Categoría: Cultura

ura y para los titulares de centros y servicios integrados en la Red de Bibliotecas, conllevará la exclusión del Sistema y de la Red de Bibliotecas de Extremadura mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de bibliotecas, previa tramitación de un procedimiento administrativo donde se dará audiencia al interesado.
La evaluación y el control de la calidad de los servicios de los centros integrados en la Red de Bibliotecas de Extremadura, a los efectos de la presente ley, corresponde a la Consejería competente en materia de bibliotecas, sin perjuicio del asesoramiento y apoyo técnico y directrices de la Consejería competente en materia de calidad de los servicios públicos.
Con independencia de las establecidas en la normativa estatal que resulte de aplicación, constituyen infracciones administrativas en materia de bibliotecas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las acciones y omisiones que se tipifican en este título.
Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.
Las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves.
Se consideran infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que supongan la pérdida, destrucción o, en general, la inutilización definitiva de los fondos documentales o de los recursos de información de las bibliotecas.
b) La agresión física al personal que presta sus servicios en la biblioteca o a otras personas usuarias.
Se consideran infracciones graves:
a) Deteriorar de forma dolosa los fondos documentales y de cualquier otro tipo a los que se acceda.
b) Maltratar o deteriorar el mobiliario de la biblioteca, cuando quede inutilizado para su uso, así como el inmueble donde se ubica, cuando implique el cierre temporal de la biblioteca.
c) La agresión verbal al personal que presta sus servicios en la biblioteca o a otras personas usuarias.
Se consideran infracciones leves:
a) No guardar el debido respeto y compostura en los centros y demás servicios bibliotecarios.
b) Deteriorar de forma culposa los fondos documentales y de cualquier otra clase a los que se acceda, cuando no constituya infracción grave o muy grave.
c) Maltratar o deteriorar los bienes muebles e inmuebles, cuando no constituya infracción grave.
d) No devolver los fondos bibliográficos y los materiales prestados.
e) Tratar irrespetuosamente al personal que presta servicio en las bibliotecas e incumplir las órdenes o indicaciones dadas en el ejercicio de sus funciones.
f) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en la presente ley que no sea calificada de grave o muy grave.
1. Las infracciones prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:
a) Las muy graves, a los tres años.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se hubiesen cometido.
1. En caso de que el daño causado pueda ser valorado económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.
2. En los demás casos, las infracciones previstas en esta ley darán lugar a la imposición de las siguientes multas:
a) Infracciones muy graves: de 1.001 euros a 3.000 euros.
b) Infracciones graves: de 501 euros a 1.000 euros.
c) Infracciones leves: hasta 500 euros.
3. Además de las multas, se podrá imponer la sanción de retirada de la tarjeta de la persona usuaria por el plazo de seis meses, en caso de infracción muy grave, de tres meses, en el de las infracciones graves, y de un mes en el caso de las infracciones leves.
4. La gradación de las multas deberá tener en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran, pudiendo ser tales circunstancias modificativas del grado de responsabilidad.
4.1 En este sentido, se considerarán circunstancias agravantes:
a) La existencia de intencionalidad.
b) La reincidencia.
4.2 Y se considerarán circunstancias atenuantes:
a) La probada intención de no causar daño.
b) La reparación del daño o perjuicio causado o del cumplimiento de la obligación durante la tramitación del procedimiento sancionador.
4.3 Asimismo, la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes podrá determinar la imposición de la sanción en su grado máximo o mínimo, respectivamente.
5. La resolución sancionadora, además de imponer las multas que procedan, dispondrá todo lo necesario para la restauración de los perjuicios causados por la conducta objeto del procedimiento sancionador.
6. Carecen de naturaleza sancionadora:
a) Excepcionalmente, los daños o perjuicios ocasionados por la pérdida, destrucción o, en general, la inutilización de los fondos documentales, cuando se repongan con carácter voluntario y de manera inmediata.
b) La suspensión del uso de la tarjeta de la persona usuaria por el retraso en la devolución de los fondos bibliográficos y materiales prestados.
c) La expulsión de una persona usuaria de una biblioteca en los supuestos de grave alteración del orden en la prestación del servicio.
1. Las sanciones prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:
a) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.
b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.
c) Las impuestas por infracciones leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
1. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora, en el caso de que la conducta infractora se produzca en bibliotecas o centros de documentación de titularidad de la Administración autonómica, integradas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura, a los siguientes órganos:
a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de bibliotecas, en el caso de infracciones muy graves y graves.
b) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de bibliotecas, en el caso de infracciones leves.
2. Corresponde también el ejercicio de la potestad sancionadora a los órganos competentes de la Administración local, en el caso de que la conducta infractora se produzca en bibliotecas o centros de documentación de su titularidad, integradas en el sistema Bibliotecario de Extremadura.
3. El ejercicio de la potestad sancionadora, respecto de las restantes bibliotecas y centros de documentación, integradas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura, será ejercida por los órganos competentes a los que se encuentren adscritas.
La iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la superior autoridad de la persona titular de la Consejería competente en materia de bibliotecas, se realizará de oficio por acuerdo de la Dirección General competente en materia de bibliotecas.
La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá, en todo lo no previsto en ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La elaboración del Mapa de Bibliotecas se llevará a cabo en el plazo de dos años desde la publicación de la presente ley.
Hasta la entrada en vigor del procedimiento previsto en la disposición final segunda, continuará vigente el Decreto 134/1998, de 17 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de integración de Centros y Servicios de Bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura.
El Decreto 184/2000, de 25 de julio, por el que se establece la estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Extremadura será de aplicación en lo que no contradiga esta Ley.
1. Queda derogada la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, así como para actualizar por vía reglamentaria las cuantías previstas en esta ley, de conformidad con el índice de precios al consumo o índice alternativo que en el futuro pudiera sustituirle.
En el plazo de doce meses desde la publicación de esta ley, la Consejería competente en materia de bibliotecas desarrollará y aprobará el Reglamento de la Ley de Bibliotecas, así como el procedimiento de integración en el Sistema Bibliotecario de Extremadura de las instituciones, centros y servicios bibliotecarios existentes en Extremadura. En el mismo plazo, se regulará la organización, composición y funcionamiento del Consejo de Bibliotecas de Extremadura.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Por tanto, ordeno a quienes sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.
Mérida, 1 de abril de 2022.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo López Crespo.