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La Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación, tiene como objetivo facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad, avanzando así en la consecución de los objetivos estratégicos establecidos por la Comisión Europea para 2025 en el documento «La conectividad para un mercado único digital competitivo-hacia una sociedad europea del Gigabit», con la finalidad de que todos los hogares, rurales y urbanos, tengan acceso a una conexión a internet que ofrezca velocidades de bajada de al menos 100 Megabits por segundo (Mbps), actualizables a 1 gigabit por segundo en ambas direcciones.
Con la modificación introducida por la Orden ETD/704/2021, de 25 de junio, se añadió una nueva fuente de financiación con fondos europeos que hasta entonces se habían limitado a los fondos FEDER del periodo de programación 2014-2020. Así, se dio entrada a los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, para la consecución de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Con esta modificación se cambió también la denominación de la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, que pasó a denominarse «Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa para la Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión», la cual responde en mejor medida al objetivo que se persigue en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (PRTR).
Al amparo de dicha orden de bases modificada se han realizado dos convocatorias, en 2021 y 2022, con las que se prevé alcanzar un 95,75 por ciento de cobertura de banda ancha ultrarrápida, siendo la cobertura prospectiva en zonas rurales del 89,50 por ciento. Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados al programa UNICO-Banda Ancha representan una oportunidad única para cerrar la brecha digital de banda ancha ultrarrápida en las zonas rurales, remotas y dispersas, con la finalidad y la clara voluntad de constituirse en el vector de la vertebración territorial y cohesión social.
Con posterioridad a la Orden ETD/704/2021, de 25 de junio, se han sucedido acontecimientos relevantes que afectan en diversa medida a lo regulado por la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, y su modificación por aquélla.
En primer lugar, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021. La Decisión de Ejecución del Consejo contempla la inversión C15.I1 «Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida», dentro de la que se prevé como una de las actuaciones del #Hito CID 236 (Council Implementing Decision) el establecimiento de actuaciones destinadas a proporcionar conectividad de banda ancha ultrarrápida, con el objetivo de garantizar velocidades simétricas de 300 Mbps, actualizables a 1 Gbps (gigabit por segundo) en áreas blancas y en áreas grises, contribuyendo asimismo a la consecución del #Hito CID 237 que corresponde a la finalización de los proyectos anteriormente citados.
Adicionalmente, se publicó el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia. En este reglamento se recoge el indicador número 5, Viviendas adicionales con acceso a Internet a través de redes de muy alta capacidad, que debe alimentarse de las actuaciones reguladas en esta orden.
La aprobación del PRTR por parte de las instituciones europeas dio el impulso definitivo a la agenda digital, gracias al importante estímulo financiero de los fondos europeos NextGenerationEU. Así, el 8 de julio de 2022 se presentó la nueva Agenda Digital denominada «España Digital 2026», actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como hoja de ruta de la transformación digital del país. El primero de sus diez ejes estratégicos es la Conectividad digital, que persigue garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100 por ciento de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025. El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, desarrolla el primero de los ejes contenidos en la agenda España Digital 2026. El objetivo es el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan a cerrar las diferentes brechas digitales existentes por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales o medioambientales.
En relación con la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, se ha publicado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, se ha publicado la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, la cual tiene como objetivo fundamental la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. En relación con el fomento de la inversión en redes de muy alta capacidad, la ley introduce nuevas figuras como la de los estudios geográficos.
En paralelo, la Comisión Europea ha seguido trabajando para adaptar la normativa existente en materia de ayudas de estado para el despliegue de redes de banda ancha a la evolución de la tecnología y del mercado y a los nuevos objetivos políticos en esta materia, a fin de orientar de forma más apropiada las inversiones necesarias en los próximos años de manera compatible con el mercado interior, lo que aplica especialmente en el contexto de la recuperación de la pandemia.
Así, el 12 de diciembre de 2022 la Comisión adoptó una comunicación revisada sobre las ayudas estatales a las redes de banda ancha por la que se adoptan las nuevas «Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01)» publicadas en el DOUE el 31 de enero de 2023. Entre las novedades más relevantes que afectan a las redes ultrarrápidas de acceso fijo –definidas como redes de acceso fijo que prestan servicios de 100 Mbps como mínimo de velocidad de descarga–, destaca el reconocimiento de que puede existir fallo de mercado cuando este no ofrece, ni es probable que ofrezca, a los usuarios finales una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps, habida cuenta de las crecientes necesidades de conectividad de los usuarios finales, así como de la fase actual de desarrollo del mercado. Otro elemento a destacar es que todas las velocidades mencionadas en las citadas Directrices están previstas en condiciones de máxima demanda.
En el mismo sentido, el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (RGEC), que ya había sido modificado en julio de 2021 en lo relativo a la banda ancha para acompañar el nuevo Marco Financiero Plurianual, ha vuelto a ser modificado para seguir facilitando, simplificando y agilizando el apoyo a la transición digital. En concreto, en esta última modificación adoptada por el Reglamento (UE) 2023/1315 publicado en el DOUE el 30 de junio de 2023, las disposiciones aplicables del RGEC se adaptan a las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01).
Adicionalmente, se ha adoptado la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. En ella, se establece que las políticas relativas a las infraestructuras digitales y las inversiones consiguientes deben tener como objetivo garantizar una conectividad accesible a todos y en toda la Unión, en la que se disponga de acceso a internet, a fin de colmar la brecha digital en toda la Unión, con especial atención a la brecha entre las distintas zonas geográficas, y se fija como una de las metas digitales de la Unión de aquí a 2030 que todos los usuarios finales en una ubicación fija estén cubiertos por una red de gigabit hasta el punto de terminación de la red.
Con las convocatorias de 2020 y de 2021 del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) y las convocatorias de 2021 y 2022 del Programa de Universalización de las Infraestructuras Digitales para la Cohesión –Banda Ancha (UNICO-Banda Ancha), la dotación presupuestaria aprobada por la Comisión –Decisión C(2019) 8831 final modificada por la Decisión C(2021) 4234 final, correspondientes a los esquemas de ayuda SA.53925 y SA.62696 en los que se amparan respectivamente dichos programas–, ha quedado prácticamente agotada.
Por todo lo anterior, se hace necesario plantear un esquema de ayudas que respete los nuevos requisitos establecidos para las redes fijas de banda ancha ultrarrápida en la normativa europea de ayudas de estado, favoreciendo la adecuación de las bases a la realidad de las zonas de actuación.
Estas nuevas bases reguladoras del Programa UNICO-Banda Ancha tienen como novedad, entre otras, la adaptación de las zonas susceptibles de ayuda a la actualización de las zonas de intervención que se recoge en el RGEC, es decir, zonas donde no existe una red capaz de proporcionar velocidades en sentido descendente superiores a 100 Mbps en condiciones de máxima demanda, o planes creíbles para su despliegue en el horizonte temporal pertinente. Asimismo, se recogen otros cambios introducidos en el RGEC, como los relacionados con las condiciones del acceso mayorista.
También se introducen en estas bases modificaciones que tienen por objeto recoger obligaciones adicionales en relación con el adecuado cumplimiento de los principios de gestión específicos del PRTR, establecidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tales como las obligaciones de cesión y tratamiento de datos del beneficiario final de la ayuda y la actualización de la referencia a la imagen de marca del PRTR para dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación.
Además, se aprovecha la amplia experiencia adquirida en la gestión de las ayudas al despliegue de redes de banda ancha para introducir una simplificación de las cargas administrativas asociadas al seguimiento y control de las ayudas, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles y el riesgo de incumplimiento previsto, con la introducción de nuevas opciones de costes simplificados compatibles con el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y con el RGEC.
Finalmente, y teniendo en cuenta que las actuaciones al amparo de esta orden persiguen completar la cobertura de redes fijas de banda ancha ultrarrápida para todos los usuarios situados en cualquier ubicación susceptible de demandarlo siempre que sea técnica y económicamente viable, se han modificado algunos criterios de evaluación y los requisitos de cumplimiento de los compromisos de cobertura.
En la elaboración y tramitación de esta orden se ha tenido en cuenta que deberá asegurarse el cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. De acuerdo con dicha normativa, la inversión C15.I1 tiene un coeficiente de contribución digital del 100 por ciento y un 0 por ciento de contribución climática.
La norma también atiende a la obligación del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, de evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación. En particular, resulta de aplicación el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del PRTR, elaborado siguiendo el documento de Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Asimismo, en la elaboración y tramitación de esta orden, que se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarrollo por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta orden garantiza la seguridad jurídica, ya que resulta acorde con el resto de normativa nacional y con el marco normativo comunitario en la materia. Las ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en la normativa en materia de ayudas de Estado. En concreto, serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (RGEC), cuya última modificación aprobada el 9 de marzo de 2023 entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el DOUE.
De acuerdo con lo previsto en el RGEC, esta orden será comunicada a la Comisión Europea.
Esta orden se ha dividido en dos capítulos: El capítulo I incluye las disposiciones generales, mientras el capítulo II se refiere al procedimiento de gestión de ayuda. Adicionalmente, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «NextGenerationEU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora en su anexo la convocatoria de 2023 de las ayudas financiadas con dicho Plan.
Por último, se señala que el presente programa de ayudas UNICO-Banda Ancha está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el periodo 2022-2023 y en la Actualización para 2023 de dicho Plan, aprobada por Resolución de la Subsecretaría de 12 de junio de 2023.
En la tramitación de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se ha recabado el informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, con cargo al Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión-Banda Ancha (UNICO-Banda Ancha), en el marco de lo previsto en la Agenda España Digital 2026 cuyo primer eje «Conectividad Digital», persigue para 2025 garantizar una conectividad adecuada para el 100 por ciento de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas y avanzando en la universalización de la cobertura ultrarrápida (gigabit) en todo el territorio nacional, así como contribuir a la transformación de los sectores productivos.
2. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I1 «Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la que se prevé como una de las actuaciones del #Hito CID 236 (Council Implementing Decision) el establecimiento de actuaciones destinadas a proporcionar conectividad de banda ancha ultrarrápida, con el objetivo de garantizar velocidades simétricas de 300 Mbps, contribuyendo asimismo a la consecución del #Hito CID 237 que corresponde a la finalización de los proyectos anteriormente citados. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha previsto los medios por los que se acreditará y justificará el cumplimiento de los citados hitos a través de los mecanismos de verificación contenidos en el anexo I del documento C(2021) 7903 final, de 29 de octubre de 2021, sobre Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241.
1. En todo lo no particularmente previsto en esta orden, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, será de aplicación la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, y su normativa de desarrollo, así como lo establecido en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como las demás normas que resulten de aplicación.
2. Será también de aplicación la normativa correspondiente a la gestión, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2016 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y el Consejo.
En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm-DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo» y la Decisión (UE) 2021/2054 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2021, relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de las telecomunicaciones y los servicios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) a los fines del Reglamento (CE) número 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
4. Con respecto al etiquetado verde y digital, conforme con el anexo VII del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la actuación regulada en esta orden, englobada en la inversión I1 del componente C15, contribuye en un 100 por ciento a la consecución del objetivo global para la transición digital del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia al estar enmarcado en el campo de intervención 052, y en un 0 por ciento al objetivo de transición verde.
5. Con respecto a la normativa ayudas de estado, serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, adaptado a las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01).
El ámbito material de esta orden se circunscribe a la extensión de la cobertura de las redes públicas de banda ancha de nueva generación, de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios con tecnología fija a velocidades de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente.
Todas las velocidades mencionadas en las presentes bases reguladoras están previstas en condiciones de máxima demanda. Las condiciones de máxima demanda deben entenderse como las condiciones que se dan cada vez que un mínimo del 10 por ciento de los usuarios transmite simultáneamente a la velocidad máxima nominal que les proporciona el operador individualmente, tanto en sentido descendente como ascendente, lo que se corresponde con la definición habitual de tasa de sobresubscripción.
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes.
1. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se conceden al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
2. Como regla general, se establece como ámbito de concurrencia el de cada una de las provincias españolas y el de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
3. Cada proyecto que opte a las ayudas deberá limitar su ámbito geográfico de actuación al ámbito de concurrencia al que se dirija y, en caso de haberse establecido en la convocatoria zonas de discriminación positiva, según lo dispuesto en el artículo 8.2, deberá figurar claramente desglosada la parte del mismo que se refiera a dichas zonas.
1. El objetivo de cada proyecto susceptible de acogerse a las ayudas reguladas en esta orden debe consistir en el despliegue de las infraestructuras necesarias para proporcionar cobertura de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios con tecnología fija en condiciones de máxima demanda a velocidades de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente, al ámbito geográfico definido por el solicitante y que consistirá en la totalidad o parte de las zonas elegibles en uno de los ámbitos de concurrencia.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales identificará y publicará las zonas elegibles para cada convocatoria, que se corresponderán, tras la elaboración de un mapa detallado de cobertura y la realización de una consulta pública, con las que no dispongan de cobertura de redes de acceso fijo ultrarrápidos (capaces de prestar servicios de 100 Mbps como mínimo de velocidad de descarga en condiciones de máxima demanda) ni planes creíbles para su despliegue por parte de ningún operador en los próximos tres años.
Las zonas elegibles se identificarán y publicarán como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido. La relación de las zonas elegibles en cada ámbito de concurrencia o la capa de zonas geográficas se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud de ayuda por cada ámbito de concurrencia. Dicha solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, constará de una solicitud-cuestionario y de una memoria detallada del proyecto con el contenido mínimo que se especifique en la convocatoria, debiendo incluir, entre otros, el objetivo de cobertura en cada zona que forme parte del ámbito geográfico definido por el solicitante expresado en unidades inmobiliarias.
Se entiende por unidad inmobiliaria cualquier tipo de edificación o división horizontal de la misma, destinada a uso residencial o no residencial que, de forma general, demanda conexiones a la red pública de comunicaciones electrónicas. Quedan excluidas las fincas sin edificación y los tipos de edificaciones anejas a viviendas como almacenes, trasteros, garajes, espacios comunitarios y similares. El solicitante deberá justificar razonadamente la demanda de servicios de muy alta velocidad de las unidades inmobiliarias que constituyan su objetivo de cobertura en aquellas zonas del ámbito de actuación donde el solicitante identifique un número de unidades inmobiliarias serviciables superior al publicado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en la relación de zonas elegibles. En la convocatoria se podrán incorporar detalles adicionales sobre los usos catastrales que son considerados como serviciables de forma general sin necesidad de justificación adicional.
4. Los costes elegibles se corresponderán con los asociados a los conceptos referidos en el artículo 14 y se limitarán a los necesarios para la creación o adaptación de las infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por los demás operadores a través del acceso mayorista al que se refiere el artículo siguiente. No serán elegibles las partidas de gasto asociadas a infraestructuras no relacionadas con el acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador beneficiario de la ayuda.
5. El proyecto objeto de la ayuda aportará una mejora significativa (cambio profundo) en las zonas objeto de actuación. Para ello es necesario que el proyecto incluya inversiones significativas en infraestructura pasiva que vayan más allá de inversiones marginales relacionadas simplemente con la mejora de los elementos activos de la red, debiendo alcanzar un mínimo del 70 por ciento de la inversión. Se entiende por infraestructura pasiva la parte de física de la red sin ningún componente activo y que incluye canalizaciones, postes, mástiles, torres, fibra oscura, armarios, cables, etcétera.
6. Los proyectos se referirán a redes de acceso, es decir, los segmentos de una red de banda ancha que conectan la red de retorno (backhaul) con el domicilio o con los dispositivos de los usuarios finales, tal y como se define en las Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01), y que formen parte de la oferta mayorista. Adicionalmente, se podrán incluir los enlaces de transmisión con la red de retorno, en la que se agrega el tráfico de los usuarios finales, siempre que este tramo se limite al estrictamente necesario para conectar la red de acceso que se va a desplegar con la red troncal.
7. El beneficiario de la ayuda deberá asegurar la prestación del servicio de banda ancha de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en el plazo de un mes desde la solicitud de contratación por parte de un usuario final ubicado en una unidad inmobiliaria considerada cubierta a la finalización del proyecto. A tal efecto, si el beneficiario no va a prestar directamente el servicio como operador minorista, junto a la solicitud deberá presentar un acuerdo comercial firmado con al menos un operador minorista que preste dicho servicio a los usuarios finales en el que se traslade esta obligación.
8. Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución concreta de tecnología fija, siendo los solicitantes los que deberán expresar y motivar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada para cada ámbito territorial.
9. Al objeto de facilitar la reutilización de las infraestructuras existentes, todo operador que posea o controle una infraestructura susceptible de ser reutilizada en la zona objetivo y que desee presentarse a alguna convocatoria, deberá informar y dar acceso a la misma a terceros operadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a ofrecer a los demás operadores que lo soliciten acceso mayorista efectivo a las redes subvencionadas, de forma abierta, en condiciones equitativas y no discriminatorias y respetando el principio de no discriminación tecnológica y con independencia de cualquier cambio en la propiedad, la gestión o el funcionamiento de la red financiada por este programa de ayudas. En caso de que la infraestructura sea adquirida por otro propietario, deberá figurar en el contrato de venta la obligación de ofrecer el acceso a la infraestructura según lo expuesto en el presente artículo, así como el cumplimiento de las obligaciones y requisitos especificados para esta actuación.
Con el fin de hacer efectivo el acceso mayorista y de permitir a los solicitantes de acceso prestar servicios, se aplicarán las mismas condiciones de acceso a la totalidad de la red subvencionada. El acceso mayorista también se concederá para partes de la red que no hayan sido financiadas con dinero público o que no hayan sido desplegadas por el beneficiario de la ayuda, por ejemplo, concediendo acceso a los equipos activos, aunque solamente esté financiada la infraestructura de banda ancha.
2. El acceso mayorista incluirá, al menos, el acceso a la infraestructura de banda ancha y acceso a servicios activos, para cualquier tipo de tecnología empleada, tanto para las redes de acceso como para el backhaul.
En el caso de que el proyecto contemple despliegues de fibra óptica como acceso, los servicios mayoristas deberán incluir la posibilidad de un servicio de acceso indirecto (bitstream) y también de la desagregación de la fibra. En relación con esto último, en función de la tecnología empleada para la implementación de dicha red, en lugar de la desagregación física podrá admitirse una desagregación virtual (VULA).
3. El acceso mayorista activo se concederá por un período mínimo de diez años desde la entrada en funcionamiento de la red, y el acceso mayorista a la infraestructura de banda ancha se concederá para la duración de los elementos de que se trate. El acceso a partir de la desagregación virtual ha de concederse durante un plazo igual a la vida útil de la infraestructura que está siendo sustituida por la desagregación virtual.
La red de acceso deberá poder satisfacer la demanda de al menos tres solicitantes, dejando para ello disponible al menos un 50 por ciento de la capacidad de su infraestructura física.
La velocidad de acceso ofrecida será, como mínimo, la establecida en el objetivo del proyecto y, en todo caso, deberá permitir la replicabilidad de los servicios minoristas ofrecidos por el operador beneficiario.
4. Los precios de los productos de acceso mayorista efectivo se basarán en alguno de los siguientes valores de referencia y principios de fijación de precios, que serán considerados como precios máximos:
a) Los precios mayoristas medios publicados prevalentes en otras zonas comparables y más competitivas de España.
b) Los precios regulados ya fijados o aprobados por la CNMC.
c) Una orientación en función de los costes o una metodología establecida de acuerdo con el marco regulador sectorial.
En cualquiera de los casos cuando se trate de un operador integrado verticalmente, los precios definidos deberán permitir la replicabilidad de las ofertas minoristas y que no se produzca una discriminación con la rama minorista del operador beneficiario.
5. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrá asesorar al órgano concedente de la ayuda en materia de precios y condiciones de acceso mayorista a que se refiere este artículo. Además, resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso mayorista a la que se refiere este apartado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la ayuda recibida.
6. El detalle de la oferta mayorista deberá estar disponible para los terceros operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente al inicio de la explotación minorista de la red de banda ancha fija ultrarrápida por el beneficiario. Cuando el beneficiario sea un operador integrado verticalmente, el acceso debe poder ser concedido al menos seis meses antes de iniciar la prestación de los servicios minoristas.
La oferta de referencia debería incluir detalles como la descripción de los servicios mayoristas, procedimientos de contratación y mantenimiento, precios, acuerdos de nivel de servicio (ANS), requisitos de los equipos de cliente, los puntos de interconexión donde deben ir los operadores minoristas con sus redes, la capacidad de transmisión disponible, plazos de provisión, etc.
El operador beneficiario de la ayuda debe publicar y mantener actualizada en su página web información de su oferta mayorista de referencia de acceso a las infraestructuras incluidas en el proyecto. Asimismo, el beneficiario de la ayuda deberá comunicar a la CNMC dicha oferta de referencia y su enlace web de publicación.
1. En cada convocatoria se podrán incluir todos o una parte de los ámbitos de concurrencia y se determinará la asignación del presupuesto disponible para cada uno, en función de las mayores necesidades de los usuarios, de su carácter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos y de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre desarrollo económico o su mayor alejamiento.
También se establecerá para cada ámbito de concurrencia la intensidad máxima de ayuda, en función de la disponibilidad presupuestaria, del mayor o menor déficit esperado de rentabilidad y del número mínimo de unidades inmobiliarias a las que se debe proporcionar cobertura.
2. Asimismo, en cada convocatoria podrán establecerse dentro de cada ámbito de concurrencia, zonas tales como islas, comarcas o municipios, con la consideración de zonas más necesitadas, o bien tipologías de usos de unidades inmobiliarias con la consideración de cobertura prioritaria, para la aplicación de medidas de discriminación positiva.
Para cada una de estas zonas o unidades inmobiliarias de discriminación positiva que se establezcan, se fijará en la convocatoria un coeficiente de ponderación, superior a la unidad, para obtener las unidades inmobiliarias equivalentes a efectos de valoración del criterio 1 que se recoge en el artículo 23.
3. En las convocatorias se podrán incluir opciones de costes simplificados mediante la aplicación de baremo estándar de costes unitarios estableciendo los costes unitarios concretos a utilizar para calcular el importe del gasto subvencionable correspondiente, y mediante la determinación de un tipo fijo para los costes directos de personal e indirectos.
4. La convocatoria correspondiente al año 2023 se incluye en el anexo.
1. La ayuda máxima que se podrá solicitar por proyecto en cada ámbito de concurrencia no podrá superar las dotaciones asignadas ni las intensidades máximas de ayuda establecidas para ese ámbito en la correspondiente convocatoria.
2. En cualquier caso, la ayuda máxima por proyecto no podrá superar el umbral de 100 millones de euros establecido en el artículo 4.1 y del RGEC.
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario los solicitantes que se encontrasen incursos en alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
4. Los solicitantes deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica o profesional, en los términos que se recogen en el artículo 22.1.b) de esta orden.
5. El órgano instructor deberá requerir la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario, establecidos en los apartados 1 a 4 anteriores.
6. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente orden y de cada convocatoria, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
De acuerdo con lo anterior, el beneficiario deberá cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, especialmente en materia de etiquetado climático y digital, principio de no causar daño significativo, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado, comunicación, publicación obligatoria, cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP) y transferencia de datos, entre otros.
En la convocatoria se podrán especificar los objetivos medioambientales y los requisitos que deberá garantizar el beneficiario. En base a ello, el beneficiario deberá prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación en caso de ser requerida y conservar la misma durante un plazo de diez años para su puesta a disposición de la Administración, en su caso.
En relación con el cumplimiento del resto de obligaciones transversales que se derivan del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las convocatorias podrán contener los modelos específicos de declaraciones responsables exigidas para asegurar su cumplimiento.
7. El beneficiario deberá aceptar la concesión de la ayuda en los términos previstos en esta orden y en la convocatoria.
8. El beneficiario deberá mantener un sistema de contabilidad separada, o un código contable diferenciado que recoja adecuadamente todas las transacciones relacionadas con el proyecto. Esta separación contable servirá para garantizar que la ayuda sea proporcional y no dé lugar a una compensación excesiva o a la financiación de actividades no subvencionables. Asimismo, deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Para dar conformidad al artículo 22.2.f) del Reglamento 2021/241, y al artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE, con carácter general se establece que este conjunto de documentos deberá conservarse durante un plazo mínimo de diez años desde la fecha de certificación del proyecto. El beneficiario de la subvención tiene la obligación de someterse a los controles del Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, la Comisión Europea y la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF). En el caso de que estos controles impliquen auditorías, recursos, litigios o tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos que se extiendan por encima de los diez años, los documentos deberán conservarse hasta que estas investigaciones hayan concluido.
9. La aceptación de la ayuda conllevará el compromiso por parte del beneficiario de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su propio ámbito de gestión, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, entre otras, así como la obligación de proporcionar información para la detección de posibles prácticas fraudulentas.
10. El beneficiario deberá contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
11. Asimismo, el beneficiario deberá cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el artículo 30 y cualquier otra que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En concreto, la publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable, así como también será de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos «NextGenerationEU».
12. Sin perjuicio del posible ejercicio de la competencia sancionadora, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
13. De acuerdo al artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 en su totalidad, que regula la identificación del perceptor final de fondos, cuya información deberá estar disponible conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, y todo ello como desarrollo del artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el beneficiario deberá reportar información dirigida a recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos que figuran en dicho artículo. El beneficiario deberá suministrar la siguiente información:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
e) Declaración responsable relativa a la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según el modelo del anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021- Cesión y tratamiento de datos.
f) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, según modelo anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, Compromiso de cumplimiento de principios transversales.
g) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
14. Conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se habilita a los órganos de gestión de estas subvenciones a solicitar a los participantes en las convocatorias la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.
1. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.
La actividad que constituye el objeto de la ayuda es la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida de al menos 300 Mbps