Categoría: Administración

emoria.
C) Evaluación de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.
C.1 Recursos humanos disponibles para la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública.
El 75 % de las entidades evaluadas que han remitido la información solicitada –66, lo que representa el 51,2 % del total– ha asignado a una unidad específica la gestión de las solicitudes de acceso a información pública. Cuatro de estas entidades cuentan con unidades de transparencia. En promedio, comunican que dos personas se dedican a la gestión de las solicitudes de acceso, tarea que compatibilizan con otras actividades.
C.2 Actividad generada en 2020 por las solicitudes de acceso a información pública.
En la información remitida por las diferentes entidades, se han observado inconsistencias en los datos de manera que, en ocasiones, la suma de datos parciales –por ejemplo, resoluciones expresas emitidas por la entidad y resoluciones desestimadas por silencio administrativo– arrojan valores superiores al 100 %.
Solicitudes gestionadas en 2020:
Las instituciones evaluadas que han remitido información recibieron un total de 1.465 solicitudes de acceso a la información pública durante 2020, a las que hay que añadir otras 26 que quedaron pendientes de tramitación a 31 de diciembre de 2019. En promedio cada una de las entidades recibió unas 27 solicitudes. El rango de variación oscila entre 0 y 218.
Según la información aportada, se resolvieron 1.455 solicitudes a lo largo de 2020, quedando pendientes, a 31 de diciembre de ese año, 44 solicitudes. De las 1.455 solicitudes resueltas se admitieron a trámite 1.073, se archivaron 31 y se inadmitieron 354.
La causa de inadmisión más frecuente ha sido que la información solicitada no estaba en poder del destinatario, desconociéndose el órgano competente para resolver–28,9 %–. Mientras que en segundo término se sitúan, con porcentajes muy similares, las categorías «otras causas de inadmisión» –25,3 %– y la calificación de la solicitud de abusiva o repetitiva –25,0 %–.
Indicadores de tramitación en 2020:
Las personas asignadas a la gestión del derecho de acceso asumieron, en promedio, 8,53 solicitudes y resolvieron 8,40 a lo largo de 2020. De nuevo según los datos facilitados, en 2020 se resolvieron casi el 98 % de las solicitudes, tanto entradas en el año natural como en pendientes a finales de 2019. Sin embargo, cabe observar que ha aumentado el número de solicitudes pendientes a final de año –han pasado de 25 a 44–, situándose la tasa de pendencia en 3,3.
El tiempo medio estimado para la tramitación de las solicitudes pendientes se sitúa en torno a doce días naturales, por lo tanto dentro del plazo legal de un mes establecido en la LTAIBG. Se admiten a trámite casi el 88 % de las solicitudes y la proporción de solicitudes inadmitidas se sitúa en torno al 14 %. Finalmente se archiva un 0,84 % de las solicitudes resueltas.
Resoluciones emitidas en 2020:
Respecto de las resoluciones emitidas en 2020, 883 concedieron la información. De las 858 resoluciones respecto de las que las entidades concernidas han proporcionado información, 635 concedieron el acceso total, en el caso de 109 lo concedieron parcialmente y, por último, en 114 se denegó el acceso a la información solicitada. Las instituciones que han aportado información sobre la aplicación de los límites del artículo 14 indican que en 79 ocasiones se aplicaron los mismos. La preservación de los intereses económicos y comerciales y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión suponen más del 46 % de los límites invocados como causa de denegación.
A pesar del mandato contemplado en el artículo 14.3 LTAIBG, solo 10 de las entidades evaluadas, el 7,9 %, publica en su web institucional las solicitudes denegadas por aplicación de los límites del artículo 14 de la LTAIBG.
Indicadores de resolución en 2020:
De acuerdo con la información suministrada a esta AAI por las entidades concernidas, se emite resolución expresa para casi el 97,7 % de las solicitudes admitidas. Un 3,3 % de las solicitudes se desestima por silencio administrativo.
El 81,8 % de las resoluciones concede el acceso a la información. De las resoluciones que conceden información, sobre las que se dispone de datos, el 68,75 % concede acceso total y el 27,55 % acceso parcial. La proporción de resoluciones denegatorias supone casi el 13 %. Por último, el 3,51 % adicional de las solicitudes admitidas finaliza por desistimiento y otras causas.
D) Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
D.1 Localización de la información y facilidad de acceso.
El 32 % de las entidades evaluadas ha habilitado espacios específicos en sus portales de transparencia dedicados al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La misma proporción de entidades hace referencia expresa en este espacio a la posibilidad que tiene la ciudadanía de solicitar información de acuerdo con la Ley de Transparencia.
En cuanto a los medios habilitados para la presentación de solicitudes, la web o el portal de transparencia, seguidos del correo electrónico o la presentación de forma presencial, son los medios sobre los que en mayor medida informan las instituciones evaluadas.
El 36 % de las instituciones solo dispone de los medios de contacto generales para la presentación de las solicitudes. Por otra parte, en el caso de las entidades integrantes del Sector Público Estatal es frecuente que las solicitudes de información se canalicen a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, cuestión sobre la que los sujetos concernidos no siempre han informado a esta AAI. Por otra parte, dos entidades que han habilitado el correo postal exclusivamente como medio de presentación de solicitudes exigen que la solicitud se envíe contra reembolso.
Las entidades concernidas han habilitado, en promedio, 1,2 medios diferentes de presentación de las solicitudes. El rango de variación oscila entre 0 y 10. El 44,5 % de las organizaciones no informa sobre los medios de presentación de solicitudes.
En cuanto a los requisitos para la presentación de las solicitudes, en general se exige la identificación de la persona que efectúa la solicitud. En un 15 % de los casos es preciso incluir en la solicitud una copia del documento de identidad.
En torno a un 30 % de las entidades dispone de formularios para la presentación de las solicitudes y un 21 % proporciona facilidades adicionales, como instrucciones o explicaciones complementarias. En último término, cabe advertir que son escasas las entidades que informan sobre el procedimiento, identifican el órgano competente para resolver o indican los recursos en vía administrativa o judicial en caso de disconformidad con la respuesta de la entidad a la solicitud efectuada.
D.2 Gestión de las solicitudes de acceso.
Las solicitudes se presentaron entre los meses de febrero y noviembre de 2021. El 37,8 % de ellas se formalizó mediante correo electrónico, un 32,3 % a través de la web de la entidad, mientras que el 26 % restante fue a través del Portal de Transparencia de la AGE. La presentación a través de la sede electrónica de la entidad o mediante correo postal solo se utilizó en un 3,9 % de los casos. Una de las solicitudes no pudo presentarse porque en la web de la entidad no se informaba sobre ningún medio de contacto.
Se recibió acuse de recibo para el 40,6 % de las solicitudes presentadas, de ellas el 63,5 % correspondían al Portal de Transparencia de la AGE.
La descripción de la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso formuladas se describen con detalle en los epígrafes correspondientes de la Memoria de 2021.
D.3 Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el periodo 2015-2021 frente a las entidades evaluadas.
El CTBG ha recibido un total de 206 reclamaciones contra resoluciones de las entidades evaluadas en materia de acceso a la información pública. De estas, 104 fueron estimadas –en 23 de ellas se concedió la información antes de finalizar el procedimiento de reclamación–. Otras 70 fueron desestimadas, 25 inadmitidas, 6 archivadas y 1 suspendida por estar pendiente de resolución un recurso contencioso-administrativo que afectaba a la misma materia objeto de la reclamación.
Por lo tanto, de las 181 reclamaciones admitidas a trámite –incluyendo la que se encuentra suspendida–, un 42,2 % han sido favorables a la entidad y un 57,8 % a los reclamantes.
Los organismos evaluados han presentado 31 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del CTBG, lo que sitúa la tasa de litigiosidad en el 29,8 %. Nueve de las quince sentencias firmes dictadas hasta final de 2021 han sido favorables al CTBG.
D.4 Buenas prácticas.
En el anexo V de la memoria se detalla un repertorio de buenas prácticas en materia de derecho de acceso a la información con que cuentan las instituciones evaluadas que podrían ser aplicables por otras entidades y organizaciones públicas.
E) Conclusiones y recomendaciones.
E.1 Publicidad activa.
– Respecto al emplazamiento en el que han de publicarse las obligaciones de publicidad activa, esta AAI estima que todas las entidades deberían disponer de un espacio específico para la publicación de las informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa, con el objetivo de facilitar la localización y la accesibilidad de la ciudadanía a esta información. En la medida de lo posible la organización de la información debe ajustarse a la sistemática establecida por la LTAIBG o por la norma autonómica correspondiente: Información Institucional y Organizativa e Información Económica y Presupuestaria dado que parece razonable que los ciudadanos utilicen la Ley como referencia para localizar la información. En definitiva, todas las informaciones obligatorias deberían publicarse en el Portal de Transparencia y en el supuesto de que una información se encuentre publicada en otro lugar de la web institucional, debería enlazarse a ella desde el Portal de Transparencia, ubicando dicho enlace en el bloque de información al que pertenezca.
– En cuanto a la aplicación por las entidades evaluadas de las recomendaciones formuladas por este Consejo en la evaluación de 2020, se recuerda que la finalidad de tales recomendaciones es conseguir mejorar los niveles de cumplimiento de la LTAIBG por los sujetos obligados. Por esta razón es importante que las entidades evaluadas las apliquen. Solo de esta manera es posible avanzar. De hecho, entre las entidades que han aplicado al menos el 80 % de las recomendaciones efectuadas, el incremento del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatorias supera los 43 puntos porcentuales.
– Por lo que respecta a las omisiones de publicación de algunas de las obligaciones legalmente previstas por incurrir en diferentes circunstancias especificadas con detalle en la Memoria, se concluye, en cuanto a la falta de publicación de algunas informaciones por no haber existido actividad en ese ámbito concreto, que desde este Consejo viene señalándose que la única manera de distinguir si la falta de publicación de una información sujeta a obligaciones de publicidad activa se debe a un incumplimiento de la obligación de publicar o a que no hay información que publicar porque no ha habido actividad en ese ámbito concreto o porque algún tipo de regulación no permite su publicación, consiste en indicar expresamente tal circunstancia. En consecuencia, este Consejo recomienda que en el apartado correspondiente a la obligación de publicidad activa para la que no ha existido actividad, o cuando no sea posible su publicación porque existan restricciones legales, se haga constar expresamente esta circunstancia.
– Por su parte, en cuanto a la publicación de información correspondiente a una obligación a través de otra, este CTBG recuerda que la publicación de las informaciones obligatorias debe realizarse de manera individualizada.
– Y, finalmente, en relación con la no publicación porque la información deriva de una decisión de otra entidad, como es el caso de las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos, cabe recordar que el artículo 5.4 de la LTAIBG señala que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de los sujetos obligados. El hecho de que quien tiene la competencia para otorgar la autorización sea un órgano diferente, no implica que pueda obviarse la publicación de esta información por parte del organismo en el que la persona autorizada prestó sus servicios.
– En lo que atañe a los criterios de calidad de la información publicada que obtienen una valoración que, en general, no alcanza el 60 %, desde este Consejo se insiste en recomendar que para facilitar la accesibilidad y la comprensión de esta información además de enlazar a la fuente centralizada se publiquen cuadros-resumen con todos los contenidos que para cada obligación establece la LTAIBG.
– En relación con la no publicación en la propia web institucional porque la información se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la AGE, este CTBG ha de recordar que el artículo 55.2 de la LRJSP establece que la Administración General del Estado comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y, finalmente, la Administración General del Estado en el exterior. Por lo tanto, al no estar incluidos los organismos públicos vinculados o dependientes, no deberían publicar en el Portal de Transparencia de la AGE los datos o informaciones relativos a su actividad. A estas entidades les resulta de aplicación, en consecuencia, la obligación contemplada en el artículo 5.4 de la LTAIBG de publicar la información sujeta a obligaciones de publicidad activa en sus respectivas webs institucionales o en sus sedes electrónicas.
– Respecto de la actualización permanente o estabilidad en el tiempo de determinadas informaciones, es preciso señalar que la única posibilidad que tienen los ciudadanos –también los evaluadores– de saber si la información publicada está vigente o no es que en el Portal de Transparencia se indique expresamente. En este sentido bastaría con que en la página inicial se mostrase la fecha de la última revisión o actualización de la información contenida en el Portal.
– En cuanto a la publicación de información económica a ejercicio vencido, el problema es que este criterio de publicación implica que la información se encuentre desactualizada. Por esta razón este Consejo recomienda que aquellas informaciones que son conocidas a inicio del año, o que se refieren a actividades que pueden producirse en cualquier momento del año –por ejemplo, las indemnizaciones al cese de altos cargos– o que se desarrollan de manera continua –por ejemplo, la información estadística sobre contratación o la ejecución presupuestaria– se publiquen con una periodicidad inferior a la anual, dado que además, se refieren a obligaciones individuales y diferentes de la publicación del presupuesto o de las cuentas anuales.
E.2 Derecho de acceso.
– A la vista del volumen de solicitudes inadmitidas invocando como causa de inadmisión que se trata de solicitudes repetitivas o abusivas, casi una cuarta parte de estas, este Consejo recuerda lo indicado el Criterio Interpretativo 3/2016, elaborado en virtud de las funciones atribuidas al mismo por la LTAIBG. En todo caso, las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y en este supuesto concreto de inadmisión han de concurrir dos requisitos: en el caso de la reiteración la solicitud debe ser manifiestamente reiterativa y en el caso de solicitudes abusivas además de ser cualitativamente abusivas deben ser injustificadas con la finalidad de la LTAIBG.
– Todas las instituciones deberían publicar en su Portal de Transparencia las resoluciones que deniegan el acceso a la información por aplicación de los límites del artículo 14, según lo dispuesto por el artículo 14.3 de la LTAIBG.
– Este Consejo recomienda para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que en el Portal de Transparencia de la entidad se incluya un enlace a un apartado específico en el que se proporcione información sobre el derecho que asiste a los ciudadanos a solicitar información pública, se indiquen los medios habilitados para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la institución y se informe sobre los requisitos necesarios para su presentación. Este mismo espacio podría utilizarse para la publicación de las resoluciones denegatorias por aplicación de los límites del artículo 14 de la LTAIBG.
– El hecho de que solo se identifique un medio de presentación de solicitudes no excluye que un ciudadano pueda dirigirse a la institución –si se trata de una institución u organismo público– a través de los medios establecidos en la Ley 39/2015, pero esto implica un conocimiento del funcionamiento de la Administración que no tiene por qué estar al alcance de la ciudadanía. Por esta razón este Consejo recomienda que se identifiquen expresamente los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse con las administraciones.
– Debería informarse sobre la posibilidad de presentación de solicitudes de acceso a información a través del Portal de Transparencia, indicándose el Ministerio al que está adscrito el organismo, ya que en el Portal no figuran los organismos vinculados o dependientes, solo el Ministerio al que va dirigida la solicitud, información de la que no dispone generalmente la ciudadanía.
– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fija los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse con las administraciones y el derecho de éstos a relacionarse por el medio que consideren oportuno, así como a modificar en el transcurso del procedimiento el medio elegido. Por lo tanto no debería prefijarse un único medio para la presentación y práctica de las notificaciones en el procedimiento de gestión de las solicitudes de acceso.
– Se recuerda que el artículo 22.4 de la LTAIBG establece que el acceso a la información será gratuito, salvo cuando sea precisa la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente sin incluir otros gastos adicionales.
– Este Consejo recomienda que se habiliten mecanismos que permitan a las personas responsables de la gestión de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública identificarlas correctamente y diferenciarlas de otras solicitudes de información, por ejemplo mediante un registro específico y proporcionando formación a las personas que han de tramitarlas. La confusión existente entre las diferentes peticiones de información que pueden efectuarse a la institución en la práctica puede llegar a suponer una barrera al ejercicio del derecho de acceso.
– Este Consejo recuerda que el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone expresamente que el plazo se contará en los procedimientos «iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación». En este sentido es importante reseñar que la «Guía básica de tramitación de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública» de la Dirección General de Gobernanza Pública en su página quince interpreta el artículo 20.1 de la LTAIBG en el sentido de que el cómputo de plazos para notificar la resolución se inicia una vez que la UIT haya realizado el correspondiente análisis formal de las solicitudes de acceso a la información pública y traslado el expediente al centro directivo u organismo dependiente que sea competente para resolver, lo que no resulta coherente con lo establecido en el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015. Esta es una de las disfunciones que, como se ha señalado, genera la presentación de solicitudes a través del Portal de Transparencia de la AGE dado que, en general, el órgano competente para resolver no es el Ministerio al que se adscribe o vincula el organismo destinatario de la solicitud.
– El artículo 12 de la LTAIBG establece que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley», en consecuencia no tiene sentido exigir la acreditación de una determinada característica personal –en este caso la condición de investigador– para acceder a la información.
– De la misma manera, el artículo 17.3 de la LTAIBG establece expresamente que los solicitantes de información pública no están obligados a motivar la solicitud–motivación que si se había incluido en la solicitud presentada por este Consejo– por lo que en ningún caso se puede exigir a un solicitante que la motive para continuar la tramitación.
– A pesar de que la LTAIBG prevé que puede entenderse desestimada la solicitud en caso de que haya transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse dictado y notificado resolución expresa, lo cierto es que la legislación básica de procedimiento administrativo establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación indicando los recursos que cabe plantear, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para su interposición.
– Aunque pueda estar justificado que la información no se proporcione en el formato solicitado, por la escasa entidad de los expedientes relativos a la información solicitada, en la medida de lo posible debería ajustarse a lo manifestado por los solicitantes.
– Por otra parte, en el supuesto de que la entidad no disponga de parte de la información solicitada, debería indicarse expresamente en la resolución, para evitar que el solicitante considere que se le deniega el acceso a parte de la información y la correspondiente presentación de una reclamación ante el CTBG o un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
A) Consultas.
En 2021 se han presentado 86 consultas –55 en el ámbito estatal y 31 en el territorial planteadas tanto por los distintos órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información, como por sujetos particulares que requirieron el asesoramiento de esta Autoridad sobre diferentes aspectos de transparencia pública.
Además, se han evacuado, con carácter estimatorio, 1.283 peticiones de información sobre una pluralidad de aspectos relacionados con la aplicación de la LTAIGB a través de distintos canales de entrada –vía telefónica, correo electrónico– procedentes tanto de personas físicas, como de responsables de unidades de trasparencia, etc.
B) Informes.
El CTBG ha evacuado, a petición de Ministerio de Hacienda y Función Pública, 36 informes sobre otros tantos proyectos normativos autonómicos que guardan relación, directa o tangencial según los casos, con el ámbito de la transparencia.
Por otra parte, también se han elaborado 51 informes relativos a iniciativas parlamentarias presentadas por distintos grupos parlamentarios de las Cortes Generales –28 del Congreso y 23 del Senado– con relación a aspectos y materias propios de la competencia de esta Autoridad Administrativa Independiente.
A) Comunicación.
Con periodicidad semanal se han publicado en la página web las agendas del Presidente y de los niveles 30 y 29 en formato reutilizable, mientras que con carácter mensual lo han sido las estadísticas de actividad del Consejo, las resoluciones a las reclamaciones y, finalmente, los procedimientos judiciales planteados frente a las resoluciones.
En el ámbito de las redes sociales, la actividad en las mismas se ha focalizado en Twitter, llegándose en el mes de julio a 22.952 impresiones detweets.
Finalmente, en cuanto a la relación con los medios de comunicación, en 2021 se han difundido varias notas de prensa, entre otras cuestiones, con relación a: la planificación de la actividad de evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y la presentación de la memoria de 2020 en el Congreso de los Diputados. Asimismo, la ‘Declaración de Alicante’, elaborada en el seno de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia –documento institucional cuyo objetivo es promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública-, y los dos convenios firmados durante este ejercicio: con la Comunidad Autónoma de Illes Baleares, para la resolución de las reclamaciones presentadas en materia de derecho de acceso a la información pública, y con Unión Profesional para colaborar en la difusión de los valores y principios propios de la transparencia y la rendición de cuentas, así como los contenidos de la normativa y la política de transparencia y acceso a la información pública entre las profesiones colegiadas.
La labor de promoción de actividades de formación y sensibilización de los distintos protagonistas involucrados en la transparencia ha sido una constante del Consejo. En 2021 ha intervenido en 44 sesiones formativas, lo que supone un aumento del 41,90 % respecto a las de 2020, integradas en acciones formativas de diferente naturaleza organizadas o promovidas por distintos organismos de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas o de las Entidades Locales, órganos constitucionales, Universidades u organizaciones de la sociedad civil, asociadas con la transparencia y la información pública y dirigidas tanto a responsables políticos y empleados públicos, como a docentes y alumnos universitarios y público en general (anexo VII).
El incremento de las acciones formativas guarda relación con la reducción de las medidas restrictivas de actividades impuestas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que estuvieron vigentes a lo largo de 2020 y parte de 2021. A pesar de que no se han alcanzado las cifras anteriores, poco a poco se recupera cierta normalidad al no existir limitaciones fundadas en motivos sanitarios para la realización de actividades docentes de Administraciones Públicas, Universidades y entidades privadas.
Entre las actividades más destacadas pueden mencionarse, en primer lugar, las auspiciadas por Universidades o Institutos Universitarios. Entre ellas, valga reseñar los distintos Máster en que colabora el Consejo, como el impartido en el seno del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración en materia de Transparencia y Buen Gobierno; el realizado por la Universidad Carlos III de Madrid sobre Derecho de las Telecomunicaciones; y el desarrollado por la Escuela de Práctica Jurídica, de la UCM, sobre Derecho de las Nuevas Tecnologías.
En el ámbito de las acciones formativas de empleados públicos, en segundo lugar, puede destacarse la participación del CTBG en diversas clases, acciones formativas y de sensibilización promovidas por distintos departamentos ministeriales, como la intervención en el curso selectivo de los titulados superiores de la Oficina Española de Patentes y Marcas; los cursos desarrollados en los Ministerios de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y de Sanidad y la acción formativa para el Fondo Español de Garantía Agraria. En este ámbito cabe aludir, asimismo, a las acciones organizadas por distintas Escuelas e Institutos de Formación autonómicos, como el Instituto Asturiano de Administración Pública, la Escuela Balear de Administración Pública, el Centro de Estudios Regional de Cantabria y, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto a las actividades desarrolladas en el seno de entidades privadas o por la sociedad civil, por último, merece la pena destacar la participación del CTBG en distintas jornadas y eventos como el VI Encuentro Cumplen, en una mesa redonda sobre «La relación entre transparencia y protección de datos», en el VI Congreso de Buen Gobierno y Transparencia de la Comunitat Valenciana y, finalmente, en la Conferencia Anual de la Abogacía. Asimismo, se ha colaborado con otras instituciones y entidades en acciones de sensibilización como la Red de Transparencia y Acceso a la Información–RTA–, la entidad Prodigioso Volcán y Unión Profesional.
El CTBG ha desarrollado 92 actividades de cooperación y colaboración institucional en 2021, el 29,6 % de incremento respecto de las realizadas en 2020.
Ámbito internacional:
Las actividades de colaboración de ámbito internacional desarrolladas por esta AAI durante 2021 pueden articularse en torno a tres ejes fundamentales.
El primero de ellos es la participación y el apoyo a las iniciativas promovidas por las organizaciones representativas de las autoridades u órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información en los países de nuestro entorno y por las propias autoridades y órganos. El CTBG ha participado en 2021 en diferentes actividades promovidas tanto por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, como con la Conferencia Internacional de Comisionados de Información/International Conference of Information Commissioners (CIC/CICI), red informal de Comisionados de Información de alcance suprarregional.
El segundo eje de actividad consiste en la participación en talleres, grupos de estudio o eventos promovidos por organizaciones o entidades internacionales no integradas en las redes de órganos garantes pero que guardan relación con la transparencia, la calidad democrática o la integridad pública. En este contexto, el CTBG participó en 2021 en distintas actividades auspiciadas por entidades diversas, como la Red de Transparencia y Rendición de Cuentas de la OCDE, la Comisión Europea y la UNESCO.
El tercer, y último, eje de actividades se centra en la celebración de reuniones de trabajo con delegaciones gubernamentales de otros países que han requerido información sobre la actividad del CTBG o deseado intercambiar experiencias o buenas prácticas. Caber aludir entre ellas a los encuentros mantenidos con el embajador de la República Dominicana en España y la consejera de asuntos políticos y las reuniones celebradas con Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México
Ámbito estatal:
Las distintas acciones de colaboración y cooperación institucional con órganos de la AGE y con otros organismos y entidades de ámbito estatal realizadas en 2021, pueden sistematizarse, al igual que sucedía en el caso anterior, en torno a tres ejes.
El primer eje se corresponde con las actividades que han tenido por objeto, en sentido estricto, aspectos relacionados directamente con la transparencia en sus vertientes de publicidad activa y de ejercicio del derecho de acceso a la información. Así, en cuanto a la primera perspectiva pueden destacarse las reuniones que sobre evaluación de publicidad activa se han mantenido con distintos órganos constitucionales –Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, etc.– y otros organismos y entidades–AIReF, Correos y Telégrafos, AENA, Dirección General de Gobernanza Pública, etc.–. Mientras que desde el punto de vista del ejercicio del derecho de acceso, pueden mencionarse las reuniones mantenidas con distintos órganos de la Administración General del Estado y el Sector Público Estatal a propósito de la aplicación de la LTAIBG o del seguimiento del cumplimiento de las resoluciones.
Fuera de estos supuestos, hay que reseñar la colaboración de esta Autoridad con el Foro de Gobierno Abierto, órgano de participación de composición tripartita (Estado-CCAA-sociedad civil) con funciones de gobernanza y coordinación de los Planes de Acción del Gobierno de España en materia de Gobierno Abierto. El CTBG forma parte del Foro como miembro observador pero ha tomado parte activa en las tareas del Grupo de Trabajo de Transparencia y Rendición de Cuentas del mismo y ha participado, en formato virtual, en varias sesiones de su Pleno.
El segundo de los ejes en que pueden enmarcarse las actividades de cooperación institucional desarrolladas por el Consejo en el ámbito estatal se corresponde con las que tienen por finalidad abordar asuntos de la organización general de la Institución en sus distintos ámbitos: refuerzo de la posición institucional del Consejo, gestión de recursos humanos, contratación, etc. Entre ellas, puede aludirse a las reuniones mantenidas con distintos órganos superiores –Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública y Secretaria de Estado de Función Pública– y directivos–Subsecretarios y Directores Generales– de los Ministerios y las celebradas con la Abogacía General del Estado.
Por último, en el tercer eje de actuación encuentran amparo actividades de distinta naturaleza y sobre distintas finalidades, como las reuniones de los órganos de gestión de las Autoridades Administrativas Independientes organizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –el 6 de abril y 10 de mayo-, con el objeto de abordar los problemas comunes de este tipo de instituciones.
Ámbito territorial:
Las actuaciones de colaboración y cooperación institucional en el ámbito territorial desarrolladas por el Consejo a lo largo de 2021 más destacadas son las relacionadas con la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España, red informal compuesta por los doce órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información existentes en la actualidad (el CTBG y los once Comisionados y Consejos de Transparencia autonómicos), que se constituyó en 2018.
La Red de Comisionados y Consejos celebró dos reuniones en 2021, con fechas 15 de junio y 10 de noviembre.
En el marco de las acciones de cooperación del CTBG en el ámbito territorial, hay que destacar también las reuniones de los Comités de Seguimiento de los convenios de traslado del ejercicio de competencias que el CTBG ha suscrito con diversas CCAA y la participación del Consejo en la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Finalmente, en el año 2021, el Consejo ha elaborado un informe para incluir en el Anuario de Transparencia Local publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local. Anuario que forma parte del contenido del protocolo de colaboración firmado por el CTBG y otros órganos garantes autonómicos con esa Fundación en 2018. Esta edición del Anuario de 2021 es la cuarta de esta publicación, tras las de 2018, 2019 y 2020.
Empresas, entidades privadas y organizaciones:
El CTBG ha colaborado en 2021 en diversas actividades con empresas, entidades privadas y organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Entre estas acciones puede destacarse la participación de esta autoridad en diversas acciones de formación y divulgación promovidas porAcces Info Europe, Transparencia Internacional España y la Fundación Hay Derecho.