Categoría: Administración

s límites que en cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector público.
No podrán financiarse gastos de personal propio del beneficiario. Sin embargo, si será imputable la contratación indefinida asociada a la ejecución de actividades de I+D+i objeto de ayuda conforme al artículo 23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio o la legislación laboral vigente.
Se podrán contemplar, con los límites y en la forma que establezcan las convocatorias, complementos salariales para el personal investigador o técnico vinculado a la entidad o adscrito al centro. En el caso de organismos y entidades del sector público se deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de aplicación.
Cuando las convocatorias así lo establezcan, podrán ser financiables las compensaciones del personal de investigación no vinculado a las entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención, siempre que ello no contravenga el régimen retributivo de dicho personal.
2.º Costes derivados de la formación y/o mentorización del personal asociado a la actuación. Se podrá incluir entre otros la financiación de:
i. Gastos de formación: Matriculación de Máster, Doctorado, cursos y seminarios.
ii. Costes inherentes a la preparación e impartición de las actuaciones formativas.
3.º Costes de viajes y estancias de movilidad para las categorías, tipos de personal y, en su caso, cuantías, que determinen las convocatorias y con los límites establecidos por la normativa aplicable en cada caso. Comprenderán:
i. Gastos de locomoción, que podrán incluir, entre otros, billetes de avión y otros medios de transporte, y gastos de transporte en automóvil, que se abonarán en función del kilometraje, o vehículo de alquiler.
ii. Gastos derivados de la obtención de visados o de la contratación de seguros médicos y de accidentes.
iii. Gastos de alojamiento y manutención. En el caso de las estancias de movilidad se financiará una cuantía diaria fija que se tabulará en cada convocatoria en función del área geográfica o país de destino y de la cual no se solicitará justificación.
4.º Costes de inmovilizado material, pudiendo incluir los siguientes gastos:
i. Adquisición de instrumental y equipamiento científico-técnico, incluyendo tasas de aduanas, necesario para la ejecución de la actuación, así como su amortización.
El coste de amortización del equipamiento e instrumental adquirido estará sujeto a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ii. Alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de instrumental y equipamiento científico-técnico.
iii. Montaje, transporte, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, reparación, mejora, actualización de equipamiento científico-técnico.
iv. Obra civil para la construcción o el acondicionamiento de instalaciones, incluyendo redes de comunicación y sistemas de seguridad, que se utilicen para albergar los equipamientos científico-técnico ya adquiridos o que se vayan a adquirir o construir.
El beneficiario deberá destinar los bienes del inmovilizado material adquiridos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante cinco años, en caso de bienes inscribibles en un registro público, o dos años, para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
5.º Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
6.º Costes de adquisición y/o amortización de inmovilizado intangible, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico.
El beneficiario deberá destinar los bienes adquiridos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante dos años.
7.º Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos.
8.º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena competencia.
9.º Costes de estudios de viabilidad, de diseño detallado, de equipamiento, instrumentación científica avanzada, componentes de elevado contenido tecnológico o proyectos de construcción de infraestructuras para su posterior ubicación y operación en una instalación internacional o nacional.
10.º Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación.
11.º Costes de uso de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos de investigación y bibliotecas técnicas,
12.º Costes de computación.
13.º Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios en materia de I+D+i, difusión, publicidad y patrocinio, internacionalización de las actividades científicas y técnicas y, preparación de propuestas internacionales.
14.º Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto que cuenten con procedimientos de revisión por pares internacionalmente reconocidos. Se podrán incluir costes de edición o revisión lingüística de las publicaciones.
15.º Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos y seminarios u otras acciones destinadas al desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas.
16.º Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales o a otras asociaciones o plataformas de I+D+i.
17.º Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares.
18.º Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de costes, según se determine en la convocatoria.
19.º Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales, siempre que dicho acceso no sea gratuito.
20.º Costes de compensaciones a los sujetos experimentales que no estén vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria cuando participen en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención. Estas compensaciones se realizarán mediante transferencia bancaria con las deducciones tributarias que corresponda. No se admitirán retribuciones en especie.
21.º Costes derivados del gasto del informe realizado por un auditor, cuando se requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
22.º Costes financieros, de asesoría jurídica o financiera, notariales y registrales, periciales y los de administración específicos, en los términos establecidos en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
23.º Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en las convocatorias.
b) Costes indirectos, cuando así se establezca en la convocatoria, entendidos como gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa.
Los costes indirectos se calcularán, sin necesidad de aportar justificantes de gasto, mediante la aplicación de porcentajes fijos, que se especificarán en las convocatorias, sin que puedan ser superiores al 25 por ciento, sobre los conceptos de gasto incluidos en los costes directos de la actuación, válidamente justificados.
En el caso de las ayudas cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+ el método de cálculo se realizará según lo establecido en la normativa específica de dichos fondos.
5. En la modalidad de costes totales serán susceptibles de ayuda los mismos gastos que se han definido en el concepto de costes directos de la modalidad de costes marginales, pudiéndose financiar adicionalmente, si están relacionados con la actuación, los costes del personal propio, de los servicios generales y técnicos de la institución y de amortización de equipamiento científico y técnico, siempre que, en este último caso, se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que en la adquisición no se hayan utilizado subvenciones nacionales o comunitarias;
2.º Que los gastos de amortización se calculen de conformidad con las normas de contabilidad pertinentes;
3.º Que el gasto se refiera exclusivamente al período de ejecución de la actividad subvencionada.
6. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
7. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de los Fondos FEDER y FSE+ que le sea de aplicación, en particular la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, modificada por la Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020 o en la normativa que las modifique o sustituya.
8. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir parte de la actividad a realizar, como mecanismo que garantice la capacidad económica y financiera del beneficiario. En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de la cofinanciación.
9. Las ayudas concedidas a los Organismos Públicos de Investigación contemplados en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, así como otros centros de investigación del sector público, Universidades públicas, y entidades de derecho público cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de las Comunidades Autónomas, seguirán la modalidad de costes marginales.
10. Para los beneficiarios no comprendidos en el apartado anterior, las convocatorias podrán optar por aplicar la modalidad de costes marginales, en cuyo caso las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de dichos costes marginales de la actuación, o, alternativamente, por la modalidad de costes totales, pudiendo, en ese caso, establecer un límite máximo de financiación de todos los costes de la actuación.
1. Con carácter general podrán subcontratarse las actuaciones objeto de la ayuda respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
No serán objeto de subcontratación las actuaciones comprendidas en el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento.
En el resto de actuaciones la subcontratación podrá alcanzar hasta el porcentaje máximo del 60 % del presupuesto financiable. En el caso de las ayudas sujetas al régimen deminimis, el porcentaje máximo será del 90 %. Las convocatorias, en función de la naturaleza de la actividad financiada, podrán restringir el porcentaje máximo de subcontratación, con la excepción de las que se sujeten al indicado régimen demínimis.
En cualquier caso, no podrán ser objeto de subcontratación los elementos esenciales de la actuación, que habrán de corresponder al investigador responsable asignado por la entidad beneficiaria y su equipo investigador. Entre las actividades esenciales se cuentan las de planificación, organización y coordinación de tareas; la supervisión del cumplimiento de los objetivos fijados en la memoria de solicitud y la confección de memorias e informes de seguimiento.
2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente. La solicitud, que se presentará en la forma que se determina en el artículo 16.1, irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la consecución de los objetivos de la actuación objeto de ayuda.
1. Las ayudas reguladas en esta orden que adopten la forma de subvención y de anticipo reembolsable no precisarán de la constitución de garantías.
2. En el caso de préstamos, las entidades beneficiarias estarán exentas de la presentación de garantías salvo cuando su cuantía en préstamo sea superior a 2.000.000 de euros por proyecto. En estos casos las garantías se constituirán por el importe de la ayuda concedida.
Las garantías exigidas se establecen como requisito para realizar los pagos y tendrán por objeto garantizar el cumplimiento y, en especial, el mantenimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los beneficiarios.
3. Cuando la ayuda se abone en varios libramientos, para cada uno de ellos se deberá constituir una garantía por el referido porcentaje de la cantidad que se vaya a satisfacer en dicho libramiento. En los casos de pluralidad de beneficiarios, el importe de la garantía se distribuirá entre los miembros de la agrupación obligados a su presentación.
4. Tras la concesión de la ayuda, para el pago de la misma, las entidades beneficiarias obligadas a ello, deberán constituir con anterioridad al libramiento la garantía correspondiente. En todo caso, el pago estará condicionado a que exista constancia de que las entidades beneficiarias cumplan los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, o disposición normativa que la sustituya y a que, cuando sea exigible, se hayan presentado las correspondientes garantías. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías, cuando fueran exigibles, tendrá como efecto la retención del pago hasta el momento en que se acredite la constitución de la garantía, pudiendo dar lugar a la pérdida, de forma definitiva, del derecho al cobro de la cantidad que se fuera a librar cuando, habiéndose realizado requerimiento previo del órgano concedente para que se acredite la constitución de la garantía, éste no fuera atendido en el plazo de quince días.
5. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, a requerimiento de este, según proceda, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias, de los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre.
Las garantías cubrirán los posibles reembolsos, reintegros e intereses.
6. El plazo de presentación del resguardo de constitución de las garantías desde la notificación de su requerimiento se establecerá en las convocatorias.
7. Procederá la ejecución de las garantías cuando el órgano competente acuerde el reintegro de la ayuda y este no sea debidamente satisfecho en el plazo previsto. La ejecución se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
También procederá iniciar el procedimiento de ejecución de las garantías ante el impago de cualquier cuota de amortización del préstamo concedido y/o de los intereses del préstamo.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que esta afecta, la administración procederá al cobro de la diferencia continuando el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación vigentes.
8. Las garantías se cancelarán por tramos a medida que se vaya produciendo el reembolso del préstamo, a partir del momento en que el importe del préstamo todavía no rembolsado sea igual o menor al importe de la garantía. Las garantías se liberarán, por acuerdo del órgano concedente, en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan reembolsado las cantidades adeudadas.
b) Cuando se hubieran constituido garantías por un montante superior al establecido en el apartado 2 de este artículo se cancelará la parte constituida en exceso o la totalidad de la misma, según proceda.
c) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades debidas en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En ningún caso la cantidad garantizada podrá superar el porcentaje de la deuda viva referido en el apartado 2.
1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, préstamo, anticipo reembolsable o una combinación de las mismas.
2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se especifique en las convocatorias.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos y anticipos reembolsables, cuando las ayudas adopten estas modalidades, en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso.
4. Las convocatorias podrán ser cofinanciadas con fondos provenientes de la Unión Europea.
1. El presupuesto financiable se establecerá en función del coste total de la actividad financiada. La cuantía individualizada de cada ayuda se determinará atendiendo a alguno o a algunos de los siguientes criterios:
a) El coste financiable real de la actuación.
b) Una parte del coste citado en el apartado anterior, en función del tipo y de las características de la actuación y del beneficiario.
c) Una cuantía fija, determinada a tanto alzado en las convocatorias, en función del tipo de actuación y de beneficiario.
d) Las disponibilidades presupuestarias, en atención al coste total del presupuesto solicitado y la evaluación alcanzada por la misma.
2. Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda para cada tipo de actuación y/o beneficiario. Las ayudas en el ámbito de esta orden podrán financiar hasta el 100 % de los gastos de la actuación financiada para la realización de actividades no económicas de organismos de investigación. En cualquier otro caso, el importe de las ayudas que se determine se establecerá de acuerdo a las intensidades y límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 para las categorías de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo. Las intensidades y límites se entenderán expresados en términos de equivalente de subvención bruta, conforme a lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
3. En los casos en que sea aplicable el Reglamento (UE) n.º 651/2014, la cuantía de las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, y estudios de viabilidad. no podrá superar los siguientes límites, expresados en equivalente de subvención bruta:
a) Si se trata de un proyecto predominantemente de investigación fundamental: 40 millones de euros por empresa y por proyecto.
b) Si se trata de un proyecto predominantemente de investigación industrial: 20 millones de euros por empresa y por proyecto.
c) Para las actuaciones predominantemente de desarrollo experimental: 15 millones de euros por empresa y por actuación.
d) Para estudios de viabilidad previos a las actividades de investigación: 7,5 millones de euros por estudio.
A los efectos de este artículo, se considerará que un proyecto es «predominantemente» de investigación fundamental, «predominantemente» de investigación industrial o «predominantemente» de desarrollo experimental si más del 50 % de sus costes financiables se destinan a actividades incluidas en la categoría de investigación fundamental, de investigación industrial o de desarrollo experimental, respectivamente. Si no pudiera establecerse la naturaleza predominante del proyecto, se aplicará el umbral más bajo.
4. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad que se incentiva, sin que, en ningún caso, incluida la posible cofinanciación, se supere el coste real de la actividad financiada.
5. Excepcionalmente, cuando se prevea que el volumen del importe de solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global máximo destinado a las ayudas y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, se podrá admitir la posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare del exceso entre lo solicitado y el importe global máximo destinado a las ayudas. Dicho prorrateo podrá establecerse en función del resultado de la evaluación de las actuaciones, si así lo disponen las convocatorias.
6. En los casos en que sea aplicable el Reglamento deminimis, la cuantía de las ayudas a una única empresa, expresada en equivalente de subvención bruta, no podrá superar el límite máximo que establece el Reglamento deminimisen el periodo de tiempo determinado por el mismo.
7. Los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados por anticipado a los beneficiarios no incrementarán el importe de la ayuda concedida.
1. Las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, internacionales, o de la Unión Europea, siempre que el importe conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste total de la actividad financiada o no implique una disminución del importe de la financiación propia exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
En todo caso, la entidad deberá comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la justificación, deberá comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo del proyecto.
2. Cuando las ayudas se refieran a actuaciones cofinanciadas por un fondo EIE, se respetará, asimismo, el régimen de concurrencia y acumulación de ayudas previstos en su normativa específica. Una operación podrá recibir ayuda de uno o más Fondos o de uno o más programas y de otros instrumentos de la Unión, con los límites establecidos en el artículo 63.9 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (RDC) que establece que no se financiará el mismo gasto con otro fondo o instrumento de la Unión o con el mismo fondo en el marco de otro programa.
3. En el caso de que sea aplicable el Reglamento deminimis, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que la cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas deminimis, no dé lugar, para los mismos gastos financiables, a una intensidad de ayuda o a un importe de ayuda superior al establecido para ese caso en un reglamento de exención por categorías, en una decisión adoptada por la Comisión Europea o en otra norma comunitaria que fuera de aplicación.
b) Que al beneficiario o, si el beneficiario perteneciera a una única empresa, según se define en el apartado 10 del anexo II, a ésta última, no le hayan sido concedidas, en el período de tres ejercicios fiscales (el ejercicio fiscal de concesión de la ayuda y los dos anteriores), ayudas deminimis, cualquiera que sea su finalidad y procedencia de los fondos, por un valor total, expresado en equivalente de subvención bruta, que supere el límite máximo para el tipo de actividad establecido en el reglamento deminimis.
1. Las ayudas reguladas por esta orden deberán tener efecto incentivador cuando vayan dirigidas a entidades a las que se refiere el artículo 3.5. Para el resto de entidades, se estará a lo que determine la convocatoria. Se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si, antes de comenzar la actividad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria, con el contenido mínimo señalado a continuación:
a) Nombre de la entidad, y en caso de empresas, su tamaño;
b) descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y finalización;
c) ubicación del proyecto;
d) lista de costes del proyecto;
e) tipo de ayuda (subvención, préstamo, anticipos reembolsables o una combinación de las mismas);
f) importe de la financiación pública necesaria para el proyecto.
2. Cuando las convocatorias establezcan expresa e inequívocamente el tipo de ayuda a conceder no será necesario contemplar el apartado e) en la solicitud de ayuda, debiendo indicarse solamente el importe de la financiación solicitada.
1. La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada actuación, dentro del periodo de ejecución que determinen las convocatorias o las resoluciones de concesión, teniendo en cuenta el objeto o la finalidad de la ayuda.
2. Las inversiones y gastos efectuados por el beneficiario podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión. El gasto y pago del informe de auditor a que se refiere el artículo 8.4.a).21.º, podrán realizarse hasta tres meses después de la finalización del periodo de ejecución de la ayuda.
Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado durante el mismo, o dentro de los tres meses siguientes a la finalización del mencionado período de ejecución de la ayuda.
3. En las ayudas que las convocatorias establezcan que deban tener efecto incentivador, la actividad del beneficiario deberá comenzar después de que éste haya presentado su solicitud de ayuda.
1. En aplicación del artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en atención a la condición de personas físicas o personas jurídicas de los solicitantes y potenciales beneficiarios de las ayudas, las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y comprobación y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, incluidos los informes de justificación científico-técnica y económica y la presentación de recursos administrativos, por los interesados que tengan la condición de personas jurídicas, que deberán hacerlo a través de la sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo que establezca la convocatoria y utilizar un sistema de firma electrónica basada en un certificado cualificado de firma electrónica. El sistema de identificación y firma electrónica de los interesados deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los interesados que sean personas físicas estarán obligados a cumplimentar y aportar toda la documentación requerida en los procedimientos regulados en esta orden a través de las aplicaciones informáticas puestas a su disposición por el órgano concedente, así como de utilizar medios electrónicos para la presentación efectiva de la solicitud (con la firma del interesado y a través de un registro).
No obstante lo anterior, para la presentación efectiva de la solicitud, las personas físicas residentes en el extranjero deberán cumplimentar y aportar la documentación requerida a través de las aplicaciones informáticas, pero podrán utilizar para la presentación efectiva cualquiera de las formas que, con carácter general, les permite el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada.
Las sucesivas publicaciones se realizarán en la dirección o sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo que establezca la convocatoria, en la forma que se determine en ella, surtiendo estas publicaciones los efectos de notificación practicada.
3. Complementariamente y por necesidades de confidencialidad vinculadas a la naturaleza de las actividades de I+D+i, las convocatorias podrán establecer la notificación por comparecencia de algunos de los trámites administrativos del procedimiento de concesión.
Posteriormente, se procederá a la publicación de las listas de los solicitantes o beneficiarios incluidos en dichos trámites con fines puramente informativos.
4. Cuando se practique una notificación, se enviará un aviso de cortesía al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado en la solicitud de la ayuda, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
5. Los interesados que presenten cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación, deberán estar previamente acreditados en los registros telemáticos que determinen las convocatorias.
6. Las convocatorias podrán limitar el tamaño y el formato de los ficheros electrónicos que deban anexarse.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente. Deberá publicarse el texto completo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación la convocatoria de ayudas en forma de préstamo o anticipo reembolsable con cargo al presupuesto de gastos de su departamento y a la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de ayudas en forma de subvenciones con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia, pudiendo efectuarse una convocatoria conjunta en caso de concurrir financiación de ambos presupuestos.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación.
3. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, conjuntamente o por separado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en cada convocatoria, y, cuando así proceda por la naturaleza de las actuaciones, se indicará el carácter abierto de la misma conforme al artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En el caso de que la convocatoria tenga carácter abierto, para la resolución de las solicitudes presentadas en cada procedimiento de selección, se dividirá el crédito asignado para este fin entre los procedimientos de selección que se determinen en la convocatoria. Si hubiera exceso de crédito asignado a la resolución correspondiente, una vez atendidas las solicitudes propuestas, los fondos no empleados se asignarán a la siguiente resolución.
El plazo de solicitud en convocatorias no abiertas no podrá ser inferior a diez días ni superior a cuarenta y cinco.
2. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente, disponible en la sede electrónica del órgano convocante o en la del organismo que establezca la convocatoria, junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. Cuando así se requiera para la evaluación, se podrá exigir la presentación en lengua inglesa de la documentación técnica.
La presentación efectiva de las solicitudes se completará mediante firma electrónica avanzada a través del registro electrónico del órgano convocante o del organismo que establezca la convocatoria, con carácter obligatorio para las personas jurídicas y para las personas físicas, con excepción de aquellas residentes en el extranjero, quienes podrán utilizar cualesquiera de las formas de presentación que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las personas jurídicas deberán contar con la firma electrónica avanzada del representante legal de la entidad solicitante especificada en el artículo 16.1 de esta orden.
3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo que incluyan tanto el formulario como la información y todos los documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la misma.
4. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
En el caso de ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros residentes en territorio español, la solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda consultar y comprobar los datos de identidad incluidos en la solicitud, de modo fehaciente, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de acuerdo con el artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, vinculados o dependientes. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
5. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, excepto para los establecidos en la letra e) (encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social) a los que se aplicará lo dispuesto en el apartado 4 anterior, de los requisitos específicos establecidos en esta orden o en las convocatorias para adquirir la condición de beneficiario, o de los documentos requeridos en las convocatorias para cada tipo de ayuda, por una declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las declaraciones responsables que se suscriban a los efectos de esta orden deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La solicitud podrá incluir una declaración responsable por la que se acredita que la entidad solicitante dispone de una contabilidad que permita distinguir los costes y financiación de su actividad económica frente a su actividad no económica.
De haberse presentado una declaración responsable, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional de concesión de la ayuda serán requeridos al efecto de que aporten la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un plazo no superior a diez días.
No se podrá requerir a los interesados la presentación de documentos no exigidos en la normativa aplicable, que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por esta.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 13 de esta orden, según proceda, incluyendo de forma diferenciada la relación de las ayudas deminimissolicitadas y recibidas en el ejercicio en curso, así como de las recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
Esta declaración responsable expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que se dé la mencionada concurrencia.
7. Asimismo, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento dando lugar a la desestimación de la ayuda o en su caso su revocación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Del mismo modo, en caso de la obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, en virtud del artículo 37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta.
Los órganos competentes podrán realizar las comprobaciones oportunas con anterioridad o posterioridad a la concesión de la ayuda y en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición procederá la desestimación de la ayuda o la exigencia de reintegro total o parcial.
8. Si la solicitud, con el contenido al que se refiere el apartado 2 de este artículo, no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En la instrucción del procedimiento de concesión se podrán llevar a cabo las siguientes actividades:
a) La petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o que sean exigidos por esta orden o por la convocatoria.
A este respecto, las solicitudes podrán ser objeto de informes de valoración científico técnica y, en su caso, económico-financiera, que podrán realizarse por expertos independientes, nacionales o internacionales, por comisiones técnicas de expertos, o por agencias de evaluación nacionales o internacionales, según determinen las convocatorias, conforme a lo establecido en el artículo 5 de Ley 14/2011, de 1 de junio.
En el caso de recurrir a comisiones técnicas se procurará el equilibrio de género, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) La pre-evaluación de las solicitudes, que se hará siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las convocatorias. En esta fase el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica o técnica. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de algún solicitante se le notificará tal extremo en la forma que determinen las convocatorias.
c) La evaluación de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.
1. La evaluación de las solicitudes se realizará por una comisión de selección, mediante la comparación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el anexo III para cada tipo de actuación y vistos, en su caso, los informes mencionados en el artículo 20.a).
Cuando así lo prevean las convocatorias, podrán establecerse comisiones técnicas, compuestas fundamentalmente por personas colaboradoras científico-tecnológicas de la Agencia nombradas en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y/o por otros expertos/a nacionales o internacionales del ámbito científico, área, subárea o prioridad temática en la que se enmarquen las actuaciones.
El procedimiento de evaluación podrá contemplar, si así se prevé en la convocatoria y como medio de prueba adicional de los criterios de evaluación previstos en el anexo III, la celebración de entrevistas presenciales o videoconferencias, siempre que dichas actuaciones respeten el principio de igualdad de oportunidades.
Tanto las comisiones como los procedimientos de evaluación se ajustarán a lo previsto en el artículo 4 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio, sobre igualdad en los procesos de selección y evaluación.
Cuando así lo determinen las convocatorias, la evaluación podrá desarrollarse en lengua inglesa en aquellos aspectos de índole técnica que lo requieran.
2. Las convocatorias podrán establecer una puntuación mínima, que sea el resultado de la suma de los criterios de evaluación, para que las solicitudes puedan ser propuestas para financiación. Quedarán denegadas aquellas solicitudes que no alcancen dicha puntuación mínima, así como las solicitudes que no superen los umbrales establecidos en los criterios de evaluación o no cumplan los criterios que tengan un carácter excluyente.
Las convocatorias podrán establecer la exclusión de aquellas solicitudes que afecten a una determinada actuación o de un determinado/a investigador/a o responsable principal que, habiendo sido objeto de evaluación en una convocatoria anterior, no hayan alcanzado una puntuación final mínima, establecida en dicha convocatoria.
3. Las convocatorias establecerán que el procedimiento de evaluación de las solicitudes se realice en una o en dos fases.
a) En el procedimiento de evaluación en una fase, la documentación e información necesarias para evaluar la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establecen en el anexo III para cada tipo de actuación, se aportará en el momento de presentación de la solicitud de ayuda.
b) En el procedimiento de evaluación en dos fases la documentación e información necesarias para evaluar la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establecen en el anexo III para cada tipo de actuación se podrá aportar en uno o dos momentos, según establezcan las convocatorias:
1.º En el momento de presentación de la solicitud. Las personas solicitantes aportarán la documentación e información necesarias para la evaluación de las dos fases.
2.º Las personas solicitantes presentarán en el momento de presentación de la solicitud solo la documentación e información necesarias para la evaluación de la primera fase. Posteriormente, las solicitudes que hayan superado la primera fase de evaluación, presentarán la documentación e información necesarias para evaluar la segunda fase en un momento posterior, que se especificará en cada convocatoria.
4. La comisión de selección, órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, encargada de formular la propuesta de concesión, será específica para cada una de las modalidades de actuación financiadas, será designada por el órgano concedente y tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia: La persona titular de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. En caso de ausencia, podrá ser sustituida por quien ejerza el puesto de adjunto/a de la indicada división.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la División de Programación y Gestión Económica y Administrativa. En caso de ausencia, podrá ser sustituida por quien ejerza el puesto de adjunto/a de la indicada división.
c) Vocalías:
1.º Tres personas funcionarias de la Agencia Estatal de Investigación.
2.º Una persona representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
3.º En su caso, hasta ocho personas colaboradoras científico-técnicas de la Agencia y/o expertas con el perfil que se determine en la convocatoria.
La secretaría de la comisión de selección será ejercida por una persona funcionaria de la Agencia, que actuará con voz, pero sin voto.
En caso de evaluación en dos fases, la comisión de selección que evaluará la primera fase, estará constituida al menos por la vicepresidencia y dos vocales expertos de la comisión de selección. Así mismo, la secretaría será ejercida por una persona funcionaria de la Agencia, que actuará con voz, pero sin voto.
5. Las comisiones técnicas, cuando éstas se establezcan en las convocatorias, tendrán la siguiente composición mínima:
a) Presidencia: Una persona colaboradora científico-tecnológica de la Agencia y/o experta del ámbito, área, subárea o prioridad temática correspondiente.
b) Vicepresidencia: Una persona colaboradora científico-tecnológica de la Agencia y/o experta del ámbito área, subárea o prioridad temática correspondiente.
c) Vocalía: Un panel compuesto por personas expertas nombradas por el órgano concedente, seleccionadas según el ámbito, área, subárea o prioridad temática correspondiente.
La secretaría de las comisiones técnicas será ejercida por una persona funcionaria de la Agencia, que actuará con voz, pero sin voto.
6. Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo procurarán el equil