al desarrollo social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía.
Son objetivos de la ley foral, entre otros, los siguientes:
a) Promover el desarrollo de actuaciones público-privadas que contribuyan a mejorar el atractivo de los entornos urbanos y rurales, así como la competitividad de las empresas y la creación de empleo.
b) Abordar los nuevos desafíos urbanísticos que encaran los municipios navarros y afrontar los problemas ambientales derivados de la descentralización urbana.
c) Desarrollar herramientas legales que sean capaces de impulsar la innovación y la mejora en la manera de gestionar, entre otros, los centros comerciales urbanos, las zonas turísticas o los polígonos industriales.
d) Articular una fórmula legal que permita obtener una financiación estable y suficiente, mediante las aportaciones obligatorias de los y las titulares de actividades económicas y de quienes ostenten la propiedad de inmuebles desocupados, que no puedan ser destinados a vivienda, susceptibles de poder alojar actividades situadas en una zona geográfica.
e) Implantar un instrumento legal que no es sustituto de las inversiones que puedan hacer las administraciones públicas, con el objetivo de favorecer inversiones adicionales destinadas a fortalecer la economía local y, al tiempo, otorgar a las personas empresarias y profesionales una voz unificada.
f) Propiciar actuaciones rehabilitadoras, renovadoras y regeneradoras de iniciativa y gestión privada, en cooperación con los municipios.
g) Impulsar un enfoque estratégico y proporcionar un espacio de colaboración entre distintos intereses locales, que incluya a quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles, a profesionales, al empresariado, a autoridades y comunidades locales.
1. Las Áreas de Promoción Económica son entidades privadas, constituidas por los y las titulares de actividades económicas y por quienes ostenten la propiedad de inmuebles desocupados, que no puedan ser destinados a vivienda, susceptibles de poder alojar actividades situadas en una zona geográfica delimitada y continua, autorizadas por los municipios, que tienen como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de esa concreta zona, mediante la realización de actividades y prestación de servicios que, en todo caso, serán complementarios a los municipales.
2. Estas entidades se gestionan de manera autónoma y actúan con responsabilidad financiera propia.
1. Las Áreas de Promoción Económica son entidades privadas y sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que se regirán por lo dispuesto en esta ley foral y en las normas que la desarrollen, por sus respectivos estatutos y, supletoriamente, por las normas de derecho privado en cuanto a su organización y funcionamiento.
2. Las Áreas de Promoción Económica no ostentarán funciones de representación patronal, ni sustituirán a las organizaciones empresariales en su función de representación y consulta.
1. Las Áreas de Promoción Económica se constituirán con el objetivo de promover el desarrollo, el atractivo y la competitividad económica de la zona en la que se ubiquen. En particular, podrán perseguir, entre otras, las siguientes finalidades:
a) La regeneración urbana a través de la mejora, dinamización y desarrollo de las actividades económicas de carácter turístico, comercial o industrial del área definida.
b) La captación de inversiones para mejorar el mix comercial y reducir el número de locales vacíos.
c) La organización de eventos y espectáculos para la atracción de la demanda, la dinamización de la zona y la construcción de la imagen de marca del Área.
d) La mejora de la calidad medioambiental, de la movilidad y de la sostenibilidad de la zona.
e) La realización de actividades que contribuyan a reforzar la responsabilidad social corporativa.
f) La realización de actividades que incentiven el trabajo autónomo de las mujeres y su visibilidad.
g) La mejora de la apariencia del paisaje urbano, mediante el desarrollo de actuaciones suplementarias de limpieza, iluminación, señalización, ornamentación o mobiliario.
h) La seguridad de los espacios públicos y de los establecimientos, locales y negocios de la zona teniendo en cuenta la perspectiva de género.
i) La asistencia a sus miembros y a su formación permanente en el desarrollo de sus actividades.
j) La gestión compartida de servicios destinados a sus miembros tales como logística, distribución de mercancías, relaciones con proveedores o digitalización.
k) Cualquier otra finalidad que contribuya a la revitalización y desarrollo de la zona.
2. Las actuaciones desarrolladas por las Áreas de Promoción Económica serán, en todo caso, complementarias o adicionales a las que realicen las administraciones públicas y, por tanto, concurrentes con éstas, pero en ningún caso sustitutivas, y habrán de estar orientadas a las personas titulares de actividades económicas o de bienes inmuebles incluidas en su ámbito territorial y sometidas a la obligación de realizar aportaciones.
1. La iniciativa para la constitución de un Área de Promoción Económica corresponde, indistintamente, a los y las titulares de las actividades económicas de la zona, o a quienes ostenten la propiedad de bienes inmuebles desocupados susceptibles de poder alojar una actividad económica que no puedan ser destinados a vivienda. Todas las personas que ejerzan la iniciativa formarán parte de la Comisión Promotora.
2. La iniciativa deberá formalizarse mediante solicitud dirigida al municipio a la que se acompañen, al menos, los siguientes documentos:
a) Identificación de quienes integren la Comisión Promotora, así como su domicilio a efectos de notificaciones.
b) Memoria justificativa de la delimitación exacta del área geográfica y de su viabilidad económica.
c) Propuesta inicial de plan de actuación, que incluya la descripción de las actividades previstas durante el período de vigencia y un proyecto de presupuesto detallado, con una memoria justificativa de la viabilidad de ambos.
d) Propuesta inicial de estatutos de la entidad.
e) Propuesta inicial de convenio con el municipio.
Reglamentariamente podrá especificarse el contenido de la documentación mencionada en el apartado anterior y añadirse, si fuera preciso, otra adicional. La entidad local podrá establecer una tasa por la tramitación de la solicitud y por facilitar la información pertinente para la constitución del Área de Promoción Económica a la Comisión Promotora.
3. Mediante ordenanza municipal se determinará la formación del censo y la publicidad que se le debe dar, así como el procedimiento de presentación y la resolución de reclamaciones contra el mismo.
4. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en el apartado 2 de este artículo, el municipio requerirá a la Comisión Promotora para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición y por terminado el procedimiento, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. El municipio, tras comprobar la documentación aportada, adoptará, en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, cualquiera de los siguientes acuerdos:
a) Inadmisión a trámite, que da lugar al archivo del expediente, por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
1.ª Por no reunir la iniciativa la suficiente solvencia económica, financiera o técnica.
2.ª Cuando en la misma zona geográfica, o parte de ella, ya exista o se haya propuesto con anterioridad otra Área de Promoción Económica cuyo plan de actuación sea coincidente en actividades y objetivos de forma que se pueda apreciar que su finalidad es semejante.
3.ª Por razones de oportunidad y conveniencia debidamente motivadas.
b) Admisión a trámite, que da lugar a la continuación del procedimiento de constitución de Área de Promoción Económica, conforme a lo establecido en los artículos siguientes.
6. Transcurrido el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado una resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.
7. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de constitución del Área de Promoción Económica es de un año.
1. En el plazo de un mes desde la admisión a trámite del procedimiento de constitución del Área de Promoción Económica, el municipio facilitará a la Comisión Promotora la información de que disponga para identificar tanto a los y las titulares de las actividades económicas, como a quienes ostentan la propiedad de los bienes inmuebles desocupados aptos para poder alojar actividades económicas en la zona que no puedan ser destinados a vivienda.
2. La Comisión Promotora, en un plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de dicha información, deberá acreditar los siguientes respaldos expresos a la iniciativa, en los que se manifieste el consentimiento a la constitución, al plan de actuación propuesto y a la obligación de contribuir a su presupuesto:
– En las Áreas de hasta 50 actividades económicas o bienes inmuebles, un apoyo de al menos un 50 por ciento de las personas titulares de las actividades o bienes mencionados.
– En las Áreas con entre 50 y 100 actividades económicas o bienes inmuebles, un apoyo de al menos el 35 por ciento de las personas titulares de dichas actividades o bienes.
– En las Áreas con entre 101 y 500 actividades económicas o bienes inmuebles, un apoyo de al menos el 25 por ciento de las personas titulares de dichas actividades o bienes.
– En las Áreas con más de 500 actividades económicas o bienes inmuebles, un apoyo de al menos el 15 por ciento de las personas titulares de dichas actividades o bienes.
3. En el plazo de diez días hábiles a contar desde la acreditación de dicho respaldo, el municipio constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes municipales y quienes designe la Comisión Promotora, así como por representantes de otras administraciones públicas en el caso de que sus competencias pudieran verse afectadas.
El grupo de trabajo debe elaborar una propuesta del plan de actuación y del presupuesto del Área de Promoción Económica. El grupo de trabajo deberá asimismo formular una propuesta del convenio de colaboración que habrá de ser suscrito entre el municipio y el Área de Promoción Económica en el que se concreten los compromisos adquiridos por cada una de las partes y todos los extremos que se especifican en el artículo 10 de esta ley foral.
Estos documentos habrán de ser aprobados por la Comisión Promotora del Área de Promoción Económica. Si dicha aprobación no se produjera en el plazo de tres meses desde el inicio de las actuaciones del grupo de trabajo, la solicitud será desestimada por el municipio.
4. Aprobada la propuesta del grupo de trabajo, el municipio solicitará a los servicios municipales competentes que emitan en el plazo de un mes el correspondiente informe preceptivo, que deberá pronunciarse sobre:
a) La adecuación de las acciones contenidas en el plan de actuación a los intereses generales, velando por que no se produzca una invasión de las competencias públicas con las actuaciones privadas previstas, así como su viabilidad y la de la zona geográfica proyectada.
El informe puede incluir motivos de oportunidad que desaconsejen la aprobación del Área de Promoción Económica.
b) La razonabilidad y viabilidad del presupuesto previsto para ejecutar el plan de actuación y de las aportaciones obligatorias a que dará lugar.
c) La legalidad del convenio propuesto.
5. El municipio, una vez recabado los informes y conforme al principio de autonomía municipal, decidirá libremente y de forma motivada aprobando o denegando la constitución del Área de Promoción Económica.
6. En el plazo máximo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la emisión del informe preceptivo favorable, corresponderá al Pleno del municipio acordar la aprobación provisional conforme al procedimiento establecido en la normativa de régimen local, antes de proceder a la convocatoria del procedimiento para que la propuesta pueda ser ratificada por los y las titulares de actividades económicas y por quienes ostentan la propiedad de bienes inmuebles desocupados susceptibles de poder alojar actividades económicas que no puedan ser destinados a vivienda comprendidos en el Área de Promoción Económica.
1. El municipio someterá a información pública durante un plazo no inferior a treinta días hábiles la propuesta del plan de actuación, el presupuesto del Área de Promoción Económica para todo su período de vigencia y el convenio provisionalmente aprobados, previo anuncio en el «Boletín Oficial de Navarra» y en su sede electrónica, con indicación expresa de que las y los participantes en el proceso de ratificación tienen derecho a oponerse a la constitución del Área de Promoción Económica. El municipio adoptará las medidas necesarias para garantizar que la documentación sometida a información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios electrónicos y otros medios de comunicación.
Adicionalmente, el municipio notificará a quienes adquieran la obligación del pago, la documentación sometida a información pública. Dicha notificación se realizará conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Podrán participar en el proceso de ratificación quienes, en caso de constitución del Área de Promoción Económica, tengan la obligación de satisfacer la aportación para financiar su presupuesto, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 21 de esta ley foral. A todos ellos, la Comisión Promotora deberá comunicarles la apertura del trámite de información pública, al menos quince días hábiles antes de su inicio.
Quienes puedan participar en el proceso de ratificación podrán solicitar al municipio información individualizada relativa al importe de la aportación que, en su caso, deberán satisfacer.
3. Si un 25 por ciento de quienes pueden participar en el proceso de ratificación que, a su vez, deban cubrir con sus aportaciones obligatorias un 40 por ciento del presupuesto de la entidad, declaran que se oponen a la constitución del área, el municipio desestimará la solicitud de la Comisión Promotora.
En el caso de que no se alcancen estos porcentajes de oposición, la propuesta de creación del Área de Promoción Económica será aceptada.
1. Verificada por el municipio la correcta ratificación de la propuesta del Área de Promoción Económica en los términos señalados en el artículo anterior, se procederá a autorizar la constitución de la entidad mediante el acuerdo favorable del Pleno de la corporación en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización del trámite de información pública y de la conclusión del proceso de ratificación.
En el caso de que el Pleno rechazara la constitución, se tendrá por finalizado el procedimiento con la denegación de la constitución del Área de Promoción Económica.
2. En el caso de que el Pleno acuerde la constitución del Área de Promoción Económica, se celebrará una asamblea constituyente. A tal efecto, la Comisión Promotora deberá notificar de manera fehaciente, acreditada e individual la fecha y el lugar en que tendrá lugar el acto de constitución a quienes tengan la obligación de satisfacer la aportación prevista en el apartado 1 del artículo 21 de esta ley foral, haciéndoles saber que tienen derecho, si así lo desean, a formar parte de la entidad.
El acuerdo de constitución de la entidad se formalizará en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación del acuerdo favorable del Pleno mediante escritura pública otorgada por las personas designadas por la asamblea constituyente, y habrá de incluir en todo caso:
a) La denominación del Área de Promoción Económica y su domicilio.
b) La identidad de las y los miembros que constituyen el Área de Promoción Económica, que alcanzará a quienes tengan la obligación de pagar la aportación para financiar el presupuesto de la entidad que manifiesten su voluntad de formar parte de ella.
c) La ratificación de la voluntad de constituir un Área de Promoción Económica.
d) Los estatutos de la entidad, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo 19.
e) La designación de las personas encargadas inicial y provisionalmente del gobierno y de la representación de la entidad.
f) El patrimonio fundacional.
g) Lugar y fecha de otorgamiento del acta fundacional, y firma de las personas designadas en la letra e).
1. Constituida el Área de Promoción Económica, el municipio procederá a la formalización del convenio de colaboración con la entidad en el plazo máximo de treinta días hábiles.
2. El convenio suscrito entre el municipio y el Área de Promoción Económica tiene la naturaleza de convenio de colaboración en los términos del artículo 47, apartado 2, letra c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Incluirá, como mínimo, las materias que señala el artículo 49 de la mencionada ley y especificará, al menos, los siguientes extremos:
a) La identificación de las partes que suscriben el convenio y de las personas físicas que actúan en su representación, con datos desagregados por sexo.
b) Las actuaciones que el Área de Promoción Económica se compromete a ejecutar, así como las modalidades de colaboración con el municipio, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación presupuestaria.
c) Las obligaciones y compromisos económicos que, en su caso, asuma el municipio.
d) La forma de participación del municipio en los órganos del Área de Promoción Económica.
e) Las fórmulas de control municipal sobre los acuerdos, las cuentas anuales y las actuaciones realizadas por el Área de Promoción Económica, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas al municipio por la legislación de régimen local aplicable.
f) Las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
g) Los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control tanto de la ejecución del convenio como de los compromisos adquiridos por las partes, en cuyo seno se resolverán los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones litigiosas.
h) El régimen de modificación del convenio.
i) Las causas de extinción del convenio y del Área de Promoción Económica y sus consecuencias respecto a la liquidación de la entidad y finalización de las actuaciones en curso.
j) El plazo de vigencia del convenio, que no podrá ser superior a cinco años.
2. En el convenio se acompañarán, como anexos:
a) El acuerdo municipal por el que se aprueba la constitución del Área de Promoción Económica. En el caso de Áreas de Promoción Económica que se extiendan en más de un término municipal, los acuerdos municipales aprobatorios de todos los municipios afectados.
b) El acta fundacional del Área de Promoción Económica, que incluirá los estatutos de la entidad.
c) El plan de actuación del Área de Promoción Económica.
d) El presupuesto del Área de Promoción Económica para todo su período de vigencia autorizado.
1. El acuerdo municipal de autorización, así como el convenio de colaboración firmado, serán notificados a quienes tengan la obligación de pago de la aportación obligatoria para financiar el Área de Promoción Económica. Además, dichos documentos se mantendrán publicados durante seis meses en el portal electrónico del municipio, quedando permanentemente a disposición de todas las personas interesadas en la sede de la entidad constituida y en las dependencias municipales.
En la notificación se hará constar expresamente que quienes tengan la obligación de pago de la aportación tienen el derecho, pero no el deber, de ser miembros del Área de Promoción Económica.
2. Con el fin de garantizar la transparencia, el Área de Promoción Económica publicará en su portal electrónico los presupuestos anuales de la entidad, la memoria anual de actividades, así como la composición de sus órganos gestores, sin perjuicio de que reglamentariamente puedan ampliarse estas obligaciones.
3. Reglamentariamente se podrá crear un Registro de Áreas de Promoción Económica de Navarra que regule los aspectos relativos a su organización, procedimiento, funcionamiento y publicidad.
4. Toda documentación, notificación, registro y similar se realizará teniendo en cuenta la utilización de lenguaje inclusivo y de imágenes que no reproduzcan estereotipos y roles de género.
1. En el supuesto de que la zona geográfica prevista para la constitución del Área de Promoción Económica comprenda más de un municipio, la Comisión Promotora presentará su solicitud ante el municipio de mayor población, que se encargará de coordinar con los restantes la adopción de las actuaciones previas al inicio del procedimiento contempladas en el artículo 6 de esta ley foral.
2. En el grupo de trabajo previsto en el artículo 7 de esta ley foral habrá representantes de todos los municipios afectados y, en su caso, de la comarca. La propuesta de plan de actuación, de presupuesto del Área de Promoción Económica y de convenio de colaboración presentada por el grupo de trabajo será sometida a la autorización del Pleno de cada uno de los municipios. Todos deberán pronunciarse positivamente sobre la constitución del Área de Promoción Económica. Si alguno de ellos no lo hiciera, la Comisión Promotora puede volver a presentar su solicitud ante los municipios que se hayan pronunciado favorablemente, excluyendo del Área de Promoción Económica la zona geográfica correspondiente al municipio que se haya pronunciado negativamente. En todo caso, se firmará un único convenio entre las entidades locales afectadas y la entidad privada.
3. Una vez que se constituyan las comarcas previstas en la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra, las funciones de coordinación atribuidas por el apartado 1 del presente artículo al municipio de mayor población serán asumidas por la comarca en la que se integren todos los municipios afectados.
1. El Área de Promoción Económica estará gestionada por los siguientes órganos:
a) Una Asamblea General.
b) Una Junta Directiva.
c) Una Gerencia.
2. En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Asamblea General, podrán establecerse otros órganos de gobierno adicionales.
3. La adopción de acuerdos por parte de los órganos del Área de Promoción Económica respetará el principio democrático.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la entidad, de la que forman parte:
a) Quienes teniendo la obligación de satisfacer las aportaciones previstas en el apartado 1 del artículo 21 de esta ley foral, decidan voluntariamente ser miembros de la entidad, siempre que dicha decisión conste en la constitución de la misma, o bien sea notificada a la Secretaría de la Junta Directiva su decisión expresa de formar parte de la Asamblea General. En este último caso el reconocimiento de su condición de miembro se hará efectiva de manera automática en la próxima asamblea, de carácter ordinario o extraordinaria, siempre que haya transcurrido, al menos, un mes desde la citada notificación. Cada miembro dispondrá de tantos votos como número de participaciones le correspondan en el Área de Promoción Económica conforme a lo señalado en artículo 23.
b) Las personas representantes de las administraciones públicas afectadas, en el número y con las facultades que determine el convenio.
2. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año para aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de la entidad dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio de la Presidencia, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de las personas miembros de la entidad.
3. Los estatutos de la entidad determinarán las normas para la celebración de las asambleas, plazos y publicidad de la convocatoria, las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos y cualquier otro extremo necesario para su normal funcionamiento.
4. La Asamblea General tendrá atribuidas las siguientes facultades:
a) Elegir y revocar a las y los miembros de la Junta Directiva.
b) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
c) Examinar y aprobar los presupuestos y las cuentas anuales.
d) Modificar los estatutos.
e) Disponer o enajenar los bienes.
f) Aprobar la propuesta de renovación de la entidad.
g) Disolver la entidad.
h) Cualquier otra competencia que le atribuyan los estatutos o las normas de desarrollo de esta ley foral.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde la gestión del Área de Promoción Económica. Los estatutos establecerán su composición, debiendo existir, en todo caso:
a) Una Presidencia y una Secretaría.
b) Los y las vocales que determinen los estatutos en representación de quienes tengan la obligación de pago de las aportaciones obligatorias.
c) Al menos una persona representante de las administraciones públicas afectadas, de acuerdo con lo que se determine en el convenio, que velará por los intereses públicos.
2. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, sin perjuicio de la compensación por los gastos que pueda ocasionar el ejercicio de sus funciones. Serán designados y revocados por la Asamblea General y la duración de su mandato será establecida en los estatutos.
3. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces determine la Presidencia y a iniciativa o petición de la tercera parte de sus miembros. Quedará constituida cuando asistan la Presidencia, la Secretaría y la mitad más uno de sus miembros. Para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría de votos, salvo que los estatutos o el convenio establezcan mayorías absolutas para la adopción de determinados acuerdos. En caso de empate, el voto de la Presidencia será de calidad.
4. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades del Área de Promoción Económica, siempre que no requieran, según sus estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la entidad, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Designar a la Gerencia de la entidad.
d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos y las cuentas anuales.
e) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General.
1. La Presidencia es el órgano de dirección y representación. Será elegida por la Asamblea General, de entre sus miembros, mediante sufragio universal entre los y las titulares de actividades económicas situadas en el Área de Promoción Económica y la duración de su mandato será establecida en los estatutos.
2. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:
a) Representar legalmente al Área de Promoción Económica ante toda clase de organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra.
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la entidad aconseje o que en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
1. La Gerencia es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea y la Junta Directiva y ejerce las funciones de normal administración de la entidad.
2. La Gerencia puede encomendarse a una persona física o jurídica, en todo caso con profesionalidad y experiencia acreditadas.
3. La Gerencia estará presente en las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto.
4. Son funciones de la Gerencia:
a) Elaborar el presupuesto anual y las cuentas anuales de la entidad.
b) Elaborar una memoria anual de gestión de la entidad.
c) Implementar el plan de actuación y proponer planes y programas de actuación de interés para el Área de Promoción Económica.
d) El resto de tareas y funciones que la Asamblea General o la Junta Directiva le encomienden o deleguen.
El Área de Promoción Económica deberá constituir un foro consultivo para promover la