Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2023:11
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Cano Romero, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Parra Pastor, don Ricardo Santos Suárez, doña María Castro Román Navarro, don Ramón Carrasco Romero, don Enrique Herrera Sanz, doña Concepción Giménez Iglesias, doña María Alonso Romero Rubio, don Juan Núñez Santiago Parra y doña Laura Hidalgo Silva, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 899-2021, promovido por don L.M.G.C., doña C.P., y doña V.G.P., esta última hija menor de edad de los anteriores, contra la actuación en vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Ha sido ponente la magistrada doña Concepción Giménez Iglesias.
1. Mediante escrito presentado en este tribunal el día 16 de febrero de 2021, don L.M.G.C., doña C.P., y doña V.G.P., hija menor de edad de los anteriores, representados por el procurador de los tribunales don Jacobo Reyes Pérez, bajo la asistencia de la letrada doña Marta Crespo Hidalgo, interpusieron recurso de amparo contra la actuación en vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo (en adelante, HUCA).
2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso y son relevantes para su resolución son, en síntesis, los siguientes:
a) Doña C.P., estaba siendo controlada en su embarazo por los servicios médicos del HUCA y, simultáneamente, al margen de la sanidad pública, por una comadrona, dado que la gestante y su pareja habían tomado la decisión de que el parto tuviera lugar en su domicilio de Oviedo, con la asistencia de la referida profesional.
b) Con fecha 23 de abril de 2019, doña C.P., y su pareja acudieron al HUCA con la finalidad de realizar un control de bienestar fetal, por haber sobrepasado el embarazo las cuarenta y dos semanas de gestación. En dicha consulta el jefe del servicio de partos les indicó que, por tratarse de una gestación cronológicamente prolongada, proponía «la inducción del parto “o, en su defecto, prolongación del monitorio y si se normaliza, control estricto del bienestar fetal”». Los interesados manifestaron que «adoptarían su decisión tras consultar con los profesionales privados que también les estaban controlando el embarazo». Sin embargo, no hubo contacto posterior con ese servicio médico por parte de doña C.P., o su pareja.
c) El día 24 de abril siguiente, el jefe de sección de obstetricia del HUCA remitió al subdirector de servicios quirúrgicos y críticos del área sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias un informe sobre la paciente doña C.P., en el que se relataba: «[l]a paciente está actualmente embarazada de 42+3 semanas acorde a la datación ecográfica y amenorrea. Ha seguido controles de su embarazo en el Hospital Central de Asturias hasta la semana 35+2 que cursa sin alteraciones. No acude la semana 37 a consulta. Se establece contacto por teléfono siendo informados de que no va a hacer más controles en nuestro centro. El 23 de abril se pone en contacto con nosotros que la citamos en el mismo día en consulta de monitorización fetal. […Tras la práctica de la prueba] [s]e informa a la paciente del requerimiento de terminación del embarazo por gestación prolongada, dado el incremento del riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intraútero a partir de la 42.ª semana de gestación. Esta recomendación está establecida en el protocolo del servicio, guía de práctica clínica del MSPS [Ministerio de Sanidad y Política Social] y en las guías basadas en la evidencia de las principales sociedades científicas internacionales. Se informa de que el monitor no es normal y precisa de controles frecuentes. La paciente solicita los informes para las matronas que le asisten el embarazo y parto domiciliario que se le adjuntan. Nos informa de que volverá a comentarnos tras la conversación, pero no aparece».
d) A la vista de ese informe, el subdirector de servicios quirúrgicos y críticos del área sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias, con fecha 24 de abril de 2019, dirigió un escrito al juzgado de guardia de Oviedo en el que, tras referir las conclusiones del jefe de sección de obstetricia y de acompañar el informe que este le había enviado, expuso que la «paciente ha manifestado su voluntad de llevar a término su gestación en su domicilio, por parto natural asistida por matronas», y que «[h]abiendo resultado infructuosos todos los intentos practicados por los facultativos de la sección de obstetricia para prevenirle acerca de la necesidad de ingresar en el hospital para inducción inmediata del parto, y dados los graves riesgos derivados para la vida del feto, se traslada a este juzgado de guardia el conocimiento de esta situación, sugiriendo la adopción de orden de ingreso obligado para la práctica inmediata de parto inducido».
e) El juzgado dictó auto en la misma fecha de 24 de abril de 2019, en el que consideró aplicable al caso el art. 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como los arts. 29 y 158 del Código civil (CC). Asimismo, en atención al informe emitido por el subdirector de servicios quirúrgicos y críticos del HUCA, en el que se constataba la necesidad de ingresar a la gestante de 42+3 semanas para su inmediata inducción al parto, estimó procedente acceder a lo interesado, «habida cuenta de que pese a que la señora [P] ha sido informada de que el feto presentaba riesgo de hipoxia fetal (deficiencia de oxígeno en la sangre) y de muerte intrauterina a partir de la semana 42, la misma manifestó su voluntad de no acudir al hospital y dar a luz en su domicilio, lo que, sin duda, podría poner en inminente y grave peligro la vida de su hijo». A tal fin, acordó «el ingreso obligado de doña [C.P.], para la práctica, de ser preciso, de un parto inducido». Igualmente, resolvió oficiar a la Policía Local de Oviedo para que acompañara a la gestante al HUCA, «debiendo verificarse el traslado de la misma en vehículo medicalizado», lo que así se llevó a efecto mediante oficio dirigido a la Policía Local de Oviedo, dando cuenta del acuerdo del «ingreso obligado» de doña C.P., en el HUCA, al subdirector de servicios quirúrgicos y críticos de aquel hospital.
f) Según consta en el historial clínico de doña C.P., el ingreso en el HUCA se realizó a las 17:30 horas del día 24 de abril. También figura que, a las 18:30 horas, el letrado de la administración de justicia del juzgado se personó en las dependencias hospitalarias para notificar a la paciente el auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo antedicho. A las 20:56 horas, la demandante de amparo fue ingresada en planta, sin custodia y permitiéndosele pasear fuera de su habitación.
g) El día 25 de abril de 2019, el gerente del área sanitaria IV del servicio de Salud del Principado de Asturias, a requerimiento del juzgado, le remitió informe en el que destacó que, una vez producido el ingreso de la gestante en el HUCA, «la situación clínica de ambos [gestante ynasciturus] precisa vigilancia continuada, según informa el jefe de obstetricia del Hospital Universitario Central de Asturias, en informe emitido a las 15:50 horas de hoy jueves 25 de abril, que se adjunta». Agrega que, a la vista de dicho informe, «no descarta la necesidad de intervenciones médicas y quirúrgicas», por lo que «sugiere mantener la medida adoptada». En el informe médico de actualización de la misma fecha, que se acompañaba al anterior documento, se destaca que la mujer se hallaba en la semana 42+4 de gestación y que presentaba «contracciones espontáneas, esto es, no ha sido inducido el parto». Asimismo, en conversación sostenida con ella y su pareja, se les explicó «la necesidad de realizar pruebas para evaluar el estado fetal, que entienden y aceptan». Igualmente, se describen las pruebas médicas realizadas (exploración abdominal, ecografía y cardiotocograma fetal) y se les informó de la «posible necesidad de realización de más pruebas para confirmar el bienestar del feto. (una pH de calota fetal que precisaría amniorexis)». Se señala que «la paciente permite la exploración pélvica que muestra una pelvis capaz» y se destaca que la gestante se encontraba «en fase de latencia, –previa al parto activo–». A continuación, se describe el estado psíquico de la paciente, expresando que la misma «no muestra síntomas psicóticos, ni clínica afectiva mayor, ni alteraciones cognitivas». Añade que «[d]ado el requerimiento de vigilancia fetal continuada se le ofrece y acepta, vigilancia en sala iluminada adjunta a partos con cardiotocografía que permite libre deambulación».
Finaliza el informe con tres conclusiones; (i) fase de latencia de parto; (ii) feto que precisa vigilancia continuada hasta el momento de su nacimiento; y (iii) no se descarta la realización de «intervenciones médicas y quirúrgicas (amniorexis, amnioinfusión o cesárea) para evaluar el estado fetal o tratar el estado fetal».
h) El día 26 de abril de 2019, el gerente del área sanitaria IV remitió un nuevo informe al juzgado en el que puso de manifiesto que se había producido «el nacimiento a la 1:40 horas de hoy 26 de abril». Adjuntaba, al efecto, un informe del jefe de obstetricia del HUCA en el que, de modo resumido, constaba lo que sigue:
– «El parto se inicia de forma espontánea sin administración de oxitocina en ningún momento».
– «Se mantiene comunicación e información continuada y a demanda con la paciente, su pareja y su acompañante (la matrona que le asistía en su domicilio). Se aportan documentos de consentimiento informado para el parto sus complicaciones y cesárea que leen y aceptan».
– «La paciente refiere dolor intenso resistente a medidas no farmacológicas y solicita analgesia epidural (16:36 h). Se solicita analítica, se avisa a anestesia que informa aporta consentimiento y firma».
– «El cardiotocograma del feto muestra períodos prolongados de 40 minutos de variabilidad mínima sin ascensos en la frecuencia fetal tras la estimulación de la cabeza fetal. Este signo se asocia a trazado poco tranquilizador y requieren la realización de una determinación de pH de sangre calota fetal […] Se explica a la paciente y acompañante (en este caso la matrona que le acompañaba en su domicilio) que entiende y acepta (20:30 h). El resultado de la prueba es normal».
– «El parto no progresa de forma adecuada desde su primera exploración […]. La paciente presenta prurito tras la analgesia epidural. Ante una posible reacción alérgica el servicio de anestesia la suspende. La paciente solicita otro tipo de analgesia» y, de entre las que se le ofrecen como alternativa, la paciente opta por «morfina iv».
– «Las contracciones se incrementan de forma espontánea hasta alcanzar la taquisistolia, es decir, patrón patológico con más de 10 contracciones en 20 minutos. Este hecho, asociado a una presentación anómala del feto, nos lleva a un diagnóstico de útero de lucha, ante una desproporción pelvifetal de estrecho superior, con deterioro de la frecuencia cardíaca fetal». Se agrega que la «exploración permanece sin cambios significativos» y «[e]ste escenario clínico es indicación de cesárea».
– «A pesar de la analgesia administrada la paciente refiere dolor asociada a estado emocional muy comprometido. Pregunta por la posibilidad de realizar una cesárea».
– «Se le informa de que existe una indicación médica por diagnóstico de desproporción pelvifetal de estrecho superior por deflexión de la cabeza fetal en occipito sacra. Esta presentación persistente se asocia a fase de latencia prolongada y detención del primer periodo de parto y a más dolor resistente a fármacos».
– «Se le indica cesárea por detención del primer periodo de parto y se administra profilaxis de endometritis con cefazolina. La paciente y pareja entienden y aceptan verbalmente la indicación, que por otro lado ya tiene firmada en el consentimiento».
– «A la 1:40 horas nace un feto hembra en presentación cefálica concaput sucedaneum(edema en la cabeza fetal) con indicadores de calidad neonatal normales».
Como conclusiones se destacan: (i) «Gestación postérmino (42+5)»; (ii) «[p]arto de inicio espontáneo»; (iii) «[d]etención del primer periodo por desproporción pelvifetal y deflexión de la cabeza fetal en occipito sacra»; y (iv) «[c]esárea urgente».
i) Los ahora recurrentes en amparo, con fecha de 9 de mayo de 2019, presentaron ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, escrito de interposición de recurso por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales contra la actuación en vía hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, en relación con el ingreso forzoso de doña C.P. A la demanda se acompañan los informes del señor Brito Medina, especialista en ginecología y obstetricia y de la señora Olza Fernández, especialista en psiquiatría. En las actuaciones consta el informe de 14 de junio de 2019, del servicio de ginecología y obstetricia del HUCA sobre «las cuestiones de hecho planteadas por la demandante doña C.P., en el recurso de protección de derechos fundamentales. Consideraciones sobre la asistencia médica prestada».
Por sentencia 164/2019, de 10 de septiembre, se desestima el recurso. Entre los hechos que considera probados la sentencia incluye que «el parto se inicia de forma espontánea sin administración de oxitocina en ningún momento», y que «se mantiene permanentemente informada a la paciente, su pareja y matrona que le acompaña y que le asistía en su domicilio». Asimismo que «a pesar de la analgesia administrada [doña C.P.], pregunta por la posibilidad de realizar una cesárea, siendo informada de que existe una indicación médica por diagnóstico de desproporción pelvifetal de estrecho superior por deflexión de la cabeza fetal en occipito sacra» y que «se indica cesárea por detención del primer periodo de parto y se administra profilaxis de endometritis con cefazolina, firmando el correspondiente consentimiento».
En síntesis, la sentencia concluye que no concurre la vulneración de los derechos fundamentales denunciados. Pone de relieve que «el informe del señor Adánez García, jefe de sección de obstetricia del HUCA de 14 de junio de 2019, suscrito también por el señor Ferrer Barriendos, jefe de servicio de ginecología y obstetricia del HUCA, deja constancia de una serie de datos que resultan determinantes en este caso: a) Que se trataba de una gestación con factores de riesgos (obesidad, tabaquismo, inadecuado control de embarazo –al menos en la sanidad pública, pues se había suspendido los controles siete semanas antes del 23 de abril–, y gestación postérmino). b) Sospecha de desproporción pelvicofetal (ante la posición, actitud y altura del feto)». Asimismo, la sentencia considera que «es un hecho científicamente acreditado, según expone el señor Adánez García en su informe de 24 de abril de 2019 (f. 1 del expediente administrativo), que se trata de un gestación de riesgo, entre otros motivos por tratarse de una gestación que había superado las 42 semanas, desaconsejándose en todo momento un parto domiciliario y sin seguimiento facultativo (Guía Nice británica, informes de American College of Obstetrics and Ginecology)» y que «el posterior informe del doctor Adánez García de 25 de abril de 2015 detalla las circunstancias en que se desarrolló el alumbramiento y pone de manifiesto que el parto, que se inició de forma espontánea, no progresó de forma adecuada, que la presentación del feto era anómala, porque permaneció en cefálica occipito-posterior deflexionada con la altura de presentación invariable, que se advirtió deterioro de la frecuencia cardiaca fetal y que este escenario clínico era indicación de cesárea».
Afirma la sentencia que «en contra de lo que parece entender la parte actora, el ingreso de [doña C.P.] por parte de los servicios médicos se contemplaba como algo necesario, pero no con la única finalidad de inducir el parto, sino como mecanismo de vigilancia y control de la madre y delnasciturus» y que ello queda corroborado con «la actualización de la historia clínica […], en el que se deja constancia de que lo que se hizo por los servicios médicos fue una vigilancia fetal continuada, sin descartar, lógicamente, la posibilidad de intervenciones médicas y quirúrgicas». Tras exponer la STEDH de 15 de noviembre de 2016 (Gran Sala), asuntoDubská y Krejzová c. República Checa, concluye que «[e]n este caso, nos encontramos ante un parto que en modo alguno era de bajo riesgo, antes al contrario, los informes del doctor Adánez García acreditan que se trata de un embarazo categoría II (NCHID), según explicó además en el acto de la vista, por lo que ante esta situación la administración sanitaria, como así hizo, optó por adoptar las medidas oportunas para preservar la vida y la salud del feto, […]. Por tanto, ante una situación de riesgo para el feto la actuación de los servicios médicos de la demandada, […] debe calificarse como diligente, profesional, ponderada, proporcionada, responsable y ética y jurídicamente irreprochable, anteponiendo, como no podía ser de otra forma, la vida y la salud delnasciturus, a cualquier otro interés». También considera que en modo alguno concurre la vulneración de los derechos fundamentales que se invocan por la actora, máxime a la vista del art. 9 de la citada Ley 41/2002. Y tampoco aprecia vulneración de derecho alguno de la actora «por la circunstancia de haber sido sometida a acto médico –tacto vaginal– que resultara, a la vista de las circunstancias concurrentes, innecesario». Afirma la sentencia que «[e]l tacto vaginal al que fue sometida, [es] una prueba absolutamente necesaria para el diagnóstico de la evolución del parto, como expuso el señor Adánez García, y […] consta en la historia clínica como el día 25 de abril sobre las 10:24 horas se ofreció a [doña C.P.] que el tacto vaginal lo realizase cualquier obstetra o matrona que se encontraba en el área de partos, algo que es obvio que no es la forma ordinaria de actuar de los referidos profesionales, y que únicamente se explica por el trato deferente, y casi diríamos que exquisito, al que fue sometido la paciente. Lo que resulta […] contrario a la más simple lógica de la actuación administrativa y sanitaria, es la pretensión de la interesada de que el tacto vaginal lo realizase alguien ajeno al sistema sanitario público, como sucede con la señora María del Valle Pérez Rodríguez, que era la matrona que había venido atendiendo a la demandante de forma privada, y es que el servicio público no pude verse interferido por la actuación de terceros sujetos privados, por el simple capricho o interés de los usuarios, so pena de convertirlo en un servicio al gusto o interés de cada paciente».
j) Contra la sentencia interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por errónea valoración de la prueba, y por infracción de los arts. 5 a), 12, 2 y 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de los arts. 3 y 8 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), de la STEDH de 14 de diciembre de 2010, asuntoTernovszky c. Hungría, y de los arts. 14, 15, 16 y 18.1 CE y de la Ley 41/2002 que los desarrolla, en concreto de su art. 9. Dicho recurso fue desestimado por sentencia núm. 84/2020, de 11 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Comienza la sentencia por el examen del «motivo relativo a la errónea valoración probatoria por haber omitido la sentencia apelada la historia clínica, la pericial y la testifical propuestas por la parte recurrente, vulnerando la regla de valoración conjunta de la actividad probatoria, todo lo cual tiene como consecuencia una absoluta indefensión y la vulneración de los derechos reconocidos en los párrafos 1 y 2 del art. 24 de la Constitución». La sentencia afirma que «no son ciertos los presupuestos en los que se sustentan los errores señalados por la parte apelante, ni que las deducciones que obtiene el juzgador de instancia se basen en suposiciones, que por carecer de prueba pericial son arbitrarias para sustituirlas por las que propone, ya que este juicio de parte adolece del mismo defecto que denuncia de destacar determinados elementos del curso médico de embarazo obtenidos de las pruebas practicadas a su instancia siendo a su juicio la única prueba pericial de obstetricia obrante en el procedimiento, obviando que cuando esta persona acude al centro hospitalario para control había superado el periodo de gestación, y que por sus condiciones físicas era necesaria la comprobación permanente de su estado por los riesgos que representaba para la salud de la madre y del feto, y que este seguimiento no pudo hacerse entre otras razones por los propios actos de la gestante y su esposo al albur que necesitaban un tiempo para […] reflexionar la decisión y cuando regresaron el referido servicio público estaba cerrado. Ante estas circunstancias la administración sanitaria solicita la autorización judicial de ingreso forzoso de la gestante con la finalidad reseñada, y en la evolución de este estado se inicia con un parto espontáneo que cursa con las complicaciones reseñadas en la resolución recurrida, cuyo diagnóstico tuvo lugar durante este periodo expectante, y que derivan en la realización de la cesárea para preservar la vida de la madre y de la niña, operación realizada con el consentimiento de la madre, y que concluye con el nacimiento de la niña sin ninguna consecuencia perjudicial para ambas. Este relato de los hechos confirma la conclusiones sustantivas y jurídicas de la sentencia apelada sobre el parto hospitalario para poner fin a una gestación prolongada, siendo este medio el adecuado y proporcionado para el manejo expectante de la gestación y solución de los problemas del parto, que por los factores reseñados eran riesgos previsibles y razonables. En esta situación no está acreditado que los servicios públicos de la salud optaran por la inducción del parto y con ello se privara a los padres de sus derechos de elección entre otras alternativas posibles como el parto domiciliario con la asistencia sanitaria de una comadrona contratada al efecto y que había controlado el embarazo, pues por el momento de la actuación del servicio público de salud, las condiciones de la gestante y la evolución del estado [del] embarazo no fue factible otra solución». La sentencia no aprecia la omisión de las pruebas aportadas por una parte, ni ausencia de la valoración conjunta de la actividad probatoria causante de la indefensión y tampoco se admite que el discurso del juzgador de instancia se base en la existencia de un conflicto de intereses entre la madre y el hijo con relación a sus respectivos riesgos para su vida y salud. Asimismo rechaza la «conclusión final de parte apelante que la gestante fue sometida a múltiples intervenciones no solo sin su expreso consentimiento, sino con su expreso rechazo, […]. A falta de acreditación de los presupuestos anteriores decae la deducción que ha sufrido un estrés y un trato vejatorio y humillante que sin duda han influido en la posterior evolución del parto, con resultado de una cirugía mayor abdominal que podría no haber sido necesaria en otras circunstancias y un síndrome de estrés postraumático».
Asimismo, la sentencia desestima el motivo relativo a la impositiva realización de tactos vaginales a la parturienta en el transcurso del parto y la negativa a que los hiciera la matrona de confianza. Entiende que «en el presente caso se le dio la posibilidad de que fuera realizado por personal femenino del centro, descartando que lo pudiera realizar personal ajeno al mismo por las razones de régimen interno».
k) Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación que fue inadmitido mediante providencia de 17 de diciembre de 2020, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de alguno de los supuestos de interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento, conforme al art. 89.2 f) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que el escrito de preparación no menciona ni justifica los supuestos y presunciones de interés casacional recogidas en el precepto señalado.
3. La demanda de amparo aduce que la actuación en vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, ha vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE) y a la intimidad familiar (art. 18 CE).
En primer lugar, especifica que el acto impugnado es la vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el servicio de partos del HUCA, mediante la cual se le impusieron tratamientos forzosos a doña C.P., y se retrasaron sus peticiones de ayuda. Considera que es de aplicación el art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) pues las violaciones de los derechos fundamentales alegados vienen originadas por la vía de hecho llevada a cabo en este caso por órganos y funcionarios del Principado de Asturias.
La demanda expone los hechos en los que fundamenta el recurso de amparo señalando, entre otras circunstancias, que doña C.P., «llega al hospital alrededor de las 17:35 horas del día 24 de abril de 2019, se le realizan pruebas, siendo el resultado todas ellas normales, por lo que los profesionales de la salud del HUCA no llevan a cabo ninguna intervención durante horas, lo cual se contradice con la urgencia y la inminencia del peligro de daños en el bebé si no se procedía a su ingreso e inducción forzosa que fueron alegadas para lograr la orden de ingreso e inducción forzosas. Es más, la historia clínica refleja que doña [C.P.] estuvo hasta las 00:20 horas del día 25 de abril bajo custodia. Durante este tiempo la pareja solicitaba el alta dado que todo estaba correcto y dado que no era necesario proceder con una inducción dado que doña [C.P.] ya estaba de parto, a lo que el personal del HUCA se negaba. Los profesionales del HUCA realizan seguimiento del progreso del parto que se ha estancado, debido al estrés y presión que como es lógico padece doña [C.P.] y finalmente la hija de la pareja nace por cesárea a las dos de la madrugada el día 26 de abril». A ello añade que «[d]urante las más de veinticinco horas que doña [C.P.] y su pareja permanecieron en el hospital, sufrieron humillaciones (entraban cada media hora en la habitación a vigilar, sin decir ni hacer nada), burlas (risas y comentarios en los pasillos del hospital), amenazas (de “sacar al bebé ahora mismo”), reproches (por la mediatización del caso), coacción (le hablaban de una prueba del pH como esencial para controlar el bienestar del bebé pero se negaban a hacerla si no se ponía la epidural, para firmar los consentimientos supuestamente informados, para acceder a realizarse tactos vaginales porque tenían “una orden judicial que les daba derecho a hacer lo que quisieran”)». Se alega, asimismo, que «[t]ampoco se respetó el plan de parto que había presentado la pareja para el caso de que el mismo tuviera lugar en el hospital, por ejemplo, por haber estudiantes participando a pesar de no autorizarlos, por separarla de su bebé incluso horas después de haberse despertado en reanimación, y por no permitir el derecho a estar acompañada de su pareja en todo momento».
Con la demanda se aporta el plan de parto presentado en el registro del HUCA con fecha de 14 de febrero de 2019 por doña C.P., en el que se especifica su deseo de estar acompañada en todo momento de su pareja, que esté presente el mínimo personal necesario y que no quiere: inducción al parto, epidural (ni que se le proponga), tactos vaginales bajo ningún concepto ni administración de oxitociona, parto instrumental o cesárea por falta de progreso (solo si sus vidas corren un peligro inmediato). También expresa sus deseos en caso de cesárea.
Las vulneraciones aducidas en la demanda, resumidamente expuestas, son las siguientes:
a) En primer lugar, se aduce, tras exponer la doctrina constitucional contenida en la STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 4, que, tanto la vía de hecho de la administración sanitaria, ejecutada por el HUCA, como las resoluciones judiciales posteriores «son claramente discriminatorios de forma directa e indirecta por razón de sexo y por lo tanto vulneradoras del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española». Partiendo de la doctrina constitucional sobre discriminación por razón de sexo, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la demanda rebate los argumentos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del Ministerio Fiscal, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que justificaron las intervenciones médicas forzadas y según los cuales, al entender de la demanda, doña C.P., no podía tomar decisiones en relación con su embarazo y parto porque su gestación se consideraba de riesgo por ser prolongada. Esto supone, a juicio de la demanda, que «el hecho de estar embarazada o de parto, teniendo en cuenta los potenciales riesgos y posibles complicaciones que puedan existir, implicaría en la práctica que los derechos a la autonomía y al consentimiento informado (a su vez directamente relacionados con los derechos a la integridad física y moral y prohibición de tratos inhumanos y degradantes –art 15 CE– y a la libertad ideológica –art 16 CE–) se tornarían impracticables para las mujeres embarazadas o de parto, es decir, quedarían vaciados de contenido». Por otra parte, indica que «ni el manejo expectante implicaba la muerte/hipoxia fetal aseguradas, ni una posible inducción/cesárea garantizaba que no hubiera resultado de muerte fetal o materna, entre otros posibles riesgos».
En todo caso, aduce que el supuesto al que se refiere el presente recurso de amparo no se encontraría entre los que no es necesario el consentimiento informado (art. 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre). Señala la demanda que «una mujer adulta y capaz, quien por cierto se preocupó en todo momento de contrastar informaciones, de pedir segundas opiniones médicas, de controlar el bienestar fetal (se hizo todos los seguimientos en el embarazo), y sabiendo que tanto las inducciones como las cesáreas acarrean riesgos no solo para ella, también riesgos importantes para su bebé, no se negaba a dichas intervenciones sino que únicamente quería asegurarse que estaban justificadas» y se pone de relieve que «[s]eguramente sea importante resaltar que nos hallamos en un país que dobla los máximos recomendados tanto para cesáreas como inducciones por los organismos internacionales, y en el que por lo tanto, cabe concluir, que de todas las cesáreas e inducciones que se practican, la mitad son innecesarias, poniendo en riesgos innecesarios e injustificados a las madres y a sus bebés». A ello se añade que la citada Ley 41/2002 establece mayores requisitos en cuanto al consentimiento informado a mayor riesgo, pero que en el caso de las mujeres embarazadas y de parto se utiliza el criterio contrario, esto es solo pueden decidir en los casos de bajo riesgo pero, en el momento en que entra en juego cualquier riesgo, sus derechos fundamentales a la autonomía y al consentimiento informado se ven automáticamente limitados y vaciados de contenido, lo que es discriminatorio.
La demanda se refiere a una serie de textos internacionales que, alegan los recurrentes, consagran el derecho a la salud de las mujeres, inclusive a una salud sexual y reproductiva sin coacción, discriminación o violencia. Así, cita la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud y la Resolución 71/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se refiere a la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de septiembre de 2019 y al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). En la demanda se afirma que en su «resolución sobre violencia obstétrica y ginecológica, el Consejo de Europa […] define este tipo de violencia como una violencia de género que incluye intervenciones sin consentimiento (apartado 3), y que para su prevención se requiere la promoción de prácticas médicas compasivas, humanas, respetuosas y dignas (apartado 7)» (sic). Cita también como ejemplo países que, a su juicio, han salvaguardado el derecho de autonomía y el consentimiento informado. En concreto, se refiere a la sentencia de la Corte de Apelación del Reino Unido en el caso MB (1997) y a la sentencia de la Alta Corte de Irlanda de 2 de noviembre de 2016. Al respecto señala la demanda que «es posible interpretar la ley y fallar de forma respetuosa con los derechos humanos de las mujeres, preservando su humanidad. Es posible priorizar su autonomía y su dignidad, aunque a veces no entendamos los motivos para sus decisiones, aun existiendo riesgo, acompañarlas en su decisión y a la vez a pesar de las circunstancias y de contradecir las recomendaciones médicas, desearles que todo vaya bien, huyendo de tendencias punitivistas y castigadoras».
La demanda alega que la recurrente sufre daños psicológicos como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales al habérsele privado del consentimiento informado, además de haber terminado su parto en cesárea. También hace referencia a los tactos vaginales que habrían sido realizados sin su consentimiento y con su previo rechazo. Considera que las justificaciones del hospital y de los órganos judiciales son «discriminatorias en sí mismas al recurrir a estereotipos sexistas que desgraciada y frecuentemente están reservados a las mujeres». Reprocha la argumentación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con la afirmación de que no era admisible rechazar el tacto vaginal que era imprescindible y porque la paciente ya habría sido explorada un año antes por un obstetra o porque se le habría insertado un DIU que precisa de tacto vaginal para su colocación.
En conclusión, la demanda aduce que por vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, se ha privado a doña C.P., de sus derechos a la autonomía y al consentimiento informado en el ámbito sanitario, priorizando de forma explícita el interés delnasciturusa sus derechos fundamentales, inclusive a la integridad física y psíquica, así como a la intimidad familiar y a la libertad ideológica. Existe discriminación directa porque el trato peyorativo guarda conexión directa e inequívoca con el sexo de doña C.P., mujer embarazada. Existe discriminación indirecta porque los servicios de salud, sus funcionarios y autoridades, así como los órganos judiciales hacen una interpretación y aplicación de la ley que produce efectos desfavorables para las mujeres y a más abundamiento se restringen y limitan derechos y se proporciona un trato peyorativo en un contexto de maternidad, de embarazo y de parto.
b) En segundo lugar, la demanda alega la vulneración del derecho a la integridad física y moral y de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes (art. 3 CEDH). La demanda cita el asuntoR.R.c. Poloniay afirma que la recurrente «ha sido tratada inhumanamente y se la ha degradado. Se la ha privado de sus derechos a la autonomía y consentimiento informado, se le han impuesto intervenciones y se la ha privado de sus libertades, se le han realizado tactos vaginales, es decir, se le han introducido manos literalmente en la vagina sin su consentimiento, se la ha presentado como una persona irracional e irresponsable por tratar de ejercer dichos derechos, se ha filtrado su caso a los medios, entre otras muchas actuaciones, que han tenido un impacto negativo en el mismo parto (ya había iniciado espontáneamente y al ser trasladada al hospital se paró debido al estrés y acabó en cesárea) y en la propia doña [C.P.] (que sufre de problemas psicológicos tal y como quedó acreditado en el informe de la perito psiquiatra […])».
c) También se alega la vulneración del derecho a la intimidad personal de doña C.P., y su familia, y en concreto los arts. 18 CE y 8 CEDH, ya que el embarazo y el parto forman parte de la intimidad personal. Al respecto, cita las SSTEDH asuntoKonovalova c. Rusia(el cuerpo de una persona es íntimo y cualquier intervención médica puede interferir), asuntoTernovszky c. Hungría(las mujeres tienen el derecho fundamental a elegir las circunstancias de su parto), o asuntoP.y S.c. Polonia(los tratos médicos fueron degradantes y generaron angustia, incertidumbre, inseguridad a la mujer, que se sintió humillada, además de vulnerar el art. 3 CEDH).
d) Se aduce la vulneración de la libertad ideológica (16 CE), dado que «el hecho de que ella manifestara que su intención era dar a luz en casa conllevó una reacción desproporcionada por parte del Servicio de Salud».
Finalmente, la demanda dedica un apartado cuarto a la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. Señala que concurriría el supuesto previsto en la letra a) de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, en la medida en que el recurso de amparo plantearía «múltiples cuestiones relacionadas con el contenido esencial de derechos fundamentales, y muy en particular, plantea el contenido del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo». La demanda alega que «[e]xiste doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, pero esta está íntimamente relacionada con el ámbito laboral» y que el «Tribunal Constitucional no solo ha prohibido la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral sino que ha declarado que la maternidad es un ámbito de especial protección, por lo que es necesario que este Alto Tribunal se pronuncie sobre la operatividad y el alcance de estos derechos en el ámbito de la salud, y […] también garantice los derechos fundamentales de las mujeres en un contexto de maternidad y salud sexual y reproductiva. […] En resumen: no existen pronunciamientos de este Tribunal Constitucional sobre el alcance de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en cuanto al embarazo y el parto en el ámbito de la salud». También se alega que concurre el supuesto previsto en la letra g) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, (el asunto suscitado trasciende el caso concreto, al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social).
4. Por providencia de 10 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional acuerda admitir a trámite el presente recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. También ordena que se dirija comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Única de lo Contencioso-Administrativo a fin de que remitiese testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 324-2019, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo a fin de que remitiese testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2928-2020. También se ordena que se dirija comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo a fin de que, en plazo que no excediese de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales núm. 180-2019; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5. Mediante escrito presentado en el registro del Tribunal Constitucional el día 24 de mayo de 2021, el letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias solicita se tenga por comparecido al Servicio de Salud del Principado de Asturias en el presente proceso constitucional.
6. Por diligencia de ordenación de 14 de junio de 2021 de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, se acuerda tener por personado y parte en el procedimiento al letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones; y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7. Mediante escrito registrado el 30 de junio de 2021, los recurrentes reiteran las alegaciones expuestas en su recurso de amparo.
8. Por escrito registrado el 8 de julio de 2021, el letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias solicita la inadmisión del recurso de amparo y, subsidiariamente, su desestimación.
a) En primer lugar, solicita la inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa, dado que no se planteó incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia núm. 84/2020, de 11 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras haberse inadmitido el recurso de casación, y era necesaria su interposición conforme al ATC 65/2018, de 18 de junio.
b) En segundo lugar, interesa la inadmisión del presente recurso por el incumplimiento de la exigencia del art. 49.1in fineLOTC de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, ya que la demanda omite toda argumentación o apartado encaminado a manifestar cuál es la especial trascendencia constitucional del recurso, sin que sea posible que la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental pueda suplir la omisión de dicha argumentación. Además, se aduce que tampoco se razona la existencia de la vulneración de un derecho fundamental, sin que puedan considerarse suficientes las genéricas alusiones a los preceptos de la Constitución Española que se dicen vulnerados.
c) Subsidiariamente, solicita la desestimación del presente recurso de amparo. Tras exponer los motivos de amparo, se aduce que las sentencias impugnadas contienen una motivación razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por la parte actora en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. En relación con la vulneración del art. 14 CE alega que no es posible advertir que los demandantes hayan podido ser objeto de discriminación por razón de sexo, ni directa ni indirecta, por razón de la maternidad de la ahora demandante de amparo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que concurren en el presente caso, y que son las recogidas en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 y en el «Informe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Central de Asturias sobre las cuestiones de hecho planteadas por la demandante [doña C.P.] en el recurso de protección de derechos fundamentales. Consideraciones sobre la asistencia médica prestada» de 14 de junio de 2019. Se alega que del acervo probatorio aportado al proceso resulta acreditado, y así lo reflejan las sentencias impugnadas, que la asistencia sanitaria prestada a doña C.P., no vulneró sus derechos fundamentales toda vez que la administración hospitalaria mantuvo una situación expectante encaminada a posibilitar un parto espontáneo, sin que en ningún caso se hubiese inducido el parto; y, posteriormente, al producirse la «detención del primer periodo de parto por desproporción pelvifetal» y «el útero mostraba taquistolia espontánea» fue cuando se decidió por la propia paciente la realización de cesárea, estando esta acompañada en la sala de partos por su pareja don L.M.G.C., y por su matrona particular. Se aduce que este acompañamiento pone de manifiesto que la prestación sanitaria impugnada fue absolutamente respetuosa con los derechos fundamentales de la parte actora. A ello añade que las sentencias impugnadas reconocen que la asistencia sanitaria controvertida prestada a la actora se ajustó plenamente a la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que permite desestimar el presente recurso de amparo ya que, en el presente caso, estaban plenamente acreditadas las razones médicas para imponer el ingreso involuntario de doña C.P., ante la excesiva duración de la gestación y las circunstancias que concurrían en su gestación.
Por otra parte, se solicita la desestimación de la vulneración de los arts. 15 y 16 CE sustentada en que la recurrente hubiera sido privada de su derecho fundamental a la autonomía y al consentimiento informado. Asimismo, considera que las alegaciones de los recurrentes en amparo son imprecisas desde el momento en que se transcriben como disposición de la Resolución 71/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que, en realidad, son extractos de distintos apartados del informe de la relatora especial sobre la violencia sobre la mujer, sus causas y consecuencias, que fue elaborado al amparo de la citada resolución de Naciones Unidas. Igualmente, carecen de relevancia en el recurso de amparo, a su juicio, los textos internacionales citados, por cuanto del acervo probatorio aportado al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales no se evidencia la existencia del más mínimo indicio de violencia obstétrica o ginecológica en la asistencia sanitaria prestada a doña C.P. Tampoco es relevante, se alega, la invocación de las resoluciones judiciales del Reino Unido y de Irlanda, que no pueden servir de fundamento para la estimación de la demanda, no son vinculantes en el Reino de España, y además son anteriores a la STEDH del asuntoDubská y Krejzová c. República Checa.
Finalmente, se alega la contradicción en que incurre la parte demandante al afirmar que por los servicios médicos del hospital no se respetó el plan de parto ya que los servicios médicos en todo momento optaron por una actuación expectante dirigida, en todo momento, a favorecer el parto espontáneo y natural, hasta que en la fase terminal del parto se hizo necesario practicar una cesárea urgente, contando para ello con el consentimiento de los padres y estando acompañada la madre gestante tanto por su pareja como por la matrona particular que la hubiese atendido en el caso de haber podido llevarse a la práctica un parto domiciliario. Al respecto, las periciales médicas aportadas al proceso acreditan de forma consistente la actuación absolutamente proporcionada y acorde con el respeto a los derechos fundamentales de los demandantes. También advierte el letrado en sus alegaciones una evidente contradicción por los ahora recurrentes en amparo, en tanto que, en el plan de parto se recogía un consentimiento expreso a un parto instrumental o cesárea por falta de progreso, si sus vidas corrían peligro inmediato, que fueron, precisamente, las circunstancia que se produjeron; por cuanto se produjo un diagnóstico de detención del primer periodo de parto por desproporción pelvifetal que hizo necesaria la realización de una cesárea urgente.
Por último, considera que también deben desestimarse los motivos en que sustenta la demanda la vulneración del derecho a la dignidad de la actora por haber sido víctima de tactos vaginales por los servicios médicos; así como la argumentación según la cual la fundamentación jurídica de la desestimación sea sexista, discriminatoria y basada en estereotipos sexistas, ya que las sentencias impugnadas fundamentan plenamente, por medio de las pruebas testificales practicadas, que la paciente durante su ingreso hospitalario en modo alguno fuera objeto de un trato humillante o vejatorio por parte del personal sanitario.
9. Mediante escrito registrado el 17 de septiembre de 2021, la fiscal ante el Tribunal Constitucional solicita la inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de legitimación respecto de don L.M.G.C., al no ostentar interés legítimo respecto de los derechos fundamentales que se invocan, y respecto de doña C.P., y don L.M.G.C., respecto de su actuación en representación de la hija menor de edad, al existir un conflicto de intereses. Interesa, asimismo, que se desestime el recurso de amparo planteado por doña C.P., en cuanto que las actuaciones de la administración sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en relación con su ingreso hospitalario involuntario y las actuaciones médicas durante el mismo, no han vulnerado los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), de no sufrir tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), de libertad ideológica (art. 16 CE) y de intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE). Sus alegaciones pueden resumirse como sigue:
a) Tras exponer los antecedentes de hecho relevantes, y resumir la demanda, señala que el objeto del recurso lo constituye la actuación en vía de hecho d