Categoría: Judicial

tribuible al «Poder Judicial español sino a la autoridad judicial del país de recepción de la Orden».
b) Respecto del segundo periodo de prisión provisional, el sufrido por el recurrente en España tras su entrega el 8 de febrero de 2008, alega el abogado del Estado que la sentencia impugnada reconoció la existencia de un daño por este concepto y fijó un importe de dos mil euros de indemnización, pronunciamiento este que resulta de legalidad ordinaria y por ello no le corresponde revisar a este Tribunal Constitucional, «a salvo se apreciara vulneración de un derecho fundamental –que entendemos ahora no se produce por parte del órgano jurisdiccional revisor– […]», con cita de las SSTC 128/1989, de 17 de julio; y 325/1994, de 12 de diciembre.
8. El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 21 de marzo de 2022, en el que manifestó: «Que, examinadas las actuaciones remitidas en CD por la Audiencia Nacional, se observa que en el mismo no se encuentran las relativas al expediente administrativo, cuyo epígrafe carece de contenido, constando además oficio de fecha 1 de febrero de 2022 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el que se hace constar que el CD del expediente administrativo fue devuelto a la administración […].
Que como quiera que en el expediente administrativo figuran incorporadas las diligencias practicadas y resoluciones adoptadas (cuya enumeración completa se hace en el índice interactivo del mismo que, sin contenido, consta en el CD de la Audiencia Nacional), todo lo cual constituye fundamento de la reclamación por funcionamiento anormal de la administración de justicia y de las resoluciones recaídas posteriormente, por lo que resultan esenciales para evaluar su incidencia en las mismas en orden a las cuestiones que se dilucidan en este recurso de amparo, por la vulneración del derecho a la igualdad, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, es por lo que el fiscal interesa que, con suspensión del plazo para formular alegaciones, se acuerde reclamar de la administración –en concreto del Ministerio de Justicia– el CD del completo expediente 566-2013 sobre responsabilidad patrimonial del Estado promovido por don Farik Jiménez, en el que se dictó Resolución de 22 de febrero de 2018 de la secretaria de Estado de Justicia, y, una vez recibidas dichas actuaciones, se acuerde de nuevo conferir vista de las mismas a las partes personadas y a este Ministerio Fiscal con nuevo plazo para formular alegaciones, de conformidad con el Art. 52.1 LOTC».
A dicha solicitud se accedió mediante diligencia de ordenación de la Sección Primera de este tribunal de 23 de marzo de 2022. Posteriormente, una vez recibida en formato digital la documentación requerida al Ministerio de Justicia, por nueva diligencia de ordenación de 8 de abril de 2022 la propia secretaría acordó continuar la tramitación del presente recurso, otorgando nuevo plazo común a las partes y al Ministerio Fiscal de veinte días (art. 52 LOTC) para que pudieran formular las alegaciones que tuvieran por convenientes, trámite que utilizó solamente el fiscal.
9. Con fecha 24 de mayo de 2022, en efecto, presentó su escrito de alegaciones el fiscal ante este Tribunal Constitucional donde interesó se dictase sentencia otorgando el amparo solicitado por el recurrente, con los siguientes pronunciamientos:
«1. Declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) del recurrente.
2. Acuerde restablecerlo en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de 1 de julio de 2020 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (P.O. 419/2018) […].
3. Retrotraer las actuaciones -al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de 1 de julio de 2020 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a fin de que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
4. Acuerde la desestimación respecto del resto de las vulneraciones.»
a) Luego de ofrecer una amplia reseña de los antecedentes del procesoa quo, el contenido de la demanda de amparo y los principales hitos en la tramitación del presente recurso constitucional, el fiscal dio inicio a sus «consideraciones jurídicas». En la primera de ellas, advierte que la demanda de amparo solamente impugna la sentencia dictada el 1 de julio de 2020 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las lesiones de derechos fundamentales que le atribuye, al denegar la reclamación patrimonial del recurrente respecto del tiempo pasado en prisión en el Reino Unido, en una causa de la que fue posteriormente absuelto por auto de sobreseimiento de 17 de octubre de 2012. Por tanto, añade el fiscal, queda fuera de su examen la indemnización por dilaciones indebidas, de las que no trata la demanda; y lo decidido por la resolución administrativa de 22 de febrero de 2018, dado que esta última no tuvo en cuenta la doctrina sentada por la STC 85/2019, la cual sí ha sido aplicada por la sentencia de instancia aunque no de manera satisfactoria según el recurrente. Entiende por ello que el recurso de amparo se dirige solo contra la resolución judicial y el pronunciamiento de esta ya mencionado.
b) La consideración «tercera» (no hay segunda) aborda el motivo primero de la demanda de amparo, la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 CE, alegando el recurrente como contraste la sentencia de la misma Sala y Sección juzgadora de 29 de junio de 2017. Aquí, tras la cita de doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley del art. 14 CE y los requisitos para considerar vulnerado el derecho (con cita de las SSTC 339/2006, de 11 de diciembre, FJ 5, y 120/2019, de 28 de octubre, FJ 3), el fiscal pasa a comparar la sentencia impugnada y la que alega el recurrente como de contraste (y precedente), reconociendo que concurren algunos requisitos exigibles para considerar vulnerado el derecho (identidad del órgano judicial, y alteridad), pero que esta materia indemnizatoria resulta «muy casuística». Tras resaltar las diferencias entre los supuestos enjuiciados en ambas sentencias concluye que aunque «es cierto que existe un evidente desequilibrio entre las cantidades a indemnizar finalmente acordadas» en ambas –y en perjuicio del recurrente–, «ello no deriva de una falta de justificación ni del apartamiento inmotivado de una doctrina consolidada, puesto que los parámetros considerados por una y otra resolución son los mismos». No se ve por ello «relevancia suficiente para integrar la vulneración del derecho a la igualdad alegada por el recurrente», ni el resultado dispar que arroja se puede considerar como «arbitrario», con cita de la STC 58/2006, de 27 de febrero, FJ 3.
c) La consideración «cuarta» se refiere al motivo segundo de la demanda de amparo, la vulneración «del derecho a la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la presunción de inocencia».
(i) El fiscal sitúa la cuestión extractando la STC 85/2019, de 19 de junio, en algunos de los pasajes de sus fundamentos jurídicos 4, 5, 7 y 8 (referidos a la no automaticidad de la indemnización del art. 294 LOPJ, la importancia del sacrificio del derecho a la libertad del art. 17 CE; el amplio margen de actuación del legislador al configurar el mecanismo reparador por sufrir prisión provisional a la que no sigue una condena; y la cláusula de exclusión de responsabilidad del art. 295 LOPJ, si el error judicial o el funcionamiento anormal deriva de la conducta dolosa o culposa del perjudicado). A continuación cita la STC 88/2021, de 19 de abril, FJ 3, con doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en sus vertientes de motivación y resolución fundada en Derecho, y diversas resoluciones del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
Con estas premisas, entra el fiscal a valorar la pretensión del recurrente en amparo y las razones que da la sentencia impugnada para negar indemnización por el periodo pasado por aquel en cárceles del Reino Unido, mostrando su disconformidad con dicha resolución judicial. Al parecer del Ministerio Público, aunque la orden de detención europea se haya llevado a cabo de acuerdo con las normas del sistema jurídico británico, «no es posible desvincular aquella ejecución de su marco regulatorio y de su origen», esto es, e ilustrándolo con la cita de la STC 132/2020, de 23 de septiembre, FJ 4 b), que la orden de detención europea se erige en mecanismo de cooperación judicial sin intermediarios entre los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar el espacio de libertad, seguridad y justicia, y basado en el principio de reconocimiento mutuo. Definido este último además –prosigue diciendo el fiscal– en el art. 1 de la Decisión marco 2002/584/JAI, de 13 de junio. Cita también los arts. 12 (sobre la competencia de la autoridad judicial de ejecución para decidir si mantiene detenida o no a la persona una vez aprehendida) y 17.5 (sobre los plazos para adoptar una decisión definitiva) de este último instrumento.
Así las cosas: «[e]l Estado de ejecución daba cumplimiento, pues, a una orden de detención internacional a efectos de extradición mediante una OEDE, emanada de un órgano judicial español, quedando aquel vinculado a su cumplimiento –con las excepciones contempladas en los arts. 3 y 4– con arreglo a la propia Decisión marco 2002/584/JAI (en lo sucesivo, DM 2002). Y no mediando consentimiento (art. 13 DM 2002), debía dictarse una autorización de entrega una vez concluido el procedimiento británico, respecto del que rige el principio de confianza mutua en el ámbito de la colaboración de la Unión Europea. El Estado de ejecución dict[ó] unas medidas –en este caso de prisión provisional– en virtud de la existencia de una OEDE sin cuya existencia no se concibe la detención del recurrente en territorio británico. Es decir, se aprecia la existencia de una relación de casualidad [sic] adecuada e idónea».
Seguidamente trae a colación en este punto el dictamen del Consejo de Estado, de 11 de enero de 2018, en el sentido de que la prisión provisional del recurrente en el Reino Unido «está causalmente vinculada con el procedimiento judicial que se sustanciaba ante el juzgado español». Por tanto, dice el fiscal, «la tramitación de la OEDE según el sistema jurídico inglés no puede considerarse, en modo alguno, ajena a la justicia española, sino consecuencia directa de la decisión del órgano judicial español».
(ii) En cuanto al reproche que formula la sentencia impugnada a la conducta procesal del recurrente, por la interposición de diversos recursos ante las autoridades británicas, el fiscal observa que como reconoce la propia sentencia (FJ 3.3), «el recurrente se encontraba en el ejercicio legítimo de su derecho»; el art. 11.2 de la Decisión marco de 2002 reconoce a la persona detenida por una orden europea el derecho a la asistencia de abogado y en su caso de intérprete; y los arts. 13.1 y 14 el derecho a ser oído por la autoridad de ejecución. Cita el fiscal la STC 85/2019, FJ 10, sobre la vertiente extraprocesal penal del derecho a la presunción de inocencia; y recuerda no solo que el auto de sobreseimiento aludió a la inexistencia de indicios para identificar al recurrente como el investigado «Shakur» o «Shukri», sino que la decisión adoptada por laHouse of Lordssupuso estimar la impugnación en parte del recurrente, rechazándose su extradición por el delito de integración en organización terrorista. Ello, unido a la complejidad de la causa instruida, conduce al fiscal a concluir que «no podría considerarse que la conducta procesal del recurrente fuera determinante del retraso producido y la correlativa prolongación de la prisión provisional, ni que careciera de la finalidad principal de su defensa, visto el resultado posterior de las actuaciones y el archivo finalmente acordado». Por tanto, «su conducta carece de la relevancia suficiente para enervar la relación de causalidad existente entre la OEDE y su cumplimiento por el Reino Unido, sin que resulte acreditado, a partir de la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada, aquella finalidad preponderante dilatoria con entidad suficiente y contraria, desde nuestro sistema, a la buena fe y lealtad procesal del art. 11 LOPJ», sin que tampoco concurra causa de fuerza mayor liberadora de responsabilidadexart. 292.1 LOPJ.
Recuerda asimismo que el art. 26 de la Decisión marco de 2002 establece un mecanismo de compensación para deducir el tiempo pasado en prisión en otro Estado en ejecución de una orden europea, del tiempo de privación de libertad a la que se le condena, equivalente al sistema de los arts. 58 y 59 CP; y reitera la cita de la STC 85/2019 en los fundamentos jurídicos 5 y 7 ya indicados.
d) Finaliza el fiscal ante este tribunal sus consideraciones jurídicas de fondo, aseverando que «aun no proyectándose la reclamación de indemnización directamente sobre el derecho a la libertad del art. 17 CE», con cita de los fundamentos jurídicos 5 y 7 de la STC 85/2019, y de la STC 180/2005, de 4 de julio, FJ 4, colige que «en cuanto existe una afectación del derecho a la libertad del art. 17 CE, la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de julio [d]e 2020 que excluye aquel periodo de tiempo de una posible indemnización, conculca el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, a no ofrecer una motivación reforzada y adecuada por insuficiente ponderación, dicho sea en términos constitucionales, que vulnera el art. 24 CE. Naturalmente, la eventual estimación de este recurso de amparo, y la inclusión del periodo de privación de libertad en el Reino Unido, sin perjuicio del concreto pronunciamiento sobre la eventual indemnización que pudiera acordarse por el órgano judicial, determinaría una nueva ponderación de los criterios orientativos ya explicitados y desarrollados por la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, no solo en cuanto a su incidencia en los perjuicios alegados sino a partir, en especial, de la superación de los cuatro años de prisión provisional, lo que de por sí, según aquella doctrina, ya supone un agravamiento por prolongación del periodo de privación de libertad, superior a los límites que ya destaca la STC 85/2019 (FJ 5)», de la que hace cita.
10. Por diligencia de la secretaría de justicia de 25 de mayo de 2022 se hizo constar la recepción de los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal (presentado el 24 de mayo de 2022), y del abogado del Estado (presentado el 11 de marzo de 2022), no habiéndolo verificado la representación del recurrente, quedando con ello el presente recurso de amparo pendiente de deliberación cuando por turno le correspondiera.
11. Mediante providencia de fecha 22 de septiembre de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 26 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso y consideraciones previas al examen de fondo.
La demanda de amparo impugna la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 1 de julio de 2020 (procedimiento ordinario núm. 419-2018), que estimó parcialmente el recurso promovido por el recurrente contra la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 22 de febrero de 2018, desestimatoria a su vez de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada con base en el art. 294 LOPJ. Contra aquella sentencia se interponen en síntesis dos quejas, la primera por lo que llama el escrito una vulneración del derecho a la igualdad «ante la ley», al haber recibido el recurrente por el tiempo pasado en prisión provisional en España una indemnización indebidamente inferior a la que ha reconocido la misma Sala y Sección en otro asunto de la misma materia. Y la segunda queja por vulneración conjunta de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la presunción de inocencia, todo ello por habérsele denegado toda reparación económica por el tiempo sufrido en prisión en cárceles del Reino Unido, durante la ejecución de la orden europea de detención y entrega dictada en su contra por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 en el sumario 35-2001, causa que concluyó para el recurrente con un auto de sobreseimiento libre.
El abogado del Estado, personado en este proceso, ha interesado con arreglo a los argumentos que ha tenido a bien defender y de los que se ha hecho resumen en los antecedentes, la desestimación de la demanda de amparo, mientras que el fiscal ante este tribunal ha formulado sus alegaciones pidiendo la estimación del recurso por lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, con retroacción de las actuaciones para que la Audiencia Nacional efectúe nueva valoración de la reclamación del recurrente, sin distinguir el tiempo pasado en prisión fuera de España.
Expuesto en estos términos el debate, procede ante todo realizar algunas consideraciones previas dirigidas a delimitar y ordenar el enjuiciamiento por este tribunal de la pretensión deducida por el recurrente:
a) Resoluciones impugnadas y naturaleza del amparo interpuesto.
Aunque la demanda se refiere únicamente a la sentencia de instancia dictada por la Sección competente de la Audiencia Nacional, ha de considerarse también impugnada en el recurso la providencia de 25 de febrero de 2021 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación interpuesto contra aquella sentencia. No solo porque tal inadmisión supuso la confirmación y firmeza de esta última, sino porque de hecho en el escrito de subsanación de defectos presentado por el procurador del demandante de amparo el 4 de mayo de 2021 (que reflejamos en el antecedente 4), se hizo constar que el recurso se dirigía también contra dicha providencia.
Por el contrario, no cabe extender el objeto de la demanda de amparo a la resolución de la secretaría de Estado de justicia que desestimó en origen la totalidad de la pretensión indemnizatoria formalizada por el recurrente. Ninguno de los derechos fundamentales invocados en la demanda resulta predicable de un acto administrativo que resuelve un expediente de responsabilidad patrimonial de la administración del Estado, como el que aquí nos ocupa. Se trata de una materia ajena al ámbito sancionador al cual únicamente hemos extendido, si bien con matices o modulaciones, las garantías del art. 24 CE [por todas, SSTC 9/2018, de 5 de febrero, FJ 2; 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a); 82/2019, de 17 de junio, FJ 3, y 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 5 b)].
Además, no coincide ni siquiera la motivación dada por la resolución administrativa para denegar lo pedido por el recurrente, con la que por su lado ofrece la sentencia de la Audiencia Nacional para fundar su estimación parcial. La resolución del ministerio de 22 de febrero de 2018 se dictó en aplicación de una jurisprudencia del Tribunal Supremo asentada en noviembre de 2010 pero que ya ha quedado superada a raíz de los pronunciamientos efectuados en nuestra STC 85/2019, de 19 de junio, en relación con el art. 294 LOPJ. Doctrina que lógicamente tampoco pudo ser atendida por la administración cuando resolvió el expediente, y que en cambio sí ha sido invocada por la sentencia de instancia, con el resultado que luego se examinará.
Nos encontramos por tanto ante un recurso de amparo del art. 44 LOTC, deducido ante posibles lesiones de derechos fundamentales cometidas directamente por resoluciones judiciales; parecer que resulta coincidente con el expuesto por el fiscal ante este tribunal en su escrito de alegaciones del trámite del art. 52 de nuestra Ley Orgánica reguladora.
b) Vulneraciones de derechos fundamentales alegadas.
Una primera precisión en este punto es que la demanda de amparo no cuestiona la desestimación por la sentencia de instancia, de la indemnización solicitada en vía administrativa y judicial por dilaciones indebidas y por el padecimiento de daños morales, sino que se circunscribe a atacar sus pronunciamientos sobre la pretensión resarcitoria por el tiempo cumplido en prisión por el recurrente, tanto en el Reino Unido como en España. Dado el carácter dispositivo del proceso constitucional de amparo, a esta limitación de objeto debemos estar.
Respecto de las quejas que articula en la demanda contra esta decisión, han de hacerse por su lado dos aclaraciones:
(i) La primera queja no se refiere en realidad, atendiendo a su contenido, a un supuesto de lesión del derecho a la igualdad «ante la ley» (o «en la ley») como lo llama la demanda, puesto que no argumenta en esta que el tenor de una norma aplicable al caso, o la interpretación dada por la Audiencia Nacional a esa ley, haya traído consigo de manera injustificada una desigualdad de trato en perjuicio del recurrente.
Distintamente, como bien advierte el fiscal ante este tribunal, lo que la demanda alega es un problema de lesión del derecho a la igualdad «en aplicación de la ley» (o «en aplicación judicial de la ley»), que conforme a doctrina reiterada de este tribunal es un derecho fundamental que también deriva, como aquella otra vertiente de la igualdad, del art. 14 CE, pero que presenta un significado sustancialmente distinto. La igualdad en la aplicación de la ley lo que salvaguarda es el derecho al respeto del precedente judicial, por el mismo órgano judicial y ante supuestos litigiosos sustancialmente idénticos, así como que el eventual cambio de ese criterio se adopte mediante una resolución motivada y que no incurra en arbitrariedad. Es esa vulneración la que justamente se alega en la demanda, al afirmarse que la Sala y Sección de enjuiciamiento, aplicando en un caso anterior los mismos parámetros de valoración y cuantificación del daño por prisión, ha llegado sin embargo a un resultado claramente desigual frente el suyo. Esta sería la denuncia constitucional que habría que resolver.
(ii) Por lo que hace a la segunda queja de la demanda, en la que se plantea la conculcación simultánea de tres derechos fundamentales, resulta que las alusiones al derecho a la igualdad y a la presunción de inocencia carecen de una argumentación propia, revelándose en realidad como mera invocación de refuerzo respecto de la auténtica lesión que sí se motiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución judicial fundada, al atribuir a la sentencia de instancia –no reparada tal lesión en casación– una «limitada e insuficiente argumentación» para negarle indemnización por el tiempo sufrido en prisión en el Reino Unido, y sostener además que por haberse defendido ante los tribunales del Reino Unido se produjo una ruptura del nexo causal necesario para condenar a la administración. Es pues desde la sola perspectiva del art. 24.1 CE que se formula, como debe ser examinada esta otra queja del recurso.
No cabe tampoco pronunciarnos, en fin, sobre la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17 CE) del que se hace una mera cita proforma en el suplico de la demanda, pero carente de toda argumentación que la sostenga, y porque el fiscal, que solo considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por la sentencia impugnada, se limita a precisar que la «afectación» –que no lesión– del derecho a la libertad en las resoluciones relativas a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado por prisión del art. 294 LOPJ, obliga a un deber de motivación reforzada del juez (art. 24.1 CE).
c) Queda fuera de nuestro examen la figura de la orden europea de detención y entrega.
Como consta en los antecedentes de esta sentencia y se ha venido indicando en este mismo fundamento jurídico, en las fechas en las que tuvieron lugar los hechos que dan lugar a las resoluciones judiciales aquí impugnadas, el instrumento utilizado por el juzgado central instructor para la aprehensión y entrega a las autoridades españolas del recurrente, residente en aquel tiempo en Londres, fue una orden europea de detención y entrega regulada por normas de la Unión Europea, en concreto por la Decisión marco 2002/584/JAI, del Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, modificada parcialmente por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (en adelante, la Decisión marco). Norma comunitaria desarrollada en España por la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, que es la aplicable al caso y que resultó derogada por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Las normas existentes en esta materia en el Reino Unido y aplicadas por sus tribunales para la ejecución de la orden europea dictada por el juzgado central de instrucción español, quedan fuera obviamente de nuestra consideración.
Por este motivo, dada la fecha de los hechos, ninguna incidencia ha tenido en el procesoa quola orden de detención y entrega que, en sustitución de la anterior, se regula en el «Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la energía atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra», suscrito entre las partes el 24 de diciembre de 2020, en vigor provisionalmente desde el 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021 (arts. 76 a 112 de la versión publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» –«DOCE»– L 444-14, de 31 de diciembre de 2020), y de manera definitiva a partir del 1 de mayo de 2021 (arts. 596-632 de la versión publicada en el «DOCE» L 149-12, de 30 de abril de 2021), todo ello tras la salida de la Unión Europea del Reino Unido el 31 de diciembre de 2020.
Aclarado esto, hemos de decir también que no se cuestiona en la demanda de amparo la propia figura de la orden europea de detención, ni en su configuración normativa abstracta, ni respecto de la validez de la orden dictada el 29 de abril de 2004 por el juzgado central instructor contra el aquí recurrente (lo que ya tuvo oportunidad este último de debatir ante las autoridades judiciales del Reino Unido); como tampoco la demanda cuestiona la validez de los autos de prisión dictados por el propio juzgado central con arreglo a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento criminal, durante la tramitación del sumario 35-2001.
El problema planteado por la demanda y que ha de ser resuelto por nosotros, de acuerdo con lo que se ha venido explicitando, es otro distinto: si vulnera los derechos fundamentales alegados por el recurrente la negativa de la sentencia contencioso-administrativa impugnada a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado españolexart. 294 LOPJ, por la privación de su libertad en otro país para la ejecución de aquella orden europea y, en su caso, si ha habido cuantificación arbitraria o no razonable de la indemnización que sí le ha otorgado la sentencia por el tiempo pasado en prisión en España.
d) Orden de enjuiciamiento de las quejas.
Aunque la estimación de cualquiera de los dos motivos de la demanda conduciría, entre otros efectos, a una retroacción formal de las actuaciones al mismo momento jurisdiccional (el inmediato anterior al de dictarse la sentencia de instancia, para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado), la consecuencia de estimar la segunda de las quejas afectaría en realidad a toda la pretensión deducida por concepto de prisión indebida, pues en tal caso la Sala competente tendría que aplicar los criterios legales (art. 294.2 LOPJ) y jurisprudenciales sobre el total de los 1711 días que estuvo privado de libertad el demandante de amparo y no, como lo ha hecho, solo respecto de los 391 días referidos a su prisión en cárceles españolas.
En razón a ello debemos invertir el orden de enjuiciamiento de las quejas, iniciando de inmediato nuestro examen por la queja segunda, que solo de ser desestimada llevaría a resolver la primera de las suscitadas en la demanda.
2. Doctrina constitucional pertinente.
A) Doctrina sobre el art. 294.1 LOPJ.
La reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado instada el 17 de octubre de 2013 por diversos conceptos, en lo que aquí importa por el relativo a la privación de libertad sufrida por su imputación en el sumario 35-2001 abierto por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 por los hechos que ya se han indicado, se formalizó con base en el art. 121 CE «Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley», y en su desarrollo en el art. 294 LOPJ, que a la fecha de su interposición rezaba en sus dos primeros apartados:
«1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.»
El Pleno de este Tribunal Constitucional dictó la STC 85/2019, de 19 de junio, a fin de resolver la cuestión interna de inconstitucionalidad que él mismo había planteado sobre dos de los incisos del apartado primero del art. 294 LOPJ: «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa». Con arreglo a los razonamientos a los que desde ya hacemos remisión, declaramos en dicha sentencia que ambos incisos vulneraban en primer lugar el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) de los ciudadanos, al privarles de todo derecho a ser indemnizados por el padecimiento de prisión provisional indebida si la absolución o el sobreseimiento no se fundaban en la inexistencia objetiva del hecho imputado, limitación esta carente de una justificación objetiva, razonable, y proporcionada, al tratarse en todos los casos del mismo sacrificio del derecho a la libertad (FFJJ 7 a 9). Y también que los mencionados incisos conculcaban, en segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en línea con la jurisprudencia asentada en esta materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto viene a suponer que fuera del único supuesto entonces reconocido, se exigiera al reclamante que aportase la prueba de su inocencia, cuestión incompatible con la dimensión de este derecho fundamental (FFJJ 11 y 12). La estimación de la cuestión por esta doble causa hizo finalmente «innecesario que nos pronunciemos acerca de si, además, conllevan una vulneración del derecho a la libertad» (FJ 13).
Declarada así la inconstitucionalidad y nulidad de los dos incisos referidos (en los términos descritos en el fundamento jurídico 13 y el fallo de la misma STC 85/2019), este tribunal ha dictado después varias sentencias estimatorias de recursos de amparo promovidos contra sentencias del orden contencioso-administrativo que habían hecho aplicación de esta norma y de los incisos anulados, empezando por la STC 125/2019, de 31 de octubre –cuya tramitación dio lugar justamente al planteamiento de aquella cuestión interna de inconstitucionalidad–, al evidenciarse idéntica vulneración de derechos fundamentales por las resoluciones administrativas y jurisdiccionales que resolvieron otros tantos expedientes de reclamación patrimonial instados tambiénexart. 294.1 LOPJ (entre otras posteriores, SSTC 173/2019, de 16 de diciembre; 166/2020, de 16 de noviembre; 41/2021, de 3 de marzo; 98/2021, de 10 de mayo; 114/2021, de 31 de mayo; 127/2021 y 128/2021, ambas de 21 de junio, y 141/2021, de 12 de julio).
Ahora bien, en la demanda del presente recurso de amparo núm. 2100-2021 no se achaca a la sentencia de instancia impugnada el haber incurrido en lesión del derecho a la igualdad ante la ley, por haberle negado indemnización al no haber sido sobreseída su causa por inexistencia objetiva del hecho investigado –aspecto que, en efecto, no fue considerado por dicha resolución judicial para decidir como lo hizo–, ni tampoco que hubiera vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por la misma razón, o el derecho a la libertad personal (que se cita en el suplico, sin argumentación alguna). Por tanto, las quejas de la demanda no pueden resolverse mediante una aplicación directa de la doctrina de las SSTC 85/2019 y 125/2019, ya que el problema planteado es distinto. Con todo, algunos de los pronunciamientos incluidos en ambas sentencias sí que resultan relevantes para acometer el examen de las quejas desde la óptica que se suscita por el recurrente, el de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), específicamente los siguientes:
a) Requisitos para la reparación efectiva del daño.
Aunque se cumplan los dos presupuestos fijados por el art. 294.1 LOPJ que en el caso no fueron cuestionados por este tribunal (haber sufrido prisión provisional y resultar absuelto en sentencia o que se dicte a su favor un auto de sobreseimiento de acuerdo con la Ley de enjuiciamiento criminal), la posibilidad de que una persona sea resarcida por haber sido privada de libertad no es automática sino que está condicionada y en su caso limitada por los requisitos que el legislador y, en su ausencia o en su interpretación la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contemplen para esta modalidad de responsabilidad civil tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo:
– «Valga recordar de nuevo que el art. 293 LOPJ atiende de forma genérica al resarcimiento de los daños con origen en un error judicial o en un funcionamiento anormal de la administración de justicia, donde no son incardinables situaciones de privación correcta de libertad, ajenas a todo error o funcionamiento anormal al uso. El art. 294.1 LOPJ, sin embargo, recoge el derecho a la indemnización de los daños a resultas de una prisión provisional legal a la que no sigue una condena, de modo que se compensa el daño causado por la privación de la libertad impuesta al ciudadano por los poderes públicos en aras de asegurar el proceso penal. Esaratio, como se expuso, atiende a la existencia de un sacrificio efectivo de especial intensidad en atención a las características de la injerencia. Ciertamente, en la definición del mecanismo reparador el legislador tiene amplio margen sobre la competencia y el tipo de procedimiento para dirimir su aplicación y, en general, sobre multitud de cuestiones del régimen indemnizatorio. Así, por ejemplo, respecto a aspectos cuantitativos, como la decisión de optar o no por establecer una cantidad fija por cada día pasado en prisión, como en países de nuestro entorno (son los veinticinco euros en Alemania o entre veinte y cincuenta euros en Austria) o de ofrecer criterios adicionales o alternativos de evaluación del daño, como aquellos establecidos ya por el Tribunal Supremo para orientar las decisiones de indemnizar los perjuicios fruto de una privación de libertad. O podrá fijar aspectos cualitativos, como la concreción de un umbral mínimo del sacrificio indemnizable o reglas de modulación o exclusión de la indemnización, en atención, esencialmente, al grado de contribución del sujeto en la adopción de la medida cautelar, operando conforme a los requisitos generales de la responsabilidad: daño individual económicamente evaluable fruto de un sacrificio de especial intensidad no catalogable como limitación del derecho y a cuyo desencadenamiento no haya contribuido el perjudicado. Todo ello, no obstante, sin perder de vista que la finalidad del precepto legal estriba en compensar el daño fruto de la privación de libertad en tanto que sacrificio de especial intensidad […]» (STC 85/2019, FJ 7).
– «Una interpretación literal del precepto así depurado de su tacha de inconstitucionalidad permitiría ciertamente sostener que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o de sobreseimiento libre), daría lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos. Ha de advertirse que tal conclusión no se deriva de esta sentencia ni puede deducirse del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 por la sola circunstancia de que lo hayamos depurado de los incisos que lo hacían contrario a los arts. 14 y 24.2 CE. Antes bien debe entenderse que los presupuestos y el alcance de la indemnización previstos en el art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, los órganos judiciales. De modo que la doctrina de esta sentencia no solo respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que afecta alquantumindemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños (como pueden ser lacompensatio lucri cum damnoo la relevancia causal de la conducta de la propia víctima)» (STC 85/2019, FJ 13).
– «No está de más recordar que ya se advirtió en la STC 85/2019 que ni de la propia sentencia ni del tenor del art. 294.1 LOPJ –depurado de los incisos que lo hacían contrario a los arts. 14 y 24.2 CE– se sigue que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o de sobreseimiento libre), dé lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos» (STC 125/2019, FJ 5, que prosigue con la cita de la STC 85/2019, FJ 13, arriba reproducida).
b) Responsabilidad del propio afectado en los hechos.
Uno de los criterios aplicables para la valoración de la cantidad a satisfacer por concepto de prisión indebida del art. 294 LOPJ, tal como expresamente recoge el art. 295 de la misma ley y recuerda la doctrina que se comenta, es el grado de contribución que haya tenido el propio afectado, bien en orden a justificar la adopción de la medida cautelar (prisión), o bien en su caso para aconsejar su prolongación en el tiempo –siempre dentro de los límites legales–:
– «O podrá [el legislador y el Tribunal Supremo] fijar aspectos cualitativos […] en atención, esencialmente, al grado de contribución del sujeto en la adopción de la medida cautelar, […]; daño individual […] a cuyo desencadenamiento no haya contribuido el perjudicado» (STC 85/2019, FJ 7).
– «Debe repararse, además, en la previsión del art. 295 LOPJ, que excluye con carácter general la indemnización cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado. Se trata de un requisito autónomo y genérico al que reconducir el tratamiento de los supuestos de contribución del sujeto perjudicado a la actuación dañosa, que condiciona todo supuesto de responsabilidad patrimonial, ordinario o específico, como es el caso debatido, cuya definición e interpretación corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios» [STC 85/2019, FJ 8 a)].
– «[T]ampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños (como pueden ser lacompensatio lucri cum damnoo la relevancia causal de la conducta de la propia víctima)» (STC 85/2019, FJ 13; citado también por la STC 125/2019, FJ 5).
Parece lógico entender que el primero de los dos supuestos, esto es, cuando la persona haya podido justificar con su conducta la adopción de la medida cautelar, no puede limitarse a la sola concurrencia de los requisitos generales del art. 503.1 LECrim, la gravedad del delito y la existencia de indicios suficientes contra el investigado, pues entonces llevaría siempre a la negación absoluta de todo derecho a ser indemnizado. Ha de estarse en presencia, además, de actos de la persona que resulten determinantes de la necesidad de la prisión, como puede ser el riesgo de fuga acreditado –como dice la ley en el mismo artículo– por el dictado infructuoso de al menos dos requisitorias en su contra, o actos de la persona que aconsejen adoptar la prisión para evitar destruir pruebas o causar daño a la víctima o a sus bienes.
B) La interposición de un recurso o medio de impugnación contra una resolución judicial, no puede considerarse una dilación indebida de la parte, salvo en caso de uso abusivo.
A su vez, y con independencia del momento original de la adopción de la medida, es evidente que tendría consecuencias para ponderar el importe de la ulterior reclamaciónexart. 294 LOPJ, la evidencia de que ciertas actuaciones del recurrente, por sí mismo o por terceros dentro del procedimiento ejercitando su representación y defensa, puedan calificarse objetivamente como dilaciones indebidas, en este caso respecto del mantenimiento en el tiempo de la situación de privación de libertad. Esta cuestión ha tenido su tratamiento por nuestra doctrina acerca del ejercicio del derecho al recurso (art. 24.1 CE) y su calificación como dilación indebida del justiciable. La STC 121/2003, de 16 de junio, FJ 4, niega con carácter general que dicha iniciativa procesal de defensa pueda ser tomada como expresión de una voluntad obstruccionista de la parte, generadora de una dilación indebida:
«[N]o se puede compartir la tesis de que la presentación de recursos legalmente previstos se conciba, a priori, como una actitud obstruccionista, que permita al órgano judicial mantener que se han producido dilaciones indebidas imputables a la representación de la defensa. En las demandas de amparo acumuladas se señala, acertadamente, que el derecho a los recursos forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el Ministerio Fiscal recuerda, en el mismo sentido, que en el marco de un proceso penal los recursos sirven igualmente al derecho de defensa (art. 24.2 CE) sin que, por lo demás, su interposición tenga efectos suspensivos que retrasen eliterprocesal.»
Al tiempo, precisa esta sentencia que sí sería posible hablar de una dilación indebida de esta especie si se acredita que, en el caso concreto, la parte ha hecho un uso abusivo de los instrumentos jurídico-procesales puestos a su disposición por la ley:
«Aunque estas consideraciones no pueden excluir que, ocasionalmente, se haga un uso manifiestamente abusivo de los cauces procesales legalmente previstos, que podría originar una respuesta judicial como la que ahora enjuiciamos, de las actuaciones se colige que no nos encontramos en esta hipótesis. Como se hace notar en las demandas de amparo, ninguno de los recursos interpuestos ha sido inadmitido, sino desestimado, lo que prueba su procedencia formal.»
C) Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución fundada en Derecho.
Finalmente en este recorrido por la doctrina constitucional que resulta útil para la resolución del presente recurso, empezando por la queja segunda de la demanda, hay que hacer referencia al contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la manifestación o vertiente que ha sido puesta de relieve en este proceso, la del derecho a obtener una resolución motivada y además fundada en Derecho. Baste a este respecto con la cita de la STC 144/2021, de 12 de julio, FJ 3 B), en la que señalamos:
«[…] “conviene recordar en primer término que, según es consolidada doctrina constitucional, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las normas, salvo que afecte al contenido de otros derechos constitucionales. Ahora bien, lo que, en todo caso, sí garantiza el art. 24.1 CE es el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 4). Pero también hemos declarado en multitud de ocasiones que una resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurre en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, este tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (por todas, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, y 133/2013, de 5 de junio, FJ 5, entre otras muchas)” (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).»
En igual sentido, entre otras y recientemente, SSTC 88/2021, de 19 de abril, FJ 3 d); 95/2021, de 10 de mayo, FJ 3 b), y 131/2021, de 21 de junio, FJ 2.
3. Resolución de la segunda queja de la demanda.
En el antecedente 2 n) de la presente resolución, reprodujimos los razonamientos dados por la sentencia impugnada para negar al recurrente toda indemnizaciónexart. 294 LOPJ, por el tiempo que permaneció privado de libertad en el Reino Unido, durante la ejecución de la orden europea de detención y entrega dictada en su contra el 29 de abril de 2004 por el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, sumario 35-2001. La Audiencia rechaza aquella pretensión porque:
(i) La orden europea se tramitó por las autoridades británicas conforme a su sistema jurídico, por lo que no pueden trasladarse al funcionamiento de la justicia española los posibles errores o funcionamientos anormales que sucedan en otro Estado, incluso aunque las autoridades de este último actúen «en colaboración de la autoridad judicial española», toda vez que aquellas lo hacen «siempre dentro de sus propios condicionamientos organizativos y normativos»;
(ii) debido a la estrategia o actuación procesal desplegada por el recurrente, quien si bien actuó «en el ejercicio legítimo de su derecho», lo cierto es que «interpuso múltiples recursos e incidentes oponiéndose a la entrega a España […] llegando la causa incluso ante el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, actuación de parte que contribuyó de forma relevante al tiempo empleado por las autoridades extranjeras desde la detención hasta la entrega a España»;
(iii) porque en esos recursos e incidentes, el aquí demandante de amparo a través de su defensa, fundó sus alegaciones «suscitando dudas acerca de la identidad del detenido, alegando discriminación por razones de raza y religión, improcedencia de su extradición desde el Reino Unido en razón de los tipos delictivos que se le imputaban, dificultades de enjuiciamiento oral de personas islamistas en España, garantías procesales que se le denegarían en España y riesgo de que fuera ulterior e indebidamente entregado a Marruecos» y,
(iv) la orden europea dictada contra el recurrente, en fin, «deriva de unas resoluciones de autoridades judiciales españolas que acordaban el procesamiento y que no han sido declaradas erróneas por los cauces oportunos».
El contenido de esta argumentación, sometida al contraste con la doctrina constitucional ya expuesta y algunas normas jurídicas de consideración en este ámbito, ha de decirse desde ya que conducen a la estimación de este motivo de la demanda de amparo. Las razones para ello, que no son solo predicables de las órdenes europeas de detención y entrega sino a otros procedimientos de extradición que dieran lugar a una solicitud de reclamación patrimonial del art. 294 LOPJ, son las siguientes:
a) De entrada, resulta innegable la vinculación del sistema de administración de justicia español con el momento inicial de la emisión de la orden de detención internacional dictada contra el recurrente, en cuanto con ella el juez central instructor competente requería la colaboración de las autoridades británicas para poner a su disposición a uno de los investigados en el sumario 35-2001 que dirigía. No constando en las actuaciones de este caso que el recurrente hubiera sufrido prisión provisional en el Reino Unido en esos años por otras causas judiciales, es claro que todo el tiempo que pasó en prisión desde su detención el 28 de junio de 2004 hasta la entrega a nuestras autoridades el 8 de febrero de 2008, lo fue en ejecución de una solicitud de extradición librada por un tribunal español, respecto de un procedimiento penal seguido en España. Fue a requerimiento de la justicia española que los tribunales del Reino Unido abrieron y sustanciaron los trámites para ejecutar la orden recibida, procediendo a detener al recurrente a fin de que no se frustrara el objetivo de la solicitud de extradición.
Como hemos recordado en la STC 132/2020, de 23 de septiembre, FJ 4, si bien la orden europea de detención y entrega, y el procedimiento de extradición (activa –Ley de enjuiciamiento c