Categoría: Judicial

aba con periodicidad anual, es decir, hasta un máximo que solía agotar de 17 000 euros Entre las tareas que realizó, algunas de ellas facturables por horas de trabajo, se encuentra el diseño de la web pactepelreferendum.cat, encargada por el señor Roc Diez del Departamento de Presidencia, por la que facturó en el mes de mayo 2700 euros, si bien en julio, dado que había sido citada por la Guardia civil, renunció a su cobro mediante la emisión de "una factura negativa".»
Así pues, queda constatado que en los párrafos transcritos se expresa la fuente probatoria de la que se sirvió el tribunal enjuiciador, lo que resulta asaz para rechazar la denuncia formulada. No obstante, debe añadirse que, como así se expresa en el relato histórico, la contratación de los servicios de doña Teresa Nieto fue liderada por el Departamento de Presidencia, del cual no era titular la demandante de amparo. Por ello, resulta aún más relevante que se haya omitido ofrecer explicaciones acerca de la incidencia que la supresión de ese dato tendría en la condena de que ha sido objeto.
La queja de la recurrente concierne también al encargo hecho a la empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales que, según se afirma en elfactum, posibilitó el Departamento de Trabajo. Para rechazarla basta con remitirse a la argumentación que obra en el apartado 2.1.15. del fundamento de Derecho C) (págs. 443 y 444 de la sentencia), en el que el órgano judicial especifica que el importe global de la contratación ascendió a 979 661,96 euros, si bien «con deliberada disimulación del gasto, se fraccionó entre cinco departamentos». Al margen de esa constatación, en el indicado apartado se reflejan los medios de prueba que acreditaron esa realidad, los cuales se sintetizan a continuación:
(i) La impresión de las notas de entrega, con la estampación del registro de salida de cada departamento, obra en la carpeta de archivos dedicada a Unipost en las actuaciones (pág. 444).
(ii) Las cantidades y contenido de las notas de entrega -contratación ya en firme- derivadas del acuerdo marco, coinciden plenamente con facturas proforma con numeración correlativa del 890114735-PF al 890114739-PF y que fueron exhibidas en la vista. A su vez, coinciden con cinco efectivas facturas, donde en el margen izquierdo no obra la expresión «Proforma», sino la de «Factura», con lógica numeración específica 90659346-P y correlativamente del 90659348-P al 90659351-P, donde en el reverso ya no se explica el significado de las nomenclaturas, sino que incorpora la impresión de las reiteradas notas de entrega, que igualmente obran en la documentación obrante de la referida carpeta de Unipost. Los importes correspondientes al Departamento de Trabajo ascienden a 197 492,04 euros, más 41 473,33 euros en concepto de IVA (págs. 444 y 445).
(iii) Declaraciones testificales de funcionarios del Departamento de Trabajo, de responsables de Unipost y de agentes de la Guardia Civil (págs. 446, 447, 449, 450 y 451).
(iv) Documentación intervenida tras la práctica de diligencias judiciales (págs. 447 a 451).
Tras la valoración de la prueba que resumidamente se ha reflejado, el órgano judicial asentó la siguiente conclusión en el mencionado apartado, la cual no incurre en ninguna de las deficiencias que de acuerdo a nuestra doctrina inhabilitaría su eficacia incriminatoria: «[e]n definitiva, resulta acreditado que la Generalitat encargó a Unipost, en la oculta y clandestina manera con que intentaba disimular los gastos del referéndum, la distribución de 56 000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5 346 734 sobres ordinarios con tarjetas censales, encomienda que importaba 979 661,96 euros y cuya procedencia en esa tarea de enmascaramiento, se dividió en cinco departamentos».
No ha quedado acreditado que entregara a Unipost, más que los 43 429 sobres intervenidos en Terrassa y los 1811 intervenidos en Manresa. De modo que la prestación no fue realizada, si bien ello se debió a la actuación de la Guardia Civil».
e) La demandante también extiende su denuncia al contenido de las págs. 48 y 53 de la sentencia que ha sido oportunamente reflejado. Respecto de la equívoca atribución de la titularidad del Departamento de Enseñanza debemos reiterar que el planteamiento de la queja obvia cualquier consideración sobre la respuesta dada por el tribunal sentenciador al resolver el incidente de nulidad planteado. Y esta circunstancia no debe quedar inadvertida, pues en el apartado 5.2.2 de la referida resolución claramente se refleja el error padecido; de ahí que en su parte dispositiva se acuerde rectificar «el error material advertido en relación con doña Dolors León, identificada en el apartado 9.1in finede los hechos probados como titular del Departamento de Enseñanza, además del de Trabajo. Se mantienen en su integridad las restantes referencias a la Consejería de que era titular». El dato traído a colación basta por sí solo para desautorizar la denuncia formulada.
En cuanto a la reprobación referida al relato que obra al principio de la pág. 53, advertimos que, en las págs. 355 a 356, el tribunal sentenciador explica los motivos por los que se vincula a la demandante con la jornada de "Escoles Obertes" y la asunción de competencias sobre determinados locales, a fin de garantizar su disponibilidad para el referéndum. Como se constata, la versión fáctica trae causa de lo declarado por un testigo, lo depuesto por la propia recurrente y del contenido de la documental que se indica, todo lo cual conduce a desestimar el reproche formulado por la recurrente:
«Como consejera con competencia para ello cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación el 1 de octubre, y para la jornada de "Escoles Obertes" que se celebró durante ese fin de semana. Iniciativa ciudadana cuyo objetivo fue evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación el día 1 de octubre. Así lo afirmó en el acto del juicio uno de sus convocantes, el testigo don Ramón Bravo Cano. Los locales fueron finalmente ocupados por la ciudadanía convocada a fin de impedir su cierre el día 1 de octubre y preparada para enfrentarse en tal cometido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En relación con el uso de los locales, la consejera Bassa tuvo una intervención decisiva de cara a garantizar su disponibilidad para el referéndum, blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura. Para evitar riesgos y que iniciativas individuales pudieran interferir en el plan trazado, el día 28 de septiembre y hasta las 07:00 horas del día 2 de octubre, avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados. Y lo hizo justo al día siguiente de que la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictara el auto que ordenó el cierre de los colegios electorales el 1 de octubre. Interrogada en el plenario sobre esta iniciativa, explicó en su declaración que pretendió calmar la inquietud de los diferentes equipos directivos sobre posibles responsabilidades civiles y cuestiones de horario. Sin embargo, el acuerdo y la comunicación que acompañó su notificación a los responsables afectados son especialmente elocuentes. El primero se justificaba en la necesidad de garantizar la "eficacia, eficiencia y coordinación de la actuación administrativa". La segunda atribuyó al Govern de la Generalitat toda la responsabilidad sobre la organización del referéndum. Estos textos no dejan espacio para la duda respecto a cuál era el fin pretendido a través de una resolución manifiestamente arbitraria.»
Además, el órgano enjuiciador considera probada la relevante intervención de la Consejería de Trabajo en la captación de voluntarios, como queda reflejado en el párrafo de la pág. 355 de la sentencia que a continuación se transcribe:
«En la logística del referéndum –como también hemos señalado supra– jugó un papel fundamental la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información CTTI, adscrito al Departamento de Presidencia. Para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon dentro de la actividad del CTTI distintas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum. Pues bien, el mismo día que se convocó el referéndum, el 6 de septiembre, se abrió la página web referendum.cat. Dentro de este dominio se creó la aplicación denominada "Cridas". Una de ellas, cuya dirección en la web era https://connectat,voluntariat.gencat.catcrida/66, fue usada para la captación de hasta 47 498 voluntarios, competencia correspondiente y asumida también en este caso por la Consejería de Trabajo, cuya titularidad encarnaba la acusada señora Bassa. Los reclutados fueron utilizados para cubrir las necesidades que presentaba la realización del referéndum.»
Por último, en relación con la queja asociada a la afirmación contenida en la pág. 42 de la sentencia, este tribunal considera que no procede emitir pronunciamiento alguno, dado que los mismos no se vinculan con la recurrente y esta última no ofrece ninguna explicación sobre la eventual incidencia que su supresión tendría sobre su condena. Otro tanto cabe decir, por las razones apuntadas, respecto de la denuncia relativa a las manifestaciones y concentraciones de protesta que se detallan en la pág. 48 de la sentencia.
10.3 Valoración de la prueba de descargo.
10.3.1 Posiciones de las partes.
En el motivo octavo de la demanda, la recurrente denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia por falta de valoración de los medios de prueba propuestos por la defensa (art. 24.2 y art. 6.1 y 3 CEDH), en tanto el órgano enjuiciador no ha efectuado valoración de la prueba de descargo. Tras transcribir algunos pasajes de la STC 148/2009, de 15 de junio, se reitera la denuncia y se advierte que la falta de valoración de la prueba de descargo no puede interpretarse como una respuesta tácita. La recurrente enumera las pruebas de descargo que estima huérfanas de valoración judicial y concluye que, si se hubieran valorado todas esas pruebas, el fallo habría sido distinto, necesariamente absolutorio, pues, como la prueba de descargo no valorada desvirtúa los motivos de la condena, la recurrente no hubiera podido ser considerada autora del delito de sedición.
Para el fiscal, visto el soporte probatorio de la sentencia impugnada, nada acredita que a través de la valoración de otros medios de prueba propuestos por la defensa se llegase a un fallo distinto y necesariamente absolutorio. Finalmente, invoca el contenido del ATC 195/1991, de 26 de junio, FJ 2, para recordar que el Tribunal Constitucional no puede entrar a conocer de la valoración de las pruebas practicadas, que es una cuestión ajena al derecho a la presunción de inocencia.
10.3.2 Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 5.2.2 del auto de 29 de enero de 2020 figura la siguiente argumentación, que destaca la suficiencia y racionalidad de la prueba practicada:
«Esta racionalidad y suficiencia no se ve afectada por el hecho de que no se hayan valorado expresamente algunas de las testificales y documentales obrantes en autos y que se relacionan en el escrito presentado. La ponderación de la prueba, de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta Sala y del Tribunal Constitucional, no tiene por qué extenderse a aportaciones probatorias absolutamente irrelevantes, ni mucho menos ha de llevarse a cabo en la forma pretendida por quien la propone.
Como hemos reiterado a lo largo de esta resolución la discrepancia sobre la valoración de los medios de prueba no justifica la vulneración denunciada. En este sentido, resulta también pertinente reiterar, dadas las alegaciones que fundamentan el escrito, que este incidente no es un instrumento para "debatir" y "contraargumentar" frente a la sentencia dictada, a modo de un sedicente recurso de súplica. Es un instrumento para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.»
10.3.3 Resolución de la queja.
A) Las pruebas de descargo a que se refiere la recurrente deben agruparse en dos bloques diferentes en atención a su contenido. Dicha sistematización se mantendrá a la hora de dar respuesta a la queja que ahora nos concierne:
a) Pruebas relacionadas con la huelga que tuvo lugar el día 3 de octubre de 2017:
(i) La sentencia núm. 15/2018, de 20 de mayo, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que acredita la legalidad de la referida huelga «cuando esta es utilizada como argumento de cargo para la condena por sedición».
(ii) Copias certificadas emitidas por la Dirección General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que se corresponden con los documentos de convocatoria de la huelga general. Según la demandante, estos documentos acreditan que los convocantes de la huelga fueron los sindicatos y nada tuvo que ver el Govern.
(iii) Declaración testifical del señor Vinaixa, titular de la dirección general antes indicada, quien confirmó que los convocantes de la huelga fueron los sindicatos; que la convocatoria reunía los requisitos para darle trámite, al no haber sido impugnada; que el Govern no tuvo otra opción más que fijar los servicios esenciales a través de las órdenes TSF/224/2017, de 29 de septiembre, y TSF/226/2017, de 2 de octubre; y que los servicios esenciales se ajustaron a lo pactado entre la patronal, sindicatos y el Govern el 14 de septiembre de 2006, cuya copia certificada se aportó y se ratificó por uno de los firmantes, don José Velasco Castillo Parra, secretario general de UGT.
La demandante entiende que, de haber sido valoradas esas pruebas debería haberse colegido que las órdenes que acordaron los servicios mínimos no contribuyeron a la sedición; que la demandante no convocó la huelga general y que acordó los servicios esenciales habituales desde el año 2006, sin que tampoco el Govern se adhiriera a la huelga general, como así lo declaró el señor Vinaixa en el plenario.
(iv) Informe de la Dirección General de Relacions Laborals, que confirmó que la huelga general no fue impugnada. Que era por tanto legal, como así lo aclaró posteriormente la sentencia antes mencionada.
(v) Testificales de los secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, quienes negaron haber recibido instrucciones de la demandante, en contra de lo que se razona en sentencia.
Por otro lado, en el siguiente motivo de la demanda de amparo (noveno), en relación con la huelga figura el siguiente párrafo: «[t]ampoco la huelga general fue convocada por "Taula per la Democràcia" ni a ella se adhirió el Govern. La huelga fue convocada por sindicatos y el Govern, como también hicieron otras entidades públicas, como el Ayuntamiento de Barcelona, se sumaron al paro social (la "Aturada de país") que no a la huelga laboral, aquella sí convocada por "Taula per la Democràcia"».
b) Pruebas relacionadas con los centros o locales asignados al Departamento de Trabajo:
(i) Certificado emitido por la Secretaría General del Departament de Vicepresidencia i d"Economía i Hisenda, que acredita que ninguno de los centros asignados al Departament de Treball se vio implicado en los hechos del día 1 de octubre de 2017:
«En respuesta a dicho requerimiento y para dar cumplimiento a la petición solicitada, le hago saber que, según información transmitida por la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, ninguno de los bienes inmuebles relacionados en el Atestado 2018-101743-012, obrante en las piezas separada docum → pieza separada 10 → atestado 2018-101743-12 → diligencias 2018-101743-12 tomo 1, en el apartado 5 "Hechos acaecidos en 1 de octubre de 2017", en sus págs. 84 a 125, están asignados al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.»
(ii) El correo electrónico que masivamente se envió el día 29 de septiembre de 2017, desde la Dirección General d"Acció Cívica i Comunitaria del Departamento de Treball, a los centros dependientes que abrían los fines de semana. Dicho correo recordaba que: «[d]esde la Dirección General somos conscientes de la desazón que están viviendo estos días y les pedimos su colaboración para asegurar el normal funcionamiento de nuestros centros y preservar la convivencia este fin de semana, de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad judicial y policial pertinentes».
(iii) Las autorizaciones de la Consejería de Trabajo a las peticiones de los centros para realizar actividades festivas, lúdicas o culturales tenían como hora límite las 6:00 AM horas del día 1 de octubre de 2017, dando por tanto cumplimiento al mandato judicial.
(iv) La declaración testifical de doña Rosa Silva Medina Vicente, jefa del Servei de Programació i Dinamització d"Activitats de la Generalitat de Cataluña, que confirmó el contenido y el envío de los anteriores correos electrónicos, así como que las instrucciones dadas por la demandante siempre fueron en el sentido de cumplir el mandato judicial.
B) En respuesta a las alegaciones reseñadas debe señalarse lo siguiente:
a) Respecto de las pruebas de descargo relacionadas con la convocatoria de la huelga general del día 3 de octubre de 2017, en primer lugar, advertimos que en el relato histórico de la sentencia no figura mención alguna acerca de este acontecimiento, si bien en el punto 1.6.3. del fundamento de Derecho C), relativo al «juicio de autoría», obra un apartado referido a la convocatoria de huelga a que se hace referencia en la demanda que, en síntesis, refleja los siguientes extremos:
(i) Que la demandante firmó las órdenes en las que se fijaron los servicios esenciales para las jornadas de huelga general.
(ii) Que el día dos de octubre de 2017, la Generalitat se adhirió a la huelga general convocada por la Taula per la Democràcia, a celebrar el día 3 de octubre, bajo la consigna «Aturada de país», cuyo objeto era protestar por la violencia desplegada el día 1 de octubre.
(iii) Que la recurrente comunicó al secretario general de UGT en Cataluña, mediante correo electrónico, que la administración de la Generalitat se adhería a la movilización.
(iv) Que el acuerdo de adhesión fue ratificado por el Govern en la reunión del día 10 de octubre de 2017, a instancias, entre otros consejeros, de la demandante de amparo. En el citado acuerdo de adhesión a la «Aturada de país» se renunció a descontar la jornada de huelga al personal al servicio de la administración de la Generalitat y del sector público, al ser considerado como día recuperable.
A la vista de lo expuesto se constata que los datos consignados en el apartado 1.6.3 del «juicio de autoría» no resultan incompatibles con los extremos que, según refiere la demandante, derivan del contenido las pruebas de descargo que esta última indica que no fueron valoradas por el tribunal enjuiciador. El órgano judicial no llega a afirmar que la huelga fuera ilegal o que hubiera sido convocada por el Govern; y en relación con los servicios esenciales establecidos omite cualquier valoración sobre su contenido o su acomodación a la legalidad. Por otro lado, aun cuando en el mencionado apartado se afirma que la demandante invitó a los trabajadores de la Generalitat a participar en el referéndum del 1 de octubre y, a tal fin, «dio instrucciones a los sindicatos para que informasen a sus afiliados que todos aquellos que estuviesen desempeñando su jornada laboral tuviesen el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto el día 1 de octubre», sin embargo, no se afirma que don Camil Domínguez o don Javier Caballero, personas a las que la demandante cita expresamente, hubieran recibido instrucciones de ella, pues lo único que se dice respecto del primero de los citados es que la recurrente le comunicó que la administración de la Generalitat se adhería a la movilización. En cualquier caso, lo que aquella no cuestiona en el motivo ahora analizado es que invitara a los trabajadores de la Generalitat a participar en el referéndum. Finalmente, señalamos que, lo que en esencia se afirma en el indicado apartado es que, entre otros consejeros, la demandante instó al Govern a que ratificara el acuerdo de adhesión a la movilización, lo que efectivamente tuvo lugar el día 10 de octubre de 2017; y que en dicho acuerdo de adhesión a la «Aturada de país» se renunció a descontar la jornada de huelga al personal, al considerarse ese día como recuperable. A lo dicho cabe añadir que, respecto de estas circunstancias, el tribunal enjuiciador no ha formulado ningún juicio o valoración que cuestione su adecuación a Derecho.
En relación con lo afirmado por la recurrente en el motivo noveno del escrito de demanda afirmamos que, comparados los datos que en el apartado 1.6.3 del «juicio de autoría» se consignan con los que la demandante considera que realmente ocurrieron, lo cierto es que, al margen de las imprecisiones en que la sentencia haya podido incurrir, no parece que entre los hechos que se asocian al comportamiento de la demandante y los que esta reconoce como ciertos concurra una contradicción irreconciliable y, sobre todo, con relevancia para modificar el sentido del fallo. De la demandante se dice que comunicó al señor Ros que la administración de la Generalitat se adhería a la movilización –no a la huelga general– y que el acuerdo de adhesión ratificado a su instancia lo fue respecto de la «Aturada de país». Estos asertos no resultan incompatibles con lo que se afirma en el párrafo transcrito del motivo noveno del escrito de demanda, que principalmente refiere que el Govern se adhirió a la «Aturada de país», al igual que otras instituciones públicas, movilización esta que sí fue convocada por «Taula per la Democràcia».
En cualquier caso, reiteramos que la prueba de descargo que la recurrente cita no reviste entidad para modificar el sentido del fallo. Y ello, porque ninguna de las consideraciones que se plasman en el último párrafo del apartado 1.6.3 del fundamento de Derecho C), para poner de relieve que aquella se sumó de forma activa a la estrategia concertada con otros miembros del Govern, guarda relación con la huelga subsiguiente a la votación del día 1 de octubre de 2017.
b) El segundo bloque quejas se asocia a los hechos que se declaran probados en el apartado 11 del relato histórico de la sentencia, oportunamente transcritos en los antecedentes de esta resolución. El apartado objeto de cita viene referido a la campaña denominada «Escoles Obertes», en el que se refleja que la finalidad real de esa campaña era la de propiciar que la ciudadanía ocupara los locales designados como centros de votación. No obstante, en la sentencia se refiere que, a fin de encubrir ese designio se simuló que el propósito de la ocupación de los inmuebles consistía en desarrollar actividades lúdicas o festivas, pues con la ocupación de estos se garantizaba la efectividad del inicio de la votación el día 1 de octubre. En relación con la demandante de amparo se razona que intervino en la puesta en marcha y desarrollo de esa campaña; y que a fin de liberar de responsabilidades a los directores de centros y, a su vez, garantizar la efectiva disponibilidad de inmuebles para la votación, avocó para sí la competencia que ostentaban los directores de los centros concernidos.
Más adelante, en el denominado «juicio de autoría» que figura en el apartado 1.6.3 del fundamento de Derecho C), se explica que la recurrente cedió el uso de centros cívicos para la jornada de «Escoles Obertes», cuyo objetivo era evitar o, al menos, dificultar, el cumplimiento de lo ordenado judicialmente sobre el cierre de los centros de votación, siendo finalmente ocupados los locales por la ciudadanía convocada, «a fin de impedir su cierre el día 1 de octubre y preparada para enfrentarse en tal cometido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». También se destaca en el referido apartado que, desde el 28 de septiembre hasta las 7:00 horas del día 2 de octubre de 2017, la recurrente avocó para sí la competencia de los directores de los centros afectados, justo al día siguiente de que por la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dictara auto en cuya virtud se ordenó el cierre de los colegios electorales para el día 1 de octubre.
Los extremos que se reflejan en este apartado derivan de lo declarado por el testigo don Ramón Bravo Cano, de lo manifestado por la propia recurrente acerca de las razones por las que avocó para sí las competencias de los directores de los centros, a saber «calmar la inquietud de los diferentes equipos directivos sobre las posibles responsabilidades civiles y cuestiones de horario», y del contenido del acuerdo y la comunicación que acompañó a la notificación a los referidos responsables. En el primero de los documentos citados se hizo referencia, según se indica en la sentencia, a la necesidad de garantizar la eficacia, eficiencia y coordinación de la actuación administrativa, mientras que en la comunicación adjuntada se atribuía toda la responsabilidad sobre la organización del referéndum al Govern de la Generalitat.
De lo anteriormente compendiado, el órgano judicial colige que la avocación de competencias tenía una finalidad real, cual era garantizar la efectiva disponibilidad de los locales para la votación en el contexto del plan previamente trazado y, al respecto, explicita las fuentes de prueba a cuyo través obtuvo esta conclusión. Ciertamente, en el apartado transcrito no se efectúa mención alguna a las pruebas de descargo a que la recurrente alude en la demanda. Es más, el tribunal sentenciador no controvierte esta afirmación, al proclamar, en el aparatado 5.2.2. del auto de 29 de enero de 2020, que la suficiencia de la prueba practicada y la racionalidad de su ponderación no se empece por el hecho de que no se hayan valorado algunas de las pruebas testificales y documentales que se citan en el escrito por el que se promueve el incidente de nulidad, las cuales, en el auto que resuelve el referido incidente, se califican de aportaciones probatorias «absolutamente irrelevantes» cuya ponderación «ni mucho menos ha de llevarse a cabo en la forma pretendida por quien la propone». Efectivamente, el órgano enjuiciador podría haber especificado las razones por las que las pruebas a las que alude la demandante no han tenido incidencia en el apartado 11 del relato histórico ni en la argumentación expuesta en el «juicio de autoría». Ahora bien, vistos los datos consignados en ambos apartados, todo apunta a que la versión sobre lo acontecido por la que se decantó el órgano judicial es ajena al contenido de los documentos que la recurrente cita y a lo declarado por la testigo a que alude.
Para el tribunal sentenciador, la campaña de «Escoles obertes» forma parte del plan diseñado para asegurar que los inmuebles afectados pudieran servir para el desarrollo de la votación que, a la postre, se llevó a cabo el día 1 de octubre; y en el marco de esa estrategia incardinó la avocación de competencias verificada por la recurrente, lo cual, unido a los otros comportamientos que llevó a cabo, determinó su condena por los delitos que se recogen en el fallo. Esencialmente, lo que esta última pone de relieve, de conformidad con el contenido que extrae de los documentos y testificales que invoca, es que ninguno de los locales bajo su dependencia figura en el documento emitido por la Secretaría General del Departament de Vicepresidencia i d"Economía i Hisenda; y que en las comunicaciones que dirigió a los directores advirtió que debían de actuar de conformidad con lo acordado por la autoridad judicial. Sin embargo, lo que la demandante no advierte es que el tribunal sentenciador funda su responsabilidad en otros extremos y circunstancias, que son ajenas al contenido de las pruebas cuya falta de ponderación reprocha.
Como es de ver, ni en los «hechos probados» ni en el «juicio de autoría» se tiene en cuenta, como elemento incriminatorio, que algunos de los locales dependientes del Departamento de Trabajo se vieran efectivamente involucrados en los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017. Según se expone en el escrito de demanda, la certificación expedida por el Departament de Vicepresidencia i d"Economía i Hisenda refleja que ninguno de los locales relacionados en el atestado anteriormente citado estaba asignado al Departamento de Trabajo. Este tribunal advierte que en las págs. 84 a 125 del atestado 2018-101743-12 tomo I se detallan los enfrentamientos habidos con los cuerpos policiales en determinados inmuebles, con motivo de la votación llevada a cabo. Sin embargo, en el reiterado apartado 1.6.3 del fundamento de Derecho C) no se afirma que en los centros dependientes de dicho departamento se produjeran tales enfrentamientos, por lo que la certificación que cita la recurrente carece de virtualidad para enmendar los datos que se consignan en el «juicio de autoría». Lo que sí tomó principalmente en consideración el órgano judicial fue que la demandante cediera el uso de centros cívicos para la realización de la votación; y se sirviera de un instrumento inusual, cual es la incontestada avocación de competencias sobre los mencionados centros, con la finalidad anteriormente indicada.
Por otro lado, en los apartados de la sentencia indicados tampoco se dice que en los correos remitidos por la Direcció General d"Acció Cívica i Comunitaria del Departament de Treball se exhortara a los destinatarios a desafiar e incumplir las decisiones judiciales. Así pues, hemos de convenir que las conclusiones que extrae la demandante de la prueba de descargo resultan inanes en relación con lo que constituye el sustento de su incriminación. Por tanto, desde la perspectiva del derecho fundamental cuya lesión se denuncia, debemos desestimar la queja formulada.
10.4 Responsabilidad penal por hechos propios.
10.4.1 Posiciones de las partes.
La demandante aduce en el motivo noveno la vulneración del principio de responsabilidad personal por el hecho propio relacionado con el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE, art. 7 CEDH, art. 15 PIDCP art. 11 DUDH y el art. 49 CDFUE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Inicia su argumentación afirmando que en el proceso penal han quedado acreditados los siguientes hechos:
(i) No era titular del Departamento de Enseñanza, pese a que erróneamente así lo refiere la sentencia. Por tanto, no cedió para el día de la votación ninguno de los centros dependientes de ese Departamento.
(ii) Ninguno de los centros dependientes del Departamento de Trabajo se vio implicado en los hechos ocurridos el día 1 de octubre de 2017, como así lo confirma la Secretaría General del Departament de Vicepresidencia i d´Economía i Hisenda al que anteriormente se ha hecho referencia.
(iii) Desde la Direcció General d"Acció Cívica i Comunitaria del Departament de Treball se remitió a los centros dependientes un correo electrónico en el que se recordaba que debían cumplir las órdenes de la autoridad judicial y policial.
(iv) Las autorizaciones dadas a los centros para realizar actividades lúdicas o culturales fijaban como hora límite de vigencia las seis horas del día 1 de octubre de 2017.
(v) La recurrente no intervino en la puesta en marcha de la campaña «Escoles Obertes».
(vi) Tampoco firmó las órdenes TSF/224/2017 y TSF/226/2017, relativas a los servicios esenciales para las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos, que resultó ser legal, como así lo afirmó la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justica ya citada con anterioridad.
(vii) La huelga fue convocada por los sindicatos; y el Govern lo único que hizo, como otras entidades públicas, fue sumarse al paro social (Aturada de país), que no a la huelga laboral.
De todo lo anterior, deduce que su responsabilidad penal se ha fundado en el «hecho de otro», por lo que el órgano judicial ha vulnerado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE). En apoyo de su alegato señala que la STC 125/2001, de 4 de junio, FJ 6, afirma que «el principio de personalidad de las penas forma parte del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) e implica que solo se puede responder penalmente por los actos propios, pero no por los actos ajenos». También refiere que el Tribunal Supremo vincula ese principio al de legalidad (STS 880/2002, de 14 de mayo, FJ 3).
A continuación, defiende que su conducta no debió ser objeto de reproche penal, pues no era titular del Departamento de Enseñanza, ninguno de los centros dependientes del Departamento de Trabajo estuvo implicado en los hechos ocurridos el 1 de octubre y las iniciativas que adoptó, tras la avocación de competencias, «se alineaban con el mandato judicial». Finalmente concluye que ninguno de estos hechos son errores materiales, como se aduce en el auto de 29 de enero de 2020 respecto a que se le imputara la titularidad del Departament d"Ensenyament, sino que se trata de imputaciones arbitrarias, al carecer de prueba que las justifique.
La abogacía del Estado refiere que la vulneración del principio de responsabilidad personal por hecho propio, relacionado con el derecho a la legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, debe ser rechazada. Considera que lo que realmente se plantea es un directo cuestionamiento de los hechos probados de la sentencia y de la participación que se le atribuye a la recurrente en el delito de sedición, toda vez que niega que fuera titular de los Departamentos de Enseñanza y Trabajo y que avocara para sí la competencia sobre los centros de votación, que participara en la campaña «Escoles Obertes»y que firmara las órdenes TFS 224/2017 y TFS 226/2017. Señala que el recurso de amparo no es el cauce adecuado para ejercitar pretensiones de revisión de los hechos probados de la sentencia a partir de una nueva valoración de la documental obrante en la causa. No obstante, del análisis de los hechos probados de la sentencia se deduce que la demandante no ha sido condenada por ninguna conducta ajena, sino exclusivamente por las conductas y actuaciones que, en su condición de miembro del Govern y titular de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, vino a adoptar dentro de la estrategia sediciosa libremente asumida por ella y el resto de condenados.
Destaca que la condena de que ha sido objeto no se funda en la atribución de la titularidad del Departament de Enseñanza, como erróneamente consta en el apartado 9.1 del relato de hechos probados, pues en los apartados 3 y 8.2 de dicho relato se enmienda ese error. También destaca que en el apartado 11 se deja constancia de su participación en la campaña de «Escoles Obertes», sin que el recurso de amparo sea cauce adecuado para pretender la revisión de ese hecho. Y en cuanto a las órdenes arriba mencionadas, señala que, en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de los días 2 y 3 de octubre en que aparecen publicadas, figura la firma de la demandante.
El fiscal trae a colación la doctrina constitucional sobre el derecho a la presunción de inocencia (STC 138/2016, de 18 de julio, FJ 4), sobre el principio de legalidad (SSTC 75/2006, de 13 de marzo, FJ 9, y 153/2011, de 17 de octubre, FJ 8) y sobre indefensión en relación con la existencia de un error subsanado (STC 75/2000, de 23 de marzo, FJ 3). Luego, invoca la argumentación dada en el apartado 5.2.2 del auto de 29 de enero de 2020, acerca de la errónea atribución a la demandante de la titularidad del Departamento de Enseñanza, error que sin embargo no figura en otros apartados de los hechos probados, concretamente en los apartados 3 y 8.2. A la vista de lo expuesto, concluye que la errónea declaración, ulteriormente rectificada, sobre la titularidad de la Consejería de Enseñanza no puede vincularse con la condena de la recurrente como autora de un delito de sedición. Dicho error ha sido absolutamente irrelevante y no ha afectado al núcleo de conducta por lo que aquella resultó condenada. Señala que lo esencial, que el Tribunal Supremo deriva, además, de la prueba documental, era garantizar la disponibilidad de los locales para el referéndum, a partir de la existencia de un concierto entre todos los miembros del Govern, dato este en el que descansa la condena de quienes han sido considerados coautores. Por todo ello, el fiscal rechaza que la recurrente haya respondido penalmente por unos hechos de los que no es responsable, pues los que ejecutó, según se relata en la sentencia, son independientes del error material padecido.
10.4.2 Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 5.2.2 del auto que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones figura el siguiente razonamiento:
«La conclusión expuesta no resulta afectada por el hecho de que en el apartado 9.1in finede los hechos probados se declare –debido a un error material que va a ser rectificado en la parte dispositiva de esta resolución– que la señora Bassa "[…] retiró a los funcionarios de enseñanza y trabajo, de cuyos departamentos era titular". Los argumentos detallados que se exponen al analizar el juicio de autoría de la señora Bassa revelan la falta de trascendencia de este extremo y ponen de manifiesto, entre otros aspectos, la prueba documental existente sobre la intervención decisiva de aquella para garantizar la disponibilidad de los locales para el referéndum. Tampoco resulta afectada el resto de la prueba practicada de la que se infiere la existencia del concierto ya descrito entre todos los miembros del Govern, y en el que descansa la condena de quienes han sido considerados coautores de un delito de sedición del art. 544 CP y 545.1 CP.
De la radical irrelevancia de ese error material habla el hecho de que, al analizar el juicio de autoría sobre el que descansa la condena de la señora Bassa, la Sala se exprese en los siguientes términos: "1.6.1.–Doña Dolors León es autora responsable de un delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545.1 del CP. Fue consejera de Trabajo, Asuntos sociales y Familia desde el 14 de enero de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017, fecha en que cesó por aplicación del artículo 155 CE". Las continuas referencias a la señora Bassa a lo largo de la sentencia no repiten esa titularidad de la Consejería de Enseñanza. Antes al contrario, identifican su cargo con exactitud. Ninguno de los hechos imputados a la señora Bassa y, por supuesto, ninguno de los argumentos inculpatorios ponderados por esta sala, se apoyan en esa errónea –y aislada– extensión funcional. La pretensión de que esa equívoca frase conlleve la nulidad de la sentencia y la absolución de la señora Bassa, es interpretada por la Sala, no como un argumento técnico-jurídico, sino como una consigna que tiene otros destinatarios.»
Y en el apartado 5.2.3 se descarta que la demandante fuera condenada por hechos ajenos a su comportamiento:
«Como en el caso de los señores Cuixart y Sànchez, si partimos delfactumdeclarado probado, la subsunción jurídica en los arts. 544 y 545 CP de la conducta imputada a la señora Bassa es lógica y acorde a criterios interpretativos válidos, tal y como se deriva de los argumentos expuestos en la sentencia dictada (véase particularmente el punto 1.6 del apartado C de los fundamentos de derecho).
Como allí se declara, y hemos dicho con anterioridad, la señora Bassa se sumó de forma activa a la estrategia concertada con otros miembros del Govern. En su caso, "promovió de forma directa la inaplicación de las leyes que definen las bases del sistema democrático. Y lo hizo mediante la contumaz desatención de todos los requerimientos formalizados por el Tribunal Constitucional. Facilitó la culminación de un proceso que había de desembocar en la celebración de una consulta manifiestamente inviable para el objetivo con el que fue presentada ante la ciudadanía. Una parte de los ciudadanos creyó que mediante la particular aportación de su voto el día 1 de octubre abrirían las puertas a una Cataluña independiente. Ninguno de ellos fue advertido de que, en realidad, lo que se buscaba era presionar al Gobierno de la nación para negociar un referéndum, este sí, susceptible de homologación".
Asimismo, y como también hemos ya resaltado, la señora Bassa decidió participar en ese pulso al orden constitucional, "que incluía la movilización de la ciudadanía alentada a impedir el normal desenvolvimiento de la actuación judicial –como ocurrió los días 20, 21 y 22 de septiembre–, o a incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la celebración de la consulta del día 1 de octubre, fue inequívoca y deliberada. Y lo fue aun a riesgo de propiciar un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado".
Es patente pues que responde por hechos propios.»
10.4.3 Resolución de la queja.
Al resolver el recurso entablado por don Jordi Calvo, en la letra G) del apartado 10.1 de la fundamentación jurídica de la STC 122/2021, dejamos constancia de que el principio de personalidad de las penas se integra dentro del derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE en los términos expuestos en la STC 125/2001, de 4 de junio, FJ 6:
«El principio de personalidad de las penas, que forma parte del de legalidad penal y se encuentra, por tanto, incluido en el art. 25.1 CE, implica que solo se puede responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos [SSTC 131/1987, de 20 de julio, FJ 6; 219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 5; 246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 de mayo, FJ 1, y 137/1997, de 21 de julio, FJ 5], pero la existencia de responsabilidades penales de terceros no excluye necesariamente la responsabilidad del recurrente por sus propios actos, ni la posibilidad de que su cooperación pueda ser reputada necesaria.»
En consonancia con la doctrina transcrita cumple decir que lo que resulta contrario al mandato del art. 25.1 CE es que la responsabilidad penal se funde exclusivamente en el comportamiento activo u omisivo de un tercero, es decir, que esa responsabilidad derive propiamente del hecho ajeno. En el presente caso, la demandante considera que la errónea atribución de la titularidad de la Consejería de Enseñanza comporta que haya sido reputada responsable penal por hechos que no pudo cometer. Sobre ese particular, la respuesta dada por el órgano judicial al resolver el incidente de nulidad es elocuente: admite sin ambages el error padecido; descarta que esa equivocación tuviera trascendencia para fundar la autoría de la recurrente respecto del delito de sedición, pues ninguno de los argumentos inculpatorios empleados se apoya en el referido error; y finalmente, en la parte dispositiva de la indicada resolución se apresta a rectificar ese desatino. El error no se repite en otros apartados de la sentencia. Concretamente, en el reiterado apartado 1.6.1. del fundamento de Derecho C) figura que la demandante fue «[c]onsejera de Trabajo, asuntos Sociales y Familia desde el 14 de enero de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017, fecha en que cesó por aplicación del art. 155 CE». A ello, debe añadirse lo afirmado por el abogado del Estado y el fiscal en sus alegaciones, acerca de que en los apartados 3 y 8.2 del relato fáctico se hace constar el cargo correctamente ostentado por la demandante y la identidad quienes fueron realmente las consejeras de Enseñanza. Por tanto, coincidimos con lo argumentado por el órgano judicial en este punto, pues la condena de la demandante no se basó, directa o indirectamente, en que la misma fuera considerada consejera de Enseñanza o en el ejercicio de funciones asociadas a dicho cargo.
En segundo término, la recurrente funda la vulneración padecida en las consecuencias que extrae de los elementos de prueba que enumera en la demanda, a saber, que no fue autora de los hechos que han determinado su responsabilidad penal. Sobre ese particular hacemos notar que, realmente, la pretensión de la demandante no guarda relación alguna con la responsabilidad penal basada en el «hecho de otro», pues la queja que formula no se sustenta en que la autoría que se le atribuye derive del comportamiento de un tercero, sino en la falta de valoración de los elementos probatorios de descargo que enumera, los cuales, de haber sido debidamente ponderados por el órgano judicial deberían haber dado lugar a su absolución. Este argumento vuelve a poner de relieve la pretendida lesión del derecho a la presunción de inocencia anteriormente tratada, por lo que debemos remitirnos a la respuesta dada al resolver la anterior queja, salvo en un aspecto que la demandante no cuestionó entonces y ahora sí lo hace: que fuera ella quien firmó las órdenes TSF/224/2017 y TSF/226/2017. Esta negación, como así lo apunta la abogacía del Estado, contradice abiertamente la aseveración que figura en la pág. 356 de la sentencia, pero también impugna el tenor de el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núms. 7465 y 7466 A, en los que consta que la firmante de las respectivas órdenes fue la recurrente, en su condición de consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
Procede, de acuerdo con lo referido, desestimar este motivo del recurso de amparo.
10.5 Dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia.
10.5.1 Posiciones de las partes.
Esta queja, bajo la invocación nominal del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), trae causa de ciertas manifestaciones públicas de líderes políticos sobre los hechos enjuiciados. Se denuncia un supuesto juicio de culpabilidad mediático y político, que se habría reflejado en declaraciones de altos responsables políticos. Concretamente se refiere a las de don Pablo Crespo, miembro del Congreso de los Diputados y presidente del Partido Popular, en fechas 26 de octubre, en el diario «ABC», y 1 de noviembre de 2018, en la red social Twitter; y al mensaje enviado mediante la aplicación WhatsApp por el senador señor Cosidó, ya mencionado. Considera la recurrente que las declaraciones de personajes públicos en las que se afirmaba que en Cataluña se había producido un golpe de Estado y que los investigados eran unos golpistas, suponen una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al trasladar a la opinión pública el sentimiento de que era culpable mientras el procedimiento penal estaba todavía en tramitación.
El abogado del Estado, a propósito de las declaraciones de don Pablo Crespo, señala que en esas fechas no ostentaba cargo público alguno más allá de su condición de diputado, y se remite a lo que razona la sentencia a propósito de otras declaraciones públicas en su en el fundamento de Derecho A), apartado 9.3, que trascribe parcialmente.
El partido político Vox manifiesta no entender con claridad este motivo del recurso amparo, puesto que la actividad llevada a cabo por el Gobierno de España, sus ministros o cualquier otro diputado nada tiene que ver con las lesiones de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido.
Finalmente, el Ministerio Fiscal considera que este motivo también debe rechazarse. A su juicio, el derecho a la presunción de inocencia no puede verse comprometido por las manifestaciones de personas ajenas al órgano de enjuiciamiento. Aquel derecho fundamental afecta a la valoración sobre la actividad probatoria realizada por los órganos judiciales –en este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo–, quedando al margen, en consecuencia, cualesquiera otras valoraciones u opiniones que pudieran efectuarse por otras personas, pues la decisión de inocencia o culpabilidad, condena o absolución, solo concierne a tales órganos.
10.5.2 Respuesta del órgano judicial.
Con anterioridad al inicio del juicio, mediante auto de 7 de febrero de 2019, la sala de enjuiciamiento, en respuesta al escrito presentado por la defensa de otros de los procesados en que se formuló por primera vez una queja similar en relación con las declaraciones de la secretaria de Estado doña Irene Álvarez, señaló que podría ser objeto de alegación en las sesiones del plenario. Culminado el mismo, la sentencia recurrida en amparo dedica a esta materia el apartado 9 del fundamento de Derecho A).
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia y la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre esta misma materia, declara que es preciso «estar al alcance y al contenido concreto de esas declaraciones que se consideran vulneradoras del derecho a la presunción de inocencia». Tras hacer referencia al comportamiento de la titular de la Secretaría de Estado de la España Global, argumenta lo que sigue, que trascribimos literalmente:
«Sea como fuere, esa anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida por no pocos representantes políticos, no ha tenido –no puede tener– ningún reflejo en el proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta sala. Conviene marcar una nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que pueden originarse en el seno del proceso y aquellas otras vulneraciones sociales de la presunción de inocencia, entendida ahora como regla de tratamiento. En el primer caso, las consecuencias han de fijarse atendiendo a la gravedad que encierra un desbordamiento de los límites del Estado en la actuación delius puniendi. En el segundo, la reparación en nada interfiere la legitimidad de la actuación jurisdiccional dirigida a la proclamación del juicio de autoría. El razonamiento de las defensas parece equiparar esas dos formas de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Unas declaraciones políticas que implicaran, por ejemplo, la torpe y anticipada afirmación de culpabilidad de quienes están s