Categoría: Administración

10. En cuanto al requerimiento de documentación efectuado hay que señalar lo siguiente:
En el momento de presentar el Recurso Gubernativo no se procede por parte del Registro al examen de la documentación entregada, sino que lo que se hace es admitir y dar entrada al mismo sin que pueda no admitirse por el hecho de que la documentación aportada sea original o no, puesto que hay previsto en la Ley un trámite con concesión de un plazo para la aportación de la documentación necesaria para el Recurso que no se haya aportado o respecto de la que se haya aportado fotocopias.
En segundo lugar y como resulta claramente de toda la documentación que según la recurrente se aporta en original y copia, se observa claramente que la nota de calificación que se recurre es una fotocopia escaneada porque así resulta tanto de la aportación que la recurrente considera como original como de la copia que ella misma ha enumerado con su puño y letra y que se remite a la Dirección General para su comprobación. Por tanto no se ha producido ningún extravío por parte de la Oficina del Registro de ningún tipo de documentación aportada. Y esta Oficina conserva un original de la calificación efectuada, como parte de todo el expediente relacionado con la calificación del documento.
En tercer lugar, se le ha requerido la aportación de la primera nota de calificación puesto que en la misma ya se había formulado el defecto que ahora se recurre. Y en cuanto al escrito de fecha 13 de octubre de 2022 se le ha requerido por cuanto se tuvo en cuenta en la calificación que se recurre y se cita en la misma.
En cuanto a la primera calificación realizada el día 12 de septiembre de 2022 se ha aportado una copia y no un original, como resulta claramente de las copias aportadas (original y copia según la recurrente en su escrito), en la que se hace constar que es un scanner. Esta Oficina conserva un original de dicha calificación formando parte del expediente del documento calificado.
11. Teniendo en cuenta el escrito presentado contestando al requerimiento junto con la documentación aportada y que ha tenido entrada en este Registro el día 25 de enero de 2023, en la que la recurrente hace constar que únicamente tiene copias de las calificaciones y no los originales que le fueron notificados por esta Oficina, no se realiza un nuevo requerimiento para la aportación de las mismas. No obstante, y puesto que esta Oficina conserva las notas de calificación, se remiten las dos calificaciones realizadas en las que constan las fechas de las notificaciones realizadas a la presentante a los efectos que procedan (…).»
Vistos los artículos 817, 821, 882, 885 y 1068 del Código Civil; 1, 2, 3, 14, 18, 19 bis, 38 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 79 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1997, 22 de mayo y 27 de junio de 2000, 12 de junio de 2008, 15 de enero de 2013 y 16 de diciembre de 2014; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de octubre de 1928, 13 de enero de 1939, 27 de marzo de 1981, 23 de abril de 1986, 8 de julio de 1991, 22 de octubre de 1999, 4 de mayo de 2001, 19 de septiembre de 2002, 25 de octubre de 2005, 1 de marzo de 2006, 25 de febrero y 17 de octubre de 2008, 2 y 9 de marzo de 2009, 16 de junio de 2010, 6 de marzo de 2012, 11, 12, 16 y 28 de junio, 4 de julio y 15 de septiembre de 2014, 25 de mayo de 2015, 19 de febrero, 10 de marzo, 20 de abril, 30 de mayo y 26 de julio de 2016, 29 de junio y 14 de julio de 2017, 22 de febrero, 31 de octubre, 10 de septiembre, 4 de octubre y 19 de noviembre de 2018 y 22 de abril y 22 de julio de 2019, y las Resoluciones de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de enero y 15 de junio de 2022 y 2 de marzo de 2023.
1. Son hechos relevantes para la resolución del recurso los siguientes:
La recurrente, doña M. D. C. C., presentó en el Registro de la Propiedad instancia suscrita el día 27 de julio de 2022, en unión de documentación complementaria, mediante la cual, por fallecimiento de su esposo y alegando ser única interesada en la herencia en tanto que única heredera abintestato, solicitó la inscripción a su favor de la mitad indivisa de la finca registral 26.963.
El documento presentado, junto con el citado título sucesorio y demás documentación complementaria aportada, fue objeto de una primera calificación negativa el día 12 de septiembre de 2022, calificación que fue confirmada por el registrador designado según el cuadro de sustituciones.
En la instancia presentada, la solicitante inventarió diversos bienes (entre ellos una mitad indivisa de la registral 26.963), añadiendo: «(…) Todos los herederos designados testamentariamente e intestados han renunciado a la herencia, quedando como única heredera la viuda Dña.M. Rubio Gil Suárez. La única heredera, conforme al testamento, elige también el usufructo universal de la totalidad de la herencia (100% de la herencia). Por lo que en todo caso, a tenor de lo dispuesto en el Código Civil le corresponde el usufructo de 2/3 de la herencia, sin embargo, en este caso el usufructo es del 100% al ser la única heredera y designarlo así el testamento. Existe un legado que el finado en testamento adjudico a sus tres hijos, de los cuales, la hija del finado Dña (…), según su escritura de renuncia a la herencia, renunció a la totalidad de la herencia, por lo que en este caso comprenden su renuncia también al legado. Quedan por tanto los dos hijos D (…) y D (…), que renunciaron a la institución de herederos, pero no al legado. El legado corresponde solo al 50% de la vivienda…» (se refiere, en la instancia, a la indicada finca registral y a determinada carga, aludiendo la firmante de la instancia al dato de ser la herencia negativa y ello imposibilitar el pago del usufructo y de la legitima de la única heredera). Añadiendo: «(…) para el pago de ello a la suscribiente, se funde el citado legado dentro de la herencia, desapareciendo el legado y adjudicándose el bien legado la viuda suscribiente. El resultado de la herencia es negativo, por lo que, ningún incremento patrimonial ha tenido la suscribiente con la aceptación de la misma (…)».
Como datos complementarios interesa reseñar los siguientes:
– En testamento abierto otorgado por el causante el 5 de mayo de 2015, éste legó a su esposa (ahora recurrente) el usufructo universal de todos sus bienes o el tercio de libre disposición de su herencia más la cuota legal usufructuaria, facultándola para tomar posesión de su legado sin necesidad de practicar inventario ni prestar fianza. Y ordenó también una serie de legados en favor de su esposa, y de sus tres hijos, disponiendo el testador: «(…) si esta optase por el usufructo de su herencia según se indica en la cláusula anterior, le lega la participación que a él le pertenece en la vivienda en (…) y las acciones de la Cooperativa (…) Y si la esposa optase por elegir el tercio de libre disposición de su herencia, para el pago de este legado se empezará por adjudicarle los bienes antes legados. A sus tres hijos, A., J. e I., por partes iguales entre ellos, en nuda propiedad: La vivienda en Valencia [precisamente la registral 26.963 del Registro de la Propiedad de Valencia número 5]».
– Como se indicaba en la instancia presentada al Registro por la recurrente, dos de los legatarios –hijos del finado– renunciaron a la herencia, pero no al legado ordenado a su favor (en nuda propiedad), recayente sobre la citada finca número 26.963 del Registro de la Propiedad de Valencia número 5.
– Por decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrent) en el seno del procedimiento de división judicial de herencia en el que fue demandante la aquí recurrente, se acordó lo siguiente: «Se decreta la finalización y archivo del presente procedimiento de división de herencia por desistimiento de la única heredera con derecho a intervenir y por no tener justificación proseguirlo con los legatarios de cosa determinada, que al no serlo de parte alícuota carecen de legitimación y sin perjuicio de las acciones que estos: don A. A. V., don J. V. A. V., y doña I. A. O. ostenten para reclamar sus legados como disposiciones a título particular».
La registradora de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en los siguientes argumentos:
– Los legatarios renunciantes a la institución de heredero no son legitimarios, si bien es necesaria la concurrencia de los legatarios para la reducción de los legados de acuerdo con el Tribunal Supremo, que en Sentencia de 13 de febrero de 1951 (y en análogo sentido la Sentencia del mismo Tribunal de 24 de junio de 1911) estableció que la inoficiosidad de la donación o el legado debe ser probada por quien la alega pretendiendo reducirlos o eliminarlos, no siendo admisible privar al legatario de la liberalidad a él asignada sin una demostración cumplida, con su intervención, de la insuficiencia de los restantes bienes para satisfacer las legítimas.
– En los legados de cosa cierta y determinada el legatario adquiere la propiedad desde el momento del fallecimiento del causante (artículos 882 del Código Civil) aunque el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando este se halle autorizado para darla, como dispone el artículo 885 del mismo cuerpo legal.
– El artículo 817 del Código Civil dispone que «las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas»; precepto que atribuye al legitimario acción para reducir los legados en lo que fueren inoficiosos con el fin de que obtenga completa su porción legitimaria, siendo una acción personal que se dirige contra el legatario o contra el tercer poseedor, en su caso, legitimados pasivamente en cuanto quedan obligados a restituir aquella porción del legitimario que resulte inoficiosa. De ello resulta que lo procedente sería esta acción y no la de división de herencia que se ha ejercitado y de la que se ha desistido como resulta del auto de fecha 30 de septiembre de 2022 que se ha aportado.
– Por lo anterior, no puede practicarse la inscripción sin la concurrencia de los legatarios para la reducción de los legatarios, y en el supuesto de que la ahora recurrente no sea la única interesada en la herencia, la instancia de heredero único no sería el documento hábil para practicar la inscripción.
La recurrente formula las siguientes alegaciones:
– No se está en un juicio donde la registradora deba decidir sobre la existencia o no de inoficiosidad de los legados, pues no tiene esa potestad, y si se quiere comprobar la inexistencia o falta de bienes hereditarios para cubrir la legítima de la única heredera, puede hacerlo con todos los documentos y certificados que se les han presentado; pero no se considera lícito que no se inscriba un bien adjudicado por una heredera por el hecho de que «pueda o no» darse el caso de que la liquidación y partición esté correcta o no, según su parecer.
– Los legatarios no son de parte alícuota, por lo que la única que puede hacer la partición es la ahora recurrente, ya que es la única heredera, y carece de sentido que para hacer la partición y adjudicación de la herencia tenga ésta que llamar a nadie, pues nadie más está legitimado para ser llamado; y nadie ha impugnado dicha partición y adjudicación, por lo que carece totalmente de sentido que no se inscriba este bien inmueble a favor de la heredera, sin perjuicio de que aquellos legatarios que puedan verse perjudicados impugnen la partición, pidan la nulidad de la misma o ejerzan los derechos que quieran o piensen que les corresponde.
– No es de recibo que se suspenda la inscripción y la calificación con base nuevamente en la esperanza de que exista un juicio donde un juez dictamine la inoficiosidad del legado, ya que no existe impugnación de la partición, no existe pleito en marcha alguno, no existe demandantes ni demandados; por el contrario, existe un justo título, existe una titular heredera única legitimada, existe prueba contundente de la inoficiosidad, lo que ya ha aceptado y admitido a tenor de esta nueva calificación que subsanó la anterior calificación negativa por otros motivos, uno de ellos, negando la condición de heredera única y presuponiendo que podrían existir más herederos legitimarios.
– Conforme a lo establecido por esta Dirección General, no existe impedimento alguno para la inscripción solicitada sin la necesidad de presencia y aceptación de los legatarios, pues la solicitante es la única heredera y tiene el justo título para inscripción, siendo totalmente irrelevante para ello la personación de los legatarios en la división de la herencia y mucho menos su necesidad de aceptación. Además, existió un procedimiento de testamentaria donde se decretaba que la solicitante es la única heredera y, al mismo tiempo, los legatarios, entonces herederos, solicitaron autorización judicial para renunciar en nombre de sus hijos menores de edad a la herencia de su abuelo.
– Carece también ahora de sentido la cita del artículo 882 del Código Civil, ya que el cumplimiento del mismo viene condicionado precisamente a la posible existencia de reducción de los legados por inoficiosidad, debido al posible perjuicio de la legítima, y que es precisamente el presente caso. Y respecto de la alegación del artículo 817 del Código Civil, tal precepto atribuye al legitimario acción para reducir los legados en lo que fueren inoficiosos con el fin de que obtenga completa su porción legitimaria; es una acción personal que se dirige contra el legatario o contra el tercer poseedor en su caso, legitimados pasivamente en cuanto quedan obligados a restituir aquella porción del legitimario que resulte inoficiosa. De ello resulta que lo procedente sería esta acción y no la de división de herencia que se ha ejercitado y de la que se ha desistido como resulta del Auto de 30 de septiembre de 2022 que se ha aportado.
– Ha quedado acreditado que la ahora recurrente es la única heredera, y una mera opinión o suposición sin fundamento alguno (referirse al «caso de que la Sra. C. no sea la única interesada en la herencia») no es un defecto que imposibilita la inscripción, pues es imposible saber, cuando se reparte una herencia, si los herederos, legatarios y acreedores conocidos son los únicos interesados en la herencia; nunca se puede saber si el testador tenía otros herederos no reconocidos, otros acreedores, etc.
2. Antes de entrar a resolver el fondo del recurso, conviene recordar de nuevo que, tal y como tiene reiteradamente declarado este Centro Directivo y según el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». En aplicación de dicha doctrina y como indica la registradora en su informe, no cabe tener en cuenta en el recurso contra su calificación el escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia de Torrent de fecha 22 de septiembre de 2021 firmado por el abogado don M. B. M. I.
Del mismo modo, es también reiterada doctrina de esta Dirección General (vid., por todas, Resolución de 14 de julio de 2017), basada en el contenido del citado precepto legal y en la doctrina del Tribunal Supremo (vid. Sentencia, Sala Tercera, de 22 de mayo de 2000), que el objeto del recurso contra la calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. Por ello, lo único que debe analizarse, en tanto que objeto del recurso, es la calificación emitida por la registradora de la Propiedad de Valencia número 5 el día 28 de noviembre de 2022, y en los términos en que ha sido formulada (posteriormente confirmada en calificación sustitutoria).
3. También como cuestión previa, debe tenerse en cuenta que la recurrente ha planteado recurso no sólo contra la calificación inicial sino también contra la calificación sustitutoria.
En primer lugar, en cuanto el alcance y efectos de la calificación sustitutoria, es preciso aclarar que es doctrina consolidada de este Centro Directivo que el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos expresados por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante esta Dirección General, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad –cfr. artículo 19 bis, regla quinta, de la Ley Hipotecaria– (Resoluciones de 2 de marzo de 2009, 11 y 28 de junio de 2014, 25 de mayo de 2015, 10 de marzo y 20 de abril de 2016, 10 de enero de 2022 y 2 de marzo de 2023, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente).
La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis, regla tercera, de la Ley Hipotecaria).
La opción del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria en su párrafo cuarto se concede a los interesados en dos supuestos: en primer lugar, cuando el registrador no haya calificado dentro de plazo, en que lógicamente no cabe recurso contra una calificación no realizada, y, en segundo lugar, cuando el interesado opte por el cuadro de sustituciones ante una calificación registral negativa. El interesado «podrá recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o bien instar la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 de la Ley».
El párrafo segundo de la regla quinta del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria dispone que: «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que solicita su intervención», y debe entenderse, conforme a lo expuesto anteriormente, que la calificación sustitutoria no es un recurso sino una segunda calificación. Esta norma debe interpretarse en el sentido de que los interesados deberán manifestar respecto a cuáles de los defectos de los contenidos en la nota de calificación deberá pronunciarse el registrador sustituto, máxime cuando la calificación sustitutoria deberá ajustarse a los defectos observados en la nota de calificación del registrador sustituido. Si el desacuerdo es respecto a la total nota de calificación debe bastar para ello con expresar genéricamente dicha discrepancia.
De ello se desprende que, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de subsanación de los defectos o en su caso para que pueda proceder a la interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante esta Dirección General, el cual deberá limitarse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad –cfr. artículo 19 bis, regla quinta, de la Ley Hipotecaria– (Resoluciones de 28 de junio de 2014, 19 de febrero y 30 de mayo de 2016, 4 de octubre de 2018 y 22 de abril y 22 de julio de 2019).
En el presente caso el registrador sustituto ha confirmado la calificación de la registradora sustituida por lo que, aun cuando se interpone el recurso también contra la calificación sustitutoria, la presente resolución, conforme al precepto legal señalado, debe limitarse a revisar la calificación de la registradora sustituida, única legalmente recurrible.
4. En cuanto al fondo del recurso, es doctrina inconcusa de esta Dirección General (cfr. Resoluciones de 25 de octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) que uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador. Así, el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido. En concreto, dispone el citado artículo 3 que «para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos».
Del cotejo de este precepto con el artículo 2 de la Ley Hipotecaria se desprende la conocida distinción entre título material y formal, a efectos del Registro. Título material es el acto, contrato o negocio jurídico que constituye la causa de la adquisición del derecho real objeto de inscripción. Título formal es el documento que constituye el vehículo de acceso al Registro, siendo la expresión de la forma auténtica y la prueba del acto o contrato.
En el caso de las sucesiones «mortis causa», el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero establece que «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012». Este precepto se complementa con el artículo 79 del Reglamento Hipotecario, según el cual «podrán inscribirse a favor del heredero único y a su instancia, mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76, los bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre del causante, cuando no exista legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio para adjudicar la herencia, salvo que en este segundo supuesto la única persona interesada en la herencia resultare ser dicho heredero».
Los preceptos transcritos contemplan el supuesto de heredero único, sin que exista persona con derecho a legítima, y si bien, como resulta del relato de hechos, hay dos de los tres hijos del causante que han renunciado a la institución de heredero y no al legado (el tercero renunció a la herencia y al legado), que recae precisamente sobre una mitad indivisa de la finca que motiva este recurso, en la nota se da por sentado que tales hijos legatarios no ostentan la condición de legitimarios, por lo que deben analizarse únicamente los defectos alegados por la registradora que impedirían la práctica de la inscripción solicitada.
5. En la instancia presentada, la ahora recurrente, alegando su condición de única heredera abintestato, indica: «La heredera, conforme al testamento, elige también el usufructo universal de la totalidad de la herencia (100 % de la herencia). Por lo que, y en todo caso, a tenor de lo dispuesto en el Código Civil le corresponde el usufructo de 2/3 de la herencia, sin embargo, en este caso el usufructo es del 100 % al ser la única heredera y designarlo así el testamento… // la hija del finado (…) renunció a la totalidad de la herencia, por lo que en este caso comprende su renuncia también el legado. Quedan por tanto los dos hijos (…), que renunciaron solo a la institución de heredero, pero no al legado». Y tras realizar una valoración de dicha mitad y una deuda hipotecaria que la afecta, continúa: «(…) al ser la herencia negativa y ello imposibilitar el pago del usufructo y de la legitima de la única heredera (viuda) que asciende a (…), para el pago de ello a la suscribiente, se funde el citado legado dentro de la herencia, desapareciendo el legado y adjudicándosele el bien legado a la viuda suscribiente».
A su vez, la nota de calificación (al margen de lo antes apuntado sobre si tienen o no la condición de legitimarios dos de los hijos del causante) pone el acento en la necesaria concurrencia de los legatarios para la reducción de los legados de acuerdo con el Tribunal Supremo (con cita de las Sentencia de 13 de febrero de 1951, y en análogo sentido la de 24 de junio de 1911); pues en los legados de cosa cierta y determinada el legatario adquiere la propiedad desde el momento del fallecimiento del causante (artículos 882 del Código Civil). Añade, además, que el artículo 817 del Código Civil atribuye el legitimario acción para reducir los legados en lo que fueren inoficiosos con el fin de que obtenga completa su porción legitimaria y es una acción personal que se dirige contra el legatario o contra el tercer poseedor, en su caso, legitimados pasivamente en cuanto quedan obligados a restituir aquella porción del legitimario que resulte inoficiosa; concluyendo, con base en lo indicado, que no puede practicarse la inscripción sin la concurrencia de los legatarios para la reducción de los legados.
6. Respecto del examen del primero de los dos obstáculos en que se fundamenta la calificación, es indudable que si el testador ordenó un legado de cosa inmueble, propia y específica, el heredero no puede inscribirla a su nombre mediante decisión unilateral e inaudita parte, pues pertenece al legatario favorecido.
Como afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2000, «(…) no hay que olvidar que el legatario deviene titularipso iuredel legado en el momento de la muerte del causante (artículo 881 del Código civil) sin perjuicio de que puede renunciar al mismo, es decir, que en el legado no se sigue el sistema romano de adquisición de la herencia que exige aceptación, y si el legado es de cosa propia del testador (artículo 882 del Código civil) deviene propietario de la cosa legada desde la muerte del mismo, tal como han destacado las sentencias de 7 Jul. 1987, 30 Nov. 1990 y 25 May. 1992». Y confirma esta doctrina la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2013, que declara, en relación con un legado de cosa cierta y determinada propia del testador: «Interpretada la disposición testamentaria en orden a la configuración de un legado de cosa específica y determinada de la propiedad del testador, el legatario adquiere el objeto legado con la delación de la herencia(ius delationis),sin necesidad de aceptación, de forma que se erige como propietario de la cosa legada desde el momento de la muerte del testador, artículo 882, párrafo primero del Código Civil».
Este Centro Directivo, en su Resolución de 19 de septiembre de 2002, entendió que el artículo 882 del Código Civil viene a suponer una regla que hace retroactiva la adquisición de la propiedad del bien concreto al momento del fallecimiento del testador, a diferencia de lo que sucede con los herederos, sujetos a la necesidad de partición, con arreglo al artículo 1068 del mismo Código, siendo la aceptación del legatario imprescindible para la inscripción a su favor de lo legado; aunque entiende de aplicación al legatario la misma doctrina establecida para los herederos en relación con la partición efectuada por el contador-partidor, conforme a la cual podría practicarse a su favor la inscripción bajo condición suspensiva de aceptación. Y en esa línea argumental este Centro Directivo propugnó la flexibilización del requisito formal de aceptación del legado, que puede deducirse de la misma solicitud de inscripción a su favor por el legatario.
Pero prescindir del legatario y «fundir» –como expresa la ahora recurrente en la instancia calificada– el legado en la herencia sin su consentimiento, o resolución judicial de por medio, es algo que escapa del ámbito de aplicación del artículo 14 de la Ley Hipotecaria, pues supondría una clara vulneración del principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos al control de legalidad notarial y la calificación registral (así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria).
Bien es cierto que este Centro Directivo ha admitido que, con motivo de la instancia de heredero único, cabe solicitar la práctica de determinados asientos complementarios (se citan como ejemplos la cancelación de usufructos, o la constancia de una calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca en cuestión), pero lo plasmado en el título calificado en el presente caso nada tiene de mero complemento a una adquisición que venga dada por el título o títulos sucesorias aplicables. Y la pretensión formulada en la instancia choca frontalmente con los derechos de dos legatarios de cosa inmueble determinada y propia del testador (abstracción hecha de la cuestión de la entrega de los legados).
7. Por último, en cuanto al segundo obstáculo que la registradora objeta a la instancia presentada –y sin que proceda examinar en este trámite cuestiones relativa a la responsabilidadintraoultra viresdel heredero respecto de los legados, o la preferencia entre legatarios–, también tiene razón aquella cuando niega virtualidad a dicha instancia para practicar una hipotética reducción de legados en favor del legitimario, que no es sino una acción personal que se dirige contra el legatario o el tercer poseedor, pero que, indudablemente, en el procedimiento registral no puede ventilarse unilateralmente por la heredera sin contar con los dos legatarios que no han renunciado a su legado.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, la heredera ha ido más allá de una teórica y supuesta reducción de legado, en tanto que afirma –y decide–, simple y llanamente, la desaparición del legado y que éste se funde en la herencia. Sin duda, eso es algo que no puede acordar por sí, y menos aún dada la naturaleza del legado ordenado por el causante en su testamento, y que subsiste en favor de dos de sus hijos (como se ha apuntado no se entra en el examen de la afirmación relativa a la pérdida de la condición de legitimarios por tales hijos, que en la nota de calificación se da por supuesta).
En suma, la sola voluntad del principal interesado no es suficiente para prescindir del resto de interesados en la sucesión del causante, que además basan su derecho en un testamento que subsiste en este extremo y es expresión de la voluntad del causante; siendo evidente, también, que la alegada salvaguardia de la legitima del cónyuge viudo, su eventual vulneración y la forma en que la que la aquí recurrente la sustancia, excede del ámbito del procedimiento registral y entra de lleno en el judicial, necesitándose bien el consentimiento de los legatarios afectados, bien una resolución judicial firme que la ampare.
Por todo ello, la instancia presentada excede manifiestamente del ámbito de aplicación del artículo 14 de la Ley Hipotecaria y en modo alguno tiene amparo en él.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de marzo de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago