Categoría: Economía y Empleo

en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en esta ley.
2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y el cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, son las siguientes:
a) Complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeña.
b) Complemento específico, que retribuye las circunstancias particulares que puedan concurrir en los puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose las siguientes modalidades:
1.º Complemento específico componente general (modalidad A): retribuye las condiciones de trabajo de todos los puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad o especial dificultad técnica.
2.º Complemento específico por dedicación (modalidad B): destinado a retribuir la mayor dedicación horaria.
3.º Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (modalidad C): destinado a retribuir la realización de determinadas tareas propias de ciertos puestos de trabajo en atención al esfuerzo o riesgo que conllevan, así como la mera realización del trabajo en régimen de turnos.
4.º Complemento específico por incompatibilidad (modalidad D): retribuye la prestación de servicios en exclusiva para el sector público.
El departamento competente en materia de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible la renuncia a las diferentes modalidades de complemento específico.
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. La determinación individual de su cuantía se efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias previamente acordadas y de conformidad con la normativa vigente.
En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público del personal del Servicio Aragonés de Salud (del centro sanitario donde preste servicios). Igualmente se pondrá en conocimiento de los representantes sindicales.
d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario fijo en la correspondiente categoría.
Las cuantías de los complementos retributivos previstos en las letras a), b), d) y e) de este apartado, así como aquellas previstas en la letra c) con carácter fijo y periódico, experimentarán, en su caso, el incremento que establezca la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.
3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y medidas necesarias en orden a hacer efectivas las retribuciones del personal estatutario, de acuerdo con lo que prevé la presente ley.
1. Los funcionarios de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón percibirán sus retribuciones básicas y complementarias de acuerdo con el título VI del libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la presente ley y sus respectivas normas de desarrollo.
2. Hasta la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las distintas unidades y centros de trabajo judiciales, en las que se determine el complemento específico de cada puesto de trabajo, dichos funcionarios continuarán percibiendo sus haberes en las cuantías que establezca para cada uno de los cuerpos la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. El complemento autonómico transitorio a percibir por los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Ayudantes de Laboratorio y Técnico Especialista de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se adecuará íntegramente a las cuantías fijadas en el acuerdo de 24 de julio de 2018 del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al acuerdo de la Mesa Sectorial de Justicia de 23 de julio de 2018, con motivo de la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal, y a las que se fijen por acuerdo del Gobierno de Aragón en relación con los puestos singularizados.
Dicho complemento coincidirá en su cuantía con el complemento específico de los puestos genéricos de la Oficina Judicial y Fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las percepciones complementarias que corresponden a determinados puestos de trabajo en atención a la especialidad de su contenido funcional, reconocido por acuerdo del Gobierno de Aragón u otra normativa de carácter legal o reglamentaria.
4. La percepción del complemento específico especial que pueda corresponder a un determinado puesto de trabajo en atención a la especialidad de su contenido funcional reconocida por acuerdo del Gobierno de Aragón vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones especiales, cuando dicha actividad quede debidamente acreditada por los órganos de personal competentes del respectivo departamento u organismo, sin perjuicio de la necesaria incorporación de tal circunstancia en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la finalización de tal percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad que justifica tal complemento retributivo, sin perjuicio de la adecuación de la relación de puestos de trabajo a tal circunstancia.
5. Las cuantías correspondientes a cualesquiera otras retribuciones complementarias que corresponda fijar a la Comunidad Autónoma experimentarán, en su caso, el incremento que establezca la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas motivadas por la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y que se fijen por acuerdo del Gobierno de Aragón.
Las retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia experimentarán, en su caso, el incremento que establezca la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.
La compensación retributiva del personal integrante de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón experimentará la misma variación que la presente ley dispone para las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. La concesión de anticipos de retribuciones al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos se realizará de conformidad con el Decreto 150/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y demás normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su límite pueda superar la cifra del 1 % de los créditos de personal en el ejercicio presupuestario en vigor, no excediendo el anticipo de 2.520,00 euros por solicitud.
2. La concesión de anticipos de retribuciones al personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos se realizará de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo que resulte de aplicación, sin que su límite pueda superar la cifra del 1 % de los créditos de personal en el ejercicio presupuestario en vigor.
1. El personal al servicio del sector público aragonés, con excepción de aquel sometido al régimen de arancel, no podrá percibir participación alguna en los tributos ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas a las que correspondan al régimen retributivo.
2. En la contratación del personal directivo de los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y del resto de entidades previstas en este artículo no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de extinción de la relación jurídica que les une con la Comunidad Autónoma.
La provisión transitoria de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales que estén dispensados de servicio por razón de su actividad sindical se efectuará con cargo a los créditos disponibles por cada departamento en el capítulo de gastos de personal.
1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal eventual, funcionario y laboral, incluido el personal estatutario y el docente no universitario, requerirá que los mismos figuren dotados en los estados de gastos del presupuesto y relacionados en los respectivos anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente.
A tal efecto, se calculará el crédito mensual inicial disponible por cada departamento y organismo autónomo, distribuyendo el importe del capítulo I que tiene asignado entre los doce meses del año, en función de las necesidades de gasto de personal previstas para cada mes, de acuerdo con las necesidades de personal identificadas.
2. Estos datos relativos al importe del capítulo I distribuido entre los doce meses del año deberán remitirse por todos los departamentos y organismos autónomos a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios en el plazo máximo de dos meses desde que se publique la Ley de Presupuestos para el siguiente ejercicio o la prórroga en curso.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Servicio Aragonés de Salud deberán enviar, en ese mismo plazo, a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios el coste medio del personal estatutario y docente no universitario de cada categoría profesional en sus respectivos ámbitos.
Con carácter mensual, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón emitirá un informe sobre la ejecución del gasto de personal del departamento y organismo autónomo correspondiente, en el que se pondrán de relieve las posibles desviaciones respecto de las previsiones manifestadas por los departamentos y organismos autónomos y se hará la proyección sobre la existencia de crédito suficiente en el capítulo I hasta el final del ejercicio.
3. Las propuestas de modificación de niveles de puestos en las relaciones de puestos de trabajo, de modificación de complementos específicos y de creación de puestos que formulen los distintos departamentos se tramitarán por la dirección general competente en materia de función pública, previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos sobre la existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal e informe preceptivo de la Inspección General de Servicios, que versará sobre las cargas de trabajo que justifican las propuestas señaladas.
4. Durante el ejercicio presupuestario en vigor queda en suspenso la aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 63 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
5. La elaboración y tramitación de la oferta de empleo público en el ámbito del personal estatutario y del personal docente no universitario corresponderá a los departamentos competentes en materia de sanidad y educación, respectivamente.
La propuesta de oferta de empleo público de los respectivos ámbitos sectoriales requerirá informe preceptivo de la dirección general competente en materia de presupuestos, que versará sobre su adecuación a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos, y de la dirección general competente en materia de función pública, que versará sobre su adecuación a los requisitos de legalidad establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma equivalente y en esta ley.
6. El Gobierno de Aragón, dentro de los límites establecidos con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma equivalente en materia de empleo público y a propuesta de los respectivos departamentos competentes en materia de función pública, sanidad y educación, aprobará la oferta de empleo público correspondiente para cada uno de los ámbitos sectoriales.
7. En la valoración de las solicitudes para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso, el período de tiempo desempeñado en comisión de servicios en puestos de la misma área funcional o sectorial a la que figura adscrito el puesto convocado será valorado, por el plazo máximo de un año, aunque se hayan desempeñado puestos distintos bajo tal forma de provisión, en el nivel y área funcional o sectorial del puesto que se desempeña en comisión de servicios. A estos efectos, serán considerados los últimos doce meses desempeñados bajo esta forma de provisión.
Los períodos no valorados en el párrafo anterior se computarán como puestos desempeñados en el nivel correspondiente al puesto del funcionario obtenido con carácter definitivo dentro del área funcional o sectorial del puesto desempeñado en comisión de servicios.
El período de tiempo desempeñado en comisión de servicios autorizada con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 129/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en puestos de la misma área funcional o sectorial a la que figura adscrito el puesto convocado se valorará dentro del área funcional o sectorial del puesto que se desempeña en comisión de servicios, pero con el nivel del puesto reservado.
8. El personal funcionario de carrera nombrado en primer destino definitivo derivado de un proceso selectivo o nombrado en destino definitivo derivado de un concurso podrá desempeñar otro puesto de trabajo en comisión de servicios, sin perjuicio del límite establecido en el apartado 5 del artículo 31 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. En todo caso, los puestos clasificados como de libre designación que sean desempeñados en comisión de servicios deberán ser objeto de convocatoria pública en el plazo de seis meses desde la fecha de la toma de posesión en comisión de servicios.
10. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones públicas que se haya incorporado a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante el procedimiento de concurso de méritos abierto a su Administración de origen tendrá derecho a participar en igualdad de condiciones en las convocatorias para la provisión de los puestos que se ofrezcan a los funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez que hayan transcurrido tres años desde su incorporación a la Administración General de la Comunidad Autónoma.
11. Los créditos resultantes de las amortizaciones de los puestos como consecuencia de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo que no se utilicen para la creación de nuevos puestos exclusivamente justificados por la necesidad de garantizar el funcionamiento derivado de la organización estructural se utilizarán para incrementar el Programa 612.8, Fondos de Gastos de Personal. Asimismo, los créditos resultantes de las amortizaciones de los puestos ocupados con carácter provisional y en situación «A amortizar» en las relaciones de puestos de trabajo se utilizarán para incrementar el Programa 612.8, Fondos de Gastos de Personal.
1. Durante el presente ejercicio, cualquier necesidad temporal en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberá atenderse prioritariamente con personal funcionario de carrera, estatutario fijo y laboral fijo existente a través de las formas, ya sean ordinarias o extraordinarias, de provisión de puestos previstas en la normativa vigente.
2. Las necesidades de contratación de personal laboral temporal propio de las entidades del sector público institucional se regirán por lo dispuesto en sus disposiciones específicas previstas en esta ley.
1. La contratación y nombramiento de personal laboral temporal y personal funcionario interino para la cobertura de vacantes o sustitución transitoria de los titulares requerirá la previa autorización del departamento competente en materia de hacienda a través de la dirección general competente en materia de función pública y requerirá con carácter previo certificación por el departamento proponente de que las causas de urgencia y necesidad no pueden atenderse con personal funcionario de carrera o laboral fijo a través de las formas, ya sean ordinarias o extraordinarias, de provisión de puestos previstas en la normativa vigente.
2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior al personal temporal financiado por fondos afectados, así como, por considerarse servicios esenciales, la provisión de los puestos incluidos en RPT y los puestos bolsa correspondientes a personal no docente y laboral adscritos a centros docentes no universitarios, guarderías, personal de centros y residencias de servicios sociales y juveniles, oficinas de empleo, centros de Administración de Justicia y órganos de la Administración Tributaria para el control y la lucha contra el fraude fiscal, personal adscrito a dispositivos de emergencia y atención continuada, y, en particular, personal de los parques de carreteras y personal integrante del operativo de prevención y extinción de incendios, así como todos aquellos que resulten de obligada formalización por la normativa vigente.
3. En todo caso, la contratación y nombramiento del personal laboral temporal y del personal funcionario interino para la sustitución transitoria de los titulares no podrá superar los tres años de duración, de forma continuada, en el mismo puesto de trabajo.
1. Durante el presente ejercicio no se ejecutarán programas de carácter temporal de duración determinada para la realización de actividades no habituales o para el lanzamiento de una nueva actividad en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No obstante, el Gobierno de Aragón podrá autorizar dichos programas temporales por un período máximo de tres años en los siguientes casos:
a) Cuando dichos programas sean financiados con fondos finalistas.
b) Cuando se trate de planes de empleo aprobados por la Administración.
c) Cuando se trate de actividades relacionadas con la prestación de servicios que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y se certifique que no pueden prestarse con personal funcionario de carrera o laboral fijo a través de las formas, ya sean ordinarias o extraordinarias, de provisión de puestos previstas en la normativa vigente.
2. Para que el Gobierno de Aragón pueda autorizar dichos programas, el departamento que lo solicite deberá obtener, con carácter previo, informe de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios y de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, que se emitirán tras el análisis de la siguiente documentación que debe acompañar la solicitud:
a) Memoria elaborada por el departamento que proponga la ejecución del programa temporal, en la que se incluirán una proyección económica del programa correspondiente y los nombramientos de personal funcionario interino que conlleva.
b) Certificación de la existencia de crédito presupuestario hasta final del ejercicio presupuestario.
c) Emisión del documento contable de reserva de crédito para la financiación del programa.
d) Certificación por el departamento correspondiente de que las causas de urgencia y necesidad no pueden atenderse con personal funcionario de carrera o personal laboral fijo a través de las formas, tanto ordinarias como extraordinarias, de provisión de puestos previstas en la normativa vigente.
e) Informe de la Inspección General de Servicios que versará sobre la carga de trabajo que justifica el programa de carácter temporal y el número de personal requerido para llevar a efecto el programa y que deberá recabar el órgano proponente.
3. El personal temporal nombrado por este motivo no ocupará puestos de la relación de puestos de trabajo.
1. Durante el presente ejercicio podrá efectuarse el nombramiento de personal temporal por causas expresamente justificadas de necesidad y urgencia originadas por exceso o acumulación de tareas o para necesidades coyunturales con las siguientes condiciones:
a) La duración del nombramiento o contratación no podrá ser superior a nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.
b) El personal temporal nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
c) Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refiere este artículo serán equivalentes a las de un puesto base correspondiente a su grupo o subgrupo. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por razón del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.
2. El nombramiento del personal temporal por este motivo requerirá informe de la dirección general competente en materia de función pública y de la dirección general competente en materia de presupuestos, que deberá ir acompañado con carácter previo de la siguiente documentación:
a) Certificación por el departamento correspondiente de que las causas de urgencia y necesidad no pueden atenderse con personal funcionario de carrera o personal laboral fijo a través de las formas, tanto ordinarias como extraordinarias, de provisión de puestos previstas en la normativa vigente.
b) Emisión del documento contable de reserva de crédito para la financiación del nombramiento.
c) Certificación de la existencia de crédito presupuestario por parte del departamento que proponga el nombramiento del personal temporal.
d) Informe de la Inspección General de Servicios que versará sobre la carga de trabajo que justifica el nombramiento del personal temporal por exceso o acumulo de tareas, que recabará el órgano proponente del nombramiento.
3. Se exceptúan de esta autorización los nombramientos de personal temporal para suplir los períodos vacacionales y las sustituciones de personal adscrito a centros docentes.
1. Durante el presente ejercicio no se procederá al nombramiento de personal docente no universitario interino salvo en casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se pretendan cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
El Gobierno de Aragón autorizará, a propuesta del departamento competente en materia de educación, el incremento anual de cupos de efectivos temporales de cuerpos docentes no universitarios para cada curso, agrupados por categorías, con el fin de atender necesidades urgentes e inaplazables.
Dicha autorización, que actuará como límite para los nombramientos de personal temporal, requerirá el informe previo de la dirección general competente en materia de presupuestos.
2. La autorización para el nombramiento del personal corresponderá a la Dirección General competente de materia de gestión de personal del departamento competente en materia de educación o al órgano en quien delegue, el cual comprobará la disponibilidad presupuestaria, la legalidad de la modalidad del nombramiento temporal que se proponga, la justificación de la necesidad urgente e inaplazable y la imposibilidad de que se cubra con personal funcionario docente de carrera, circunstancia que deberá quedar suficientemente acreditada.
No se podrá realizar ninguna propuesta de nombramiento o de contratación de carácter temporal si no queda acreditada la dotación presupuestaria correspondiente.
3. El departamento competente en materia de educación deberá dar cuenta con carácter mensual a la Unidad de Gestión Sostenible (UniGeS), adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, mediante un certificado en el que se hará constar el número total de nombramientos temporales del mes inmediatamente anterior y las prórrogas, desglosado por centro educativo, puesto de trabajo, tipo y causa del nombramiento, y duración prevista, con especificación del gasto correspondiente a los nombramientos realizados.
No podrá formalizarse ningún nombramiento que rebase el número máximo autorizado, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.
4. En el caso de que resultaran desviaciones en relación con los créditos disponibles, en el plazo de un mes el departamento competente en materia de educación deberá elevar un informe-propuesta al Gobierno de Aragón en el que se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección. A la vista de la propuesta, el Gobierno de Aragón acordará, en su caso, las medidas y modificaciones pertinentes.
1. Durante el presente ejercicio no se procederá al nombramiento de personal estatutario temporal regulado en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, salvo en casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se pretendan cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
El Gobierno de Aragón autorizará, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de sanidad y a iniciativa del titular de la dirección gerencia del organismo autónomo, el número anual de efectivos de personal estatutario temporal, agrupado por categorías, con el fin de atender necesidades urgentes e inaplazables.
Dicha autorización, que actuará como límite para los nombramientos de personal temporal, requerirá el informe previo de la dirección general competente en materia de presupuestos.
2. La autorización de los nombramientos corresponderá al director gerente del Servicio Aragonés de Salud o al órgano en quien delegue, el cual comprobará la disponibilidad presupuestaria, la legalidad de la modalidad del nombramiento temporal que se proponga, la justificación de la necesidad urgente e inaplazable y la imposibilidad de que se cubra con personal fijo, circunstancia que deberá quedar suficientemente acreditada. Las gerencias y los centros del Servicio Aragonés de Salud no podrán realizar ninguna propuesta de nombramiento de carácter temporal si no queda acreditada la dotación presupuestaria correspondiente.
No se podrá realizar ninguna propuesta de nombramiento o de contratación de carácter temporal si no queda acreditada la dotación presupuestaria correspondiente.
3. El departamento competente en materia de sanidad deberá dar cuenta con carácter mensual a la Unidad de Gestión Sostenible (UniGeS), adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, mediante un certificado en el que se hará constar el número total de nombramientos temporales y las prórrogas, por categorías, con indicación de la modalidad –interino o de sustitución–, por cada centro o gerencia del mes inmediatamente anterior, con especificación del gasto correspondiente al personal estatutario temporal.
No podrá formalizarse ningún nombramiento que rebase el número máximo autorizado, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.
4. En el caso de que resultaran desviaciones en relación con los créditos disponibles, en el plazo de un mes el departamento competente en materia de sanidad deberá elevar un informe-propuesta al Gobierno de Aragón en el que se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección. A la vista de la propuesta, el Gobierno de Aragón acordará, en su caso, las medidas y modificaciones pertinentes.
1. El departamento competente en materia de educación podrá efectuar, en los centros docentes no universitarios, el nombramiento de profesorado interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, quien percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.
2. El departamento competente en materia de educación tratará de completar el horario docente del personal interino haciendo que compartan, si fuera necesario, varios centros de enseñanza, para minimizar de este modo el número de plazas ofertadas según el apartado anterior.
3. En caso de ser necesario el nombramiento para plazas a tiempo parcial, se dará preferencia para optar a las mismas al profesorado que voluntariamente quiera acceder a ellas, sobre todo a aquellas personas que aleguen necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Constituye el Fondo Local de Aragón el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de aquellas. Dicho fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas en programas sectoriales. Se autoriza a la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón.
Los créditos que constituyen inicialmente el Fondo Local se recogen en el anexo VI. No obstante, también lo integrarán aquellas partidas presupuestarias que se habiliten durante el ejercicio para realizar transferencias a entidades locales de Aragón con la misma finalidad descrita en este artículo.
La política demográfica y contra la despoblación se articula a través del conjunto de programas que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma que tienen como objetivo mejorar la estructura poblacional de los asentamientos aragoneses, fijando prioritariamente la población joven, especialmente la femenina, creando las condiciones necesarias para moderar la tendencia a la concentración excesiva de la población mediante la mejora y potenciación de la calidad en la prestación de los servicios, garantizando, sobre todo, el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Dichos programas destinan partidas específicas a promover iniciativas encaminadas a encontrar soluciones para abordar los retos demográficos y poblacionales de la Comunidad Autónoma, en el marco de lo establecido en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
El Gobierno de Aragón incorporará un anexo con todas las partidas incluidas en el presupuesto dirigidas al cumplimiento de los anteriores objetivos, con la descripción pormenorizada de todas las medidas y acciones destinadas a política demográfica y lucha contra la despoblación.
1. Constituyen el Fondo de Cohesión Territorial las partidas presupuestarias específicas, cuya gestión corresponde al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda para avanzar en la cohesión territorial y el equilibrio poblacional de Aragón, mediante transferencias corrientes y de capital (capítulos IV y VII) a los diversos agentes sociales y territoriales que, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, vayan a desarrollar actuaciones enmarcadas en alguno de los ejes de desarrollo territorial o ejes temáticos que se contemplan tanto en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón como en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
2. Las subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial tendrán carácter transversal, pudiendo su objeto incluir cualesquiera actuaciones que desarrollen los ejes de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón o de la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
3. La persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá aprobar las modificaciones presupuestarias que pudieran ser necesarias para la tramitación y ejecución adecuada del Fondo.
1. La gestión de los créditos consignados en la sección 26 corresponderá a la persona titular del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
2. Con carácter general, los gastos con cargo a los créditos de estos programas se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas.
3. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en la gestión de estos fondos, con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de proyectos y actuaciones sin atender a la naturaleza económica de los gastos, de conformidad con las funciones y competencias que tienen atribuidas las comarcas.
4. Las transferencias de créditos realizadas desde cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en estos programas, o entre partidas de estos últimos, serán autorizadas conjuntamente por las personas titulares de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Hacienda y Administración Pública.
5. En el supuesto de que los créditos consignados en la sección 53 resultaran insuficientes para la prestación de los servicios sociales atribuidos en su ámbito competencial a las comarcas, la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, previa solicitud del departamento competente, podrá autorizar modificaciones presupuestarias que habiliten los créditos que resulten necesarios para la prestación de tales servicios.
6. El crédito correspondiente al Fondo Social Comarcal se consigna en la sección 53 y tiene por objeto incrementar las prestaciones de servicios sociales que, en el ámbito de sus competencias, desarrollan las comarcas. La financiación de actuaciones correspondientes a programas y servicios sociales con cargo a este fondo es incompatible con la financiación de las mismas actuaciones con cargo a los créditos consignados en la sección 26.
1. Los programas de prestaciones básicas de servicios sociales, desarrollo del pueblo gitano e integración social tienen financiación finalista de la Administración General del Estado y su gestión forma parte de las funciones transferidas a las comarcas.
2. En el marco de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y condiciones generales en relación con la planificación general para el desarrollo de los mencionados programas.
3. Ambas Administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios y programas que permita mantener un conocimiento adecuado de las necesidades y, a la vez, garantice la igualdad en el acceso y en la prestación de los servicios en el conjunto del territorio.
4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la información necesaria a efectos estadísticos y de planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos definidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con carácter general, de manera que permita su utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
1. En aplicación de lo establecido en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, se establece un régimen económico de compensaciones a favor de los ayuntamientos de los municipios afectados por la declaración de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
2. Las citadas compensaciones tendrán lugar con cargo a la aplicación presupuestaria 14060/G/5332/460123/91002 y tendrán el carácter de transferencias incondicionadas.
El reparto y la cuantificación de dicho importe se realizarán entre los municipios en cuyo término se ubiquen parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales o paisajes protegidos, de modo objetivo y proporcional a las superficies incluidas en su norma de creación como ámbito territorial.
La superficie de cada municipio se ponderará, a estos efectos, con los siguientes coeficientes:
– Superficie en parques nacionales: 1,20.
– Superficie en zonas periféricas de protección en parques nacionales: 0,60.
– Superficie en el resto de espacios naturales: 1,00.
– Superficie en zonas periféricas de protección del resto de Espacios Naturales: 0,50.
En todo caso, el importe máximo a percibir será de 150.000,00 euros y ningún municipio percibirá menos de 5.000,00 euros.
1. Se autoriza a la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública para tramitar las operaciones necesarias para emitir deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de 1.699.878.118,02 euros.
Este importe podrá verse ampliado por medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez que la Administración General del Estado ponga a disposición de las Comunidades Autónomas a las que la Comunidad Autónoma de Aragón se adhiera.
2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el modo en que se formalicen, podrán concertarse una o varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y de cambios que el mercado financiero ofrezca cuando se obtengan unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
3. Corresponde a la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad Autónoma con el objeto de disminuir el importe de los costes financieros actuales o futuros o mejorar la distribución temporal de la carga financiera, dando cuenta al Gobierno y a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. A los efectos de lo previsto en este apartado se entiende como Comunidad Autónoma tanto la Administración general de la Comunidad Autónoma como el resto de entidades, organismos y entes dependientes de aquella incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.
4. En el marco de las operaciones fijadas en el apartado anterior, se autoriza a la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los diversos riesgos, tales como opciones, futuros,swapsy otros similares que, sin comportar un incremento de la deuda viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
Las operaciones contables necesarias para registrar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo tendrán carácter no presupuestario.
5. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones autorizadas en el presente artículo. La formalización y contabilización de las operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de tesorería.
6. Las características y los requisitos de las operaciones de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de la materia.
7. Para la constitución de los préstamos y anticipos reembolsables provenientes de otras Administraciones Públicas, se deberá contar previamente con la autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
La Comunidad Autónoma podrá formalizar operaciones de financiación por plazo inferior a un año con el límite máximo del 30 % de los créditos iniciales de gasto no financiero del ejercicio presupuestario.
Este límite podrá verse ampliado para formalizar operaciones puente de financiación a corto plazo hasta la firma y desembolso de los mecanismos de liquidez que la Administración General del Estado ponga a disposición de las Comunidades Autónomas a los que se adhiera la Comunidad Autónoma de Aragón o hasta la efectiva recepción de la totalidad de las entregas a cuenta en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para el ejercicio presupuestario.
1. Las entidades, organismos y entes dependientes de la Comunidad Autónoma incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, deberán obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública para concertar cualquier operación de endeudamiento tanto a largo plazo como a corto. A estos efectos, se considerarán operaciones a largo plazo aquellas que se formalicen por un plazo superior a un año, incluidas las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en el contrato. Respecto a las operaciones a corto plazo, se destinarán a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería.
2. Las operaciones de crédito a corto y largo plazo señaladas en el apartado anterior lo serán por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio. El primer día hábil del último mes de cada trimestre natural, los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón comunicarán al Departamento de Hacienda y Administración Pública el importe estimado que prevean que alcanzarán las operaciones de crédito que vayan a realizar a lo largo del correspondiente trimestre.
3. Las autorizaciones del Departamento de Hacienda y Administración Pública a que se refiere este artículo, que deberán pronunciarse también sobre cualquier tipo de garantía o declaración exigida para la formalización de las operaciones correspondientes, se otorgarán para la formalización de operaciones dentro del ejercicio, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
4. En los supuestos en que estas operaciones financieras deban ser autorizadas por el Gobierno de Aragón en virtud de lo señalado en el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, deberán contar con un informe previo favorable de la dirección general competente en materia de financiación.
5. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar mensualmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de las operaciones de endeudamiento formalizadas y de la situación actual de su cartera de deuda.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta de la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración pública y de la persona titular del departamento competente por razón de la actividad económica desarrollada, podrá prestar aval a empresas radicadas en Aragón, con prioridad a pequeñas y medianas empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, mediante el correspondiente plan económico-financiero que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía. Además, se presentarán los estados económico-financieros que sirvieron de base a los efectos de la tributación del impuesto sobre el beneficio que corresponda.
2. Asimismo, el Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, podrá prestar aval y otras garantías financieras a entidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), por operaciones concertadas por las mismas.
3. El importe total de los avales y otras garantías financieras otorgadas en el ejercicio presupuestario, a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, no podrá rebasar el límite de riesgo de 100.000.000 de euros. No obstante, en todo caso, dicho límite quedará condicionado por lo establecido en la resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local a la que se refiere el artículo 13 bis de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. De acuerdo con dicha resolución, el importe total de avales autorizado por cada Comunidad Autónoma no podrá ser superior al 1,5 % de su PIB regional, empleándose para dicho cómputo el último PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística en la Contabilidad Regional de España.
4. Cuando el importe de cada uno de los avales y otras garantías financieras propuestas al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulando los anteriores recibidos supere un millón de euros se requerirá la previa autorización de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, a la que deberá remitirse con carácter previo el expediente completo.
5. Antes de la concesión de cualquier aval o garantía financiera, deberá acreditarse que no existan deudas pendientes con la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, se verificará que las empresas cumplen con todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzcan, lo que deberá acreditarse mediante certificación o informe favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre la declaración responsable emitida por la empresa. No podrán ser beneficiarias de estos avales y garantías financieras, durante el período de tiempo que determine la sanción, las empresas que hubiesen sido sancionadas por la autoridad laboral competente, mediante resolución administrativa firme, con las sanciones accesorias de exclusión del acceso a ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, lo que se acreditará mediante informe de la citada autoridad laboral.
6. Las entidades, organismos y entes dependientes de la Comunidad Autónoma incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, que no sean sociedades de garantía recíproca deberán obtener autorización previa del Gobierno de Aragón para conceder avales o cualquier tipo de garantía financiera, incluidas las cartas de compromiso, con independencia de su cuantía y de la forma en que se instrumenten.
7. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar mensualmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de los avales y de cualquier otro tipo de garantía financiera que hayan otorgado, incluidas las cartas de compromiso, así como de los avales que les hayan sido concedidos.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, pueda formalizar en 2023 contratos de reafianzamiento con las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que el importe máximo total de riesgo reafianzado no supere en ningún momento una cuantía máxima global de veinte millones de euros y con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Se reafianzarán únicamente las garantías crediticias que las sociedades de garantía recíproca tengan concedidas a sus socios partícipes que sean pequeñas y medianas empresas establecidas y con actividad efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) El reafianzamiento tendrá por objeto la cobertura parcial de las provisiones tanto genéricas como específicas y de los fallidos derivados del riesgo asumido por las sociedades de garantía recíproca.
c) El reafianzamiento deberá ser en todo caso suplementario al que concedan las sociedades a que se refiere el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.
d) La cuantía objeto de reafianzamiento no podrá exceder individualmente del 75 % de la garantía otorgada por la sociedad de garantía recíproca, incluido el practicado por las sociedades a que se refiere el apartado anterior.
2. La finalización de los contratos de reafianzamiento coincidirá con la del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de que pueda preverse su prórroga por años naturales, con sujeción a los límites cuantitativos que se fijen en las leyes anuales de presupuestos.
3. Las sociedades de garantía recíproca que suscriban estos contratos de reafianzamiento vendrán obligadas a aportar la información periódica que se exija en los respectivos contratos.
El Departamento de Economía, Planificación y Empleo realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, así como del reglamento que la desarrolla, aprobado por Real